PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 1995 (boletín N° 1381-05).

"Honorable Cámara de Diputados:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución Política de la República, cumplo con remitir a la consideración del H. Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 1995.

El contenido de este proyecto constituye la expresión financiera de los planes y programas a ejecutar en el próximo período presupuestario, dentro del marco de las prioridades sociales y económicas que el gobierno se ha propuesto cumplir en el sexenio.

En ese contexto, se formula un presupuesto que contribuye a la mantención de los equilibrios macroeconómicos alcanzados en estos años, a través de una política de austeridad en el gasto operacional.

Asimismo, se persigue que el presupuesto constituya una herramienta que favorezca el crecimiento de nuestra economía, a la vez de mejorar las condiciones que permitan disminuir las tasas de inflación, estimular el ahorro, la producción e inversión privada y el incremento del empleo.

En cuanto a los gastos, se ha puesto énfasis en el reforzamiento de los programas sociales, especialmente en las áreas de educación e infraestructura, orientados a favorecer a los sectores de menores recursos, con el consiguiente beneficio de ir corrigiendo las condiciones desfavorables de quienes se encuentran en situación de pobreza.

Por otra parte, el presupuesto para el próximo año plantea incorporar objetivos de perfeccionamiento de la gestión de los servicios e instituciones a través de una asignación de recursos vinculada a resultados para el período, debidamente compatibilizadas con las políticas generales respectivas, lo que se traducirá en un uso más eficiente de los recursos públicos y en aumentos de la productividad en la atención de los usuarios.

El proyecto, en su artículo 1°, consigna las estimaciones de ingresos y gastos del Sector Público, correspondientes a los movimientos financieros del Fisco y de los servicios e instituciones que se rigen por el decreto ley N° 1.263, de 1975. El total neto, deducidas las transferencias entre sectores, es de $ 5.505.171, millones en moneda nacional, y de US$ 1.135, millones de dólares.

El presupuesto del Tesoro Público contenido en el artículo 2° de la iniciativa, incluye las estimaciones de ingresos que el Fisco percibe a través del Servicio de Tesorerías, y sus programas de gastos en los cuales se identifican los aportes que transfiere a los organismos del Sector Público y los egresos de responsabilidad y administración directa del Ministerio de Hacienda. Para estos efectos, las estimaciones de ingresos y gastos alcanzan a $ 4.411.106 millones y US$ 832 millones de dólares.

En el artículo 3° se otorga autorización legal para contraer obligaciones de carácter financiero necesarias para la ejecución del presupuesto, indicándose el monto máximo que pueden alcanzar estos compromisos. Teniendo presente los plazos que se convienen en este tipo de operaciones, se hace necesario que ese H. Congreso, apruebe este artículo con quórum calificado, de conformidad con lo previsto en el artículo 60, N° 7, de la Constitución Política de la República.

A continuación, los artículos que más adelante se señalan, establecen normas relativas a ejecución presupuestaria, de operaciones afectas a autorizaciones especiales y a materias de personal, en términos similares a los contenidos en la ley de presupuesto vigente.

Los artículos 4° al 9° regulan situaciones específicas de límites de gastos; identificación de proyectos de inversión y llamado a propuesta; procedimientos de aceptación de donaciones; y, prohibición de los servicios de adquirir o construir viviendas para funcionarios.

Los artículos 10 al 13 norman determinadas adquisiciones o arrendamientos sujetas a autorización previa del Ministerio de Hacienda, y el procedimiento de reasignación de vehículos entre entidades de un mismo Ministerio.

En los artículos 14 al 19 se proponen normas de personal con incidencia presupuestaria, relativas a la calidad jurídica de los cargos incluidos en las dotaciones máximas; la reposición parcial de los funcionarios que cesen en servicio con derecho a pensión; el alcance del número de horas extraordinarias determinadas en los presupuestos de cada Servicio; correcciones estatutarias específicas para el ejercicio y reasignación de personal a contrata.

Mediante el artículo 20, se regula la distribución del producto de la venta de inmuebles fiscales que efectúe el Ministerio de Bienes Nacionales.

Los artículos 21 y 22 mantienen la normativa actual respecto a acciones de publicidad y control del gasto financiado con transferencias de origen público que efectúan las organizaciones no gubernamentales.

En el artículo 23, con el propósito de no interrumpir los efectos de la actual normativa sobre fomento forestal mientras se estudian y sancionan los nuevos cuerpos legales al efecto, se propone prorrogar la vigencia de la bonificación dispuesta en el artículo 12 del decreto ley N° 701, de 1974, hasta el 31 de diciembre de 1995.

Por último, los artículos 24 y 25 tienen como propósito contar oportunamente con los mecanismos operativos para la ejecución de la ley.

En virtud de lo expuesto anteriormente, tengo el honor de someter a vuestra consideración para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de sesiones del Congreso Nacional, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

"I.- CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS

Artículo 1°.- Apruébanse el cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 1995, según el detalle que se indica:

Artículo 2°.- Apruébanse el cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la Estimación de los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 1995, a las Partidas que se indican:

II.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 3°.- Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones, sea en el país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.000.000 miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional. En todo caso, la parte de endeudamiento en el país no podrá exceder del 20 % de la suma indicada.

Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 1995, no será considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer.

Artículo 4°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por la ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones previsionales y Transferencias corrientes, incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares.

No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente excedibles ni a los incrementos originados en aplicación de donaciones, en aplicación o devolución de fondos de terceros, en la incorporación de dichas devoluciones en el servicio receptor, en transferencias al Fisco, en la asignación de mayores saldos iniciales de caja, en venta de activos financieros, en ingresos propios asociados a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según corresponda.

Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de Inversión real, Inversión sectorial de asignación regional y Transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10 % de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja, del producto de venta de activos, de aplicación de fondos de terceros o de recuperación de anticipos.

Artículo 5°.- La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, correspondiente a los ítem 61 al 73 del subtítulo 30 y a los ítem 61 al 74 y 80 al 98, del subtítulo 31, de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo. En la identificación de los proyectos con cargo a los ítem del subtítulo 30, no será necesario determinar la cantidad destinada a cada proyecto.

No obstante lo anterior, la identificación de los proyectos de inversión correspondientes a los presupuestos de los Gobiernos Regionales aprobados por la administración regional respectiva, se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos, para los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 72 y 74 de la ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior. Con todo, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto no sea superior a doce millones de pesos, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que represente el 3% del presupuesto de inversión de la respectiva región.

La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fondos aprobados para los ítem 53 "Estudios para Inversiones". En estas identificaciones no será necesario consignar la cantidad destinada al estudio correspondiente.

Ningún órgano ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión de recursos de los ítem antes indicados, efectuar la inversión de tales recursos o de otros asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes haberse efectuado la identificación a que se refiere este artículo.

Artículo 6°.- Autorízase para efectuar desde la fecha de publicación de esta ley los llamados a propuestas públicas, de estudios y proyectos de inversión a realizar en 1995, que se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contraloría General de la República. Asimismo, dichos llamados relativos a estudios y proyectos de inversión, incluidos en decretos de identificación o de modificaciones presupuestarias que se dicten durante 1995, podrán efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República.

Artículo 7°.- En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los ítem 32, 33 y 87 de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que deberá dar a los recursos la institución receptora; las condiciones o modalidades del reintegro de éstos a que quedará afecta dicha entidad y la información sobre su aplicación que deberá remitir al organismo que se señale en el respectivo decreto.

Artículo 8°.- Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la presente ley la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan.

No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autorización previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido y alcance en la legislación que les sea aplicable. Se excluyen las donaciones, en especie o dinero, en situaciones de emergencia o calamidad pública, o cuyo valor o monto no exceda de la cantidad que fije el Ministerio de Hacienda sin perjuicio de su comunicación posterior.

El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaria directamente o a través de la Partida Tesoro Público, conforme a las instrucciones que imparta el Ministerio de Hacienda. Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a que se encuentre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones.

Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios de cooperación o asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios públicos mencionados en el inciso primero se entenderán facultados para pagar los impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, establecidos en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respectivo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del personal que la fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a su propia costa, para desarrollar actividades en cumplimiento del respectivo programa, la facultad referida se limitará al pago del impuesto sobre la renta que grave su salario o retribución.

Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, podrán ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora correspondiente, reembolso al organismo o ente internacional donante, o bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, según el impuesto, contribución, derecho o gravamen de que se trate, conforme a la reglamentación contenida en el decreto supremo N° 209, de 1993, del Ministerio de Hacienda.

Artículo 9°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición o construcción de edificios para destinarlos exclusivamente a casa habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y en los de inversión regional de los Gobiernos Regionales en lo que respecta a viviendas para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales.

Artículo 10.- Los órganos y servicios públicos, incluidos en esta ley, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición o arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y sus elementos complementarios cuyo precio o renta exceda de las cantidades que se determinen por dicha Secretaría de Estado.

Igual autorización requerirá la contratación de servicios de procesamiento de datos, ya sea independiente o formando parte de un convenio de prestación de servicios que los incluya y la prórroga o modificación de éstos, cuando irrogue un gasto cuyo monto supere el que fije el referido Ministerio.

Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, sancionados en años anteriores por el Ministerio de Hacienda, que mantengan lo originalmente pactado, no necesitarán renovar su aprobación.

Las autorizaciones a que se refiere este artículo no serán exigibles respecto de los equipos que formen parte o sean componentes de un proyecto de inversión o de estudios para inversión, identificado conforme a lo que dispone el artículo 5° de la presente ley.

Los órganos y servicios públicos podrán efectuar directamente, mediante propuesta pública, la adquisición, arrendamiento y contratación de servicios a que se refiere este artículo. Si los pagos que corresponda efectuar por estos conceptos no exceden el equivalente en moneda nacional a 1.150 unidades tributarias mensuales, podrán hacerlo también directamente, mediante propuesta privada, con la participación de a lo menos tres proponentes.

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra del bien arrendado y para pactar en las compras que efectúen el pago de todo o parte del precio en un plazo que exceda del ejercicio presupuestario.

Artículo 12.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga.

Igual autorización requerirán los órganos y servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos.

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo 13 de esta ley, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo de Hacienda.

Artículo 13.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula "Por orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.

En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.

Artículo 14.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9° del decreto ley N° 1.263, de 1975, las dotaciones máximas de personal fijadas en la presente ley incluyen al personal de planta, a contrata, contratado a honorarios asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta calidad.

Artículo 15.- Durante el año 1995, sólo podrá reponerse el 50 % de las vacantes que se produzcan en los servicios que tengan fijada dotación máxima en esta ley, por el cese de funciones de su personal por cualquier causa que le dé derecho a la obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en el régimen previsional, a que se encuentre afiliado.

Esta norma no se aplicará respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de exclusiva confianza y en las plantas de directivos.

El documento que disponga la reposición deberá contener la identificación de los decretos o resoluciones de cesación de servicios en que se fundamenta.

Sin perjuicio de lo anterior, los cargos o empleos que hayan quedado vacantes durante 1994 por aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la ley N° 19.259, no podrán ser provistos durante 1995 y la dotación máxima fijada en esta ley al respectivo Servicio, se reducirá en un número equivalente al de dichos cargos o empleos.

Las nuevas dotaciones máximas de los servicios para 1995, que resulten de la aplicación de lo dispuesto en el inciso precedente, constarán en uno o más decretos del Ministerio de Hacienda que se dictarán en el primer trimestre del referido año.

Artículo 16.- El número de horas extraordinarias-año afectas a pago, fijado en los presupuestos de cada servicio público, constituye el máximo que regirá para el servicio respectivo. No quedan incluidas en dicho número las horas ordinarias que se cumplan en días sábados, domingo y festivos o en horario nocturno, pero el recargo que corresponda a éstas se incluye en los recursos que se señalan para el pago de horas extraordinarias.

Sólo previa autorización del Ministerio de Hacienda, los Jefes de servicio podrán disponer la realización de trabajos extraordinarios pagados, por un número de horas que exceda del consultado en el presupuesto respectivo.

Artículo 17.- Sustitúyese, en el artículo 6° transitorio de la ley N° 18.834, modificado por el artículo 16 de la ley N° 19.182, la referencia "1° de enero de 1995" por "1° de enero de 1996".

Artículo 18.- Suspéndese, durante el año 1995, la aplicación de la letra d) del artículo 81 de la ley N° 18.834, respecto de la compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en cargos a contrata en el mismo servicio. Esta suspensión no regirá respecto de la renovación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el año 1994.

Artículo 19.- No obstante la dotación máxima de personal fijada en este presupuesto para los órganos y servicios que reciben aporte fiscal, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio del ramo, el que deberá llevar también la firma del Ministro de Hacienda, podrá aumentarse la dotación de alguno o algunos de ellos con cargo a disminución de la dotación de otro u otros, en lo que se refiere a personal a contrata, sin que pueda, en ningún caso, aumentarse la dotación máxima del conjunto de los servicios del Ministerio respectivo. En el mismo decreto supremo deberá disponerse la transferencia, desde el o de los presupuestos de los servicios en que se disminuya la dotación al o a los servicios en que se aumente, de los recursos necesarios para afrontar en este último el gasto correspondiente al personal traspasado.

Artículo 20.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 1995 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 a 1994 se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:

65 % al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión.

10 % al Ministerio de Bienes Nacionales, y

25 % a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación.

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a Empresas en que el Estado, sus instituciones o Empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50 %, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 17.174, en el decreto ley N° 2.569, de 1979 y en la ley N° 19.229.

Artículo 21.- Los Ministerios, las Intendencias, las gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.

Artículo 22.- Todas las organizaciones no gubernamentales que reciban ingresos contemplados en esta ley deberán indicar el uso o destino de dichos fondos, los cuales quedarán fiscalizados por la Contraloría General de la República.

Artículo 23.- Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 12 del decreto ley N° 701, de 1974, la expresión " En el período de 20 años contado desde la vigencia del presente decreto ley", por "a contar de la vigencia del presente decreto de ley y hasta el 31 de diciembre de 1995".

La tabla de costos a que se refiere el artículo 15 del citado decreto ley, que regirá para la temporada del año 1995, se fijará dentro de los 45 días siguientes a la fecha de publicación de esta ley.

Artículo 24.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 5° de esta ley.

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, y la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la ley N° 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda.

La determinación y fijación de cantidades y montos a que se refieren los artículos 8 y 10 de esta ley, se efectuará por oficio del Ministerio de Hacienda.

Artículo 25.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1° de enero de 1995, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refieren los artículos 3° y 5° y las resoluciones indicadas en dicho artículo 5°.

Dios guarda a V.E.

(Fdo.): Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Presidente de la República; Eduardo Aninat Ureta, Ministro de Hacienda.

?INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 1995. (BOLETÍN N° 1381-05).

"Honorable Cámara de Diputados:

La Comisión Especial Mixta encargada de estudiar el Presupuesto del Sector Público para 1995 tiene el alto honor de informaros respecto de él. El referido proyecto -conforme a las normas constitucionales- fue iniciado en mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República.

A las sesiones en que vuestra Comisión estudió el Presupuesto concurrieron, además de los miembros de ella, los Honorables Senadores señores Juan Hamilton Depassier, Ricardo Hormázabal Sánchez, Hernán Larrain Fernández, Enrique Larre Asenjo, Gabriel Valdés Subercaseaux. Asimismo, concurrieron los Honorables Diputados señores Sergio Aguiló Meló, Gabriel Ascencio Mansilla, Alberto Cardemil Herrera, Sergio Correa de la Cerda, Francisco Encina Moriamez, Juan Carlos Latorre Carmona, Juan Pablo Letelier Morel, José Makluf Campos, Carlos Montes Cisternas y José Antonio Viera-Gallo Quesney.

Además, concurrieron, especialmente invitados a sus sesiones, el señor Ministro de Hacienda, don Eduardo Aninat Ureta; el señor Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano Marín. Asimismo, asistieron, a una o más de sus sesiones, los funcionarios de la Dirección de Presupuestos señoras Clelia Beltrán, y Silvia Siebert y señores Mario Bórquez, Juan Carlos Manoslava, José Espinoza, José Pisero y Marcelo Cerna.

Como es del conocimiento de esa Honorable Cámara de Diputados, el estudio del proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público se realiza por una Comisión Especial, integrada por Honorables Senadores y Diputados.

Esta Comisión Especial, a su vez, designa Subcomisiones, para el estudio de las diferentes Partidas. En esta oportunidad, se constituyeron cinco Subcomisiones, cada una de las cuales ha emitido un completo informe, relativo a las Partidas de sus respectivas competencias. Estos informes van dirigidos a la Comisión Especial, y en ellos se especifican los acuerdos adoptados respecto de cada Partida; las constancias que se haya acordado dejar; las modificaciones introducidas -cuando haya sido el caso-, y sus fundamentos.

En atención a lo expuesto, este informe consigna los principales aspectos del debate producido en el seno de la Comisión Especial, y una relación pormenorizada de los acuerdos adoptados respecto del articulado del proyecto, el que no es estudiado por las Subcomisiones.

En lo que dice relación con las Partidas, en cambio, sólo consigna las modificaciones que se les han introducido.

En lo relativo al debate habido en las Subcomisiones, a las indicaciones allí presentadas, a las constancias que en ellas se haya acordado dejar, etcétera, es necesario remitirse a los informes de dichas Subcomisiones, que constituyen parte integrante del presente informe.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que la Comisión Especial introdujo modificaciones a las proposiciones de las Subcomisiones, también se deja constancia, en este informe, de los cambios efectuados.

Se deja testimonio de que se adjuntan, como anexo de este informe -y, en consecuencia, formando parte integrante de él- textos, debidamente certificados, de los folletos de todas las Partidas -en ejemplar único- en los que se han introducido las modificaciones aprobadas por vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

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PRIMERA SESION.

Con fecha 7 de Septiembre de 1.994 se realizó la primera sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la que quedó constituida, conforme a lo decidido por el Honorable Senado y por la Honorable Cámara de Diputados, por las siguientes personas: Honorables Senadores señora Olga Feliú Segovia y señores Sergio Bitar Chacra, Eugenio Cantuarias Larrondo, Sergio Diez Urzúa, Francisco Javier Errázuriz Talavera, Arturo Frei Bolívar, Jaime Gazmuri Mujica, Jorge Lavandero Illanes, Carlos Ominami Pascual, Sergio Páez Verdugo, Sebastián Piñera Echenique, Sergio Romero Pizarro y Andrés Zaldívar Larraín; y Honorables Diputados señora Romy Rebolledo Leyton, Claudio Alvarado Andrade, Armando Arancibia Calderón, Jaime Estévez Valencia, José García Ruminot, Francisco Huenchumilla Jaramillo, Tomás Jocelyn-Holt Letelier, Harry Jürgensen Caesar, Carlos Kuschel Silva, Jaime Orpis Bouchón, Andrés Palma Irarrázabal, Hosaín Sabag Castillo y Vicente Sota Barros.

La Comisión procedió a constituirse, hecho lo cual, por unanimidad, eligió como su Presidente al Honorable Senador señor Andrés Zaldívar Larraín.

Asimismo, se acordó, unánimemente, que -al igual que en los años anteriores- el funcionamiento de la Comisión Especial Mixta y el de las Subcomisiones se rigieran por el Reglamento del Senado. Lo anterior, con la sola excepción de que el reemplazo de los Honorables señores Diputados se realizara conforme a las normas del Reglamento de la Honorable Cámara.

Asimismo, se acordó que tales cambios se hicieron para la Comisión Especial Mixta y, como consecuencia, para las Subcomisiones.

Igualmente, se acordó dividir -como se ha dicho- el trabajo de cinco Subcomisiones, las que quedaron encargadas de las materias que a continuación se señalan, designándose como Secretarios de las mismas a los funcionarios que en cada caso se indican:

Primera Subcomisión.

Tesoro público; Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Ministerio de Hacienda, y Ministerio de Planificación y Cooperación.

Secretarios: Ana María Jaramillo Fuenzalida y Ximena Belmar Stegmann.

Segunda Subcomisión.

Presidencia de la República; Contraloría General de la República; Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio Secretaría General de Gobierno, y Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

Secretario: César Berguño Benavente.

Tercera Subcomisión.

Poder Judicial; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Justicia; Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y Ministerio de Salud.

Secretarios: Patricio Uslar Vargas y José Luis Alliende Leiva.

Cuarta Subcomisión.

Congreso Nacional; Ministerio del Interior; Ministerio de Educación; Ministerio de Vivienda y urbanismo, y Ministerio de Bienes Nacionales.

Secretarios: Sergio Sepúlveda Gumucio y Mario Labbé Araneda.

Quinta Comisión.

Ministerio de Obras Públicas; Ministerio de Agricultura; Ministerio de Minería, y Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Secretarios: Mario Tapia Guerrero y María Angélica Bennett Guzmán.

A continuación, unánimemente, se acordó que las distintas Subcomisiones quedaran integradas por los Honorables señores Parlamentarios que, en seguida, se indican:

Primera Subcomisión: Honorable Senador señor Sebastián Piñera Echeñique; y Honorables Diputados señores José García Ruminot. Tomás Jocelyn-Holt Letelier Jaime Orpis Bouchón, Andrés Palma Irarrázaval y Hosaín Sabag Castillo.

Segunda Subcomisión: Honorables Senadores señores Arturo Frei Bolivar, Jaime Gazmuri Mujica y Francisco Javier Errázuriz Talavera; y Honorables Diputados señores Harry Jürgensen Caesar y Vicente Sota Barros.

Tercera Subcomisión: Honorables Senadores señora Olga Feliú Segovia, y señores Sergio Bitar Chacra y Andrés Zaldívar Larraín; y Honorables Diputados señores Claudio Alvarado Andrade y Armando Arancibia Calderón.

Cuarta Subcomisión: Honorables Senadores señores Eugenio Cantuarias Larrondo, Sergio Diez Urzúa, Jorge Lavandera Illanes y Carlos Ominami Pascual, y Honorable Diputado señor Francisco Huenchumilla Jaramillo.

Quinta Subcomisión: Honorables Senadores señores Sergio Paéz Verdugo y Sergio Romero Pizarro; y Honorables Diputados señora Romy Rebolledo Leyton y señores Carlos Kuschel Silva y Jaime Estévez Valencia.

Acto seguido, se aprobó el siguiente cronograma para el despacho del proyecto de Ley Presupuestos en informe:

Martes 11 de Octubre - Exposición del señor Ministro de Hacienda.

Viernes 7 a Viernes 21 de Octubre - Trabajo de las Subcomisiones.

Martes 25 de Octubre - Discusión y votación del articulado y de los informes de las Subcomisiones.

Lunes 31 de Octubre a Viernes 4 de Noviembre - Se trata el informe de la Comisión en la Honorable Cámara de Diputados.

Lunes 7 a Viernes 11 de Noviembre - Se trata, en el Honorable Senado, el proyecto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados.

Lunes 14 hasta aproximadamente 29 de Noviembre - Posibles trámites posteriores.

Seguidamente, a proposición de la Honorable Senadora señora Feliu y del Honorable Diputado señor Orpis, se acordó oficiar al señor Director de presupuestos, para solicitado lo siguiente:

1) Los Presupuestos de 1991. 1992, 1993 y 1994 en moneda de igual valor, detallados hasta el nivel de asignaciones;

2) Que cumpliendo con lo preceptuado en los artículos 5º y 9º del decreto ley número 1.263, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se envíe a la Comisión el programa financiero de tres o más años a que alude el referido artículo 9º, y

3) Que se proporcione a la Comisión la ejecución del Presupuesto vigente, hasta la fecha.

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SEGUNDA SESION.

En la segunda sesión, celebrada el 7 de Octubre de 1994, se aprobó el siguiente cronograma para el despacho del proyecto de Ley de Presupuestos en informe, el que modifica el aprobado en la sesión anterior:

Lunes 10 a Viernes 28 de Octubre - Trabajo de las Subcomisiones y entrega de sus informes.

Miércoles 2 de Noviembre - Discusión y votación del articulado y de los informes de las Subcomisiones.

Lunes 7 a Viernes 1 1 de Noviembre - Se trata el informe de la Comisión en la Honorable Cámara de Diputados.

Lunes 14 a Viernes 18 de Noviembre - Se trata en el Honorable Senado, el proyecto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados.

Lunes 21 hasta el 29 de Noviembre - Posibles trámites posteriores.

En seguida, se dio cuenta de que se habían constituido las cinco Subcomisiones, y que habían elegido, como Presidente, a los Honorables Parlamentarios que, a continuación se indican:

Primera Subcomisión: al Honorable Diputado señor Armando Arancibia Calderón;

Segunda Subcomisión: al Honorable Senador señor Arturo Frei Bolívar;

Tercera Subcomisión: al Honorable Diputado señor Hosaín Sabag Castillo;

Cuarta Subcomisión: al Honorable Senador señor Carlos Ominami Pascual, y

Quinta Subcomisión: a la Honorable Diputada señora Romy Rebolledo Leyton.

A continuación, hizo uso de la palabra el señor ministro de Hacienda, don Eduardo Aninat Ureta, quién, realizó una exposición sobre el estado de la Hacienda Pública. Textualmente, expresó:

"En su primer mensaje a la Nación, el Presidente de la República invitó a todos los chilenos a participar de la oportunidad histórica que hoy enfrentamos.Después de varios años de notable progreso económico y social, el país se encuentra en una posición privilegiada para alcanzar un nivel de bienestar significativamente superior para todos los chilenos. Se han alcanzado récords históricos en materia de inflación y crecimiento. Mientras la inflación se aproxima hoy a un dígito, la economía ha crecido a una tasa promedio de 6,9% durante el período 1.990-93. El empleo y los salarios reales, por su parte, han aumentado en promedio en 3,1% y 3,7% anuales, respectivamente, en igual periodo. La disciplina en el manejo de las finanzas públicas ha permitido sostener un balance presupuestario positivo durante los últimos ocho años.

No obstante que las condiciones básicas para un desarrollo sostenido están dadas, nos encontramos enfrentados a una tarea llena de grandes desafíos. La senda de crecimiento debe consolidarse sobre la base de la estabilidad y de mejoras paulatinas en la distribución del ingreso. Tengo la certeza de que el crecimiento sostenido y la equidad no se contraponen sino que, por el contrario, se complementan y retroalimentan entre sí. En el logro de este fin, las políticas públicas juegan un rol fundamental, al evitar las excesivas desigualdades que en definitiva, pueden atentar contra el proceso de desarrollo.

En el plano económico, el objetivo del Gobierno del Presidente Frei es avanzar y profundizar la estrategia de crecimiento con equidad iniciada por la administración anterior. Las políticas macroeconómicas en general y la política fiscal en particular, estarán subordinadas a este fin.

La estabilidad macroeconómica es un requisito esencial para el desarrollo económico. La propia experiencia, así como la de muchos de nuestros vecinos, nos confirma que la inflación atenta contra el crecimiento y afecta negativamente una distribución más equitativa del ingreso. Es por esto que su reducción es un elemento central de nuestra estrategia económica.

En este esquema de crecimiento con equidad no debemos exponernos a excesivas fluctuaciones en el ritmo de crecimiento, para así evitar costosos procesos de ajuste, los que generan desempleo, aumentan la desigualdad y deterioran la capacidad de desarrollo futuro. Así podemos lograr las metas económicas y sociales del Gobierno y del país.

En ésta, mi primera exposición sobre el estado de la Hacienda Pública al Honorable Congreso Nacional, deseo reafirmar los pilares básicos en que se sustenta la política económica, y explicar cómo entendemos el rol del Gobierno del Presidente Frei en la tarea nacional de permitir que trabajadores, empresarios y el conjunto de la población de este país no desaprovechen esta oportunidad histórica.

Me referiré específicamente a las bases de nuestra política presupuestaria para el próximo año y el contexto económico-social en que ésta se va a desarrollar.

El Contexto Macroeconómico.

1. El Proceso de Ajuste y la Situación Macroeconómica.

Al asumir el actual Gobierno, la economía chilena se encontraba en un proceso de ajuste macroeconómico. Durante el primer semestre de 1.992 se había observado que el ritmo de crecimiento del gasto era inconsistente con una meta inflacionaria baja y con un equilibrio sostenible en las cuentas externas. Es así como en ese mismo año se dio inicio al actual proceso de ajuste, con el incremento de las tasas de interés de los instrumentos reajustables del Banco Central.

Durante este período, la política fiscal ha contribuido a la desaceleración del gasto interno. La Ley de Presupuestos para 1.994 autorizaba un crecimiento del gasto corriente de 4,7%; sin embargo, durante el primer semestre de 1994, el gasto corriente ha subido 4,3%. Por lo demás, de acuerdo al Banco Central, y con cifras de cuentas nacionales preliminares, el gasto de consumo final de Gobierno -diferente al concepto de gasto corriente- se desaceleró en el primer semestre del año en curso, alcanzando un crecimiento real de sólo 2,6% anualizado. Más aún, pese a que la recaudación de impuestos se ha visto afectada por la desaceleración en el crecimiento de la economía, la Reforma Tributaria de 1.993 y los infortunados hechos que afectaron a CODELCO, las cuentas del Gobierno Central presentan un superávit de 1,3% del Producto Interno Bruto para el primer semestre de 1994.

Hoy podemos afirmar con satisfacción que la economía se encuentra preparada para retomar sus senda de crecimiento sostenido. El gasto se ha desacelerado a niveles consistentes con la expansión de la producción, y el incremento del nivel de precios se ha moderado sustancial-mente. De esta manera, este año confiamos en cumplir con las metas trazadas al comienzo del actual Gobierno, con una inflación definitivamente debajo de 11 % y una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor de 4%.

Este avance permitirá, durante 1.995, reducir la tasa de inflación a un valor en torno a 9% y crecer a una tasa de 5,8%. Por segunda vez, desde 1961, se espera alcanzar, simultáneamente, una tasa de inflación de un dígito y una tasa positiva de crecimiento del Producto Interno Bruto. En los últimos treinta años; sólo en 1.981 la inflación fue de un dígito, pero sostenida por un tipo de cambio artificialmente bajo y en vísperas de una de las mayores recesiones de la historia económica chilena. Hemos hecho avances en la desaceleración del ritmo inflacionario, y en el gráfico se observa la notoria y sistemática desaceleración de la tasa anualizada, en doce meses del índice de Precios al Consumidor, desde Enero de 1.991, donde bordeaba un 25% hasta el presente, con una tasa anual de 10,4%.

Aunque, como resultado del ajuste, la tasa de crecimiento de la economía se ha desacelerado, es posible observar sólidos resultados macroecónomicos. En efecto, los procesos de ajuste de los últimos años han sido diametralmente distintos a las malas experiencias vividas en las dos décadas anteriores, y a los que recientemente han debido soportar o están soportando algunas naciones vecinas. Por esto, se decidió actuar con prudencia y mantener el ajuste hasta que las condiciones para volver a tasas de crecimiento más elevadas y estables estén dadas. Más aún, el ajuste del período 1.993-94 ha sido más suave que el de 1.990. En 1.994, por ejemplo, se espera que el consumo privado crezca en 3%, comparado con un crecimiento de 4% del PIB. En cambio, durante el ajuste de 1.990, el gasto interno creció a 0,4%, tres puntos porcentuales menos que el Producto Interno Bruto.

Los resultados macroecónomicos para 1.994 permiten reafirmar que las exportaciones son el motor del crecimiento económico. Para 1.994 se espera que el crecimiento de las exportaciones fluctúe en torno a 16% en términos de valor, y a 10% en términos de volumen. Especial importancia han tenido en este crecimiento las exportaciones no cobre, en particular las no tradicionales, que este año crecerán en volumen a una tasa cercana a 14%.

Sin embargo, a pesar de los logros señalados anteriormente y de la sistemática caída de la tasa de inflación, ya descrita, nuestro progreso ha sido lento, comparado con otras experiencias internacionales de estabilización. La dificultad radica en el alto grado de indexación de nuestra economía. De hecho, los indicadores macro-económicos observados en Chile son propios de países con inflaciones muy bajas, pero la presencia de indexación generalizada introduce rigideces a la baja en la tasa de inflación.

En la medida en que los progresos en materia inflacionaria se consoliden y se avance hacia una mayor sofisticación de las políticas públicas, se evaluará el futuro de la indexación.

Un proceso de ajuste como el que ha pasado la economía chilena no está exento de costos. En particular, vemos con preocupación el aumento del desempleo a tasas superiores a 6% registrado a partir de Julio de este año. Aunque estas tasas se encuentran afectadas en parte por factores estacionales, la desaceleración del gasto en los últimos meses ha resultado también en una menor tasa de creación de empleo. No obstante, la economía ya está mostrando indicios claros de recuperación, los que se traducirán gradualmente en una caída del desempleo. De este modo, esperamos que en 1.995 se creen 120.000 nuevos puestos de trabajo.

2. Ahorro, Inversión y Mercado de Capitales.

A pesar de la desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto en 1.994, dos variables macroeconómicas mostrarán resultados particularmente auspiciosos. La tasa de inversión será de 26,5% del PIB a precios constantes, manteniéndose el récord histórico alcanzado en 1.993. Esto refleja que, durante el proceso de ajuste, la inversión se ha desacelerado menos que el gasto en bienes de consumo, y que el ritmo de incremento de la capacidad productiva sigue siendo elevado.

Por otro lado, la tasa de ahorro nacional alcanzará un nivel en torno a 25% del Producto Interno Bruto a precios corrientes. Esta cifra es aproximadamente un punto y medio porcentual superior a la alcanzada en 1.993 y corresponde al nivel más alto de nuestra historia. Estos resultados indican que la expansión productiva es financiada principalmente con recursos de origen doméstico. A su vez, esta alta tasa de ahorro nacional reduce las necesidades de financiamiento internacional y fortalece nuestra posición externa.

Con respecto a la composición del ahorro nacional, durante 1.994 se espera que el ahorro privado crezca con respecto al año 1.993, reflejando que, no obstante la Reforma Tributaria, los incentivos para el ahorro privado han crecido. En cuanto al ahorro público, tema al que me referiré en detalle más adelante, éste continuará haciendo una importante contribución al ahorro nacional. En 1.989 el ahorro del Gobierno Central alcanzaba a 13% del ahorro nacional total; en 1.994, esta cifra será del orden de 19%.

No basta con tener altas tasas de ahorro, sino que además se debe incrementar la eficiencia en la intermediación de dichos recursos, los cuales se canalizan crecientemente a través del mercado de capitales. Es por eso que el Gobierno fomentara la profundización del mercado de capitales. Ya se han hecho importantes avances en este ámbito.

La Ley de Reforma del Mercado de Capitales, publicada el 19 de marzo pagado, tiene por objeto promover una mayor eficacia y modernización del mercado. Para ello se modificaron las leyes de Mercado de Valores, Fondos de Inversión, Fondos Mutuos, Compañías de Seguro, y Fondos de Pensiones. Mediante esta ley se dan importantes pasos, en el proceso de globalización financiera que actualmente experimentan los mercados mundiales. En efecto, se moderniza el mercado de valores y la gestión financiera de las Administradoras de Fondos de Pensiones, incorporando nuevos instrumentos y técnicas financieras.

Gran parte de las normas contenidas en la citada ley se encuentran actualmente en operación. Sin embargo, se debe señalar que una parte importante de ellas, especialmente las referidas a los límites de inversión de los fondos de pensiones aún no se implementan, debido a que se encuentra en el Parlamento un proyecto de ley que repone ciertos artículos del proyecto original. El Gobierno espera que la iniciativa actualmente en trámite sea promulgada a fines del mes de Octubre para así hacer electivos todos los beneficios dé la Ley de Mercado de Capitales.

Otro ejemplo específico de los progresos en la modernización financiera es el reciente acuerdo entre la autoridad y las tres Bolsas de Valores del país para la autorregulación de éstas. Este acuerdo, impulsado expresamente en Abril de este año por el Ministerio de Hacienda, establece criterios para suspender la transacción de acciones. La autoridad apoya el proceso de autorregulación como una forma de avanzar hacia la globalización y sofisticación del mercado de valores. Sin embargo, la autorregulación no significa que no habrá supervisión publica, sino que, por el contrario, permite a los reguladores abocarse a tareas donde está más comprometida la fe pública.

El Gobierno apoyará iniciativas de otras entidades del mercado para alcanzar una mayor liberalización y desarrollo del mercado de valores, sin descuidar los niveles de confianza y credibilidad ya alcanzados.

3. Nuestro Potencial de Crecimiento.

De acuerdo a la reciente revisión de cuentas nacionales del Banco Central, el crecimiento anual promedio de la economía ha sido de 7,1 % durante el periodo 1.986-93. Eso podría llevar a concluir que la tasa de crecimiento de nuestro producto potencial se encuentra en un rango de 7% a 8%. Sin embargo, debe recordarse que, en 1986 la tasa de desempleo abierto era de alrededor de 10%, lo que indica claramente que el país estaba muy por debajo de su producto potencial. En estas circunstancias, altas tasas de crecimiento corresponden no sólo a crecimiento del producto potencial, sino que también al cierre de la brecha entre el Producto Interno Bruto efectivo y el potencial.

Nuestra meta de crecimiento para el próximo año es de 5,8%. Creemos que con las actuales condiciones de la economía nacional, y la fortaleza de la economía mundial, ésta es alcanzable y consistente con los objetivos inflacionarios. Esto nos aproximará a la tasa de crecimiento potencial, la que estimamos en torno a 6% anual.

Alcanzar una tasa de crecimiento de 6% anual no será fácil y requerirá de grandes esfuerzos. En efecto, la experiencia pasada muestra claramente las dificultades para el crecimiento futuro. El cuadro 1 presenta una descomposición de nuestro crecimiento histórico para promedios quinquenales. El crecimiento del Producto Interno Bruto se puede descomponer en tres factores. Los dos primeros se refieren al incremento de los actores de producción, esto es, el crecimiento del stock de capital y del nivel de empleo. El tercer componente es la productividad total de los factores, esto es, el uso más eficiente de tales factores de producción.

Hacia fines de los años 80, el crecimiento de la economía alcanzó niveles elevados, atribuible a una vigorosa recuperación del empleo. Posteriormente, la economía ha seguido creciendo debido a las altas de inversión registradas en los años 90 y los aumentos en la productividad. No obstante el crecimiento reciente, los niveles de eficiencia alcanzados son aún moderados. El gráfico 2 muestra que sólo en 1.992 la productividad media del trabajo (producción por persona ocupada) alcanzo niveles superiores a los registrados en 1.981.

Para el resto de esta década, si se considera que la tasa de inversión crece de un 26,5% en 1.994 a 28% en 1999, y el empleo aumenta a una tasa anual de 2%, llegamos a un crecimiento base de 4,1% anual. El resto provendrá del crecimiento de la productividad total de los factores. Suponiendo que ésta crece a un ritmo superior a nuestro promedio histórico y similar al de años recientes, llegamos a que el crecimiento potencial de la economía alcanzará alrededor de 6%.

De acuerdo a la evidencia internacional, Chile cuenta hoy día con la mayoría de las condiciones requeridas para crecer a tasas elevadas. Es una economía abierta, macroeconómica y políticamente estable, con un sistema financiero funcionando adecuadamente, y con instituciones sólidas. Es difícil pensar que existan áreas en las cuales la política económica pueda afectar de manera sustancial nuestro potencial de crecimiento una vez que las principales reformas se han llevado a cabo. Por ejemplo, muchas de las llamadas economías emergentes, o las que fueron centralmente planificadas, han partido de una situación muy diferente a las condiciones actuales de la economía chilena. Ellas contaban con regímenes comerciales proteccionistas, servicios modernos casi inexistentes, inflaciones altas entre otras distorsiones. Sin duda que, en esas condiciones, estabilizar la economía, privatizar y permitir que el mercado funcione como asignador de recursos, puede traer significativos dividendos en términos de crecimiento. En cambio Chile hoy es una economía más madura que en el pasado y obtener altas tasas de crecimiento es una tarea más difícil, que requiere de un conjunto iniciativas y transformaciones que ya no responden a una receta simplista. Esa etapa ha sido superada.

Sin embargo, la prudencia de nuestras metas, no implica que no serán aprovechadas todas las oportunidades que se nos presenten y que permitan aumentar el crecimiento potencial de la economía. No obstante, no se fomentarán procesos de crecimiento insostenibles que se traduzcan, en definitiva, en mayores costos para toda la población, como resultado de posteriores y costosos procesos de ajuste.

Los Pilares del Desarrollo.

1. El Desafío de la Productividad.

Como señalé anteriormente, el incremento en la productividad es una necesidad para el crecimiento económico. La mayor eficiencia, unida a altas tasas de inversión, nos permitirán avanzar en el proceso de desarrollo.

El aumento de la productividad laboral es también un requisito para mejorar la distribución del ingreso, al generar incrementos en los salarios y el ingreso del trabajo, que constituye la principal fuente de entradas de los sectores más postergados. Así, más de un 80% del crecimiento de los ingresos del 40% más pobre durante el período 1990-92, se explica por el aumento del empleo y las remuneraciones.

Una importante contribución que el Gobierno puede hacer al desafío de la productividad es la de mejorar su propios niveles de eficiencia. Por ello, la modernización del Estado ocupa un lugar especial en la agenda económico social del Gobierno. Mejorar la calidad de los servicios prestados por el sector Público tiene efectos directos sobre la capacidad del sector privado para aumentar su eficiencia y sobre el bienestar de la ciudadanía, especialmente de los sectores de menores recursos.

El incremento de la eficiencia es un importante desafío para el sector público. Mientras la apertura a la competencia internacional ha obligado a las empresas chilenas a modernizarse, la administración pública no ha experimentado transformaciones equivalentes, por lo menos en veinte años. En efecto, aunque el Gobierno militar llevó a cabo profundos cambios en el tamaño del Estado, no alteró mayormente el funcionamiento de aquello que permaneció en el ámbito gubernamental. Esto ha generado un profundo desequilibrio entre el actual volumen de responsabilidades del Estado y las capacidades reales de los organismos públicos para responder a tales demandas.

Desarrollar una nueva cultura organizacional en la administración pública, donde los resultados y la satisfacción de los usuarios tengan prioridad, sin abandonar los requisitos esenciales de transparencia, ecuanimidad y disciplina fiscal, que exigen la sociedad y la economía, representa una tarea de proporciones, a la que el actual Gobierno ha asignado máxima prioridad.

El Gobierno ya ha dado algunos importantes pasos en este ámbito. En materia de mejoramiento de la gestión al interior de los servicios públicos, se ha estado desarrollando un programa piloto que involucra la introducción intensiva de técnicas modernas de gestión en servicios públicos seleccionados, sobre la base de un trabajo conjunto de personal del propio servicio, de la Dirección de Presupuestos y especialistas de alto prestigio en estas materias.

Otro ejemplo concreto es el proyecto de ley sobre modernización del Servicio Nacional de Aduanas, recientemente enviado al Congreso Nacional. No se trata sólo de una acción de envergadura en un área estratégica del desarrollo del país, cual es el comercio exterior, sino que también introduce innovaciones fundamentales que servirán de guía para una administración de recursos humanos moderna en el conjunto del sector público.

El criterio aplicado en este proyecto, en Cuanto a la necesidad de establecer un vínculo más estrecho entre las remuneraciones de los funcionarios públicos y su productividad, tiene también una expresión general en la política de remuneraciones del actual Gobierno. En efecto, cumplida durante el Gobierno anterior la etapa de recuperación de las remuneraciones de los empleados públicos, respecto de la caída que éstas experimentaron durante la década pasada, el eje de la política gubernamental en este ámbito ha pasado a ser el de la productividad. Esto significa que el incremento real de las remuneraciones en el sector público en los próximos años deberá estar condicionado a avances equivalentes en el logro de mayores niveles de productividad y eficiencia en la administración pública.

La vinculación de los incrementos de remuneraciones en el sector público con la evolución de la productividad y el desempeño, se ha expresado plenamente en el reciente acuerdo entre el Gobierno y el Colegio de Profesores. Dicho acuerdo, al establecer un mejoramiento ligado a la extensión del año escolar y al introducir incentivos especiales a los profesores de las mejores escuelas del país, ha sentado un precedente de gran valor para el conjunto del sector público. El mismo principio se expresará durante el diálogo conducente al reajuste de remuneraciones del sector público y las medidas que lo complementen.

Por otra parte, es necesario también estudiar reformas tendientes a modernizar la administración de personal al interior del Estado. Ellas deberán apuntar a establecer un marco consistente con el desarrollo de un servicio civil profesionalizado, una administración de personal más flexible y una carrera funcionaría basada en el mérito. La elaboración de estas reformas será una de las tareas insoslayables de los próximos años.

Para el Gobierno, el incremento de los niveles de productividad y eficiencia en el sector público representa la única forma de compatibilizar sus compromisos programáticos sectoriales con la mantención de la disciplina fiscal. Pero la modernización del Estado es una tarea que no compromete solamente a la autoridad, sino protagónicamente a los funcionarios públicos, postergados durante tantos años. Para éstos, esta modernización representa la principal oportunidad de recuperar el prestigio y la dignidad del ejercicio del servicio público que en justicia les corresponden.

2. Educación y Capacitación.

La educación es una de las principales herramientas con que un país puede aumentar la eficiencia de los recursos humanos, promover la equidad y el desarrollo de las personas. Una fuerza de trabajo con crecientes niveles de preparación permitirá producir más y con mejor calidad, e incorporar mayor valor agregado a la producción nacional. Por ejemplo, estimaciones para Corea muestran que el alto nivel de escolaridad que ese país alcanzó a inicios de la década del 60, explican por sí solos alrededor de un punto y medio anual de crecimiento que dicho país logró durante los siguientes 25 años. La aceleración del conocimiento, el avance tecnológico, la apertura de los mercados y las comunicaciones, ha acentuado la importancia, para el desarrollo y competitividad de un país, de contar con recursos humanos calificados y adaptables a los cambiantes requerimientos del sistema económico.

La educación es uno de los instrumentos más efectivos para lograr mayor equidad y fomentar la movilidad social. Es la principal fuente de oportunidades para que los sectores de menores ingresos puedan superar de manera permanente y sostenida su condición económico-social. Se ha calculado que la rentabilidad de aprobar cada año adicional de educación media, en términos de ingresos futuros es del 10% real anual, en Chile.

Chile ejerció durante varias décadas un claro liderazgo en materia educacional entre los países latinoamericanos. No obstante, buena parte de los estándares alcanzados por el país en los últimos veinte años -universalización de la educación básica, amplia cobertura secundaria, reducción drástica del analfabetismo- están siendo hoy también logrados por otros países. En materia curricular, las reformas que datan de la década de los 60 han perdido la consistencia entre la cobertura, objetivos, métodos de enseñanza y organización del sistema educacional, y no se han adaptado a los requerimientos de una economía moderna y abierta al exterior. Los países de más rápido desarrollo se alejan progresivamente de nosotros, sobre la base de un gran esfuerzo público y privado por mejorar la educación.

En efecto, el sistema educacional chileno da muestras de un creciente desgaste, expresado en pérdidas de efectividad y eficiencia. Algunos indicadores ilustran lo anterior: el tiempo promedio utilizado por los niños para completar el ciclo de 12 años de enseñanza es superior a 15 años, con elevados porcentajes de repitencia y deserción; el total de las horas lectivas contempladas en el año escolar chileno es de 800, en comparación con las 1.200 horas que se registran en países de mayor o más rápido desarrollo; las horas dedicadas a las ciencias en el curriculum de educación media se ha reducido. Todo lo anterior arroja como resultado porcentajes de logro de los objetivos educativos que escasamente superan el30% en los sectores subvencionados.

El logro de los objetivos de mejoramiento de la educación chilena requiere de un grado sustancial de concreción. Lo anterior es especialmente relevante si se consideran las dimensiones financieras de la prioridad que se ha asignado al sector. Chile dedica actualmente a la educación alrededor de 4,6% del PIB. De esta cifra, tres ramos porcentuales corresponden a gasto público y 1,6 puntos a gasto privado. Esta cifra es inferior a la de países de rápido crecimiento (cerca de 8% en Corea y Malasia) y a la del promedio de los países desarrollados (alrededor de 6%). De esto se concluye la necesidad de realizar un esfuerzo significativo en este sentido.

Sin embargo, una elevada tasa de crecimiento del gasto en educación no basta para mejorar el sistema. Tan importante como el volumen de gasto es la eficiencia con que éste se asigna. Durante los años 60 y comienzos de los 70, el gasto público en educación creció a tasas significativas. Tal incremento estuvo ligado a un desarrollo extensivo del sistema educacional, dándose pasos definitivos en el logro de los actuales niveles de cobertura educacional. Esta ya no es la situación en la década de los 90. Los recursos deben dedicarse ahora a un desarrollo intensivo de la educación chilena, a través de iniciativas destinadas a mejorar su calidad, equidad y gestión. Aumentar la cobertura de la educación preescolar, perfeccionar el sistema de subvenciones educacionales, mejorar la gestión en los niveles intermedios y superiores del sistema educacional subvencionado y desarrollar una política de remuneraciones vinculada a la efectividad educativa, son algunas de las tareas prioritarias que se abordarán.

La educación formal toma un tiempo largo en afectar la estructura de ingresos y el potencial de crecimiento de la economía. Sin embargo, las demandas de eficiencia y equidad son inmediatas. Por esta razón, es fundamental dar un impulso decisivo a la educación para el trabajo y la capacitación laboral, tanto en cantidad como calidad. En materia de cantidad, es necesario diversificar la oferta de capacitación laboral financiada por el Estado a sectores que han permanecido excluidos de los esquemas existentes. Esto atañe fundamentalmente a los trabajadores de las pequeñas y microempresas, los trabajadores pertenecientes a sectores en reconversión, y a sectores importantes de jóvenes y mujeres. En materia de calidad, es necesario avanzar significativamente en la integración del sistema de educación para el trabajo, de modo que éste ofrezca un espacio variado de alterativas al trabajo durante su vida laboral, y mejore la capacidad de respuesta a las demandas del sistema productivo.

Con el objeto de elevar la calidad de los empleos y facilitar la adaptación de las acciones de capacitación a los desafíos de las nuevas tecnologías y de la modernización productiva, en el mes de agosto se envió al Congreso el proyecto de ley que fija el nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo. Esta iniciativa tiene como objetivos fundamentales fomentar la concertación entre trabajadores y empleadores para desarrollar programas de capacitación, así como incorporar una importante diversidad de nuevas acciones que puedan ser financiadas directamente por el Estado, permitiendo responder más adecuadamente a los requerimientos de los trabajadores y empresas de menores ingresos del país.

La participación de los trabajadores en las decisiones de capacitación de la empresa se promueve aumentando el gasto imputable para efectos de la franquicia tributaria para programas de capacitación acordados entre los trabajadores y el empleador. Asimismo, se crea un Fondo Nacional de Capacitación que permitirá financiar programas tales como: reconversión laboral, aprendizaje juvenil en empresas y becas a trabajadores ocupados.

3. Infraestructura.

El país necesita alcanzar sólidas condiciones de competitividad internacional, dada la estrategia de desarrollo económico elegida. Ello no será posible si no se cuenta con una adecuada dotación de infraestructura. Disponer de mejores caminos, puertos, aeropuertos, sistemas de telecomunicaciones, constituye un importante aporte a la capacidad productiva de nuestra economía.

La contribución del sector de infraestructura al crecimiento económico de los países en desarrollo es muy significativa. La evidencia internacional señala que un aumento de 10% del gasto real en este sector puede generar hasta un incremento de 1,6% en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto.

Chile presenta un déficit significativo en este tipo de inversión básica y, también, es manifiesta la falta de conservación de algunas obras. Resolver estas deficiencias demandará un gran esfuerzo al país.

La incorporación creciente del sector privado en la provisión de servicios de infraestructura, vía sistemas de licencias, concesiones u otras formas, permitirá una mayor eficiencia y focalización en la asignación de recursos públicos. Para progresar en esta dirección es necesario avanzar en el cobro por el uso de inversión básica, que permita obtener una rentabilidad competitiva a quienes comprometan sus recursos. Ejemplos de lo anterior son el cobro por carga transportada, el sello metropolitano, la tarificación vial y el programa de pavimentación participativa.

En vialidad interurbana, los programas de inversión posibilitarán expandir la red pavimentada, disminuir la congestión vehicular, mejorar el estado de los caminos, reducir los costos y tiempo de transporte. El Gobierno contempla ampliar la participación de los privados en esta área, a través de las concesiones. En este sentido, se ha adjudicado durante el presente año el Camino de la Madera, importante obra vial que prestará servicios, principalmente, al sector forestal en la Octava Región. También se encuentran en proceso de licitación dos importantes obras: un nueves acceso por el norte de Concepción y la Autopista Santiago-San Antonio.

En el ámbito del transporte urbano se han desarrollado acciones que cubren la inversión directa, la racionalización de los sistemas de transporte público masivo, la modernización de los sistemas de control de tráfico y la adopción de medidas para incentivar el uso más eficiente de la vialidad urbana. Entre los proyectos de inversión públicos tendientes a evitar el deterioro en las condiciones de operación del transporte urbano, destaca la construcción de la Línea 5 del Metro.

El aumento del parque automotriz, derivado del desarrollo sostenido del país, es posible que agrave la congestión urbana, a pesar de la expansión de la infraestructura. Es por esto que el Gobierno atribuye gran importancia a la regulación de la demanda, a través del cobro real por el uso de la vialidad urbana, como se refleja en el proyecto de ley de tarificación vial actualmente en trámite en el Congreso.

En el sector ferroviario, el Estado está abordando su rehabilitación a través de inversión directa y de establecer las condiciones para que inversionistas privados asuman el transporte de carga. Se espera concluir con el proceso de privatización del área de cargas de la Empresa de Ferrocarriles del Estado antes de fines de 1.994.

A principios de este año se concluyó el terminal internacional del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Actualmente, se pretende potenciar la participación privada para modernizar y mejorar diversos aeropuertos en las distintas regiones del país.

4. Internacionalización de la Economía.

La estrategia de desarrollo seguida por Chile desde mediados de los años 70 hasta 1.990, estuvo basada en el fomento a las exportaciones hacia el mundo entero, sin discriminar entre países o regiones determinadas.

Al comenzar la década del 90, se generó consenso en que la estrategia de apertura unilateral era una condición necesaria para la expansión comercial, especialmente en el caso de un país pequeño como Chile. Esta estrategia de apertura unilateral ha sido complementada con negociaciones de acuerdos comerciales y de protección de inversiones.

En estos últimos años, Chile participó, a nivel multilateral, en las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, que concluyó en Abril con la suscripción en Marraquesh del Acuerdo que, entre otros aspectos, establece la Organización Mundial del Comercio. Este Acuerdo, que recientemente fue remitido por el Ejecutivo a consideración de la Honorable Cámara de Diputados, debería ser oportunamente examinado y legislado por el Congreso.

A nivel bilateral, se negociaron una serie de Acuerdos de Libre Comercio con México, Venezuela y Colombia y está próximo a suscribirse uno similar con Ecuador. Además, pronto se iniciarán negociaciones con Perú. De igual forma, se han suscrito Acuerdos de Complementación Económica con Argentina y Bolivia, esperándose ampliar y profundizar este último, y suscribir acuerdos similares con otras naciones de la región.

La asociación especial planteada por Chile al MERCOSUR y la negociación de un Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos o el ingreso al NAFTA, son tal vez las iniciativas que, en este ámbito, tienen una mayor proyección de mediano y largo plazo para la economía nacional. Recientes dificultades en el proceso de aprobación del fast-track, como resultado de la agenda político-legislativa en el Congreso de Estados Unidos, han retrasado el inicio de las negociaciones previstas para este año. El Gobierno y el sector privado deberán utilizar esta etapa para preparar de la mejor forma posible las futuras negociaciones, que posiblemente se iniciarán en 1.995.

La incorporación de Chile al APEC abre un nuevo campo de acción para la tarea de internacionalización de la economía. Este organismo de cooperación económica intergubernamental, creado en 1.989, e integrado por Estados Unidos, Japón, Canadá, México, y las economías más dinámicas del Asia-Pacífico, permitirá aumentar la presencia de Chile en una región que ofrece inexplotadas oportunidades para nuestros exportadores.

En lo que se refiere a la cuenta de capitales, las dos rondas de medidas de liberalización cambiaría, adoptadas por el Gobierno y el Banco Central en Abril y Septiembre últimos, han significado mayores montos de divisas de libre disponibilidad para los exportadores, lo que fortalece su competitividad y una sustancial ampliación de las fuentes de financiación internacional de capital y deuda para las empresas chilenas, incluyendo el sistema bancario.

No nos detendremos con aquellas medidas en el proceso de apertura de la cuenta de capitales, aunque éste lo seguiremos haciendo en forma gradual y equilibrada. La experiencia nos enseña que procesos de apertura ligeramente evaluados suelen revertirse y ser perjudiciales para la estabilidad económica y, particularmente, para la inversión productiva en el país.

Las Finanzas Públicas.

1. La Política Fiscal Macroeconómica.

Las finanzas públicas equilibradas constituyen uno de los pilares fundamentales que han sustentado la estabilidad económica del país en los últimos años. Desde mediados de la Década del 80, Chile no sólo ha podido sortear con éxito las dificultades fiscales causadas por la recesión, la inestabilidad externa y los cambios estructurales al interior del sector público, sino que ha fortalecido sostenidamente su posición fiscal, incrementando sus volúmenes de ahorro y reduciendo la deuda pública. La responsabilidad fiscal, lejos de debilitarse con la recuperación de la institucionalidad democrática, se ha profundizado.

Chile completó en 1.993 siete años de balances fiscales positivos. En 1.993, el superávit global del Gobierno Central llegó a un 2% del Producto Interno Bruto, en tanto que el superávit corriente, o ahorro público, alcanzó a un 5% del PIB. La mantención de balances fiscales positivos durante varios años ha contribuido a fortalecer la estabilidad de la economía chilena. Esto ha permitido reducir la deuda pública de 50% del Producto Interno Bruto en 1.989, a 28% del PIB en 1993.

El fortalecimiento de las finanzas públicas en los últimos años se explica fundamentalmente por la prudencia con que se han adoptado las decisiones que involucran recursos fiscales. La aprobación de la Reforma Tributaria de 1.990, como condición básica para poner en marcha las iniciativas de carácter social del Gobierno del Presidente Aylwin; la decisión de ahorrar los recursos resultantes de holguras externas transitorias; la aplicación de políticas graduales y sostenibles para enfrentar las mayores deficiencias del país en materia social y económica, y la imposición de límites globales al crecimiento del gasto público, son expresiones de un sentido de disciplina fiscal del cual no sólo han sido partícipes las autoridades económicas, sino que parte importante del sistema político.

Pero quizás lo más destacable de la experiencia fiscal chilena de los últimos años es que sus logros macroeconómicos no han sido resultado de costosos procesos de ajuste fiscal, sino que han coexistido con avances sustanciales en el desarrollo social, económico y político del país. Más importante que la obtención de balances fiscales positivos ha sido que ello no ha impedido un crecimiento real de 40% en el gasto social y de 50% en la inversión pública en infraestructura, en sólo cinco años. Este esfuerzo ha contribuido a sacar a miles de chilenos de la pobreza y a generar una mayor capacidad de crecimiento futuro.

Los logros conseguidos en lo últimos años en materia de estabilidad fiscal contrastan con la experiencia pasada en nuestro propio país. Lejanos parecen hoy los días en que el presupuesto conformaba uno de los principales campos en que se batían las fuerzas políticas y en que las finanzas públicas actuaban como factor de amplificación de la inestabilidad externa. Contrasta la actual prudencia con la tradicional práctica de sobrestimar los ingresos fiscales como forma de cumplir con el formalismo de aprobar presupuestos equilibrados. Resalta la actual simplicidad del sistema tributario y del presupuesto público con la histórica proliferación de franquicias tributarias e impuestos "con nombre y apellido", característicos del pasado.

Paradojalmente, estas realidades, que parecerían distantes, se encuentran hoy presentes en muchos países industrializados y son causa de profunda preocupación. En los últimos años, las economías más desarrolladas del mundo no sólo han debido afrontar importantes desequilibrios fiscales, sino que éstos se han profundizado por efecto de la recesión de inicios de los años 90 y por costosas decisiones pasadas, que hoy presionan a sus finanzas públicas. Es así como en los últimos cuatro años, los siete principales países industrializados del mundo duplicaron su déficit fiscal en términos relativos, pasando de -2% del Producto Interno Bruto en 1.990, a -4,1% del PIB en 1.993.

La solidez de las finanzas públicas se deteriora antes de que aparezcan desequilibrios fiscales, situación que comienza cuando: 1) se toman decisiones que erosionan gradualmente la disciplina fiscal y descomponen las bases, de la racionalidad en el manejo de las finanzas públicas, volviendo tardía cualquier reacción, posterior; 2) se parcela el presupuesto público a través de la proliferación de mecanismos de protección de determinados sectores y la definición de cuotas o pisos institucionalizados de gastos: 3) se debilita el manejo unificado de las finanzas públicas y el Gobierno no es capaz de ejercer plenamente su responsabilidad por la conducción económica, y 4) ésta no se asume del mismo modo a los distintos niveles de Gobierno, especialmente en los gobiernos regionales y locales.

Estos riesgos, pese a los logros alcanzados por Chile en materia de finanzas públicas, se encuentran latentes, esperando la vacilación de cualquiera de los actores claves que intervienen en las decisiones de mayor trascendencia económica e institucional.

He creído pertinente compartir estas preocupaciones con ustedes porque el Congreso Nacional, y especialmente los miembros de las Comisiones de Hacienda y de la Comisión Mixta de Presupuestos, han sido actores fundamentales en la consolidación de la disciplina fiscal en los últimos años. Los Parlamentarios, al estar más cerca de las personas, sus necesidades y aspiraciones, entienden adecuadamente el deterioro de la función pública que origina la arbitrariedad, el clientelismo y el desorden fiscal. Ello ha llevado a que en algunas oportunidades sean ellos mismos quienes señalen al Gobierno debilidades e inconsistencias en el manejo de las finanzas públicas e impulsen iniciativas destinadas a afianzar la disciplina fiscal.

En los últimos años se ha podido demostrar que el Congreso, los actores sociales y el Gobierno, conjuntamente, son capaces de encontrar soluciones creativas a los principales dilemas de las finanzas públicas, resolviendo problemas sociales y económicos sin debilitar la disciplina fiscal. El envío del proyecto de Ley de Presupuestos para el año 1.995 y la discusión que deberá desarrollarse en las próximas semanas, son hitos oportunos para reafirmar estos principios.

Aspiramos, de este modo, a una discusión presupuestaria enloquecedora, en la que estén presentes tanto los objetivos fundamentales de la política macroeconómica como los propósitos, metas y resultados de la totalidad de los programas gubernamentales. Con tal objeto, hemos hecho un esfuerzo especial para que, en esta oportunidad, los tradicionales cuadros presupuestarios vayan acompañados de la máxima información complementaria, que permita a los Parlamentarios evaluar a cabalidad las propuestas del Ejecutivo.

2. El Proyecto de Ley de Presupuestos para 1.995.

El proyecto de Ley de Presupuestos para el año 1995 tiene un significado especial por tratarse del primero que se elabora bajo el Gobierno del Presidente Frei. Este presupuesto debe ser expresión, por lo tanto, de los principales objetivos de la política macroeconómica y fiscal de la nueva administración, así como de las prioridades programáticas que ésta ha establecido.

No obstante, como bien saben quienes conocen de cerca las complejidades del Presupuesto, éste inevitablemente combina nuevas decisiones de política fiscal y sectorial con factores exógenos y compromisos financieros pasados que inciden sobre los ingresos y gastos públicos en el período cubierto por él. Para entender las claves que encierra éste, es fundamental conocer el contexto en que se formula.

2.1 La situación fiscal en 1 994.

El balance del primer semestre de 1.994 indica que pese al virtual estancamiento de los ingresos fiscales, producto de una modesta expansión de los ingresos tributarios y de la fuerte caída de los ingresos provenientes de cobres la moderación del crecimiento en el gasto corriente del Gobierno Central, ha permitido sostener un balance presupuestario global positivo y un nivel de ahorro público de 2,6% del Producto Interno Bruto, financiándose así plenamente la mantención del ritmo de crecimiento de la inversión pública en tasas del orden de 12% real.

Lo anterior permito estimar que con la mantención de condiciones externas favorables durante el segundo semestre, expresadas sobre todo en un mejor precio del cobre, se logrará mantener en 1.994 un balance fiscal positivo, levemente más favorable que el estimado en un comienzo en el Presupuesto, manteniendo los niveles de gasto corriente e inversión pública allí comprometidos. Asimismo, el sector público nuevamente efectuará un aporte significativo al esfuerzo de ahorro e inversión del país, estimándose para 1.994 un ahorro público del orden de 4.2% del Producto Interno Bruto.

Aunque las estimaciones para 1.994 muestran un leve deterioro en los indicadores fiscales agregados respecto de los experimentados en 1.992 y 1.993, debe destacarse que ello responde a factores macroeconómicos antes que a decisiones de política fiscal. En efecto, mientras en esos dos años los ingresos fiscales crecieron a una tasa media anual de 8,8% real, originada en la favorable posición externa del país y el alto ritmo de crecimiento económico, tanto el ajuste económico como la disminución en el precio promedio del cobre en 1.994 determinarán un crecimiento de los ingresos fiscales sustancialmente inferior para este año, el que se estima en poco más de 2%. Si se deduce el efecto de estos factores, ajenos al control directo de la autoridad económica y eminentemente transitorios, puede concluirse que la posición fiscal del presente año tenderá a ser similar a la que en años anteriores ha contribuido de manera tan crucial a la estabilidad macroeconómica del país.

2.2 Bases del Presupuesto para 1.995.

El Presupuesto Para 1.995 se aplicara en un contexto más favorable que el de 1.994, pero debe responder, al mismo tiempo, a metas más exigentes de la política macroeconómica. Estas involucran la superación de la etapa de ajustes de la economía, alcanzando un crecimiento anual de 5.8%, una reducción de la inflación a 9%, y la mantención del dinamismo exportador, Estas metas exigen un manejo prudente de los niveles globales de gasto público.

Asimismo, las finanzas públicas se verán influidas en 1.995 por los efectos de la Reforma Tributaria de 1993. Como se recordará, esta reforma involucró una importante reducción en los impuestos a los ingresos de las personas que, por la propia mecánica del sistema de tributación a la renta, se expresaría en una caída gradual en la recaudación tributaria por este concepto entre 1.994 y 1.996. La menos recaudación tributaria por este concepto se estima para 1.995 en más de 100 millones de dólares, equivalentes a un 1,1% de los ingresos tributarios en moneda nacional de 1993

El Acuerdo Tributario de 1.993 también estableció un compromiso en el control de la expansión del gasto público. En particular, se convino en mantener un ritmo de crecimiento del gasto corriente del Gobierno Central que no excediera de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Este compromiso, que el Gobierno del Presidente Frei ha ratificado, deberá necesariamente expresarse en el Presupuesto para 1.995.

Finalmente, el proyecto de Presupuesto para 1.995 será la primera expresión de las prioridades programáticas del actual Gobierno. El esfuerzo por aumentar la productividad de la economía chilena, la inversión en educación y el mejoramiento de la infraestructura del país, son tres prioridades fundamentales que el Gobierno ha definido para los próximos años. Esta deben tener una expresión en políticas públicas concretas y reflejarse progresivamente en la asignación de los recursos públicos.

2.3 Ingresos, gastos y balances presupuestarios.

El proyecto de Ley de Presupuestos para el año 1.995 contempla un volumen global de recursos de 5,5 billones de pesos y 1.135 millones de dólares.

Los ingresos corrientes presupuestados representan un 21,7% del Producto Interno Bruto proyectado para 1.995, en tanto que los gastos corrientes se ubican en un 17,9% del PIB, de lo que se desprende un balance en cuenta corriente-ahorro público equivalente a un 3,9% del PIB, cifra similar a la estimada para 1.994. Si a lo anterior se suman los ingresos y gastos de capital, se obtiene un balance presupuestario global de 0,8% del PIB. Estas cifras ratifican el propósito de mantener una política fiscal prudente, consistente con los objetivos fundamentales de la política macroeconómica.

Los ingresos corrientes presupuestados para 1.995 involucran un crecimiento de 3,6% respecto de los niveles proyectados para 1.994. Este crecimiento se explica por dos factores fundamentales. En primer lugar, la recaudación tributaria estará determinada por el efecto contrapuesto de la rebaja de los impuestos personales producto de la Reforma Tributaria de 1.993 y el mayor crecimiento económico, primando este último efecto. En segundo lugar, los ingresos provenientes del cobre crecerán debido al mejoramiento en las condiciones de mercado, estimándose el Presupuesto sobre la base de un precio de 96 centavos de dólar por libra.

El proyecto de Presupuesto contempla, asimismo, un crecimiento real de 4,8% en los gastos corrientes en 1.995 respecto de los niveles presupuestados para 1.994. Esta cifra, sustancial-mente inferior al crecimiento del Producto Interno Bruto, estimado en 5,8%, ratifica el compromiso de austeridad fiscal contenido en el Acuerdo Tributario de 1.993.

Dos terceras partes del gasto corriente del Gobierno Central corresponde a gastos en personal, prestaciones previsionales y transferencias corrientes. En materia de personal, el proyecto de Presupuesto para 1.995 contempla un incremento del empleo público de sólo 1,2%. Esta tasa, inferior al crecimiento promedio del empleo público en el cuatrienio anterior (2,7%) y al crecimiento del empleo total en la economía estimado para 1.995 (2,1%), ratifica el criterio del Gobierno de contener la expansión del empleo estatal, elevar sus niveles de productividad y eficiencia e incorporar estos incrementos de productividad en las remuneraciones de los trabajadores del sector público. Este criterio se ve especialmente corroborado al comprobar que mientras 90% de los empleos adicionales se concentra en el sector salud, existen 37 instituciones que reducen sus dotaciones máximas de personal en el Presupuesto para 1.995.

Por su parte, los gastos por concepto de prestaciones previsionales tendrán un significativo crecimiento, cercano a 10% real, durante 1.995, explicando así más del 70% de la expansión en el nivel del gasto corriente. Este crecimiento se origina fundamentalmente en un importante incremento en el gasto por concepto de pago de bonos de reconocimiento y mayores gastos en pensiones, asociado fundamentalmente al mejoramiento de las pensiones del sector público.

Finalmente, el crecimiento presupuestado en las transferencias corrientes del Gobierno Central alcanza a poco más de 3%, explicado fundamentalmente por los incrementos en los aportes para el financiamiento de los servicios de educación subvencionados por el Estado. Estos aportes permitirán sostener los incrementos ya otorgados en las remuneraciones de los trabajadores de este sector, reducir los déficits municipales por este concepto y asegurar una distribución más racional y eficiente de los recursos.

Los recursos asignados a programas sociales en el proyecto de Presupuesto permitirán incrementar el gasto social en cerca de 8% en 1.995, incrementándose la participación del gasto social en el gasto total del Gobierno Central. Esta expansión es una clara expresión del compromiso asumido por el Gobierno del Presidente Frei en el esfuerzo por superar la pobreza.

2.4 Principales programas.

Las tres prioridades que ha definido el Gobierno tienen expresiones concretas en el proyecto de Presupuesto para 1.995. En las áreas de educación, infraestructura y productividad se contemplan los recursos necesarios para cumplir con los compromisos asumidos y así poder alcanzar las competencias que el país necesita para avanzar en su camino de desarrollo y equidad.

El presupuesto asignado a educación alcanza a los 637.328 millones de pesos, con un crecimiento real superior a 7%, respecto de 1.994. Dicho presupuesto, junto con incorporar los incrementos experimentados en el gasto por concepto de subvenciones, contempla la puesta en marcha de nuevas iniciativas destinadas al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación.

Es así como durante 1.995 se intensificará la operación de un nuevo programa de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación básica (MECE), iniciado en 1.991 y que el próximo año completará 3.175 proyectos educativos en igual número de establecimientos educacionales, lo que se compara con una meta para el conjunto del programa de 5.000 proyectos educativos en seis años. Para 1995 se contempla también la operación plena del programa de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación media, iniciado en 1994 en carácter de programa piloto, y que ahora entra en su plena ejecución, con el apoyo del Banco Mundial. Este programa contempla la adquisición de equipamiento, computación y material didáctico, y la habilitación de bibliotecas y proyectos de desarrollo educativo. Adicionalmente se financiarán diversos programas de asistencia a alumnos de enseñanza media provenientes de familias de escasos recursos, destinados a aumentar la retención de éstos en el sistema educativo.

El presupuesto de Educación también contempla un aumento significativo en la inversión en infraestructura educacional. Es así como los recursos asignados a la reparación, mejoramiento y reposición de establecimientos educacionales se incrementan en 42% en términos reales. Por otra parte, se contempla un sustancial esfuerzo en materia de equipamiento computacional para los establecimientos escolares del país, multiplicándose por seis la cobertura de los programas existentes en esta materia.

La inversión pública se incrementará en 1.995 en un 8% real respecto de los niveles estimados para 1994. Los recursos asignados al Ministerio de Obras Públicas para la ejecución de obras viales alcanzan a los 202.476 millones de pesos. Esta cifra implica un sustantivo crecimiento en comparación con el año 1994. Destacan los programas de inversión en vialidad interurbana que permitirán, entre otras cosas, continuar en el año 1.995 la ampliación de la doble calzada de la carretera panamericana desde San Javier al Sur. De igual forma, se llevarán a cabo reparaciones en el puerto de San Antonio y obras en los puertos de Valparaíso y Punta Arenas. Finalmente, cabe resaltar que en el Presupuesto para 1995 se duplican los recursos asignados a la construcción de la línea 5 del Metro de Santiago, financiándose así la etapa de este proyecto correspondiente a dicho año.

A los proyectos de inversión que se ejecutarán desde el Ministerio de Obras Públicas se suman los programas desarrollo urbano del Ministerio de la Vivienda. Estos experimentan, en el Presupuesto de 1995, un crecimiento real de 7%, destacando especialmente el notable crecimiento de los recursos destinados a pavimentación y vialidad urbana y la continuación del programa de parque y equipamientos comunitarios.

En materia de productividad, el proyecto de Presupuesto para 1995 contempla iniciativas importantes de políticas públicas y de gestión del Estado. Destacan la expansión de los programas de capacitación financiados a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE); la superación de la meta inicial del programa de capacitación de jóvenes hasta completar una cobertura de 120.000 beneficiarios a fines de 1.995; la expansión del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) y la creación de un nuevo fondo destinado a financiar actividades de investigadores chilenos de excelencia en sus respectivas áreas, y la asignación de más de 8.000 millones de pesos para la operación del programa de apoyo a pequeñas y microempresas otorgados a través del FOSIS y de CORFO. En la misma línea se inscribe el funcionamiento de fondos de investigación en los sectores de-pesca y agricultura.

Asimismo, el Presupuesto para 1.995 también refleja algunos avances importantes en materia de gestión pública. Así, por ejemplo, se consideran cambios importantes en las modalidades de operación de los programas de viviendas sociales y pavimentación urbana, incorporando de manera más integral a los usuarios en la búsqueda de soluciones. En instituciones que atienden masivamente a personas de escasos recursos, como los Servicios de Salud, el Instituto de Normalización Previsional y el Registro Civil, se contempla el financiamiento de programas de fortalecimiento institucional, destinados a mejorar la cantidad y calidad de los servicios prestados.

La materialización de las prioridades señaladas no involucra necesariamente descuidar otras áreas fundamentales de política. En efecto, las responsabilidades gubernamentales en materias tales como salud, promoción de los derechos de los trabajadores y fiscalización de normas laborales, justicia y descentralización, se refleja adecuadamente en el Presupuesto para el año 1.995 con importantes incrementos respecto de las asignaciones del año 1.994.

En el caso del sector Salud, los recursos asignados permitirán continuar con el programa de inversiones en equipamiento e infraestructura hospitalaria, incorporando a su vez nuevos modelos de establecimientos que se adapten a modalidades más modernas de atención. De igual forma, el Presupuesto contempla los recursos adicionales que requiere la implementación del nuevo sistema de financiamiento de la atención primaria.

Por su parte, el presupuesto asignado a Justicia, junto con contemplar la continuación del Plan Quinquenal de mejoramiento del Poder Judicial, permitirá ampliar el acceso a la atención legal a través del aumento de los Consultorios de Asistencia Jurídica los que ahora abarcarán a 41 comunas del país. Igualmente, se realizarán nuevas construcciones penitenciarias y Centros de Observación y Diagnóstico para menores en situación irregular.

En lo que respecta a la promoción de derechos de los trabajadores y fiscalización de normas laborales, se han asignado recursos a la Dirección del Trabajo que harán posible la implementación de tres nuevos programas de modernización, que fortalecerán la protección de los derechos laborales e incrementarán la fiscalización. Asimismo, se continuará con los programas de capacitación de dirigentes sindicales y se pondrán en marcha nuevas campañas de información al público sobre normas previsionales.

En materia de descentralización, el Presupuesto para el año 1995 considera una nueva expansión de los programas de inversión de decisión regional -Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) e Inversión Sectorial de Asignación Regional (ISAR)- con un crecimiento de 9% respecto de 1.994, aumentando nuevamente la proporción de la inversión pública que es asignada descentralizadamente. Adicionalmente, el Presupuesto asigna los recursos necesarios para el financiamiento de los gastos operativos de los Gobiernos Regionales, cuya plena implementación se logrará en 1995, e incrementos en las transferencias a las Municipalidades para el funcionamiento de los servicios de educación y salud primaria.

Finalmente, el Presupuesto para 1995 contempla la profundización de programas de generación de oportunidades para los sectores más pobres. Tal es el caso del programa de mujeres jefas de hogar, que aumenta su cobertura de 55 a 70 comunas, el programa de capacitación laboral de jóvenes, que agrega 13.000 jóvenes más por sobre la meta originalmente fijada; el programa de casas de la juventud, que duplica su cobertura para llegar a 100 casas, y el programa de apoyo a las microempresas del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), con 20.000 beneficiarios en 1.995.

Dentro de estos programas, cabe destaca la asignación, a naves del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), de 2.680 millones de pesos para proyectos de electrificación rural, y un volumen sustancial de recursos para inversiones y operación de nuevos proyectos de agua potable rural, de beneficio directo sobre un sector que muestra uno de los índices de mayor pobreza relativa en el país.

Reflexiones Finales.

Termino esta Exposición de la Hacienda Pública, con una breve reflexión en torno a dos temas de gran relevancia. En primer lugar, los esfuerzos del Gobierno para erradicar la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. Y, en segundo lugar, los desafíos que los gestores de las políticas públicas debemos encarar para alcanzar el éxito económico y social.

Pese a la persistente vitalidad que ha experimentado la economía chilena durante la última década, proporcionando más empleos y mejores salarios, y, no obstante los notables esfuerzos que se hicieran durante el Gobierno anterior por disminuir la pobreza, aún existen miles de familias chilenas que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. Estamos hablando de alrededor de cuatro millones de compatriotas que viven en la pobreza, y lo que es más grave, con una cuarta parte de ellos en estado de indigencia, es decir, con ingresos familiares inferiores a los requeridos para la obtención de una canasta básica de alimentos.

En el gráfico 3 -que usa datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario internacional y de la CASEN 1992, para un conjunto lo más amplio posible de países en desarrollo- se pude apreciar el éxito que ostenta nuestro país en términos de crecimiento, pero también muestra que en el campo de la distribución del ingreso, todavía tenemos un largo camino que recorrer.

Como expuse detalladamente, la educación es el nuevo eje de transformación con equidad social. Es la mejor herramienta para aumentar la equidad e igualdad de oportunidades en forma permanente. La educación permite acceder a mejores puestos de trabajo. Asimismo, el crecimiento de la productividad del trabajo debería traer aparejada una mejora importante en los niveles de vida de los sectores más postergados. Sin embargo, la situación de extrema pobreza que afecta a un importante segmente de la población, convierte a su erradicación en una de las grandes tareas nacionales del Gobierno.

El Presidente Frei ha indicado en el Comité Interministerial Social, integrado por 12 Ministerios, las tareas de coordinación de los variados programas públicos que se destinan hoy a la lucha contra la pobreza. Este comité deberá esforzarse especialmente por lograr una mejor focalización de los gastos sociales, sobre todo para atender más eficazmente las necesidades del millón de chilenos que hoy viven en una situación de pobreza extrema.

Esta lucha contra las condiciones de pobreza no es sólo una tarea del sector público. En esta importante labor debemos integrar mayores esfuerzos e iniciativas provenientes del sector privado, tales como las iniciativas impulsadas por el Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza, grupo estrechamente vinculado al equipo interministerial social.

Una de las conquistas importantes que el país ha logrado en el curso del largo período de reformas económicas y sociales acometidas, ha sido conseguir un horizonte de largo plazo y un futuro más predecible en la acción del Gobierno y del sector privado.

Hoy día, tanto los actores públicos como los agentes privados, disponen de un contexto con perspectiva de país y de un horizonte más despejado y estable, que les permite prever resultados de sus planes y acciones, de una manera más sólida y eficaz.

Se dispone de las ventajas que otorga un ambiente macroeconómico más estable y predecible. Se cuenta con reglas del juego claras y precisas. Se goza de una institucionalidad social y eficaz. Todo ello crea un ambiente favorable y con mayor certidumbre para las acciones colectivas e individuales. Acciones que, en el fondo, constituyen el verdadero corazón del progreso de la Nación.

Las políticas públicas deben seguir enmarcándose dentro de un esquema de prioridades claras y coherentes. No podemos pedirle al Estado moderno que haga "de todo y para todos".

Los tiempos han cambiado, han mejorado.

Es un propósito irrenunciable del Estado asegurar estabilidad, crecimiento y equidad, constituyendo un catalizador importante para el logro del mayor bienestar ciudadano.

Sin duda el Gobierno concibe el accionar del sector público como una fuerza dinámica y modernizadora de la sociedad chilena. Pero al mismo tiempo, tiene la certeza de que estas fuerzas sólo tienen sentido en la medida que se respete y privilegie la necesaria democratización del país. Un proceso de esta naturaleza requiere mayor y mejor participación de todos los ciudadanos.

Nos comprometemos a seguir respetando y promoviendo las iniciativas de los distintos sectores de la vida nacional, en el contexto de nuestro avance democrático. Por ello pedimos vuestra colaboración, y sobre todo vuestro apoyo, para asegurar un Estado más eficaz y mejor.

(Los cuadros a que aludió el señor Ministro figuran en las páginas siguientes).

A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable Senador señor Sebastián Piñera, quien expresó:

La exposición del señor Ministro de Hacienda es particularmente importante por tres razones.

La primera, referida al cumplimiento de la década -con la preparación del Presupuesto para el año 1.995- economía más exitosa que ha tenido Chile en su historia. Nunca antes nuestro país había crecido tanto como en los últimos diez años.

La segunda razón se encuentra en que el Presupuesto de 1.995 es el primero que le corresponde al Gobierno del Presidente Frei, y refleja, en consecuencia, tendencias futuras.

La tercera razón de importancia está dada porque en este Presupuesto se analizará y acordará la forma en que se gastarán catorce mil quinientos millones de dólares, durante el año 1995, que corresponden a casi uno de cada cuatro pesos que produce la economía chilena y que, indudablemente, son financiados por los impuestos que pagan todos los chilenos.

Desde este punto de vista, hago unos breves comentarios. En primer lugar, referidos, al marco institucional.

Es sorprendente que, después de años de análisis y de compromisos expresos y adquiridos por los representantes del Ejecutivo, tengamos todavía un marco institucional en que la discusión del Presupuesto ante el Congreso no le permita a éste, fijar el límite máximo de gastos, ni determinar la distribución del gasto entre Ministerios; porque ha ocurrido en años anteriores que el Ejecutivo, al margen de la voluntad del Congreso, puede superar el límite máximo de gastos y puede alterar la distribución.

También sorprende que la presentación del Presupuesto público se haga casi en los mismos términos que hace veinte años atrás. No se ha producido modernidad en esta materia.

Un Presupuesto debe ser presentado con metas, con objetivo, debe evaluarse la gestión presupuestaria del año anterior, como se realiza en cualquier empresa pequeña y con mucho mayor razón en al gran empresa de todos que es el Estado de Chile.

Se presenta la información relativa al Presupuesto, sin conocer la ejecución presupuestaria del año anterior, sin evaluar el cumplimiento o incumplimiento de los límites autorizados por el Congreso, sin conocer el cumplimiento de las metas que fueron propuestas, por ejemplo, la meta de crecimiento planteada por el anterior Ministro de Hacienda. No se ha dicho una palabra sobre esa materia. Todo lo dicho anteriormente, amerita cambios en la forma de discutir el Presupuesto.

Nuevamente quiero insistir en la propuesta de efectuar un seguimiento sistemático del cumplimiento de la Ley de Presupuestos por el Congreso Nacional. Ello podría hacerse por una Comisión Mixta, que funciones permanentemente, con informes periódicos del Gobierno.

En cuanto a los aspectos macroeconómicos, debo decir que es cierto que el gasto total -que se estima va a crecer en una cifra entre 5 ó 5,5%- es inferior al crecimiento esperado del producto, pero debe recordarse que en los últimos cuatro años el crecimiento del gasto público ha superado el 40% y ha excedido al crecimiento del producto en siete puntos. Por tanto, estamos en presencia -tomando un período más largo- de un Estado que crece más rápido que la economía y esperábamos, en esta oportunidad, un esfuerzo más grande de revertimiento de ese proceso.

Es cierto que hay equilibrio y ahorro fiscal, lo que es notable, pero también es cierto que ello ocurre en un contexto donde existe un enorme nivel de gastos y de ingresos. Los equilibrios fiscales no se miden sólo por la diferencia entre gastos e ingresos. Hay que medirlos también por el crecimiento absoluto del nivel de gastos.

Dada la sólida situación presupuestaria, este es un momento muy oportuno para analizar la rebaja de cargas tributarias, particularmente en el área arancelaria y, de esa manera, fortalecer la integración de este país con el mundo y fortalecer asimismo el tipo de cambio. Al respecto se destacan las palabras del Ministro de Hacienda quien dijo no descartar las rebajas arancelarias.

En materia de eficiencia en la gestión, una vez más el Ministro plantea de que el gasto social crece en 8% que pasa a representar el 70% del gasto total, pero la experiencia de la Salud debiera tenerse presente. Durante años, los Ministros de Salud y de Hacienda, en esta misma Sala, planteaban como gran meta el incremento en el gasto de salud. Nosotros expusimos en el año 1.993, que a pesar de que el Presupuesto se estaba prácticamente duplicando, los indicadores de producción de salud habían permanecido absolutamente estancados. Sí un gerente de la empresa privada sostiene que ha duplicado el gasto, pero que no ha aumentado la producción, nadie lo aplaude y, sin embargo, en esta materia sólo aplaudimos los aumentos del gasto. Tuvo que venir el Ministro Carlos Massad a decir lo mismo, de otra manera: que la productividad había caído a la mitad -es decir, que con doble de ingresos se produce lo mismo que antes- para que este tema saltara a la palestra pública.

Creo fundamental, en la discusión del Presupuesto para el año 1.995, establecer mecanismos de medición sistemática de la eficiencia del gasto social, para que ésta no dependa simplemente de si un Ministro quiere o no quiere hacerlo, sino que sea una tarea que comprometa a todo el Congreso Nacional. Propondremos para ello mecanismos concretos para medir la eficiencia en los Ministerios de Educación, Vivienda y Salud. De esta manera, se tendrán indicadores permanente, sistemáticos y profesionales. No se producirán, en consecuencia, chispazos de evaluaciones, como ha sido la actitud del Ministro de Salud, que es la única autoridad que ha intentado evaluar críticamente la eficiencia del gasto social.

En materia de inversiones públicas, debe recordarse que hay que compatibilizar la inversión pública en infraestructura -la que a pesar de su crecimiento es insuficiente- con la Ley de Concesiones, porque ahí hay, la decir de las autoridades económicas, un mecanismo para resolver los déficit de infraestructura.

No podemos seguir hablando de la Ley de Concesiones con tanto orgullo, porque a pesar de estar vigente hace dos años, hasta ahora se han otorgado solamente dos concesiones y al ritmo de una concesión por año al sector privado. Obviamente que es una cosa anecdótica, pero no una solución de fondo al tema de la infraestructura.

En lo relativo a las privatizaciones, analizando el Presupuesto del año 1.995, no se encuentra ninguna novedad que se refleje en ingresos del Fisco. Al respecto queremos plantear una nueva concepción del rol del Estado en materia de inversión pública. No se trata de que el Estado desinvierta o se retire, muy por el contrario, lo que se quiere es que en lugar de invertir en fierro, cemento, ladrillos y chimeneas -en lo que muchas veces la Administración es deficiente, como dramáticamente lo demostró el caso Codelco, la empresa, más grande, sofisticada y creíamos la mejor administración en Chile- se cambie esa inversión en un plan a mediano y largo plazo por inversión en capital humano. Las dos son inversiones, las dos producen crecimiento, pero en un caso el sector privado puede tener un rol mejor que el del sector público. En cambio, en el área social no hay nadie que reemplace -al menos los que se visualizan hoy día- el rol decisivo, protagónico y agresivo del sector público.

Por lo expresado, en la discusión de este Presupuesto, trataremos que todos estos comentarios de carácter general realmente se puedan incorporar; lo cual requiere, sin duda, la participación y la voluntad del Ejecutivo, para que los compromisos que el ex-Ministro Foxley adquirió en múltiples ocasiones, en esta discusión puedan materializarse en modificaciones a la Ley de Bases de la Administración Financiera del Estado, que es una iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

En materia de Educación, en este Presupuesto se observa un gran incremento del gasto, pero nos preguntamos ¿qué está pasando con el mecanismo principal de financiamiento de la Educación que es la Unidad de Subvención Educacional? Ese es el mecanismo que permite no discriminar entre la educación municipal y la educación privada subvencionada, que le da autonomía a los Municipios. Notamos que en los últimos cuatro años el crecimiento de esta Unidad está por debajo del crecimiento promedio del gasto en educación, lo que significa que se están utilizando procedimientos de carácter discrecional que introducen discriminaciones entre distintos tipos de educación, que atentan contra la autonomía.

Seguidamente hizo uso de la palabra el Honorable: Senador señor Sergio Romero, quien dijo:

Quisiera iniciar mis observaciones planteando un tema de fondo en el que todos coincidimos cuando estudiamos el Presupuesto, cual es de saber si tiene algún sentido que nos reunamos ritualmente en esta Sala, para hacer una análisis Y para definir y determinar cuáles son los gastos, en circunstancias que el artículo 26 de la Ley sobre Administración Financiera del Estado facilita y permite que, en definitiva, el Gobierno pueda modificar, a través de un simple decreto, cualquiera de las decisiones que se pudieran adoptar. Esta es una materia que afecta indiscutiblemente la relación entre los Poderes del Estado, porque se escuchan, en este último tiempo, observaciones respecto de modificar el régimen presidencial por uno que le dé una mayor importancia al Parlamento. Sin embargo, una disposición tan clara, tan precisa como es la modificación del artículo 26, respecto de la cual hace cuatro años existe un proyecto de ley presentado por quien habla y que modifica una palabra. "Ministerio" por "Partida", no tiene decisión ni la voluntad política pira que nosotros podamos aprobarla. ¿Qué sentido tiene que nosotros todos los años nos reunamos si no tenernos, efectivamente, la posibilidad real de poder tener un control de los gastos que establecido el Presupuesto.

En segundo lugar, quiero referirme a ciertos aspectos que tocó el señor Ministro de Hacienda en su exposición.

El problema de la infraestructura y de la educación, sin duda son elementos claves para poder permitir un mejor desarrollo desde todo punto de vista.

Bien señalaba el Honorable Senador señor Piñera que en el sistema de concesiones sólo se han implementado dos proyectos. Se inaugurara muy pronto el Túnel del Melón, sin que todavía no se ha iniciado ninguna otra obra, aparte del Camino de la Madera, para poder realmente darle un impulso efectivo a una situación -que a mi juicio no sólo tiene significación desde el punto de vista tributario, como es la aplicación del IVA respecto del sistema de concesiones o de las garantías del mismo. Estimo que existe un problema más de fondo y este es que no podemos marginar, en una materia tan importante de participación del sector privado, a la iniciativa creadora de este sector.

En esta oportunidad quiero hacer un planteamiento, para que se estudie la posibilidad de crear una Corporación en la que, participando ampliamente el sector privado, pueda dársele la flexibilidad y la eficiencia necesaria a un sistema de concesión en el que no solamente sean funcionarios públicos -que desgraciadamente en este caso son dos, tres o cuatro profesionales muy prestigiados- los que se encarguen de un desafío que pertenece a todo el país. Hay ejemplos en el pasado respecto de las cosas que pueden efectuar juntos el sector público con el sector privado. Pro-Chile nació del impulso creador de la participación del sector privado en conjunto con el sector público.

Hace unos días atrás participe en una reunión de los exportadores, en la que se le reconoció al empresario y dirigente de la Confederación de la Producción y el Comercio, don Jorge Fontaine, su esfuerzo para crear e impulsar esta organización denominada Pro-Chile, que tanto le ha servido al país en función de lo que fue la apertura del comercio exterior.

Me pregunto por qué no estudiar una situación, similar en su orientación, para que nos permita que la infraestructura pueda ser abordada en el plano de las concesiones con eficiencia y flexibilidad.

En lo que respecta a la Educación, su tratamiento tiene una importancia capital, porque efectivamente se está tratando de igualar las posibilidades de todos para desarrollar, en forma equitativa, lo que es la igualdad de oportunidades.

Quisiera plantear dos inquietudes en relación a este tema: una, ya reseñada, es la de saber por qué no ha funcionado el sistema de incentivos al sector privado para la participación en la educación, y, la segunda, relacionada con los acuerdos entre el Gobierno y los profesores. ¿Estos constituyen un compromiso del Gobierno o es un compromiso que definitivamente pagarán las Municipalidades respecto de los mayores gastos en remuneración de estos servicios públicos? ¿Cuál es el monto real de estos acuerdos? ¿Significan que los costos ya previstos en la Ley de Presupuestos van a cubrir estos mayores recursos o bien son costos adicionales?

La apertura al exterior nos plantea situaciones extraordinariamente delicadas, que seguramente van a requerir de sesiones especiales de ambas Cámaras del Congreso Nacional para poder analizarlas. Personalmente, pienso que Chile frente al Mercosur y al Nafta está en una posición extremadamente delicada, porque sin duda tenemos un sistema de preferencias -en el caso de Estados Unidos un sistema general de preferencias- que debemos modificar y solucionar antes de Diciembre de este año. También lo tenemos con los países que integran el Mercosur. Pregunto a esta Sala ¿qué sentido tiene ir a la Cumbre de Miami cuando se nos ha postergado la "vía rápida" para poder negociar el Nafta y, además, esa reunión sólo tendrá un sentido retórico sin ir al fondo de nuestros problemas como país en el exterior?

Estimo que Chile tiene herramientas, unilaterales, como la rebaja de aranceles, para poder avanzar en la integración. Por ello es muy positivo lo de la APEC.

En la exposición del señor Ministro de Hacienda he notado la falta de una línea relacionada con la Agricultura. Este es un sector que está viviendo una situación extraordinariamente crítica y debiera haber tenido en esta exposición una mayor preocupación, porque lo único que hemos escuchado en estos últimos años es una terminología sin contenido, como es la palabra reconversión. Estamos frente a un serio endeudamiento del sector. Algunos lugares del país están amenazados también por una gran sequía, que ha llevado a algunos a solicitar la declaración de zona de catástrofe.

El tipo de cambio también es un tema importantísimo, para poder resolver a través de una apertura de la cuenta de capitales, que si bien el señor Ministro ha señalado será gradual, nos parece que debemos buscar no sólo en la competitividad -donde descansa prácticamente toda la exposición del Ministro de Hacienda- sino también fórmulas que mejoren el tipo de cambio, porque no se puede seguir gastando los costos por Unidades de Fomento y teniendo un ingreso cada vez más disminuido por el tipo de cambio.

También he echado de menos la revalorización de las pensiones de un sector tan importante del país como son los jubilados. Coincido con el Ministro que no se puede pedir al Estado todo para todos, pero tampoco podemos obviar y silenciar ciertas situaciones de la mayor importancia.

En seguida hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor Andrés Palma, quien expuso lo siguiente:

Quiero agradecer y felicitar al Ministro por la exposición que nos ha realizado, la que refleja los consensos en los cuales estamos avanzando en el país, los que nos han permitido tener -como ya lo expresó el Honorable Senador señor Piñera- numerosos años de crecimiento y lo que personalmente estimo como "el mejor quinquenio de nuestra historia". Un quinquenio donde no hay recuperación de una crisis financiera, de un desastre inmediatamente anterior, sino que simplemente crecimiento, mejoría en las condiciones de vida y una mayor distribución.

A través de la exposición del señor Ministro se nos ha planteado una serie de desafíos. Es así como se nos ha dicho que la senda de crecimiento del país, para no estar sometido a las necesidades de ajuste, puede soportar un crecimiento de 6% real anual. En el programa de la Concertación del año 1.989, nos habíamos propuesto un crecimiento inferior a 6%. La meta buscada era de 5% anual. Sin embargo, la gestión del Gobierno y el desempeño del país nos permiten mirar con cierta holgura un crecimiento sostenido de 6%. Sin embargo, en uno de los cuadros presentado por el Ministro se observa que no es fácil alcanzar dicho porcentaje. El desafío es que un 3% se deba a incremento del capital; un poco más del 1% a incremento en el empleo, y un 2% a la productividad de los factores para alcanzar el total de 6%. Esta es una exigencia grande, particularmente la mejoría de 2% en la productividad total de los factores, es decir, una mejoría del uso de los recursos en la aplicación del trabajo.

Con todo, el desafío que se anuncia es la exposición de que 20 Servicios traen en la Ley de Presupuestos una meta cuantitativa, esto es, una meta de gestión, es una innovación que nosotros habíamos solicitado en años anteriores. Agradecemos su inclusión en este proyecto de Ley de Presupuestos, esperando poderla ampliar al área de la salud.

También quiero resaltar que se haya incluido la gestión, el desempeño y los resultados como factores importantes en el reciente acuerdo entre el Gobierno y los profesores, lo que, en consecuencia, va a delinear la discusión de la Partida de Educación.

Es importante que 2% del crecimiento del producto bruto, o sea, un tercio del crecimiento del producto que se alcanzará en los próximos años, sea por mejoras en la eficiencia y en la productividad.

La meta de una inflación, para el próximo año, de 9% significa un desafío, para el país, de tener tasas de inflación de un dígito de ahora en adelante, es decir, no volver a tener tasas de inflación de dos dígitos. Esto nos plantea una senda de crecimiento que es muy estricta.

En cuanto al desafío de terminar con la pobreza en los próximos años, debemos reflexionar seriamente en la discusión de los Programas Presupuestarios. El Ministro de Hacienda nos ha dicho que más de 80% del crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población, durante el período 1.990-1.992, se explica por el aumento del empleo y de las remuneraciones. En esta materia creo que existe un desequilibrio que no podemos dejar de discutir y reflexionar en las propuestas futuras y en las Leyes de Presupuestos. Porque si más de 80% del crecimiento de los ingresos del 40% del sector más pobre, durante 1.991-1.992, se explica por el aumento del empleo y remuneraciones, no es previsible, por las condiciones globales del empleo de la economía, un fuerte crecimiento del empleo. Existen, además, restricciones importantes para el crecimiento de las remuneraciones. Entonces, el desafío de terminar con la pobreza en esta década, en este siglo, es un reto que nos exige reflexionar más profundamente cómo estamos abordando el tema del término de la pobreza. Además, nos demanda propuestas más creativas respecto a esta materia que estimo sigue constituyendo -pese a los esfuerzos que se hacen- un defecto de las propuestas macroeconómicas y globales de crecimiento y desarrollo del país.

Comparto con el Honorable Senador señor Piñera la afirmación de que en el área social no hay nadie que reemplace al sector público. Me alegro que un Senador de Renovación Nacional plantee ese pensamiento, porque cuando algunos sectores proponen una serie de privatizaciones como las de la salud, de la educación, de los programas de vivienda, de las pensiones, etcétera, buscan la privatización de todo lo social. Creo que con ello no se resuelve el problema de la pobreza. A lo más resuelven problemas de equilibrio en el presupuesto público o de eficiencia en la productividad de determinados sectores, pero las privatizaciones no resuelven el problema de la pobreza y, en este sentido, es importante ver cómo aplicamos más recursos de mejor manera al área social, porque efectivamente no hay nadie que reemplace al sector público en esta tarea.

El proyecto de Ley de Presupuestos para el año 1.995, tal como ha sido propuesto por el señor Ministro de Hacienda, me parece muy positivo, y las metas propuestas las debemos incorporar en nuestra discusión presupuestaria, complementándolas, como una manera de luchar contra la pobreza. No sólo debe crecer el país y tener estabilidad, sino que también debe crecer para resolver nuestro principal problema, que es la pobreza.

A continuación intervino el Honorable Diputado señor Jaime Estévez, quien expresó:

Comparto los objetivos de mantener el equilibrio fiscal, incrementar la productividad y acentuar la preocupación por una mejor distribución del ingreso que el señor Ministro nos ha planteado.

Una vez más el Ministerio de Hacienda viene con el respaldo de un resultado, en la gestión económica, plenamente compatible con lo que se planteó en el Congreso Nacional hace un año atrás.

Respecto del tema de la disciplina fiscal, son importantes las reflexiones del señor Ministro, y trascendentes sus planteamientos de cómo se inicia el deterioro de esta disciplina, debiendo prevenirlo antes de sufrir las consecuencias. Esta es una de las grandes ventajas competitivas que ha tenido la economía chilena.

Es satisfactorio que el señor Ministro se preocupe expresamente por la existencia de eventuales leyes "con nombre y apellido", debiendo los Parlamentarios asumir nuestra responsabilidad.

También es destacable la claridad del planteamiento referido a que la responsabilidad de la conducción presupuestaria la tiene el Ejecutivo; lo que nos permite contrastar nuestro manejo presupuestario incluso con el de los Estados Unidos y de otros países desarrollados que tienen graves desequilibrios fiscales.

Por cierto, las disposiciones de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, especialmente el artículo 26 -citado por el Senador Romero- me parecen exagerados, pero son parte de un diseño de menoscabo del Parlamento.

Al respecto, nos hemos mostrado interesados en discutir la materia, pero en su conjunto, y así eliminar los resabios, en nuestra Constitución y en nuestras leyes, de un sistema autoritario pensando para someter a los Partidos Políticos, y no para tener conducción propia de la democracia.

Con todo, la verdad es que el Congreso puede poner un límite máximo al gasto; y no solamente puede, sino que se ha hecho.

Es una práctica, en la discusión de la Ley de Presupuestos, el establecimiento de un límite nominal al gasto público. Espero que este año volvamos a repetirlo y que el crecimiento del gasto no solamente se fije en términos porcentuales, sino que en términos nominales y en pesos.

Además, debiéramos revisar en forma detallada y exhaustiva las eventuales transferencias de Tesoro Público que hayan podido ir más allá de los límites nominales que, por partida o por ítem, el Congreso haya fijado. Para eso, se ha solicitado que la presentación del Presupuesto sea en cuatro columnas, con los distintos reajustes y asignaciones. Seremos extremadamente severos en analizar eventuales reasignaciones que no hayan sido efectuadas con fundamento de ley o de otro tipo.

En cuanto a la productividad, es extraordinariamente importante que ella se acentúe. Hay sectores donde el debate sobre la productividad se presenta reiteradamente, por ejemplo, en esta Sala se planteó respecto del sector salud. Es importante evaluarlo con mayor extensión.

En el tema de las obras públicas y pavimentaciones, sabemos que se realizan trabajos; pero, en el caso de la pavimentación de caminos, los camiones madereros y otros destruyen lo realizado en pocos meses. Espero que este año tengamos una relación, entre la fiscalización y lo invertido.

Continuando con el tema de la productividad y eficiencia, la base más sólida es la mejoría de la educación, dándole prioridad a la investigación científica y tecnológica. Debe ser parte de nuestro debate conocer la inversión en ciencia y tecnología, el destino de los fondos asignados en leyes presupuestarias anteriores (Fondecyt, Fondee), y la labor de los institutos públicos de investigación, pero también es necesario interiorizarse en la visión, en esta materia, que tiene el Ministerio de Hacienda y la prioridad presupuestaria consecuente.

Por último, el objetivo de eliminar la pobreza en Chile, de disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso es, quizás, el menos logrado en la exposición del señor Ministro. Posiblemente, un profundo análisis de las cifras nos conduzca a una visión más clara sobre el tema, el que, en todo caso, tiene variadas implicancias. Por ejemplo, el esfuerzo de tener una mayor dotación de Inspectores del Trabajo ayuda a la distribución del ingreso y a mejorar la situación de pobreza del país.

Con todo, es preocupante el hecho de que aunque se avance en la normativa de entregar mayor porcentaje del gasto a los ISAR, esto es, a la decisión de los Consejos Regionales, si esto no se acompaña de normas o criterios, puede haber un retroceso de carácter progresivo en el Presupuesto Nacional. No hay ninguna razón, para que una asignación presupuestaria en pavimentación, construcción de escuelas o consultorios de salud, que el Gobierno está asignando con un criterio destinado a paliar la pobreza, sea decidido en otro sentido por los Consejos Regionales.

Junto con mantener la tendencia de una mayor capacidad de descentralización y decisión a nivel regional, deben incorporarse criterios o normas a los que deban someterse estos Consejos Regionales que sean, precisamente, los de respetar líneas objetivas de distribución de los recursos.

A continuación intervino el Honorable Senador señor Carlos Ominami, quien manifestó:

Circunscribiré mi intervención a cinco observaciones básicas.

En primer lugar, comparto íntegramente las perspectivas macroeconómicas que surgen de la presentación del Presupuesto para el año 1995 y muy particularmente me adhiero al objetivo de seguir avanzando en nuestro esfuerzo antiinflacionario.

Es evidente que para lograr nuevos avances en este campo se requiere, como lo planteó el señor Ministro de Hacienda, y hace unas semanas atrás, en esta misma Sala, el Presidente del Banco Central, avanzar en un esfuerzo de desindexación de la economía. Para ello, deben determinarse pasos prácticos que apunten en esa dirección, porque, de momento, lo único que tenemos en términos de negociación de la inflación esperada, es lo relativo al salario mínimo con el movimiento sindical. No puede ser solamente este último el que soporte los riesgos de negociaciones que pongan por delante la inflación esperada, sin que otros sectores vayan también sumándose a intentos donde se incorpore el concento de inflación esperada.

La segunda observación se refiere a la productividad. El crecimiento futuro, en una parte muy significativa, deberá basarse en mayores aumentos de productividad. En una intervención anterior del señor Ministro de Hacienda, se planteó un objetivo que, estimo, todo el país comparte, cual es tener a finales de esta década, un ingreso per cápita de cuatro mil setecientos dólares (US$ 4.700) equivalente al ingreso per cápita de que dispone actualmente España.

Mi pensamiento en torno a la productividad es que tratemos de tener, hacia el final de la década, un producto per cápita equivalente al de España, pero también una distribución de los ingresos similar a la de dicho país. Para ello es importante tener presentes algunos antecedentes: mientras la relación entre el 20% más rico y el 20% más pobre en nuestro país es de 1 a 12, en España es de 1 a 6. En este punto, es necesario abrir debate respecto de cómo mejorar significativamente nuestro esquema de distribución de los ingresos. Seguimos siendo un país extraordinariamente inequitativo, no obstante los esfuerzos realizados en los últimos años.

Si hay que revisar el acuerdo tributario, porque dicho acuerdo de congelamiento tributario es incompatible con un mejoramiento sustancial en la forma de distribuir los ingresos, revisémoslo. Nada puede justificar el congelamiento de una situación injusta en esta materia. Al respecto, hago un llamado al Gobierno y a los Parlamentarios para discutir este tema, porque debemos reconocer que partimos con un esquema de distribución de los ingresos extraordinariamente inequitativo, y el congelamiento tributario puede ser un elemento que no ayude a desentrampar esta situación.

Una tercera observación se refiere a la seriedad con que debemos tratar el tema del desarrollo regional. En la cuenta del señor Ministro de Hacienda se hacía presente la altísima tasa de crecimiento que ha tenido la economía chilena en el período 1.986-1993. Sin embargo, al analizar esos números, en el plano regional nos encontramos con muy fuertes discrepancias a nivel del crecimiento de las distintas regiones.

El 7,1 % promedio para el período 1.986-1.993 es solamente un promedio, que representa a algunas Regiones. Otras Regiones no están contempladas o tienen tasas de crecimiento sustancialmente inferiores. Debemos buscar la manera de distribuir en forma más armónica los frutos del crecimiento a lo largo del territorio nacional. Para lograrlo debemos salir de una cierta ortodoxia en la materia. Entiendo que es mucho más simple, manejar un sistema tributario supuestamente neutral, pero la "neutralidad tributaria" en un sentido general, puede ser sumamente discriminatoria para las Regiones que están alejadas de los grandes mercados y para las que tienen enormes limitaciones de establecimiento de servicios y actividades productivas básicas, con lo cual los incentivos -dentro de un esquema de neutralidad tributaria- finalmente orientan, de una manera inaceptable, los grandes flujos de comercio e inversión a las ciudades principales, dejando bastante marginadas a extensas zonas del territorio nacional.

Una cuarta observación la refiero a un punto sectorial. Es inquietante la situación del frente previsional, porque por la inercia del funcionamiento del sistema privado de pensiones, deben producirse enormes transferencias desde el sector público al Instituto de Normalización Previsional para poder financiar los bonos de reconocimiento. Es necesario desarrollar un programa de mejoramiento de las pensiones mínimas, resolver el problema de las montepiadas. Desgraciadamente en el Presupuesto de 1995 no hay novedades en este campo, pero sí hay enormes transferencias que se derivan de la herencia de decisiones que en materia previsional se adoptaron hace muchos años atrás. Esto requiere una discusión pormenorizada.

En último lugar, suscribo todo lo expresado en esta Sala sobre transparencia en la discusión presupuestaria y por ello me preocupa que este debate se convierta en un ejercicio irrelevante.

Llamo la atención sobre la subsistencia, en el manejo financiero del Estado, de herencias propias de un período de dictadura que creo, hoy día, forman parte de un presidencialismo exagerado y colocan a este Parlamento en una condición bastante desmedrada en la discusión presupuestaria. En consecuencia, soy partidario de tener un Congreso que pueda ejercer a plenitud todas sus facultades y para ello debemos avanzar junto con el Gobierno en materia de transparencia presupuestaria.

Inmediatamente después intervino el Honorable Senador señor Sergio Bitar, quien expresó:

Esta es la primera exposición sobre la Hacienda Pública efectuada por el Ministro de Hacienda del Presidente Eduardo Frei. Por lo tanto, debemos entenderla como la apertura de un curso de acción para el período completo de Gobierno.

Si nos ubicamos en el año 1.990, la presentación efectuada por el Ministro de Hacienda del Presidente Aylwin tuvo como lineamiento principal el asegurar un manejo macroeconómico equilibrado. No debemos olvidar que el debate político, en ese momento, giraba en torno a la idea de si la democracia podía ser eficiente logrando mantener el equilibrio económico. A cuatro años de ese momento, debemos reconocer que Chile ha tenido éxito, que la democracia es capaz de ser eficiente en el manejo económico.

En esta nueva fase, y logrado ese resultado, la exposición del Ministro señor Eduardo Aninat nos está señalando la voluntad del Gobierno en cuanto la capacidad de nuestro sistema democrático de asegurar, ahora, una economía pujante, que requiere de instrumentos mucho más específicos y selectivos, y equitativa. Este eje de crecimiento con equidad es la solución para los problemas del país y en esta Sala debemos recalcarlo. Este es el curso que debe seguir Chile.

En cuanto al tema de la inflación debemos dar un paso más audaz. Hemos logrado, gracias a la política fiscal, a la política monetaria y a la responsabilidad y madurez política, una reducción importante de la inflación, pero en este nuevo período debemos recurrir a otros mecanismos. Por lo tanto, un debate serio sobre desindexación es necesario.

Para bajar de dos dígitos inflacionarios a uno, como lo dice el señor Ministro, debemos precisar ritmos y formas específicas.

Sobre el crecimiento potencial se ha dicho que Chile puede crecer más rápido, dándose una cifra que alcanza a 6%. Tenemos que estudiar la manera de romper esa barrera. Existen algunos elementos que nos indican cómo hacerlo: apostar a que una mayor descentralización conduce a un mayor crecimiento, en la medida que se descentraba la Capital y generamos más dinámicas participativas y empresariales descentralizadas. Debemos revisar el carácter plano de nuestra política tributaria, flexibilizándola y dotándola de mayor capacidad para la focalización. En la actualidad tenemos, también, el problema de las zonas extremas, de sectores deprimidos que requieren de conversión, constituyéndose en una problemática que es típica de una economía pequeña, inserta en una economía mundial. En consecuencia, debemos diseñar un instrumental más flexible desde el punto de vista tributario.

Sumado a lo expresado anteriormente, es necesario que en la presentación del presupuesto exista mayor claridad respecto a lo que el país hace en desarrollo tecnológico nacional, para darle sustentación en otro punto al crecimiento potencial de la economía.

Manifiesto mi duda de que el país pueda lograr sus metas en la lucha contra la pobreza en el marco del nuevo cuadro de ingresos corrientes para el 1.995. Es así que el crecimiento previsto para el año próximo alcanza a un 5,8% de la economía y un 3,6% de los ingresos corrientes.

En los años 1.995 y 1.996 entrarán en acción mecanismos tributarios convenidos, que rebajan la progresividad de los impuestos a la renta, segunda categoría y global complementario. El señor Ministro de Hacienda ha evaluado lo anterior en una reducción de cien millones de dólares.

El crecimiento de los ingresos del primer semestre de 1.994 respecto del año anterior ha sido de 1,3%. En consecuencia, estamos enfrentando una nueva situación en que el crecimiento de los ingresos del Fisco empieza a representar una tasa mucho más baja y, al mismo tiempo, tenemos, en el presente año, que el 70% del incremento de los gastos corrientes se destina a materias previsionales.

En atención a lo expresado, tengo serias dudas de que haya compatibilidad entre las cifras que se nos entregan y la voluntad de efectuar un cambio más significativo en la asignación de recursos públicos para la lucha contra la pobreza, para este año y los que siguen.

Quiero señalar que en nuestra economía, tenemos hoy día, un conjunto de subsidios a través de créditos fiscales que no tienen ningún efecto progresivo sino, al contrario, son regresivos. Por tanto, es necesario revisar los subsidios forestales; revisar, asimismo, la conveniencia de mantener un subsidio -establecido en el artículo 57 bis de la Ley de Impuesto a la Renta- para la compra de primeros paquetes accionarios de empresas, subsidios éstos que son financiados por el Fisco, y también rever los subsidios fiscales a la compra de acciones del capitalismo popular. Todas estas materias reducen los ingresos del Fisco y no incentivan la economía ni tienen un efecto progresivo en los ingresos.

Hago un llamado al Gobierno para que considere lo aquí expresado, y concrete las correcciones necesarias que permitan cerrar esta filtración del Presupuesto Nacional, destinando esos recursos al combate contra la pobreza.

También creo necesaria una discusión seria sobre la política tributaria. Los niveles tributarios en Chile son moderados, con un margen adicional. Si a ello sumamos que todo el avance de la teoría económica moderna apunta a que el mejoramiento en la equidad es un factor de incremento en la productividad, con mayor razón debemos debatir acerca de una mayor flexibilidad en nuestra política tributaria.

Mi último planteamiento está referido a la forma de discutir el Presupuesto Nacional. Solicito al Gobierno que considere la incorporación de una forma más moderna para el estudio y debate de aquél, cambiando su presentación en cuanto al contenido de las informaciones. A su vez el Congreso Nacional debe resolver sobre modalidades de organización para el tratamiento del Presupuesto.

Esto es indispensable para mejorar la calidad del trabajo que hacemos en representación de todo el país, más que convertirlo en una disputa entre el Ejecutivo y el Parlamento.

En una economía que ha logrado los equilibrios macroeconómicos, el Presupuesto Nacional no tiene sólo como finalidad la búsqueda de ese equilibrio sino que también, en una economía más moderna, contiene la discusión de las prioridades que el país se está trazando hacia el futuro. En consecuencia, debemos disponer de una información que nos permita conocer el rumbo de las cosas, la línea de prioridad, clasificando por funciones, áreas y programas y no por Ministerios u organismos, clasificando por Regiones, clasificando el impacto de los programas por su efecto redistributivo -lo que no está haciendo. Si hoy día tenemos leyes que nos obligan a evaluar el impacto ambiental de una decisión económica, ¿por qué no podemos efectuar un análisis de su impacto social y redistributivo, si el propósito, también fundamental, para una economía pujante, es la equidad? Por tal razón, debemos avanzar en la eliminación de las insuficiencias en la discusión del Presupuesto. La participación del Congreso es superficial y no cumple bien su papel. No disponemos ni de los datos a tiempo ni del apoyo técnico necesario y esto no es un problema de Oposición-Gobierno, sino que de la Corporación. Entre algunas de las consideraciones para corregir la forma de trabajar del Parlamento, está la de que una discusión de prioridades debe efectuarse en un plazo más largo y no a un año. La discusión debe extenderse en una perspectiva de cinco años, porque de un año para otro las rigideces son muy altas. Lo que podemos mover no debe ir más allá de 20% del presupuesto. En cambio, en un período más largo podemos flexibilizar la discusión de prioridades, lo que es decisivo.

A continuación, planteo algunas sugerencias al señor Ministro de Hacienda. Ellas son:

1.- Que el Gobierno nos proponga programas que en el año 1.995 puedan ser objeto de una evaluación por resultados. Se nos ha señalado la existencia de veinte programas que pueden ser objeto de una experiencia piloto de medición. Si resultara, los próximos años se podrían someter cuarenta o más programas, introduciendo de esta manera un sistema de evaluación de resultados.

2.- Que el Gobierno nos haga entrega de información sobre exenciones tributarias, créditos fiscales o subsidios, cuyo efecto distributivo es regresivo y puedan ser objeto de una revisión, por lo menos, en las tres áreas que he señalado, esto es, el decreto ley 701 de 1.974, el artículo 57 bis de la Ley de Impuesto a la Renta y lo que se refiere a las exenciones tributarias o crédito fiscal para la compra de acciones del capitalismo popular.

3.- Hacer un esfuerzo mayor para entregar reagrupadamente las Partidas presupuestarias que tienen relación con el programa de pobreza señalado por el Presidente Frei. Esto significa que podamos tener un análisis comparado de los últimos dos o tres años, con una explicación de los cambios en las prioridades y una precisión mayor sobre los nuevos programas. Estos tres aspectos creo que nos ayudarían a avanzar de manera coordinada, entre el Ejecutivo y el Legislativo, sobre la forma de perfeccionar el debate del Presupuesto, dentro del marco rector de que la conducción económica debe recaer claramente en el Ejecutivo, quien constituye el coordinador del plan presupuestario; debiendo tener, además, la flexibilidad suficiente para mover ciertos recursos, dada la tremenda velocidad de cambio en la gestión económica que se produce en la economía moderna. Que el Congreso pretendiera rigidizar esos recursos al máximo, va contra la tendencia actual mundial de flexibilizar los gastos y también la de flexibilizar los instrumentos tributarios para tener una mayor disposición de movimiento, frente a los cambios de la economía internacional.

A continuación hizo uso de la palabra el Honorable Senador señor Sergio Diez, quien expresó: Frente a la primera exposición de la Hacienda Pública de este Gobierno, debo manifestar mi íntima satisfacción por ella y dejo constancia de mi concordancia con el señor Ministro en el sentido que ella otorga un ambiente macroeconómico más estable y predecible. Se cuenta con reglas del juego claras y precisas y los actores, tanto públicos como privados, disponen de un contexto con perspectiva de país y un horizonte más despejado y estable que les permite prever resultados de sus planes y acciones.

Quiero dejar constancia pública de mi satisfacción por la idea global del proyecto, concordando con el señor Ministro.

En lo que respecta a la revisión del Acuerdo Tributario, dejo constancia de mi desacuerdo absoluto con su revisión, porque el solo anunciarlo es un factor de inestabilidad. Asimismo, llamo la atención a que con este sistema tributario hemos tenido un superávit en los últimos siete años, que no nos ha impedido -como lo señalaba el señor Ministro- un aumento de 40% en el gasto social y de 50% en la infraestructura, en sólo cinco años. De la exposición del señor Ministro de Hacienda se infiere que el Acuerdo Tributario ha producido su efecto y la estabilidad tributaria es uno de los factores importantes en el crecimiento y en los datos presentados en la intervención del señor Ministro.

Estimo necesario ajustar la Ley de Administración Financiera del Estado y, por lo menos, conseguir trabajar junto al señor Director de Presupuestos, de manera que las disposiciones que hoy día están en la ley, y que sólo rigen durante un año, de conformidad con la Constitución, sean modificadas y se transformen en disposiciones de carácter permanente, porque fijan un marco a los gastos públicos.

También es conveniente que cambiemos nuestros hábitos y nos demos un tiempo prolongado para el debate general de la Ley de Presupuestos y de la exposición del señor Ministro, de manera que éste pueda participar con un intercambio de opiniones y no tengamos que hacer una especie de índice de nuestros puntos de vista en lugar de poder desarrollarlos.

En cuanto a la Administración del Estado, debemos trabajar porque sea una administración pública flexible, profesionalizada y basada en el mérito, agregando a ello la disminución de los cargos de confianza al número indispensable para lograr que la carrera funcionaría termine en grados más altos.

El señor Ministro nos ha informado también del aumento de los recursos para la educación.

Al respecto formuló tres observaciones: en primer lugar, parece peligroso que los gastos vayan por caminos distintos a las subvenciones, porque éstas son absolutamente objetivas permitiendo una mayor focalización.

En segundo lugar, en lo planteado respecto a la capacitación y, a pesar del progreso que se desprende de lo expuesto, echo de menos su incorporación en la educación sistemática básica y media, porque es en ese nivel donde queda un porcentaje altísimo de jóvenes sin recibirla. Como miembro de la Cuarta Subcomisión de Presupuestos de los últimos cuatro años, le he presentado a los Ministros de Educación un programa de capacitación de la juventud dentro de la enseñanza sistemática, porque esa es la mayor garantía de cobertura en esa materia.

En último lugar, quiero reanalizar la mayor participación de las Regiones en la Ley de Presupuestos. Esta última tiene que reflejar la existencia de administraciones regionales y comunales a lo largo del país, a las que debe dárseles más fondos para el cumplimiento de sus objetivos. Concuerdo asimismo, con el Honorable Senador señor Bitar y con el Honorable Diputado señor Estévez en la necesidad que se les dé una normativa y reglas de administración, que en la actualidad no tienen.

En seguida intervino la Honorable Diputada señora Evelyn Matthei, quien expresó:

En el Acuerdo Tributario de 1.993, el Gobierno adquirió el compromiso de mantener un ritmo de crecimiento del gasto corriente del Gobierno Central por debajo de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. El problema que se nos presenta es la imposibilidad de saber si el Gobierno va a mantener el año próximo este compromiso. Ello ocurre porque mediante simples decretos supremos puede aumentar o suplementar el gasto total y el gasto de cualquier Ministerio. También sucede porque en la Ley de Presupuestos no se consagra la información pertinente.

Cuando el Gobierno anuncia que el gasto corriente de 1.995 crecerá un 4,8% no se sabe si lo está comparando con el Presupuesto aprobado para 1.994, sobre este mismo más leyes y decretos aprobados en el mismo año, o sobre el gasto efectivo. De hecho, no se conocen cifras del gasto efectivo más que las dadas por el Director de Presupuestos a la prensa. En consecuencia, no se conoce ninguna base de comparación.

Si se confrontan las cifras presupuestadas para el año 1.995, con las cifras reales de 1.993 más las cifras reales entregadas por el Director de Presupuestos para el primer semestre de 1.994, se observa que los porcentajes de crecimiento anunciados no casan. El gasto efectivo del segundo semestre de 1.994 va a ser más alto de lo deseable o el gasto para el año 1.995 es mayor que lo dicho por el Ejecutivo.

Tenemos que llegar a un acuerdo respecto a cifras razonables de ejecución presupuestaria para 1.994. Estas no se conocen ni se incluyen en los documentos entregados en esta Sala.

Es deseable que, en el futuro, se explicite una metodología de presentación de las cifras del Presupuesto. Por ejemplo, que se diga cuál será el referente de las comparaciones, los porcentajes anunciados a qué se referirán, qué Partidas se sumarán o restarán para pasar de criterios contables, contenidos en el presupuesto, a criterios económicos, que son los que debiéramos tomar en cuenta.

Es absolutamente imprescindible que el señor Director de Presupuestos haga una presentación, cada tres meses, ante el Congreso, del gasto ejecutado durante el año para tener una discusión permanente respecto al Presupuesto Nacional, y no sólo una vez al año cruzada, además, con otros diversos conceptos.

Asimismo las Comisiones de Hacienda de ambas ramas del Congreso deben contar con una información formal, explícita y oportuna sobre complementos o modificaciones, efectuados por el Ejecutivo mediante decretos supremos, tanto de ingresos como de gastos.

El desafío de terminar con la pobreza está vinculado directamente con el crecimiento del empleo y, en consecuencia, con el aumento de la inversión, lo que, a su vez, dice relación con el comportamiento de ingresos y gastos del Gobierno.

En los últimos días, la información periodística nos entrega cifras extraordinariamente altas de inversión extranjera, pero la verdad es que ella corresponde a la minería, que genera poco empleo y en consecuencia incide levemente en la eliminación de la pobreza. También corresponde dicha inversión a los ADR que es dinero ingresado a Chile, pero que vuelve a salir a través de inversión chilena efectuada en el extranjero.

Mientras no nos pongamos de acuerdo en el lenguaje y los conceptos, tanto el Ejecutivo como el Congreso estamos dando señales confusas a la opinión pública. En este sentido, más allá de las reformas a la Constitución, el compromiso del Gobierno de mantener el crecimiento del gasto corriente por debajo del crecimiento del Producto Interno Bruto es un hecho y por ello debemos tener claridad absoluta sobre su cumplimiento en los años 1.994 y 1.995.

Con respecto a la inflación, es grato tener conocimiento del cumplimiento de las metas para el año en curso y también lo es que se fije una meta de 9% para el próximo. Sin embargo, se ha pronosticado para 1.994 una caída en el tipo de cambio real de aproximadamente siete puntos. En esta materia sería bueno saber qué se espera, por el Ejecutivo, con respecto al comportamiento del tipo de cambio real para 1.995, porque hasta ahora la disminución de la inflación ha sido a costa de una caída muy fuerte en el tipo de cambio real.

En lo concerniente a las cifras de gasto social, aparentemente son buenas, pero no se encuentran cifras de rentabilidad social de los distintos proyectos que se están ejecutando. Por ejemplo, quisiéramos conocer los resultados del programa del SENCE de jóvenes, los programas de educación, salud y, en general, todos los relacionados con lo social, porque debe saberse si tienen incidencia real sobre la disminución de la pobreza o es un dinero perdido.

Es interesante informarse de la reforma administrativa del Estado expuesta por el señor Ministro. Es un campo en el que debe avanzarse, por lo que seguramente recibirá toda la cooperación del Congreso, para así poder introducir los conceptos de profesionalismo, flexibilidad y mérito en la carrera funcionaría.

Finalmente, debo manifestar que tanto las cifras dadas a conocer por el señor Ministro como los estudios efectuados por Le Fort y Solimano en el Banco Mundial señalan la extraordinaria importancia en el crecimiento del país que tiene los aumentos de productividad. En ese sentido deben trabajar, conjuntamente, Ejecutivo y Congreso Nacional para mejorar la notablemente baja rentabilidad que han tenido las empresas públicas en estos últimos años.

Por supuesto que a nosotros nos gustaría avanzar en las privatizaciones, pero entendemos que no necesariamente ocurrirá así, pero si no hay avances en esa materia sí deberá avanzarse en la administración de las empresas públicas, dado que sus resultados son muy magros.

Una última inquietud: para el año 1.995 ¿se contemplan inversiones importantes en Codelco con dineros fiscales? Aunque Codelco no es una Partida del Presupuesto sí tiene incidencia en otras, de manera esencial.

Luego hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor Tomás Jocelyn-Holt, quien dijo:

Quiero reforzar con dos o tres ideas algunos de los puntos tratados en esta Sala.

En el Gobierno actual y el anterior, se ha definido una política fiscal extraordinariamente conservadora junto con una política social lo más activa posible. Esa es la estrategia general desarrollada en los últimos cinco años.

Es destacable que en la discusión presupuestaria se hayan obtenido algunos consensos, como que el Presupuesto es un instrumento inserto en la estrategia general de equilibrios macroeconómicos del país, que debe ser compatible con las metas de crecimiento e inflación. Al mismo tiempo deben contraerse compromisos acerca del aumento del gasto que debe ir asociado al crecimiento del producto.

Este Gobierno introduce otro tipo de variables, como son la gestión de evaluación del desempeño, la determinación de prioridades acerca de cómo desarrollar el gasto en el mediano y largo plazo y también se observa un esfuerzo por innovar en los programas.

La discusión presupuestaria ha estado atravesada por la necesidad de ir definiendo, cada vez más, el rol del Estado y del sector privado al interior de la economía.

Las inquietudes principales observadas en esta discusión dicen relación con la ejecución del gasto público, la introducción de mecanismos de ejecución y de evaluación del impacto del gasto caso a caso, porque esa es la meta, según mi entender.

Concuerdo con lo expresado por el Honorable Senador señor Diez en cuanto a mantener el compromiso de no variar los ingresos tributarios. Sin embargo, lentamente uno percibe que incorporar criterios de gestión puede ser indispensable para justificar o definir ciertos programas dentro del sector público; la verdad es que ello no basta pos sí solo para configurar una estrategia de largo plazo. En este punto echo de menos, en lo referente a criterios de evaluación y de impacto del gasto social, el establecimiento de metas de evolución del gasto en el mediano y largo plazo.

Tengo la impresión de que si no somos capaces de introducir estos criterios cualitativos, probablemente se nos va a introducir un nivel de cuestionamiento a la estrategia básica de tener una política fiscal conservadora con un gasto social activo.

Hasta ahora, la discusión, básicamente, ha girado en torno a la conveniencia de disminuir el gasto abriéndole un espacio al sector privado al interior de la economía y, también, a si el aumento del gasto, por sí solo, va a producir el efecto de una mano invisible que logre un aumento o mejoría en la distribución del ingreso del país.

Concuerdo con el Honorable Senador señor Bitar en cuanto a introducirle mayor perspectiva en el tiempo a la evaluación presupuestaria; que no sea solamente un estudio sobre cada rubro de gasto sino que también del destinatario. En nuestro país, hoy en día, hay un escepticismo respecto al diagnóstico de pobreza. No hay una sola clase de pobreza en Chile y es probable que nuestras estrategias para enfrentar este problema no sean tan eficientes como se necesita. Ello, debido no solamente a los criterios de gestión, sino que, también, a la falta de estudio sobre el impacto del gasto en cada uno de los rubros de la población más pobre.

Lo anterior exige desmitificar. Se nos pide disciplina fiscal y al unísono la apertura necesaria para disminuir gastos respecto de determinados programas que no tienen el impacto suficiente. Pero debiera existir una contrapartida de los que solicitan dichas decisiones, para que ellos mismos desmitifiquen acerca de cierto tipo de beneficios dirigidos a determinados sectores que no solamente son regresivos sino que, en la práctica, desarreglan la disciplina fiscal que piden para toda la Nación. Por ejemplo, el registro que contiene la distribución de los gastos para la educación superior del país es un marasmo de confusión de áreas que requiere de una mayor limpieza y objetividad. Asimismo, el caso de los agricultores del sector exportador, que están recibiendo una serie de beneficios que, en la práctica, son regresivos y no van en la estrategia de focalización, de aumentar la eficiencia de la gestión, y en las metas que todos quisiéramos compartir al momento de discutir el plan presupuestario del país.

Finalmente, debemos tratar de preguntarnos ¿cómo esta meta de lucha contra la pobreza puede dejar de ser abstracta para la población y convertirse en una idea tangible? En ese sentido es indispensable que el Gobierno y el sector público traten de convertir la gestión local y regional, no sólo en una discusión de sus déficits y funcionamiento interno, sino que se incorporen como actores vitales en la estrategia contra la pobreza. De esta manera, la pobreza pasará a ser un tema real y perceptible para la población, a través de la labor de las instituciones regionales y comunales.

A continuación participó, haciendo uso de la palabra, el Honorable Senador señor Francisco Javier Errázuriz, quien expresó:

Considero muy ilustrativa e interesante la intervención del señor Ministro de Hacienda, pero la discusión presupuestaria en este Parlamento parece ser una mera formalidad. Nuestro real aporte en la legislación actualmente vigente y de acuerdo a la Constitución, es insignificante. Echo de menos reformas constitucionales provenientes del Gobierno, precisamente en estas materias.

Estimo que habría sido de mucha utilidad tener a disposición cuadros comparativos y grado de cumplimiento de los programas pasados. No se dice, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto del año pasado se previó mucho más alto que el 4,3% que se alcanzará.

Se nos informa que el Gobierno, para superar el ajuste que desea lograr a la brevedad, ha obtenido menores ingresos fiscales en un rango que descendió de 8,8% a 2%.

Otro tema que también echo de menos es el relativo a la indispensable necesidad de desindexar la economía, a través de medidas concretas, pues es preciso entender que los ajustes económicos sólo rinden sus frutos induciendo cambios de peso relativos, a lo que no se alcanza si la economía se encuentra amarrada a una sola y monopólica cláusula de reajustabilidad, como lo es la Unidad de Fomento.

El ajuste, como todos sabemos, está motivado en la necesidad de reducir el gasto para evitar el crecimiento de la inflación, pero, además, de acuerdo a los convenios políticos, no debía superar este gasto el crecimiento del Producto Interno Bruto. Se estimó dicho Producto en 5,4% y los gastos en 4,7%, pero Chile crecerá como máximo 4,38%. Por lo tanto, se comprueba que el gasto fue excesivo, motivando el ajuste que el mismo señor Ministro señala querer terminar cuanto antes, dado que, por cierto, reduce los ingresos fiscales. Estimo no deseable esta situación para el futuro, en los nuevos tiempos.

Los ajustes si son permanentes y prolongados se transforman en recesión, reduciendo los ingresos fiscales. Por ello, propongo que la metodología futura sea la de no presupuestar gastar más de lo que se haya obtenido como ingresos ya logrados. Y si el crecimiento durante un año supera el del año anterior, esa mayor disponibilidad debe ser ocupada por el Gobierno en las prioridades comprometidas con el pueblo, es decir, ya sea para la inversión social o para el ahorro del Gobierno. Esta es una nueva metodología que me parece adecuada para los efectos de analizar, realmente, y no sólo en forma cuantitativa, el Presupuesto, sino que también para poder entrar de lleno a lo que debiera ser nuestra principal preocupación, esto es, la parte cualitativa.

Para el año 1.995 se ha presupuesto un crecimiento del gasto de 5,5% porque se supone que el Producto Interno Bruto crecerá 5,8%. Lo normal es que no se presupueste gastar lo que aún no se obtiene. Eso es lo prudente. Ninguna empresa moderna sigue una metodología distinta en sus presupuestos. El Estado de Chile debe cambiar su actual procedimiento presupuestario, porque los gastos no pueden superar los ingresos que ya se lograron.

Por otra parte, para derrotar la pobreza está demostrado en el mundo que ello sólo es posible si se alcanza el desarrollo de riqueza. En una economía abierta, este último se alcanza con un tipo de cambio adecuado. Entonces el dólar no puede seguir perdiendo valor, pues si bien ello permite ajustar el nivel de crecimiento inflacionario, se convierte en pan para hoy y hambre para mañana. Es bueno recordar que hace cinco años con una UF se compraban 16 dólares y en la actualidad con esa misma unidad de fomento se pueden comprar 26 dólares, lo que significa -expresado en el valor UF- una devaluación, de la principal moneda de pago de nuestras exportaciones, de más de 60%. Esta verdad explica, entre otras, el grave problema que sufre la agricultura.

Con todo, tampoco se puede crecer y derrotar la pobreza si en este Parlamento ni siquiera analizamos la bondad de los gastos o, al menos, de las transferencias fiscales. He sabido que para solucionar los problemas del Banco Central -problemas que se originan en su enorme y creciente deuda subordinada, en el absurdo de mantener activos en dólares y pasivos en UF, a sabiendas de que el reajuste de este último es muy superior al primero, y en las transferencias fiscales- ha sido preciso que el Tesoro Público destine, año a año, enormes sumas que pueden y deben destinarse a fines de inversión social productiva, pues son cientos de millones de dólares.

Entonces, si no podemos los Parlamentarios analizar y estudiar la calidad del gasto, proponiendo soluciones de mérito y la mejor forma de ocupar los dineros en eso mismos gastos, es bien poco el aporte que se puede hacer.

Lo anterior debe ser motivo de preocupación del Gobierno y el poder Legislativo, porque constituye un problema serio que debe corregirse.

Finalmente debo decir que no he escuchado una expresa decisión del Gobierno en cuanto a apoyar la regionalización. La transferencia de excedentes fiscales del Gobierno Central a los Gobiernos Regionales y Comunales que debió ser -en mi opinión- la base sobre la cual se construyera la nueva Ley de Rentas Municipales, sería una buena forma de pasar de la retórica regional a los hechos concretos. El diferimiento tributario de las empresas, por ejemplo, produce recursos que debieran ocuparse en el desarrollo de zonas extremas y de las comunas más pobres del país.

Estimo muy interesante conocer, en el mismo camino de reconocer el mérito de los gastos, la posibilidad, por ejemplo, del mejor uso de ciertas partidas presupuestarias, como entregar a las Fuerzas Armadas nuevas y patrióticas funciones en el campo educacional, pues ellas permitirían reducir el presupuesto de las Instituciones Armadas para que éstas, a su vez, entraran a una verdadera integración cívico-militar, formando a nuestras juventudes.

Continuó el intercambio de opiniones con la intervención del Honorable Senador señor Jaime Gazmuri, quien manifestó lo siguiente:

Quiero felicitar al señor Ministro de Hacienda por su sólida exposición, compartiendo, en lo esencial, el diagnóstico sobre las perspectivas económicas del país, así como las orientaciones del Presupuesto de 1.995. Asimismo participo de la afirmación relativa a un compromiso irrenunciable con la estabilidad, el crecimiento y la equidad. Avanzamos sostenidamente en la estabilidad de una política macroeconómica que apoyamos, particularmente el esfuerzo antiinflacionario que tiene una dimensión social muy substantiva.

Pensamos, al igual que el señor Ministro, que las perspectivas de crecimiento son más sólidas en los años que vienen que en el presente, porque está finalizando el ajuste de 1.994.

Pienso que estamos todos contentos en que el tema central que debe ocupar a las políticas públicas en el próximo período es el de la equidad, porque es la materia que se resiste a tener los avances que nuestra sociedad necesita.

La equidad supone, a mi juicio, desarrollar un conjunto amplio de iniciativas en diversos campos.

Quisiera vincular el tema de la equidad a cuatro elementos, que son:

El primero, mantener un gasto social creciente dentro de políticas fiscales restrictivas. El aporte del Estado para lograr la equidad en distintas áreas de su competencia es indiscutible, y por tanto, el argumento de que debe reducirse el gasto social está totalmente equivocado.

Un segundo elemento está dado por la modernización del Estado. No hay duda de que es un factor fundamental del desarrollo de la equidad, no sólo en las áreas más productivas, o en los servicios, sino que también en otras, como la justicia, donde los accesos a los servicios de la misma están absolutamente limitados a los sectores medios y altos. El tema de la modernización está vinculado con la mejoría en la calidad de los servicios, en una focalización de la eficacia del presupuesto público.

Otro elemento importante para el avance en equidad, es la transformación de las relaciones laborales, que todavía son muy anacrónicas. Y me alegro de los aumentos en la Partida correspondiente al Ministerio del Trabajo respecto a lo que constituye fiscalización y formación de conciencia de los derechos de los trabajadores.

El cuarto elemento dice relación con el tema tributario. Propongo abrir un debate en cuanto al mecanismo de financiamiento del gasto público y, también, como mecanismo que apunta al logro de la equidad. Es absurdo que una sociedad como la nuestra, con el grado de madurez política y económica que vamos alcanzando, se reste a una discusión acerca de cómo utilizar determinados instrumentos tributarios en términos de equidad territorial y social.

En lo pertinente a la insuficiencia de los métodos de discusión presupuestaria, creo que podemos avanzar, a pesar de las limitaciones constitucionales; pero corregir los desequilibrios actuales entre un presidencialismo excesivo y el poder razonable del Congreso pasa, inevitablemente, por las reformas a la Constitución Política. Personalmente, no aumentaré los poderes de un Congreso que tiene vicios en su legitimación democrática.

El Presupuesto de Defensa para 1.995 presenta un aumento del aporte fiscal de aproximadamente 1,5% a 2%. El criterio de estudio de este presupuesto, durante los cuatro años anteriores, ha sido considerar que el piso establecido por ley significa un gasto suficiente.

En cuanto a la modernización de las Instituciones de la Defensa Nacional y a su eficacia, no son argumentos para aumentar el presupuesto de las mismas, como ocurre en el presentado para el año 1.995.

Finalmente, manifiesto mi preocupación por la mantención del presupuesto del Ministerio de Agricultura prácticamente idéntico al del año 1.994. Creo que configura una señal políticamente complicada, en un momento en que la agricultura nacional atraviesa por problemas muy agudos, con crisis en distintas áreas productivas y, sobre todo, en un período donde debido a los procesos de internacionalización de nuestra economía, los problemas agrícolas seguirán en aumento.

Creo indispensable incrementar el esfuerzo nacional, por lo menos en dos áreas del sector agrícola.

Una, es la de la investigación. No hay duda de que los esfuerzos de reconversión y modernización de la agricultura requieren mayor investigación.

La otra área se refiere al fomento productivo, sobre todo en las economías campesinas que sin políticas específicas de fomento, realizadas regionalmente, van a ser incapaces de acceder a la modernidad o de efectuar los procesos de reconversión que son indispensables. En el sector rural siguen viviendo en nuestro país más de un 18% de la población; la mitad de ellos son pequeños productores que sin políticas de fomento sustantivas no se podrán incorporar a la modernidad ni al desarrollo. Exhorto al Gobierno para que en el transcurso de la discusión del presupuesto se pueda corregir la presentación de la partida de Agricultura.

Inmediatamente a continuación, participó la Honorable Senadora señora Olga Feliú, quien dijo:

La sobreejecución presupuestaria se produce cuando los ingresos estimados en la Ley de Presupuestos son superiores a esa estimación y, en ese caso, el Ejecutivo ordena gastos respecto de ellos. La sobreejecución presupuestaria se confunde con el principio de la legalidad del gasto. En virtud de este último, el Poder Ejecutivo no puede efectuar más gastos que los establecidos en la ley.

Contrariamente a lo planteado en esta Sala, mi opinión es de que no cabe jurídicamente la sobreejecución presupuestaria. Considero que de acuerdo con las normas de la Constitución Política, el Ejecutivo no puede jamás efectuar un gasto más allá de lo autorizado por la Ley de Presupuestos o por las leyes que la modifiquen o complementen durante el año. Las normas pertinentes son el artículo 32, N° 22; 62, inciso tercero, 64; 88, y 89 de la Constitución Política. La norma del 2% constitucional es el único caso que contempla la Carta Fundamental de efectuar un gasto más allá de los autorizados expresamente por la ley. Es lo que se conoce comúnmente con el nombre del 2% constitucional, consagrado en el artículo 72, N° 10, de la Constitución Política del año 1.925 y en el artículo 32, N° 22, de la Carta que nos rige.

La modificación a la Constitución Política de 1.925 ordenada por la ley 7.727, ilustra claramente el principio de legalidad del gasto. En el año 1.991, el Comité al que pertenezco solicitó un informe en Derecho al profesor Enrique Evans, que así lo demostró de manera palmaria.

Las normas de administración financiera no consagran de manera alguna un principio diferente, ni permiten en caso alguno sobreejecutar el Presupuesto. En todo caso, y más allá de un razonamiento exclusivamente jurídico, deseo destacar que un punto de vista racional acerca de las normas nos lleva a idéntica conclusión. No es posible que el Congreso Nacional se reúna en Comisión Mixta para analizar el Presupuesto de la Nación, para que tan pronto esta Ley sea publicada en el Diario Oficial, el Ministerio de Hacienda, por decreto, haga un cambio completo de la misma.

Asimismo, considero que las normas del decreto ley N° 1.263 de 1.9..., claramente establecen que los traspasos entre Ministerios -el DL 1.263 no contempla las partidas- deben hacerse por ley. Por ello reitero lo que he planteado desde el año 1.991, en el sentido de que no cabe la sobreejecución presupuestaria.

Formulo un planteamiento que ya se ha escuchado en esta Sala, en el sentido de que el Congreso debe dar una nueva orientación a la manera de estudiar la Ley de Presupuestos. Desde luego el decreto ley N° 1.263 contempla la existencia de programas, de tres años o más, respecto de los gastos que se están implementando. No cabe duda de que el estudio y discusión de la Ley de Presupuestos debe efectuarse de igual forma.

Estimo que el Parlamento no está amarrado por norma alguna para estudiar la Ley de Presupuestos por Ministerios y, dentro de éstos, los Servicios que se relacionan o dependen de ellos. Al contrario, se puede perfectamente tener un enfoque diferente. La Ley Orgánica del Congreso Nacional, en su artículo 19, señala que la Comisión Mixta fijará, en cada oportunidad, sus normas de procedimiento y formará, de su seno, las Subcomisiones que necesite para el estudio de las diversas Partidas del proyecto, sin sujeción en ellas a la paridad de Diputados y Senadores.

Debiéramos realizar un estudio del Presupuesto por funciones, por cometidos, por áreas, y no como en la actualidad. Debe existir una evaluación del comportamiento presupuestario de los años anteriores, el resultado de los programas implementados y los gastos autorizados.

En último lugar, en lo que respecta a las empresas públicas y a las privadas de las que el Estado es dueño, es evidente que su situación influye en la Ley de Presupuestos de dos maneras importantísimas. Primero, como el Estado es su dueño debe saberse cuál es su aporte a las finanzas públicas y, en segundo lugar, cuál es el comportamiento de la inversión efectuada en ellas.

La situación desastrosa ocurrida en la Empresa Marítima del Estado habría podido detectarse, en su oportunidad, si se hubiera analizado su comportamiento y el resultado de las inversiones hechas en ella, en el transcurso del estudio de la Ley de Presupuestos.

Reitero que de acuerdo con las normas de administración financiera y las normas constitucionales pertinentes, el aporte a estas empresas requiere siempre aprobación de ley, contrariamente a lo actuado por el Ministerio de Hacienda.

Para finalizar, felicito al señor Ministro de Hacienda por su exposición, especialmente en cuanto a lo que debe ser la Ley de Presupuestos y a que no deben ser los presupuestos afectados a fines específicos.

A continuación hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor Armando Arancibia, quien dijo:

No quiero silenciar mi agradecimiento al señor Ministro por su exposición y deseo felicitarlo por su seriedad, rigurosidad y claridad en los compromisos que contrae en la conducción de la Hacienda Pública.

Dentro del legítimo derecho de crítica que han ejercido algunos sectores, debo expresar que año tras año se ha cuestionado el incremento del gasto público, pero nadie puede desconocer que la gestión del Presidente Aylwin y la del actual Presidente han observado un extremado rigor en el manejo de los fondos públicos, y lo concreto es que la economía chilena ha sido capaz de enfrentar una situación mundial compleja y contractiva.

El año 1.995 crecerá el gasto corriente por debajo del producto interno bruto, proyectándose en 4,8%. Lo que crecerá es el gasto de capital, en el orden de 8%. Este último gasto está destinado a inversión e infraestructura, sea en salud, educación o subsidios de agua potable.

En cuanto al propósito de impulsar un crecimiento sostenido de la productividad como una variable crítica para el crecimiento futuro, debe lograrse una legislación laboral moderna y adecuada a los requerimientos de las empresas y a la realidad económica que pretende el país.

Respecto a la regionalización, me sumo a los que piensan que no podemos renunciar a un instrumento tan importante como es la política tributaria, para utilizarla en la mejor distribución espacial territorial del crecimiento y en la diversificación de la actividad económica.

Me sorprende la propuesta de no asistir a la Conferencia de Miami, derivada de la postergación del tratamiento de nuestro ingreso al Tratado de Libre Comercio, por los Estados Unidos.

En materia de lucha contra la pobreza, reconociendo la importancia del estudio del Presupuesto, debo referirme específicamente a la pequeña minería artesanal de las Regiones Cuarta y más al Norte, que necesita de un apoyo más sostenido. Toda la información disponible revela que instrumentos tan importantes como el PAMA necesitan de una base sólida. Un sector social de nuestro país, como son los pirquineros y otros mineros artesanales, carecen de seguridad social y no tienen posibilidades de incorporación al proceso productivo nacional; lo que el PAMA se les aseguraba, pero en este Presupuesto dicha institución ve congelado su financia-miento, lo que repercutirá gravemente en una zona importante del país.

A continuación intervino el Honorable Senador señor Andrés Zaldívar, quien expresó:

En primer lugar, también felicitó al señor Ministro por el contenido y por la forma de su exposición sobre la Hacienda Pública. Coincido plenamente con el diseño de la política macroeconómica y su reafirmación. Asimismo, coincido en las tres prioridades: educación, infraestructura y productividad. Creo que las metas señaladas no son solamente de proyección de un año, sino que van más allá. Es una exposición fundante de un Gobierno que comienza.

Por las razones dadas, doy toda mi adhesión a lo expuesto.

Por otro lado, aprecio unanimidad en todas las intervenciones efectuadas en esta Sala, lo que presagia una aprobación del Presupuesto sin mayores traumas y dificultades.

En cuanto a la discusión relativa a la aplicación o no aplicación del artículo 26 de la Ley sobre Administración Financiera del Estado, le daremos una satisfacción al señor Ministro, porque le limitaremos el gasto global, al igual que en años anteriores.

Finalmente, intervino el señor Ministro de Hacienda efectuando dos observaciones: Una, relativa a la gran convergencia en el diagnóstico que han hecho los distintos Parlamentarios, en torno a seguir construyendo ejercicios presupuestarios en un horizonte a largo plazo, esto es, no en una discusión de un año sino que en el contexto del marco macroeconómico multianual, de las prioridades del Gobierno en el manejo de la economía, de la institucionalidad y de los programas públicos. Lo anterior es perfectamente congruente con el esquema implementado por el Gobierno.

Una segunda observación se refiere al desafío que se presenta para los seis años del Gobierno del Presidente Frei, siendo el Presupuesto una primera pieza del mismo. Los otros instrumentos que van unidos al Presupuesto son las leyes de la política de desarrollo, las leyes sociales, la labor realizada por el Banco Central, etcétera.

Lo que permite la Ley de Presupuestos es integrar de una manera diferente, en una economía algo más madura, las tareas de productividad, modernización, equidad y desafíos sociales, respetando el deseo de todos de crecer más rápido en un marco de estabilidad.

Añadió el señor Ministro que recogía las observaciones formuladas en la Sala sobre la información referida a la Ley de Presupuestos. Algunas son injustas, puesto que se aprueban 140 presupuestos y hay detalles sobre más de 2.000 glosas o ítemes presupuestarios, es decir, los Parlamentarios tienen todos los datos en forma detallada, pero entiende la necesidad de ir haciendo cortes transversales que permitan en el tiempo reorganizar mejor la información. Por ejemplo, en el caso de Educación se sabe que los programas y acciones no sólo se limitan a lo que el Ministerio de Educación realiza. Así, en el caso de los programas regionales, están distribuidos a través de reparticiones, en Regiones, del mismo Ministerio.

Por último, quiere recalcar que los cálculos entregados en el marco macroeconómico y en los cálculos estimados de crecimiento del gasto corriente, del gasto de capital y del gasto consolidado, son perfectamente previsibles con un marco de crecimiento del presupuesto, austero, que cumple los acuerdos tributarios y que se compara, en estos momentos, muy favorablemente, con la tasa de crecimiento de la economía que se estima que se alcanzará el próximo año.

-o-o-

En el seno de la primera Subcomisión, el señor Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano, expuso diversos antecedentes relativos a aspectos macroeconómicos del proyecto de Ley de Presupuestos, respecto del cual tenemos la honra de informaros.

Vuestra Secretaría, por estimarla especialmente atinente, incluye en esta parte del informe, a título ilustrativo, la aludida intervención.

El señor Director de Presupuestos, expresó que entregaría algunos antecedentes complementarios a la Exposición de la Hacienda Pública presentada por el señor Ministro del ramo, tal como lo ha venido haciendo desde 1.990.

Expresó el señor Arellano, a la letra, lo siguiente:

1.- Condiciones macroeconómicas que se han tenido en vista en la elaboración del proyecto de Presupuesto.

La consideración principal que, en las actuales circunstancias, determina el marco macroeconómico de la política fiscal es su consistencia con la meta de seguir reduciendo gradualmente la inflación. Para 1.995 se ha establecido una meta en torno a 9% de inflación. Ello condiciona el crecimiento del gasto agregado y del gasto de Gobierno a un nivel inferior al crecimiento del producto potencial, de tal forma que su expansión no presione al alza en los precios.

Al mismo tiempo, un crecimiento algo menor del gasto de Gobierno hace posible aliviar la política monetaria, rebajar las tasas de interés y, así, estimular la inversión privada y la generación de empleos.

En estas condiciones, la reducción de la inflación será compatible con una aceleración del ritmo de crecimiento económico. En efecto, el menor ritmo de crecimiento económico observado desde mediados de 1.993 ha sido el resultado de políticas monetarias y fiscales más restrictivas; a ellas se sumó un escenario externo desfavorable. La menor demanda interna y externa contribuyó a reducir la presión inflacionaria y a desacelerar el crecimiento de la actividad económica. En 1.995, tanto la mejoría del escenario internacional como la mayor demanda interna permitirán retomar el ritmo de crecimiento económico más elevado. Es por esto que el Presupuesto para 1.995 considera un 5,8% de crecimiento del producto interno bruto.

La reducción de la inflación prevista para 1.995 y su consistencia con el mayor crecimiento del PIB dependerán, en forma importante, del comportamiento de los costos durante los próximos meses.

Un papel determinante en tal sentido jugará la evolución de los salarios. En la medida en que éstos registren incrementos reales acordes con los aumentos de productividad, podrá lograrse la meta inflacionaria. Con este propósito, es muy importante persistir en la política de reajustes de remuneraciones sobre la base de la inflación futura. Ello deberá constituir un criterio muy importante en los reajustes de remuneraciones del sector público.

La situación de nuestra Balanza de Pagos ha mejorado notablemente, comparada con la situación de hace un año atrás. La mejoría bastante generalizada en los términos de intercambio se ha traducido en que este año nuestra Balanza Comercial estará prácticamente equilibrada, mientras que hace doce meses se proyectaba un déficit de US$ 900 millones. Esta sustancial mejoría es el resultado tanto de un aumento de los precios de nuestras exportaciones, como de un fuerte crecimiento del volumen exportado -a un ritmo que más que duplica el de 1.993- y del moderado crecimiento previsto de las importaciones.

Como consecuencia de lo anterior y de las nuevas perspectivas de la economía mundial, el déficit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos se proyecta a niveles cercanos a 2,5% del producto interno bruto para 1.994 y 1.995. Este nivel de déficit es muy satisfactorio para nuestra economía (ver cuadro 1).

2.- Prioridades y Composición del Gasto.

El Presupuesto refleja en la asignación de recursos las prioridades del Gobierno. Por una parte, se ha priorizado el gasto social y, dentro de éste, la educación y los programas que favorecen preferentemente a los más pobres. En efecto, el gasto social crece en 7% en términos reales en el proyecto de Presupuesto de 1.995, comparado a la Ley de Presupuestos de 1.994. Todo el crecimiento del gasto social que no está predeterminado por leyes -como es el caso de las prestaciones previsionales- se orienta a programas dirigidos a la población más pobre.

El crecimiento del gasto social continúa con la tendencia establecida a partir de la Reforma Tributaria de 1.990. En esta forma, en 1.995 el gasto social superará en prácticamente 50% real los niveles de 1.990.

En 1.995 el país estará dedicando US$ 2.500 millones más que en 1.990 a financiar los programas sociales.

El aumento más importante en estos años se ha producido en Salud donde el gasto crece en 80% real, seguido de Educación que crece en 60%.

Cualquier comparación histórica con lo ocurrido en otros quinquenios, en nuestro país o en el extranjero, revela que se trata de volúmenes de crecimiento extraordinariamente altos. Este resultado es aún más destacado si se considera que ocurre simultáneamente con un fortalecimiento de la situación fiscal y una reducción de la inflación.

Aunque sea por medio de una breve enumeración, conviene mencionar aquí las principales iniciativas nuevas que contiene el Presupuesto de 1.995 en el campo social y en el programa contra la pobreza.

- En educación, se aumenta la subvención pagada por alumno para todos los colegios subvencionados. Este aumento es mayor en el sector rural y en los establecimientos más pobres que deseen aumentar la jornada escolar. Es mayor también para las escuelas de adultos.

- La inversión en infraestructura escolar crece en 42%, permitiendo la construcción y reparación de colegios municipales.

- Se contemplan recursos para adquirir 2.100 computadores destinados a 630 escuelas básicas.

- Se inicia un programa para mejorar la enseñanza media que contempla becas para ayudar a los estudiantes, habilitación de bibliotecas, y adquisición de computadores y material didáctico para los liceos más necesitados.

- Se eleva el número de becas Presidente de la República y se asignan los fondos solidarios y de crédito universitario conforme a un sistema unificado de acreditación socioeconómica.

- Se aumenta la cobertura de atención pre-escolar a través de Integra y JUNJI.

- En vivienda, los Ministerios de la Vivienda y del Interior contemplan recursos para financiar el equivalente a más de 105 mil soluciones. Crecen especialmente aquellos programas dirigidos a los más pobres: mejoramiento de barrios, viviendas progresivas, y viviendas básicas y subsidio rural.

- Se elevan los recursos destinados a mejorar el entorno en que viven los más pobres: pavimentación, inversiones municipales financiadas con el programa de mejoramiento urbano, parques, y equipamientos en poblaciones.

- En Salud, se mantiene un importante plan de inversiones de más de $ 50 mil millones que está destinado a mejorar el equipamiento e instalaciones de los hospitales públicos y a construir allí donde hay déficits más marcados. Estas inversiones acarrean un mayor costo de operación en personal, medicamentos, etcétera.

- Se aumentan los recursos dedicados a la atención primaria municipal, los que ahora se distribuyen según la población adscrita a cada consultorio.

- En seguridad social, se destinan recursos para mejorar la atención del INP, así como para el mejoramiento de las nuevas pensiones que se producirán como consecuencia de las mayores remuneraciones y de la nueva legislación que rige a los empleados públicos.

- Para el sector rural, se crea un nuevo programa de electrificación y otro de telefonía, se amplían los subsidios al agua potable y a la vivienda. Estos cuatro programas contemplan $ 23 mil millones.

- Aumentan, en 18%, los recursos para el subsidio al consumo de agua potable.

- En trabajo, crecen en 15% los recursos para mejorar la fiscalización de la legislación, y se crea el fondo de capacitación, con un nuevo mecanismo que está sometido a la aprobación del Congreso. Se amplía en 15.000 cupos el programa de capacitación de jóvenes, superándose sus metas iniciales de cobertura. Se aumentan, favoreciendo especialmente al sector rural, los fondos de capacitación sindical.

- Se incrementa el apoyo a la pequeña y a la microempresas, modificando los mecanismos para hacerlo más efectivos.

- Se profundiza el apoyo al programa de mujeres jefes de hogar, y se duplican las casas de la juventud.

- Los diferentes programas que tienen una dimensión comunal se orientan hacia aquellas comunas que han sido identificadas como más pobres.

Por otra parte, los gastos de capital y en particular la inversión en infraestructura tienen un crecimiento de 8% real. Este crecimiento de la inversión en infraestructura será complementado con los nuevos proyectos de inversión privada en vialidad, puertos, obras sanitarias y ferrocarriles.

3.- Los Ingresos corrientes.

El comportamiento de los ingresos tributarios en moneda nacional estará determinado por el crecimiento de la economía y por los cambios en la legislación tributaria. En particular, la rebaja del impuesto a la renta de las personas, que rige a contar de 1.994, reduce la recaudación por ese concepto.

Como puede verse en el cuadro 2, los ingresos tributarios incluidos en el Presupuesto para 1.995 representan un 16,5% del producto interno bruto, lo que constituye una relación similar a la registrada en 1.991 y 1.992. (Las cifras como % del PIB están recalculadas sobre la base de la última revisión de cuentas nacionales realizada por el Banco Central). El nivel de tributación actual supera en poco menos de 2% del PIB la recaudación observada entre 1988 y 1.990.

El crecimiento de los ingresos tributarios en moneda nacional en 1.995 es de 3.4% real, comparado a la última proyección disponible para 1.994. Como puede apreciarse en el cuadro 2, este crecimiento es menor al del producto interno bruto, debido a la menor recaudación del impuesto a la renta y a la reducción de otros tributos. En 1.995 se produce el mayor impacto sobre el impuesto a la renta derivado de la Reforma de 1.993. Los otros impuestos están influidos por la eliminación de la sobretasa del impuesto territorial, ocasionada por los nuevos avalúos vigentes en 1.995.

Los recursos fiscales provenientes de CODELCO se han estimado suponiendo un precio por libra de cobre de 96 centavos de dólar. Como este precio es equivalente al precio de referencia de mediano plazo, no corresponde utilizar recursos del Fondo de Compensación del Cobre.

En 1.995 el Fisco obtendrá de Codelco US$ 525,4 millones, equivalentes a 0,9% del PIB.

Como puede apreciarse en el cuadro 3, en el segundo semestre de 1.993 el Fisco pudo girar del Fondo del Cobre US$ 87 millones. Durante el primer semestre del año en curso también correspondió girar, y en el segundo semestre, en la medida en que el precio supere US$ 1 la libra, el Fisco deberá restituir parte de los giros realizados anteriormente. Si el precio promedio durante 1.994 es de 96 centavos de dólar, el Fisco girará, en términos netos, un total de US$ 34, 5 millones (El fondo opera sobre la base de precios promedio por trimestre).

Si el comportamiento de los precios del cobre es el que se ha supuesto, el Fondo del Cobre alcanzaría a US$ 715 millones, a fines de 1.995.

Conviene destacar aquí, que en 1.993-94 se utilizó por primera vez el Fondo del Cobre, quedando demostrado lo valioso de su existencia. En efecto, ello le permitió al país sortear una crisis externa sin sobresaltos. En parte importante, esto obedeció a que el Presupuesto fiscal no debió reducir sus gastos por la caída de los ingresos del cobre. En primer lugar, porque el nivel de gastos se había definido de acuerdo a los precios de mediano plazo y no a los niveles de precios de los años de bonanza; y, en segundo lugar, porque había reservas -en el Fondo acumulado- de las cuales echar mano para suplir la pérdida de ingresos cuando cayeron los precios.

4.- El gasto corriente y el ahorro de Gobierno.

El gasto corriente en el proyecto de Presupuesto de 1.995 crece en 4,8% real, comparado con la Ley de 1.994. Este incremento es bastante inferior al crecimiento estimado para el producto interno bruto (5,8%), de tal manera de elevar el ahorro de Gobierno y así financiar la inversión pública sin tener que recurrir a endeudamiento.

El gasto corriente está constituido por distintos componentes, que tienen una significación diferente, y que conviene analizar en forma separada. Sus principales componentes son: los gastos de funcionamiento de los servicios públicos (personal y compra de bienes y servicios), las prestaciones previsionales (pago de pensiones), los intereses de la deuda y las transferencias.

a) El gasto en personal en 1.995 aumenta como consecuencia de las mayores remuneraciones aprobadas por leyes durante 1.993 y 1.994. La dotación máxima de personal del Sector Público se eleva en 1,3%, respecto de la Ley de Presupuestos de 1.994.

En sólo 21 de las 108 reparticiones públicas que fijan dotación en esta Ley, la contratación de personal se eleva, comparando con la Ley de 1.994. De los 1.588 cargos que se crean, 1.385 son del sector salud y están destinados a atender los nuevos equipamientos y la construcción y ampliación de establecimientos de atención de salud realizados en los últimos años.

En 31 servicios la dotación autorizada disminuye, con el consiguiente aumento de eficiencia del personal que permanece en funciones. En los 56 servicios restantes, la dotación se mantiene constante a pesar de la mayor actividad que realizarán prácticamente todos esos servicios durante 1.995 (ver anexo de personal 1.995 y cuadro 4).

b) El gasto en bienes y servicios crece 2,9%. También se concentra su crecimiento en el sector salud, como resultado de las nuevas instalaciones y equipos, y del aumento en los recursos que se entregan a los Municipios para los consultorios de atención primaria. Descontando el sector salud, para todo el resto de la administración pública, el gasto en bienes y servicios crece en 2%.

En esta forma, se mantiene un criterio de estricta austeridad en los gastos de funcionamiento del Gobierno, tanto en lo que dice relación con personal como en los bienes y servicios.

c) Las prestaciones previsionales crecen en 9,4% real comparado con la Ley de Presupuestos de 1.994. Esto ocurre como consecuencia del crecimiento vegetativo en el número de pensionados, del aumento en el valor promedio de las pensiones, y por el pago de los bonos de reconocimiento a los afiliados en las AFP.

El gasto en bonos de reconocimiento se estima que llegará a cerca de $ 190 mil millones, con un crecimiento de 38% en comparación a la Ley de 1.994. Esto se origina tanto en un mayor número de bonos, como en un mayor valor unitario.

Las proyecciones realizadas sobre gastos previsionales indican que el gasto en bonos de reconocimiento seguirá elevándose, si bien a ritmo no tan alto, hasta el año 2.008. Esto debería compensarse parcialmente por la disminución del número de pensionados y el consiguiente menor gasto en pensiones pagadas por las cajas a partir de fines de los años 90. Con todo, el gasto fiscal en prestaciones previsionales seguirá creciendo en forma significativa hasta fines de este siglo.

ch) Los intereses y gastos financieros disminuyen en 1.995 comparados con la Ley de 1.994. Esta menor carga financiera obedece a la política de reducción del endeudamiento y prepago de deudas llevada adelante en los últimos años.

Gastos corrientes y demanda interna.

Desde el punto de vista macroeconómico, no todos los componentes del gasto corriente generan igual impacto sobre el gasto o demanda interna. En particular, los gastos de intereses, en la medida que sólo se realizan a acreedores externos y al Banco Central, no afectan la demanda interna. Algo similar ocurre con el pago de bonos de reconocimiento, ya que éstos se depositan en la cuenta del pensionado y sólo pueden girarse y convertirse en gasto privado a lo largo de varios años, a medida que el pensionado cobra mensualmente sus pensiones.

Si se descuentan los pagos de intereses y los bonos de reconocimiento, el crecimiento del gasto corriente, neto de esos pagos, en el proyecto de Presupuestos de 1.995 es levemente superior al 4,8% real en que se eleva el gasto corriente total.

El ahorro de Gobierno (diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes) alcanza a 3,9% del producto interno bruto. Este nivel es superior al contemplado en la Ley de Presupuesto para 1.994 (ver Cuadro 5).

El nivel de ahorro presupuestado para 1.995 es superior en 16% al de la Ley de 1994, lo cual permite que una proporción mayor de la inversión pública sea financiada con recursos propios. Ello se traduce en un menor endeudamiento que el presupuestado en 1.994.

El menor uso de endeudamiento externo se registra por tercer año consecutivo, lo cual redunda en una sistemática reducción de la deuda pública. Cabe hacer presente que la deuda externa del sector público disminuyó desde US$ 11.800 Millones en 1.990, a US$ 9.088 Millones en Junio de 1.994. Al usar menos créditos externos, el sector público disminuye el ingreso de dólares, favoreciendo nuestras exportaciones.

Conviene destacar que las cifras de ahorro o superávit corriente subestiman la verdadera contribución del Presupuesto Público al ahorro nacional, ya que el gasto en bonos de reconocimiento se contabiliza como gasto corriente, en circunstancias de que estos pagos se depositan en los fondos de pensiones y constituyen una clara contribución al ahorro. Dichos pagos representan un 0,8% del PIB, en 1.995 (ver Cuadro N° 5). Sin duda que parte del aumento del ahorro nacional es resultado de este esfuerzo del sector público.

5.- La inversión.

La inversión real y la inversión sectorial de asignación regional pasan de representar un 2% del PIB en 1.990, a un 3% en el Presupuesto para 1.995.

Entre los principales componentes de la inversión se pueden destacar:

Como resultado del esfuerzo por elevar la inversión pública, durante 1.995 ésta superará en 100% la inversión realizada en 1.990.

6.- Proyecciones de mediano plazo. Para el trienio 1.996-98 pueden anticiparse las siguientes tendencias:

a) Los ingresos tributarios deberían mantener un comportamiento similar al del producto interno bruto. La excepción la constituyen los impuestos a la renta, los cuales van a disminuir en términos reales en 1.994 y en 1.995. En 1.997, los impuestos a la renta empiezan a recuperarse, como proporción del PIB, aunque sin alcanzar todavía los niveles de 1.994.

La recaudación de 1.996 y 1.997 estará muy influida por la decisión que adopte el Presidente de la República respecto de la tasa IVA. Esta puede mantenerse en 18% o bajar a 17% ó 16%. En 1998, la actual legislación establece que el IVA debe bajar a 17%.

Las estimaciones del Cuadro 6 se han hecho sobre la base de que se mantiene la tasa actual de 18% hasta 1.997. Bajo ese supuesto, y sujeto al crecimiento del PIB, el aumento de recaudación por IVA más que compensaría la disminución de los impuestos a la renta. La recaudación tributaria en moneda nacional alcanzaría a 16.5% del PIB en 1.997, levemente superior a la de 1.996. En 1.998 la recaudación volvería a disminuir como proporción del PIB, a consecuencia de la baja en la tasa del IVA a 17%.

Debido al comportamiento de las tasas de impuestos a la renta e IVA, en el quinquenio 1.994-98, la recaudación tributaria crecería en todos los años menos que el PIB, con la sola excepción del año 1.997. Esto obliga a un manejo bastante cuidadoso del gasto público.

b) El comportamiento de los ingresos fiscales por cobre estará determinado por el precio de éste y los costos de producción de Codelco. En el Cuadro 6 se supone un precio de 96 centavos para el quinquenio 1.994 - 98.

En cuanto a los costos y niveles de producción de Codelco, se supone que éstos evolucionan positivamente, generando un mayor traspaso de excedentes al Fisco.

c) El comportamiento de los gastos corrientes tiene un crecimiento ya definido, que se origina principalmente en los pagos de pensiones y bonos de reconocimiento.

El gasto en pensiones de responsabilidad pública neto de los ingresos por imposiciones, crecerá a un ritmo de 3,7% en el trienio 1.996-98. Dada su significación en el gasto corriente, esto impone un piso mínimo de crecimiento del gasto corriente de casi 1,5% anual en el trienio.

El pago por concepto de interés sobre la deuda actualmente vigente decrece en el trienio 1.996-98 en alrededor de 17%, con el actual nivel de las tasas de interés internacional. Es probable que las tasas de interés anual suban, atenuando el efecto anterior.

En relación al resto de los gastos corrientes no existen, de acuerdo a la legislación, aumentos de gastos legalmente comprometidos para el trienio 1.996-98. No obstante, es necesario señalar algunas necesidades de recursos que surgirán en los próximos años:

En el sector Salud, el crecimiento vegetativo más los costos de operación de las nuevas inversiones demandarán un mayor gasto en personal y en compra de bienes y servicios cercano a 3% anual, entre 1.996 y 1.998.

A lo anterior conviene agregar la presión sobre el gasto público y privado en salud que, en forma creciente, generará el cambio demográfico y de morbilidad que se está produciendo en el país. El envejecimiento de la población y la mayor prevalencia de enfermedades con mayor costo de tratamiento (cáncer, enfermedades cardiovasculares, accidentes) elevan la demanda de recursos en el sector, y exigen un claro mejoramiento en la eficiencia en el aprovechamiento de éstos.

En el área de Educación, está en el Congreso un proyecto de ley que aumenta las subvenciones educacionales en más de 3%, por encima del 15% en que se reajustaron en Diciembre de 1.993. Próximamente, se enviará un proyecto que adicionalmente eleva los aportes a la educación subvencionada en 1.995 y 1.966, de tal manera de extender en dos semanas el período de clases y de mejorar paralelamente las remuneraciones del profesorado. Se está iniciando en 1.995 un programa de mejoramiento de la calidad de la educación media. Este programa está proyectado a cinco años plazo, con un crecimiento en los recursos que demanda durante 1.996 y 1.997.

Las medidas anteriores se inscriben dentro de la prioridad otorgada por el Gobierno a la Educación, la cual se debería traducir en un crecimiento de los recursos entre 1.995 y 1.998 superior al crecimiento del PIB.

Es sabido que la casi totalidad del gasto en Educación se contabiliza como gasto corriente, a pesar de que se trata de una inversión en "capital humano".

Por todo lo anterior, el total del gasto corriente difícilmente podrá crecer a un ritmo anual inferior a 4% real, en el período 1.995 - 98.

ch) En cuanto a la inversión, los gastos de arrastre de grandes proyectos que estarán en ejecución durante 1.994 y 1.995 se registran en las grandes obras de riego, puertos y línea 5 del Metro.

El resto de los requerimientos de inversión pública, están determinados por las necesidades de mantención y expansión de infraestructura, más que por arrastres de proyectos en ejecución.

Los déficits actuales de infraestructura se agravarán con un crecimiento de la economía de 6% como el previsto para el período. Esto hace necesaria una mayor inversión privada y una mayor contribución de los usuarios de la infraestructura (peajes interurbano y urbano, aporte de los regantes, etcétera). De lo contrario, la insuficiencia de infraestructura puede convertirse en una limitante al crecimiento del país.

7.- El mejoramiento de la gestión.

El crecimiento acumulado del gasto público entre 1.990 y 1.994 supera un 30%, en términos reales. Esto representa un aumento de más de 2.800 millones de dólares.

El énfasis en estos años se puso principalmente en destinar más recursos para mejorar los programas sociales, elevando el monto de los beneficios, ampliando su cobertura y creando programas nuevos. Se realizaron progresos en la focalización de los beneficios sociales (por ejemplo: asignación familiar, subsidios habitacionales), pero no hubo transformaciones importantes para mejorar la gestión del sector público. En el sector Salud, el más importante en términos de personal civil, se hicieron estudios y se desarrollaron experiencias piloto, en orden a introducir reformas sustanciales de gestión. En la administración civil hay destacables ejemplos de mejoras de gestión (Impuestos Internos, INP), pero estos han constituido hasta ahora sólo casos aislados. Ha habido también insuficiente énfasis en la mejora de gestión en las Fuerzas Armadas, en la Policía y en las Municipalidades.

Debe reconocerse que el punto de partida en 1.990 era extremadamente precario. Como parte de la estrategia seguida en los años 80 se subinvirtió en el sector público y cayeron las remuneraciones a un punto en que se deterioró la moral y el nivel del personal en la administración pública.

A partir de 1.990 las remuneraciones se han recuperado y se han realizado importantes inversiones. El gasto en personal de 1.994 superará en más de 40% al realizado en 1.990. En computación, por ejemplo, se elevó la inversión en 25% entre 1.990 y 1.993.

El mejoramiento de la gestión pública y la modernización del aparato del Estado es una tarea central para los próximos años.

Por las razones anteriores en el Presupuesto de 1.995 se incorporan, por primera vez, compromisos de mejoras en la gestión y metas de resultados, en algunos programas. Sin duda este es un primer paso en la dirección de establecer metas de desempeño y por ello abarca a poco más de veinte servicios públicos. Es un esfuerzo que deberá extenderse y perfeccionarse en los próximos Presupuestos.

TERCERA SESION.

En la tercera sesión -que se desarrolló, con suspensiones, durante los días 8, 9 y 10 de Noviembre del año en curso, concluyendo a las 4 horas de este último día- vuestra Comisión Especial Mixta despachó las diversas Partidas del Presupuesto (sobre la base de los informes de las Subcomisiones) y el articulado del proyecto.

A continuación, se hará una somera reseña de los debates habidos y se consignarán los acuerdos adoptados.

Al iniciar el estudio de las Partidas el Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) expresó que de acuerdo a como se ha hecho en años anteriores, quería proponer a la Comisión Mixta de Presupuestos que se dieran por aprobadas, sin discusión, y tal como se hace con los proyectos de ley de conformidad al Reglamento del Senado, las Partidas que hubieran sido aprobadas en la respectiva Subcomisión y que no hubieran sido objeto de indicaciones.

La Honorable Senadora señora Feliú manifestó que lo que se planteaba es que se fueran despachando las Partidas, siempre que nadie pidiera discusión, en un procedimiento lo más rápido posible. Pero que el sistema que se propuso no podía significar que fuera imposible pedir discusión de una determinada Partida, no obstante que ésta hubiera sido aprobada por la respectiva Subcomisión.

En seguida, el Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) manifestó que los miembros de la Comisión tendrían el derecho de solicitar que se revisara una Partida, en términos expresos, pero, que, en caso contrario, se daría ésta por aprobada.

-o-o-

Las Partidas fueron tratadas en el orden en que fueron despachadas por las distintas Subcomisiones. No obstante, para una mejor ordenación, os informaremos respecto de ellas conforme a su orden numérico.

PARTIDA 01.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

Esta partida fue estudiada por la Segunda Subcomisión y fue aprobada en ella, sin enmiendas.

El Honorable Diputado señor Harry Jürgensen presentó una indicación, a esta partida, con una fundamentación previa, cuyo tenor es el siguiente:

"Es posible que pueda justificarse un monto de recursos para que el Presidente de la República los utilice en forma flexible, pero no se justifica que el Primer Mandatario utilice en forma absolutamente discrecional, sin parámetros ni control alguno, recursos que provienen del esfuerzo y trabajo de sus mandantes. Un principio elemental de una democracia es la igualdad ante la Ley y de todos los ciudadanos y habitantes de un país, donde las leyes se apliquen con el mismo criterio para gobernados y gobernantes.

Por lo tanto, si se exige transparencia y probidad a todo funcionario público y se le somete a controles estrictos, bajo la posibilidad de perder su trabajo, si utiliza los recursos públicos para fines distintos de los que señala la Ley, es de justicia solicitar que Su Excelencia el Presidente de la República al menos entregue una cuenta detallada, aun cuando sea reservada, de sus gastos reservados".

La indicación dice:

"Para reemplazar en la Partida 01, Programa 01, glosa 02, la expresión "global" por "detallada".".

"Para agregar en la partida 01, Capítulo 01, programa 01, glosa 02, a continuación del punto aparte, el que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: "Dichos gastos sólo se podrán destinar al cumplimiento de las funciones propias de la Presidencia de la República".".

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) manifestó:

La Presidencia estima que la indicación es inadmisible de conformidad a lo establecido en el artículo 62, inciso tercero, de la Constitución Política, ya que corresponden a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República todas aquellas materias que tengan relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado.

A requerimiento de la Honorable Senadora señora Feliú se sometió a la decisión de la Comisión la reconsideración de dicha inadmisibilidad.

Al iniciarse el debate la Honorable Senadora señora Feliú señaló:

No considero que esta indicación sea inadmisible.

La regla general es que de todos los gastos públicos debe rendirse cuenta detallada al Contralor General de la República. Incluso más, como esto constituye una excepción a la regla general de rendición de cuentas a dicha Contraloría, esta norma, la que exceptúa de la rendición de cuenta, o sea, la que establece la calidad de reservado con la obligación de rendir cuenta de manera global, debe ser aprobada con quorum calificado. Ello, porque constituye una modificación a la regla general de que de todos los gastos debe rendirse cuenta a dicha Institución. Esta es una disposición que dice relación con la rendición de cuentas.

Ese es el primer tema, y esa es la regla general.

En segundo lugar, que se diga en esta asignación presupuestaria que esto debe invertirse en los gastos de la Presidencia de la República es hasta innecesario, toda vez que la jurisprudencia de la Contraloría General de la República determina que el hecho que se exceptúe de la rendición de cuentas de manera pública, y ésta se haga en forma global, en ningún caso habilita para que recursos públicos se utilicen en materias que sean ajenas al servicio público de que se trata. Así, si se trata de gastos reservados del Ministerio de Relaciones Exteriores, esos gastos no pueden invertirse más que en las materias propias de dicho Ministerio. Si es en la Presidencia de la República, en materias propias de ella. No hay ninguna posibilidad que sea algo distinto, por lo que jamás podría ser, por estas consideraciones, algo propio de la Ley de Administración Financiera o inadmisible como indicación. Es todo lo contrario. Es absolutamente admisible y es absolutamente concordante con las reglas generales.

Por estas consideraciones, estimo que esta indicación no es inadmisible como ha sido declarado por la Presidencia de la Comisión.

Puesta en votación la declaración de inadmisibilidad de la indicación, ésta fue aprobada por 10 votos a favor y 6 en contra.

A continuación, el Honorable Diputado señor Palma manifestó:

Para facilitar el procedimiento, supongo que esta indicación del Honorable Diputado señor Jürgensen afectará también a las Comandancias en Jefe de cada una de las Instituciones Armadas, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio Secretaría General de Gobierno. Por lo tanto, plantearía que las tratáramos todas juntas, o, para ahorrar tiempo, que las declaráramos todas inadmisibles.

Me han aclarado que para los militares no hay indicación. Es un poco discriminatorio. Entonces, para los funcionarios públicos electos democráticamente podríamos declararlas inadmisibles.

A continuación, se puso en votación nominal la Partida 01, Presidencia de la República.

El Honorable Senador señor Diez fundó su voto, diciendo:

Voy a votar a favor la Partida Presidencia de la República, ya que me parece lógico. Pero quiero aprovechar para dejar constancia de mi desacuerdo con el criterio de la Mesa. Ya, realmente, "jibarizamos" las facultades del Congreso Nacional, que no puede decidir siquiera que una cuenta global y reservada, que viene en el proyecto del Ejecutivo, se rinda en forma detallada. Reclamo de esto, ya que no tiene nada que ver con la política presupuestaria. La indicación debió haber sido votada, pudiendo algunos hacerlo a favor de que sea detallada y reservada, y otros, partidarios de una rendición global y reservada. Impedir la manifestación de la voluntad del Congreso en esa materia, me parece un excesivo rigor del Presidente. Voto que sí.

La Honorable Senadora señora Feliú expresó:

Quiero repetir los conceptos que ha planteado el Honorable Senador señor Diez. En esta materia, las limitaciones parlamentarias, en lo que dice relación con los gastos públicos están vigentes en Chile desde la reforma constitucional de la Ley N° 7.727, del año 1.943. Jamás se le ha dado una interpretación como la que pretende la Presidencia de la Comisión a esas normas constitucionales. La facultad, no tengo duda alguna, corresponde a los Parlamentarios. Creo que el exceso en esta materia no va a llevar a un cambio en la Constitución Política, sino que va a llevar a otras consecuencias más serias. No comparto para nada dicho criterio, sin perjuicio de lo cual no he tenido duda en ningún momento de votar a favor la Partida. Que de unos gastos reservados se rinda cuenta pormenorizada no afecta de forma alguna el monto de los mismos. Voto a favor.

Recogida la votación, la Partida 01 resultó aprobada con los votos a favor de la Honorable Senadora señora Feliú y de los Honorables Senadores señores Díaz, Diez, Frei, Ominami, Páez y Zaldívar y de los Honorables Diputados señora Rebolledo y señores Estévez, Huenchumilla, Jocelyn-Holt, Palma, Sabag y Tuma. Se abstuvieron los Honorables Diputados señores Alvarado, García Ruminot, Jürgensen, Kuschel y Orpis.

En consecuencia, vuestra Comisión aprobó esta Partida, sin modificaciones.

PARTIDA 02.

CONGRESO NACIONAL.

Esta partida fue estudiada por la Cuarta Subcomisión, la que acordó dejarla pendiente, para su resolución por vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

El señor Director de Presupuestos expresó que los Excelentísimos señores Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados han acordado con el Ejecutivo algunas enmiendas a esta Partida. Añadió que, con tal propósito, se enviaría la correspondiente indicación, la que será presentada durante la tramitación del proyecto en una de las Corporaciones.

Seguidamente y teniendo en consideración lo precedentemente expuesto, vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobó, por unanimidad, la Partida 02, en los mismos términos en que viene propuesta.

PARTIDA 03.

PODER JUDICIAL.

Esta Partida fue estudiada por la Tercera Subcomisión y fue aprobada por ella, sin modificaciones.

Por su parte, vuestra Comisión Especial Mixta la aprobó, por unanimidad, en los mismos términos en que lo hizo la aludida Subcomisión.

PARTIDA 04.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Esta Partida fue estudiada por la Segunda Subcomisión y fue aprobada en ella, sin modificaciones.

Por su parte, vuestra Comisión Especial Mixta, por unanimidad, adoptó idéntico predicamento.

PARTIDA 05.

MINISTERIO DEL INTERIOR.

Esta Partida fue estudiada por la Cuarta Subcomisión y fue aprobada en ella, sin modificaciones.

El Honorable Diputado señor José García Ruminot presentó tres indicaciones, que se transcribirán en su oportunidad. La primera y la tercera también fueron suscritas por el Honorable Diputado señor Harry Jürgensen.

La primera de las indicaciones citadas es del tenor siguiente:

Indicación al Capítulo 05, Programa 01, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

"Glosa 08.

Para reemplazar su primera frase por la siguiente:

"Estos recursos se destinarán a proyectos de electrificación de escuelas e internados rurales, y de construcción y reparación de establecimientos educacionales, urbanos o rurales.".".

Al iniciarse el debate respecto de esta indicación, hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor García, quien dijo:

La indicación reglamenta el ítem Provisión Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Infraestructura Educacional. Son recursos para que decidan las Regiones su inversión, entre proyectos que presenten las distintas Municipalidades e instituciones de educación, con el propósito de mejorar la calidad y la equidad de la educación. La glosa lo que dice es que estos proyectos deben ser de construcción y reparación de establecimientos educacionales. La indicación lo único que hace es incorporar, además, la electrificación de escuelas rurales. Quiero explicar por qué: El Proyecto MECE, tiene un sistema computacional interconectado, en el cual a los niños se les hacen clases y se les enseña una serie de habilidades, a través de los computadores. Esto está orientado a las escuelas más pobres del país. Sin embargo, no pueden integrarse aquellas escuelas en que no hay energía eléctrica. De tal forma que lo único que estamos haciendo es permitir que con cargo a este Fondo, que es resuelto a nivel de los Gobiernos regionales, también se puedan presentar proyectos de electrificación de escuelas rurales. Esto, en las Regiones rurales es de extraordinaria importancia. Es una cosa simple, sencilla, pero creo que tendría enorme repercusión en el mejoramiento de la calidad de la educación rural y en la equidad en ella, para permitir que esos alumnos tengan efectivamente igualdad de oportunidades.

Seguidamente, intervino el señor Director de Presupuestos, quien dijo:

El objetivo que se plantea a través de la indicación está logrado con la redacción de la glosa que está en el proyecto presentado por el Ejecutivo. Cuando se habla de construcción y reparación, eso se refiere claramente a las instalaciones eléctricas necesarias para hacer llegar la electricidad y funcionar los sistemas computacionales. Además, si así no fuera, sin perjuicio de lo positivo de la indicación, en el tenor que está planteada es inadmisible, pero creo que lo que se pretende está logrado con la redacción de la glosa propuesta en el proyecto del Ejecutivo.

Seguidamente, el Honorable Diputado señor Tuma expresó:

Me parece importante la indicación hecha por el Honorable Diputado señor García, resolver un tema tan anhelado por las comunidades rurales, especialmente en materia de electrificación de escuelas. Hay muchas escuelas rurales que tienen muy cerca el tendido eléctrico y, sin embargo, cuando se habla de la construcción de establecimientos educacionales, a pesar de la explicación que ha dado el señor Director de Presupuestos, se entiende que esos gastos no comprenden los empalmes de electrificación y no se les considera como financiados por esta denominación.

A continuación, el Honorable Diputado señor Palma expresó:

El señor Director de Presupuestos ha dicho algo contradictorio. Si en estos recursos se incluye la electrificación, quiere decir que la modificación de la glosa es admisible, por que no está incluyendo ninguna actividad que no esté incluida ya en la glosa. Si no se incluye la electrificación, no me cabe la menor duda que la indicación es inadmisible. En ese sentido, me gustaría que se precisara si se incluye o no.

En seguida, el Honorable Diputado señor Sabag dijo:

Esta indicación es altamente atendible, pues tiene por finalidad solucionar un problema que todos los que representamos zonas rurales estamos viendo, permanentemente: que las escuelas carecen de luz eléctrica, que es algo tan elemental, sobre todo si se está modernizando la educación. Si en la forma en que está establecida la glosa 08 se entiende que se incluye esto también, yo la dejaría como está, pero dejando claramente establecido que la electrificación se comprende en todos estos proyectos.

El señor Director de Presupuestos expresó:

La preocupación por el tema que han indicado varios de los Parlamentarios que han hecho uso de la palabra, el Ejecutivo no sólo la ha considerado respecto del tema educacional, sino que más allá de eso. Por tal razón, vamos a ver, en la Partida de Interior, en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que se ha creado un programa nuevo destinado, precisamente, al tema de electrificación rural, de $ 2.600 millones, que se agrega a los recursos que el FNDR normalmente destina a esa materia. Quiero señalar que si hubiera algún problema para llegar con electricidad a las escuelas, con la forma en que la glosa está actualmente redactada lo repararíamos.

El Honorable Diputado señor García Ruminot añadió:

Efectivamente, este año, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional hay una partida especial para electrificación rural, cosa que nosotros, que representamos distritos con gran ruralidad, agradecemos enormemente. Sin embargo, son finalidades distintas. Este programa puede favorecer a escuelas como puede no hacerlo, porque está destinado más bien a grupos de familias. Sólo en la IX Región entiendo que hay más de 600 proyectos de electrificación, que representan a distintas comunidades, en espera de financiamiento. En cambio, lo de las escuelas a mí me parece mucho más urgente. Si lo que buscamos es el mejoramiento de la calidad de la educación, y el Estado está entregando los recursos para que eso se haga, que efectivamente llegue a los niños más pobres, a las zonas más apartadas, más distantes. Que llegue a nuestros niños mapuches, y efectivamente logremos esa igualdad de oportunidades que todos esperamos. En ese sentido me hace fuerza el argumento del Honorable Diputado señor Palma. Realmente, le agradezco mucho que lo haya hecho presente, pues si se incluye la electrificación de escuelas en los proyectos de construcción y reparación, lo que estaría haciendo la indicación es especificar algo que ya está incluido y, en tal sentido, no podría ser inadmisible.

El señor Director de Presupuestos añadió:

Si hay algún proyecto que tenga problemas con esta glosa -vamos a averiguar con los ejecutores- podríamos, en el próximo trámite, precisar, a través de una indicación. El objetivo es compartido por todos los que están aquí y también por el Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) expresó:

Dejaríamos constancia de lo planteado por el señor Director de Presupuestos. Mantengo lo dicho, respecto a la inadmisibilidad y a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y esperamos que la ejerza en ese sentido. En todo caso, y aun cuando no haya revisión por la vía de la indicación, quedará claramente establecido en el informe de esta Comisión Especial de Presupuesto, que se entiende que lo señalado por el espíritu de la indicación está contemplado por la glosa en el término construcción o reparación, en materia de electrificación.

El Honorable Diputado señor Kuschel expresó:

Al Honorable Diputado señor Alvarado y a mí, nos gustaría que esto se incluyera dentro del presupuesto del Ministerio de Educación. Representamos islas donde los proyectos de electrificación rural normales, llamémoslos del centro del país, no van a llegar tan rápidamente. En estas islas se utilizan motores generadores especiales. Hay algunas islas, por ejemplo Poluqui, que tiene 8 escuelas. Hay escuelas grandes y ahora van a haber escuelas con internado, donde se requieren programas directamente ligados a la educación y donde no van a llegar a través de los proyectos habituales de electrificación, sino que en muchos años más.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) agregó:

Creo que si se construyen escuelas, indiscutiblemente la electrificación es un elemento determinante en la propia construcción, incluidas en las islas o en cualquier parte donde se haga su instalación. Por lo tanto, si ha habido expresión en ese sentido, y además voluntad del Ejecutivo de corregirlo si acaso hubiere duda, esperemos el trámite correspondiente, para ver si el Ejecutivo atiende nuestra petición.

El Honorable Diputado señor Tuma expresó:

Deseo aclarar el compromiso que tiene el Director de Presupuestos en esta materia. Ha dicho que con cargo a los gastos de construcción puede financiarse la electrificación. Pero no sólo el gasto de electrificación interior del recinto, sino que, también, el empalme necesario para llevar la energía a la escuela.

El Honorable Diputado señor García Ruminot agregó:

Disculpen que me ponga insistente en esto, pero yo preferiría que el señor Director de Presupuestos lo estudiara y lo incorporara explícitamente. Dificulto que cuando llegue esto a los Gobiernos regionales, y los Consejeros tengan que decidir, si no está dicho expresamente, vayan a atreverse a otorgar financiamiento a proyectos de esta naturaleza. Lo podemos arreglar en la Sala de la Cámara de Diputados y más tarde en el Senado, pero yo preferiría que se explicitara.

La Honorable Senadora señora Feliú expresó:

No nos hemos pronunciado sobre la indicación presentada. El Presidente ha hecho una afirmación en el sentido de que la estima inadmisible, pero yo quisiera que dejáramos constancia que es un tema que no hemos discutido, que no hemos aprobado, que no hemos votado y, tal vez, atendido el debate, no sea el momento de hacerlo, pero sin duda hay numerosos argumentos para sostener que las glosas pueden perfectamente ser objeto de indicación de Parlamentarios. Quiero dejar la constancia de que ese tema para esta glosa no se ha discutido, esto es su admisibilidad o inadmisibilidad.

Por otra parte, quiero hacer presente que respecto de las glosas ya hay un criterio de la Comisión Mixta de Presupuestos, en el sentido de considerar que ellas son admisibles. Sobre esta materia hay un dictamen de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, del año 1.945, pronunciándose sobre idénticas normas de la Constitución Política del año 1.925, después de la reforma de 1943, en que se llega a la conclusión de que esto es posible.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) expuso:

El tema es muy distinto porque con la Constitución de 1.925, y precisamente a mí me tocó actuar sobre la base de su aplicación, había posibilidad del Parlamento, sobre todo con la reforma de 1.943, de modificar las glosas y hacer destinaciones. Con la Constitución de 1.980 se eliminó esa posibilidad y se restringió la facultad del Parlamento, en virtud de una disposición bastante estricta, que es la que hoy día tenemos que aplicar, y que no regía en la Constitución del 1.925, ni después de la reforma de 1.943. Estamos restringidos en nuestras facultades, es un hecho. Por lo tanto, el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esa época no es aplicable en la actual.

La Honorable Senadora señora Feliú agregó:

No es como usted lo afirma. Las normas en la materia son fundamentalmente idénticas. Se trata de que es posible, respecto de gastos variables, hacer una glosa mediante la cual se determine el destino de los mismos, porque ello no altera, en esencia, el gasto de que se trata y este gasto, su aprobación o rechazo, es facultad del Parlamento. Por esta razón, en innumerables oportunidades en los Presupuestos de los años posteriores a 1.991 se han aprobado glosas en la Ley de Presupuestos. Recuerdo, entre otras, la que se aprobó el año pasado, respecto de los Servicios de Salud, que redactó el Honorable Diputado señor Estévez. En fin, numerosas glosas se han modificado, y no se ha planteado que sean inadmisibles.

El Honorable Diputado señor Jocelyn-Holt dijo:

Concuerdo en que la Constitución actual es distinta de la anterior. Creo que la de 1.980 restringió mucho más las facultades de los Parlamentarios, que lo que ocurría bajo el imperio de la Constitución de 1.925. En ese punto estoy completamente de acuerdo con la Mesa, y voy a "cobrarle la palabra" de esa interpretación, en un rato más. Sin embargo, una cosa es que tengamos las facultades más restringidas, y otra, que cualquier indicación o cualquier glosa sea inadmisible. Creo que la situación exige un análisis, caso a caso, para ver si se trata de una reasignación o si, en cambio, se trata de precisiones de lo que son los gastos, o dentro de lo que derechamente permite la Constitución, esto es reducir y eventualmente suprimir determinados recursos. Creo que la Mesa ha ejercido adecuada y celosamente las atribuciones para interpretar estas normas pero éstas requieren un análisis, caso a caso.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) expresó:

Es precisamente lo que estoy haciendo. No he tomado el paquete de las indicaciones -que podría haber sido otro procedimiento para agilizar el despacho- ni he dicho que todas estas indicaciones las estimo improcedentes. Las estoy estudiando, una a una. Más aún -porque no tengo derecho a hacerlo de otra manera- estoy entregando la decisión a la Sala, que es soberana para establecer su propio criterio y puede estar en absoluto desacuerdo con la Presidencia.

El Honorable Diputado señor Tuma acotó:

Cuando la Presidencia declaró la inadmisibilidad de la indicación no tenía el elemento de juicio que acá se ha entregado, de que está implícita en la glosa la posibilidad de que estos recursos se destinen a electrificación. Si está implícito, lo que estamos haciendo con la indicación es precisando la glosa. Le rogaría que reavalúe su posición, señor Presidente, pues no se tenía conocimiento que no está precisado en la glosa cuando usted decidió la inadmisibilidad.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) agregó:

Como Presidente de la Comisión voy a tratar de ser lo más celoso en la aplicación de las normas constitucionales que tengo que tener en cuenta. El argumento que usted me da, sólo podría ser ratificado -si no estuviera incluida esa intencionalidad en la glosa- por medio de una indicación del Ejecutivo, el que ha propuesto que si hubiere cualquier duda, en el trámite correspondiente ante la Cámara de Diputados o del Senado, hará la aclaración respectiva. Para ahorrar tiempo, votemos el tema de la inadmisibilidad con los antecedentes que nos ha dado el señor Director de Presupuestos.

El Honorable Diputado señor Palma agregó:

Por lo que hemos escuchado al señor Director de Presupuestos, esto debería entenderse como un punto de redacción. Ha dicho que va a verificar si con la actual glosa hay problemas para aplicar los recursos a proyectos de electrificación, y que pretende subsanarlos, si los hay, con una indicación del Ejecutivo. Por lo tanto, se debe entender como problema de redacción y, si así fuera, la indicación sería inadmisible.

El Honorable Diputado señor Huenchumilla expresó:

Comparto absolutamente la parte sustantiva de lo expresado por los Honorables Diputados señores Tuma y García Ruminot. He estado escuchando atentamente los argumentos respecto de la inadmisibilidad, y entiendo que un elemento que podría resolver la duda es leer esta glosa, que en la frase que se pretende sustituir, dice que los recursos "se destinarán a proyectos de construcción y reparación de establecimientos educacionales". Entiendo, en consecuencia, que si la indicación tiene por objeto señalar que dentro de la construcción y reparación se entiende contenida la idea de proyectos de electrificación, lógicamente que sería admisible. Pero si entendemos como proyecto de electrificación una cosa distinta a construcción o reparación, la conclusión es diferente. El Honorable Diputado señor Tuma se ha referido a un problema que no es de construcción ni reparación, sino de enlace, entre una escuela que no es construida ni reparada, sino que es conectada con el sistema de electricidad que existe. En este caso, la indicación tendría por objeto añadir un nuevo concepto, distinto al de construcción y reparación, como sería el de conexión. En este último caso, creo que sería inadmisible la indicación. Por lo tanto, el compromiso de la Dirección de Presupuestos sería disponer que con estos recursos también se podrán hacer, en las escuelas, conexiones eléctricas, aunque no se construyan, ni se reparen.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) expresó:

El Honorable Diputado señor Huenchumilla nos ha dado luces y creo que salva en algo mi objeción, la que parte de la base de usar el término imperativo "se destinarán", lo que me parece inadmisible. Si en la glosa actual que dice "estos recursos se destinarán a proyectos de construcción y reparación..." se agregara "entendiéndose" o "incluyéndose" en esas la conexión y electrificación..., la objeción quedaría salvada.

Finalmente, la indicación fue aprobada, por unanimidad, encargándose su redacción final a la Secretaría de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la que redactó la primera frase de la glosa 08 con el siguiente texto:

"Estos recursos se destinarán a proyectos de construcción y reparación de establecimientos educacionales, entendiéndose incluidos en tales proyectos los de electrificación.".

La segunda indicación presentada por el Honorable Diputado señor José García Ruminot, es del tenor siguiente:

Indicación al Capítulo 40, Programa 01, (Programas de Desarrollo Local).

"Para agregar a la glosa 03 (Municipalidades) (Programa mejoramiento urbano y equipamiento comunal) el siguiente último inciso:

"También con cargo a este último monto, la Subsecretaría de Desarrollo Regional podrá efectuar aportes a las Municipalidades administradoras de nuevas comunas, con el exclusivo propósito de contribuir al financiamiento de la adquisición de terrenos y construcción de los respectivos edificios municipales correspondientes a esas nuevas comunas.".".

Al iniciarse el debate sobre la referida indicación, el Honorable Diputado señor Palma expresó:

No sé si está bien precisado, pero me parece que la glosa 03 a la que se pretende agregar esta indicación no tiene nada que ver con el propósito. Es una alteración total de la finalidad de los recursos porque la glosa 03 está destinada a resolver problemas de empleo, pobreza y calidad de vida y, por lo tanto, que esos recursos se destinen a adquisición de terrenos y construcción de los respectivos edificios municipales correspondientes a nuevas comunas, no tiene ninguna relación. Parece que estaría mal formulada la indicación o que, si no lo está, sería inadmisible porque constituye una materia de iniciativa del Presidente de la República, pues sería una nueva destinación de recursos.

El Honorable Diputado señor García Ruminot expresó:

La glosa 03 está reglamentando el ítem 74, asignación 002, Municipalidades, Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal. Como dice el Honorable Diputado señor Palma, estos recursos se destinan preferentemente a programas de inversión, orientados a generar empleo, y que permitan mejorar la calidad de vida de la población. La Subsecretaría de Desarrollo Regional distribuye el 80% de los recursos entre las Regiones del país, y deja 20% que se administra en coordinación con los Intendentes.

El Honorable Diputado señor Palma, haciendo uso de una interrupción, acotó:

El Honorable Diputado señor García Ruminot está diciendo "preferentemente". En realidad, la glosa no emplea esa palabra. Por lo tanto, al no decir "preferentemente" dice que con estos recursos se financiarán proyectos y programas de inversión orientados a generar empleos que permitan mejorar la calidad de vida y los dos incisos siguientes están subordinados a este principio.

El Honorable Diputado García Ruminot expresó:

En lo concreto, estos programas están destinados a mejoramiento urbano y equipamiento comunal. Dado que el Congreso Nacional ya despachó un proyecto de ley de creación de una comuna -la comuna de Padre Hurtado- y que está próximo a despachar la creación de la comuna de Padre Las Casas y posteriormente de otras comunas -Chillán Viejo, me acota el Honorable Diputado señor Sabag- sería sumamente importante que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo pudiera, evaluando cada una de las situaciones, disponer de recursos para ir en apoyo de las Municipalidades, con el único propósito de su instalación.

Seguidamente, el señor Director de Presupuestos expresó:

En los casos de instalación de nuevas comunas, la manera en que esto se ha resuelto ha sido dando una facultad, por un plazo, para que ellas puedan contratar un empréstito para financiar su instalación. Eso es lo que puedo señalar sobre ese punto. El propósito de este Programa es totalmente distinto. Es un programa de naturaleza social, donde se atienden proyectos que tienen por propósito solucionar necesidades sociales urgentes, en las distintas comunas, nuevas o antiguas.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) expresó:

Yo diría al Honorable Diputado señor García Ruminot que su indicación no tiene relación con la idea matriz de la disposición que estamos aprobando. Entiendo el motivo de la indicación. Incluso mi duda de inconstitucionalidad, en este caso, es menor, porque se usa la forma verbal "podrá". De todas maneras, es materia propia del Ejecutivo reglamentar la inversión de la Partida. Creo que, en todo caso, no es admisible, por el hecho de que es poco coherente con lo que dice la glosa que se pretende adicionar con este inciso.

El Honorable Diputado señor García Ruminot expresó:

Discrepo de su interpretación sobre la incoherencia que tendría esta indicación. No podemos perder de vista que el objetivo del programa es el mejoramiento urbano y el equipamiento comunal. En la creación de una nueva comuna ¡qué mayor exigencia de equipamiento comunal que partir por su edificio municipal! Entiendo que las glosas reglamentan, pero, obviamente, esto queda absolutamente dentro del propio título que le está dando a la asignación que es "Municipalidades, Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal".

Seguidamente, el Honorable Senador señor Diez dijo:

Creo que es absolutamente lógica, coherente y procedente la indicación. El ítem, como muy bien nos ha señalado el Honorable Diputado señor García Ruminot, se llama "Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal" y la glosa 03 expone que con estos recursos se financiarán proyectos y programas de inversión orientados a generar empleo y que permitan mejorar la calidad de vida de la población más pobre. En seguida, dice que el Intendente, en colaboración con los Gobernadores, propondrá un listado priorizado de proyectos los cuales podrán ejecutarse, etcétera, el monto restante podrán destinarse, a petición de los Intendentes, mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y administrativo, visada por la Dirección de Presupuestos, a proyectos y programas que permitan enfrentar situaciones de emergencia. En los dos incisos es coordinado que también con cargo a ese ítem se puedan hacer estas obras a las nuevas comunas porque, evidentemente, éstas son obras de mejoramiento comunal, las puede priorizar el Intendente, y también son obras que permiten enfrentar situaciones de emergencia. Estas comunas no tienen nada. En consecuencia, ni siquiera pueden atender las situaciones de emergencia de su propio territorio. Evidentemente, nosotros tenemos una facultad restringida, pero no se puede exagerar la restricción, porque, de lo contrario, las facultades del Congreso son cada día más pequeñas. Le decía al Presidente, en una conversación, que nosotros tenemos una práctica y que la costumbre, evidentemente, constituye derecho. La costumbre que nosotros tenemos, los romanos podrían llamarla costumbre contra legem, pero es costumbre, y es una costumbre inveterada que el Presidente de la República jamás ha objetado; jamás ha vetado cuando siguiendo el orden lógico de la exposición y de buena fe, nosotros completamos la idea con casos que, estando dentro del espíritu general, permiten que las autoridades puedan hacer algo. No los estamos obligando. Es distinto decir "debiendo destinarse" tanto, a tal parte. Eso es administración y es inconstitucional, de todas maneras.

El señor Director de Presupuestos expresó:

Este no es un programa nuevo. Ha sido objeto de discusión, en esta misma Comisión, en años anteriores, y surgió de un debate, aquí. Dado el carácter social y de atender necesidades de empleo tal vez sería más propio que se llamara "Equipamiento social en las comunas". La distribución de fondos que aquí está planteada, y que se renueva en el proyecto del Ejecutivo, en la glosa donde se explica el programa y se indica cómo se distribuye, es conforme al número de desempleados entre las distintas Regiones. Esta distribución surgió, precisamente, de una discusión en esta misma Comisión, en años anteriores, del carácter eminentemente social del tipo de programa que se realiza, más que del propósito de financiar obras de infraestructura, tal como pueden ser los edificios comunales.

A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor Estévez, quien dijo:

La intervención del Honorable Senador señor Diez me ha convencido de la necesidad de declarar esto inadmisible, por cuanto, justamente, su argumento de que la costumbre contra la ley se va afirmando, es un argumento que es debatible desde el punto de vista de la historia de la legislación, y que, por lo mismo, obliga a ser más preciso. Creo que este es un programa de empleo. En la medida que aquí se quiere colocar que con esto se pueden comprar terrenos, también yo podría proponer que diga "y también se podrá construir un nuevo consultorio en la Población Pablo de Roka, en la Pintana", podrá y podrá, digamos, hacerse casas para los allegados de Pirque. Como se emplea "podrá" no sería una redestinación, pero es obviamente eso. Creo que aquí está en juego lo que hemos debatido muchas veces: si deseamos impulsar el hecho de que, por la vía de las glosas, se regrese a la práctica de la redefinición o la restricción de todos los gastos del Presupuesto. Eso, evidentemente, en un caso específico, cuando hablamos de un programa como éste y cuando se habla de poder comprarle un sitio a la comuna de Padre Hurtado probablemente sea algo muy loable, pero evidentemente que nos conduce a una práctica que, efectivamente, era muy usual en el Parlamento antiguamente, pero que corresponde a un criterio de gestión económica, a mi juicio, equivocado y que produce mucho daño al país. A la larga, interesa defender, por la sanidad económica de manejo del país, la responsabilidad y prioridad que el Ejecutivo tiene en esto. No solamente me parece evidente que la Constitución de 1.980 no permite este tipo de indicaciones, sino que, además, en eso yo hago una diferencia quizás de énfasis con el señor Presidente: no creo que sea una restricción inadecuada, creo que este es un hecho de sanidad, que ha contribuido al manejo económico que ha tenido el país, y yo, como Parlamentario, prefiero renunciar a colocar en esta glosa que se haga un nuevo consultorio en la población Pablo de Roka, si con eso voy a tener un equilibrio fiscal, superávit y una menor inflación, para el conjunto del país, en un manejo sano de la economía. Si nosotros aprobáramos algo, por pequeño que sea, y por justo que aparezca, evidentemente que después vamos a tener quizás no esta carpeta llena de indicaciones, que tenemos hoy día, sino que varios libros, y se va a acabar el manejo presupuestario razonable de la economía. Estaríamos produciendo un precedente del cual nos arrepentiríamos profundamente, como legisladores y como ciudadanos de Chile.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) dijo:

Quisiera hacerle presente a la Comisión Mixta que una de las cosas que me mueve a ser estricto en la materia es la experiencia, y por lo que sucedía cuando se abría la posibilidad de que pudieran hacerse estas destinaciones. Eso se produjo, precisamente, con la modificación que se hizo el año 1.943, que amplió en gran parte la capacidad del Parlamento de hacer las destinaciones e introducir este tipo de gastos. No estoy de acuerdo con el Honorable Senador señor Diez en cuanto a que la costumbre, en Chile, constituya derecho. Es a lo mejor un querer, pero creo que no es una norma que podríamos aceptar como tal. No creo que haya una ley que derive de la costumbre. Puede ser que la ley recoja la costumbre para hacerla real. Para ahorrar el tiempo del despacho propongo que votemos el tema de la admisibilidad que está planteado y, por ello, lo someto a la Sala, nuevamente, pues es un tema de soberanía de ustedes resolver si esa indicación es admisible o inadmisible.

La indicación fue declarada inadmisible por 13 votos a favor de la inadmisibilidad; 7, por la admisibilidad, y una abstención.

La tercera indicación presentada por los Honorables Diputados señores García Ruminot y Jürgensen, es del tenor siguiente:

Indicación al Capítulo 40, Programa 02, Gobiernos Regionales. Esta se divide en dos puntos:

"1) Para eliminar en la letra B de la Glosa 02 la expresión "Instituciones de Educación Superior" y la coma que le sigue.".

"2) Eliminar la letra F de la Glosa 02.".

El Honorable Diputado señor Tuma expresó:

Cuando solicité el uso de la palabra era para referirme a la materia anterior, pero que dice relación con el plazo en que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo va a poner a disposición de los Gobiernos regionales los recursos a distribuir en materia de mejoramiento de barrios y equipamiento comunitario. En la glosa se señala como fecha, a más tardar, el 31 de marzo de 1.995. Conociendo la experiencia de la colocación de estas fechas, normalmente se cumplen, pero siempre al límite de ella. En las provincias del sur prácticamente es muy difícil iniciar trabajos en Mayo o Junio, fecha en la cual lo más probable es que recién el Gobierno regional haya aprobado la distribución interna de estos recursos. Por esa razón quería solicitar a la Comisión que pudiéramos modificar esta fecha, para los efectos que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo distribuya los recursos entre las Regiones, a más tardar al 31 de Diciembre de 1.995, con el objeto de un mejor aprovechamiento y eficiencia de los recursos.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) dijo:

No podría aceptar la modificación, salvo que hubiera unanimidad, porque es una indicación presentada fuera de plazo y, además, creo que también cae en el tema de las normas de administración financiera. Si hubiera unanimidad podríamos ver y considerarlas.

El Honorable Diputado señor Tuma expresó:

El Honorable Diputado señor Palma me dice que no ha escuchado mi argumentación por lo que voy a señalar nuevamente las razones por las que he presentado esta indicación. Se trata de que respecto de los recursos destinados a mejoramiento urbano y equipamiento comunitario se fija como fecha tope para distribuirlos entre las Regiones por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, el 31 de Marzo. De acuerdo con la experiencia que tenemos, los organismos del Estado cumplen con estos plazos, precisamente, al final de ellos. Eso significa, al menos, que en las provincias del Sur los Gobiernos regionales van a conocer en Abril esa distribución; se van a entregar en el mes de Mayo, se va a llamar a licitación en Junio o Julio, con lo cual tenemos perdido prácticamente el año. Estos recursos son muy demandados por la comunidad en forma creciente y yo quisiera hacer un esfuerzo, como Gobierno, en materia de modernización y de eficiencia, en lograr que estos plazos se acorten, para que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, apruebe su distribución el 31 de Diciembre, para los efectos de aprovechar el año calendario con mayor eficiencia.

Seguidamente, intervino el señor Director de Presupuestos, quien expresó:

Esta es la norma general que existe respecto de los ISAR, en los cuales tienen que intervenir una serie de instancias. En todo caso, quiero decir al Honorable Diputado señor Tuma, además, y plantear aquí, que se están tomando las medidas para iniciar el proceso en cuanto se apruebe la Ley de Presupuestos. De tal manera que ojalá se inicie mucho antes del plazo último que aquí está señalado, para que, de esa manera, puedan estar pronto los proyectos en licitación. No sólo interviene la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, sino que también los Gobiernos regionales, siendo esa la razón de un plazo mayor. Pero, justamente, a raíz de lo que el Honorable señor Diputado señala, este año se va a iniciar el proceso, en cuanto se publique la Ley de Presupuestos, en éste y en el resto de los ISAR para evitar el tipo de atrasos que él indica.

El Honorable Diputado señor Estévez acotó:

Espero que esta sugerencia no sea realidad, porque me parece muy positivo que el fondo de empleo se gaste en Junio, Julio y Agosto, pues si lo vamos a estar gastando en Febrero va a ser en el mes en que hay más trabajo. Ojalá que esto se gaste en el invierno, que es cuando hay más desempleo.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) expresó:

Si no hubiera unanimidad para considerar el tema no podríamos considerarlo. Por lo tanto seguimos con el tratamiento de la indicación por la cual se elimina a los establecimientos de educación superior de la glosa.

Iniciado el debate sobre la indicación, el Honorable Diputado señor Palma expresó:

El número uno y el número dos de esta indicación eliminan instituciones de educación superior y eliminan del listado el efectuar construcciones deportivas. Lo que está haciendo, es posibilitar que se gasten recursos en estos rubros, hoy prohibidos: instituciones de educación superior y construcciones deportivas. La glosa establece una prohibición. Al eliminarla, está permitiéndolo.

El Honorable Senador señor Piñera expuso:

En el tema de la indicación anterior y en esta hay dos condicionantes que hay que considerar:

Primero: no hay aumento de gasto alguno. Está cubierto el peligro de que a través de estas indicaciones se aumente el gasto público, y

Segundo: la indicación no es mandatoria sino que dice podrá. Si obligara a gastar en algo, significaría que si el Estado quiere gastar en otro tendría que aumentar el Presupuesto. Es una sugerencia. Si el Gobierno la toma y el Parlamento la aprueba, no veo ninguna razón para que se estime como conducta irresponsable.

El Honorable Diputado señor Estévez expuso:

Comparto con el Honorable Senador señor Piñera que en ninguno de los dos casos hay un aumento de gastos. El argumento que hemos dado es en relación a la capacidad de redestinar gastos por la vía de la glosa, es decir, de gastos que tienen un objetivo, destinarlos a otro. Evidentemente que el decir "podrá" se incluye una situación quizás ambigua, pero creo que no se nos escapa a ninguno, y doy, de nuevo, el ejemplo: si yo coloco una glosa que diga: también podrá comprarse terreno para los allegados de la Pintana, muy "podrá" será, pero, evidentemente, estoy desnaturalizando el sentido de la expresión. La única duda que me cabe, considerando que la indicación es completamente improcedente, está en que quien la ha presentado tiene derecho a solicitar que se divida la votación. Podría votar en contra de la restricción y llegar al mismo efecto. Eso es un vicio, quizás de las formas. En cualquier caso, creo que el efecto es eliminar una restricción de gastos y redestinarlos y creo que eso no es algo que esté en nuestras facultades, además que no debe estar.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) expresó:

Lo que señala el Honorable Diputado señor Estévez es correcto. En el sentido de que si la indicación fuera dividir la votación, en ese caso tendríamos que hacerlo. Desde el momento que se pide la eliminación por la vía indirecta, se está buscando la redestinación y, por lo tanto, si la indicación está propuesta en el sentido que lo está, no me cabe la menor duda de que hay la posibilidad de creer que es inadmisible, por esa razón.

La indicación fue declarada inadmisible por la Comisión por trece votos a favor de la inadmisibilidad; 7, por la admisibilidad; y una abstención.

Su Excelencia el señor Presidente de la República presentó una indicación del siguiente tenor:

"Ministerio del Interior, Gobiernos Regionales, en glosas: (Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales).

Glosa 02: En el párrafo, que empieza en punto aparte, después de "I) Otorgar Préstamos", entre las palabras "alcantarillado" y "previamente", suprimir la coma (,) e intercalar lo siguiente: "y con recursos provenientes de patentes mineras se podrán financiar proyectos postulados por las Universidades de la región que no comprometan gastos futuros del Gobierno Regional,".".

Al iniciarse el debate sobre la indicación, hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor Arancibia, quien dijo:

Esta iniciativa del Ejecutivo que tenemos que reconocer porque, además, permite resolver parte del problema que había planteado el Honorable Diputado señor García Ruminot, en el sentido de que permite enfrentar demandas o necesidades de las Universidades de las distintas Regiones permitiéndoles tener acceso a algún aporte regional. Ahora sería ideal que se extendiera y que no fuera sólo en las patentes mineras. No cabe duda de que en las Regiones que son altamente mineras es una categoría importante. Ahora aquí hay un punto que se puede extender, no sólo a las patentes mineras, sino a los fondos generales de la Región, para que otras zonas del país, que no tiene la misma fuente de recursos, puedan también acceder las Universidades de esas Regiones a un tipo de aporte que de otro modo les estaría excluido.

Seguidamente, habló el señor Director de Presupuestos, quien dijo:

La glosa a lo cual esto está dirigido da las excepciones a las prohibiciones que se debatieron antes, a propósito de la indicación presentada. Está autorizando a que los recursos que se incorporan al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, provenientes de los ingresos de patentes mineras, se puedan destinar a proyectos de inversión de las Universidades de la Región, siempre que éstos no generen gastos a futuro y que, por tanto, lo sean por una sola vez. Esa es la idea que está planteada en la indicación.

Dicha indicación fue aprobada por unanimidad.

Seguidamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó, por unanimidad, el resto de esta Partida.

PARTIDA 06.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

Esta partida fue estudiada por la Tercera Subcomisión, la que aprobó, sin modificaciones, el Capítulo 02 (Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales).

Asimismo, la Subcomisión aprobó el Capítulo 01 (Secretaría y Administración General y Servicio Exterior) con las siguientes enmiendas:

1.- Suprimió la parte final de la glosa 02 del Subtítulo 21 (Gastos en personal), la que decía lo siguiente:

"En la determinación del coeficiente de costo de vida establecido en el artículo N° 35 del D.F.L. (RR.EE.) N° 33 de 1.979, podrá incorporarse en forma adicional un factor de incremento basado en indicadores objetivos de costo de vivienda y escolaridad, aplicable a aquellos funcionarios destinados al exterior. Un reglamento, mediante decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores con visación del Ministerio de Hacienda, determinará las condiciones y requisitos a que se sujetará la concesión del referido incremento.".

2.- Sustituyó la letra B) de la glosa 03 del Subtítulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo) por la siguiente:

"B) Gastos reservados hasta la cantidad de $ 2.180 miles y de US$ 1.204 miles, con la obligación de rendir cuenta en forma global y reservada al Contralor General de la República. Por decreto supremo, el que deberá llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda, se podrá aumentar hasta en un 100% la cantidad indicada en moneda nacional y hasta en un 50% la suma expresada en moneda extranjera.".

El Capítulo 03, Dirección de Fronteras y Límites del Estado, fue aprobado con la sola enmienda de sustituir -en la letra B) de la glosa 03, del Subtítulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo)- el vocablo "global" por "reservada".

El Capítulo 04, Instituto Antártico Chileno, fue aprobado, con una única enmienda a la glosa 04, de la asignación 029, "Consejo de Política Antártica", del ítem 33, del Subtítulo 25, donde agrega, al final de dicha glosa 04, en punto seguido, la siguiente frase: "Incluye $ 40.020 miles para el Proyecto Estación Satelital.".

El Presidente de la República hizo presente la siguiente indicación:

"Capítulo 01 Secretaría y Administración General y Servicio Exterior, Programa 01:

En su glosa 02, reponer el párrafo final que comienza por "En la determinación del coeficiente... hasta... del referido incremento" por el siguiente:

"En la determinación del coeficiente de costo de vida, establecido en el artículo N° 35 del D.F.L. (RR.EE.) N° 33 de 1.979, podrá incorporarse en forma adicional un factor de incremento basado en indicadores de escolaridad, aplicable a aquellos funcionarios destinados al exterior. Mediante decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores con visación del Ministerio de Hacienda, se determinará las condiciones y requisitos a que se sujetará la concesión del referido incremento".

Solicita la palabra la Honorable Senadora señora Feliú, quien expresa:

La norma que se cita, que corresponde al Estatuto de los Funcionarios de Relaciones Exteriores, en su artículo 35 faculta a los Ministerios de Hacienda y de Relaciones Exteriores para establecer la asignación de costo de vida, que es la que determina el porcentaje de incremento de las remuneraciones según el país de que se trate, de acuerdo a los indicadores que la norma señala, que son bastante genéricos y dan una amplia facultad al Ejecutivo para determinar estos índices.

Lo que se pretende con la glosa, según se manifestó en la Subcomisión, es poder dar una asignación, paralela a la de costo de vida, basada en los índices de escolaridad, entregando a un Reglamento del Ministerio de Relaciones, visado por Hacienda el determinar las condiciones y requisitos. Pero, a mi juicio, esto no puede hacerse, porque la determinación de las remuneraciones de los trabajadores del sector público se fijan por ley, y esto sería una delegación de facultades extraordinarias al Presidente de la República para que dictara un decreto con fuerza de ley, ya que esta no es materia propia de un reglamento.

Lo que desea el Ejecutivo, que es establecer una asignación paralela al índice del costo de vida, no se podrá establecer en estas condiciones, y tal asignación tendría como fundamento el poder otorgarla a algunos funcionarios y a otros no, lo que no ocurre con la asignación de costo de vida que es pareja.

Por estas consideraciones, en la Subcomisión se había propuesto que, junto con rechazar la glosa, se hiciera presente al Ejecutivo que en la propia Ley de Presupuestos se estableciera una norma dando delegación de facultades extraordinarias al Presidente de la República, o estableciendo en la ley las condiciones básicas de este sobresueldo, ya que esta materia no puede quedar entregada a reglamento.

El señor Director de Presupuestos, expone:

Lo que se hace es permitir incorporar en ese factor de costo de vida el elemento de escolaridad, ya que la experiencia de lo que ocurre en las diferencias de costo en el exterior tiene mucho que ver con este de escolaridad, que hoy día no se puede considerar adecuadamente, diferenciando según el número de hijos que tienen los funcionarios en edad escolar y que, por lo tanto, requieren por este concepto una asignación especial en el costo de vida. Eso es lo que se está proponiendo aquí, poder considerar ese factor, ya que hoy día no se considera adecuadamente.

El Honorable Senador señor Mc Intyre, preguntó:

¿Por qué se borró Vivienda en el nuevo texto de la glosa?

El señor Director de Presupuestos, responde:

Se borró Vivienda, que era lo que se proponía originalmente, porque en realidad el factor de vivienda está considerado adecuadamente en el coeficiente de tipo general. Este tema se volvió a revisar después del estudio de la Subcomisión, y estrictamente lo indispensable que esto sea tomado en la forma en que aquí se ha planteado.

La Honorable Senadora señora Feliú explicó:

La verdad es que este beneficio, en la forma en que se plantea en la glosa, no queda claro. Si esto se vincula con el artículo 35 del Estatuto será, parejo para todos los funcionarios, y en la Comisión lo que se planteó es que se quería dar una especie de sobresueldo a los funcionarios que tienen hijos. Y la asignación de costo de vida, en cambio, es pareja para todos. Esto no está claro, señor Presidente, y se va a prestar para problemas.

Puesta en votación esta indicación fue aprobada por 12 votos a favor; y 3, en contra.

Vuestra Comisión Especial Mixta aprobó, unánimemente, esta Partida, en la forma propuesta por la Tercera Subcomisión, con las enmiendas antes reseñadas.

PARTIDA 07.

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION.

Esta partida -como se ha dicho- fue estudiada por la Primera Subcomisión la que aprobó, en los mismos términos propuestos, los Capítulos 01 (Secretaría y Administración General), 02 (Servicio Nacional del Consumidor), 03 (Subsecretaría de Pesca), 04 (Servicio Nacional de Pesca), 05 (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), 07 (Instituto Nacional de Estadísticas), 08 (Fiscalía Nacional Económica), 10 (Comisión Nacional de Riego), 11 (Instituto Forestal), 12 (Instituto de Fomento Pesquero), 14 (Instituto de Investigaciones Tecnológicas), 15 (Corporación de Investigación Tecnológica), 16 (Servicio de Cooperación Técnica), 17 (Instituto Nacional de Normalización), 19 (Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo). 20 (Centro de Información de Recursos Naturales) y 21 (Comité de Inversiones Extranjeras).

El Capítulo 06 (Corporación de Fomento de la Producción), fue aprobado, con la siguiente modificación: en el Subtítulo 25 (Transferencias corrientes), ítem 33 (Transferencia a otras entidades públicas), se sustituyó la denominación del ítem 029 (Fondo Tecnológico Sistema Institutos CORFO) por "Fondos de Servicios e Interés Público".

En lo tocante al Capítulo 09 (Servicio Nacional de Turismo), se aprobó con la siguiente modificación:

En su glosa 02, letra D) correspondiente al Subtítulo 21 (Gastos en Personal), a continuación de la expresión "-miles de $" se sustituyó el párrafo propuesto, por el siguiente:

"Adicionalmente, mediante resolución del Director Nacional, se podrá contratar personal a honorarios en forma transitoria para labores de información turística, hasta por un monto de $ 9.100.".

Los Honorables Senadores señores Sebastián Piñera y Hernán Larraín y los Honorables Diputados señores Jaime Orpis y José García Ruminot presentaron una indicación cuyo tenor es el siguiente:

"Para rebajar, en la Partida 07, Ministerio de Economía, Capítulo 06, (Corporación de Fomento de la Producción), en el ítem 33.85.001 Empresa Nacional del Carbón S.A. de la cifra en moneda nacional de $ 12.586.121.000.- a la cifra de $ 10.000.".

Hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor Palma, quien señaló:

Quisiera solicitar que postergáramos la discusión de esta indicación porque la Primera Subcomisión discutió largamente el tema. Hubo un compromiso del señor Ministro Vicepresidente Ejecutivo de CORFO y del señor Director de Presupuesto para hacer llegar una indicación, con una glosa, respecto a esta transferencia, cuestión que se concordó entre los miembros de la Subcomisión y el Ejecutivo, por ser de iniciativa de éste. Tendría más sentido discutir la indicación cuando llegara, más aún cuando habrá un informe complementario de la Primera Subcomisión, respecto de esta materia.

Luego, la Honorable Senadora señora Feliú señaló:

Sin perjuicio de concordar con lo expuesto por el Honorable Diputado señor Palma, quisiera plantear un tema de carácter general. No podemos, como Comisión de Presupuestos, ni lo hemos hecho ningún año, hacer una especie de "análisis de casos". Es indispensable que respecto de cada Partida algún integrante o el Presidente de la respectiva Subcomisión dé una información general, para tener una visión de conjunto. En caso contrario, no se justifica el trabajo de esta Comisión. De lo contrario se aprobarán las Partidas sin tener ninguna información sobre qué ocurre en cada una de ellas. El Presupuesto es priorización de necesidades públicas y, en esta perspectiva, su visión de conjunto es indispensable.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) respondió a la Honorable señora Senadora manifestando que:

Entiendo lo que se ha planteado, pero estimo que todos los miembros de la Comisión Mixta de Presupuestos han tenido a su disposición toda la información presupuestaria con los textos correspondientes. Además, las Subcomisiones de Presupuesto tienen la misma finalidad que las Comisiones del Senado; esto es, estudiar y despachar a fondo cada una de las Partidas, en el caso de las primeras, o de los proyectos de ley, en el segundo.

Por lo tanto, son las Subcomisiones las que hacen el trabajo a que alude la Honorable señora Senadora y, normalmente, en el Senado no tenemos una discusión sobre aquellas Partidas o proyectos que hayan sido aprobados por unanimidad y que no hayan sido objeto de indicaciones.

Esto no impide que, al tratar uno de los informes, algún señor Senador o señor Diputado requiera antecedentes u observaciones. Ellos le serán entregados o resueltos, ya sea por el Presidente de la Subcomisión, por algún miembro de ésta, o por los representantes del Ejecutivo.

A continuación, pidió la palabra la Honorable Senadora señora Feliú, quien dijo:

Excúseme que reitere lo que he planteado. En todos los ejercicios presupuestarios hemos discutido someramente cada Partida; siempre hay temas en cada Subcomisión que son más discutidos que otros. Tal vez no haya alguna indicación, pero esto no significa que no se pueda dar una información sucinta al resto de los integrantes de la Comisión Mixta.

Seguidamente el Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) expresó:

No es posible repetir aquí todo el análisis ya hecho por las Subcomisiones. Jamás se ha procedido así. Si algún señor Parlamentario requiere una información, se le dará, pero no podemos debatir ítem por ítem, pues, en tal caso, no habría tenido sentido todo el trabajo de las Subcomisiones.

Luego, el Honorable Diputado señor Estévez hizo uso de la palabra, señalando:

No tengo dificultad para trabajar con uno u otro método, siempre y cuando podamos establecer algún sistema que nos permita hacerlo con relativa consistencia.

En cuanto a la indicación en debate, quisiera preguntar si estoy en la razón al entender que hay un conjunto de Parlamentarios que han propuesto que el subsidio que se otorga al carbón, vía ENACAR, en lugar de doce mil quinientos millones de pesos sea de diez mil.

Antes de sacar conclusiones, me parece no sólo una desmesurada insensibilidad social, sino también una búsqueda de conseguir algún propósito, que producirá un efecto perverso para un conjunto de ciudadanos que merece otro trato. Quisiera estar seguro que lo que leo es verdad, porque no lo puedo creer. Por eso pido que alguno de los autores de la indicación explique cuál es el sentido que tiene y qué efectos espera que se produzcan sobre los trabajadores del carbón, y sobre las provincias afectadas por esta materia, porque creo que una elemental sensibilidad social coloca nuestra discusión en otro plano.

El Honorable señor Zaldívar (Presidente) manifestó:

Estoy de acuerdo en que se dé la respuesta, pero como se ha pedido la postergación de la discusión por parte del Honorable Diputado señor Palma, quedará pendiente la respuesta para la oportunidad correspondiente.

En consecuencia, seguiremos con el estudio del resto de la Partida correspondiente al Ministerio de Economía.

El Honorable Diputado señor García Ruminot hizo uso de la palabra y expresó:

En la Primera Subcomisión, en el Capítulo 01, Secretaría y Administración General del Ministerio de Economía, el Honorable Diputado señor Orpis y quien habla, nos abstuvimos en el Subtítulo 25, ítem 32, asignaciones 001, 002 y 003, correspondientes al Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, al Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, y al Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo, respectivamente.

En el ítem 33, asignaciones 031, Unidad Coordinadora del Medio Ambiente; 032, Proyecto Chile-Siglo XXI, y 033, Programas Económicos Sectoriales e Internacionales, votamos en contra.

Pido votación separada para los ítems que he señalado.

En seguida, solicitó el uso de la palabra el Honorable Diputado señor Palma, quien dijo:

Al revisar los puntos que ha señalado el Honorable Diputado señor García Ruminot, he recordado que, en la Primera Subcomisión, aprobamos también los Informes Complementarios sobre Gestión que propuso el Gobierno a través de la Dirección de Presupuestos, como una manera de dejar establecido que éstos constituían un compromiso adjunto o complementario al proyecto de ley. Ignoro si esto ocurrió en las demás Subcomisiones, pero en la Primera se aprobó en el Ministerio de Economía, pero no en el caso del Ministerio de Planificación y Cooperación, que quedó pendiente por una descoordinación con esa Secretaría de Estado.

Al discutir el tema no quedó claro si esto se haría en las otras Subcomisiones, como tampoco si la Información Complementaria sobre Gestión constituiría glosas de la Ley de Presupuestos. También se discutió cómo se trataría ante esta Comisión y en las respectivas Cámaras del Parlamento.

Sería interesante aclarar ahora el tema, ya que es la primera vez que se incorporan metas de gestión a la discusión presupuestaria.

A continuación hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor Jocelyn-Holt, quien manifestó:

Descubrí que en otras Subcomisiones las metas de gestión de determinados Servicios no eran conocidas por parte de los funcionarios de ellos que debían relatarlos. Tengo la impresión de que hay algunas indicaciones que efectivamente inciden sobre metas de gestión que, independientemente de la declaración sobre su admisibilidad o inadmisibilidad, será relevante entrar a discutir.

Conviene hacer presente que ya que el Ejecutivo ha tenido la innovadora idea de incorporar metas de gestión a los Servicios, debería haber una forma de publicidad de éstas en la propia Ley de Presupuestos y, en la medida que haya discusión respecto a alguna de ellas, se vean en esta Sala.

El Honorable señor Zaldívar (Presidente) expresó:

Creo que podría dar una información el señor Director de Presupuestos acerca del tratamiento que se ha dado a las normas de gestión y de la manera en que se introducirán en la Ley de Presupuestos. Quiero ser claro que aplicaré las normas constitucionales de materias presupuestarias de manera estricta. Toda indicación que tenga relación con la administración financiera y presupuestaria del Estado, de acuerdo con el artículo 62 de la Constitución, si no tiene patrocinio del Ejecutivo, será declarada inadmisible.

A continuación, hizo uso de la palabra el señor Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano quien expresó:

Las metas de gestión están dentro de la Información Complementaria, y en realidad, no son parte integrante del articulado ni de la Ley de Presupuestos, como tampoco lo son los tres o cuatro anexos de Información Complementaria. Constituyen un compromiso que está el Gobierno adquiriendo frente al Congreso y el país, respecto de las metas que se lograrán. Por lo tanto, respecto de ellas no caben indicaciones.

A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor Palma, quien expresó:

Me referiré al conjunto de la observación del Honorable Diputado señor García, aunque incide en distintos ítems.

En primer término, se discutió largamente en la Subcomisión las asignaciones al Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, al Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y al Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y Productivo, que están en la Secretaría y Administración General del Ministerio de Economía y que son, en general, transferencias que se realizan a CONICYT para el financiamiento de la implementación de estos Fondos. Efectivamente, en el Presupuesto que estudiamos para el próximo año, las transferencias que realiza la Subsecretaría de Economía para estos Fondos tienen una reducción significativa, equivalente a, aproximadamente, 50% respecto al Presupuesto para estos Fondos del año en curso.

Sin embargo, como señala el informe, el propio señor Ministro de Economía nos explicó detenidamente la razón de la reducción.

La preocupación de los Honorables Diputados señores Orpis y García Ruminot incide en el efecto que la reducción del Presupuesto, en esta parte, podría tener en el desarrollo de la ciencia y de la investigación tecnológica en el país.

Se trata de Fondos concursables, con proyectos que tienen normalmente una duración de más de un año, y el concurso del FONDEF Y DEL FONTEC fue resuelto hace dos años atrás y está previsto que, en 1.995, no haya nuevos concursos, sino sólo la terminación de las investigaciones actualmente en ejecución. Por lo tanto, no se justifica mantener el volumen de los recursos, salvo para efectos de poder terminar las investigaciones en desarrollo.

Ante las consultas de los Honorables señores Diputados al señor Ministro de Economía, en relación a si no sería conveniente prever, para el próximo año, un suplemento de recursos, para efectos de mantener una continuidad en el nivel de gastos de investigación científica y tecnológica, la respuesta del Ministro, que fue acogida por la mayoría de la Subcomisión, fue que en 1.995, junto con terminar la primera etapa de estos Fondos, se pretendía hacer una evaluación acerca de la gestión de esta primera etapa, para llamar a un nuevo concurso, en el transcurso del próximo año, para financiar proyectos a partir de 1.996.

De esta manera, la Subcomisión aprobó estos ítems. Si no se hubiera votado a favor de estas transferencias, el efecto era la desaparición del total de los referidos Fondos. En relación a la Unidad Coordinadora del Medio Ambiente y a las otras observaciones de los Honorables señores Diputados, hubo una situación similar. La Comisión Nacional del Medio Ambiente realiza algunos programas, pero hay toda un área de programas ambientales que son gestionados a través de la Subsecretaría de Economía. Es decir, hay una coordinación entre la Comisión Nacional del Medio Ambiente -como unidad coordinadora de las políticas ambientales- y el Ministerio de Economía que debe desarrollar, de acuerdo a la Ley de Bases del Medio Ambiente, algunos proyectos de evaluación de impacto ambiental, en áreas industriales específicas, que corresponden al área de trabajo de ese Ministerio. Si no hay recursos para el funcionamiento de la Unidad Coordinadora del Medio Ambiente en la Subsecretaría de Economía, no se podrían desarrollar estos proyectos. Por esta razón la Subcomisión aprobó el ítem 33.031.

El ítem 33, asignación 032, proyecto Chile-Siglo XXI, que también ha sido observado por el Honorable Diputado señor García Ruminot, corresponde al proyecto de coordinación entre el sector privado y el sector público para iniciativas de fomento, en áreas de desarrollo económico. Los recursos asignados que son muy pocos, menos de treinta millones de pesos, corresponden a la continuidad, por parte del Ministerio de Economía, de ese proyecto de coordinación y gestión, en conjunto con el sector privado.

A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor Estévez, quien dijo:

Entiendo que el Honorable Diputado señor García Ruminot ha solicitado la división de la votación de esta Partida por razones que son opuestas. Creo entender que -en el caso del ítem 32 asignaciones 001, 002 y 003, relativas a los Fondos-, le preocupa el bajo monto; mientras que en otras, está en contra de ellas.

Comparto absolutamente su preocupación ante la reducción de los fondos destinados a la investigación científica. El país tiene necesidades presupuestarias, hay problemas urgentes, pero sin duda que en el mediano plazo y en el futuro, Chile depende de lo que hoy se haga en investigación científica. Creo que el FONDECYT es un programa plenamente exitoso en su labor tradicional de apoyo a la investigación científica universitaria, y el FONDEF y el FON-TEC son los únicos instrumentos que se han generado para estimular la investigación universitaria y empresarial, en áreas más bien de innovación y difusión tecnológica.

Por ello me asocio al espíritu del planteamiento que se ha hecho y lo comparto de modo absoluto. No obstante, votaré a favor los ítems, porque de hacerlo en otro sentido su efecto real sería la anulación de todo financiamiento para estos Fondos.

En seguida, hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor García Ruminot, quien señaló:

La intervención del Honorable Diputado señor Estévez me ahorra comentarios para fundamentar mi abstención en el ítem 32, asignaciones 001, 002 y 003. Efectivamente, hay una caída muy importante en los recursos asignados a la investigación científica y tecnológica. La razón que se nos ha dado es que en 1.995 se estarían terminando los proyectos y que no se estarían iniciando proyectos nuevos. Los proyectos que están finalizando, se ha dicho, tendrán que ser evaluados para decidir su continuación. Echamos de menos una política de desarrollo científico y tecnológico, que, tal como lo ha dicho el Honorable Diputado señor Estévez, es indispensable para el crecimiento económico y el desarrollo social de nuestro país.

En relación con el ítem 33, asignación 031, Unidad Coordinadora del Medio Ambiente; asignación 032, Proyecto Chile-Siglo XXI, y asignación 033, Programas Económicos Sectoriales e Internacionales, hemos votado en contra porque, en el caso de la Unidad Coordinadora del Medio Ambiente, estimamos que existe una duplicidad de funciones con la Comisión Nacional del Medio Ambiente, recientemente constituida. Esta tiene más de 120 funcionarios. Si comenzamos a producir verdaderas filiales de la Comisión Nacional del Medio Ambiente en cada Ministerio, en definitiva lo que tendremos es una enorme duplicidad de funciones y de gastos, que terminará por hacer poco eficiente el trabajo de dicha Comisión.

Además, los recursos que se destinan a la Unidad Coordinadora del Medio Ambiente, al Proyecto Chile-Siglo XXI y a los Programas Económicos Sectoriales e Internacionales, son básicamente para cancelar honorarios. En mi opinión, son funciones que perfectamente podrían ser asumidas por funcionarios permanentes de la Subsecretaría de Economía, sin necesidad de incurrir en estos costos.

Luego, hizo uso de la palabra la Honorable Senadora señora Feliú, quien dijo:

El FONDEF y el FONTEC son creación de la Ley de Presupuestos porque no hay una organicidad de manejo del sistema, salvo en CONICYT que está incluido en el Ministerio de Educación. En su oportunidad, cuando aparecieron estos Fondos, y en relación con un proyecto de ley que modificaba el Ministerio de Economía, estudiamos en profundidad el alcance de ellos, porque son creaciones de la Ley de Presupuestos y, en la medida en que no hay una organicidad en el Ministerio para administrar estos recursos, pasa a ser "bolsas" de fondos públicos. Esto se entregó, por decisión administrativa, cuando se crearon, a la administración y al concurso que hace el CONICYT.

En principio, estoy de acuerdo con la observación general. Fue algo tentativo, un proyecto que requiere ser evaluado para ver sus resultados: qué proyectos se han concretado en virtud de estas investigaciones, qué se ha hecho con los recursos. No observo en esta materia ninguna información y me gustaría recibirla, para ver los resultados concretos. Los recursos asignados en los Presupuestos de los años 1.994, 1.993 y 1.992, que me parece que es cuando se inicia la asignación de recursos para el FONDEF y para el FONTEC, son cuantiosos. Entonces, eso debe ser evaluado y esa evaluación debe ponerse a disposición, no sólo de los integrantes de la respectiva Subcomisión, sino, también, de los integrantes de la Comisión Mixta de Presupuestos. Esa información no la veo en parte alguna, y creo que es indispensable tenerla.

Luego, como criterio general, decir que hagamos una evaluación y después asignemos los recursos, no me parece, en principio, mal. En cambio, sí me parece incorrecto, en cuanto se incrementan significativamente los recursos de CONICYT. La creación del FONDEF y del FONTEC corresponde a un concepto -que explicó muy bien, en su oportunidad, ante la Comisión de Economía del Senado, el entonces Ministro señor Marshall, planteando que CONICYT representaba, básicamente, investigación a través de las Universidades-, y que correspondía a lo que era el criterio de los años sesenta y setenta. Pero que el concepto moderno de la tecnología y de la investigación científica y tecnológica, era que ésta se enfocara con miras a la producción y al incremento de la economía. Me parece muy conveniente, antes de asignar los recursos, saber qué se hecho hasta la fecha. Es indispensable que esta información se tenga, por lo menos, antes de que se apruebe el Presupuesto en cada una de las Cámaras.

En segundo lugar, no concuerdo con la idea de incrementar los recursos del CONICYT. Ello corresponde a lo que justamente objetaba, en ese momento, el entonces Ministro señor Marshall, en el sentido de que la vía tradicional del CONICYT: "Investigación-Universidades", no era la más adecuada, en relación con la economía moderna. Creo que estas asignaciones, en lo que dicen relación con FONDEF y FONTEC, deberíamos dejarlas sin aprobación, en espera de ver dichos antecedentes. Cuando tratemos CONICYT, examinemos cuidadosamente los mayores recursos, para verlos en la perspectiva de lo que es la investigación científica y tecnológica que se hace con recursos públicos, y determinar si el acento debe estar en la entrega de fondos, a las Universidades o en la entrega de ellos a la producción, que se estima es la proyección moderna de la investigación científica y tecnológica.

En lo que dice relación, con la coordinación de CONAMA, estoy completamente de acuerdo con lo que se ha planteado, por parte del Diputado señor García. Si hay una institucionalidad que se acaba de crear, en una ley, según la cual esto debe hacerse por CONAMA, no veo por qué comienzan a aparecer programas en otros Ministerios. No me resultan claras las argumentaciones que aquí se ha dado, como para asignar recursos en Economía, en relación con las atribuciones de CONAMA; porque entonces los recursos del Estado se van gastando, paralelamente, en funciones relativamente análogas, que incluso tienen la posibilidad de sobreponerse, unas con otras. Debo hacer presente que sobre la base del mismo raciocinio que me hice en el año 1.991, conozco la situación del FONDEF y del FONDEC, porque me llamó la atención de que se creara, en Economía, algo cuya función estaba radicada en Educación. En su oportunidad, encontré muy convincentes los planteamientos que se hacían, en el sentido de orientar el desarrollo científico y tecnológico por el área de Economía. Pareciera que hoy día, sin decir nada, estamos volviendo al cauce primitivo, a la Educación, es decir, a las Universidades.

A continuación, usó de la palabra el Honorable Diputado señor Orpis, quien manifestó:

Me gustaría agregar a lo que ya han dicho otros Honorables Parlamentarios, que uno de los argumentos que señalamos en la Subcomisión, para los efectos de abstenernos en estos ítems, fue que su disminución es significativa: caen en alrededor de tres millones de pesos, es decir, en un cincuenta por ciento. Coincido en que hay que hacer las evaluaciones, pero éstas deben hacerse durante el año, con el objeto de que, en definitiva, no disminuya esta cantidad de recursos. Hay una falta de previsión en lo que es la asignación de recursos a lo que es investigación científica y tecnológica, vinculada con la parte productiva. Consideramos que estos aportes son fundamentales para el desarrollo del país, sobre todo, en las áreas productivas, y no nos explicamos esta caída, ni la falta de previsión con una evaluación a tiempo, antes que se discuta la Ley de Presupuestos.

A continuación, hizo uso de la palabra el señor Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano, quien señaló:

Me parece razonable lo planteado por la Honorable Senadora Feliú, en el sentido que esto puede ser visto con más detalle en CONICYT, que es donde está la operación de estos Fondos. Sin perjuicio de esto, creo que vale la pena indicar que este es un programa no de un año, sino que lleva varios años de operación; que está sujeto a un convenio de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo el año 1.995 su último año; que como parte del convenio, tiene una etapa de desarrollo, y una evaluación. No hubo ninguna imprevisión. Esto quedó estipulado en el momento que se firmó el convenio, hace varios años atrás. Se estableció una evaluación, que se ha iniciado, y que va a concluir el próximo año, para definir los pasos a seguir en los años siguientes; ya sea con el Banco Interamericano o, directamente, con recursos nacionales en este mismo campo. Fue diseñado en esta forma, desde su inicio, por las autoridades de Gobierno y los especialistas del Banco Interamericano que contribuyeron al financiamiento del programa de Ciencia y Tecnología. Aclaro que esto se refiere solamente a este programa, que es el que está disminuyendo, pero no se refiere a CONAMA, ni a las otras indicaciones. Debe tenerse en cuenta que este es uno de los varios programas que existen en el Presupuesto, que dicen relación con el tema científico y tecnológico. Hay otros en CORFO y en otras Partidas, ya que no están todos centralizados, por la naturaleza de estas actividades.

Puestas en votación las asignaciones 001 (Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico), 002 (Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico) y 003 (Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico), del ítem 32 del Subtítulo 25 (Transferencias corrientes) del Capítulo 01 (Secretaría y Administración General), ellas fueron aprobadas por 12 votos a favor y 8 abstenciones.

A continuación, se pusieron a votación las asignaciones 031 (Unidad Coordinadora del Medio Ambiente), 032 (Proyecto Chile-Siglo XXI) y 033 (Programas Económicos Sectoriales e Internacionales), del ítem 33 del mismo Subtítulo 25 e igual Capítulo 01.

Al respecto, la Honorable Senadora señora Feliú expresó:

No hay ninguna información en esta Sala respecto de qué tratan los Programas Económicos Sectoriales e Internacionales, cuyos recursos se contemplan en esta asignación. Pido que entregue información al respecto. Se entregó una, relativa al Proyecto Chile-Siglo XXI, pero no respecto de este Programa Internacional.

Respondiendo, el señor Director de Presupuestos expresó:

Entiendo que en el informe hay antecedentes sobre esto. En todo caso, puedo indicar que la Unidad Coordinadora del Medioambiente, dice relación con materias medio ambientales de carácter industrial, en las cuales participa el Ministerio de Economía. Es una actividad que coordina CONAMA, con esos recursos indicados en el ítem 031. En el caso de los programas Económicos Sectoriales Internacionales, es de público conocimiento que el país se encuentra enfrentado a negociaciones en el ámbito internacional con los países del Mercosur y otros de la Región, con países de América del Norte, y avanzando, en el ámbito, en Europa y en Asia. Estos son los recursos con que cuenta el Ministerio de Economía para la labor que le corresponde en ese campo.

La Honorable Senadora Feliú agregó:

Quisiera saber qué relación tiene esto con los recursos que se contemplan, para igual materia, en el presupuesto correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores: cuál es la diferencia, por qué se contemplan recursos en Economía y en Relaciones Exteriores. Pareciera que para el mismo tema. En la Tercera Subcomisión, que estudió el presupuesto de Relaciones Exteriores, se explicó que estas mismas actividades las iba a desarrollar dicho Ministerio.

El señor Director de Presupuestos respondió, expresando:

No sé a qué actividades o a qué ítem en particular se refiere la Honorable Senadora, respecto del Ministerio de Relaciones Exteriores. En todo caso, es natural que dicho Ministerio tenga que involucrarse, necesariamente, en las materias, no sólo económicas, sino que de toda naturaleza, relacionadas con el ámbito internacional.

Puesta en votación las aludidas asignaciones 031, 032 y 033 del ítem 33, Subtítulo 25, Capítulo 01, antes descritas, ellas fueron aprobadas por 13 votos a favor; 4 en contra; y 2 abstenciones.

A continuación, el Honorable Diputado señor Estévez expresó:

Parece conveniente votar de inmediato la indicación que suprime fondos a ENACAR. No es bueno dejar en la incertidumbre a los trabajadores de esa empresa.

El señor Zaldívar (Presidente) respondió:

Me dice la Secretaría que se terminó el estudio de esta materia sólo ayer en la noche y se está preparando un informe complementario. Le pediría al Honorable Diputado señor Estévez, que retirara su proposición. Todos tenemos la misma preocupación, y creo que es muy legítima, pero podríamos postergar este asunto para hoy día, en la tarde.

El Honorable Diputado señor García manifestó:

En discusión que tuvimos anoche, el Ejecutivo quedó de enviar a esta Sala una indicación, que es sumamente importante. Es una glosa que reglamenta el uso de los recursos que se le estarían entregando a ENACAR. Estimo importante conocerla, porque ella podría hacer variar la votación. Es indispensable que esa glosa llegue a la Comisión, antes de votar el aporte a ENACAR.

El Honorable Senador señor Frei indicó:

Concuerdo con el Honorable Diputado señor Estévez en que debiéramos votar inmediatamente esta asignación.

Intervino nuevamente la Honorable Senadora señora Feliú, quien aseveró:

Es imposible votar una asignación presupuestaria cuyo informe no se encuentra a disposición de los Senadores. Más todavía cuando se anuncia que habrá una indicación sobre la misma. Creo que es votar a ciegas. No es buen sistema de votación el hacerlo sin los elementos de juicio indispensables para poder decidir.

Seguidamente, el Honorable Diputado señor Estévez señaló:

Lamento discrepar con la Honorable Senadora señora Feliú. No encuentro que sea votar a ciegas, porque creo que el tema de ENACAR es un tema que ha debatido el país en forma intensa, hasta dramática, durante un largo período de tiempo. Lo que tenemos que votar es algo que ya hemos discutido en otras ocasiones anteriores. Se presentó el año pasado una indicación, también por Senadores y Diputados de Oposición para suprimir el subsidio al carbón. Este año, dicho subsidio es de aproximadamente, 12.586 millones de pesos, que se quieren reemplazar por 10 mil. Creo que cada uno se hace cargo de lo que propone, de lo que plantea y de lo que vota. Pero, evidentemente, plantear hoy día la eliminación de todo el subsidio al carbón en el Presupuesto de la Nación es de una gravedad política y social que no escapa a ninguno de nosotros. Evidentemente, el pronunciamiento en esta materia lo podemos hacer independientemente de que después se agreguen o no otras glosas. Estoy porque haya subsidio al carbón en el Presupuesto de la Nación, y estoy porque se vote y no por dejarlo cuestionado. Si nosotros aprobamos esta Partida y votamos otros temas, que también son relevantes, como el FONTEC o el FONDEF, sin pedir mayor información ¿por qué vamos a dejar el carbón pendiente? ¿Creo que no hay ninguna razón para hacerlo?

Reiteró el Honorable Senador señor Frei:

No puedo concordar con la Honorable Senadora señora Feliú en que este es un tema que no se conoce. El Senado ha tenido una sesión especial para tratar el tema de ENACAR y el tema del carbón, donde se han dado todas las razones por las cuales es fundamental este aporte que hay en el Presupuesto. Por lo tanto, yo insisto que se vote inmediatamente.

Por su parte, el Honorable Diputado señor Orpis señaló:

Me gustaría rectificar lo señalado por el Honorable Diputado señor Estévez, porque no estamos planteando la eliminación del subsidio al carbón, sino que los aportes a ENACAR, que es distinto. Es a la empresa, lo que es muy diferente.

El Honorable Senador señor Errázuriz indicó al respecto:

Ha quedado demostrado que el subsidio al carbón, ya sea que se entregue directamente o a través de ENACAR ha sido ineficaz. No ha logrado los propósitos perseguidos y, por el contrario, ha mantenido una situación grave, de gravedad social permanente, sin darle una adecuada solución. Sin embargo, como resulta obvio y prudente, es conveniente mantener, por ahora, el subsidio, mientras se encuentra una solución adecuada, que el Gobierno, lamentablemente, no ha podido dar, a la situación del carbón y por lo tanto anuncio que voy a votar favorablemente.

El Honorable Senador señor Piñera manifestó:

Solamente un comentario de hecho. En primer lugar, una información que creo que es oportuno conocer. Durante los últimos veinte años se le han entregado, en aportes, a la Empresa Nacional del Carbón 600 millones de dólares. Esto significa que considerando los seis mil trabajadores que alguna vez laboraron en ENACAR, se le han entregado 100 mil dólares por persona, es decir, 43 millones de pesos de subsidio estatal, por persona. Y sin embargo, el problema, lejos de haberse resuelto, se ha ido agravando, en forma permanente y sistemática. Cuando se hicieron estos aportes, y tengo aquí las propuestas, las promesas, se pensó en rebajar el costo de la producción del carbón por tonelada, debido a las mayores inversiones que mejorarían la productividad. Sin embargo, el costo de producción por tonelada de carbón, lejos de bajar, se multiplicó casi por 10. El empleo, lejos de aumentar, disminuyó; y los trabajadores de ENACAR, lejos de estar contentos, están en una situación dramática. Por todas esas razones, creo que no es conveniente confundir el bienestar de los trabajadores del carbón, con el cual estamos todos comprometidos, con un instrumento, como es seguir subsidiando a una empresa abiertamente ineficiente, por razones que no estamos analizando hoy día. Por lo tanto, quisiera pedirle al Honorable Diputado señor Estévez que el argumento social lo identifique con las personas y no con las empresas. Quiero decir que en nuestra opinión, definitivamente, la forma de encarar el tema del carbón durante las últimas décadas ha sido profundamente equivocado. Se cree que favoreciendo a una empresa que ha malgastado sus recursos, como lo dice, en forma tan elocuente y clara, el Presidente de ella en un informe que todos conocemos, se puede solucionar el problema. El camino verdadero debió haber sido orientado hacia las personas que estaban en la industria del carbón; y, además, quiero decir que dentro del mundo de los trabajadores del carbón de la Octava Región, y particularmente de Lota, Coronel y Arauco, los trabajadores de ENACAR están en mucho mejores condiciones que los demás que trabajan en pequeñas minas o en forma independiente. Estos aportes a la Empresa Nacional del Carbón a ellos no los beneficia. Por lo tanto, si queremos preocuparnos de cosas sociales, tomemos medidas que beneficien a las personas, a todas las personas del grupo del carbón, y no solamente a un pequeño segmento que trabaja en una empresa, que fue pública, y que hoy día está en una situación bastante dramática.

Complementando su intervención anterior, el Honorable Diputado señor Orpis, señaló:

Lamento que, por razones de trabajo, varios Parlamentarios que han emitido opiniones no estuvieron ayer, cuando personeros del Ejecutivo y de la propia empresa expusieron, con toda crudeza, cuál era la situación de ENACAR. Quiero dejar claro que la Oposición no está en contra de los trabajadores del carbón, sino que, simplemente, quiere centralizar los recursos en la reconversión, y no en la empresa, que son criterios radicalmente distintos. Lamento, también, que no se haya discutido esta materia junto con la glosa que iba a incorporar el Ejecutivo. Lo que se está planteando en dicha glosa es darle una última oportunidad a la empresa, y se va a establecer -porque de esto depende el futuro de ENACAR-, que durante el año 1.995 los estudios demuestren que existen mantos rentables para poder ser explotados. Esa es la última oportunidad que tiene dicha empresa.

Hemos presentado la indicación para centrar el tema no en ENACAR, sino que en la reconversión, porque si analizamos cuál es la situación de esa empresa, llegamos a la conclusión de que las pérdidas acumuladas entre el año 1.981 y 1.994 superan los 170 millones de dólares. Los resultados de ENACAR muestran que en el año 1.988 tuvo una pérdida de 7.900 millones de pesos; en el año 1989, 4.100; en el año 1.990, 4.500; en el año 1.991, 5.000 millones; en el año 1.992, 22.900 millones; en el año 1.993, 9.600; en el año 1.994, se estima que la pérdida va a estar sobre los 15.000 millones, y se están pidiendo alrededor de 17.000 millones más, para el año 1.995.

Esta empresa ha demostrado que no es rentable, y no lo será, a menos de que, en definitiva, se termine o se privatice, y se reduzcan efectivamente los costos de operación. ENACAR no es una empresa de beneficencia, está concebida para ser rentable y eficiente; pero tiene la peor productividad de todas las empresas carboníferas. Produce sólo 200 toneladas de carbón por empleado al año, versus 3.000 de la empresa COCAR, y 6.000 del carbón importado de Australia.

A pesar de toda la ayuda estatal, el carbón de ENACAR es más caro e ineficiente, lo que lo lleva a obtener sólo un 11 % de la participación en el mercado, versus, por ejemplo, el 39% del carbón importado y el 33% en el caso de COCAR. Si se sigue subsidiando a ENACAR, esta empresa continuará produciendo una competencia desleal en el mercado, pues es inmune a las pérdidas, lo que llevará a que sea muy difícil desarrollar la industria privada del carbón. En el carbón estatal, tal como lo señalaba el Honorable Senador señor Piñera, se han invertido más de 600 millones de dólares en los últimos diez años, y todavía no vemos ningún resultado positivo, tal como lo he demostrado, porque las pérdidas aumentan, progresivamente. Con esta cantidad de recursos, con 600 millones de dólares, se podría haber reconvertido una Región completa. Aquí solamente se han entregado estos 600 millones de dólares a una empresa.

Se nos señala que el destino de ENACAR depende de que se encuentren reservas rentables. Creo que, en definitiva, hay que centrar el tema en la reconversión del sector, porque eso no sólo va a beneficiar a los trabajadores del carbón, sino que a una zona que está deprimida, como es la Octava Región. Los recursos que se destinan a ENACAR son muy cuantiosos y ellos deberían concentrarse en la reconversión. Por eso, no es que estemos en contra de los trabajadores del carbón, sino que, simplemente, queremos evitar seguir subsidiando a una empresa. Con los recursos que ya se le han entregado, se podría haber hecho la reconversión íntegra de una Región completa.

Haciendo uso de la palabra, el Honorable Diputado señor Estévez señaló:

Deseo pedirle a la Secretaría que me dé una versión extensa de este debate, porque creo que es extremadamente importante.

Me parece que aquí se afirman cosas con una ligereza realmente sorprendente.

Primero, cuando se hace un paquete de los últimos veinte años, no necesito recordarle al Honorable Senador señor Piñera, que él tiene una responsabilidad directa en el Gobierno que nos antecedió, antes de la democracia. En segundo lugar, cuando se habla -yo diría, señor Presidente, con todo respeto, con desparpajo, que la solución es privatizar estas empresas, yo digo: ¿es que no vieron lo que ocurrió con Schwager? ¿No vieron que la solución que ha habido no sólo no resolvió el problema del carbón, sino que ha producido contratistas que bajan a los piques en condiciones de absoluta falta de seguridad, con sueldos miserables y con la gente muñéndose? Se dice que la empresa no es rentable en el mercado ¡por cierto que no es rentable! En el mercado no es rentable el carbón; y cuál es la conclusión de eso, ¿cerramos la provincia de Arauco? ¿El país puede permitirse clausurar una provincia? o es precisamente la función del Presupuesto de la Nación hacerse cargo, y subsidiar a aquellos elementos que socialmente consideramos necesario ayudar, porque ello es indispensable para hacer vivir una provincia, que el mercado, de lo contrario, no le permite. Porque si no es así, el país tendría que decir que son válidas o viables sólo aquellas Regiones que el mercado permite. Y que las otras ¿las cerramos?, ¿las regalamos a otros países?, ¿qué hacemos? Yo creo que eso, verdaderamente, no es posible. Por cierto que las empresas públicas deben ser eficientes, y ese es otro debate, y debemos hacer un debate riguroso al respecto, ¡por cierto que sí! Y determinar las responsabilidades de la gente que dirigió esta empresa en el pasado o que la dirige hoy, íntegramente. ¡Por cierto que sí! Y vamos a exigirle eficiencia. Pero no voy a comprometer mi voto a la condición que si mañana no hay una veta determinada, vamos a decir a esa gente: esto se acabó. Creo que, precisamente, la función pública consiste en compensar, geográfica y socialicente, a aquellos sectores que el mercado deja fuera, porque siguen viviendo y deben seguir viviendo. Así es que me parece que aquí no está planteada una pequeña reducción, un cambio de cinco puntos más, cinco puntos menos. Está planteada la abrupta reducción de 12.500 millones de pesos. Quien crea que bajar esa cifra a cero va a favorecer a los trabajadores del carbón, que se los vaya a decir a ellos. Creo que esos trabajadores son suficientemente instruidos como para no creer en una fraseología que realmente rechazo de plano.

Haciendo uso de la palabra, el Honorable Senador don Arturo Frei manifestó:

La verdad es que la crisis que vive la zona del carbón y la industria ENACAR, no es responsabilidad de los trabajadores ni de la gente que vive en la zona. Es una responsabilidad de todos los chilenos, porque durante muchos años el carbón le dio un aporte a la economía de este país. Sin embargo, el país no fue capaz de hacer la reconversión tecnológica, que debiera haberse hecho, oportunamente, en la zona minera y en las empresas carboníferas.

Hoy día, en que el mundo avanza y la ciencia y la tecnología están incorporadas, las minas del carbón de la Octava Región siguen atrasadas en cien años, porque no fuimos capaces, nosotros, como país, de invertir para hacer una reconversión tecnológica en ellas. Lo que se está proponiendo por parte del Ejecutivo, para entregarle estos recursos a ENACAR, es para que el proceso de reconversión del carbón, -que es mucho más amplio que la reconversión propiamente tal de las minas, también signifique una reconversión tecnológica en la empresa ENACAR. Que hagamos una empresa chica, pero rentable. Yo le digo al Honorable Senador señor Piñera que dice que se han gastado 600 millones de dólares: ¡efectivamente, se gastaron mal!, porque jamás se gastaron en hacer una reconversión tecnológica en la zona del carbón. Además las cifras que él da son antojadizas, porque resulta que en la zona del carbón, y en ENACAR, trabajaban quince mil personas. Hoy hay 1.900 trabajadores. Durante más de veinte años se han invertido estos fondos en más de quince mil trabajadores; quince mil familias, que vivían de esa empresa. Creo que este es un tema demasiado delicado, y creo que no hay ningún Parlamentario que esté entregando estos recursos a ENACAR para darlos a fondo perdido, y sin pensar que hay que hacer una reconversión tecnológica que realmente genere una empresa carbonífera pequeña, rentable, que salga de la situación en que se encuentra actualmente.

El Honorable Diputado señor Palma puntualizó:

Planteé una diferente manera de tratar este punto, porque creo que tiene una lógica. Ayer estuvimos más de cuatro horas debatiendo este aspecto y, finalmente, en la Comisión se convino en una fórmula para poder aprobar esto, que fue muy discutido. Porque no sólo representa estos casi 12.600 millones de pesos, sino que, también, un compromiso de otros 4.000 millones de pesos en deudas, que se le van a autorizar, en el Presupuesto, a la Empresa Nacional del Carbón. Por lo tanto, para que pudiera ser aprobado en la Subcomisión este ítem, se comprometió el Ejecutivo a hacernos llegar una glosa que precisara el destino de estos fondos, la aplicación de estos recursos, metas de gestión para la empresa ENACAR. Aquí han dicho diferentes Diputados, que se ha invertido mucho en la zona del carbón, pero como decía recién el Honorable Senador señor Frei, aparentemente, se ha invertido mal. Queremos evitar que esto se siga haciendo mal, y queremos comprometernos todos, -por lo menos los que estamos dispuestos a apoyar una solución de fondo a este problema, a que las cosas se hagan mejor.

Insistió en pedir el acuerdo de la Comisión para que este tema lo dejemos pendiente, para el momento en que llegue el informe y la glosa que propondrá el Ejecutivo. Si no hubiera acuerdo, solicitaría a los señores Parlamentarios que han presentado esta indicación -que, en su efecto práctico, es lo mismo que votar en contra- que la retiraran y, así, podríamos discutir este tema en conjunto con la indicación que se ha comprometido el Ejecutivo a enviar.

Intervino nuevamente el Honorable Senador señor Piñera, quien expresó:

Afortunadamente, aquí no estamos en una concentración política, ni frente a personas que puedan ser sorprendidas con argumentos tremendamente falaces. Yo los quisiera recoger, porque creo que se requiere un mínimo de responsabilidad en este debate.

En primer lugar, a mi colega y amigo, el Honorable Diputado señor Estévez, deseo decirle que si el error se cometió hace diez, veinte, o treinta años atrás, me da exactamente lo mismo. Es un error, se haya cometido en el Gobierno Militar, en el Gobierno del Presidente Aylwin, o en el del Presidente Frei. Pretender, que si el error se cometió durante el Gobierno Militar inhabilita a estas bancadas para corregirlo, es una estrechez de pensamiento, que nosotros no compartimos.

En segundo lugar, dejemos de jugar con la desgracia ajena. Aquí nada tiene que ver el accidente lamentable que ocurrió con los mineros de Schwager. Estamos hablando de una cosa muy simple: llevamos veinte años con una política equivocada, pretendiendo subsidiar a una empresa que cada día es más ineficiente. No digo de quién es la responsabilidad; probablemente, nadie puede competir con minas de carbón a tajo abierto -como son las que existen en el sur o en Colombia-, cuando para extraer el carbón se requiere penetrar las entrañas de la tierra, a veces kilómetros, como en el caso de la Octava Región. Lo cierto es que el costo de producción del carbón, en ENACAR, es tres veces el costo de otras alternativas.

Por lo tanto, la pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Una nueva oportunidad? ¿Seguimos invirtiendo recursos en una empresa que no tiene ninguna posibilidad? y seguimos tratando de salvar los fierros, el cemento y las escrituras públicas de una sociedad o ¿nos concentramos en su gente? Con estos 12.000 millones de pesos se le podría entregar una compensación mensual de 350 mil pesos a cada uno de los trabajadores de ENACAR, lo cual es ocho veces el salario mínimo. Me encantaría poder preguntarles a quienes laboran en esa empresa qué prefieren: ¿que se sigan invirtiendo los últimos recursos en una empresa que no tiene destino por razones que están al margen de ellos? o si prefieren que, de una vez por todas, se les encuentren a ellos, a sus hijos y a sus nietos, verdaderas oportunidades.

Lo que hay que hacer no es cerrar la provincia. Estamos cerrando la provincia cuando ponemos todos los escasos recursos públicos en un camino sin destino. Si el Gobierno, simultáneamente con esto, tuviera más recursos para abrir la provincia, estaríamos de acuerdo, pero es todo lo contrario. Queremos abrir la provincia y la forma de hacerlo no es seguir malgastando los recursos, como lo venimos haciendo desde hace décadas. Que una vez más -porque esta discusión se produjo idéntica al año pasado, y el anterior, y el ante-anterior- sigamos teniendo esta confusión mental de que ENACAR hay que salvarla para proteger a los trabajadores del carbón, es un error.

ENACAR es una empresa extraordinariamente ineficiente. Si uno sacara la cuenta, resultaría que se ha "comido" 600 millones de dólares. ¿Saben qué podría hacerse con 600 millones de dólares?, ¿en la Región?, ¿por los trabajadores del carbón? Por tanto, si hubiera habido menos confusión, menos pretensión de sentido social equivocado, y esos recursos se hubieran destinado directamente a crear nuevas oportunidades en la Región, hoy día no tendríamos ENACAR, pero tampoco tendríamos el problema del carbón, y los trabajadores estarían infinitamente mejor. Lo que estamos haciendo, si aprobamos esto, es darle 12.000 millones de pesos a una empresa que equivale, repito, a otorgarle a cada trabajador de ENACAR, 350.000 pesos mensuales, y eso sin incluir la deuda. Porque la deuda todos sabemos que va a un fondo perdido, probablemente. Si la consideramos, estaríamos hablando de cifras aún mayores. Creo que esta idea de la "última oportunidad", (y las oportunidades han venido probándose durante veinte años), es, una vez más, "patear la pelota para adelante". Estamos diciendo una cosa muy seria: de una vez por todas hagamos política inteligente para los trabajadores del carbón.

El señor Zaldívar (Presidente) expresó:

Doy por cerrado el debate. Hay una proposición, hecha por el Honorable Diputado señor Palma, para postergar el tratamiento de este tema hasta que llegue la glosa.

Luego de un debate, se sometió a la decisión de la Comisión si se votaba de inmediato la indicación relativa a ENACAR o si tal votación se suspendía, resultando 10 votos a favor de la suspensión; 10, en contra; y una abstención.

Como la abstención influía en el resultado de la votación, se repitió ésta recogiéndose 11 votos por la suspensión, y 10, en contra.

Quedó, en consecuencia suspendida la votación de la indicación.

A continuación intervino el Honorable Diputado señor Estévez, quien dijo:

Quiero entender que es todo el Ministerio de Economía el que dejamos sin resolución, ya que no me resulta razonable entender que aquí se ha decidido sólo dejar cuestionado al asunto del carbón. Yo me he opuesto a ello, y lamento que sobre este tema haya habido un conjunto de confusiones. Me parece que se está dando una señal de que el Congreso Nacional no aprueba, en esta Partida solamente el carbón, lo cual es un resultado extraordinariamente negativo. Por tanto, debiera postergarse la votación de toda la Partida del Ministerio de Economía.

En seguida, el Honorable Senador señor Errázuriz expresó:

Aquí lo que se votó y acordó fue dejar pendiente tan sólo una asignación que guarda relación con un tema "negro", el cual se ha demostrado, durante muchos años, sin eficacia en su solución. Obviamente, el hecho de seguir entregando recursos para continuar perdiéndolos es algo que no debiera motivar a ninguno de los Honorables Parlamentarios. Por lo tanto, aquí se trata de tener mayor y mejor información y compromiso del Gobierno, para que las soluciones que se estén proponiendo realmente conduzcan a los objetivos que persigue el Ejecutivo con estos gastos.

El Honorable Diputado señor Palma aclaró lo siguiente:

Quiero complementar lo indicado por el Honorable Diputado señor Estévez, precisando que no debiéramos haber comenzado a tratar el presupuesto de CORFO sin su informe, que aún está en redacción, debido a que se terminó de despachar a la medianoche de ayer. En cambio, hay Capítulos dentro del Ministerio de Economía que no corresponden a CORFO, que tenemos a disposición hace bastante tiempo, que sí pueden ser tratados.

Finalmente, se aprobó toda la Partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en la forma propuesta por la Primera Subcomisión, con excepción del Capítulo 06, Corporación de Fomento de la Producción, que quedó para ser resuelto cuando se recibiera el informe complementario de dicha Subcomisión.

-o-o-

Posteriormente, se recibió el aludido informe complementario de la Primera Subcomisión, referido exclusivamente a la Corporación de Fomento de la Producción y a los Organismos que con ella se relacionan.

Al respecto, la Primera Subcomisión propuso:

I.- Aprobar, sin enmiendas, los siguientes Capítulos:

a) El Capítulo 11, Instituto Forestal;

b) El Capítulo 12, Instituto de Fomento Pesquero;

c) El Capítulo 14, Instituto de Investigaciones Tecnológicas;

d) El Capítulo 15, Corporación de Investigación Tecnológica;

e) El Capítulo 16, Servicio de Cooperación Técnica;

f) El Capítulo 17, Instituto Nacional de Normalización;

g) El Capítulo 19, Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo, y

h) El Capítulo 20, Centro de Información de Recursos Naturales.

II.- Aprobar, el Capítulo 06, Corporación de Fomento de la Producción, con la sola enmienda de sustituir, en el ítem 25.33.029 el nombre "Fondo Tecnológico Sistema Institutos Corfo", por el siguiente: "Fondos de Servicios e Interés Público".

El señor Presidente de la República presentó una indicación al Capítulo 06 (Corporación de Fomento de la Producción), en su Programa 01, en el Subtítulo 33 (Transferencias de Capital) para incorporar al ítem 85.001 Empresa Nacional del Carbón S.A., en la columna "Glosa N lo siguiente: "08", lo que fue aprobado por unanimidad. A continuación, la misma indicación propone:

"Incorporar la siguiente glosa:

"08 ENACAR S.A. deberá efectuar durante 1.995 y 1.996 evaluaciones de las prospecciones que realice en sus pertenencias mineras, de su incidencia en sus costos de explotación y en el equilibrio operacional de la Empresa hasta 1.998. Si de tales evaluaciones se concluye la no vialidad de tal equilibrio, CORFO elaborará una proposición que, en todo caso, incluirá el término de las operaciones de esa Compañía Minera.

Asimismo, ENACAR S.A. deberá presentar a CORFO trimestralmente un informe del cumplimiento de su programa de inversiones y de racionalización y reducción de gastos en personal y bienes y servicios para producción, lo cual será evaluado en forma rigurosa por CORFO, remitiendo sus resultados a la Comisión de Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados.

Las evaluaciones y programas antes referidos se orientarán al término de los aportes estatales para gastos operacionales de la Empresa a contar de 1.998 y a su Empresa filial en 1.999".".

El Honorable Diputado señor Estévez:

Voy a votar en contra de la indicación, ya que, en primer lugar, establece tareas para el año 1.995-1.996. No me parece que corresponda a la Ley de Presupuesto. Incluso objetaría la admisibilidad. Quisiera consultar la opinión del señor Presidente de la Comisión, pero a mí me parece que la indicación no puede imponer tareas a efectuar durante los años 1.995 y 1.996, ya que esta ley es una normativa anual. Podemos dar órdenes para el año 1.995, pero no para 1.996.

En segundo lugar, porque dice que si no hay equilibrio para el año 1.998, eso significará el término de las operaciones dicha compañía minera. Me parece que el eventual cierre de ENA-CAR no es motivo de una glosa. Es un tema bastante más serio, y si aquí hemos discutido largamente la eventual situación de un observatorio astronómico, esperaría que el cierre de Enacar, es un tema bastante mayor, fuera de igual forma analizado. Por eso voy a votar en contra de esta indicación.

El Honorable Diputado señor Orpis:

Lo que se informó en la Subcomisión, por lo que me extraña el tenor de la indicación, es que la evaluación de las prospecciones iban a ser el año 1.995. Ya se está alargando en un año a través de la indicación, porque al final del año 1.995 se iba a evaluar todo el resto de lo que se señala en la glosa. Por esto es contradictorio lo que se planteó en el seno de la Subcomisión con lo que se está planteando a través de esta indicación.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente):

Propongo a la Comisión que votemos por separado, ya que concuerdo con lo señalado por los Honorables Diputados señores Estévez y Orpis, que efectivamente no podríamos hacer la normativa para el año 1.996. Propondría eliminar 1.996.

El Honorable Diputado señor Palma:

Me parece más razonable en ese caso, dejar el sentido preciso que es "deberá efectuar evaluaciones de las prospecciones" que es el compromiso que tomó la Empresa y el Vice Presidente Ejecutivo de Corfo, respecto al tema. Quiero señalarle al Honorable Diputado señor Estévez que se nos dijo claramente en el seno de la Subcomisión, que en este momento ENACAR no tiene reservas hábiles para ser explotadas. Por lo tanto, si no encuentran reservas en los trabajos de prospección, que se están empezando a realizar ahora y que no se realizaron durante 15 años, simplemente no tiene sentido seguir manteniendo la empresa como un ente productivo, ya que no van a extraer nada de los yacimientos mineros. Entonces, esto es una señal de una realidad que existe, y que es importante dejar establecida para el desarrollo de las políticas de la Empresa. Por ello, puede borrarse perfectamente "durante 1.995 y 1.996" porque, entre otras cosas, esta ley rige para el año 1.995 y por lo tanto es obvio para cuando rige.

El Honorable Diputado señor Orpis:

Ocurre que el compromiso que asumió el señor Vice Presidente Ejecutivo de Corfo fue que si durante el año 1.995 las prospecciones no probaban que existían mantos rentables, la empresa se terminaba, porque no había carbón. Eso era el año 1.995, y así se señaló en la Subcomisión. Entonces es contradictorio que allí se diga una cosa, que se comprometa enviar una glosa, y que ésta venga en términos distintos a lo que se comprometió el Ministro en el seno de la Subcomisión.

El Honorable Diputado señor Arancibia:

Sumándome a las observaciones respecto de introducir plazos mayores a la vigencia anual que tiene esta normativa, creo que es pertinente eliminar referencias hasta el año 1.998. Pienso que las dos referencias no corresponden. Además, al menos en lo personal, no estoy en condiciones de votar favorablemente una glosa que anuncie que se va a cerrar la Compañía Minera, ya que es un tema extremadamente complejo y que va a producir una serie de impactos. Más allá del esfuerzo que está haciendo el Directorio de CORFO, y los ejecutivos de ENACAR y de CARBILE, por superar la difícil situación que enfrenta ese yacimiento, creo que es extremadamente complejo que por esta vía, estemos anunciando, de hecho, el término de las operaciones de la Empresa, por todo lo que implica en esa gran masa de trabajadores que, directa o indirectamente, dependen de estas actividades.

El señor Director de Presupuestos:

Lo que ocurre, y así se explicó por parte del Ministro de CORFO y de las autoridades de la ENACAR en la Subcomisión, es que se están solicitando recursos para invertir. Dada la situación de la empresa, la única racionalidad de destinar recursos para inversión es que éstos van a viabilizar el futuro de ella. Lo que aquí se está indicando es que si los resultados de esas inversiones en prospecciones no tienen éxito, en lo que aquí se plantea -lograr el equilibrio financiero de la empresa a partir de una cierta fecha a futuro, porque tampoco las inversiones tienen un efecto inmediato- en ese caso, debe proponerse un mecanismo alternativo, que conduzca al término de las operaciones en esa empresa. Ese es el motivo de proponer recursos para inversión, que justifica presentar esta glosa.

El Honorable Diputado señor Estévez:

Pido a la Mesa que haga votación separada de la frase que dice: "Si de tales operaciones se concluye...", que es la segunda del primer inciso.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente):

¿Habría acuerdo para suprimir la expresión 1.996 y la referencia al año 1.998, ya que la Ley de Presupuestos no puede hacer planteamientos de esta naturaleza?

El señor Director de Presupuestos:

Es discutible lo del año 1.996, y en ese caso se puede dejar sólo el año 1.995, o evitar referencias a los años 1.995 y 1.996. Con eso, esto tendrá efecto sólo en el año al cual se refiere la ley. El año 1.998 está como año de referencia, respecto del cual, empieza a producirse el equilibrio financiero. O sea, está diciendo, se invierte en el año 1.995 y 1.996 y esto continúa en la medida que vaya demostrado éxito, no de inmediato, sino a partir de un año futuro. En ese sentido, no está indicando ninguna acción a seguir en el año 1.998, a diferencia de la primera referencia. Por eso, si bien 1.996 no parece adecuado, no es lo mismo lo del año 1.998.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente):

Vamos por parte. Primero debe lograrse un acuerdo. Eliminamos los años 1.995 y 1.996.

La Honorable Senadora señora Feliú:

Debe primero aprobarse el gasto mismo, ya que éste no ha sido aprobado, toda vez que está sometido a una glosa, y en ningún momento se ha aprobado. Personalmente, voto en contra del gasto del aporte a ENACAR.

A continuación, se pone en votación el ítem 33.85.001, Empresa Nacional del Carbón.

La Honorable Senadora señora Feliú:

Como la discusión se hizo antes y se dieron las razones, yo solicitaría que las votaciones quedaran con las fundamentaciones que se dieron en esa oportunidad, frente al rechazo, a fin de no retrasar el despacho.

Recogida la votación, el ítem resultó aprobado por 9 votos a favor; 5, en contra; y 1 abstención.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente):

Existe una petición de división de la votación, por lo que se va a votar dividido el primer párrafo del primer inciso, donde a su vez hay indicación, que al parecer cuenta con unanimidad, para borrar la frase "durante 1.995 y 1.996".

Puesta en votación la primera frase de la glosa, sin las palabras "durante 1.995 y 1.996", fue aprobada por unanimidad.

A continuación, se puso en votación la segunda frase del primer inciso de la glosa, que empieza con las palabras: "Si de tales evaluaciones se concluye" hasta "operaciones de esa Compañía Minera".

Recogida la votación, se obtuvo el siguiente resultado: por aprobar la frase, 5 votos; por rechazarla, 7 votos; y 4 abstenciones.

Conforme al artículo 178 del Reglamento del Senado se repitió la votación, en atención a que las abstenciones influían en el resultado.

Repetida, se recogió igual cómputo, por lo que las abstenciones se sumaron a la mayoría.

Resultó, así, rechazada la segunda frase del primer inciso de la glosa, por 5 votos a favor, y 11, en contra.

A continuación, se aprobó, por unanimidad, el segundo inciso de la glosa.

Seguidamente, se puso en discusión el tercer inciso de la referida glosa.

El Honorable Diputado señor Estévez dijo:

La Ley no es una orientación y evidentemente este inciso final no tiene nada que ver con una Ley de Presupuestos. Yo creo que debe declararse improcedente porque una Ley de Presupuestos no puede estar haciendo recomendaciones para los años 1.998 ó 1.999. Si va a haber presupuesto fiscal para dichos años lo va a decidir otro Parlamento. Por tanto, me parece absolutamente improcedente que a través de una glosa se diga lo que se va a hacer con el Presupuesto de otras legislaturas futuras.

El señor Director de Presupuestos expresó:

Como se trata de inversiones, el texto está indicando cuál inversión se va a hacer con los recursos aquí aprobados para el Presupuesto del año 1.995, señalando qué es lo que se espera de las citadas inversiones. La Comisión ha aprobado, en el primer inciso, que de estos proyectos deben hacerse evaluaciones del resultado que van teniendo estas prospecciones y, además, aquí el Ejecutivo está proponiendo, en el último inciso, que esas inversiones deben procurar que la empresa salga de la situación de déficit operacional en que actualmente se encuentra, fijándole un plazo para que ello ocurra.

Puesto en votación el tercer inciso de la glosa, resultó rechazado con 5 votos a favor; 9, en contra; y 3 abstenciones.

A continuación, se votó la indicación de los Honorables Senadores señores Piñera y Larraín y de los Honorables Diputados señores García Ruminot y Orpis tendiente a rebajar el aporte a la Empresa Nacional del Carbón (Capítulo 06, ítem 33.85.001) de $12.586.121.000 a $10.000.

Esta indicación, transcrita al comenzar el análisis de esta Partida, había quedado para ser votada cuando se tratara el informe complementario relativo a la Corporación de Fomento de la Producción.

Puesta en votación, resultó rechazada por 6 votos a favor; 9, en contra; y 2 abstenciones.

A continuación, unánimemente, se aprobó todo el resto del Capítulo 06, Corporación de Fomento de la Producción.

Quedó, así, despachada la Partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

PARTIDA 08.

MINISTERIO DE HACIENDA.

Esta Partida fue estudiada por la Primera Subcomisión, y fue aprobada por ésta, sin enmiendas. No obstante, se acordó dejar para resolución de vuestra Comisión Especial Mixta -en el Capítulo 08 (Superintendencia de Valores y Seguros), Subtítulo 25 (Transferencias corrientes), ítem 31 (Transferencias al sector privado)- las asignaciones 002 (A Cuerpos de Bomberos) y 003 (Ayuda extraordinaria a Cuerpos de Bomberos).

Al iniciarse el debate, hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor García Ruminot, quien dijo:

En la Partida correspondiente al Ministerio de Hacienda, la Subcomisión respectiva dejó pendiente, en el Capítulo 08 (Superintendencia de Valores y Seguros), lo relativo al aporte a los Cuerpos de Bomberos y la Ayuda extraordinaria a Cuerpos de Bomberos. En ella, se hizo una petición a la Dirección de Presupuestos para que se atendiera la petición de recursos que formuló, en su oportunidad, el señor Presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, la cual asciende a la suma de $2.700 millones y US$6 millones. En cambio, lo que aquí se está otorgando es una suma de aproximadamente $1.900 millones y US$3,5 millones. La unanimidad de los integrantes de la Primera Subcomisión decidió solicitar a la Dirección de Presupuestos que se atendiera, en su integridad, la solicitud de Bomberos, dado el servicio que prestan a la comunidad. Me gustaría conocer la decisión que al respecto piensa adoptar la mencionada Dirección.

Contestó el señor Director de Presupuestos, lo siguiente:

Quisiera hacer referencia a lo que ya se ha hecho en materia de aportes al Cuerpo de Bomberos, a través de ayuda extraordinaria y de un ítem especial que se ha creado para la reparación de cuarteles. En moneda contado, en el Presupuesto de los años 1.990 a 1.993 se destinaron del orden de $1.100 millones. El Presupuesto del año en curso contempló $1.580 millones, por tanto, hubo un aumento de $480 millones. Más de 40%, en términos reales, comparado con lo que se había hecho en los cuatro años anteriores. El Presupuesto de 1.995 contempla un nuevo incremento, proponiéndose un presupuesto de $1.859 millones de pesos. Por tanto, tenemos más de $100 millones, en moneda de igual valor, de incremento en el Presupuesto del año entrante. Entiendo la urgencia de las necesidades de los Cuerpos de Bomberos y, precisamente por ello, se ha otorgado este nuevo aumento, gracias a un gran esfuerzo de ordenamiento presupuestario.

A continuación, el Honorable Diputado señor García-Ruminot expresó lo siguiente:

Efectivamente el señor Director de Presupuestos tiene razón en que ha habido un incremento significativo en los aportes fiscales a los Cuerpos de Bomberos. Sin embargo, esto no necesariamente significa que ellos tienen hoy un mayor presupuesto. Hasta los años inmediatamente anteriores a éste, los Cuerpos de Bomberos estaban recibiendo la liquidación de las cuotas de los Fondos Mutuos que no fueron cobradas oportunamente por los dueños de las citadas cuotas. Esto les significaba, una cantidad de gran magnitud. No obstante, como ya se han ido agotando y liquidando dichos Fondos Mutuos, esos recursos no se están recibiendo este año, ni se recibirán el año 1.995. Entonces, aun cuando hay un mayor aporte a los Cuerpos de Bomberos, no existe realmente mayor disponibilidad en los recursos que ellos están administrando, que fundamentalmente son necesarios para reponer el material rodante y equipos de protección de incendios de la Institución, el cual, mientras más antiguo, tiene un mayor costo de mantención y reparación.

Seguidamente, hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor Palma, quien expresó:

Quiero señalar que me sumé, en el seno de la Subcomisión, a la petición de mayores recursos para el Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, la única alternativa viable, para este caso, es la aprobación de los fondos en discusión. Quiero destacar que el Presupuesto del año 1.995, para la citada Institución, tiene un incremento de aproximadamente 10% en los aportes que va a realizar el Fisco a los Cuerpos de Bomberos, a través de un aporte para reparación de sus cuarteles. A lo anterior, hay que agregar los casi $3.300 millones -si se consolida moneda nacional y extranjera- que se transfieren a los Cuerpos de Bomberos, aportes que han tenido, también, un gran incremento, si se considera que hasta hace dos años estos fondos eran de aproximadamente $2.500 millones. No obstante, es necesario buscar una fórmula permanente de financiar a estas Instituciones.

A continuación, el Honorable Diputado señor Jocelyn-Holt dijo:

Los Parlamentarios tenemos grandes limitaciones en materia presupuestaria. Sin embargo, esta forma de pedir recursos para el Cuerpo de Bomberos, independientemente del monto que se pida, no es sana, ya que constituye un verdadero círculo vicioso, debido a que nunca los recursos van a ser suficientes para atender las necesidades de los servicios que presta Bomberos. En el Senado se está discutiendo una ley respecto de los certificados de seguridad para la recepción de obras, y mucho se ha debatido respecto de quiénes serán los encargados de otorgarlos. En el proyecto despachado por la Cámara de Diputados eran los bomberos. La idea era recabar una iniciativa del Ejecutivo para cobrar una tasa por ese servicio. Eso podría dar un financiamiento más permanente a dicha Institución y le evitaría tener que pedir constantemente.

Posteriormente, hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor Sabag, quien expresó:

Quiero dejar constancia de que los recursos asignados al Cuerpo de Bomberos son insuficientes, para financiar las reparaciones de los diversos establecimientos que ellos tienen y, sobre todo, la compra de nuevos vehículos para cumplir sus funciones. Actualmente tienen un nuevo servicio, que son los rescates de accidentes automovilísticos. Como nosotros no podemos aumentar los recursos propuestos, no nos queda otra cosa que dejar este testimonio de nuestra convicción de que es necesario aumentar estos recursos, ojalá de forma permanente, con algunos recursos propios.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) expresó:

Quiero sumarme a lo dicho por otros Parlamentarios respecto de la necesidad de financiar la labor de los Cuerpos de Bomberos. Propongo que se oficie al Presidente de la República a nombre de la Comisión Mixta, para que el Gobierno estudie un mecanismo para entregarle a los bomberos más recursos de tipo permanente, además de los otorgados en la Ley de Presupuestos.

A continuación, el Honorable Senador señor Diez expresó:

Concuerdo con la Mesa en que no tenemos facultad para aumentar, pero no me gusta el camino propuesto de ir a buscar un proyecto de ley de financiamiento permanente que está fuera de nuestro alcance. Sí le pediría al Ejecutivo que durante la tramitación de esta ley hiciera un esfuerzo para solucionar el problema. O se hace a Bomberos empleados públicos, para que tengan medios de presión y derecho a la huelga para protestar por su situación, o se les dan los fondos necesarios. Concuerdo con la opinión del Presidente, en que esta es una materia que debemos abordar en una ley permanente, pero en este momento yo le dirigiría oficio al Presidente de la República, en nombre de la unanimidad de la Comisión, pidiendo que reconsidere su actitud en lo que dice relación con el Cuerpo de Bomberos.

Seguidamente, la Comisión Mixta aprobó, por unanimidad, las asignaciones 002 (A Cuerpos de Bomberos) y 003 (Ayuda extraordinaria a Cuerpos de Bomberos) del ítem 31 del Capítulo 08 (Superintendencia de Valores y Seguros).

A continuación, la Honorable Senadora señora Feliú dijo:

En esta misma Partida se encuentra la Casa de Moneda. Yo quisiera tener alguna información respecto de algo que no es absolutamente claro en el informe y que considero particularmente grave. Pareciera desprenderse del informe de la Subcomisión que la Casa de Moneda de Chile, a la cual se le asigna para el año presupuestario 1.995, para convenios con personas naturales, $738 millones, que corresponden, aproximadamente, al 40% de los fondos del Subtítulo 21, Gastos en personal. Entiendo de ello que en la Casa de Moneda se están pagando remuneraciones a los funcionarios, sobre la base de convenios a honorarios, en relación con la productividad. Estas sumas realmente no corresponden a los citados convenios de honorarios, sino que, simplemente, son aumentos de remuneraciones, lo cual es muy grave. Incrementar remuneraciones sobre la base de pagar convenios de honorarios es muy serio y grave. Esta no es manera de aumentar remuneraciones, pues éstas deben fijarse por ley. Considerando que la Casa de Moneda genera recursos, lo que debería proponerse es una iniciativa legal que establezca que la Casa de Moneda se regirá por el sistema de remuneraciones del artículo 9° del decreto ley N° 1.953, como muchas otras instituciones lo tienen, y que se fijen sus remuneraciones por decreto conjunto del Ministerio del ramo y el Ministerio de Economía. El actual sistema de aumentar remuneraciones es inconstitucional, ilegal y altamente inconveniente. El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) añadió lo siguiente: La Casa de Moneda no se rige sobre el tema de remuneraciones por ley, sino que tiene un tratamiento de empresa, con muchas limitaciones. Está en la Escala Unica, pero tiene bonos de producción y otros elementos que se entregan por el Ministerio de Hacienda. Lo que hay que fijar es el rol de la institución a futuro. Vale decir, si va a ser una institución que opera para el Estado y especialmente para el Banco Central, o si va a ser una empresa que va a entrar a la competencia con el sector privado.

Intervino a continuación el Honorable Diputado señor Orpis, quien añadió: El sistema laboral que tienen los funcionarios de la Casa de Moneda es extremadamente irregular. Ellos están sujetos a la Escala Unica de Sueldos y tienen bonos de producción que se hacen con contratos a honorarios, a pesar de que también hay funcionarios propiamente a honorarios, conformándose una situación absolutamente irregular. Hay un compromiso del Ejecutivo para el año 1.995, consistente en regularizar la situación planteada, porque hay efectos negativos de diversa índole, incluso previsional de los trabajadores. El señor Director de Presupuestos expresó:

Como se ha dicho, esto se ha debatido largamente. Más que una situación irregular, lo que existe es un marco jurídico inadecuado. Está en la Escala Unica, pero realiza actividades empresariales. El Gobierno se ha comprometido a enviar una iniciativa legal que adecue su marco jurídico. Posteriormente, hizo uso de la palabra el Honorable Senador señor Diez, quien señaló: Pertenezco a otra Subcomisión de la que se abocó el tema, pero la verdad es que la materia la encuentro jurídicamente grave, porque la Ley de Presupuestos está perdiendo su finalidad. Estamos destinando a remuneraciones del personal recursos que deben entenderse que no son remuneracionales, como los convenios con personas naturales. A pesar de comprender la situación jurídica del personal de la Casa de Moneda me resulta incomprensible e inaceptable la forma como se presenta esto en la Ley de Presupuestos. En consecuencia, yo me veo en la obligación de no dar mi voto y abstenerme en esta materia, por razones de índole jurídica. A continuación, el Honorable Diputado señor Kuschel expresó:

En la página 48 del informe de la Primera Subcomisión se expresa que terminado el estudio de este Capítulo, la Subcomisión acordó dejar constancia de las expresiones del Director de la Casa de Moneda de Chile, en el sentido, que en el transcurso del año 1.995, se estudiarán las modificaciones legales necesarias para regularizar el sistema de remuneraciones de los funcionarios. Posteriormente, usó de la palabra la Honorable Senadora señora Feliú, quien señaló: Personalmente, no apruebo la cantidad correspondiente a $738 millones para Convenio con personas, por las mismas razones dadas por el Honorable Senador señor Diez. Por otro lado, debo hacer presente que el Director de la Casa de Moneda no se puede comprometer a una actividad legislativa, ya que él no tiene ningún rol de esa naturaleza. Si estos pagos se vienen haciendo desde hace largo tiempo, ello no los valida. Se trata de una irregularidad reiterada. Pido que se envíe un oficio a la Contraloría, al respecto.

Seguidamente, el Honorable Diputado señor Palma expresó:

Quiero señalar que esto lo discutimos bastante y se nos informó que la Contraloría, sabiendo de esta situación, había tomado razón reiteradas veces de los oficios respecto a estas remuneraciones. Por lo tanto, desde el punto de vista de la legalidad, nosotros entendemos que dichas tomas de razón nos señalan que se está actuando dentro de la legalidad, a pesar de que existían serias dudas al respecto.

A petición de la Honorable Senadora señora Feliú, se puso en votación la letra D) de la glosa 02 (Convenios con personas naturales) del Subtítulo 21 del Capítulo 08 (Casa de Moneda de Chile), resultando aprobado por 14 votos a favor; 1, en contra; y 7 abstenciones.

Durante la votación, la Honorable Senadora señora Feliú pidió dejar constancia de que su rechazo a la glosa es sólo porque la cantidad en ella consultada no es para convenios a honorarios, sino para aumentar remuneraciones.

Asimismo, el Honorable Diputado señor García Ruminot expresó:

El Honorable Diputado señor Orpis y yo quisiéramos dejar expresa constancia de que compartimos absolutamente lo que ha señalado aquí la Honorable Senadora señora Olga Feliú. Nosotros como integrantes de esa Subcomisión estábamos allí cuando efectivamente, ante la consulta de cuál era el destino de esos recursos, se contestó que era para sobresueldos y no estrictamente para convenios con personas naturales. Sin embargo, hemos resuelto votar a favor, en el entendido de que este sea el último año en que se consignan estos fondos de esa manera, y para no perjudicar a los trabajadores de la Casa de Moneda, que no tienen responsabilidad en lo que ha ocurrido.

A continuación, por unanimidad, se aprobó el resto de la Partida 08, Ministerio de Hacienda.

PARTIDA 09.

MINISTERIO DE EDUCACION.

Esta Partida fue estudiada por la Cuarta Subcomisión, la que aprobó, en los mismos términos propuestos, el Programa 01 del Capítulo 09 (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas); el Programa 01 del Capítulo 11 (Junta Nacional de Jardines Infantiles); el Capítulo 13 (Consejo de Rectores); el Capítulo 15 (Consejo Superior de Educación) y el Capítulo 20 (Subvención a Establecimientos Educacionales).

Asimismo, aprobó el resto de Capítulos y Programas de esta Partida, con las modificaciones siguientes:

Capítulo 01.

Subsecretaría de Educación.

Programa 01.

Subsecretaría de Educación.

a) En el subtítulo 06 (Transferencias), ítem 62 (De otros organismos del sector público), asignación 001, reemplazar la denominación de esta última "Subsecretaría de Educación" por "Subsecretaría del Trabajo".

b) Rechazar la asignación 011 del ítem 31 (Transferencias al sector privado), subtítulo 25 (Transferencias corrientes), "Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago".

c) No hacer proposición respecto de la glosa 07 de la asignación 001 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo), de su ítem 32 (Transferencias a organismos del sector público), del Subtítulo 25 (Transferencias corrientes), correspondiendo, en consecuencia, su resolución, a vuestra Comisión Especial de Presupuestos.

d) No hacer proposición respecto de la asignación 029 (División de Extensión Cultural), y su glosa 08, del ítem 33 (Transferencias a otras Entidades Públicas), subtítulo 25 (Transferencias corrientes), correspondiendo, en consecuencia, su resolución, a vuestra Comisión Especial de Presupuestos.

e) En el inciso primero de la glosa 09, asignación 030, (Departamento de Educación Extraescolar), del ítem 33 (Transferencias a otras entidades públicas), subtítulo 25 (Transferencias corrientes), agregar a continuación de la expresión "Subsecretario de Educación", lo siguiente: ", quien podrá delegar en los Secretarios Regionales Ministeriales de Educación".

f) En la asignación 037, (Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura), y su glosa 15, ítem 33 (Transferencias a otras entidades públicas), subtítulo 25 (Transferencias corrientes):

- No hacer proposición respecto del monto de la asignación por "775.000" (miles de $), correspondiendo, en consecuencia, su resolución, a vuestra Comisión de Presupuestos.

- Suprimir en el inciso segundo de la glosa 15, la frase "que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda" y la coma (,) que la precede.

g) En el inciso segundo de la glosa 16, asignación 038, (Fondo de Desarrollo Artístico Cultural), ítem 33 (Transferencias a otras entidades públicas), subtítulo 25 (Transferencias corrientes), sustituir "50%" por "60%"; incorporar el vocablo "presentados" después de la expresión "financiar proyectos", y reemplazar el punto final (.) por un punto seguido (.), agregando la siguiente oración: "Con todo, un porcentaje de esta cantidad deberá destinarse al mejoramiento o habilitación de infraestructura cultural en comunas que no sean cabeceras de provincia.".

Programa 02.

Mejoramiento de la Educación de Adultos.

En el inciso cuarto de su glosa 01, agregar después de la palabra "analfabetos", la frase "y podrá financiar gastos de traslado de los beneficiarios".

Programa 03.

Modernización de la Educación Media.

a) En el inciso final de su glosa 01, suprimir la expresión "de los propietarios".

b) En el inciso segundo de la glosa 02, asignación 002 (Programa de Beca Especial Alumnos Enseñanza Media), ítem 31 (Transferencias al Sector Privado), subtítulo 25 (Transferencias corrientes), eliminar la frase "suscrito también por el Ministerio de Hacienda" y la coma (,) que la sigue.

c) No hacer proposición respecto de la glosa 03, de la asignación 001, (Subsecretaría Desarrollo Regional y Administrativo), ítem 32 (Transferencias a organismos del sector público), subtítulo 25 (Transferencias corrientes), correspondiendo, en consecuencia, su resolución a vuestra Comisión Especial de Presupuestos.

Programa 07.

Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación.

a) En su glosa 01, letra C), suprimir la expresión "de los propietarios".

Capítulo 05.

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

a) En la glosa 02, letra A) del subtítulo 21 (Gastos en Personal), sustituir el guarismo "749" por"794".

b) En la glosa 02, letra C), del subtítulo 21 (Gastos en Personal), suprimir la expresión "en territorio nacional".

Capítulo 08.

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.

a) No hacer proposición respecto de la asignación 012, (Proyecto Astronómico Gémini), ítem 31 (Transferencias al sector privado), subtítulo 25 (Transferencias corrientes), correspondiendo, en consecuencia, su resolución, a vuestra Comisión Especial de Presupuestos.

b) Rechazar la glosa 06 de la asignación 013 (Fondo de Liderazgo Científico), ítem 31 (Transferencias al sector privado), subtítulo 25 (Transferencias corrientes).

c) En la glosa 07 de la asignación 029 (Fondo Nacional Desarrollo Científico y Tecnológico), ítem 33 (Transferencias a otras Entidades Públicas), subtítulo 25 (Transferencias corrientes), agregar la siguiente oración final: "Un porcentaje de esta cantidad deberá destinarse a proyectos sectoriales en que participen universidades regionales.".

Capítulo 09.

Junta Nacional Auxilio Escolar y Becas.

Programa 02.

Asistencia en Salud Escolar.

En el subtítulo 06 (Transferencias), ítem 62 (De otros organismos del sector público), asignación 001, reemplazar la denominación de esta última "Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas" por "Subsecretaría de Educación".

Capítulo 11.

Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Programa 02.

Programas Alternativos de Enseñanza Pre-escolar.

En la glosa 01, letra A), del subtítulo 21 (Gastos en Personal), reemplazar el guarismo "607" por "617".

Programa 03.

Mejoramiento y Ampliación Atención.

Pre-escolar.

En el subtítulo 06 (Transferencias), ítem 62 (De otros organismos del sector público), asignación 001, sustituir la denominación "Junta Nacional de Jardines Infantiles" por "Subsecretaría de Educación".

Capítulo 30.

Educación Superior.

En la glosa 01, letra B), de la asignación 031 (Fondo de Becas y Desarrollo de la Educación Superior), ítem 33 (Transferencias a otras entidades públicas), subtítulo 25, sustituir su texto por el siguiente:

"B) $ 9.503.509 miles conforme a la letra a) del artículo 71 bis de la ley N° 18.591. La distribución de estos recursos se efectuará antes del 31 de marzo de 1.995.".

En primer término, se puso en discusión la glosa 07 del ítem 32.001 del Capítulo 01, Programa 01, que la Cuarta Subcomisión -como se ha dicho- dejó para la resolución de vuestra Comisión.

Al iniciarse el debate, el Honorable Diputado señor Estévez consultó:

Entiendo que esto es una manera de financiar lo que ya aprobamos en el MECE o ¿es otra cosa, señor Director de Presupuestos?

El señor Director de Presupuestos respondió:

Efectivamente. Se trata de indicaciones que hizo el Ejecutivo, a raíz de la discusión que se produjo en la Subcomisión, y recogiendo, los puntos que allí se plantearon, en la indicación a que estaba dando lectura el señor Secretario.

El Honorable Diputado señor Estévez manifestó:

En la Partida 05, que ya aprobamos, estuvimos discutiendo de los proyectos de infraestructura educacional. En la parte de ingresos, en el subtítulo 06 ítem 62.006, Subsecretaría de Educación 6.435 millones está la contrapartida de esto. Se trata, sencillamente, del financia-miento de lo que ya aprobamos. Es una transferencia.

Intervino el señor Director de Presupuestos, expresando:

El Ejecutivo envió una indicación a la glosa 07, la que se dejó pendiente hasta que ésta llegara. Entiendo que la Subcomisión la conoció en el día de ayer, y ella precisa un aspecto que se refiere al procedimiento general para este fondo del MECE.

El Secretario de la Comisión explicó:

Con fecha de hoy ha llegado a la Secretaría una indicación del Ejecutivo, dirigida a la Partida 09 Ministerio de Educación, en la que se propone un agregado a la glosa 07, pero antes de tratarla, habría que aprobar la glosa que quedó pendiente en la Subcomisión.

Lo que propone el Ejecutivo es en el inciso primero de la glosa 07 agregar, cambiando el punto final por una coma, lo siguiente: "De acuerdo con los procedimientos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.".

La Honorable Senadora señora Feliú expresó:

Quisiera que se nos leyera como quedaría con la indicación porque lo que acaba de leer el señor Secretario diría "para financiar la ejecución de proyectos de infraestructura educacional, de acuerdo con los procedimientos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional". Pero resulta que el inciso segundo, que está actualmente, dice que los procedimientos de entrega se establecerán en convenios entre el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Desarrollo Regional ¿eso subsistiría?

El señor Director de Presupuestos explicó:

La glosa 07 está referida a un programa de infraestructura educacional. Ahí se indica el procedimiento de entrega de recursos. Lo que surgió en la discusión de la Subcomisión, y que el Ejecutivo acogió, en una indicación, que se trató el día de ayer, en una reunión especial que tuvo la Subcomisión.

Luego de un extenso debate, en el que intervinieron los Honorables Senadores señora Feliú y señores Ominami, Páez y Zaldívar, y los Honorables Diputados señores Estévez, Huenchumilla y Jocelyn-Holt, además del señor Director de Presupuestos, el Ejecutivo retiró su indicación, y vuestra Comisión aprobó la glosa 07, por 16 votos a favor, y 3 abstenciones.

La Subcomisión acordó, también, no hacer proposición acerca de la asignación 029, División de Extensión Cultural, y su glosa 08, ítem 33, Subtítulo 25, correspondiéndole, en consecuencia, a vuestra Comisión pronunciarse sobre ella.

La asignación que quedó para resolver por vuestra Comisión, dice:

ítem 33, 029, División de Extensión Cultural, $1.042.889.000.-.

El señor Director de Presupuestos explicó:

La Subcomisión dejó pendiente materias de orden cultural, incluyendo el presupuesto de esta División, el del Fondart y el del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, hasta tener una discusión, que fue la que motivó la indicación presentada el día de ayer, y que fue analizada en la sesión que celebró la Subcomisión y a la que antes se hizo referencia. La razón que explica haberla dejado pendiente ha sido la de contar con mayores antecedentes del Ejecutivo y una indicación, como la presentada.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) expuso:

Podría haber acuerdo de tratar todas las asignaciones relativas al ámbito cultural, todas las indicaciones hechas por el Ejecutivo y las asignaciones que están contempladas en la proposición de la Ley de Presupuestos.

Asimismo, la Subcomisión acordó no hacer proposición respecto de la asignación de 777 mil miles, correspondiente al Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Igual cosa respecto de la glosa 03, asignación 01, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y de la asignación 02, Proyecto Astronómico Gemini, ítem 31.

Además, el Ejecutivo presentó una serie de indicaciones relativas al ámbito de la cultura. Todas van dirigidas al Capítulo 01 (Subsecretaría de Educación), Programa 01 (Subsecretaría de Educación). Sus textos son los siguientes:

1.- "En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir su monto por el siguiente: "41.794.741", e igualmente en su ítem 91".

2.- "Subtítulo 25, ítem 31. Para reponer "011 Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago" y "651.887 miles de $".

3.- "Subtítulo 25: incorporar en el ítem 31.011 Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago, en la columna "Glosa N", lo siguiente: "19".

Glosas:

Incorporar la siguiente glosa:

"19 El convenio entre el Ministerio de Educación y la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago deberá establecer que un porcentaje de las actividades culturales de dicha Corporación serán desarrolladas en regiones".".

4.- "Subtítulo 25, ítem 33. Sustituir en el ítem 33.037 Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, la cantidad de "775.000" por "844.750".

Sustituir en el ítem 33.038 Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural, la cantidad de "1.100.000" por "1.360.000".".

5.- "En la Glosa N° 16. Sustituir a partir del párrafo segundo del inciso segundo donde dice "Con Todo" y hasta el punto final del inciso, por lo siguiente:

"Con todo, a lo menos un 60% de los recursos del Fondo deberán ser destinados a financiar proyectos presentados a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, asignándose a lo menos $10.900 miles a cada región para este fin y, del total del Fondo, un mínimo de $260.000 miles se destinarán a mejoramiento y habilitación de infraestructura cultural."

El señor Director de Presupuestos explicó:

La indicación restablece un aporte para la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Santiago, que había sido rechazado en la Subcomisión (Subtítulo 35, ítem 31).

Se sustituye el monto del aporte destinado al Fondo de Fomento del Libro, de $775.000.000.- a $844.750.000.-, y se sustituye el aporte al Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural, de $1.100.000.000.- a $1.360.000.000.- Además, se agrega una glosa, la N° 16, relativa a la distribución de los recursos, en el sentido de que al menos el 60% de los mismos deberán ser destinados a financiar proyectos presentados a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, asignándosele a cada Región $10.900.000.- Del total del Fondo, un mínimo de $260.000.000.- tendrá que aplicarse al mejoramiento y habilitación de infraestructura cultural."."

Esta indicación fue complementada por otra que debe estar en manos de Secretaría.

El Secretario explica:

Se ha recibido por la Secretaría una indicación dirigida al Capítulo 01, Ministerio de Educación, Programa 01, Subsecretaría de Educación, Subtítulo 25, que incorpora al ítem 31-011, Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago, una glosa signada con el N° 19.

De acuerdo con esta indicación, el convenio entre el Ministerio y la Corporación deberá establecer que un porcentaje de las actividades culturales serán desarrolladas en Regiones.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) agregó:

Sobre esta materia hubo un debate extenso en la Subcomisión, habiéndose alcanzado consensos y acuerdos significativos sobre el particular.

El Ejecutivo ha recogido dichos acuerdos en la indicación, intentando subsanar las objeciones formuladas.

El Honorable Diputado señor García Ruminot:

Consulta por los $260.000.000.- que se vienen incorporando al Fondart, los que deberán destinarse a infraestructura cultural. A su juicio, no aparece explícito que estos recursos sean también para las Regiones.

El señor Director de Presupuestos:

Señala que la interpretación correcta es la de que esos recursos, de carácter concursable y pertenecientes al Fondo, se refieren a proyectos en las Regiones.

Se ponen en votación todas las indicaciones del Ejecutivo vinculadas al tema cultural, incluida aquella referida a la forma de efectuar la distribución y los montos mínimos que deben ser distribuidos.

El señor Director de Presupuestos:

Aclara que la votación habrá de recaer sobre las indicaciones dirigidas a los ítems 31, Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago; 33, Fondo de Fomento del Libro y la Lectura; y del Fondart; la glosa N° 16, relativa forma de inversión de los recursos, más el agregado que surge de la indicación leída por el Secretario.

Vuestra Comisión, unánimemente, aprobó las indicaciones -antes transcritas- que recaen en el Capítulo 01, Programa 01, relativas: al Subtítulo 09; al Subtítulo 25, ítems 31 y 33, glosa 16 del ítem 38; y a glosa 19 del ítem 011, nueva.

A continuación, se presentó otra indicación del señor Presidente de la República, la que incide en el Capítulo 01 (Subsecretaría de Educación), Programa 01 y se transcribe a continuación:

"En la Glosa N° 9:

En el inciso primero:

Agregar, a continuación de la expresión "del Subsecretario de Educación" lo siguiente: "quién podrá delegar en los Secretarios Regionales Ministeriales de Educación".".

La indicación antes descrita fue aprobada, por unanimidad.

El Ejecutivo presentó otra indicación dirigida al Capítulo 01 (Subsecretaría de Educación), Programa 01, cuyo tenor es el siguiente:

"En la Glosa N° 10:

Agregar el siguiente inciso:

"Un resumen de los resultados globales de la prueba deberá ser publicado en un diario de circulación nacional, y además, el detalle de los resultados por establecimiento estarán a disposición para consulta del público en cada una de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación. Los resultados específicos de cada establecimiento educacional serán entregados a ellos, para conocimiento de los integrantes de la comunidad escolar.".".

El Honorable Diputado señor Orpis:

Sostiene que lo fundamental no es sólo dar a conocer los resultados globales, sino que en diarios de circulación nacional o regional se den a conocer las conclusiones detalladas de todos los colegios del país. Esta es la única información de que dispondrán las personas para comparar el rendimiento de los diversos establecimientos. Actualmente, afirma, es muy difícil obtener dicha información, no siendo indiferente para los apoderados tener a sus hijos en establecimientos mejor calificados que otros.

El señor Director de Presupuestos:

Una publicación a ese nivel de detalle tiene un costo muy significativo. Por esta razón, sólo se exige difundir los resultados globales de los miles de establecimientos que hay en el país. En todo caso, destaca que se consagra la obligación de mantener la respectiva información a disposición del público interesado.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) añadió:

Puesto que dicha indicación implica mayor gasto, no podría aceptarse, debiendo ser declarada inadmisible.

Sin perjuicio de lo anterior, se dejará constancia de su petición.

El Honorable Diputado señor Orpis agregó:

Si pueden publicarse los resultados del Subsidio Habitacional, no habría justificación para que, una vez al año, no pudieran publicarse los resultados de la Prueba Simce en todos los establecimientos del país.

El Honorable Diputado señor Palma:

Sugiere a la Dirección de Presupuestos que los resultados en comentario, estén no sólo en las Secretarías Regionales Ministeriales, sino que también en las Direcciones Provinciales de Educación y en las Municipalidades.

El Honorable Diputado señor Estévez:

Pide dejar constancia de su oposición. Considera que, en ocasiones, las buenas intenciones provocan consecuencias adversas. Ya es usual, agrega, que en algunos establecimientos se les de vacaciones el día de la prueba a los niños de más escasos recursos o que tienen un rendimiento inferior. De esta manera, existe una desnaturalización de la prueba, pues su sentido inicial fue medir el rendimiento escolar a nivel global de la enseñanza, y ahora se la quiere convertir en un instrumento de calificación relativa de todas las escuelas que padecen problemas de diversa índole, como la segregación geográfica de los pobres en determinadas grandes ciudades. En éstas, hay áreas de concentración poblacional que presentan resultados académicos más deprimidos que otros sectores.

La proposición conducirá a un hecho que hoy ya tiene lugar, y que se va a acentuar, a saber, la desnaturalización de los resultados de la prueba para poder competir por un cierto indicador nacional.

El Honorable Senador señor Orpis agregó que:

Acepta la argumentación del Honorable Diputado señor Estévez, pero estima que no es un problema de segregación. No es extraño, en este sentido, que a veces dos establecimientos que imparten un mismo tipo de enseñanza, situados en la misma cuadra, muestren resultados diametralmente opuestos. Si el apoderado no tiene conocimiento de cuáles son los rendimientos de los alumnos, podrían perderse valiosos estudiantes por falta de incentivos u oportunidades reales, académicamente hablando, por llegar a un mal establecimiento o que no sabe potenciar a sus buenos alumnos.

Puesta en votación la indicación fue aprobada con 16 votos a favor; 3, en contra; y 1 abstención.

Asimismo el Ejecutivo presentó otra indicación a la Glosa N° 7 del Capítulo 01 (Subsecretaría de Educación), Programa 01, cuyo texto decía:

"En la Glosa N° 7:

En el inciso primero:

Agregar, cambiando el punto final (.) por coma (,), lo siguiente: "de acuerdo con los procedimientos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.".".

Esta indicación fue retirada por el Ejecutivo.

El señor Presidente de la República presentó una indicación al Capítulo 01 (Subsecretaría de Educación), Programa 02 (Mejoramiento de la Educación de Adultos) del siguiente tenor:

"En la Glosa 01:

En el inciso cuarto, agregar después de la palabra "analfabetos", cambiando el punto final (.) por coma (,), la siguiente frase: "y podrá financiar gastos de traslado de los beneficiarios.".". Esta indicación fue aprobada, por unanimidad.

A continuación, se transcriben otras indicaciones del señor Presidente de la República. Al Capítulo 01 (Subsecretaría de Educación), signadas con las letras a y b:

a) "Programa 03 (Modernización de la Educación Media).

En la Glosa 03:

En el inciso primero:

Agregar, a continuación de la expresión "educación media" la siguiente frase: "y a los procedimientos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional."."

b) "Programa 07 (Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación).

Subtítulo 25: incorporar en el ítem 32.003 Subsecretaría Desarrollo Regional y Administrativo, en la columna glosa N°, lo siguiente: "11".".

Al Capítulo 01 (Subsecretaría de Educación), Programa 07 (Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación), Subtítulo 25 (Transferencias corrientes), ítem 32.003, la indicación signada con la letra c):

c) "Incorporar la siguiente glosa:

"11 Para financiar la ejecución de proyectos de mejoramiento de la infraestructura educacional de acuerdo al Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación y a los procedimientos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Los procedimientos de entrega de estos recursos se establecerán en un convenio entre el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, el que deberá ser aprobado antes del 31 de Diciembre de 1.994."."

Estas indicaciones, signadas con las letras a), b) y c), fueron retiradas por el Ejecutivo.

A continuación, el señor Presidente de la República acompañó otra indicación al Capítulo 01 (Subsecretaría de Educación), Programa 07 (Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación), Subtítulo 25 (Transferencias Corrientes), asignación 037 (Sistema Medición de calidad de la educación media), cuyo texto dice:

"En la Glosa N° 8 agregar el siguiente inciso:

"Un resumen de los resultados globales de la prueba deberá ser publicado en un diario de circulación nacional, y además, el detalle de los resultados por establecimiento estarán a disposición para consulta del público en cada una de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación. Los resultados específicos de cada establecimiento educacional serán entregados a ellos, para conocimiento de los integrantes de la comunidad escolar.".".

Esta indicación fue aprobada por 16 votos a favor; 3, en contra; y 1 abstención.

Asimismo, el señor Presidente de la República presentó otra indicación cuyo contenido es el que sigue:

"Capítulo 08 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Programa 01: Subtítulo 25: Incorporar en el ítem 31.013, en la columna glosa N°, lo siguiente: "06".

Glosas:

Incorporar la siguiente glosa:

"06 Recursos para la subvención directa a las actividades de investigadores chilenos de trayectoria destacada y activos en investigación. La asignación de esta subvención estará a cargo de una Comisión integrada, por personalidades nombrados por el Presidente de la República. Los criterios y el mecanismo de asignación de este Fondo se establecerán por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito por el Ministerio de Hacienda el que también podrá radicar los recursos y su administración en la Subsecretaría de Educación."."

El Honorable Diputado señor Orpis agregó que:

Acepta la argumentación del Honorable Diputado señor Estévez, pero estima que no es un problema de segregación. No es extraño, en este sentido, que a veces dos establecimientos que imparten un mismo tipo de enseñanza, situados en la misma cuadra, muestren resultados diametralmente opuestos. Si el apoderado no tiene conocimiento de cuáles son los rendimientos de los alumnos, podrían perderse valiosos estudiantes por falta de incentivos u oportunidades reales, académicamente hablando, por llegar a un mal establecimiento o que no sabe potenciar a sus buenos alumnos.

La Honorable Senadora Feliú:

El sistema de Conicyt opera sobre la base de un concurso de proyectos. Si esto es así, se pregunta por la conveniencia de este tipo de asignaciones o subvenciones directas a personas. Inquiere acerca del origen de la glosa. Cuestiona la objetividad del procedimiento, pues no define qué se entiende por científico destacado, quedando entregado el otorgamiento de la subvención al juicio de quien la asigna.

El señor Director de Presupuestos explicó:

Para el desarrollo de investigadores chilenos de trayectoria destacada se ha creado esta subvención, que presenta, por lo mismo, caracteres novedosos en cuanto es una forma de incentivar la actividad de investigación en el país y la permanencia de nuestros mejores científicos.

Los recursos se asignarán de acuerdo con un concurso que será decidido por personalidades del mundo intelectual, esto es, por científicos de alta calificación y especialización.

El Honorable Diputado señor García:

En la página 24 del folleto se reglamenta el Fondo de Liderazgo Científico, glosa 06. Se pregunta si la indicación busca reemplazar la glosa que allí figura.

El señor Director de Presupuestos:

La Subcomisión rechazó dicha glosa, con el fin de que el Ejecutivo detallara su contenido. Por tanto, la indicación viene reemplazando la glosa rechazada.

El Honorable Diputado señor Orpis:

Señala que la inquietud que surge consiste en establecer si estos científicos destacados se encuentran impedidos de participar en los mecanismos de asignación de recursos que Conicyt tiene actualmente.

La Honorable Senadora señora Feliú:

Este sin duda es un nuevo programa. La cuestión es qué se intenta incentivar con este fondo, y que no esté hoy cubierto.

El Honorable Diputado señor Palma:

A su juicio, el Fondo de Liderazgo Científico que se crea con esta glosa es un anhelo de numerosas comunidades científicas nacionales. Con los recursos propuestos se apoyará la actividad científica de grupos de trabajo diseminados en distintos centros académicos y de estudio, pero con un sentido diferente de la labor que hoy fomenta Conicyt. Se trata de constituir grupos de investigadores en áreas de la ciencia en la que contamos con notables científicos, radicados en Chile y el extranjero, los que con los fondos para ello pueden realizar investigación de punta o ciencia pura. Así, se irán incorporando a estos grupos investigadores talentosos más jóvenes, para la formación de un cuerpo nacional integrado de científicos.

El Honorable Diputado señor Kuschel:

Estima que estos recursos podrían canalizarse, con igual propósito, a través de Conicyt, utilizando para ello los mecanismos que este organismo aplica para la asignación de recursos, de acuerdo con las prioridades que tiene el desarrollo científico y tecnológico chileno, y cuya coordinación le corresponde a Conicyt. De este modo, no se crea una nueva instancia de coordinación.

El señor Director de Presupuestos:

El propósito de este nuevo programa es complementar las funciones que le competen a Conicyt, en cuanto distribuye los recursos del Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico, que es para proyectos de investigación.

El programa que se propone pretende retener en el país, mediante un aporte, a científicos destacados, que de otra forma emigrarán en busca de mejores perspectivas económicas. No es para gente que recién se está iniciando en el ámbito de la investigación, ni para financiar un proyecto de investigación, sino la actividad de investigación, porque son personas de tal prestigio que con esta medida lograremos que permanezcan en Chile, realizando su labor científica.

El Honorable Senador señor Ominami:

La idea es precisamente constituir un nuevo instrumento, distinto de los que actualmente existen en materia de promoción científica. Si queremos realzar y fomentar la excelencia en este campo, no tendría sentido simplemente complementar los fondos que ya existen. Con los recursos que se proponen se pretende que los científicos destacados realicen su importante labor en el país, y no en el extranjero.

El Honorable Diputado señor Kuschel:

Se refiere a la circunstancia de que en Chile existen sólo mil trescientos científicos que están produciendo nuevo conocimiento, que se sitúan en las fronteras del conocimiento, generando elementos adicionales en el campo de la ciencia.

Hay un potencial de aproximadamente seis mil personas que podrían incorporarse, en el extranjero tenemos más de dos mil científicos chilenos, doctorados en distintas especialidades. En la actualidad la base de conocimientos de la humanidad se duplica cada cinco años. El año 2.020 dicha base se duplicará cada setenta y tres días. El desafío, en consecuencia, de nuestro país, es participar activamente en el proceso de generación de conocimiento. Para eso, debemos recuperar científicos radicados en el extranjero.

Por tratarse de un tema estratégico, nuestro interés es apoyar las iniciativas que se adopten.

El Honorable Diputado señor Orpis:

Indica que no está en contra del fondo propuesto, sino del mecanismo de asignación. La pregunta que formulaba buscaba esclarecer si a través del actual mecanismo de Conicyt, y sin necesidad de la glosa, podrían entregarse los recursos involucrados a sus eventuales beneficiarios. Desde este punto de vista, a su juicio, no sería necesario crear un procedimiento especial para cumplir el objetivo perseguido, salvo que los mecanismos que hoy rigen impidieran cumplir el propósito de la glosa. Puesta en votación esta indicación, la glosa 06 propuesta fue aprobada con 15 votos a favor; 3, en contra, y 3 abstenciones.

Inmediatamente se discutió una indicación del Ejecutivo al Capítulo 08 (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica), Programa 01, Subtítulo 25 (Transferencias corrientes) ítem 33, asignación 029 (Fondo Nacional Desarrollo Científico y Tecnológico), Glosa 07, y cuyo texto es el siguiente:

"Se sustituye la glosa 07 por lo que sigue:

"Los proyectos nuevos que se aprueben en 1.995 con cargo a este Fondo no podrán significar en total un compromiso de gasto superior a $7.810.210 miles, durante el período de su ejecución.

Los Consejos Superiores del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico podrán considerar la realización de concursos especiales para ejecutar proyectos sectoriales".".

El señor Director de Presupuestos:

Se trata de la glosa habitual con que funciona este programa, lo único que se está haciendo es agregar la última frase de acuerdo con la cual se incorpora la idea de los proyectos sectoriales, como se sugirió en la Subcomisión.

Vuestra Comisión aprobó, unánimemente, esta indicación, tendiente a sustituir la glosa 07.

A continuación el Ejecutivo presentó una indicación al Capítulo 01 (Subsecretaría de Educación), Programa 01 (Subsecretaría de Educación), la que textualmente dice:

"Incrementar en $ 4.605.250 miles el Subtítulo 09 Aporte Fiscal e igualmente su ítem 91.

En el ítem 33, del subtítulo 25, crear:

"040 Universidad de Chile", con "4.605.250" miles de $, y glosa N° 18.

Incorporar la glosa N° 18 como sigue:

"18 Estos recursos se destinarán a actividades de interés nacional que se determinarán en uno o más convenios entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Chile, que serán aprobados mediante decreto del Ministerio de Educación con la firma del Ministro de Hacienda.".".

El Honorable Senador señor Ominami:

La idea es transferir recursos que se le otorgaban a la Universidad de Chile, a través de la Partida Tesoro Público, incorporándolos a un ítem específico del Ministerio de Educación. Es opinión de la Subcomisión que con la medida se gana una transparencia y, por tanto, en relación con la materia, ha sido una decisión acertada del Ejecutivo.

El Honorable Diputado señor Kuschel expresó:

No sé con qué propósito se destinan más recursos a la Universidad de Chile y no se hace lo mismo con otras Universidades. Qué pasa, por ejemplo, con la Universidad Austral o la Universidad de Los Lagos.

El Honorable Diputado señor Jocelyn-Holt dijo:

Este es uno de los temas de fondo del Presupuesto de Educación. En la práctica, el sistema universitario chileno ha ido cambiando, debido a diversas causas que hoy definen un sistema universitario distinto al que existía hace 50 años atrás o en el siglo pasado. Pero en la práctica, la realidad de la Educación Superior Chilena hoy -que en todas sus variantes abarca aproximadamente a cuatrocientas mil personas- está representada por una realidad más diversa, más amplia que solamente una institución que llega al 5% de esa cantidad. Tengo la impresión que hoy en día este tema es de mayor entidad, porque ha habido una discusión acerca de los fondos que se traspasan del Tesoro Público a la Universidad de Chile, de una manera que sólo puede ser descubierta después de sucesivas investigaciones que se solicitan a la Contraloría General de la República. El sistema que está consagrado en la ley es el consignado en la última parte del folleto de la Partida "Ministerio de Educación", que establece las leyes sobre financiamiento, el aporte fiscal directo, el aporte fiscal indirecto y el sistema de financiamiento de becas y fondos especiales de investigación.

En la práctica, el hecho de establecer esta glosa, efectivamente hace lo que el Honorable Senador señor Ominami dice, esto es, dar más transparencia a un hecho que está ocurriendo cotidianamente hoy y ocurrió también el en Gobierno Militar. Es más, ha ocurrido en todo momento. Lo que quiero explicar es que esta situación demuestra lo siguiente: 1.-) el sistema de financiamiento de la Educación Superior no está funcionando bien, ha hecho crisis; 2.-) a la Universidad de Chile se le otorgan recursos porque, en caso contrario, quebraría. En la práctica, estamos hablando de fondos que no sólo se destinan al desarrollo de proyectos de investigación, sino también a financiar gastos de operación normales. El hecho de que esto se haga merece una discusión pública en este Parlamento. Hay quienes creen que la Universidad de Chile debe cumplir un rol paradigmático, porque durante dos siglos fue el eje de la investigación científica del país -lo que no puede discutirse-. Pero hoy la realidad es diversa y en la práctica cabe preguntarse si el Estado debe beneficiar artificialmente a una Universidad por sobre otra o bien, debe ubicarse por encima, para fomentar un esquema de Educación Superior que incorpore a las Universidades Regionales o a otras instancias diversas.

No me corresponde calificar la competencia docente de esos centros, pero en la práctica existen y nuestro deber es garantizar que los recursos públicos sean equivalentemente distribuidos en función del mérito.

La razón, pues, que ha justificado el hecho de que a la Universidad de Chile se le entreguen recursos especiales se funda en que llega a un tipo de población distinta que las Universidades privadas. El sistema de financiamiento de la Educación Superior chilena, garantiza que el acceso a las Universidades sea regresivo, independientemente de la Universidad de que se trate, porque beneficia a los centros que reciben -con los fondos que traen consigo- a los veinte mil mejores puntajes de la Prueba de Aptitud Académica, personas éstas que generalmente provienen de educaciones que son de carácter privado o de mejor nivel que el promedio.

Yo soy partidario de aprobar esta glosa por un problema de transparencia, porque las autoridades tendrían la intención de establecer un límite máximo en el gasto de esta Universidad, porque creo que va a suscitar una discusión acerca del financiamiento de la Educación Superior que puede permitir implementar una política distinta de aquí a un año más, y por, que también permite discutir sobre un régimen o un esquema de Educación Superior que esté fundado en bases distintas a las de hoy. Pero eso exige, también, comprender que será el Congreso Nacional el que discuta qué significa "paradigma universitario" y no lo hará el rector de la Universidad de Chile o los Partidos Políticos.

El Honorable Diputado señor García Ruminot manifestó:

Efectivamente, el procedimiento de incorporar este aporte extraordinario para la Universidad de Chile en la Ley de Presupuestos es un paso significativo en materia de transparencia.

Sin embargo, dicha Universidad no es la única que recibe recursos públicos y que se financia en importante medida con ellos. La citada Universidad tiene, ya, una gran ventaja con la distribución que le otorga la ley por aporte fiscal directo. Quiero llamar la atención de que mientras en 1.993 la Universidad de Chile recibió un aporte fiscal directo, por alumno, de 675 mil pesos, en la Universidad de la Frontera, por igual concepto, se recibieron menos de 200 mil. Esta enorme diferencia, que implica que el desarrollo de ciertas Universidades sea totalmente disímil y que no se cumpla la igualdad de oportunidades que el Estado debe garantizar, me parece muy serio y en estos recursos obviamente no están considerados aquellos aportes extraordinarios, como el que se propone en la indicación.

La IV Subcomisión, invitó a representantes de las Universidades Derivadas. Concurrió, pues, el rector de la Universidad de la Frontera y el de la Universidad de Valparaíso, los que no solicitaron la entrega de recursos en forma directa, sino que se creara un Fondo Concursable para Proyectos de Desarrollo Institucional. Obviamente, obtendrán dichos recursos, los mejores proyectos de desarrollo. Seguramente, aquellos orientados a los aspectos productivos de cada Región. Pero, ¿qué respuesta se ha dado a esta idea? No puede, en definitiva, transformarse el tema en una presión hacia las autoridades con el fin de obtener recursos.

Debe recordarse que las Universidades Regionales reciben a los alumnos con más bajos ingresos del país y eso hace necesario dotar de recursos a estos centros que les permitan afrontar tal situación.

Quiero saber la respuesta ante este planteamiento de los rectores de la Universidades Derivadas -fundamentalmente de Regiones- que solicitan recursos, en aplicación del fondo citado.

El Honorable Diputado señor Orpis dijo:

Comparto la apreciación de respaldar la transparencia en el manejo de los recursos de que se trata. Pero a través del Tesoro Público, este año ya se habría verificado la entrega de una cifra significativa que, aparentemente, sería de 7.200 millones de pesos, cuestión que no se ha desmentido. Para aprobar la entrega de estos recursos deben tenerse antecedentes que indiquen cómo está funcionando la Universidad, para ver si realmente necesita los recursos. Ni siquiera se ha traído a colación el informe respectivo de la Contraloría, que es bastante lapidario en esta materia.

Luego, sin tener esos antecedentes no podría aprobarse la glosa en los términos que se plantea.

El Honorable Diputado señor Kuschel expresó:

Comprendo el esfuerzo de transparencia que se hace, pero no creo que necesariamente al tratarse el tema -ahora- en forma manifiesta, se garantice que por otras vías no se sigan entregando recursos. Me gustaría saber los criterios en la distribución. Realmente las cifras entregadas por el Honorable Diputado señor García Ruminot son elocuentes y hay Universidades regionales que están atendiendo alumnos de situación más necesitada que el promedio de los alumnos de la Universidad de Chile y, además, con menores recursos que esta última.

El Honorable Senador señor Ominami manifestó:

Quiero dar testimonio de que el Rector de la Universidad de Chile hizo llegar antecedentes contundentes a la Subcomisión, que se tuvieron en consideración al aprobar la asignación planteada por la Ley de Presupuestos, y que muestran que el aporte fiscal que recibe la Universidad de Chile es claramente decreciente en el tiempo. Así, mientras en 1.989, el total del aporte fiscal correspondía a un 39% del conjunto del financiamiento de dicha Universidad, para 1.993 la proporción se reduce a un 27,6%. Por otra parte, es evidente que hay un conjunto de actividades que asume la Universidad de Chile que tienen carácter nacional, por ejemplo, la mantención de una orquesta sinfónica, de un ballet, dos grupos de teatro, dos museos, el coro sinfónico y el de cámara, la cinemateca. Hay, también, otras acciones de interés y servicio público, a saber, el Instituto de Sismología, el Centro de Estudios Espaciales, los Observatorios Astronómicos. Asume, pues, la Universidad de Chile una serie de responsabilidades que van más allá de los marcos de una universidad específica como pudiera ser una Universidad regional. Sería, pues, importante que la Comisión tuviera a la vista estos antecedentes. También debe tenerse en cuenta un conjunto de indicadores de gestión que son interesantes como, por ejemplo, el aumento de la matrícula en esta Universidad por parte de los primeros puntajes de la Prueba de Aptitud Académica. En 1.989, de los primeros mil puntajes, un 37% ingresaba a la Universidad de Chile. En 1.993 el porcentaje subió al 43,4%. Esto muestra que los principales puntajes preferirían esta Universidad, lo cual es un elemento más para sostener el esfuerzo que la Universidad de Chile realiza a nivel del conjunto del sistema universitario nacional.

El señor Director de Presupuestos explicó:

La indicación, aparte de establecer un monto de recursos equivalente a lo que ha recibido la Universidad en forma directa hace muchos años, estipula la obligación de que esto se haga por intermedio de un convenio -se establece en la glosa- con el Ministerio de Educación, en el que se indiquen las actividades de interés nacional que debe realizar la Universidad, a cambio de estos recursos.

El Honorable Diputado señor García Ruminot agregó:

En primer lugar, quisiera insistir en mi pregunta en orden a saber cuál es la respuesta a la propuesta de los Rectores de las Universidades Derivadas, en el sentido de crear un Fondo de Desarrollo Institucional para dichas Universidades y, en segundo término, quiero señalar que de las cifras entregadas por el Honorable Senador señor Ominami, no necesariamente se desprende que hay disminución en el aporte fiscal. Las cifras señaladas indican que dicho aporte ha caído en forma relativa, ha tendido menor importancia, pero eso puede deberse a que la Universidad está obteniendo recursos por otras vías. Luego, su componente de ingresos es distinto. Y si está efectivamente obteniendo otros ingresos, resultaría interesante conocer ese dato, porque quizás se demostraría que la Universidad de Chile no necesita los recursos que se propone entregarle, ya que tiene otras fuentes de financiamiento, que permitirían destinar los recursos en cuestión a las Universidades Derivadas.

El Honorable Senador señor Gazmuri dijo:

Voy a aprobar esta asignación. Comparto el criterio de transparencia. Por otra parte, se ha dado el argumento de que si no se suplementa el presupuesto de la Universidad de Chile, podría quebrar y, por ser un patrimonio del país, eso no debería suceder.

Pero comparto la preocupación por la asignación desigual, tanto del aporte fiscal como del sistema con que están concebidos muchos de los Fondos concursables, sobre todo en materia de investigación, ya que en esta última cuestión, siempre se favorece a aquellas instituciones con mayor tradición científica y de investigación. Habría, pues, que estimular el desarrollo de nuevos centros de investigación, de tal manera que las Universidades Regionales logren un status universitario que, entre otras cosas, les permita competir con las otras Universidades y captar a los mejores puntajes de la Prueba de Aptitud Académica y, con ellos, los recursos correspondientes.

Recojo lo señalado en orden a que no es el momento de discutir el tema del tipo de financiamiento y del presupuesto o de las razones que hay detrás de la asignación pública al desarrollo universitario en el país. Esto debe corregirse en varios aspectos. Pero entrando al tema que nos ocupa directamente, apoyaré la proposición por las consideraciones realizadas y, teniendo en cuenta de que no se trata de fondos de tal magnitud que desequilibren radicalmente el sistema de financiamiento universitario.

Pero comparto lo señalado, en orden a que subsisten problemas de fondo que deben superarse para así lograr un desarrollo universitario que contribuya a una regionalización real, toda vez que para que ésta se dé, deben existir centros calificados de Educación Superior en Regiones. Muchos de los esfuerzos que se hacen en provincias en esta materia, no se ven suficientemente respaldados por políticas públicas que tengan ese objetivo.

El Honorable Diputado señor Tuma manifestó:

Aprobaré la asignación de recursos a la Universidad de Chile, a través de este convenio, en atención al peso de los antecedentes que tuvo a la vista la Subcomisión para aprobar la cuestión. Pero también me preocupa la discrecionalidad y desigualdad con que se está enfrentando el financiamiento de la Universidad de Chile con respecto a las Universidades Derivadas.

Es bueno poder expresar en esta oportunidad, al señor Director de Presupuestos, la necesidad de considerar un Fondo de Proyectos Concursables para las Universidades Regionales.

El Honorable Diputado señor García Ruminot expresó:

No se ha respondido mi pregunta respecto de la cuestión relativa a los fondos para las Universidades Regionales, en relación con la propuesta hecha por los rectores de las Universidades Derivadas.

El señor Director de Presupuestos explicó:

Se ha creado un Fondo de Desarrollo en años anteriores, que aumentó en el proyecto de Ley de Presupuestos para el año próximo, en 1.564 millones de pesos, en relación al presupuesto de 1.994. Se trata de un Fondo Concursable del que participan, en forma importante, las Universidades Regionales.

Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, relativa al incremento del aporte a la Universidad de Chile, ella resultó aprobada por 13 votos a favor; 3, en contra; y 4 abstenciones.

Continuó la Comisión Especial Mixta de Presupuestos con el tratamiento de la Partida 09, Ministerio de Educación, en lo que respecta a la proposición de la Cuarta Subcomisión relativa al Capítulo 08 (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica) y su asignación 012 (Proyecto Astronómico Gémini) del ítem 31 (Transferencias al sector privado) del Subtítulo 25 (transferencias corrientes) en cuanto debía ser resuelta por la Comisión Especial Mixta.

Al respecto el Honorable Diputado señor Tomás Jocelyn-Holt expresó:

Al iniciarse el debate de esta materia, hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor Jocelyn-Holt, quien expresó:

Este tema es de gran importancia y tiene en disputa a una comunidad de científicos.

Hace cinco meses, solicité antecedentes respecto de este proyecto que, de hecho, es muy desconocido. El Parlamento no ha tenido oportunidad de discutirlo derechamente y sólo se tocó al tratar el tema de Conicyt. Se pidió un informe a su respecto, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Honorable Senado.

Hay que revisar las glosas que dicen relación con el tema y que, eventualmente, podrían ser objeto de un debate respecto de su admisibilidad.

Debe pues explicarse los fundamentos de las glosas y ver el fondo del tema.

Esta materia comencé a conocerla por una cuestión de discriminación y de aportes encubiertos a la Universidad de Chile.

Inicialmente, el tema estaba radicado en la Secretaría General de la Presidencia y se había entregado a la Universidad de Chile, expresamente, como una posibilidad a desarrollar por ella.

Este es un convenio que fue celebrado el 28 de Octubre de 1.993, por un Consorcio que involucra a los siguientes países: Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, Canadá, Brasil, Argentina y Chile como país anfitrión. Involucra una inversión de 200 millones de dólares para construir dos telescopios: uno en el cerro Pachón, IV Región, al lado del Tololo, que se convertirá en el más grande del país junto con el de Paranal y, otro, en Hawai. Son telescopios de 8 metros de diámetro.

Este convenio ha sido suscrito por agencias estatales como el National Science Foundation, de Estados Unidos; los Comités Nacionales de Astronomía, de diversos países, y Ministros de distintos Gobiernos.

Cada uno de los signatarios han sido representantes de Estados, en materia de investigación científica y tecnológica.

En Chile, en cambio, en Abril del año en curso, se facultó a la Universidad de Chile para firmar el convenio en representación del país. Pero, luego, el Gobierno cambió de parecer. De la Secretaría General de la Presidencia, el tema pasó al Ministerio de Relaciones Exteriores y, finalmente, terminó en el Ministerio de Educación y, más concretamente, se determinó que Conicyt desarrollara el proyecto propiamente tal.

Al parecerme que estábamos ante un convenio internacional -que requiere aprobación legislativa- se solicitó un informe al respecto a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de la Cámara Alta, básicamente porque, en la práctica, es primera vez que Chile concurre a un convenio para construir un observatorio, aportando dinero. Esto no había ocurrido antes ni con AURA, ni con ESO, ni con ningún proyecto de investigación en materia astronómica en el país. También es primera vez que se adquieren derechos en observatorios extranjeros. Por último, constituimos un ente especial que es este Consorcio de seis países que nos permite participar en el proyecto. Ahora bien, cuando la Universidad de Chile suscribió el convenio y, luego, cuando se involucró en el tema Conicyt, quedó de manifiesto que cualquiera de los dos entes representaba al Estado de Chile. Esto último se advierte, por cuanto el convenio debe ir aparejado de un conjunto de franquicias, de carácter tributario, de inmunidad diplomática y otras. Es indispensable, desde luego, establecer beneficios para que el proyecto resulte viable.

Así pues, estamos en presencia de un convenio internacional que compromete la responsabilidad financiera del Estado. Es este un convenio que por las características del proyecto necesita el otorgamiento de beneficios que sólo el Estado de Chile puede conceder.

En la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, del H. Senado, se aprobó un informe que llegó a la conclusión que de los antecedentes tenidos a la vista aparece de manifiesto que, por un lado, en el proyecto Gémini, Conicyt ha sido considerada por las contrapartes extranjeras como representante del Gobierno de Chile, invitándosele a suscribir el convenio en calidad de tal y, por otro, que si efectivamente hubiere concurrido en tal calidad se habría comprometido directa o indirectamente el crédito o la responsabilidad financiera del Estado o de sus organismos, lo que significa que ésta es una materia de ley, en virtud del artículo 60 N° 8 de la Constitución Política del Estado.

El programa de pagos contemplado en el ítem que estamos aprobando, involucra un aporte aproximado de un millón de dólares, que se estarían pagando durante ocho años continuos. Una vez aprobada la Partida, dicho aporte se transformará en un gasto permanente.

Hay, eso sí, quienes afirman que no se está ante un convenio internacional, sino sólo ante un convenio privado suscrito por Conicyt en pleno ejercicio de sus atribuciones, cuestión que incluso afirmó el Presidente del Directorio de Conicyt, agregando que no se comprometía el patrimonio del Estado. Asimismo, señaló que acompañaría documentos que fundaban sus dichos, los que no han sido recibidos.

En la práctica, Conicyt, como órgano de la Administración Pública, por muy descentralizado que sea, no puede suscribir convenios privados que tengan el efecto de comprometer recursos públicos, que sean distintos de su patrimonio propio, ni tampoco puede desarrollar un proyecto con franquicias tributarias que sólo el Congreso puede otorgar.

Conicyt ha afirmado que las franquicias tributarias no se darán por el Consorcio Gémini, sino que se concederán por otra vía.

Por otra parte, la Universidad de Chile, en cumplimiento de determinadas leyes, suscribirá un convenio con un subcontratista de Gémini, denominado AURA, que administra El Tololo, y a través de dichas leyes, que permiten a la Universidad otorgar estas franquicias, en la práctica tendremos el Consorcio en que participa Conicyt y los demás países y existirán, por otro lado, beneficios tributarios e inmunidad de jurisdicción.

Ahora bien, el artículo 61 de la Constitución Política del Estado, impide al Congreso delegar facultades que inciden en garantías constitucionales o en materias propias de Ley Orgánica Constitucional.

Tengo entendido que lo relativo a inmunidad de jurisdicción es materia de Ley Orgánica Constitucional y tengo la impresión que, además, estamos ante beneficios tributarios que afectan la igualdad ante la ley. Luego, no son materias delegables ni siquiera al Presidente de la República.

Pero más allá de lo anterior, estamos ante materias que inciden en facultades del Congreso. No nos enfrentamos sólo a un proyecto de investigación.

Debe quedar claro que Conicyt no es la Universidad de Chile y, por tanto, no puede otorgar los beneficios que ésta última puede conceder según la ley.

Gémini no es AURA y dichas leyes se establecen para convenios de la Universidad de Chile con AURA y ESO.

Luego, aquí -a través de un subterfugio- dos entes públicos se coluden para impedir al Congreso Nacional ejercer facultades que le son propias.

Cabe destacar que el Tribunal Constitucional resolvió, al analizar la Ley Orgánica de Municipalidades, que los contratos privados entre las municipalidades con otros entes fiscales no pueden implicar delegación de facultades y potestades a los poderes públicos.

Estamos, insisto, ante un convenio internacional que requiere aprobación legislativa. Asimismo Conicyt no puede suscribir un convenio particular.

El Honorable Diputado señor Estévez, haciendo uso de una interrupción, preguntó:

Desde el punto de vista del procedimiento, lo que usted sostiene es que Conicyt no estaría facultado legalmente para suscribir este convenio.

El Honorable Diputado señor Jocelyn-Holt respondió:

Sostengo, al igual que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, del Senado, que esta Partida se podría aprobar con la condición de que los fondos sólo podrían ser objeto de disposición una vez que el convenio internacional pertinente sea aprobado por el Congreso Nacional.

Una de las glosas que propongo en mi indicación dice relación con la exigencia de que se presenten al Congreso los convenios representativos del proyecto Gémini, que nadie conoce.

Si esto es efectivamente un convenio internacional, entonces la glosa es pertinente.

Además, es positivo para la Administración Pública que se discutan los convenios en este Parlamento, en aras de la transparencia necesaria. Sería un mal precedente no discutir esto en el Congreso. Incluso el proyecto Paranal, que no involucra aportes de Chile, será discutido en esta Corporación. Con mayor razón debiera, pues, conocerse por este Parlamento, la materia que nos ocupa.

La naturaleza misma del convenio, significa que este gasto no tiene título actualmente y, entonces, o se salva este problema o se rechaza la Partida.

Estoy cierto que nadie quiere destruir un convenio que reporte beneficios al país. Pero hay que hacerlo como corresponde, porque se trata de un proyecto que está destinado a toda la comunidad científica nacional y no sólo a un sector determinado.

Por otra parte, los problemas que inciden en la segunda glosa, dicen relación con la forma en que se administra el proyecto y entiendo que podrían presentarse dudas de constitucionalidad a su respecto.

Pero siguiendo con nuestro tema, Conicyt si firma debe dar garantías a todo el mundo y no puede delegar su administración. Entonces, ¿por qué las personas que están participando en el Directorio de Gémini representan a la Universidad de Chile y no a Conicyt?

Hay convenios de Conicyt que se han delegado en beneficio de determinadas universidades y en perjuicio de otras. Esto no puede seguir así.

Ahora bien, en cuanto a los derechos de observación -en el convenio- éstos, tienen ciertas peculiaridades. El 5% del tiempo de observación del telescopio chileno se entrega a la astronomía nacional y no tengo dudas de que Conicyt lo administrará bien, lo mismo en Hawai; el 10% de lo que le corresponde al National Science Foundation que se entrega a la astronomía chilena, podría no ser bien administrado, porque hay convenios actualmente vigentes entre dicha entidad y la Universidad de Chile que podrían entorpecer el normal ejercicio de la comunidad científica nacional.

No corresponde que se involucre importante cantidad de recursos y se otorguen beneficios tributarios sin que conozcamos la materia, simplemente, por dársele al convenio el carácter de privado.

Ciertamente, respeto las atribuciones del Ejecutivo, pero las facultades del Parlamento también deben observarse.

El Honorable Diputado señor Estévez expresó:

El tema es complejo, de fondo y no veo cómo podría resolverse en la Comisión de Presupuestos, ya que excede el ámbito de la misma. Ahora bien, obviamente, Conicyt no puede incurrir en actividades ilegales. Quizás podría comunicarse a la Contraloría o al organismo que corresponda, las irregularidades.

Si esto es un tratado internacional, desde luego será materia de conocimiento del Poder Legislativo, pero no podría en este momento dirimirse el punto, agregando una glosa, ya que esta Comisión no tiene atribuciones para pronunciarse en el sentido de determinar si el tema debe ser o no materia de un tratado internacional.

Lo único que cabe hacer es tomar nota de lo expresado por el Honorable Diputado señor Jocelyn-Holt y eventualmente oficiar a la autoridad que se estime pertinente para hacerle ver que podría haber en este asunto una situación irregular. Podría hacerse como Comisión, si se estima que existen los argumentos y la mayoría suficientes para ello, o individualmente los Parlamentarios que lo estimen conveniente.

Haciendo uso de una interrupción, el Honorable Diputado señor Jocelyn-Holt expresó:

Recuerdo que respecto de esta cuestión ya existe un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y, por otra parte, el Congreso Nacional tiene facultades para interpretar las leyes; aun más, es el mejor intérprete de la ley, pues sus interpretaciones, en la práctica, producen efecto. Y en este caso debemos hacerlo porque se nos pide entregar recursos para algo que no tiene título legal alguno, no obstante que los convenios que nuestro país cumple actualmente se sustentan en un tratado marco o en una ley que los sanciona. En cambio, éste es el único que no tiene tratado ni ley que lo autorice.

La Honorable Senadora señora Feliú expresó:

En relación con lo que sostuvo el Honorable Diputado señor Estévez debemos referirnos, en primer lugar, a la competencia del Congreso Nacional para pronunciarse sobre el tema. Sobre esto, no me cabe duda que sí la tiene pues estamos frente a una norma del proyecto de Presupuestos que contempla recursos para un proyecto determinado y, hechas las consultas sobre el mismo, se ha informado que se trata de un convenio suscrito por Conicyt con entidades extranjeras por medio del cual este organismo adquirió el compromiso de aportar más de ocho millones de dólares para la construcción de un observatorio astronómico, y quinientos mil dólares anuales para su mantención. Asimismo, consultada la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, ésta informó que al conocer de la consulta concurrió el Presidente de Conicyt quien hizo presente que mediante este convenio no se comprometía el crédito del Estado de Chile porque Conicyt, no es Estado y que las franquicias, inmunidades y demás beneficios involucrados los otorgaba la Universidad de Chile y no Conicyt.

La verdad es que la primera afirmación -que pareciera referirse más bien al Fisco- es inexacta porque Conicyt es una persona jurídica de derecho público integrante del Estado de Chile, es un Servicio descentralizado cuyo presupuesto se aprueba por ley. Por esto no cabe duda que compromete la responsabilidad del Estado.

Sobre lo segundo, no tengo duda que el convenio es un tratado internacional que debe ser aprobado por el Presidente de la República y por el Congreso Nacional. Este es, creo yo, el punto central del tema, como queda claramente establecido, tanto de los antecedentes aportados por Conicyt como del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En esta perspectiva, no caben sino dos opciones frente a esta materia:

- Aprobar los gastos, pero con sujeción a una glosa que condicione el gasto material de los recursos a la aprobación del tratado internacional correspondiente, o

- No contemplar los recursos, toda vez que no hay aquí ninguna obligación del Estado, y porque no puede admitirse que por la vía de la aprobación de la Ley de Presupuestos se puede obviar la ratificación de un tratado internacional por el Congreso Nacional, en circunstancias de que no ha sido aprobado por el Presidente de la República.

En este asunto hay otro problema -ya planteado por el Honorable Diputado señor Estévez-que es el de las responsabilidades administrativas que genera esta situación irregular. Sin embargo, este punto no corresponde al Congreso tratarlo.

El Honorable Senador señor Gazmuri expresó:

Quiero plantear una cuestión de procedimiento: se está hablando de lo que puede hacer el Congreso Nacional pero, en verdad, corresponde definir cuál es la competencia de la Comisión

Especial de Presupuestos. Yo creo que ésta consiste, básicamente, en aprobar o rechazar los gastos propuestos.

Además, aprobar una glosa, como se ha sugerido, es un riesgo. No me parece razonable crearla, si es dudosa la constitucionalidad del asunto. En esta sede sólo corresponde aprobar o rechazar una proposición de gasto. Si se aprueba, serán otras instancias las que decidirán si se reúnen o no las condiciones de legalidad para poder realizar el gasto.

El Honorable Diputado señor Palma manifestó:

Creo que el tema es complejo y no habitual en nuestras discusiones. Quiero decir también que esta Comisión Especial no es el Congreso mismo, sino que sólo una más de sus Comisiones, al igual que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado o de la Cámara de Diputados. Estas últimas, a su vez, no tienen, en materia de interpretación constitucional, otra autoridad especial que la que les otorga el prestigio de sus miembros; no define la constitucionalidad de una materia en discusión. Esto lo puede hacer el conjunto de la Cámara o del Senado, o el Tribunal Constitucional.

En consecuencia, procede que nosotros nos pronunciemos simplemente sobre la asignación, pero teniendo claro que nuestro pronunciamiento es estrictamente una autorización máxima de gasto y mediante él no se dispone hacer el gasto propiamente tal.

Si más adelante se determina que Conicyt no está autorizada para efectuar el gasto, simplemente no podrá realizar el aporte comprometido, toda vez que Conicyt no puede cometer una ilegalidad, aun cuando el Congreso haya dado la autorización de gasto correspondiente. Además, creo que la ratificación en el futuro de un tratado internacional por parte del Congreso no es óbice para que ahora se otorgue la autorización máxima de gasto.

Por otra parte, no quiero dar una señal a la comunidad científica nacional e internacional en el sentido de que el Congreso Nacional está rechazando el desarrollo del Proyecto Astronómico Gémini, lo que se conseguiría si se rechaza la asignación correspondiente. Por los antecedentes entregados, pienso que se trata de un proyecto científico de gran importancia para el país.

El Honorable Senador señor Mc Intyre expresó:

Creo que esta asignación está ubicada incorrectamente en el proyecto de Presupuestos pues debiera estudiarse en la Partida correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por otro lado, durante el estudio del proyecto científico Paranal se presentaron problemas de orden diplomático, territorial, laboral, tributario y otros. En los demás casos, los proyectos de este tipo se inscriben dentro de un cierto marco, de un tratado internacional y han funcionado muy bien. El único con el que tenemos problemas es con Paranal. Por esto creo que construir el Proyecto Astronómico Gémini sin una base clara y sólida sería un grave error. Por ello, sostengo que debe rechazarse la asignación.

El Honorable Diputado señor Orpis añadió:

Todos los gastos deben fundarse en un título que los justifique. Y este es precisamente el punto que se cuestiona respecto del proyecto Gémini.

Ahora bien, yo estoy de acuerdo en que debe darse una buena señal a la comunidad científica; pero también hay que decirle que debe someterse a la legalidad siguiendo los conductos que corresponden. Ya ha habido problemas con Paranal; ahora estamos frente a otra situación. Sin embargo, la ley debe regir para todas las instituciones y personas, sean nacionales o extranjeras.

Si se cuestiona la asignación referida al proyecto Gémini, debe crearse una glosa para condicionar el gasto a la suscripción de un tratado internacional o, derechamente, rechazarse el gasto por carecer de título, sin perjuicio de las responsabilidades que deben determinarse a través de la Contraloría General de la República u otro órgano que se estime competente.

El Honorable Diputado señor Jocelyn-Holt manifestó:

Concuerdo con el Honorable Diputado señor Palma en el sentido de que no se debe dar una señal equívoca a la comunidad científica. En este sentido soy partidario de aprobar el gasto, pero sujeto a condición. Decidir esto corresponde a la Comisión Especial, porque no incide en facultades de administración, sino que simplemente reitera una materia que está en disputa. Si nosotros no lo hiciéramos, hay personas dentro de la Administración que creen que dos servicios públicos pueden suscribir estos contratos y surtir ellos sus efectos.

La Contraloría General de la República no revisará estos contratos, pues verá que en la práctica tienen respaldo legal. Al ver esta Partida observará que el gasto está autorizado y por lo tanto no lo objetará ni formulará ninguna otra consideración.

Entonces, el punto aquí es que si autorizamos el gasto los entes fiscalizadores interpretarán que nosotros estamos aprobando el convenio, aunque no lo hayamos conocido. Por esto sugiero que el Presidente de la República presente el convenio al Congreso Nacional (podría hacerlo con trámite de suma urgencia) para que lo conozcamos, así como lo hará con el referido al proyecto Paranal, sobre todo si consideramos que en el proyecto Gémini hay recursos financieros involucrados. Por último, quiero plantear que, como lo afirmó ya la Comisión de Constitución del Senado, un servicio público descentralizado no puede válidamente comprometer el patrimonio fiscal a ocho años plazo. Si así lo hiciera, el Estado tendría que asumir la responsabilidad contractual correspondiente. Si en esta ocasión aprobamos la asignación, se tendría que actuar de igual forma en los próximos años.

La Honorable Senadora señora Feliú dijo:

Quiero plantear que si esta asignación no se aprueba con una glosa plantearé formalmente cuestión de constitucionalidad, porque, a mi juicio, la Ley de Presupuestos contemplaría cumplir un gasto que nace de un convenio internacional que no ha cumplido con las condiciones que establece el artículo 32, N° 17 de la Carta Fundamental y que viola, además, el artículo 60, N° 8, de la misma Carta.

El Honorable Diputado señor Huenchumilla dijo:

Estimo difícil participar a fondo en un asunto que se viene conociendo recién. Pero me parece que -tomando como base el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado- hay, a lo menos, dos puntos claros. El primero, es que mediante la Ley de Presupuestos estamos autorizando un máximo de gasto; pero esa autorización está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones al realizarse posteriormente ese gasto. Quiero señalar también que el título para realizar todo gasto es la ley, y en este caso será la Ley de Presupuestos que -después de tramitarse completamente- será una norma legal obligatoria.

En la etapa posterior, cuando deba hacerse efectivo el gasto, éste deberá sujetarse al principio de la legalidad, de tal manera que la autorización dada mediante la ley de Presupuestos supone el cumplimiento de requisitos, como puede ser la existencia de un tratado aprobado por el Congreso Nacional.

Por otro lado, quiero hacer presente que en nuestro país rige, como ley de la República, la Convención de Viena -que, al parecer, la Comisión de Constitución del Senado no tuvo a la vista- que señala lo que se entiende por tratados, precisando que éstos son convenios suscritos entre Estados. Por lo tanto, me parece que, en un examen más exhaustivo del asunto, llegaríamos a la conclusión de que esto no sería un tratado propiamente tal. Por estas consideraciones y no obstante las fundadas alegaciones sostenidas en este debate, me pronuncio favorablemente respecto de esta asignación.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) manifestó:

Quiero dar una opinión en el sentido de que, de acuerdo al artículo 32, N° 17, de la Constitución Política, el único autorizado para suscribir tratados es el Presidente de la República, quien cuenta con esta facultad en forma exclusiva. Por lo tanto, el hecho de que el documento en debate sea un tratado, no es un tema clarificado y lo único que debemos hacer es autorizar un gasto que, como se ha sostenido, tendrá que ser calificado en su legalidad por la autoridad pertinente. Desde el momento que el Presidente de la República firme el decreto que dispone el traspaso de recursos a la institución correspondiente -lo que deberá hacer más adelante según la Ley de Presupuestos- las partes afectadas podrán reclamar. La Comisión Especial de Presupuestos no tiene los elementos para decidir mediante una glosa, si estamos frente a un tratado o no. Puede ser sólo un convenio celebrado por una institución que pertenece al Estado, pero que no tiene el rango de tratado. La Universidad de Chile, como otras instituciones, celebra convenios con otras universidades.

Como Presidente de la Comisión Especial propongo concretamente que primero nos pronunciemos sobre el gasto y luego sobre las indicaciones presentadas por el Diputado Jocelyn-Holt, que determinan o condicionan ese egreso.

El Honorable Diputado señor Jocelyn-Holt expresó:

Sugiero que se haga al revés, es decir, votar primero las indicaciones y luego la autorización de gasto, porque tengo la impresión de que la única manera de aprobar el gasto es sujetándolo al cumplimiento de ciertas condiciones. Pienso que los Parlamentarios tendremos posiciones distintas frente a la aprobación del gasto después de conocer la decisión que se tome sobre la glosa que a él se refiera.

El Honorable Senador señor Gazmuri manifestó:

Estimo que el procedimiento correcto es aprobar primero el ítem y después la glosa; no me parece razonable aprobar una glosa antes que un ítem. Además, cada Parlamentario votará según su recto parecer y, en todo caso, no se pueden votar las dos cosas juntas.

El Honorable Diputado señor Orpis dijo:

Me parece pertinente la discusión porque, según los antecedentes entregados por el Diputado Jocelyn-Holt, este es un convenio entre Estados que, sin embargo, no se ha sometido a la tramitación propia de dichos instrumentos, pero, por otra parte se han aportado también antecedentes que demostrarían que este convenio no se celebró entre Estados, por lo que adquieren mayor fuerza las glosas propuestas en las indicaciones.

La Honorable Senadora señora Feliú reiteró:

Dejo constancia expresa de que planteo formalmente cuestión de constitucionalidad respecto de este gasto, en los términos en que lo he señalado y, por consiguiente, lo rechazo.

El Honorable Diputado señor Orpis dijo:

Propongo que se vote en conjunto el ítem y la glosa.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente), expresó:

Tengo una objeción de constitucionalidad abierta y clara sobre la segunda glosa y tengo dudas sobre la primera de ellas.

El señor Director de Presupuestos expresó:

Estimo que si es inconstitucional el operar sin que se envíe al Congreso un tratado para su aprobación, no se puede efectuar ningún gasto aunque la Comisión Especial o el Congreso mismo aprueben el gasto. Después de oír el debate que se ha producido sobre esta materia, conversaré con las autoridades competentes para que aclaren la controversia planteada y se formulen las consultas que sean pertinentes.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) añadió:

Me parece que habiéndose puesto en duda la legalidad del gasto, las autoridades habrán de adoptar las precauciones necesarias para no hacer un egreso que no corresponda, aunque fuera autorizado por la Ley de Presupuestos.

La Honorable Senadora señora Feliú replicó:

Me pregunto quién lo va a declarar, si se trata de una inconstitucionalidad de la ley.

El Honorable Diputado Jocelyn-Holt añadió:

Nadie lo hará, por una razón muy simple: hay tres comunidades científicas, distintas de la Universidad de Chile, que han tenido interés en este punto, que son la Universidad del Norte, la Católica de Chile y la de Santiago. Ninguna busca entrar en conflicto con las entidades involucradas en este asunto.

Por otra parte discrepo de lo sostenido por el señor Director de Presupuestos, pues en la actualidad se están realizando gastos en este proyecto.

El Honorable Senador señor Gazmuri agregó:

No está clara la cuestión. En efecto, si se aprueba el gasto deben hacerse posteriormente algunas clarificaciones indispensables. En cambio, si se rechaza el gasto ello implicaría, como se ha señalado, dar una señal negativa hacia la comunidad científica. Me pregunto, entonces, si antes del despacho completo de la ley se pueden hacer esas clarificaciones pendientes.

El Honorable Diputado señor Estévez manifestó:

Creo que no puede votarse una glosa que diga que el gasto debe hacerse conforme a la ley porque, así formulada, resulta ser un requisito redundante. Me parece que si uno cree que hay ilegalidades debe rechazar la asignación, y viceversa.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) expresó:

Estoy de acuerdo con el Honorable Diputado señor Estévez. Creo que debe votarse la asignación primeramente.

Respecto de las indicaciones, ya he señalado que tengo clara convicción de inconstitucionalidad respecto de la segunda glosa y que tengo una duda, que me ha sido planteada por otros señores Parlamentarios, en cuanto a la primera de ellas, porque tengo la impresión de que mediante esa glosa estamos legislando en el sentido de dar carácter de tratado a algo que no sabemos efectivamente si lo es o no.

Por esto, planteo concretamente: primero votaremos la asignación.

Puesta en votación la asignación 012 (Proyecto Astronómico Gémini), ella arrojó el siguiente resultado: por la aprobación, 6 votos; por el rechazo, 7 votos; y 4 abstenciones.

Por influir las abstenciones en el resultado, se repitió la votación, resultando 8 votos por la afirmativa; 7 por la negativa; y 1 abstención.

Conforme al artículo 178 del Reglamento del Honorable Senado la abstención a la mayoría, la asignación resultó aprobada por 9 votos a favor y 7, en contra.

Como se ha expresado reiteradamente durante el debate, el Honorable Diputado señor Tomás Jocelyn-Holt presentó dos indicaciones al Capítulo 08, Programa 01, ítem 25.31.012 (Proyecto Astronómico Gémini). En la fundamentación de sus indicaciones, el señor Diputado expresa: "he hecho ver en la Subcomisión respectiva, así como a las autoridades, que el proyecto mencionado es un convenio que reviste las características de un verdadero tratado internacional, que debió haber sido aprobado por el Congreso Nacional antes de generar el aporte presupuestario correspondiente. Las indicaciones dicen relación con la necesidad de que se cumplan los trámites constitucionales y que el proyecto sea administrado de una manera equitativa para toda la comunidad científica nacional." A continuación agrega: "este es el primer telescopio que se instala en Chile con capitales de los contribuyentes chilenos, por lo que nuestras decisiones marcarán un precedente hacia el futuro. Por lo demás, es la primera oportunidad que el Congreso Nacional tiene para conocer los convenios constitutivos del Proyecto mencionado y podrá ser la única ocasión para pronunciarse sobre ellos.". El texto de las indicaciones es el siguiente:

"I. Agregar una glosa 05-A al ítem 25.31.012.

"Los montos de los recursos asignados al proyecto con cargo a este ítem, sólo podrán liberarse previa aprobación por el Congreso Nacional de los instrumentos representativos del Proyecto, en conformidad al artículo 50 N° 1 de la Constitución Política del Estado".

"II. Agregar una glosa 05-B al ítem 25.31.012.

"La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica no podrá delegar su representación ante la agencia ejecutiva, el directorio, el comité de ciencias del Proyecto, el comité que asigne el tiempo de observación entre diversos proyectos de investigación y/o cualquier otro ente dependiente del Proyecto Gémini en la cual la parte chilena le corresponda integrar en conformidad a los convenios y normativas que rigen el proyecto mencionado.

La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica deberá garantizar el acceso equitativo e igualitario de toda la comunidad científica nacional al uso del tiempo de observación garantizado a la astronomía chilena, ya sea como tal o al tiempo adicionalmente cedido a Chile por el National Science Foundation, como reconocimiento a nuestra contribución como país anfitrión del Proyecto "Gemini South". Igual acceso equitativo e igualitario deberá garantizar a la comunidad científica nacional para el uso del tiempo de observación garantizada a la parte chilena, tratándose del segundo telescopio de 8 metros ubicado en Mauna Kea, Hawaii, Estados Unidos de Norteamérica, también conocido como el Proyecto "Gemini North". La distribución del tiempo de observación que le corresponde a la parte chilena se hará mediante concurso de proyectos de investigación, abierto, a lo menos, a toda la comunidad científica nacional.

La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica deberá procurar que las contrataciones para la construcción de equipos para el Proyecto Gémini que se haga dentro del país, sean efectuadas previa licitación pública".

El Honorable Diputado señor Jocelyn-Holt expresó:

No entiendo cuál es la causal de inadmisibilidad que se plantea.

En Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente), aclaró:

No he planteado la inadmisiblidad. Sólo tengo dudas.

El Honorable Senador señor Gazmuri manifestó:

No sé si es inadmisible. Creo que es relativamente improcedente. No me siento en condiciones de votar, porque no se sabe si estamos frente a un tratado o a un instrumento de otro tipo; no se ha hecho la discusión pertinente para decidir ese asunto.

El Honorable Diputado señor Jocelyn-Holt expresó:

Una Comisión -la de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento del Senado- se ha abocado a conocer este asunto en profundidad y ha dicho que la glosa es procedente y que no afecta facultades del Ejecutivo, sino que las hace más transparentes, y que ayuda a la eficacia del acuerdo.

El Honorable Diputado señor Arancibia expresó:

Hay que distinguir tres cosas:

Si está en duda la constitucionalidad, no veo cómo pueda aprobarse una glosa que tiene otro alcance. O se pone una glosa que condicione las constitucionalidad de los instrumentos o de las bases de este gasto o, lisa y llanamente, como lo hace la glosa en discusión, se sujeta el gasto a una tramitación del convenio como tratado internacional.

El Honorable Diputado señor Jocelyn-Holt explicó:

Hay un gasto en la Ley de Presupuestos que efectivamente no tiene respaldo legal y no ha merecido ningún reparo, salvo del Senador Piñera, que corresponden a los recursos contemplados para las bonificaciones forestales. Estos gastos no tienen título pues la ley que los consagra pierde su vigencia en un futuro muy cercano. Todos entienden que ese cuerpo legal será prorrogado y tengo entendido que la asignación supone la prórroga.

En el caso que nos ocupa, sin embargo, esto no es una autorización máxima de gastos. Lo va a interpretar la Contraloría, y cualquiera, como una aprobación del gasto y no como una autorización máxima de gasto. Esto supone condicionarlo.

La Honorable Senadora señora Feliú expresó:

En relación con la asignación que se ha aprobado, sólo la Corte Suprema podría declarar la inconstitucionalidad de la ley. El Director de Presupuestos tendrá que entregar los recursos y la Contraloría deberá aprobar el gasto que se haga, porque se contemplará en esta Ley de Presupuestos. El problema que aquí se genera es el de inconstitucionalidad de esta ley, en cuanto otorga recursos a un convenio que no ha cumplido con sus trámites.

En cuanto a la glosa, ésta no sanea ninguna inconstitucionalidad. La glosa deja acorde el gasto aprobado con la Constitución, porque establece que los recursos se podrán liberar si hay aprobación de un tratado en los términos del artículo 50, N° 1, de la Constitución, estando la glosa, en consecuencia, de acuerdo a la Constitución y, a mi juicio, es perfectamente constitucional si la asignación se aprobó.

Puesta en votación la primera parte de la indicación formulada por el Honorable Diputado señor Tomás Jocelyn-Holt (que propone agregar una glosa, nueva, al ítem 25-31 - 012), ella fue aprobada con 9 votos a favor; 7, en contra; y 1 abstención.

NOTA: La glosa aprobada pasó a tener el número 11.

A continuación, el Honorable Diputado señor Jocelyn-Holt retiró la segunda parte de su indicación, que -como se ha transcrito- proponía una segunda glosa, nueva.

Vuestra Comisión Especial Mixta, por unanimidad, aprobó el resto de la Partida, en la forma propuesta por la Cuarta Subcomisión y con las enmiendas ya reseñadas.

PARTIDA 10.

MINISTERIO DE JUSTICIA.

Esta partida fue estudiada por la Tercera Subcomisión, la que aprobó, sin enmiendas, los Capítulos 01 (Secretaría y Administración General), 03 (Servicio Médico Legal), 04 (Gendarmería de Chile) y 05 (Fiscalía Nacional de Quiebras).

Asimismo, dicha Subcomisión aprobó los Capítulos 02 y 07, con las enmiendas que a continuación se indican:

Capítulo 02.

Servicio de Registro Civil e Identificación.

Aprobó este Capítulo, con las siguientes enmiendas:

a) Efectuó las siguientes modificaciones en la glosa 02, del Subtítulo 21 (Gastos en personal):

1.- En su letra A) (Dotación Máxima de Personal), incorporó el siguiente párrafo final:

"Se podrá contratar personal de reemplazo hasta por un monto de 26.800 miles, en aquellos casos que, por cualquier razón, funcionarios a contrata se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por un período superior a 15 días. Dichas contrataciones no se imputarán a la dotación máxima de personal establecida en esta glosa.", y

2.- En su letra D) (Convenios con Personas Naturales), sustituyó la cantidad de "309.473" por la de "282.673";

b) Reemplazó la denominación de la asignación 004 (Registro Nacional de Donación de Organos), del ítem 31 (Transferencias al sector privado), del Subtítulo 25 (Transferencias corrientes), por la siguiente: "Programa de Registros Especiales Creados por Ley".

Capítulo 07.

Servicio Nacional de Menores.

Programa 01.

Servicio Nacional de Menores.

Aprobó este Capítulo, con las siguientes enmiendas:

a) En el Subtítulo 25 (Transferencias al sector privado), creó la siguiente asignación 004:

"004.- Aplicación artículo 3°, N° 12, D.L. 2.465, de 1979" con "54.500" miles de pesos, y

b) En el mismo Subtítulo 25, ítem 32 (Transferencias a organismos del sector público), asignación 001 (Programa de administración directa y proyectos nacionales), sustituyó "4.031.675" por "3.977.175".

Programa 02.

Programa de Administración Directa y Proyectos Nacionales.

Introdujo las siguientes modificaciones:

a) En el Subtítulo 6 (Transferencias), ítem 62 (De otros organismos del sector público), asignación 001 (Servicio Nacional de Menores), sustituyó "4.031.675" por "3.977.175", y

b) En el Subtítulo 25 (Transferencias corrientes), ítem 31 (Transferencias al sector privado), suprimió la asignación 002 (Aplicación artículo 3°, N° 12, D.L. 2.465, de 1979) y su monto.

Finalmente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó, por unanimidad, esta Partida, en los mismos términos en que lo hizo la aludida Tercera Subcomisión.

PARTIDA 11.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

Esta Partida fue estudiada por la Segunda Subcomisión, la que la aprobó, con las siguientes modificaciones:

Capítulo 02.

Subsecretaría de Marina.

Programa 01.

Armada de Chile.

En el Subtítulo 09 (Aporte Fiscal), sustituyó la cifra "95.169.843" por "95.618.589" e igualmente en su ítem 91.

En el Subtítulo 31 (Inversión Real): En el ítem 74 (Inversiones no Regionalizables), sustituyó la cantidad "3.234.933" por "3.683.679".

El Honorable Diputado señor Harry Jürgensen presentó dos indicaciones referidas al Capítulo 01 (Subsecretaría de Guerra), Programa 01 (Conducción Superior). La fiíndamentación de estas indicaciones dice: "dentro del capítulo de la Subsecretaría de Guerra en el programa relativo a la Conducción Superior, se vienen asignando recursos por un monto de 38 millones para gastos en personal y 152 millones para contratar asesorías, destinadas, según se expresó durante la discusión de este proyecto de ley, a asesorar a la Subsecretaría en cuestiones de políticas de defensa.

Dado que el Ejército y las distintas ramas de las Fuerzas Armadas cuentan con personal especializado en materia de políticas de defensa, personal que se encuentra ya financiado y disponible, para colaborar con la Subsecretaría en estas materias; no existe razón alguna para contratar otro tipo de asesoría externa, que implica un mayor gasto y distracción de recursos que pueden destinarse a otras áreas e incluso a ahorro. Por esta razón se propone rebajar del presupuesto los montos asignados a la contratación de estas asesorías".

El texto de las indicaciones presentadas por el Diputado señor Harry Jürgensen es el siguiente:

I. "Para sustituir en la partida 11, capítulo 01 programa 01, subtítulo 21, el monto asignado a "Gastos en personal" la suma de "M.$. 415.163" por "M.$. 377.163".".

II. "Para sustituir en la partida 11, capítulo 01 programa 01, subtítulo 22, el monto asignado a "Bienes y Servicios de Consumo" la suma de "M.$.566.063" por "M.$. 414.063".". Al iniciarse el debate de esta Partida, el Honorable Diputado señor García Ruminot expresó:

Deseo referirme a la Dirección General de Deportes y Recreación. En la página 45 del folleto respectivo, está la inversión en cada una de las Regiones del país. Quisiera conocer alguna explicación sobre cuál es el motivo de que la inversión de dicha Dirección se encuentre manifiestamente concentrada en la Región Metropolitana. Si se observan las cifras, la Primera Región tiene una inversión de 21 millones de pesos; la Segunda, 38 millones la Tercera, 33; millones; la Cuarta, 10 millones; la Quinta, 5 millones; la Sexta; 27 millones; la Octava, 16, millones; la Novena, 25 millones; la Duodécima, 21 millones. La inversión en la Región Metropolitana es de 1.142 millones de pesos. Quisiera conocer una explicación antes de proceder a la votación de esta repartición.

Respondió el Honorable Senador señor Frei, quien dijo:

La explicación que dio la Dirección de Deportes y Recreación fue que se está terminando el Centro de Alto Rendimiento de Santiago y, a partir del próximo año, y por seis años, se empieza a invertir en cada una de las Regiones, con centros de alto rendimiento, iguales a los que se están haciendo en Santiago. Quedó estampado en el acta de la Subcomisión que el programa de dicha Dirección para el próximo año comienza con esas mismas inversiones que se hicieron en Santiago en cada una de las Regiones.

El Honorable Senador señor Gazmuri consultó:

¿Por qué en estas inversiones en Regiones no se considera a la Séptima Región?

El Honorable Senador señor Frei respondió:

En la Inversión Sectorial de Asignación Regional y en la Inversión en Región, sumadas, está también incluida la Séptima Región, pero está en otro rubro. La cantidad que está en esa Región es exactamente de 127 millones de pesos, en total. Si así lo desea la Comisión, puedo entregar las cifras por Región, según la información que se entregó en la Subcomisión:

En la primera, son 97 millones;

En la Segunda, son 103 millones;

En la Tercera, son 97 millones;

En la Cuarta, son 118 millones;

En la Quinta, son 139 millones;

En la Sexta, son 107 millones;

En la Séptima, son 127 millones;

En la Octava, son 191 millones;

En la Novena, son 187 millones, y

En la Duodécima, son 142 millones.

El señor Director de Presupuestos agregó:

Tal como se ha indicado en esta Comisión, hay transferencias a recursos de inversiones en las Regiones, en distintos ítems. Entre éstos está la Inversión Sectorial de Asignación Regional que aparece descrita en la Página 44. En relación a la Inversión Real, a la que se refirió el Honorable Senador señor Gazmuri, que aparece detallada en la página 45, no se tomó en cuenta lo que aparece como Inversión Sectorial de Asignación Regional. Además, hay una cantidad de recursos que aparecen como programas, que están definidos en los ítems de la página 43, que también en la cifra que señalaba el Honorable Senador señor Frei, están regionalizados. Por esta razón los totales corresponden, aunque ahí aparecen, detallados. La información que se dio en la Subcomisión es más completa que la que se dió en esta Comisión.

A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor Estévez, quien dijo:

Estaba esperando que terminara el debate acerca del deporte, que creo que es extremadamente importante, pero que no es el único punto relevante que hay en la Partida del Ministerio de Defensa Nacional.

Quiero señalar que me ha llamado la atención, y me imagino que habrá alguna explicación, la objeción que se ha hecho respecto de la Presidencia de la República y que no se hace en este Ministerio. Me parece absurdo producir una especie de competencia entre las funciones de los organismos, pero no puedo dejar de señalar mi más absoluta protesta por la discriminación con que se tratan las Partidas. Parece que es evidente para cualquier Parlamentario, sea electo o designado, que la Presidencia de la República es un organismo que, al menos como la Comandancia en Jefe del Ejército, requiere para su buen funcionamiento, tener gastos reservados. Me parece increíble, por lo que espero que exista una explicación, que un conjunto de Parlamentarios pueda argumentar con tanta fuerza que esto es contrario a las normas y a las tradiciones, olvidando quizás no sé qué normas y tradiciones, porque, en otros períodos, éstas no estuvieron puestas encima de la mesa, y que, luego, se produzca una tan evidente discriminación, como para no repetir sus argumentos ahora, aquí, en cada una de las Partidas en que vienen estos gastos reservados.

Pienso que es un mal terreno. Creo que esta Comisión empezó este año mal. Existe un mal ambiente. Hay una situación en que se pierden las ponderaciones necesarias para juzgar las Partidas. Evidentemente, quienes somos Parlamentarios de Gobierno no vamos a seguir en el intento de crear un clima de estéril polarización, ni vamos a estar presentando indicaciones de este tipo. Cuando en la Subsecretaría de Guerra se busca tener una asesoría jurídica, entonces, inmediatamente, se plantea su inconveniencia. En cambio, frente a otros aspectos, no se aplica el mismo criterio. Aquí no se está en una colisión entre civiles y militares. Estamos en un país que vivió un largo período de dictadura militar, pero que está ahora en democracia. Por ello, me parece impropio para el ambiente político, y, además, un juego, al menos estéril, empezar a intentar crear climas inadecuados en estas cosas. Todos tenemos una responsabilidad en la conducción del país, tanto los Parlamentarios de Gobierno como los de Oposición. Tratamos con responsabilidad las Partidas que dicen relación con la Defensa Nacional, pero me parece que ha sido poco responsable el criterio para tratar Partidas como la Presidencia de la República. Parece una cosa mezquina lo que ha sido planteado, como también me parece mezquino, y lo digo con todo respeto por el Honorable Diputado señor Jürgensen, presentar una indicación para restarle asesoría jurídica al Ministro de Defensa. Creo que es un mal camino.

El Honorable Diputado señor Jürgensen replicó:

Quisiera decirle al Honorable Diputado señor Estévez que los gastos reservados del Ministerio de Defensa, o sea, de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas son fijadas por el Ministerio de Hacienda. Las explicaciones recibidas en su oportunidad, fueron convincentes, en el sentido que se refieren a situaciones de inteligencia, y, por lo tanto, tampoco se pretendía, ni siquiera dar a conocer las cifras, porque tampoco se conocen con exactitud, ni se pueden dar a conocer.

Cuando se trató el mismo tema en la Partida del Ministerio Secretaría General de Gobierno, -habíamos tratado el tema con anterioridad-, nos dimos cuenta de que ese Ministerio, como en la Secretaría General de la Presidencia y en la Presidencia de la República, los gastos no necesariamente tienen que ser todos reservados. Pero estimé que, efectivamente, en la Presidencia deben existir gastos reservados, como así también en la Secretaría General de la Presidencia, pero que perfectamente podían ser reservados con un control detallado, mínimo. Eso es lo que se pretendía con la presentación de esta indicación.

A continuación, usó de la palabra el Honorable Diputado señor Palma, quien dijo:

Hice una intervención por declarar inadmisible la indicación del Honorable Diputado señor Jürgensen sobre los gastos reservados de la Presidencia de la República. Comparto las apreciaciones del Honorable Diputado señor Estévez, ya que me parece que hay que ser coherente. Si un gasto reservado se puede rendir de manera detallada, entonces todos los gastos reservados se pueden rendir de esta forma. Me parece que un gasto de esta naturaleza que se rinde detalladamente, deja de tener tal calidad. El propósito obvio de un gasto reservado es que se pueda rendir globalmente, para que haya reserva efectiva y total sobre lo que se hace con esos recursos. A lo largo de la historia se ha entendido que el Presidente de la República -que es el Jefe del Estado, el Comandante Superior de las Fuerzas Armadas en caso de conflicto bélico, quien conduce todas las políticas, también la de Defensa y la de Relaciones Exteriores, tiene derecho a tener gastos reservados, me parece absurdo que se le pida que deba rendir de manera detallada aquellos escasos recursos que tiene para gastar de esa manera, por lo que me parece desproporcionada la actitud de presentar indicaciones para que algunos gastos que se rindan detalladamente y otros no, porque, si son reservados, tienen todos la misma característica.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Mc Intyre expresó:

Deseo hacerme cargo de algunas observaciones que hizo el Honorable Diputado señor Estévez. El tema es bien delicado, debiendo demostrarse la mejor voluntad y un buen entendimiento entre las personas que hemos tenido alguna experiencia en las Fuerzas Armadas y, como él dice, los políticos. Creo que tiene toda la razón.

La observación que se hacía respecto de esta asesoría que requiere el Ministro de Defensa Nacional, es que hay determinadas áreas en que él iba a tener una asesoría, y en las que realmente la necesita, pero que él trabaja con el Estado Mayor de la Defensa Nacional, donde hay un Oficial General, que es un gran asesor.

El problema que se presenta, es que con mucha facilidad la asesoría del Ministro será diez veces superior a la del Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Siempre este Organismo ha aspirado a tener a alguien muy experto en política exterior, y no lo tiene. Ha solicitado que sea una persona con rango de Embajador, y no se le ha podido proporcionar. En la parte económica, organizó un sistema bastante bueno, pero se fue desperfilando, por razones de sueldo, de capacidad económica.

Entonces el problema no es tanto de no dar asesoría al Ministro, sino que se presenta un problema de desequilibrio.

Tengo entendido que respecto de esta observación que hicimos hay un acuerdo. El Jefe del Estado Mayor con el Ministro se entienden bien, y se están entendiendo tal vez mejor que nosotros. Así creo que esa observación quedaría resuelta.

El Honorable Senador señor Frei expresó al respecto:

Quiero aclarar una situación. La indicación que se ha presentado acerca de los gastos reservados de la Presidencia de la República aquí en la Comisión, no se presentó en la Subcomisión, siendo estos gastos aprobados por unanimidad en esa instancia, incluido el voto del Honorable Diputado señor Jürgensen. Debe tenerse presente que esta discusión no existió en la Subcomisión, ya que dicho Honorable señor Diputado aprobó estos gastos reservados.

Con respecto a la solicitud del Ministro de Defensa de tener asesores jurídicos y solicitar en la Partida de la Subsecretaría de Guerra la posibilidad de contratar algunos asesores, fue discutida en la Subcomisión y fue atendible para ella, ya que resulta lógico que un Ministro de Estado tenga la posibilidad de contar con asesores directos de su confianza; lo que no significa que todos los asesores militares no sean de su confianza. Trabaja con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y con los ayudantes que le proporcionan las distintas ramas, pero el Ministro tiene derecho a tener, y es legítimo que los tenga, asesores jurídicos. Hoy trabaja prácticamente solo, con un jefe de gabinete, y tampoco cuenta con recursos para pagarle. Esa es la petición que está haciendo el Ministro, y por eso fue aprobada en la Subcomisión.

El Honorable Diputado señor Tuma manifestó:

En relación a la Partida del Ministerio de Defensa, existe una exacta similitud entre los fondos que se destinan al carbón, a ENACAR, y los recursos que se están entregando en el subtítulo 25, en Transferencias corrientes, en el ítem 33.029, que contempla un aporte para FAMAE de 1.136 millones de pesos. El señor Subsecretario de Guerra explica que también esa entidad no produce utilidades, sino que más bien pérdidas.

Quisiera aprobar esta Partida con la sugerencia de que la Comisión pudiera tener el mismo tratamiento que vamos a aprobar para FAMAE, con ENACAR. Que el próximo año ninguna de ellas pueda pedir recursos adicionales, porque no tiene ninguna justificación que sigamos subsidiando empresas que trabajan a pérdida.

El Honorable Senador Frei indicó:

Efectivamente, la Subcomisión tuvo la misma opinión de lo que está planteando el Honorable Diputado señor Tuma, y se aprobó la asignación de los recursos a FAMAE en el entendido de que su Directorio tenía que tomar las medidas necesarias para que, en el próximo año, no se le otorgaran recursos en la Ley de Presupuestos, de asignación fiscal.

El Honorable Senador señor Estévez expresó:

Discrepo de esa observación de la Comisión, y si se va a entender que es un acuerdo, solicito que se ponga en votación, porque el caso de ENACAR es distinto del de FAMAE. Así, sin mayor información, no me parece que sea un requisito esencial que FAMAE siempre tenga que tener utilidades, ya que estas empresas tienen otras misiones en los países, y perfectamente pueden tener pérdidas.

Me imagino que los integrantes de la Subcomisión analizaron este punto y por eso está siendo propuesto. Así, simplemente, como línea de principio, pienso que FAMAE puede tener pérdidas durante muchos años e igualmente ser útil para el país, porque el beneficio económico de tener esta empresa funcionando, y para qué decir en materias de seguridad nacional, puede ser superior a las pérdidas que esté generando.

El Honorable Senador señor Frei agregó:

Efectivamente tiene razón lo que dice el Honorable Diputado señor Estévez. Pero lo que sucede es que el Subsecretario de Guerra es Director de esta entidad, y explicó que el Directorio de FAMAE está también en la política de bajar el déficit fiscal que permanentemente tiene, año a año.

Por esto explicó a la Comisión que tomar este acuerdo ayudaba a la política en que estaba el Directorio de la Empresa, para que el aporte fiscal no fuera incrementándose año a año, porque no había habido un manejo eficiente de parte de ella.

Sometida a votación, la indicación fue rechazada por 15 votos contra; 4, a favor; y 1 abstención.

A continuación, vuestra Comisión Especial Mixta, aprobó, unánimemente, esta Partida, en la forma propuesta por la Subcomisión.

PARTIDA 12.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.

Esta Partida fue estudiada por la Quinta Subcomisión, la que aprobó, sin modificaciones y por unanimidad el Capítulo 01 (Secretaría y Administración General); los Programas 01 (Administración y Ejecución de Obras Públicas), 04 (Dirección de Vialidad), 07 (Dirección de Aeropuertos) del Capítulo 02 (Dirección General de Obras Públicas) y los Capítulos 05 (Instituto Nacional de Hidráulica) y 07 (Superintendencia de Servicios Sanitarios).

Esta Subcomisión, asimismo, aprobó, con modificaciones, lo que se indica a continuación:

En el Capítulo 02 (Dirección General de Obras Públicas), el programa 02 (Dirección de Arquitectura), fue aprobado unánimemente, con una sola enmienda consistente en agregar a la letra A) de la glosa 02, el siguiente párrafo:

"No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 9° de la ley N° 18.834, respecto de los empleos a contrata, incluidos en esta dotación. En ningún caso, la exención prevista en esta glosa permite exceder el gasto total autorizado para el pago de remuneraciones de la dotación máxima de personal.".

En el mismo Capítulo 02 (Dirección General de Obras Públicas), el Programa 03 (Dirección de Riego), fue aprobado por unanimidad, con una sola enmienda, consistente en agregar a la letra A) de la glosa 02 el siguiente párrafo:

"No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 9° de la ley N° 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación. En ningún caso, la exención prevista en esta glosa permite exceder el gasto total autorizado para el pago de remuneraciones de la dotación máxima de personal.".

Asimismo, en el Capítulo 02 (Dirección General de Obras Públicas), el Programa 06 (Dirección de Obras Portuarias), fue aprobado por unanimidad con una sola enmienda, consistente en agregar a la letra A) de la glosa 02 el siguiente párrafo:

"No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 9° de la ley N° 18.834, respecto de los empleos a contrata, incluidos en esta dotación. En ningún caso, la exención prevista en esta glosa permite exceder el gasto total autorizado para el pago de remuneraciones de la dotación máxima de personal.".

El Capítulo 04 (Dirección General de Aguas) fue aprobado unánimemente, con una enmienda, consistente en agregar a la letra A) de la glosa 0.2, el siguiente párrafo: "No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 9° de la ley N° 18.834, respecto de los empleos a contrata, incluidos en esta dotación. En ningún caso, la exención prevista en esta glosa permite exceder el gasto total autorizado para el pago de remuneraciones de la dotación máxima de personal.".

El Honorable Diputado señor Jaime Orpis presentó dos indicaciones cuyo tenor es el siguiente:

I. "Para rebajar, en la partida 12, Ministerio de Obras públicas, Capítulo 02, Dirección General de Obras Públicas, Programa 01, Administración y Ejecución de Obras Públicas, el ítem 33.85.001, Empresa de Obras Sanitarias, de la cifra en moneda nacional de $ 3.488.000.000.- a la cifra de $ 10.000.".

II. "Para rebajar, en la Partida 12, Ministerio de Obras Públicas, Capítulo 02, Dirección General de Obras Públicas, Programa 01, Administración y Ejecución de Obras públicas, el ítem 33.85.002, Empresa Metro S.A., de la cifra en moneda nacional de $ 39.744.670.000.- a la cifra de $ 10.000.".

Ambas indicaciones fueron retiradas por su autor.

PARTIDA 13.

MINISTERIO DE AGRICULTURA.

Esta partida fue estudiada por la Quinta Subcomisión, la que aprobó, sin enmiendas, los Capítulos 01 (Subsecretaría de Agricultura) y 02 (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias).

En lo que respecta a los restantes Capítulos, los cambios aprobados por la Subcomisión se detallan a continuación:

Capítulo 03.

Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Aprobó este Capítulo, con las siguientes enmiendas:

a) En el Subtítulo 09, (Aporte Fiscal) reemplazó "20.591.385" por "22.291.385", y en el ítem 91 (Libre), "15.175.768" por "16.875.768".

b) En el Subtítulo 25 (Transferencias corrientes), ítem 31 (Transferencias al sector privado) asignación 006 (Capacitación mujer campesina) sustituyó "142.236" por "242.236".

Capítulo 04.

Servicio Agrícola y Ganadero.

Aprobó este Capítulo con la siguiente enmienda:

En el Subtítulo 21 (Gastos en personal), glosa 02, letra C), reemplazó "551.054" por "559.694".

Capítulo 05.

Corporación Nacional Forestal.

Programa 01.

Corporación Nacional Forestal.

Aprobó este Capítulo con las siguientes enmiendas:

Suprimió en el ítem 012 (Programa de Descontaminación), glosa 04, la palabra "públicas" escrita a continuación de la expresión "otras entidades".

Vuestra Comisión Especial Mixta, aprobó, por unanimidad, esta Partida, en los mismos términos en que lo hizo la aludida Quinta Subcomisión.

PARTIDA 14.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES.

Esta Partida fue estudiada por la Cuarta Subcomisión, y fue aprobada por ésta, sin modificaciones.

Por su parte, vuestra Comisión Especial Mixta también aprobó, por unanimidad, esta Partida, en los mismos términos en que lo hizo la aludida Subcomisión.

PARTIDA 15.

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

Esta Partida fue estudiada por la Tercera Subcomisión, la que la aprobó, sin modificaciones. Por su parte, vuestra Comisión Especial Mixta también aprobó, por unanimidad, esta Partida, en los mismos términos en que lo hizo la aludida Subcomisión.

PARTIDA 16.

MINISTERIO DE SALUD.

El estudio de esta Partida fue encomendado a la Tercera Subcomisión, la que la aprobó sin modificaciones.

Por otra parte, vuestra Comisión Especial Mixta también aprobó, por unanimidad, esta Partida, en los mismos términos en que lo hizo la aludida Subcomisión.

PARTIDA 17.

MINISTERIO DE MINERIA.

Esta Partida fue, estudiada por la Quinta Subcomisión y aprobada en ella, sin enmiendas.

El Honorable Diputado señor Jaime Orpis presentó una indicación, la que textualmente dice:

"Para rebajar, en la Partida 17, Ministerio de Minería, Capítulo 01, Secretaría y Administración General, el ítem 25.33.031, Empresa Nacional de Minería, de la cifra en moneda nacional de $ 9.048.600.000.- a la cifra de "10.000.".

La indicación fue retirada por su autor.

Vuestra Comisión Especial Mixta, aprobó la Partida del Ministerio de Minería de manera similar a la Subcomisión.

PARTIDA 18.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.

Esta Partida fue estudiada por la Cuarta Subcomisión, la que aprobó, sin modificaciones, el Capítulo 03 correspondiente al Parque Metropolitano.

Los acuerdos de la Subcomisión respecto a los otros Capítulos de la Partida 18, son los siguientes:

Capítulo 01. Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

a) No hacer proposición respecto a su glosa 01, correspondiendo, en consecuencia, su resolución a vuestra Comisión Especial de Presupuestos.

b) En la glosa 05, ítem 42 (Comisión por Administración Cartera Hipotecaria), subtítulo 25 (Transferencias corrientes), agregar un inciso segundo, nuevo, con el siguiente texto:

"Al término de la relación contractual existente, se licitará públicamente, al menos una vez, el servicio de cobranza.".

c) Aprobar el resto del Capítulo en los mismos términos en que ha sido propuesto.

Capítulo 02. Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización.

a) No formular proposición respecto al ítem 52 (Terrenos y Edificios), y su glosa 05, ni a la glosa 08 (incluida una indicación del Honorable Senador señor Cantuarias y del Honorable Diputado señor Letelier, que incide en ella) del ítem 93 (Subsidios), correspondiendo, en consecuencia, su resolución, a vuestra Honorable Comisión Especial de Presupuestos.

b) Aprobar el resto del Capítulo, sin modificaciones.

Vuestra Comisión Especial Mixta de presupuestos se dedicó, en primer lugar, a resolver la aprobación de la glosa 01 del Capítulo 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo), la que fue dejada pendiente por la Subcomisión, como se ha dicho.

En relación con dicha glosa 01, el Ejecutivo presentó una indicación -que sustituye la glosa que la Subcomisión dejó pendiente-, del siguiente tenor:

"Capítulo 01 Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. Programa 01.

Sustituir la glosa 01 por la siguiente:

"01 los decretos reglamentarios que establezcan ayudas estatales destinadas a la obtención de soluciones habitacionales y sus modificaciones, deberán ser visados por el Ministerio de Hacienda cuando tengan incidencia financiera y/o presupuestaria.".".

La indicación fue aprobada por la unanimidad de la Comisión. En consecuencia, vuestra Comisión Especial no se pronunció sobre la glosa que la Subcomisión había dejado pendiente, en atención a que la aprobada la sustituye íntegramente.

A continuación, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos trató la segunda proposición pendiente en la Cuarta Subcomisión, referida al Capítulo 02 (Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización) en su ítem 52 (Terrenos y Edificios), glosa 05, referida también a la glosa 08 del ítem 93 (Subsidios), del mismo Capítulo 02.

El Honorable Diputado señor Jocelyn-Holt solicita la palabra, y expresa:

Esa partida quedó pendiente en razón de que los recursos contemplados son bastante bajos para el propósito perseguido, pues se consideran 2.180 millones de pesos para el ítem Edificios y Terrenos, que tiene por objeto resolver la situación que se produce en algunos centros urbanos colapsados en su disponibilidad de terrenos para viviendas sociales o equipamiento básico. El próximo año se continuará con los llamados a subsidios para viviendas básicas, y las comunas que reciben a nuevos habitantes tienen serios problemas de equipamiento. El Gobierno ha entendido el problema y ha establecido un ítem específico para atender tal situación, pero es insuficiente y no tenemos atribuciones para aumentarlo. Sin embargo, este Ministerio está afecto a metas de gestión distintas a las fijadas para otros 19 Servicios, pues debe incrementar, cuatro veces más que el incremento del año anterior, su recuperación de cartera hipotecaria y cuota contado y, si se le han fijado metas más exigentes, también debiéramos establecer un premio si cumple esas metas.

No digo que pueda incrementarse el gasto, pero si no compensamos el valor del terreno, tendremos un problema que no podremos resolver en la Región Metropolitana y, en la práctica, este problema deberá incorporarse a los diseños de políticas habitacionales durante el próximo año.

El Honorable Diputado señor Estévez solicita la palabra y expone:

Soy partidario de aprobar el ítem 52, aunque quisiera que los recursos fueran mayores, porque es insuficiente. Sin embargo, lo que no entiendo es el significado de la Glosa 05, en cuanto señala que los terrenos que se adquieran con cargo a este ítem deberán estar incluidos en un programa habitacional regional, ya que no resulta claro si el sentido de la glosa es que sólo se pueden comprar terrenos para que sean edificados ese mismo año o, si por el contrario, la glosa también permite comprar terrenos que se edificarán dos o tres años después.

En consecuencia, yo votaré por el rechazo de la Glosa 05, ya que entiendo que introduce una limitación a la compra de terrenos por el SERVIU, cuyo sentido no comprendo.

Sobre el particular, solicita la palabra el señor Director de Presupuestos, quien expone:

El tema de los terrenos y la viabilización de terrenos se trata a través de este ítem de Compra de Terrenos, y de los recursos destinados a macroinfraestructura sanitaria, porque en algunos casos los problemas de disponibilidad de terrenos dicen relación con la infraestructura sanitaria, debiendo considerar también los recursos para la infraestructura.

La glosa tiene el propósito de precisar que debe existir un programa, una política al respecto, a la cual deben sujetarse las compras que se efectúen, evitando compras ajenas a las políticas sobre la materia.

Puesta en votación la aludida glosa 05, fue aprobada con el voto en contra del Honorable Diputado señor Jaime Estévez.

La glosa 08, a su vez, fue puesta en votación, siendo aprobada por unanimidad, rechazándose, en consecuencia, con igual votación, la indicación del Honorable Senador señor Eugenio Cantuarias y del Honorable Diputado señor Juan Pablo Letelier, presentada en la Subcomisión, y que ésta dejó para la resolución de vuestra Comisión.

El Ejecutivo hizo presentación de una indicación dirigida al Capítulo 02 (Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización), Programa 01, Subtítulo 31 (Inversión Real) cuya redacción es la siguiente:

"Subtítulo 31: En el ítem 80 Subsidios Unificados, en la columna Glosa N, incorporar, "07" y a continuación de la glosa 06 agregar el siguiente:

"07 la cantidad de subsidios que podrán otorgarse por aplicación de la ley N° 19.281 será de hasta 10.000 imputándose a este ítem el gasto de las cuotas respectivas."

Con la incorporación de la glosa 07 al ítem 80 del Subtítulo 31, tanto los números siguientes de la columna interna "Glosa N° como los de las glosas originales 07, 08, 09, 10 y 11, pasan a ser 08, 09, 10, 11 y 12 respectivamente.".

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad.

Los Honorables Diputados señores Jocelyn-Holt, Jaime Estévez, Carlos Montes y Andrés Palma presentaron dos indicaciones al Capítulo 02, Programa 01, ítem 31.52 (Inversión en Terrenos y Edificios). La fundación de aquéllas, hecha por los señores Diputados, expresa lo siguiente: "las metas de gestión del Serviu difieren del resto, en el sentido de que este es el único servicio de los 20 sujeto a exigencias parecidas, que debe financiar parte de sus programas sociales con cargo al mejor rendimiento requerido. No tiene ningún estímulo, en caso de cumplir metas, ni se le permite una reinversión de los excedentes. Se trata de un error que debe ser corregido, porque de lo contrario, en su actual formulación, deberían ser rechazadas.".

La primera indicación es del tenor que sigue:

"Metas de Gestión.

(Anexo N° 4 - Información Complementaria Sobre Gestión - Partida 18: Minvu).

Modificar la 2a meta de gestión para el Serviu.

Dice:

"Aumentar la incidencia de los ingresos de Cartera y Cuota Contado en el financiamiento de la inversión habitacional en Viviendas Básicas y progresivas, para llegar a alcanzar un 30% de los requerimientos del ítem 31.92 en 1.995".

modificar por:

"Aumentar los ingresos de Cartera y Cuota Contado en el financiamiento de la inversión de terrenos y edificios, de modo que cualquier incremento por sobre lo logrado en 1.994 podrá ser reinvertido e incrementar el ítem 31.52 en 1.995.".".

La segunda indicación de los Diputados ya mencionados dice:

"Agregar una glosa 05-bis al ítem 31.52. (Partida 18/Capítulo 02/Programa 01 - Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo).

"El monto de los recursos asignados a la adquisición de terrenos con cargo a este ítem, podrá excederse con cargo a la mayor recuperación en los ingresos de Cartera y Cuota Contado que el Servicio obtenga en cumplimiento de las metas de gestión a las que está sujeta y para lo cual queda autorizado para reinvertir en ellos, previa regularización presupuestaria.".".

Estas indicaciones fueron retiradas por sus autores.

Solicita la palabra el Honorable Diputado señor Orpis, quien señala:

Antes de terminar el análisis de esta Partida, me gustaría dejar planteado un tema que hemos estudiado con los Honorables Diputados señores Palma y Jocelyn-Holt, en cuanto a la necesidad de establecer una glosa.

El problema que buscamos solucionar, por medio del establecimiento de una glosa, consiste en que muchas veces la configuración de las agrupaciones a las cuales se asignan viviendas, y el resultado de los llamados que formula el Ministerio, depende, en definitiva, de la decisión de funcionarios subalternos.

Como una de las claves para que el sistema tenga legitimidad es que tenga estabilidad en el tiempo, y dado los problemas que en la práctica se generan, y para evitar errores que afectan a personas muy modestas, es que estimo necesario establecer, mediante una glosa, que cualquier modificación a los parámetros sea revisada por una instancia colectiva, por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o, por último, que a lo menos tengan la firma del Ministro, o se haga con su conocimiento o bajo su responsabilidad, evitando que un funcionario subalterno pueda modificar los parámetros a considerar.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) indica:

Tal glosa sería materia propia de una indicación del Ejecutivo, para que la Comisión pueda pronunciarse.

El señor Director de Presupuestos, manifiesta:

Me comprometo a transmitir la preocupación al señor Ministro de Vivienda y, en la medida en que sea necesaria una norma a este respecto, en esta ley, lo haremos en sus trámites posteriores.

Concluido el debate, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó, unánimemente, esta Partida en la forma propuesta por la Cuarta Subcomisión, con las enmiendas que se han reseñado.

PARTIDA 19.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.

Esta Partida fue estudiada en la Quinta Subcomisión y aprobada por está, unánimemente, sin modificaciones.

El Honorable Diputado señor Jaime Orpis presentó una indicación con el siguiente texto: "Para rebajar, en la Partida 19, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Capítulo 01, Secretaría y Administración General de Transportes, el ítem 25.87.001, Empresa de Ferrocarriles del Estado, de la cifra en moneda nacional de $ 3.921.929.000.- a la cifra $10.000.".

Esta indicación fue retirada por su autor. A su vez, vuestra Comisión Especial Mixta también aprobó esta Partida, en los mismos términos que lo hizo la Subcomisión.

PARTIDA 20.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.

Esta Partida fue estudiada por la Segunda Subcomisión y aprobada por ella, con las siguientes modificaciones:

Capítulo 01.

Secretaría General de Gobierno.

Programa 01.

1.- Reemplazar en el Capítulo 01, Programa 01, la cifra "4.714.397", correspondiente al total de ingresos en moneda nacional, por "5. 565.173".

2.- Sustituir en el Subtítulo 09 (Aporte Fiscal), la cantidad de "4.710.435" por "5.561.211" e igualmente en su ítem 91 (Libre).

3.- Cambiar en el Capítulo 01, Programa 01, la cifra "4.714.397", correspondiente al total de gastos en moneda nacional, por "5.565.173".

4.- Sustituir en el Subtítulo 21 Gastos en Personal), el guarismo "1.222.513" por "1.466.513".

5.- Reemplazar en el Subtítulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo), la cantidad "$3.449.224" por "2.340.563".

6.- Crear el siguiente Subtítulo, nuevo:

7.- Sustituir en la glosa 02 del Subtítulo 21 (Gastos en Personal), en su letra A) Dotación Máxima de Personal, la cifra "289" por "342".

8.- Reemplazar el texto de la glosa 03 del Subtítulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo), por el siguiente: "Incluye $ 840.000 miles y US$ 532 miles, con la obligación de rendir cuenta en forma global y reservada al Contralor General de la República. Dichos Gastos sólo se podrán destinar al cumplimiento de las funciones propias de gestión y administración de esta Secretaría General.".

9.- Colocar en el nuevo Subtítulo 25, ítem 31.002, la siguiente glosa 04, nueva: "04 Para el financiamiento de los gastos que irrogue el desarrollo del programa, en convenios con Universidades u organismos dependientes de ellas.".

10.- Colocar en el nuevo Subtítulo 25, para los ítems 33.029 y 33.030, la siguiente glosa, nueva: "05 Con cargo a estos recursos se podrán financiar todo tipo de gastos, incluidos los de personal, para la ejecución de programas y actividades, de acuerdo con lo establecido en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1992, del Ministerio Secretaría General de Gobierno.".

Capítulo 02.

Consejo Nacional de Televisión.

Programa 01.

1.- Reemplazar en el Capítulo 02 (Consejo Nacional de Televisión), Programa 01, la cifra "584.516", correspondiente al total de ingresos en moneda nacional, por "596.516".

2.- Sustituir en el Subtítulo 09 (Aporte Fiscal), la cantidad "579.564" por "591.564" e igualmente en su ítem 91.

3.- Cambiar en el Capítulo 02, Programa 01, la cifra "584.516", correspondiente al total de gastos en moneda nacional, por "596.516".

4.- Reemplazar en el Subtítulo 25 (Transferencias Corrientes), el guarismo "177.234" por "189.234" e igualmente en su ítem 31 (Transferencias al Sector Privado).

5.- Consultar en el Subtítulo 25 (Transferencias Corrientes), ítem 31 (Transferencias al Sector Privado), la siguiente asignación 004, nueva:

"004 Cumplimiento art. 19 Ley N° 19.284 12.000".

El Honorable Diputado señor Harry Jürgensen formuló una indicación cuyo fundamento dice:

"Dentro de la política general del Gobierno de probidad y transparencia en la gestión pública, no se justifica la existencia de gastos arbitrarios y ajenos a cualquier control en un Ministerio de carácter político.

Por lo tanto, propone que estos gastos reservados sean rendidos en forma detallada al Contralor General de la República, quien además velará porque se hayan utilizado para el cumplimiento de las funciones propias del Ministerio y no para cubrir otros gastos, distintos de la administración de Gobierno.".

El texto de la indicación es el siguiente:

"Para reemplazar en la partida 20, capítulo 01, programa 01, glosa 03 la expresión "global" por "detallada".".

El Presidente de la Comisión Especial Mixta, Honorable Senador señor Andrés Zaldívar declaró inadmisible esta indicación, confirmándose su decisión, por 10 votos a favor y 6, en contra.

Al iniciarse el debate, hizo uso de la palabra el señor Director de Presupuestos, quien dijo:

En esta partida hubo indicación del Ejecutivo que redujo la proporción de gastos reservados. Anteriormente, el Presupuesto contemplaba que el 100% de los gastos en bienes y servicios se rendían en forma global. Se redujo a una proporción cercana al 20%, el cual se rinde en forma global, y aquellos gastos que antes se rendían en esa forma ahora se distribuyeron en gastos de rendición detallada, porque tenía objeto rendirlos en forma global, como se hacía en los últimos años, desde que se inició prácticamente este Ministerio.

Lo descrito fue una indicación del Ejecutivo que entiendo que se aprobó por unanimidad.

Vuestra Comisión Especial Mixta aprobó unánimemente esta Partida, en la forma propuesta por la Segunda Subcomisión.

PARTIDA 21.

MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION

Esta Partida fue estudiada por la Primera Subcomisión y fue aprobada por ésta, en los mismos términos en que viene formulada, con excepción del Capítulo 06, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, donde, además, se presentaron dos indicaciones del Honorable Diputado señor Juan Pablo Letelier, todo lo cual se acordó dejar para la resolución de vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Asimismo, la Subcomisión acordó, por unanimidad, sustituir en el Capítulo 01 (Subsecretaría de Planificación y Cooperación), Programa 01, Subtítulo 21 (Gastos en Personal), Glosa 02, letra A), el guarismo "529", por "541".

Las indicaciones antes aludidas, formuladas en el seno de la Primera Subcomisión por el Honorable Diputado señor Juan Pablo Letelier, son del siguiente tenor:

I. Al Capítulo 06, Programa 01, Glosa 02. Para eliminar después de la letra A) la frase: "Dotación máxima de personal: 88".

II. Al Capítulo 06, Programa 01.

"Para agregar como incisos nuevos de la glosa 04 lo siguiente:

"Asimismo, con cargo a estos recursos se deberá implementar un programa de fomento cultural para organizaciones indígenas urbanas y migrantes.

Igualmente se destinarán con cargo a este ítem a lo menos 15 millones de pesos al esfuerzo de restauración y rescate del patrimonio del pueblo Rapa Nui en la Isla de Pascua".

Inició la discusión -referida a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena- el Honorable Diputado señor Tuma, quien expresó:

Cuando se conoció el monto de los recursos destinados a la CONADI los Parlamentarios que conocemos la situación del mundo indígena consideramos que éstos eran absolutamente insuficientes, toda vez que en esta ocasión se estaban asignando recursos a una institución que atiende a 1.200.000 personas. En la Subcomisión acordamos dejar pendiente la Partida, en espera de una indicación sustitutiva del Ejecutivo, destinando, mayores recursos, particularmente a los gastos asociados a la liquidación de derechos de ausentes de las comunidades indígenas; como así mismo la atención de mayores recursos en materia de viáticos y personal, puesto que con 88 funcionarios, a una Dirección Nacional, que tiene que trabajar especialmente en terreno, es muy difícil desarrollar una labor satisfactoria. Recientemente, se trató la materia de ENACAR donde se van a destinar $ 12.600 millones para atender a las necesidades de una empresa y de 1.500 trabajadores. Aquí estamos hablando de una población de 1.200.000 indígenas, y se les están destinando, aproximadamente, $ 4.200 millones, lo que corresponde a un incremento de un 10%, de los fondos que eran de la CEPI. Creo que va a ser un serio conflicto de orden social y político no atender con mayores recursos a esta población a través de CONADI, que, por primera vez va a comenzar a funcionar con un presupuesto integral, puesto que sólo en Mayo se aprobó su Reglamento. Estamos a la espera de una indicación sustitutiva del Ejecutivo.

El Honorable Diputado señor García Ruminot añadió:

Efectivamente, como lo ha señalado el Honorable Diputado señor Tuma, en relación con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, esperamos un pronunciamiento del Gobierno, en relación con tres materias:

Primero, en cuanto al personal, este sería el único Servicio al que no se le está autorizando ningún funcionario, que pudiera exceder de su planta. Los 88 funcionarios que aparecen en la dotación máxima de personal corresponden exactamente a la planta, y no tendrían derecho a usar de ese 20% que se da, generalmente, a todos los Servicios públicos, para que puedan tener funcionarios a contrata.

La Honorable Senadora señora Feliú solicitó una interrupción para dar una información, del siguiente tenor:

Si la planta no está completa, es posible que haya funcionarios a contrata, porque esa es una autorización que tienen todos los Servicios en virtud de las normas del Estatuto Administrativo. En el caso de este Servicio, la planta es relativamente nueva. Posiblemente, se pensó que las necesidades completas de personal eran sólo esas. Tal vez requerirá de más empleados, fuera de los de planta.

Continuó el Honorable Diputado señor García Ruminot, indicando:

Como muy bien lo señaló el Honorable Diputado señor Tuma, este es un servicio que de alguna forma tuvo una "marcha blanca", a través de lo que fue la Comisión Especial de Pueblos Indígenas. Me atrevería a señalar que durante esa "marcha blanca" hubo más funcionarios, por distintas vías, que los que contempla la actual planta de la CONADI. El actual personal resulta insuficiente para cumplir las funciones de este nuevo Servicio, que opera a lo largo de todo el país, donde exista población indígena.

En segundo lugar, la nueva Ley Indígena otorgó un nuevo plazo para quienes son herederos de tierras indígenas, pero que no estaban ocupando físicamente esas tierras al momento de producirse la división, puedan reclamar esos derechos de herencia. El 5 de Octubre venció el plazo señalado y se presentaron 15.000 solicitudes, que va a tener que resolver la CONADI, lo cual, según sus expertos, demoraría diez años. Por eso es que estimamos indispensable que se otorguen recursos para que sean empresas del sector privado las que se dediquen a hacer este trabajo, y se pueda, en un lapso de tres o cuatro años, resolver las 15.000 solicitudes.

Se han creado enormes expectativas. Hay 15.000 personas que están esperando recibir un derecho hereditario, en dinero efectivo. Por la forma en que se calcula ese derecho de herencia, lo que se hace sobre la base del avalúo fiscal de las tierras, lo más probable es que terminen recibiendo 3.000 ó 5.000 pesos, luego de esperar 5, 8 ó 10 años. Por eso, estimamos que esto debe hacerse en el menor tiempo posible.

En tercer lugar, solicitamos una glosa que garantice que una parte significativa del Fondo de Tierras, que tiene asignados por $ 2.180 millones, se destine a una de las finalidades más específicas e importantes que estableció la nueva Ley Indígena, cual es el subsidio para el aumento de las tierras. El año 1.994 los recursos que se destinaron al Fondo de Tierras fueron usados, fundamentalmente, en la compra de terrenos que estaban en litigio, favoreciendo a un número muy pequeño de familias mapuches. Sin embargo el objetivo general de la ley de ampliar las tierras indígenas, otorgando un subsidio para que las familias puedan hacerlo, saliendo de la situación de minifundo, no pudo ser cumplido. De producirse una idéntica situación en 1.995, estaríamos nuevamente frustrando las expectativas que se han generado en miles de familias campesinas mapuches, que esperan que este subsidio se haga una realidad y puedan, de esa forma, ampliar sus tierras, superar su situación de minifundio y aumentar, en consecuencia, su productividad.

Quisiera que en estos tres aspectos, y dado que fueron oportunamente planteados a la Dirección de Presupuestos, hubiera un pronunciamiento, para saber a qué atenernos al momento de la votación.

A continuación el Honorable Diputado señor Orpis solicitó la palabra, expresando:

Deseo agregar dos elementos. El primero, es que para el pago de los Derechos de Ausentes se contemplan solamente 163.000.000 de pesos en el proyecto de Ley de Presupuestos. De acuerdo a los cálculos hechos por los representantes del Ejecutivo, esto significaría que las personas que se acogen al beneficio deberían esperar 10 ó 15 años para que se les pague íntegramente, aunque muchas veces corresponde a cantidades pequeñas, por lo que se solicitó aumentar dicho presupuesto.

El segundo elemento, que quedó expresamente establecido en el seno de la Subcomisión, es que, incluso durante el año 1.994, se detectó que con cargo a estos recursos se estaban pagando honorarios, lo que reducía aún más los recursos del Fondo. Por esta consideración, se dejó expresa constancia de que no se podían pagar remuneraciones con cargo a los recursos de este ítem.

A continuación, el Honorable Senador señor Lavandero manifestó:

Sólo deseo señalar que no es efectivo que la tierra que se haya adquirido sea poca, porque la verdad es que se han adquirido tierras, por ejemplo en San Juan de la Costa, donde he podido apreciar su magnitud. Tampoco es bueno que se señale en esta Sala que carece de relevancia que se hayan destinado recursos, durante el año 1.994, para resolver problemas conflictivos de tierras que no tenían títulos, porque ellas habían sido "tomadas" o porque había problemas de otra naturaleza.

No sólo para el mapuche, sino también para el pequeño propietario, es de extraordinaria importancia tener claridad en su título de dominio; situación que también se está revisando en la Araucanía. Eso les permite obtener una cantidad impresionante de recursos por parte del Estado, que inclusive son mayores de los que podría obtener de la rentabilidad de su pequeño pedazo de tierra. Desde luego, puede obtener subsidios habitacionales y, en general, una gran cantidad de beneficios. No creo que sea conveniente destacar un hecho que es discutible, que no es claro, como aquí se ha señalado. Me parece que, dado el corto tiempo transcurrido desde que se aprobó la ley hasta el momento en que debían ocuparse estos recursos, fue una buena idea sanear esos títulos, a fin de que esas personas pudieran percibir los beneficios que indudablemente el Estado sólo puede entregar a quien tiene su título saneado.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) señaló:

Deseo dejar constancia de que ha llegado a la Mesa una indicación del Ejecutivo, respecto de la cual requeriría la unanimidad para que pudiera ser tratada. Dice relación con este tema y en ella, al parecer, en alguna medida, no en todo lo que se quisiera, se acogen estas inquietudes.

Así se acuerda.

La aludida indicación -referida al Capítulo 06 (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) es del siguiente tenor:

"En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir "4.241.775" por "4.329.775" e igualmente en su ítem 91.

Subtítulo 25:

En el ítem "36.001 Fondo Derechos de Ausentes", incorporar en la columna "Glosa N" lo siguiente: "05", y sustituir la cantidad de "163.500" por "251.500".

En Glosas: Incorporar como 05 la siguiente: "05 Con cargo a estos recursos se podrá contratar personas jurídicas, mediante licitación, y por un monto de $ 88.290 miles, para los estudios y prestaciones de servicios relacionados con los derechos de ausentes a que se refiere la ley N° 19.253."

Con la incorporación de la nueva glosa 05 al ítem 36.001, la glosa original con ese número que correspondía al ítem 85.001 pasa a ser 06 tanto en la columna interna como en su texto.".

Acto seguido, interviene el señor Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano, quien expresó:

La indicación se refiere precisamente al tema del Fondo de Derechos de Ausentes. Acogiendo lo planteado por los Honorables señores parlamentarios miembros de esta Comisión, que aquí han hecho referencia a la conveniencia de no distraer recursos del pago de los derechos, a que se refiere el Fondo, a la administración de éste, se ha presentado una indicación en la cual se elevan los fondos, en 88.290.000 pesos. Ello, con el objeto, justamente, de realizar la tarea administrativa para otorgar los Derechos de Ausentes. Además, se establece una glosa en la cual se indica que estos recursos pueden destinarse a contratar la realización de estos servicios con entidades externas, o a realizarlos directamente por personal de CONADI; de manera de materializar el otorgamiento de estos derechos en el plazo más breve que sea posible.

El Honorable Diputado señor Huenchumilla expresó:

Tal como han señalado diversos Honorables Diputados, aquí hay tres materias, que en la Subcomisión se plantearon:

La primera, tiene relación efectivamente con la dotación del personal. La ley señaló una planta de 88 personas. Cuando nosotros discutimos la Ley Indígena entendimos que eso era sin perjuicio de lo que señala el Estatuto Administrativo, de ese 20% adicional, por la vía del personal a contrata. Sin embargo, cuando la ley se pone en práctica, nos encontramos con la sorpresa de que el Ministerio de Hacienda -desconozco por qué vía- estableció en la puesta en marcha, como dotación máxima, solamente 88 personas. En consecuencia, tiene razón la Honorable Senadora señora Feliú cuando señala que en esa planta hay gente efectivamente de planta y gente a contrata y, por lo tanto, no está completa la dotación de 88 personas.

Ahora en el proyecto de Ley de Presupuestos se vuelve a mantener esta restricción, que nosotros encontramos que no tiene ninguna justificación, toda vez que es el único Servicio -como decía el Diputado García Ruminot- que tiene esta restricción. Se trata de un Servicio que atiende a muchísima gente, a lo largo de todo el país, inclusive en la Isla de Pascua, que comprende amplios territorios, fundamentalmente rurales. En consecuencia, corresponde que se levante la restricción y se pueda tener una planta de 88 personas, más la dotación a contrata que establece el Estatuto Administrativo.

Ese sería el primer punto, al cual el señor Director de Presupuestos no ha dado respuesta en esta oportunidad, y respecto del cual, señor Presidente, pediría un pronunciamiento.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) expresa:

Existe una indicación, presentada por el Honorable Diputado señor Letelier, que someteré a votación no en la forma en que la ha planteado su autor, de eliminar la glosa "Dotación máxima de personal...88", sino que la tomaré como una indicación -que podría hacer cualquier Diputado o Senador- de votar a favor o en contra de dicha glosa.

Recupera el uso de la palabra el Honorable Diputado señor Huenchumilla, quien expresó:

Dos puntos más. Nos pareció que hay que entender que este Servicio hace su trabajo, en un alto porcentaje, en los sectores rurales de las Regiones a donde se desplazan los funcionarios que atienden a los beneficiarios de la Ley Indígena, y sólo hay contemplado, para viáticos, la suma de 22.000.000 de pesos.

Si uno examina la ejecución presupuestaria del año 1.994, se dará cuenta de que uno de los puntos débiles que tuvo esta Corporación en su funcionamiento, fue, precisamente, el tema de los viáticos. Con creces se sobrepasó el trabajo, sin que los funcionarios, concurriendo los requisitos legales para el pago de esa prestación, pudieran verse retribuidos. De tal manera, que también nos parece insuficiente ese tema y veríamos con agrado un pronunciamiento de Hacienda, también sobre esa materia.

El tercer punto dice relación con los Derechos de Ausentes. Sé que muchos Honorables señores Senadores y Diputados no tienen por qué estar al tanto de esta institución jurídica denominada Derechos de Ausentes, institución que viene de una ley que se dictó el año 1.978, en tiempos del Gobierno Militar. En virtud de ella, al producirse las divisiones de las comunidades, se le entregó título solamente al ocupante, y al resto de los herederos o beneficiarios se les pagaron sus derechos en dinero, de acuerdo al avalúo fiscal de la propiedad.

Creo, francamente, que esa solución, esa verdadera confiscación o expropiación de los derechos que tenían en las hijuelas respectivas, fue inconstitucional en su momento, y sigue siendo inconstitucional hasta este instante. No sé si alguno de los Honorables señores Senadores o Diputados que son propietarios de tierras agrícolas aceptaría que el Fisco les dijera a sus herederos que les pagará sus derechos, de acuerdo al avalúo fiscal de la propiedad. La Constitución establece un tratamiento distinto, y el derecho de propiedad expropiado se paga al contado, de acuerdo al valor comercial -al valor presente, como me acota el Senador Diez, de tal manera que aquí hay una responsabilidad del Estado de chileno de haberle confiscado las tierras a esta gente pobre, que no tiene ningún poder en esta sociedad pero que, creo, merece también que las leyes y la Constitución se les apliquen como se les aplican a todos los chilenos. De tal manera que creo que la actitud del Estado chileno, que desde el año 1.978 hasta la fecha -prácticamente 16 años- ha estado pagando dos, tres o cuatro mil pesos a esta gente por los derechos que se les expropiaron por ley, no resiste ningún análisis, ni siquiera moral. Cuando todavía quedan 15 mil personas reclamando sus derechos, estamos destinando a ese efecto 132 ó 180 millones de pesos, los que sean, pero, en todo caso, una suma absolutamente insuficiente. Creo que esto da lugar a que esa gente pueda demandar al Fisco -y creo que lo van a hacer- reclamando el derecho que la Constitución establece. Me parece que esto merece un tratamiento mucho más serio. No sé si es la oportunidad de que en este Presupuesto pudiéramos plantearlo, pero yo lo dejo planteado para el próximo año: que efectivamente establezcamos una política de Estado para este tema, porque las circunstancias así lo aconsejan. Aquí no hay una cuestión política, porque creo que los Parlamentarios de la Novena Región estamos todos de acuerdo en que esa es la realidad, de la forma como ha aplicado el Estado de Chile esta institución, del pago de los Derechos de Ausentes. Creo que la indicación presentada por el Ejecutivo es un paliativo, bastante parcial, respecto del tema. Podremos discutirla, pero el asunto de fondo merece que el próximo año lo tratemos en forma diferente.

A continuación, el Honorable Senador señor Diez manifestó:

Estamos frente a un problema delicado, porque sienta malos precedentes. El concepto de valor presente corresponde a la Constitución Política de 1.980. Después de promulgada, la persona que pierde parte de su propiedad, o el uso de ella, por acción del Estado, tiene que ser indemnizada en el valor presente de la propiedad. Creo que establecemos un mal precedente si le estamos dando vigor a legislaciones anteriores, que, indiscutiblemente, contrarían la letra de la Constitución de 1.980. Creo, además, que están tácitamente derogadas por la Carta Fundamental. Estimo que el problema hay que estudiarlo con sumo cuidado, porque hay artículos transitorios que dejan vigente una serie de leyes. Hay que ver si esta ley siguió vigente. Pero no hay duda alguna de que está contra el espíritu del Constituyente de 1980 el que una persona sea compensada, por la pérdida de sus bienes, con un valor ficticio, fijado sólo por la autoridad, en base al avalúo fiscal, y no sobre el valor real de la cosa de que se le priva, o de los derechos que sobre una cosa se le privan, en razón de utilidad pública, como ocurrió con la regularización de la propiedad indígena. Creo que el Honorable Diputado señor Huenchumilla tiene razón, y estimo que el Presidente de la República debiera preocuparse del asunto y mandarnos un proyecto de ley destinado a sanear esta situación.

El señor Director de Presupuestos hace uso de la palabra, expresando:

Quisiera indicar que este último tema claramente excede lo que es la discusión de una Ley de Presupuestos. En todo caso, respecto de los otros dos puntos señalados por el Honorable Diputado señor Huenchumilla, es necesario que exista una fijación de dotación máxima, como existe en este y en todos los otros Servicios que tiene a la vista el Congreso. Esa dotación establece el total de personal, ya sea de contrata o de planta, y esa dotación puede ser menor que el total de planta, igual, o mayor hasta en un 20%. Por lo tanto, aquí coincide la dotación con la planta. Lo cual no quiere decir que solamente pueda haber personal de planta, pudiendo existir personal de planta y, además, en la medida en que no esté completa la planta -como es el caso-puede también existir personal a contrata.

Es necesario que exista una dotación máxima de personal, como está establecida en este caso. Se pueden revisar los distintos Servicios, y se verá que la dotación puede ser menor, igual o mayor que la planta, con la limitación de no superar el 20% de ésta.

En relación a los viáticos, estos son un componente del total de los Gastos en personal y, normalmente, si durante el año hay alguna dificultad con el gasto en viáticos, por circunstancias extraordinarias, eso se adecúa. En todo caso, debo decir que el hecho de que la indicación aumente el gasto para funcionamiento, justamente en una actividad que demanda a los funcionarios gastos en viáticos, eso debería resolverse con la indicación presentada.

El Honorable Diputado señor Tuma manifestó:

El señor Director de Presupuestos ha relatado de qué manera la legislación aplicable a los Servicios públicos los limita respecto del número de personal de planta. Sin embargo, cuando nosotros vemos que hay 88 funcionarios para un organismo nacional, creemos que tal número es absolutamente insuficiente.

El problema no se refiere a si dentro de esos 88 cargos puede haber funcionarios a contrata; el punto es que 88 funcionarios no son suficientes para atender un organismo nacional, de las dimensiones de la CONADI. Lo que hemos solicitado, en la Primera Subcomisión, al señor Director de Presupuestos, es que reestudie la dotación máxima de personal fijada en 88 funcionarios.

La indicación presentada por el Diputado señor Letelier tendía a incrementar los 88 funcionarios fijados como dotación máxima de personal. No sé si esta indicación puede cumplir tal objetivo, o debiera hacerse por una indicación substitutiva del Ejecutivo limitando su número. No estamos planteando que haya una dotación ilimitada, sino que se incremente la dotación, que es absolutamente insuficiente.

En materia de viáticos, no me parece suficiente la explicación del señor Director de Presupuestos, en términos de que estos se resolverían por la indicación del Ejecutivo, ya que ella no aumenta los recursos para viáticos. En cuanto al argumento de que en el curso del año se podría incrementar, me parece absolutamente limitativo y engorroso para la CONADI que en el mes de Marzo o Abril se tramite y negocie, con Hacienda, mayores recursos para viáticos paralizando la acción de este organismo del Estado. Por esta razón, la Subcomisión, por unanimidad, acordó solicitar a la Dirección de Presupuestos una reevaluación del tema de los viáticos y el incremento del número de personas que, siendo 88 para un Servicio nacional, son absolutamente insuficientes.

El Honorable Diputado señor García Ruminot solicita la palabra, y expresa:

Señor Presidente, creo que, al menos, debiéramos conocer cómo se llega a la suma de 88 millones que considera la indicación del Ejecutivo, para saber para qué alcanza, qué se podrá hacer con tales recursos, antes de votarla.

Al respecto, el señor Director de Presupuestos, expresó:

Actualmente hay un gasto para administrar los Derechos de Ausentes, y se ha mencionado aquí que con cargo al Fondo se están utilizando recursos para administrar. Para el próximo año se está proponiendo una cantidad mayor de recursos, y hay una proporción entre los derechos que se pagan y el costo que involucra hacer esto. Esa misma proporción se está manteniendo para el Presupuesto del próximo año, y con esa base, se han calculado los 88 millones. Quiero indicar, además, que como en la misma indicación se está permitiendo que se contraten externamente servicios para esto, eso aliviará recursos que hoy día se están destinando al personal de la CONADI. Aunque no en un ciento por ciento de todas las necesidades de este Servicio, atiende los problemas que aquí se han indicado.

A continuación el Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, dirigiéndose a la Comisión, expresa:

Proponemos aprobar las indicaciones del Ejecutivo dejando constancia de que no satisfacen las aspiraciones que se habían planteado por los Parlamentarios en el Informe de la Subcomisión, y remitiéndole un oficio al Ejecutivo a fin de ver cómo reparar ese menor aporte. Agregando en el tema de los Derechos de Ausentes. Que sea una materia que el Ejecutivo pueda estudiar, considerando la dimensión que se le ha señalado aquí por los Honorables Diputados señores Huenchumilla y Tuma y por los Honorables Senadores Diez y Lavandero. El problema es aprobar o rechazar la indicación, y debiéramos aprobarla, ya que de otra forma quedaremos sin incremento de ninguna especie.

Sometida a votación la indicación del Ejecutivo, ella resultó aprobada por 12 votos a favor; y dos, en contra.

A continuación se pone en discusión la primera indicación del Honorable Diputado señor Letelier, antes transcrita.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) expresa:

La Presidencia ha considerado la posibilidad de tratar la indicación no en el sentido en que fue formulada por el Honorable Diputado, pues sería, a mi entender, inconstitucional. Estudiado el tema veo que la posibilidad de someter a votación la mención de Dotación máxima de Personal de 88 personas, produciría el efecto -en caso de rechazo- de que, indirectamente, se estaría planteando la posibilidad de crear nuevos empleos rentados más allá de 88 y, ante la duda de la Presidencia, estimo más apropiado que el tema lo resuelva la Comisión.

Al respecto, el Honorable Diputado señor Tuma expresó:

Propongo que la eliminación de la dotación máxima de personal se limite a un porcentaje. Vale decir, eliminar la dotación máxima, pero limitando el incremento que podría tener la dotación.

Por su parte, el Honorable Diputado señor Huenchumilla manifestó:

Entiendo que si acogemos lo que se indica estamos dejando vigentes dos leyes: la Ley Indígena, que señala una planta de 88 personas, y el Estatuto Administrativo, que permite un incremento de hasta un veinte por ciento. Por lo tanto, no estamos innovando y, en esta parte, no habría ley, quedando vigentes las leyes mencionadas.

A continuación el Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) expresó su opinión, señalando:

Efectivamente, el Honorable Diputado señor Huenchumilla tiene razón en su explicación. Si elimináramos la Glosa Dotación Máxima de Personal 88, se entendería que queda vigente la Ley Indígena y la correspondiente norma del Estatuto Administrativo.

Sobre este punto, el Honorable Diputado señor García Ruminot solicitó la palabra, expresando:

Estoy de acuerdo con la explicación, pero estimo que no tendrá efecto práctico, pues, de todas maneras, el gasto quedará limitado por los 492.000.000 del Subtítulo 21. Preferiría que la Dirección de Presupuestos lo estudie y que exista una dotación máxima. Me parece que, por razones de buena administración financiera y presupuestaria del Estado, debemos tener Servicios públicos con dotaciones adecuadas. Que, en ese sentido, se estudie el respectivo incremento en el Subtítulo 21. De manera contraria, en teoría, podrá tener una dotación incrementada en un veinte por ciento, pero estará limitado por los recursos del Subtítulo 21.

El Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, somete a votación la indicación del Honorable Diputado señor Letelier, en el sentido de aprobar o rechazar la letra A) de la Glosa 02.

El señor Director de Presupuestos hace uso de la palabra, expresando:

Creo que es una norma general de buena administración que tengamos dotación máxima. Comprometo un reestudio del tema de acuerdo a las observaciones formuladas, para el siguiente trámite del proyecto.

A continuación el Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) manifiesta:

Si hubiera acuerdo, daríamos por rechazada la indicación, con el compromiso del señor Director de Presupuestos de hacer la revisión que nos ha propuesto.

Así se acuerda.

En seguida, se pone en discusión la segunda indicación del Honorable Diputado señor Letelier, antes transcrita.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) señaló:

Es una indicación absolutamente improcedente, desde el punto de vista constitucional, sin perjuicio de lo cual se la remitimos al señor Director de Presupuestos para que, si lo tiene a bien, la estudie y reflexione sobre ella.

Se declara inadmisible la indicación.

A continuación, solicita la palabra el Honorable Diputado señor García Ruminot, quien manifiesta:

Antes de terminar con el presupuesto de la CONADI, quisiera insistir sobre la necesidad de una glosa que reglamente el uso del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, y quisiera aprovechar la buena disposición mostrada por el señor Director de Presupuestos, en el sentido de que efectivamente se cumpla con el programa de subsidios para la ampliación de tierras. La verdad es que todos quienes somos Parlamentarios de la IX Región, cuando se tramitó la Ley Indígena, hicimos especial hincapié en este beneficio, en este derecho que se consagraría en la nueva legislación. Hay enormes expectativas y creo que por razones políticas, sociales, de prudencia y de respeto, no es conveniente fallar a ellas.

Por último, quisiera solicitar unanimidad para el oficio a que se refirió el Presidente de la Comisión, en el sentido de expresar que consideramos insuficiente los 88 millones que se agregan para los Derechos de Ausentes, y que se estudie, a la luz de las normas constitucionales, la base de cálculo que existe hoy para efectuar el pago de esos mismos derechos.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente) expresó:

Existió unanimidad en ese sentido, y se mandará a nombre de la Comisión Mixta un oficio, en tal sentido.

Hace uso de la palabra la Honorable Senadora señora Feliú, quien expresa:

Señor Presidente, en relación a la partida 21, MIDEPLAN, quisiera traer a colación dos observaciones. Una dice relación con lo que hizo presente en la Comisión el señor Ministro -según se puede ver en el informe- en el sentido de que el Ministerio tendría muchas funciones, poco personal y una excesiva cantidad de acciones. Creo que realmente es digno de analizar el papel de MIDEPLAN, especialmente porque la función de coordinación siempre tiende a extenderse, y observo con preocupación que lo que está pasando en MIDEPLAN es que verdaderamente tiene a su cargo muchas labores de acción, más que la mera coordinación.

Me interesa, en todo caso, señalar lo que se plantea respecto de la Agencia de Cooperación.

En la Subcomisión hubo dos votos o expresiones de los Parlamentarios, en el sentido de no aprobar lo propuesto por el Ejecutivo en relación con la Agencia de Cooperación, y creo que es muy interesante que la Comisión conozca el tema.

La Agencia, en los términos de su Ley Orgánica, es un Servicio perecible. Lo que no se sabe es por qué no ha terminado, porque es un Servicio que se creó para canalizar la ayuda internacional, y así se dijo de manera muy reiterada -yo recuerdo- en la historia de la ley, cuando se estableció. La ayuda internacional terminó, por razones que todos conocemos. Pero lo que no termina es el Servicio y, según se lee en el informe, hoy día hay un enfoque distinto en él, cual es la cooperación de Chile a otros países lo que, de acuerdo a lo que señala el Director del Servicio, implica para Chile recibir, de manera indirecta, ayuda de los países desarrollados. La verdad es que, de acuerdo con la ley, esta función no existe. Propongo que pongamos en votación lo relativo a este Servicio.

A continuación, hace uso de la palabra el Honorable Diputado señor Palma, quien expone:

La Honorable Senadora señora Feliú incurre en un error de derecho y en un error de hecho.

El error de hecho es posible aclararlo, y el de derecho fluye de sus propias palabras, porque sostiene que se trata de un Servicio que, de acuerdo a su propia ley, se acaba. Pero la ley no fija un plazo para que se extinga el Servicio. En consecuencia, no fluye de la propia ley que muera el Servicio de que se trata.

El error de hecho es que la cooperación internacional, hacia Chile, aún está fluyendo, con montos significativos, de acuerdo a lo que nos informó el Director de la Agencia. Si bien han disminuido los montos en los últimos años, es un hecho que llega cooperación, ya no a áreas generales, sino a áreas específicas, como, por ejemplo, a temas vinculados con el medio ambiente, o al fortalecimiento de la participación de la mujer, y se realiza un trabajo, y se hace bien.

Sin embargo, no quiero perder la oportunidad de señalar que el tema que más se discutió, efectivamente se refiere a la cooperación horizontal o cooperación sur-sur. Es decir, a aquellas áreas de cooperación internacional que Chile puede realizar para otros países, actividad que estimo muy importante. Si se ha podido realizar por dos años consecutivos, sin objeción de la Contraloría o de la Cámara de Diputados, supongo que será porque está dentro de la ley. En definitiva, creo muy importante mantener dicha labor, para la cual su presupuesto, para el próximo año, es bajo, para desarrollar programas de cooperación con países del Caribe y extenderlas a otras áreas de influencia, lo que permitirá a nuestro país tener presencia política en dichas zonas.

Lamento no estar constitucionalmente facultado para proponer aumentar el presupuesto de esta Agencia.

El Honorable Diputado señor Orpis hace uso de la palabra, para expresar:

Junto al Honorable Diputado señor García Ruminot me abstuve en este Programa, por cuanto hay una conclusión -que señala el propio Honorable Diputado señor Palma- en el sentido de que el flujo de recursos para el cual fue creada la Agencia ha disminuido substancial-mente en el tiempo. La Agencia tiene ahora un cambio de enfoque. Pasa a ser una herramienta de política exterior, como es captar recursos para operar en otros países. Hay que evitar duplicidad de funciones, y procurar que la Agencia sea un organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, más que de MIDEPLAN. Si se pretende que sea una herramienta de política exterior, lo lógico es que dependa de dicho Ministerio. Esas son las razones que determinaron nuestra abstención.

El Honorable Diputado señor Tuma solicita la palabra, y expresa:

No pienso que la Agencia de Cooperación deba suprimirse, sin perjuicio de que coordine sus actividades con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que el país está incrementando su rol de relacionador con otras naciones y está empeñado en el incremento del comercio exterior, especialmente en el área latinoamericana. Los recursos contemplados alcanzarán sólo para esta área, y creo que debieran incrementarse, para atender otras zonas, como la de los países del mundo árabe, que tienen un gran potencial comercial, posible de abrir a nuestro comercio mediante esta Agencia de Cooperación. Desgraciadamente no me es posible formular indicación para incrementar tales recursos.

Se somete a votación la proposición de la Honorable Senadora señora Feliú, de suprimir todo el Capítulo 03, Agencia de Cooperación Internacional.

A continuación, hace uso de la palabra la Honorable Senadora señora Feliú, para fundar su voto, expresando:

Me abstengo en la aprobación de los gastos correspondientes a la Agencia de Cooperación Internacional, por las razones que he señalado. Creo que es muy importante que se haga un estudio sobre la materia. Se ha señalado que el Servicio no tenía plazo de duración, pero tenía una condición, condición que, según se dijo en la Comisión, se ha cumplido en parte importante y cabría analizar una redefinición.

Recogida la votación, se aprobó el Capítulo 03, Agencia de Cooperación Internacional, por 13 votos a favor; 2 en contra; y 4 abstenciones.

A continuación, unánimemente, se aprueba todo el resto de la Partida 21, Ministerio de Planificación y Cooperación.

PARTIDA 22.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

Esta Partida fue estudiada por la Segunda Subcomisión, y fue aprobada por ésta, sin enmiendas.

El Honorable Diputado señor Harry Jürgensen formuló una indicación al Capítulo 01, programa 01, glosa 03, letra B), constituida por dos proposiciones, y cuya fundamentación es la transcrita a continuación:

"Los principios de probidad y transparencia en la gestión y Gobierno Interior son pilares fundamentales de toda democracia moderna, lo que no se logra si no existe además la posibilidad de control por parte de la ciudadanía o al menos de otro poder del Estado. No parece razonable que existan gastos arbitrarios y discrecionales para las autoridades de gobierno, por ello es indispensable que exista por la Contraloría General como mínimo un control detallado y que los gastos estén sometidos a ciertos parámetros y no sean absolutamente arbitrarios.".

El texto de la indicación, dividida en dos proporciones es el siguiente:

"Para reemplazar en la Partida 22, capítulo 01, programa 01, glosa 03, letra B), la expresión "global" por "detallada".".

"Para agregar en la Partida 22, capítulo 01, programa 01, glosa 03, letra B), a continuación de punto seguido, la siguiente frase: "Dichos gastos sólo se podrán destinar al cumplimiento de las funciones propias de Gobierno y de administración de esta Secretaría General".".

El Presidente de la Comisión Especial Mixta, Honorable Senador señor Andrés Zaldívar declaró inadmisible esta indicación, confirmándose su decisión, por 10 votos a favor y 6, en contra.

Al iniciarse el debate, hizo uso de la palabra la Honorable Senadora señora Feliú, quien expresó:

Quiero plantear una duda en relación con este Presupuesto, respecto a los arriendos de oficinas.

El Honorable Senador señor Frei respondió, diciendo:

La razón es que el personal del Ministerio no cabe dentro de la ubicación que tienen en La Moneda, y tienen que arrendar oficinas fuera.

La Honorable Senadora señora Feliú agregó:

Llama la atención, porque esto corresponde a un aumento dentro de los gastos de este Ministerio. Me surge la duda de por qué se ha producido esta necesidad de mayores metros cuadrados de oficinas. Si es en forma transitoria, se puede admitir el concepto de arriendo, pero si es permanente debería analizarse otra solución para el problema. Lo que me llama la atención es que incremento de dotación ha tenido este Ministerio o los otros que trabajan en La Moneda, de manera que hoy sea necesario arriendo y no lo fuera en el pasado.

El señor Director de Presupuestos explicó:

La razón por la cual se demanda este gasto de arriendo de oficina es porque el personal no cabía en el Palacio de la Moneda. Por eso ha sido necesario arrendar una oficina, afuera, para que trabajen. Ese es el motivo, no ha habido aumento de personal, la dotación se mantiene constante.

La Honorable Senadora señora Feliú agregó:

Considero que no son informaciones claras. No se ve por qué en un momento determinado son insuficientes las dependencias que hasta hace dos años eran suficientes, porque ésta es una necesidad nueva. Significa que ha aumentado el número de personas. Si es algo permanente, deberían implementarse otras oficinas, para que esto funcione de manera racional, porque están funcionando en oficinas repartidas por el centro de Santiago. No me parece que haya quedado claro. Creo conveniente que quede constancia, en el informe de esta Comisión de Presupuesto.

El Honorable Senador señor Frei agregó:

La Comisión Nacional del Medio Ambiente, el año pasado, estaba incluida dentro de la Secretaría General de la Presidencia y ahora está aparte. Esa es la razón por la cual se han tenido que concratar esos edificios.

Vuestra Comisión Especial Mixta, unánimemente, aprobó esta Partida, sin modificaciones.

PARTIDA 50.

TESORO PUBLICO.

Esta Partida fue estudiada por la Primera Subcomisión, la que aprobó, sin modificaciones, los Programas: 01 (Ingresos Generales de la Nación), 02 (Subsidios) y 04 (Servicio de la Deuda Pública), todos ellos del Capítulo 01 que es el único en esta Partida 50.

La Subcomisión acordó aprobar con modificaciones los restantes Programas, en la forma que se detalla a continuación:

El Programa 03 (Operaciones Complementarias), con las siguientes modificaciones:

En el Subtítulo 25 (Transferencias corrientes), reducir el ítem 33 (Transferencias a otras entidades públicas), Asignación 104 (Provisión para Financiamientos Comprometidos) en "$ 3.011.522 miles, sustituyendo la cifra "$ 329.273.515 miles" por "$ 326.261.993 miles".

En el rubro superior de agregación, reemplazar la cifra "$ 525.484.499 miles" por "$ 522.472.977 miles".

Aprobar el programa 05 (Aporte Fiscal Libre), con las siguientes modificaciones al Subtítulo 80 (Presidencia de la República), en los siguientes ítem:

- 61.002 (Subsecretaría de Marina), al aumentar el aporte en $ 448.746 miles, reemplazar la cifra "$ 95.412.509 miles" por "$ 95.861.255 miles".

- 63.003 (Instituto de Desarrollo Agropecuario), al incrementar la asignación en $1.700.000 miles, sustituir el número "$ 15.175.768 miles" por "$16.875.768 miles".

- 70.001 (Secretaría General de Gobierno), por el mayor aporte de $850.776 miles, reemplazar la cifra "$ 4.710.435 miles" por "$ 5.561.211 miles".

- 70.002 (Consejo Nacional de Televisión), en virtud del aumento en $12.000 miles, sustituir el número "$ 579.564 miles" por "$ 591.564 miles".

Como consecuencia de las modificaciones precedentes, se reemplazó en el rubro superior de agregación la cifra "$ 3.527.746.853 miles" por la siguiente: "$ 3.530.758.375 miles".

En el rubro superior de agregación del Subtítulo 80, ítem 61 (Ministerio de Defensa Nacional) reemplazar la cantidad "$ 416.156.087 miles" por "$ 416.604.833 miles".

En el rubro superior de agregación del Subtítulo 80, ítem 63 (Ministerio de Agricultura) reemplazar la cifra "$ 37.423.073 miles" por "$ 39.123.073 miles".

En el rubro superior de agregación del Subtítulo 80, ítem 70 (Ministerio Secretaría General de Gobierno) reemplazar la cifra "$ 5.289.999 miles" por "$ 6.152.775 miles".

Los Honorables Senadores señores Sebastián Piñera y Hernán Larraín y los Honorables Diputados señores Jaime Orpis, Claudio Alvarado, Alejandro García-Huidobro y José García Ruminot presentaron una indicación, conformada por dos puntos, del siguiente tenor:

I. "Para rebajar, en la Partida 50, Capítulo 01, Programa 03, Subtítulo 25; el ítem 33-104 denominado "Provisión para Financiamientos Comprometidos", de la cifra en moneda nacional de $ 329.273.515.000.- a la cifra de $ 180.000.000.000.-".

II. "Para agregar a la cifra del ítem antes señalado la siguiente glosa:

"De la cifra señalada, igual a $ 180.000.000.000.-, los siguientes montos podrán utilizarse sólo para los fines que aquí se indican:

a) Para incrementos de las pensiones, ya sea por concepto de un mayor reajuste o de un incremento en la cobertura, un monto de: $ 22.100.000.000.

b) Como provisión para financiar lo que estipule una futura ley de acuerdo a las conversaciones preliminares entre el gobierno y los profesores: $ 13.500.000.000.

c) Para incrementos en las subvenciones a establecimientos educacionales según lo establece el DFL (Educación) N° 5, 1.993, por un monto de $ 20.000.000.000.

d) Para financiar el reajuste de las prestaciones familiares y del Fondo Nacional de Subsidio Familiar: $ 10.534.000.000.

e) Para financiar un reajuste del Sename: $ 2.994.000.000.

f) Para financiar un reajuste de remuneraciones en el sector público, un monto de: $90.860.000.000.

g) Un fondo de libre disponibilidad por un total de: $ 20.012.000.000.".

Puesta en votación la primera parte de la indicación antes transcrita, fue rechazada por 5 votos a favor; 10, en contra; y 2 abstenciones.

La segunda parte de dicha indicación fue declarada inadmisible.

A continuación, los mismos señores parlamentarios, ya individualizados, presentaron otra indicación, conformada por dos puntos, cuyo texto es el que sigue:

I. "Para rebajar, en la Partida 50, Capítulo 01, Programa 03, Subtítulo 25; el ítem 33-104 denominado "Provisión para Financiamientos Comprometidos, de la cifra en moneda nacional de $ 329.273.515.000.- a la cifra de $ 180.000.000.000.-".

II. "Para agregar a la cifra del ítem antes señalado la siguiente glosa:

"De la cifra señalada, igual a $ 180.000.000.000.-, los siguientes montos podrán utilizarse sólo para los fines que aquí se indican:

a) Para incrementos de las pensiones, ya sea por concepto de un mayor reajuste o de un incremento en la cobertura, un monto de: $ 22.100.000.000.

b) Para incrementos en las subvenciones tradicionales a establecimientos educacionales, según lo establece el DFL (Educación) N° 5, 1.993, por un monto de $ 20.000.000.000.Con los fondos restantes se deben financiar leyes futuras que involucren mayores gastos para el Presupuesto Nacional, tales como reajustes de remuneraciones del sector público, reajuste para las asignaciones familiares, costo de futuras leyes que representen compromisos contraídos previamente por la autoridad, y lo que reste de los compromisos esperados y pendientes, para libre disponibilidad del Ministerio de Hacienda.".

La primera parte de esta indicación fue rechazada.

La segunda parte fue declarada inadmisible.

Seguidamente, se presentó otra indicación por los aludidos señores Senadores y Diputados, cuyo tenor es el siguiente:

"Para eliminar la Glosa 01 en los Programas 02, 03 y 04 del Capítulo 01 de la Partida 50.".

El señor Director de Presupuestos expresa lo siguiente:

La glosa 01 que se propone eliminar es una norma de excedibilidad para gastos que hay que hacer por ley. Si se revisa cada uno de los ítem frente a los cuales está esta glosa: bonificación forestal, Fondo Unico de Prestaciones Familiares y Subsidio de Cesantía, entre otros, nos daremos cuenta de que son gastos que hay que hacer obligadamente por ley, y, por lo tanto, si el monto que aparece aquí como estimación máxima de gasto es superado por la realidad, necesita ser excedido.

Puesta en votación la referida indicación, fue rechazada por 4 votos a favor; 10, en contra; y 2 abstenciones.

A continuación, y como consecuencia de las variadas indicaciones formuladas por el Ejecutivo a distintas Partidas, se transcriben las indicaciones que, como consecuencia debieron formularse a la

Partida del Tesoro Público. Todas van dirigidas al Capitulo 01 (Fisco) y son las siguientes:

I. "En el programa 03 Operaciones Complementarias, Subtítulo 25, reducir el ítem 33.104

Provisión para Financiamientos Comprometidos en $ 88.000 miles. En el programa 05 Aporte Fiscal Libre, Subtítulo 80, incrementar el siguiente ítem:

Como consecuencia de esta indicación cabe entender modificados los rubros superiores de agregación".

II. "En el programa 03 Operaciones Complementarias, Subtítulo 25, reducir el ítem 33.104 Provisión para Financiamientos Comprometidos en $ 329.750 miles.

En el programa 05 Aporte Fiscal Libre, Subtítulo 80, incrementar el ítem 59.001 Subsecretaría de Educación, en $ 329.750 miles.

Como consecuencia de esta indicación cabe entender modificados los rubros superiores de agregación".

III. "En el programa 03 Operaciones Complementarias, Subtítulo 25, reducir el ítem 33.104 Provisión para Financiamientos Comprometidos en $ 4.605.250 miles.

En el programa 05 Aporte Fiscal Libre, Subtítulo 80, incrementar el ítem 59.001 Subsecretaría de Educación en $ 4.605.250 miles.

Como consecuencia de esta indicación cabe entender modificados los rubros superiores de agregación".

Todas estas indicaciones fueron aprobadas.

Vuestra Comisión Especial Mixta aprobó el resto de esta Partida 50, Tesoro Público, sin modificaciones.

ARTICULADO DEL PROYECTO.

El articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 1.995 fue estudiado por vuestra Comisión Especial Mixta.

ARTICULO 1°.

Al iniciarse el análisis de esta materia -y como consecuencia de los cambios de cifras aprobados en las Partidas- vuestra Comisión, acordó sustituir el artículo 1°, en la parte relativa a "Moneda Nacional", por el que se indica en la página siguiente.

“I.- CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS

Artículo 1°.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, el año 1995, según el detalle que se indica:

ARTICULO 2°.

Sustituirlo por el siguiente:

Artículo 2°.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la Estimación de los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 1995, a las Partidas que se indican:

ARTICULO 3°.

Los Honorables Senadores señores Sebastián Piñera y Hernán Larraín y los Honorables Diputados señores Jaime Orpis, Claudio Alvarado, Alejandro García-Huidobro, José García Ruminot y Harry Jürgensen presentaron una indicación, cuyo texto es el que sigue:

a) Para agregar un inciso final al artículo 3°, con el siguiente texto:

"Los recursos obtenidos a través de endeudamiento autorizado en este artículo no serán considerados como incrementos de los ingresos contenidos en la Ley de Presupuestos y no podrán servir para financiar ningún gasto contemplado en esta ley o en otra"."

En caso de no ser acogida la indicación precedente, se propone en subsidio la siguiente:

b) Para eliminar, en el artículo 3°, la palabra "miles", con el objeto de reducir de un millón de dólares la autorización otorgada.".

La primera parte de la indicación fue declarada inadmisible y puesta en votación dicha declaración, se ratificó por 11 votos contra 4 y 1 abstención.

La segunda parte de la indicación, fue rechazada por 11 votos contra 2, y 2 abstenciones.

Al iniciarse el estudio de este artículo, el señor Director de Presupuestos explicó que él se refiere a la autorización para endeudamiento y no se está solicitando autorización para endeudamiento en el país. Se está eliminando el inciso primero del artículo 3° vigente y solamente se está pidiendo autorización para endeudamiento en el exterior. Esa es la única diferencia de este artículo con el actual.

El Honorable Diputado señor García Ruminot:

Entiendo que cuando facultamos al Presidente de la República para endeudarse, de acuerdo con la norma constitucional, se debe expresar con qué finalidad.

El señor Director de Presupuestos explicó:

Esta es la forma tradicional en que se ha procedido en esta materia. Se da una autorización global y luego, en el uso del crédito, eso viene en cada uno de los proyectos de presupuestos, en todos los casos en que corresponde. No se está innovando en nada en este punto, excepto, como señalé, en eliminar la autorización para endeudarse dentro del país.

La Honorable Senadora Feliú expresó:

En relación con la finalidad para que se pide el empréstito, el artículo 60, número 7, de la Constitución Política señala que son materias de ley: "Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades, para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales deba hacerse el servicio de la deuda".

En relación con la norma propuesta, efectivamente desaparece el inciso primero del actual artículo tercero que permitía endeudamiento en el país, en moneda nacional. Queda el inciso segundo -que queda como primero- que dice "En todo caso, la parte de endeudamiento en el país no podrá exceder del 20% de la suma indicada". Si está eliminado el inciso primero de la actual ley, o sea año presupuestario 1.994, que autoriza al Presidente para contraer obligaciones hasta por la cantidad de 60 mil millones por concepto de endeudamiento, que se incluyen en el gasto, por qué se conserva en el inciso segundo, que pasa a ser primero, que se autoriza para contraer, hasta por tanta cantidad de dólares y que, en todo caso, la parte de endeudamiento "en el país" no podrá exceder del 20% de la suma indicada. Si no hay autorización para contraer endeudamiento en el país, entonces esa segunda parte habría que borrarla.

El señor Director de Presupuestos expresó:

Esta fue una norma que se incorporó a sugerencia de la discusión que aquí se produjo en años anteriores y que no es necesario para el año 1.995. Se puede borrar esa frase referida a una fracción de la autorización de endeudamiento.

Se aprueba el artículo 3°, suprimiendo, en su inciso primero, las palabras "sea en el país o" y la coma (,) que la precede y eliminando la frase "En todo caso, la parte de endeudamiento en el país no podrá exceder del 20% de la suma indicada.".

ARTICULO 4°.

Los Honorables Senadores señores Sebastián Piñera y Hernán Larraín y los Honorables Diputados señores Jaime Orpis, Claudio Alvarado, Alejandro García-Huidobro, José García Ruminot y Harry Jürgensen presentaron una indicación que sustituye el artículo 4° y cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 4°. La Partida Tesoro Público de la Ley de Presupuesto será considerada para todos los efectos legales y presupuestarios como un Ministerio, no pudiendo realizarse transferencias desde y hacia ella desde otros Ministerios sin ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministerio de Hacienda podrá, mediante decreto supremo, transferir los recursos autorizados que se provisionen específicamente para estos efectos en la cuenta del Tesoro Público bajo la denominación de "Provisiones para Financiamientos Comprometidos", desde este ítem a otro en esta misma partida o hacia otra partida del Presupuesto.".

El Honorable Diputado señor García:

Recuerda que el día anterior, en la Subcomisión, presenció un hecho que, a su juicio, vulnera completamente a lo menos el espíritu del artículo 4°.

Con el cargo al saldo inicial de Caja se financia un mayor gasto en personal. Esto habría ocurrido en un servicio público, que, afirma, habría sido el Instituto de Normalización Previsional.

El señor Director de Presupuestos:

Rechaza la idea de que vulnere el artículo 4°. En esta disposición se establece un límite a la suma del gasto en personal, más bienes y servicios (el gasto corriente). Este gasto puede ser aumentado en la medida que haya disponibilidad en el saldo inicial de caja.

El gasto en personal es uno de los componentes del gasto corriente.

El Honorable Diputado señor Estévez:

Estima que pretender con la indicación crear virtualmente un nuevo Ministerio, sería insostenible constitucionalmente hablando. Por esta razón, solicita el retiro de esta indicación y de la signada con el N° 41, que se refiere a la misma materia. En todo caso, al poseer idéntico contenido, pide se voten conjuntamente las indicaciones 20 y 41.

La Honorable Senadora señora Feliú:

De acuerdo con el decreto ley N° 1.263, lo que aquí se ha planteado es evidente. Este cuerpo legal no contiene disposición relativa al Tesoro Público, y señala que los traspasos entre Ministerios requieren ley que lo autorice.

En consecuencia, ésta ha sido una mala práctica y una interpretación equivocada de las disposiciones legales.

La indicación, por lo mismo, no sería inadmisible, sino que, por el contrario, conduce a sanear los procedimientos que rigen el gasto público.

En su opinión, la indicación sólo reitera conceptos contenidos en el decreto ley N° 1.263. Los problemas que en este ámbito han existido nacen interpretaciones erradas de este decreto ley.

Esta indicación fue declarada inadmisible y sometida a votación dicha resolución fue confirmada por 11 votos contra 5 y 1 abstención.

Los Honorables Senadores señores Sebastián Piñera y Hernán Larraín y los Honorables Diputados señores Jaime Orpis, Claudio Alvarado, Alejandro García-Huidobro, José García Ruminot y Harry Jürgensen presentaron otra indicación que consiste en agregar un artículo 4° bis y cuyo texto es el que sigue:

"Artículo 4° bis. Los incrementos de gastos que se autoricen por glosas en conformidad a esta ley en los respectivos Ministerios, deberán financiarse con reasignaciones presupuestarias del total de gastos aprobados para el respectivo Ministerio en esta Ley de Presupuesto, salvo en aquellos casos en que conforme al artículo 28 del decreto ley N° 1.263, 1.975, pueden excederse los gastos autorizados".

El Honorable Diputado señor García Ruminot:

Cuando se habla de gastos que se autoricen por glosa, aludimos a aquellos gastos que la propia glosa califica como susceptibles de ser excedidos. Siendo así, la indicación no padece ninguna imperfección técnica.

La indicación fue declarada inadmisible y puesta en votación dicha decisión fue confirmada por 11 votos contra 5 y 1 abstención.

Finalmente, se dio por aprobado el artículo 4°, en la forma propuesta.

ARTICULOS 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.

Respecto del artículo 7°, la Honorable Senadora señora Feliú hizo presente que tiene diferencias con respecto al artículo vigente, al decir "y la información sobre su aplicación".

El señor Director de Presupuestos explicó:

Se trata de decretos de transferencia donde, de acuerdo a la norma vigente, se puede indicar el propósito, pero además se puede establecer obligaciones de informar, de acuerdo a esa frase nueva.

Respecto del artículo 8°, el señor Director de Presupuestos explicó que hay una diferencia en el inciso segundo. Esto se refiere a la autorización para recibir donaciones. Se está permitiendo que haya un valor respecto del cual no sea necesario pedir autorización al Ministerio de Hacienda, para hacer más expedito el trámite y tratándose de donaciones de pequeño monto.

En lo que dice relación con el artículo 10, el señor Director de Presupuestos explicó, respecto del inciso final, que el monto de los pagos a que se refiere hoy está establecido en unidades de fomento. Se cambia a unidades tributarias mensuales, para no exigir un cambio diario, sino que la unidad tributaria se ajusta mensualmente y hace más fácil la administración. Los montos son equivalentes.

En relación con el artículo 15, el señor Director de Presupuestos explicó que se ha cambiado la redacción, en este caso, para lograr la intención original, pues este artículo se refiere a la reposición del personal que jubile. La intención era reponer el 50% de las vacantes de personal causadas por el cese en funciones de quienes obtenían jubilación, pensión o renta vitalicia. La norma de la actual ley fue interpretada literalmente, haciéndola sólo aplicable a quienes cesaban por la causal expresa de obtención de pensión y no aquéllos que por otras causales obtienen igualmente pensión. O sea está redactado para obtener el propósito original que era que cualquiera fuera el motivo por el cual se pensiona, sólo el 50% es reemplazado.

ARTICULO 17.

Respecto de esta norma, el señor Director de Presupuestos explicó que se refiere a la posibilidad de que en los casos en que rija el límite del 20% actual de las contratas, y en realidad el número de contrata sea superior al 20%, ello pueda ser superado de acuerdo con las dotaciones autorizadas. Permite exceder el 20% de personal a contrata, siempre dentro de las dotaciones máximas autorizadas. Esta norma es equivalente a la de este año. Quiero anticipar que hay indicación sobre este punto porque la norma está mal citada aquí en el proyecto que envió el Ejecutivo. Hay una indicación que corrige la referencia. La norma es igual a la de este año y tiene ese objeto.

El Presidente de la República presentó una indicación, cuyo texto es el siguiente:

"En el artículo 17 sustituir "16 de la ley N° 19.182" por lo siguiente "17 de la ley N° 19.259".".

Esta indicación y el artículo 17 fueron aprobados por unanimidad.

ARTICULO 18.

Fue aprobado por unanimidad, sin enmiendas.

ARTICULO 19.

La Honorable Senadora señora Feliú expresó, respecto de este artículo:

Encuentro que es bien dudosa esta disposición. En realidad esto da una flexibilidad para un manejo administrativo de las dotaciones sobre la base de traspasos de los recursos de un servicio a otro. La verdad es que si todo esto se ha aprobado, se ha discutido, que la dotación sea 2 mil ó 3 mil, esto realmente significa hacer tabla rasa toda esa discusión. Por lo que estaría por rechazar este artículo.

Al respecto, el señor Director de Presupuestos expresó:

Esta es una norma de administración. A veces hay un funcionario que se quiere enviar de uno a otro Ministerio y se topa con el límite de dotación. De eso se trata, no es que se vayan a hacer reasignaciones importantes de personal.

Puesto en votación este artículo, fue rechazado por 8 votos contra 7 y 2 abstenciones (que correspondían a pareos, razón por la cual no se repitió la votación).

ARTICULOS 20, 21 Y 22.

Fueron aprobados por unanimidad, sin enmiendas.

ARTICULO 23.

Los Honorables Senadores señores Sebastián Piñera y Hernán Larraín y los Honorables Diputados señores Jaime Orpis, Claudio Alvarado, Alejandro García-Huidobro, José García Ruminot y Harry Jürgensen presentaron una indicación cuyo tenor es el siguiente: "Para eliminar el artículo 23".

Puesta en votación, esta indicación fue rechazada por 12 votos contra 4 y 1 abstención.

Los mismos señores Parlamentarios, ya mencionados, hicieron otra indicación, la que textualmente dice:

"Para sustituir el artículo 23 por el siguiente:

"Artículo 23. La Dirección de Presupuesto deberá elaborar, con la periodicidad y contenido que en cada caso se señala, los siguientes informes:

a) Un informe mensual sobre la ejecución del presupuesto, en relación con los montos de los artículos 1° y 2° de la Ley de Presupuestos vigente;

b) Un informe trimestral que contenga la ejecución de la Ley de Presupuestos durante dicho período, así como la ejecución acumulada desde el 1° de Enero del año respectivo, en que se indicarán los ingresos y gastos efectuados conforme a la referida ley, especificándose dichas cifras a lo menos por ítem, y

Un informe trimestral, que contenga la ejecución presupuestaria, física y financiera de las empresas del Estado y de todas aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan una participación en el capital igual o superior al 50%.

El informe señalado en la letra a) del inciso anterior deberá contener la información correspondiente hasta el último día del mes anteprecedente a aquel en que dicho informe se emita. Los señalados en las letras b) y c) contendrán la información respectiva hasta el último día del mes anterior al anteprecedente en que se emita el informe.

Los informes de que trata este artículo serán públicos.".".

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente):

Sin perjuicio de que la indicación deba ser declarada inadmisible, tiene un contenido que el Ejecutivo debería estudiar, a objeto de corregir esta materia mediante la presentación de una indicación que mejore el mecanismo de información de ejecución presupuestaria al Congreso.

En base a dichas consideraciones, pide la inadmisibilidad, en el entendido de que el Ejecutivo se pronunciará sobre el particular oportunamente con la respectiva indicación.

El Honorable Diputado señor Orpis:

Las indicaciones que se ha estado analizando se encuentran en poder del señor Director de Presupuestos desde hace una semana. Pregunta por la efectividad de algún tipo de voluntad política en orden a aceptar el contenido de algunas de las indicaciones.

El señor Director de Presupuestos:

En relación con la indicación en estudio el Ejecutivo ha manifestado su voluntad de ir mejorando el sistema de información disponible en estas materias. Afirma que están considerando diversas alternativas o fórmulas para recoger las ideas desarrolladas en las indicaciones de que se trata.

La Honorable Senadora señora Feliú:

Sostiene que esta discusión se ha tenido en todos los ejercicios presupuestarios. Normalmente, tanto el señor Ministro de Hacienda como el Dir. de Presupuesto se han comprometido a entregar una información más completa y detallada. Sin embargo, estas buenas intenciones no se han traducido en hechos concretos, porque la información de que los parlamentarios disponen para la discusión de la Ley de Presupuesto es la mínima que sería dable esperar.

Se trata de propender a un sistema de información periódica, que permita evaluar fundamentalmente lo que ha sido el respectivo ejercicio presupuestario.

El Honorable Diputado señor Palma:

No pueden caber dudas en cuanto a que la información ha ido mejorando paulatinamente.

El Honorable Diputado señor Orpis:

El problema consiste, a su juicio, en la circunstancia de que los parlamentarios se estarían conformando con una información escasa que se distribuye con pocos días de anticipación al inicio de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos.

El resto del año se desconoce absolutamente cualquier información sobre el tema, existiendo flexibilidad presupuestaria total.

Lo que se busca es que exista mayor transparencia.

El Honorable Diputado señor Palma:

El Congreso, y particularmente la Cámara de Diputados, realiza una relevante función de fiscalización. Sería muy útil, al efecto, que los parlamentarios alcanzaran algunos acuerdos para exigir a la Contraloría que les informe oportunamente, cuando se le requiere en tal sentido.

La Contraloría es el agente del Estado que debe procesar y visar la información relativa a la gestión estatal.

El Honorable Diputado señor Tuma:

Señala que en el Senado y en la Cámara de Diputados se estaría estudiando cómo podría el Congreso hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria. Se manifiesta partidario de que los parlamentarios puedan fiscalizar el presupuesto, para lo cual se encuentra patrocinando un proyecto de ley que se refiere a la creación de una Comisión Permanente en la Cámara de Diputados, que atienda estas materias durante todo el año y contando para ello con la respectiva información.

Estima que la indicación que motiva esta discusión, no respeta las atribuciones que tiene el Ejecutivo en materia de administración financiera del Estado, razón por la cual la rechazaría.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente), por su parte, expresó:

En todo caso le pido a la Secretaría que le remita el texto de la indicación, como otras que tienen el mismo objetivo, con el fin que el Ministerio de Hacienda nos pueda hacer llegar alguna proposición sobre el tema.

Esta indicación fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión. Puesta en votación dicha decisión, fue confirmada por 9 votos contra 7 y 1 abstención.

Terminado el tratamiento de las indicaciones recién transcritas, el señor Director de Presupuestos expresó, refiriéndose derechamente al artículo propuesto, que es una norma nueva. Por él se prorroga, por un año, la vigencia del decrete ley 701 de bonificación forestal, que vence en Marzo del año 1.995 y que es prorrogado, no por un año, sino que hasta fines de 1.995. En el intertanto, el Ejecutivo va a proponer una norma permanente sobre la materia. Por eso, mientras se legisla sobre eso, se propone prórroga hasta Diciembre de 1.995.

La Honorable Senadora señora Feliú expresó:

Encuentro bien inconveniente esta prórroga por la Ley de Presupuesto, porque el sistema del decreto ley 701 es muy bueno. Me resulta inexplicable que estando por vencer no se haya enviado un proyecto que permita al Congreso discutir el tema. Estas prórrogas por un tiempo no son convenientes. El sistema debe ser prorrogado o no. Que se discuta. Yo estoy por prorrogarlo, pero la verdad es que la autorización por la Ley de Presupuestos no me parece el camino más adecuado. Voy a votar a favor, de todas maneras, pero no puedo dejar de llamar la atención sobre el particular.

El Honorable Diputado señor Tuma expuso:

Quiero compartir la inquietud de la Honorable señora Senadora, en términos de que esta prórroga debería hacerse por la vía de un proyecto de ley, de suma urgencia. Que lo presente el Ejecutivo cuanto antes al Congreso, pues este decreto amerita modificaciones urgentes y no me parece que prorrogarlo por un año más, en circunstancias que tiene algunos vicios que no se previeron en la dictación original. Cuando se dictó este decreto ley debía cumplir una determinada función. Hoy en día la realidad es diferente. No me parece adecuado prorrogarlo por un año más, sin hacerle modificaciones. Por esa razón, yo rechazaría la prórroga del DL 701.

El Honorable Diputado señor Palma añadió:

Me sumo a las expresiones de la Honorable Senadora señora Feliú sobre la inconveniencia de enviar esto por un artículo de la Ley de Presupuestos, siendo un tema de amplia discusión en el país y muy complejo. Pero no me sumo a la segunda de sus expresiones, tendientes a la conveniencia de aprobar esto. Yo creo que, en realidad, este subsidio ya cumplió su objetivo. Una prórroga es sólo transferencia a sectores industriales que no necesitan este subsidio, y por los tanto es una transferencia de recursos que, en definitiva, sólo va a beneficiar a grandes empresas. No se justifica la prórroga de su vigencia. Si se presenta una iniciativa diferente, que beneficie a sectores que no se han beneficiado hasta ahora, creo que podría justificarse. Estoy consciente que, como es habitual, se va a decir que hay un pequeño campesino que se beneficia, y probablemente lo hay, pero sería mucho más económico entonces desarrollar una transferencia vía Fosis a ese pequeño campesino y no estar malgastando los recursos.

El Honorable Diputado señor Orpis:

No me parece señor Presidente que esta materia sea pertinente discutirla en la Ley de Presupuesto. Requiere de una discusión más amplia. Hacía mucho tiempo que se sabía que esto vencía y no se ha tenido la precaución de enviar un proyecto, de manera oportuna, para poder discutirlo. Por lo tanto, yo voy a rechazar este artículo.

El Honorable Diputado señor Sabag dijo:

No cabe duda de que el decreto ley 701 fue de gran beneficio para el país. Ya tiene una vigencia de casi 20 años y gracias a él se plantaron más de un millón de hectáreas. Pero es evidente que ya cumplió su función. En las visitas, que incluso con Parlamentarios, efectuamos a varias empresas forestales el año 90, cuando en Forestal Arauco preguntamos por el decreto ley 701 nos dijeron: nos da vergüenza; cuando recibimos el cheque se los estamos dando a los trabajadores para vivienda porque este subsidio ahora no lo necesitamos. Voy a rechazar esta disposición, porque estimo que estos fondos deben aplicarse para el pequeño propietario que es el que realmente necesita un subsidio. Quiero aclarar que los más de cien millones de dólares que se han invertido a través del decreto ley 701 fue una buena inversión, pero fue aprovechada, en un 95%, sólo por cuatro grandes empresas del país.

El Honorable Senador señor Gazmuri expresó:

Si bien comparto el criterio de que deberíamos haber tenido la ley sustitutiva ya en tramitación en el Congreso, desde el punto de vista del efecto que va a tener el próximo año, y viendo, además, el compromiso del Gobierno de mandar esa ley, me parecería inadecuado discontinuar el programa de reforestación. Además, con los instrumentos actuales también se puede orientar de manera más precisa hacia los sectores que no han sido beneficiarios. Estoy por mantener la norma, sin perjuicio de compartir el criterio de que la modificación debería haberse hecho con anticipación.

El Honorable Diputado señor Tuma:

Recuerda el próximo vencimiento del decreto ley, cuestión que ocurrirá a fines del presente año, solicitando al Ejecutivo enmendar la indicación, en el sentido de no renovarla hasta el 31 de diciembre de 1995 sino hasta mediados del mismo año. Así, los Parlamentarios tendrían tiempo para perfeccionar el proyecto de ley, en un plazo más razonable y no tan excesivo.

El Honorable Senador señor Zaldívar (Presidente):

Coincide con el planteamiento del Honorable Senador señor Gazmuri, en cuanto estima que el Gobierno tendrá que enviar un proyecto de ley sobre la materia de que se trata. Por lo demás expresa, de esta manera lo ha explicitado el Ejecutivo.

En consecuencia, votará a favor, pues se le ha levantado su pareo, para estos efectos.

El artículo 23 del proyecto fue sometido a votación, siendo aprobado por 12 votos contra A y 1 abstención.

ARTICULO 24.

Respecto de este artículo, el señor Director de Presupuestos hace presente que esta disposición es objeto de un pequeño cambio, para hacer más expedito el trámite de algunas de las autorizaciones a que se refiere la norma. En lugar de otorgarlas por decreto, las autorizaciones se concederán por oficio.

Este artículo fue aprobado, por unanimidad, sin modificaciones.

ARTICULO 25.

Fue aprobado, por unanimidad, sin modificaciones.

-o-o-

ARTICULO 26, nuevo.

Los Honorables Senadores señores Sergio Bitar, Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Núñez y el Honorable Diputado señor Harry Jürgensen presentaron indicación para introducir un artículo 26 nuevo, cuyo texto es el que sigue:

"Artículo 26. Deberán explicitarse las partidas que comprometen fondos por más de un año presupuestario, describiéndose el monto anual de cada uno de los períodos.".

Por decreto se determinará la ubicación que dentro de la clasificación presupuestaria corresponda a dichos ingresos o gastos.".

Los Honorables Senadores señores Miguel Otero y Francisco Javier Errázuriz y el Honorable Diputado señor Harry Jürgensen presentaron una indicación para introducir un artículo 26 nuevo, que dice:

"Artículo 26. Deberán explicitarse las partidas que comprometan fondos por más de un año presupuestario, describiéndose en el monto anual de cada uno de los períodos".

Asimismo, los Honorables Diputados señores Carlos Bombal, Jaime Orpis, Claudio Alvarado, Alejandro García-Huidobro y Harry Jürgensen presentaron indicación redactada en términos idénticos a la transcrita anteriormente.

Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles.

ARTICULO 27, nuevo.

Los Honorables Senadores señores Sergio Bitar, Francisco Javier Errázuriz, Ricardo Núñez y el Honorable Diputado señor Harry Jürgensen presentaron indicación para establecer un artículo 27 nuevo y cuyo texto es el que sigue:

"Artículo 27. La Dirección de Presupuesto deberá elaborar los siguientes informes con la periodicidad y contenido que en cada caso se señala:

a) Un informe trimestral que contenga la ejecución de la ley de presupuesto durante el trimestre respectivo, así como la ejecución acumulado desde el primero de Enero, en que se establecerá el movimiento de todos los ingresos y gastos de la ley de Presupuesto a nivel de ítem, y

b) Un informe trimestral, que contenga la ejecución presupuestaria, física y financiera de las empresas del Estado y todas aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%.

Los informes señalados en las letras a) y b) contendrán la información respectiva hasta el último día del mes anterior al anteprecedente en que se emite el informe.

Los informes de que trata este artículo serán públicos".

Los Honorables Senadores señores Miguel Otero y Francisco Javier Errázuriz y el Honorable Diputado señor Harry Jürgensen presentaron indicación para introducir un nuevo artículo 27, la que a la letra dice:

"Artículo 27. Los ingresos y/o gastos aprobados por leyes sancionadas durante el ejercicio presupuestario, como también aquellos autorizados por leyes de años anteriores que no hubieren sido incluidos en la Ley de Presupuestos, podrán incorporarse vigente sólo mediante una ley que consagre explícitamente.

Por decreto se determinará la ubicación que dentro de la clasificación presupuestaria corresponda a dichos ingresos o gastos".

Los Honorables Diputados señores Carlos Bombal, Jaime Orpis, Claudio Alvarado, Alejandro García-Huidobro y Harry Jürgensen presentaron una indicación para crear un nuevo artículo 27, en los mismos términos que la ya transcrita precedentemente.

Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles.

ARTICULO 28, nuevo.

Los Honorables Senadores señores Miguel Otero y Francisco Javier Errázuriz y el Honorable Diputado señor Harry Jürgensen presentaron una indicación que propone un artículo 28 nuevo y cuya redacción es la siguiente:

"Artículo 28. La ejecución del presupuesto anual será flexible de manera tal que permita su adecuación a las necesidades que, según la ley, son de cargo del Estado.

No obstante, los traspasos entre partidas presupuestarias o los que tengan por objeto reducir los recursos destinados a inversión o aumentar el gasto corriente, requerirán de una autorización legal expresa. También requerirá de autorización legal, el aumento, durante el año respectivo, del monto neto de los gastos estimados en la Ley de Presupuesto respectiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 28 del Decreto Ley 1.263".

Asimismo, los Honorables Diputados señores Carlos Bombal, Jaime Orpis, Claudio Alvarado, Alejandro García-Huidobro y Harry Jürgensen presentaron una indicación proponiendo introducir un artículo 28 nuevo, en los mismos términos que la descrita en el párrafo anterior.

Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles.

ARTICULO 29, nuevo.

Los Honorables Senadores señores Miguel Otero y Francisco Javier Errázuriz y el Honorable Diputado señor Harry Jürgensen presentaron indicación que propone un artículo 29, nuevo y cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 29. La Dirección de Presupuesto deberá elaborar los siguientes informes con la periodicidad y contenido que en cada caso se señala:

a) Informe mensual sobre la ejecución del presupuesto en relación con los montos de los artículos 1 y 2 de la Ley de Presupuesto vigente.

b) Un informe trimestral que contenga la ejecución de la Ley de Presupuesto durante el trimestre respectivo, así como la ejecución desde el primero de Enero, en que se establecerá el movimiento de todos los ingresos y gastos de la Ley de Presupuesto a nivel de ítem, y

c) Un informe trimestral, que contenga la ejecución presupuestaria, física y financiera de las empresas del Estado y todas aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%.

a) El informe señalado en la letra a) del inciso anterior deberá contener la información correspondiente a aquel en que dicho informe se emite. Los señalados en las letras b) y c) contendrán la información respectiva hasta el último día del mes anterior al anteprecedente en que se emite el informe.

Los informes de que trata este artículo serán públicos".

Los Honorables Diputados señores Carlos Bombal, Jaime Orpis, Claudio Alvarado, Alejandro García-Huidobro y Harry Jürgensen presentaron una indicación proponiendo igualmente un artículo 29 nuevo, redactado en iguales términos a la indicación recién transcrita.

Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles.

Otras indicaciones.

El Honorable Diputado señor Jaime Orpis presentó una indicación cuya fundamentación expresa:

"Es una necesidad fundamental para la adecuada asignación de los recursos públicos el poder medir la eficiencia del gasto ejecutado.

En la actualidad no existen parámetros objetivos para poder medir si lo que gasta el Estado se focaliza en aquellas personas o sectores que se desea impulsar y si es asignado con eficiencia, de modo de traducirse en beneficios concretos para las personas. Por el contrario, el único parámetro de medición hasta ahora utilizando es el de crecimiento (disminución) del gasto público en los distintos ministerios. De esta manera, se produce la paradoja que se aprueban las gestiones que gastan más y no necesariamente las que gastan mejor los recursos públicos.

El gobierno por su parte, ha introducido en la actual Ley de Presupuestos información complementaria sobre gestión, que si bien constituye un paso hacia adelante, no representan en ningún caso indicadores de eficiencia que permitan medir adecuadamente los recursos por el Estado".

El texto de la indicación es el siguiente:

"Artículo Primero. Introdúzcanse los siguientes indicadores de gestión destinados a medir la eficiencia del gasto público en los ministerios que a continuación se señalan:

Ministerio de Salud: Los parámetros que se deberán medir se refieren a productividad media de los médicos medida en relación al número de atenciones, productividad de la atención cerrada, es decir, el número de egresos hospitalarios por hora semanal, número de atenciones quirúrgicas de acuerdo a tres tipos de atenciones: normal, mediana complejidad y complejas, dotación de horas de médicos, enfermeras y asistentes de los distintos centros atención pública y nivel de utilización de las camas disponibles.

En los distintos casos deberá especificarse si existe o no exceso de demandantes por los servicios de salud y cuantificarse el nivel de dichos exceso.

Ministerio de Educación: Los indicadores que deberán ser medidos son: nivel de asistencia a clases de los alumnos y profesores según establecimiento de educación básica y media pertenecientes a las municipalidades de tipo rural o urbano y a nivel agregado, evolución del número de horas de clases impartidas a los alumnos, número de alumnos por profesor por nivel para zonas rurales y urbanas a nivel agregado y evolución de los resultados de las pruebas de Medición de la Calidad de la Educación en los niveles en que ha sido evaluada.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Se deberá simular un tipo de vivienda promedio que tendrá una relación proporcional con los distintos tipos de viviendas construidos, dicha vivienda deberá ser evaluada sobre la base de un nivel de calidad de la construcción y de amplitud, constantes. Si los estándares de calidad y amplitud cambiasen deberá simularse el número de viviendas de acuerdo a la vivienda promedio inicial.

Deberán incluirse el nivel de crecimiento de la vivienda promedio, de los distintos tipos de vivienda y urbanizaciones desarrolladas y su relación con el nivel de crecimiento real del gasto destinado a esos ítems.

Ministerio de Justicia: Los indicadores de medición de la gestión se refieren a evolución del tiempo de demora de los distintos trámites correspondientes a esta repartición en relación a número de días de demora y variación porcentual, número de menores atendidos por funcionario del Servicio Nacional de Menores SENAME- cobertura de los distintos planes, evolución de la cantidad de horas de capacitación de los programas de capacitación de reclusos y cobertura de los mismos y evolución del porcentaje de reincidencias por recluso liberado".

"Artículo Segundo. Sobre todas aquellas partidas que representen servicios a la comunidad de los Ministerios antes señalados, se deberán elaborar informes de focalización del gasto público de acuerdo al nivel socioeconómico, cultural y edad de los beneficiarios".

Esta indicación fue declarada inadmisible.

El Honorable Senador señor Sebastián Piñera presentó una indicación que dice:

"Para insertar dos nuevos artículos 25 y 26 (pasando el actual artículo 25 a ser artículo 27) con el siguiente texto:

"Artículo 25. Introdúcense los siguientes indicadores de gestión y de resultados, destinados a medir la eficiencia del gasto público en los Ministerios que a continuación se señalan:

Partida 05.

Ministerio del Interior.

Capítulos 61 al 73, Programas 02

Inversión Regional.

Cada gobierno regional dará seguimiento a los siguientes indicadores, los que además se pondrán en conocimiento de los Consejos Regionales respectivos en las oportunidades que se señalan:

a) Stock de Proyectos (número de proyectos y monto de inversión total) de la región inscritos en el Banco Integrado de Proyectos en etapa de Preinversión, a fines de Marzo y de Septiembre de 1.995, clasificados según sectores.

Comparación con los marcos presupuestarios de inversión, según fuentes de financiamiento, en el año 1.995.

b) Número y monto de inversión de proyectos presentados al Sistema Nacional de Inversión Pública, que postulan a financiamiento para el proceso Presupuestario 1.996, clasificados por fuentes de financiamiento, y rankeados según el Valor Actual Neto Social (VAN social), monto de inversión por beneficiario u otros indicadores de rentabilidad social. Comparación con los años 1.993, 1.994 y 1.995.

c) Número y monto de inversión de proyectos presentados al Sistema Nacional de Inversión Pública, que se encuentran con recomendación técnica y en espera de financiar miento, clasificados por sectores. \

d) Programa de licitación y adjudicación de proyectos de inversión con Fondos Regionales: cumplimiento trimestral del Programa en cada Región.

e) Ejecución Presupuestaria cuatrimestral de todos los ítems que componen el Subtítulo 31 Inversión real.

Partida 09.

Ministerio de Educación.

09.01.01. Subsecretaría de Educación.

La Subsecretaría llevará indicadores de los siguientes programas, los que se pondrán en conocimiento de los Consejos Regionales respectivos:

31.012 Programa de Becas Indígenas.

a) Número de postulantes a cada tipo de beca del programa;

b) Número de becas otorgadas.

33.037 Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Cultura.

a) Número de proyectos aprobados como porcentaje del total de proyectos postulados, por cada concurso y región del país.

b) Número de beneficiarios por acción desarrollada en cada región del país.

33.038 Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural.

a) Número de proyectos aprobados como porcentaje del total de proyectos postulados, por cada concurso regional y región del país, y por cada concurso nacional.

09.01.02. Mejoramiento de la educación de adultos.

La Subsecretaría de Educación llevará los siguientes indicadores, los que se pondrán en conocimiento de los Concejos Comunales y Consejos Regionales respectivos:

a) Monto de recursos, tipo y número de acciones a desarrollar en cada región.

b) Número de adultos beneficiados por cada tipo de acción, según grado de pobreza y analfabetismo.

c) Costo por adulto atendido por cada tipo de acción.

d) Costo total por persona atendida con el Programa.

09.01.03 Modernización de la Educación Media.

Para este Programa, la Subsecretaría de Educación llevará los siguientes indicadores, los que se pondrán en conocimiento de los respectivos Consejos Comunales y Consejos Regionales:

a) Número de establecimientos educacionales y de alumnos, postulantes al Programa, por comuna y región. Criterios de selección de los postulantes.

b) Número de establecimientos educacionales y de alumnos beneficiados con el Programa, por comuna y región, según actividades.

c) Costo total por alumno beneficiado, en cada establecimiento atendido con el programa, por comuna y región.

En particular para el Programa de Beca Especial Alumnos de Enseñanza Media (ítem 25.31.002), la Subsecretaría de Educación llevará los siguientes indicadores, los que se pondrán en conocimiento de los respectivos Concejos Comunales y Consejos Regionales en las aportunidades que correspondan:

a) Número de alumnos postulantes al programa, según nivel socioeconómico medido por puntaje de Encuesta CAS II, clasificados por tipo de sostenedor -municipal o particular subvencionado-, y por comuna y región.

b) Número de alumnos seleccionados como beneficiarios del programa según nivel socioeconómico medido por puntaje de Encuesta CAS II. Porcentaje que representan los alumnos seleccionados dentro del total de postulantes. Ambos indicadores se calculan por comuna y región.

c) Monto del subsidio por alumno beneficiado y monto del aporte por establecimiento, según tipo de sostenedor, por comuna y región.

d) Comparación de los resultados del SIMCE de los establecimientos beneficiados con el Programa, en relación al promedio de establecimientos de similar naturaleza.

e) Rendimiento escolar de los alumnos beneficiados con el programa, por comuna y región.

f) Comparación de los indicadores señalados en las letras a), b), c), d) y e) anteriores, para los años 1.994 y 1.995.

09.01.07 Mejoramiento de la calidad y equidad de la Educación (MECE).

En este programa, la Subsecretaría de Educación llevará los siguientes programas individualizados en el subtítulo 25 con los ítemes 33.030, 33.032, 33.033, 33.035 y 33.036, los que se pondrán en conocimiento de los respectivos Concejos Comunales y Consejos Regionales en las oportunidades que corresponda:

a) Número de establecimientos educacionales postulantes a cada Programa, por tipo de sostenedor -particular o municipal-, y por comuna y región.

b) Número de establecimientos educacionales beneficiados en cada Programa, clasificados por tipo de sostenedor -particular o municipal, y por comuna y región. Porcentaje que representa dentro del total de postulantes, por tipo de sostenedor -particular o municipal-, y por comuna y región.

c) Criterios de priorización y selección de los establecimientos educacionales beneficiados en cada Programa.

d) Costo por alumno y por establecimiento beneficiado, según tipo de sostenedor, por comuna y región.

e) Comparación de los resultados del SIMCE obtenido por cada establecimiento beneficiado con el Programa, en relación al resultado promedio de establecimientos de similar naturaleza.

f) Comparación del rendimiento escolar de los alumnos beneficiados con el Programa, en relación al rendimiento medio de alumnos de similares características, por comuna y región.

g) Comparación de los indicadores señalados en las letras a), b), c), d), e) y f) anteriores, para cada año en que se ha ejecutado el Programa, incluido el año 1.995.

Además, la Subsecretaría de Educación llevará indicadores para cada uno de los Programas siguientes, que forman parte del Programa Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación:

Ítem 33.031. Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME).

Ítem 33.034. Textos escolares.

Ítem 33.038 Programa de escuelas de sectores pobres (P900).

Ítem 87.001 Red interescolar de computación.

Ítem 87.002 Programa Informática en las escuelas.

Los indicadores serán los que se señalen a continuación, los que se pondrán en conocimiento de los respectivos Concejos Comunales y Consejos Regionales en las oportunidades que correspondan:

a) Número de establecimientos postulantes a cada Programa, clasificados por tipo de sostenedor -municipal o particular subvencionado-, y por comuna y región.

b) Criterios de priorización y selección de los postulantes a cada Programa.

c) Número de establecimientos seleccionados como beneficiarios de cada Programa. Porcentaje que representan los establecimientos seleccionados dentro del total de postulantes a cada programa. Ambos indicadores se calculan para cada tipo de sostenedor y para cada comuna y región.

d) Monto del subsidio por establecimiento beneficiado, según tipo de sostenedor, por comuna y región.

e) Comparación de los resultados del SIMCE obtenidos por cada establecimiento beneficiado con el programa, en relación al resultado promedio de establecimientos de similar naturaleza.

f) Comparación del rendimiento de los alumnos beneficiados con el Programa, en relación al rendimiento medio de alumnos de similares características, por comuna y región.

g) Comparación de los indicadores señalados en las letras a), b), c), d), e) y f) anteriores, para cada año en que se ha ejecutado el Programa, incluido 1.995. 09.08.01 Comisión Nacional de Investigación Científica y tecnológica. La Comisión llevará indicadores de los siguientes programas:

Fondo Nacional Desarrollo Científico y Tecnológico.

Fondo de Fomento Ciencia y Tecnología (FONDEF). Para cada uno, se llevarán los siguientes indicadores:

a) Número de proyectos presentados, por cada concurso y línea de investigación, por regiones.

b) Número de proyectos seleccionados, y expresado como porcentaje del total de proyectos postulados a cada concurso y línea de investigación en cada región del país.

c) Monto de recursos asignados por proyecto seleccionado, en cada línea de investigación y concurso, en cada región del país.

d) Número de investigaciones publicadas en revistas científicas, y porcentaje que representan dentro del total de investigaciones financiadas con el Fondo en cada línea de investigación.

e) Comparación de los indicadores señalados en las letras a), b), c) y d) anteriores, para cada uno de los últimos 5 años en que se ha ejecutado el Programa, incluido 1.995.

Adicionalmente, se evaluarán los siguientes programas: 25.31.006 Apoyo a centros académicos independientes. 25.31.013 Fondo de liderazgo científico. Para cada uno de ellos se llevarán los siguientes indicadores:

a) Número de entidades postulantes al Programa.

b) Criterios de priorización y selección de los postulantes presentados.

c) Número de postulantes seleccionados como beneficiarios del Programa. Porcentaje que representan las entidades seleccionadas dentro del total de postulantes al programa.

d) Monto del subsidio por postulante beneficiado.

09.09.01 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

La entidad informará sobre indicadores para los siguientes programas:

25.31.006 Programas de Alimentación Escolar (PAE).

25.31.007 Programa Campamentos Escolares.

25.31.008 Programa Salud Oral.

25.31.010 Programa Especial Utiles Escolares.

25.31.012 Programa de Alimentación de Verano.

25.31.013 Residencia Familiar Estudiantil.

Para cada uno, se llevarán los siguientes indicadores, los que se pondrán en conocimiento de los respectivos Concejos Comunales y Consejos Regionales en las oportunidades que corresponda:

a) Beneficiarios potenciales del Programa, por comunas y regiones.

b) Número de alumnos efectivamente atendidos con el Programa, por comunas y regiones.

c) Criterios aplicados para seleccionar a los beneficiarios del Programa.

d) Cobertura del Programa, por comunas y regiones.

e) Costo por alumno atendido, por comunas y regiones.

f) Focalización del Programa, en cada zona -rural y urbana- y región del país, medida por la Encuesta CASEN en los años 1.987, 1.990, 1.992 y 1.994.

09.11 Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La entidad informará sobre indicadores para los siguientes programas: Programa 01 - Atención Tradicional.

Programa 02 - Programas alternativos de enseñanza pre-escolar.

Programa 03 - Mejoramiento y ampliación atención pre-escolar.

Para cada uno, se llevarán los siguientes indicadores, los que se pondrán en conocimiento de los; respectivos Concejos Comunales y Consejos Regionales en las oportunidades que corresponda:

a) Número de beneficiarios potenciales del Programa, por comunas y regiones.

b) Número de párvulos efectivamente atendidos con el Programa, por comunas y regiones.

c) Cobertura del Programa, por comunas y regiones.

d) Costo total anual por alumno atendido, por comunas y regiones del país.

e) Número de funcionarios por alumno atendido, por comunas y regiones del país.

f) Focalización del gasto del Programa en alumnos pertenecientes a los estratos de más bajos ingresos, en cada zona -rural y urbana- y región del país, medida por la Encuesta CASEN en los años 1.987, 1.990 y 1.994.

09.02.01 Subvención a establecimientos educacionales.

El Ministerio informará sobre indicadores para las siguientes Transferencias (ítemes):

33.029 Fondo Recursos Complementarios Artículos 13, 15 y 16 transitorios, Ley 19.070.

33.030 Asignación Desempeño Difícil Artículo 45, 59 y 8° transitorio, Ley 19.070.

33.032 Otras asignaciones.

33.033 Fondo de Adecuación Docente.

33.034 Subvención adicional Inciso 1 Artículo 10°, ley 19.278.

33.035 Para el cumplimiento del Inciso 2 Artículo 10°, ley 19.278.

Para cada una de las Transferencias individualizadas precedentemente, se dispondrá de los indicadores que se señalan a continuación, los que serán puestos en conocimiento de los respectivos Concejos Comunales y Consejos Regionales en las oportunidades que correspondan:

a) Monto anual promedio por alumno asistente, distribuido por cada Transferencia (ítem), clasificado según tipo de sostenedor -municipal y particular subvencionado- y por cada comuna y región del país.

b) Comparación de los resultados del SIMCE obtenidos por cada establecimiento beneficiado con estas Transferencias, clasificado según tipo de sostenedor -municipal y particular subvencionado- y por cada comuna y región del país.

c) Comparación de los resultados del SIMCE obtenidos por cada establecimiento beneficiado con estas Transferencias, en relación al resultado obtenido por el propio establecimiento en años anteriores.

d) Comparación de los indicadores señalados en las letras a) y b) anteriores, para cada comuna y región del país, por tipo de sostenedor y para cada año en que se ha ejecutado el Programa, incluido 1.995.

09.30.01 Educación Superior.

El Ministerio informará sobre indicadores para las siguientes Transferencias (ítemes):

33.029 Aporte artículo 2° D.F.L. (Ed.) N° 4, de 1.981.

33.030 Aporte artículo 3° D.F.L. (De.) N° 4, de 1.981.

33.031 Fondo de Becas y Desarrollo de la Educación Superior.

Para cada una de las Transferencias individuales precedentes, se dispondrá de los indicadores que se señalan a continuación, los que serán puestos en conocimiento de los respectivos Consejos Regionales en las oportunidades que correspondan:

a) Monto anual promedio por alumno matriculado, distribuido por cada Transferencia (ítem), clasificado según institución receptora y región del país.

b) Comparación de los indicadores señalados en la letra a) anterior, para cada región del país, por tipo de institución receptora y para los últimos cinco años en que se ha ejecutado la Transferencia respectiva, incluido 1.995.

c) Focalización del gasto fiscal involucrado en cada una de estas transferencias en alumnos pertenecientes a los estratos de más bajos ingresos, en cada zona -rural y urbana- y región del país, medida por la Encuesta CASEN en los años 1.987, 1.992 y 1.994.

10 Ministerio de Justicia.

10.02.01 Servicio de Registro Civil e Identificación.

a) Número de documentos emitidos mensualmente por funcionario, en cada oficina del Servicio y en cada región del país, según tipo de documento.

b) Costo promedio anual por documento emitido, en cada oficina del Servicio y en cada región del país.

c) Tiempo promedio de entrega por documento, en cada oficina del Servicio y en cada región del país, según tipo de documento.

10.07.01 Servicio Nacional de Menores.

Programa 01 ítem 31.002 Subvención a menores en situación irregular.

a) Número de menores atendidos en las distintas modalidades de atención, por regiones.

b) Número de vacantes disponibles en las distintas modalidades de atención, por regiones.

c) Número de menores en lista de espera para acceder a la atención en las distintas modalidades, por regiones.

d) Costo medio anual por menor atendido, según modalidad de atención y tipo de institución colaborada, en cada región del país.

Programa 02 Programa de Administración Directa.

a) Número de menores atendidos en distintas modalidades de atención, por regiones.

b) Número de vacantes disponibles en las distintas modalidades de atención, por regiones.

c) Número de menores en lista de espera para ser derivados a las distintas modalidades, por regiones.

d) Costo medio anual por menor atendido, según modalidad de atención, en cada región del país.

Partida 12.

Ministerio de Obras Públicas.

12.02.4 Dirección General de Obras Públicas, Dirección de Vialidad.

Cada Dirección Regional y la Dirección Nacional, llevarán los siguientes indicadores, los que se pondrán en conocimiento de los Consejos Regionales respectivos en las oportunidades que se señalan:

a) Stock de proyectos (número de proyectos y monto de inversión total) inscritos en el Banco Integrado de Proyectos en etapa de Preinversión, en la región, a fines de Marzo y de Septiembre de 1.995.

Comparación con los marcos presupuestarios de inversión, según fuentes de financiamiento, en el año 1.995.

b) Número y monto de inversión de proyectos presentados al Sistema Nacional de Inversión Pública, que postulan a financiamiento para el Proceso Presupuestario 1.996, clasificados por fuentes de financiamiento, y rankeados según Valor Actual Neto Social (VAN social). Comparación con igual indicador en los años 1.993, 1.994 y 1.995.

c) Programa de licitación y adjudicación de proyectos de inversión: cumplimiento trimestral del Programa en cada Dirección Regional y Dirección Nacional.

d) Ejecución Presupuestaria cuatrimestral de todos los ítems que componen los Subtítulos 30 Inversión Sectorial de Asignación Regional, 31 Inversión real y 32 Inversión Financiera, por Direcciones Regionales y Dirección Nacional.

12.04.01 Dirección General de Obras Públicas, Dirección General de Aguas. Cada oficina regional llevará los siguientes indicadores, los que se pondrán en conocimiento de los Consejos Regionales respectivos en las oportunidades que se señalan:

a) Número de solicitudes de Derechos de Aguas pendientes a fines de Junio y de Diciembre, años 1.993, 1.994 y 1.995. Porcentaje de variación del número de solicitudes de Derechos de Agua pendientes, a fines de cada semestre.

b) Costo total por solicitud de Derechos de Aguas resueltas en cada año (incluye todos los gastos en que incurre la entidad para prestar este servicio, ya sea directamente o contratado a terceros).

Partida 13.

Ministerio de Agricultura.

13.02.01 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias.

31.004 Instituto de Investigaciones Agropecuarias.

31.005 Fundación Fondo de Investigaciones Agropecuarias.

85.001 Convenio Bid-Inia.

Para cada una de las transferencias antes señaladas:

a) Número de proyectos de investigación financiados anualmente.

b) Costo anual promedio por proyecto de investigación desarrollado.

c) Número de beneficiarios potenciales con el producto de las investigaciones realizadas.

d) Número de acciones de asistencia técnica derivada de las investigaciones realizadas. 13.03.01 Instituto de Desarrollo Agropecuario.

a) Evaluación de programas de asistencia crediticia:

Indicadores de impacto: rentabilidad de cultivo obtenida por los beneficiarios comparada con grupos no beneficiarios;

Indicadores de eficiencia: criterios de selección y priorización de beneficiarios del programa; costo por beneficiario; % de aplicación de la asistencia técnica;

Indicadores de focalización del Programa: identificación de los beneficiarios del programa según nivel socioeconómico o grado de pobreza.

b) Evaluación de programas de transferencia tecnológica.

Indicadores de impacto: rentabilidad de cultivos obtenida por los beneficiarios comparada con grupos no beneficiarios;

Indicadores de eficiencia: Criterios de selección y priorización de beneficiarios del programa; costo por beneficiario; % de aplicación de la asistencia técnica;

Indicadores de focalización del Programa: identificación de los beneficiarios del programa según nivel socioeconómico o grado de pobreza.

Partida 14.

Ministerio de Bienes Nacionales.

14.01.01. Subsecretaría de Bienes Nacionales. Programa Saneamiento de Títulos:

a) Número de títulos saneados por año, por región. Años 1.990 a 1.995.

b) Costo por título saneado, años 1.990 a 1.995. Programa de Ventas de Activos:

a) Stock de activos prescindibles, por regiones.

b) Venta de activos realizadas por año, 1.990-94, en cada región.

c) Metas de venta de activos para el año 1.995, por región.

Partida 15.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

15.01.02 Subsecretaría del Trabajo, Capacitación y Desarrollo de la Educación Técnica.

Programa de Capacitación de jóvenes:

Para cada área de capacitación y para cada región del país:

a) Número de jóvenes capacitados;

b) Composición de los beneficiarios según nivel socioeconómico;

c) Costo por joven capacitado;

d) Porcentaje de colocación a los 6 y 12 meses de terminado el curso. 15.02.01 Dirección del Trabajo.

Para cada Dirección Regional y dentro de ésta por Oficinas, establecer:

a) Número de atenciones por funcionario.

b) Número de denuncias resueltas.

c) Número de días promedio utilizados para resolver cada denuncia.

15.05.01 SENCE.

Programas empresas (franquicia tributaria):

a) Número de trabajadores capacitados, según tipo de capacitación y región del país;

b) Nivel promedio de formación de los trabajadores beneficiados;

c) Porcentaje meta de uso de la franquicia;

d) Porcentaje de beneficiarios que son trabajadores de baja calificación. Programa de becas SENCE:

Para cada área de capacitación y para el total de cada región, establecer:

a) Número de personas capacitadas;

b) Costo por persona capacitada;

c) Composición de los beneficiarios según nivel socioeconómico;

d) Porcentaje de colocación a los 6 y 12 meses de terminado el curso. Agregar además los siguientes programas:

Programa de reconversión laboral zona del carbón:

Desde la existencia del programa y en forma semestral, establecer los siguientes indicadores:

a) Número de trabajadores capacitados;

b) Costo por personas capacitadas;

c) Composición de los beneficiarios según nivel socioeconómico o tipo de trabajador (técnico, obrero, pirquinero, etc.);

d) Porcentaje de colocación a los 6 y 12 meses de terminado el curso.

Superintendencia de Seguridad Social.

Programa Subsidio Unico Familiar (SUF):

a) Número de beneficios pagados por funcionario, en cada lugar de pago del subsidio.

b) Clasificación socioeconómica de los beneficiarios del Programa: focalización de los subsidios por regiones y comunas, según información CASEN;

c) Número de beneficios vencidos y revisados, por comuna.

d) Número de beneficios potenciales no atendidos, por comunas y regiones (Listas de espera en los municipios).

Programa Pensiones Asistenciales (PASIS):

a) Número de beneficios pagados por funcionarios, por lugar de pago del subsidio.

b) Clasificación socioeconómica de los beneficiarios del Programa (focalización de los subsidios por regiones y comunas, según información CASEN);

c) Número de beneficiarios vencidos y revisados, por comuna.

d) Número de beneficiarios potenciales no atendidos, por comunas y regiones (lista de espera en los municipios).

Partida 18.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA.

18.02.01 SERVIU:

Para los programas de recuperación de préstamos, establecer:

a) Tasa de morosidad: % de los deudores al día, % de los deudores atrasados, según número de meses de atraso.

b) Costo por dividendo recaudado (incluidos costos de personal y administrativos), por oficina pagadora.

c) Número de pagos recibidos mensualmente, por funcionario de ventanilla.

d) Costo total por $ recaudado.

Sobre los programas habitacionales:

Registro Nacional de Postulantes:

a) Número de inscritos en cada región del país, a cada Programa Habitacional (vivienda progresiva, primera etapa, vivienda progresiva segunda etapa, vivienda básica, subsidio rural, subsidio habitacional sistema unificado, etc.);

b) Número de postulantes inscritos, clasificados por rangos de puntaje.

c) Número de beneficiarios potenciales: familias que teniendo la necesidad no están inscritas en el Registro, (estimaciones en base a cifras censales o encuestas CASEN).

d) Costos administrativos por subsidio entregado, por SERVIUs regionales.

e) Costo por solución, en cada región del país, en cada sub-programa.

Sobre Programa de Parques Urbanos:

a) Número de parques administrativos por MINVU. Para cada parque, indicar número de metros cuadrados por cada mil habitantes beneficiados; y clasificación socioeconómica de la población beneficiada.

b) Costo total anual de mantención de cada parque, según fuente de financiamiento.

c) Programa de inversión anual: criterios de priorización de proyectos de construcción de parques;

Sobre Programa de Inversiones en infraestructura vial.

a) Número y monto de inversión de proyectos en estado de preinversión, como porcentaje del número y monto de proyectos en ejecución.

b) Ranking de proyectos (según VAN social y otros), con recomendación técnica favorable, en condiciones de postular a financiamiento público.

c) Programa de licitación y adjudicación de proyectos de inversión: cumplimiento trimestral del Programa en cada Dirección Regional y Dirección Nacional.

d) Ejecución Presupuestaria cuatrimestral de todos los ítems que componen los Subtítulos 30 Inversión Sectorial de Asignación Regional, 31 Inversión real y 32 Inversión Financiera, por Direcciones Regionales y Dirección Nacional.

Parque Metropolitano.

Rentabilidad privada de las distintas actividades desarrolladas por el Parque: Jardín Zoológico, Casa de la Cultura, Jardín Botánico, Piscina Tupahue, otros.".".

Esta indicación fue declarada inadmisible.

También el Honorable Senador señor Sebastián Piñera presentó la siguiente indicación:

"Insértase un nuevo artículo 25, pasando el actual artículo 25 a ser 26, con el siguiente texto:

"Artículo 25. Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 1.263, de 1.975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado:

1.- En el artículo 9°, agrégase a continuación del primer punto aparte, que pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo:

"En todo caso, las partidas que comprometen fondos por más de un año presupuestario deberán señalarse en forma específica y detallada, describiéndose el monto anual correspondiente a cada uno de los períodos."

Esta indicación fue declarada inadmisible.

2.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 21:

"Los ingresos y gastos aprobados por leyes sancionadas durante el ejercicio presupuestario, sólo se entenderán aprobados en la medida que se financien con reasignaciones presupuestarias de los gastos autorizados para dicho en la respectiva Partida, a menos que se contemplen específicamente en la Ley de Presupuestos."

Esta indicación fue declarada inadmisible.

3.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 26:

"La Partida Tesoro Público de la Ley de Presupuesto será considerada para todos los efectos legales y presupuestarios como un Ministerio, no pudiendo realizarse transferencias desde y hacia ella desde otros Ministerios. Sin perjuicio de los anterior, el Ministro de Hacienda podrá mediante decreto supremo, transferir desde el ítem "Provisiones para Financiamiento Comprometidos" a otros de esta partida o hacia otra partida del Presupuesto, los recursos que se autoricen específicamente para estos efectos en la cuenta del Tesoro Público."

Esta indicación fue declarada inadmisible.

4.- Agrégase un artículo 69 bis, en el Título VI, con el siguiente texto:

"Artículo 69 bis.- La Dirección de Presupuestos deberá elaborar, con la periodicidad y contenido que en cada caso se señala, los siguientes informes:

a) Un informe mensual sobre la ejecución del presupuesto, en relación con los montos de los artículos 1° y 2° de la Ley de Presupuestos vigente;

b) Un informe trimestral que contenga la ejecución de la Ley de Presupuestos duran" dicho período, así como la ejecución acumulada desde el 1° de Enero del año respectivo, en que se indicarán los ingresos y gastos efectuados conforme a la referida ley, especificándose dichas cifras a lo menos por ítem, y

c) Un informe trimestral, que contenga la ejecución presupuestaria, física y financiera de las empresas del Estado y de todas aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan una participación en el capital igual o superior al 50%.

El informe señalado en la letra a) del inciso anterior deberá contener la información correspondiente hasta el último día del mes anteprecedente a aquel en que dicho informe se emita. Los señalados en las letras b) y c) contendrán la información respectiva hacia el último día del mes anterior al anteprecedente en que se emita el informe. Los informes de que trata este artículo serán públicos.".". Esta indicación fue declarada inadmisible.

El Honorable Senador señor Sebastián Piñera y los Honorables Diputados señores Jaime Orpis y José García Ruminot presentaron las siguientes indicaciones a la Ley de Administración Financiera del Estado:

I. "Para modificar el artículo 9° del decreto ley N° 1.263, de 1.975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, agregando a continuación del primer punto a parte, que pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo: "En todo caso, las partidas que comprometan fondos por más de un año presupuestario deberán señalarse en forma específica y detallada, describiéndose el monto anual correspondiente a cada uno de los períodos".

Esta indicación fue declarada inadmisible.

II. "Para agregar un inciso final al artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1.975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, con el siguiente texto: "Los ingresos y gastos aprobados por leyes sancionadas durante el ejercicio presupuestario, sólo se entenderán aprobados en la medida que se financien con reasignaciones presupuestarias de los gastos autorizados para dicho ejercicio en la respectiva Partida, a menos que se contemplen específicamente en la Ley Presupuestos".

Esta indicación fue retirada.

III. "Para agregar un inciso final al artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1.975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, con el siguiente texto:

"La Partida Tesoro Público de la Ley de Presupuesto será considerada para todos los efectos legales y presupuestarios como un Ministerio, no pudiendo realizarse transferencias desde y hacia ella desde otros Ministerios. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Hacienda podrá mediante decreto supremo, transferir desde el ítem "Provisiones para Financiamientos Comprometidos" a otro de esta partida o hacia otra partida de Presupuesto, los recursos que se autoricen específicamente para estos efectos en la cuenta del Tesoro Público".

Esta indicación fue retirada.

IV. "Para agregar un artículo 69 bis, en el Título VI, con el siguiente texto:

"Artículo 69 bis. La Dirección de Presupuestos deberá elaborar, con la periodicidad y contenido que en cada caso se señala, los siguientes informes:

a) Un informe mensual sobre la ejecución del presupuesto, en relación con los montos de los artículos 1° y 2° de la Ley de Presupuestos vigente;

b) Un informe trimestral que contenga la ejecución de la Ley de Presupuestos durante dicho período, así como la ejecución acumulada desde el 1° de Enero del año respectivo, en que se indicarán los ingresos y gastos efectuados conforme a la referida ley, especificándose dichas cifras a lo menos por ítem, y

c) Un informe trimestral, que contenga la ejecución presupuestaria, física y financiera de las empresas del Estado y de todas aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan una participación en el capital igual o superior al 50%.

El informe señalado en la letra a) del inciso anterior deberá contener la información correspondiente hasta el último día del mes anteprecedente a aquel en que dicho informe se emita. Los señalados en las letras b) y c) contendrán la información respectiva hasta el último día del mes anterior al anteprecedente en que se emita el informe. Los informes de que trata este artículo serán públicos.".".

Esta indicación fue retirada.

-o-o-

Quedó, así, terminada la discusión del articulado del proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para 1.995.

-o-o-

En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuesto tiene el alto honor de proponeros lo siguiente:

PARTIDA 01.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

Aprobarla sin modificaciones.

PARTIDA 02.

CONGRESO NACIONAL.

Aprobarla sin modificaciones.

PARTIDA 03.

PODER JUDICIAL.

Aprobarla sin modificaciones.

PARTIDA 04.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Aprobarla sin modificaciones.

PARTIDA 05.

MINISTERIO DEL INTERIOR.

Aprobarla con las siguientes modificaciones:

a) En el Capítulo 05, Programa 01, Subtítulo 33, ítem 87.003, glosa 08, reemplazar la frase inicial que dice "Estos recursos se destinarán a proyectos de construcción de reparación de establecimientos educacionales." por la siguiente: "Estos recursos se destinarán a proyectos de construcción y reparación de establecimientos educacionales, entendiéndose incluidos en tales proyectos los de electrificación.", y

b) En la glosa 02, común para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales, letra I), intercalar entre las palabras "alcantarillado" y "previamente", antes de la coma (,) que figura entre ellas, lo siguiente: "y con recursos provenientes de patentes mineras se podrán financiar proyectos postulados por las Universidades de la Región que no comprometan gastos futuros del Gobierno Regional".

PARTIDA 06.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

Aprobarla con las siguientes enmiendas:

a) En el Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 21, glosa 02, letra D), sustituir su inciso final, por el siguiente:

"En la determinación del coeficiente de costo de vida, establecido en el artículo N° 35 del D.L.F. (RR.EE.) N° 33 de 1.979, podrá incorporarse en forma adicional un factor de incremento basado en indicadores de escolaridad, aplicable a aquellos funcionarios destinados al exterior. Mediante decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores con visación del Ministro de Hacienda, se determinará las condiciones y requisitos a que se sujetará la concesión del referido incremento.";

b) En el mismo Capítulo y Programa, Subtítulo 22, glosa 03, sustituir su letra B), por la siguiente:

"B) Gastos reservados hasta la cantidad de $ 2.180 miles y de sus US$ 1.204 miles, con la obligación de rendir cuenta en forma global y reservada al Contralor General de la

República. Por decreto supremo, el que deberá llevar, además, la firma del Ministerio de Hacienda, se podrá aumentar hasta en un 100% la cantidad indicada en moneda nacional y hasta en un 50% la suma expresada en moneda extranjera.";

c) En el Capítulo 03, Programa 01, Subtítulo 22, glosa 03, letra B), reemplazar la palabra "global" por el término "reservada", y

d) En el Capítulo 04, Programa 01, Subtítulo 25, ítem 33.029, glosa 04, agregar, al final, en punto seguido, lo siguiente: "Incluye $ 40.020 miles para el Proyecto Estación Satelital.".

PARTIDA 07.

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION.

Aprobarla con las siguientes enmiendas:

a) En el Capítulo 06, Programa 01, Subtítulo 25, ítem 33.029, reemplazar las palabras "Fondo Tecnológico Sistema Institutos Corfo", por lo siguiente: "Fondo de Servicios e Interés Público";

b) En el mismo Capítulo y Programa, Subtítulo 33, ítem 85.001, agregar en la columna destinada a las glosas, lo siguiente: "08", añadiendo la siguiente glosa:

"08 ENACAR S.A. deberá efectuar evaluaciones de las prospecciones que realice en sus pertenencias mineras, de su incidencia en sus costos de explotación y en el equilibrio operacional de la Empresa hasta 1.998.

Asimismo, ENACAR S.A. deberá presentar a CORFO trimestralmente un informe del cumplimiento de su programa de inversiones y de racionalización y reducción de gastos de personal y de bienes y servicios para producción, lo cual será evaluado en forma rigurosa por CORFO, remitiendo sus resultados a la Comisión de Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados.", y

c) En el Capítulo 09, Programa 01, Subtítulo 21, glosa 02, letra D), sustituir los dos párrafos que figuran a continuación de la expresión "miles de $", por el siguiente:

"Adicionalmente, mediante resolución del Director Nacional, se podrá contratar personal a honorarios en forma transitoria para labores de información turística, hasta por un monto de $ 9.100 miles.".

PARTIDA 08.

MINISTERIO DE HACIENDA.

Aprobarla sin modificaciones.

PARTIDA 09.

MINISTERIO DE EDUCACION.

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

a) En el Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 06, ítem 62.001, reemplazar las palabras "Subsecretaría de Educación" por los vocablos "Subsecretaría del Trabajo";

b) En el mismo Capítulo y Programa, Subtítulo 25, ítem 31.011, agregar en el rubro de las glosas, lo siguiente: "19", y agregar la siguiente glosa:

"19 El convenio entre el Ministerio de Educación y la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago deberá establecer que un porcentaje de las actividades culturales de dicha Corporación serán desarrolladas en regiones.";

c) En el mismo Capítulo y Programa, Subtítulo 25, ítem 33, agregar la siguiente asignación con el número "040": "Universidad de Chile", con "4.605.250" miles de pesos, añadiendo en el rubro de las glosas, lo siguiente: "18", y agregar la siguiente glosa:

"18 Estos recursos se destinarán a actividades de interés nacional que se determinarán en uno o más convenios entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Chile, que serán aprobados mediante decreto del Ministerio de Educación con la firma del Ministro de Hacienda.".".

d) En el mismo Capítulo, Programa y Subtítulo, ítem 33.030, glosa 09, agregar, en el primer inciso, después de las palabras "Subsecretario de Educación", reemplazando el punto seguido (.) por un coma (,), lo siguiente: "quien podrá delegar en los Secretarios Regionales Ministeriales de Educación.";

e) En el mismo Capítulo, Programa y Subtítulo, ítem 33.031, glosa 10, agregar el siguiente inciso final:

"Un resumen de los resultados globales de la prueba deberá ser publicado en un diario de circulación nacional, y además, el detalle de los resultados por establecimiento estarán a disposición para consulta del público en cada una de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación. Los resultados específicos de cada establecimiento educacional serán entregados a ellos, para conocimiento de los integrantes de la comunidad escolar.";

f) En el mismo Capítulo, Programa y Subtítulo, ítem 33.037, glosa 15, suprimir, en su inciso segundo, las palabras "que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda" y la coma (,) que la precede;

g) En el mismo Capítulo, Programa y Subtítulo, ítem 33.038, glosa 16, reemplazar, en su inciso segundo la frase final que se inicia con las palabras "Con todo " y hasta el punto final (.), por lo siguiente:

"Con todo, a lo menos un 60 % de los recursos del Fondo deberán ser destinados a financiar proyectos presentados a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, asignándose a lo menos $ 10.900 miles a cada región para este fin y, del total del Fondo, un mínimo de $ 260.000 miles se destinarán a mejoramiento y habilitación de infraestructura cultural.";

h) En el Capítulo 01, Programa 02, glosa 01, agregar al término de su inciso final, reemplazando el punto aparte (.) por una (,), lo siguiente: "y podrá financiar gastos de traslado de los beneficiarios";

i) En el Capítulo 01, Programa 03, glosa 01, suprimir, en su inciso final, las palabras "de los propietarios";

j) En el mismo Capítulo y Programa, Subtítulo 25, ítem 31.002, glosa 02, suprimir en su inciso segundo, lo siguiente: "suscrito también por el Ministro de Hacienda,";

k) En el Capítulo 01, Programa 07, glosa 01, letra C), suprimir las palabras "de los propietarios";

l) En el mismo Capítulo y Programa, Subtítulo 25, ítem 33.037, glosa 08, agregar el siguiente inciso final:

"Un resumen de los resultados globales de la prueba deberá ser publicado en un diario de circulación nacional, y además, el detalle de los resultados por establecimiento estarán a disposición para consulta del público en cada una de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación. Los resultados específicos de cada establecimiento educacional serán entregados a ellos, para conocimiento de los integrantes de la comunidad escolar.";

m) En el Capítulo 05, Programa 01, Subtítulo 21, glosa 02, letra A), reemplazar la cifra "749" por el guarismo "794" y, en la letra C), suprimir las palabras ", en territorio nacional";

n) En el Capítulo 08, Programa 01, Subtítulo 25, ítem 31.012, en la columna de las glosas, agregar lo siguiente: "11 "y añadir la siguiente glosa:

"11 Los montos de los recursos asignados al proyecto con cargo a este ítem, solo podrán liberarse previa aprobación por el Congreso Nacional de los instrumentos representativos del Proyecto, en conformidad al artículo 50, N° 1, de la Constitución Política del Estado.";

ñ) En el mismo Capítulo, Programa y Subtítulo. ítem 31.013, glosa 06, reemplazar su texto por el siguiente:

"Recursos para la subvención directa a las actividades de investigadores chilenos de trayectoria destacada y activos en investigación. La asignación de esta subvención estará a cargo de una Comisión integrada, por personalidades nombrados por el Presidente de la República. Los criterios y el mecanismo de asignación de este Fondo se establecerán por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito por el Ministro de Hacienda el que también podrá radicar los recursos y su administración en la Subsecretaría de Educación.";

o) En el mismo Capítulo, Programa y Subtítulo, ítem 33.029, glosa 07, agregar el siguiente inciso final:

"Los Consejos Superiores del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico podrán considerar la realización del concursos especiales para ejecutar proyectos sectoriales.";

p) En el Capítulo 09, Programa 02, Subtítulo 06, ítem 62.001, reemplazar las palabras "Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas" por las siguientes: "Subsecretaría del Educación";

q) En el Capítulo 11, Programa 02, Subtítulo 21, glosa 01, letra A), reemplazar la cifra "607" por "617".;

r) En el Capítulo 11, Programa 03, Subtítulo 06, ítem 62.001, reemplazar los vocablos "Junta Nacional de Jardines Infantiles" por las palabras "Subsecretaría de Educación", y

s) En el Capítulo 30, Programa 01, Subtítulo 25, ítem 33.031, glosa 01, letra B), reemplazar su texto por el siguiente: "$ 9.503.509 miles conforme a la letra a) del artículo 71 bis de la ley N° 18.591. La distribución de estos recursos se efectuará antes del 31 de marzo de 1995.".

PARTIDA 10.

MINISTERIO DE JUSTICIA.

Aprobarla con las siguientes enmiendas:

a) En el Capítulo 02, Programa 01, Subtítulo 21, glosa 02, letra A), agregar el siguiente inciso final:

"Se podrá contratar personal de reemplazo hasta por un monto de $ 26.800 miles, en aquellos casos que, por cualquier razón, funcionarios a contrata se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por un período superior a 15 días. Dichas contrataciones no se imputarán a la dotación máxima de personal establecida en esta glosa.";

b) En el mismo Capítulo, Programa, Subtítulo y glosa, letra D), reemplazar la cifra "309.473" por "282.673";

c) En el mismo Capítulo y Programa, Subtítulo 25, ítem 31.004, reemplazar las palabras "Registro Nacional de Donación de Órganos" por "Programa Registros Especiales Creados por Ley";

d) En el Capítulo 07, Programa 01, Subtítulo 25, ítem 31, crear la siguiente asignación: "004 Aplicación artículo 3°, N° 12, D.L.2.465, de 1.979", con "54.500 miles de $;

e) En el mismo Capítulo y Programa, Subtítulo 25, ítem 32.001, sustituir "4.031.675" por "3.977.175";

f) En el mismo Capítulo, Programa 02, Subtítulo 6, ítem 62.001, sustituir "4.031.675" por "3.977.175", y

g) En el mismo Capítulo y Programa, Subtítulo 25, ítem 31, suprimir la asignación "002" y su monto.

PARTIDA 11.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

Aprobarla con las siguientes enmiendas:

a) En el Capítulo 02, Programa 01, Subtítulo 09, sustituir la cifra "95.169.843" por "95.618.589" e igualmente en su ítem 91, y

b) En el mismo Capítulo y Programa, Subtítulo 31, ítem 74, sustituir la cantidad "3.234.933" por "3.683.679".

PARTIDA 12.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.

Aprobarla con las siguientes modificaciones:

a) En el Capítulo 02, Programa 02, Subtítulo 21, glosa 02, letra A), agregar el siguiente párrafo:

"No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 9° de la ley N° 18.834, respecto de los empleos a contrata, incluidos en esta dotación. En ningún caso, la exención prevista en esta glosa permite exceder el gasto total autorizado para el pago de remuneraciones de la dotación máxima de personal.";

b) En el mismo Capítulo, Programa 03, Subtítulo 21, glosa 02, letra A), agregar el siguiente párrafo:

No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 9° de ley N° 18.834, respecto de los empleos a contrata, incluidos en esta dotación. En ningún caso, la exención prevista en esta glosa permite exceder el gasto total autorizado para el pago de remuneraciones de la dotación máxima de personal.";

c) En el Capítulo 02, Programa 06, Subtítulo 21, glosa, 02, letra A), agregar el siguiente párrafo:

"No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 9° de la ley N° 18.834, respecto de los empleos a contrata, incluidos en esta dotación. En ningún caso, la exención prevista en esta glosa permite exceder el gasto total autorizado para el pago de remuneraciones de la dotación máxima de personal."; y

d) En el Capítulo 04, Programa 01, Subtítulo 21, glosa 02, letra A), agregar el siguiente párrafo: "No regirá la limitación establecida en el inciso del artículo 9° de la ley N° 18.834, respecto de los empleos a contrata, incluidos en esta dotación. En ningún caso, la exención prevista en esta glosa permite exceder el gasto total autorizado para el pago de remuneraciones de la dotación máxima de personal.";

PARTIDA 13.

MINISTERIO DE AGRICULTURA.

Aprobarla con las siguientes enmiendas:

a) En el Capítulo 03, Programa 01, Subtítulo 09, reemplazar "20.591.385" por "22.291.385" y en el ítem 91 "15.175.768" por "16.875.768";

b) En el mismo Capítulo y Programa, Subtítulo 25, ítem 31.006, sustituir "142.236" por "242.236";

c) En el mismo Capítulo y Programa, Subtítulo 32, ítem 81.001, cambiar "14.440.752" por "14.340.752";

d) En el Capítulo 04, Programa 01, Subtítulo 21, glosa 02, letra C), reemplazar la cifra "551.054" por "559.694", y

e) En el Capítulo 05, Programa 01, Subtítulo 25, ítem 31.012, glosa 04, suprimir la palabra "públicas".

PARTIDA 14.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES.

Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 15.

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

Aprobarla, sin enmiendas.

PARTIDA 16. MINISTERIO DE SALUD.

Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 17.

MINISTERIO DE MINERIA.

Aprobarla, sin enmiendas.

PARTIDA 18.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.

Aprobarla, con las siguientes modificaciones.

a) En el Capítulo 01, Programa 01, glosa 01, sustituir su texto por el siguiente:

"Los decretos reglamentarios que establezcan ayudas estatales destinadas a la obtención de soluciones habitacionales y sus modificaciones, deberán ser visados por el Ministerio de Hacienda cuando tengan incidencia financiera y/o presupuestaria";

b) En el mismo Capítulo y Programa, Subtítulo 25, ítem 42, glosa 05, agregar el siguiente inciso final:

"Al término de la relación contractual existente, se licitará públicamente, al menos una vez, el servicio de cobranza.";

c) En el Capítulo 02, Programa 01, Subtítulo 31, ítem 80, en la columna de glosas, agregar: "07", añadiendo la siguiente glosa:

"07 La cantidad de subsidios que podrán otorgarse por aplicación de la ley N° 19.281 será de hasta 10.000 imputándose a este ítem el gasto de las cuotas respectivas.", y

d) Como consecuencia de la modificación anterior, tanto los números siguientes de la columna interna "Glosa N", como los de las glosas originales 07, 08, 09, 10 y 11, pasan a ser 08, 09, 10, 11 y 12, respectivamente.

PARTIDA 19.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.

Aprobarla, sin enmiendas.

PARTIDA 20.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

a) En el Capítulo 01, Programa 01:

1.- Reemplazar en el Capítulo 01, Programa 01, la cifra "4.714.397", correspondiente al total de ingresos en moneda nacional, por "5.565.173".

2.- Sustituir en el Subtítulo 09 (Aporte Fiscal), la cantidad "4.710.435" por "5.561.211" e igualmente en su ítem 91 (Libre).

3.- Cambiar en el Capítulo 01, Programa 01, la cifra "4.714,397", correspondiente al total de gastos en moneda nacional, por "5.565.173".

4.- Sustituir en el Subtítulo 21 (Gastos en Personal), el guarismo "1.222.513" por "1.466.513".

5.- Reemplazar en el Subtítulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo), la cantidad "$ 3.449.224" por "2.340.563".

6.- Crear el siguiente Subtítulo, nuevo:

7.- Sustituir en la glosa 02 del Subtítulo 21 (Gastos en Personal), en su letra A) Dotación Máxima de Personal, la cifra "289" por "342".

8.- Reemplazar el texto de la glosa 03 del Subtítulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo), por el siguiente:

"Incluye $ 840.000 miles y US$ 532 miles, con la obligación de rendir cuenta en forma global y reservada al Contralor General de la República. Dichos gastos sólo se podrán destinar al cumplimiento de las funciones propias de gestión y administración de esta Secretaría General.".

9.- Colocar en el nuevo Subtítulo 25, ítem 31.002, la siguiente glosa 04, nueva: "04 Para el financiamiento de los gastos que irrogue el desarrollo del programa, en convenios con Universidades u organismos dependientes de ellas.". 10.- Colocar en el nuevo Subtítulo 25, para los ítem 33.029 y 33.030, la siguiente glosa 05, nueva: "05 Con cargo a estos recursos se podrán financiar todo tipo de gastos, incluidos los de personal, para la ejecución de programas y actividades, de acuerdo con lo establecido en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1992, del Ministerio de Secretaría General de Gobierno.", b) En el Capítulo 02, programa 01:

1.- Reemplazar en el Capítulo 02 (Consejo Nacional de Televisión), Programa 01, la cifra "584.516", correspondiente al total de ingresos en moneda nacional, por "596.516".

2.- Sustituir en el Subtítulo 09 (Aporte Fiscal), la cantidad "579.564" por "591.564" e igualmente en su ítem 91.

3.- Cambiar en el Capítulo 02, Programa 01, la cifra "584.516", correspondiente al total de gastos en moneda nacional, por "596.516".

4.- Reemplazar en el Subtítulo 25 (Transferencias Corrientes), el guarismo "177.234" por "189.234" e igualmente en su ítem 31 (Transferencias al Sector Privado).

5.- Consultar en el Subtítulo 25 (Transferencias Corrientes), ítem 31 (Transferencias al Sector Privado), la siguiente asignación 004, nueva:

"004 Cumplimiento art. 19 Ley N° 19.284 12.000".

PARTIDA 21.

MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION.

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

a) En el Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 21, glosa 02, letra A), reemplazar la cifra "529" por "541";

b) En el Capítulo 06, Programa 01, Subtítulo 09, sustituir "4.241,775" por "4.329.775" e igualmente en su ítem 91;

c) En el mismo Capítulo y Programa, Subtítulo 25, ítem 36.001, poner en la columna destinada a las glosas, lo siguiente: "05", sustituyendo la cantidad de "163.500" por "251.500"; añadiendo la siguiente glosa:

"05 Con cargo a estos recursos se podrá contratar personas jurídicas, mediante licitación, y por un monto de $ 88.290 miles, para los estudios y prestaciones de servicios relacionadas con los derechos de ausentes a que se refiere la ley N° 19.253.", y

d) Como consecuencia de lo anterior, la glosa 05 del ítem 33.85.001 pasó a ser "06".

PARTIDA 22.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA.

Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 50.

TESORO PUBLICO.

Aprobarla, con las siguientes enmiendas:

a) En el Capítulo 01, Programa 03, Subtítulo 25, ítem 33.104, sustituir la cifra "329.273.515" por "321.238.993";

b) En el Capítulo 01, Programa 05, Subtítulo 80, reemplazar en los ítemes que se señalan, las cantidades que se indican:

- 59.001 "59.513.500" por "64.448.500"

-61.002 "95.412.509" por "95.861.255"

-63.003 "15.175.768" por "16.875.768"

-70.001 "4.710.435" por "5.561.211";

-70.002 "579.564" por "591.564", y

-71.006 "4.241.775" por "4.329.775".

ARTICULADO DEL PROYECTO.

Aprobarlo, con las siguientes enmiendas:

Artículo 1°.

Sustituir la parte relativa a "Moneda Nacional", por la que figura en la página siguiente:

I.- CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS

Artículo 1°.- Apruebanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 1995, según el detalle que se indica:

Artículo 2°

Sustituirlo por el siguiente:

Artículo 2°.- Apruebanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la Estimación de los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 1995, a las Partidas que se indican:

Artículo 3°.

Suprimir, en su inciso primero, las palabras "sea en el país o" y la coma (,) que las antecede; y eliminar la frase final que dice: "En todo caso, la parte de endeudamiento en el país no podrá exceder del 20% de la suma indicada.".

NOTA. Estima vuestra Comisión Especial Mixta que este artículo debe ser aprobado con quórum calificado.

Artículo 17.

Reemplazar las palabras "16 de la ley N° 19.182" por lo siguiente: "17 de la ley N° 19.259".

Artículo 19.

Suprimirlo.

Artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25.

Pasan a ser artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24, sin otras enmiendas.

-o-o-

En consecuencia, el texto del proyecto queda como figura en la página siguiente:

"I.- CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS.

Artículo 1°.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 1995, según el detalle que se indica:

Artículo 2°.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la Estimación de los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 1995, a las Partidas que se indican:

II.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 3°.- Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.000.000 miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.

Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 1995, no será considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer.

Artículo 4°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1.975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en personal, Bienes y Servicios de consumo, Prestaciones provisionales y Transferencias corrientes, incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares.

No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente excedibles ni a los incrementos originados en aplicación de donaciones, en aplicación o devolución de fondos de terceros, en la incorporación de dichas devoluciones en el servicio receptor, en transferencias al Fisco, en la asignación de mayores saldos iniciales de caja, en venta de activos financieros, en ingresos propios asociados a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según corresponda.

Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de Inversión real, Inversión sectorial de asignación regional y Transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja, del producto de venta de activos, de aplicación de fondos de terceros o de recuperación de anticipos.

Artículo 5°.- La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, correspondiente a los ítem 61 al 73 de subtítulo 30 y a los ítem 61 al 74 y 80 al 98, del subtítulo 31, de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo. En la identificación de los proyectos con cargo a los ítem del subtítulo 30, no será necesario determinar la cantidad destinada a cada proyecto.

No obstante lo anterior, la identificación de los proyectos de inversión correspondientes a los presupuestos de los Gobiernos Regionales aprobados por la administración regional respectiva, se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos, para los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 72 y 74 de la ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior. Con todo, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto no sea superior a doce millones de pesos, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que represente el 3% del presupuesto de inversión de la respectiva región.

La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fondos aprobados para los ítem 53 "Estudios para Inversiones". En estas Identificaciones no será necesario consignar la cantidad destinada al estudio correspondiente.

Ningún órgano ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión de recursos de los ítem antes indicados, efectuar la inversión de tales recursos o de otros asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes haberse efectuado la identificación a que se refiere este artículo.

Artículo 6°.- Autorízase para efectuar desde la fecha de publicación de esta ley los llamados a propuestas públicas, de estudios y proyectos de inversión a realizar en 1995, que se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contraloría General de la República. Asimismo, dichos llamados relativos a estudios y proyectos de inversión, incluidos en decretos de identificación o de modificaciones presupuestarias que se dicten durante 1995, podrán efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República.

Artículo 7°.- En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los ítem 32, 33 y 87 de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que deberá dar a los recursos la institución receptora; las condiciones o modalidades del reintegro de estos a que quedará afecta dicha entidad y la información sobre su aplicación que deberá remitir al organismo que se señale en el respectivo decreto.

Artículo 8°.- Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la presente ley la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan.

No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autorización previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido y alcance en la legislación que les sea aplicable. Se excluyen las donaciones, en especie o dinero, en situaciones de emergencia o calamidad pública, o cuyo valor o monto no exceda de la cantidad que fije el Ministerio de Hacienda sin perjuicio de su comunicación posterior.

El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaría directamente o a través de la Partida Tesoro Público, conforme a las instrucciones que imparta el Ministro de Hacienda. Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a que se encuentre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones.

Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios de cooperación o asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios públicos mencionados en el inciso primero se entenderán facultados para pagar los impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, establecidos en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respectivo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del personal que la fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a su propia costa, para desarrollar actividades en cumplimiento del respectivo programa, la facultad referida se limitará al pago del impuesto sobre la renta que grave su salario o retribución.

Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, podrán ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora correspondiente, reembolso al organismo o ente internacional donante, o bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, según el impuesto, contribución, derecho o gravamen de que se trate, conforme a la reglamentación contenida en el decreto supremo N° 209, de 1993, del Ministerio de Hacienda.

Artículo 9°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición o construcción de edificios para destinarlos exclusivamente a casa habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y en los de inversión de los Gobiernos Regionales en lo que respecta a vivienda para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales.

Artículo 10.- Los órganos y servicios públicos, incluidos en esta ley, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición o arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y sus elementos complementarios cuyo precio o renta exceda de las cantidades que se determinen por dicha Secretaría de Estado.

Igual autorización requerirá la contratación de servicios de procesamiento de datos, ya sea independiente o formando parte de un convenio de prestación de servicios que los incluya y la prórroga o modificación de éstos, cuando irrogue un gasto cuyo monto supere el que fije el referido Ministerio.

Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, sancionados en años anteriores por el Ministerio de Hacienda, que mantengan lo originalmente pactado, no necesitarán renovar su aprobación.

Las autorizaciones a que se refiere este artículo no serán exigibles respecto de los equipos que formen parte o sean componentes de un proyecto de inversión o de estudios para inversión, identificado conforme a lo que dispone el artículo 5a de la presente ley.

Los órganos y servicios públicos podrán efectuar directamente, mediante propuesta pública, la adquisición, arrendamiento y contratación de servicios a que se refiere este artículo. Si los pagos que corresponda efectuar por estos conceptos no exceden el equivalente en moneda nacional a 1.150 unidades tributarias mensuales, podrán hacerlo también directamente, mediante propuesta privada, con la participación de a lo menos tres proponentes.

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra del bien arrendado y para pactar en las compras que afecten el pago de todo o parte del precio en un plazo que exceda del ejercicio presupuestario.

Artículo 12.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga.

Igual autorización requerirán los órganos y servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos.

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo 13 de esta ley, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo de Hacienda.

Artículo 13.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula "Por orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.

En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.

Artículo 14.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9° del decreto ley N° 1.263, de 1975, las dotaciones máximas de personal fijadas en la presente ley incluyen al personal de planta, a contrata, contratado a honorarios asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta calidad.

Artículo 15.- Durante el año 1995, sólo podrá reponerse el 50% de las vacantes que se produzcan en los servicios que tengan fijada dotación máxima en esta ley, por el cese de funciones de su personal por cualquier causa que le dé derecho a la obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en el régimen previsional, a que se encuentre afiliado.

Esta norma no se aplicará respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de exclusiva confianza y en las plantas de directivos.

El documento que disponga la reposición deberá contener la identificación de los decretos o resoluciones de cesación de servicios en que se fundamenta.

Sin perjuicio de lo anterior, los cargos o empleos que hayan quedado vacantes durante 1994 por aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la ley N° 19.259, no podrán ser provistos durante 1995 y la dotación máxima fijada en esta ley al respectivo Servicio, se reducirá en un número equivalente al de dichos cargos o empleos.

Las nuevas dotaciones máximas de los servicios para 1995, que resulten de la aplicación de lo dispuesto en el inciso precedente, constarán en uno o más decretos del Ministerio de Hacienda que se dictarán en el primer trimestre del referido año.

Artículo 16.- El número de horas extraordinarias-año afectas a pago, fijado en los presupuestos de cada servicio público, constituye el máximo que regirá para el servicio respectivo. No quedan incluidas en dicho número las horas que se cumplan en días sábado, domingo y festivos o en horario nocturno, pero el recargo que corresponda a éstas se incluye en los recursos que se señalan para el pago de horas extraordinarias.

Sólo previa autorización del Ministerio de Hacienda, los Jefes de servicios podrán disponer la realización de trabajos extraordinarios pagados, por un número de horas que exceda del consultado en el presupuesto respectivo.

Artículo 17.- Sustitúyese, en el artículo 6° transitorio de la ley N° 18.834, modificado por el artículo 17 de la ley N° 19.259, la referencia "1° de enero de 1995" por "1° de enero de 1996".

Artículo 18.- Suspéndese, durante el año 1995, la aplicación de la letra d) del artículo 81 de la ley N° 18.834, respecto de la compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en cargos a contrata en el mismo servicio. Esta suspensión no regirá respecto de la renovación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el año 1994.

Artículo 19.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley N°1.939, de 1977, que efectúe durante el año 1995 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 a 1994 se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:

65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión.

10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y

25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 17.174, en el decreto ley N° 2.569, de 1979 y en la ley N° 19.229.

Artículo 20.- Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.

Artículo 21.- Todas las organizaciones no gubernamentales que reciban ingresos contemplados en esta ley deberán indicar el uso o destino de dichos fondos, los cuales quedarán fiscalizados por la Contraloría General de la República.

Artículo 22.- Sustituyese, en el inciso primero del artículo 12 del decreto ley N° 701, de 1974, la expresión "en el período de 20 años contado desde la vigencia del presente decreto ley ", por " a contar de la vigencia del presente decreto ley y hasta el 31 de diciembre de 1995".

La tabla de costos a que se refiere el artículo 15 del citado decreto ley, que regirá para la temporada del año 1995, se fijará dentro de los 45 días siguientes a la fecha de publicación de esta ley.

Artículo 23.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 5° de esta ley.

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para puyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, y la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la ley N° 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda.

La determinación y fijación de cantidades y montos a que se refiere los artículos 8 y 10 de esta ley, se efectuarán por oficio del Ministro de Hacienda.

Artículo 24.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1° de enero de 1995, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refieren los artículos 3° y 5° y las resoluciones indicadas en dicho artículo 5°.

-o-o

Acordado en sesiones del 6 de Septiembre; 7 de Octubre; 8, 9 y 10 de Noviembre en curso, con la asistencia de los Honorables Senadores señor Andrés Zaldívar Larraín (Presidente), señora Olga Feliú Segovia y señores Sergio Bitar Chacra, Eugenio Cantuarias Larrondo, Sergio Diez Urzúa (Ronald Mc Intyre Mendoza), Francisco Javier Errázuriz Talavera, Arturo Frei Bolívar, Jaime Gazmuri Mujica, Jorge Lavandera Illanes (Nicolás Díaz), Carlos Ominami Pascual, Sergio Páez Verdugo, Sebastián Piñera Echenique y Sergio Romero Pizarra; y de los Honorables Diputados señora Romy Rebolledo Leyton, y señores Claudio Alvarado Andrade, Armando Arancibia Calderón, Jaime Estévez Valencia, José García Ruminot, Francisco Huenchumilla Jaramillo, Tomás Jocelyn-Holt Letelier, Harry Jürgensen Caesar, Carlos Kuschel Silva (María Angélica Cristi Marfil), Jaime Orpis Bouchón (Evelyn Matthei Fornet), Andrés Palma Irarrázaval (Gabriel Ascencio Mansilla), Hosaín Sabag Castillo y Eugenio Tuma Zedán.

Sala de la Secretaría de vuestra Comisión Especial Mixta, a 14 de Noviembre de 1.994.

(Fdo.): Carlos Hoffmann Contreras, Secretario.

LEY DE PRESUPUESTOS PARA 1995. Primer trámite constitucional.

El señor SOTA (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde iniciar la discusión del proyecto de ley de Presupuestos del sector público para el año 1995.

Antecedentes:

Informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, boletín N° 1381-05. Documentos de la Cuenta N° 15, de esta sesión.

El señor SOTA (Presidente).-

En conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités, un representante de cada una de las cinco Subcomisiones Especiales que estudiaron el Presupuesto dará a conocer un breve informe.

En representación de la Primera Subcomisión, tiene la palabra el Diputado señor Armando Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, los señores Diputados tienen en su poder los correspondientes informes que recogen las principales deliberaciones y conclusiones del trabajo que la Primera Subcomisión realizó durante cinco sesiones, en octubre y comienzos del presente mes, con el objeto de despachar la tarea que le fuera encomendada. A ella le correspondió estudiar las partidas correspondientes a los Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Hacienda y de Planificación y al Tesoro Público.

De manera muy rápida, porque el informe recoge un extenso e intenso trabajo, podemos destacar los siguientes aspectos.

Partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Durante su análisis, el señor Ministro de Economía expuso que el Presupuesto para el sector es de 24 mil 462 millones de pesos para el año 95, lo que representa, en cifras del mismo valor, una disminución del 25 por ciento respecto del año en ejercicio. La reducción señalada corresponde fundamentalmente a los aportes que el Ministerio realiza al Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo, Fontec; al Fondo de Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondecyt.

Estos recursos provienen del acuerdo N° 672, suscrito con el BID, que otorgó un crédito para dar préstamos concursables, y su disminución empezó a llevarse a cabo en 1992; y durante el año 95 sólo corresponde sacar adelante el arrastre de los proyectos aún pendientes y realizar la evaluación final del programa, con el objeto de estudiar la eventual reorientación y ampliación en el futuro de los mecanismos de fomento al desarrollo científico, tecnológico y productivo.

La otra disminución que incide en este 25 por ciento menos del Ministerio de Economía tiene que ver con el Fondo de Investigación Pesquera, que pasa a 1995 con la mitad de los recursos previstos para el año en curso.

En cuanto al gasto corriente relacionado con personal y servicio de consumo para el año 95 se mantiene el monto vigente en 1994 en alrededor de 10.400 millones de pesos.

Finalmente, la inversión real aumenta el año 95 de 1.717 millones a 2.556 millones el 49 por ciento, lo que se explica principalmente por el incremento de los estudios para inversión, representativa del 39 por ciento, y el incremento en las inversiones de la Región Metropolitana que en gran proporción corresponde al proyecto de construcción del nuevo terminal pesquero, para lo cual se considera una inversión de 556 millones de pesos en 1995.

Puesta en discusión esta partida y me voy a referir a lo fundamental, las principales observaciones apuntaron a la disminución que experimentan los aportes para el desarrollo científico, técnico y productivo en los fondos ya mencionados, lo cual, en definitiva, originó su aprobación por tres votos a favor y dos abstenciones.

Respecto del Ministerio de Defensa, Partida 08, cabe consignar que la estructura del presupuesto para 1995 considera un costo adicional de 102 mil millones de pesos en relación con 1994, y que los costos de operación se reducen en 36 mil millones de pesos, de acuerdo con las reales necesidades del servicio.

Además, debe destacarse que 1995 es el penúltimo año de operaciones. Por lo tanto, esa partida de hacienda implica una disminución en el programa del crédito de asistencia técnica para modernización de diversos servicios, con cargo al cual se seguirán efectuando las tramitaciones finales por concepto de mejoramiento de gestión, fortalecimiento y equipamiento correspondiente.

Para no tener que detenerme más tiempo en esta materia, invito a los señores Diputados a leer el informe de la Primera Subcomisión desde la página 142 en adelante, donde se consignan en forma resumida sus principales recomendaciones. Esta Subcomisión dejó pendiente solicitó del Ejecutivo una ampliación del plazo la aprobación del ítem 31, subtítulo 25, capitulo 08, correspondiente a aportes y ayuda extraordinaria a los cuerpos de bomberos, los que, aunque se consideraron significativos, sería importante realizar un esfuerzo para ampliarlos. Asimismo, aprobó por unanimidad la idea de buscar fórmulas de financiamiento más permanentes, a fin de que esas instituciones no sigan dependiendo de aportes anuales que siempre son inestables, lo cual no ayuda a esta actividad esencial en nuestro país.

En la partida del Ministerio de Cooperación y Planificación, el señor Ministro hizo una extensa exposición. Lo más significativo que cabría subrayar es que Mideplan es un ministerio al cual la ley ha encomendado una gran diversidad y multiplicidad de tareas que no necesariamente están vinculadas entre sí. Ellas son quince, y debe participar en 51 instancias gubernamentales, en las que el Ministro, el Subsecretario u otro personero tienen la responsabilidad de proponer o sugerir los criterios que les merezcan las temáticas que plantean. Frente a este hecho, el Ministro destacó la escasez de recursos humanos, técnicos y financieros para abordar tan amplia y diversa gama de tareas.

Los señores Diputados recordarán que entre los organismos a cargo de Mideplan están el Sistema Nacional de Inversiones, pasando por el Servicio Nacional de la Mujer que está en una situación sui generis, porque, aunque es dependiente de Mideplan, está encabezado por una funcionaria con rango de ministra, el Fondo para la Discapacidad, el Programa para el Adulto Mayor, el Diseño y Planificación Regional, el Instituto de la Juventud, el Programa para la Superación de la Pobreza, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y una institución tan importante como la Secretaría Coordinadora e Transporte Urbano.

Para no dilatar mi exposición sobre Mideplan, me remitiré a las conclusiones de la página 142. Se solicitó al Ejecutivo un mayor financiamiento para el pago de los derechos de ausentes, así como también para viáticos y la posibilidad de ampliar el número de funcionarios de Conadi.

Otra partida a cargo nuestro fue la relativa a la Corporación de Fomento de la Producción, en la cual el tema más extensamente debatido fue el aporte a la Empresa Nacional del Carbón, por 12 mil 500 millones de pesos, para el programa de dicha empresa tendiente a impulsar un proceso de mecanización y de búsqueda de nuevos yacimientos que permitan asegurar su continuidad en el tiempo. No me extenderé acerca de una indicación formulada por el Ejecutivo, que se aprobó parcialmente, y recogida en el acta correspondiente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Por último, en la partida 50, Tesoro Público, hubo un importante debate en torno de las proposiciones hechas por el Director de Presupuestos, quien expuso las condiciones macroeconómicas consideradas para elaborar el Presupuesto, las prioridades y la composición del gasto, destacando la importancia del crecimiento del gasto social.

El punto de mayor discusión en este campo fue el relativo al capítulo 01, programa 03, operaciones Complementarias, en que se formularon indicaciones, en particular, al ítem 33, programa 104, Provisión para Financiamientos Comprometidos, debate que seguramente se reiterará en la Corporación.

En base a las discusiones sobre estos aspectos relevantes, que no es posible abordar con mayor detenimiento, se llegó a los acuerdos y sugerencias recogidas en la ya citada página 142 en adelante, respecto de cómo ir aprobando cada uno de los capítulos, ítem y programas de las distintas partidas sometidas a consideración de la Subcomisión.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para que pueda ingresar a la Sala el Director de Presupuestos, señor José Pablo Arellano.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Harry Jürgensen para rendir el informe correspondiente a la Segunda Subcomisión.

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente, la Segunda Subcomisión Especial de Presupuestos trató las partidas 01, Presidencia de la República; 04, Contraloría General de la República; 11, Ministerio de Defensa Nacional; 20, Ministerio Secretaría General de Gobierno; y 22, Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

A la sesión en que se estudió la partida 01, Presidencia de la República, participó, además de sus miembros, el Ministro Secretario General de la Presidencia, don Genaro Arriagada Herrera.

El presupuesto en moneda nacional para 1995 asciende a 4.324.486.000 pesos, de los cuales 4.275.220.000 pesos representan aporte fiscal.

El presupuesto en moneda extranjera considera ingresos por 750 mil dólares, constituidos por un aporte fiscal equivalente a esa cantidad.

Los gastos se radican en el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo. El señor Ministro Secretario General de la Presidencia señaló que el incremento de estos gastos se debe a un programa establecido para el próximo año, consistente en visitas periódicas de Su Excelencia el Presidente de la República a las diferentes regiones del país, dos veces cada semana.

Además, indicó que hay una novedad en la proposición del presente año, en el sentido de que alrededor de 500 millones de pesos de los gastos del subtítulo 22 de esta partida, dejan de ser reservados y, por lo tanto, susceptibles de fiscalización detallada por el órgano correspondiente.

El Diputado señor Ribera, que también asistió a esta Subcomisión, pidió que se dejara constancia de su opinión en cuanto a que los gastos reservados deberían tratarse en dos conceptos diferentes: discrecionales y los reservados, categoría esta última que debería quedar sujeta a un control externo.

El Senador señor Frei hizo presente que este tema es de carácter general, por lo cual su consideración y discusión son más propias de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos que de esta Subcomisión.

A continuación, el señor Ministro se refirió a las horas extraordinarias, que se aumentan en más o menos 10 mil con relación al presupuesto de 1994, informando que obedecen, fundamentalmente, al recargo de trabajo que significará para el personal de la Presidencia de la República la preparación y ejecución de programas y giras de Su Excelencia a regiones.

La Segunda Subcomisión, después de escuchar atentamente las explicaciones dadas, aprobó esta partida por unanimidad.

Partida 04, Contraloría General de la República.

A su estudio asistieron el señor Contralor General de la República, don Osvaldo Iturriaga Ruiz, y personal superior de ese organismo.

Esta partida contempla un total de 8.581.203.0pesos, consistentes en un aporte fiscal de 8.326.471.000 pesos.

En relación con los gastos, figuran 7.228.384.0pesos en personal, y en bienes y servicios, 800.081.000 pesos.

En su exposición, el señor Contralor General dijo que el proyecto de Ley de Presupuestos para 1995 considera un total de gastos de 8.581.000.000 de pesos, superior al de 1994 sólo en aproximadamente un 2 por ciento, expresado en moneda del mismo valor. Señaló que los aspectos más relevantes de estos gastos, en función de las actividades y programas del organismo fiscalizador, se realizarán en 1995.

Respecto del aumento en remuneraciones, informó que ello obedece a que se consulta la cifra necesaria para solventar el reajuste remuneratorio que se produce anualmente, pero que no significa aumento real alguno en las remuneraciones de su personal y que, por el contrario, el grave problema que enfrenta su institución es la fuga de sus profesionales, quienes obtienen rentas mucho más altas en el sector privado, por lo que frecuentemente debe lamentar el alejamiento del personal ya capacitado hacia dicho sector.

Además, agregó que la Contraloría ha debido soportar una disminución de personal de alrededor de 500 funcionarios en relación con la planta de 1981; pero que, con la introducción de sistemas computacionales y otros ajustes, ha podido seguir cumpliendo adecuadamente sus labores.

El señor Secretario General del organismo contralor expresó que la modernización es una preocupación prioritaria en los planes futuros de la institución, pero que ello pasa por el tema presupuestario y que, sin perjuicio de la informatización que ya se está realizando, se deben efectuar otras labores.

La Segunda Subcomisión, después de considerar los antecedentes expuestos, aprobó esta partida, sin modificaciones, por la unanimidad de sus miembros.

Partida N° 11, Ministerio de Defensa Nacional.

Además de sus miembros, asistieron los Senadores señores Vicente Enrique Huerta, Ronald Mac Intyre, Miguel Otero, Francisco Prat y Santiago Sinclair, y el Diputado señor Jorge Ulloa.

Especialmente invitado concurrió el señor Ministro de Defensa, don Edmundo Pérez Yoma. Asimismo, asistieron oficiales generales y superiores encargados de los diversos programas presupuestarios de las instituciones armadas y de orden.

El señor Ministro de Defensa planteó que reviste extraordinaria importancia partir con los antecedentes conceptuales para definir lo que ha de entenderse por gasto de Defensa.

Esta definición, hoy extremadamente ambigua e imprecisa dijo, es básica para la contrastación internacional con los presupuestos militares de países desarrollados o en vías de desarrollo. Agregó que éste no es un problema académico o puramente teórico, sino todo lo contrario, ya que, la incidencia que tiene la fijación seria y precisa de lo que es el gasto militar constituirá una variable de enorme y creciente influencia en la comunidad internacional para manejar los temas de seguridad.

El señor Ministro planteó que, si bien la comunidad internacional no ha evolucionado mediante acuerdos explícitos hacia un condicionamiento serio de los gastos militares, ello es perfectamente perceptible en ciertas cuestiones vitales para la seguridad mundial.

Entrando en el tema del gasto militar de Chile, el señor Ministro indicó que éste proviene básicamente de dos fuentes: el presupuesto fiscal y la Ley de Fondos Reservados del Cobre. No obstante, esta explicación no es suficiente, subsistiendo una serie de inconsistencias expresó que se esperan subsanar.

En lo que dice relación con el presupuesto fiscal, señaló que éste no puede medirse exclusivamente por el gasto que efectúan las distintas Subsecretarías, sino por el denominado “Aporte fiscal”. Dentro de éste, hay que distinguir entre “Personal”, que corresponde a los fondos suministrados por el Fisco para el pago de remuneraciones, y el aporte “Resto”, que es el que las instituciones asignan a sus gastos operativos y de inversión, incluyendo los estudios. Ambos aportes tienen evoluciones diferentes en el tiempo y son afectados de distinta manera por factores económicos de desarrollo tecnológico y de coyuntura militar histórica.

El señor Ministro indicó que ha sido opinión de la Secretaría Ministerial no considerar el gasto de previsión social de las Fuerzas Armadas y de Orden como gasto en defensa, por las distorsiones que puede significar, dada su difícil medición y, sobre todo, porque su ejecución depende del Ministerio del Trabajo y de Previsión Social.

Agregó que otro asunto que obviamente no es gasto en Defensa es el de Seguridad y Orden Público, porque por razones políticas accidentales, dijo la dependencia constitucional de estas instituciones recae en el Ministerio de Defensa.

Se analizaron las diversas partidas del Presupuesto, y el señor Ministro señaló que el gasto en Defensa, en relación con el producto interno bruto, ha tenido una tendencia hacia la baja. Ello se explica, en gran medida, por el efecto natural del mayor gasto realizado a fines de la década del 70 por potenciales conflictos con países vecinos.

El rango del gasto en Defensa en torno al 2 por ciento del producto interno bruto es un índice que se estima como relativamente óptimo por países europeos y americanos. Manifestó que el promedio de los gastos militares en Europa, según el producto interno bruto, se ha establecido en una cifra cercana al 2,3 por ciento. En América Latina dicha cifra baja a alrededor de un 1,6 por ciento del producto interno bruto.

Agregó también que, desde 1991 a la fecha, los incrementos reales en los Ministerios sociales son: Ministerio del Trabajo, 53,5 por ciento; Ministerio de Educación 54,7 por ciento; Ministerio de Salud, 108 por ciento, y Ministerio de Vivienda, 107,6 por ciento.

En conclusión, el señor Ministro hizo hincapié en que el presente Presupuesto refleja en materia de Defensa Nacional los siguientes aspectos. Primero, es conservador, puesto que cautela las tasas históricas del gasto militar, las que incluso aparecen disminuidas. Segundo, contiene un aumento moderado que, como se demostró, está reflejado en el aporte fiscal a Resto. En tercer lugar, este aumento se ha concentrado en la recuperación de déficit en materias de gastos operativos para las ramas, así como el incremento por la incorporación de tecnología más cara y más compleja.

El Capítulo 01 de la Subsecretaría de Guerra consta de cinco programas: el 01, Conducción Superior, tiene ingresos y gastos por 1.497.837.000 pesos y 301.000 dólares.

Además, comprende los siguientes organismos: Subsecretaría de Guerra, Gabinete del Ministro de Defensa Nacional, Consejo Superior de Defensa, Consejo de Salud, Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Defensa Civil, Cuerpo de Veteranos de 1879, Estado Mayor de la Defensa Nacional, Corte Marcial, Región Militar Austral, Ministerio Público Militar y Obispado Castrense.

Durante la discusión del Programa 01, Conducción Superior, la Subcomisión tomó conocimiento de que en el Subtítulo 21, Gastos en personal, figura la suma de 38 millones de pesos para contratar personal a honorarios para el gabinete del Ministro, y en el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de consumo, se contempla la cantidad de 152 millones de pesos, con el objeto de financiar una serie de estudios sobre políticas de defensa.

Al respecto, se presentó indicación para rebajar las sumas de los Subtítulos 21 y 22 de este Programa, la que fue rechazada por mayoría en la Subcomisión, con los votos a favor del Senador Francisco Javier Errázuriz y el Diputado Harry Jürguensen.

El Programa 02, Ejército de Chile, tiene un nivel de ingresos y gastos de 132.211.201.0 pesos y 25.624.000 dólares. El gasto de personal en el Ejército, para 1995, representa el 64,51 por ciento de su presupuesto, mientras que Bienes y Servicios de consumo alcanzan al 26,09 por ciento, y los otros gastos, al 9,40 por ciento.

El Director de Finanzas del Ejército, General Aurelio Palominos, en respuesta a una pregunta, manifestó que no se consideran recursos de ninguna especie para el personal de la ex CNI en el presupuesto del Ejército para 1995.

El Senador Sergio Bitar planteó que sería necesario que las Fuerzas Armadas, en conjunto, implementaran una política de adquisiciones que les permitiera hacer economías a escala.

Luego de considerar el Subtítulo 25, “Transferencias corrientes”, que contempla un aporte a Famae de 1.136 millones de pesos, los Honorables Senadores Sergio Bitar y Ricardo Núñez pidieron explicaciones por este gasto del Ejército.

El señor SOTA (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado?

Hago presente a Su Señoría que cada informe debe rendirse en no más de diez minutos. Por lo tanto, le ruego que sintetice.

El señor JÜRGUENSEN.-

En realidad, faltan muchos ítem por considerar, y no sé si Su Señoría pretende darlos por leídos.

El señor SOTA (Presidente).-

No, señor Diputado; lo dejo a su criterio, pero trate de sintetizar.

El señor JÜRGUENSEN.-

Trataré de resumir, señor Presidente.

Después de un acabado análisis del Capítulo 01, Subsecretaría de Guerra, con sus Programas 01, Conducción Superior, 02, Ejército de Chile; 03, Organismos de Salud; 04, Organismos de Industria Militar y 05, Organismos de Apoyo, la Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos los aprobó por unanimidad.

En el Capítulo 02, Subsecretaría de Marina, el Programa 01, Armada de Chile, contempla ingresos y gastos por 96.069.715.000 pesos y 32.202.000 dólares. Los mayores gastos corresponden a Personal: 67.178.774.000 pesos, lo que representa el 50, 24 por ciento del Presupuesto.

El Senador Bitar hizo presente pidió que quedara constancia de ello la gravedad de la incidencia de los gastos previsionales en el presupuesto de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, problema que se agrava año a año. Agregó que éste debería resolverse de la manera más racional posible en lo futuro.

El Programa 02, Dirección General del Territorio Marítimo y Mercante Nacional, permite llevar a cabo la misión de la institución, que es velar por la seguridad de la navegación marítima.

Los ingresos estimados para 1995 por aplicación de tarifas y derechos alcanzan un nivel de ingresos y gastos, en moneda nacional, de 8.927.850.000 pesos. En relación al presupuesto en moneda dólar, representa una variación del 26,09 por ciento, y en moneda nacional, del 15,23 por ciento.

El Programa 03, Dirección de Bienestar Social de la Armada, contempla ingresos por 4.738.948.0pesos. El Programa 04, Dirección de Sanidad de la Armada, tiene por objeto lograr la máxima capacitación y eficiencia física y psíquica del potencial humano de la institución. El nivel de ingresos y gastos se estima en 15.242.080.000 pesos.

En los gastos se puede apreciar, en el Subtítulo 21, un incremento del 48,29 por ciento, a causa del aumento autorizado de la planta de fondos propios a 839 personas, motivado principalmente por la apertura de nuevos servicios médicos que brinda dicha Dirección.

Este Capítulo y sus Programas 02, Dirección General del Territorio Marítimo, 03, Dirección de Bienestar Social, 04, Dirección de Sanidad, y 05, Subsecretaría, fueron aprobados por unanimidad.

El Programa 01, Armada de Chile, fue aprobado unánimemente, con los votos de los Senadores señores Francisco Javier Errázuriz, Arturo Frei, y del Diputado que habla, y una enmienda, derivada de una indicación presentada por el Ejecutivo, que no daré a conocer. Capítulo 04, Subsecretaría de Carabineros. Los gastos en personal ascienden a 90.205.540.0pesos y 2.151.000 dólares.

El señor Subsecretario de Carabineros explicó que el sueldo bruto de un carabinero recién ingresado es de 104.000 pesos, a los cuales hay que deducir la asignación de rancho, y en algunos casos, la casa fiscal, con lo que se llega a un líquido de 55.000 pesos El Director de Intendencia, General don Jorge Contreras señaló que existían 3.734 vacantes, de las cuales 2.000 se llenarán en forma parcializada en los próximos tres años.

El señor Subsecretario de Carabineros informó que no hay fondos contemplados en este Presupuesto para las 2.000 vacantes antes mencionadas.

La Subcomisión, por la unanimidad de sus miembros, acordó dirigir oficio al señor Ministro de Hacienda para que el Gobierno estudie la posibilidad de otorgar recursos a Carabineros de Chile, con el objeto de construir viviendas, ya que la denominada Ley Corvi, que establecía recursos para la institución, ha sido derogada.

Después de un atento análisis de este Capítulo 04, Subsecretaría de Carabineros, con sus Programas 01, Carabineros de Chile y 02, Hospital de Carabineros, la Segunda Subcomisión los aprobó por unanimidad, sin enmiendas.

El Capítulo 05, Subsecretaría de Investigaciones, contempla ingresos y gastos para 1995 de 27.417.579.000 pesos y de 1.589.0dólares.

El señor Subsecretario de Investigaciones explicó que el presupuesto de la institución para 1995 es exclusivamente de continuidad.

La Subcomisión aprobó este Capítulo por unanimidad, sin enmiendas.

Capítulo 06, Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional.

Señor Presidente, estoy terminando, pero son muchos los capítulos, por lo que tendría que darlos por leídos y dar a conocer que han sido aprobados por la Subcomisión, como el Capítulo 06, que acabo de mencionar; el 21, Dirección General de Movilización Nacional; el 22, Dirección General de Deportes y Recreación,...

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene que darlos a conocer en forma más global, señor Diputado.

El señor JÜRGENSEN.-

...y 23, Instituto Geográfico Militar.

Los Capítulos 25, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, 26, Dirección General de Aeronáutica Civil, el 27, Servicio Aereofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile, fueron aprobados por la Subcomisión correspondiente.

Igualmente, se aprobaron las indicaciones del Ejecutivo presentadas oportunamente.

Respecto de la Secretaría General de Gobierno, sólo fue aprobada una de las indicaciones referida a que los gastos reservados de ese Ministerio deben tener estricta relación con su función propia.

La Partida 50, del Tesoro Público, también sufrió una modificación, de acuerdo con una indicación del Ejecutivo.

También se trató el Capítulo 02, Consejo Nacional de Televisión.

Por falta de tiempo, no voy a referirme con mayor detalle a todos los capítulos que faltan.

Finalmente, la Subcomisión recomienda aprobar, sin enmiendas, las partidas 01, Presidencia de la República; 04, Contraloría General de la República; 22, Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República; 11, Ministerio de Defensa Nacional, con las modificaciones introducidas, fundamentalmente, por indicaciones formuladas por el Ejecutivo, que aparecen en el informe.

Termino diciendo que la Subcomisión sesionó los días 18, 19, 20, 24 y 25 de octubre de 1994, con la asistencia de los Senadores Arturo Frei Bolívar, Presidente; Sergio Bitar, Jaime Gazmuri, Carlos Ominami Pascual, Ricardo Núñez Muñoz, Francisco Javier Errázuriz y quien habla.

Así he cumplido con la misión de informar lo obrado por esta Subcomisión.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Hosaín Sabag, relator de la Tercera Subcomisión.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, paso a informar a la Sala lo tratado por la Tercera Subcomisión especial de Presupuestos, integrada por la Senadora señora Olga Feliú y el Senador señor Andrés Zaldívar; y por los Diputados señores Eugenio Tuma, Claudio Alvarado y quien habla, que fue Presidente de ella.

Nos correspondió tratar las partidas N°s. 03, Poder Judicial; 010, Ministerio de Justicia; 06, Ministerio de Relaciones Exteriores; 15, Ministerio del Trabajo, y 16, Ministerio de Salud.

Partida 03, Poder Judicial.

La partida para el Poder Judicial planteada en el Presupuesto en estudio contempla ingresos y gastos por un total de 39.249.793.0pesos. El Ministro señor Hernán Álvarez, en representación de la Excelentísima Corte Suprema, expresó, en primer lugar, que desde 1992 se aplica el denominado Plan Quinquenal del Poder Judicial, que estableció como objetivo central duplicar el presupuesto de 1991. Explicó que el aporte fiscal asignado a la judicatura, en pesos del Presupuesto de 1995, ha aumentado de aproximadamente 20 mil millones, en 1991, a 36.569.073.000, en 1995. Hizo presente, asimismo, que esta última cifra es superior en 2.714 millones a la del presupuesto vigente, lo que representa un aumento real del 8,2 por ciento en relación con 1994.

Observó que con el aumento del aporte fiscal indicado se cumple el compromiso del Plan Quinquenal para el período 19921995, restando sólo el año 1996 para su término.

Agregó, en seguida, que la participación del Poder Judicial en el gasto total del sector público ha crecido del 0,56 por ciento, en 1991, al 0,71 por ciento para 1995, indicando que probablemente no superará el 0,75 por ciento en 1996, año de término del Plan Quinquenal.

Por último, planteó la conveniencia de conversar sobre la posibilidad de acordar un nuevo plan de tres, cuatro o cinco años, que entre en aplicación una vez cumplido el vigente.

Vuestra Subcomisión, luego de analizar detenidamente el presupuesto por el Poder Judicial, procedió a aprobar, sin modificaciones, los ingresos y gastos contenidos en los dos capítulos de esta partida.

Los acuerdos fueron adoptados por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadora señora Olga Feliú y Diputados señores Alvarado, Zabag y Tuma, excepto la partida 003, “Provisión para cumplimiento de Leyes”, del ítem 31 del subtítulo 25 del Capítulo 03, que fue aprobado por 3 votos a favor, de los Diputados señores Alvarado, Sabag y Tuma, y la abstención de la Senadora señora Olga Feliú. La Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobó, por unanimidad, esta partida.

Partida 06, Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta partida consulta ingresos y gastos por 9.257 millones de pesos en moneda nacional e ingresos y gastos por 106.386.000 dólares.

El señor Ministro de Relaciones Exteriores expresó que la política exterior chilena persigue cuatro objetivos fundamentales. Señaló que el primero de ellos es de carácter general y que, por lo tanto, orienta a los otros tres, pues corresponde al mantenimiento y profundización de una inserción múltiple de nuestro país en el concierto internacional.

Agregó que los tres restantes, son los siguientes:

a) Desarrollar en América Latina una política denominada de “regionalismo abierto”.

b) Buscar alianzas estables con los centros internacionales a los cuales nuestro país está vinculado: América del Norte, la Unión Europea y Asia Pacífico, y

c) Dar a Chile una presencia selectiva en los organismos multilaterales.

Concluyó expresando que, en síntesis, el Presupuesto del Ministerio a su cargo, en términos generales, se mantiene e, incluso, disminuyen algunas partidas.

La Subcomisión aprobó esta partida con modificaciones en los Capítulos 01, Secretaria y Administración General de Servicios en el Exterior, y 03, Dirección de Fronteras y Límites, destinadas a perfeccionar la letra b) de la glosa 03, en lo relativo a gastos reservados, y en el Capítulo 04, Instituto Antártico Chileno, con el objeto de precisar, en la glosa 04, el destino de determinados recursos que en él se contemplan.

El Capítulo 02, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, fue aprobado sin enmiendas.

Los acuerdos anteriores fueron aprobados por la unanimidad de la Subcomisión y, en igual forma, por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Partida 10, Ministerio de Justicia.

Esta partida contempla ingresos y gastos por 82.094 millones de pesos.

La señora Ministra de Justicia informó que el Ministerio a su cargo se ha propuesto los siguientes cinco grandes objetivos, que permiten avanzar significativamente en el sexenio hacia la finalidad de lograr para el país una justicia ágil y eficiente:

1°. Modernizar el acceso a la justicia;

2°. Reformar la legislación familiar y de menores;

4°. Adaptar nuestra legislación al proceso de modernización económica social que vive nuestro país, y

5°. Desarrollar en esta área un programa de infraestructura, equipamiento y capacitación.

La partida correspondiente al Ministro de Justicia consta de seis capítulos, de los cuales la Subcomisión aprobó por unanimidad de sus miembros presentes los Capítulos 01, Secretaría y Administración General; 03, Servicio Médico Legal; 04, Gendarmería de Chile, y 05, Fiscalía Nacional de Quiebras, en los términos propuestos en el Presupuesto.

Al Capítulo 02, Servicio de Registro Civil e Identificación de esta partida, se le introdujeron las siguientes enmiendas:

a) En la letra A), Dotación máxima de personal, de las glosas 02 al subtítulo 21, se incorporó un párrafo final para establecer que el Servicio de Registro Civil podrá contratar personal de reemplazo dentro de los límites que señala, para suplir ausencias prolongadas de funcionarios a contrata, y

b) Consecuentemente con la letra D), Convenio con personas naturales, en la misma glosa indicada precedentemente se sustituyó 309.473 por la cantidad de 282.673.

El mencionado Capítulo 02 fue aprobado por la unanimidad de sus miembros presentes, excepto respecto de los fondos asignados en el Subtítulo 33, para los edificios del Archivo Nacional y de la Sala Cuna de la Región Metropolitana del Servicio Civil e Identificación, que fueron aprobados por 3 votos a favor, de los Diputados señores Alvarado, Sabag y Tuma y 1 en contra de la Senadora señora Olga Feliú.

Al Capítulo 07, Servicio Nacional de Menores, de la partida correspondiente al Ministerio de Justicia, se le introdujeron diversas modificaciones, con el objeto de trasladar una asignación desde el programa 02 al programa 01, en atención a que es más propio, desde el punto de vista presupuestario.

Al Capítulo 07, Servicio Nacional de Menores, de la partida correspondiente al Ministerio de Justicia, se le introdujeron diversas modificaciones, con el objeto de trasladar una asignación desde el programa 02 al programa 01,en atención a que es más propio, desde el punto de vista presupuestario.

2. En el Programa 02, de Administración Directa y Proyectos Nacionales:

a) En el Subtítulo 6, ítem 62, asignación 001, Servicio Nacional de Menores, se substituyó 4.031.675 por 3.977.175, y

b) En el Subtítulo 25, ítem 31, se suprimió la asignación 002, “Aplicación Artículo 3°, N° 12, del D.L. 2.465 de 1979” por “ y su monto”.

El mencionado Capítulo 07 fue aprobado por unanimidad de sus miembros, excepto el Programa 02 y la transferencia de fondos contemplados en el Programa 01 para financiar el 02, materias que fueron aprobadas por 3 votos a favor, de los Diputados señores Alvarado, Sabag y Tuma, y 1 en contra de la Senadora señora Feliú.

La Comisión lo aprobó por unanimidad.

Partida 15, Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Esta partida consulta ingresos y gastos por 1 billón 786 mil millones de pesos.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don Jorge Arrate, expresó que el gasto total de esta Partida representa una variación real de 9,4 por ciento en relación con el año 1994, y está constituido, cerca del 76 por ciento, por prestaciones de carácter previsional.

Cabe destacar que el Instituto de Normalización Previsional representa cerca del 75 por ciento del gasto total del presupuesto del Ministerio.

El presupuesto que se presenta para 1995, en lo básico, es de continuidad, y los cambios que se advierten están asociados con los lineamientos del Gobierno en materia laboral para el próximo año, los que, en lo sustancial, se refieren a la modernización y equidad de las relaciones laborales, la consolidación y modernización del sistema de previsión social y el incentivo al empleo y al desarrollo.

La primera de esta áreas se concentra en el presupuesto de la Dirección del Trabajo; la segunda, en los presupuestos del Instituto de Normalización Previsional, de las Superintendencias de Seguridad Social y de Administradoras de Fondos de Pensiones, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y de la Dirección General de Crédito Prendario.

La Subcomisión aprobó esta partida por la unanimidad de sus integrantes, excepto el Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 21, en que hubo 1 voto en contra, y en el mismo Capítulo 02, el subtítulo 22, que fue aprobado con una abstención.

La Comisión aprobó esta partida por unanimidad.

Partida 16, del Ministerio de Salud.

Esta partida consulta un presupuesto de ingresos y gastos en moneda nacional ascendente a la suma de 639.433.000.000 de pesos. Además, contempla ingresos y gastos por 1.253.000 dólares.

El señor Ministro de Salud, don Carlos Massad Abud, manifestó ante la Subcomisión que en los últimos cuatro años el sector público de salud ha sido prioritario dentro de los programas sociales de Gobierno. Es así como el gasto real se ha incrementado en un 70 por ciento, más que lo observado por ejemplo, en Vivienda y Educación, que han crecido en 60,6 y 43,3 por ciento, respectivamente, en el mismo período, para 1995, el proyecto de presupuesto del Ministerio presenta un incremento del 5,2 por ciento real respecto de 1.994. Algunos señores parlamentarios manifestaron que el aumento era sólo del 2,2 por ciento, lo que es un grave error.

En el área de los recursos humanos, el presupuesto contempla un crecimiento de 6.673.000.000 de pesos. De esta cifra, una parte, que asciende a 2.134.000.000 pesos, financiará el “efecto año” de 1.435 cargos de expansión aprobados para 1994, los cuales estaban asociados preferentemente a proyectos de inversión y al reforzamiento del Ciclo de Destinación, que posibilita la presencia de profesionales médicos en las regiones más apartadas del país.

Se consideran 2.454 millones de pesos para financiar 879 cargos de expansión, relacionados con proyectos de inversión que entran en operación en 1995. También se agregan 250 nuevos cargos para el Ciclo de Destinación, con lo cual la expansión para 1995 alcanza a 1129 cargos y se consultan 1185 millones de pesos para reemplazar a los 150 médicos que se liberarán del cumplimiento de guardias nocturnas, de acuerdo con la ley N° 15.076.

En relación con los bienes y servicios de consumo, el señor Ministro dijo que en los establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud se plantean incrementos en todos los niveles de atención: primaria, secundaria y terciaria. En el de atención primaria se contemplan 1.757 millones de pesos para consolidar la implementación del nuevo sistema de asignación de recursos per cápita, y 1.500 millones para la creación de un fondo concursable de proyectos generados en el nivel local y cuyo objeto sea mejorar la atención primaria a nivel municipal.

En los niveles secundario y terciario se consulta un incremento de recursos de 3.668 millones de pesos, que se destinarán a ampliar la cobertura de atención tanto en establecimientos dependientes de los servicios de Salud como adscritos a ellos a través de convenios.

En materia de inversiones, el señor Ministro destacó que se ha privilegiado el fortalecimiento y readecuación de la red asistencial.

Para 1995 la inversión en el Sistema Nacional de Servicios de Salud será de 39,000 millones de pesos, lo que representa un aumento de 2.784 millones respecto de 1994.

La Subcomisión aprobó esta partida en los mismos términos y por unanimidad, salvo el capítulo 03, subtítulo 31, ítem 73, que tuvo un voto en contra.

La Comisión Especial Mixta aprobó esta partida por unanimidad.

Es cuanto puedo informar a la Sala con respecto a la Tercera Subcomisión de Presupuestos.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla para rendir el informe de la Cuarta Subcomisión de Presupuestos.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, si los señores Diputados desean interiorizarse en detalle de las cuatro partidas que corresponden al Congreso Nacional, a Bienes Nacionales, al Ministerio del Interior, y a Educación y Vivienda, pueden hacerlo a través de los informes respectivos que se encuentran a su disposición, porque en 10 minutos es prácticamente imposible dar una visión de conjunto y profunda sobre el tema.

Los Diputados que han participado en la Comisión de Hacienda conocen más el tema, pero el resto podrá verlo con más calma y pormenorizadamente en los informes. De manera que en un par de minutos voy a señalar lo siguiente: las Partidas del Congreso Nacional y del Ministerio de Bienes Nacionales fueron aprobadas en los mismos términos enviados por el Ejecutivo.

La Partida del Ministerio del Interior sufrió dos modificaciones en la parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. En la provisión para infraestructura educacional, mediante una glosa se amplió la destinación de los recursos, en el sentido de que para la construcción y reparación de establecimientos educacionales se entienden incluidos proyectos relacionados con la electrificación. Y en una glosa común para los gobiernos regionales se estableció que con esos recursos podrán financiarse proyectos postulados por las universidades de la región que no comprometan gastos futuros del gobierno regional.

El resto de la partida del Ministerio del Interior fue aprobada exactamente en los términos enviados por el Ejecutivo.

En el Ministerio de Educación, que corresponde a la partida 09, se introdujeron las siguientes modificaciones:

En su oportunidad, la Subcomisión había rechazado un ítem para la Cooperación Cultural de la Municipalidad de Santiago, el que fue repuesto mediante la siguiente glosa: “El convenio entre el Ministerio de Educación y la Corporación Cultural de la Municipalidad .de Santiago deberá establecer que un porcentaje de las actividades culturales de dicha Corporación serán desarrollados en regiones”

El alcalde de Santiago y otros personeros habían señalado que la Corporación desarrollaba actividades en regiones, pero se estimó del caso dejarlo establecido en la ley.

Otra modificación dice relación con el aporte a la Universidad de Chile, que normalmente figuraba en la partida Tesoro Público, pero esta vez se incorporó en el Ministerio de Educación, quedando consignado en el capítulo respectivo. Se agregó la glosa de que estos recursos se destinarán a actividades de interés nacional, las que se determinarán mediante convenios entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Chile.

Otra modificación se refiere a los resultados del Si mee. En la glosa respectiva se dice que un resumen de los resultados globales de la prueba deberá ser publicados en un diario de circulación nacional, y además, el detalle de los resultados por establecimiento estarán a disposición, para consulta del público en ellos y en cada una de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación.

En el Sistema de Medición de la Educación Media se adoptó el mismo criterio.

La glosa correspondiente al Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural se modificó en el sentido de que a lo menos un 60 por ciento de los recursos del Fondo deberán ser destinados a financiar proyectos presentados a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, asignándose a lo menos 10.900.000 de pesos a cada región y contemplándose un mínimo de 260.000.000 de pesos para mejoramiento y habilitación de infraestructura cultural en las regiones.

Por último, se suscitó una gran discusión en relación con el proyecto denominado “Gemini”, que culminó con la aprobación, por mayoría, de una glosa que consulta esos recursos, pero señalando que los montos asignados a este proyecto con cargo a este ítem sólo podrán liberarse previa aprobación por el Congreso Nacional de los instrumentos representativos del proyecto, en conformidad al artículo 50, N° 1, de la Constitución Política del Estado.

Se modificó también la glosa correspondiente al Fondo de Liderazgo Científico, según la cual los recursos para la subvención directa de las actividades de investigadores chilenos de trayectoria destacada y activos en investigación, estará a cargo de una comisión integrada por personalidades nombradas por el Presidente de la República. Los criterios y el mecanismo de asignación de este Fondo se establecerán por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito también por el Ministerio de Hacienda, el que también podrá radicar los recursos y su administración en la Subsecretaría de Educación.

La Partida 18, Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, se aprobó con las siguientes modificaciones:

En el capítulo correspondiente a la Subsecretaría, se modificó la glosa en el sentido de que los decretos reglamentarios que establezcan ayudas estatales destinadas a la obtención de soluciones habitacionales y sus modificaciones deberán ser visados por el Ministerio de Hacienda cuando tengan incidencia financiera o presupuestaria.

En relación con la comisión por administración de cartera vencida, se estableció una glosa que señala que al término de la relación contractual existente se nos dijo que vencería el próximo año, se licitará públicamente, al menos una vez, el servicio de cobranza.

Esta partida, del Ministerio de la Vivienda, termina con una modificación a los subsidios unificados, mediante una glosa que dice que la cantidad de subsidios que podrán otorgarse para la aplicación de la ley N° 19.281, que se refiere al leasing habitacional, será de hasta 10 mil, imputándose a dicho ítem el gasto de las cuotas respectivas.

El resto fue aprobado, como señalé, tal cual venía propuesto en el proyecto del Ejecutivo.

Es cuanto debo informar

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Para entregar el informe de la Quinta Subcomisión, tiene la palabra la honorable Diputada señora Romy Rebolledo.

La señora REBOLLEDO.-

Señor Presidente, paso a informar lo que corresponde a la Quinta Subcomisión de Presupuestos, que discutió las Partidas de los Ministerios de Obras Públicas, Agricultura, Minería y Transportes y Telecomunicaciones.

En lo que toca al Ministerio de Obras Públicas, el presupuesto para el año 1995 alcanza a 399.764 millones de pesos, con un aumento real de 19,2 por ciento respecto del presupuesto de 1994.

De este presupuesto, el 74 por ciento del gasto se destina a proyectos de inversión nacional y regional; el 7 por ciento a gasto corriente, y el 19 por ciento a pago de la deuda externa del Ministerio.

De los rubros de inversión que ejecuta directamente el Ministerio inversión real más inversión financiera e Isar, el 80 por ciento se destina a proyectos de vialidad urbana e interurbana, es decir, 200 mil millones de pesos; el 7 por ciento a proyectos de riego, por un monto de 17 mil millones de pesos; el 6 por ciento a proyectos de infraestructura en puertos; el 2 por ciento a aeropuertos; el 1 por ciento a arquitectura, y el 4 por ciento a otros servicios de menor inversión, destacándose los 5.995 millones destinados al rubro Isar en agua potable rural, a cargo del Ministerio, a través de su Dirección de Planeamiento.

Como ya dijimos, el gasto global propuesto para 1995 refleja un incremento de 19 por ciento real respecto del presupuesto de 1994, vigente a junio. Este aumento se explica por el 14 por ciento de incremento en la inversión total ejecutada por el Ministerio; el 76 por ciento de aumento en el rubro transferencias de capital, y por el 19 por ciento de aumento de servicios de la deuda pública, mientras algunos otros rubros menores disminuyen.

Hay que destacar que el gasto en remuneraciones presenta una disminución real con respecto a 1994, debido a que en el proyecto de Presupuestos de 1995 no se incorpora el reajuste de remuneraciones del sector público para dicho año. Sin embargo, aun considerando ese factor, el gasto por remuneraciones reales de 1995 será algo menor que en 1994.

La inversión ejecutada por el Ministerio crece en 14,9 por ciento a nivel global; la inversión real, en 10,5 por ciento, y el programa Isar en 5,6 por ciento, mientras que la inversión financiera aumenta en 81 por ciento, por cuanto disminuye la recuperación de anticipos de años anteriores.

La variación conjunta de la inversión real más la financiera alcanza a 15,9 por ciento.

A nivel de los servicios, las variaciones y los ítem de inversión de ejecución directa en relación con el presupuesto vigente en 1994, son las siguientes: Aeropuertos crece en 23 por ciento, y Vialidad en 17,7 por ciento, mientras que Arquitectura disminuye en 18,3 por ciento, producto de la política de transferir estos recursos directamente a las instituciones usuarias de las edificaciones públicas y del hecho de que terminan algunos proyectos importantes. Riego disminuye en 1,4 por ciento, dado que no ha sido posible iniciar este año un proyecto nuevo en obras mayores; Obras Portuarias mantiene su nivel de inversión del año 1994, y los restantes servicios, Dirección General de Aguas, Dirección General de Obras Públicas, Subsecretarías, etcétera, aumentan su inversión en 15 por ciento en conjunto, incremento que se concentra en la Dirección General de Obras Públicas, Departamentos de Concesiones, para los efectos, principalmente, de la preparación y ejecución del programa de concesiones de obras públicas que se pondrá en marcha el año 1995 incluido el de agua potable rural.

En el informe está en detalle lo referente a las políticas y al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, que fue aprobado por unanimidad en el seno de la Comisión.

Respecto del Ministerio de Agricultura, su presupuesto para el año 1995 alcanza a 87.155 millones de pesos, previo a la indicación del Ejecutivo que lo suplementa en 1.709 millones.

Tal como el proyecto ingresó al Congreso, dicho presupuesto de Agricultura tenía una disminución de 0,5 por ciento real. No obstante, con el suplemento de 1.700 millones para Indap y de 9 millones para el Servicio Agrícola y Ganadero, crece en términos reales en 1,4 por ciento.

Respecto de las orientaciones fundamentales del presupuesto del Ministerio de Agricultura, el Ministro señaló que éste destaca básicamente los programas de ciencia, tecnología y transferencia de conocimientos, la asistencia financiera y crediticia, y la regulación y conservación de recursos naturales.

En cuanto a la distribución presupuestaria en estos tres ámbitos, el de la ciencia y tecnología representa una quinta parte del presupuesto del Ministerio, esto es, un 21 por ciento aproximadamente; es decir, 19 mil millones de pesos.

En relación con la asistencia técnica y crediticia realizada por Indap, este presupuesto alcanza a 28 mil millones de pesos; es decir, aproximadamente a un 30 por ciento del presupuesto total del Ministerio.

El conjunto de las acciones de defensa fito y zoosanitaria del territorio, lucha contra plagas, enfermedades, incendios forestales, etcétera, representa el 33 por ciento del presupuesto del Ministerio, lo que alcanza aproximadamente a 30 mil millones de pesos.

Dentro del presupuesto del Ministerio de Agricultura, en el área de fortalecimiento del proceso de innovación, están los fondos aumentados a través de Odepa para el fondo de investigaciones agrarias, que alcanza este año a 2.000 millones de pesos, el cual tiene por objeto incentivar a las empresas y centros académicos para realizar inspecciones destinadas a desarrollar nuevas investigaciones productivas. Y también, por primera vez, se contempla una línea de financiamiento, a través de Indap, con el fin de establecer un mecanismo institucional capaz de promover la formación empresarial y la capacidad de decisión de loa agentes privados, especialmente de pequeños y medianos agricultores. Para este efecto se crearán los centros de información y gestión empresarial, siguiendo con el ejemplo de otros países más desarrollados, como Francia, Bélgica y Holanda.

Se partirá el año 1995 con un presupuesto de alrededor de 270 millones para estos centros; pero con los recursos provenientes de la cooperación internacional este programa llegará a ser, según lo aseveró el Ministro, mucho más significativo. Las primeras experiencias se realizarán con las universidades regionales La Frontera, Los Lagos, Austral y de Talca.

Finalmente, cabe destacar en este presupuesto la incorporación de nuevos recursos biogenéticos al proceso de reconversión productiva para lo cual se crea una gran unidad o centro cuarentenario, que dependerá fundamentalmente del Servicio Agrícola y Ganadero.

La Comisión está muy agradecida del suplemento aprobado para Indap, porque hay algunas áreas donde este presupuesto debe seguirse suplementando en lo que tiene que ver con el fondo para emergencias. No obstante crecer de 12 a 100 millones el presupuesto en discusión, la verdad es que cada año las emergencias en el sector agrícola implican gastos de alrededor de 2 mil millones de pesos. Se consideró necesario también potenciar cada año más el INIA, dadas las necesidades de investigación y modernización de la producción agrícola.

El presupuesto del Ministerio de Agricultura, en consecuencia, fue aprobado por unanimidad.

En lo que respecta al Ministerio de Minería, tiene una disminución real, en relación con el presupuesto del año 1994 de 8,9 por ciento, que afecta a Conchilco, con 6,8 por ciento negativo; Sernageomín, menos 12 por ciento; Comisión Chilena de Energía Nuclear, menos 24 por ciento; Comisión Nacional de Energía, menos 11 por ciento.

Entre los programas relevantes contemplados en el presupuesto de Minería para 1995, el Ministro destacó el mejoramiento en las condiciones de seguridad laboral y ambiental vinculadas a la minería. En esta área se incluyen 110 millones de pesos para terminar en Copiapó la sede del Centro de Capacitación en Seguridad Minera y Medio Ambiente, primero en su género en el país, el que estará dirigido a la formación de expertos en seguridad y medio ambiente a nivel de los distintos estamentos de la minería. Cuenta también con un aporte significativo, por concepto de donación, del Gobierno de Japón.

En cuanto al programa de fomento de la minería artesanal, el presupuesto incluye 381 millones de pesos, con los que se continuará ejecutando el programa de apoyo y modernización de la minería artesanal, Pama, el cual, tratándose de pirquineros viables, pretende una identificación precisa de acciones de fomento productivo a fin de sostener artificialmente la minería artesanal y entregar la capacitación y transferencia tecnológica necesarias para que estos mineros puedan salir adelante. También, se consideren el de fomento de la pequeña minería. Esta labor, orientada a la pequeña minería formal, se realiza a través de la Enami, para lo cual existe un presupuesto de 9.048 millones de pesos, los que se destinarán básicamente a los sectores donde exista probabilidad fundada de obtener rentabilidad a largo plazo.

Asimismo interesa destacar la promoción de usos del cobre, para lo cual se apoyará con 165 millones de pesos a la Comisión Asesora Mundial de la Salud. En los últimos estudios de esta Comisión se atribuyen al cobre efectos tóxicos para la salud humana, lo que preocupa a la industria de este metal por los efectos que pudiera tener en su comercialización. Para hacer frente a este problema se creó, en diciembre de 1993, una comisión técnica asesora del Presidente de la República.

La partida Ministerio de Minería no fue aprobada por unanimidad. En general, en la Comisión existe preocupación, básicamente por la disminución del presupuesto del Servicio Nacional de Geología y Minería.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tiene una disminución real, para 1995, de 9,45 por ciento, y su presupuesto global asciende a 15.652 millones de pesos.

La Subsecretaría de Transportes experimenta una disminución de un 23,6 por ciento real; la de Telecomunicaciones, un aumento de un 99,7 por ciento real.

En este Ministerio destacan diversos rubros de transferencia y programas especiales, entre los que cabe señalar subsidios al transporte por 3.265 millones, que se destinan al proyecto Scat, Sistema de Control de Áreas de Tráfico, que ejecuta la Intendencia Metropolitana, y 3.922 millones por concepto de compensación del Fisco a la Empresa de Ferrocarriles del Estado. También destacan las labores de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, cuya Secretaría Ejecutiva está radicada en el Ministerio, con un presupuesto de 681 millones, y el programa de fiscalización que lleva adelante esa Secretaría de Estado, con 496 millones.

En el presupuesto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones también son relevantes las transferencias al sector privado. Se otorgan subsidios al transporte en las áreas principalmente rurales, en las cuales este servicio no es rentable para el sector privado. Para ese efecto se destinan 600 millones de pesos, fundamentalmente en las regiones del sur del país.

Respecto de la Subsecretaría de Transportes, se hizo presente en la Subcomisión que los gastos y transferencias a otras entidades públicas se refieren a tres programas de la Subsecretaría: de fiscalización, técnico de control de emisiones y de apoyo a la seguridad vial.

En cuanto al primero de ellos, se indicó que constituye una herramienta vital para la modernización del sector transporte, dado que ha experimentado un importante incremento normativo y, por ende, requiere mejores políticas y acciones de fiscalización.

En relación con el programa técnico de control de emisiones, expresó que se trata de un centro técnico que se está instalando en Santiago, que permitirá certificar ese aspecto de los vehículos.

Las fuentes de financiamiento consultan el apoyo de países extranjeros y transferencias desde otros ministerios, como la Secretaría General de la Presidencia.

En todo caso, se pretende que la gestión del Centro quede entregada a la actividad privada.

En relación con el último programa, se explicó que éste se expresa en la creación y funcionamiento de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito.

El aumento real de un ciento por ciento del presupuesto de este año de la Subsecretaría de Telecomunicaciones se fundamenta en la creación del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, orientado a áreas urbano-marginales y sectores rurales para que éstos también accedan al desarrollo de las telecomunicaciones del país y a lo que es el fortalecimiento de su fiscalización, en particular, dada la mayor demanda a través de la puesta en marcha del multicarrier.

La Comisión aprobó también por unanimidad la Partida correspondiente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Es cuanto puedo informar. El resto de la información se incluye, en detalle, en el informe.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el Ministro de Hacienda señor Aninat.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, me gustaría situar el contexto macroeconómico del proyecto en discusión haciendo, en esta primera intervención, algunas observaciones para delimitar bien el marco del Presupuesto presentado para 1995 y su incidencia en la marcha económica del país.

En primer lugar, tenemos que recordar que aquí hablamos, si se mide por el impacto de gasto total sobre el producto, de un presupuesto que representa aproximadamente el 22 por ciento del producto total, medido año a año; es decir, de un componente que, siendo significativo, no es sin embargo decisorio en términos de su porcentaje e incidencia sobre la marcha general macroeconómica del país.

Sin embargo, el presupuesto es importante por cuatro facetas que hay que destacar por su impacto en el tiempo:

En primer lugar, porque representa lo que, a través del aparato fiscal, el país expresa en su estructura de composición de gastos y de ingresos respecto del elemento redistributivo con que cuenta para afectar los resultados que provoca el mercado.

En segundo lugar, porque a través de partidas de inversión de capital, particularmente inversión física, permite adecuar en el tiempo cuellos de botella que afectan la tasa de crecimiento del país.

En tercer lugar, porque el flujo, en un lado o en otro, de lo que representen los cambios en el gasto corriente, va asociado a través del tiempo con resultados en materia de inflación o de balanza de pagos.

En cuarto lugar, porque el impacto bajo la línea del ahorro neto que produce el presupuesto, en este caso positivamente, o que a veces absorbe, está disponible para contribuir al ejercicio de inversión y de ahorro doméstico total a nivel de toda la nación. Es decir, influye en el mercado de capital.

En este presupuesto presentado a consideración del Parlamento tenemos una proyección de gasto corriente y de gasto de capital que, a nuestro juicio, representando lo que desea el país en cuanto a su estructura de prioridades y de impacto. Es moderado en sus números, en sus porcentajes de variación y en la ejecución que se ha presentado a nivel de las distintas partidas.

La pregunta que debemos hacemos es la siguiente: ¿existe espacio macroeconómico en el país para absorber el impacto de demanda agregada que este presupuesto proporciona para 1995? Si el presupuesto se analiza en este contexto, nuestra respuesta es muy optimista, muy positiva. Creemos que, examinadas las condiciones del mercado de reinversión, del mercado de capitales, del sector externo, particularmente de la balanza de pagos, y de las tendencias de inflación subyacentes o dominantes que uno podría proyectar para los próximos doce meses, todas las conclusiones apuntan a que la economía puede absorber perfectamente bien un presupuesto de gastos relativamente austero, como el que aquí se presenta, y con una estructura adecuada respecto de su influencia en la demanda agregada-país.

La prueba de esto es simple y concreta. Desde un patrón de inflación moderadamente alta a principios de año, que bordeaba el 13,7 y 14 por ciento, anualizada, hoy todos los analistas, sin excepción en particular, el Gobierno y el Banco Central, proyectan para el año en curso una inflación inferior al 10 por ciento, probablemente más cerca del 9 que del 10 por ciento.

Considerando proyecciones factibles respecto de inflación subyacente, de lo que ocurre con los precios de los indicadores no transables y otros que representan la tendencia inflacionaria hacia adelante, el Gobierno ha estimado oportuno, incluso, rebajar la inflación proyectada desde un 9 a un 8 por ciento para 1995. Es decir, este año estaríamos enfrentando una inflación de un dígito y en el próximo año también, pero con un punto porcentual menos.

Caben dos observaciones. El presupuesto en curso, de 1994, que ya representó una expansión nominal y real parcial de algunos gastos, fue perfectamente correlacionado, dado como se desembolsó, y el resto de las políticas macro, con una baja en la tasa de inflación; ni siquiera con una continuidad de la misma. Esperamos repetir lo mismo en 1995 con el nuevo presupuesto presentado, pero con un nivel de 8 por ciento en lugar de la meta de 10 por ciento estimada para este año, como la conoció el Congreso Nacional el año pasado.

Entonces, hay espacio para absorber bien este presupuesto, para acomodarlo a una inflación menor y para hacerlo en un contexto de crecimiento y reactivación más altos.

El Gobierno ha presentado una meta de crecimiento para 1995, que acompaña a este presupuesto, de 5,8 por ciento. A la luz de los indicadores de reactivación parcial que reconozco que se tienen de ¡os últimos dos meses y de ejercicios de escenarios para 1995, podríamos, incluso, pensar que el 5,8 por ciento puede ser, a esta altura, una estimación algo conservadora.

Es decir, desde la perspectiva de la inflación, estamos tranquilos; desde la del crecimiento, creemos que la previsión que se ha hecho es más bien conservadora y no optimista. Por eso, en algún momento más vamos a presentar una indicación que recalcula todas las partidas de ingresos y gastos del presupuesto, a través de todos los servicios, acomodándolas esta vez al 8 por ciento de inflación proyectada y no al 9 por ciento.

Ello significa menos crecimiento del gasto fiscal nominal. Es decir, más espacio aún para las consideraciones que desde el punto de vista macroeconómico se están haciendo para 1995. Y, además, significa el compromiso del Gobierno avalado por la reestimación de la tasa de 8 por ciento que ha hecho el Banco Central para seguir en la trayectoria de inflación decreciente; no sólo de un dígito, sino decreciente.

Nos parece que la discusión habida en las subcomisiones y en la Comisión Mixta refleja adecuadamente la composición de este presupuesto, el cual, a nuestro juicio, está bien estimado, bien diseñado y acomoda bien la marcha de la macroeconomía del país.

Me gustaría terminar mi primera intervención con una reflexión sobre la necesaria flexibilidad parcial fiscal que involucran los presupuestos públicos. Y a este respecto, una pequeña memorización o recuerdo histórico. Si tuviéramos aquí a los ilustres congresistas del país de los años 50 ó 60, o de algunos países vecinos, como Argentina, Perú, Colombia y otros, podríamos entender muy bien la importancia de la forma de ejecutar, aprobar, desembolsar y también fiscalizar el Presupuesto de la Nación en el caso de Chile.

Creo, sinceramente, que si examinamos con objetividad la historia fiscal del país, y si observamos experiencias fiscales muy angustiosas que sufrieron varios países vecinos en el pasado, que ocurren, incluso, en el presente, y las comparamos con la proyección de la macroeconomía chilena, uno de los activos indispensables e ineludibles del país como tal creo que es una ventaja comparativa de todo Chile es, precisamente, la forma como se diseña, controla y ejecuta el Presupuesto de la Nación.

En este sentido, el presupuesto fiscal de ingresos y de gastos tiene un componente que es de política macroeconómica. Es uno de los instrumentos con que la autoridad económica cuenta para hacer converger al país hacia un crecimiento más alto, inflación más baja y estabilidad en la balanza de pagos, pero acompañándolo también de un esfuerzo en la estructura de gastos que privilegie lo social, que es lo que se ha hecho de nuevo en este presupuesto, al alcanzar el componente del gasto social un 70 por ciento del total.

En el contexto de un Banco Central autónomo desde 1989 y de ejercicios repetidos que han provocado disciplina y no indisciplina fiscal que se prueba en las cifras de contribución del ahorro público al ahorro total de la economía, y en que este año la tasa de ahorro del país va a ser superior al 25 por ciento; un récord histórico, es necesario ser sutil y delicado en el tratamiento de este Presupuesto, así como se ha hecho en los años inmediatamente anteriores.

Chile ha ido construyendo un aparato fiscal que no sólo es un lujo para América Latina, sino para todos los países en vías de desarrollo, y debemos cautelarlo entre todos, porque es una de las más importantes ventajas relativas que tenemos para competir como país.

No quisiéramos caer si se me permite la expresión, en el “proceso de argentinización” del presupuesto público, ni en la vieja historia de afectar ingresos con nombres y apellidos como dije en mi exposición de la Hacienda Pública ante el Honorable Congreso, ni en un desorden en materia de la planificación necesaria en la Caja y en los programas fiscales en consideración.

En resumen, tenemos un proyecto de presupuestos que, de aprobarse, se acomoda perfectamente a una trayectoria macroeconómica, aun mejor que la de este año, con más reactivación; una inflación decreciente y que, al mismo tiempo, reitera lo que ha sido una tradición conquistada no hace muchos años en el país: responsabilidad en la programación fiscal.

Muchas gracias.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Hay inscritos varios señores parlamentarios para hacer uso de la palabra.

El señor VILCHES.-

Me permite una consulta, señor Presidente?

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra su señoría.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, he escuchado con mucha atención la exposición del señor Ministro y, por su intermedio, deseo hacerle la siguiente consulta:

El presupuesto de la Nación para 1994 fue calculado sobre la base de 87 centavos de dólar la libra de cobre. Como ya es conocido, el precio internacional promedio del cobre supera el dólar, lo que significa, aproximadamente, 670 millones de dólares adicionales que el Estado recibiría este año.

Quisiera saber qué pasará con esos recursos y, a la vez, sobre qué precio se calculó el Presupuesto de la Nación para 1995.

Gracias, señor Presidente.

El señor SOTA (Presidente).-

No sé si el señor Ministro está dispuesto a responder la consulta del Diputado señor Vilches.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-

Más adelante, señor Presidente.

El señor SOTA (Presidente).-

Entonces, queda planteada la inquietud del Diputado señor Vilches.

Siguiendo con el orden de los inscritos, en primer lugar, tiene la palabra el honorable Diputado señor José García.

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente, para los Diputados de Oposición, el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación es el más importante sobre el cual le corresponde pronunciarse, año a año, al Congreso Nacional.

Por esta razón, los Diputados que conformamos el Pacto Unión por Chile hemos dividido su estudio en cinco grandes temas. El primero se refiere a la institucionalidad en que se desenvuelve y se aprueba el proyecto mencionado y a la situación macroeconómica; el segundo, a lo que, a nuestro juicio, representa exceso de burocracia y gasto público que, perfecta y convenientemente, podría ahorrarse; el tercero, al aporte a las empresas públicas; el cuarto, a las urgencias sociales no previstas o consideradas en el proyecto, y, finalmente, el quinto, a los índices de gestión pública que nos ha propuesto el Ejecutivo y que también fueron solicitados oportunamente por los parlamentarios del Pacto Unión por Chile.

Distintos señores Diputados se referirán a cada uno de estos aspectos. Me corresponde referirme al primero de ellos, es decir, a la institucionalidad y a la situación macroeconómica.

En primer término, cabe señalar que la Ley de Presupuestos es un instrumento de política macroeconómica y microeconómica de gran importancia.

En lo macroeconómico nos revela las posibilidades de crecimiento para la inversión y desarrollo del sector privado y, con ello, del empleo, en la medida en que aceptamos una tasa de crecimiento de la economía y una meta de inflación acomodadas.

En cuanto a los aspectos microeconómicos hay, al menos, dos consideraciones relevantes. Primero, las condiciones macroeconómicas generales ya mencionadas derivan en una determinada presión sobre el tipo de cambio real, lo que define cuáles son los sectores de la economía que se verán realmente favorecidos durante el año siguiente. Segundo, es la ocasión en la cual se define la forma más eficiente para asignar el gasto social y en infraestructura con los siempre escasos recursos disponibles.

Rol del Congreso.

La ley la hace y la presenta el Presidente de la República a quien se le asigna la responsabilidad de la gestión económica. No obstante, el Congreso se constituye en un contrapeso que se manifiesta claramente a través de dos facultades: la primera, en la de rebajar gastos y, la segunda, en que, en definitiva, el Congreso Nacional es el que debe aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos que se somete a su consideración.

En consecuencia, no se puede aceptar que la gestión del Parlamento sea un mero trámite o que se deba limitar a recibir explicaciones del gasto durante el año calendario y del previsto para el año siguiente.

Nos negamos terminantemente a continuar discutiendo proyectos de Presupuesto bajo estas condiciones. Estimamos que, en defensa de la dignidad que le corresponde al Congreso Nacional, hay que ejercer una fiscalización permanente sobre la confección del Presupuesto. Se nos deben entregar en forma oportuna todos los antecedentes requeridos y, lo que es más importante, debemos escuchar los planteamientos que, con seriedad y responsabilidad, realizamos los parlamentarios para la gestión pública del Próximo año.

Lamentablemente, esto no ha sido así y las principales causas de ello son, a nuestro juicio, de dos tipos: institucionales y transparencia.

En lo institucional, existe una interpretación errónea sobre el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera del Estado, que prohíbe la realización de transferencias de recursos entre Ministerios sin aclarar si para estos efectos, la Partida del Tesoro Público es o no un Ministerio.

La interpretación tradicional que se deriva de ella es que el Tesoro Público no es Ministerio. Ello significa que puede recibir recursos de otras carteras y, a su vez, volverlos a transferir. Esta interpretación permite transferir recursos entre Ministerios indirectamente a través del Tesoro Público. A nuestro juicio, esto es contrario a la letra y al espíritu de la Ley de Administración Financiera del Estado.

Además, dado que es el mismo Tesoro Público el que recauda la mayor parte de los ingresos de la nación, cualquier subestimación de los mismos es traspasable a mayores gastos de los ministerios o del propio Tesoro. Por esta vía, se vulnera la facultad del Congreso para acotar los gastos presupuestarios.

La interpretación correcta es que el Tesoro Público tampoco puede transferir recursos a los Ministerios, más aún si existe una subestimación en los ingresos. Ello se constituye automáticamente en ahorro, a menos que por ley el Congreso apruebe bajo un nuevo escenario de ingresos, un gasto superior.

No es cierto que la interpretación señalada pretenda restar flexibilidad presupuestaria a las autoridades. Somos partidarios de que exista la facultad para que se traspasen recursos desde una cuenta especial de provisiones en el Tesoro Público, cuyo gasto total sea autorizado por el Congreso y sólo para estos fines, sin confundirlos con la tradicional provisión de reajustes en remuneraciones, asignaciones familiares u otras obligaciones comprometidas por ley. Es decir, somos partidarios de una flexibilidad presupuestaria más transparente y concordada con el Congreso.

En materia de transparencia, es bastante complejo para un parlamentario entender la gran cantidad de materias que se abordan en una Ley de Presupuestos, tanto por la complejidad como por la diversidad de aspectos, todos importantes pero que deben estudiarse en un plazo de tiempo demasiado breve.

Es indispensable que se facilite la labor parlamentaria a través de la entrega de información clara y oportuna.

Si somos realistas, tenemos que reconocer que el Congreso no cuenta con ninguna de estas facilidades. Ni siquiera se conoce una información tan básica como la metodología con la cual la autoridad determina en esta Ley de Presupuestos que habría un crecimiento del gasto total, igual a un rango entre el 5 y el 5,5 por ciento para 1995.

Institutos privados, serios como Tase y Libertad y Desarrollo, sitúan el crecimiento del gasto para 1995 en alrededor del 7 por ciento.

Llamo la atención sobre esta la cifra, porque parece inconcebible que Gobierno y parlamentarios de la Concertación y de la Oposición no podamos ponemos de acuerdo en la metodología para determinar cómo se calcula el mayor gasto público, con la incidencia que esto tiene sobre el crecimiento, el empleo y el tipo de cambio.

No es la primera vez que tenemos discusión sobre el crecimiento del gasto. Recuerdo que a fines de 1993, con motivo de la discusión presupuestaria del año siguiente, el entonces Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley, señaló al Congreso que el crecimiento del gasto corriente en 1994 respecto de 1993, sería de un 4,7 por ciento. Sin embargo, cuando se conoce la efectiva ejecución presupuestaria de 1993, se comprueba que ese crecimiento no es de un 4,7 por ciento, sino que de un 6,6 por ciento. Es decir, superior a lo anunciado y al crecimiento del producto.

En consecuencia, ¿qué seguridad tenemos de que el crecimiento del gasto en 1995 estará en el rango anunciado del 5 al 5,5 por ciento y que no tendremos un gasto corriente creciendo más que el producto?

Por ello, los Diputados del Pacto Unión por Chile no estamos dispuestos a permitir un crecimiento del gasto para 1995 superior al crecimiento del producto. Menos aun cuando una partida significativa del gasto está asignada a una partida global del Tesoro Público, respecto de la cual no se ha clarificado el uso de, por lo menos, unos 200 millones de dólares.

Eso significaría autorizar irresponsablemente un gasto público que resta espacios al desarrollo del sector privado, a su capacidad de generar empleos y de subir remuneraciones en beneficio directo de los sectores más pobres a cambio de un gasto público, cuyo fin no es transparente.

Por estas consideraciones y por las que formularán mis colegas parlamentarios del Pacto Unión por Chile, informo que estamos resueltos a votar en contra de este proyecto de Ley de Presupuestos; pero, del mismo modo, estamos dispuestos a conversar y esperamos que se acojan los planteamientos que, con seriedad y responsabilidad, está formulando la Oposición.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Ha terminado el Orden del Día.

Ha llegado a la Mesa una solicitud para suspender Incidentes.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

No hay acuerdo.

Reitero que la sesión de hoy en la tarde se iniciará a las 17.30.

LEY DE PRESUPUESTOS PARA 1995. Primer trámite constitucional. (Continuación).

Transcurrido el tiempo de suspensión.

El señor SOTA (Presidente).-

Continúa la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para 1995.

Tiene la palabra el Diputado señor Jocelyn-Holt.

El señor JOCELYN-HOLT.-

Señor Presidente, hoy en la mañana comenzó la discusión en general del proyecto de Ley de Presupuestos, y el primer tema que planteó la Oposición se refiere a la institucionalidad presupuestaria y, en general, cómo se concilian las normas que rigen esta ley con el desempeño de la economía.

No soy economista, pero la discusión del Presupuesto no es un hecho aislado que no se deba discutir independientemente de lo que ocurre en el resto del país, en cuanto a ciertos éxitos económicos de los últimos tiempos.

Hay que destacar que el Gobierno, efectivamente, ha tenido una conducción económica notable. Este año culminará con un índice de crecimiento del país bastante positivo y digno de destacar.

A comienzos de 1994, se hablaba de expectativas inflacionarias cercanas al 13 por ciento, y vamos a terminar el año con inflación de un dígito.

El acuerdo de la CUT con el Gobierno respecto de las remuneraciones del sector público también es una demostración de que, en la práctica, nos encontramos ante un marco adecuado de discusión que debe ser mencionado.

Estamos frente a un Gobierno que quiere hacer cambios en un conjunto de áreas: educación, salud, sector público, reconversión de determinados sectores mineros, sanitarios y de infraestructura.

Si uno lee en forma adecuada las medidas dadas a conocer la semana pasada, comprenderá que cada una de ellas, por lo menos, presagia que el próximo año será de gran desempeño económico, en cuanto a disminuir la tasa de interés, plantear una meta inflacionaria más baja aún que la actual, y aumentar hacia el exterior los márgenes de inversión de los fondos de previsión.

Por lo que entiendo, eso, en economía política, tiene por objeto ampliar las perspectivas del sector privado. Ojalá que tenga también un impacto positivo en el empleo.

Respecto de la política tributaria, enfrentamos un horizonte estable, de largo plazo, que no generará incertidumbre en relación con los ingresos fiscales. En ese esquema, nos encontramos con la proposición de un presupuesto extraordinariamente sano y austero; con compromisos que ya se reiteran desde hace tiempo: que el gasto público no será superior al crecimiento; que en la Ley de Presupuestos se introducen índices máximos de gastos, y que el ahorro público será el 16 por ciento más alto que en 1994.

Hoy la inversión pública se puede hacer con cargo a nuestros propios recursos, y los gastos de personal, bienes y servicios, aumentan en menor medida que el gasto total.

Tenemos un Gobierno que desea modernizar la política fiscal y que eventualmente obliga a una serie de servicios públicos a cumplir ciertas metas de gestión.

En el Presupuesto actual hay una disminución neta de los gastos reservados.

Además, respecto de anteriores ejercicios presupuestarios, el Gobierno ha venido informando con mayor anticipación a la opinión pública, a fin de centrar la discusión sobre la materia con los antecedentes adecuados, para que los señores Diputados podamos invertir y participar mejor informados que antes.

Se ha dado mayor transparencia a los gastos no comprometidos con cargo a fondos que figuran en el Tesoro Público y que han sido muy cuestionados por la Oposición. El Gobierno ha entregado mayor información acerca de lo que se hizo el año anterior y, en un gesto de transparencia, ha desglosado varios de ellos para colocarlos en otras partidas del Presupuesto.

Es decir, el Gobierno, en un gesto que indica bastante transparencia, ha desglosado varios gastos que se hicieron el año pasado con cargo a ese ítem, para colocarlos expresamente en otras partidas del presupuesto, con montos que se puedan fiscalizar durante el próximo año.

La Oposición ha planteado el tema de la fiscalización y la necesidad de tener más antecedentes sobre la ejecución presupuestaria. Evidentemente, es un tema que está abierto. Entiendo que el Gobierno desea avanzar más y sin echar abajo el actual andamiaje principal de la administración financiera, donde la institucionalidad presupuestaria es importante dar un mayor nivel de información que permita fiscalizar en forma adecuada.

Pero, a la inversa, las inquietudes de la Oposición respecto de estos temores por la flexibilidad presupuestaria del Gobierno no obedecen a una responsabilidad en el gasto, sino, básicamente, a discutir la metodología para construir los supuestos en los cuales descansa el presupuesto de la Nación: los índices de crecimiento, de inflación, de precio del cobre. En el fondo, son discusiones e inquietudes relacionadas con una sana administración. No quiero pensar en lo que ocurriría si sobrestimáramos los ingresos de la Nación para debatir un proyecto de Ley de Presupuestos. Probablemente, a mitad de año las consecuencias de los cálculos errados nos obligarían a corregir todas las partidas.

Hay un marco de flexibilidad presupuestaria que es inevitable, sobre todo en un país que funciona bien. En ese esquema, uno debería juzgar el desempeño económico y presupuestario de un Gobierno más por sus resultados que por las características específicas de cada una de las partidas contempladas dentro del proyecto, y centrar la discusión en las mayores facultades para conocer cómo se hace la ejecución presupuestaria, pero no impedir que un Gobierno tenga la flexibilidad indispensable para que, en caso de un buen desempeño, de mayor ahorro y de menor gasto, efectúe las definiciones que le correspondan dentro de las aprobaciones legislativas y del marco legal para administrar correctamente el país.

Las normas sobre las cuales ha descansado el esquema presupuestario del país obedecen a un largo período de maduración. Vienen del siglo pasado, en el cual tuvimos encontrones institucionales muy intensos para definir no sólo la discusión de la Ley de Presupuestos, sino de otras que tenían plazos de vigencia de un solo año; vienen de un largo período de gobiernos radicales en que sucesivas reformas limitaron la capacidad parlamentaria respecto del gasto, y culminan con un diseño extraordinariamente preciso que realizó el gobierno militar, con un conjunto de antecedentes que en la actualidad son cuestionados, pero que, en la práctica, cualquier sector que ejerce la labor de gobierno debería defender.

Hoy, a propósito de este proyecto de ley de Presupuestos, la Oposición nos quiere llevar a una discusión respecto de cómo se administra y con qué criterios se redistribuye en función de mayores recursos por un mejor desempeño económico en un año calendario.

En la práctica, veo muy difícil limitarle esa capacidad a un gobierno. También considero muy difícil que un sector se reste a la aprobación de un presupuesto sano y austero, en el contexto de una economía a la que le va extraordinariamente bien y de auspiciosas perspectivas para el próximo año. Es muy difícil que un sector rechace el proyecto de Ley de Presupuestos exclusivamente porque no concuerda con el tipo de manejo presupuestario de un gobierno que tiene mayores holguras, derivadas de un buen y sano sistema de administración del país.

Tengo la impresión de que, desafortunadamente, hemos centrado la discusión de estos cinco puntos: institucionalidad presupuestaria, exceso de burocracia, aporte a empresas públicas, ciertos gastos sociales e índices de gestión pública. Si respecto de ellos se quiere someter a exámenes al Gobierno, en términos generales, los aprueba adecuadamente.

Es injusto pronunciarse sobre un proyecto de Ley de Presupuestos sin tener la honradez de reconocer que el marco en el cual estamos discutiendo la iniciativa es muy positivo y de muy buenas señales para el país, las que ameritan juzgar la flexibilidad presupuestaria con otros criterios.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidentes).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jürgensen.

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente, el Gobierno ha señalado ya en reiteradas oportunidades que la prioridad de su gestión será combatir la pobreza a través de la educación, de la salud, de la justicia y de la infraestructura, lo cual se logra con la correcta asignación de recursos, además de una administración eficiente del Estado que estimule la directa colaboración del sector privado.

También se ha señalado que los presupuestos serán austeros y equilibrados, que existe la voluntad real de modernizar el Estado y que se velará por la eficiencia y la eficacia de la gestión fiscal.

En un análisis del proyecto de Ley de Presupuestos se puede advertir que las buenas intenciones y las prioridades expresadas por el Ejecutivo no se reflejan en él. Por el contrario, se sigue aumentando el gasto en ineficiencia, en burocracia y en centralismo.

Aumento de la dotación de personal.

Se nos propone elevar nuevamente la dotación de personal público; esta vez en 1.494 personas, concentrándose en su mayor parte en la planta de los servicios de salud, donde el aumento sería de 1.385 funcionarios. De esta forma se incrementa en 15,2 por ciento la dotación de personal respecto de 1990.

Esta proposición, al menos, merece reparos, especialmente cuando la propia autoridad del sector ha denunciado una notoria caída de productividad.

Asimismo, se propone un aumento en las dotaciones de personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de Gendarmería, sin que se conozca el efecto que las mayores dotaciones de años anteriores han tenido sobre la calidad de la atención de estos servicios, ya que el personal se incrementará en 32,7 por ciento y en 36,9 por ciento, respectivamente, respecto de 1990.

Igualmente se propone aumentar la dotación de personal del Sename, servicio público que ha comenzado a asumir la atención directa de menores en modalidades que hasta hace cuatro años eran desempeñadas por entidades privadas, revirtiendo así el rol subsidiario que cumplía el Estado en este campo. No puedo dejar de mencionar un claro empleo de ineficiencia y discriminación del Estado en relación con el sector privado, como es el del Sename, que tiene dos programas importantes de subvención a las instituciones privadas que colaboran con él.

Tiene también la administración de programas directos en cuyos centros existe prácticamente una persona por cada menor atendido, ya que la cobertura promedio en este programa es de 1.200 menores, y la dotación, de 1.137 funcionarios. El costo determinado en estos centros supera los 200 mil pesos mensuales, en circunstancias de que la misma atención entregada a los programas privados es de sólo 60 mil pesos mensuales. Sin embargo, el Gobierno prefiere financiar centros de atención 3,5 veces más caros que mejorar su aporte al sector privado, que demuestra mucho mayor eficiencia.

El aumento de dotación propuesto para 1995 se suma entonces a los incrementos de años anteriores, de manera que, en cinco años, el Gobierno de la Concertación ha aumentado la dotación de funcionarios públicos en 16.942 personas, lo que equivale al 15,4 por ciento.

Una parte no despreciable de estos aumentos obedece a la política de la Concertación de crear organismos, comisiones y servicios públicos que tengan muchos recursos y que no siempre se traducen en beneficios concretos para la población. Entre 1990 y 1994 se han creado once nuevas instancias públicas que emplean a 576 nuevos funcionarios.

Gastos en viáticos.

Se afirma que la Ley de Presupuestos de 1995 significa un aumento total del gasto del 5,5 por ciento. Sin embargo, en viáticos se propone un aumento real anual del 13,1 por ciento, concentrado en los Ministerios de Planificación, 60 por ciento; de Educación, 44 por ciento; del Interior, 33 por ciento; del Trabajo, 25 por ciento, y de Hacienda, 21 por ciento.

El crecimiento desmedido de los gastos en viáticos quizás sea una señal de centralismo en algunas entidades públicas, como en el caso del INE, que entre 1993 y 1995 aumentaría en 168 por ciento; el Registro Civil, en 206 por ciento; el Instituto de Salud Pública, en 175 por ciento, y el Sence, en 150 por ciento.

El Sernam, respecto de 1994, propone aumentar sus gastos en viáticos en 110 por ciento; el Instituto Nacional de la Juventud, en 102 por ciento, y la Central de Abastecimiento y Ministerio de Salud, en 147 por ciento.

Dotación de vehículos.

Otro ítem que nos permite evaluar lo errado de las prioridades del Gobierno se observa en el aumento de automóviles, ya que para 1995 se propone un incremento de 112 vehículos más que en 1994, correspondiendo los mayores aumentos al Sename, con 129 por ciento; al Instituto Nacional de la Juventud, con 44 por ciento, y al Ministerio de Transportes, con 31 por ciento.

En el Instituto Nacional de la Juventud existe un vehículo por cada cinco personas de la dotación de esa institución; en la Secretaría General de Gobierno, uno por cada siete funcionarios, y en todos los organismos creados por la Concertación, uno por cada ocho funcionarios. En cambio, en el sector público, en general, hay un vehículo por cada 23 funcionarios.

Gastos en horas extraordinarias.

A través de glosas, los distintos Ministerios disponen de presupuesto para convenios y horas extraordinarias, que se utilizan para aumentar los gastos de personal, saltándose las normas sobre carrera funcionaría.

El Gobierno propone aumentar en 9,6 por ciento real el gasto en horas extraordinarias, con expansiones reales superiores al 50 por ciento en diez reparticiones, y aumentos entre 10 y 50 por ciento en otras 25 entidades. Por otra parte, los gastos en convenios con personas naturales crecerían en 17,5 por ciento real respecto de 1994, doce entidades incrementarían sus gastos en más del 100 por ciento real, y otras seis experimentarían un aumento entre 50 y 100 por ciento.

Ineficiencia en la gestión pública.

De las cifras del proyecto de Ley de Presupuestos, se deduce que no hay voluntad política del Gobierno para eliminar la ineficiencia en la gestión pública. En efecto, una serie de servicios y organismos que cumplen similares funciones se encuentran en distintos Ministerios con personal diferente dedicado a administrarlos, lo que aumenta la burocracia en los trámites, implica pérdidas en la oportunidad y genera gastos innecesarios. No existe razón alguna para que tres organismos distintos desempeñen idénticas funciones, como es el caso de la Junji, Integra y Sernam , por ejemplo, en el programa para la madre temporera.

Otro ejemplo de triplicidad de funciones lo encontramos en la Subsecretaría de Pesca, Servicio Nacional de Pesca, Instituto de Fomento Pesquero y Fondo de Investigación pesquera. Basta analizar los traspasos de fondos entre esas instituciones para darse cuenta de que desempeñan una serie de funciones similares, retrasando con esta burocracia los proyectos y diluyendo las responsabilidades.

Evaluación de la gestión.

Existen varios otros indicios de ineficiencia en el funcionamiento del sector público, especialmente en salud y educación. Sin embargo, a la hora de establecer indicadores de gestión, lo que constituye una novedad interesante en el proyecto de Ley de Presupuestos para 1995, el Gobierno deja abandonados a los sectores de mayor prioridad nacional, como son salud, educación y los programas orientados a la erradicación de la extrema pobreza.

Si bien resulta positivo como conducta pública la introducción de indicadores de gestión, debe lamentarse que los propuestos adolecen de grandes limitaciones y desvirtúen sus efectos. En varios casos, las entidades seleccionadas para la evaluación no son representativas del área. Por ejemplo, dentro del Ministerio de Obras Públicas se seleccionó a la Dirección General de Aguas, que sólo representa el 0,9 por ciento del Ministerio, en lugar de evaluar el funcionamiento de la Dirección Nacional de Vialidad, que representa casi el 70 por ciento del total.

Este ejemplo revela claramente la intención del Gobierno en cuanto a la incorporación de indicadores de gestión, y demuestra también la razón de haber declarado inadmisibles todas las indicaciones formuladas polla Oposición.

En general, los indicadores que se proponen afectan a entidades que representan apenas el 12 por ciento del gasto público y el 17 por ciento del gasto en personal. De manera que la fracción mayoritaria de la gestión pública quedará siempre sin ser evaluada. Esta es la verdad respecto de esta materia.

Por todo lo expresado y los antecedentes entregados, no es posible recomendar la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos de 1995, ya que las cifras no demuestran la voluntad del Gobierno de materializar realmente las intenciones de disminuir el gasto, de modernizar el Estado, de priorizar los programas orientados hacia la erradicación de la pobreza y el mejoramiento de la educación y de la salud, e introducir indicadores de gestión pública que signifiquen un verdadero aporte a la administración.

Por lo mismo, manifiesto que votaré en contra del proyecto de Presupuestos de 1995.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Francisco Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, en esta discusión de orden general, porque entiendo que después discutiremos en particular las diversas partidas, quiero hacer un par de consideraciones que me merece el proyecto de ley en análisis.

Para varios de los Diputados que trabajamos en la Comisión de Hacienda, esta es la quinta experiencia que tenemos en la discusión de un proyecto de ley de esta naturaleza, tal vez producto de ella podemos sacar algunas conclusiones sobre el método de recibir el mensaje del Ejecutivo, sobre la ejecución presupuestaria, sobre nuestras facultades; en fin, sobre un conjunto de temas que ameritan que, en alguna oportunidad, la Corporación dedique un tiempo para corregir la situación curiosa que se da, en que el interés de la mayoría de los parlamentarios no está centrado en la discusión. El cúmulo de papeles que vemos sobre nuestros escritorios y que probablemente nunca serán vistos ni examinados legitima el derecho de preguntarse si no estaremos haciendo un acto de verdadera auto tortura al permanecer todo el día discutiendo algo resuelto desde el punto de vista legal, porque en definitiva, sin importar lo que digamos o acordemos, regirá el proyecto que mande el Ejecutivo. De tal manera que a lo mejor es tiempo de reflexionar sobre lo que tendremos que hacer al respecto.

Creo que el manejo de la administración financiera del Estado debe estar en manos del Poder Ejecutivo. Si uno examina la Constitución del 25 y las leyes que existían sobre administración financiera, las modificaciones que introdujo el decreto ley N° 1.263 y, básicamente, la Constitución Política de 1980, desde el punto de vista del manejo global responsable de la economía, concluye que constituyen un buen sistema.

Desde esa perspectiva, es bueno que los parlamentarios no tengamos atribuciones para cambiar el destino del gasto o introducir elementos de juicio que en el pasado convertían la discusión del proyecto de ley de Presupuestos en una verdadera carrera de clientelismo personal, político, parlamentario, que venía a distorsionar absolutamente la conducción central de la economía, sobre todo cuando hoy hay factores de competitividad, de ventajas comparativas, de comercio internacional, de puertas abiertas, en fin, que ameritan que la conducción económica esté en una sola mano, en este caso del Ejecutivo.

Sin embargo, frente a este sistema, aflora la pregunta: ¿Cuál es el rol del Parlamento? ¿Qué debemos hacer? ¿Vamos a contentarnos sólo con la facultad de rechazar, aprobar o disminuir los gastos que nos presenta el Ejecutivo? ¿O sería conveniente que esta discusión, sin mayor interés tal vez, pudiéramos tenerla todo el año, mediante el trabajo de las Comisiones especializadas? ¿Por qué no podríamos tener adjuntas, por ejemplo, las Comisiones de Salud, de Agricultura y de Transporte? Es decir, realizar un trabajo que permitiera hacer un seguimiento respecto de la ejecución presupuestaria, respecto de las necesidades y objetivos nacionales en el orden económico en esos temas sectoriales, y que fruto de esa experiencia, salieran políticas del Parlamento que se implementan con la conducción presupuestaria que, a mi juicio, debe estar en manos del Ejecutivo.

Tal vez eso sería más enriquecedor y más interesante para los Diputados, que traernos hoy de una discusión que hacemos trece Diputados de la Cámara miles de páginas que nadie entiende ni lee y que no aportan nada a nuestro trabajo en la base, con cierta visión de Estado respecto de lo que debe ser la discusión del presupuesto, que es el principal instrumento dentro de las finanzas públicas para concretar las políticas económicas del Estado.

Creo que tenemos una deuda pendiente. A lo mejor tendríamos que modificar nuestro Reglamento y, más allá de los aspectos formales que se establecen en algunos artículos, reformar los pertinentes para dar cabida a estas ideas que estoy desarrollando en forma desordenada, a fin de dar mayor eficacia, efectividad, presencia y poder al Parlamento en la discusión de este instrumento tan importante, como es la aprobación del máximo de gastos que estamos autorizando al Ejecutivo.

Una segunda reflexión que deseo hacer es en relación con la coordinación de los servicios para optimizar el uso de los recursos.

El Diputado señor Jürgensen planteó una serie de temas. El honorable colega lo hizo con un tono que, francamente, no me gustó, pues se me ocurre que trata de sacar ventajas políticas de una cuestión que va mucho más allá de lo que puede ser la política de un gobierno en un año. Es la experiencia, a lo menos desde la dictación del decreto ley N° 1.263, sobre Administración Financiera del Estado, que se viene dando en los últimos veinte años.

Por lo tanto, los puntos flacos o débiles a que se refería el Diputado señor Jürgensen, no hay que verlos con el sesgo de querer criticar en forma puntual lo que pueda hacer el Gobierno con este proyecto, sino que con una visión de Estado.

Si lo vemos así, estaré de acuerdo en que podrían usarse mucho mejor los recursos, en que podría optimizarse la localización de los ingresos en función de superar la pobreza, de hacer mejor las cosas y, en definitiva, de desarrollarnos como país.

Sobran ejemplos de determinados programas que se repiten o hay focalización de recursos que están en un ministerio, en un servicio y en otro ministerio. Pienso que deberíamos encarar ese problema. Sé que este tema es arduo, difícil y complejo porque entra en lo que llamamos modernización del Estado, donde el ideal sería tener un Estado eficiente, pequeño, que use bien los recursos; donde el personal sea bien remunerado; donde no haya duplicidad de funciones, y donde se hagan bien las cosas.

Este tema es mayor, pero lo planteo con un sentido objetivo, de país, de política de Estado. Espero concordar alguna vez en que éste es uno de los grandes temas pendientes en el Parlamento y en nuestro país.

Un tercer aspecto que me merece la discusión del proyecto de ley de Presupuestos, como tema de tipo general, es el de los ingresos. Todos sabemos que el Presupuesto de la Nación y los recursos del Fisco se complementan con los ingresos que proporciona, en general, el sistema tributario.

Hay otra materia también muy importante. Nosotros tenemos un acuerdo tributario, firmado con la Oposición. Y creo que los acuerdos son para respetarlos, porque, además de dar credibilidad y honorabilidad a las partes contratantes, permiten asimismo dar un horizonte de estabilidad a los agentes económicos. Eso le da estabilidad al país. Sin perjuicio de eso, hay temas que podemos discutir. Por ejemplo, el sistema tributario chileno peca de una neutralidad que va en perjuicio de las zonas más deprimidas.

Cuando no podemos, en virtud de la Constitución y del sistema que tenemos, entregar fácilmente mecanismos distintos del sistema tributario general que ayuden, en definitiva, a zonas como Arica, Punta Arenas, a las más pobres del país, a lo mejor estamos colocando en él un efecto perverso en virtud del cual la mayoría de los recursos se van a las zonas que tienen más dinero, porque la plata llama a la plata, el desarrollo llama al desarrollo; y las zonas que tienen más poder de compra y más poder económico, evidentemente se ven más beneficiadas porque se forma un flujo de desarrollo, de ingreso de riquezas, que va generando mayores ingresos por la vía tributaria, pero que no se traducen en zonas deprimidas que no tienen esta capacidad de generar recursos, en función de sus propios problemas. Quizás ello ameritaría quitarle un poco a nuestro sistema tributario esa neutralidad de que adolece.

En relación con este mismo tema, examinemos el funcionamiento de los impuestos directos, de aquellos que se aplican a las empresas y a las personas. Sabemos que las empresas cotizan un 15 por ciento y que el impuesto a las personas, el global complementario, puede llegar, incluso, cerca del 50 por ciento. Todos sabemos muy bien que muchas personas hacen sociedades y, bien asesoradas, pueden sustraerle al pago del impuesto global complementario por la vía de la formación de una serie de sociedades para obtener rebajas de gastos y varios otros beneficios que establece la ley tributaria. Sería conveniente también revisar el funcionamiento del sistema, en cuanto el impuesto global complementario afecta a las personas naturales.

Creo que de esa manera podríamos tener un sistema más equitativo y redistribuir mejor los ingresos, función por la cual nosotros, como parlamentario, debemos velar en virtud de una mayor justicia social en nuestro país.

Quería hacer estas breves consideraciones de orden general, por lo que me da a entender o me hace reflexionar este proyecto de ley de Presupuestos que, en mi caso personal, estamos por quinta vez discutiendo. Creo que es necesario seguir insistiendo en estos temas a fin de que en el futuro podamos, ojalá, rectificar y decidir lo que sea más conveniente para el país.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Kuschel.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente, quiero referirme a los índices o indicadores de gestión pública.

En el nuevo parlamento chileno hemos aprobado cuatro leyes de presupuestos. Éste es el quinto proyecto. Todos los años nos hemos quejado de numerosas dificultades, pero siempre hemos aprobado, a pesar de todo, básicamente el mismo presupuesto que el Gobierno presenta al Congreso. Este año se adoptó una actitud de rechazo, que en el marco de las condiciones legales y de las atribuciones o facultades con que cuenta el Parlamento, es en muchos aspectos simbólica.

No obstante, hemos querido protestar por lo siguiente:

El señor Ministro de Hacienda no acompañó el proceso parlamentario de análisis de esta ley, a pesar de que el presupuesto alcanza a 15 mil millones de dólares, un cuarto de los recursos que genera nuestro país en un año.

El presupuesto adolece de grandes ausencias sociales. Los discursos no se reflejan en la Ley de Presupuestos. No hay atención real por las pensiones asistenciales de ancianidad e invalidez, las jubilaciones, las jubilaciones mínimas, la cobertura y monto de los subsidios únicos familiares, etcétera, aunque este año el presupuesto se incrementa en 900 millones de dólares.

Consideramos que la institucionalidad presupuestaria tiene un marco equivocado; se nos han rechazado indicaciones, a veces, sin ser leídas.

El contenido del proyecto de la Ley de Presupuestos es poco transparente, inconsistente y no persigue la eficacia y la eficiencia, porque sólo es una extensión de los presupuestos tratados anteriormente, cuyos defectos no se depuraron, a pesar de todos los compromisos.

No contiene ninguna señal privatizadora de cierta envergadura. Se sigue distorsionando el mercado, incrementándose el tamaño relativo del Fisco en mayor proporción que el crecimiento económico del país. Con ello se estatiza la economía, se sacan decisiones del mercado, asignándose los recursos en peor forma.

Este “Estado crecido” es centralista y gasta e invierte concentradamente el 88 por ciento de los recursos; sólo el 12 por ciento tiene asignación municipal.

La inversión regional sigue siendo escasa. Los recursos públicos están utilizándose mal. Han proliferado las organizaciones no gubernamentales que canalizan los recursos, desenfocándolos, y llegando pocos al destino deseado. Tenemos burocracias crecientes, con gasto excesivo en destinos mal priorizados.

Los presupuestos anteriores han sido constantemente desfigurados y alterados, sobrepasando con traspasos de ítem los niveles aprobados. Se siguen haciendo cuantiosos aportes a empresas públicas, que hace años debieron haber sido privatizadas. En definitiva, no podemos seguir avalando un ejercicio superficial, simbólico y poco transparente.

Hace ya varios meses que la Concertación parece haber comprendido la importancia de la competitividad que debe desplegar nuestra Nación en todas las zonas de su quehacer.

Pregunto al señor Ministro de Hacienda qué indicadores de gestión y en qué parte están los que nos debieran mostrar mayor habilidad y fortaleza para generar mayor riqueza y bienestar para los chilenos, en comparación con otros países amigos y competidores.

En materia de gobierno, por ejemplo, éste tiene más injerencia en la economía; se han subido los impuestos; se sigue creyendo, erróneamente, que los impuestos los pagan los ricos y las empresas, en circunstancias de que lo hacen todas las personas que adquieren algún bien o servicio, especialmente los más pobres; el apoyo al sector privado lo hace a través de organizaciones no gubernamentales, cuya eficiencia es motivo de risas entre muchos vecinos de regiones.

En materia de internacionalización, seguimos marcando el paso, movidos por la inercia ya antigua de viejos impulsos. Han pasado cinco años de espera. El nivel de apertura de nuestra economía está estancado.

En materia de administración, ¿cuál es la productividad de nuestra administración, sus tareas, sus progresos? Sabemos que cada vez le cuesta más al país. ¿Pero qué reciben nuestros compatriotas a cambio?

En materia de finanzas, ¿qué avance institucional importante llevamos o emprenderemos ahora para aumentar la calidad y disponibilidad de instrumentos financieros? Seguimos relativamente encerrados, financieramente. Nuestras instituciones financieras aún no pueden acompañar apropiadamente a los exportadores, importadores e inversionistas en el extranjero.

En materia de infraestructura, ¿hemos avanzado en calidad, apoyo, diversidad en la misma proporción que la vamos requiriendo? No; cada vez tenemos más “cuellos de botella”. Chile ya es casi un país sin ferrocarriles, desde la perspectiva de Puerto Montt, no desde la de Santiago. Sobre todo, en regiones seguimos con malos caminos, malas carreteras; no hay tren al sur de Temuco y no se avanza con los puertos.

En materia de nuestra fortaleza económica doméstica, el tamaño relativo del Fisco ha crecido en desmedro de la economía privada, generando una economía más lenta y menos versátil. La economía informal sigue creciendo.

En materia de educación, ¿cuáles son los resultados de los instrumentos de medición de la calidad de educación? ¿Son secretos? ¡Hasta cuándo seguirán siendo secretos! La educación es la base de nuestro capital humano, del desarrollo de nuestra juventud. ¿Cuáles son los indicadores? Tenemos dificultades con los profesores; los recursos de las reformas tributarias no han llegado a las remuneraciones. ¿Dónde están? ¿Dónde siguen estando?

¿Cómo va la educación superior?; ¿La capacitación de nuestra mano de obra, cuya calidad de esta capacitación es cada vez más dudosa? ¿Se incorporan nuevos conocimientos tecnológicos? ¿Nuevos intereses? ¿Nuevos conceptos? ¿Se apoya la verdadera competitividad laboral, una actitud positiva ante la vida, un interés por leer y trabajar en la juventud?

A través de la televisión nacional vemos que no se educa ni se promueven valores chilenos. ¿Qué cambios vienen aquí? ¿O van a venir ahora?

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Ruego a los señores Diputados evitar los diálogos.

Una vez que terminen los comentarios, puede continuar el Diputado Kuschel

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente, ¿estamos satisfechos con los valores que ha empezado a entregar el sistema educacional? ¿Acaso se cree que en educación tenemos políticas bien estructuradas, capaces de garantizar satisfactoriamente nuestra identidad y valores, y nuestra competitividad creciente en el largo plazo?

¿Y la salud? ¿Acaso la rigidez y centralización con un estatuto no será fuente de mayores dificultades al igual que en educación? ¿No debemos ir a un cambio estructural? ¿Qué nos dice el presupuesto?. Sigue la inercia; la cesantía, especialmente la regional, sigue aumentando.

En materia de ciencia y tecnología, que son los indicadores con que actualmente se mide la competitividad de los países, ya se nos dijo que los fondos por este concepto se reducen debido a que concluyeron algunos programas que los justificaban. Deseo decir con la mayor claridad que en este tema sí que no deben agotarse ni sacarse los programas. Aquí sí que estamos ante un gran desafío.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente, la base del conocimiento de la humanidad, en este momento, se está duplicando cada cinco años; el año 2020 será cada 73 días. ¿Qué estamos haciendo en materia de ampliación de conocimientos? ¿Acaso estamos satisfechos con la creación de conocimientos chilenos? ¿Acaso estamos satisfechos con el centralismo en ciencia y tecnología? ¿Acaso estamos felices con el relativo rechazo y la falta de vocaciones científicas de nuestros jóvenes? ¿Acaso no nos falta toda una generación intermedia de científicos? ¿Acaso nuestros científicos no generan nuevos proyectos? ¿Acaso las empresas no demandan un nuevo impulso tecnológico cercano, inmediato, flexible y chileno?

Por otra parte, ya tenemos alguna experiencia que nos dice que el Gobierno, en forma unilateral, gasta más de lo que autoriza el Congreso, ya que cambia la distribución del presupuesto que aprobamos; ni siquiera nos informa de estos cambios.

El gasto público viene creciendo más rápidamente en los últimos cuatro años que el crecimiento de la economía del país. Tenemos un Estado cada vez más grande, que toma espacio del sector privado, de las empresas y personas. Con ello se empuja a una alta tasa de interés y a una baja del tipo de cambio. Tenemos más centralismo y necesitamos lo contrario para beneficiar a los sectores productivos como la agricultura, que no es importante para Santiago, pero que resulta vital para nuestras regiones.

Tenemos mala experiencia en el sector salud. Se duplicó el presupuesto de 600 a 1.200 millones de dólares. ¡Ahí está la salud! Se ha perdido todo ese esfuerzo y afrontamos una crisis mayor que se trata de esconder sólo por estos días detrás del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

¿Qué pasa con las privatizaciones? Todos están de acuerdo en privatizar, pero el Gobierno no atiende estos consensos. Se omite mejorar las pensiones y jubilaciones en forma real, a pesar de nuestro compromiso con quienes han levantado el país; sin embargo, se destinan miles de millones de pesos para canalizarlo a través de las ONG y de otras instituciones.

A pesar de que se gastan 15 mil millones de dólares cifra sin precedentes en nuestra historia económica, tenemos este mar de dudas. Todos los años hemos propuesto, por distintas vías, sistemas de medición de la gestión, de la eficiencia de la productividad, de la oportunidad ¡de la oportunidad!, de la focalización del gasto público. Siempre se declaran inadmisibles y se nos entregan indicadores de gestión mudos, que nada dicen.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Hago presente a la Sala que existe el acuerdo de que antes de la votación en general, intervendrían, con tiempo limitado, los miembros de la Comisión Mixta. En seguida, se procederá a votar en general el proyecto y, de ser posible, previa consulta con los Comités, intentaremos abordar la votación en particular.

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, en aras del tiempo, no pensaba hacer uso de la palabra, pero después de escuchar los discursos tan “optimistas” de la visión de los Diputados señores Kuschel y Jürgensen, no me queda otra cosa que emitir también mi opinión.

Al escucharlos, da la impresión de que estuviéramos en un país de desastres. ¡Qué contraste con la opinión que se tiene de Chile en todas partes del mundo, que recientemente fue calificado por la Standaring Pool con las tres “B más”, como uno de los países más confiables, al que pueden llegar recursos a bajo interés y con seguros insignificantes! Es decir, todos los países ven que Chile avanza gracias a la estabilidad económica lograda por este gobierno democrático, y a tantas medidas que le han significado un progreso sostenido en todos los niveles.

El señor Kuschel se ha referido al personal del sector salud, al que recibimos con 12 mil pesos de sueldo y que hoy perciben más de 100 mil. Los profesores ganaban una miseria y hoy tienen sueldos más dignos. Los profesores que recibían 34 mil pesos, van a quedar con 130 mil.

¡Se han desarrollado programas de viviendas, con más de 100 mil construidas al año! Faltan terrenos para construir en este país. Sin embargo, se dice que prácticamente el país está destruido. No entiendo cómo pueden ser tan negativos, si todo el mundo reconoce que se ha dirigido con seriedad, y que, gracias, justamente, a sus políticas serias y responsables, estamos avanzando tan sólidamente. Casi 12 mil billones de dólares de reserva; 21 mil millones de dólares a través de las AFP. El país se está desarrollando, producto de las modificaciones y de las leyes que se están dictando. También vamos a permitir que los fondos de las AFP se destinen al financiamiento de obras públicas, a través de la Ley de Concesiones, lo que nos permitirá reservar recursos para los sectores donde estas inversiones no son rentables, con el objeto de avanzar más aceleradamente en la lucha contra la pobreza y el atraso en nuestra patria.

Por eso, no logro entender tanta obcecación. Uno entiende las críticas positivas; pero aquí no he encontrado nada positivo. El Diputado Kuschel pinta la situación como si estuviéramos en un país en destrucción. El Diputado Jürgensen hace referencias a materias que no conoció en la Comisión. Habla de que se aumenta el personal de la salud en 1.400 personas. ¡Pero si nosotros queremos mejorar la salud de este país! Necesitamos más médicos, más enfermeros y más personal para que atiendan a los miles de personas que requieren sus servicios. ¿Cómo la vamos a mejorar, si no contratamos el personal suficiente y no mejoramos los hospitales, que recibimos en la mina más absoluta después de los 17 años de gobierno militar?

Por eso, no logro entender cómo pueden ser tan poco objetivos en este aspecto.

Se habla del Sename, que atiende a 52 mil niños. Él decía que había un niño por cada funcionario: ¿De qué estamos hablando?

Después, señalaba que se compraron 115 vehículos más, y que el 29 por ciento de ellos los adquiría el Sename. Claro que sí, porque hay que trasladar a los niños que están atendiendo a los juzgados. No hay otros vehículos en que llevarlos, si no son en vehículos especiales contratados que son propiedad del propio Sename.

Dice que aumenta el personal del Sename. ¿Qué ha pasado? Resulta que como para los privados que estaban atendiendo estos servicios su participación no les es rentable, devuelven a los menores. ¿Qué va a hacer el Sename? Tiene que hacerse cargo de esos niños, y pagar a las personas. Por eso, ha habido un aumento del personal, dada la necesidad imperiosa de recibir a estos niños para que no queden en el desamparo.

Tengo una visión muy distinta de este país. Estoy muy optimista con lo que está haciendo el Gobierno democrático, con la participación de todos; porque cuando aprobamos la reforma tributaria, también la sancionaron los Diputados de esas bancadas, y esos recursos han servido para levantar el nivel de este país y para ir terminando con la pobreza, la cual no es sólo problema del Gobierno del Presidente Frei y de los parlamentarios, sino también de todos los chilenos. Por esos, estamos trabajando para terminar con este flagelo, que nos debe unir a todos los chilenos. Estoy optimista, porque tenemos un Gobierno serio y porque los presupuestos durante todos estos años han sido positivos, dado que siempre ha habido excedentes; las reservas del país han sido extraordinariamente positivas; el crecimiento ha sido del 6,9 por ciento; el ahorro también ha sido bastante importante; la mejoría real de los salarios es del 3,7 por ciento. Son pasos grandes y tenemos que seguir dándolos.

Señor Presidente, voy a aprobar con mucho entusiasmo este proyecto de Ley de Presupuestos, porque estoy convencido de que, con la participación de todos, vamos a sacar adelante este país y, si Dios quiere, de aquí al año 2000, terminaremos con la pobreza y con la extrema pobreza en nuestra patria.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la honorable Diputada señora Romy Rebolledo.

La señora REBOLLEDO.-

Señor Presidente, las cifras que tenemos ante nosotros reflejan el excelente momento macroeconómico y de desarrollo que vive nuestro país: sus expectativas de crecimiento futuro son estables y éste será de alrededor del 6 por ciento, mientras que la inflación es decreciente y llega a un dígito. Hoy día vemos con satisfacción que se puede pronosticar una inflación de un 8 por ciento para el próximo año. El crecimiento real del gasto público es inferior al crecimiento de la economía, por lo que estamos frente a un Gobierno responsable y austero en lo que se refiere a gasto fiscal y al ahorro del Gobierno que crece y aumenta, lo que contribuye a esta misma austeridad y al control de la inflación.

Lo anterior, a nuestro juicio, es motivo de orgullo y merece la aprobación por parte de este Congreso y del país.

Obviamente ésta es una de las mejores etapas de nuestra historia económica, la que debemos saber cuidar y apoyar para no perder, como sucedió en décadas pasadas, grandes oportunidades históricas para salir de nuestro subdesarrollo.

También apoyamos, porque creemos que es clave, el mejoramiento de la gestión pública. Modernizar el Estado, a nuestro juicio, es fundamental para que esto no se transforme en un cuello de botella para nuestras exportaciones; también para que aquellas personas de más bajos ingresos, que son atendidas prioritariamente por el Estado, no tengan que sufrir la burocracia, y para que la inversión, fundamentalmente social, que realiza el Estado sea lo más eficiente posible.

Nos parece muy apropiado que, en este Presupuesto, 26 servicios públicos estén sometidos a indicadores de gestión, y entendemos que eso hay que profundizarlo y mejorarlo durante los próximos años.

También habrá que adoptar medidas complementarias para mejorar la gestión del aparato público, las que apoyaremos cuando se discutan en su debida oportunidad.

Esta bancada también estima que el Ejecutivo debe contar con una mínima flexibilidad en materias presupuestarias. El mundo moderno requiere de decisiones rápidas y autónomas. Desde este punto de vista, compartimos la existencia de recursos en el Presupuesto para eventualidades del año 1995, y que están en la partida del Tesoro Público como provisión de gastos comprometidos. También entendemos la flexibilidad que el Ejecutivo ha dado al artículo 26. Creemos que hay un manejo tremendamente responsable y austero y que el Estado debe contar, no obstante las limitaciones, con una mínima flexibilidad para poder llevar a cabo las políticas con el éxito con que las está materializando.

También es importante destacar que el 70 por ciento del gasto de este Presupuesto va al área social y a infraestructura y educación, prioridades básicas para nuestro desarrollo que se ven claramente favorecidas en él. Sin embargo, queremos observar a futuro un mayor énfasis en un tercer ítem que, a nuestro juicio, no está debidamente reflejado en este Presupuesto y que tiene que ver con la equidad y con los mecanismos para que el conjunto de ciudadanos, especialmente los más pobres de este país, puedan ir accediendo exitosamente a esta economía, que cada día se internacionaliza más y que lo hace con éxito. Ese punto es todo lo que se refiere a los programas de desarrollo y de fomento productivo. Más de la mitad de los trabajadores chilenos lo hacen en microempresas, muchas de ellas del sector informal. Hacia allá queremos ver en los futuros presupuestos mayores programas y recursos para que estos chilenos puedan, en asociación con el Estado, ir integrándose a este proceso económico que tiene que incorporar en mayor medida la equidad, como criterio fundamental de orientación presupuestaria.

En este sentido, esperamos que la Comisión del más alto nivel, referida al tema agrícola, que el Gobierno acaba de crear, se traduzca en el próximo presupuesto, y ojalá antes que eso, en medidas efectivas dentro de la política que este país está desarrollando para resolver los graves problemas que hoy enfrenta la agricultura de este país. No estamos por medidas proteccionistas ni nada parecido, pero sí creemos que las medidas hay que tomarlas con anticipación y no esperar a que la presión nos lleve, como muchas veces, a adoptar medidas apresuradas, que no son las mejores en esos instantes.

El Partido por la Democracia aprueba este proyecto de Ley de Presupuestos, porque refleja un gran momento histórico de este país, y también la ejecución de una política económica tremendamente responsable, por lo que consideramos que esa señal debe ser enviada desde este Congreso al país en forma responsable y unánime.

Por eso, aprobaremos el proyecto en análisis y esperamos que este Congreso lo haga repito con responsabilidad y dé señales claras al país de que tiene hoy una gran oportunidad de desarrollo.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Hago presente a los señores Diputados que están solicitando la palabra que existe el acuerdo de que intervengan en esta sesión los Diputados miembros de la Comisión Mixta.

Sólo excepcionalmente y por acuerdo de la Sala podría conceder la palabra a otra persona interesada en intervenir, como es el caso del Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, pido la palabra.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor BOMBAL.-

Concuerdo con lo que señala Su Señoría; pero deseo solicitar la anuencia de la Sala para que se fije, al final de las intervenciones de los Diputados miembros de la Comisión, un período breve, de 10 minutos, con el objeto de que podamos intervenir los Diputados que no participamos directamente en las Comisiones.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

La Mesa no tiene inconvenientes al respecto, por el momento, debe restringirse a los inscritos. Una vez que se termine ese tiempo, veríamos la situación de aquellos Diputados que desean hacer alguna consulta o intervenir en relación con esta discusión.

El señor LONGTON.-

Solicito la palabra para plantear un asunto reglamentario.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, deseo que explique el acuerdo que acaba de mencionar, porque en la reunión de Comités de la mañana acordamos aplicar estrictamente el Reglamento; en este caso, desde el artículo 173 en adelante, relativos a la Ley de Presupuestos.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Efectivamente. Se pidió en forma expresa que el tiempo se mantuviera tal como lo señala el Reglamento, pero distribuido no entre diez personas, sino entre doce, con lo cual se garantizaba la posibilidad de que intervinieran los doce Diputados miembros de la Comisión Mixta.

Ese es exactamente el acuerdo que está operando, y creo que hasta el momento no ha habido inconvenientes. De manera que agradeceré a los señores Diputados que no lo objeten, para que continuemos con las intervenciones de aquellos que están inscritos.

El señor BOMBAL.-

Hay un inconveniente, señor Presidente.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Si se respeta el tiempo que hemos acordado, la votación debiera producirse aproximadamente a las 20 horas y algunos minutos.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, no obstante respetar el acuerdo adoptado, quiero dejar expresa constancia de que este tipo de acuerdos es profundamente desafortunado, porque deja fuera del debate al resto de los parlamentarios. Aquí, con justificada razón, han intervenido quienes participaron directamente en el tratamiento de esta ley en la Comisión. Pero este tipo de acuerdos vulnera precisamente el sentido de debatir en Sala un proyecto de esta naturaleza. Es cierto que podremos intervenir en la discusión en particular, pero con este tipo de acuerdos se nos priva del debate en general. No pretendo que se altere el acuerdo: sólo quiero dejar expresa constancia de que estoy en profundo desacuerdo con este tipo de medidas que se adoptan para tratar los proyectos.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Se dejará constancia de su opinión.

Sólo debo hacer presente que estamos operando con un acuerdo de los Comités que dispuso que así abordáramos la discusión en general del proyecto. En consecuencia, pido que no volvamos sobre el punto.

Tiene la palabra el Diputado señor Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, si me lo permite, quiero hacer una aclaración.

La única variación era la intervención de los Diputados informantes. El resto se remitía al artículo 176 del Reglamento, que dice. “Se podrá pedir la clausura de la discusión general por un Jefe de Comité cuando se hayan pronunciado diez discursos o discutido durante tres sesiones de una hora de duración, a lo menos.” Es decir, mientras ningún Comité pida la clausura, pueden hablar tantos Diputados como estime conveniente la Mesa.

Reitero: la única variación es la participación de los Diputados informantes, situación que ya se verificó en la mañana. De manera que ahora pueden intervenir todos los Diputados que quieran, mientras no se pida la clausura del debate.

Por lo tanto, solicito que se remita al Reglamento, señor Presidente.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Diputado señor Longton , le aclaro que la Mesa se está atendiendo estrictamente al Reglamento.

La Mesa no tiene objeción alguna en dejar sin efecto la única variante planteada, en el sentido de que dos Diputados no podrían intervenir dentro de los previamente inscritos. Como entiendo que esa no es su intención, le rogaría permitir que se siga otorgando la palabra a los inscritos y una vez que se llegue al décimo, los señores Diputados que estimen conveniente cerrar el debate, podrán solicitarlo de acuerdo con el Reglamento.

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, en la mañana participé en la reunión de Comités y le pedí al señor Secretario que leyera previamente los acuerdos para que no se suscitara ninguna duda, porque ninguno establece que puede usar preferentemente de la palabra un Diputado respecto de otro. Como única excepción se estableció un lapso para que los señores Diputados informantes de las respectivas Subcomisiones rindieran sus informes; en lo demás, se mantuvieron las normas reglamentarias vigentes.

Repito: en dos oportunidades pedí expresamente que se leyeran los acuerdos de Comités para evitar esta dificultad. Los acuerdos fueron leídos por el señor Secretario quien es ministro de fe y no se advirtió ninguna preferencia, salvo que exista un grave error al escuchar a Su Señoría sobre lo que reclamaron, con toda justicia, los Diputados señores Bombal y Longton.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

En estricto rigor, no hay ningún motivo para establecer reclamo alguno al proceder de la Mesa. Hasta este instante a ningún señor Diputado inscrito se le ha negado el uso de la palabra atendiendo estrictamente al Reglamento.

Lo que ocurre, señor Diputado y lamento que no estuviera presente cuando se planteó la duda sobre el punto es que efectivamente el listado de inscritos en poder de la Mesa responde a aquellos que integraron la Comisión Mixta, quienes han solicitado que se les garantice en el tiempo aproximado de diez intervenciones de 10 minutos, que alcanzaran a intervenir doce Diputados y no diez, suponiendo que al cabo de esos discursos alguien, invocando el Reglamento, pidiera el cierre del debate para proceder a la votación.

La Mesa sólo ha permitido que se vayan haciendo las intervenciones. Si cumplidas las primeras diez, algún señor Diputado estima prudente solicitar el cierre del debate, habrá dos Diputados de entre los doce de la Comisión Mixta que no alcanzarán a intervenir.

La Mesa no tiene que hacer valer ningún acuerdo, porque no lo hay en ese sentido pero estimó que, por lo menos, era un acuerdo válido para los miembros de la Comisión Mixta que así lo habían solicitado.

No creo que el punto merezca mayor discusión.

Hasta el momento han intervenido siete integrantes de la Comisión Mixta, quedando cinco inscritos en un orden que ha permitido alternar la opinión de un diputado que apoya al Gobierno con otro de Oposición, sabiendo que al final saldrían privilegiados en el número de intervenciones los primeros mencionados, porque, en el tiempo, el señor Secretario ha venido controlando rigurosamente que los discursos alcancen un máximo de diez minutos, como promedio.

Ese es el punto y solicitaría que lo dejáramos hasta ahí, para continuar de inmediato con la discusión del proyecto de ley.

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, tal como lo señaló el Diputado señor García al iniciar su intervención de la mañana, me corresponde abordar el tema de las empresas públicas.

Una de las razones fundamentales que hemos esgrimido para rechazar la idea de legislar es la falta de información y de transparencia en la ejecución del gasto público. Tenemos la esperanza de que en el curso de la discusión de esta tarde el punto sea superado y aprobemos la idea de legislar sobre el proyecto de Ley de Presupuestos.

Si es efectiva la falta de transparencia e información respecto del presupuesto de la Nación, también lo es en relación con las empresas públicas. En la actualidad, éstas constituyen una “gran caja negra”, cuyo gasto representa nada menos que el 12 por ciento del producto geográfico bruto del país. Si agregamos el gasto del Fisco, según cifras que tenemos, entre ambos representan el 30 por ciento del producto.

Respecto de las empresas públicas, carecemos de toda información. Desconocemos sus proyectos de inversión, la rentabilidad sobre el capital, los aportes que realizan individualmente al Fisco etcétera. Es decir, no tenemos ningún tipo de evaluación sobre las mismas, salvo que se trate de algún caso de corrupción o se requieran fondos fiscales para alguna de ellas en la respectiva Ley de Presupuestos.

Sin duda, este tema tiene incidencia presupuestaria muy significativa, puesto que para 1995 se contemplan transferencias por 158 millones de dólares a empresas públicas, en circunstancias de que para 1991 se consideraron sólo 3,8 millones.

La rentabilidad sobre el capital de las empresas Corfo durante 1993 alcanzó a 1,8 por ciento, y la del resto de las empresas públicas, en su conjunto, a un 4 por ciento.

Sin embargo, el tema de las empresas públicas también tiene incidencia económica. La falta de decisiones a su respecto está postergando nuestras posibilidades de desarrollo en la lucha que Chile está librando para derrotar la pobreza.

Por lo tanto, cuesta explicarse que el Gobierno y la Concertación hayan paralizado el proceso de privatización y no estén haciendo un esfuerzo serio para revertir esta tendencia, porque ello está teniendo un costo muy alto para el país.

En la actualidad, la Concertación tiene el poder. Está en condiciones de corregir todos los errores que consideraron que se habían cometido respecto de dicho proceso. Pero no podemos paralizar el proceso de privatización.

La única explicación posible para no continuar con este proceso es que se trata de un problema ideológico al interior de la Concertación o una falta de coraje político para imponerse a presiones de distintos sectores que no son capaces de comprender los beneficios que trae consigo, ni de ver más allá de sus propios entornos o de sus situaciones particulares.

Para nosotros, las privatizaciones no son un problema ideológico. Afortunadamente, se están levantando voces en todos los sectores políticos, incluyendo la propia Concertación, que llaman a reimpulsar este proceso. Desgraciadamente, hasta ahora, en ésta son los menos.

No vaya a ocurrir que, por no tomar decisiones a tiempo, quedemos al margen de enormes posibilidades de inversión que para el país existen en la actualidad, en razón de la globalización de los mercados, especialmente en América Latina.

Ya tuvimos la triste experiencia de Enap versus lo que ocurrió con la empresa argentina de yacimientos petrolíferos. Nuestros países vecinos están enfrentando procesos tanto o más profundos de los que realizó Chile en materia de privatizaciones. No vaya a ser que cuando decidamos, por ejemplo, privatizar los puertos por falta de inversión, sea tarde, y las inversiones, pudiendo venir de capitales nacionales, provengan de los países vecinos, como ocurrió con el sector eléctrico en el caso chileno, cuando se presentaron las distintas posibilidades de inversión.

Las privatizaciones no son un problema ideológico. Ha quedado demostrado que tanto desde el punto de vista económico como de los ingresos fiscales, privatizar es necesario, porque el Fisco, de manera permanente, recibe mayores ingresos y perfectamente se pueden cumplir los fines redistributivos de la propiedad, como ha ocurrido en muchos ejemplos y experiencias que ya se han realizado en Chile.

La gran crítica que se hace en forma liviana a las privatizaciones es que el Fisco recibe recursos por una sola vez, que corresponden a ventas de las empresas, y que posteriormente deja de percibir ingresos o éstos serían inferiores, en caso de que la Empresa siga siendo estatal.

La experiencia del proceso privatizador realizado entre 1985 y 1989 demuestra exactamente lo contrario. En la actualidad, el Fisco está recibiendo anualmente mayores ingresos por las empresas privatizadas que cuando estaban en poder del Estado, sin considerar los impuestos que, en calidad de personas naturales, tributan quienes son propietarios de dichas empresas.

A estas conclusiones se llega sin considerar las externalidades, como el mayor bienestar de los ciudadanos; es decir, mayor cantidad de cobertura de servicios, menor precio, ahorro de tiempo, competitividad del país, etcétera.

Uno de los estudios que aborda en mayor profundidad los efectos fiscales de la privatización es el realizado por los profesores Dominique Achete y Lüders , que llegan a la conclusión de que el impacto fiscal de las privatizaciones realizadas entre 1985 y 1989, en lo permanente, en determinados supuestos que se cumplieron ampliamente, determinó que el Fisco actualmente obtiene mayores ingresos que los que habría logrado de mantener las empresas en poder del Estado.

Achete y Lüders señalan: “El impacto fiscal bajo tales supuestos fue negativo hasta 1988 y positivo a partir de 1989”. Agregan que para que “el impacto fiscal sea cero en cuanto a los ingresos fiscales, la tasa de rentabilidad sobre el valor libro tendría que aumentar en menos de 2,5 puntos porcentuales sobre el que obtuvieron antes de la privatización, en cinco de las diez empresas privatizadas entre 1985 y 1989”. Este requisito fue ampliamente superado.

Las anteriores aseveraciones se ven reforzadas por un connotado dirigente socialista: Oscar Guillermo Garretón , quien, en un documento sobre las privatizaciones, que presentó en un seminario interno del Partido Socialista a mediados de septiembre pasado, en que se reunieron parlamentarios y dirigentes del partido, señala, a diferencia de los autores anteriores, que el efecto positivo sobre los ingresos fiscales no es a partir de 1989, sino de 1987.

Las empresas públicas siempre enfrentan un problema de inversión, sus excedentes deben ser traspasados al Fisco. Traspasan un 40 por ciento de los impuestos y también el resto de los excedentes, y en esa entrega de excedentes siempre deben competir con proyectos de mayor rentabilidad social que tiene el Fisco, como la educación, la salud, que siempre lo van a limitar en sus posibilidades de inversión y de expansión.

Por mantener un alto número de empresas en manos del Estado sin justificación, el país está pagando un costo muy alto al comparar la eficiencia de las empresas públicas con la del sector privado. Para tal efecto basta mencionar algunos ejemplos.

La rentabilidad sobre el patrimonio de las empresas públicas no supera el 4 por ciento, mientras que la rentabilidad promedio de las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago, en 1993, fue de un 13 por ciento. Si las empresas públicas se hubiesen acercado a esa rentabilidad en 1992, habrían tenido recursos adicionales por 417 millones de dólares.

Hace pocas semanas se dio a conocer el informe de productividad internacional comparada, que ubicó a Chile en el lugar número 22 del mundo. Una de las áreas analizadas es la de infraestructura. En las áreas de gestión estatal, es decir, la red vial, portuaria y ferroviaria, Chile ocupó uno de los últimos lugares. En cambio, en el sector telecomunicaciones, en que mayoritariamente se trata de empresas privatizadas, ocupó uno de los primeros lugares y tuvo la inversión más alta del mundo al compararse con el producto geográfico bruto.

En ese mismo informe se concluye que en el lugar que ocupó Chile influyó de manera significativa y terminante la ubicación de las empresas de energía.

Respecto de las empresas sanitarias, actualmente existen trece que son filiales Corfo , cuya rentabilidad sobre el capital promedio alcanzó en 1993 al 4,3 por ciento. Las únicas dos privadas del sector tuvieron una rentabilidad de 6 por ciento, en el caso de la Empresa de Agua Potable Lo Castillo, y del 21 por ciento, en el de Manquehue.

Situación portuaria.

Mientras Argentina ya inició la privatización del puerto de Buenos Aires, de Bahía Blanca y de la línea férrea que conecta Rosario con Bahía Blanca, en Chile, desde 1981 que no se adoptan medidas, y las que se adoptaron, básicamente, consistieron en terminar con los monopolios laborales y entregar la operación al sector privado.

En la actualidad, es urgente invertir en los puertos. Algunos de ellos se encuentran en su límite de capacidad, y el sector público no está en condiciones de invertir grandes sumas de infraestructura portuaria, absolutamente necesaria para hacer eficiente el comercio exterior.

En general, la situación de mediocridad de las empresas públicas contrasta con un importante número de privatizadas que son verdaderas locomotoras en cuanto a sus planes de inversión y que han conquistado para Chile importantes mercados en el exterior. Algunos ejemplos: de los 817 millones de dólares captados en el extranjero en colocación de ADR, el 54 por ciento corresponde a las empresas privatizadas. La inversión directa en el extranjero de empresas chilenas alcanzaba en marzo de 1994 a 1.445 millones de dólares, de los cuales el 46 por ciento corresponde a empresas chilenas privatizadas.

Difícil habría sido siquiera pensar que las privatizaciones de las grandes empresas de telecomunicaciones produjeran el desarrollo que ha tenido el sector. La inversión que actualmente realiza se expresa en el aumento de la cobertura telefónica, baja de los precios, crecimiento del sector muy por sobre el del producto geográfico bruto, aumento de puestos de trabajo, incremento de remuneraciones, etcétera. Esto que es válido para el sector de las telecomunicaciones, también lo es para otros sectores de la economía donde se ha realizado dicho proceso, y podría ser perfectamente aplicable a otros que están pendientes.

Mención aparte merece el caso de Codelco, discutido ampliamente a través de la prensa. Si no se adoptan medidas de esta naturaleza, con Codelco va a ocurrir algo similar a lo sucedido con el resto de las empresas públicas que administra el Estado.

Como conclusión, quisiera dar a conocer la introducción y el párrafo final del documento de Oscar Guillermo Garretón, que entregó al Partido Socialista a mediados de septiembre.

Haciendo referencia a los cambios estructurales ocurridos durante el gobierno militar, el documento señala textualmente en su página 3: “Se cuestionó la ruptura de Chile respecto de los acuerdos regionales, se cuestionó la formación de isapres y AFP. Lo complicado es que eso se englobó como sinónimo de economía de mercado, provocando una distancia ideológica respecto de ese concepto. Se la cuestionó ideológicamente; en el mejor de los casos, se consideró oportuno no discutir su existencia; se eludió el tema. El problema es que ha dejado de ser eludible; el Estado no da para más. En otras palabras, antes o después, el Estado reconocerá su incapacidad para abordar su tarea multifacética y procederá a convocar a toda la sociedad.”

Finaliza Oscar Guillermo Garretón señalando que “Debe ser gratificante para un socialista constatar que cuando se confía en las fuerzas de la sociedad, se multiplican los planes, y ellos contribuyen, además, a aportar recursos para la acción del Estado, especialmente para los pobres y los postergados, porque si el mercado es cruel a la luz de los antecedentes, pareciera que el Estado empresario lo es más.”

He querido completar mi intervención con estas palabras muy significativas, y recomendaría especialmente a la Concertación que la estudiara en profundidad, porque es un tema que no se puede postergar. Chile necesita revitalizar e iniciar este proceso nuevamente; cada día son más claros los signos de que estamos perdiendo liderazgo y oportunidades a nivel global y se advierten, a nivel público, por los distintos tipos de declaraciones, que hay una paralización en este impulso, que es absolutamente necesario, otorgándole más espacio al sector privado. Sobre todo, ha quedado claramente demostrado que es una falacia sostener que el Fisco recibe por una sola vez los recursos cuando procede a privatizar, ya que en lo permanente y a través de los tributos recibe más recursos.

Por lo tanto, no debería existir objeción de carácter ideológico para impulsar este proceso, porque de esta manera vamos a acelerar la solución del problema de los más postergados y de los más pobres.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, el debate que anualmente tiene lugar a raíz del estudio del proyecto de Ley de Presupuestos es una ocasión para intercambiar opiniones sobre muy diversos aspectos de la economía, pero a veces no se presta la debida atención al presupuesto mismo y la discusión se desvía a puntos que confunden o hacen difícil entender con claridad hacia donde se apunta con el instrumento presupuestario propiamente tal.

Sobre esa materia, nos alegramos de tener una sociedad democrática e instancias en que los distintos actores políticos y sociales del país puedan conocer el proceso de formulación y ejecución presupuestaria y hacer oír sus críticas, sus proposiciones y observaciones. Sin embargo, a veces suele caerse en excesos o llevarse hacia algunos planteamientos que no ayudan a lo fundamental, que es evaluar y juzgar en conjunto este instrumento fiscal tan importante para reafirmar las tendencias positivas o para rectificar aquellas que en algún momento puedan dar lugar a críticas u observaciones.

A veces, al escuchar algunas intervenciones, uno no sabe de qué país se trata, porque, evidentemente, no se trata de éste, en términos de los indicadores que se presentan, de las abrumadoras cantidades de cifras, indicaciones y comentarios absolutamente negativos que hacen pensar que ya no es un problema de debate reflexivo, de análisis objetivo, sino que hay un prejuicio y un afán de criticar por criticar que hace perder credibilidad y que no es posible hacerse de ellos sino de una manera anecdótica.

Por lo tanto, quiero tomar aquellos aspectos que me parecen más importantes de las críticas formuladas por la Oposición y de las surgidas aquí y en el debate de los últimos días.

Al respecto, en el planteamiento de la Oposición tienden a confundirse aspectos y materias muy distintas. Una, la institucionalidad presupuestaria; otra, la ejecución del Presupuesto del gasto público; otra, los resultados de la gestión gubernamental en materia presupuestaria y, por último, la información y fiscalización.

Hay que partir mencionando que la institucionalidad que nos rige no es obra de este Gobierno: fue elaborada, establecida e implementada bajo el gobierno que rigió el país hasta fines de 1980. Con esto no quiero limitarme a hacer un cargo, porque en esa normativa se recogió la historia de este país.

En la institucionalidad consagrada establecida en la Constitución y en las normativas anteriores que rigen el proceso de formulación y aprobación presupuestaria se recoge también una experiencia de muchas décadas, incluso desde fines del siglo pasado, de lo que ha sido el proceso del debate presupuestario en nuestro país y de las atribuciones que tienen los distintos Poderes.

Después de las experiencias negativas de los años 30, 40, ya a fines de los 60 y comienzos de los 70, en el país se había planteado un proceso de rectificación y de reformulación de muchos de los procedimientos históricos en cuanto a atribuciones del Congreso y del Ejecutivo, en lo que se refiere al debate y a la aprobación presupuestaria.

Lo que tenemos hoy, en alguna medida recoge lo que es una institucionalidad que ha ayudado al país a tener una gestión financiera, presupuestaria y una conducción económica que, no cabe duda, ha sido consistente, responsable y coherente, particularmente en los últimos años.

Es indudable que hay aspectos vacíos o que es necesario cumplir. Por ejemplo, no tiene sentido votar en general un proyecto de Ley de Presupuestos, pues la votación en general no corresponde al mandato constitucional y legal. El congreso tiene el deber de discutir y analizar, de aprobar o rechazar el proyecto de Presupuestos. Por lo tanto, no cabe pronunciarse sobre la conveniencia de legislar al respecto. También en materia presupuestaria existen numerosas normativas permanentes sobre las cuales ni siquiera podemos pronunciarnos y sólo nos cabe aceptar sus consecuencias o traducción presupuestaria.

Sin duda, hay vacíos importantes en este procedimiento. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hay contradicción entre Senado y Cámara en la discusión y aprobación del Presupuesto? ¿Qué ocurre si después de agotados todos los procedimientos, ambas Cámaras adoptan pronunciamientos absolutamente contrarios respecto de un ítem determinado? Aquí hay una materia importante que es necesario resolver, porque no se trata de normativas que den lugar a críticas o a planteamientos coyunturales, sino que se refieren a cuestiones muy de fondo en el proceso presupuestario e, incluso, político del país.

Sobre esta materia, al momento de constituirse la Comisión Mixta de Presupuestos, había acuerdo para dictar un reglamento que permitiera salvar muchas de estas deficiencias o vacíos. Desgraciadamente, hasta el momento no ha logrado hacerse; pero llegará la oportunidad, ojalá a la brevedad posible, en que lo abordemos en conjunto con el Gobierno y los partidos de la Concertación y Oposición.

En suma, en materia de institucionalidad hay lo que se heredó, lo que se recibió, y, reitero, algunos de esos aspectos recogen una tradición histórica que era necesario superar y que ha sido convenientemente, por lo menos, recogida en parte.

A ese tema, añadiría que los avances logrados en los dos últimos gobiernos democráticos apuntan a fijar o limitar las atribuciones del Ejecutivo para aumentar el gasto, limitaciones más allá de las cuales el presupuesto no se puede, aplicar.

Es importante distinguir las responsabilidades de un proceso establecido e institucionalizado de aquellos requerimientos o necesidades de información y fiscalización que, no cabe duda, pueden dar lugar a consideraciones distintas.

En segundo lugar, en lo que se refiere a la formulación del Presupuesto, a la fijación de prioridades y a la ejecución del mismo, salvo afanes circunstanciales o puramente propagandísticos o publicitarios, nadie puede desconocer que la responsabilidad ineludible, inexcusable e indelegable le corresponde al Gobierno elegido democráticamente. Al respecto, cuando un gobierno asume la conducción de un país también asume la capacidad y el mandato de fijar las prioridades y formas en que se van a fijar los recursos dentro de las normas establecidas en el procedimiento presupuestario.

Sobre el particular, se han hecho observaciones respecto, por ejemplo, del Tesoro Público y del Programa de Operaciones Complementarias, sobre lo que no cabe discusión alguna por razones de discreción y de expectativas. Hay un margen en el cual, además de la flexibilidad necesaria, como decía la Diputada señora Rebolledo , el Gobierno no puede renunciar a su capacidad y a su necesidad de gestionar los recursos del país, con la mayor libertad que le sea posible, dentro de los marcos que el Presupuesto le fija. Y si no ¿cómo se podrían abordar de otra manera, por ejemplo, situaciones que hay que enfrentar en medio del proceso anual que vive el Presupuesto, como un fenómeno de sequía o perturbaciones de otro tipo; en fin, lo que son las distintas contingencias que el proceso económico tiene por delante, no sólo de orden natural sino también de alteraciones o alternativas del proceso económico? Para esto, el Ejecutivo requiere de una manera ineludible e intransable conservar una autonomía y una flexibilidad que creo no pueden discutirse y que no sería sano, por lo demás, discutir.

En esta materia, a veces suelen plantearse críticas como si el Gobierno fuera un despilfarrador, un derrochador, o como si quisiera malgastar los recursos del país. La experiencia ha demostrado en estos años que nadie ha podido sostener, en los presupuestos ejecutados bajo los dos gobiernos democráticos, el completado el año pasado y el que ahora se inicia, que se hayan podido formular críticas o denuncias serias y comprobadas respecto de operaciones, de gastos o de excesos en materia de ejecución presupuestaria. Hay un margen, un límite máximo de gasto público que el Fisco puede realizar, y márgenes máximos también dentro de los cuales se puede sobrepasar.

Como ha dicho reiteradamente el Director de Presupuestos, nadie ha podido comprobar, jamás, porque, además no se puede hacer, que hayan habido trasferencias de una partida o de un ministerio a otro, y que tampoco haya ocurrido, como el Director de Presupuestos ha insistido, que se haya recurrido a la práctica de tomar recursos de un ministerio, trasladado al Tesoro Público y de ahí desviarlo a otro ministerio. Todos sabemos lo que le cuesta a cada ministerio obtener la aprobación de recursos, que normalmente son escasos frente a sus múltiples necesidades y tareas. Se ve muy difícil que en el curso de la ejecución presupuestaria alguno esté dispuesto a renunciar a esos escasos recursos que tan esforzadamente han obtenido para autorizar que se destinen a objetivos distintos de aquellos que están aprobados en el documento correspondiente.

Al respecto, además, hay que mencionar que los propios resultados de la gestión económica están demostrando que muchas de estas informaciones, imputaciones y afirmaciones son absolutamente improcedentes y erradas. El país y no quiero extenderme en largas consideraciones sobre cifras, sino en aquellas más relevantes, en el período 19901994, tendrá una tasa de crecimiento promedio anual por encima del 6 por ciento. Uno de los períodos más significativos de crecimiento sostenido frente a una historia del país de décadas pasadas, que se caracterizaron por los períodos de crecimiento y de recesión.

En lo que se refiere a la esfera que tiene el sector privado para operar, también hay cifras que, desgraciadamente, no es posible entregar ahora que demuestran cómo el sector privado ha crecido en materia de inversión y de ahorro. Sabemos que el país, tiene previsto para 1995 una tasa de ahorro de un nivel casi histórico por su magnitud, acompañado de una tasa de ahorro nacional que reduce considerablemente las necesidades de financiamiento internacional y fortalece nuestra posición externa. Para el año venidero, se proyecta un ahorro nacional que alcanzará un nivel del 25 por ciento del producto. En esta tasa de ahorro, el sector privado tiene una importancia y una ponderación crecientes.

En materia de expansión de inversiones, de nuevas inversiones, el arribo de inversión extranjera directa, privada, que ha alcanzado límites históricos, o lo que ha sido la capacidad de expansión de empresas chilenas hacia el exterior, están demostrando que el país tiene una base de operaciones y una fortaleza que nadie podría discutir.

Hay problemas, por supuesto entre ellos el desempleo los que, desgraciadamente se han reactivado en el último tiempo a consecuencia de las políticas de ajuste que han sido preciso desarrollar y que esperamos que sean superadas en el futuro inmediato con las medidas recientemente adoptadas. Tenemos problemas de productividad. Debemos ser capaces de hacer crecer de una manera más sostenida y significativa lo que hemos logrado en los últimos años. Hay problemas de desigualdad social en el país. El ingreso todavía se distribuye en proporciones extremadamente desiguales. Entre los ingresos más altos y los más bajos hay una diferencia de 12 y más veces, lo que no se encuentra en ningún otro país medianamente desarrollado y equilibrado. Son tareas que tenemos que acometer, pero dentro de una economía que, en lo fundamental, de ningún modo refleja lo que serían estas imputaciones de un sector público que gasta irresponsablemente, sin fijarse en límites. Por el contrario, es un sector público y un Gobierno que gestiona el Presupuesto y la política fiscal con insistencia, responsabilidad y sistematicidad.

Se dice que el crecimiento del empleo público o del sector público está previsto que crezca para 1995 en 1.2 por ciento, cifra muy inferior a la tasa de crecimiento del conjunto de la economía para el mismo año, previsto en cerca o más del doble de este guarismo.

Aquí también se pone en evidencia que las imputaciones o acusaciones de un crecimiento burocrático del empleo público desmesurado no tienen ninguna correspondencia con lo que está ocurriendo en la realidad. Es más, el gran porcentaje de crecimiento del empleo público obedece a crecimientos en servicios sociales, particularmente en el sector salud, porque, al mismo tiempo, en otros sectores y en otros servicios el empleo se mantiene o, lisa y llanamente, disminuye. En esta materia al momento de juzgar las imputaciones, acusaciones o justificaciones de un manejo inconsistente o irresponsable hay que entender que se hacen por otras razones, pero no con los fundamentos ni con el rigor que este tipo de planteamientos demanda.

En materia de empresas públicas, desgraciadamente no es posible hacerse cargo de la dilatada extensión, en especial, del Diputado señor Orpis , que me alegro que cite tanto a un colega socialista como es el señor Oscar Guillermo Garretón. Creo que él haría bien en informarse sobre el contexto y el cuadro en que esa reflexión está planteada.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Señor Diputado, su tiempo concluyó con creces.

El señor ARANCIBIA.-

Termino, señor Presidente.

En materia de empresas públicas, en comparaciones de productividad, no nos olvidemos del World Economist Forum, que en su informe dado a conocer el año pasado revela que uno de los puntos más significativos, donde Chile tiene una de las más altas calificaciones, precisamente es en materia de política fiscal. A nivel mundial, Chile figura entre los puestos más altos por su política fiscal como factor ventajoso de competitividad.

No estoy en condiciones de referirme a cómo esas rentabilidades de muchas empresas privadas están recogiendo cifras, como son los subsidios a las isapres, el 57 bis en materia tributaria o la política de precios de empresas públicas.

Por último, en materia de información y fiscalización, el Gobierno pasado de la Concertación y el actual, hemos estado dando pasos significativos y es posible seguir dando otros, para que, en esta materia, contemos con la mayor información y los mayores instrumentos que permitan a esta Cámara aprobar y discutir el Presupuesto y, posteriormente, controlar y fiscalizar su ejecución en los términos más amplios posibles.

Sé que la disposición del Gobierno es acoger esta demanda.

He dicho.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Alvarado.

El señor ALVARADO.-

Señor Presidente, sin duda alguna, las condiciones macroeconómicas vigentes presentan un escenario óptimo en materia de equilibrio fiscal y de finanzas públicas.

Por otro lado, el momento político, asociado con un Gobierno que inicia su mandato con amplio respaldo político, sin presiones propias de un período preeleccionario, auguraba la discusión de una Ley de Presupuestos para 1995 que concordara y compatibilizara las tareas sociales públicamente definidas por el Gobierno, con indicadores de gestión y eficiencia, conducentes a medir la efectiva superación de las carencias de los grupos poblacionales más pobres y postergados.

Si miramos un poco hacia atrás, desde 1990, permanentemente, en la discusión de la Ley de Presupuestos, escuchamos que es prioritario destinar más recursos al gasto social y, dentro de éste, a la salud, a la educación, y a todos aquellos tipos de programas que favorezcan preferentemente a los más pobres.

Con este fin, en 1990, se aprueba consensuadamente una reforma tributaria y se afirma que hoy, en 1995, producto de esta reforma y de otras fuentes de ingresos propias de un crecimiento económico sostenido, que el gasto social superará en un 50 por ciento real los niveles de 1990, situación que, sin duda, nos satisface, pero al mismo tiempo nos mueve a reflexiones.

¿Este gasto es suficiente para cubrir las carencias que afectan a los más pobres?; ¿Se encuentra focalizado en la población de más bajos ingresos?; ¿Llega a los más necesitados o también se diluyen recursos en aquellos que no los necesitan?

Para responder a estas reflexiones tomaremos como ejemplo lo que ha sucedido en la salud y la educación, dos de los más importantes sectores sociales.

En salud, es de público conocimiento que a pesar de los esfuerzos realizados durante el período 19901994, en que los recursos han aumentado en cifras de un 80 por ciento real, subsisten todavía inquietudes en el sistema, abiertamente reconocidas por la opinión pública. Es así como un 70 por ciento de las personas, opinan que la atención que reciben es deficiente y que observan vacíos de cobertura, deficiencia de funcionamiento, falta de capacidad resolutiva y crecientes listas de espera.

En definitiva, el aumento continuo de recursos económicos no ha estado asociado a un sistema descentralizado de gestión; que existen serias dificultades para reconocer las necesidades reales de la población y, en consecuencia, para responder a ellas con eficacia, siendo prácticamente nulos los avances en materia de satisfacción del usuario, que es la esencia de una verdadera política social.

En educación, tampoco se observa una relación entre efectividad en el gesto y el incremento presupuestario sostenido en los últimos años, que es del orden del 60 por ciento real. Aquí en cambio de composición interna del presupuesto de educación se aprecian variaciones diferenciadas entre asignaciones destinadas a subvención tradicional, y las que aportan subvención, denotan una tendencia contraria al proceso de descentralización de la educación, puesto en práctica, precisamente, a través del régimen de subvenciones, que a su vez es desincentivo a una mejoría en la calidad.

Si bien el mayor incremento de los recursos se destina a mejorar las remuneraciones de los docentes, al quedar una serie de asignaciones nacionales establecidas por ley, se desincentivan aspectos como la eficiencia y creatividad de un profesor, la innovación y perfeccionamiento de los planes de estudio, aspectos que serían mejor promovidos, sin duda, desde el nivel local.

Si el sector educación ha sido definido en primera prioridad en materias sociales, cualquiera asignación adicional de recursos a este sector debería ir por la vía de mejorar la subvención tradicional y no a una mayor asignación de recursos pactados a nivel centralizado del Ministerio.

Sin duda, la aplicación del Estatuto Docente y los acuerdos extra subvención al establecer inamovilidad laboral, constituyen rigideces dentro del sistema educativo que hacen posible flexibilizar el manejo de los recursos humanos a nivel local, con el fin de lograr una mejor administración de los recursos disponibles.

Con respecto a nuestra interrogante relativa a la focalización del gasto social, los antecedentes disponibles nos señalan que los recursos adoptados por la reforma tributaria, cuya finalidad era contribuir a la superación de la pobreza vía programas sociales del Gobierno, si bien es cierto, aumentaron en forma importante el presupuesto de los sectores sociales, no todos los programas llevados a cabo están dirigidos exclusivamente a los sectores de mayor pobreza. Encontramos que dichos sectores no necesariamente fueron los beneficiarios directos de este esfuerzo efectuado en conjunto por todo el país. Es así como sólo un 26 por ciento del mayor gasto llegó al 20 por ciento más pobre de la población y, paradójicamente, un 41 por ciento de ese mayor gasto, se ha destinado al 40 por ciento más rico de la población.

En consecuencia, esto demuestra que un mayor gasto social no necesariamente se traduce en mejorar el nivel de vida de los más pobres y resalta la imperiosa necesidad de realizar urgentes esfuerzos para lograr una mayor y mejor focalización de los programas sociales.

Nuestra principal preocupación como parlamentarios, indudablemente, es ayudar a contribuir a superar la pobreza. Sin embargo, una actitud de mínima responsabilidad nos lleva a señalar, en forma categórica, que el gasto social no puede seguir creciendo de manera ilimitada, si no observamos, a lo menos, mejoría en la población en aspectos tales como acceso y cobertura de la atención de salud y calidad de la educación. Se requiere, entonces, contar con criterios de focalización más exigentes que los actuales y, lógicamente, con indicadores de eficiencia, hoy inexistentes, que midan los resultados de los programas sociales que se implementan.

Asimismo, el tiempo ha demostrado que en nuestro país, en los últimos años, los grupos que más recursos consiguen son los que realizan presión sobre el gobierno. Pareciera que la fuerza prima sobre los argumentos y definiciones de fondo, dejándose de lado la esencia de las políticas sociales que deben estar orientadas, preferente y prioritariamente a la reducción de la extrema pobreza, y no ser un instrumento de satisfacción de las presiones de los grupos de poder organizados que generalmente no están constituidos por los más pobres.

Lo anterior no significa que nos neguemos a que existan programas sociales. Muy por el contrario, nuestro compromiso más importante está con ellos. Sin embargo, no podemos seguir aprobando presupuestos que no indiquen cómo en qué y en quiénes se gastan los recursos de estos programas.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, creo que es digno de considerar el esfuerzo que hace la Derecha en la discusión del Presupuesto. Por lo pronto, reconozco que la estructura de sus discursos es positiva para una sana reflexión en el país. Es bien importante el reconocimiento que ellos hacen de muchas actitudes del Gobierno.

Cabe destacar como dijo el señor Ministro que el Presupuesto sólo contiene el 22 por ciento del producto, que es lo que gasta el Estado. Esta cifra es muy inferior a la de todos los países desarrollados, en vías de desarrollo, particularmente los “tigres asiáticos, y a la mayoría de las cifras de participación del sector público en países de América Latina.

Tenemos un Estado pequeño y, por lo tanto, un presupuesto reducido. Asimismo, se nos ha anunciado ya recibimos la indicación que la meta de inflación se reduce de 9 a 8 por ciento. Es decir, el impuesto inflación, el que grava más a los sectores de menores ingresos, lo hemos reducido considerablemente. Hace cuatro años, en la primera discusión presupuestaria que tuvimos en democracia, la proyección de inflación superaba el 30 por ciento; este año será inferior a 10 por ciento. Por primera vez, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, tendremos una inflación de un dígito, sin que el tipo de cambio esté fijo y se asegure una crisis económica ad portas, como ocurrió en las dos únicos veces anteriores en que la inflación llegó a un dígito: en 1961 y 1982. En ambos casos, dicha inflación fue sostenida por un tipo de cambio fijo y al año inmediatamente siguiente la magnitud de las crisis fue realmente estrepitosa.

En esta oportunidad discutimos un presupuesto pequeño, con grandes éxitos en la gestión pública, que nos permitirá crecer y avanzar en materia de equidad, aunque más lento de lo que todos quisiéramos, y disminuir en inflación. Esto se debe a que en Chile, en el Gobierno de la Concertación, ha habido disciplina fiscal que a veces ha molestado a muchos de sus partidarios y que, si hubiéramos escuchado a los partidarios de la Oposición, no hubiera podido ser cumplida.

El Diputado señor Arancibia decía recién yo quiero reiterarlo que las privatizaciones no tienen nada que ver con el proyecto Presupuesto, por cuanto representan un tema ideológico que no corresponde a nuestro debate de hoy.

El Diputado señor Orpis habló de los éxitos y de la buena valoración del informe de competitividad sobre Chile; pero el World Economic Forum asigna a Chile el primer lugar, entre todas las economías del mundo, en materias de disciplina fiscal o de administración de presupuestos, como el que discutimos para 1995. Esto no debemos callarlo sino destacarlo y perseverar en lo que hemos estado realizando.

La Derecha ha planteado varios temas institucionales.

Respecto de la situación macroeconómica, creo que ningún parlamentario de Derecha, ni mucho menos de la Concertación, puede votar en contra de las metas macroeconómicas que aparecen en este proyecto Presupuestos. Tampoco puede votar en contra de su propuesta global de cómo alcanzar los resultados para 1995. Es posible que algún parlamentario vote en contra de una asignación de gasto o de alguna glosa que figure en el proyecto, pero, realmente, sería un contrasentido que un país que progresa económicamente, al cual se le refleja estabilidad y adjudica el primer lugar de competitividad respecto de cómo administra sus finanzas públicas, cuente con algún parlamentario que, irresponsablemente, por razones politiqueras, rechace esas metas de gestión global del Presupuesto. Eso sería realmente un contrasentido, un no reconocimiento de la realidad que está viviendo el país.

Esto no quiere decir que no haya que hacer modificaciones en la institucionalidad de cómo se maneja el Presupuesto. Lo discutimos largamente los parlamentarios y en la Comisión Mixta donde se discutió este proyecto de ley. Quiero destacar que en esta última participamos los 13 Diputados miembros, y, escasamente, por no decir nada, varios Senadores que se han destacado por hacer declaraciones públicas, como los señores Piñera y Larraín , pero que han aparecido mucho en los medios de comunicación.

Sin duda hay que hacer cambios en la institucionalidad. Hemos convenido con el Gobierno, de una u otra manera, en que nos entregue información más acabada. Debemos reconocer que para este proyecto de Presupuestos hemos recibido más y mejor información que para cualquiera de las discusiones de presupuestos anteriores en democracia. No quiero aludir a esas discusiones cuando no había democracia, cuando algunos de los parlamentarios que aquí alegan mucho por la falta de información eran altos funcionarios de gobierno, de un gobierno no democrático, sin transparencia y que no entregaba información.

Pero, algunos de los cambios que debemos realizar son importantes. Creo que debemos tomar el compromiso de realizar una reforma constitucional para resolver los problemas que dicen relación con el despacho de la Ley de Presupuestos. En la Constitución se establece una fórmula que es imperfecta, en cuanto a que si hay desacuerdos entre el Senado y la Cámara, su texto no lo resuelve. Por lo tanto, requerimos de una reforma constitucional para resolver los problemas pendientes, así como, derivado de ella, vamos a requerir reformas a la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y a nuestro Reglamento.

También quiero señalar y revelar que el ente fiscalizador que debe realizar el control jurídico de la gestión pública es la Contralo ría General de la República, y en las discusiones que realizamos respecto del Presupuesto solemos olvidar que la Contraloría es quien debe informar de la contabilidad pública, de la legalidad de los actos públicos e informar al Parlamento sobre los avances de gestión. Los déficit de la Contraloría no puede ser achacados al gobierno y, en ese sentido, si queremos mejorar la calidad de fiscalización, debemos realizar también cambios importantes en el sistema de funcionamiento de la Contraloría General de la República.

Se ha dicho que los proyectos de presupuesto reflejan un exceso importante de burocracia. Quiero destacar que entre los años 1990 y 1994, y en la proyección hacia 1995, el empleo en el sector público ha crecido menos que en el del privado. Es decir, la proporción de empleo en el sector público es hoy, y será el próximo año, inferior a la que había cuando la Concertación comenzó a gobernar el país. No obstante ello, ha habido un importante incremento del empleo en algunas áreas. En primer lugar, en el sector salud, donde todavía hay problemas de gestión, pero todos sabemos también que los problemas eran peores en 1990. Hubo que contratar personal, se han construido hospitales y consultorios que requieren personal y que, pese a que hay problemas de gestión, la atención de salud algo ha mejorado en algunos lados donde los médicos han sabido manejar mejor los servicios.

En segundo lugar, en el área de seguridad ciudadana se ha producido, proporcionalmente, el mayor incremento de la dotación policial desde la creación de Carabineros y la Policía de Investigaciones.

En tercer lugar, en una que ha sido problemática, porque ha correspondido a la fiscalización del cumplimiento de las leyes laborales, medida que ha molestado mucho a algunos sectores económicos del país.

Pero ¿Sobre cuál de estas áreas algún parlamentario de Oposición puede decir que es burocracia? ¿Cuál de estas áreas algún parlamentario de Oposición ha votado en contra cuando hemos aprobado las leyes de incremento de este personal? Porque todos estos incrementos de personal se han hecho mediante leyes debatidas en un Congreso democrático.

Tampoco se habla aquí, en toda su amplitud, sobre el tema del aporte a las empresas públicas. Un Diputado de Oposición, en lugar de trasladarlo, se refirió a las privatizaciones. Y, en realidad, hay problemas con el referido aporte. Eso lo sabemos. Pero yo quiero saber si alguna vez antes, un Presidente de la República, o una persona que desempeñara esa autoridad, se atrevió a enviar una indicación a un proyecto de ley como la que ha enviado el Presidente Frei acerca del asunto de Enacar. Y la voy a leer, porque aquí hay algunos dicen: “Nosotros somos los preocupados de estos temas”, y repito nunca se atrevieron a hacer la que dice: “Enacar deberá efectuar, durante 1995 y 1996 evaluaciones de las prospecciones que realice en sus pertenencias mineras, de su incidencia en sus costos de explotación y en el equilibrio operacional de la empresa hasta 1998.”

La indicación enviada por el Presidente de la República continúa: “Si de tales evaluaciones se concluye la no viabilidad de tal equilibrio, Corfo elaborará una proposición que, en todo caso, incluirá el término de las operaciones de esa compañía minera. Asimismo, Enacar deberá presentar a Corfo, trimestralmente, un informe del cumplimiento de su programa de inversiones y de racionalización y reducción de gastos en personal y bienes y servicios para producción, lo cual será evaluado en forma rigurosa por Corfo, remitiendo su resultado a la Comisión de Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados. Las evaluaciones y programas antes referidos, se orientan al término de los aportes estatales para gastos operacionales de la empresa, a contar de 1998, y a su empresa filial en 1999.”

Es decir, el Presidente de la República está tomando el compromiso con el Parlamento, con el país, con los trabajadores de Enacar, de resolver los problemas de Enacar, porque no se le puede seguir entregando plata gratuitamente. Eso no se había dicho nunca antes. Y un Presidente de la República democrático es capaz de enviar esta indicación, que nosotros, en la parte que fue aprobada por la Comisión Mixta, vamos a poder votar, si se aprueba la idea de legislar en un rato más.

Se dice también que hay urgencias no previstas. Sin duda, las hay. Se expresa que parte del incremento social no benefició a los más pobres. Es cierto. El 10,6 por ciento del reajuste de las pensiones que hubo que dar porque se había quitado, va proporcionalmente más a los más ricos que a los más pobres, porque los más pobres ni siquiera tuvieron derecho a pensionarse en el pasado, y eso influye en las cifras que daba hace un momento el Diputado señor Alvarado.

Pero quiero destacar el silencio respecto de algunos temas tan importantes como ése. Algo dijo el Diputado señor Arancibia. ¿Cuánto se le devuelve a las personas que invierten su capital por comprar primeras emisiones de acciones de pago anualmente en el artículo 57 bis, letra a)? ¿Cuánto del presupuesto se gasta en virtud del artículo 8° de la ley N 18.566, que es un subsidio directo a las isapres? Porque no es para los pobres este artículo 8°, sino para las personas que pueden pagar a las isapres hasta 4,2 unidades de fomento como aporte, y que si son empleados basta que lo sean pueden recibir una unidad de fomento más. ¿Cuánto se gasta anualmente en el subsidio forestal para cinco grandes empresas? ¿Cuánto es el descuento que pueden hacer los empresarios de sus contribuciones de bienes raíces con cargo al impuesto a la renta de las empresas? Si sumamos estos cuatro ítem vamos a tener la no pequeña suma anual de 450 millones de dólares. Por estos cuatro subsidios a los ricos, el país gasta 450 millones de dólares. Bastaría un compromiso de los que aquí dicen estar por los pobres, para eliminar los subsidios y disponer de 450 millones de dólares que hoy van a los más altos ingresos del país, a fin de dar mayores pensiones asistenciales y subsidios únicos familiares, y mejorar las pensiones mínimas. ¡Cuatrocientos cincuenta millones de dólares disponibles! Para resolver las urgencias no previstas, hay que disponer de los recursos.?

Por último, se ha hablado de los informes de gestión. Quiero destacar que el esfuerzo de gestión ha debido ser reconocido, en algunos casos, por los propios parlamentarios de Oposición, que el año pasado votaron en contra algunas partidarias del presupuesto y que ahora lo han votado a favor. Deseo resaltar la discusión del presupuesto del Servicio de Impuestos Internos, del Instituto de Normalización Previsional, de la Secretaría de Coordinación en Transporte Urbano, Sectra, y del Servicio de Cooperación Técnica, cuyos avances en gestión y están radicados en distintos ministerios; por eso lo señalo han sido felicitados en el debate presupuestario.

Pero eso no ha sido suficiente para el Gobierno. Por primera vez este año, adjunto a la discusión presupuestaria todos los señores Diputados pueden verlas en el informe hay metas adicionales de gestión para 26 servicios públicos.

Es cierto que debiéramos avanzar más, pero es primera vez, en la historia de Chile, que hay metas de gestión incluidas en una discusión, por las cuales como fiscalizadores, el próximo año podremos cobrar la palabra.

Sin duda, si tomamos cualquiera de los puntos que la Oposición plantea como centrales del debate, y reconozco que lo son, es mejor la situación de hoy que la de hace cuatro años. No cabe duda que debemos avanzar más, y asimismo de que, para avanzar más, se necesita que la Oposición también contribuya.

Y desafío a todos los que aquí hablan de la lucha contra la pobreza a que deroguemos el 57 bis, letra a), el subsidio forestal, el artículo 8° de la ley N° 18.566 y las contribuciones de bienes raíces que pueden descontar los empresarios, para que contemos con 450 millones de dólares para aplicarlos en la lucha contra la pobreza no en mucho tiempo más, sino que el próximo año.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, sin duda de que el Presupuesto de la nación es un instrumento de política fiscal, y en tal sentido, su ejecución genera tendencias determinantes para fijar una estrategia de desarrollo en el país.

Desde que el país experimentó una modernización y una apertura en su economía en décadas pasadas, se ha establecido una política económica que sin duda ha producido muchos frutos; y es de celebrar que tanto el anterior como el actual Gobierno hayan decidido continuar con este modelo y esquema económico que precisamente hoy nos permite escuchar las expresiones del honorable Diputado y estimado amigo señor Palma, en el sentido de que podemos hablar de metas y de expectativas. De eso se trata.

Como Oposición, nos alegramos profundamente de que la Concertación hable hoy de un lenguaje de expectativas macroeconómicas que dicen relación directa con la modernización económica experimentada por el país en las últimas décadas; precisamente aquella modernización encontró grandes detractores en la Concertación, los cuales hoy tienden a desaparecer. Nos alegramos profundamente de ello; una y otra vez hemos dicho que nos alegramos mucho de la presencia técnica del Ministro Aninat en el Ministerio de Hacienda del país.

Desde esta perspectiva, uno tiene que reconocer que en esta discusión se ha generado un debate interesantísimo, donde el Gobierno y la Oposición han tenido mucha altura de miras. Lo importante es que, más allá de las cifras, hay una aspiración que hemos señalado como positiva para el país, cual es, que vayamos conociendo mejor las cifras y el comportamiento del gasto público, o el comportamiento de la ejecución presupuestaria.

No se trata de entorpecer la gestión de un gobierno, sino de hacer más eficiente la administración de la nación y de los recursos de todos los chilenos. En ese sentido, es positivo que, al menos, estemos planteando que la Ley de Presupuestos de la nación debe cambiar su estructura, su fórmula de debate, su preparación, su elaboración y su ejecución posterior.

En tal sentido venía la indicación que presentamos y que se declaró inadmisible, pero ella ha abierto una puerta al debate en el sentido de que el Ejecutivo se obligue no someterlo a comparecer ante el Parlamento para entregar una cuenta de cómo va la marcha de la ejecución presupuestaria, lo que de ninguna manera significa arrodillar al Ejecutivo ante el Congreso ni someterlo a una posición ignominiosa. Significa que quienes aprobamos el Presupuesto de la nación tengamos la posibilidad cierta, con quien lo administra, de analizar cómo va la marcha del país. Si han de hacerse enmiendas, que se efectúen sobre bases ciertas, pero no cuando ha transcurrido un año presupuestario, en que difícilmente se pueden realizar las correcciones o en que, si se hacen, pueden resultar tardías.

Esto nos lleva a que, de una u otra parte, nos obliguemos responsablemente, quienes fiscalizamos los actos del Gobierno, como la Cámara, y quienes ejecutan la administración del presupuesto.

¿Qué ha ocurrido este año? El Diputado señor Andrés Palma nos dijo que se ha entregado toda la información. Es cierto, pero se ha hecho tardíamente. Esto dificultó el inicio de la discusión de las cifras oficiales que nosotros, la Oposición, necesitábamos para debatir debidamente en las Comisiones. Incluso más, de los 340 mil millones de pesos de la partida del Tesoro Público, no quedó claro cómo se habían administrado 180 mil millones. No digo que haya habido malversación, ¡pero caramba que hubiese sido mejor para un adecuado debate del proyecto de Ley de Presupuestos haber tenido mayor claridad en esas cifras!

Se ha comentado y cito un ejemplo. Sin lugar a dudas, en el caso del sistema del financiamiento universitario han existido distorsiones con cargo a la partida 50, del Tesoro Público, en que a una universidad se le han asignado, en los últimos cuatro años, más de 22 mil millones de pesos complementarios al presupuesto que el Parlamento aprobó en cada uno de esos cuatro años al sistema de financiamiento universitario.

Entonces, si queremos tener una política de financiamiento de la educación superior, debemos tener la claridad y la transparencia para decir: “Tantos recursos se van a asignar y tantos otros se van a controlar debidamente en la gestión de cada una de estas universidades.”

Cuando se aprueba un presupuesto, no puede haber política alguna si existen estas distorsiones y se termina ejecutando otro.

Debemos evitar las distorsiones. Nadie se opone a que si, en el ejemplo que señalé, las universidades necesitan los recursos, lo conversemos debidamente en el Parlamento, para no tener que descubrir, luego de gravísimas crisis económicas, después de conocer el nivel de endeudamiento de las universidades, que se les ha entregado recursos bajo cuerdas. No es sano en un proceso democrático de análisis del presupuesto de la nación y de su ejecución.

No debiera incomodarle al Ejecutivo, ni sentirse agraviado el sector oficialista del Parlamento, si estamos buscando mejorar la expectativa de análisis del comportamiento presupuestario de la nación. Es sano para todos los sectores.

Aquí se dice mucho que hay que superar la pobreza. La mejor forma de realizarlo es generando las riquezas necesarias que el país requiere y, en materia de instrumentos fiscales, hacerlo en la forma más eficiente, como en este caso el Presupuesto de la nación.

Además, es muy importante hacer más eficaz la función fiscalizadora del Parlamento. Una enorme cantidad de oficios de fiscalización se despachan diariamente del Congreso. Si pudiéramos tener un informe de gestión en forma más periódica, no cabe duda de que la fiscalización sería mucho más eficaz y dinámica que ahora. Habría mayor compromiso de todos los sectores para hacer bien las cosas. Eso es lo importante.

No pierdo la esperanza de que, en lo que resta del debate, se pueda profundizar el concepto de la necesaria información que este Parlamento requiere para controlar debidamente la ejecución del Presupuesto, lo cual redundará reitero en beneficios del Ejecutivo y del trabajo parlamentario, pero, sobre todo favorecerá a la nación entera, que podrá ver con mayor transparencia qué sucede con los dineros de todos los chilenos.

Así, no me cabe la menor duda de que se terminarán muchas manifestaciones que alientan, insinúan o hablan de corrupción. Si están todas las cifras acá, con el tecnicismo, la prudencia y el buen juicio del propio Ministerio de Hacienda y su equipo, y se da el buen juicio en el Parlamento, el país resultará beneficiado. Mientras existan zonas de silencio en la ejecución presupuestaria, se podrán suscitar muchas suspicacias que, en definitiva, terminarán por alentar odiosidades, enconos, faltas de información, de interpretación o errores de interpretaciones que pueden dar muy malas señales a la macroeconomía del país.

Es lamentable escuchar que aquellos subsidios, que en su momento fueron concebidos para desarrollar una economía depresiva, como era la chilena, y que han producido tan buenos frutos al país en materia de inversión, de empleo, de desarrollo y de prestigio, fueron para un grupo y, como quien dice, sólo ellos han profitado o se han servido de aquellos. Creo que eso revela desconocimiento de parte del Diputado que lo menciona, por cuanto ese tipo de estímulos más que de subsidios para alentar la inversión privada, incluso la extranjera, son los que hoy permiten al país gozar del prestigio, del beneficio y de la apreciación que de él tiene el resto de los países del mundo.

No hay que cerrarse a la posibilidad, incluso en sectores como la agricultura, de que haya que pensar en estímulos para alentar un sector depresivo. No nos asustemos de alentar o de activar la economía pensando en estímulos. A veces, son sanos para complementar aquellos que el Estado puede entregar por otra vía y, de esa forma, alentar el proceso económico que el país necesita.

De manera que es auspicioso el momento en que nos encontramos, pero podría serlo todavía mucho más, si comprometemos nuestra fuerza, no en una actitud ideológica encontrada, sino muy positiva. Espero que el término de la discusión y de la votación del proyecto coincidimos mucho más que hasta ahora, por cuanto tengo entendido que han existido negociaciones muy interesantes en el curso de la tarde.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez, el último de los parlamentarios inscritos, antes de proceder al cierre del debate.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, el debate del proyecto de Ley de Presupuestos se efectúa horas después de haberse logrado un acuerdo con los trabajadores respecto del reajuste que se va a proponer al Parlamento y que es un complemento esencial de la iniciativa que ahora analizamos, que incluye, como es de público conocimiento, un reajuste de 12,2 por ciento, más un bono de escolaridad por carga, pagadero en marzo. Y eso ocurre sólo días después de que el señor Ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central hicieran al país un anuncio de alta trascendencia en materia económica.

Se ha señalado que luego de una inflación del 27 por ciento en 1990, ha habido un proceso persistente y sostenido de reducción de la misma, estimándose, durante la discusión de la Ley de Presupuestos del año pasado, que la inflación iba a oscilar entre 9 y 11 por ciento en 1994; es decir, existía la creencia de que posiblemente sería de 11 por ciento anual si nos poníamos un objetivo más ambicioso al colocar un rango al respecto.

A mediados de este año, múltiples sectores argumentaban, tanto aquí como en la prensa, que la inflación para este año sería del 11 por ciento, y que se debía proceder a un ajuste más estricto del que se estaba haciendo. Hoy tenemos la virtual certeza de que este año romperá la barrera de los dos dígitos y que tendremos una inflación inferior al 10 por ciento; incluso, probablemente más cercana al 9 que al 10. Esta constatación nos ha conducido a recibir una indicación virtualmente substitutiva de todos los ítem del Presupuesto, por cuanto la corrección monetaria estimada para el próximo año ha sido reducida de la meta del 9 por ciento, a sólo el 8 por ciento de inflación.

Pero no sólo se disminuye la inflación, sino que esto se logra en un contexto en que crece el producto. Si bien ha habido una caída del empleo lo cual lamentamos y esperamos que se reactive con las medidas de rebaja de las tasas de interés acordadas y comparamos no sólo el año, sino el período de la gestión democrática, comprobaremos que también se ha producido un fuerte incremento del empleo y de los salarios reales.

Estos resultados no son en absoluto banales, sino de alta relevancia económica, conseguidos en el contexto de un país que distribuye un ingreso, incrementa los subsidios y el apoyo a sus sectores más pobres; aumenta el producto, el ahorro, la inversión y disminuye la inflación. ¡Qué contraste entre estos resultados objetivos y los discursos de algunos colegas, según los cuales da la impresión que estuviéramos en un mundo completamente distinto a éste! Pero siento que más allá de las discrepancias de orden partidista, o entre Gobierno y Oposición, quizás naturales y propias del debate político, es importante que los chilenos apreciemos lo que hemos conseguido, porque, esto es obra de un esfuerzo conjunto del país. En primer lugar, haber logrado una gestión económica sana en democracia. Y éste no es un hecho que se pueda dar por descontado por ser simple y sencillo. ¡Qué distinto es ser Ministro de Hacienda en dictadura en la cual, si alguien quiere más, muy simple: “palos con él”; si alguien reclama, va a la cárcel o se le exonera que administrar las finanzas públicas en un contexto donde la presión es legítima, como incluso lo hemos visto hoy, por una parte, con el gremio del calzado en las afueras del Senado y, por otra, en esta misma Sala con los trabajadores de la salud primaria!

Entonces, llegar a acuerdos, dirigir la economía cuando existe el tan mencionado derecho a pataleo”, el libre derecho a protestar en la economía por parte de los sectores afectados, es algo más difícil, como desgraciadamente lo hemos observado en los procesos de transición a la democracia de otros países vecinos, los cuales no estuvieron acompañados de equilibrio fiscal, mayor ahorro, mayor inversión y menor inflación, sino que fueron realizados en un contexto de desorden macroeconómico.

Sin duda, parte relevante de este éxito conseguido es consecuencia de la capacidad de consenso político en el área económica que ha existido en estos cuatro años y medio de gestión democrática. Lo dijimos y lo reiteramos. Cuando empezó el Gobierno de don Patricio Aylwin, manifestamos con claridad que no podríamos atender el gasto social ni atacar nuestros propios objetivos sobre la pobreza, si no obteníamos un acuerdo sobre la reforma tributaria que financiara de modo sano el gasto social y la redistribución del ingreso. Ese acuerdo fue posible, y por ello hay tenemos los indicadores que estamos mostrando.

Nuestro país ha logrado algo que no se daba en nuestra historia ni en países vecinos: la capacidad de acuerdo, que incluso me ha sorprendido en temas tan esenciales como la discusión que sostuvimos la semana pasada en la Comisión Especial de trabajo sobre el Gatt, donde empresarios y trabajadores de distintos gremios coincidieron en una común política de inserción internacional de Chile. Digo esto porque ni la pasión política ni el clima de endurecimiento, que a veces se tiende a generar con excesiva facilidad, pueden llevamos a perder de vista, que una de las principales ventajas comparativas de la democracia chilena ha sido la capacidad de crear consenso sobre determinadas variedades económicas.

Así como los socialistas, cuando empezó la democracia tuvimos la capacidad política de decir: “No vamos a hacer borrón y cuenta nueva de lo que se ha hecho hasta ahora, sino a absorber aquellos aspectos que nos parecieron positivos del régimen militar para darles continuidad, así como también plantear, con mucha claridad y franqueza, los que nos parecieron insuficientes para cambiarlos, como la política laboral o política tributaria”, hoy es muy importante que antes de dejarnos llevar, quizás por el ánimo común de tener mayor papel como parlamentarios en el condicionamiento del gasto público, que en el pasado tanto daño nos produjo, prime en nosotros el criterio nacional de seguir teniendo, en nuestra política macroeconómica, un amplio consenso de manejo, en algo que nos entrega una capacidad de crecimiento, de expansión, de riqueza y de distribución, por cuanto sería triste que el país renunciara a esa posibilidad por la incapacidad de concordar entre nosotros con objetivos superiores.

Los logros económicos con que hoy se presenta a esta Sala el Ministro de Hacienda son el fruto de los consensos habidos sistemáticamente en años anteriores, así como también de la madurez de nuestro pueblo y de nuestra gente; de la madurez de nuestros sindicatos, especialmente de la gente más pobre, que ha sabido entender que sus demandas, frustraciones y necesidades, requieren tiempo para ser enfrentadas; de lo que uno ve y constata, a veces en las familias más modestas, que son capaces de entender que la economía del país requiere un ritmo para satisfacer sus necesidades.

Lo digo y no quiero ofender a nadie, pero en La Pintana, en el distrito que represento, muchas veces encuentro mayor seriedad de los pobladores para entender el ritmo del crecimiento económico que en los famosos proyectos de acuerdo, que después del debate se aprueban uno tras otro en la Cámara de Diputados.

Quizás porque sentimos que es intranscendente, aunque no medimos la erosión que estamos haciendo del prestigio del parlamentario, ni la señal que estamos enviando, no sólo al empresariado de Chile, sino a los trabajadores, a los pobladores, a la gente que tiene necesidad, a la cual no tenemos derecho a decirle que es posible hacer lo que no es factible cuando todos sabemos a ciencia cierta que la economía tiene restricciones y que la grandeza económica de Chile debe fundarse en un manejo serio y responsable de ella.

Por eso, cuando llega la hora de votar el proyecto de la Ley de Presupuestos, tenemos que mantener el logro que hemos obtenido hasta ahora.

Por supuesto, éstas son materias propias del debate entre Gobierno y Oposición, y muchos de los temas planteados corresponden a la lógica de la política que se debate en el país: pero creo que debemos ratificar, desde el punto de vista institucional, la capacidad de gestión que reside en el Ejecutivo para manejar con plena flexibilidad la máxima posible los recursos de la nación dentro de los parámetros que fija el Congreso, con total capacidad de información y de fiscalización parlamentaria.

Se ha dicho que hay razones de silencio presupuestario. No es así. Existe información completa, detallada y absoluta, naturalmente después que los hechos se han producido. Lo que no existe ni puede existir es el conocimiento anticipado de lo que va a ocurrir en la economía.

Se habla tanto de las famosas operaciones complementarias con cargo al Tesoro Público. Naturalmente, quien lo desee, como lo hemos hecho en nuestra subcomisión de Presupuestos, puede revisar el Presupuesto aprobado por el Congreso ítem por ítem y comparar las diferencias que tiene con el vigente. Por ejemplo, puedo decir en forma responsable que existen diferencias entre lo que aprobamos en la Quinta Subcomisión de Presupuestos y lo vigente; pero ellas se deben, en lo sustantivo, a la aprobación de nuevas leyes por el propio Parlamento, que han ido modificando el presupuesto anterior; o sea, son fruto del trabajo parlamentario.

Hay algunos cambios que efectivamente tienen su origen en decretos del Ministerio de Hacienda. En concreto, 550 millones que se traspasaron al Servicio Agrícola y Ganadero, Sag, con ocasión de la aparición de la mosca de la fruta en la zona sur de Santiago. En ese momento pese a ser un Diputado que represento a ese sector, a diferencia de Senadores de Oposición de la misma zona que empezaron a hacer demagogia y decir a la gente que no había que fumigar para erradicar la mosca de la fruta, me pareció y me sigue pareciendo conveniente que el Gobierno tuviera la capacidad de reaccionar y destinara 550 millones para atender esa necesidad. También estimé adecuado que fuéramos capaces de agregar 1.800 ó 2.000 millones para paliar la sequía que afectó a vastas zonas del país. Por cierto que la Oposición tiene derecho a fiscalizar posteriormente la destinación de esos fondos y a decir si está de acuerdo o no con que, mediante decreto, se haya atendido la emergencia de la mosca de la fruta o la sequía, u otra que se pueda producir, dentro de lo limitado de nuestras facultades respecto de esas partidas.

Lo que no se nos puede pedir es que tengamos todo resuelto en forma anticipada, porque eso lo podríamos hacer si la señora mosca de la fruta viniera en octubre al Parlamento a anunciarnos que atacará al país y dónde; si nos visitara una delegación de avispas del brote para decimos que invadirá nuestros pinos o la sequía nos avisara su llegada.

Es imposible que la economía del país sea manejada con certidumbre un año antes. Tenemos sólo como referencias el precio del cobre, de la celulosa, de la harina de pescado. No sabemos lo que ocurrirá con la economía mundial o con la tasa de interés. Es completamente imposible y ello se contradice con la capacidad real de manejo de un país pretender que, junto con el manejo presupuestario, tengamos un conocimiento previo y detallado de todo lo que vamos a hacer.

Por eso, hemos establecido metas claras de ahorro y de gastos, las que no podemos sobrepasar en forma global y colectiva. También nos comprometimos a que las partidas de gasto público no pueden superarse en su conjunto como techo nominal.

Evidentemente, podemos votar a favor o en contra del presupuesto. “Total se ha dicho en los diarios, igual se va a aprobar”. Pero me pregunto si en realidad hemos meditado en las consecuencias que eso generará en la economía nacional. La oración “Total, igual se va a aprobar”, no da cuenta de la responsabilidad política, económica y social que tenemos en el Parlamento de la nación. Nunca ha habido en Chile más información que la que ahora se entrega; nunca ha existido mayor transparencia para conocer todo lo que se ha hecho. Jamás podremos entregar información detallada de todo lo que ocurrirá en el futuro, porque entonces no seríamos ni economistas ni Gobierno, sino magos, porque eso es completamente imposible de hacer. Toda persona con conocimientos de economía sabe que no se puede pedir a un gobierno que diga con anticipación todo lo que sucederá.

Más aún, es la primera vez en nuestra historia que los supuestos de inflación y de crecimiento han coincidido al año siguiente. Quizás el hecho de que llevamos cuatro años diciendo: “La inflación será, más o menos, de esta cantidad”, y resulta que es de esa cantidad; “el crecimiento será éste”, y es ése, nos lleva a creer que es algo que se puede pedir en forma reglamentaria en el Presupuesto.

Requerimos flexibilidad en el Presupuesto de la nación para bien de la economía chilena, como pedimos también plena y absoluta fiscalización después, cuando ya se ha ejecutado el Presupuesto, para sanidad de nuestra propia economía.

He dicho.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, pido la palabra.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

El señor Secretario, quien es el Ministro de fe, me hace presente que, desde el punto de vista reglamentario, debo ofrecer la palabra al señor Ministro antes del cierre del debate. En consecuencia, después de la intervención del señor Ministro vamos a votar la clausura del debate.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, quiero reiterar nuevamente algunos puntos principales no voy a entrar en detalle ni en mayor abundamiento de lo que aquí se ha planteado durante bastantes horas, y a veces con muchos pormenores y centrar las apreciaciones que se harán en la votación posterior del Presupuesto de la Nación en 1995, en algunos puntos fundamentales y de fondo.

Me hago cuatro preguntas y las comparto con la Sala:

Primero, ¿en qué contexto de economía estamos hablando? ¿En qué contexto se está evaluando y se votará hoy el Presupuesto de la Nación, que empalma entre 1994, por terminar, y 1995, por iniciar?

Segundo, ¿qué tipo de características centrales se ha entregado como adición a la discusión en este Presupuesto de 1995, en relación con los presentados en 1990, 1991, 1992 y 1993?

Tercero, ¿qué apreciaciones hacen observadores independientes, de distinto tipo, corte o ideología, sobre la marcha previsible de nuestra economía y respecto del tema del gasto, que tanto preocupa a algunos? Finalmente, ¿qué pasa con la institucionalidad del manejo de la cosa pública en el país y qué está en juego?

Primero el contexto. Como han dicho bien varios Diputados de la Concertación, tanto el Gobierno como el Banco Central, ente autónomo, han tomado el compromiso hace pocos días, el viernes de rebajar la tasa de inflación proyectada para 1995 desde un 9 a un 8 por ciento. Ese compromiso representa cosas muy serias para este país, que tradicionalmente y en el pasado ha tenido una inercia inflacionaria. Significa que todos estamos comprometidos por los buenos resultados de 1994 donde partíamos con una inflación de 13 ó 14 por ciento, y vamos a llegar definitivamente a una entre 10 y 9, más cercana a 9 que a 10 a asumir el compromiso de seguir en esta batalla en pos de una menor inflación, bajando un punto nuestras proyecciones para 1995 y amarrándonos, como Gobierno y Banco Central, a ellas; es decir, como política fiscal global y como política monetaria y de manejo de la balanza de pago. Este es un acto al cual no se le ha dado la relevancia que tiene, si se miran los precedentes del pasado y se constata que estamos jugando, esta vez, un partido que definitivamente nos puede situar en una inflación de un solo dígito. Sólo en dos momentos de nuestra historia reciente ha habido inflaciones de un dígito: a principios de los años 1960, por muy poco tiempo, y a comienzos de los años 1980, por muy poco tiempo y debido, en parte, a u dólar artificial.

Estamos asumiendo el compromiso de una inflación de 8 por ciento para el próximo año, y el Gobierno lo hace con seriedad, al presentar una indicación, que ya es de conocimiento de ustedes, donde se revisa todo el inflador de gastos e ingresos del Presupuesto de la Nación, acorde con este compromiso de una proyección de 8 por ciento de inflación.

Pero el contexto no para aquí, sino en señales que también se han dado en días recientes respecto de terminar o ir terminando con el proceso de ajuste macroeconómico que ha regido durante todo el año. Hemos avanzado en las metas de contención de gastos y todo el país el sector público, el privado, los trabajadores y los empresarios ya conoce esto y lo toma como un anteceder, te y actúan con esta señal. El ajuste ha sido doloroso, pero exitoso. A pesar del ajuste, estamos previendo un término de año con un crecimiento de 4 a 4,3 por ciento y, como dije, con una inflación decreciente.

Las tasas de interés en la política monetaria han descendido en dos tandas sucesivas. Hoy las de corto plazo se sitúan en 6,1 por ciento, y las de instrumentos más largos están prácticamente bajo el 6 por ciento.

Por lo tanto, se han revisado las metas de inflación. Se verificará, de hecho, una más baja este año que la prevista tanto por el Fisco como por el Banco Central y por todos los analistas. Estamos amarrándonos a una inflación menor, y eso significa un esfuerzo del gasto fiscal nominal inferior al que se había discutido hace algunas semanas. Es decir, es un esfuerzo que compartimos con ustedes.

Finalmente, ayer hablando siempre del contexto el Gobierno ha llegado a un acuerdo de consenso con la CUT, con la Fenats, con la Organización de Trabajadores Municipales, con la Anef, con los profesores y con todas las organizaciones sindicales de primera línea.

Hoy ha llegado un proyecto a la Comisión respectiva a este parlamento que otorga un reajuste consensuado de remuneraciones, a partir del 1 diciembre, de un 12,2 por ciento, donde se introducen elementos nuevos muy sentidos, como el bono de escolaridad. Esto es un acuerdo positivo, que se ha logrado en forma prácticamente consensual, después de horas de trabajo con todas las organizaciones de trabajadores.

Se constata en la prensa de distinto tipo cómo los empresarios, en general, han valorado las señales que se han dado sobre ajuste y menor inflación.

Tengamos eso en cuenta. En este contexto de éxito del programa macroeconómico del Gobierno, avalado, por el Banco Central, autónomo, con consenso de los trabajadores y aplausos de los empresarios, en el cual los señores Diputados tomarán decisiones muy claves en pocos minutos más.

En segundo lugar, aquí se ha discutido del Presupuesto presentado y de las estimaciones de crecimiento del gasto versus crecimiento de la economía.

Tengo aquí una lista, que podría detallar después, de analistas independientes, prácticamente todos de Oposición, quienes hace muy poco tiempo mencionaron en el diario “Estrategia” sus proyecciones de crecimiento del producto para el próximo año. No hay casi nadie que esté previendo para 1995 tasas limitadas, inferiores a las de este año, o que de alguna manera cuestionan la meta del 5,8 por ciento, que es el parámetro de este Presupuesto. Aún más, tengo otra lista, que podría dejar a disposición de los señores Diputados, donde analistas pertenecientes a la Universidad de Chile y a la Universidad Católica sitúan este crecimiento en 6 por ciento y en 5,8 y donde otros analistas internacionales lo elevan más aún.

Por lo tanto, cuando majaderamente se habla sobre el crecimiento del gasto corriente se estima en 4,8 por ciento y se indica que éste podría ser mayor que esa cantidad. De 5,5 ó 6, y algunos, estirándolo con elástico o chicle, pero sin justificar su supuesto, lo elevan hasta un 7 por ciento no se dice que ninguna de las estimaciones serias y responsables presentes en el análisis advierten como amenaza para la marcha macro del país y la reactivación los porcentajes de incremento austeros que aquí se han situado para la gran mayoría de las partidas del presupuesto público.

Hemos privilegiado algunas partidas y dicho que el Gobierno tiene como compromiso fundamental la educación, cuya inversión en este Presupuesto está aumentando algo más que el promedio. También hay algunos aumentos limitados en salud e incrementos parciales en infraestructura.

Lo que tampoco se dice, y es mi obligación señalarlo, es que de algún modo todas estas cifras globales, que dan para mucho, ocultan un hecho macroeconómico esencial, cual es que algunas partidas o ítem que afectan mucho la demanda agregada y el efecto macro de corto plazo de un año a otro, como es la parida de bienes y servicios, y otras, como los gastos de capital físico que no lo afectan, puesto que ya sea tienen un gasto dilatado en el tiempo y/o aumentan la capacidad productiva del país, lo que contribuye al crecimiento.

¿Cuál es el gasto presupuestado en bienes y servicio de expansión para 1995, respecto de 1994? No es 6 por ciento, 5,8 ó 4,8. Es 2,9 por ciento.

En cuanto a las partidas de gasto, se ha hablado de burocracia; pero lo que no se dice es que en 31 servicios la dotación autorizada disminuye con este presupuesto; en los 56 servicios restantes, se mantiene constante y hay incrementos parciales donde las necesidades son indispensables, primordialmente en el área salud.

Por lo tanto, desde el punto de vista de los límites, de la composición y de la estructura de gastos, es nuestro deber decir que el Poder Ejecutivo se encuentra muy tranquilo sobre lo responsable que ha sido el diseño, ejecución e implementación futura de un presupuesto que se ve ordenado y limpio.

El tercer elemento tiene que ver con algo que consideramos crucial. Es positivo que el Banco Central posea una autonomía clara y directa. O sea, que la política monetaria ya no esté bajo la influencia de la acción directa del Poder Ejecutivo y, a su vez, que en el grado de internacionalización y globalización de la economía, que es positiva existan menores grados de libertad en la política del Banco Central para afectar toda la marcha del sector externo o la balanza de pagos. En síntesis, política monetaria fuera de las manos del Fisco y, a la vez, restricciones en lo que el Banco Central puede manejar, que es básicamente el instrumento de los intereses de corto plazo.

A esta situación se debe agregar el acuerdo tributario con la Oposición que hereda el Gobierno. No estaba el Presidente Frei ni estaba yo cuando se firmó ese acuerdo y, sin embargo, todos los aquí presentes saben que eso limita de manera específica los ingresos tributarios con los cuales normalmente cuentan los países para su acción fiscal.

Con un Banco Central autónomo a partir de 1989, que limita la política monetaria; con un acuerdo tributario que hemos respetado y estamos respetando, y donde, contrariamente a lo que se dice, la carga tributaria no sólo no aumenta, sino que ha disminuido en medio punto, a 0,8 de punto porcentual respecto del producto; es decir, es limitada y cae no hay agobio fiscal. Entonces, no seamos fariseos. Si comparamos los actuales impuestos de Chile con los de cualquier otro país en el mismo estado de desarrollo, claramente no hay agobio ni exceso de carga tributaria de ningún tipo. Y eso todos lo saben.

En ese contexto, pretender introducir ahora una serie de condiciones respecto del manejo mínimo, flexible, que debe tener el presupuesto de la Nación, el único instrumento que nos queda para alternar y afectar la política macroeconómica, que ha dado muy buenos resultados, como dije, es una pretensión de lato riesgo, si no de tipo irresponsable.

El Poder Ejecutivo siempre está dispuesto a acoger buenas proposiciones, serenas y responsables sobre el tema de información. Hemos estado en eso. En este presupuesto se introducen comentarios y metas concretas sobre 26 servicios específicos. Se ha agregado una cantidad de información en los ítem de cada Ministerio que ustedes no poseían hace dos o cuatro años. Y para qué mencionar el período del señor Pinochet en el cual esta información casi no existió.

Por lo tanto, tenemos más información y de mejor calidad; nos amarramos a metas concretas de gestión para 26 servicios, lo que ha sido difícil y complejo de implementar y discutir. ¡Si el presupuesto no se hizo ayer o anteayer! Llevamos muchos meses preparándolo, a partir de abril, prácticamente sin interrupción.

Con el Director de Presupuestos concurrí en abril, primero a la Comisión de Hacienda: a la Cámara de Diputados y, luego, a la del Senado a entregar, por primera vez en la historia, una ejecución completa y detallada del Presupuesto de la Nación de 1994. Y eso los Diputados lo saben y no lo pueden negar.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MOREIRA.-

¡No acepto que nadie me venga a apuntar con el dedo!

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Diputado señor Moreira; ¡lo amonesto! Su Señoría no puede intervenir en esos términos.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

¡lo vuelvo a amonestar, señor Diputado Moreira ! Su Señoría no puede reaccionar en esos términos. Le ruego que se tranquilice y que se mantenga en silencio. Si quiere intervenir, pida la palabra. No está autorizado para interrumpir en esos términos.

Puede continuar, señor Ministro.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, hemos gastado innumerables horas, con gusto, para explicar la ejecución presupuestaria del año pasado; entregamos información acerca de lo realizado en el primer semestre del presente año, donde el gasto fiscal aumentó en 4,3 por ciento y no en la cifra que aquí se ha insinuado. En resumen, hemos ido acrecentando, en una curva continua y creciente, la información, su calidad y la responsabilidad de la ejecución presupuestaria.

En consecuencia, al terminar de exponer esta tercera consideración, desde el punto de vista del Ejecutivo sería muy grave entrar a hipotecar, como se pretende, la mínima flexibilidad fiscal que nos queda para el manejo macroeconómico.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Salga, señor Moreira!

El señor MOREIRA.-

¡No acepto que nadie me mande para otro lado!

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Diputado señor Moreira: lo llamo al orden y le ruego que se tranquilice y permita al señor Ministro proseguir su intervención.

Puede continuar, señor Ministro.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, debo manifestar con toda calma y responsabilidad que es mi obligación en esta ocasión lo digo como Ministro de Hacienda y ciudadano de este país contestar la cuarta pregunta, relativa a la institucionalidad.

Como dije claramente antes y muchos señores Diputados han escuchado comentar este punto a lo largo del día, hay apertura del Poder Ejecutivo para seguir mejorando la calidad y la frecuencia de la información fiscal, principalmente porque creemos que es nuestra obligación hacerlo.

La cuarta pregunta se refiere también a si estamos dispuestos a dar una sorpresa o un salto en nuestra institucionalidad fiscal. Estamos abiertos a sugerencias, a comentarios y a mejoras, pero creemos, como lo expresé en mi exposición al final de la mañana, que la institucionalidad fiscal, el corazón, no todo, de la Ley de Administración Financiera del Estado y buena parte de los procedimientos de discusión y aprobación presupuestaria constituyen en nuestro país, a diferencia de otros en vías de desarrollo o subdesarrollados, un gran activo nacional, un intangible, un valor que ha ido conquistando con gran esfuerzo y mucho dolor.

Si pudiéramos preguntar a quienes vivieron de cerca los procesos presupuestarios de los años 50 ó 60, o a los que conocen la experiencia de algunos de los otros países de Latinoamérica, nos daríamos cuenta, en esta cuarta pregunta, que se está jugando hoy aquí.

Se está jugando, por un lado, por coyunturas políticas transitorias, o como se las quiera calificar, ir a un juego laxo, a un juego suelto, a decir sencillamente: “Señores, nos oponemos a la idea de legislar, o cuestionamos el grueso del Presupuesto, o estamos por no participar en esta discusión”. O, por otro lado, expresar: “Estamos jugando la posibilidad de seguir avanzando con seriedad, con el gradualismo que se necesita para hacer las cosas bien y no para improvisar mociones de un momento a otro, que es fácil hacer siempre, pero de algún modo respetar que este país tiene un elemento fiscal en su institucionalidad muy claro y serio.” Por lo demás, no es sorpresivo para la mayoría de los que están aquí un procedimiento que se aplicó en 1990, en 1992 y en 1993, y que fue bajo el cual se aprobó y se implementó el Presupuesto en curso, el del año fiscal 1994.

El llamado que quiero hacer, y lo hago con todo respeto a la Oposición, pero al mismo tiempo con firmeza, es que si son verdades los rumores y las observaciones que se han oído en los pasillos, se podría dar un salto muy peligroso en términos históricos, porque entraríamos a colocar el Presupuesto en el centro del faccionalismo, de las luchas de poder y de la transitoriedad de la coyuntura política. Actos que hoy se pueden desarrollar eventualmente, mañana se pueden tomar exactamente en el sentido inverso. Vamos a volver a reabrir cajas de Pandora; vamos a volver a reabrir, tal vez, odiosidades innecesarias en temas eminentemente técnicos y que han sido aquí discutidos por mucho tiempo.

Si la idea es tropicalizar la discusión presupuestaria, claramente el Poder Ejecutivo no está por eso.

Debemos tener credibilidad en una institución central del país que ha dado muy buen resultado. ¡Ahí están los resultados a la vista! ¡Vean la inflación! ¡Vean el crecimiento! ¡Vean la inversión! ¡Vean todo lo que se ha discutido! Esa institucionalidad que le ha dado repito muy buenos resultados al país, hoy está en juego de manera que me parece muy peligrosa.

Señor Presidente, el Poder Ejecutivo va a seguir manejando las cuentas fiscales y nuestros compromisos con la seriedad que corresponde. Por lo menos, seguiremos avalando con alta credibilidad nuestro actuar ante el país.

He dicho.

Aplausos.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

En votación la clausura del debate.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos: por la negativa, 32 votos. Hubo 3 abstenciones.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Caminondo, Ceroni, Cornejo, De La Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Errázuriz, Escalona, Estévez, Gajardo, García (don René Manuel), González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Jürgensen, Latorre, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Montes, Morales, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Sota, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker, Wörner (doña Martita) y Zambrano.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Alvarado, Álvarez-Salamanca, Bartolucci, Bombal, Coloma, Chadwick, Espina, Galilea, García-Huidobro, Hurtado, Karelovic, Kuschel, Leay, Longton, Longueira, Martínez (don Rosauro), Matthei (doña Evelyn), Melero, Moreira, Munizaga, Orpis, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rodríguez, Solís, Taladríz, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Vega y Vilches.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Cardemil, Ferrada y García (don José).

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Clausurado el debate.

En votación en general el proyecto, con excepción del artículo 3° que será votado por separado, a menos de que existiera acuerdo para hacer válida la votación general para este precepto.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos: por la negativa, 38 votos. No hubo abstenciones.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Ceroni, Cornejo, De La Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Escalona, Estévez, Gajardo, González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Latorre, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Montes, Morales, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez Opazo (don Ramón), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Sota, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker, Wörner (doña Martita) y Zambrano.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Alvarado, Álvarez-Salamanca, Bartolucci, Bombal, Caminondo, Cardemil, Coloma, Chadwick, Errázuriz, Espina, Ferrada, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Hurtado, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Longton, Longueira, Martínez (don Rosauro), Matthei (doña Evelyn), Melero, Moreira, Munizaga, Orpis, Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rodríguez, Solís, Taladriz, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Vega y Vilches.

Un señor DIPUTADO.-

Pido copia de la votación, señor Presidente.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Así se hará.

Solicito el asentimiento de la Sala para que esta misma votación sea válida para el artículo 3°, en general y en particular.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

En votación el artículo 3°.

Durante la votación.

El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, quiero solicitar al Ministro o al Director de Presupuestos que nos explique qué significa, en términos concretos, la disposición que vamos a votar respecto de la situación de endeudamiento del Fisco. Me parece que es un tema bastante gravitante, desde el punto de vista del Estado.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Estamos en votación, señor Diputado y no procede que haya intervenciones.

El señor PALMA (don Andrés).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, sugiero que pida el asentimiento de la Sala para que el señor Director de Presupuestos se refiera al punto consultado por el Diputado señor Martínez.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

No hay acuerdo. Además, hay varios Diputados que hacen una seña negativa, que la Mesa debe entender que no están de acuerdo.

En votación el artículo 3° de la Ley de Presupuestos.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos: por la negativa, 10 votos. Hubo 1 abstención.

El señor LATORRE (Vicepresidentes).-

Aprobado en general y en particular el artículo 3° y todo el resto del articulado, con excepción de los artículos 1° y 2°.Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Alvarado, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Ceroni, Coloma, Cornejo, Chadwick, De La Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Escalona, Estévez, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Karelovic, Latorre, Leay, Lxón, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Luksic, Makluf, Martínez ( don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Matthei (doña Evelyn), Melero, Montes, Morales, Moreira, Naranjo, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma ( don Andrés), Palma ( don Joaquín), Pérez (don Víctor), Prokurica, Rebolledo (doña Romy),

Reyes, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Seguel, Silva, Solís, Soria, Sota, Taladriz, Tuma, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Vega, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker, Wörner (doña Martita) y Zambrano.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, Caminondo, Cardemil, Errázuriz, Ferrada, Jürgensen, Kuschel, Longton, Pérez (don Ramón) y Urrutia (don Raúl).

Se abstuvo el Diputado señor Vilches.

¿Habría acuerdo de la Sala para iniciar la votación en particular del proyecto?

El señor LONGTON.-

Pido la palabra.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, solicito que suspenda la sesión por cinco minutos.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Se suspende la sesión por cinco minutos.

Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Se reanuda la sesión.

Se suspende por diez minutos y se cita a reunión de Comités.

Transcurrido el tiempo de suspensión.

LEY DE PRESUPUESTOS PARA 1995. Primer trámite constitucional. (Continuación).

El señor SOTA (Presidente).-

La presente sesión tiene por objeto seguir ocupándose en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para 1995.

Antecedente:

Informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, boletín N° 1381-05 sesión 14ª, en 15 de noviembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 15.

El señor SOTA (Presidente).-

El señor Secretario dará lectura a una indicación de carácter general presentada por Su Excelencia el señor Vicepresidente de la República.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación dice como sigue:

“El comportamiento que ha presentado la variación del índice de Precios al Consumidor a esta fecha permite estimar que dicha variación se ajustará con mayor rapidez a los niveles esperados, lo que hace necesario efectuar correcciones al proyecto de Presupuestos para 1995, compatibles con la nueva meta inflacionaria para dicha anualidad.

“Por lo anterior, y en uso de las facultades que me otorga la Constitución Política de la República, he resuelto formular al proyecto de ley de Presupuestos del sector público para 1995 las modificaciones que seguidamente indico, en los artículos 1° y 2° y en todas las partidas de dicha iniciativa legal.”

El señor SOTA (Presidente).-

Considerando que las señoras y señores Diputados tienen en su poder el detalle de la indicación del Ejecutivo, se omitirá su lectura.

Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación en general.

Aprobada.

El texto del resto de la indicación, cuya lectura se acordó omitir, es el siguiente:

a)En el artículo 1°, letra A, para reducir en las cantidades que se señalan, en los conceptos de “INGRESOS” y de “GASTOS” que se indican:

A.- En Moneda Nacional:

b)En el artículo 2°, para reducir en las cantidades que se señalan los “INGRESOS GENERALES DE LA NACIÓN” y el “APORTE FISCAL”, como sigue:

c)En las partidas 50 y 01 al 22, inclusive, para reducir en las cantidades que se señalan los “INGRESOS” y “GASTOS” que se detallan a continuación:

El señor SOTA (Presidente).-

En conformidad con el Reglamento, la discusión particular del proyecto de Ley de Presupuestos se hará por partidas.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, entiendo que lo que se ha aprobado es la indicación global del Ejecutivo para efectuar una corrección monetaria.

El señor SOTA (Presidente).-

Así es.

El señor ESTÉVEZ.-

Ahora bien, hay otras indicaciones del Ejecutivo que recogen distintos acuerdos de la Comisión Especial de Presupuestos y, por tanto, fijan nuevos montos para ciertas partidas. Debe entenderse que esos nuevos montos están fijados antes de la corrección monetaria.

Planteo esto sólo desde el punto de vista de la Secretaría, sin perjuicio de que el orden en que se aprueben las partidas sea distinto. Por ejemplo, si se establece que el presupuesto del Congreso Nacional o del Ministerio de Agricultura se suplementa en tanto y queda en tanto, después se ajustará, como todo el resto del Presupuesto, a la corrección monetaria; es decir, imperará la indicación global de gran número de páginas en que están reflejados los diversos temas.

Esto es importante, pero sólo quiero dejar señalado, para los efectos del acta, que la eventual acogida de otras indicaciones del Ejecutivo también quedarán regidas por la corrección monetaria global del Presupuesto no lo altera, lo cual está resumido en la indicación global sobre la forma en que quedarán todas las partidas. He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Señor Diputado, en este instante no podría responder de manera afirmativa su inquietud. En todo caso, Su Señoría debe tener la seguridad de que si lo que ha propuesto es lo que procede, la Secretaría de la Cámara operará en esa forma.

Lo que sí puedo decirle es que la indicación del ejecutivo, que nos interesa mucho, se refiere a reparar la disminución que se produce con el ajuste del 1 por ciento, y a aumentar, incluso, los recursos correspondientes a la Cámara de Diputados.

En todo caso, eso se verá en la discusión de la partida correspondiente.

Propongo que iniciemos de inmediato la discusión en particular, recordando a las señoras Diputadas y señores Diputados que el artículo 177 del Reglamento establece lo siguiente: “Se podrá pedir la clausura de la discusión particular por un jefe de Comité, cuando se hayan pronunciado cinco discursos o el debate haya ocupado una sesión de una hora, a lo menos. La duración de cada discurso podrá ser hasta de cinco minutos.”

Por lo tanto, ofreceré la palabra por partida y podrán hacer uso de la palabra hasta cinco Diputados.

En discusión la partida 01, Presidencia de la República.

El señor PALMA (don Andrés).-

Pido la palabra.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, me felicito de que la Oposición no haya insistido en una indicación que había presentado en el seno de la Comisión Especial Mixta para suprimir los gastos reservados de la Presidencia de la República. En verdad, es un gesto muy notable que debe destacarse, por cuanto revela un avance en la reflexión respecto de los alcances del Presupuesto.

Gracias, señor Presidente.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jürgensen.

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero informar a la Sala y aclararle al Diputado señor Palma que la indicación presentada por el Diputado que habla no se refería a eliminar los gastos reservados, sino a que ellos sean rendidos en forma detallada y no global. Quiero que eso quede claro.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Muy bien, señor Diputado.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala, se aprobará la partida 01.

El señor GALILEA.-

Que se vote.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, que se vote.

El señor SOTA (Presidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 1 voto; no hubo abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Álvarez-Salamanca, Ascencio, Aylwin, Caminondo, Cardemil, Ceroni, Cristi (doña María Angélica), Elgueta, Elizalde, Encina, Errázuriz, Estévez, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jürgensen, Karelovic, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Martínez (don Gutenberg), Matthei (doña Evelyn), Melero, Montes, Morales, Munizaga, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), ProkurÍca, Rebolledo, (doña Romy), Reyes, Rocha, Rodríguez, Salas, Seguel, Silva, Soria, Sota, Taladriz, Ulloa, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villouta y Wómer (doña Martita).

Votó por la negativa el Diputado señor Moreira.

El señor SOTA (Presidente).-

En la partida 02, Congreso Nacional, hay una indicación del Ejecutivo muy importante. Después de un trabajo ímprobo de la Mesa de la Corporación y del Diputado señor Estévez, ella ha redundado, finalmente en que la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda acepten una indicación que incrementa el presupuesto de la Cámara.

El señor Secretario va a dar lectura a la indicación.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Dice lo siguiente:

En la partida 02, Congreso Nacional, Capítulo 01, Senado, Programa 01: Incrementar en el subtítulo 09 el aporte fiscal en 280.116.0e, igualmente, en su ítem 91. Incrementar el subtítulo 21, Gastos en Personal, en 280.116.000.

Capítulo 02, Cámara de Diputados, Programa 01; Incrementar en el subtítulo 09 el aporte fiscal en 671 millones e, igualmente, en su ítem 91. Incrementar el subtítulo 21, Gastos en Personal, en 351 millones y el subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, en 320 millones.

Capítulo 03, Biblioteca del Congreso, Programa 01; Incrementar en el subtítulo 09 el aporte fiscal en 210 millones e, igualmente, en su ítem 91. Incrementar el subtítulo 21, Gastos en Personal, en 210 millones.

b)PARTIDA 50 TESORO PÚBLICO. Capítulo 01 Fisco:

En el programa 03 Operaciones Complementarias, Subtítulo 25, reducir el ítem 33.104 Provisión para Financiamientos Comprometidos en $ 1.161.116 miles.

En el programa 05 Aporte Fiscal Libre, Subtítulo 80, incrementar los siguientes ítem:

c)Como consecuencia de esta indicación cabe entender modificados los rubros superiores de agregación.

El señor SOTA (Presidente).-

Antes de proceder a mi discusión, quiero informar a la Honorable Cámara que el señor Director de Presupuestos se ha comprometido a discutir el próximo mes con la Mesa las necesidades de la Corporación para financiar la asesoría parlamentaria. Es un asunto que no está considerado en el actual presupuesto, pero tenemos su palabra, y ello nos basta.

En discusión la indicación.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala, se aprobará en forma unánime.

Varios señores DIPUTADOS.-

Votemos.

El señor SOTA (Presidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 1 voto; Hubo 1 abstención.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada la partida 02 con la indicación.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Ascencio, Aylwin (doña Mariana), Aylwin (don Andrés), Bombal, Caminondo, Cardemil, Ceroni, Cristi (doña María Angélica), Chadwick, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Errázuriz, Estévez, Gajardo, García (don René Manuel), García (don José), González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jürgensen, Karelovic, Leay, León, Leteleir (don Juan Pablo),Letelier (don Felipe), Longueira, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg) Matthei (doña Evelyn), Melero, Montes, Morales, Ojeda, Ortiz, Palma (don Joaquín), Palma (don Andrés), Pérez, Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Salas, Seguel, Silva, Soria, Sota, Taladriz, Ulloa, Venegas, Viera-Gallo y Wórner (doña Martita).

Votó por la negativa el Diputado señor Moreira.

Se abstuvo el Diputado señor Álvarez-Salamanca.

El señor SOTA (Presidente).-

En la partida 03, Poder Judicial, no hay indicación.

En discusión.

Tiene la palabra el Diputado señor Viera Gallo.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero consultar al señor Director de Presupuestos si se contemplan en el Tesoro Público, recursos suficientes para la creación de los tribunales de la familia.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Con la venia de la Sala, tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

Señor Presidente, dentro de la partida del Tesoro Público hay recursos para proyectos que están en discusión o que se presenten y se aprueben en el curso del ejercicio presupuestario de 1995. Si ése fuere el caso de los tribunales de familia, naturalmente que de ahí tendría que provenir el financiamiento para su instalación.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Maximiano Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente, quiero consultar lo mismo en cuanto a los tribunales vecinales. Hago este alcance porque el Ministerio de Justicia ha creado varios juzgados en diversos lugares, algunos desde hace más de un año y todavía no se han implementado por falta de recursos.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Con la venia de la Sala, el señor Director de Presupuestos puede responder la consulta del Diputado señor Errázuriz.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

Señor Presidente, en el presupuesto del Poder Judicial hay una partida especial para la instalación de los tribunales que han sido creados. Es una larga lista; no tengo aquí el detalle. Fue informado en la Subcomisión respectiva, y debe figurar en el informe, para el conocimiento de los parlamentarios, la lista de todos los tribunales que serán instalados durante 1995 con el presupuesto del Poder Judicial.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ.-

Señor Presidente, en el mismo orden de cosas, quiero por su intermedio, hacer una consulta al señor Director de Presupuestos. ¿Él se refiere sólo a los juzgados que se van a instalar el próximo año o el plan quinquenal elaborado entiendo en el Gobierno del ex Presidente Aylwin?

Hago la consulta porque la zona de Aconcagua está esperando hace bastante tiempo la instalación de una Corte de Apelaciones, y se nos ha señalado que no prospera por cuanto el plan quinquenal carece de los recursos correspondientes. Quiero saber si éstos se contemplan ahora para financiar las diferentes proposiciones de nuevos tribunales.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

Señor Presidente, el plan quinquenal cumple en 1995 su cuarto año. En 1996 el aporte fiscal al Poder Judicial se duplicará, según se estableció cuando se propuso. Con el plan quinquenal se han aumentado los recursos para el personal del Poder Judicial, para los gastos de funcionamiento y para las inversiones en la instalación de nuevos tribunales.

Las necesidades en ese campo son muchas, y aunque el presupuesto, de acuerdo con el plan quinquenal, se está duplicando, los recursos no alcanzan para atender en ese período todas las necesidades. De ahí que la Corporación Administrativa del Poder Judicial y las autoridades del Ministerio de Justicia, de consuno, han hecho un orden de prioridades de las inversiones en el tiempo, y conforme con ellas se ha establecido la lista de los tribunales por instalarse en el próximo ejercicio de 1995, lista que no tengo en este instante, pero que debe estar en el informe, porque el detalle se entregó en la Subcomisión respectiva.

Resumo: el plan quinquenal se ha cumplido estrictamente y va a lograr que en el ejercicio de 1996, ocasión en que se cumple el quinquenio 1995 es el cuarto año, el aporte fiscal al Poder Judicial se duplique, con lo cual no sólo se lograrán, nuevas inversiones, sino también mayores recursos para mejorar las condiciones del personal de los tribunales y aumentar los gastos de su funcionamiento.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.

El señor DUPRÉ.-

Señor Presidente, lamento que en la partida que se refiere a los proyectos de arrastre del Poder Judicial se contemple la cantidad de 1.820 millones de pesos, bastante alta, para la remodelación del edificio de Avenida España, en Santiago, ya que es contradictoria con lo establecido por el propio Poder Judicial respecto de la descentralización.

El año pasado el Congreso aprobó la creación de un juzgado del crimen para el sector poniente, dado el atochamiento de causas que se produce en los del área jurisdiccional. Obviamente, suponíamos que el Poder Judicial iba a destinar fondos para descentralizar la administración de la justicia criminal desde el edificio de Avenida España, donde están centralizados los juzgados del crimen, y radicarlos a un costo mucho menor, incluso los del sector poniente en las respectivas áreas jurisdiccionales.

Lamento que se persista y se contemple una cantidad estratosférica para adecuar un edificio antiguo, en un lugar que no permite precisamente una buena y fácil atención.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, a raíz de las consultas que se han hecho, quiero señalar que en la página 8 del boletín, N° 1.381-03 aparecen todos los proyectos sobre nuevos tribunales.

Es sabido que en el período legislativo anterior la creación de tribunales operó bajo dos condiciones. En primer lugar, tener asegurada la construcción o la ubicación de algún inmueble para que funcionaran, y en segundo lugar, contar con los recursos presupuestarios para el pago del personal.

Pues bien, en las páginas 8, 9 y 10 del boletín figuran todos los proyectos de nuevos tribunales, como de aquellos que no se construirán durante 1995, los de arrastre, los de mejoramiento de infraestructura. En fin, allí está explicado cada uno en detalle. Cito las páginas para no leer y dilatar mi intervención.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, sólo para que algún miembro de la Comisión o el Director de Presupuestos nos explique lo relativo a los montos asignados para los nuevos juzgados, a fin de saber qué pasará con ellos en definitiva. Por ejemplo, el año pasado aprobamos la creación del Segundo Juzgado de Letras de Buin. Este año vienen en la Ley de Presupuestos 60 millones de pesos, y ése es el valor, según la información que existe, del terreno. ¿Está contemplado el financiamiento del resto? ¿En qué año? ¿Cuál es el itinerario para la construcción de las obras? ¿A qué corresponden estos montos? ¿A la construcción? ¿A la instalación? ¿Al valor de compra del sitio? Si así fuera, ¿Qué pasará con el resto? Ojalá se nos pueda entregar más información sobre la materia.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Yo lamento mucho no poder, desde la testera, plantear la misma inquietud respecto del juzgado de Peñaflor; pero estoy seguro de que el señor Director de Presupuestos va a responder nuestras inquietudes.

Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

Señor Presidente, hay un programa, del cual se ha dado cuenta a propósito del informe de la Subcomisión. En algunos casos se trata de reparaciones; en otros, de la compra de un inmueble o del terreno, y por último, la propia municipalidad aporta algún terreno. La situación es diversa, según los casos, porque está planteada la instalación de 14 ó 15 tribunales en el presupuesto de inversión del próximo año, y no necesariamente las obras se terminan en ese lapso. A veces, para instalar tribunales ha habido que recurrir al arrendamiento de propiedades, y no a su compra, porque en algunas localidades es difícil encontrar propiedades adecuadas para estos fines.

La Corporación Administrativa del Poder Judicial puede informar detalladamente acerca del plan de obras que existe para la instalación del tribunal que le interesa al señor Diputado que hacía la consulta.

El señor PALMA (don Andrés).-

Pido la palabra.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, sólo para recordar al señor Diputado que ha tenido una posición un poco díscola, que este presupuesto nada tiene que ver con el Gobierno.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada la partida.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Arancibia, Ascencio, Aylwin (doña Mariana), Aylwin (don Andrés), Balbontin, Bombal, Caminondo, Cardemil, Ceroni, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Chadwick, Dupré, Elgueta, Elizalde, Errázuriz, Estévez, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jürgensen, Latorre, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Montes, Morales, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Joaquín), Palma (don Andrés), Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Sota, Taladriz, Ulloa, Valenzuela, Vargas, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villouta y Wórner (doña Martita).

Votó por la negativa el Diputado señor Moreira.

Se abstuvo el Diputado señor Rodríguez.

El señor SOTA (Presidente).-

En discusión la partida 04, Contraloría General de la República. No hay indicación.

Ofrezco la palabra.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, sólo para formular una consulta respecto del quehacer de la Contraloría, que durante el último tiempo ha tenido gran recargo de trabajo por las municipalidades, agregados los gobiernos regionales y otros. Su dotación está compuesta por personal bastante capacitado, pero que ha sufrido un gran deterioro económico. Por tanto, quisiera saber si el Director de Presupuestos visualiza, a futuro, entregarle mayores recursos para que cumpla su rol tan importante de fiscalización, y si a partir de ahí se podría, de una u otra manera, combatir algunos brotes de corrupción que han aparecido. En resumen, si hay alguna política del Gobierno en la materia.

El señor SOTA (Presidente).-

Ofrezco la palabra al Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

Señor Presidente, en los antecedentes que tuvo a la vista la Subcomisión que trató el presupuesto de la Contraloría, puede observarse su evolución en los últimos años.

En moneda de 1994, la Contraloría tuvo un presupuesto total de 5.309 millones de pesos en 1990. En el año en curso, tiene asignados 8.334 millones de pesos. Es decir, ha pasado de 5.300 a 8.334 millones de pesos, lo que implica un incremento de 3.000 millones de pesos; prácticamente, un 60 por ciento.

Además, sobre esa suma se plantea un incremento no de esa magnitud, naturalmente para 1995. En forma permanente hemos estudiado con el Contralor las diversas necesidades de ese organismo y hemos tratado de atenderlas. Todas ellas han podido satisfacerse en un ciento por ciento, pero las cifras anteriores demuestran la preocupación que ha habido por destinar más recursos para personal, para inversiones de equipamiento y para gastos de funcionamiento.

El señor SOTA (Presidente).-

¿Está satisfecha la consulta del señor Diputado?

El señor LEAY.-

Gracias, señor Presidente.

El señor SOTA (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 70 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada la partida.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Alvarez-Salamanca, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontin, Bombal, Caminondo, Cardemil, Ceroni, Cristi (doña María Angélica), Chadwick, Dupré, Elgueta, Elizalde, Errázuriz, Estévez, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jtirgensen, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Matthei (doña Evelyn), Montes, Morales, Moreira, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Joaquín), Palma (don Andrés), Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rebolledo, (doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Sota, Taladriz, Ulloa, Valenzuela, Vargas, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta y Wörner (doña Martita).

El señor SOTA (Presidente).-

En discusión la partida 05, Ministerio del Interior.

Tiene la palabra el Diputado don José García.

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente, en primer lugar, en la glosa 08, correspondiente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, debe entenderse que la Cámara aprueba la indicación consignada en el informe de la Comisión Especial de Presupuestos para reemplazar la primera fase, que establecía que estos recursos se destinarían a proyectos de construcción y de reparación de establecimientos educacionales.

Después de un largo debate en la Comisión Mixta, se acordó que deben destinarse a proyectos de construcción y reparación de establecimientos educacionales, entendiéndose incluidos los de dotación de energía eléctrica. Con esta modificación, la Comisión quiso permitir que los proyectos destinados a dotar de electricidad a las escuelas rurales también se financien con cargo a los fondos de regionalizables del Proyecto de Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación.

Pienso que esta es una información importante y positiva para los parlamentarios que representamos zonas rurales y que debemos afrontar el problema de falta de energía eléctrica en dichos establecimientos.

En segundo lugar, deseo solicitar que en la glosa 02, referente a los programas de los gobiernos regionales, se vote en forma separada la indicación que propone eliminar, en la letra B, la expresión “Educación Superior”; y en la letra F), “efectuar construcciones deportivas”.

Me explico: la glosa 02 del Programa de los Gobiernos Regionales regula la inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y aquí se está estableciendo una prohibición para que los gobiernos regionales, concretamente el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, efectúen aportes a instituciones de educación superior.

En lo personal, me parece una discriminación injusta con las universidades de regiones y una medida que no se condice con las facultades que por ley, tienen los integrantes del Consejo Regional para decidir la mejor inversión de los fondos.

Pienso que si un gobierno regional estima como proyecto importante un estudio realizado por una universidad, por ejemplo, para aumentar la productividad de un determinado sector de la economía regional sería enteramente razonable que pudieran hacer aportes mediante los respectivos convenios a fin de que se lleven a cabo. No habría razón para impedírselo.

De la misma manera, estimo que no es conveniente prohibirles la inversión en construcciones deportivas. Pienso que también es una limitación a las facultades de los consejeros regionales, quienes deben decidir, de la cartera de proyectos, cuáles son los más convenientes y los que son más beneficiosos para las respectivas comunidades, porque es muy posible que en alguna, una de las grandes aspiraciones y mayores metas sea, precisamente, la construcción de un gimnasio.

En consecuencia, me parece improcedente que estemos impidiendo que el gobierno regional evalúe siquiera esas posibilidades y finalmente, pueda destinar recursos a determinados proyectos. Por las razones expuestas, y porque no comparto estas dos prohibiciones, votaré en contra, y solicito votación separada.

He dicho

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, sólo para recordarle al Diputado señor José García que, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, la división de esa votación es inadmisible, por cuanto dividir los párrafos significar la Ley de Administración Financiera del Estado y ampliar el ámbito de la inversión posible de ser desarrollada por los gobiernos regionales, cuestión que sólo puede ser iniciativa del Presidente de la República.

Por lo tanto, no se puede dividir la votación en esa materia.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, he pedido la palabra para referirme a algunos rubros de la partida del Ministerio del Interior.

Desde luego, reconozco avances muy importantes, como que se contemplan los recursos para echar a andar los gobiernos regionales en mejor forma. Hay recursos para inversiones de infraestructura, a las cuales los gobiernos regionales les asignan gran importancia, así como el hecho de que se haya recogido la aspiración de muchas regiones y provincias, de tener un programa especial nuevo que, sin duda, será altamente focalizado para los efectos de gasto social, como el de la electrificación en las zonas rurales reconozco lo útil y positivo de este programa, que constituye un gran avance en el Presupuesto del Ministerio del Interior.

Sin embargo, quiero plantear una deficiencia. no sólo en la partida 05, sino en el conjunto de nuestro presupuesto, el que en mi opinión, dice relación con el desacierto en la distribución de los recursos para cierto tipo de gasto social, específicamente el referido a la educación preescolar.

Los parlamentarios que estuvimos en el período anterior fuimos participes de la ratificación de la Declaración Universal de los Derechos del Niño en la Convención internacional de los Derechos de la Infancia. Hemos sido testigos de cómo se han aprobado programas nacionales y regionales en pro de la infancia, pero uno ve y me refiero a la partida del Ministerio del Interior que las dos instituciones que atiende a los niños en lo que es educación preescolar. Íntegra y Junji, tienen un avance muy lento, débil y que, en verdad, puede resultar perjudicial para los intereses de nuestro país, no solamente en el sentido del gasto social, sino también en relación a presuntas inversiones que deben hacerse. Sabemos que muchos niños de nuestro país, al llegar a 4° básico todavía no saben leer; muchos de los que salen de 8° no tienen capacidad de comprensión. Sin duda, sería una inversión más adecuada y mejoraríamos su eficiencia si invirtiéramos en la educación preescolar en una forma más adecuada.

Nuestra incorporación como a la Apec, ceremonia a la que asistió el Presidente Frei, nos debería mover a analizar la estadística de sus países miembros. Los países asiáticos han avanzado y dado saltos enormes a la modernidad, y la gran diferencia que tienen con el nuestro es precisamente la cobertura en la educación preescolar. En Chile, en promedio, está cerca del 19 ó 20 por ciento. En regiones, la cobertura para la educación preescolar es a veces dramática, porque, de una población de más de 2 millones de niños menores de 6 años, cerca de un millón viven en la pobreza o en la indigencia.

Por eso, pido que nos expliquen cómo podemos abordar el tema con alcance nacional; cómo se puede hacer esto con el presupuesto que nos están presentando, no solamente para estas instituciones Integra y Junji, sino también para infraestructura, cuando no la hay, o recurso especiales para aumenta la infraestructura para la educación preescolar.

Dejar esto y quiero decirlo públicamente, porque se lo planteé al Director de Presupuestos sólo en manos de los gobiernos regionales, sin un programa especial, puede ser incorrecto, no porque no haya que confiar en los gobiernos regionales, sino porque se requiere un esfuerzo central, nacional, para dotar a nuestro país de esta infraestructura preescolar.

Sobre este contexto, solicito que se estudie la posibilidad de incorporar una indicación al programa Mece-Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, para que un porcentaje de ese programa pueda ser destinado a infraestructura preescolar.

Por último, quiero sumarse a la reflexión del colega José García, en relación con las glosas que afectan la administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y, en particular, la que limitan la destinación de recursos para la educación superior y el deporte.

En representación de todos los Diputados de la Sexta Región, quiero decir que sentimos que esta es una discriminación odiosa. La Sexta Región es la única del país que no tiene una sede o universidad que cuente con aportes fiscales, y no tenemos cómo enfrentar el tema si no se nos permite, a través de ningún canal, invertir en infraestructura.

Por lo tanto, pido la solidaridad de los colegas para fijar un criterio más flexible en esta glosa, con el objeto de que zonas corno la Sexta y otras puedan contar con una infraestructura para la educación superior.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, la propuesta que ha hecho nuestro colega José García tiene un propósito loable; pero puede llevarnos a resultados indeseables, porque aquí no está en juego la discusión sobre qué financiamiento deben tener las universidades regionales o cuánto hay que destinar para construcciones deportivas, sino el uso del FNDR, o sea, el uso de los fondos de inversión que se entrega a las regiones para necesidades sociales y de desarrollo, sin perjuicio de que sea legítimo y natural debatir en un Presupuesto si deben destinarse o no por ejemplo, para el propósito que ha pedido el Diputado señor Juan Pablo Letelier fondos para que haya una universidad en Rancagua o en Machalí. Aquí se trata de preservar el carácter de la inversión de desarrollo social que tienen los recursos del FNDR, lo que no se debe desvirtuar.

Evidentemente, si un gobierno regional estima necesario para su desarrollo social un estudio sobre las condiciones sociales de la zona, puede contratarlo con la universidad. Lo que no puede hacer es subsidiar, por ejemplo, la contratación de personal o la construcción de un nuevo pabellón, porque eso estaría desnaturalizando la función de este ítem presupuestario y, evidentemente, se produciría un cruce de ventanas presupuestarias, que al final no se sabría qué se está haciendo.

Si en el plano nacional se ha debatido algo de carácter distinto, relativo a que la Dirección de Presupuestos no pueda suplementar determinados ítem, que a veces es una restricción de flexibilidad no razonable para la necesidad nacional, me parece inconsistente que los mismos parlamentarios planteen la pérdida de identidad de los fondos sociales de desarrollo, por la vía de que puedan destinarse a cualquier objeto.

Por eso es necesario, para preservar el carácter regional de los fondos de desarrollo social, que estén acotados a los usos que tienen hoy y que no sean desvirtuados en sus fines, lo cual no quiere decir que encontremos suficiente o adecuado el financiamiento para realizar otras tareas, pero no corresponde hacerlas con esta plata.

Me parece discutible la admisibilidad de la indicación, pero también lo es, y lo someto al criterio de la Mesa, dividir la votación evidentemente el Diputado señor García puede pedir que se vote en contra o a favor de la glosa 02 y ahí están los criterios de admisibilidad sobre la decisión de gastos que esto genera, porque estimo improcedente, no por lo que el colega plantea sino como metodología presupuestaria, que votemos palabras por separado. Si empezamos a votar en esa forma, no ya párrafos o incisos, sin perjuicio de que ahora pueda ser aplicable, nos puede llevar, como práctica legislativa, a producir un mamarracho y no algo consistente. Por eso, solicito que se divida la votación no a nivel de palabras, sino a nivel de glosas o, por último, si fuera imprescindible y pudiera ser consistente, a nivel de letras dentro de la glosa. Dividir la votación a nivel de palabras nos puede llevar por un camino que posteriormente haga inmanejable la aplicación del Presupuesto.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Ruego a los señores Diputados que se atengan estrictamente al máximo de cinco minutos que les está permitido reglamentariamente para intervenir, porque hay cinco Diputados inscritos, que sumados a los cuatro que ya han hecho uso de la palabra, darían un total de nueve. No está en mi ánimo pedir a ningún Comité que solicite reglamentariamente la clausura del debate, cosa que se podría hacer después de que intervienen cinco Diputados; pero les voy a rogar que sean muy estrictos en hacer uso de la palabra por no más de cinco minutos. Tiene la palabra el Diputado señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero respaldar absolutamente la propuesta del Diputado señor José García. Sin perjuicio de que no me satisface la forma en que se distribuyen los fondos del Ministerio del Interior, quiero detenerme en un hecho puntual. Lamento la falta de voluntad de parte del Gobierno para aumentar los recursos a Bomberos. Lo hago, porque creo que debiera haber un reconocimiento de Chile, como los muchos de palabra que hemos hecho en tantas ocasiones, pero que cuando llega la hora de concretarlos, ello no se hace.

A lo menos, como un reconocimiento a esta labor voluntaria, el Gobierno y el Congreso Nacional debieron manifestar su voluntad de aumentar los recursos a Bomberos de Chile. ¡Cuánto dinero se ahorra el país al tener bomberos voluntarios! Distinta sería la situación si los bomberos tuvieran que ser remunerados.

Bomberos tiene mucha necesidad de implementos apropiados para combatir con eficacia y eficiencia los incendios, ya que los materiales de construcción son muy distintos a los existentes en otra época. Lo mismo ocurre en el caso de accidentes y en el del transporte de sustancias peligrosas.

Estas realidades exigen el perfeccionamiento y modernización de sus implementos. Si alguna institución ha dado muestra de eficiencia en el manejo de los recursos extremadamente escasos con los cuales tiene que debatirse en la contingencia diaria, sin duda, es Bomberos de Chile.

Por eso, reiterando que el Gobierno y el Congreso Nacional debieran manifestar su voluntad de aumentar los recursos a Bomberos, votaré en contra de esta partida.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente, discrepo de la opinión del Diputado señor Andrés Palma y apoyo la indicación defendida por el Diputado señor José García.

La indicación es admisible, porque el Congreso aprueba ingresos y también los gastos máximos que pueden realizar los gobiernos regionales, los cuales tienen una serie de programas e instituciones que financian. En el fondo, tienen un portafolio de posibilidades. todo ello sujeto naturalmente a un gasto máximo que pueden realizar y que nosotros aprobamos. Eliminar la prohibición para invertir en instituciones de educación superior sólo agrega una posibilidad más dentro de este portafolio, pero no aumenta el gasto total.

Además, la falta de instituciones de educación superior en algunas regiones es una limitación muy seria al desarrollo regional y, por lo tanto, es absolutamente legítimo que los gobiernos regionales puedan destinar parte de sus fondos a suplir esa carencia. Por lo demás, tienen la autonomía y la capacidad para decidir, sin que tengamos que pautear los de esa forma.

Por ello, solicito al señor Presidente que declare admisible la indicación y pida votación separada de ella.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, quiero referirme fundamentalmente a la partida “Provisión para fondos de infraestructura educacional”, acerca de la cual intervino el Diputado señor García, en el sentido de que los proyectos eléctricos se entienden incorporados en la construcción y reparación de establecimientos educacionales. Esto está claramente definido.

En cuanto a los fondos del FNDR, en caso de los convenios suscritos con el BID porque muchos de los recursos provienen del exterior, está claramente definido en que se puede invertir. Estas son las instrucciones que se han impartido a los consejos regionales y a las intendencias.

Coincido plenamente con lo expresado por el Diputado señor Estévez.

Respecto de lo manifestado por el Diputado señor Rodríguez acerca de Bomberos de Chile, todos los parlamentarios estamos sensibilizados en ese problema, y ya se ha dicho, en reiteradas oportunidades, que lo vamos a enfrentar. Es voluntad del Ejecutivo y de los parlamentarios buscarle ingresos propios, lo cual se espera concretar en el curso del año próximo, en que se presentarían planes en los que participaremos todos los parlamentarios.

Por último, quiero señalar que estos recursos que se destinan para las regiones y para tantas obras de infraestructura y adelanto en todo el país, fueren justamente los que algunos señores Diputados ayer votaron en contra. Es decir, si no hubiésemos contado con los votos necesarios no habríamos podido discutir estas partidas.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Hago presente a la Sala que están inscritos los Diputados señores Huenchumilla, Montes, Dupré, Arancibia, Balbontín y Villegas.

Solicito el acuerdo de la Sala para no aceptar más inscripciones, con el fin de cumplir con la hora de término de la sesión, fijada a las 14.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, quiero referirme a la petición del Diputado señor José García respecto del destino de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, desde dos puntos de vista: la utilización de los recursos y la admisibilidad de la petición de votación separada.

Desde la perspectiva de la utilización de los recursos, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional está acotado, con finalidades específicas. Por lo tanto, por muy loable que pudiera ser, usarlos en múltiples objetivos, distorsionaríamos la esencia de esta distribución regional al utilizarlo más allá de lo previsto en sus fundamentos esenciales y descoordinaríamos el manejo general del Presupuesto Nacional.

Ayer, en la discusión de la Primera Subcomisión sobre materias de tipo general y el manejo presupuestario del Estado, una de las observaciones de Diputados de Gobierno y de Oposición se refería a que, para optimizar el uso de los recursos, era necesario no repetir las funciones de los distintos organismos del Estado y no duplicar los esfuerzos en inversiones en la misma área, y en este caso, lógicamente el ámbito de la educación debería estar centrado básicamente en el Ministerio de Educación. Pero con este criterio también estamos incorporando a los gobiernos regionales, a fin de que puedan disponer de recursos, lo que, a mi juicio, distorsiona el sentido esencial que debe tener el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Por otro lado, en cuanto al tema de recursos para las universidades regionales, quiero recordar a los señores Diputados que ayer, al informar la partida del Ministerio del Interior, se dijo que había aprobado en su totalidad, pero con dos indicaciones: una referida a la posibilidad de usar recursos para reparación y construcción, incluyéndose en ella la electrificación de las escuelas rurales, y otra que dice relación con el uso de recursos provenientes de patentes mineras, las cuales podrán financiar proyectos postulados por las universidades de la región que no comprometan gastos futuros del gobierno regional. Por lo tanto, hay una fuente de recursos en una indicación aprobada en la Subcomisión de Presupuestos y también, posteriormente en la Comisión Mixta de Presupuestos.

Por otro lado, se nos ha distribuido una indicación del Ejecutivo a la partida 09 del Ministerio de Educación, en virtud de la cual se le va a suplementar en la suma de 1.271 millones de pesos, que se destinarán para reforzar la infraestructura académica o de gestión de las universidades estatales derivadas de las existentes al 31 de diciembre de 1980, con lo cual resolvemos en parte, desde el punto de vista de la utilización de otros recursos, lo que se ha planteado en cuanto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Por último, en cuanto a la petición de votación separada, a mi juicio, es inadmisible, no porque estemos haciendo más gastos de los que ha propuesto el Ejecutivo, sino porque, al suprimir la prohibición que establece la glosa, ampliaríamos la gama de posibilidades en el uso de estos recursos. Esta materia compete a la iniciativa exclusiva del Parlamento en cuanto a iniciativa legislativa, pero ésas son las que tenemos y en consecuencia, creo que la separación es inadmisible.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, comparto la preocupación de fondo del Diputado señor José García, porque el tema por él planteado cada vez más va a estar en el centro del debate sobre los gobiernos regionales, aunque estimo que la indicación no es pertinente.

¿Por qué la comparto? Hay un problema real en cuanto a que los gobiernos regionales, tienen una estructura de financiamiento bastante limitada. ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento? Fundamentalmente, asignaciones del presupuesto nacional para funcionamiento en bienes y servicios y personal, del FNDR, de los Isar y de los convenios de más largo plazo.

En su estructura, los gobiernos regionales carecen de un ámbito de libre disposición para que puedan tomar decisiones plenamente de acuerdo con las realidades de la región.

Comparto lo expresado por el Diputado señor Huenchumilla, por ejemplo, de que el FNDR es para un determinado y preciso objetivo. Así fue concebido desde la ley que le dio origen y en todo su desarrollo.

Concuerdo también en que los Isar, los fondos de inversión sectorial de asignación regional, son para un objetivo específico.

Pero se presenta el problema de que una región, por ejemplo, puede necesitar hacer más construcciones deportivas o subvencionar a instituciones de carácter regional o hacer aportes a determinada sociedad o empresa, de acuerdo con la naturaleza de los problemas de esa región, o a instituciones de educación superior o de televisión. El problema está en que la ley sobre gobiernos regionales no se contempló una fuente de financiamiento que permitiera tales decisiones de las regiones en forma más amplia y total.

Recuerdo a los señores parlamentarios que cuando se discutió esa norma se propuso que existiera una partida adicional de ingresos, que podría ser un porcentaje incluso del IVA, con algún fondo compensatorio que dejara un margen de decisión a nivel de los gobiernos regionales. Esto existe en muchos países. Es la forma de estructurar los financiamientos regionales: con una parte de ingresos que digan relación con la dinámica económica de la región y con algún fondo de compensación, y otra parte que provenga de fondos nacionales para objetivos específicos, ya sea vías Isar o FNDR.

Termino diciendo que los gobiernos regionales están recién partiendo; nos pusimos de acuerdo en cierta gradualidad. El tema que viene por delante, entre otros, es discutir una nueva estructura de financiamiento de los gobiernos regionales, de tal manera que tengan un margen de decisión y una mayor responsabilidad sobre la dinámica de sus regiones, porque tienen mayor capacidad para tomar decisiones. Creo que esto es materia más de ley sobre gobiernos regionales que de este proyecto de Ley de Presupuestos.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.

El señor DUPRÉ.-

Señor Presidente, quiero referirme al tema relativo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y su distribución. Hemos venido planteando desde hace ya cuatro años el criterio de distribución de la inversión regional.

No analizaré los gastos de funcionamiento me parecen adecuados que se distribuyen en infraestructura y todo lo necesario desde el punto de vista político-administrativo de los gobiernos regionales, sino a la injusticia que significa que de un total de 67.000 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Social, sólo se destine el 7 por ciento a la Región Metropolitana, que agrupa al 40 por ciento de la población del país y que, obviamente, tiene los focos de pobreza más importantes de todo el país.

La distribución es absolutamente injusta y se está cometiendo un grave error al no hacerla mucho más equitativa, de modo que la pobreza también reciba un importante nivel de ayuda e inversión a través de la adecuada distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en la Región Metropolitana.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, con su venia, quiero retomar en forma muy breve el tema planteado aquí, relativo a las limitaciones de destinación del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Esta materia fue debatida en la Subcomisión y en la Comisión correspondiente. Ella tiene mucho que ver con la descentralización y regionalización efectiva del país, y con darle facultades efectivas y crecientes a las regiones para que resuelvan sus prioridades.

Es cierto que el FNDR tiene objetivos específicos que no es el momento de entrar a detallar, pero serán las regiones y sus autoridades, en virtud de los mecanismos de iniciativa del Ejecutivo que el Congreso ha aprobado, las que definan prioridades de acuerdo con sus necesidades más inmediatas.

En esta materia, limitar la posibilidad de hacer aportes a las universidades regionales, de tan difícil destino y que realizan tantos esfuerzos para llevar adelante su tarea, implica una restricción que no se condice con el propósito de elevar el nivel educativo y el desarrollo económico y social de las distintas regiones del país.

Ya el Ejecutivo tuvo a bien aceptar una indicación que recordaba el Diputado señor Huenchumilla, en cuanto a permitir que puedan destinarse recursos provenientes de las patentes mineras a las universidades regionales, siempre que no comprometan gastos futuros.

Tengo el honor de representar a una región que percibe ingresos no despreciables por concepto de patentes mineras. Creo que este instrumento debe generalizarse. Por eso, en su oportunidad, me sumé a los que plantearon esa necesidad. En esta misma Corporación se aprobó un proyecto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo que levantara tal restricción.

Respecto de su admisibilidad, tengo entendido que la indicación es discutible, pero solicitaría al Ejecutivo que enviara otra para que se efectúen aportes a las universidades regionales no sólo con los fondos provenientes de las patentes mineras, sino también con los recursos del FNDR, de acuerdo con los mecanismos de asignación de los gobiernos regionales, a fin de facilitar las tareas que con tanta dificultad llevan a cabo. Como en la Cámara no es posible hacerlo, solicito al Director de Presupuestos que se pronuncie sobre esta posibilidad y, en lo posible, que se comprometa a presentar una indicación en tal sentido, solicitud que venimos formulando desde hace mucho tiempo. El Ejecutivo ya dio el primer paso al permitirlo respecto de las patentes mineras, y no veo razón para no hacerlo extensivo a los otros fondos del país, donde las patentes mineras no tienen la misma incidencia que en las regiones más beneficiadas con recursos del subsuelo.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Villegas.

El señor VILLEGAS.-

Señor Presidente, lamento mucho que en el proyecto de Ley de Presupuestos no se recoja un proyecto de acuerdo presentado en esta Honorable Cámara por un grupo de Diputados, con fecha 20 de agosto del presente año, aprobado por unanimidad, el cual se refería a que los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se podrían utilizar en proyectos de investigación efectuados por las universidades, que tienen un papel fundamental en el proceso de desarrollo regional.

En consecuencia, discrepo de algunos honorables Diputados que han señalado una afectación distinta de este fondo. Debe haber una vinculación directa entre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el rol que cumplen las universidades, ya que éstas deben tener un papel más preponderante en las diversas potencialidades de las regiones. En mi región se está desarrollando, a través de distintas corporaciones, la pesca y la minería; o sea, hay un conjunto indeterminado de proyectos de investigación que pueden ser financiados con estos recursos, atendida la situación en que se encuentran las universidades.

Por esta razón, comparto plenamente lo expresado por el Diputado señor Arancibia, en el sentido de que a futuro es necesario determinar la forma de utilizar estos recursos tan importantes para el país, como son los del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en relación con las instituciones de educación superior. Incluso, de acuerdo con algunos estudios jurídicos sobre el tema, esa glosa puede ser inconstitucional. Se ha señalado que no podría establecerse una prohibición en tal sentido respecto de estos fondos tan importantes.

En cuanto a la indicación en comento, por ser la Tercera Región una zona netamente minera, tendremos gran cantidad de recursos para utilizarlos en los proyectos de inversión de las universidades, pero no todas las regiones del país se encuentran en la misma situación. Por ello, es menester abordar el tema en su conjunto, para resolver el problema de las universidades regionales a lo largo del país. Hay muchas que no tienen la posibilidad de financiamiento propio que les permita realizar una buena gestión. Creemos que hay una serie de recursos que se pueden utilizar en este sentido, y es necesario que el Ministerio de Hacienda también implemente otros y en cantidades suficientes, para que las universidades mejoren la calidad de su gestión. En ese sentido, el Consejo de Rectores de las universidades estatales o de las que reciben aportes directos del Estado han efectuado reuniones y han adoptado acuerdos en el sentido de que en el mejoramiento de la calidad de la gestión universitaria podrían utilizarse recursos del Estado, a través del Ministerio de Hacienda.

En definitiva, debemos resolver el tema de fondo, que es cómo vincular el desarrollo de las regiones con un rol más preponderante de las universidades insertas en ese contexto.

Dejo constancia de que sobre esta materia he hablado en mi nombre y en el del Diputado por Valdivia, señor Exequiel Silva, quien me ha pedido expresamente que señale estos argumentos.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Balbontín.

El señor BALBONTÍN.-

Señor Presidente, quiero destacar dos cuestiones, de diversa naturaleza, respecto de los gobiernos regionales. La primera es que el origen del Fondo Nacional de Desarrollo Regional fue bastante anterior a los gobiernos democráticos. Por lo tanto, estuvo muy atado a determinado tipo de proyectos específicos, relacionados con el mejoramiento del alumbrado de barrios, etcétera, lo que permitió el otorgamiento de dádivas por parte del gobierno de la dictadura de aquel entonces.

A futuro, es conveniente observar mayor capacidad de libre disposición de los gobiernos regionales. Sobre esto, comparto algunos de los criterios formulados en la Sala, que permiten un diseño del desarrollo regional en mejores términos, como, por ejemplo, la cuestión universitaria. Sin embargo, quiero señalar que esto deriva del origen de las cosas y de las posibilidades de cambio que éstas tienen, las que resultan difíciles en la medida en que los aparatos administrativos son pesados y tienen una estructura burocrática que obliga a llevar a cabo medidas de modernización como corresponde.

En seguida, quiero hacer una observación a una petición planteada por el Diputado señor Claudio Rodríguez. En cuanto al incremento de los recursos para el Cuerpo de Bomberos, lo cual comparto, desgraciadamente, la solución no corresponde al Ministerio del Interior sino al de Hacienda, y cuando discutamos el punto, estoy dispuesto a respaldarla.

He averiguado cuál es el aumento que tuvieron los fondos del Cuerpo de Bomberos durante el gobierno democrático. En 1990, recibía 1.090 millones de pesos, y el aporte para 1995 será de 1.859 millones de pesos, es decir, el aporte a esta institución se ha duplicado.

Sin embargo, quiero señalar que esa cantidad no cubre las necesidades que hoy tiene el Cuerpo de Bomberos, porque fue postergado durante 17 años. No hubo posibilidad alguna de mejorar su implementación y sus recursos, lo cual da lugar a que en distritos populares como el que represento ocurran siniestros con pérdidas de vida, como fue el sucedido hace muy pocos días en una de sus comunas, en que murieron quemados dos niños, porque no hubo capacidad para sofocar un incendio con la debida urgencia y prontitud.

Cuando se hacen planteamientos sobre estas materias, hay que tener los antecedentes necesarios para respaldarlos.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Ha terminado el debate.

Antes de proceder a la votación, debo pronunciarme sobre la petición del Diputado señor José García, apoyada por la Diputada señora Matthei y, en cierta manera, por el Diputado señor Armando Arancibia, en orden a pedir división de la votación de la glosa 02, de la partida 05, Ministerio del Interior, gobiernos regionales.

Reglamentariamente no procede la división de la votación, puesto que, de aceptarse y aprobarse en esa forma las letras b) y f) de la glosa 02, se vulneraría la Ley de Administración Financiera Presupuestaria del Estado, ya que esos fondos podrían ser destinados a fines distintos de los que sólo el Ejecutivo puede asignarles. Por lo tanto, no procede acceder a la petición de división de la votación.

En votación la partida 05, Ministerio del Interior.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 16 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Dupré, Elgueta, Encina, Estévez, Gajardo, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Jara, Latorre, Leay, León, Letelier, Letelier (don Felipe), Longueira, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Matthei (doña Evelyn), Montes, Morales, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma, Palma (don Andrés), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Sabag, Salas, Silva, Soria, Sota, Valenzuela, Venegas, Villegas y Wömer (doña Martita).

Votaron por la negativa los Diputados señores Moreira y Rodríguez.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Bombal, Cantero, Cardemil, Coloma, Cristi (doña María Angélica), Chadwick, García (don René Manuel), García (don José), Jürgensen, Karelovic, Martínez (don Rosauro), Munizaga, Pérez (don Ramón), Prokurica, Taladriz y Ulloa.

El señor SOTA (Presidente).-

En discusión la partida 06, Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bombal, Coloma, Cristi (doña María Angélica), Chadwick, Dupré, Elgueta, Encina, Estévez, Gajardo, García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jürgensen, Karelovic, Latorre, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Luksic, Makluf, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Matthei (doña Evelyn), Melero, Montes, Morales, Munizaga, Muñoz, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Ramón), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Rodríguez, Sabag, Salas, Silva, Soria, Sota, Valenzuela, Venegas, Villegas, Walker y Wörner (doña Martita).

Votó por la negativa el Diputado señor Moreira.

Se abstuvo el Diputado señor Cardemil.

El señor SOTA (Presidente).-

En discusión la partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

El señor Secretario dará lectura a la indicación presentada a esta partida.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación es de los honorables Diputados señores García, don José y Orpis y tiene por finalidad rebajar, en la partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Capítulo 06, Corporación de Fomento de la Producción, en el ítem 33.85.001 la cifra en moneda nacional de 12.586.121.000 pesos a la cantidad de 10.000 pesos.

El señor ESTÉVEZ.-

Pido la palabra.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, aquí lo que se ha puesto en juego es el financiamiento de la Empresa Nacional del Carbón, Enacar.

Este tema ya se discutió en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Me parece bastante grave que, por la vía de una indicación, se busque simplemente clausurar las posibilidades que hoy tiene una provincia del país. El tema del carbón no es banal ni superficial, sino extremadamente importante para el desarrollo social de Chile.

El carbón ha dejado pérdidas importantes, tanto en términos económicos como en vidas recientemente, y ha habido un esfuerzo sistemático para enfrentar esta situación, a través de la reformulación de planes de desarrollo y la recolocación del personal que trabaja en esas empresas.

De hecho, el número de obreros del carbón se ha reducido de manera ostensible, y lo que hoy se está haciendo es ver las posibilidades de desarrollo que tiene una zona, sobre la base de determinada inversión, cuya clausura significaría un golpe dramático no sólo para las familias que viven del carbón, sino para toda una zona del país.

Vamos a continuar con el esfuerzo de buscar nuevas alternativas de inversión para la zona de Lota; pero pretender que el subsidio de Enacar sea de 10.000 pesos, a la sombría perspectiva del carbón se une, incluso, la irritación, porque sería una burla para los trabajadores decirles que les daremos 10.000 pesos para el conjunto de la empresa durante todo el año. Me parece que es una indicación absolutamente improcedente desde el punto de vista social y espero que sus autores la retiren, o bien que la Cámara la rechace por abrumadora mayoría.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, en primer lugar, deseo aclarar al Diputado señor Estévez que la indicación, como está presentada, y los 10 mil pesos que tanto le molestan, no es un problema que hayamos querido plantearlo así, sino que la Ley de Administración Financiera del Estado nos exige eso para que, si el Congreso lo tiene a bien, se pueda rebajar el gasto, aunque no eliminar, porque de lo contrario habría una diferencia con el Ejecutivo. De manera que, estrictamente, es un problema de procedimiento en la presentación.

Pero quiero ir más allá de los procedimientos. Primero, aquí no estamos hablando de una provincia, sino de una empresa, y en verdad, como no tenemos facultades para redistribuir los gastos es lo que nos hubiese gustado, creemos que el acento hay que colocarlo en la reconversión y en el tema social, de ese modo, no tenemos ningún inconveniente en aprobar los gastos que sean necesarios para el tema de la reconversión, y respecto de los trabajadores de Enacar, en que se plantea la rebaja de la partida, tampoco tenemos inconveniente en dar cualquier tipo de solución, como se ha hecho en otras ocasiones, lo cual incluye jubilaciones anticipadas, etcétera.

Estamos en contra de entregar estos recursos a Enacar. Quiero dar a conocer las cifras de que tomó conocimiento la Comisión Mixta.

Lo invertido en el carbón en Enacar durante la última década asciende a 600 millones de dólares. Esa suma habría servido para reconvertir la zona completa. Ahí hay que poner el énfasis.

Para analizar lo que está ocurriendo con Enacar, me remitiré al balance que emitió su Dirección General, correspondiente a la gestión mayo de 1992 a abril de 1994. En su página 2 inserta un estudio que elaboró en 1991 la Comisión Nacional de Energía, que da cuenta, a su vez, de un informe que le encargó a Metálica S.A.

Este último dice en sus conclusiones que, en relación al mercado del carbón térmico, todas las fuerzas competitivas presentan tendencias estructurales positivas en el largo plazo, en desmedro del carbón de la Octava Región. Eso ya se decía en 1991.

En junio de 1994, la Dirección General de Enacar realizó un balance de la gestión correspondiente a los años 19921994, que contiene un informe de la Comisión Nacional de Energía donde se plantean todas las dificultades del carbón. Asimismo, la dirección saliente, en sus conclusiones, dice que el problema de Lota tiene una solución técnica si se logra reducir el personal a 650 trabajadores, como máximo, en un esquema totalmente mecanizado. Hoy laboran en Enacar 2 mil trabajadores.

Si se analiza cuáles son los resultados netos de Enacar, veremos que en 1988 tiene pérdidas netas de 7.900 millones de pesos; en 1989, de 4.100 millones; en 1990, de 4.500 millones; en 1991, de 5.000 millones; en 1992, de 22.000 millones; en 1993, de 9.600 millones, y para 1994 se esperan pérdidas de 14 mil a 15 mil millones de pesos. Es decir, a pesar de todos los esfuerzos y recursos invertidos a través del Parlamento y de la propia empresa, no se aprecia, en términos operacionales, que la empresa vaya a surgir.

Además, existe otro tipo de problemas. ¿Cuál es el futuro de la empresa? Aquí está el punto clave respecto de la decisión que debemos adoptar en la materia.

Hoy, Chile no tiene grandes reservas. Incluso se nos ha señalado que se explorarán posibles reservas. Es decir, aquí estamos aprobando fondos sin saber si hay o no carbón para explotar. Se entregan 12.500 millones de pesos desconociendo si hay reservas de carbón que sean rentables. De acuerdo con informes que obran en mi poder, es muy difícil que las actividades del carbón de la Octava Región, y específicamente las de este yacimiento, sean rentables y factibles de explotación, porque en la zona existe gran cantidad de fallas geológicas que hacen muy difícil la mecanización de las faenas.

Si analizamos los costos de producción de la empresa y de la zona del carbón, hoy sobrepasan los cien dólares por tonelada. En cuanto a nuestro competidores, Estados Unidos produce 7.000 toneladas por empleado al año; Australia, 6.000 toneladas y Sudáfrica 2.000 toneladas. Nuestra producción tonelada por hombre apenas alcanza a 200 toneladas.

En cuanto a los costos de producción, cabe señalar que en la actualidad se importa el carbón a 45 ó 50 dólares la tonelada, internado y descargado. Enacar tiene un costo de producción superior a 100 dólares la tonelada. En el mejor de los casos, se nos ha dicho que bajará a 60 dólares.

En verdad, no encuentro sentido seguir invirtiendo en Enacar, porque es una empresa sin destino. En definitiva, el énfasis hay que colocarlo en el tema de la reconversión, en el tema social de los trabajadores, porque es lo que verdaderamente traerá beneficios a la zona. Se propuso una glosa que en definitiva fue rechazada en la Comisión. La única facultad que tenemos es para hacer esto. Es indudable que nos habría gustado estudiar a fondo el tema de la reconversión. Estamos dispuestos lo digo responsablemente, como bancada a invertir los recursos que sean necesarios tanto en materia de reconversión como en el aspecto social de los trabajadores, pero no a seguir invirtiendo dineros a fondo perdido, porque la empresa no tiene ningún destino. Creo que en algún minuto debemos asumir esta realidad con responsabilidad política, como corresponde, sin tratar de eludir el problema, porque esa actitud no conduce a nada y significa destinar gran cantidad de recursos a algo que no será efectivo, que discutiremos año a año y que, a lo mejor, cinco años después nos encontraremos con que hemos invertido otros 600 millones de dólares sin haber reconvertido la zona ni arreglado el problema social. Eso representaría un costo tremendamente alto para el país, en circunstancias de que esos fondos podrían destinarse a otros sectores más pobres y postergados de nuestra sociedad, donde sí tendrían una rentabilidad social efectiva.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Salas.

El señor SALAS.-

Señor Presidente, hay cosas que podría compartir con el Diputado señor Orpis; pero no creo que el tema de los mineros del carbón, trabajadores que llevan una vida de tanta miseria, pobreza y cesantía, debamos tratarlo en forma tan fría y sólo a la luz de una inversión del Estado que no ha producido ninguna mecanización ni modernización en las minas.

Es cierto que la reconversión fue improductiva. Se invirtieron 3 mil millones de pesos. Todos los chilenos sabemos que esa situación se enfrentó mal. cuando partió, en 1982, a raíz de la ley de subsidio al carbón y de la jubilación anticipada de los mineros poco se sabía en Chile acerca de reconversión e incluso ni los propios trabajadores entendían la palabra. También debemos reconocer que hubo un poco de miopía al pensar que en una zona donde teníamos involucrada prácticamente la provincia completa de Arauco y una parte de la de Concepción, que es Coronel, se podía reconvertir a la gente y crear nuevas empresas o industrias en mucho menos de dos años, sin contar, además, con planes concretos, que tampoco fueron planteados cuando se trató lo relativo a la jubilación anticipada y el subsidio al carbón.

Es verdad que se han gastado 600 millones de dólares. A lo mejor es mucho más, porque entre 1973 y 1980 Enacar tenía miles y miles de hectáreas de bosques que se vendieron, y no tenemos claro dónde fue a parar ese dinero que no está considerado en los subsidios que el Estado entregó a esa empresa.

¿Pero qué ha ocurrido? Que hoy es imposible no entregar más dinero a Enacar ni hacer una nueva reconversión. No sé cómo se podría efectuar. Tal vez, jubilando a todos los mineros de esa zona, despidiéndolos de su trabajo con una doble indemnización, como ocurrió en años pasados cuando se les pagó 2 sueldos mensuales, dos meses por cada año de trabajo, a entre 9 mil y 10 mil trabajadores, que hoy están cesantes porque gastaron el dinero que se les entregó. Para un minero que ha laborado quince años en el fondo de la mina, es imposible que algún empresario privado lo contrate debido a las enfermedades profesionales que adquiere, como la artrosis, la silicosis y otras.

Esos 600 millones de dólares nunca fueron invertidos en mecanización y modernización de las minas de carbón. Hoy, el plan 2001 del Gobierno del Presidente Frei y del nuevo directorio de Enacar, en el que participaron incluso los propios trabajadores y dirigentes sindicales, en el plazo de 2 ó 3 años, mediante los 12.500 millones de pesos que hoy tiene que aprobar esta Cámara espero que así sea por encima de cualquier otra consideración, permitirá mecanizar y modernizar la mina y contar, de aquí a tres años, con un carbón competitivo con el importado.

Además, se gastaron 23 mil millones de pesos en 1992, gasto que se originó en una ley aprobada por el Congreso para pagar indemnizaciones a aquellas personas que se retiraron voluntariamente, acogiéndose al pago de 1,75 mes por años, como también para pagar jubilaciones a los mineros del carbón con 18 años de trabajo en el interior de la mina.

El problema radica justamente en lo que el Diputado Orpis ha señalado. Los Diputados de la zona del carbón conocemos perfectamente bien lo que él destaca. En efecto, el problema es que no se han hecho los estudios geológicos para saber exactamente dónde están los más de 8 millones de toneladas de carbón que tiene la zona. Según los ingenieros de minas, que se han ido de Enacar, tendríamos reservas para cien años más.

Este dinero no sólo es para mecanizar, tecnifícar y readecuar la mina, que efectivamente debe contar con menos trabajadores, sino también para hacer prospecciones para buscar y encontrar carbón en forma técnica, geológica, porque han de saber los señores parlamentarios que hace unos cuatro años Enacar producía sobre un millón de toneladas. En la actualidad, ha disminuido su producción porque, al no haber dinero para mecanizar y tecnifícar la mina, no se sabe dónde está el carbón. Para eso se necesita este dinero. Queremos apelar a los señores Diputados, no s sus conciencias, para que den una última oportunidad a Enacar.

Han ocurrido muchas cosas. No se ha tenido la capacidad para buscar caminos reales. No basta con decir que el carbón no es rentable, sino que también debe entenderse que el Estado, como tal, necesita tener una política energética del carbón. ¿Qué ocurriría mañana si queremos favorecer a 4 ó 5 empresarios que importan carbón mucho más barato en otras partes y hubiera una gran sequía, estuviéramos complicados con el Medio Oriente de donde viene el petróleo, o tuviéramos problemas con los países limítrofes? ¿Qué pasaría si se presentara un problema energético y no existiera una mina estatal que regulara el precio del carbón? Eso complicaría mañana a cientos de pequeños, medianos y grandes empresarios que hoy ocupan carbón de Enacar, que permite que la tonelada esté a 50 dólares la tonelada, el día que su extracción esté mecanizada, el carbón costará mucho más barato, pero no habrá competencia real y las necesidades del país estarán supeditadas al importado.

Quiero terminar señalando una sola cosa. Aunque quisiéramos, no es posible dar jubilación a todos los mineros de Coronel, Lota, Curanilahue y Lebu. Significaría mantener cuatro comunas y una provincia completa con gente jubilada y sería la muerte de esos pueblos. Además, a ningún empresario le gustaría invertir en una zona paralizada, donde todo el mundo está cesante, donde no hay claridad de lo que realmente se quiere hacer para que las personas puedan tener un trabajo estable y una mejor condición de vida.

Por eso, pido a los Diputados de Oposición que conocen el problema que demos una nueva oportunidad a Enacar, ya que después de esto, por una indicación que mandó el Ejecutivo, su directorio tendrá que responder a la Comisión de Hacienda de la Cámara sobre la inversión de los dineros. Mientras se hacen los trabajos, podemos seguir discutiendo el problema del carbón para saber exactamente qué ocurrirá con los mineros que deberán dejar su trabajo e irse para readecuar la dotación de personal a unas mil personas, porque hoy hay más de dos mil.

Este tema no se agota ahora. Tenemos que seguir conversándolo para buscar la reconversión adecuada, para que se instalen empresas productivas que puedan dar trabajo a los mineros del carbón y no se instalen empresas que dan trabajo a personas que viven en otros lugares y no tienen ninguna relación con la gente que está sufriendo el “cuco” de la cesantía, cuya consecuencia es la miseria y la angustia que forman el cuadro de depresión de la extrema pobreza.

Los Diputados que han ido a estos minerales conocen la vida tremendamente dramática de los mineros del carbón.

La cantidad de dinero tampoco es para volverse loco, por cuanto hemos aprobado proyectos que implican más gasto y que benefician a personas que a lo mejor no tenían ni derecho, como, por ejemplo, los parceleros Cora, porque ya ni siquiera son los dueños que primitivamente compraron. Este caso significó un gasto de 200 millones de dólares para el Estado. Aquí estamos pidiendo menos dinero.

Solicito a los Diputados que conocen la miseria del carbón que, por esta vez, aprobemos el presupuesto que requiere el Gobierno.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Voy a rogar insistentemente a los señores Diputados que se autolimiten en el tiempo. No pueden excederse de los cinco minutos reglamentarios.

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, el aporte a Enacar ocupó la mayor extensión de tiempo en la discusión del ítem individual por parte de la Comisión Mixta y de la Primera Subcomisión. Sin duda, ello se debe a las distintas visiones sobre el problema y a la cifra no menor de recursos.

Los aportes a Enacar se iniciaron hace tiempo. El Diputado señor Orpis hizo mención de la cifra que se había gastado en la empresa. Si se consideran los últimos 15 ó 18 años, tres gobiernos le han hecho aportes directos, por alrededor de 450 millones de dólares, a lo que habría que sumar programas en la zona del carbón por un valor estimativo de 150 millones de dólares, que se han implementados a través de la aprobación de leyes en los últimos cuatro años. Se trata de un gasto nacional no menor. La partida presupuestaria contempla casi 12 mil 600 millones de pesos de aporte directo a la Empresa Nacional del Carbón, a los que se adicionarán, según la información que se nos ha entregado, otros 4 mil millones de pesos para que contrate créditos a fin de realizar inversiones en el área de la prospección, desarrollo del yacimiento y de la evaluación de su explotación económica. Por lo tanto, se nos pide que aprobemos un compromiso del orden de los 16 mil 500 millones de pesos, cifra un poco inferior a los 40 millones de dólares.

Quiero decir a los colegas que por primera vez en la discusión presupuestaria hemos recibido información muy detallada sobre la gestión de la Empresa Nacional del Carbón. Se nos ha informado, por ejemplo, que en el presente año el costo de 200 mil toneladas de carbón alcanzará una cifra cercana a los 22 mil millones de pesos; es decir, aproximadamente 240 dólares por tonelada, y el costo del carbón de importación cosa que también realiza Enacar, entregando al usuario en el mercado nacional, alcanza a una cifra inferior a 60 dólares la tonelada. Por lo tanto, la diferencia del costo de producción se da de la comparación de 240 dólares y 60 dólares por tonelada.

Así las cosas, parece del todo razonable plantear el cierre de Enacar. Seguir produciendo a 240 dólares la tonelada de carbón, pudiendo importarlo o producirlo en otros yacimientos nacionales a una cifra del orden de 60 dólares la tonelada, ni financiera ni económicamente es razonable, más aún cuando durante 15 ó 18 años se han estado realizando aportes considerables a la empresa.

Ahora bien, ¿por qué se solicitan los recursos y se ha entregado la información? Quiero destacar una cuestión muy importante, a la cual no hizo mención el Diputado señor Orpis, pues me leí íntegra la discusión general del presupuesto de la sesión de ayer.

Una indicación del Gobierno plantea un itinerario para Enacar, y según ese itinerario, primero, con los créditos que se le autorizarán se van a realizar exclusivamente las prospecciones de las minas que no se han desarrollado en los últimos 15 años. Después se verá si la empresa sigue como tal o debe terminarse. Esta decisión es muy importante. Ciertamente, no se van a despilfarrar esos recursos, ya que por primera vez se está controlando y acotando lo que se hará. La Cámara de Diputados podrá supervigilar el monto y el destino de los aportes de acuerdo con la misma glosa del Ejecutivo. Por lo tanto, hay un cambio muy importante en lo que está ocurriendo en Enacar.

Podríamos aplicar sólo esos recursos y no realizar otro aporte, pero esto generaría un problema extensamente discutido y detallado por el Ministro de Corfo y por la gente que conoce la realidad, ya que parte del fracaso del programa de reconversión deriva de la gente que hoy recibe una remuneración y no hace nada, y por lo tanto, está creando un problema social adicional. En Lota, la drogadicción, el alcoholismo y otros problemas sociales son más graves que antes, porque hay gente que recibe sueldo sin hacer nada.

Por eso, es razonable lo planteado por el Gobierno, que considero un compromiso: habrá una propuesta, si fracasan las prospecciones, para ver cómo cerrar y dar trabajo a la gente de Enacar. En ese sentido es cierto que se trata de un aporte muy cuantioso, pero con un compromiso muy delimitado para que se resuelva no sólo el problema social, sino que el financiero de la empresa. Por ello, considero razonable aprobar lo que se nos ha propuesto.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rocha.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, deseo expresar mi profunda desazón, mi dolor, por escuchar en la Cámara a parlamentarios, que a veces proyectan una imagen de sensibilidad social, hacer una burla tan sangrienta a los mineros del carbón.

No me vengan a decir que por razones de técnica presupuestaria se va a rebajar una partida a 10 mil pesos; entre 10 mil y 12 mil 500 millones hay una distancia demasiado grande, que pudo señalarse para decir cuánto se quería aportar a los mineros del carbón en esta oportunidad.

Creo que la indicación firmada por los Diputados señores Orpis y José García y por los Senadores señores Piñera y Larraín ha quedado grabada en la mente de la gente de la zona del carbón.

En efecto, la actividad del carbón vive momentos difíciles, y por esa razón existe el compromiso entre los trabajadores, la empresa y las autoridades de Gobierno de que, por última vez, los mineros van a recibir este aporte en base a proyectos bien delimitados y señalados. Incluso, el propio Gobierno sugirió en su oportunidad la posibilidad, si los análisis e informes trimestrales que se entregarán a la Cámara de Diputados no demuestran la viabilidad de este proyecto, sencillamente de cerrar las minas de carbón; pero la Comisión eliminó este inciso, lo que no significa extinción del compromiso.

La demanda del carbón en Chile va a tener un aumento muy importante. En el 2002 se supone que de 3,4 millones de toneladas subirá a 5.75 millones, lo cual significa que el país no puede, por motivo alguno, depender de las importaciones actuales, que en caso alguno serán suficientes para abastecer el mercado de este material.

Chile no puede vivir condicionado al mercado extranjero, porque estaríamos en una situación de dependencia muy peligrosa.

Por eso, quiero destacar un hecho ocurrido en el Gobierno anterior, cuando la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados viajó a la zona del carbón. Recuerdo con claridad que al salir de los yacimientos de Lota, después de haber conocido los frentes convencionales y visto las condiciones en que se desarrollaba el trabajo en las minas, los Diputados de todos los partidos políticos, unánimemente, señalaron que iban a apoyar las medidas que se presentaran en beneficio de los mineros. Y digo con mucho orgullo que los señores Diputados cumplieron e hicieron posible la ley del subsidio al carbón, gracias a eso, hemos podido también dar viabilidad a esta actividad y el aporte a través del presupuesto de la nación significa una gran ayuda. En ese escenario, se esperan flujos operacionales de equilibrio para el tercer o cuarto año de desarrollo de un proyecto de reestructuración en Lota, siempre y cuando existan frentes susceptibles de explotación, porque en la mina de Lota se sacó carbón, pero se hizo desarrollo. Para que una reserva sea tal, debe ser conocida, dimensionada y analizadas sus posibles fallas. Por lo tanto, la mina deberá mantenerse mientras no existan otras fuentes de trabajo.

En el caso de Curanilahue, la solución está en la explotación del nuevo yacimiento “La Cholita”, que dará ocupación al 80 por ciento de la dotación de la mina que se explota actualmente. En Lebu también se enfrenta un grave problema social.

Por esta razón, confío en que un reestudio de la situación por parte de los señores parlamentarios de la Oposición porque, repito, esto es una burla sangrienta para los mineros del carbón nos permita eliminar esa indicación y aprobar el aporte de 12.500 millones de pesos que ha sugerido el Gobierno.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra la honorable Diputada señora Martita Wörner.

La señora WÖRNER.-

Señor Presidente, durante mucho tiempo se han escuchado en este hemiciclo las críticas y observaciones de los sectores que han perseguido el cierre de las minas de carbón, desde una dimensión y un punto de vista netamente economicista.

Es cierto que durante las últimas dos décadas ha existido importante inversión en el sector, pero es claro y hay que decirlo responsablemente que todos los aportes anteriores se hicieron carentes de planificación, sin ninguna posibilidad de hacer viable esta explotación. Hubo mala inversión en relación con la reconversión laboral y toda planificación de inversión fue impuesta, con absoluta independencia y falta de participación de los trabajadores y de los técnicos locales.

Hoy, el Gobierno tiene un compromiso con la región, cual es acercar la explotación a los parámetros de crecimiento, desarrollo y modernidad alcanzados en otras regiones del país. Para eso es estrictamente necesario provocar cambios sustanciales en la explotación carbonífera de la Octava Región.

Cuando hablamos de las minas de carbón, nos referimos principalmente a tres comunas: Lota, Curanilahue y Lebu, que tienen cerca de 150 mil habitantes, las cuales, por décadas e históricamente, han dependido sólo de esta actividad productiva. No es posible visualizar futuro en esas comunas si no es desde un punto de vista global y buscando la forma de producir la reconversión integral que permita que las nuevas generaciones de la región tengan otros horizontes que no consistan, única y exclusivamente, en tener que bajar a las minas.

Hoy, con el programa "Enacar 2001", el directorio y la dirección gerencial de la empresa han presentado, por primera vez, un programa viable, un proyecto técnicamente evaluado y apoyado por quienes conocen la explotación del carbón en esa región, que tiene características particulares. Indudablemente es una apuesta cierta, porque tiene comprometidos a los dirigentes, a los directivos y a los trabajadores. El Gobierno, cuya responsabilidad es considerable, está buscando las medidas para recuperar esa región para el proceso económico del país.

Quien estuvo hace pocos años en esta zona y viaja ahora, ve que el rostro de la región está cambiando, porque si bien es cierto que parte de la gran inversión de los últimos años fue mal hecha, ello dice relación sólo con la reconversión laboral, ya que no hubo buena planificación ni buen estudio; pero, indudablemente, la región está mejorando en su infraestructura y en sus condiciones generales, lo cual está permitiendo que nuevos empresarios y actividades busquen allí posibilidades de dar trabajo cierto, seguro y bien remunerado a las nuevas generaciones.

Como parlamentarios de la región, no estamos exentos de las críticas que pueden hacerse sobre las inversiones de los últimos tiempos, pero no cabe duda de que si la Comisión hoy ha resuelto prestar su aprobación a la inversión propuesta es porque ella tiene un respaldo técnico y parámetros objetivos que la hacen viable, lo que significa, en definitiva, que la modernidad también llegará a esa región.

Debo decir que los trabajadores son precisamente quienes más apoyo prestan en este momento a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, porque ellos reclaman transparencia en la inversión y una fiscalización regular, de tal suerte que los recursos que la Cámara aprobará se destinen precisamente a lo planificado en un momento determinado. Por lo tanto, insisten en que estos parámetros de medición se haga oportuna y eficientemente para que su esfuerzo y sacrificio, como trabajadores, tenga frutos en toda la región.

No quiero ahondar ni abusar del tiempo, sino limitarme a la disponibilidad de cada parlamentario. Por consiguiente, pido a la Honorable Cámara mirar con otra visión lo que ocurre en la región que represento; que verdaderamente tenga conciencia de que cuando se trata de la destinación de estos recursos no estamos hablando de cifras frías e impersonales, sino de la vida y de la cotidianeidad de hombres, mujeres y jóvenes que, durante muchas décadas por no decir históricamente han sido postergados, y que hoy esperan tener otro destino y un futuro con igualdad de oportunidades, como en otras regiones del país.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, tengo apenas cinco minutos para dar a conocer las razones que fundamenten votar a favor esta glosa y, en particular, la asignación de 12.586 millones de pesos a la Empresa Nacional del Carbón, Enacar. Pido a la Cámara que sólo tenga presente una consideración: esto es producto de un trabajo hecho técnicamente por los trabajadores. Por vez primera, como ya se ha sostenido, existe una posición técnica razonada y fundada de parte de ellos, que piden esta oportunidad, teniendo claro que existirán los controles necesarios para que no se dilapiden los recursos de Enacar, como anteriormente ocurrió. Eso es bueno precisarlo.

En esta ocasión, estamos apostando en esta Cámara nada más y nada menos que a creer en la oportunidad que nos piden los trabajadores y en sus dotes técnicas. Esto es, y no otra cosa, lo que en esta ocasión debemos sancionar, y pido que se haga favorablemente.

Si coloco esta decisión a la luz de las frías cifras que muchas veces manejan los economistas, sé que nuestra posición no resulta del todo fuerte, pero insisto, más que citar cifras, estamos hablando de apostar a los trabajadores, desde el punto de vista de la elaboración de un razonado y fundado proyecto técnico, el cual, como pocas veces se ha visto, ha contado con el respaldo de todos los dirigentes sindicales.

Quiero agregar algo muy importante: el presidente de la UDI, Jovino Novoa, visitó Lota, estuvo con los dirigentes sindicales, quienes se comprometieron a hacer un trabajo muy serio y honesto respecto de esta última oportunidad que Enacar se merece, no por sus administraciones, sino por lo que representan sus propios trabajadores y los sectores sociales a los cuales se está afectando.

Termino señalando y pidiendo respaldo para los 12.500 millones de pesos que la autoridad económica ha decidido someter a la aprobación de la Cámara, para entregarlos a una empresa cuyos trabajadores, por primera vez, han dicho algo.

También anuncio los votos favorables de los Diputados señores Víctor Pérez y Moreira.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Antes de ofrecer la palabra a los Diputados señores Leay, Jürgensen y Ortiz, inscritos en ese orden, solicito el acuerdo de la Sala para terminar las inscripciones con ellos.

Acordado.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, pido la palabra para hacer una consulta reglamentaria.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, me pareció escuchar que harían uso de la palabra sólo cinco señores Diputados. ¿Hay un acuerdo al respecto?

El señor SOTA (Presidente).-

Señor Diputado, no es cuestión de acuerdo, sino de ceñirse al Reglamento, siempre y cuando algún señor Jefe de Comité no pida la clausura del debate, cosa que no ha sucedido.

Tengo el mayor interés en que, con ocasión de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, todos los señores Diputados puedan emitir sus opiniones sobre temas que les interesen, como el del carbón.

El señor ROCHA.-

Gracias, señor Presidente.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Leay.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, el tema del carbón ha sido ampliamente debatido en este hemiciclo, y muchas de las argumentaciones expresadas hoy no son nuevas.

Lo que sí es nuevo son algunos juicios que han entregado Diputados de Gobierno, en el sentido de que quienes se han opuesto a otorgar estos recursos lo han hecho en contra de los trabajadores. En realidad, en atención a los antecedentes que se manejan, el dilema que presentan es falso, significa tergiversar los hechos y faltar a la verdad.

¿Por qué digo esto? Porque en esta misma Sala las bancadas de Gobierno y de Oposición han estado en una posición de permanente apoyo a los subsidios en favor de los trabajadores del carbón, en particular de la Octava Región.

Sin embargo, no se ha tocado un asunto muy importante: como Oposición, trabajamos en el subsidio al carbón, en los planes de reconversión laboral de los trabajadores del sector y en solucionar el problema social que ellos presentaron a la Cámara. En los últimos dos años y medio, hasta lo que va corrido de 1994, hemos entregado cerca de 150 millones de dólares al carbón. Pero nos equivocamos en una sola cosa: confiamos en la empresa y en el Estado. Esos 150 millones de dólares no llegaron a los trabajadores. Esa verdad tenemos que decirla en este hemiciclo.

No me parece justo ni serio que hoy vengan parlamentarios a señalar que no tenemos sentido social ni nos preocupamos del problema de los trabajadores. Creo que ustedes, el Gobierno de la Concertación, deben dar respuesta y explicación a los trabajadores del carbón acerca de dónde están los 150 millones de dólares que no han recibido; explicar por qué, con los cursos de capacitación que se impartió a los trabajadores, hay un Curanilahue lleno de peluqueros. Eso es falta de seriedad y de responsabilidad social; eso es lo que ha demostrado el Gobierno de la Concertación con los programas que ha propuesto.

Se ha tomado el pelo a los trabajadores y se ha hecho demagogia con ellos. Eso hay que decirlo. No me parece serio que los Diputados vengan a representarnos el sentido social que debemos tener, porque lo tuvimos y fuimos responsables en aquello.

El señor ELGUETA.-

¿Y qué pasó en los 17 años de su gobierno?

El señor LEAY.-

Sigue con los 17 años. Veamos el presente. Los problemas de los trabajadores del carbón son de hoy.

El señor SOTA (Presidente).-

Diputado señor Leay, le ruego dirigirse a la Mesa y no aceptar interrupciones.

El señor LEAY.-

Entonces, señor Presidente, le ruego que haga callar al Diputado Elgueta.

El señor SOTA (Presidente).-

Diputado señor Elgueta, le ruego no interrumpir.

El señor LEAY.-

Si el Gobierno nos propone estos recursos para Enacar y los sustenta desde una perspectiva de apoyo social a los trabajadores del carbón, estoy absolutamente dispuesto a apoyarlos. Consideraría serio que, desde cierto punto de vista, me dijeran: "Miren, estamos elaborando en forma paralela un programa de reconversión de verdad no de engaño como el que hubo; estamos implementando futuras instalaciones de empresas u otros elementos que permitan levantar dicha provincia ofrecer alternativas de trabajo a los trabajadores; y dennos un plazo para poner eso en marcha." En verdad, aprobaría con gusto la iniciativa de los años 95, 96, 97, hasta cuando estimemos necesario evaluar que eso esté en marcha.

Me gustaría conocer un compromiso de las autoridades de Gobierno, y no que nos digan: “Miren, si de aquí a tal fecha evaluamos y si no ha dado resultados, cerramos”, porque tampoco se puede cerrar. Si me manifiestan eso, entonces, ¿dónde está el problema social que les interesa? Lo que debemos resolver es el problema social que hoy existe en la zona del carbón de la Octava Región, lo cual se soluciona únicamente con un plan de reconversión. No he escuchado a la autoridad ofrecer ningún plan de reconversión, ni decir los años que durará, ni que con él terminará el problema.

No me parece serio que hoy me digan: "El carbón de la Octava Región es viable y lo vamos a mecanizar y a hacer rentable", porque eso no es verdad. Distintas autoridades, de diferentes gobiernos y de diversos signos han jugado a esa tesis y han fracasado, lo cual le ha significado al país un costo cercano a los 600 millones de dólares. Quienes siguen planteando dicha disyuntiva están engañando a los trabajadores; no les están dando a conocer la verdad.

En la medida en que tenga una respuesta seria a la consulta que he planteado, estaría dispuesto a votar en favor de la entrega de recursos, siempre y cuando haya un plazo, vaya acompañado de un plan de reconversión y beneficie verdaderamente a los trabajadores, porque eso no ha ocurrido hasta la fecha.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jürgensen.

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente, Catamutum es una empresa del carbón de la décima Región que jamás ha recibido subsidio ni apoyo financiero del Estado, sino que, por el contrario, se ha visto fuertemente perjudicada. En efecto, con el apoyo del Gobierno, Enacar ha podido desplazar a Catamutum de varios mercados, deprimiendo el nivel de precios más allá de lo necesario para enfrentar al carbón importado. De la misma manera, ha desplazado a Cocar en licitaciones recientemente realizadas por Codelco.

Lo anterior constituye un claro caso de competencia desleal que impide a la actividad privada de la Décima y de la Undécima Regiones realizar las inversiones necesarias para mantenerse ni mucho menos crecer. Lo paradójico es que el apoyo a Enacar se fundamenta en la necesidad de proteger las fuentes de trabajo de su personal. No obstante, ello está causando problemas de la misma naturaleza en el sector privado. Catamutum produjo 200 mil toneladas en 1993, generando empleo a más de 500 personas; en 1994, debió reducir su producción y, en gran medida, también su fuerza de trabajo en más del 35 por ciento. El impacto del cierre de Catamutum en la provincia de Valdivia, en la comuna de La Unión, en la Décima Región, puede llegar a ser proporcionalmente tan dramático como la situación actual de la Octava Región.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Finalmente, tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, mi espíritu era no intervenir, pero como lo han hecho algunos Diputados de la provincia de Concepción, no me puedo quedar callado ante algunas de sus argumentaciones.

Es muy poco serio plantear exclusivamente una evaluación de los dos gobiernos de la Concertación en relación con el carbón. Quiero recordar que, desde hace prácticamente 40 años, el carbón producido en la Octava Región ha sido subsidiado. En especial, quiero recordar dos cifras: una, que en casi 17 años fue subvencionado en alrededor de 480 millones de dólares; es decir, el régimen de la época compró la “tranquilidad” dentro del carbón, proyecto que los señores Diputados de la zona lo han comentado con lujo y detalles.

También me llama mucho la atención la forma como se vendieron todos los bosques en la provincia de Arauco, lo que no ocurrió en ninguno de los dos gobiernos de la Concertación.

Expreso esto, porque son temas relevantes en la conducción económica del carbón.

Deseo recordar que las ciudades de Lebu, Curanilahue y Lota son muy importantes en el destino del carbón. En algunas, el 75 por ciento de los jefes de hogar tienen relación directa con esta fuente de trabajo. En el caso de Lota, alcanza a más del 50 por ciento.

Estoy convencido de que en los cuatro años de gobierno del ex Presidente Aylwin se dieron muchos pasos hacia adelante, en forma seria, conversando con los dirigentes sindicales, con los trabajadores, lo que significó la promulgación de las leyes que los beneficiaron, especialmente la jubilación anticipada y el subsidio del carbón.

Por ello, votaré favorablemente esta partida, porque significa que este Gobierno está preocupado, en forma seria y responsable, de los trabajadores, para buscar una solución definitiva al mercado y a las futuras generaciones de esa zona.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Corresponde votar la indicación formulada por los Diputados señores Orpis y García a la partida N° 07, Economía, Fomento y Reconstrucción, que tiene que ver con el ítem 001, Empresa Nacional del Carbón, para reducirla de 12.586 millones de pesos a 10 mil pesos.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 41 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, pido la palabra sobre un asunto de Reglamento.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PALMA (don Andrés).-

El Diputado señor Sabag aparece votando, en circunstancias de que no está en la Sala.

El señor ELIZALDE.-

Mi voto está registrado en forma equivocada.

El señor SOTA (Presidente).-

Yo tampoco alcancé a votar.

Se va a repetir la votación.

Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 1 abstención.

El señor SOTA (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Bombal, Cardemil, Coloma, Cristi (doña María Angélica), Chadwick, Errázuriz, Galilea, Jürgensen, Karelovic, Leay, Matthei (doña Evelyn), Melero, Orpis, Pérez (don Ramón), Rodríguez, Sota y Taladriz.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Ceroni, Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Gajardo, García (don René Manuel), González, Gutiérrez, Hernández, Jara, Jocelyn-Holt, Latorre, León, Letelier, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Montes, Morales, Moreira, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Víctor), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Salas, Silva, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Venegas, Viera-Gallo, Villouta y Wörner (doña Martita).

Se abstuvo el Diputado señor Alvarez-Salamanca.

El señor SOTA (Presidente).-

En votación la partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Durante la votación:

El señor ORPIS.-

Pido división de la votación en esta partida.

El señor SOTA (Presidente).-

Estamos en votación, señor Diputado.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 12 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Ceroni, Dupré, Elgueta, Estévez, Gajardo, García (don René Manuel), González, Gutiérrez, Hernández, Jara, Jocelyn-Holt, Latorre, León, Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Montes, Morales, Moreira, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma (don Joaquín), Palma (don Andrés), Pérez (don Víctor), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Silva, Sota, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker y Wörner (doña Martita).

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, Errázuriz, Karelovic y Leay.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Cardemil, Coloma, Cristi (doña María Angélica), Chadwick, Galilea, Jürgensen, Melero, Orpis, Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Rodríguez y Taladriz.

El señor SOTA (Presidente).-

Antes de proseguir con la discusión de la partida 08, quiero hacer presente que si seguimos interviniendo al ritmo de cinco minutos por cada Diputado, tomaremos 400 minutos en este debate, es decir, seis horas y treinta y seis minutos.

Voy a proceder a inscribir a los señores Diputados que deseen hablar. Si ningún Comité pide la clausura del debate, tendríamos que seguir con las inscripciones.

Ruego a los señores Diputados jefes de Comités hacer las observaciones que correspondan.

El señor PALMA (don Andrés).-

Pido la palabra.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, puedo estar equivocado, pero entendí que los acuerdos de los Comités, adoptados al término de la sesión de ayer, señalaban que esta sesión tiene hora de término.

El señor SOTA (Presidente).-

Exactamente. Así es.

El señor PALMA (don Andrés).-

Y que si se llegaba a la hora de término sin haber terminado el debate, se iba a proceder a votar las partidas sin discusión.

El señor SOTA (Presidente).-

Es así, señor Diputado.

El señor GALILEA.-

Pido la palabra.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GALILEA.-

Señor Presidente, el acuerdo fue que la hora de término era a las 14 horas, pero que, a petición de dos Comités, ésta se debía prorrogar por una hora más.

El señor SOTA (Presidente).-

Ese es el acuerdo.

La observación que estaba haciendo es sólo para el caso de que siguiéramos procediendo como hasta ahora, pero tenemos la cortapisa de ese acuerdo, que es válido absolutamente.

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, asunto de Reglamento.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, entiendo que el acuerdo fija el término de la sesión, pero no la votación.

El señor SOTA (Presidente).-

Sí, señor Diputado.

El señor BARTOLUCCI.-

De manera que si se termina la sesión, seguiremos debatiendo después.

El señor SOTA (Presidente).-

No.

A petición mía, los Comités acordaron despachar hoy el proyecto, en lo posible a las 14 horas. Si no, a solicitud de dos Comités, el tiempo se prorrogará, como máximo en una hora. De manera que a las 15, a más tardar, debe quedar despachado el proyecto.

Ese es el acuerdo de los Comités, señor Diputado.

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, de ser así, varios Diputados quedaremos sin intervenir en un proyecto de tanta importancia, a pesar de tener opinión que emitir. Los Comités toman decisiones que nos impiden opinar; en fin, no nos queda otra posibilidad que acatarlos, pero debo dejar constancia de esta situación.

El señor SOTA (Presidente).-

Quisiera preguntarle al señor Diputado, sin entrar en discusión, si ha sido Comité alguna vez y si le han hecho los mismos reclamos.

El señor BARTOLUCCI.-

No vale la pena responder la pregunta.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rodríguez, sobre la partida N° 08, Ministerio de Hacienda.

El señor RODRÍGUEZ.-

Señor Presidente, si bien es cierto que el objeto de esta convocatoria es tratar el proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno con visión de país, no lo es menos que tampoco podemos abstraemos del hecho de que representamos en el Congreso Nacional a zonas bien determinadas y definidas.

En mi caso personal, me corresponde representar a Aconcagua que, por decirlo moderadamente, no ha recibido los beneficios que tenía la esperanza de obtener para 1995.

En Aconcagua se sitúa la comuna de Los Andes, llamada por muchos el primer puerto terrestre de Chile, por encontrarse ubicada en un supuesto lugar de privilegio para recibir todo el tránsito de turistas y mercaderías provenientes de los países ubicados al otro lado de la cordillera. Sin embargo, Los Andes no posee más allá que ese honorífico título, pues sus instalaciones aduaneras distan mucho de tener esta categoría.

Menciono el tema en esta partida para que después no se me diga que estoy en partidas equivocadas, porque el Ministro de Obras Públicas, en una visita que realizó al recinto aduanero de Los Andes, señaló que haría lo que aduana le instruyera.

Es preciso que esta Sala conozca, al igual que el Ministro de Hacienda, de quien depende la Dirección Nacional de Aduanas, que la Aduana de Los Andes es la tercera que por este concepto aporta recursos a la nación; pero que, contrariamente a su aporte, posee instalaciones que la ubican, a no dudarlo, en el último lugar.

Los propietarios y choferes de camiones, que en forma creciente llegan desde Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera, se quejan a diario de las nulas condiciones de la Aduana y del servicio que presta, ya que en el lugar ni siquiera cuentan con servicios higiénicos.

Por su parte, los habitantes de la ciudad y de la provincia siguen sufriendo las consecuencias de la falta de decisión gubernamental al no dar inicio a los trabajos del nuevo complejo aduanero y al tener que soportar el intenso tráfico de grandes y pesados camiones que se ven obligados a deambular de un lugar a otro dentro de la ciudad para cumplir con los requisitos de revisión que la ley y el reglamento les exigen. No exagero al señalar que durante muchas horas del día la ciudad es un caos total.

A lo anterior hay que agregar que el actual recinto, ubicado a escasas cuatro cuadras de la Plaza de Armas de la ciudad, no está pavimentado. Es más, ni siquiera posee una mínima capa asfáltica, lo que, como es fácil concluir, a causa del polvo que levantan los camiones, genera una seria contaminación ambiental.

De todo lo señalado pueden dar fe numerosas autoridades y delegaciones que han visitado el lugar, partiendo por el propio ex Presidente de la República, don Patricio Aylwin, quien, en medio del entusiasmo de la celebración de bicentenario de la ciudad, hace tres años anunció ante los vecinos de Los Andes el compromiso de su gobierno de construir el nuevo complejo aduanero de Los Andes, que solucionará los problemas que hoy aquejan a la ciudad y que, a la vez, respondiese al desafío que se ha impuesto Chile al querer transformarse en la puerta del Pacífico.

Han pasado tres años desde esa promesa y cinco desde el inicio del Gobierno de la Concertación. Concluyó el Gobierno del señor Aylwin y aún estamos con el mismo problema, claro que esta vez aumentado debido al crecimiento del flujo de vehículos de carga que llegan hasta el lugar.

¿Qué pasa, señor Ministro de Hacienda? ¿No hay fondos para hacerlo, no hay voluntad o no hay eficiencia para concretar este proyecto que no sólo lo necesita Los Andes sino también el país entero?

Fondos, por lo visto, hay. En el Presupuesto para 1994 quedaron consignados 250 millones de pesos para adquirir el terreno donde se instalaría la nueva aduana. Pero hasta aquí no ha pasado absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo más deberemos esperar? Excusas y explicaciones puede haber muchas, pero hasta aquí el resultado es cero.

Hemos recurrido a todas las formas para sensibilizar al Gobierno con nuestro problema. En la Cámara hemos aprobado proyectos de acuerdo en este mismo sentido, propuestos por la Comisión de Desarrollo de la Quinta Región, que visitó el lugar, y planteado nuestras necesidades en distintos niveles gubernamentales, incluyendo, por cierto, al Presidente Frei. Incluso, los vecinos reunieron más de 15 mil firmas para hacerlas llegar al Presidente de la República con igual propósito, pero hasta ahora no pasa nada.

Nos va quedando una sola alternativa para intentar sensibilizar al Gobierno: paralizar la ciudad e impedir el paso de vehículos en la carretera internacional que une Los Andes con Mendoza.

Pregunto: ¿Deben los vecinos, en su desesperación, llegar a tomar esa decisión? ¿Es que acaso el Gobierno sólo responde a medidas de presión, como ya más de alguien lo ha dicho? Sinceramente, guardo la secreta esperanza de que ello no sea así y que luego de esta sesión el Gobierno agilice, de una vez por todas, la construcción del nuevo recinto aduanero Los Andes.

Por lo pronto, a modo de representar mi protesta personal y la de los vecinos de la provincia de Los Andes, voy a votar en contra d esta partida.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, en la asignación 002 se contemplan recursos para el Cuerpo de Bomberos. Antes de iniciar la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, se hizo llegar a todos los señores parlamentarios el plan elaborado por esta institución y los recursos que solicitaba en función de éste.

El proyecto contempla 1.970 millones de pesos y ellos solicitaron 2.700 millones, y en moneda extranjera, 3,5 millones de dólares contra 6 millones que pide Bomberos. Los fondos requeridos apuntan a renovar el material rodante y a mejorar la infraestructura a lo largo del país.

Hace poco tiempo, la Cámara aprobó un proyecto de acuerdo, tengo entendido que por unanimidad, con el objeto de aumentar el presupuesto de Bomberos. Creo que si hay una institución nacional que necesita mayor cantidad de recursos respecto de lo cual no sólo existe consenso en el Parlamento, sino también a nivel nacional, ésa es Bomberos.

Por eso, incluso al interior de la Subcomisión, esta asignación quedó pendiente para ser resuelta en la Comisión Mixta.

Se solicitó al Gobierno el incremento de los aportes que actualmente están destinados a la institución. Lamentablemente, hasta este minuto, no ha existido respuesta favorable a esa petición.

Sin embargo, nos extraña que existiendo aumento en otras partidas que muchas veces son más discutibles que las relacionadas con Bomberos, y otras instituciones que en el transcurso de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos han incrementado sus recursos, como, por ejemplo, los teatros municipales, no se pueda aplicar el mismo criterio respecto de los Bomberos, si hay una institución que se lo merece y lo necesita es la de los Cuerpos de Bomberos.

Queremos renovar esta solicitud en espera de que se pueda hacer algo, por lo menos, antes de que termine la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos. De lo contrario, nos vamos a abstener respecto de esta partida, porque creemos que es un tema tremendamente sensible, y no queremos que los bomberos, para conseguir recursos, sigan mendigando en las calles.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, muy breve, porque lo expresado por el Diputado señor Orpis pone de manifiesto algo que ha sido materia de un acuerdo de esta Corporación y resuelto también en forma unánime en la Subcomisión correspondiente. Incluso allí se le solicitó al Ejecutivo que en el curso del próximo año se estudiará algún mecanismo, más regular y estable, para el financiamiento de las esenciales tareas que realiza el Cuerpo de Bomberos.

No es posible que dentro de sus grandes necesidades tenga que seguir dependiendo anualmente de los aportes que el Fisco esté en condiciones de realizar, en circunstancias de que se pueden explorar otras posibilidades. Así se hizo tentativamente en la Subcomisión de Presupuestos N° 1, buscando algunas formas alternativas de financiamiento más estables.

Por lo tanto, reitero que éste fue el acuerdo unánime de la Subcomisión.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Villouta.

El señor VILLOUTA.-

Señor Presidente, quiero reafirmar los conceptos expresados hasta el momento en relación con la solicitud planteada por la directiva nacional de Bomberos de Chile.

Todos tenemos experiencias en las comunas de nuestros distritos, especialmente en las de la Novena Región, en el sentido de que varias compañías de bomberos han imple mentado equipos especiales de rescate para el caso de accidentes de tránsito.

Lamentablemente, la Novena Región ocupa uno de los primeros lugares en el alto número de accidentes que se producen en el país, y lo más probable es que, por ejemplo, las comunas de Collipulli y Angol no tengan recursos para adquirir tales equipos.

Por su intermedio, señor Presidente, le pediría al señor Ministro de Hacienda corroborando la aceptación y el criterio de las ideas que aquí se han expresado y nuestra opinión generalizada, ratificada en los proyectos de acuerdo presentados que el Gobierno estudie, antes del término del análisis del proyecto de Ley de Presupuestos, ampliar alguna de las partidas, preferentemente una expresada en dólares, de tal manera que las compañías de bomberos de Chile puedan concretar esta idea, que hasta hace pocos años no desarrollaban, pero que es muy efectiva y cuenta con el reconocimiento de la ciudadanía.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, sobre este mismo tema quiero consultar al señor Director de Presupuestos y señalar que en los últimos 12 años se han mantenido en el Presupuesto de la Nación, en moneda dólar, los 3,5 millones que se le otorgaban a Bomberos de Chile. En moneda constante, su presupuesto ha disminuido en 50 por ciento, no obstante los reajustes que se han ido otorgando, que en algunos casos han correspondido al IPC.

Sabido es que en la actualidad el problema de edificación en altura, más la complejidad del desarrollo, van planteando exigencias para los cuerpos de bomberos del país, que son tremendamente imposibles de resolver, dado el exiguo presupuesto con que cuenta, de lo cual hay conciencia, como aquí se ha dicho.

Señor Presidente, por su intermedio quiero solicitar formalmente al señor Director de Presupuestos que si puede, nos señale cuál es la voluntad que existiría para abordar este tema. Al comienzo de la sesión se nos dijo, y Su Señoría lo celebraba, que el Gobierno concederá mayor presupuesto al Congreso para resolver sus problemas de asesoría, lo que parece interesante. También hemos visto que ha habido voluntad, como lo recordó el Diputado señor Orpis, para resolver los temas de cultura, implementándose las partidas para así resolverlos a lo largo del país en mejor forma de la que venía propuesta en el proyecto.

Entonces, si existen esas manifestaciones del Ejecutivo en cuanto a modificar las partidas en estas glosas específicas, quiero saber, de labios del señor Director de Presupuestos, cuál es verdaderamente la voluntad política para abordar el tema de los Bomberos.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar una información general respecto de cuál ha sido la evolución de los aportes a Bomberos en el curso de estos años. En el Presupuesto que se está examinando se propone un aporte, en pesos, de 1.859 millones. La cifra comparable, con el mismo poder adquisitivo, para el año 1990, fue de 1.090 millones. Por lo tanto, ha habido un aumento gradual cercano a los 800 millones de pesos en estos años, a través de los recursos para reparación de cuarteles, ayudas extraordinarias, y el aporte general.

Sin perjuicio de lo anterior, y acogiendo lo que la enorme mayoría, prácticamente la unanimidad de los parlamentarios presentes, ha hecho ver sobre las necesidades de esta institución, el Ejecutivo va a presentar una indicación durante el trámite del proyecto para elevar el aporte total a Bomberos a 2.000 millones de pesos, con lo cual prácticamente se habrá duplicado lo que recibían hace 4 ó 5 años.

Gracias, señor Presidente.

El señor SOTA (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, junto con agradecer al señor Director de Presupuestos que nos manifieste esta voluntad, dejamos consignado claramente que estamos hablando de una cifra de 150 millones; porque impresiona mucho cuando se dice 2.000 millones, pero en términos de lo propuesto significan 12 millones de pesos repartidos a todos los cuerpos de bomberos del país, lo que es bastante poco. Ojalá pudiese ampliarse más el criterio, o bien operar en la forma en que se hizo respecto del tema cultural en donde se duplicaron los presupuestos. Sabemos que existen recursos y creemos que la voluntad manifestada en esta Cámara hacia los Bomberos debiera ser mucho más amplia de la que viene planteada en el proyecto.

Señor Presidente, por su intermedio concedo las interrupciones que me han solicitado los Diputados señores Orpis y Balbontín.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis, con cargo al tiempo del Diputado señor Bombal. Le queda un minuto.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, agradezco el gesto del Director de Presupuestos, pero ocurre que Bomberos presentó un plan a cada uno de los parlamentarios, en el cual solicitan 2.700 millones de pesos, que están absolutamente justificados. Solo se ha conseguido un incremento, bastante pequeño, en moneda nacional; pero uno de los aspectos importantes para que puedan renovar el material rodante es el aporte en moneda extranjera, que no ha experimentado cambio alguno, y se les otorgan 3,5 millones de dólares, en circunstancias de que ellos solicitan 6 millones de dólares.

Dados los incrementos que han experimentado otras partidas, éste es un aumento simbólico, y debería estudiarse la forma de entregarles no sólo 150 millones de pesos más, sino que, ojalá, una cifra cercana a la solicitada por ellos, que está absolutamente justificada en el documento entregado a los parlamentarios. Por lo demás, existe acuerdo unánime de la Sala para aumentarles el presupuesto.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Balbontín. Restan sólo 30 segundos.

El señor BALBONTÍN.-

Señor Presidente, sólo para recalcar que el presupuesto de Bomberos se ha duplicado en cuatro años.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, quiero aprovechar la buena disposición que han encontrado en el director de Presupuestos los Diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, para reiterar un acuerdo unánime de la Cámara de Diputados, que solicitaba a Su Excelencia el Presidente de la República incorporar una indicación en el proyecto de Ley de Presupuestos que permita hacer un aporte al movimiento scout. No es necesario reiterar los argumentos que nos llevaron a aprobar dicho acuerdo por unanimidad, pero debo señalar que no sólo existe nuestro deseo o la voluntad política expresada por la unanimidad de la Cámara de Diputados en este sentido, sino que, además, hay documentos en los cuales el Ejecutivo comprometió su apoyo y su disposición para efectuar en Chile un jamboree mundial que tendrá lugar en los próximos años.

En consecuencia, independientemente de si el Ejecutivo resuelve presentar la indicación por la vía del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Educación o del Tesoro Público, deseo saber si efectivamente piensa incluirla durante la tramitación de este proyecto de ley. Sería interesante conocer la opinión del director de Presupuestos respecto de este punto, pues estoy consciente de que interpreto el sentir de muchos colegas parlamentarios, en particular de quien en este momento me pide una interrupción. Con su venia, señor Presidente, se la concedo al Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor SOTA (Presidente).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Letelier, hasta por tres minutos.

Luego de la intervención de cinco Diputados, se ha solicitado por un Comité la clausura del debate de la discusión particular del proyecto, la que se votará después de la intervención del Diputado señor Letelier.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, quiero sumarme con mucha energía al apoyo de dos instituciones de gran relevancia nacional, una en particular para los jóvenes de este país. Más allá de que se haya duplicado el presupuesto de Bomberos de Chile en cuatro años, pues se encontraban en una situación calamitosa, es necesario incrementar aún más sus recursos por tratarse de una institución que presta una valiosa ayuda a la comunidad.

Sin embargo, mi mayor inquietud se refiere al aporte fiscal a la Asociación de Guías y Scouts. En 1925 se dictó una ley por la cual se les entregaba una subvención directa, pero, por motivos que se desconocen, se dejó de hacerlo, como ya era tradición.

Estoy seguro de que aquí no sólo existe unanimidad, sino convicción de que es importante apoyar a la Asociación de Guías y Scouts no sólo por el compromiso de Estado que asumió el ex Presidente Patricio Aylwin, para que Chile fuera la sede de un jamboree mundial al cual vienen entre 30 y 40 mil jóvenes de todos los rincones del mundo, sino también porque el Congreso está convencido de que no hay un programa educativo informal o extracurricular más importante para nuestros jóvenes que el impulsado por dicha Asociación. Son decenas de miles de niños y jóvenes que se desarrollan creativamente, en forma sana, que se alejan de la droga, que defienden nuestro medio ambiente, pero que hoy requieren de un aporte fiscal para afrontar un compromiso del Estado de Chile con una institución tan importante como la mencionada. Por lo tanto, solicito que el Director de Presupuestos, quien no solamente tiene sensibilidad, sino cercanía con el tema, nos informe sobre las intencionalidades que existen. Digo esto, porque en representación de varios parlamentarios que fuimos scouts, hace catorce días tuve el honor de sostener una entrevista conjuntamente con dirigentes de la Asociación y el Presidente Frei, en la cual él se comprometió a tomar contacto con el Ministro de Hacienda para los efectos de entregar una asignación presupuestaria, la que, por desgracia, no se ha materializado en una indicación del Ejecutivo, pero la esperamos en el trámite del Senado.

Agradezco la interrupción que se me ha concedido.

He dicho.

El señor LATORRE.-

Recupero el uso de la palabra, señor Presidente. Me quedan 30 segundos.

El señor SOTA (Presidente).-

Exactamente 27, señor Diputado.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, varios señores Diputados me solicitaron una interrupción, entre ellos la señora Cristi y los señores García-Huidobro, Elizalde, Ortiz, García; en fin, todos quieren apoyar la iniciativa. Por ello, pido que nuestra solicitud también recoja la inquietud de ellos en este sentido.

Algunos colegas me dicen que sea unánime. Sería bueno que el Director de Presupuestos también la acogiera, ya que, por lo demás, se trata de un compromiso del Gobierno.

He dicho.

El señor BOMBAL.-

Que la de Bomberos también se entienda unánime, señor Presidente.

El señor SOTA (Presidente).-

Clausurado el debate en particular sobre la partida.

En votación la partida 08, Ministerio de Hacienda.

Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 15 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Ascencio, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Ceroni, Cristi (doña María Angélica), Elizalde, Estévez, Gajardo, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jocelyn-Holt, Latorre, León, Letelier (don Juan Pablo), Makluf, Martínez (don Gutenberg), Montes, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Reyes, Sabag, Seguel, Silva, Sota, Venegas, Viera-Gallo y Villouta.

Votaron por la negativa los Diputados señores Moreira y Rodríguez.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados:Álvarez-Salamanca, Bombal, Espina, Ferrada, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Matthei (doña Evelyn), Orpis, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor) y Prochelle (doña Marina).

El señor SOTA (Presidente).-

En discusión la partida 09, Ministerio de Educación.

El señor Secretario va a dar lectura a una indicación del Ejecutivo.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación es de Su Excelencia el Vicepresidente de la República tiene por finalidad modificar, en la partida 09, Ministerio de Educación, lo siguiente:

“Capítulo 30, Educación superior, Programa 01.

“En la glosa 01, letra C), agregar el siguiente párrafo:

“Por aplicación de este mecanismo, a lo menos, 1.271.846.000 de pesos se destinarán para reforzar la infraestructura académica o de gestión de las universidades estatales derivadas de las existentes al 31 de diciembre de 1980.”

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra la honorable Diputada señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, quiero referirme a una situación relacionada con el presupuesto asignado a Educación para 1995.

Dicho presupuesto no fue aumentado en la forma requerida, en relación con los planes o proyectos de modernización de la educación que anunciaron el Presidente Frei y todos sus Ministros.

Creo que si realmente hay voluntad para mejorar la educación del país, sin duda, tiene que ir acompañado de un importante aumento de recursos. Desafortunadamente, eso no se materializó en el presupuesto del próximo año.

En esta misma materia, quiero referirme a la partida relacionada con la subsecretaría y con los fondos destinados al arte y a la cultura.

Previamente, dejo en claro que estoy plenamente de acuerdo en que de los recursos del Estado se destinen fondos para fomentar las expresiones del arte y la cultura, que son muy necesarias. Sin embargo, en esta glosa hay cuatro ítem de la Subsecretaría relacionados con el tema de la cultura, en los cuales, de alguna forma, se repiten o duplican tareas.

Así, por ejemplo, al Fondo para el Desarrollo de las Artes y la Cultura, Fondart, se le aumenta, de alrededor de 1.100 millones de pesos, a 1.360 millones, después, a la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago se le asignan 650 millones de pesos; a la División de Extensión Cultural, más de mil millones de pesos; al Consejo de Calificación Cinematográfica, al Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, alrededor de 844 millones de pesos. Esto da un total de más de 4 mil millones de pesos, que representan casi el 10 por ciento del presupuesto asignado a la Subsecretaría.

Por ejemplo, en el caso del Fondart, en el rubro literatura, existe también otro servicio que presenta simililares objetivos: el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, que en total suma 2.100 millones de pesos.

Lo más grave de este asunto es que, en el caso del Fondart, que tiene por objeto la difusión y el fomento de las artes, hay un problema de asignación de recursos. En primer lugar, creo que han sido mal orientados, a pesar de estar regulado por decreto supremo. Los mayores recursos se destinan a artistas ya consagrados, que los han recibido más de una vez, y no a talentos nuevos. Tengo un listado completo de todos los proyectos del Fondart que puede ser revisado por los señores parlamentarios y me llama especialmente la atención, por ejemplo, que haya muchas productoras audiovisuales, ya consagradas, que perciben bastantes ingresos y obtienen recursos del Fondart.

Por otra parte, la mitad de los recursos se destina a la Región Metropolitana. También podemos apreciar casos puntuales, como el del Centro para el Desarrollo Social de la Cultura de La Palmilla, en que uno de los principales jurados que recurre a estos proyectos fue el que más se benefició.

También es importante y curioso destacar que, ante la polémica suscitada a raíz de la asignación de fondos para la Corporación Cultural de Santiago, se haya llegado a un acuerdo con el Senador Ominami en el sentido de que se aumentaba el presupuesto del Fondart que, como he dicho, me parece poco claro o transparente y mal asignado para que se aprobaran los fondos que se iban a entregar a la Corporación Cultural de Santiago. Creo que eso no es transparente cuando se revisa un presupuesto.

Asimismo, quiero dejar en claro que nunca he estado en desacuerdo con los aportes a la Corporación Cultural de Santiago, pero sí con que se asignaran fondos adicionales, en circunstancias de que los dineros del Fondart no estaban siendo entregados repito en forma transparente.

Pero, si uno compara, por ejemplo, qué significan los fondos de la cultura con otros ítem tan importantes que dependen de la Subsecretaría, es lamentable que, en el caso de la prevención de la drogadicción y el alcoholismo que preocupa a todos los parlamentarios, sólo se asignen 310 millones de pesos.

Pueden compararse también con el fondo que se consulta en el presupuesto de educación, destinado a la Junta de Jardines Infantiles, que alcanza a alrededor de 18 mil millones de pesos. Dicha institución atiende a más de 300 mil niños en el país, donde hay una carencia de atención de más de 800 mil niños, en salas cunas y otros.

El Diputado señor Letelier se refirió a los recursos que se entregaban a la fundación Integra, que atiende a cerca de 50 mil niños.

Creo que si nuestro país está preocupado realmente de la pobreza, si es cierto que el Gobierno tiene intenciones de preocuparse de los más pobres, los niños, especialmente los más necesitados, deben ser atendidos en forma preferente. Creo que también los recursos que se entregan a las Junji podrían ser complementados con apoyo, por ejemplo, a unidades comunitarias o a centros vecinales para la atención de niños.

En resumen, pido que se revise la forma de asignación de recursos para la cultura, de manera que sea transparente y seria, y que cuando tratemos también proyectos sobre materias sociales que afectan la superación de la pobreza en nuestro país, haya más conciencia en la entrega de fondos. Me refiero, en forma especial, a la Junta de Jardines Infantiles. Me sorprende que el Fondo destinado a la ciencia, cuya importancia es indudable tenga un presupuesto superior en dos mil millones de pesos al asignado a la Junta de Jardines Infantiles.

He dicho.

El señor ELIZALDE.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor SOTA (Presidente).-

Debo hacer presente que ya hay cinco señores Diputados inscritos y que algunos Comités han pedido la clausura del debate después de esas cinco intervenciones.

Su nombre es el sexto, Diputado señor Elizalde.

Tiene la palabra el Diputado señor Aguiló.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, en la partida correspondiente al Ministerio de Educación quiero referirme, particularmente, al financiamiento destinado al desarrollo de la cultura y de las artes.

Afortunadamente, existe amplio consenso en nuestra sociedad acerca de la enorme importancia del incentivo a las diversas expresiones artísticas y culturales para un desarrollo más pleno de todos los integrantes de nuestra comunidad.

Del mismo modo, existe un consenso cada vez más nítido en torno al aporte que el Estado debe efectuar para dar impulso a diversas iniciativas en el campo. Se trata de un aporte que amplíe las posibilidades de desarrollo de las iniciativas culturales y artísticas, evitando, ciertamente, toda intromisión en sus contenidos.

En forma paralela a estos consensos, se ha ido generando una gran demanda por democratizar la cultura, es decir, por intentar que llegue a una mayor cantidad de compatriotas que, normalmente, en virtud de su condición económica-social o de su ubicación en el territorio, no acceden de manera espontánea, o a través del mercado, a la manifestación de las diversas expresiones artísticas y culturales.

Por ello, ha sido extraordinariamente importante para Chile que el Congreso Nacional haya creado el Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural, Fondart, y el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura.

La primera de las iniciativas ya lleva cuatro años de existencia y ha permitido que, a lo largo de todo Chile, en todas sus provincias y regiones, puedan surgir proyectos de distintos artistas y exponentes de la cultura que despliegan su iniciativa y creatividad para hacer mucho más amplia, rica y también mucho más democrática la cultura en nuestro país.

Al respecto, quiero referirme a lo señalado por la colega María Angélica Cristi. Por ejemplo, su posición en contra del criterio de que el Fondart pueda financiar proyectos de agentes culturales ya consagrados es perfectamente legítima y se opone a otros criterios, pero en ningún caso legitima o avala la acusación de falta de transparencia. Una cosa es proponer que los fondos del Estado debieran destinarse a expresiones o agentes culturales nuevos, no consagrados, y otra muy distinta es señalar que en ese propósito haya falta de transparencia. Lo primero es una discusión perfectamente pertinente; lo segundo, ciertamente no tiene fundamento alguno.

Están a disposición de todos los señores Diputados los antecedentes que demuestran la forma en que una Comisión de personalidades vinculadas a la cultura distribuye los fondos, a través del concurso de proyectos. Sin embargo a pesar de que estas grandes iniciativas el Fondart y el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura han jugado un papel muy importante en el desarrollo de la vida cultural de Chile en los últimos cuatro o cinco años, los fondos asignados en esta oportunidad son francamente insuficientes.

Desde luego, en la Subcomisión respectiva se evidenció que a estos fondos ni siquiera se les había aplicado el inflactor correspondiente; es decir, ni siquiera se habían reajustado de acuerdo con la estimación del aumento del costo de la vida para el próximo año el 8 ó 9 por ciento que supone el proyecto de Ley de Presupuestos en discusión.

Pero resulta paradójico que una institución particular de cultura, que ciertamente todos valoramos, respetamos y nos congratulamos de que exista, como es el Teatro Municipal, perteneciente a la Corporación Cultural de Santiago, reciba aproximadamente 650 millones de pesos, en circunstancias de que todo el Fondo de Fomento del Libro y la Lectura recibe apenas 844 millones de pesos, y todo el Fondart, para todo el país, 1.360 millones. En realidad, no existe ninguna proporción entre lo que reciben, para el desarrollo y despliegue de iniciativas culturales y artísticas a lo largo de todo Chile, los compatriotas que ponen a disposición de la sociedad su creatividad y esfuerzo, con lo que recibe una sola institución, como la Corporación Cultural de Santiago.

Además, el Teatro Municipal de Santiago, que ha desplegado una actividad quiero dejarlo muy en claro que nos enorgullece a todos los chilenos, tiene otras alternativas de financiamiento. Desde luego, están los fondos con que cuenta la Municipalidad de Santiago a cargo de la cual está la Corporación, ascendentes a más de 30.000 millones de pesos nada más que para iniciativas de desarrollo, en general. Además, existe un público que asiste al Teatro Municipal con ingresos suficientes para pagar los diversos espectáculos y expresiones artísticas que en él se desarrollan.

Señor Presidente, por las razones expuestas, por su intermedio, pido formalmente, en mi nombre y en el de varios otros Diputados con quienes suscribí la indicación correspondiente toda vez que el señor Secretario nos ha aclarado que, a estas alturas, no es posible presentar nuevas indicaciones, la división de la votación en lo relativo a la asignación 011, Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago, para que, en su oportunidad, quienes tenemos un criterio distinto podamos votar en contra de ella.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, la discusión de esta partida es propicia para llamar la atención de los honorables colegas respecto del sistema de financiamiento de la educación superior.

En los últimos cuatro años ha habido una distorsión manifiesta en cuanto a las asignaciones que se están otorgando a las universidades estatales.

El actual endeudamiento de las universidades estatales, según reza un informe de la Contraloría General de la República, es de 35 mil millones de pesos. En deuda directa y de corto plazo, virtualmente podemos hablar de una quiebra en el sistema de financiamiento de la educación superior, que tal vez haya que abordarla con mayor realismo para establecer los debidos resguardos o soluciones; pero sobre una base muy cierta, cual es la de poder entrar como Cámara de Diputados debiéramos hacerlo a una evaluación, a una revisión muy completa de lo que sucede con el financiamiento de la educación superior.

Desde hace mucho tiempo, de cuando integraba la Comisión de Educación, vengo pidiendo analizar esta materia. Por desgracia, la Cámara de Diputados nunca ha podido dedicarse o no ha querido hacerlo a revisar en forma integral el sistema de financiamiento tan distorsionado de la educación superior.

En los últimos cuatro años, la Universidad de chile ha recibido, como aporte complementario, vía Tesoro Público, más de 21 mil millones de pesos. Su rector, siempre que se le representa esta cifra, aduce que ella estaría distorsionada o no responde a la realidad. Ahí está el informe de la Contraloría General que revela esa cantidad y todos los problemas de administración que existen en esa universidad.

Claramente, es una injusticia que una universidad estatal esté recibiendo esa suma y, a la par, las universidades regionales estén solicitando créditos por 20 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo para financiar su crecimiento, extensión e investigación.

Hay 6.417 millones en el Fondo de Desarrollo Institucional de Educación Superior, de los cuales, según indicación presentada por el Ejecutivo y de la que acaba de dar cuenta el señor Secretario, 1.272 millones irían a las universidades derivadas o regionales. Y de los 4 mil millones que quedan, adicionalmente participará la Universidad de Chile también. Entonces el problema radica en que las universidades regionales están muy perjudicadas y, en general, las del Estado están siendo discriminadas con estos aportes.

Reconocemos que se ha conseguido algo: que no se asignen más recursos complementarios con cargo al Tesoro Público bajo cuerda, como los he llamado a la Universidad de Chile. Y esta vez, en una partida especial del presupuesto de la nación se quiere establecer la entrega, en forma complementaria, de 4.605 millones de pesos.

Se da por respuesta a la asignación de estos fondos nacionales que la Universidad estaría quebrada. Si está quebrada la de Chile y las demás estatales, deberíamos abordar el tema; pero no sigamos entregando recursos a instituciones en situación de quiebra.

Debemos tratar el tema de la educación superior, pero no seguir disfrazándolo de esta forma. Creo que sería muy importante por eso llamo la atención de la Honorable Cámara que, a instancias de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, donde se han revelado estas cifras, nos abocáramos a analizar en forma integral el financiamiento de la educación superior; y con la voluntad del Ejecutivo y la cooperación del Parlamento, analizar sus causas, sus dimensiones, el elevado nivel de endeudamiento y, sobre todo, la calidad de la enseñanza.

Respecto del financiamiento de la educación superior, se está produciendo una situación de dumping entre las universidades, generado por este aporte complementario a la Universidad de Chile. Es imposible establecer aranceles reales o que permitan el desarrollo de la ciencia, de la investigación, de la docencia y de la extensión en universidades en las que, para fijar sus costos, son claramente discriminadas o sufren la distorsión del sistema. A mi juicio, es de la mayor importancia terminar con esta distorsión y abordar ese tema, de una vez por todas.

Asimismo, creo importante tener presente la indicación formulada por el Diputado señor Jocelyn-Holt, en orden a establecer que el proyecto Géminis, que se refiere al desarrollo astronómico del país, también tiene vinculaciones con la Universidad de Chile y con aportes adicionales que se harían. Esa indicación es interesante desde el punto de vista de una materia que forma parte de un tratado que debe ser analizado y estudiado por la Cámara. Es del caso poner atención en ella por los muchos millones de dólares involucrados en el proyecto Géminis, en el que participa Conicyt y la Universidad de Chile.

Aquí no hay una actitud de encono hacia una Universidad. Hay una realidad del sistema universitario, y no levanto mi voz contra una universidad determinada, como se ha pretendido interpelárseme por algunos medios de comunicación, sino que en favor de establecer un sistema sano de financiamiento de la educación superior chilena.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

Ruego a Su Señoría conceder medio minuto al Diputado señor José García.

El señor ORTIZ.-

Con todo agrado, señor Presidente.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor José García, por medio minuto.

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente, simplemente quiero reforzar las expresiones formuladas por el Diputado señor Bombal, en relación con el aporte a la Universidad de Chile y con la glosa que se nos propone para las universidades derivadas.

Me parece profundamente injusto y discriminatorio el sistema que se está usando en materia de financiamiento de la educación superior.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, lo que quiero plantear esta tarde dice relación con la partida del Ministerio de Educación, como un parlamentario más que ha participado cuatro años y ocho meses en la Comisión de Educación.

En los hechos, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, vemos un aumento real de la educación en general. En este aspecto destaco el mejoramiento de la educación de adultos, tema que en los discursos normalmente planteamos en nuestros distritos. Aspiramos y deseamos que los trabajadores tengan la posibilidad, tanto a nivel vespertino como de adultos, de continuar sus estudios. En el presupuesto del Ministerio de Educación para 1995 se está demostrando, en los hechos, la posibilidad de un mejoramiento y de acceso masivo en la educación de adultos.

Estoy de acuerdo con la modernización de la educación media en nuestro país. Los estudios que hay al respecto se plantean en el sentido de que la educación científico humanista, en especial, debe sufrir una transformación. En el caso concreto de los colegios polivalentes, desde hace tres años está funcionando el cambio en los cursos científico-humanísticos.

Pero no quiero eludir el tema de la educación superior, es cierto que el Diputado señor Bombal lo planteó en la Comisión de Educación muchas veces durante el periodo anterior. Naturalmente, cada uno está en libertad y tiene la autonomía y capacidad suficientes para plantearlo como lo considere conveniente, en forma personal, en el hemiciclo y no por los medios de comunicación, expreso que estoy convencido de que el Diputado señor Bombal, en una campaña pertinaz, con gran cobertura en los medios a nivel nacional, ha planteado temas como el de la Universidad de Chile, y lo digo con bastante autoridad porque soy un hombre ciento por ciento regionalista, más aún después de haber sido elegido director en votación por los socios de la Universidad de Concepción. No estoy en contra de los aportes a la Universidad de Chile. ¡Quiero que las otras 24 universidades tengan un aumento! No podemos seguir en este sistema de desvestir a un santo para vestir a otro.

Por lo tanto, esta tarde quiero hacer un llamado formal al Ministro de Hacienda y al Director de Presupuestos, en el sentido de reestudiar una nueva asignación de recursos presupuestarios para las otras 24 universidades que cuentan con aporte fiscal directo.

Tampoco quiero eludir el tema ideológico. A veces se hacen críticas muy profundas, especialmente a universidades que tienen aporte fiscal, en función de las privadas. Deben existir las dos; pero no empecemos a buscar situaciones que, en los hechos, favorecen a los alumnos de mayores recursos.

Por lo tanto, sigo siendo gran partidario de profundizar, en el aspecto presupuestario y desde el punto de vista del plan de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, la posibilidad de que los jóvenes lleguen a la universidad en función de la inteligencia y no de sus recursos económicos.

Todos planteamos en los discursos que debe haber un aumento en las remuneraciones del magisterio. En esta oportunidad, reitero que cualquier mejoramiento en la calidad y equidad de la educación debe pasar por un aumento de las remuneraciones.

En los pocos segundos que me quedan, concedo una interrupción al Diputado señor Elizalde.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

No le queda ningún segundo. Ha terminado su tiempo, señor Diputado.

Dos jefes de Comités, acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento, han pedido la clausura del debate, después de haber hablado cinco oradores.

En consecuencia, los Diputados señores Exequiel Silva, Huenchumilla, Elizalde y Montes no podrán hacer uso de la palabra.

El señor AGUILÓ.-

Pido la palabra sobre un punto de Reglamento.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, de acuerdo con el Reglamento, solicité oportunamente dividir la votación de la partida y las indicaciones que hemos propuesto.

El señor SOTA (Presidente).-

Perfectamente, señor Diputado.

En votación la clausura del debate.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 19 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada la clausura del debate.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Cristi (doña, María Angélica) Dupré, Errázuriz, Gajardo, González, Gutiérrez, Huenchumilla, Jocelyn-Holt, Jürgensen, Letelier (don Felipe), Luksic, Morales, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don Ramón), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Soria, Sota, Venegas, Viera-Gallo y Villouta.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Agüiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Bombal, Elizalde, Galilea, Letelier (don Juan Pablo), Melero, Montes, Moreira, Munizaga, Muñoz, Orpis, Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rodríguez, Seguel, Taladriz y Ulloa.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Estévez, García (don René Manuel), García (don José), Jara y Kuschel.

El señor ORPIS.-

Pido la palabra sobre un punto de Reglamento.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, pido que en la partida se vote separadamente la asignación 040.

El señor SOTA (Presidente).-

Está clausurado el debate, señor Diputado.

El señor ORPIS.-

Estoy pidiendo dividir la votación de la partida correspondiente.

El señor SOTA (Presidente).-

Ya se aceptó dividir la votación, según lo pedido por el Diputado señor Aguiló, y es la única división que vamos a hacer.

El señor PALMA (don Andrés).-

La partida 040 no existe.

El señor ORPIS.-

Se trata de votar separadamente la asignación 040.

El señor PALMA (don Andrés).-

¿De qué capítulo y programa?

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SOTA (Presidente).-

Continúa la sesión.

El señor Secretario leerá nuevamente la indicación del Ejecutivo.

Si no hay orden en la Sala, tendré que suspender la sesión.

En conformidad con los acuerdos adoptados, dos Comités han pedido prorrogar la sesión hasta las 15 horas; de manera que estamos dentro de los 60 minutos finales.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Capítulo 30, Educación Superior, en la glosa 01, letra c) agregar el siguiente párrafo: “Por aplicación de este mecanismo a lo menos, 1.271.846.0pesos se destinarán para reforzar la infraestructura académica o en gestión de las universidades estatales derivadas de las existentes al 31 de diciembre de 1980”.

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin(don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Cardemil, Cristi (doña María Angélica), Chadwick, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Errázuriz, Espina, Estévez, Ferrada, Gajardo, Galilea, García, García (don José), García-Huidobro, González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jocelyn-Holt, Jürgensen, Karelovic, Latorre, Leay, León, Letelier (don Felipe), Longueira, Luksic, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Matthei (doña Evelyn), Melero, Morales, Munizaga, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez, Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Rodríguez, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Sota, Taladriz, Ulloa, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta y Walker.

Votó por la negativa el Diputado señor Moreira.

Se abstuvo el Diputado señor Letelier (don Juan Pablo).

El señor SOTA (Presidente).-

En votación la partida 09, Ministerio de Educación.

Por haberse pedido votación separada, se va a votar toda la partida, menos los ítem 011, Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago, y 040, Universidad de Chile.

Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada la partida con excepción de los ítem señalados.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Alvarado, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Cardemil, Cristi (doña María Angélica), Chadwick, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Espina, Estévez, Gajardo, Galilea, García, García (don José), García Huidobro, González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, JocelynHolt, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Latorre, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Luksic, Makluf, Martínez, Matthei (doña Evelyn), Melero, Montes, Morales, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Joaquín), Palma (don Andrés), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokuriqa, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Sota, Taladriz, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas y Villouta.

Votaron por la negativa los Diputados señores Álvarez-Salamanca y Moreira.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Errázuriz, Munizaga y Rodríguez.

El señor MOREIRA.-

Pido la palabra para referirme a un asunto Reglamentario.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, en dos oportunidades he votado negativamente y mi voto aparece positivo.

El señor SOTA (Presidente).-

Se procederá a la corrección correspondiente, señor Diputado.

El señor MOREIRA.-

Aquí hay plata para todo, pero para los jubilados y monte piados, ¿cuándo?

El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-

Señor Presidente, espero el aporte para el Teatro Municipal de Talca.

El señor PALMA (don Andrés).-

Se acaba de aprobar, señor Diputado.

El señor SOTA (Presidente).-

En votación el ítem 011, Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobado.

El señor BARTOLUCCI.-

Pido copia de esta votación, señor Presidente.

El señor FERRADA.-

Quiero agregar mi voto positivo, señor Presidente.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Alvarado, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Cardemil, Cristi (doña María Angélica), Chadwick, Espina, Estévez, García (don José), García-Huidobro, Hernández, Huenchumilla, Jocelyn-Holt, Latorre, Leay, León, Longueira, Makluf, Martínez, Matthei (doña Evelyn), Melero, Morales, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Reyes, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Sota, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta y Walker.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Álvarez-Salamanca, Ascencio, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Errázuriz, Gajardo, Galilea, García, González, Gutiérrez, Hurtado, Jara, Karelovic, Kuschel, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Montes, Moreira, Munizaga, Muñoz, Naranjo, Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rodríguez, Taladriz, Ulloa, Valenzuela y Vilches.

Se abstuvieron los Diputados señores Jürgensen y Luksic.

El señor SOTA (Presidente).-

En votación el ítem 040, Universidad de Chile.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 26 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobado.

Despachada la partida 09, Ministerio de Educación.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Espina, Estévez, Gajardo, González, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jocelyn-Holt, Latorre, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Montes, Morales, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Ramón), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Valenzuela, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta y Walker.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, Bartolucci, Bombal, Cardemil, Cristi (doña María Angélica), Chadwick, Errázuriz, Ferrada, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Hurtado, Jürgensen, Karelovic, Leay, Matthei (doña Evelyn), Melero, Moreira, Munizaga, Muñoz, Orpis, Pérez, Prochelle (doña Marina), Prokurica y Ulloa.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Alvarado, Hamuy, Kuschel, Rodríguez, Taladriz y Vilches.

El señor SOTA (Presidente).-

En discusión la partida 010, Ministerio de Justicia.

Un señor DIPUTADO.-

Señor Presidente, sólo tiene que ser votación, porque ya estamos en la última hora. Ese fue el acuerdo; de lo contrario, no alcanzaremos a despachar el proyecto dentro de la hora restante.

El señor SOTA (Presidente).-

La hora está prorrogada por decisión de los Comités. Lo he dicho varias veces. Si llegamos a las 15, en ese instante se vota, aunque no hayan sido discutidas las partidas correspondientes.

En discusión la partida 010.

El señor ESTÉVEZ.-

Pido la palabra.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, le solicito que consulte si hay acuerdo para suspender la sesión durante una hora y, luego, continuar sin que se prolongue por más de una hora. O sea, que podamos seguir desde las 15 hasta las 16.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SOTA (Presidente).-

Hay oposición, señor Diputado.

En discusión la partida 010, Ministerio de Justicia.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 20 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, quiero que quede constancia de mi abstención.

El señor SOTA (Presidente).-

Muy bien, señor Diputado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Alvarado, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Cardemil, Cristi (doña María Angélica), Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Estévez, Ferrada, Gajardo, García (don René Manuel), González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, HuenchumiUa, Jara, Jocelyn-Holt, Kuschel, León, Letelier (don Felipe), Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Makluf, Martínez, Montes, Morales, Moreira, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Ramón), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Sota, Valenzuela, Venegas, Villegas, Villouta y Walker.

Votó por la negativa el Diputado señor Rodríguez.

Se abstuvieron los Diputados señores: Bartolucci, Bombal, Caminondo, Espina, Galilea, García (don José), GarcíaHuidobro, Hurtado, Jürgensen, Karelovic, Leay, Longueira, Matthei, Melero, Orpis, Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Taladriz, Ulloa y Vilches.

El señor SOTA (Presidente).-

En discusión la partida 011, Ministerio de Defensa Nacional.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Alvarado, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Caminondo, Cardemil, Cristi (doña María Angélica), Elgueta, Elizalde, Encina, Espina, Ferrada, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jocelyn-Holt, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Latorre, Leay, León, Letelier (don Felipe), Longueira, Luksic, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Matthei (doña Evelyn), Melero, Montes, Moreira, Muñoz, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica. Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Sota, Taladriz, Ulloa, Valenzuela, Venegas, VieraGallo, Vilches, Villegas, Villouta y Walker.

Se abstuvieron los Diputados señores Morales y Rodríguez.

El señor SOTA (Presidente).-

En discusión la partida 012, Ministerio de Obras Públicas.

El Diputado señor Orpis ha formulado una indicación, a la cual dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación dice lo siguiente “Para rebajar en la partida 012, Ministerio de Obras Públicas, Capítulo 02, Dirección General de Obras Públicas; Programa 01, Administración y Ejecución de Obras Públicas, el ítem 33.85.001, Empresa de Obras Sanitarias, de la cifra en moneda nacional de 3.488 millones, a la cifra de 10.000.”

La segunda indicación del honorable Diputado señor García, don José, es para rebajar, en la misma partida, en el ítem 33.85.002, Empresa Metro S.A., la cifra en moneda nacional de 39.744.670.000, a la suma de 10.000.

El señor ORPIS.-

Pido la palabra.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, en reiteradas oportunidades Su Excelencia el Presidente de la República ha señalado su disposición a priorizar los recursos destinados al aprovechamiento de los recursos hídricos del país. En este aspecto resulta de extraordinaria importancia construir grandes obras de infraestructura en la región de los valles transversales para evitar el avance constante del desierto hacia la zona central.

Al respecto, desde hace más de 50 años, en la Región de Coquimbo, se está solicitando la construcción del tranque de Puclaro, obra de gran envergadura que solucionará las necesidades de riego y también las necesidades básicas de las poblaciones de La Serena y Coquimbo, lo que constituirá, sin lugar a dudas, un avance importante para contener la desertificación.

A principios de este año, el Ministro de Obras Públicas anunció en nuestra Región que este embalse se iniciaría y terminaría durante el gobierno del Presidente Frei. Lamentablemente, en el proyecto de Ley de Presupuestos que estamos analizando no se considera una partida sustancial para iniciar estas obras. Sólo hay una pequeña partida que está destinada a la modificación del camino entre La Serena y Vicuña, en el sector donde se construirá el embalse.

Señor Presidente, por su intermedio, solicito al Ministro de Obras Públicas que se agoten todas las gestiones necesarias en el transcurso del año. ya que no estamos aprobando las partidas en este momento, para que el tranque de Puclaro, sentida y anhelada obra que debe realizarse en la Región de Coquimbo pueda iniciarse en el curso de 1995 o. ya que no se han considerado estos recursos en el presupuesto para el año 1995. que exista la decisión irrevocable de considerar una cantidad de, al menos 10 millones de dólares para iniciar esas obras en el año del Presupuesto siguiente.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Romy Rebolledo.

La señora REBOLLEDO.-

Señor Presidente, respecto de la indicación presentada, quiero aclarar que se destinan las transferencias de capitales a empresas de servicios sanitarios por los recursos contemplados en este Presupuesto y que estas están orientadas a mejorar la cobertura de tratamiento de las aguas servidas del país, que alcanzan a la fecha al 9 por ciento. Este programa contempla para el año que viene, entre .sus proyectos más relevantes, las lagunas de estabilización de Ovalle, alcantarillados de Iquique y de Vicuña y mejoramiento de alcantarillados de Cohaique. Punta Arenas y Arica, entre otros. Actualmente, no todas las empresas sanitarias del país, no obstante haberse hecho avances significativos, financian y costean sus inversiones con las tarifas que están operando. No todas han llegado a las tarifas metas. Y si incorporamos el tema del tratamiento de las aguas servidas, eso demorará aún más, sobre todo en regiones, en que esto es caro. Además, hay necesidades sociales importantes.

También quiero decir que estas transferencias disminuyen en un 70 por ciento con respecto al presupuesto del año pasado desde ese punto de vista, hay responsabilidad del Estado en el gasto y también en cumplir una labor social fundamental.

Por lo tanto, me parece muy importante que el Congreso apruebe el Presupuesto tal como lo propone el Ejecutivo, y considero una irresponsabilidad plantear indicaciones como las mencionadas.

Lo mismo señalo en relación con el Metro, obra respecto de la cual, a mi juicio, no cabe discusión sobre si se debe terminar.

Aquí hay un conjunto de inversiones, tanto en regiones, como el tratamiento de aguas servidas, o en el Metro de Santiago, que obviamente requieren de financiamiento fiscal.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, reconozco el incremento de recursos para el Ministerio de Obras Públicas y el compromiso nacional de realizar un gran esfuerzo a fin de construir obras de infraestructura en nuestro país. Todos deberíamos estar contestes en que esto significa no solo un gran esfuerzo, sino también un gran beneficio para el desarrollo productivo, económico y social del país.

En esta ocasión quiero referirme a dos temas puntuales, en particular en relación con el Isar de agua potable rural. La experiencia en estos años ha sido de dulce y agraz. De dulce, porque, en términos nominales y reales, a lo largo de los últimos cuatro años ha aumentado la cantidad de recursos destinados a agua potable rural; de graz, por cuanto, por una parte, ha habido un procedimiento un tanto burocrático para conseguir la asignación de estos recursos, debido a los reglamentos dictados con posterioridad, que han restringido durante el año pasado el financiamiento de extensiones o ampliaciones de proyectos de agua potable rural existentes, a dificultades, porque algunos gobiernos regionales han sido sumamente lentos, y también porque las empresas de servicios sanitarios, dado que las obras de agua potable rural no significan ingresos ni utilidades, tienden a no destinar recursos para la ejecución de estudios de ingeniería en proyectos, elaboración y detección de deficiencias existentes en este ámbito.

En atención a ello, me gustaría que me pudiesen precisar el concepto que aparece en la glosa 05, página 9 del informe, donde dice que estos recursos se podrán destinar para proyectos nuevos. Quiero entender que se refiere a un estudio nuevo, no necesariamente a una obra nueva, de manera que se podrán destinar recursos a la ampliación o mejoramiento de obras de agua potable rural existentes.

En segundo término, me gustaría saber qué ocurrió en el año en curso con lo señalado por la Diputada señora Rebolledo.

La asignación de recursos y transferencias de capital a las empresas de servicios sanitarios existentes es fundamental. Hay sistemas colapsados en ciertas comunas, en especial en providencia, para lo cual se requiere transferencia de capital, no por las empresas, sino por los usuarios. Podría mencionar muchas situaciones existentes en mi zona y estoy seguro de que en otras ocurre lo mismo, en las cuales se requiere un aporte de capital para enfrentar situaciones dramáticas, sobre todo el alcantarillado. Me gustaría saber el porqué de esta reducción, cuando las necesidades del país son muy altas en qué parte del presupuesto de Obras Públicas se incluirán los recursos establecidos en un proyecto de ley que hemos discutido acá, para efectos no Isar de agua potable, sino de subvención directa a cooperativas o comités de agua potable rural existentes para el mejoramiento del sistema que va más allá del Isar quisiera que el Director de Presupuestos nos pudiese iluminar sobre el tema, que entiendo es una obligación legal.

Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Montes.

El señor SOTA (Presidente).-

Señor Montes, puede hacer uso de las palabra por un minuto y veinte segundos.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, ayer algunos Diputados de la Oposición, en particular el Diputado señor Maximiano Errázuriz, Notaron en contra del artículo 3o, en el cual se contemplaba la posibilidad de acceder a créditos por la construcción del Metro.

Hoy el Diputado señor García (don José), ha planteado suprimir la partida Metro entiendo que esto lo planteó así el año pasado el Senador señor Piñera, lo cual es poco comprensible por tratarse de una obra en marcha, ahora estamos votando el financiamiento de las obras civiles del Metro para 1995. Ya se han realizado parte de las expropiaciones, en algunos tramos está hecho el trazado del Metro, y todo es coherente con decisiones ya adoptadas.

Como tengo poco tiempo, simplemente quería hacer ver la gravedad que encierra un indicación de esta naturaleza, respecto de la cual no se han dado argumentos serios relacionada con una obra en construcción. El debate global sobre el Metro se hizo hace tres años y no tiene sentido repetirlo.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, no me gustaría juzgar si somos responsables o no respecto de una indicación relativa a las empresas sanitarias. Creo que al presentarla lo hicimos en un ánimo de responsabilidad.

Aunque parte de los fundamentos se dieron ayer, quiero decir que el sector de las empresas sanitarias es uno de los más claramente privatizables. Por eso queremos dar esta señal de no entregarle recursos. Y hay buenas razones para ello.

En primer lugar, hoy existen trece empresas sanitarias en el país, cuya rentabilidad es bajísima; de hecho, cuatro o cinco tiene una rentabilidad negativa sobre su patrimonio. Corfo nos dio a conocer una rentabilidad de un 4,7 por ciento. Si la comparamos con las de las dos empresas privadas que operan actualmente en el país, vemos que la empresa Manquehue tiene 21 por ciento de rentabilidad y la empresa Lo Castillo, el 6 por ciento. De manera que es una área absolutamente privatizable. Con empresas realmente rentables como las que acabo de mencionar, no tendríamos para que recurrir al Estado para financiar estas obras de infraestructura.

Debido precisamente a una cuestión de responsabilidad, cual es focalizar los recursos del Estado en los sectores más postergados, es que hemos presentado esta indicación para eliminar el gasto, con el objeto de privatizar las empresas sanitarias.

En segundo lugar, y en el mismo sentido, debo decir que originalmente también firmé la indicación sobre el Metro. Entiendo, y por eso retiré mi firma de la indicación, que se trata de una obra en construcción; pero me gustaría dejar constancia de que, cuando se termine, debería ser de aquellas que se entregan a la concesión privada. Aquí topamos con lo mismo: el Metro S.A. es una empresa que tiene una rentabilidad de capital de 1,1, la cual es tremendamente baja.

Esa era la orientación de la indicación.

Por intermedio de la Mesa, concedo una interrupción al Diputado señor Galilea.

He dicho.

El señor SOTA (Presiente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Galilea, por un minuto y medio.

El señor GALILEA.-

Señor Presidente, agradezco la interrupción del Diputado señor Orpis, porque es la única posibilidad que tengo de manifestar, una vez más, mi defraudación y lamentar que en la Ley de Presupuestos no se hayan incorporado los recursos necesarios para financiar el proyecto del canal de regadío Victoria-Lautaro-Traiguén, en la Novena Región.

Debo recordar a la Cámara que éste es un compromiso que contrajo el ex Presidente Aylwin, quien manifestó a los parlamentarios de la Novena Región que iba a dejar aprobado este proyecto antes del término de su mandato, en el peor de los casos, y en el mejor, iniciada su ejecución.

Asimismo, lamento la gran facilidad con que se aprobaron cerca de 100 millones de dólares para el Metro y que no se destinen recursos para una obra tan importante, como es este canal de regadío, para la zona que represento en la Honorable Cámara.

Debo señalar que el canal es uno de los pocos medios que se advierten para reactivar la actividad agrícola en una zona deprimida, de agricultura tradicional uno de los rubros con mayores problemas dentro de la agricultura, destinado a regar cerca de 60 mil hectáreas, lo cual beneficiaría a cientos de familias de campesinos, particularmente de pequeños agricultores mapuches y, como decía, daría un fuerte impulso al desarrollo agrícola de la región.

Espero con motivo del estudio del proyecto de Ley de Presupuestos para 1996, se contemplen los recursos necesarios para iniciar las obras de este canal.

Agradezco la interrupción al Diputado señor Orpis.

He dicho.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, el Diputado señor Hernández me solicita una interrupción.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, en la misma línea del Diputado señor Galilea, quiero manifestar, ante la presencia del Ministro de Hacienda, la necesidad de que se dote de obras de infraestructura productiva a la zona que represento.

El canal de riego puede significar la reconversión absoluta de una agricultura que está fundamentalmente en manos mapuches, indígenas y de pequeños propietarios.

Espero que en la próxima partida, en el presupuesto de Obras Públicas, estén considerados los recursos para iniciar, de una vez por todas, la construcción del canal Victoria Lautaro-Traiguén.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, quiero referirme, básicamente, a dos cuestiones.

Primero, muchos señores Diputados que votaron en contra del proyecto de Ley de Presupuestos han cambiado su posición y están votando a favor, lo que es muy importante; pero, al mismo tiempo, están cayendo en una contradicción, porque están pidiendo cosas que ayer rechazaban. En todo caso, el cambio de actitud es muy importante y lo valoro.

En el caso de dos indicaciones presentadas, quiero insistir en lo que han dicho aquí la Diputada señora Rebolledo y el Diputado señor Montes: la transferencia de capital a las empresas de obras sanitarias constituye un aporte destinado a realizar inversiones en áreas para las cuales las empresas que lo reciben no tienen cómo efectuarlas con recursos propios. Podría ocurrir que se privatizaran; pero eso es materia de otra discusión. Yo no quisiera que el Congreso Nacional, en la discusión de los aportes a las empresas sanitarias, se dedicara a debatir el tema de las privatizaciones.

Como dijo la Diputada señora Rebolledo, lo concreto es que, en 1994, los aportes de capital han beneficiado con grandes proyectos a Ovalle, Iquique, Vicuña, Cohaique, Punta Arenas y Arica. Para 1995, se contemplan aportes a las empresas de servicios sanitarios de las Regiones Primera, Segunda, Undécima y Duodécima, para completar la infraestructura necesaria para dar servicio a los más pobres y no a los más ricos; no tienen el propósito de mejorar o alterar las rentabilidades. En ese sentido, negar estos aportes perjudicará directamente a sectores que hasta hoy no tienen acceso al agua potable o al alcantarillado en esos lugares.

Por otra parte, se presentó una indicación. Me alegro del cambio de actitud del Diputado señor Orpis, porque no sólo hay una cuestión general sobre el tema de la empresa del Metro, sino que afecta directamente a los electores y habitantes del distrito que con él representamos. No cabe duda de que el aporte a dicha empresa es necesario para desarrollar un proyecto que, como bien decía el Diputado, tenía una muy baja rentabilidad. No hay ningún metro en el mundo que haya sido construido por el sector privado. En algunos casos, hay concesiones de líneas y de operación, pero ningún sector privado en el mundo ha invertido en metros, porque su rentabilidad no es privada, sino social.

Por lo tanto, si no se hacen los aportes para realizar las obras civiles del Metro, que es lo que está contemplado en este ítem, se paraliza su construcción, con un costo económico y social mucho mayor, que va a terminar perjudicando más a los habitantes de Santiago que a los de regiones, pero, a la larga, a todos. Me refiero a los de Santiago porque ya se han comenzado a realizar excavaciones y las interrupciones de tránsito y los problemas de desplazamiento existen. Si no hay recursos para terminar las obras civiles, quedaría todo tal como está en la actualidad.

Las indicaciones me parecen absurdas. Hago un llamado a los señores Diputados que la presentaron para que la retiren. Si no es así, invito a la Corporación a que la rechace.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Habiendo pedido dos Comités la clausura de la discusión en particular, no hay más inscripciones.

No sé si los señores Diputados firmantes de las indicaciones, acceden a retirarlas.

El señor ORPIS.-

Sería conveniente que se leyeran las indicaciones.

El señor SOTA (Presidente).-

El señor Secretario procederá nuevamente a la lectura de las indicaciones para que se sepa exactamente qué se votará.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La primera indicación es del honorable Diputado señor Orpis y tiene por finalidad rebajar, en la partida 12 del Ministerio de Obras Públicas, el ítem 33.85.001 "Empresa de Obras Sanitarias", de la cifra en moneda nacional de 3.488.000.000 de pesos a la cifra de 10 mil pesos.

El señor SOTA (Presidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 14 votos; por la negativa, 47 votos. No hubo abstención.

El señor SOTA (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Bartolucci, Errázuriz, Galilea, García (don Rene Manuel), García (don José), Hurtado, Jürgensen, Melero, Munizaga, Orpis, Pérez, Rodríguez. Taladriz y Vargas.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Estévez. Gajardo, González, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Karelovic, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Montes. Morales, Moreira. Muñoz, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín], Pérez (don Víctor), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Salas, Seguel, Silva, Soria, Sota, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Villegas y Walker.

El señor SOTA (Presidente).-

Se dará lectura a la segunda indicación.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Es del Diputado señor José García y tiene por finalidad rebajar, en la misma partida 12, en el ítem 33.85.002 “Empresa Metro Sociedad Anónima”, la cifra en moneda nacional de 39.744.670.0pesos a la cifra de 10 mil pesos.

El señor GARCÍA (don José).-

Pido la palabra, porque deseo retirar la indicación.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente, presenté la indicación, porque cuando se discutió el tema del Metro; siempre se dijo que esta obra se ejecutaba con un crédito internacional cuyo único propósito era financiar la construcción de esta línea y que no había aporte nacional.

Me ha sorprendido enormemente que exista aporte. Para mí es una información nueva. No obstante, reconozco que son obras que están en ejecución y que no sería justo ni responsable detenerlas.

Por eso, retiro la indicación, pero manifiesto mi preocupación porque nunca, por lo menos yo. tuve antecedentes de que había aporte nacional a ese proyecto.

El señor SOTA ¡Presidente).-

Retirada la indicación.

En votación.

Durante la votación.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor SOTA (Presidente).-

Estamos en votación, señor Diputado.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, vengo pidiendo la palabra desde antes de que se cerrara el debate, por lo que le pido que me permita, por lo menos, plantear una situación reglamentaria.

El señor SOTA (Presidente).-

Estamos en votación.

No es el momento de plantear ninguna clase de situación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 7 abstenciones. 

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada la partida 12 del Ministerio de Obras Públicas.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Alvarado, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Estévez, Gajardo, García (don René Manuel), García-Huidobro, González, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Karelovic, Latorre, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Melero, Montes, Morales, Muñoz, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Salas, Seguel, Silva, Soria, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Villegas y Walker.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputaddos: Galilea, Moreira, Munizaga, y Rodríguez.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Errázuriz, García (don José), Hurtado, Jürgensen, Prokurica, Taladriz y Vargas.

El señor SOTA (Presidente).-

Advierto a la Sala que hay varios señores Diputados y señoras Diputadas que se han inscrito para la discusión de algunos ítem. Ello sucede en las partidas 13 del Ministerio de Agricultura; 15 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y 21, del Ministerio de Planificación y Cooperación.

¿Habría acuerdo para votar de una sola vez las partidas en las cuales no se ha inscrito ningún señor Diputado?

Hago presente que tendríamos que discutir de todas maneras la partida 19, Transportes y Telecomunicaciones, porque se ha formulado una indicación.

El señor MELERO.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, cuando en la reunión de Comités celebrada ayer para discutir el procedimiento para tratar el proyecto de Ley de Presupuestos, propuse, que llegada la hora de término de la sesión, a solicitud de dos jefes de Comités, la prorrogáremos por una hora más, lo hice con la intención de agilizar el trámite del proyecto. Sin embargo, los hechos han ido demostrando que la discusión del Presupuesto nos ha tomado un poco más de tiempo. Incluso, siguiendo el procedimiento que Su Señoría señaló, llegaremos a las 15 horas sin que puedan usar de la palabra los Diputados inscritos para intervenir en la discusión de las partidas mencionadas.

Por lo tanto, apelo a la buena voluntad de los señores Diputados para que acordemos un tiempo adicional, que puede ser de media hora, para no cometer el error de despachar las once partidas restantes sin debate y sin formular las preguntas necesarias, imponiéndonos nosotros mismos una inflexibilidad que dificultará el trabajo legislativo. Quizás con un poco de buena voluntad, podríamos acordar prorrogar la sesión hasta las 16 horas, y modificar ese acuerdo de Comités, que yo mismo propuse para hacer las cosas bien.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Señor Diputado, tal vez su proposición, que tiene mucho sentido, debería complementarse con otra que impida que fracasen las Comisiones.

El señor VILLOUTA.-

Pido la palabra.

El señor ESTÉVEZ.-

Pido la palabra.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Villouta; a continuación, el Diputado señor Estévez.

El señor VILLOUTA.-

Señor Presidente, en la reunión de Comités celebrada ayer sugerimos a los Comités de la Oposición prorrogar la sesión de anoche, proposición que no aceptaron. Ahora, estamos comprobando que, de haberse aprobado el ánimo de la mayoría de los Diputados presentes en la Sala era de trabajar, por lo menos, hasta las 24 horas no tendríamos este problema.

Por lo tanto, ahora somos nosotros los que nos opondremos, porque también existe el problema de las Comisiones.

Nada más.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, entiendo que la fórmula propuesta por Su Señoría no es para limitar la discusión, sino para facilitar el despacho del proyecto. Por lo tanto, entiendo que debe discutirse la partida del Ministerio de Transportes, porque hay una indicación.

El señor SOTA (Presidente).-

Exacto.

El señor ESTÉVEZ.-

Probablemente, el Diputado señor Melero tiene la intención de discutir otra partida está muy bien que lo señale y que la discutamos, pero podríamos votar en un sólo bloque el resto de las partidas en las cuales no habrá debate.

El señor SOTA (Presidente).-

Es lo que propuse, señor Diputado.

Repito: las peticiones en las cuales no hay inscripciones ni indicaciones son las siguientes: 14, Bienes Nacionales; 16, Salud; 17, Minería; 18, Vivienda y Urbanismo; 20, Secretaría General de Gobierno, y 22, Presidencia de la República. En las restantes hay o Diputados inscritos o indicaciones, y tendremos que discutirlas y votarlas de todas maneras.

¿Habría acuerdo para aprobarlas en un solo bloque?

Acordado.

En votación las partidas 14, Bienes Nacionales; 16, Salud; 17, Minería; 18, Vivienda y Urbanismo; 20, Secretaría General de Gobierno, y 22, Presidencia de la República.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 14 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobadas.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Estévez, Gajardo, García (don René Manuel), García-Huidobro, González, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Latorre, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Montes, Morales, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma (don Joaquín), Palma (don Andrés), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Salas, Seguel, Silva, Sota, Valenzuela, Venegas, Villegas, Villouta y Walker.

Votó por la negativa el Diputado señor Moreira.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Bartolucci, Errázuriz, Galilea, Hurtado, Jürgensen, Karelovic, Melero, Munizaga, Pérez (don Víctor), Prokurica, Rodríguez, Taladriz, Vargas y Vilches.

El señor MELERO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su señoría.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, ya que hemos agilizado bastante el proceso y que en los 14 minutos que restan no alcanzaremos a discutir todo, quiero decir al colega Villouta que mencionó un hecho inexacto.

Cuando anoche se discutió el tema de prorrogar la sesión, bancadas de Gobierno y de la Oposición estuvimos de acuerdo en no hacerlo. No es justo decir que la Oposición se opuso, porque no fue así.

Quizás basta con media hora para tratar lo que falta. En caso contrario, aún agilizando el procedimiento, no alcanzaremos. Le pido que tengamos esa flexibilidad.

El señor SOTA (Presidente).-

Bien, señor Diputado, ya resolveremos esa situación.

En discusión la partida 13, Ministerio de Agricultura.

Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, hace algún tiempo, se aprobó en esta Sala un proyecto de acuerdo, mediante el cual se solicitaba al Supremo Gobierno considerar en el Presupuesto de la Nación una partida especial para atender las emergencias agrícolas, en atención a que éstas se presentan en cualquier minuto a lo largo y ancho del país.

En esa oportunidad, creímos importante asignar la cantidad de 3.000 millones de pesos, de modo que el Ministerio de Agricultura pudiese actuar con prontitud al presentarse las emergencias. Sin embargo, teniendo en cuenta el planteamiento de algunos parlamentarios de la Concertación, estimamos prudente, por esta vez, solicitar sólo 1.500 millones de pesos para estos efectos. No obstante, en el presupuesto de 1995, en la partida Agricultura, subtítulo 25, ítem 17, sólo se han propuesto 109 millones de pesos.

Aprovecho la presencia del Ministerio de Hacienda para hacerle presente lo indispensable que es tener recursos disponibles en forma permanente para atender las emergencias y evitar toda la burocracia que se inicia en ese minuto, lo que hace que muchas veces los recursos lleguen tarde a quienes lo necesitan.

Asimismo, quiero manifestarle que a raíz del avance vertiginoso del desierto, como lo comprueban las estadísticas, es urgente que la desertificación en Chile la asuma el Gobierno como un problema de Estado. Hay muchas medidas que se pueden implementar, pero una relativamente fácil, de efectos probados, consiste en tener en forma permanente un programa de estimulación de las precipitaciones.

Por eso, solicito al Ministro de Hacienda que a futuro se tenga en forma permanente, como plan de Gobierno, un programa de estimulación de las precipitaciones en los valles transversales de la zona norte, dada la emergencia que ocurre cada cierto tiempo.

Quiero señalar que, a pesar de los embates que ha sufrido la agricultura en el último tiempo todos los sectores reconocen que el agro está en crisis no veo en el presupuesto de agricultura una real decisión de cambiar esa situación. Por ello, anuncio mi voto en contra de esta partida.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jürgensen.

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente, el problema agrícola va de menor a mayor e incluye, por supuesto, la grave situación de pobreza que enfrenta la pequeña agricultura del país. Así lo ha reconocido el Gobierno. El propio Ministro de Agricultura, en una sesión reciente celebrada en el Senado, dijo que Chile está en deuda con la agricultura.

Hasta ahora, sólo se ha compartido el diagnóstico, sin que se visualicen las soluciones correspondientes, las cuales, a mi entender, pasan por una asignación especial de recursos públicos. El Presupuesto de 1995, que estamos analizando, no asigna recursos adicionales para atender materias especiales referidas a la crisis agrícola en la partida 13, del Ministerio de Agricultura. Por el contrario, el incremento de esta partida es uno de los más bajos respecto de los que experimentan otros ministerios y de las verdaderas necesidades actuales del agro. Por lo tanto, no acoge las demandas del sector.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, en beneficio del tiempo, sólo quiero señalar que me extraña que los señores Diputados que me antecedieron en el uso de la palabra crean que con una asignación equis en el presupuesto del Ministerio de Agricultura se solucionará el problema del sector, evidentemente, ellos están conscientes de que no es así. Ojalá fuera tan sencillo como suponer que el incremento en algunos de los ítem pueda dar como resultado que la agricultura chilena enfrente los desafíos que la obligan a desenvolverse dentro de las exigencias de una economía de mercado.

La discusión del presupuesto puede ser una buena oportunidad para llamar la atención en el sentido de que el problema que enfrenta el sector es bastante más de fondo como para suponer que por la vía de una asignación presupuestaria puede ser resulto.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Exequiel Silva.

El señor SILVA.-

Señor Presidente, si bien concuerdo con lo expresado por el Diputado señor Latorre en cuanto a que ojalá fuera posible, a través de una indicación, resolver el tema de la agricultura, quiero referirme a una preocupación que tengo, relacionada con los recursos asignados al Servicio Agrícola y Ganadero. Espero que pueda producirse una situación que varíe lo que voy a plantear.

A dicho Servicio se le ha entregado una serie de atribuciones, a través de diversas leyes que aquí se han aprobado, como la tipificación de la carne, la de certificación de calidad, que se encuentra en el Senado, etcétera. Sin embargo, esto no se condice con la cantidad de recursos que recibe el Servicio, pues, además de realizar una labor muy eficiente con escasos recursos, requiere incrementar su labor a través del aumento de dotación de funcionarios. Hemos detectado esta necesidad, por ejemplo, en la fiscalización de la ley de la carne y en otras.

Por ello, solicito al Ministro de Hacienda evaluar la situación del Servicio Agrícola y Ganadero, puesto que lo consideramos imprescindibles para seguir manteniendo el patrimonio fitozoosanitario del país, que ha sido un elemento fundamental en el crecimiento exportador y en la aplicación de leyes que son de gran importancia en la agricultura nacional.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Restan sólo tres minutos.

Tiene la palabra el Diputado, señor René Manuel García.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, no quiero dejar pasar el estudio del proyecto de Ley de Presupuestos sin referirme a la situación que expondré ahora.

Denantes se trató un tema de sensibilidad social; se habló mucho de la reconversión del carbón; se dijo que se iban a dar 30 millones de dólares y que los favorecidos serían entre 3 mil a 4 mil trabajadores del carbón. Quiero preguntar a mis colegas si han leído el ítem 21, en el cual se asignan 10 millones de dólares para 1.200.000 mapuches, lo que equivale a 480 pesos mensuales por cada uno.

Si los recursos destinados al carbón lo trasladamos a cada obrero, recibirían 360 mil pesos mensuales. Entonces, ¿dónde está la sensibilidad social de que tanto se habla, cuando se le dan 10 millones de dólares a 1.200.000 etnias que trabajan la tierra y 30 millones a 2 mil ó 3 mil trabajadores?

Esto es realmente preocupante, porque el Gobierno ha creído que al dictar la Ley Indígena ha cumplido, ha dado en el clavo y ha solucionado todos los problemas del pueblo mapuche. Hoy día hay descontento, porque se ha producido una distorsión y el pueblo mapuche no cree en nada de lo que se le ha prometido.

Siento tener que usar este subterfugio para dirigirme a la Honorable Cámara y al Ministro de Hacienda, porque no pudimos intervenir en la discusión del ítem 21, que era uno de los que más interés despertaba entre todos los parlamentarios, porque etnias hay desde Arica a Punta Arenas. Favorecíamos a 1.200.000 personas, que han visto dictar una ley que no les ha dado ninguno de los beneficios que ellos esperaban, especialmente el Fondo de Tierra, que figura con 2.160 millones y, lo que es un abuso, el derecho de ausente, con 160 millones de pesos para favorecer a 15 mil personas, lo que significa que cada una recibiría entre 3 mil y 4 mil pesos, lo que claramente es inconstitucional, porque por ley se ha dejado a los herederos del pueblo mapuche sin el derecho a herencia y ni siquiera se les ha pagado lo que les corresponde. De manera que aquí tenemos un problema real y absolutamente grave.

Pido disculpas a la Cámara por señalar esto en un ítem que no corresponde, pero como parlamentario de la Novena Región, donde está el mayor número de mapuches, no podía dejar de manifestar mi descontento por la forma en que se ha elaborado el presupuesto de la Conadi.

A pesar de que no estoy conforme y que se ha burlado una vez más al noble pueblo mapuche, y que todo lo que nos inspiró en la Ley para beneficiarlos los ha perjudicado, para evitar un mal mayor, voy a votar favorablemente este ítem.

Le pido de corazón al señor Ministro, y en esto creo representar a los parlamentarios de la Novena Región y los de todas las zonas en las cuales hay mapuches, que se implemente el ítem relativo al Fondo de Tierra, para que puedan recibir los beneficios establecidos en la ley, y ésta no quede sólo en el papel y sea letra muerta.

Señor Presidente, con su venia le concedo una interrupción al Diputado señor Galilea en el último minuto que me queda.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER (don Felipe).-

Señor Presidente, estamos en el tema de la agricultura y quiero expresar al señor Ministro, con todo respeto, que en materia de agricultura...

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Había concedido interrupción al Diputado señor Galilea.

El señor SOTA (Presidente).-

Señor Diputado, pida la venia de la Mesa para conceder interrupciones.

El señor GALILEA.-

El señor Presidente estaba conversando algo importante con el señor Secretario; por eso no escuchó al Diputado García.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Galilea.

El señor GALILEA.-

Señor Presidente, sólo quiero rectificar a mi colega Latorre, cuando se refiere a la intervención, en particular, del Diputado Jürgensen.

No pretendemos que los problemas agrícolas se resuelvan mediante la Ley de Presupuestos ni con las asignaciones que el Estado pueda hacer al sector, simplemente, nos parece que el tratamiento que tiene el sector agrícola en dicha ley, de alguna manera, es una clara señal de la poca atención que el Gobierno está dando a la problemática agrícola.

Pensamos que la nueva instancia de coordinación que ha creado el Gobierno, a través del Ministro del Interior, Vicepresidente de la República en la actualidad, entre los Ministerios de Agricultura y de Hacienda para contribuir a hacer propuestas que resuelvan el problema agrícola, es adecuada; pero aquí hacemos referencia a la señal que se está emitiendo al país de que, al parecer, hay sectores a los que les importa bastante poco el problema agrícola.

El señor LATORRE.-

Pido la palabra sobre un asunto reglamentario.

El señor SOTA (Presidente).-

Ha terminado la hora que nos hemos fijado para comenzar las votaciones que restan.

En votación.

El señor LATORRE.-

No.

El señor SOTA (Presidente).-

Estamos en votación, señor Diputado.

El señor LATORRE.-

Yo estoy inscrito.

El señor SOTA (Presidente).-

¿Es un asunto reglamentario, Diputado señor Latorre?

El señor LATORRE.-

Me limité a expresar una idea en beneficio del tiempo. Quiero que Su Señoría me escuche.

El señor GALILEA.-

Pido que se aplique el Reglamento, señor Presidente.

El señor LATORRE.-

El señor Presidente dio la palabra a una persona que no estaba inscrita y ahora...

El señor SOTA (Presidente).-

Señor Diputado, le voy a conceder la interrupción que pide para que hable sobre un asunto reglamentario.

El señor LATORRE.-

Efectivamente, había un orden de inscripción. Su Señoría no lo respetó y permitió que intervinieran dos personas adicionales a las inscritas, una de las cuales hace una alusión, extiende la argumentación y, valiéndose de un procedimiento antirreglamentario, emite juicios en contra y ahora se me dice que no tengo la posibilidad de responder.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SOTA (Presidente).-

Sólo para conocimiento de la Cámara, quiero decir que el señor Primer Vicepresidente está absolutamente equivocado. He inscrito en el debido orden a todos los señores Diputados, y cuando existía cabida para inscribir a un Diputado más, puesto que había solamente cuatro y pueden hablar cinco, concedí la palabra al Diputado señor René García.

De manera que le ruego al señor Primer Vicepresidente que venga a constatar cómo es efectivo que el Presidente está dirigiendo la sesión de acuerdo con el Reglamento.

El señor LATORRE.-

Votemos, señor Presidente.

El señor SOTA (Presidente).-

En las partidas N° 13, de Agricultura, 15, de Trabajo y Previsión Social, y 21, de Planificación y Cooperación, no hay indicaciones.

¿Habría acuerdo para votarlas de una sola vez?

No hay acuerdo.

En votación la partida N° 13, Ministerio de Agricultura.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 22 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Dupré, Elgueta, Encina, Gajardo, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Latorre, León, Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Morales, Muñoz, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Salas, Seguel, Silva, Urrutia (don Salvada), Valenzuela, Venegas, Villouta, Walker y Wömer (doña Martita).

Votaron por la negativa los siguientes Diputados: Álvarez-Salamanca, Moreira, Munizaga, Taladriz y Vargas.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Bartolucci, Cardemil, Cristi (doña María Angélica), Errázuriz, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Hurtado, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Longton, Martínez (don Rosauro), Melero, Naranjo, Orpis, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prokurica, Rodríguez y Vilches.

El señor BARTOLUCCI.-

Pido la palabra sobre un asunto reglamentario.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, hace un instante me pareció advertir su voluntad de consultar a la Sala sobre la posibilidad de que las partidas 15, 19, 21 y 50, donde había inscritos, intervinieran los Diputados y, por lo tanto, que se prolongara el debate.

El señor SOTA (Presidente).-

Se consultó, señor Diputado, y la respuesta no fue favorable.

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, acepto la resolución, pero quiero dejar en claro que, desgraciadamente, hay aspectos importantes respecto de los cuales no vamos a poder intervenir.

El señor SOTA (Presidente).-

En votación la partida 15, Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 8 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Dupré, Elgueta, Encina, Errázuriz, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Karelovic, Latorre, León, Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Melero, Morales, Moreira, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Salas, Seguel, Silva, Sota, Taladriz, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Vargas, Venegas, Vilches, Villouta, Walker y Wómer (doña Martita).

Votó por la negativa el Diputado señor Bartolucci.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Cardemil, Cristi (doña María Angélica), Kuschel, Longton, Munizaga, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor) y Rodríguez.

El señor SOTA (Presidente).-

El señor Secretario procederá a dar lectura a una indicación a la partida 19, Ministerio de transportes y Telecomunicaciones.

El señor ORPIS.-

Pido la palabra para referirme a un asunto reglamentario.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, presenté esta indicación porque en el informe de la Comisión en la página 122 se daba a entender que el aporte a Ferrocarriles del Estado no era por aplicación de la ley, sino un compromiso asumido por el Gobierno. Como esta situación ha sido aclarada y quiero que quede constancia de que el aporte se hizo, simplemente, por aplicación de la ley, procedo a retirar la indicación.

El señor SOTA (Presidente).-

¿La retira también el Diputado don José García?

El señor GARCÍA (don José).-

Sí, señor Presidente.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 3 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Dupré, Elgueta, Encina, Errázuriz, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jürgensen, Karelovic, Latorre, León, Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Melero, Morales, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Ramón), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Sota, Taladriz, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Vilches, Walker y Wómer (doña Martita).

Votó por la negativa el Diputado señor Moreira.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Cardemil, Rodríguez y Vargas.

El señor SOTA (Presidente).-

En votación la partida 21, Ministerio de Planificación y Cooperación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 17 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Gajardo, García (don René Manuel), Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Latorre, León, Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Morales, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Sota, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Villouta, Walker y Wömer (doña Martita).

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Errázuriz, Moreira, Munizaga, Rodríguez, Taladriz y Vargas.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, Bartolucci, Cristi (doña María Angélica), Galilea, García (don José), García-Huidobro, Hurtado, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Martínez (don Rosauro), Melero, Orpis, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prokurica y Vilches.

El señor SOTA (Presidente).-

Finalmente, según nos explica el señor Director de Presupuestos no hay ninguna indicación a la partida 50, Tesoro Público, se le adecuó a raíz del incremento en el presupuesto de la Cámara de Diputados.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 22 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Dupré, Elgueta, Encina, Gajardo, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Latorre, León, Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Morales, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Sota, Valenzuela, Venegas, Villouta, Walker y Wömer (doña Martita).

Votaron por la negativa los Diputados señores Errázuriz y Rodríguez.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, Bartolucci, Cardemil, Cristi (doña María Angélica), Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Hurtado, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Longton, Martínez (don Rosauro), Melero, Moreira, Orpis, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prokurica, Taladriz y Vilches.

El señor SOTA (Presidente).-

En consecuencia, queda aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos para el sector público y se faculta a la Secretaría de la Corporación para proceder a las adecuaciones numéricas correspondientes en los artículos 1° y 2°.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, DEL SECTOR PUBLICO PARA 1995

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del Mensaje, Informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"I.- CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS

Artículo 1°.- Apruébanse el cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 1995, según el detalle que se indica:

Artículo 2°.- Apruébanse el cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la Estimación de los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 1995, a las Partidas que se indican:

II.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 3°.- Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.000.000 miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.

Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 1995, no será considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer.

Artículo 4°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones previsionales y Transferencias corrientes, incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares.

No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente excedibles ni a los incrementos originados en aplicación de donaciones, en aplicación o devolución de fondos de terceros, en la incorporación de dichas devoluciones en el servicio receptor, en transferencias al Fisco, en la asignación de mayores saldos iniciales de caja, en venta de activos financieros, en ingresos propios asociados a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según corresponda.

Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de Inversión real, Inversión sectorial de asignación regional y Transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10 % de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja, del producto de venta de activos, de aplicación de fondos de terceros o de recuperación de anticipos.

Artículo 5°.- La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, correspondiente a los ítem 61 al 73 del subtítulo 30 y a los ítem 61 al 74 y 80 al 98, del subtítulo 31, de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo. En la identificación de los proyectos con cargo a los ítem del subtítulo 30, no será necesario determinar la cantidad destinada a cada proyecto.

No obstante lo anterior, la identificación de los proyectos de inversión correspondientes a los presupuestos de los Gobiernos Regionales aprobados por la administración regional respectiva, se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos, para los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 72 y 74 de la ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior. Con todo, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto no sea superior a doce millones de pesos, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que represente el 3% del presupuesto de inversión de la respectiva región.

La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fondos aprobados para los ítem 53 "Estudios para Inversiones". En estas identificaciones no será necesario consignar la cantidad destinada al estudio correspondiente.

Ningún órgano ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión de recursos de los ítem antes indicados, efectuar la inversión de tales recursos o de otros asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes haberse efectuado la identificación a que se refiere este artículo.

Artículo 6°.- Autorízase para efectuar desde la fecha de publicación de esta ley y los llamados a propuestas públicas, de estudios y proyectos de inversión a realizar en 1995, que se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contraloría General de la República. Asimismo, dichos llamados relativos a estudios y proyectos de inversión, incluidos en decretos de identificación o de modificaciones presupuestarias que se dicten durante 1995, podrán efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República.

Artículo 7°.- En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los ítem 32, 33 y 87 de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que deberá dar a los recursos la institución receptora; las condiciones o modalidades del reintegro de éstos a que quedará afecta dicha entidad y la información sobre su aplicación que deberá remitir al organismo que se señale en el respectivo decreto.

Artículo 8°.- Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la presente ley la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan.

No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autorización previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido y alcance en la legislación que les sea aplicable. Se excluyen las donaciones, en especie o dinero, en situaciones de emergencia o calamidad pública, o cuyo valor o monto no exceda de la cantidad que fije el Ministerio de Hacienda sin perjuicio de su comunicación posterior.

El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaria directamente o a través de la Partida Tesoro Público, conforme a las instrucciones que imparta el Ministro de Hacienda. Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a que se encuentre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones.

Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios de cooperación o asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios públicos mencionados en el inciso primero se entenderán facultados para pagar los impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, establecidos en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respectivo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del personal que la fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a su propia costa, para desarrollar actividades en cumplimiento del respectivo programa, la facultad referida se limitará al pago del impuesto sobre la renta que grave su salario o retribución.

Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, podrán ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora correspondiente, reembolso al organismo o ente internacional donante, o bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, según el impuesto, contribución, derecho o gravamen de que se trate, conforme a la reglamentación contenida en el decreto supremo N° 209, de 1993, del Ministerio de Hacienda.

Artículo 9°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición o construcción de edificios para destinarlos exclusivamente a casa habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y en los de inversión regional de los Gobiernos Regionales en lo que respecta a viviendas para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales.

Artículo 10.- Los órganos y servicios públicos, incluidos en esta ley, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición o arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y sus elementos complementarios cuyo precio o renta exceda de las cantidades que se determinen por dicha Secretaría de Estado.

Igual autorización requerirá la contratación de servicios de procesamiento de datos, ya sea independiente o formando parte de un convenio de prestación de servicios que los incluya y la prórroga o modificación de éstos, cuando irrogue un gasto cuyo monto supere el que fije el referido Ministerio.

Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, sancionados en años anteriores por el Ministerio de Hacienda, que mantengan lo originalmente pactado, no necesitarán renovar su aprobación.

Las autorizaciones a que se refiere este artículo no serán exigibles respecto de los equipos que formen parte o sean componentes de un proyecto de inversión o de estudios para inversión, identificado conforme a lo que dispone el artículo 5° de la presente ley.

Los órganos y servicios públicos podrán efectuar directamente, mediante propuesta pública, la adquisición, arrendamiento y contratación de servicios a que se refiere este artículo. Si los pagos que corresponda efectuar por estos conceptos no exceden el equivalente en moneda nacional a 1.150 unidades tributarias mensuales, podrán hacerlo también directamente, mediante propuesta privada, con la participación de a lo menos tres proponentes.

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra del bien arrendado y para pactar en las compras que efectúen el pago de todo o parte del precio en un plazo que exceda del ejercicio presupuestario.

Artículo 12.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga.

Igual autorización requerirán los órganos y servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos.

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo 13 de esta ley, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo de Hacienda.

Artículo 13.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula "Por orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.

En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.

Artículo 14.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9° del decreto ley N° 1.263, de 1975, las dotaciones máximas de personal fijadas en la presente ley incluyen al personal de planta, a contrata, contratado a honorarios asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta calidad.

Artículo 15.- Durante el año 1995, sólo podrá reponerse el 50 % de las vacantes que se produzcan en los servicios que tengan fijada dotación máxima en esta ley, por el cese de funciones de su personal por cualquier causa que le dé derecho a la obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en el régimen previsional, a que se encuentre afiliado.

Esta norma no se aplicará respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de exclusiva confianza y en las plantas de directivos.

El documento que disponga la reposición deberá contener la identificación de los decretos o resoluciones de cesación de servicios en que se fundamenta.

Sin perjuicio de lo anterior, los cargos o empleos que hayan quedado vacantes durante 1994 por aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la ley N° 19.259, no podrán ser provistos durante 1995 y la dotación máxima fijada en esta ley al respectivo Servicio, se reducirá en un número equivalente al de dichos cargos o empleos.

Las nuevas dotaciones máximas de los servicios para 1995, que resulten de la aplicación de lo dispuesto en el inciso precedente, constarán en uno o más decretos del Ministerio de Hacienda que se dictarán en el primer trimestre del referido año.

Artículo 16.- El número de horas extraordinarias-año afectas a pago, fijado en los presupuestos de cada servicio público, constituye el máximo que regirá para el servicio respectivo. No quedan incluidas en dicho número las horas ordinarias que se cumplan en días sábados, domingo y festivos o en horario nocturno, pero el recargo que corresponda a éstas se incluye en los recursos que se señalan para el pago de horas extraordinarias.

Sólo previa autorización del Ministerio de Hacienda, los Jefes de servicio podrán disponer la realización de trabajos extraordinarios pagados, por un número de horas que exceda del consultado en el presupuesto respectivo.

Artículo 17.- Sustitúyese, en el artículo 6° transitorio de la ley N° 18.834, modificado por el artículo 17 de la ley N° 19.259, la referencia "1° de enero de 1995" por "1° de enero de 1996".

Artículo 18.- Suspéndese, durante el año 1995, la aplicación de la letra d) del artículo 81 de la ley N° 18.834, respecto de la compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en cargos a contrata en el mismo servicio. Esta suspensión no regirá respecto de la renovación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el año 1994.

Artículo 19.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 1995 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 a 1994 se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:

65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión.

10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y

25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación.

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50% destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 17.174, en el decreto ley N° 2.569, de 1979 y en la ley N° 19.229.

Artículo 20.- Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.

Artículo 21.- Todas las organizaciones no gubernamentales que reciban ingresos contemplados en esta ley deberán indicar el uso o destino de dichos fondos, los cuales quedarán fiscalizados por la Contraloría General de la República.

Artículo 22.- Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 12 del decreto ley N° 701, de 1974, la expresión “en el período de 20 años contado desde la vigencia del presente decreto ley”, por “a contar de la vigencia del presente decreto ley y hasta el 31 de diciembre de 1995”.

La tabla de costos a que se refiere el artículo 15 del citado decreto ley, que regirá para la temporada del año 1995, se fijará dentro de los 45 días siguientes a la fecha de publicación de esta ley.

Artículo 23.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 5° de esta ley.

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, y la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la ley N° 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda.

La determinación y fijación de cantidades y montos a que se refieren los artículos 8° y 10 de esta ley, se efectuarán por oficio del Ministerio de Hacienda.

Artículo 24.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1° de enero de 1995, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refieren los artículos 3° y 5° y las resoluciones indicadas en dicho artículo 5°.”.

Me permito hacer presente a V.E., que el artículo 3° del proyecto, fue aprobado tanto en general como en particular con el voto afirmativo de 85 señores Diputados, de 112 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 63 de la Carta Fundamental.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): Vicente Sota Barros.- Carlos Loyola Opazo.

PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 1995

El señor VALDÉS (Presidente).-

Proyecto, en segundo trámite constitucional, relativo a la Ley de Presupuestos del Sector Público para 1995, con informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. (Véase en los Anexos, documento 6).

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo tramite, sesión 19ª, en 22 de noviembre de 1994.

Informe de Comisión:

Especial Mixta de Presupuestos, sesión 19ª, en 22 de noviembre de 1994.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión general.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , ¿se informó ya de qué manera abordaremos el despacho de la iniciativa?

El señor VALDÉS (Presidente).-

Sí, señor Senador. Se debatirá en general hasta las 18; en seguida comenzarán a tratarse las indicaciones a los diversos ítem, que son los atinentes a los gastos variables.

El señor HORMAZÁBAL.-

Me interesa dejar establecido ese hecho, porque se ha producido un debate público. Y si nuestra idea es que se discuta en general, debemos entender que no hay posibilidad de aprobación o de rechazo acerca de la idea de legislar sobre el proyecto de Ley de Presupuestos.

Pienso que es importante hacer constar que puede haber debate en general; pero que, una vez concluido, el Senado no se abocará a aprobar o rechazar en general la iniciativa, sino que, simplemente, deberá comenzar la discusión y votación de aquellas Partidas respecto de las cuales esta Corporación es competente para pronunciarse.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Esa es la posición de la Mesa, señor Senador.

El señor LARRAÍN.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).-

La tiene, Su Señoría.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , tocante a la forma de proceder del Senado en esta materia en los últimos cuatro años, se me ha informado que primero ha habido un debate en general y luego una aprobación en general del proyecto de Ley de Presupuestos. Lo propio a su vez ha ocurrido en la Cámara de Diputados, no sólo en los cuatro años anteriores sino también ahora; vale decir, siempre se ha procedido de una sola manera. Así que no veo la razón reglamentaria que hoy se aduce para impedir que eso ocurra.

Por lo tanto, a mi modo de ver, habría que mantener el procedimiento observado hasta la fecha: después de un debate general, viene la instancia de aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-

La costumbre no hace la ley, y menos si existe un texto expreso en contrario.

El señor DÍEZ.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor HAMILTON.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

¿Me permite la palabra, señor Presidente ?

El señor VALDÉS (Presidente).-

Puede usar de ella el Honorable señor Díez.

El señor DÍEZ.-

Quiero dar a conocer brevemente mi opinión al respecto.

Siento estar en desacuerdo con mi colega, vecino y amigo, el Senador señor Larraín.

El artículo 211 del Reglamento del Senado establece que deberá votarse en general la iniciativa presupuestaria. Así se ha procedido en los últimos años. No ocurrió lo mismo con anterioridad al Gobierno militar. Pero, ¿qué dice la Constitución, para que nos pongamos de acuerdo y veamos la inutilidad de la votación en general? En su artículo 64 dispone: "El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presentado por el Presidente de la República " ... "y si el Congreso no lo despachare dentro de los sesenta días", regirá la iniciativa presentada por el Primer Mandatario. El constituyente ni siquiera se pone en el caso de que el proyecto fuere rechazado por el Parlamento. ¿Y por qué no lo hace? Porque el inciso segundo del mismo precepto señala "El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente.".

En consecuencia, el Parlamento no puede aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos. De manera que basta su sola inclusión en la normativa presupuestaria para que el cálculo del Presidente de la República tenga valor jurídico. Esta atribución exclusiva de él no ofrece dudas en el examen de toda nuestra legislación. Por lo tanto, si se votara en general la iniciativa, en ese procedimiento debería excluirse la estimación de los ingresos sobre los cuales el Congreso carece de competencia.

En lo que dice relación a los gastos, la Constitución dispone que el Congreso sólo podrá reducir los contenidos en la Ley de Presupuestos, salvo aquellos que estén establecidos por ley permanente. De esta disposición se desprenden dos conclusiones: primero, que los gastos contemplados en forma permanente no pueden ser reducidos por el Parlamento; y segundo, que sólo es posible disminuir los denominados "variables", es decir, los que no son obligatorios por ley.

De lo anterior se deduce que nuestro Reglamento, al disponer una votación general de la Ley de Presupuestos, no se ajusta a lo dispuesto en la Constitución Política de la República. Aunque así fuera, siempre partes de él quedarían aprobadas por imperio de la Carta, como ser el cálculo de los ingresos y los gastos fijos. En consecuencia, la votación en ningún caso podría ser general, pues, en el ámbito constitucional quedaría reducida a los gastos variables.

Si se produjera votación general de la normativa presupuestaria y ésta fuera rechazada, su rechazo no tendría valor legal de acuerdo al principio de jerarquía de la Constitución. Además, si se estimara que esa votación se ajusta a Derecho, debería señalarse que ella sólo se refiere a las materias que la Carta admite que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Congreso. Y eso, en la práctica, equivaldría a transformar dicha votación general en una particular de los gastos variables.

Como nuestro país tuvo ya una dolorosa experiencia histórica en lo que respecta a la Ley de Presupuestos, considero conveniente establecer la concordancia entre el Reglamento del Senado y la Constitución Política de la República, no sólo por dar cumplimiento a ésta, sino porque, si todos los cuerpos legales no contemplan con precisión este punto, ello puede prestarse a interpretación y el día de mañana, a lo mejor, causar serias dificultades.

Si resulta factible poner en votación general la Ley de Presupuestos es lógico admitir que ella también puede ser rechazada en general, lo cual resulta evidentemente contradictorio con la Carta Fundamental.

Por esta razón, he presentado un proyecto para modificar el Reglamento del Senado, teniendo presente que, de todas maneras, por primacía constitucional, rige en esta materia el artículo 64 de la Carta, y lo que se debe votar son aquellas materias en que tiene competencia el Congreso, vale decir, los llamados "gastos variables".

El señor VALDÉS (Presidente).-

La Mesa no tiene la menor duda sobre esta materia. Además, los informes jurídicos de que dispone sobre el particular y la historia de la normativa constitucional, confirman la tesis manifestada por el señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Es efectivo que en ocasiones anteriores se han llevado a cabo discusiones generales al respecto, pero ello no empece a que se cumpla el mandato de la Carta Fundamental, pues anteriormente se procedió en una forma que no correspondía. El único precedente en la historia del Senado es muy categórico en este sentido, y resulta importante, por cuanto la disposición constitucional aplicable en la materia era la misma. Fue resuelto en 1954 por la unanimidad de la Comisión de Justicia de ese entonces, presidida por el señor Álvarez y a la cual asistieron los Senadores señores Fernando Alessandri, Bulnes, Amunátegui, Faivovich, Prieto, Frei y Mardones. Su planteamiento resulta categórico y reafirma el planteamiento del Honorable señor D.

Por otra parte, considero que ésta discusión no tiene mayor sentido, porque el cálculo de ingresos del Ejecutivo no puede ser debatido ni votado al igual que los gastos establecidos en leyes de carácter permanente. Se puede discutir, pero la Mesa desea dejar en claro que el proyecto no podrá ser votado en general, ya que no corresponde.

El señor LARRAÍN.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).-

Puede intervenir el Honorable señor Piñera.

El señor LARRAÍN.-

He pedido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

La Mesa debe aclarar que debe concederla a distintos señores Senadores.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , con la venia de la Mesa, concedo una interrupción al Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Le agradezco, Su Señoría; pero prefiero intervenir después.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , hay un enorme vacío legal en la normativa en lo que dice relación a cómo se debe tramitar la Ley de Presupuestos. Al efecto existen disposiciones en la Constitución, en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en los Reglamentos de ambas Cámaras. Y, ciertamente, son muy imprecisas, bastante vagas y, a veces, contradictorias en este punto, respecto del cual se pueden invocar distintos cuerpos legales. Pero hay algo cierto: en los últimos cuatro años, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se ha votado en general la Ley de Presupuestos. Así procedió días atrás la otra rama legislativa, interpretando su Reglamento, conforme al cual habrá discusión general -también lo contempla el del Senado- y posteriormente una en particular.

Estoy de acuerdo en que el resultado de la votación no puede cambiar aquello que es inalterable o donde no le cabe competencia al Congreso. Por lo tanto, sería improbable que éste modifique el cálculo de ingresos o los gastos que se establecen en leyes permanentes. Pero sí tiene que haber una instancia de discusión general del presupuesto. En estricto rigor, la votación negativa de todos los ítem variables significaría en la práctica un rechazo de una parte de la normativa, lo cual puede ser discutible en el Parlamento.

Concuerdo en que la legislación es muy poco concluyente en esta materia. En todo caso, en mi opinión, es necesaria una discusión general respecto del Presupuesto antes de que analicemos Partida por Partida. Basta leer los textos legales -tengo aquí dos informes de Derecho- para darse cuenta de que existe una enorme contradicción al respecto.

Por último, señor Presidente , debo decir que bajo su mandato en los últimos cuatro años hemos votado en general la Ley de Presupuestos; y lo mismo hizo la Cámara de Diputados hace pocos días.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Felizmente, tengo la capacidad de corregir los errores, que es lo único que gana uno con los años. En esta oportunidad la Mesa tiene claro el punto y no aceptará mayor discusión sobre el particular, porque ha resuelto -y es la norma que impondrá- que no habrá votación general en lo que respecta a la normativa presupuestaria. Puede haber discusión, y, precisamente, los Comités han acordado que ella finalice a las 6 de la tarde.

Por lo tanto, se termina el debate sobre esta materia, y ofrezco la palabra al señor Ministro de Hacienda.

El señor LARRE.-

¿Me permite, señor Presidente ? Deseo referirme al acuerdo de los Comités.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.

El señor LARRE.-

El acuerdo adoptado fue que el proyecto se discutiera hasta las 10 de la noche, para después seguir con la votación.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Pero el planteamiento del Senador señor Piñera en la reunión de Comités fue que el debate general durara hasta las 18, para después analizar las correspondientes Partidas y votar.

¿Estamos de acuerdo?

El señor GAZMURI.-

Pero se dio a entender que empezaríamos a votar a las 6.

El señor CANTUARIAS.-

Eso no se ha acordado.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Entramos a votar a las 18, porque la discusión general finaliza a esa hora. ¡No sé si puede haber algo más que discusión y votación...!

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , la hora fijada para el término de la discusión general estaba sujeta a que empezáramos a las 16. Como lo hemos hecho 45 minutos después, pido que la hora de término se extienda hasta las 18:45, a fin de tener una discusión general como corresponde.

Por otra parte, lamento no ceñirse a lo dispuesto en el Reglamento, y que la Constitución no desmiente. Ello puede ser discutible jurídicamente, pero cuando eso ocurre se aplican los precedentes.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Lo que se aplica, señor Senador, es lo que decide la Mesa cuando hay dificultades. Y la Mesa estima que la jerarquía jurídica en Chile es clara: primero, la Constitución; después, la ley orgánica, y, por último, el Reglamento. En esta materia va a ser inflexible. Sin embargo, concuerdo con Su Señoría en cuanto a que debe ampliarse la hora de término por haber comenzado después de lo previsto.

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-

Gracias, señor Presidente.

Quiero iniciar el examen y discusión del Presupuesto de la Nación para 1995 con un recuento -acotado en el tiempo, en aras de la eficiencia- respecto del rol macroeconómico, microeconómico y social que éste cumple.

En este Presupuesto estamos hablando de un volumen global de recursos del orden de los 5,6 billones de pesos y 1.135 millones de dólares, volumen que, a juicio del Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de un plan de austeridad, con continuidad de una serie de importantes programas de arrastre y, también, con la introducción de algunos programas nuevos, lo cual es digno de destacar.

¿Qué busca, normalmente, el diseño de todo Presupuesto de la Nación? Busca tres aspectos medulares. En primer término, hacer una contribución al escenario macroeconómico global de la marcha del país en términos de inversión, crecimiento, estabilidad, empleo y composición del gasto. En segundo lugar, desde el punto de vista microeconómico, revela lo que la institucionalidad vigente, lo que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en su calidad de discutidor, legislador y fiscalizador de las partidas, aprueban o rechazan en términos de lo que se quiere hacer respecto de la institucionalidad del gasto del presupuesto público. Pero el Ejecutivo no sólo fija los programas que impactan a la demanda agregada, la inversión, el empleo, el crecimiento, sino que también estructura una composición del gasto que, a su vez, impacta a los componentes sectoriales, regionales y sociales del mismo.

Yo diría que el Presupuesto de la Nación -si se me permite expresarlo en una frase- representa -y de ahí su importancia- "el" instrumento por excelencia con que cuenta hoy día el sector público, el Poder Ejecutivo -en general, el Estado de Chile- para afectar, de una manera u otra, la marcha de la nación de un año para el otro.

Lo que debemos hacer, antes de discutir cada una de las Partidas, es meditar acerca de la importancia de preservar, a juicio del Ejecutivo, ciertos principios de la institucionalidad fiscal, que, ciertamente, nos han distinguido de otras experiencias, sea del pasado o de algunos de los países vecinos que luchan con reformas fiscales de distinto corte.

En este punto, me gustaría hacer una reflexión. Hoy día y desde fines de 1989, tenemos un Banco Central autónomo, que dirige la política monetaria del país, la política de tasas de interés, la mayor parte de los cambios que pueden producirse en la Cuenta de Capitales, y que tiene una incidencia crucial en lo referente a la Balanza de Pagos y al sector externo.

Por lo tanto, a diferencia de otros tiempos, en el aspecto macroeconómico, hoy día el Poder Ejecutivo , el Gobierno como tal, no tiene una influencia directa en lo relativo a todo un componente de las políticas macroeconómicas, que es, justamente, el elemento monetario, de interés y de balanza de pagos.

En seguida, hay acuerdos que nos rigen -el Gobierno del Presidente Frei los ha respetado- respecto de la evolución de los ingresos tributarios y, más precisamente, de las tasas tributarias y de los componentes principales de los impuestos del país, como son IVA y renta. En consecuencia, existe un acuerdo tributario de 1993 que limita y establece techo y cotas, en algún sentido severas, sobre la marcha que pueden tener a futuro el desarrollo de los ingresos tributarios, componente fundamental del financiamiento del país.

En tercer lugar, debe destacarse que estamos entrando, cada vez más -las cifras y la evolución de las instituciones del mercado de capitales así lo prueban-, en una economía globalizada, donde los países en general -y el Estado de Chile, en particular- y todos debemos respetar las restricciones que surgen por la internacionalización de una serie de partidas en los componentes de ahorro e inversión.

Por consiguiente, si examinamos la situación que impone un Banco Central autónomo; lo que implica el acuerdo tributario del año recién pasado y su limitación sobre los ingresos fiscales; las restricciones que razonable y racionalmente hay que tener en cuanto a los aspectos del sector externo, y si a todo esto agregamos el acuerdo que el Gobierno ,del Presidente Aylwin y el Congreso adoptaron en su oportunidad -lo que normalmente señala el artículo 4° del Presupuesto, que es un techo nominal en las partidas de gasto, esto es, un techo a la afectación que el Fisco puede hacer en el gasto corriente, donde no puede exceder ni en un centavo el desembolso del gasto nominal, y en el gasto de capital o de inversión, con un límite de sólo hasta 10 por ciento-, nos encontraremos con un escenario restrictivo, limitado, delimitado y específico respecto del cual se plantea un Presupuesto de la Nación año tras año.

Para mí, es fundamental que se tenga eso en cuenta, porque cuando hablamos de "el" instrumento que le queda al Poder Ejecutivo , al Estado de Chile, para afectar la marcha macro, micro y social del país, en realidad nos estamos refiriendo a lo que hoy vamos a discutir. En ese sentido, quiero hacer un llamado a los señores Senadores. En las últimas dos semanas hemos tenido ocasión de hablar in extenso con distintos Comités Parlamentarios de diversos sectores sobre este aspecto, y hago un llamado a Sus Señorías con relación al grado parcial y limitado de flexibilidad del único instrumento que resta al Poder Ejecutivo , cual es el Presupuesto de la Nación.

Estamos ante una institucionalidad que es especial en Chile, la cual recoge la experiencia, negativa en algunos casos -de los años 50 ó 60- en estas materias, cuando se produjo -por lo menos, hacia finales del período que recuento- una verdadera -si se me permite la expresión- anarquía en el ámbito fiscal, que nos llevó a consecuencias conocidas. Y estamos frente a un activo, en el cual Chile, con bastante costo, ha logrado conquistar una institucionalidad y una mecánica para el Presupuesto fiscal que constituye -si se me permite decirlo- una verdadera ventaja comparativa del país; una ventaja que no pertenece sólo al Estado de Chile, sino al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a todas las instituciones y, por supuesto, a aquella de la que se beneficia el sector privado en todos sus ámbitos: trabajo-capital.

Invito a los señores Senadores a que recojan y examinen la experiencia que en este campo viven algunos países vecinos. Hoy en la mañana -puedo citarlo aquí, sin entrar en infidencia-, conversando con mi colega de la misma rama de Argentina, él me contaba algunos de los problemas y dificultades que surgen en el proceso ad hoc en materia fiscal.

Por lo tanto, mi primer llamado -en esto quiero ser muy claro, y es mi deber como ciudadano y como Ministro de Hacienda hacerlo aquí y ahora, tal como lo hice en la Cámara de Diputados hace una semana- para advertir sobre pretensiones, presiones o corrientes que pueden permitir, eventualmente, generar la semilla de una anarquía fiscal.

El Ministro que habla -y estoy cierto que también el Gobierno como un todo- no está dispuesto a perder la transparencia, flexibilidad e institucionalidad que el país tiene como ventaja comparativa. Y reitero mi llamado a que se examine comparativamente -aun con las dificultades parciales que posee y que reconozco- nuestra institucionalidad fiscal con la de la mayor parte de los países, incluso de Europa, que hoy día luchan en contra de una verdadera semilla o batahola de anarquía o semianarquía fiscal.

Gracias a esta institucionalidad -por mucho que pudiera parcialmente perfeccionarse en el tiempo-, a un Poder Ejecutivo responsable y a un Legislativo que siempre ha cumplido con su deber, hemos podido exhibir cuentas azules en el Presupuesto de la Nación, con ahorro neto y bruto. Creo que ésta es una materia que debe ser meditada por todos los Poderes del Estado y, en particular, por los Parlamentarios que discutirán el proyecto a continuación.

Como segundo tema -sin entrar en mayores detalles, porque Sus Señorías han examinado hasta la saciedad las cifras y no corresponde repetirlas ahora- y haciendo un resumen, debemos hacernos la pregunta clásica e importante respecto del impacto del Presupuesto en la marcha de la economía nacional. Es decir, el Presupuesto de la Nación para 1995 en análisis, ¿absorbe o no sanamente el crecimiento del país como un todo, el aumento del empleo y la disminución de las tasas de inflación, primordialmente?

Si examinamos las Partidas, vemos que en ellas se habla de ingresos corrientes presupuestados que representan 21,7 por ciento del Producto Interno Bruto proyectado. Repito: 21,7 por ciento.

La primera observación que surge es que aquí no se trata de guarismos agobiantes ni asfixiantes, sino de tasas muy razonables, comparadas con las de nuestra historia y con las de países en el mismo estadio de desarrollo. De ese componente, alrededor de no más de 18 por ciento lo representa la carga tributaria neta total. O sea, siendo francos y directos, en el país no existe la llamada "asfixia tributaria"; por lo tanto, con este Presupuesto de nuevo existe una gran oportunidad para el desarrollo de la actividad privada, de todo tipo, y para el crecimiento de los salarios, de las utilidades, del empleo y de la inversión.

Desde el punto de vista del balance de gastos-ingresos (antes y después de la línea), nuevamente podemos afirmar que estamos frente a un Presupuesto que contribuye en 3,9 por ciento en el balance de cuentas corrientes del Producto Interno Bruto. Otra vez ello es positivo y similar a la cifra que estamos alcanzando en 1994. O sea, se repite un efecto positivo.

Y en el balance neto final global, de acuerdo a la estructura de gastos e ingresos de los 5,6 billones de pesos y de mil ciento y tantos millones de dólares del Presupuesto en discusión, con los techos correspondientes y deducidos los ingresos, estamos hablando de un efecto neto -al final de la línea- de casi un punto porcentual sobre el Producto Interno Bruto, en cuanto a ahorro neto. Es decir, lo proyectado es exactamente 0,8 por ciento.

Este Presupuesto, por otro año consecutivo, permite inscribir en la historia de las finanzas públicas de nuestro país, dentro de un impacto neto positivo, el componente de ahorro e inversión total de la economía chilena. Esto significa que el Presupuesto del sector público no sólo está financiado y termina en azul en su proyección, sino que también contribuye con alrededor de un punto del Producto para financiar inversión de otras instituciones en el mercado de capitales global.

Estimamos que el crecimiento contemplado en los gastos corrientes -de 4,8 por ciento- y en los de capital -de casi 8 por ciento-, que refleja un promedio ponderado un poco menor de 5,5 por ciento, es más que razonable, austero y adecuado para la marcha previsible del crecimiento del Producto del país.

En el Ministerio de Hacienda -en el Poder Ejecutivo - hemos examinado distintas cifras que enmarcan las predicciones, por ejemplo, de analistas económicos especializados, de consultores de todo tipo, corte e ideología y de profesionales. Ellas muestran un promedio simple de expectativa de crecimiento real para 1995 cercano a 6,5 por ciento. El Gobierno, luego de hacer sus cálculos, se ha mantenido en la proyección con 5,8 por ciento de crecimiento real para ese mismo período. Tal guarismo nos parece adecuado y razonable, ni optimista ni pesimista, sustentable en nuestras cuentas fiscales externa y monetaria.

Por consiguiente, en cuanto a la pregunta que intentábamos responder, el Ejecutivo está más que confiado y tranquilo en que este Presupuesto, en su estructura de gastos y en sus componentes de ingresos, de impuestos, etcétera, y en la contribución neta, al final de la línea, que hace a la economía del país -que debe quedar claro que es financieramente positiva-, está perfectamente adecuado a las tendencias macroeconómicas sustantivas que enlazan 1994 y 1995.

Tanta es la tranquilidad del Poder Ejecutivo sobre la materia que, confirmadas las proyecciones de la inflación para 1994, producto de la eficacia del proceso de ajuste macroeconómico, a un guarismo que no superará en ningún caso el 10 por ciento y que más bien se acercará al 9 por ciento, el Gobierno, en concordancia con el Banco Central y en perfecta coordinación de política, se ha autoimpuesto una vara más alta. Nos hemos autoimpuesto -y así lo declaramos públicamente hace menos de 10 días- rebajar la tasa de proyección de la inflación para 1995, del 9 al 8 por ciento.

Creemos que es perfectamente viable, si nos esforzamos y mantenemos la austeridad de las políticas, conquistar por segundo año consecutivo, en 1995, una inflación de un dígito, como la que, por primera vez en mucho tiempo, alcanzaremos en 1994.

Las cuentas de gastos, las de demanda agregada, las monetarias y el mercado de ahorro e inversión, nos permiten avalar que aquí hay un escenario de proyección sano para nuestras cuentas, y no sólo para el año que termina, sino que también para el próximo.

Como Sus Señorías ya saben, el martes en la tarde presentamos una indicación que reestimaba completamente los componentes de gasto e ingreso, detallados y globales, del Presupuesto de la Nación , acorde con un nuevo inflactor, autoimponiéndonos uno por ciento menos de crecimiento del inflactor, producto de la rebaja de la inflación.

Señores Parlamentarios, destaco este punto porque pocas veces en la historia fiscal de Chile se ha visto un gesto del Gobierno que eleve la vara, aun poniéndose una autorrestricción y autolimitación en cuanto a la proyección del inflactor y, en consecuencia, de todos los componentes de gastos hacia abajo. Esto revela que confiamos en la buena marcha del país y en que este Presupuesto se inserta adecuadamente en las políticas que realizamos.

Finalmente, deseo hacer dos reflexiones. Una, respecto del empleo. Se han publicado algunas crónicas y comentarios sobre una frase que ya parece majadera en la historia del país -si me permite, señor Presidente -: la -entre comillas- "excesiva burocracia".

Estimo que si se examina con frialdad, objetividad, sin apasionamiento ni sesgados, a través de distintos períodos -no sólo este Gobierno y el anterior-, el progreso de nuestras finanzas públicas y sus componentes de empleo, tal vez hoy día estaríamos rindiendo un homenaje al funcionario público y a la Administración Pública.

Pienso que en absoluto es exagerado señalar que, comparados con América y muchos países desarrollados de Europa, tenemos una Administración Pública lo más austera y acotada posible, para el estadio de desarrollo en que nos encontramos.

Todos sabemos que hay imperfecciones. Todos sabemos -así lo indica la curva del tiempo y de la vida- que debemos ir mejorando, y esto no significa claudicar en los estándares. Pero los invito a tener tranquilidad y serenidad. Démonos cuenta de que mientras en la gran mayoría de los países de América, desde el extremo norte al extremo sur, y en la mayoría de las naciones europeas, el empleo público crece y crece a dígitos sustantivos, en el presente proyecto de Presupuesto , en cambio, se propone un crecimiento permisible de dotación -no se dice que necesariamente se llegará a esa cifra- de hasta 3,1 por ciento. Cabe tener presente que la proyección de empleo de la economía normalmente oscila entre 2,5 y 3 por ciento por año.

¿Dónde está ese 3,1 por ciento? No en cualquier repartición o administración. De hecho, en 31 servicios públicos de primera magnitud el empleo no crece, sino que, incluso, disminuye. El incremento referido se concentra en servicios indispensables para la población, y, particularmente, en el sector Salud, en su área subvencionada, en lo que va dirigido a las Regiones, a consultorios, a policlínicas, y, en general, a lo que merece ser apoyado por el Estado -lo ha sido desde hace muchas décadas- y es necesario, como todos sabemos, para una marcha social mínimamente adecuada del país.

Por tanto, quiero ser muy claro. Aquí no se puede hablar de exceso de burocracia o de grandes ineficiencias, sino, tal vez, de pequeños problemas aquí y allá. Y de ninguna manera se puede hablar de crecimientos desmesurados en los empleos. Así podrán corroborarlo los señores Senadores que tengan la paciencia de examinar con cuidado todas las Partidas y dotaciones.

Como último punto de esta exposición preliminar, deseo destacar un hecho que tampoco tiene parangón, al menos en la historia reciente de nuestro país, y que ha sido objeto de algunos comentarios que no esperábamos como Poder Ejecutivo y diseñadores de un Presupuesto nuevo. Me refiero a que, por primera vez, hemos presentado a la opinión pública y al Parlamento, para 26 servicios determinados y específicos, con nombre y apellido, del sector público en general, indicadores de productividad y metas de eficiencia, desempeño y gestión. El Gobierno del Presidente Frei camina, cada vez más, hacia cumplir un doble objetivo: Primero, una dignificación de los servidores del Estado, otorgándoles remuneraciones acordes con sus tareas y contribución al país; y, segundo, una elevación del estándar de desempeño, a fin de que, por la vía de indicadores objetivos, que podrán ir ampliándose y perfeccionándose en el tiempo -y a ello nos comprometemos-, logremos acercar el régimen del sistema estatal a índices superiores de eficiencia. Es decir, se trata de contribuir en forma concreta y no filosófica o global, a alcanzar un mejor desempeño.

Como Ministro , tengo el orgullo de decir que en las últimas semanas he conversado largas horas sobre el tema, entre otras entidades, con la ANEF, la cual, al igual que la CUT, valoró esta primera experiencia que se ofrece en el primer proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno del Presidente Frei. Es decir, tal vez sin grandes anuncios, pero en forma certera y detallada, estamos avanzando en la tarea de conseguir mayor eficacia en el aparato fiscal y productividad en el empleo y desempeño funcionarios. Esperamos que ello llegue a ser un nuevo orgullo en la limpia tradición fiscal en que se inscribe la historia moderna del país.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , por cinco años consecutivos he participado en el análisis, discusión y aprobación de la Ley de Presupuestos del sector público. En diversas oportunidades durante este período se ha criticado que la ejecución presupuestaria excede el marco fijado en la Ley de Presupuestos, tema que ahora se plantea una vez más. Algunos lo atribuyen a que las normas de flexibilidad presupuestaria permitirían al Ejecutivo actuar de esa manera, por lo que sería necesario modificar la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado para impedirlo. En cualquier caso, el Gobierno pasado jamás reconoció haber sobreejecutado el Presupuesto. Al respecto, puedo citar las declaraciones del ex Ministro de Hacienda , don Alejandro Foxley , publicadas por el diario "El Mercurio" el 16 de octubre de 1992, en que, textualmente, señala:

"No es efectivo que el Gobierno haya estado sistemáticamente gastando más que lo autorizado en la Ley de Presupuestos. Ello no ha ocurrido el 91, no ha ocurrido el primer semestre del 92; y en la proyección para fines de este año ello sólo ocurre en la medida que la buena situación macroeconómica ha permitido tomar una decisión de conveniencia para la buena marcha del país, que es el prepago de deuda.".

Debo hacer presente que, de acuerdo con el artículo 28, número 3, de la Ley de Administración Financiera del Estado, el pago de la deuda del Estado es un ítem excedible.

A partir de ese año (1993), se agregó una norma en la Ley de Presupuestos -la contenida en el artículo 4° de la ley vigente y que figura en idénticos términos en el artículo 4° del proyecto en debate- que permite exceder el marco presupuestario en los casos y condiciones que la misma norma contempla.

En mi concepto, el sistema presupuestario vigente no permite la sobreejecución, esto es, que el Ejecutivo gaste más que lo aprobado por el Congreso en la Ley de Presupuestos. Para hacer esta afirmación, me baso en las normas constitucionales y legales que regulan la materia.

En efecto, la Carta Fundamental encomienda al Presidente de la República la administración del Estado y lo dota de numerosas atribuciones y facultades para permitirle cumplir con ese cometido. Sin embargo, en materia de gastos públicos, le exige actuar de común acuerdo con el Congreso al disponer, por una parte, que será atribución del Jefe del Estado cuidar de la recaudación de las rentas públicas y disponer su inversión con arreglo a la ley, y, por otra, al exigir que el Presupuesto anual se apruebe por ley.

Al respecto, la Constitución señala, en su artículo 32, número 22°, que es atribución especial del Presidente de la República : "Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. El Presidente de la República , con la firma de todos los Ministros de Estado , podrá decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Los Ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito de malversación de caudales públicos.".

Refuerza esta idea el artículo 89 de la Carta, conforme al cual "Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto.".

Luego, en relación con la Ley de Presupuestos, la Constitución, en su artículo 64, regula la oportunidad en que debe aprobarse y las facultades que, en cuanto a la aprobación de los ingresos y gastos, caben al Presidente de la República y al Congreso Nacional.

Asimismo, otorga al Presidente de la República la facultad exclusiva de estimar los ingresos, los cuales no pueden ser aumentados ni disminuidos por el Congreso. En cambio, en materia de gastos, la Carta Fundamental concede atribuciones al Congreso para reducir los propuestos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente.

Todas estas normas consagran lo que se ha llamado el "principio de legalidad del gasto público", y son claras en cuanto a permitir al Jefe del Estado realizar pagos no autorizados por ley, sólo en las situaciones de emergencia previstas en el artículo 32, número 22°, caso en el cual debe hacerlo mediante decretos firmados por todos los Ministros de Estado, quienes se hacen solidariamente responsables del gasto ordenado.

Este principio no es nuevo. Ha figurado en los distintos textos constitucionales que han regido a nuestro país desde 1833 en adelante, y, como lo señalara la Contraloría General de la República en su dictamen N° 47.522, de 1953, ratificado por el dictamen N° 61.334, de 1961, implica que los "gastos públicos, o los pagos que deban efectuarse con dineros o fondos del Estado, están sometidos a la autorización del legislador, no sólo en cuanto a su monto, sino en cuanto a su destino o finalidad", lo que significa que "los gastos públicos no pueden ordenarse discrecionalmente, sino "con arreglo a la ley", tanto en las sumas que ésta previamente ha indicado, cuanto en la finalidad que esa ley ha señalado para las mismas sumas.".

Evidentemente, estas normas constitucionales y el principio de legalidad del gasto que consagran no significan que para cada gasto que realice el Ejecutivo se debe dictar una ley, sino que establecen el gran marco jurídico al que ha de ceñirse el sistema presupuestario, lo que, en suma, obliga al Ejecutivo a contar con el acuerdo del Congreso para invertir o gastar los recursos públicos.

Por otra parte, no hay que olvidar que el principio de legalidad del gasto que debe respetar el Ejecutivo es la compensación al Parlamento por la falta de iniciativa para proponer y aprobar nuevos gastos. Así lo destacó el Honorable Senador Joaquín Prieto con ocasión de la discusión de la ley N° 7.727, que aprobó la reforma constitucional de 1943.

En consecuencia, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado debe necesariamente ajustarse a las normas básicas sobre inversión de recursos públicos que contempla la Constitución y, por tanto, sus disposiciones no pueden ser interpretadas, en ningún caso, de manera que su aplicación signifique transgredir estos claros preceptos constitucionales.

¿Qué dispone la Ley Orgánica de Administración Financiera? Esta normativa legal, aprobada por el decreto ley N° 1.263, de 1975, en su artículo 19 establece:

"Los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo a que pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos. Se entenderá por egresos públicos los pagos efectivos y por compromisos, las obligaciones que se devenguen y no se paguen en el respectivo ejercicio presupuestario."

Esta disposición es del todo coincidente con la normativa constitucional. Los egresos aprobados en el presupuesto anual constituyen el límite máximo que le es posible al Ejecutivo gastar. Para sobrepasar este gasto máximo necesita indispensablemente una ley.

A diferencia de las anteriores leyes orgánicas de presupuestos, la actual Ley de Administración Financiera no contempla las clasificaciones presupuestarias, ni regula los traspasos que pueden efectuarse durante la vigencia de un determinado presupuesto sin necesidad de ley.

En efecto, este texto legal no regula la forma de agrupar los ingresos y los gastos, sino que en su artículo 16, inciso segundo, dispone que "Por decreto supremo se determinarán las clasificaciones del presupuesto.".

Al respecto, cabe recordar que, desde la vigencia de la normativa legal en análisis, cada año el presupuesto del sector público se ha organizado sobre la base de "Partidas", considerando como tales -al igual que lo disponía la antigua Ley Orgánica de Presupuestos, aprobada por el decreto con de ley N° 47, de 1959- a los tres Poderes del Estado, a la Contraloría General de la República y a los Ministerios. Desde 1977 -hay que tener presente que la Ley de Administración Financiera es de 1975-, se agregó una Partida más: "Tesoro Público", que comprende la estimación de los ingresos del Fisco y de los gastos y aportes de cargo fiscal. Estos gastos, con anterioridad a 1977, se contemplaban en el presupuesto del Ministerio de Hacienda.

Insisto en que esta agrupación de gastos no está establecida directamente en la Ley de Administración Financiera, la que no regula este aspecto. Asimismo, reitero que a la época de entrar en vigencia esa normativa legal la Partida Tesoro Público no existía y que los gastos que ella comprende estaban incluidos en el presupuesto del Ministerio de Hacienda.

En cuanto a los traspasos, se refiere a ellos el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera en los siguientes términos:

"Las normas sobre traspasos, incrementos o reducciones y demás modificaciones presupuestarias serán establecidas por decreto en el mes de diciembre del año anterior a su vigencia. Estas normas podrán ser modificadas por decreto fundado durante el ejercicio presupuestario.

"No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, sólo por ley podrá autorizarse el traspaso de fondos entre diferentes Ministerios y el incremento de aportes a las empresas del Estado que no sean sociedades anónimas.".

Como es posible apreciar, a diferencia del decreto con fuerza de ley N° 47, de 1959, que regulaba el procedimiento para efectuar traspasos dentro del Presupuesto, la Ley de Administración Financiera deja entregada la regulación de esta materia a un decreto que se dictará anualmente, pero establece como límite que sólo por ley podrá autorizarse el traspaso de fondos entre diferentes Ministerios.

Es precisamente la norma que regula esta materia la que algunos pretenden que permitiría al Ejecutivo exceder el total de gastos aprobado en la Ley de Presupuestos, como, asimismo, el total de gastos por Ministerio aprobado también en dicha ley, criterio que yo no comparto.

Esta norma legal debe necesariamente interpretarse de modo que no colisione con las disposiciones que la Constitución contiene sobre la materia, pues de lo contrario resultaría inconstitucional. Y, además, para determinar su correcto sentido y alcance, es preciso analizarla en el contexto de la época en que fue dictada.

Desde el punto de vista de la Carta Fundamental, que exige que el Presupuesto de la Nación sea aprobado por ley y que todo gasto que efectúe el Ejecutivo tenga fundamento en una ley que lo haya autorizado, no es posible entender que la norma legal que faculta para regular los traspasos a través de un decreto permite que mediante el uso de este mecanismo -traspasos presupuestarios- el Ejecutivo haga gastos no aprobados por el Congreso Nacional.

Por lo tanto, la única interpretación posible de esta norma es que permite regular y disponer por decreto sólo aquellos traspasos y demás modificaciones presupuestarías que no signifiquen exceder el gasto máximo aprobado por el Congreso. Este es el marco constitucional que necesariamente se debe respetar.

Si se obtienen mayores recursos que los presupuestados, el Ejecutivo , para gastarlos, requiere modificar la Ley de Presupuestos mediante otra ley. En ningún caso puede, a través de un simple decreto que ordene un traspaso de la Partida Tesoro Público a un Ministerio, disponer la inversión de estos mayores recursos a espaldas del Congreso Nacional. Este proceder no se ajusta a la Constitución, que exige que los gastos se aprueben por ley.

Del mismo modo, al exigir la Ley de Administración Financiera que los traspasos entre Ministerios se aprueben por ley, está estableciendo una limitación a los traspasos que el Ejecutivo puede disponer sin la concurrencia del Parlamento, lo que implica que el gasto máximo por Ministerio aprobado por el Congreso sólo puede ser aumentado por otra ley. Pretender que, como la ley se refirió a los Ministerios y no a las Partidas, el Ejecutivo , a través de la Partida Tesoro Público -que no existía en la época en que se dictó la Ley de Administración Financiera-, puede exceder el total de gastos por Ministerio aprobado por el Congreso constituye, además de un error, un resquicio.

La referida ley no aludió a las Partidas, del mismo modo que en ninguno de sus artículos se refiere a los Capítulos, Subtítulos, Asignaciones, etcétera, porque estos conceptos constituyen clasificaciones presupuestarias, y ella misma dispuso que éstas se establecerían por decreto.

En todo caso, a la fecha de su dictación, la Partida Tesoro Público no existía y los gastos que ella comprende se encontraban incluidos en el Ministerio de Hacienda, esto es, en un Ministerio.

De más está decir que traspasar por decreto recursos desde el presupuesto de un Ministerio a la Partida Tesoro Público, para luego desde ésta asignarlos a otro Ministerio, constituye una práctica absolutamente ilegal, pues no se ajusta ni a la más amplia interpretación que se pueda dar a la Ley de Administración Financiera.

En suma, de acuerdo con las normas constitucionales y legales analizadas, el Ejecutivo no puede exceder el gasto máximo autorizado en la Ley de Presupuestos; si lo hace, su proceder es inconstitucional y genera responsabilidad a los Ministros y funcionarios que autoricen los respectivos gastos. Así, tampoco, en mi opinión, le es posible exceder el gasto máximo por Ministerio aprobado en la misma ley, pues ello implica transgredir el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera.

Estimo importante hacer resaltar que desde 1990, en que entró en funciones el Congreso Nacional, no se ha tramitado ninguna ley que modifique el Presupuesto sobre la base de que se han recaudado mayores ingresos que los presupuestados, como tampoco ley alguna que haya ordenado traspasar recursos de un Ministerio a otro.

En todo caso -como ya señalé-, a partir del Presupuesto de 1993 se ha incluido en la Ley de Presupuestos, una norma que permite al Ejecutivo exceder el marco presupuestario en los casos y condiciones que el mismo precepto contempla, disposición sin la cual no le sería posible hacerlo.

Hay otro tema, directamente vinculado con lo recién expuesto, que es el relativo a la información.

Permanentemente hemos insistido en la necesidad de contar con la información necesaria para que la aprobación que otorga el Congreso al proyecto de Ley de Presupuestos no constituya una mera formalidad, sino que implique realmente el acuerdo de este Poder del Estado a los planes y programas propuestos por el Ejecutivo.

El Presupuesto, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos del sector público para un año dado, que debe compatibilizar los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos y estar inserto en un programa financiero a mediano plazo.

El presupuesto, en consecuencia, se debe basar en una definición previa de metas y objetivos que se desean alcanzar, los que deben ser, a su vez, debidamente priorizados.

La aprobación del Presupuesto, por consiguiente, importa otorgar el acuerdo del Congreso a los objetivos propuestos por el Gobierno y a la prioridad que éste les ha asignado. Si el Congreso no está de acuerdo con los objetivos, o con las prioridades, debe rechazar los gastos correspondientes.

Para otorgar su conformidad o rechazar lo propuesto, el Congreso debe contar con la información que le permita fundadamente emitir su opinión acerca de dichos objetivos y prioridades, sobre la base de un análisis detallado de las partidas en relación con el presupuesto global del sector público.

Cabe reconocer que la información proporcionada por la Dirección de Presupuestos y los métodos de trabajo de la Comisión Mixta han mejorado notablemente en estos cinco años, pero debo insistir en que aún la información disponible y, especialmente, el tiempo para analizarla no son suficientes.

Es necesario hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria y evaluar el resultado de los distintos programas. Para ello, se necesita contar con información oportuna y completa a lo largo del año, de modo que los estudios previos constituyan antecedentes del proceso de formación de la Ley de Presupuestos del año siguiente.

Se ha propuesto, señor Presidente , crear en el Congreso una Oficina de Presupuestos que funcione todo el año y que asesore a la Comisión Mixta en esta materia. Me parece muy conveniente estudiar tal posibilidad, así como otras alternativas que permitan llegar al mismo resultado, e insistir en el envío, por parte de la Dirección de Presupuestos, de información periódica acerca del comportamiento presupuestario. Sólo contando con la debida información podrá el Congreso Nacional estudiar y despachar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación debidamente informado.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero aprovechar que a esta sesión han concurrido autoridades de Gobierno -a pesar de que en este momento no veo a ninguna de ellas en la Sala, lo cual no me sorprende, porque se mantiene cierta tradición, al menos en lo que respecta a la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos-, para hacer presente que obran en nuestro poder...

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

¡Ellas siguen la costumbre del señor Senador...!

El señor PIÑERA.-

... dos informes legales, en los cuales se establece la existencia de vacíos y contradicciones entre la Ley de Presupuestos y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y los Reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados.

Debo recordar que en el Parlamento hubo opiniones muy distintas respecto de si cabía o no cabía una Comisión Mixta sobre esta materia. No me refiero a la Mixta Especial de Presupuestos , sino a la que normalmente se forma entre ambas Cámaras cuando surgen discrepancias entre una y otra. Finalmente, se ha llegado a una Comisión Mixta.

Cada aspecto que se analiza con relación al Presupuesto es objeto de interpretaciones -muchas veces discrepantes- por parte de quienes leen los mismos textos legales aplicables en este momento. Porque lo cierto es que ambos informes legales concluyen cosas distintas.

Hoy se ha debatido, por ejemplo, acerca de si cabe o no cabe votar en general el proyecto de Ley de Presupuestos.

Por lo tanto, considero muy importante -no para este año, ni tal vez el próximo, pero sí para los años siguientes- que se dispongan perfeccionamientos, se llenen los vacíos y se corrijan las contradicciones que presenta la legislación que norma todo el trámite de presentación, discusión y aprobación del Presupuesto.

No entraré en mayores detalles, señor Presidente , pero me parece deseable que esta materia -que, por lo demás, todos los Parlamentarios que han estudiado el tema han reconocido- sea recogida, porque para modificar textos legales se requiere de coordinación y, particularmente, de una activa participación del Gobierno.

Quiero recordar que sobre este asunto el ex Ministro Foxley en dos ocasiones se comprometió a lo mismo. Tengo aquí los textos de las sesiones en que el Senado conoció en general la Ley de Presupuesto. Sin embargo, no obstante haber transcurrido un largo período de tiempo, no conozco de ninguna iniciativa sobre el particular. Todos reconocemos que existe un problema, y hay compromisos para avanzar en este aspecto, pero no se hace nada.

En segundo lugar, respecto al marco legal de la ejecución del Presupuesto,...

El señor HORMAZÁBAL.-

¿Me permite una interrupción?

El señor PIÑERA.-

Por supuesto, si Su Señoría desea entrar en detalle sobre esta materia y dejar al ex Ministro Foxley en dificultades por promesas incumplidas.

El señor HORMAZÁBAL.-

Perdón, señor Presidente. El Senador señor Piñera tiene siempre tribuna, pero no lo había escuchado reclamar sobre eso. Así que estoy sorprendido, porque todos los días veo que aparece en todos los diarios, y, sobre esta cuestión, recién me entero de sus observaciones. Es agradable saber que por lo menos todavía hay algunas cosas que no son públicas.

El señor PIÑERA.-

En realidad, el señor Senador que me antecedió, o lee mal los diarios, o presta poca atención, porque si revisara lo que se ha publicado durante la discusión de la Ley de Presupuestos -sobre todo, ya que es tan buen lector y se impone de mis declaraciones con tanta atención-, se habría dado cuenta de que el tema no es nuevo y de que la prensa lo ha planteado insistentemente.

Al margen de esa interrupción, que no aporta nada al fondo de la causa, quisiera mantener la seriedad del debate y, simplemente, llamar la atención al señor Ministro sobre un punto que, en mi opinión, debe ser abordado en el futuro, porque el día en que exista una discrepancia de fondo entre el Congreso y el Ejecutivo , o entre una Cámara y otra no está resuelto, de acuerdo con los informes legales antes mencionados, lo que ocurre con la Ley de Presupuestos. Por ello, le ruego conversar sobre este asunto con distinguidos Parlamentarios de la Concertación -entre ellos, el Diputado señor Estévez -, que han tenido oportunidad de estudiar bastante a fondo esta materia.

El segundo tema, señor Presidente , está relacionado con el marco legal de ejecución del Presupuesto, el que tampoco es nuevo. Lamento no ser lo suficientemente innovador o creativo como para traer todas las veces cosas frescas y nuevas al señor Senador que me pidió la interrupción.

La verdad es que la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado presenta dos problemas. En primer lugar, de acuerdo con ella, no está claro si el Gobierno puede o no puede exceder el límite máximo de gastos autorizados por el Congreso.

Tan así es que en el Senado discutimos con el anterior Ministro de Hacienda si acaso el límite máximo que él proponía al Congreso para su aprobación constituía o no constituía un tope al gasto público. Y si los Honorables colegas recuerdan, hubo una indicación relativa a que el límite máximo no podía ser excedido. Lo anterior se refiere a 1992. Posteriormente, se sofisticó la fórmula y se estableció que en algunas materias se puede exceder en cierto porcentaje, y en otras, como gastos e inversiones, en una proporción distinta. O sea, el hecho de discutirse si el límite máximo de gastos contenido en el artículo 1° del proyecto de Ley de Presupuestos propuesto por el Gobierno al Congreso constituye o no un límite de gastos refleja que hay distintas formas de interpretar la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.

Otro tanto sucede con la distribución del gasto. El artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado prohíbe las transferencias de recursos entre ministerios -ése es el sentido y el espíritu de la ley-, sin aclarar si para estos efectos la Partida Tesoro Público es o no es ministerio. La interpretación tradicional ha sido que no lo es, de modo que puede -aun cuando no haya ocurrido- recibir fondos de una Secretaría de Estado y ser usada como puente para transferir esos mismos recursos a otro ministerio, con lo cual se altera la distribución del gasto aprobada por el progreso.

Es obvio, señor Presidente , que la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado requiere ser clarificada y perfeccionada. Y, en cuanto al argumento de que esto era así en el Gobierno militar, por favor, no lo den, porque tiene poco contenido. Haya o no haya sido así en ese Régimen, eso es irrelevante; lo importante es si debe o no debe seguir siendo así de aquí para adelante.

Sobre el particular, hay compromisos adquiridos por el ex Ministro Foxley , en el sentido de revisar la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Reconozco que no se comprometió a cambiarla, pero sí -en dos ocasiones, ante este mismo Senado- a revisarla. Sin embargo, no conozco ningún estudio ni propuesta de parte del Ejecutivo sobre este asunto.

Finalmente, señor Presidente , considero muy importante que exista transparencia en la ejecución del Presupuesto. Quiero recordar que el primer año discutimos el Presupuesto de 1992 sin conocer la ejecución del Presupuesto de 1990. Afortunadamente, se han producido progresos en estas materias. Y me alegro mucho de ello, después de dos meses de discusiones, de propuestas y de planteamientos de nuestra parte, porque estábamos pidiendo cosas tan simples como transparencia en la ejecución del Presupuesto. Mal que mal, son dineros públicos, y no constituyen patrimonio privado de persona alguna, por destacada que sea. Los chilenos tienen derecho a saber en qué se gasta su plata, y los Parlamentarios, a conocer, también, la información relevante, para poder ejercer el rol fiscalizador que les impone la Constitución.

Después de propuestas nuestras bastante reiteradas, llegamos hoy día a un acuerdo en virtud del cual el Gobierno se comprometió a enviar una indicación. Porque las que presentamos en múltiples ocasiones siempre se declararon inadmisibles. Y señalo al señor Presidente de la Comisión Especial de Presupuestos que, desde el punto de vista constitucional, fue correcta la declaración de inadmisibilidad, porque la materia es de iniciativa exclusiva del Primer Mandatario. Pero este hecho no significa que buenas ideas, aunque provengan de la Oposición, no puedan ser recogidas por el Gobierno y se conviertan en indicaciones patrocinadas por éste, que es lo que finalmente va a ocurrir ahora.

Entonces, ¿por qué discutir durante años para en la polémica del último lograr algo de tanto sentido, como el hecho de que la ejecución del Presupuesto constituya algo transparente para los chilenos en general y para los Parlamentarios en particular?

Por otra parte, deseo referirme a la discusión sobre el nivel de gasto.

¿Cuánto es el nivel de gasto? El señor Ministro señala que el gasto corriente este año va a crecer de 5 a 5,5 por ciento. Y yo quiero decirle que aquí tengo tres informes elaborados por tres destacadas instituciones: TASC, el Instituto Libertad y Desarrollo y una tercera que no mencionaré -no corresponde a un ente ligado a la Oposición-, que dan versiones totalmente distintas sobre el crecimiento del gasto. Ellas sostienen que el crecimiento del gasto es mucho mayor: unas, que es el 7 por ciento; otras, que es el 7,7 por ciento.

Como muy bien expresó un ex candidato a la Presidencia de Estados Unidos , todos tienen derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios datos. Entonces, la pregunta que surge es por qué existe tanta polémica respecto al porcentaje en que crece el gasto. A mi juicio, porque nunca se hace transparente la metodología usada para estimarlo. Por ejemplo, cuando discutimos el Presupuesto para 1994, el señor Ministro de Hacienda nos expresó que el gasto corriente iba a crecer en 4,7 por ciento. Y ésa fue la base sobre la cual aprobamos ese Presupuesto. Sin embargo, cuando finalmente conocimos la ejecución verdadera del gasto del año 93, que fue con bastante posterioridad, y comparamos lo que indicaba el Presupuesto para el 94 con el gasto efectivo del 93, nos dimos cuenta de que el crecimiento no era de 4,7 por ciento: que, dependiendo de la inflación que hubiera el año 94, si era 11 por ciento, que constituía la estimación oficial, habría sido de 6,6 por ciento; y como aparentemente la inflación será bastante menor, el crecimiento del gasto de 1994 puede terminar siendo mucho mayor del que nos señaló el señor Ministro de Hacienda en este foro.

En consecuencia, creo que llegó el momento de terminar de jugar "a las escondidas", en donde hay que hacer trabajos prácticamente de detectives para poder entender cuánto está creciendo el gasto, con qué se está comparando una cosa con otra. Llegó el instante de hacer que las cifras y datos sean absolutamente transparentes, de forma tal que nadie pueda plantear que el gasto crece a una tasa distinta de la que indica el señor Ministro. Porque si contamos con una sola metodología clara y transparente, y hay un mínimo de seriedad entre las instituciones dedicadas a estudiar estas materias, no debiera existir una polémica permanente para determinar en cuánto crece el gasto.

Estimo que en 1994 el gasto corriente con respecto a 1993 va a crecer mucho más que 4,7 por ciento. Por tanto, hay razones para pensar que sobre el particular se requiere una información mucho más transparente.

Entiendo -quizá sería la posición de cualquiera que estuviera en el Ministerio de Hacienda- que mientras menos se sepa es mejor, porque se tiene más flexibilidad y mayor manejo del Presupuesto. Pero creo que en esta materia la falta de transparencia produce más daño que beneficios.

Ahora, se dice que en esto no debe haber cogobierno. ¡Por supuesto que no debe haber cogobierno en materia de administración de las finanzas públicas! Nunca he escuchado plantearlo. Nadie ha señalado aquí seriamente que habría que restituir al Congreso la facultad de iniciar gastos; basta ver los proyectos de acuerdo aprobados en la Cámara de Diputados -y muchos de ellos por unanimidad- para darse cuenta de que jamás hay que otorgarle atribución al Congreso para la creación de gasto.

Empero, no debe pensarse que porque no existe cogobierno tiene que haber un Parlamento que en base a información absolutamente insuficiente aprueba lo que se propone, muchas veces sin saber lo que está aprobando.

Tal sucede, por ejemplo, con las sucesivas Leyes de Presupuestos. El señor Ministro de Hacienda se comprometió ante usted, señor Presidente , a que en ellas nos iba a señalar la política de reajustes. Pero resulta que estamos terminando la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos y, respecto de esa materia, prácticamente no ha habido ninguna información.

Entonces, uno puede hacer dos cosas: o mirar al cielo y dejar pasar las cosas porque así son, o simplemente, pretender que éstas cambien. Y es esto último lo que hemos querido efectuar. Y por eso planteamos con mucha seriedad y anticipación todos nuestros puntos de vista; ninguno fue acogido hasta que tuvimos que anunciar que, eventualmente -dependiendo, por supuesto, de las circunstancias-, votaríamos en contra de la Ley de Presupuestos, para finalmente tener hoy día, a la hora nona, como las vírgenes necias, un principio de acuerdo parcial sobre algunas de las cuestiones que nos preocupan.

Por otra parte, quiero destacar que el gasto público ha venido, sistemáticamente, creciendo más que el producto. En los últimos cuatro años ha crecido en sobre 40 por ciento real y superado en más de 7 puntos el crecimiento de aquél. De manera que nos encontramos ante una tendencia en que el Estado crece más que el país, lo cual significa, en términos porcentuales, que el Estado representa cada vez un mayor porcentaje del país. Es decir, estamos avanzando en la dirección contraria a la que en mi concepto debe seguirse y a la que siguen todos nuestros vecinos.

Esta es una cuestión preocupante. Y, a mi juicio, deberíamos ver de qué manera, sin sacrificar las funciones que corresponden al Estado en forma ineludible en virtud de su rol subsidiario, podemos producir un cambio en esa tendencia, y no sólo un statu quo, que es lo que a mi modo de ver ocurre, en el mejor de los casos, con esta iniciativa de ley.

El señor HORMAZÁBAL.-

¿Me permite una pregunta, Honorable colega?

El señor PIÑERA.-

Con la venia de la Mesa, sí, señor Senador.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.-

Quiero preguntar a Su Señoría si ha afirmado que el Estado está creciendo en este país.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , estoy afirmando que en los últimos cuatro años el sector público ha aumentado su gasto a un ritmo mayor que el de la economía. Eso es exactamente lo que señalé y lo que ha ocurrido.

El señor HORMAZÁBAL.-

Entonces le entendí mal denantes, señor Senador.

El señor PIÑERA.-

O sea, el Estado, desde la perspectiva de su medición sólo por el gasto público -a los Estados puede medírselos de distintas maneras-, estaría creciendo.

Por otro lado, es indudable que si uno supone que la inflación del próximo año va a ser de 8 por ciento -es la meta inflacionaria-, es obvio que no puede presentarse un Presupuesto con una inflación mayor. Porque, como fijamos gastos nominales, si hago un supuesto de inflación del 15 por ciento y por esto reajusto todo en 15 por ciento pensando que la inflación va a ser del 10 por ciento, lo único que estoy diciendo, escondido, es que el gasto real crecerá en 5 puntos. De manera que hacer que la forma en que se reajustan los gastos nominales del Presupuesto coincida con la meta de inflación no es una autoimposición, sino, simplemente, un mínimo de consecuencia, que siempre esperaremos de los señores Ministros de Hacienda , y especialmente del actual.

En cuanto a la eficiencia, tengo aquí los indicadores presentados por el Gobierno. Es cierto que constituyen un primer paso; es cierto que este primer paso es positivo; es cierto que esta materia fue planteada por nosotros en múltiples ocasiones. Pero también es cierto que los indicadores no son de gestión, de eficiencia, de productividad; no son el resultado de comparar producto con gasto. Básicamente, son índices de carácter administrativo, como cuántos días debe demorar la entrega de una solicitud, la tramitación de un permiso, etcétera.

Es positivo. Pero hay que ir a una cosa mucho más profunda.

Los indicadores pertinentes afectan sólo al 20 por ciento de la Administración Pública.

Ahora, cualquier empresa modesta de Chile tiene un sistema de medición de gestión, productividad y eficiencia mejor que el del Estado. Casi uno de cada cuatro pesos -para ser preciso- que produce el país se entrega al Estado para que lo gaste. Por lo tanto, no sólo tenemos derecho a saber cómo y en qué se gasta la plata, sino también a contar con mecanismos que nos den cierta garantía de que se está gastando bien.

Y señalo un ejemplo.

Durante cuatro años, sucesivos Ministros de Salud se vanagloriaban y pedían aplausos porque habían aumentado el gasto en salud, duplicándolo. Nosotros planteamos en abril del año 93, en función de los indicadores que el propio Ministerio publica internamente, que, a pesar de que a esa altura el gasto había crecido cerca de 50 por ciento, la producción física de salud, medida en lo que interesa -operaciones, consultas, egresos-, se encontraba totalmente estancada. Así lo señalamos al señor Ministro de Salud en una audiencia especial, sin tener ninguna acogida de su parte, hasta que hace algunos meses el Ministro señor Massad , en el informe Caldera, reveló exactamente lo mismo: que la productividad ha caído a la mitad, lo cual equivale a decir que los gastos aumentaron al doble y el producto permaneció estancado.

¡No es admisible que el país demore cinco años en darse cuenta de eso!

Por tal razón planteamos que, en materia de indicadores de gestión, no se siga midiendo a los Ministerios por lo que gastan. Porque a las empresas no se las mide por lo que gastan, sino por lo que producen en función del gasto. Y si gastan más y producen lo mismo, lejos de aplausos, a los responsables se les entrega el "sobre azul". Entonces, al Estado debe medírselo por lo que produce en relación con lo que gasta; es una relación entre producto y gasto. Y eso es precisamente un indicador de eficiencia y uno de productividad que es necesario aplicar a todas las áreas del sector público, en particular a la social, que representa 70 por ciento del gasto fiscal. Se podrá decir que el área social es muy delicada, por haber involucrado un compromiso moral y ético. Por supuesto. ¡Mayor razón, entonces, para preocuparse por la eficiencia y productividad del gasto social!

En consecuencia, presentamos indicaciones, a sabiendas de que eran inadmisibles. Y lo hicimos como una forma de llamar la atención del señor Ministro para intentar introducir una propuesta alternativa en el ejercicio presupuestario del próximo año. Además, porque teníamos la esperanza -para ser más franco aún- de que el señor Ministro iba a revisarlas y, al menos en algún aspecto, acogerlas en la presente ejecución presupuestaria. Obviamente, nos equivocamos, pues creo que ni siquiera las conoce.

En todo caso, nuestro deseo es que alternativas como la propuesta puedan considerarse a futuro y, por ejemplo, medir la educación, en función del número de alumnos que asisten a clases; del ausentismo escolar; de la cifra de educandos que repite o aprueba los ramos; del resultado de las pruebas SIMCE; de la inasistencia de los profesores y otro tipo de indicadores que permitan verificar si en verdad están mejorando la calidad y la cobertura de la educación en Chile, o si sólo se está gastando más. Esto nos parece bastante obvio, y, sin embargo, ha costado tanto incorporar índices de eficiencia que se aplican desde hace largo tiempo y con gran éxito en empresas privadas y públicas de mucho menor tamaño, importancia o trascendencia que el Estado de Chile.

Por otra parte, en lo que respecta a las empresas públicas, debo recordar que este año se les han hecho aportes fiscales por una cifra del orden de 280 millones de dólares. En primer lugar, creo que esos aportes requieren ley aprobada con quórum calificado -esto lo hemos discutido en otras oportunidades-, tal como sucede con la creación de aquéllas. Porque si el Congreso aprobara la creación de una empresa pública con un capital de 100 pesos y al día siguiente se le hicieran aportes por 10 mil millones de dólares, se estaría burlando el espíritu de la ley.

En consecuencia, solicito que cualquier aporte a ese tipo de empresas se trate como ley de quórum calificado, por así establecerlo el orden constitucional del país.

Vamos aún más al fondo. El patrimonio de las empresas públicas chilenas alcanza, por lo menos, a 30 mil millones de dólares -se dijo que una sola de ellas, evaluada por su propio presidente ejecutivo, valía 20 mil millones de dólares-, y, sin embargo, su rentabilidad promedio no supera el 3 por ciento. Me parece insólito que el Estado se esté endeudando al 6,25 por ciento a través de los pagarés reajustables del Banco Central (PRBC) y todos aquellos papeles mediante los cuales recauda fondos, para mantener inversiones al 3 por ciento. Ello significa una pérdida anual de aproximadamente mil millones de dólares, por la diferencia entre el costo de fondos y lo que resulta como productividad de las empresas.

Entiendo que en el sector privado los empresarios intentan endeudarse al 6 ó 7 por ciento para invertir al 10 a 12 por ciento. Pero no conozco a nadie que en forma permanente y sistemática tenga una inversión que rente la mitad de lo que cuesta recaudar dinero en el mercado, como lo hace el Estado para financiar, entre otras cosas, la mantención de las empresas públicas.

Por lo tanto, considero necesario mirar "con lupa" los aportes que sigue haciendo el Estado a algunas empresas.

Se discutió -algunos señores Diputados le dieron carácter de escándalo- una indicación que presentamos para rebajar el aporte del Estado a ENACAR.

Señor Presidente, en este proyecto de ley de Presupuestos el Gobierno propone destinar a dicha empresa una cifra superior a 12 mil millones de pesos y, además, autorizarla para endeudarse en 4 mil millones, todo lo cual significa aportes públicos por cerca de 16 mil millones de pesos.

El señor CANTUARIAS.-

La información proporcionada por la propia empresa indica que son 29 mil 500 millones de pesos.

El señor PIÑERA.-

Señalé lo que está en el proyecto.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ruego al Senador señor Cantuarias que se dirija a la Mesa si desea hacer uso de la palabra.

El señor CANTUARIAS.-

¡El Honorable señor Hormazábal me enseñó que no era necesario consultarla para dar datos menores...!

El señor HORMAZÁBAL.-

¡Enseñé a Su Señoría cosas mejores, pero las ha olvidado...!

El señor CANTUARIAS.-

¡Y otras peores que vale la pena no recordar...!

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , el Senador señor Cantuarias informa que las cifras que maneja ENACAR indican que se trata de sobre 19 mil millones de pesos. Yo he dado las que figuran en el proyecto en análisis.

Pero deseo decir algo más: el Estado ha aportado a ENACAR -estoy citando un informe de su ex Presidente Ejecutivo señor Zunino , amigo de muchos de nosotros- 500 millones de dólares. Ello significa 100 mil dólares por trabajador; treinta y cinco veces el patrimonio promedio de un trabajador. Si esos dineros se hubieran destinado bien, no habría crisis del carbón y deberíamos tener 5 mil a 6 mil pequeños o medianos prósperos empresarios, y no 5 mil a 6 mil personas todavía angustiadas porque, pese a haberse invertido 500 millones de dólares en el sector, aún no tienen claro cuál va a ser su destino.

Los aportes consignados en la iniciativa en estudio representan casi 450 mil pesos mensuales por trabajador. Y si pudiéramos preguntar a los mineros del carbón qué es mejor para ellos y para su zona, si entregar esos fondos a ENACAR o invertirlos, no digo en consumo, sino en bonos de educación o de capacitación, o para adquirir bienes de capital que les permitan emprender una pequeña actividad, tengo la impresión de que se darían cuenta de hasta qué punto se malgastan fondos que presuntamente, por razones éticas o morales, invocando consideraciones sociales, se les siguen asignando.

Mucha gente cree que es mejor destinar esos recursos al Gobierno Regional para que los invierta en bienestar, capacitación, educación o adquisición de bienes de capital para esos trabajadores. Pero el Congreso va a repetir el error que se viene cometiendo desde hace decenas de años: seguir pensando que la solución para los trabajadores del carbón consiste en efectuar aportes a una empresa que promete bajar sus costos, en circunstancias de que desde el inicio de su promesa lo único que ha hecho es incrementarlos, por razones tal vez ajenas a ella misma. Y, en buena parte, las culpas son siempre compartidas.

A mi juicio, el tema de los aportes a las empresas del Estado no puede ser tratado en forma liviana, no sólo por su incidencia en el gasto público, sino también porque aquéllas están compitiendo en un mercado donde hay empresas que no reciben recursos fiscales. Por lo tanto, cada vez que el Estado destina fondos a una de sus empresas está introduciendo un factor que vulnera el principio de igualdad ante la ley, que fue el prevaleciente al exigirse quórum calificado para crearlas.

Por otra parte, en materia de exceso de gasto, el señor Ministro decía que era majadería insistir en el tema de la burocracia. ¡Ojalá hubiera más majaderos en Chile, porque existiría menos burocracia!

Deseo recordar sólo algunos elementos.

En los últimos cinco años, el aumento de la dotación máxima del sector público ha sido de 15,6 por ciento. No sé si este porcentaje es alto o bajo; pero no me parece despreciable (estoy seguro de que han influido mucho los trabajadores de la salud). Pero no recuerdo que en el Congreso, que ha debido aprobar las respectivas plantas, haya habido una discusión a fondo respecto de cuánto y hacia dónde debería crecer el empleo público.

El señor DÍAZ.-

¿Me concede una interrupción, señor Senador ?

El señor PIÑERA.-

Por supuesto, con la venia de la Mesa.

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente , sólo quiero recordar que en Salud había un déficit de 12 mil funcionarios, que se ha ido paliando.

El señor PIÑERA.-

En efecto, se nos ha dicho que faltan 12 mil funcionarios. Sin embargo, cuando la dotación aumenta en 11 mil plazas, se duplica el número de médicos -en los últimos cuatro años se ha contratado a cerca de 4.500- y no pasa absolutamente nada con la productividad, uno se llega a preguntar si había o no déficit, o si se trata de una cuestión mucho más de fondo, cual es la mala estructura del sector salud, al cual se sigue asignando recursos y personal, sin atacar el problema de raíz.

Entonces, cuando se incrementa en esa forma el personal de salud y el propio Ministerio del ramo sostiene que la productividad -es la mejor forma que ha inventado para medirla- no aumenta, yo no me sigo tragando el argumento simple de que había un déficit; de que se trata de un área social, de suyo delicada, y de que, por lo tanto, se debe hacer cualquier cosa.

Precisamente porque el problema afecta a la dignidad y al bienestar de millones de chilenos muy pobres, no se puede seguir tolerando el verdadero escándalo que significa mantener la estructura y calidad actuales de la salud, a pesar de haberse duplicado los recursos, con el esfuerzo de todos.

Asimismo, quiero decir al señor Ministro que los convenios con personas naturales han crecido en 360 por ciento real en los últimos cuatro años; que las horas extraordinarias han subido en 412 por ciento real en el mismo lapso; que hay instituciones, como el Instituto Nacional de la Juventud, donde existe un vehículo por cada cinco personas (esto se produjo en los últimos tres años; porque cuando él se creó, recientemente, no figuraba en la dotación, según el proyecto que conoció el Parlamento); que hay recursos asignados que se destinan mayoritariamente a mantener el aparato administrativo y no llegan a la gente. En programas, orientados a la gente, la mitad de los recursos quedan atrapados en la administración o burocracia que intermedia al Estado con las personas. Al respecto, en el Instituto de Normalización Previsional, el gasto en personal y en bienes y servicios alcanza a 23 mil millones de pesos; mientras que en la Superintendencia de AFP, que regula, controla y fiscaliza todo el resto del sistema, ese gasto es inferior a la décima parte de aquella cifra. Además, para 1995, se propone, en los gastos de viáticos, un aumento que supera el 8 por ciento real y que corresponde a más de mil millones de pesos por sobre el presupuesto del año anterior; y en muchas entidades estos incrementos superan el 100 por ciento, como en el SERNAM y el Instituto Nacional de la Juventud, instituciones recientemente creadas por nosotros mismos.

No sé -porque es imposible saberlo- si esto se justifica o no. Lo que sí puedo afirmar es que, cuando uno se mete a fondo en un tema, por ejemplo el de la salud, se da cuenta de que son tantos los problemas de eficiencia y administración en un sector tan sensible como ése, que uno se pregunta qué sucederá en los demás.

También llamo la atención sobre una situación que muchos creen contradictoria, pero que no lo es. Hay algunas prioridades sociales reconocidas por todos. Recuerdo que durante la campaña del ex Presidente Aylwin lo fue, y muy sensible, la de las pensiones y los subsidios únicos familiares. Hay más de 300 mil personas que reciben pensión asistencial, que no alcanza a los 19 mil pesos; y más de 600 mil que obtienen la pensión mínima, cuyo monto es menos que 39 mil pesos. Un millón de personas, o más, está viviendo en condiciones miserables; y no solamente son pobres, sino, además, son viejos, y la combinación de pobreza y vejez es extraordinariamente dura. En este presupuesto, señor Presidente , no se han consignado fondos, que podrían ser graduales, con mesura, con prudencia, para iniciar una especie de recuperación del valor de las pensiones. Asimismo, reitero al señor Ministro de Hacienda algo que ya le hemos representado varias veces privadamente: creemos que es necesario destinar a este sector una parte de los recursos provenientes del crecimiento del gasto público. Este se incrementa año a año, solamente por el aumento vegetativo de la población, a 600, a 700, a 800 millones de dólares. Un reajuste de 10 por ciento de la pensión mínima asistencial costaría 100 millones de dólares, es decir, un porcentaje del incremento del gasto. Y no está consultado.

Entonces, me pregunto qué pasa. ¿Por qué las prioridades, en los discursos, están en unas partes y, en los duros hechos de los presupuestos, están en otras?

Por todas estas razones, durante largo tiempo nosotros estudiamos la posibilidad de mejorar el presupuesto mediante la presentación de nuestras propuestas. No somos cogobierno, pero tenemos derecho a aportar, como cualquier otro chileno. No obstante, por largo tiempo nos encontramos ante una muralla. Simplemente, no hubo aceptación ni receptividad. Por eso, en un momento determinado, planteamos nuestra posible intención o voluntad de votar en contra de este proyecto, no porque quisiéramos dejar a Chile sin presupuesto (conocemos la Constitución y la ley, y también la historia): fue la única manera de lograr que el Gobierno se sentara a conversar.

Voy a terminar estas palabras diciendo que hay una tendencia muy negativa en el sentido de que, para obtener algo, hay que presionar. No importan los argumentos, el mérito de la causa: quien no para, quien no promueve un paro ilegal, quien no presiona, aparentemente no consigue objetivos. Nosotros solamente alcanzamos cierta receptividad a algunas de nuestras propuestas, recogidas ayer y en el día de hoy, después de haber hecho una especie de advertencia, simplemente para que estos puntos, que nos parecían de tanto sentido, pudieran ser escuchados por el Gobierno.

Señor Presidente , como no hay votación en general, toda esa discusión no tiene sentido. Pero, a pesar de ello, vamos a presentar un conjunto de indicaciones, no en las materias en que hemos logrado acuerdo, pero sí acerca de otras ideas que he expresado, a fin de que se incorporen al proyecto de Ley de Presupuestos.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Me alegro de que Su Señoría haya usado de la palabra exactamente por el tiempo de que disponía para hacerlo.

Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , no es necesario referirse al contenido mismo del proyecto de Ley de Presupuestos , a sus alcances, a su visión micro y macroeconómica, a sus objetivos sociales, porque el señor Ministro ha sido bastante preciso, y en el Parlamento hay convicción de que el manejo que él y la propia Dirección de Presupuestos han hecho en la materia es bastante serio.

Me referiré a algunas observaciones que se han formulado en la Sala.

Primero, se afirmó que en la normativa vigente, tanto constitucional como legal y reglamentaria, existen contradicciones v vacíos en cuanto a la legislación sobre presupuestos.

Respecto a normas constitucionales, en realidad no existen vacíos; pero, sí, es estricta en materia presupuestaria, y a la que, guste o no guste, el Parlamento tiene que ceñirse. La razón (podrá ponerse en duda o no) es que, en un régimen presidencial -así lo indica la historia misma del país-, como muy bien lo señalaba el señor Ministro , en lo que atañe a economía y a su conducción, así como a asuntos presupuestarios, no puede haber cogobierno. Sí puede haber fiscalización, representación, incluso pretender negársele al Ejecutivo determinados recursos para impedir que lleve adelante proyectos específicos. Eso está contemplado, porque podemos votar -lo único posible- para rebajar los gastos o para rechazar las partidas variables. Pero no se puede hacer más que eso.

Sobre contradicciones en la normativa legal, cabe mencionar el decreto ley N° 1.263, de 1975, que fija la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, por supuesto dictado en años en que no existía Parlamento, seguramente por gente con poca experiencia, y por una razón de lógica: en ese tiempo la tramitación de los presupuestos se hacía en forma mucho más cerrada, sin posibilidad alguna de hacer observaciones. El Congreso Nacional, representado por un grupo de cuatro personas, asesoradas por comisiones técnicas, ratificaba lo que le planteaba el Ejecutivo. Pero esta legislación -y aquí es donde nace la discusión, y no porque nosotros queramos aprovecharnos de ella-, después de ser tan estricta en el manejo de los gastos (cómo debían contabilizarse, cómo se determinaban los traspasos, etcétera), sobre todo en su artículo 26, que prohibía los traspasos de fondos entre Ministerios, dejaba, sin embargo, una válvula de escape en el artículo 29: con cargo al ítem Rentas Generales de la Nación -que después pasa a ser Tesoro Público-, el Gobierno de ese tiempo y su Ministro de Hacienda podían, sin límites, gastar y hacer los traspasos que quisieran del presupuesto. Este hecho lo reconocimos en la discusión presupuestaria de hace dos años, porque la Oposición reclamó. Recuerdo que conversamos con el Senador señor Díez sobre el tema, y tomamos conciencia, unos y otros, de que no era conveniente mantener una libertad de tal magnitud. Incluso no lo es ni siquiera para el señor Ministro de Hacienda contar con esa facultad. Y estoy seguro -y muy seguro- de que el señor Director de Presupuestos se alegra de que le fijemos un límite en ese sentido. Por eso, redactamos la disposición del artículo 4°, que establece el monto máximo nominal del gasto corriente y el monto máximo de inversión, con hasta 20 por ciento en que es posible excederse. Eso lo hicimos de común acuerdo; lo vamos a repetir, y se incluye en la normativa de este año.

Ahora bien, concuerdo con los señores Senadores en que es necesario revisar la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Pero no cabe rasgar vestiduras en contra de un Gobierno (que ha recibido esta legislación) que lleva cinco años -cuatro de una Administración y uno de ésta- en los que, como lo han reconocido aquí los propios señores Senadores y el mismo Honorable señor Piñera , se ha ido mejorando año a año la información y la transparencia en el manejo presupuestario. Me alegro de ello, porque quiere decir que una democracia provoca precisamente el efecto beneficioso de que, como todos podemos hacer pública expresión de nuestros desacuerdos, se pueden ir logrando entendimientos y mejoramientos en las relaciones entre el Poder Ejecutivo , el Legislativo y los Parlamentarios de Oposición.

Por eso, reclamo por el hecho de que el Senador señor Piñera , en la fase inicial de tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos, sin siquiera conocer cuál sería nuestra actitud en la Comisión Especial Mixta, nos anunció las penas del infierno si a las siete de la tarde de ese día (martes 8 de noviembre) no le aceptábamos sus indicaciones.

El señor HORMAZÁBAL.-

Ahora reconoció que estaba equivocado.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Al parecer -¡gracias a Dios!-, el señor Senador tiene mala memoria, o se le olvidó esa amenaza, porque cuando nos reunimos en la noche para despachar el proyecto,...

El señor MUÑOZ BARRA.-

¡Se le paró el reloj!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

... no se encontraba en la Comisión Especial mixta, ni concurrió a ella en ningún momento durante la discusión y despacho del proyecto de Ley de Presupuestos.

El señor PIÑERA.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Voy a terminar la idea. Después, no tengo inconveniente en otorgársela.

Efectivamente, el señor Senador presentó una serie de indicaciones de todo tipo. Y, como aquí lo ha reconocido hidalgamente, casi todas ellas fueron declaradas inadmisibles por aplicación de las normas constitucionales.

Como el Honorable colega no estuvo presente en la Comisión, no conoce bien la historia. Por eso hoy, al final de su intervención, sacó una conclusión errada: ¡que él es el gran triunfador; que, por la presión, por la fuerza, le ha "doblado la mano" al señor Ministro de Hacienda y lo ha hecho venir aquí, de rodillas, con indicaciones para mejorar la transparencia y la información en materia presupuestaria!

El señor PIÑERA.-

¿Me concede una interrupción?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

La verdad es que si el Senador señor Piñera hubiera estado presente en la Comisión, y se lo anticipé personalmente...

El señor PIÑERA.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Espere que termine completamente mi idea sobre la materia. Una vez que concluya de exponerla se la concederé.

Cuando el señor Senador formuló sus indicaciones, le expresé: "Mire, Senador, me voy a ver en la obligación de declarar inadmisibles todas sus indicaciones, salvo las que se refieren a partidas de gastos variables, que deben someterse a votación, por no contar con el patrocinio del Ejecutivo. Sin embargo," -así consta en las actas de la Comisión y todos sus miembros son testigos de lo sucedido- "hay algunas normas presentadas por Su Señoría que son coincidentes con disposiciones propuestas por Parlamentarios de la Concertación, tendientes a mejorar el sistema periódico de información y de ejecución presupuestaria. Y, respecto de las otras indicaciones, si bien se van a declarar inadmisibles, he conversado con el señor Director de Presupuestos , quien me manifestó estar llano a estudiarlas a fin de perfeccionar esos aspectos y sugerir al Ejecutivo su incorporación al proyecto en debate o a una reforma a la Ley de la Administración Financiera del Estado". Así ocurrió. Las indicaciones fueron declaradas inadmisibles por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Y las indicaciones que esta tarde trae el señor Ministro son el fruto del esfuerzo, por supuesto que del Senador señor Piñera ; pero también de los Parlamentarios de la Concertación que las propusieron; de la aceptación que el propio Presidente de la Comisión Especial Mixta hizo de ellas; de la buena voluntad del señor Director de Presupuestos para estudiarlas y proponer algunas fórmulas, y del acuerdo alcanzado en estos últimos días por el señor Ministro de Hacienda con el objeto de concretar esta situación.

Por eso, con relación al tema de la transparencia y el mejoramiento de la información presupuestaria, es bueno dejar las cosas en su lugar y evitar sacar ventajas de los acuerdos, de los consensos a que se llega por el bien del país.

Y concuerdo con lo señalado ayer por el señor Ministro de Hacienda , en el sentido de que sería malo para Chile que el Senado de la República apareciera rechazando en general el proyecto de Ley de Presupuestos, o aprobándolo por una estrecha mayoría, o modificando disposiciones sustanciales del gasto público a través de las partidas variables. Y sería malo, no sólo en el ámbito interno, sino también en el externo, donde el Gobierno figura haciendo una conducción con un respaldo más o menos generalizado, tanto por el lógico apoyo de los partidos de Gobierno, como por cierta aquiescencia de los partidos de Oposición.

Esa fue la razón por la cual llegamos a un acuerdo.

El señor PIÑERA.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

En este instante puedo concedérsela, pero con cargo a su tiempo.

Señor Presidente , no sé si al Senador señor Piñera le resta tiempo, porque no voy a gastar el que me queda otorgándoselo a él, por estimar que se ha referido suficientemente a la materia y yo deseo continuar.

El señor VALDÉS (Presidente).-

El Honorable señor Piñera agotó su tiempo, salvo que...

El señor DÍEZ.-

Señor Presidente, yo le cedo parte del que me corresponde.

El señor LARRAÍN.-

Igualmente yo.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Puede usar de la interrupción el Senador señor Piñera

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , el Senador señor Andrés Zaldívar ha dicho que es bueno que las cosas queden claras. Expresó: "En ningún momento durante la discusión del proyecto" en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos estuvo presente el Senador Piñera. El Honorable colega está equivocado. No puede ser de otra manera. Porque no creo que haga esa afirmación con conocimiento de causa. Y pido al señor Secretario de dicha Comisión que revise el acta para verificar lo que sostengo.

Debo recordar que la reunión se iba a celebrar a las 7 de la tarde del día anterior al que efectivamente se realizó. Por eso manifesté que, de no haber por parte del Gobierno alguna receptividad a nuestras propuestas, procederíamos, no "a aplicar las penas del infierno", como dijo recién el Senador señor Andrés Zaldívar, sino, simplemente, a ejercer nuestro derecho a votar de acuerdo con nuestro criterio, ya que ante la cero receptividad demostrada por el Ejecutivo no nos parecía posible apoyar el proyecto de Ley de Presupuestos.

Quiero expresar también que me retiré de la reunión a altas horas de la noche -sé que concluyó mucho después- , debido a que, como originalmente estaba programada para el día anterior y se postergó un día entero, había contraído algunos compromisos, acerca de los cuales no tengo por qué dar explicaciones acá. No obstante, mi retiro de la Comisión se produjo después de que su Presidente declaró inadmisibles todas y cada una de las indicaciones que presenté.

Por lo tanto, solicito al señor Senador que me antecedió que corrija un error en que incurrió en sus palabras al aseverar que "en ningún momento" estuvo presente el Senador Piñera, porque eso no es verdad.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

¿Me permite, señor Senador ?

El señor PIÑERA.-

Finalmente, deseo manifestar que aquí no se trata de triunfos...

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , pido recuperar la palabra porque, realmente, el Senador señor Piñera...

El señor PIÑERA.-

Se la voy a devolver.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

... ha hecho una observación concreta, específica y la voy a responder.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Puede continuar Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

La reunión a que se refirió el señor Senador comenzó a las ocho y media. El apareció con un montón de papeles y se retiró. Y no regresó.

El señor PIÑERA.-

¡Ah, Su Señoría ha cambiado su versión!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

No la estoy cambiando.

El señor PIÑERA.-

La ha cambiado, señor Senador. Denantes dijo que "en ningún momento" estuve presente.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , como el Senador señor Piñera no asistió a la reunión de la Comisión, no sabe que la inadmisibilidad de cada una de las indicaciones se declaró en el momento de votarse cada partida y cada artículo en los cuales recaían.

El señor PIÑERA.-

Su Señoría ha cambiado su versión.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Por ejemplo, la declaración de inadmisibilidad de los preceptos que propuso...

El señor PIÑERA.-

El señor Senador ha dado dos versiones distintas: una relativa a que no estuve nunca en la Comisión; y otra, a que me retiré de ella.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

... respecto de la gestión, información y transparencia presupuestaria, se produjo en el momento de la votación, a las tres de la mañana, y el Honorable señor Piñera no se hallaba presente. En consecuencia, desconoce cuál fue el procedimiento que se utilizó en la Comisión. Y por eso ha incurrido en muchos errores.

El señor PIÑERA.-

¡Cambió su versión, señor Senador !

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Desde hace algún tiempo el Honorable colega está incurriendo en falta de precisión. Sería bueno que acogiera de buena fe las cosas que se le dicen. Y reitero: no estuvo en el debate de sus indicaciones en ningún momento.

El señor PIÑERA.-

Deseo seguir usando del tiempo que se me cedió, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene derecho a continuar el Honorable señor Andrés Zaldívar, cuyo tiempo es limitado.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Se lo agradezco, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

De ahora en adelante, las interrupciones serán con cargo al tiempo del orador que las conceda.

El señor HORMAZÁBAL.-

El Reglamento dice otra cosa: que deben ser con cargo al tiempo de quien usa de una interrupción.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Ahora bien, el señor Ministro nos ha entregado determinadas cifras. Ha dicho: "Señores, el gasto corriente sólo crece en un 4,8 por ciento; el gasto ponderado, en un 5,5; la proyección de crecimiento del producto será de 5,8; el ahorro público neto alcanzará a 0,8 -destaca este hecho-; el porcentaje estimado de inflación lo hemos corregido de 9 a 8 por ciento". Y nuevamente nuestro contradictor, el Honorable señor Piñera , dice: "Miren, señores, todo esto no es cierto. Yo tengo otras cifras". Ante ello, con respeto, debo manifestar claramente que, entre las cifras de Su Señoría y las del Ministro de Hacienda , de hoy y de ayer, me quedo con las de este último, porque con las cantidades barajadas tanto por el actual Secretario de Estado como por el anterior le fue mucho mejor al país. Ciertamente, si se compara la administración financiera del Estado y sus resultados en los cuatro años de gobierno del ex Presidente Aylwin junto al ex Ministro señor Foxley , y el proyecto de lo que resultará en este primer año de mandato del Presidente Frei junto a su Ministro de Hacienda , realmente no hay parangón en las cifras. Ahora, si se equivocaron dichos Secretarios de Estado y los gastos fueron mayores, no un 5 o un 5,5 por ciento, sino un 7 ó 7,7 por ciento, como se dice, ¡gracias a Dios que ello ocurrió! Porque en la economía tuvimos resultados impresionantes. Y esto se reconoce no sólo en el debate interno, sino que en el mundo entero, en el sentido de que tales resultados son de excelencia. Así lo ha manifestado también el sector empresarial chileno, con críticas parciales.

Entonces, no entiendo por qué el Senador señor Piñera genera una discusión para tratar de poner en duda lo que nos ha señalado el Ministro de Hacienda acerca de lo que se pretende lograr con el diseño de la política presupuestaria que se ha indicado aquí.

Es bueno hacer una comparación. Nosotros hemos tenido un crecimiento de 6,4 por ciento como promedio en los últimos cinco años; recibimos un país con una inflación del orden del 27 por ciento, y por primera vez en la historia de Chile -salvo un año en lo que va de este siglo- se ha proyectado 8 por ciento de inflación (este año lograremos 9 por ciento); tenemos una tasa de inversión de 27 por ciento, que es el doble de la que había cuando nos hicimos cargo de la conducción del país; hemos logrado tasas de ahorro del orden del 23 por ciento, muy superiores al 14 por ciento que se conocía cuando asumimos la administración de la nación.

Sin embargo, el Honorable señor Piñera nos llama a escándalo sobre algo que, por supuesto, me gustaría que tuviera un mejor resultado. Su Señoría ha dicho que CODELCO, empresa cuyo capital es de 20 mil millones de dólares, obtiene apenas 3 por ciento de rentabilidad. Por supuesto, eso no me gusta, y quisiera que ella fuera mayor. Si uno siguiera el tipo de inversión que antiguamente hacía la gente -nuestros abuelos-, que colocaba su plata en bonos y recibía un 5 ó 6 por ciento de interés anual, la situación sería distinta. Porque si los 20 mil millones de capital de CODELCO los invirtiéramos en bonos o pagarés, podríamos lograr un 6, 6,5 o un 6,15 por ciento. Pero no veo la comparación que pueda haber entre una cosa y otra: entre CODELCO y el sistema de rentabilidad que nos propone el Senador señor Piñera , esto es, que vendamos el patrimonio fiscal y lo coloquemos en bonos.

Teniendo como parámetro ese 3 por ciento, sería conveniente que Su Señoría les preguntara a los grandes empresarios japoneses, incluso a los americanos, qué piensan de ello cuando hoy día su rentabilidad fluctúa precisamente en cifras de ese orden: éstos se sienten bastante contentos con el hecho de obtener rentabilidades de 3 por ciento.

Por eso, a mi juicio, no hay que confundir las cosas, ni hacer malas comparaciones, porque si fuera así, yo también podría preguntar cuál fue la rentabilidad que recibió Chile cuando invirtió 4 mil millones de dólares para salvar el sistema financiero durante la crisis de 1982. ¿Qué ha sido lo negativo en la administración financiera del país para que el Honorable colega sostenga lo afirmado y levante su voz?

Al referirse al tema del carbón, el señor Senador manifestó que se han gastado en ese sector 500 millones de dólares. Eso es efectivo, como también lo es el hecho de que diversos Gobiernos han procedido de igual forma, más unos que otros. ¿Por qué? Porque se estimaba necesario tratar de mantener esa actividad, por diversas razones.

Ciertamente, hoy día resulta fácil decir, después de treinta años en que el Estado ha tratado de sostener al sector, que se podían haber dividido esos 500 millones de dólares entre todos los trabajadores del carbón. Esto, incluso, es una ironía hacia ellos, por cuanto eso habría significado entregarles un capital de 100 mil dólares. Más aún, el señor Senador sostiene que en la Ley de Presupuestos -y es cierto- se transfieren 12 mil millones de aporte fiscal, para ver si acaso es posible reactivar la actividad del carbón en la zona de Lota. Saca cuentas y dice que sería mejor tomar 450 mil pesos mensuales y entregarlos al gobierno regional para que llevara a cabo programas de capacitación, etcétera. Incluso, insinúa qué pasaría si les preguntáramos a los trabajadores del carbón. Creo que la respuesta de ellos a Su Señoría sería muy clara: le dirían que, por supuesto, están de acuerdo en que se realice este esfuerzo para ver si su actividad puede reflotar y tener éxito en el próximo tiempo. Y así se ha determinado en la partida presupuestaria correspondiente, señalándose que el aporte se hace condicionado a resultados, de tal manera que se demuestre que la inversión es productiva con el objeto de poder seguir adelante. Si hay que hacer el gasto, el país tiene que tomar la decisión en cuanto a si lo lleva o no lo lleva a cabo. Y creo que la Comisión Mixta resolvió al respecto con buen criterio.

También se planteó que el gasto público ha crecido en 40 por ciento, que ha aumentado la burocracia y se ha elevado la dotación de la Administración Pública, ésta casi en un 15 por ciento. Pero no se realiza ningún análisis acerca de cómo se produce ese incremento de funcionarios públicos. El Senador señor Piñera olvida que sólo en materia de seguridad ciudadana ha habido que crear más plazas en Carabineros, que alcanzan aproximadamente a 6 mil; también ha sido necesario aumentar el personal de la salud, los detectives y el de muchos otros sectores. Pero todo esto de modo muy inferior a la tasa de crecimiento del país. Pienso que, si se analizan bien y con seriedad las cifras al respecto, se concluirá en que tanto este Gobierno como el anterior no hicieron esfuerzos por incrementar la burocracia, sino que se ha pretendido eliminar algunos vacíos que se producen en determinados sectores debido a la falta de personal para prestar buenos servicios a la población.

Señor Presidente , aquí también he notado algo que es necesario poner sobre la mesa. Se ha preguntado por qué este Gobierno, que tiene tantas prioridades sociales, al igual que el anterior, y desea trabajar para erradicar la pobreza, no asigna fondos para ello. Incluso, se formularon indicaciones mediante las cuales se destinaba una cantidad de la Partida Tesoro Público a determinados sectores, entre ellos a los pensionados.

Pero hay una contradicción en quienes presentaron esa indicación, si se considera el acuerdo que alcanzamos tiempo atrás y mediante el cual quedó vigente la tributación actual, sin poderla modificar. Nos comprometimos, porque ellos lo pidieron -y tenían razón-, a no aumentar el gasto público más allá que el producto. Sin embargo, ahora, por un lado, tratan de presionarnos para incrementar el gasto, por muy justificado que sea, y por el otro, nos tienen maniatados para no establecer más impuestos. No podemos caer en esa contradicción, porque, sin lugar a dudas, se sabe que su aumento repercute en el manejo de las políticas contra la inflación que debe llevar adelante el Gobierno.

Hay, además, un gesto realmente contradictorio con lo que ha sido siempre la conducta de ellos, porque, en el caso de los pensionados, en el período en que este sector tuvo la peor experiencia fue, precisamente, en aquel en que los grupos que ahora piden mayores beneficios pudieron haberlos favorecido. Sin embargo -y lo recuerdan los pensionados-, por razones a, b, c o d, el Gobierno de turno redujo las pensiones, en un solo año, en 10,6 por ciento, que el Gobierno del Presidente Aylwin debió reponer, aunque no con efecto retroactivo.

Todos queremos mejorar la situación de los pensionados, pero no lo podemos hacer mediante el expediente fácil de decir: "Aquí sobra plata; saquemos una parte del Tesoro Público y aliviemos la condición del sector pasivo". Creo que esto implica no tener responsabilidad, porque se sabe que ése no es el camino correcto. Si hay que buscar fórmulas para mejorar el sistema de pensiones, estamos dispuestos a hacerlo, pero con recursos nuevos que aporte el país en su conjunto, y no manteniéndonos las manos amarradas por un lado y, por el otro, pretendiendo gastar generosamente lo que ayer algunos nunca pensaron entregar en favor de los pensionados.

Termino, señor Presidente , expresando que hemos llegado a un texto por las razones que expliqué, no por presión, ni por "chantage", ni porque el señor Ministro haya tenido que ponerse de rodillas. En el día de ayer, él me comunicó un posible entendimiento para despachar el proyecto de Ley de Presupuestos sin dificultades y me comentó que era bueno para el país que ello ocurriese sin mediar gran conflicto, sin entrar a una discusión que seguramente se hubiese prolongado hasta ahora, tocante a cómo aprobar o no aprobar la iniciativa. Entendiendo su argumento, accedí, pero le advertí que no olvidara que cuando llegáramos aquí nos iban a decir que tal o cual cosa venía ¡porque ellos se lo habían impuesto al Gobierno, y que habían logrado, además, que en el próximo tiempo el Presupuesto fuera transparente e informado! Y se cae en contradicción, porque durante el debate han reconocido que en los últimos cinco años mejoró la información, aumentó la transparencia y que sus indicaciones, como las de Senadores y Diputados de la Concertación, fueron estudiadas por el señor Ministro y, finalmente, aceptadas.

Así ha sido, y doy gracias a Dios por ello, porque creo que ésta es una de las grandes bondades que ofrece la democracia: ser capaces de poner por encima el bien del país y, consiguientemente, de renunciar muchas veces a nuestras posiciones. Ello, no por la vía de la presión, sino por considerar que ésa es la única forma de alcanzar un objetivo superior a un interés particular o partidario.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Debo recordar que, por acuerdo unánime, la hora de término de la discusión general se amplió hasta las 18:45. En este momento son las 18:30 y hay inscritos cinco señores Senadores. Lejos de mi propósito está el restringir el tiempo, porque en esta materia no podemos ser mezquinos. Sin embargo, existe un plazo límite que, si le parece a la Sala, se podría extender hasta las 19, para que todos alcancen a exponer sus puntos de vista.

Acordado.

En segundo lugar, ruego evitar las discusiones personales y los diálogos. Estamos frente al Presupuesto de la Nación, que es una entidad, y a las entidades se las trata como tales, y no como a las personas.

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Gracias, señor Presidente.

Hay que ser justos: aquí, en la asignación de los tiempos, siempre se restringe a los que están al final, y no a los anteriores. Me parece que eso no es siempre lo más equitativo. El último Senador que intervino usó de la palabra por cerca de 30 minutos...

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ese es el tiempo a que tiene derecho cada señor Senador en la discusión general.

El señor LARRAÍN.-

Me parece muy bien que se haga uso de tal derecho, pero lo justo es que todos tengamos la misma oportunidad. Esta es una discusión demasiado importante como para restringir en exceso los tiempos, de manera que por eso pido una extensión. Yo no voy a intervenir en forma lata, pero estoy pensando en el resto de mis colegas.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Seamos claros. Este debate es muy relevante y, en ese sentido, creo que debemos ser un poco elásticos. Es cierto que los que están al final hablan más corto, pero eso es histórico en todos los debates políticos y en todas las organizaciones. No quisiera que fuera así. Sin embargo, considero que la discusión no debe impedir el comienzo de la votación a fin de avanzar en el despacho del Presupuesto. Por eso, dentro de los criterios fijados, tuvimos que extender la hora de término de la sesión, con el objeto de que ésta no se limitara sólo al debate.

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , como lo acabo de expresar, no haré uso extendido de la palabra, ya que, dada la forma en que se acordó llevar a cabo esta discusión general, me parece un tanto inútil hacerlo. La verdad es que si podemos discutir en general pero no podemos aprobar en general, todas nuestras declaraciones no pasan de ser afirmaciones líricas que carecen de eficacia jurídica. Por la misma razón, no tiene mucho sentido formularlas con gran fuerza o pasión, porque, finalmente, constituyen un ejercicio teórico.

Debo señalar que eso me preocupa, por cuanto, ciertamente, el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación, que todos los años se debate en el Congreso, es uno de los más importantes para el futuro del país. En dicha ley no sólo se establecen los presupuestos de cada Ministerio, sino que, en último término, se define en forma cuantitativa la estrategia que vamos a adoptar como nación. Y cuando eso no se puede discutir para aprobar, realmente estamos perdiendo una oportunidad demasiado relevante para cumplir debidamente nuestro rol.

Alguien podría plantear que eso supone un riesgo, pero sabemos que la Constitución tomó el resguardo necesario: si el proyecto no es despachado oportunamente, se entiende aprobado el texto original, que es el que finalmente regirá como Presupuesto de la Nación, por lo cual el país no sufrirá daño alguno por las discusiones generales a que se pueda llegar.

Por esa razón, señor Presidente , la decisión unilateral adoptada por la Mesa no está, en mi opinión, a la altura del debate que exige una Ley de Presupuestos, atendidas su importancia y características. Y es particularmente importante hacerlo, porque ya se han tocado diversos temas. Sin embargo, como ya lo dije, me referiré a ellos en forma muy somera.

Esta ley provoca inquietudes, fundamentalmente por razones históricas, en cuanto a que en muchos casos lo que aquí se apruebe no es lo que al final se ejecuta. Debo admitir que lo que hemos convenido en estos días con el señor Ministro de Hacienda y con Parlamentarios de la Concertación entra en la línea de paliar esa situación.

Aquí nadie ha utilizado la figura de "doblegar al Ministro ", ni nada por el estilo. Hemos conversado racionalmente y hemos hecho, con firmeza, nuestros planteamientos. Y es importante que la autoridad y los Partidos de la Concertación lo entiendan de esa manera. Nosotros sabemos ser suficientemente duros y enérgicos para defender nuestros planteamientos, pero también flexibles y leales para llegar a acuerdos y entendimientos cuando está de por medio el bien del país.

Eso es lo que hemos hecho en esta oportunidad, y creo que así debería ser reconocido, en lugar de buscarse argumentaciones que empequeñecen lo que hemos logrado en estos días, con mucha altura. Es así como, en virtud de una indicación, durante 1995 se podrá disponer de información trimestral sobre la ejecución global del Presupuesto con relación al artículo 1°, y semestral, acerca del detalle de los gastos de cada servicio público. Lo anterior constituye un avance importante respecto de una de las tareas del Congreso Nacional, la de fiscalizar efectivamente la ejecución del Presupuesto de la Nación. Cumple así su labor, sin que ello signifique entrar en lo que nadie ha planteado, cual es la idea de cogobernar en el ámbito presupuestario. Nadie lo ha hecho y, por lo tanto, mal podría excusarse, porque esa materia no está en cuestión.

Es también importante el compromiso -como aquí se ha señalado- de informar semestralmente a las Comisiones de Hacienda del Parlamento sobre las transferencias efectuadas desde las Partidas del Tesoro Público, porque se han convertido en una oportunidad para utilizarlas en algo muy distinto de lo aprobado.

A mi entender, hemos logrado en estos días avanzar por el camino correcto. Pero no es el único, porque existen además problemas relativos al crecimiento del gasto público, para que éste realmente corresponda a lo aprobado en la discusión presupuestaria y no ocurra, como ha pasado anteriormente, que lo que se desembolsa sea muy superior a lo autorizado.

Sabemos que en estos años el gasto público ha estado por encima del crecimiento del país. Ello genera distorsiones muy graves en la economía, porque en definitiva no se progresa si acaso el gasto público se incrementa. Además, produce efectos indirectos, como lo expresé hace algunos días a propósito de la discusión del tema agrícola, pues el aumento del gasto fiscal presiona sobre la tasa de interés, generando efectos indeseables en la economía, como disminuir el valor del dólar, con el consiguiente daño al sector exportador o sustituidor de importaciones.

Sin embargo, no solamente es grave el aumento del gasto público por sobre lo presupuestado, sino porque la Composición de ese incremento -según lo acreditan distintos estudios- no es lo más deseable. En los últimos años, del aumento total en el gasto público, se destinó un 80 por ciento a financiar aumentos en el gasto corriente total y algo menos dei 20 por ciento, a inversión. Esto no pareciera ser el mejor criterio para gastar dicho incremento. Un 33 por ciento del crecimiento total fue absorbido por los ítem de gastos en remuneraciones y consumos de bienes y servicios, y un 55 por ciento financió transferencias netas tanto al sector privado como al público.

Esto ha ocurrido con los gastos de la Nación; y de allí que uno se plantee -con razón- que aquí existen desembolsos a los que no correspondería destinarles fondos del Presupuesto. Por eso, las indicaciones formuladas nos permitirán ejercer mayor control en el gasto presupuestario y obligarán a una mayor disciplina fiscal que la de los últimos años.

Es también importante señalar que no sólo interesa medir el desarrollo del Presupuesto de la Nación según su monto, sino que fundamentalmente de acuerdo a la eficiencia de lo ejecutado. Como señaló la autoridad, en la actualidad no existen parámetros objetivos para medir si lo que gasta el Estado se focaliza realmente en aquellas personas o sectores que se desea impulsar, y si es asignado con eficiencia, de modo que se traduzca en beneficios concretos para las personas. Por el contrario, el único parámetro de medición utilizado hasta ahora es el del crecimiento o disminución del gasto público en los distintos Ministerios. De esa manera, se produce la paradoja de que las gestiones que incurren en más gastos se aprueban y reciben aplausos, y no aquellas que mejor ejecutan su gasto presupuestario. Y lo que nos ha hecho falta en estos últimos años es introducir índices que midan la eficiencia en el gasto y no su volumen, como ha ocurrido hasta la fecha. El Gobierno ha incluido este año información complementaria sobre gestión e indicadores de eficiencia para 26 servicios, que constituyen un paso adelante, pero todavía no permiten medir adecuadamente los recursos entregados por el Estado.

Es también parte del acuerdo logrado estos días que los indicadores de gestión y productividad, incorporados este año en el proyecto de Ley de Presupuestos, sean extendidos y deseablemente perfeccionados para 1996, particularmente en lo tocante a los Ministerios del área social. Es necesario contar con indicadores importantes en los Ministerios de Salud, de Educación, de Vivienda y Urbanismo, de Justicia y del Trabajo y Previsión Social, porque allí interesará saber efectivamente el destino de los fondos fiscales.

Por último, no deja de ser relevante la situación por la que atraviesan las empresas públicas. Los déficit de éstas, que deben ser suplidos con aportes del Presupuesto, están alcanzando cifras muy elevadas, a 180 millones de dólares para 1995. En un estudio publicado hace pocos días, se hace una evaluación del costo para el Fisco de las empresas estatales en el último año. Y por concepto de menor rentabilidad, de irregularidades y de fondos perdidos, y de suplementos transferidos desde diversas Partidas, la cifra alcanza a 800 millones de dólares. Ese es el costo real para el país de las empresas del Estado, que de una vez por todas debe ser considerado cuando tomemos decisiones como las que hoy día adoptaremos con motivo de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. Transferir fondos a las empresas del sector público contribuye a mantener la pérdida sufrida por todos los chilenos año tras año por tal concepto, lo cual, ciertamente, no es la forma más responsable de administrar los recursos de la Nación, que mucho cuesta conseguir, particularmente cuando hay limitaciones económicas.

Señor Presidente , habríamos podido hacer todas estas consideraciones en una votación general, y desarrollarlas dentro del contexto de una estrategia de desarrollo para el país que apunte a situaciones que en realidad se deciden, tácita o expresamente, a través del proyecto de Ley de Presupuestos. Sin embargo, por la forma como hemos acordado tratarlo, ello no se logrará. Por eso, lamento la decisión adoptada y me pliego al compromiso de revisar las normas sobre el proceso presupuestario. Creo indispensable examinarlas, así como también lo relacionado con la Ley de Administración Financiera del Estado o con las atribuciones que el Congreso tiene para discutir el Presupuesto, no para incurrir en la irresponsabilidad de formular iniciativas para aumentar o procurar gastos de alguna naturaleza. No se trata de eso. Es necesario que la responsabilidad sea exclusivamente del Ejecutivo , pues a él le corresponde administrar los recursos de la Nación. Pero, si queremos que el Congreso, también como representante de la soberanía popular, pueda expresar libre y dignamente su función, y ejercer los controles y fiscalizaciones que le corresponden, es preciso darle las atribuciones en la oportunidad que corresponde, y, ciertamente, ésa es la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente , estamos culminando una discusión que iniciamos hace algún tiempo en el Senado, con motivo de la exposición de la Hacienda Pública, por parte del señor Ministro del ramo.

En la Comisión Especial Mixta de Presupuestos debatimos el proyecto tanto en general cuanto en las distintas Partidas. Así que a estas alturas del debate sólo cabe reiterar -cosa que pretendo hacer brevemente- algunos conceptos generales y referirse a ciertas opiniones aquí vertidas.

En primer lugar, nos encontramos frente a la aprobación de un Presupuesto cuyo aumento es moderado. Esta es la primera conclusión que podemos sacar. Se incrementa en 5,5 por ciento respecto al del año anterior, y en un porcentaje menor al estimado para el crecimiento del Producto Interno Bruto del próximo año, que es 5,8 por ciento.

Por lo tanto, todo lo expresado respecto de que estamos gastando más que el crecimiento del Producto Interno Bruto, es falso, o sea, tenemos un Presupuesto cuyo aumento es menor al crecimiento estimado del Producto Interno Bruto. Todo el mundo señala que probablemente -espero que así ocurra, como en años anteriores- la estimación de crecimiento del Producto es muy moderada. En consecuencia, podría ser factible que fuese mayor a 5,8 por ciento, lo que es muy conveniente si se repara que el incremento del gasto no será superior a 5,5 por ciento. Porque, al margen de la discusión sobre las transferencias al interior del Presupuesto, evidentemente éste fija un límite máximo de gasto global. Eso es clarísimo tanto en la ley como en la política de la autoridad de Hacienda, la cual ha adelantado, además, que el año próximo habrá un menor gasto fiscal de 3,9 por ciento, afirmación que avala con una economía de 3,1 por ciento en el presente año, lo que, sin duda, representa una contribución del Fisco al proceso de ahorro nacional.

Que creció el presupuesto en los primeros años de Gobierno de la Concertación, es evidente. ¡Si para eso hicimos una reforma tributaria, pactada con la Oposición! Su sentido fue, precisamente, subir el gasto público. ¿En qué? En gasto social. Si acordamos en este Congreso una reforma que implicó alrededor de mil millones de dólares al año, no fue para que el Fisco los ahorrara, sino para que los gastase, básicamente, en salud, educación, vivienda e infraestructura.

Entonces, en mi opinión, se confunden las cosas cuando se habla de "tendencias", como si hubiera una ley mágica que determinara desde el punto de vista de los equilibrios cuánto debe ser el Presupuesto público respecto del conjunto del gasto de la sociedad. Lo fundamental es que el Presupuesto cubra objetivos sociales y, además, resguarde los equilibrios macroeconómicos. Y ésa ha sido la política de todos estos años.

Por lo tanto, dispuesto a aprobar el Presupuesto, tengo que decir que lo encuentro moderado; que me parece razonable, porque no tenemos nuevos recursos tributarios; que crece menos que el Producto, y que resulta completamente coherente con la situación macroeconómica propuesta, la cual es hoy incluso más favorable que cuando el señor Ministro del ramo dio el estado de la Hacienda Pública ante el Congreso. Recordemos que entonces la estimación inflacionaria era de 9 por ciento -hoy es de 8- y que el Presupuesto se calculó sobre la base de la libra de cobre a 96 centavos de dólar, cifra que posiblemente aumente el próximo año, por la reactivación de las economías del norte, etcétera.

En suma, desde el punto de vista del nivel de gasto y de los equilibrios macroeconómicos, el Presupuesto en debate resulta completamente coherente con los propósitos que el país y el Gobierno se han fijado.

La segunda cuestión por discernir de manera general es si este aumento moderado tiene alguna relación con políticas determinadas, desde la perspectiva de la descomposición del gasto. Y debo decir que si se analiza el detalle del Presupuesto -no se trata, claro está, de repetir la discusión particular que llevamos a cabo en la Comisión-, se comprueba que todo aquello que aumenta más allá del crecimiento promedio de aquél está dentro de las prioridades políticas que el Gobierno se ha trazado. Crece en las áreas de educación, en 7 por ciento -esto es, sobre 5,4 por ciento del promedio-; vialidad, en 9,7 por ciento; vialidad urbana, en 12 por ciento; se incrementa el aporte al SENCE en formación en 10,3 por ciento; aumenta el Ministerio del Trabajo en 15 por ciento y la Dirección del Trabajo, en aras de mejorar la fiscalización de la ley laboral, etcétera.

O sea, en el detalle del Presupuesto, se advierte que en general hay continuidad en la mayoría de las Partidas y aumentos mayores que el promedio en las materias que el Gobierno -y el país, en mi opinión- define como prioritarias: educación, infraestructura, formación y calificación de trabajadores, etcétera.

Por lo tanto, la segunda afirmación general que deseo hacer es que estamos ante un Presupuesto que, dentro del crecimiento de las distintas Partidas y Ministerios, incluye claras políticas de asignación del gasto, que apuntan a los objetivos centrales definidos. En ese sentido, concurriré a su aprobación -recordemos que no hay votación general del proyecto, y que sólo podemos votar en las distintas Partidas-, por tener una opinión claramente favorable a lo propuesto por el señor Ministro.

En tercer término, con relación al acuerdo a que llegamos con Parlamentarios del Pacto Unión Por Chile, quiero decir que me parece razonable y bueno para el país. Ciertamente establece algunas cuestiones que podrían considerarse obvias, pero ellas parecieron estar oscurecidas en la discusión un tanto errática de algunos Parlamentarios de Oposición -no de todos, debo decir- durante los últimos quince días.

Se reafirma que la administración financiera del Estado es de responsabilidad e iniciativa del Ejecutivo, lo cual es obvio, pero necesario de reiterar a raíz del clima que en algún momento se produjo durante la discusión de esta materia, sobre todo, en la Cámara de Diputados.

El acuerdo contiene una segunda afirmación importante: reconocer que el manejo de la política macroeconómica requiere una necesaria flexibilidad presupuestaria, dentro de los límites que fija la ley. Esto resulta fundamental para que la autoridad económica pueda dirigir y orientar la economía, sobre todo, si se tiene presente que hay otros instrumentos cruciales de política económica que no están al alcance de la autoridad, cuales son una parte sustantiva del manejo monetario, que hoy reside en un Banco Central autónomo; y una política tributaria, instrumento del que normalmente disponen todos los Gobiernos, pero del que carecemos, no por nuestra voluntad. Las condiciones políticas actuales -especialmente, en el Senado- no permiten todavía -espero que ello cambie en lo futuro- discutir la utilización de los tributos como instrumentos de ajuste, de corrección, de orientación del desarrollo de la economía y de los equilibrios macroeconómicos.

Por lo tanto, en la actual situación, en que el Ejecutivo no tiene instrumentos de política adecuados en materia monetaria y tributaria, parece evidente que debe disponer de una cierta flexibilidad en el manejo del Presupuestó público, como un recurso para la dirección del conjunto del proceso. Y creo que la autoridad ha demostrado seriedad suficiente para hacer uso de esta flexibilidad en términos completamente coherentes con las metas macroeconómicas que todos nos hemos fijado.

Debo decir que he concurrido con mucha convicción propia -y no como algo impuesto por la Oposición- a los acuerdos de mejorar la información del Congreso Nacional sobre la ejecución presupuestaría. En esta materia, tanto quien habla como distintos Senadores de estas bancas y del Partido por la Democracia, hemos estado insistiendo en la necesidad de introducir mejoras, porque, si bien no hay coadministración financiera del Estado, es bueno que el Congreso tenga una información adecuada de cómo se va ejecutando el Presupuesto que aprueba. En todo caso, creo que esto no puede ser visto como un triunfo ni de la Concertación ni de la Oposición, sino como un avance, que tiene el respaldo del Ejecutivo , hacia una cada vez mayor transparencia pública en la ejecución del Presupuesto.

Antes de terminar, señor Presidente , haré un par de observaciones particulares sobre el proyecto, en el ánimo de introducir una reflexión en el debate, aprovechando la presencia de las autoridades económicas más importantes del país. Porque en mi entender, sin perjuicio de lo bien que se encuentra la economía del país, algunas cuestiones se plantean como tareas importantes hacia el futuro. No debemos caer en ninguna clase de autocomplacencia o en la sensación de que aquí está todo hecho.

En primer lugar, quiero reconocer públicamente en esta sesión la sensibilidad del Ministro señor Aninat para corregir, en parte, el presupuesto presentado originalmente en materia agrícola. Este mostraba un carácter de mera continuidad, ante lo cual diversos Parlamentarios hicimos ver la inconveniencia de dar una señal de esa naturaleza a la opinión pública, en circunstancias de que el sector agrícola atraviesa por problemas muy serios, que exigen un aporte del Estado en materia de reconversión, particularmente, de las economías campesinas. Por ello, me alegro de que, por iniciativa del Ejecutivo -pero fruto del debate que surgió en el país y la Comisión Especial de Presupuestos-, se hayan aumentado las partidas del Ministerio de Agricultura, y, en especial, del INDAP.

Por otro lado, señor Presidente , quiero destacar que una revisión del Presupuesto indica que en nuestro país aún estamos gastando muy poco en materia de investigación y de cultura. A mi juicio, la modernización indispensable del país exige niveles cualitativamente superiores de aporte público a los esfuerzos de investigación, que, finalmente, tienen que ver con toda nuestra capacidad de mantener un dinamismo exportador que pueda competir en un mundo cuya economía es cada vez más abierta y competitiva. Por lo tanto, me parece que el actual aporte a los distintos programas que supone la investigación, se halla muy lejos de los requerimientos indispensables en esta materia. En ese sentido, creo que aún no contamos con el presupuesto de un país que efectivamente entiende la modernidad como un proceso global y no puramente parcial de modernización de la empresa. Así lo demuestra esa discusión absurda que reduce toda la modernidad a la privatización de activos públicos, lo cual, a mi juicio, es una caricatura de un debate serio sobre la modernización del país.

Un aporte estatal al desarrollo de la cultura tiene que ver con el elemento central de la identidad nacional, de nuestra identidad y diversidad cultural. Y eso debe ser en Chile, al igual que en todas partes del mundo, producto obviamente de la iniciativa privada, pero también de los aportes sustantivos del Estado. Al respecto, el aporte al Teatro Municipal de Santiago -obviamente se justificaba; ése no era el punto en discusión-, felizmente se logró reponer (sólo el nivel del fondo del FONDART) también por iniciativa del Ejecutivo , junto con establecer algunos programas de apoyo -los que también valoro- a comunas pobres. Pero, sin duda, el resultado global del esfuerzo que como Estado y nación estamos haciendo en el desarrollo cultural es muy bajo. Y eso, a mi juicio, constituye un motivo de preocupación que deseo exponer aquí con mucha fuerza.

Por último, en el debate que se ha llevado a cabo, va quedando claro que la situación de nuestros pensionados y de la gente de la tercera edad -es una tarea muy difícil; constituye un tema crítico en todos los países- debemos convertirla, en los años que vienen, en una materia de preocupación central de las políticas públicas. Entiendo que los Gobiernos de la Concertación han realizado grandes esfuerzos al respecto, pero, sin duda, son aún insuficientes. Se trata, además, de un tema realmente importante como para no hacer en torno a él demagogia, porque constituye un desafío no menor. Sin embargo, a mi juicio, es una tarea que queda pendiente y que debería ser objeto de una mayor atención pública en el próximo tiempo.

Por todas estas razones, quiero felicitar a la autoridad económica y señalar que hemos aprobado la mayoría de las Partidas con la convicción de que es un Presupuesto plenamente compatible con los objetivos que nos hemos fijado en materia de política económica y social.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , del análisis de la Ley de Presupuestos han surgido diversas inquietudes y situaciones planteadas por los señores Senadores; sin embargo, sólo quiero referirme a dos aspectos que considero de mucha importancia, sobre todo a uno de ellos, cuyo debate no se efectuó cuando se estudió el ejercicio presupuestario para 1994 y que, desde mi punto de vista, produjo distorsiones relevantes en todo el proceso de administración interior del Estado. Y éste, a mi juicio, hoy debe ser analizado -al menos, así lo estimo- para los efectos de la historia de la ley.

Antes de entrar en ese aspecto, que es de mucha importancia, quiero retomar el tema del carbón, que aquí ya se ha señalado. Entregaré algunas cifras -entiendo que el Senador señor Cantuarias dará a conocer otras de importancia-, para los efectos de apreciar bien cuál es el objetivo -expresado por el Honorable señor Piñera - en relación con los recursos del Gobierno regional.

Nosotros somos partidarios del proceso de descentralización. Creemos que muchas veces el manejo de los recursos públicos ubicados fundamentalmente en una zona -en este caso, en la del carbón-, son mejor administrados cuando la autoridad regional es la que está al frente de ellos y no la autoridad nacional. Por ese motivo, entonces, cuando el Senador señor Piñera plantea -previamente lo habíamos conversado- que los recursos destinados a ENACAR, concretamente, se trasladen al Gobierno regional para que éste desarrolle con dicha Empresa y otros organismos regionales en la propia zona un proceso de una mejor inversión de los mismos, estamos planteando dos cosas muy concretas: primero, la descentralización real de todo el proceso de administración, y segundo, que la autoridad regional asuma responsabilidades en la administración de su región. Y, obviamente, en los aspectos propios del carbón, es evidente que el manejo de esos recursos -que no ha sido bueno; hay que reconocerlo- no ha dado los resultados esperados, por lo que hay que dar un carácter distinto a su administración.

Cuando se plantea el tema del carbón, evidentemente la situación es muy especial. Sin duda alguna, hay problemas sociales, políticos y de todo orden que se deben tener muy presentes para resolver dicha materia. Sin embargo, también es cierto que no hay que marginar a la actividad privada en la alternativa de desarrollo futuro de esta actividad minera y de otras que se realizan dentro de la misma zona. Y esto, lo señalo por lo siguiente. Porque cuando se estima que la inversión destinada a ENACAR es del orden de 16 mil 500 millones de pesos -eso es lo real- y se plantea paralelamente una inversión de sólo 160 millones de pesos, que representa el 1 por ciento, para que trabajen cerca de mil mineros en Curanilahue, a través de una comercialización privada del carbón, de los pirquenes pequeños y medianos, evidentemente, toda vez que esa alternativa privada se cierra y se incorporan todos los recursos sólo a ENACAR, se observa que no hay intención de buscar un mejor aprovechamiento de ciertos recursos que, históricamente, han tenido una serie de inconvenientes en su administración, la que, en los últimos años, ha sido muy negativa.

A lo anterior, se suman dos aspectos indispensables que, desde nuestro punto de vista, obligan necesariamente a una administración adecuada. Personalmente, no voy a votar en contra de los recursos del carbón, porque éstos llegarán -espero que lleguen- a la Región. Pero sí es obvio que, desde mi perspectiva, al menos, debe existir una administración más adecuada. No puedo entender que una empresa como ENACAR -que, incluso, expresa cifras bastantes más elevadas, que se darán a conocer más adelante en la administración de recursos- no tenga separada en divisiones su administración, como ocurre en otras empresas, para desarrollar mejor esta gestión. Cuando se informa por los propios dirigentes sindicales que hay una alternativa comercial conveniente en la venta del carbón y que ello deja utilidades, pero, por otro lado, se observa que el costo real de la Empresa es del orden de los mil millones de pesos mensuales, evidentemente se concluye que existen alternativas, por una parte, viables, y por otra, muy inviables, y que la suma de las dos resulta ser negativa, lo cual perjudica cualquier acción que pueda desarrollarse, al menos en materia de comercialización en los pequeños y medianos pirquenes de carbón.

Por eso, nosotros planteamos, y lo señalamos aquí concretamente, que ENACAR, en la opción de recibir estos recursos, debe crear necesariamente dos divisiones importantes: una, destinada a la comercialización del carbón de medianos y pequeños productores privados que trabajen en la zona, y otra, de explotación distinta a la de Lota, situada en Curanilahue.

Respecto a la administración interior del Estado, en el Presupuesto de 1993, para el ejercicio de 1994, aprobamos Partidas que sumaban alrededor de 7 mil 800 u 8 mil millones de pesos, para ser distribuidos en cada uno de los gobiernos regionales, pero no fueron entregados a éstos por el Gobierno nacional. Y la razón por la cual -supongo- no se hizo esa operación, exigida por la Ley de Presupuestos, fue lisa y llanamente porque el Ejecutivo sostenía equivocadamente -lo que fue aclarado posteriormente por el Senado- que el gobierno regional estaba compuesto por organismos distintos de los que realmente la ley creó, como Gobernaciones, Secretarios Regionales Ministeriales en algunos casos y reparticiones de las Intendencias a través de todo el país.

Señalo lo anterior, porque hoy, en la Partida Tesoro Público, nuevamente -y estoy muy de acuerdo-, a los gobiernos regionales se les destina una suma total de alrededor de 9 mil 800 millones de pesos, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Son recursos necesarios para su administración, y ellos deben ser entregados a dichos gobiernos. Esto es indispensable que esté presente. Por ejemplo, para el gobierno de la Región de Tarapacá se contemplan 446 millones; para el de Antofagasta, 408 millones; para la Región Metropolitana, 788 millones; para la Octava Región , 944 millones, etcétera.

Debemos entender, entonces, que esta Partida, que contempla la Ley de Presupuestos, está destinada en su totalidad a los gobiernos regionales, a fin de que ellos puedan administrar con recursos propios -entre otros aspectos- el personal establecido en las plantas, cuya ley en proyecto fue aprobada por el Senado y por la Cámara de Diputados, pero que hoy, lamentablemente, ha sufrido un nuevo retraso, producto del veto enviado por el Ejecutivo, que pretende eliminar la posibilidad de que el Intendente rechace a algunos de los funcionarios que se le están enviando.

Lo anterior, sin lugar a dudas, está indicando que todavía existe una concepción bastante centralista de todo el proceso de administración interior del Estado, como lo demuestra el hecho de que tampoco queda absolutamente claro que los recursos de la Partida Tesoro Público relativa a los gobiernos regionales, que asciende a 9 mil 800 millones de pesos, sea destinada a dichos gobiernos, lo cual debe quedar entendido en esos términos para los efectos de la votación. Si ello no ocurre, es evidente que seguiremos caminando por un proceso de administración interior del Estado sin una concepción clara y definitiva sobre las responsabilidades que dichos entes u órganos, creados por una ley orgánica constitucional, tienen en su administración territorial, así como en la autonomía que poseen para los efectos de administrar los recursos.

Señalo esto, a fin de que quede claramente consignado en la historia de la ley cuál es el sentido con que nosotros votaremos favorablemente dicha norma, en lo que se refiere a esta parte de la Ley de Presupuestos.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Díez.

El señor DÍEZ.-

Señor Presidente , con motivo de la discusión de la Ley de Presupuestos, es bueno recordar la naturaleza de lo que estamos debatiendo.

Nuestro sistema jurídico sigue la llamada doctrina del presupuesto ejecutivo. En verdad, ésta no es una ley corriente, porque en su origen no conlleva el ejercicio de la potestad legislativa del Presidente de la República , por cuanto está obligado a presentar la Ley de Presupuestos. Además, la Constitución señala la fecha y reglamenta la presentación de esta normativa legal. Por lo mismo, al Congreso no le cabe más que aprobarla, porque no puede rechazarla o aplazarla.

Como resultado de este proceso absolutamente reglado, el Ejecutivo también debe sacar una conclusión: que está sujeto a los gastos fijos autorizados por las leyes vigentes ordinarias, y, respecto de los gastos variables, no puede excederse de los aprobados por el Parlamento. De manera que en la Ley de Presupuestos se fija un límite de gastos, lo que -podríamos decir- es el objetivo fundamental de esta Ley.

Si el cálculo de entradas le corresponde al Presidente de la República , si los gastos fijos están señalados en la Ley, ¿para qué este procedimiento reglado en la Carta Fundamental? ¿Para qué este Proyecto prerreglado en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado? ¿Cuál es el objeto de este debate? ¿Por qué la Ley de Presupuestos viene con articulado separado y se promulga sin incluir todos los gastos, como sucede con las leyes comunes? Con un solo objetivo: para que el Ejecutivo no pueda excederse en los gastos variables aprobados por el Congreso, que posee la facultad de disminuirlos.

En verdad, nuestra legislación financiera no está íntegramente de acuerdo con el artículo actual de la Constitución sobre la materia. Y aquí hay una tarea muy urgente, que yo llamaría "tarea de democratizar la Ley de Presupuestos". El principal objeto de democratizar dicha normativa es el de frenar el poder absoluto del Gobierno en cuanto a aumentar sus gastos sin sujeción a lo que el Congreso le señaló como límite.

Después de algunas gestiones con el Ministro anterior -y en las cuales participamos varios señores Senadores-, de común acuerdo con la Dirección de Presupuestos, se redactó el que hoy es el artículo 4°. Si bien dicho precepto no es suficiente, por lo menos es una manifestación del Ejecutivo de mantener la flexibilidad parlamentaria y, al mismo tiempo, el límite del respeto a los gastos.

Pero ocurre que esta norma está en la Ley de Presupuestos. Luego, rige nada más que por un año. Y nosotros tenemos la obligación de prever qué es lo que puede suceder en el futuro. Durante esta Administración y la anterior hemos tenido Ministros con los cuales no concordamos políticamente, pero son confiables. Sin embargo, la ley no debe depender de la bondad de los que la aplican, sino de la objetividad de sus disposiciones. Por ello, a mi juicio, parece indispensable que el señor Ministro -y es conveniente para el país-, ejerciendo la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en cuanto a reglar materias presupuestarias, nos presente una nueva Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, o una modificación de ella, en la que se contemplen las medidas de información o de control señaladas en el acuerdo del Ejecutivo con la Oposición, para lo cual el Estado no necesita perder su flexibilidad, pero sí requiere que el límite de sus gastos sea fijado por el Congreso, porque, de lo contrario, esto puede transformarse en un ejercicio inútil.

La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado también requiere de otras modificaciones. Es necesario precisar el sentido del artículo 26, con el objeto de que sirva para flexibilizar los gastos, pero no para desconocer el texto de la Ley de Presupuestos, ni las glosas que en ellos se incluyen. Con ello no digo que eso haya sucedido, sino que el sistema actual es tan imperfecto que permite ser empleado en forma errónea. Y, en este estado de transición a la democracia, en el que todavía hay que devolver poderes al Congreso, es nuestra obligación aprovechar esta oportunidad para democratizar y perfeccionar la Ley de Presupuestos, lo cual permitirá al Congreso contar con atribuciones que nunca tuvo, pero que en una sociedad moderna debe tener.

He dicho.

El señor GAZMURI.-

Que quede constancia, en la versión de que Su Señoría ha hablado de "transición a la democracia".

El señor DÍEZ.-

No cabe ninguna duda.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente , estoy acostumbrado a analizar presupuestos. Pero nunca me había tocado votar a ciegas, como nos ocurre a todos los Parlamentarios cuando nos abocamos a la Ley de Presupuestos.

¿Cómo podemos reducir gastos variables, si no existe una total información respecto de la secuencia de lo ocurrido en años anteriores; si no hay un proyecto de futuro respecto del cual el Presupuesto del año en estudio sea sólo una parte? ¿Es posible una discusión presupuestaria si no se une a ésta, al mismo tiempo, la discusión sobre un proyecto? ¿Alguien piensa que lo importante de nuestra gestión como Senadores en este caso es reducir los gastos únicamente? ¿Para qué vamos a reducir los gastos, si con ese ahorro no podemos redestinar esos recursos a otros fines; si no hemos precisado previamente el orden o jerarquización de las preferencias respectivas? ¿Existe acaso la posibilidad de hacer un "presupuesto base cero", si la Ley de Presupuestos es tan rígida que no nos permite hacer ningún aporte intelectual ni técnico verdadero? ¿Podemos acaso tener acceso a la posibilidad de jerarquizar el Presupuesto de gastos? ¿Podemos priorizar ideas y proyectos?

No, Honorables señores Senadores. Aquí discutimos y discutimos, en mi opinión, sin propósito alguno, salvo el llamado por algunos "perfilamiento político", que poco interesa al país.

Por eso, celebro el compromiso tomado hoy por el Gobierno a través del acuerdo suscrito a petición de los Parlamentarios del Pacto Unión Por Chile. Porque así fue. Ese acuerdo permitirá tener información trimestral y semestral de la ejecución presupuestaria. Nos ilustrará sobre los decretos exentos que, con cargo al Tesoro Público, en lo que se ha llamado flexibilización presupuestaria, permiten al Ejecutivo destinar recursos públicos que no han sido aprobados por el Parlamento con la precisión pertinente.

Celebro, por último, este acuerdo, que nos permitirá a futuro, en las leyes de Presupuestos, conocer informes de gestión, eficiencia o productividad y una FECU semestral de las empresas públicas. Mañana, por lo tanto, al menos tendremos una mejor información gracias a este acuerdo, que es un real aporte a la discusión. Por lo menos, en eso se ha avanzado. Se recoge, así, una indicación patrocinada por el Senador que habla, suscrita también por los Senadores señores Bitar, Núñez, Otero y Frei, y por los Diputados señores Orpis, García-Huidobro, García Ruminot y Jürgensen.

Antes de finalizar mi intervención, deseo referirme en forma breve a dos materias que me preocupan.

En primer lugar, los Presupuestos no debieran contemplar, en mi opinión, gastos superiores a los ingresos logrados el año anterior. El que ahora aprobaremos considera un crecimiento del gasto fiscal en 5,5 por ciento, cifra que incluye 4,8 por ciento de aumento del gasto corriente. Se afirma que este gasto es prudente, pues el país crecerá poco más que el gasto referido.

Pero resulta que el año pasado se presupuestó un crecimiento entre 5 y 6 por ciento. Y este año sólo creceremos entre 4 y 4,3 por ciento. Sin embargo, el presupuesto del año pasado aprobó un aumento de gasto de 5,4 por ciento, con un mayor gasto corriente de 4,7 por ciento, lo que constituyó, en definitiva, un exceso que obligó al país a una poca deseada contracción económica.

Por eso, propongo, para evitar adivinanzas que después derivan en errores, y éstos en contracciones y recesiones que terminan siempre en desempleo, que a futuro un Presupuesto no pueda nunca considerar un gasto superior al ingreso ya logrado. No es prudente gastar lo que se espera ganar; y no lo es, tampoco, gastar más de lo que ya se obtuvo.

Por tal motivo, llamo al Gobierno a ser prudente, ya que así evitaremos ese continuo crecimiento, que aquí mismo, en esta Sala, he denunciado como de zigzag. El fenómeno opera al modo de una montaña rusa, que sube y baja, que crece y se contrae en su tasa de crecimiento.

La segunda reflexión que quiero realizar también es un llamado.

Estudios técnicos recientes muestran peligrosas pérdidas en el Banco Central, que, sin embargo, no se evidencian, pues son capitalizadas en sus balances. Pero el déficit de caja del Instituto Emisor obliga al Fisco a suplirlo y a cubrir sumas ascendentes a cientos de millones de dólares al año, dineros que pudieron, y pueden, tener un propósito social prioritario.

En 1992, el Banco Central perdió 969 millones de dólares, según estudios recientes. En 1993, esas pérdidas fueron de 655 millones de dólares, y a julio de este año ya igualaban al total del año pasado. Su proyección, en el presente ejercicio, muestra que superarán los mil millones de dólares, de los cuales 678 millones corresponderán a la mantención de activos en dólares y de pasivos en unidades de fomento, en circunstancias de que el propio Banco luego fija un valor de la unidad de fomento superior al valor del dólar; 208 millones se expresarán en pérdidas por transferencias fiscales, y 209 millones, en pérdidas por deuda subordinada, cifra que no considera las pérdidas por la capitalización de dividendos preferentes -la denuncié en esta Corporación- iniciada por el BHIF y seguida por otros bancos, que el Banco Central reconoció que le causará perjuicios por 105 millones de dólares.

Honorables colegas, si no corregimos el problema de las pérdidas del Banco Central, todas estas discusiones serán incompletas. Nada sacamos con intentar juntar y ahorrar agua en la tina, si no le ponemos el tapón. La iniciativa sobre deuda subordinada, ya aprobada por la Cámara de Diputados, y que ahora conoce el Senado, hará transparentes las pérdidas que bajo esa deuda subordinada se escondían. El Banco Central mostrará esos perjuicios. Y quiero aquí advertirlo: ello reducirá su patrimonio, realidad que el Fisco y el Presupuesto debieran considerar, pero que ni siquiera se menciona.

No propondré soluciones en esta materia -no es éste el momento- como las que señalé muchas veces, tocante al término de la unidad de fomento, la dolarización, la finalización de la obligación del Banco Central de comprar todas las divisas y de emitir por ese concepto, el retiro de circulante, el alza de las tasas de interés, la competencia con la empresa privada por los mismos recursos, y la fijación de tasas o aranceles especiales al dinero que incluso hacen más atractivo traerlo al país, al ser, en definitiva, más altas las tasas en Chile.

No hablaré sobre las correcciones de capitalización que el Banco Central requiere, y que, por ejemplo, podrían lograrse con acciones de CODELCO, transformada en sociedad anónima, pues -reitero- no es éste el momento.

Sólo concluiré mis palabras lamentando que nuestra imaginación, inteligencia y experiencia en el mundo real no puedan ser aportadas a la discusión presupuestaria a causa de limitaciones constitucionales en el ejercicio de nuestro deber parlamentario.

Si al menos hubiésemos podido priorizar el destino de gastos e inversiones escuchando a las Regiones, habríamos dado un gran paso adelante. Si pudiéramos proponer iniciativas debidamente financiadas, no por impuestos nuevos, sino por reasignación del mismo gasto presupuestario, estaríamos efectuando un aporte que el país espera de todos nosotros.

Por ello -y para finalizar-, con pena, pero con sinceridad, debo expresar que lamento que para algunos sea más importante, como señalé, la inútil discusión política de perfilamiento, antes que la contribución real que estoy seguro que pueden realizar en favor del país. Lamento que mi propio aporte de ideas no pueda ser mayor, pues me causa enorme y profunda frustración sentarme en este sillón para constatar que basta tener muchas veces, buena voluntad. El pueblo nos eligió con un propósito diferente: para que nos diéramos por entero a la tarea que la soberanía popular nos impuso cuando nos designó como sus representantes, y que desgraciadamente no podemos cumplir, como estoy seguro de que muchos de nosotros ya lo hemos advertido.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, me parece que el debate se ha encauzado con un sentido mucho más positivo y constructivo. Pero sin duda que la cuestión principal es la que dice relación al papel del Congreso Nacional en la discusión presupuestaria. A mi juicio, esto constituye el verdadero problema suscitado durante los últimos años en el tratamiento de esta materia.

En un régimen presidencial, no hay duda de que no existe posibilidad alguna de cogestión o coadministración financiera. Sin embargo, tampoco es factible entender que el Congreso sólo cumple el rol de ser un mero buzón, en circunstancias de que el debate debe realizarse con información adecuada y, por supuesto, con un seguimiento que permita apreciar cómo va derivando el Presupuesto a lo largo de un año calendario.

Ampliar esta información presupuestaria, que se ha demostrado como insuficiente, es, en mi concepto, el logro principal en que hoy día participamos. Y, en ese sentido, hemos alcanzado un acuerdo entre el Gobierno y los Parlamentarios de la Concertación y el Pacto Unión por Chile que pienso que constituye el inicio de un proceso que debemos seguir materializando.

Entonces, creo que es lógico y razonable reconocer, desde luego, que se requiere de una flexibilidad necesaria dentro del Presupuesto. Pero, al mismo tiempo, estimo fundamental ampliar los antecedentes relativos a la ejecución presupuestaria, como efectivamente se destaca en este acuerdo.

El Ejecutivo se ha comprometido a presentar una indicación al proyecto de ley de Presupuestos, en virtud de la cual, durante el año próximo, dispondremos de información trimestral acerca de su ejecución global y semestral respecto del detalle del gasto de cada servicio público.

Deseo destacar que este planteamiento lo hemos venido haciendo prácticamente desde 1991. Tengo a mano el Diario de Sesiones del Senado correspondiente a la sesión 15a, de 26 de noviembre de ese año, donde se da cuenta de indicaciones presentadas por los Senadores señora Feliú y señores Díez , Piñera y el Senador que habla, para agregar una glosa que consignaba que trimestralmente se debiera informar a la Cámara de Diputados y al Senado del avance de los distintos programas que se expresan. Considero un honor que el señor Ministro de Hacienda haya materializado una aspiración nuestra reiterada a lo largo de cuatro años, lo que constituye una diferencia fundamental que se aprecia en su relación con el Congreso Nacional.

Por otro lado, estimo relevante la información semestral que se proporcione a la Comisión de Hacienda de esta Alta Corporación -pertenecí a ella durante cuatro años- en cuanto a las transferencias del Tesoro Público efectuadas, a fin de conocer su destino y monto, así como los balances y estados de resultado que mediante las FECUS puedan enviar las empresas públicas. Asimismo, representan un avance los índices de gestión o productividad que se puedan incorporar a la Ley de Presupuestos, lo cual creo conveniente poner de relieve, en un sentido de orientación constructiva del debate.

Pero no deseo olvidar un aspecto que me parece esencial y que debiéramos ir concretando, a pesar de habernos demorado cuatro años en introducir estas incipientes mejoras. Tengo la esperanza de que el próximo año podamos tener la posibilidad, en relación con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado -el mismo respecto del cual presenté una moción, en 1991, con el objeto de evitar estas transferencias que se producen arbitrariamente y que en la práctica hacen imposible tener certeza en la materia-, de conseguir el patrocinio del Ejecutivo para ir avanzando, no en una cogestión financiera, sino en una relación más equilibrada entre las funciones de ese Poder del Estado y el Legislativo. Creo que el tema de fondo es el rol que corresponde al Congreso, no este año ni en los anteriores, sino en el futuro. Es necesaria una adecuada relación de equilibrio entre ambos Poderes para desarrollar adecuadamente tales funciones.

Me alegro, también, de que haya prosperado la indicación tendiente a destinar al Cuerpo de Bomberos una suma mayor a la inicialmente acordada. Lo digo, no para destacar un hecho concreto aislado, sino porque estimo que es muy importante que hagamos aportes y sugerencias a medida que los planteamientos sean escuchados y exista una relación de información y adecuado equilibrio.

Por último, me congratulo de la forma como se ha ido reorientando el debate, en términos constructivos. Pienso que el acuerdo alcanzado debe contar con nuestro pleno respaldo, y es indispensable que cuando el Ejecutivo presente la respectiva indicación haga honor al espíritu tenido presente al suscribirlo.

He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , por quinto año consecutivo asistimos a una especie de liturgia o ritual en el cual se aprueba un proyecto de Presupuestos. Debe reconocerse que, comparado con el proceso vivido en años anteriores, ha aumentado el grado de información y las cosas han mejorado; pero no deja de ser una aprobación un poco a ciegas y a modo referencial, dadas las características que tiene, primero, la tramitación misma del proyecto y, luego, las propias cláusulas que contempla y la experiencia de los años precedentes.

La verdad es que nos reunimos por largas horas en la Comisión Especial mixta de Presupuestos y en las respectivas Subcomisiones; gastamos un tiempo considerable y una importante cantidad de papel -sobre los escritorios están los testimonios de ese hecho-, y la impresión final que queda es que los Ministerios, por medio de sus titulares y técnicos, entregan información, y nosotros, en la imposibilidad de confrontarla, o de disponer de ella en detalle o actualizada, hacemos como que la consideramos. Y, en último término, el proceso sigue un orden que más tiene -repito- de acto formal, de rito o liturgia, que de discusión presupuestaria de fondo. Tanto las razones dadas para discutir el significado y alcance de los gastos máximos como las disposiciones, glosas y cláusulas incorporadas al Presupuesto, al igual que a cada una de sus partidas, hablan de este problema, que aún no queda satisfactoriamente resuelto y que está presente. Por más que las cosas hayan mejorado y que los compromisos vayan en el sentido correcto, no podemos decir que se disponga de todos los antecedentes que permitan adoptar una resolución informada y suficientemente profunda, por lo menos en el Senado y en el caso de quienes hemos participado en el trabajo de las Subcomisiones ya por quinto año consecutivo.

Por otra parte, hago mías las expresiones vertidas en relación con los vacíos o, incluso, contradicciones existentes entre los textos de la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y las normas reglamentarias vigentes sobre la materia. Creo que en los próximos meses debemos debatir y alcanzar un acuerdo sustantivo, para no continuar cada año con este ejercicio de intervenciones, que, en el fondo, pueden reflejar un estudio y una preocupación muy grandes de quienes emiten opiniones, pero que ciertamente no se hacen cargo de los problemas presentados.

En el propio texto de la iniciativa en estudio y en la mecánica de su aplicación posterior hay un estímulo a la subestimación de ingresos, lo que históricamente -para no referirnos a un período o gobierno determinado- ha permitido que queden mayores recursos para ser destinados conforme a la libre disponibilidad del Ejecutivo. Sobre el particular, vale la pena tener presente el larguísimo debate, presenciado en distintos medios de comunicación, respecto de la partida Tesoro Público, cuyo sentido y denominación, en el fondo, hablan de esa flexibilidad, que, por una parte, constituye un instrumento oportuno y ágil de gestión gubernativa, pero, por la otra, pone en evidencia la inutilidad de discutir tan en profundidad el contenido de las partidas de cada Ministerio.

A propósito de esto, deseo hacer una breve referencia al significado de algunas de ellas, ya aprobadas, y a su implicancia en términos de la administración del bien común a que estamos llamados a colaborar en la gestión que debe desarrollar el Gobierno.

Me preocupa mucho que el Presupuesto consagre, una vez más, por ejemplo, que ciertos servicios que el Estado presta a través de organismos propios tengan un costo distinto y muy superior al que él mismo está dispuesto a retribuir cuando los proporciona otra organización, que también puede ser estatal, o incluso un particular.

Lo ejemplificaré concretamente con lo que representa el presupuesto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, organismo del Ministerio de Educación dedicado a la atención de menores en edad preescolar; es decir, de niños de cero a 6 años.

Como el objeto del mencionado organismo es atender a dichos menores, todo su presupuesto, ascendente a 22 mil 240 millones de pesos, más o menos, cubre la atención de 90 mil niños adscritos a sus programas. Pues bien, de la simple división de ambas cifras -considerando que los programas desarrollados (sala cuna, nivel de transición medio o mayor, u otros que se han ido poniendo en funcionamiento) son muy distintos entre sí-, resulta que el valor del servicio prestado es del orden de 21 mil pesos por niño al mes. Esto se compara muy negativamente con los casi 6 mil pesos que el Ministerio de Educación entrega en calidad de subvención cuando ofrece tal servicio una municipalidad, un sostenedor particular subvencionado, un colegio de iglesia, etcétera.

No hay relación razonable, entonces, entre el valor del servicio que presta directamente el Estado a través de la JUNJI y el que está dispuesto a subvencionar cuando tal servicio lo presta otro organismo reconocido por él.

Y no es mi intención disminuir el presupuesto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; sólo lo uso como referencia de lo que debe ser el valor aceptable para exigir una prestación adecuada.

En el mismo orden de materias, haré referencia a ciertos aportes que hemos calificado de "centralistas" porque, en el fondo, se trata de partidas de Ministerios destinadas a organismos que, por su localización, gestión y tipo de usuarios, se relacionan fundamentalmente con la Región Metropolitana.

En ese sentido se explica la indicación que presenté en la Cuarta Subcomisión de Presupuestos para rechazar la partida de 651 millones de pesos destinada a la Corporación Teatro Municipal de Santiago. No tengo reparos contra el Teatro Municipal capitalino; creo que se trata de un centro cultural que debe llenarnos de orgullo. Simplemente, no nos gusta -y es lamentable la solución de, lisa y llanamente, reponer la partida- que el presupuesto del Ministerio de Educación contenga aportes directos de sus recursos a una sola actividad que, si bien enorgullece a casi todos los chilenos, ciertamente está destinada a favorecer de manera principal a habitantes de la Región Metropolitana.

Cuando se expresó el rechazo la solución que se conversó y que informalmente se dio fue fijar una partida de un mil 200 millones de pesos y, por glosa, destinar al Teatro Municipal los 651 millones que necesita, distribuyendo el resto en diferentes actividades culturales de Regiones.

Por desgracia, las indicaciones que posteriormente resolvieron el problema no fueron por ese camino; simplemente, se repuso la partida a la Corporación Teatro Municipal de Santiago y se aumentaron los aportes al Fondo Nacional de Fomento del Libro, en 70 millones de pesos, y al FONDART, en 260 millones.

¡Cara resultó para las Regiones la entrega de este aporte respecto de las expectativas que teníamos!

En el mismo Ministerio de Educación, se creó en la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica un nuevo fondo denominado "Fondo de Liderazgo Científico", cuya partida, por 690 millones de pesos, de importante magnitud, tiene por propósito, aparentemente, entregar una subvención a investigadores activos, no para que concursen -los buenos investigadores activos normalmente ganan los concursos a que el FONDECYT llama para desarrollar proyectos-, sino, simplemente, para mantenerlos. Y cuando aprobamos esa partida, requeríamos una glosa que permitiera asegurar la distribución de los recursos: que no sólo tuvieran acceso a ellos lo investigadores activos de reconocido talento, que trabajan en Santiago y en las universidades de la Región Metropolitana, sino también otros, quizás todavía de menor envergadura científica, pero que se desempeñan en Regiones y a los cuales bien vale la pena extender la mano protectora del Estado. Empero, tampoco se recibió la indicación pertinente.

Por último, cuando a propósito del FONDECYT quisimos destinar recursos para proyectos sectoriales, entendiendo por éstos los que pueden desarrollar universidades regionales claramente vinculadas al desenvolvimiento de sus propias áreas, la indicación correspondiente se concretó en términos facultativos, señalándose "podrán destinarse". Por ello estoy seguro de que, a falta de norma imperativa, la ejecución presupuestaria del próximo año va a demostrar que, en proporción superior al 70 por ciento, los recursos continuarán distribuyéndose entre proyectos presentados y conquistados por investigadores y grupos de científicos de la Región Metropolitana.

De esta manera -admitámoslo con franqueza-, lo que estamos haciendo es concentrar la actividad de crecimiento científico y tecnológico en la Capital, porque incluso quienes consiguen destacarse en estos campos en Regiones son rápidamente atraídos por los establecimientos santiaguinos para engrosar sus plantas de personal y conseguir la aprobación de mayores recursos. En consecuencia, o tomamos aquí un día la decisión de distribuir los dineros con que todos contribuimos al desarrollo de determinadas áreas o disciplinas, o, simplemente, continuaremos concentrándolos en la Capital, con todo lo que ello significa.

En este orden de ideas, debo manifestar que los aportes extraordinarios que hoy, en aras de la transparencia, se entregan, y que han salido de la partida del Tesoro Público para incorporarse a la del Ministerio de Educación, por ejemplo a la Universidad de Chile, han despertado, según comienza a verse, la justificadísima indignación de todas las demás universidades que han tratado de adaptarse y competir en los sistemas de recursos concursables. Estos planteles no pueden entender -y, ciertamente, no tenemos una buena explicación para que lo hagan- que una universidad, por importante que sea, reciba directamente la señalada cantidad de recursos sin siquiera comprometerse a mostrar indicadores de gestión o a fijar metas respecto de la inversión, y el próximo año, sin duda, solicite cantidades similares o superiores.

Todo lo anterior se agrava si se toma en cuenta que la historia de los aportes, particularmente en el último año, según nos dio cuenta un informe de la Contraloría, habla de cifras bastante más importantes, y que no están impedidos otros aportes que más tarde pudieran llegar al propio establecimiento.

Celebro los indicadores de administración y las metas de inversión que se han incorporado a este Presupuesto. Y llamo la atención para que esto, que es un adelanto y representa -según entiendo- a 26 servicios o Ministerios, pueda crecer en el futuro; y especialmente, para que los indicadores de gestión se constituyan en obligación de todas las universidades que reciben aporte fiscal directo en nuestro país. Esto, porque los planteles que reúnen parte de nuestra vanguardia y de nuestra elite intelectual, científica y tecnológica no pueden quedar al margen, en un movimiento que por lo demás es universal, de ciertas metas de gestión y productividad. Sólo resta pedirles que ayuden a la sociedad a descubrir en qué forma puede requerirles el mayor rendimiento factible y compararlos unos a otros.

Por otro lado, no me resultan comprensibles los criterios con que se han asignado algunos recursos. No entiendo la razón por la que la Región del Biobío, que exhibe los mayores indicadores de desempleo y de pobreza -el Ministerio de Planificación y Cooperación determinó que es la única del territorio donde entre 1990 y 1992 aumentó la pobreza; y desde 1992 hasta hoy la situación sólo puede haber empeorado, debido justamente a la crisis del carbón-, en el orden de distribución de los fondos del FNDR aparezca apenas en quinto lugar. Las explicaciones que se nos dieron en las Subcomisiones en que se trató el presupuesto del Ministerio del Interior fueron insuficientes.

Por último, señor Presidente, quiero hacer referencia al aporte para la Empresa Nacional del Carbón, ENACAR.

Tengo en mis manos el acta de la Primera Subcomisión Especial de Presupuestos , a la cual concurrí, cuando se analizó la materia, a fin de justificar mi posición favorable al aporte de 12 mil 500 millones de pesos contemplado para dicha empresa. Al fundamentar mi voto, hice presente que si esa suma fuese distribuida entre los casi tres mil trabajadores que laboran en los establecimientos de ENACAR, en Lota, y de CARVILE, a cada uno de ellos le correspondería algo más de 400 mil pesos mensuales, valor ciertamente superior al promedio de sus actuales rentas. Por lo tanto, di mi conformidad a la destinación de esos recursos, pero insté a ser particularmente exigentes en términos de resultados de gestión, con el propósito de asegurarnos de que no resultaría más conveniente distribuir directamente esos recursos a los trabajadores, sea como remuneración, sea mediante programas específicos de reconversión, o alternativos. De allí que las ideas expuestas por el Senador señor Ríos en cuanto a la administración de dichas empresas por los Gobiernos Regionales parecen bastante razonables.

Eso fue lo que se discutió en la Primera Subcomisión Especial de Presupuestos.

Tengo en mi poder un artículo publicado por el diario "El Sur", de Concepción, el 18 de noviembre recién pasado, en el cual el Presidente del Directorio de ENACAR da cuenta de que los aportes que recibirá la empresa el próximo año alcanzarán a un total de 29 mil millones de pesos.

En consecuencia, si en el Parlamento -hoy, en el Senado- estamos aprobando un aporte a ENACAR por alrededor de 12 mil 500 millones de pesos y, en la Octava Región, el Presidente de su Directorio informa que en 1995 la empresa recibirá 29 mil millones, quiere decir que en alguna parte hay antecedentes incompletos. Y, entonces, la misma estimación anterior, pero esta vez calculada sobre 29 mil millones de pesos, distribuidos directamente entre los trabajadores, arrojaría una cantidad superior a 800 mil pesos mensuales para cada uno.

Pero es más. El señor Presidente del Directorio manifiesta que espera que la deuda de arrastre de ENACAR sea resuelta, de manera que no comprometa la asignación de estos recursos ni la de los años venideros. Y como aquí, en la Sala, se aludió a esa información, que también conocimos en la Primera Subcomisión Especial , porque existe un compromiso de efectuar aportes por lo menos hasta 1997 ó 1998, siempre y cuando se resuelva de manera distinta el problema de la deuda que mantiene la empresa, la explicación sobre el punto es incompleta. Por consiguiente, toda nuestra preocupación en el sentido de hacer constar en el informe de la Primera Subcomisión que se exigirían metas de gestión para justificar el aporte de 12 mil 500 millones de pesos que estábamos aprobando en ese momento debe redoblarse, porque aparentemente se trata de cifras muy superiores.

Por las razones expuestas, señor Presidente , es de extraordinaria conveniencia que el Congreso, junto con personeros sobre todo del Ministerio de Hacienda, se aboque a analizar el marco legislativo que permita hacer de la discusión presupuestaria y de su posterior ejecución un proceso informado y útil, para no tener la sensación de que muchas veces sólo estamos cumpliendo plazos y realizando la labor que se espera que desarrollemos, y no hemos aprovechado el tiempo en la mejor forma posible.

He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Ha concluido la intervención de los oradores inscritos.

Ha solicitado la palabra el Honorable señor Huerta, quien puede hacer uso de ella.

El señor HUERTA.-

Señor Presidente , deseo aprovechar la presencia del señor Ministro de Hacienda para reiterar lo expresado por quien habla, en la sesión ordinaria del martes 18 de octubre del año en curso, con motivo del análisis del proyecto modificatorio de la Ley del Tránsito.

En esa oportunidad enfaticé que existe el convencimiento de que a Carabineros de Chile se la ha aumentado la dotación con el objeto de que pueda combatir la delincuencia -factor prioritario en la inquietud ciudadana- y, además, prestar los servicios señalados en su Ley Orgánica.

Sin embargo, muy a mi pesar, debo hacer presente que, no obstante que la Ley N°19.127, publicada en el Diario Oficial N° 34.188, de 8 de febrero de 1992, incrementó en dos mil plazas el personal uniformado, las mil contempladas para el año pasado y las mil consideradas para 1994 no se han podido llenar porque los fondos respectivos aún no se ponen a disposición de la Institución, con grave perjuicio para la seguridad de los ciudadanos, quienes están convencidos de que, aunque se amplió la planta funcionaría, no se cuenta con los efectivos que supuestamente debería tener Carabineros de Chile. Esto desprestigia a la función y a la entidad que la tiene a su cargo.

Por lo tanto, no habiéndose entregado los recursos a la Institución, de acuerdo al financiamiento fijado en el artículo 3° de la ley mencionada, le es imposible realizar el proceso de selección de postulantes y de formación de futuros funcionarios, el cual, por ser largo y delicado, demanda a lo menos un año y medio para concretar el aumento de dotación.

La Segunda Subcomisión Especial de Presupuestos, por acuerdo unánime, remitió al señor Ministro de Defensa Nacional el oficio N° 114/94, "con el objeto de solicitarle que si lo tiene a bien, se sirva disponer se provean los fondos necesarios para dar íntegro cumplimiento a lo dispuesto en las leyes ya aprobadas por el Congreso Nacional, que dispusieron el aumento de plazas del personal de Carabineros de Chile, de las cuales, según informaciones recibidas en la Subcomisión, falta por implementar alrededor de 2.000.".

Por su parte, el Senador que habla solicitó a la Mesa que se oficiara al mencionado Secretario de Estado con idénticos fines y en los mismos términos.

No se ha recibido respuesta a tales oficios. Pero resulta extraño que en la página 52 del informe de la Segunda Subcomisión Especial de Presupuestos, respecto del Capítulo 04 Subsecretaría de Carabineros, el señor Subsecretario del ramo deje constancia de que en el presupuesto no se contemplan fondos para financiar las dos mil vacantes en comento. Tengo conocimiento extraoficial de que existiría un acuerdo para entregar esos recursos por parcialidades.

Me permito representar al señor Ministro que se trata de una ley de la República debidamente financiada, a la cual no se ha dado cumplimiento. Esto repercute seriamente en la seguridad pública, cuyo resguardo, en virtud de la Constitución, compete a Su Excelencia el Presidente de la República. Esta responsabilidad la ejerce a través de la Fuerza Pública y la prevención de los delitos se lleva a cabo con funcionarios en la calle.

La situación se ha visto agravada últimamente debido al notorio aumento de la delincuencia y la falta de seguridad de las personas, las que incluso son asaltadas en su propio domicilio.

Ruego al señor Ministro interponer sus buenos oficios con el propósito de que este problema se solucione por parcialidades: en los años 1995, 1996 y 1997.

He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente , el Senador señor Huerta ha hablado del delito, sus consecuencias y su incremento. Y el tema que pretendo plantear dice relación a eso, porque una de las maneras de prevenirlo es dar una formación adecuada a los jóvenes. A eso apunto.

Un numeroso grupo de Diputados y de Senadores hemos solicitado que el Ejecutivo haga también un aporte especial para el movimiento scout de Chile. Nos hemos referido a los bomberos, a la JUNJI, y creo que tengo derecho a hablar de la juventud, en este caso representada por más de 60 mil jóvenes en Chile. De acuerdo con un compromiso adquirido internacionalmente -primero en Seúl, después en El Cairo y finalmente en Tailandia-, nuestro país deberá realizar un "jamboree" mundial, lo cual significará la llegada de 30 ó 40 mil scouts de todo el orbe, tal como ocurrió en Seúl hace cuatro años. Esta reunión significa para Chile una responsabilidad extraordinaria, una concurrencia a nivel internacional, conocimientos y relaciones de importancia. En la medida en que lo está haciendo el Presidente Frei afuera, concurrirán jóvenes de todo el mundo, futuros decididores, como expresa Jacques Moreillon , pues serán las personas a quienes muchas veces corresponderá gran actuación a nivel mundial. En el Senado, en la Cámara de Diputados y en los Ministerios hay hombres que en algún instante fueron miembros de este movimiento y hoy día cumplen funciones relevantes. Y, estadísticamente, se da lo mismo en el ámbito internacional.

En el fondo, se está pidiendo un aporte extraordinario, el cual, al parecer, no viene en esta Ley de Presupuestos. En todo caso, deseo dejar clara constancia de la petición de este numeroso grupo de Parlamentarios, a fin de que se destinen tales recursos a la brevedad posible. ¿Por qué? Porque se debe adquirir un bien raíz que pueda cobijar a 30 ó 40 mil jóvenes. Esta propiedad, que deberá contar con la infraestructura necesaria, será una sede extraordinaria no sólo para los jóvenes de Chile, sino también para todos los de América Latina. Quizás -por decirlo de alguna manera-, constituirá el mejor "camping" a nivel continental.

Vendrán jóvenes de todo el mundo, muchos de quienes, como dije, serán los futuros decididores. Y éste es un compromiso adquirido por el ex Presidente Aylwin y también por el Presidente Frei , quien aceptó -según informaciones- ser el Presidente Honorario del "Jamboree" de 1998 y 1999.

Destaco que el Vicepresidente de la Asociación Mundial de Scouts es el Senador señor Gabriel Valdés, quien nos representa dignamente ante ese organismo.

Por último, señor Presidente , todo lo que se haga en favor de la formación de valores en los jóvenes es por el porvenir de Chile. Además, ellos no sólo se educan mediante pautas valóricas, sino que también por su participación en campamentos juveniles, de adolescentes o de niños que todos los años se levantan -por ejemplo, en Callejones, en Naicura y en tantas otras partes-, y en donde se prepara a más de 200 mil niños pobres de todo Chile.

A propósito de juventud y de aportes, quiero agradecer públicamente -repito: públicamente- al señor Ministro de Hacienda los 45 millones de pesos que otorgó a Rengo, los cuales -y lo digo en su presencia y en la del señor Director de Presupuestos - han sido muy bien invertidos. Rengo dio una lección, a nivel nacional y mundial, de cómo se deben invertir los recursos.

He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , no quiero dejar pasar la oportunidad para señalar que, una vez más, echo de menos un análisis de la situación territorial de nuestro país.

En las Subcomisiones de Presupuestos tuve la ocasión de trabajar en los temas relativos a bienes nacionales, transportes y obras públicas. Y creo que constituye un avance que el proyecto no sólo contenga un largo listado, sino también una gestión por objetivos. Sin embargo, si uno considera que el 50 por ciento del territorio se encuentra en franca condición de abandono -en buena medida por el escaso grado de atención que se pone en este tipo de materias y por la indolencia de nuestro país, situación hecha presente por los Parlamentarios-, a mi juicio, los presupuestos del futuro deberían reflejar esta realidad.

Este año hemos sido testigos de una reunión de carácter académico -en que participaron el propio Presidente de la República , Parlamentarios, Fuerzas Armadas y Carabineros-, en la cual se hizo un diagnóstico de las distintas comunas del país, a través de doce factores, quedando muy en claro que el 50 por ciento de Chile Continental no tiene condiciones de acceso, de auto sustentación y de habitabilidad. Por eso, cuando se entregan cifras macroeconómicas, se concluye que tenemos dos países. Esto, en mi opinión, no debe seguir sucediendo y es una realidad que en alguna medida debió reflejarse en el presupuesto nacional.

Para resolver el problema de la accesibilidad para esta importante porción de nuestro territorio, particularmente llama la atención el estilo de los proyectos que se nos presentan, que no lo soluciona ni en extensión ni tampoco desde el punto de vista social, en circunstancias de que hay otras modalidades que permiten incorporar al territorio a las comunidades abandonadas, como los sistemas de obras comunitarias, de obras por administración, cuerpo militar del trabajo o el mecanismo de concesión, que ha sido mostrado como una "niña bonita", pero no se puede tener grandes esperanzas en ella.

Aprovechando que se encuentran presentes en la Sala el señor Ministro de Hacienda y el Director de Presupuestos, insisto en que hay fórmulas económicas alternativas -generación por etapas- para poder ir incorporando esa parte del territorio. Comprendo que no es grato a ningún Secretario de Estado inaugurar balsas, pasarelas y caminos de penetración -obras graduales por etapas- que son de una rentabilidad altísima desde el punto de vista económico y social, pero de bajísima rentabilidad política.

Creo que estos factores deberían ser considerados para determinar la calidad y tipo de proyectos que se nos presentan.

En segundo lugar, no quiero dejar pasar por alto un aspecto que es bastante delicado en nuestro país, que atañe al sistema de información geográfica y las vocaciones de desarrollo que representa nuestro territorio nacional. La verdad es que los distintos Ministerios están colectando, por esfuerzos propios compartimentados, esos antecedentes de acuerdo con los afanes e intereses sectorialistas; pero no existe en Chile una entidad que agrupe no sólo al Estado, sino también al ámbito privado, con el objeto de consolidar esa información geográfica y de sacarle el mejor provecho. Un caso patético lo constituye la falta de cartografía en la zona austral. No es posible que los problemas fronterizos de Chile se estén manejando con cartografías argentinas. Es un asunto de mínima confianza y dignidad nacional incorporar en el presupuesto nacional, como fue planteado en su momento por el Instituto Geográfico Militar, los aportes necesarios para la completación de las cartas de ese organismo entre Aisén y Magallanes , particularmente del área del Campo de Hielo Patagónico Sur. En caso contrario, el Parlamento se verá obligado a analizar tratados en cartas y según información geográfica proporcionada por una de las partes, que no es precisamente la nuestra.

Señor Presidente , quería llamar la atención del Senado respecto de esos dos temas, sin perjuicio del examen de las partidas que se hará a continuación.

He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Queda un sólo señor Senador inscrito para hacer uso de la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , mi intención es ser breve porque estoy muy interesado en escuchar las opiniones del señor Ministro de Hacienda. Un Senador de la República tiene pocas oportunidades de verlo, de modo que ahora que se encuentra de visita en el Senado es tremendamente auspicioso tener la ocasión de oírlo. Me interesa muchísimo conocer su opinión. Hace bastante tiempo envié un oficio pidiendo al Gobierno explicar por qué no se habían entregado los recursos para las plazas de Carabineros. Objetivamente, es un tema importante, y estoy seguro que el señor Ministro de Hacienda tendrá alguna respuesta sobre el particular. Estoy, por supuesto, ansioso por escucharla.

En cuanto al debate en general, un distinguido señor Senador expresó que esta discusión era lírica. ¡Bueno, la lírica es parte de la cultura, lo mismo que el Derecho! Y ocurre que las normas de la Constitución, de la Ley Orgánica del Congreso y de nuestro Reglamento no permiten poner en discusión el proyecto de Ley de Presupuestos en los términos que algunos querían o en los que fue tratado anteriormente.

¿Por qué surgió la discusión? Porque, por primera vez -y éste es un hecho insólito, y me alegra mucho que en una iniciativa recién presentada por el Honorable señor Díez se recuerde-, desde 1891, las fuerzas de Oposición no votaban en contra de una Ley de Presupuestos. Este hecho histórico se registró nuevamente cuando la Oposición, en la Cámara de Diputados, votó contra la Ley de Presupuestos. Desde 1891 a esta parte, mucho tiempo ha transcurrido, ha pasado mucha agua bajo los puentes y ha habido mucha sangre y dolor cuando ha faltado capacidad para entenderse.

Me parece que los argumentos que escuché en la Cámara de Diputados y que he leído demuestran que las pretensiones del señor Ministro de Hacienda , cuando viene aquí, al Congreso (él señala, en la página 44 del informe que tenemos a la vista, que a estas alturas del debate y con la madurez existente en el país, "Lejanos parecen hoy los días en que el presupuesto conformaba uno de los principales campos en que se batían las fuerzas políticas"), quedaron en una especie de declaración de buenas intenciones, porque algunos sectores han utilizado el Presupuesto como parte de la contienda del acontecer político, legítima, pero preocupante cuando se extreman las condiciones y los argumentos.

¡Qué bueno -ya lo indicó otro distinguido colega, el Senador señor Romero - que la discusión se haya ido reorientando! ¡Qué bueno que la Oposición aquí, en el Senado, no vaya a tener la misma conducta irresponsable manifestada en la Cámara de Diputados! ¡Y qué bueno es que hayamos podido precisar, con argumentos de Derecho, por qué el legislador no quiere que en la historia de Chile se repitan, nunca más, las circunstancias de 1891, cuando un distinguido Parlamentario presentó un proyecto de acuerdo para decir que el Congreso entraba a conocer el proyecto de Ley de Presupuestos, pero que no lo tramitaría hasta que hubiera un Ministerio de su confianza! Y la verdad es que lo que aquí hemos tratado de despejar nosotros es que las normas jurídicas existentes buscan precaver que el país no se vea enfrentado a la no existencia de una Ley de Presupuestos, pues ésa es una situación dramáticamente preocupante para la estabilidad de la nación.

¡Qué bueno, señor Presidente , que la cordura haya imperado en la Oposición, y que no se haya repetido aquí la experiencia que algunos anunciaron que podría plantearse! Creo que es un logro de estos últimos tiempos.

Considero positivo, además, que se hayan logrado acuerdos para dar mayor participación al Congreso.

Asimismo, estoy ansioso de conocer las indicaciones del Ejecutivo. Me he enterado de ellas a través de la prensa y de algunos de mis colegas que participaron en una reunión donde el señor Ministro de Hacienda les comunicó el acuerdo con la Oposición. Me parece bueno que se haya intentado una aproximación al respecto, aunque me hubiera gustado que mis colegas la vieran dentro de un proceso más general. Porque el Gobierno del Presidente Frei está empeñado en que exista una mejor manera de actuar de los órganos competentes. Por ejemplo, en un proyecto enviado al Parlamento se incrementan las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados y se establece que las autoridades de Gobierno deberán contestar, dentro de un plazo máximo de 30 días, los oficios que enviemos los Parlamentarios, lo cual generalmente no ocurre. Igualmente, hemos sabido que se propone suprimir la diferencia entre Legislatura Ordinaria y Extraordinaria, con el objeto de que Senadores y Diputados podamos discutir en cualquier tiempo las iniciativas originadas en el Congreso.

Esa es la línea que el Gobierno ha señalado. Y ocurre que mis estimados amigos de la Oposición han anunciado su propósito de votar en contra de la idea de legislar, en estas materias, que corresponden a reformas constitucionales que deberá analizar la Cámara de Diputados en su momento. Así como han reflexionado sobre el tema del Presupuesto, yo los insto, modestamente, a que rectifiquen también su posición acerca de ese punto, porque ahí sí que encuentro coherencia a las propuestas que he visto en la prensa y de las cuales he sido informado por mi colega el Honorable señor Andrés Zaldívar.

Señor Presidente , deseo destacar, además, que en este debate ha quedado de manifiesto, por suerte, que no estamos ante un Estado monstruoso; es un Estado que ha quedado reducido. El Honorable señor Larraín se refirió a las pérdidas por 800 millones de dólares a causa de malos negocios o problemas de rentabilidad en las empresas públicas. Es una cifra muy alta. El señor Senador debería acompañar -estoy seguro que lo hará- los antecedentes pertinentes para estudiarlos, porque se trata de un tema preocupante. A mí me preocupa. Aunque 800 millones de dólares representan un tercio de los 2 mil 400 millones de dólares que la Contraloría dice que el país perdió por las privatizaciones del Gobierno dictatorial, me preocupan. Si hay un organismo tan serio como la Contraloría, me gustaría saber lo que dice respecto del elemento indicado.

El señor LARRAÍN.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor HORMAZÁBAL.-

En cuanto termine...

El señor LARRAÍN.-

Puedo darle inmediatamente las referencias del estudio a que aludí...

El señor HORMAZÁBAL.-

Más adelante, señor Presidente , porque mi colega tuvo mucho tiempo y no alcancé a escucharlo...

El señor LARRAÍN.-

¡Gracias por su interrupción, Senador señor Hormazábal , y por su generosidad...!

El señor HORMAZÁBAL.-

Pero ya garanticé que Su Señoría nos va a entregar los antecedentes. Me gustaría que consultara a la Contraloría y viera los 2 mil 400 millones de dólares...

El señor LARRAÍN.-

¡Eso lo voy a garantizar yo, no usted!

El señor HORMAZÁBAL.-

¡Por favor!

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Evitemos los diálogos.

El señor HORMAZÁBAL.-

En cuanto a otras materias, señor Presidente , no quisiera extenderme. Sólo deseo precisar de nuevo lo siguiente. Por un lado, se ha pedido que el Gobierno controle los gastos, pero, por el otro, veo a estimados colegas de la Oposición que, a veces junto con muchos de nosotros, piden que se gaste más. Y nos hemos preocupado de que haya más gasto en algunos rubros. Por ejemplo, en salud.

El Honorable señor Piñera argumentó en varias ocasiones sobre un informe de productividad del Ministerio de Salud. Creo que ese informe adolece de notorias imperfecciones. El Gobierno ha recibido opiniones distintas, como la del Colegio Médico, y ha tenido un espíritu a tal punto abierto para recoger esas experiencias, que ha decidido sacar del debate ese informe de productividad. Comprendo que algunos economistas tengan ciertas desviaciones, pero el hecho de que una operación en una región olvidada, que antes se realizaba sólo con un médico-cirujano y una auxiliar de enfermería especializada en anestesia, se efectúe hoy con un médico-cirujano especialista y otro anestesiólogo, significa un mejoramiento en la calidad de la prestación. Y como en salud no se puede medir la producción de papas, de botellas u otras, quiero manifestar una sabia y legítima discrepancia sobre la materia, incluso con el informe y algunos técnicos del Ministerio de Salud.

Finalmente, señor Presidente , no deseo contradecirme, así que estoy ansioso por escuchar al señor Ministro de Hacienda. Sólo espero haber contribuido a explicar por qué uno debate a veces algunas cosas. Escucharé atentamente las opiniones que tan versado personero del Gobierno nos entregará.

He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Consulto al señor Ministro si desea hacer uso de la palabra ahora o al final de la votación.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-

Si lo tiene a bien, señor Presidente , intervendré al final.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Muy bien.

Al comienzo, se acordó poner término a este espacio de discusión a las 18:45; posteriormente, se extendió hasta las 19. Sin embargo, ya son las 20:13.

--Se aprueban todos los artículos y partidas que no han sido objeto de indicaciones.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Corresponde tratar las indicaciones, que obran en poder de la Mesa, recaídas en artículos y partidas del Presupuesto Nacional.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

La primera indicación, suscrita por Su Excelencia el Vicepresidente de la República , alude a las Partidas Congreso Nacional y Tesoro Público y dice lo siguiente:

"a) PARTIDA 02 CONGRESO NACIONAL

"Capítulo 01 Senado. Programa 01:

"Incrementar en el Subtítulo 09 el Aporte Fiscal, en $ 130.147 miles e igualmente en su ítem 91.

"Incrementar el Subtítulo 22 Bienes y, Servicios de Consumo en $130.147 miles.

"b) PARTIDA 50 TESORO PÚBLICO, Capítulo 01 Fisco:

"En el programa 03 Operaciones Complementarias, Subtítulo 25, reducir el ítem 33.104 Provisión para Financiamientos Comprometidos en $ 130.147 miles.

"En el programa 05 Aporte Fiscal Libre, Subtítulo 80, incrementar el ítem 52.001 Senado, en $ 130.147 miles.

"c) Como consecuencia de esta indicación cabe entender modificados los rubros superiores de agregación.".

--Se aprueba la primera indicación del Ejecutivo.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , solicito que se autorice a la Comisión de Hacienda para sesionar simultáneamente con la Sala sólo con el objeto de constituirse y suspender la sesión, por cuanto está citada para estudiar el proyecto que otorga reajuste a los funcionarios del sector público, que mañana debe tratarse en este Hemiciclo.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Lamentablemente, en la iniciativa en debate hay artículos que para su aprobación requieren quórum especial.

El señor PIÑERA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Puede usar de la palabra, Su Señoría.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , como miembro de la Comisión de Hacienda estaría de acuerdo en lo solicitado, siempre y cuando el Honorable señor Andrés Zaldívar no invoque, una vez más, mi ausencia durante la discusión del proyecto relativo al Presupuesto.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Veamos primero si el señor Senador asiste a la Comisión.

--Se accede a lo solicitado.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

Segunda indicación suscrita por Su Excelencia el Vicepresidente de la República : recae en la Partida 06, Ministerio de Relaciones Exteriores; Capítulo 01, Secretaría y Administración General y Servicio Exterior, Programa 01, y sustituye el texto de la letra B) de la glosa 03, por el siguiente:

"Gastos reservados con la obligación de rendir cuenta en forma global y reservada al Contralor General de la República. El monto de estos gastos se fijará por Decreto Supremo, el que llevará, además, la firma del Ministro de Hacienda.".

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

En discusión la indicación.

Ofrezco la palabra.

La tiene la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , en virtud de esta indicación se sustituye una glosa aprobada unánimemente por la Tercera Subcomisión de Presupuestos.

¿Cuál fue el criterio de este organismo? Aquí se pretende autorizar gastos reservados al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual aprobó la Subcomisión después de conocer aquellos que podría efectuar con esos recursos. Estamos en presencia de fondos fiscales, que deben emplearse sólo en fines públicos, y únicamente se autoriza de manera excepcional utilizarlos en forma reservada, debiendo rendirse cuenta de ellos también reservadamente.

¿Cuál fue el planteamiento de la Subcomisión? Que, por tratarse de recursos públicos, se determinara el monto de gastos afecto a esta condición tan excepcional. Esa información fue proporcionada por el Ministerio e incluso, a fin de evitar rigideces sobre el particular, se estableció que mediante decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores y con la firma del titular de Hacienda se podría duplicar el monto de tales recursos si son en moneda nacional, y aumentar hasta en 50 por ciento si se expresan en moneda extranjera.

Señor Presidente , si hablamos de moneda nacional, las cantidades son relativamente discretas, 2 millones de pesos; pero en el caso de moneda extranjera éstas superan el millón de dólares. De modo que, reitero, la Tercera Subcomisión de Hacienda -presidida por el Diputado señor Sabag - aprobó por unanimidad una glosa, con una cantidad acotada, del siguiente tenor:

"Gastos reservados, hasta la cantidad de $ 2.180 miles y de US$ 1.204 miles, con la obligación de rendir cuenta en forma global y reservada al Contralor General de la República. Por decreto supremo, el que deberá llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda , se podrá aumentar hasta en un 100% la cantidad indicada en moneda nacional y hasta en un 50% la suma expresada en moneda extranjera.".

Ahora, en virtud de esta indicación, toda la suma de gastos reservados se fijará por decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que llevará además la firma del Ministro de Hacienda.

Señor Presidente, esto me parece absolutamente inconveniente y reñido con el sano manejo de los recursos públicos.

He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

Señor Presidente, mediante esta indicación estamos reponiendo lo que figuraba en el proyecto original del Ejecutivo.

Lo tradicional en esta materia ha sido que sólo en dos Ministerios -el de Relaciones Exteriores y el de Defensa Nacional- el monto de los gastos reservados para cada ejercicio se fija por decreto supremo suscrito por el Ministro de Hacienda y el de Relaciones Exteriores o el de Defensa Nacional, según el caso. O sea, esto se produce únicamente en las dos Secretarías de Estado mencionadas. En las demás, en la glosa respectiva se estipula el monto de los gastos a rendir cuenta en forma global y reservada.

Nos parece que en esta materia no corresponde limitar al Presidente de la República en cuanto a determinar la cantidad de gastos que estime necesario realizar con este tipo de rendición de cuentas reservadas, ni en el campo de las relaciones internacionales ni en el de la defensa nacional. Por eso se ha insistido en la norma reponiendo la glosa original del proyecto que - como dije - es la que tradicionalmente ha existido en los gastos de estos Ministerios.

El señor HAMILTON.-

Votemos, señor Presidente.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Terminado el debate.

En votación la segunda indicación del Ejecutivo.

-- Se aprueba la segunda indicación del Ejecutivo (25 votos contra 5 y 4 pareos).

Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Calderón, Díaz, Errázuriz, Fernández, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Horvath, Huerta, Lagos, Letelier, Martin, Matta, Muñoz Barra, Núñez, Páez, Ruiz (don José), Siebert, Sinclair, Thayer, Valdés y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la negativa los señores Feliú, Larraín, Otero, Piñera y Prat.

No votaron, por estar pareados, los señores Larre, Mc-Intyre, Romero y Zaldívar (don Adolfo).

El señor LAGOS (Prosecretario).-

La tercera indicación, también del Ejecutivo, es del siguiente tenor:

"a) PARTIDA 08 MINISTERIO DE HACIENDA

"Capítulo 08 Superintendencia de Valores y Seguros, Programa 01 :

"Incrementar en el Subtítulo 09 el Aporte Fiscal, en $ 157.343 miles e igualmente en su ítem 91.

"Subtítulo 25:

"Incrementar en el ítem "31.003 Ayuda Extraordinaria a Cuerpos de Bomberos", en $ 157.343 miles.

"b) PARTIDA 21 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN

"Capítulo 06 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Programa 01:

"Glosa 02

"En su letra A) Dotación máxima de personal, sustituir "88" por "96".

"En su letra C) Convenios con personas naturales, sustituir la cantidad de "38.489" por "11.955".

"c) PARTIDA 50 TESORO PÚBLICO, Capítulo 01 Fisco:

"En el programa 03 Operaciones Complementarías, Subtítulo 25, reducir el ítem 33.104 Provisión para Financiamientos Comprometidos en $ 157.343 miles.

"En el programa 05 Aporte Fiscal Libre, Subtítulo 80, incrementar el ítem 58.008 Superintendencia de Valores y Seguros, en $ 157.343 miles.

"d) Como consecuencia de esta indicación cabe entender modificados los rubros superiores de agregación.".

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

En discusión la indicación.

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , en verdad, sería útil escuchar del Gobierno la explicación de por qué se incrementan algunas partidas. Hay un ítem que hemos analizado y estudiado en diversas ocasiones en el Parlamento -me refiero a la "Ayuda Extraordinaria a Cuerpos de Bomberos"-, y estamos plenamente de acuerdo en que se aumente. Pero me gustaría saber a qué obedece la reducción del ítem "Provisión para Financiamientos Comprometidos" de la Partida 50, Tesoro Público. A primera vista parece muy significativa: 157 mil 343 millones de pesos. Pero proporcionalmente al monto total es más bien insignificante. Estamos hablando de una reducción del orden de los 4 millones en una Partida de alrededor de 800 millones de pesos.

Entonces, solicito que se señale por qué se modifican éste y los demás ítem mencionados, a fin de votar con alguna información.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Arellano.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

Señor Presidente , la primera parte de la indicación, recogiendo un planteamiento de varios señores Diputados y Senadores durante la discusión previa del proyecto, establece un aporte adicional a los cuerpos de bomberos en virtud del cual el monto del total asignado a éstos ascenderá a 2 mil millones de pesos.

Durante el debate se han hecho varias referencias a los aumentos del gasto público. Pues bien, éste es uno de ellos, porque el Presupuesto de 1990 contempló 1 mil 90 millones de pesos, en moneda comparable a los 2 mil millones que dispone el de 1995. Esos recursos se obtienen con cargo a la Provisión de Financiamientos Comprometidos.

A su vez, la segunda parte de la indicación se refiere al presupuesto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, capítulo que se incrementó también en respuesta a una petición que se nos formuló en la última sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en orden a que se revisara la dotación máxima de personal de dicha entidad, que se estimaba insuficiente para las tareas que estaba asumiendo. De esa manera, se incorporan 8 cargos adicionales, y se reducen en un monto equivalente los recursos para contratación por la vía de convenios con personas naturales.

Tal es el contenido de la indicación, señor Presidente.

--Por unanimidad, se aprueba la indicación.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

En seguida, hay otra indicación del Ejecutivo y propone modificar la Partida 09, Ministerio de Educación, en el siguiente sentido:

"Capítulo 08 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica Programa 01:

"Para sustituir la glosa 11 por la siguiente:

"Los recursos asignados al proyecto sólo podrán ser transferidos una vez cumplidos los trámites legales a que deban someterse los instrumentos representativos del referido proyecto.

"CONICYT no podrá delegar su representación ante el Consejo del Proyecto Gemini, ni ante cualquier órgano dependiente de éste, de la agencia ejecutiva o de la institución administradora de dicho Proyecto.

"CONICYT dará acceso a los astrónomos chilenos al tiempo de observación de que disponga en los observatorios Gemini Norte y Gemini Sur, mediante concursos que les garanticen condiciones equitativas e igualitarias. Además, instará por el acceso a otros tiempos que el Proyecto Gemini pueda reservar a la astronomía chilena, en igualdad de condiciones para todas las instituciones nacionales.

"CONICYT procurará que las contrataciones para la construcción de equipos para el Proyecto Gemini que se hagan dentro del país, sean efectuadas previa licitación pública.".

El señor ÚÑEZ (Vicepresidente).-

En discusión la indicación.

Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , durante el debate de esta enmienda en la Comisión Mixta Especial, varios Senadores nos opusimos a ella. Finalmente, se acordó aprobarla con la condición de que se incluyera una glosa que dijera que el proyecto quedaría sujeto al estudio de la Comisión de Relaciones Exteriores, ya que constituía un virtual tratado.

Ahora, no tengo nada en contra de la indicación, que me parece bastante lógica. Pero en ninguna parte se señala que la iniciativa deberá ser ratificada por el Senado. En rigor, se trata de un convenio celebrado el 28 de octubre de 1993 por Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda , Canadá , Brasil, Argentina y Chile. Involucra un gasto de 200 millones de dólares. Cabe hacer notar que es la primera vez que nuestro país debe aportar plata para un observatorio.

Además, parte de las inversiones se realiza en Hawai.

Tengo en mis manos un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 27 de septiembre de 1994, que señala: "Al respecto, tengo el honor de informar a V.E. que esta Secretaría de Estado carece de toda información oficial sobre el particular" -acerca del tratado- "no habiendo sido requerida la intervención de este Ministerio durante la negociación, la suscripción o la ratificación legislativa de los acuerdos correspondientes.". En ocasiones anteriores -hay referencias bien claras-, estas materias se han resuelto mediante Tratados, como el caso de ESO, suscrito en 1964 durante el Gobierno del Presidente don Jorge Alessandri. Existen también otros acuerdos complementarios sobre el mismo, que fueron firmados en tal condición.

Por estas razones -insisto-, si no se incluye una glosa en los términos señalados, yo no aprobaré esta indicación, pues implica comprometer recursos fiscales por más de 8 millones de dólares.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , CONICYT es un organismo estatal, cuyas funciones son muy determinadas y no le permiten, desde luego, entrar en negociaciones con entes externos de carácter público para construir observatorios. No obstante ello, ha llegado a un acuerdo con otros entes de naturaleza similar, en virtud del cual se ha comprometido a construir un observatorio en nuestro país y, a su vez, a contribuir para hacer otro en Hawai. En razón de ese compromiso, el Gobierno de Chile deberá disponer recursos por un monto equivalente a 8 millones de dólares, a fin de efectuar esa obra, más 500 mil dólares anuales para la mantención del observatorio.

He analizado los antecedentes con motivo del estudio de la Ley de Presupuestos; y, en mi opinión, esta materia debería ser propia de un tratado internacional, donde el Presidente de la República asuma la obligación de realizar dicho gasto por parte del Gobierno de Chile, porque, conforme al número 8) de la Constitución Política, para comprometer recursos fiscales por parte del Estado o de un organismo integrante de éste, como CONICYT, se requiere la aprobación de una ley o de un tratado que surta los efectos de ésta.

En consecuencia, dado que las negociaciones de CONICYT relativas al proyecto hallan muy avanzadas, para asignarle recursos es preciso que esta materia se regularice a través de un tratado firmado por el Primer Mandatario. De todas maneras es tarde y constituye, a mi juicio, una situación irregular, pero es la única forma de sanearla.

Por esa razón, en la Comisión Mixta de Presupuestos se aprobó una glosa que señala: "Los montos de los recursos asignados al proyecto con cargo a este ítem, sólo podrán liberarse previa aprobación por el Congreso Nacional de los instrumentos representativos del proyecto, en conformidad con el artículo 50 N° 1 de la Constitución Política del Estado.".

Quiero, además, recordar que la Subcomisión Especial de Presupuestos, que estudió las Partidas correspondientes al Ministerio de Educación, tuvo dudas de constitucionalidad sobre el particular y consultó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, la cual, con el acuerdo de la mayoría de sus integrantes, estableció que realmente esta materia, que compromete el crédito del Fisco de Chile, debía ser aprobada por un tratado y que éste, a su vez, fuese ratificado por el Congreso Nacional.

En virtud de lo anterior, al eliminar en la glosa lo relativo a que el proyecto debe ser aprobado como tratado y, además, al sustituir la glosa ya aprobada por la Comisión Mixta, queda en claro que esto no requiere dicho trámite. Por lo tanto, la primera parte de la glosa propuesta por el Ejecutivo , conforme a la cual "Los recursos asignados al proyecto sólo podrán ser transferidos una vez cumplidos los trámites legales a que deban someterse los instrumentos representativos del referido proyecto.", en verdad, no dice nada. Muy por el contrario, como se cambia aquella parte que alude específicamente al N° 1) del artículo 50 de la Carta Fundamental, da, en mi opinión, un carácter equívoco a lo que se está exigiendo y, en consecuencia, no se determina lo que debería requerirse en este caso. A mi juicio, es preciso dejar la primera parte de la glosa tal como fue aprobada por la Comisión Mixta de Presupuestos, y el resto de las cláusulas podrían ser aceptables.

Por estas consideraciones, pido dividir la votación, y anuncio que votaré en contra de la primera parte.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , sólo quiero ratificar lo señalado por la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra. Efectivamente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a requerimiento de una de las Subcomisiones Especiales de Presupuestos, estudió el tema y llegó a la conclusión de que para tener título en la autorización financiera que podría otorgarse a través de la Ley de Presupuestos para este proyecto, se requería previamente de un tratado internacional, y como éste no existía, mal podría dársele. De manera que la Comisión sugirió aprobar la glosa bajo la condición de que no se cursaran dichos recursos mientras no fuera aprobado por el Congreso el tratado respectivo.

En verdad, CONICYT ha estado actuando en representación del Gobierno de Chile; pero para comprometer a éste en una materia de esta naturaleza, por las características del proyecto de observatorio, se requiere de un acuerdo a nivel de tratado y, por lo tanto, someterse a la tramitación que la Constitución señala para estos instrumentos jurídicos.

En consecuencia, ratifico lo que aquí se ha señalado, porque, de lo contrario, esta asignación carecerá de título para girarse.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , concuerdo con lo expresado por los Senadores señora Feliú y señor Larraín.

El primer inciso de la indicación no es claro, y sí lo es absolutamente el hecho de que sin una ley o un tratado no es posible comprometer los recursos del Estado en la forma como hasta el momento se ha hecho en este caso.

El proyecto es muy interesante y de mucha importancia científica; pero -reitero-, no pueden comprometerse recursos estatales sin una ley o un tratado.

Por eso, pido también dividir la votación.

El señor NÚNEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , concuerdo también con lo señalado por el Honorable señor Thayer y otros Senadores en el sentido de que, si se trata de dar facilidades y exenciones a esta organización que va a construir un telescopio en Chile y a contribuir para levantar otro en Hawai, es natural que ello deba pasar por un tratado, como ocurrió con la ESO, a la cual se le otorgó un régimen especial mediante un convenio reconocido por todos los Gobiernos.

Por lo tanto, el compromiso adquirido por CONICYT o el Gobierno de Chile de contribuir con casi 9 millones de dólares a la construcción de un observatorio en nuestro país y otro en Hawai, no puede llevarse a cabo sin una autorización legal de un tratado. Y por eso, a mi juicio, lo dicho aquí es efectivo.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

La Mesa sugiere, por las expresiones aquí vertidas, y si no hay opinión en contrario, dejar constancia de que estos fondos serán girados sólo en la medida en que el Gobierno envíe el respectivo tratado al Congreso Nacional.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , eso dice la glosa aprobada por la Comisión Mixta de Presupuestos.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Así es, Su Señoría. Por eso, lo estoy proponiendo.

Tiene la palabra el señor Arellano.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

Señor Presidente , durante la discusión en la Comisión Mixta de Presupuestos hubo diversas opiniones en cuanto a si correspondía someter esta materia a un tratado o no. Y nos dimos cuenta que ello era discutible. Por eso se dejó establecida la glosa en los términos en que se señala, esto es, que deben cumplirse los trámites legales que correspondan para este tipo de instrumentos. Por lo tanto, puede ser un tratado, si es que la naturaleza del convenio tiene ese alcance.

No tenemos una opinión definitiva respecto de si debe ser o no un tratado. Por eso, la glosa está establecida en términos de dejar abierta la posibilidad para tal efecto. Y si corresponde suscribir un tratado al respecto antes de transferir los recursos -como se señala en ella-, debe ser sometido al Congreso; de los contrario, sería innecesario.

El señor ÚÑEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente, creo que el tema es particularmente relevante.

He tenido oportunidad de conocer personalmente a quienes administran el observatorio de Cerro Tololo, que se encuentra en mi Región. Se trata de personas que trabajan en forma muy seria y responsable. Incluso en el conflicto con la European Southern Observatory, que ha sido un tema discutible, se advirtió un contraste en las actitudes asumidas. De manera que aquí no estamos tratando de dar una opinión sobre si se administra bien o no -la gente estima que se ha procedido extraordinariamente bien-, sino de saber cuál es la procedencia de algo semejante.

Algunos estimados colegas -cuya opinión merece fe- sostuvieron que estaríamos frente a una materia respecto de la cual se requiere de un tratado. Y como soy muy sensible frente a estos temas, en mi opinión, la inversión en Cerro Paranal también debe ser objeto de un tratado. Pero eso no lo he oído a los señores Senadores. Sobre el particular, hemos tenido una apreciación distinta con el Honorable señor Alessandri. Por lo tanto, mediante un ejemplo, quiero señalar que éste es un tema diverso.

La señora FELIÚ.-

No todos los casos son iguales.

El señor HORMAZÁBAL.-

Como éste no es un caso de ese tipo y estamos discutiendo un hecho nuevo, quiero dejar establecido que en la proposición de la Cámara de Diputados se mantiene en términos adecuados el tema, porque se sostiene que se liberan los recursos una vez que se cumpla con el requisito pertinente del tratado, si se estima del caso.

Entonces, ¿el Ejecutivo está cambiando la glosa? ¿Está introduciendo una nueva?

El señor MC-INTYRE.-

El Ejecutivo cambió la glosa.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , como es una materia distinta, solicito más tiempo para saber cómo pronunciarme, porque no la había estudiado en esa forma.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

El señor Director de Presupuestos dará respuesta a la inquietud de Su Señoría.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

Señor Presidente , la glosa que se aprobó en la Comisión establece en forma tajante que es un instrumento que debe tener el trámite de un tratado. En nuestra opinión, sin haber tenido posibilidad de estudiarlo jurídicamente a fondo, el asunto es discutible, según se expresó en la Comisión Mixta. Por eso, el Ejecutivo está planteando una glosa distinta, que no niega la posibilidad de un tratado; pero lo deja como una materia por definir y, en la medida en que se requiera un tratado, deberá traerse al Parlamento. Porque un convenio internacional no sólo involucra a Chile, sino al resto de los países firmantes y a organismos como CONICYT u otros, como el National Science Foundation. Esa es la diferencia.

El señor HORMAZÁBAL.-

¿Se podría difundir la glosa que propone el Ejecutivo ?

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , como estamos muy cerca de llegar a un acuerdo, es necesario ver las cosas claras. He estudiado el asunto. Las negociaciones se han llevado adelante sobre la base de que no se requiere de un tratado. Pero la situación se complica, porque, si de dos textos uno exige explícitamente la existencia de un tratado y el otro no, se puede entender que lo que se ha estado negociando sobre la base de que llegue a su término sin requerimiento de un convenio, fue cohonestado por esta decisión.

En mi opinión, sólo podemos votar o por la redacción que exige la firma de un tratado o por aquella que no lo exige claramente, porque todavía está sin definir el criterio del Ministerio de Hacienda. No veo para qué discutir más el asunto. Estoy convencido de que se requiere de un tratado, porque ¿cómo el Fisco va a disponer de 8 millones de dólares, más un compromiso de 500 mil dólares anuales, sin una ley o convenio que lo respalde?

El señor MC-INTYRE.-

¡Además de los problemas tributarios y de los fueros diplomáticos!

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Recabaría la aprobación unánime de la Sala para reponer la glosa anterior. De lo contrario, procederíamos a votar.

La señora FELIÚ.-

Hay unanimidad.

El señor MC-INTYRE.-

Me parece que no hay nadie en contra.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

El informe establecía la mediación de un tratado.

El señor LARRAÍN.-

¡Estamos de acuerdo!

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se rechazará la primera parte de la indicación formulada por el Ejecutivo y se aprobaría el resto.

Acordado.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

La siguiente indicación del Ejecutivo recae en la Partida 09, Ministerio de Educación, Capítulo 30, Educación Superior, Programa 01; y es para sustituir en la Glosa 01, letra C), el párrafo final por el siguiente:

"Por aplicación de este mecanismo, a lo menos $ 1.271.846 miles se destinarán para reforzar la infraestructura académica o de gestión de las universidades derivadas de las existentes al 31 de diciembre de 1980 y de aquellas universidades regionales no beneficiadas con ingresos provenientes de la aplicación de leyes especiales.".

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se daría por aprobada.

Acordado.

El señor MC-INTYRE.-

¿Qué número tiene la indicación, señor Presidente?

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Como al parecer los señores Senadores están un tanto distraídos, para los efectos de orientar el debate o eventualmente la votación, el señor Secretario dará una explicación.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

La indicación aprobada se refiere al Ministerio de Educación, y su texto es del tenor al que ya se dio lectura.

A continuación, el Honorable señor Piñera ha formulado dos indicaciones, la primera de las cuales es para sustituir en la Partida 10, Capítulo 02, Programa 01, Glosa 01, en la dotación máxima de vehículos, el número "14" por "6".

La segunda es para disminuir en la letra C) de la Partida 10, Capítulo 02, Programa 01, Glosa 02, el monto de autorización máxima para gastos en viáticos en el territorio nacional de la cifra "Miles de $ 50.600" a "Miles $ 48.400."

El señor PIÑERA.-

¡Correcto!

El señor RUIZ (don José).-

¿Qué significa eso, señor Presidente?

El señor LAGOS (Prosecretario).-

En realidad el guarismo es 17 y no 14.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

En todo caso, cualquiera que sea el número, el señor Senador propone rebajarlo a 6.

El señor PIÑERA.-

Efectivamente, señor Presidente. Di cifras sobre el incremento de una serie de ítem, entre ellos vehículos, gastos extraordinarios, horas extraordinarias, viáticos, etcétera. Este conjunto de indicaciones apunta a reducir aquellos incrementos que, en nuestra opinión, no están fundamentados ni justificados.

El señor ALESSANDRI.-

¿Quién usa los automóviles?

El señor RUIZ (don José).-

Se usan en lo mismo en que los empleamos nosotros: para trabajar.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Veamos, entonces, las indicaciones que tienen los números 5 y 6 de las presentadas por el Senador señor Piñera.

No iniciemos todavía el debate. Escuchemos al señor Secretario , quien dará lectura al otro número, que corresponde a la misma partida, tocante a los viáticos del Ministerio de Justicia.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

El N° 6 de la indicación presentada está referido a la Partida 10, Capítulo 02, Programa 01, Glosa 02, y es para disminuir en la letra c) el monto de autorización máxima para gastos en viáticos en el territorio nacional, de la cifra de "Miles de $ 50.600" a "Miles de $ 48.400".

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

En consecuencia, procederemos a votar esos dos números de la indicación presentada por el Senador señor Piñera , pues se refiere al mismo Ministerio.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Al Servicio de Registro Civil e Identificación, señor Presidente.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

Señor Presidente , para conocer el alcance de este número pido que se precise esto. Porque las cifras a las cuales se halla referida la indicación no coinciden con los datos que aparecen en el proyecto.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra El señor Secretario.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

Debo hacer presente a Sus Señorías que ya se aclaró que en el número 5 de la indicación, el primer guarismo que se sustituye, donde aparece "14" por "6", debe decir "17" por "6"; los demás están correctos.

La señora FELIÚ.-

¿A qué corresponde esto, señor Presidente ? Porque no nos han dado información al respecto, y, además, no disponemos de los cuadernillos.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

Corresponde al Ministerio de Justicia, Servicio de Registro Civil e Identificación, señora Senadora.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , ¿por qué no concede la palabra al Honorable señor Piñera para que nos explique de qué se trata esto?

El señor SINCLAIR.-

Señor Presidente , estamos sin el cuadernillo, y no contamos con ningún elemento de juicio para seguir la discusión. Entonces, nos encontramos actuando absolutamente a ciegas.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , es muy simple esto. Hay una indicación con un conjunto de siete números que apunta esencialmente a no permitir incrementos que, en opinión de nuestros Parlamentarios que participaron en las respectivas Subcomisiones de Presupuestos, no fueron fundamentados y se estiman innecesarios.

Quiero recordar, desde un punto de vista agregado, cifras que ya señalé a la Sala respecto al incremento de casi 400 por ciento en las partidas de horas extraordinarias y cifras equivalentes en lo tocante a viáticos y vehículos.

La indicación es el resultado del trabajo de distintas personas en las respectivas Subcomisiones de Presupuestos. Y seis de estos siete números se presentaron en la Cámara de Diputados.

Ahora, naturalmente, podría preguntarle al señor Director de Presupuestos por qué incrementa de 6 a 17 la dotación máxima de vehículos en una determinada partida, capítulo, programa, glosa, o por qué incrementa de esa forma los viáticos en el territorio nacional, cuando éstos han crecido en los últimos cuatro años en cerca del 400 por ciento.

Esta materia se discutió en la respectiva Subcomisión de Presupuesto. Y a nuestro juicio, esto no fue fundamentado. De manera que creemos que la única forma de ponerle atajo a esta situación, y de que esta cifra de 400 por ciento no se convierta en 500 por ciento en un año más, es colocando el peso de la prueba en quien quiere incrementar el gasto, y no al revés.

He dicho.

El señor MUÑOZ BARRA.-

¡Votemos, señor Presidente!

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

La Mesa estima conveniente proceder con la votación en forma separada de estos números, Ministerio por Ministerio, pues así avanzaremos más rápido, sin necesidad de un debate tan extenso.

Ahora, lamento que algunos señores Senadores hayan manifestado que no disponen del material suficiente como para seguir el debate, cuestión que procuraremos solucionar de inmediato.

El señor HAMILTON.-

¡Vetémoslas todas juntas, señor Presidente!

El señor LAGOS (Prosecretario).-

Se ponen en votación los números 5 y 6 de la indicación presentada, recaídos en la partida 10, Ministerio de Justicia, Servicio de Registro Civil e Identificación.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

En votación.

--(Durante la votación).

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , también patrociné la indicación.

En consecuencia, voto que sí.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , no dispongo de suficiente información. Así que me abstengo.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente , lamento profundamente que no se haya podido explicar esto, ni siquiera por representantes del Gobierno. Porque aquí fundamentalmente se trata de dotar de los implementos necesarios, entre ellos de vehículos, a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación que se están creando.

Y, por lo tanto, pienso que cuando se pide mayor eficiencia al aparato del Estado, también es necesario proporcionarle los medios para ello. De manera que -repito-, por un lado, se exige al Estado, y por el otro, se le niegan los recursos.

Voto que no.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Terminada la votación.

--Se rechazan los N°s. 5 y 6 de la indicación (16 votos contra 9, 2 abstenciones y 2 pareos).

Votaron por la negativa los señores Calderón, Díaz, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hormazábal, Huerta, Lagos, Matta, Muñoz Barra, Núñez, Páez, Ruiz (don José), Sinclair, Valdés y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Cantuarias, Feliú, Fernández, Larraín, Martin, Otero, Piñera y Siebert.

Se abstuvieron de votar los señores Errázuriz y Mc-Intyre.

No votaron, por estar pareados, los señores Hamilton y Larre.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

En seguida, corresponde votar el número 7 de la indicación.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, rechazaremos este número con la misma votación anterior.

El señor CANTUARIAS.-

¡Veamos de qué se trata, por lo menos, señor Presidente !

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

El número 7 de la indicación se refiere a la partida 15, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, capítulo 05, programa 01, glosa 02, y es para disminuir en la letra b) el monto de autorización máximo para gastos en viáticos en el territorio nacional, de la cifra de "Miles de $60.780" a "Miles de $ 50.519".

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se rechazará con la misma votación anterior el número 7 de la indicación presentada por los Honorables señores Piñera y Larraín.

--Se rechaza el número 7 de la indicación (16 votos contra 9, 2 abstenciones y 2 pareos).

El señor LAGOS (Prosecretario).-

Los restantes números de esta indicación - 1, 2, 3 y 4 - formulada por el Senador señor Piñera se refieren a la Partida 21, correspondiente al Ministerio de Planificación y Cooperación.

El señor RUIZ (don José).-

Que se les dé el mismo destino que el anterior, señor Presidente.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Se trata de saber exactamente a qué se refieren.

En discusión los números mencionados.

El señor PIÑERA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PIÑERA.-

Efectivamente, estos cuatro números dicen relación al MIDEPLAN, cuya función, como su nombre lo indica claramente, es la de planificación. Es la repartición que presenta los mayores incrementos en materia de vehículos y viáticos en sus distintos programas.

Al discutirse este tema en la Subcomisión respectiva, se dieron todos los antecedentes, pero no hubo justificación. Ahora corresponde hacerlo, pues si se propone aumentar el gasto público con los recursos de todos los contribuyentes, se debe explicar por qué; de lo contrario, seguiríamos una lógica equivocada. Ya indiqué que el crecimiento aprobado por el Congreso durante los últimos cuatro años ha sido de 400% para estos ítem. Me pregunto si ante incrementos de esta naturaleza no cabe al menos la duda de que son excesivos y que, consecuentemente, corresponde al Gobierno o a quien los propone el fundamentarlos. Pero éste es el mundo al revés. Y como no se puede justificarlos, no se debe aprobarlos. El propósito de la indicación no es rebajar gastos, sino el no permitir incrementos de ellos. Es la técnica legislativa la que obliga a proceder de esta manera, y pido a la Mesa que, de ser posible, se siga el procedimiento que señalé. Tengo a mano los antecedentes pertinentes -no los leeré, porque eso sería entrar en detalles- que indican que en la Comisión no se justificó para nada el incremento solicitado para un Ministerio que ha exhibido el mayor aumento en esos ítem en los últimos años.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Director de Presupuestos , señor Arellano.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

Señor Presidente , es claro que los números de la indicación en comento se refieren a dos organismos nuevos: el Servicio Nacional de la Mujer y el Instituto Nacional de la Juventud. Y es natural que se haya producido un incremento, porque estas reparticiones no existían y han estado en proceso de formación. En ambos casos, se observa un aumento en la dotación de vehículos, lo cual corresponde a las oficinas, que se han ido abriendo gradualmente en regiones. En el caso de los viáticos, el incremento está justificado, en parte, porque de un año a otro hay un crecimiento general de los valores de las glosas. Con todo, se propone un pequeño incremento, en términos reales, asociado al hecho de que hay nuevas actividades en las oficinas regionales que se crearán a partir de este ejercicio presupuestario.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente , creo que el Honorable señor Piñera debiera recorrer, no sólo Santiago, sino también las regiones. Y perdóneme por decir esto. Conversando con algunos Honorables colegas de la que represento en el Senado, ellos se pudieron dar cuenta de que el representante del medio ambiente no tiene oficina, vehículo, secretaria ni cosa alguna.

El señor CANTUARIAS.-

¿El representante del medio ambiente?

El señor DÍAZ.-

Exactamente.

El señor ERRÁZURIZ.-

¡Tampoco tiene medio ambiente!...

El señor DÍAZ.-

Hemos creado instituciones que, a su vez, son el resultado de exigencias de la modernidad y de la aplicación de tratados internacionales que ratificamos, pero no les proporcionamos los medios para que funcionen.

Si en el Presupuesto del próximo año al representante regional del medio ambiente de que se trata se le asigna un vehículo, habrá ciento por ciento de aumento en la respectiva dotación; si se le destinan dos, será el doble, y si se le proporciona oficina, ignoro cuál será el incremento.

A mi juicio, proponer este tipo de indicaciones significa ubicarse absolutamente fuera de la realidad, sin entender absolutamente nada del crecimiento lógico que experimenta el país.

Por lo tanto, solicito que esta proposición del Senador señor Piñera corra el mismo destino que la anterior, con la misma votación.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Frei.

La señora FREI (doña Carmen).-

Señor Presidente , después de la explicación del Director de Presupuestos , señor Arellano , deseo pedir especialmente a quienes patrocinaron esta indicación que la retiren, porque está claro que se trata de favorecer a las mujeres y a la juventud...

El señor PIÑERA.-

¡Y a la industria automotriz!

La señora FREI (doña Carmen).-

Creo que muchos de quienes la han apoyado, cuando han querido obtener el voto del elemento femenino, han hablado de la necesidad de terminar con la discriminación en su contra.

Pues bien, se creó un Ministerio para fomentar precisamente la participación, la preocupación, la información y preparación de las mujeres a fin de acceder a todas las expresiones de la vida nacional. Y, obviamente, se necesita que esa repartición disponga de medios de transporte y viáticos, de modo que esas personas puedan viajar a seguir cursos de formación. Otro tanto vale para los jóvenes.

Por ello, no se justifica una indicación que conlleve rebaja de recursos al SERNAM y al Instituto Nacional de la Juventud. Por eso, pido encarecidamente a esos señores Senadores, en nombre de las mujeres y de la juventud, que se fijen en lo que están haciendo.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , discrepo de la Honorable colega que me precedió en el uso de la palabra, pues, cuando se creó el Servicio Nacional de la Mujer, quedó expresamente en claro en su ley orgánica y en la discusión parlamentaria que el trabajo de ese servicio público, al cual se atribuyó rango de Ministerio, era el de hacer de enlace respecto de las demás reparticiones.

A mi juicio, el SERNAM -así lo planteé durante el debate del proyecto de ley de Presupuestos del año pasado- está desarrollando una función que no le corresponde. Y dentro de la que sí le compete, de enlace con los demás servicios (la razón por la cual se le dio rango ministerial fue para que estuviera en igualdad de condiciones con las restantes Secretarías de Estado e implementara a través de ellos y de otras reparticiones las políticas relativas a la participación de la mujer), expresamente se le prohibió realizar actividad directa. En esa perspectiva, dicho Servicio no debe tener aumento de dotación; es más: no debe asignársele ningún vehículo.

Se ha dicho que las personas no conocen las necesidades de las regiones. Debo hacer presente a Sus Señorías que la Comisión que analizó el Presupuesto del Poder Judicial dejó constancia unánimemente en el sentido de que se debe aumentar el número de vehículos a ese Poder del Estado , pues los jueces no pueden ir a hacer las diligencias que deben cumplir fuera de sus sedes, por carecer de ellos, viéndose en la necesidad de arrendarlos para esos efectos.

Tal es la perspectiva de la Ley de Presupuestos y de la priorización de los recursos. No deben asignarse automóviles para actividades que no han de realizarse en terreno, y sí destinarlos al Poder Judicial, que los necesita para cumplir sus diligencias.

Votaré a favor de la indicación.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente , esta discusión resulta realmente lamentable, porque la mayoría de los Senadores presentes, obviamente, no sabemos qué justificación puede tener abrir esas oficinas y entregar vehículos o no hacerlo. La Dirección de Aprovisionamiento del Estado, que debiera licitarlos en el mercado, normalmente compra automóviles o camionetas "General Motors". Pero no es ése el tema.

Aquí estamos hablando de si conviene o no abrir determinada oficina. Obviamente, no lo sabemos, y mucho menos si conviene o no destinar un vehículo a ella. Realmente da pena ver cómo estamos discutiendo acerca de un conjunto de cosas que, según señaló el Honorable señor Piñera , y de ser efectivas, debiéramos votar en contra. Si no se ha podido justificar debidamente ante la Subcomisión respectiva la razón de la apertura de esas instalaciones, y si, además, como dijo la Senadora señora Feliú -y no hay razón para dudar de su veracidad-, no existe autorización para que un servicio meramente coordinador abra sucursales en todo el país, naturalmente los gastos de la burocracia crecerán en forma espectacular si el próximo año, en vez de cuatro o cinco, inaugura 45 ó 55 nuevas.

Entonces, es necesario entender la razón de un presupuesto base cero para explicar su existencia, su razón para crecer y el objetivo perseguido con el incremento. Y todo eso debe justificarse dentro de un proyecto general, que no es de corto plazo, sino de varios años, en el cual debe figurar lo que se va a hacer en lo sucesivo, como también los propósitos que se desean lograr, a fin de poder, desde luego, medir los resultados. Nada de eso se hace, y se discute si se compra o no una camioneta, lo que resulta realmente grotesco.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , deseo señalar que, luego de oír las explicaciones y argumentaciones para retirar esta indicación que patrociné, me siento reafirmado en ella, porque considero sumamente peligroso que, al final, el criterio para justificar un incremento presupuestario sea el hecho de que se trata de una repartición que está naciendo, porque ése es un anuncio de que año tras año esa institución, que ya se ha cuadruplicado -¡cuadruplicado!- desde que se creó, va a seguir creciendo indefinidamente, y habrá pretexto para continuar el desarrollo de una organización como ésta, o como otras parecidas, en forma ilimitada. Me parece un muy mal criterio para discutir materias de esta naturaleza.

Siento igualmente discrepar de la interpretación consistente en que, por estar en contra del mencionado incremento, no se quiere favorecer a la mujer. No creo...

La señora FREI (doña Carmen).-

¿Me concede una pequeña interrupción, Honorable señor Larraín?

El señor LARRAÍN.-

Por cierto, señora Senadora.

La señora FREI (doña Carmen).-

A mi juicio, todos estamos tratando de que se modernice el aparato del Estado, y eso significa crear mayores posibilidades de que a las Regiones, a las pequeñas localidades, accedan todos los Ministerios y todas las personas que trabajan en distintos temas. Obviamente, a las mujeres de Calama, de Tocopilla, les interesa que vaya la señora que está en SERNAM, para que vea sus realidades y pueda implementar políticas que correspondan a ellas. Y la señora que es representante del Ministerio, y que, según la Senadora señora Feliú , tiene que ver solamente con las políticas, ¿cómo va a presentar estas políticas si no conoce la realidad de su Región? Para ir a Calama, o a otras partes, necesita medios de locomoción.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Continúa con el uso de la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , me parece que esa explicación no resulta satisfactoria, ya que el modernizar los servicios públicos implica una racionalización en su funcionamiento. Esta última no significa dotarlos de mayor cantidad de medios, de aparatos, de equipamiento, de cosas, porque eso no va a traer sino un incremento en los gastos, indefinidamente.

El señor CALDERÓN.-

¿Me permite, señor Senador ?

El señor LARRAÍN.-

Una de las consecuencias que debería acarrear un proceso de modernización del Estado es la reducción no sólo de la burocracia, sino, además, de los implementos, debido a los conceptos que tiene hoy día el desarrollo moderno de toda actividad productiva empresarial, sea privada o sea pública.

El señor CALDERÓN.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor LARRAÍN.-

Perdón. Prefiero terminar la idea.

Por lo tanto, no me parece que tenga sentido el aumento que aquí se ha solicitado. Por el contrario, creo que lo responsable es no otorgarlo, porque de otro modo vamos a llegar a un presupuesto que siempre habrá justificación para incrementar, no solamente por el desarrollo vegetativo, sino, adicionalmente, en razón de que está en crecimiento una institución que no tiene mucha antigüedad.

Opino que esto carece de justificación, y que la racionalización de la Administración Pública obliga a mantener en una tendencia más bien decreciente el aparato burocrático, en lugar de aumentarlo.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Calderón.

El señor CALDERÓN.-

Señor Presidente , esta discusión, en detalle, se realizó ya en las Subcomisiones. Allí se fundamentó cada uno de estos puntos. Por eso, creo que la discusión que se está desarrollando es improcedente. Aquí, en la Sala, deben tratarse los aspectos más generales del Presupuesto.

Se ha sostenido que el Gobierno no proporcionó la justificación pertinente. Eso no es así. Cada persona que tiene experiencia en el trabajo de las Subcomisiones sabe que allí es donde se entregan los antecedentes.

El señor GAZMURI.-

Votemos, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente , sólo deseo ratificar el criterio del Senador señor Calderón. A mi parecer, no podemos actuar aquí con un doble foco: a veces, argumentando la falta de antecedentes más completos para evaluar una partida detallada, y otras, pronunciándose como si todos los antecedentes habilitaran para proponer un rechazo. Lo uno o lo otro.

En particular, estas materias han sido discutidas en detalle en las Subcomisiones, y fueron aprobadas tanto en ellas como en la Comisión Especial Mixta. Recuerdo el caso de uno de los señores Ministros que vino a fundamentar y que permaneció aquí muchas horas explicando y justificando diversos aspectos.

Otro comentario que agregaría se refiere a la conveniencia de que no se haga una extrapolación al infinito, a años sucesivos, de cosas que todavía no ocurren, sino que, en cambio, se discuta el gasto en mérito de lo que se plantea.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , un alcance sobre lo que estaba diciendo el señor Ministro : no me parece que el hecho de que un asunto se haya discutido en la Subcomisión sea impedimento para que expongamos en la Sala nuestros argumentos a su respecto. Ello, porque hay muchos Senadores que no participamos en el trabajo de Subcomisiones.

El señor RUIZ (don José).-

¡Señor Presidente , otros Senadores estamos pidiendo la palabra!

El señor LARRAÍN.-

Y solamente se están debatiendo en la Sala aquellas indicaciones que se están renovando o presentando; ésas sí exigen discusión, la que no se puede impedir.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente , los Senadores que vivimos en Regiones de gran extensión conocemos los problemas que enfrentan los funcionarios para salir a terreno. Hay servicios que no pueden enviar gente a terreno porque se les agotó el presupuesto para viáticos; los hay cuyo impedimento es carecer de vehículos. Es algo que estamos viendo a diario en las Regiones. Entonces, lo que se está planteando hoy día es sólo una manera de obstaculizar la entrega de recursos y de medios para que el Estado cumpla con la función que le corresponde.

Por lo tanto, exigir que aquí se repita todo el trabajo que se realizó en las Subcomisiones durante días y noches de discusión, me parece una exageración. Hay que dejar en claro que no se está haciendo otra cosa que poner escollos al despacho del proyecto e impedir que el Estado cumpla las funciones que le asignan la ley y la Constitución Política.

El señor DÍAZ.-

¡Votemos, señor Presidente!

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente, el debate se encuentra agotado.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , en verdad, esta discusión es insólita. Porque me gustaría que se recordara lo que nos dijeron el Ejecutivo y la señora funcionaría que terminó siendo Directora del SERNAM, cuando se creó este Servicio.

Se afirmó, tal como lo recordó la Senadora señora Feliú , que esa institución actuaría a través de los Ministerios; que no tendría oficinas regionales, porque utilizaría distintas Secretarías de Estado -Trabajo, Educación, Justicia- para operar. Pero eso es lo que se declara cuando se aprueba la creación de organismos.

Desde entonces, SERNAM ha tenido un incremento en personal, en gastos, en viáticos, en vehículos, y se ha transformado en algo muy distinto de aquello que se fundamentó al crearlo. En consecuencia, o fuimos entonces mal informados, o hubo una falta de previsión.

Pero el Senado debe saber lo siguiente: para 1995, en los dos ítem que estamos discutiendo, se está incrementando el presupuesto, en lo que se refiere a viáticos, en 110 por ciento para el SERNAM y en 102 por ciento para el Instituto Nacional de la Juventud. Esto fue discutido en la Subcomisión, y, efectivamente, se aprobó, porque la Concertación, que contaba con suficientes votos, en la práctica no ha rechazado ni un solo peso de los aumentos de gastos propuestos por el Gobierno. Sigue una de dos alternativas: o está de acuerdo con todo, o, sencillamente, ratifica la totalidad de lo que propone el Ejecutivo.

Y hay algo más que será útil conocer. En el Instituto Nacional de la Juventud existe un vehículo por cada cinco personas; en la Administración Pública, uno por cada veinticinco personas. En esta materia existe una desproporción total por donde se la mire.

Cuando uno ve estos indicadores, y sigue aumentando el número de vehículos -no puedo hablar en nombre de las mujeres, pero sí, siendo el Senador más joven de la Sala, puedo hacerlo en nombre de la juventud-...

El señor MATTA.-

¡Por favor...!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

¡Cómo! El señor Senador necesita mirar el carné.

El señor GAZMURI.-

¡No se exceda, señor Senador!

El señor PIÑERA.-

Lo siento mucho, pero ése es un privilegio que me da el carné de identidad, señor Presidente ,...

El señor GAZMURI.-

¡Una vez más se excede Su Señoría!

El señor PIÑERA.-

... y al cual no voy a renunciar, aunque así me lo pida el Senador señor Gazmuri.

El señor FERNÁNDEZ.-

¡El menor de los varones...!

El señor DÍAZ.-

¡Se nota la falta de madurez del señor Senador...!

El señor ERRÁZURIZ.-

¡Respeten a los jóvenes, señores Senadores...!

El señor VALDÉS (Presidente).-

¡Un poco de orden en el debate, porque estamos empezando a perder el tiempo!

El señor PIÑERA.-

No, señor Presidente; estoy dando antecedentes muy serios.

El señor MATTA.-

¡Está mintiendo respecto de su edad!

El señor PIÑERA.-

No estoy mintiendo sobre la edad. Se puede verificar.

Espero que El señor Presidente de la Comisión de Hacienda, por su parte, no insista en un error de hecho, como lo ha cometido hoy día en otras materias.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

A ver, páseme el carné de identidad, para saber.

La señora FREI (doña Carmen).-

Perdonamos la inmadurez de la juventud, señor Presidente.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , repito: 102 por ciento de aumento en viáticos del Instituto Nacional de la Juventud; 110 por ciento en el SERNAM. La institución que tiene más número de vehículos por funcionario es precisamente ésta que hoy día está pidiendo un incremento en el rubro.

En consecuencia, digamos las cosas como son: no hablemos después de sobriedad fiscal, no hablemos de presentar un presupuesto austero. Si en la práctica, en cada caso particular, basta con decir que algún funcionario necesita un vehículo, entonces, ¡entreguémosles vehículos a todos los funcionarios públicos!

La verdad es que estamos frente a un crecimiento explosivo en el ítem Vehículos, en el ítem Horas extraordinarias, en el ítem Viáticos, y a este Honorable Congreso aparentemente le preocupa muy poco el tema. Pero algunos Senadores, entre los cuales me cuento, reaccionan cuando ven estas situaciones y cuando en la Comisión respectiva ellas no se pueden fundamentar. Ahora, la cuestión específica que nos ocupa más bien es simbólica, señor Presidente , porque estamos hablando, en total, de 130 ó 140 millones de pesos. ¡No es nada! En realidad, la tarea que estamos cumpliendo los Senadores de Oposición debiera ser realizada por el Gobierno. Pero, como eso no ha ocurrido, hemos presentado las indicaciones en debate, porque, indudablemente, los números aquí son demasiado exagerados como para, simplemente, mirar al techo y aprobarlos.

He dicho.

El señor RUIZ (don José).-

¿El señor Senador estuvo en esa Subcomisión?

El señor PIÑERA.-

No estuve en todas ellas, pero...

El señor RUIZ (don José).-

¿Y cómo sabe, entonces, que no se entregaron todos los antecedentes?

El señor PIÑERA.-

¿Y Su Señoría estuvo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo sabe que ella tuvo lugar?

El Honorable colega parece creer que hay que estar donde ocurren los acontecimientos para saber las cosas. ¡También hay posibilidad de leer para informarse, señor Senador!

El señor RUIZ (don José).-

¡Su Señoría está entregando antecedentes según lo que le dijeron!

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ruego a los señores Senadores evitar los diálogos.

Se va a proceder a votar.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

Se votarán los siguientes números de la indicación del Senador señor Piñera 1.- En la Partida 21, Capítulo 04, Programa 01, Glosa 01, para sustituir, en dotación máxima de vehículos, el número "15" por "4". 2.- En la Partida 21, Capítulo 04, Programa 01, Glosa 02, para disminuir, en la letra c), el monto de autorización máxima para gastos en viáticos en el territorio nacional, de la cifra de "Miles de $ 57.807" a "Miles de $ 27.500". 3.- En la Partida 21, Capítulo 05, Programa 01, Glosa 01, para sustituir, en dotación máxima de vehículos, el número "13" por "9". 4.- En la Partida 21, Capítulo 05, Programa 01, Glosa 02, para disminuir, en la letra c), el monto de autorización máxima para gastos en viáticos en el territorio nacional, de la cifra de "Miles de $6.318" a "Miles de $ 3.121".

El señor VALDÉS (Presidente).-

En votación.

--(Durante la votación).

El señor ALESSANDRI.-

Como le encuentro toda la razón al Senador señor Piñera, voto a favor.

El señor CALDERÓN.-

Como no le encuentro ninguna razón al Senador señor Piñera, voto en contra.

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente , cuando se habla de porcentajes, hay que analizar más seriamente el asunto. Por ejemplo, si el Servicio de Salud posee 5 mil vehículos y se le aumentan en 500, equivale a un incremento de 10 por ciento. Pero si el Instituto Nacional de la Juventud, que está empezando sus actividades, a lo mejor cuenta con 10 vehículos y se le asignan 5 más, significa un alza de 50 por ciento. Entonces, creo que no se pueden entregar porcentajes en forma tan ligera.

No concuerdo en absoluto con lo planteado en la indicación, dada la realidad existente en Regiones, acerca de la cual reitero la argumentación que expuse antes.

Por ello, voto que no.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , ratifico lo que expresé hace algunos momentos en lo que dice relación a las funciones del Servicio Nacional de la Mujer.

La ley N° 19.023, que creó el SERNAM, dispone que "es el organismo encargado de colaborar con el Ejecutivo en el estudio y proposición de planes", medidas, etcétera. Y agrega que, además, le corresponderá estudiar y solicitar de los Ministerios las políticas públicas; realizar estudios; fomentar, proponer e impulsar diversas medidas; coordinar con servicios y organismos los programas, acciones y otras medidas.

Este Servicio no tiene facultades para desarrollar acciones directas en la comunidad. Así quedó claramente establecido cuando se discutió la ley que lo rige. Por esta razón, el año pasado formulé una indicación en el mismo sentido de la que ahora nos ocupa. Me parece absolutamente injustificado elevar de 4 a 15 su dotación de vehículos, y en general el aumento que se propone.

Voto a favor de la indicación.

La señora FREI (doña Carmen).-

Señor Presidente , creo que la experiencia de estos años, tanto del SERNAM como del Instituto Nacional de la Juventud, prueba que es necesario implementar su trabajo.

Como mujer y como joven, rechazo la indicación.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , ésta no es la oportunidad para revisar la estructura y la Administración del Estado y, en consecuencia, no debemos irnos por las ramas al fondo. En un país donde existen 21 Ministerios, obviamente que esta materia merece una discusión más profunda. Y, a mi modo de ver, es indispensable que los organismos mencionados tengan una presencia mínima en las regiones aisladas.

Rechazo la indicación.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , hay una confusión. La indicación no es en contra de las mujeres, como parece creer la señora Senadora que fundó su voto hace unos instantes. Es en contra de los autos.

Por lo demás, ninguno de esos autos va a llegar a la Undécima Región.

Voto a favor.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente , sólo quiero dar una información.

El INJ aumenta de 9 a 13 sus vehículos porque cuenta con 13 oficinas a lo largo del país. La idea es que cada oficina disponga de un vehículo. Y éstos no son "Nissan", como quisiera un señor Senador, que reclama porque todos son "General Motors".

Evidentemente, los vehículos no pueden ser al gusto de los Senadores, ni de sus negocios.

Voto en contra.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Terminada la votación.

El señor ERRÁZURIZ.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Se la concederé inmediatamente después de que se proclame el resultado de la votación, señor Senador.

--Se rechazan los números 1, 2, 3 y 4 de la indicación (15 votos por la negativa, 10 por la afirmativa y 4 pareos).

Votaron por la negativa los señores Calderón, Díaz, Errázuriz, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hormazábal, Horvath, Huerta, Matta, Núñez, Páez, Ruiz (don José), Valdés y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Cantuarias, Feliú, Fernández, Larraín, Mc-Intyre, Otero, Piñera, Prat y Siebert.

No votaron, por estar pareados, los señores Larre, Romero, Sinclair y Zaldívar (don Adolfo).

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.-

Quiero protestar, señor Presidente , porque resulta cansador escuchar a un señor Senador repetir una y otra vez la misma tontería.

Cuando planteo la necesidad de que la Dirección de Aprovisionamiento del Estado llame a licitación, es porque todas las compras que realice el sector público deben ser transparentes. Al parecer, el señor Senador no concuerda con esto.

No sé qué razón especial motiva tal desacuerdo. Pero, evidentemente, yo no he hablado de la marca "Nissan", a que él se refirió. Lo que sí dije...

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente , yo no mencioné al Honorable colega.

El señor ERRÁZURIZ.-

...fue que la DAE está comprando camionetas sin llamado previo a licitación, las que normalmente son "General Motors". Por lo tanto, pienso que el señor Senador que se refirió a mi persona, por ser yo representante de "Nissan", no debiera haber actuado en esa forma. Este tipo de cosas nada aporta al debate, ni a nuestra función parlamentaria.

El señor RUIZ (don José).-

¿Quién aludió a Su Señoría?

El señor ERRÁZURIZ.-

No somos tontos, señor Senador. Y, a diferencia de Su Señoría, nos preciamos de ser inteligentes y lo demostramos.

El señor RUIZ (don José).-

¡El señor Senador fue demasiado astuto al darse cuenta...!

El señor LAGOS (Prosecretario).-

La siguiente indicación, formulada por el Senador señor Piñera, recae en la Partida 50, Tesoro Público, y consiste en eliminar la Glosa 01 en los Programas 02, 03 y 04 del Capítulo 01.

El señor HAMILTON.-

Rechacémosla con la misma votación.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se rechazaría con la misma votación anterior.

El señor MATTA.-

De acuerdo.

El señor DÍAZ.-

Muy bien. Y también las siguientes.

El señor ERRÁZURIZ.-

Me opongo, señor Presidente. Pido que se vote.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

Señor Presidente, la indicación tiende a eliminar la excedibilidad de algunos gastos que son obligatorios por ley, como, por ejemplo, el reintegro simplificado a los exportadores, los pagos por jubilaciones y otros. Cuando esos gastos superan el monto contemplado en el presupuesto, se recurre a los fondos contemplados en la glosa que se intenta suprimir.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Por consiguiente, no procede la eliminación propuesta.

--Se declara inadmisible la indicación.

El señor ERRÁZURIZ.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente , es obvio que a esta indicación no puede aplicársele la misma votación anterior, como propuso recién un señor Senador democratacristiano, porque no corresponde someterla a votación si es inadmisible.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene razón, Su Señoría. Y por eso la Mesa declaró su inadmisibilidad.

El señor PIÑERA.-

En todo caso, señor Presidente, la glosa expresa que cuando se exceda un gasto...

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ya fue declarada inadmisible, señor Senador.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

La siguiente indicación, suscrita por el Senador señor Piñera , recae en el artículo 3° del proyecto -la disposición es de quórum calificado- y tiene por finalidad eliminar la palabra "miles", con el objeto de reducir a un millón de dólares la autorización que se otorga al Primer Mandatario para los efectos que se señalan. Dice el inciso primero del artículo 3°: "Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones en el exterior, hasta por la cantidad de US$1.000.000 miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.".

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión.

Tiene la palabra el señor Arellano.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

Señor Presidente , la autorización que se otorga es para los créditos que se puedan contratar durante 1995.

Cabe señalar que la política general del Gobierno apunta a reducir el endeudamiento, y así se informó a las respectivas Subcomisiones en el curso de la tramitación de la presente iniciativa. Sin embargo, algunos créditos están en proceso de negociación y requieren de dicha autorización para ser contratados el próximo año. Todos se refieren a programas en actual funcionamiento. Menciono el crédito del FNDR con el BID; el de Vialidad con el Banco Mundial; uno con el BID para el tratamiento de cuencas hidrográficas y otro con el Banco Mundial para mejorar la calidad de la educación media; también, un posible préstamo a fin de adquirir parte de los elementos que restan para la ejecución del proyecto Línea 5 del Metro.

El señor PIÑERA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).-

Puede hacer uso de la palabra, Su Señoría.

El señor PIÑERA.-

El señor Director de Presupuestos ha dado una explicación que nada tiene que ver con la glosa respecto de la cual estoy haciendo mi planteamiento. Porque mi indicación dice: "Los recursos obtenidos a través del endeudamiento autorizado en este artículo" -y estamos de acuerdo en que se autorice- "no serán considerados como incremento de los ingresos contenidos en la Ley de Presupuestos y" -en consecuencia- "no podrán servir para financiar" gastos no contemplados en la ley.

El objetivo de esa indicación es muy simple...

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

No se trata de esa indicación, sino de otra. La que Su Señoría menciona fue declarada inadmisible.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Efectivamente. La indicación a que alude el Honorable señor Piñera se declaró inadmisible. De modo que no puede tratarse. La que estamos analizando ahora es la décima.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , lo que he planteado en mi primera indicación es que la autorización del endeudamiento -y concordamos con ella- no puede alcanzar a gastos no permitidos por ley. Autorizamos el endeudamiento, pero consideramos que los gastos deben estar respaldados legalmente.

Por eso se dice que, en caso de que ella sea rechazada, se propone en subsidio la reducción del monto. De lo contrario, al autorizar un endeudamiento tendríamos que autorizar los gastos; por ejemplo, los que ha invocado el señor Director de Presupuestos.

En el fondo, lo que pretende la indicación es que los gastos deben estar respaldados por ley. Y la glosa deja en claro que la autorización de endeudamiento no significa que el gasto que éste va a financiar no deba estar autorizado por ley.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Teniendo en consideración lo que Su Señoría ha manifestado, como se declaró inadmisible la primera indicación, debe tratarse la que se propone en subsidio; o sea, la décima.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Precisamente la que estamos analizando en este momento.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Así es.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , la primera parte de la indicación...

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Fue declarada inadmisible.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Así es. De modo que no corresponde seguir debatiendo el tema. No se puede insistir en ella.

El señor PIÑERA.-

¿Significa, entonces, que si autorizamos un endeudamiento a futuro estamos desde ya, sin saber en qué se gastará, autorizando el gasto?

Lo que pretendía la glosa era, simplemente, precisar esa situación.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

No es así, señor Senador, pues el artículo 4° limita el gasto, independientemente de cuál sea su financiamiento. Ese precepto restringe el gasto corriente a los montos que se establecen, y también el gasto de capital, excepto un 10 por ciento. Ello, sin perjuicio de que se financie con endeudamiento, con mayor recaudación tributaria, o lo que sea.

Además, estos créditos se desembolsan a lo largo de varios años. Por lo tanto, si se contratan, el gasto deberá ser presentado en los años siguientes.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , ¿ello significa que el Gobierno está de acuerdo con el espíritu y el contenido de la indicación que se ha declarado inadmisible? Si fuera así, podríamos no seguir discutiendo el tema.

Sería interesante, pues, saber si el Ejecutivo está de acuerdo con la glosa declarada inadmisible.

El señor VALDÉS (Presidente).-

No se trata de colocar las glosas por adentro o por afuera. Creo que la explicación del señor Director de Presupuestos es suficiente. Y basta eso para que termine el debate sobre esta materia.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , votemos concretamente la indicación del Senador señor Piñera que reduce el monto de US$ 1.000.000.000, a US$ 1.000.000 salvo que Su Señoría la retire.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , si el Gobierno estuviera de acuerdo en que los recursos obtenidos a través del endeudamiento que se permite no significan autorización de gasto, podríamos retirar la segunda indicación. Si el Ejecutivo no concuerda con eso, estamos en posiciones distintas.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Arellano.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

Señor Presidente , ya expliqué la situación. El monto global de gastos tiene un límite que este mismo proyecto establece. Por lo tanto, aunque se contrataran numerosos créditos, no se podría superar el nivel de gastos aprobado.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Considero suficiente la explicación del señor Director de Presupuestos. Y, al parecer, el Senador señor Piñera está de acuerdo, ya que se aclaró su duda en cuanto a que no se permitirá gastar una suma adicional a la consignada en el Presupuesto.

Siendo así, queda retirada la indicación que reduce a un millón de dólares la autorización para que el Presidente de la República contraiga obligaciones en el exterior, porque esa cifra sería burlesca.

Como quedó retirada la indicación, corresponde pronunciarse respecto del artículo 3° propuesto por la Comisión Especial.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

El artículo 3° es de quórum calificado. Por lo tanto, debe ser aprobado por a lo menos 22 señores Senadores.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobará.

--Se aprueba el artículo 3° (23 votos afirmativos), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido.

El señor PIÑERA.-

¿Me permite, señor Presidente?

Quiero preguntar directa y francamente al Gobierno si está de acuerdo o no con la afirmación que se hizo. Ello es crucial para nosotros y planteo la inquietud porque aún no se me contesta.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Señor Senador , ya terminó la discusión sobre ese punto. El señor Director de Presupuestos explicó perfectamente bien la situación, y Su Señoría tiene inteligencia sobrada para entender lo que él dijo, porque coincide de manera exacta con el planteamiento que, en otra forma, usted mismo hace.

El señor PIÑERA.-

O sea, está de acuerdo. ¿Y por qué al señor Director de Presupuestos le cuesta tanto decirlo?

El señor VALDÉS (Presidente).-

Porque usted, señor Senador , no puede pedir al Gobierno que esté de acuerdo con sus palabras. El concepto se ha aclarado. Yo lo entiendo así.

Tiene la palabra El señor Secretario.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

La siguiente indicación es del Honorable señor Piñera y tiene por objeto eliminar el artículo 23. Este precepto dice: "Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 5° de esta ley.

"Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, y la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la ley N° 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda.

"La determinación y fijación de cantidades y montos a que se refieren los artículos 8° y 10 de esta ley, se efectuarán por oficio del Ministro de Hacienda.".

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión.

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , esta indicación, para eliminar el artículo 23, estaba ligada a otra que tenía por objeto incorporar un nuevo artículo 23, que regulaba el sistema de información. Esta última ha sido recogida por una presentada por el Ejecutivo y con la cual estamos de acuerdo.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-

Por lo tanto, pido a Su Señoría que retire su indicación.

El señor PIÑERA.-

La retiro, señor Presidente.

--Queda retirada.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

La última indicación, formulada por Su Excelencia el Vicepresidente de la República , es para agregar, a continuación del artículo 24 y final del proyecto, el siguiente, nuevo:

"Artículo 25.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, información relativa a la ejecución trimestral del ingreso y del gasto contenido en el artículo 1° de esta ley, al nivel de la clasificación dispuesta en dicho artículo.

"Asimismo, proporcionará a las referidas Comisiones, información de la ejecución semestral del presupuesto de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas, incluyendo la relativa a las transferencias dispuestas con cargo a m asignación "Provisión para Financiamientos Comprometidos" de la Partida Tesoro Público.

"Las empresas del Estado y todas aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, deberán enviar a las Comisiones antes aludidas copia de sus balances y estados financieros semestrales.

"La información a que se refieren los incisos precedentes, se remitirá dentro de un plazo de sesenta días contados desde el vencimiento del trimestre o semestre respectivo.".

--Se aprueba la indicación.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En consecuencia, queda despachado el proyecto de Ley...

El señor PIÑERA.-

Un momento, señor Presidente. Hay tres indicaciones presentadas a las Partidas correspondientes a los Ministerios Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia y a la Presidencia de la República , cuya finalidad es reemplazar la expresión "global" por "detallada" en lo que se refiere a los gastos reservados. La idea es que esas instituciones rindan cuenta en forma reservada, pero no global sino detallada.

El señor VALDÉS (Presidente).-

A mi entender -recuerdo haber estudiado esta materia-, el cambio de esa palabra requiere la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).-

Sí, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , estas indicaciones no pueden ser vistas en la Sala, ya que fueron declaradas inadmisibles por la Presidencia de la Comisión Especial. De manera que el tema está zanjado y no puede discutirse aquí.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , la declaración de inadmisibilidad efectuada en la Comisión no obsta a que la misma indicación pueda ser presentada ante la Sala. En este caso no hay cambio de gasto; lo único que se persigue es que en la rendición de cuenta de los gastos reservados, que por esencia es reservada, en vez de que se realice en forma global en las instituciones mencionadas, se efectúe de manera detallada, pero siempre reservada. Me parece que las indicaciones son absolutamente admisibles, a pesar de la opinión del Presidente de la Comisión Especial.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Señor Senador, en esta materia, está claramente declarada la inadmisibilidad por la Comisión. En tal circunstancia, el Reglamento no permite tratar las indicaciones.

Al parecer, existe un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que modifica esta situación. Una vez aprobado, la Sala podría revertir la declaración de inadmisibilidad. Mientras tanto, el Reglamento sigue vigente y debe aplicarse la norma que ha regido durante más de cuatro años.

Lo siento mucho, pero aquí hay un problema legal y reglamentario que impide tratar las indicaciones.

En consecuencia, queda terminada la discusión del proyecto.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Antes de ceder la palabra al señor Ministro , quiero plantear la necesidad de celebrar una sesión especial mañana en la mañana, sin perjuicio de la ordinaria fijada para la tarde, pues hay 16 asuntos en tabla. Vale decir, trabajaremos todo el miércoles y el jueves por la mañana.

El señor DÍAZ.-

El Comité Demócrata Cristiano está de acuerdo en efectuar dicha sesión.

El señor LARRE.-

Los Senadores de Renovación Nacional nos sumamos a esa proposición, pero, al mismo tiempo, deseamos que se aproveche el tiempo y se aprueben proyectos, de modo de ir avanzando en la tabla.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Voy a procurar que así sea, señor Senador.

El señor THAYER.-

Yo también estoy de acuerdo, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Entonces, queda convocado el Senado para mañana a las 10:30.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente , no me haré cargo de cierta retórica cargada que ha surgido por aquí y por allá, en vista de la hora y en consideración al buen espíritu manifestado en la aprobación del Presupuesto de la Nación para el año 1995.

Sólo quiero agradecer a los señores Senadores el despacho del proyecto -reitero que está bien concebido, es austero y va a contribuir al bienestar nacional- y dejar constancia, una vez más, del espíritu positivo de los Parlamentarios de toda la Concertación, de los del Pacto Unión por Chile y de otros, y del Poder Ejecutivo , que represento en este caso junto al señor Director de Presupuestos , para seguir avanzando, como lo hemos hecho, en materia de información, de acuerdo con la última indicación presentada y aprobada aquí por unanimidad.

Gracias, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Agradecemos al señor Ministro su serena sabiduría para proponer este Presupuesto, y a todos los señores Senadores, su contribución.

Valparaíso, 23 de noviembre de 1994

Oficio del Senado.

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Senado ha aprobado el proyecto de ley de esa H. Cámara sobre Presupuestos del Sector Público para 1995, con las siguientes modificaciones:

ARTICULADO

Artículo 1°

A.- En Moneda Nacional

Gastos

Ha sustituido en el rubro "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO" el guarismo "375.490.188" por "375.620.335", las dos veces que aparece.

Ha reemplazado en el rubro "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" las cifras "1.672.150.531" por "1.672.020.384", y "1.381.523.139" por "1.381.392.992".

Artículo 2°

APORTE FISCAL

Ha reemplazado en la partida Congreso Nacional el número "21.826.577" por "21.956.724".

Ha sustituido en la partida Ministerio de Hacienda la cifra "42.693.591" por "42.850.934".

Ha reemplazado en Programas Especiales del Tesoro Público, partida Operaciones Complementarias, el guarismo "516.199.529" por "515.912.039".

-o-o-

Ha consultado el siguiente artículo 25, nuevo:

"Artículo 25.- La Dirección de Presupuestos proporcionaría a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, información relativa a la ejecución trimestral del ingreso y del gasto contenido en el artículo 1º de esta ley, al nivel de la clasificación dispuesta en dicho artículo.

Asimismo, proporcionará a las referidas Comisiones, información de la ejecución semestral del presupuesto de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas, incluyendo la relativa a las transferencias dispuestas con cargo a la asignación "Provisión para Financiamientos Comprometidos" de la Partida Tesoro Público.

Las empresas del Estado y todas aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, deberán enviar a las Comisiones antes aludidas copia de sus balances y estados financieros semestrales.

La información a que se refieren los incisos precedentes, se remitirá dentro de un plazo de sesenta días contados desde el vencimiento del trimestre o semestre respectivo.".

-o-o-

PARTIDAS

02 CONGRESO NACIONAL

En el Capítulo 01 Senado, Programa 01, ha incrementado en el Subtítulo 09 el Aporte Fiscal, en $ 130.147 miles e igualmente en su ítem 91.

En el Capítulo 01 Senado, Programa 01, ha incrementado el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo en $ 130.147 miles.

06 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

En el Capítulo 01 Secretaría y Administración General y Servicio Exterior, Programa 01, ha sustituido el texto de la letra B) de la glosa 03 por el siguiente:

"Gastos reservados con la obligación de rendir cuenta en forma global y reservada al Contralor General de la República. El monto de estos gastos se fijará por Decreto Supremo, el que llevará, además, la firma del Ministro de Hacienda.".

08 MINISTERIO DE HACIENDA

En el Capítulo 08 Superintendencia de Valores y Seguros, Programa 01, ha incrementado en el Subtítulo 09 el Aporte Fiscal, en $ 157.343 miles e igualmente en su ítem 91.

En el Capítulo 08 Superintendencia de Valores y Seguros, Programa 01, ha incrementado en el Subtítulo 25 el ítem "31.003 Ayuda Extraordinaria a Cuerpos de Bomberos", en $ 157.343 miles.

09 MINISTERIO DE EDUCACION

En el Capítulo 08 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Programa 01, ha agregado a la glosa 11 los siguientes incisos:

"CONICYT no podrá delegar su representación ante el Consejo del Proyecto Gemini, ni ante cualquier órgano dependiente de éste, de la agencia ejecutiva o de la institución administradora de dicho Proyecto.

CONICYT dará acceso a los astrónomos chilenos al tiempo de observación de que disponga en los observatorios Gemini Norte y Gemini Sur, mediante concursos que les garanticen condiciones equitativas e igualitarias. Además, instará por el acceso a otros tiempos que el Proyecto Gemini pueda reservar a la astronomía chilena, en igualdad de condiciones para todas las instituciones nacionales.

CONICYT procurará que las contrataciones para la construcción de equipos para el Proyecto Gemini que se hagan dentro del país, sean efectuadas previa licitación pública.".

En el Capítulo 30 Educación Superior, Programa 01, ha sustituido en la glosa 01 letra C) el párrafo final por el siguiente:

"Por aplicación de este mecanismo, a lo menos $ 1.271.846 miles se destinarán para reforzar la infraestructura académica o de gestión de las universidades derivadas de las existentes al 31 de diciembre de 1980 y de aquellas universidades regionales no beneficiadas con ingresos provenientes de la aplicación de leyes especiales.".

21 MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION

En el Capítulo 06 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Programa 01, glosa 02, ha sustituido en su letra A) Dotación máxima de personal, el guarismo "88" por "96", y ha reemplazado en su letra C) Convenios con personas naturales, la cantidad de "38.489" por "11.955".

50 TESORO PÚBLICO

En el Capítulo 01 Fisco, Programa 03, Operaciones Complementarias, Subtítulo 25, ha reducido el ítem 33.104, Provisión para Financiamientos Comprometidos, en $ 287.490 miles. En el Capítulo 01 Fisco, Programa 05, Aporte Fiscal Libre, Subtítulo 80, ha incrementado el ítem 52.001, Senado, en $130.147 miles.

En el Capítulo 01 Fisco, Programa 05, Aporte Fiscal Libre, Subtítulo 80, ha incrementado el ítem 58.008, Superintendencia de Valores y Seguros, en $ 157.343 miles.

-o-o-

Hago presente a V.E, que el artículo 3° ha sido aprobado en el carácter de quórum calificado con el voto afirmativo de 23 señores Senadores, de un total de 42 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 63 de la Constitución Política de la República.

Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio N° 379, de 16 de noviembre de 1994. Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): Gabriel Valdés S., Presidente del Senado; José Luis Lagos López, Secretario del Senado, Subrogante.

LEY DE PRESUPUESTOS PARA 1995. (Tercer trámite constitucional).

El señor SOTA (Presidente).-

La presente sesión tiene por objeto ocuparse de las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para 1995.

Antecedentes:

Modificaciones del Senado, boletín N°1381-05. Documentos de la Cuenta N 4, de esta sesión.

El señor SOTA (Presidente).-

Las señoras Diputadas y señores Diputados tienen en sus escritorios el boletín comparado, y les pido ver el artículo 25 nuevo, que aparece en la página 7. Después de su discusión y votación se procederá a la discusión por partida.

Si no comenzamos por los artículos 1° y 2° es porque ellos sólo resumen el resultado de las partidas. De tal manera que, discutiendo éstas y, según espero, aprobándolas, esos artículos debieran quedar automáticamente aprobados.

En discusión el artículo 25 nuevo.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, pido la palabra.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, el artículo 25 es fruto del acuerdo político alcanzado ayer.

El señor SOTA (Presidente).-

Señor Diputado Orpis, le ruego que me excuse.

El Ministro de Hacienda ha ingresado a la Sala y me pide que se autorice el ingreso del Director de Presupuestosdon José Pablo Arellano.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

Puede continuar el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, como señalaba, el artículo 25, que se incluye en el comparado, es fruto de un acuerdo político alcanzado ayer entre parlamentarios de la Concertación del Pacto por Chile y el Gobierno.

Al margen de lo que ocurrió en el primer trámite, desde mi punto de vista, el acuerdo alcanzado ayer reviste enorme trascendencia, porque más allá de la información, que estará a disposición de las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras, tras él hay ciertos principios de gran significación, como son ratificar y robustecer los roles que corresponden a cada Poder del Estado. En parte del acuerdo se señala que es función del Ejecutivo ejercer la administración financiera del Estado, y al Parlamento, el ejercicio de la facultad fiscalizadora.

El voto que se sostuvo con motivo del primer trámite fue un testimonio de cómo dicha esta facultad fiscalizadora tuvo serias limitaciones en la tramitación de los proyectos de presupuestos anteriores, no obstante que en el transcurso de los años fue mejorando la información.

Para poder fiscalizar es necesario contar con una información completa y oportuna, y creo que el artículo 25 precisamente, señala eso al establecer que estará a disposición de esta Corporación, trimestralmente una información global del ingreso y del gasto contenido en el artículo 1°, como asimismo una información semestral del presupuesto de gastos de las partidas en su máximo nivel de desagregación, incluso, respecto de la partida Tesoro Público, y aun cuando se aprueba el monto del gasto, el Parlamento, en definitiva, será informado en forma semestral del destino de esos recursos.

Por lo tanto, junto con reconocer esa facultad del Ejecutivo de ejercer la administración financiera en un marco de flexibilidad presupuestaria, queda definitivamente consagrada la facultad de robustecer y ejercer la facultad fiscalizadora.

En la práctica, ocurre que, cuando se discute el proyecto de Ley de Presupuestos, a pesar de que se cuenta con mucha información un cúmulo de información -especialmente este año-, ella se recibe en el momento en que se inicia la discusión, lo que hace imposible evaluarla.

Ahora, será diferente. Las Comisiones de Hacienda podrán hacer un seguimiento de los ingresos y del gasto público. Por lo tanto, podrán evaluar mejor las diversas partidas, Ministerios y servicios. Estoy seguro de que las próximas discusiones de presupuestos serán radicalmente distintas, y lo más probable es que la información que se entregue, semestral o trimestralmente, permitirá evaluar y pedir información adicional. Creo que ése es el mérito.

En resumen, se reconoce y se fortalece la facultad fiscalizadora de la Cámara no sólo en forma individual, como parlamentarios, sino también como Corporación.

Además, se incorpora un concepto muy importante. En la actualidad, las empresas públicas representan alrededor del 12 por ciento del gasto público, y esa información es desagregada. De aquí en adelante se proporcionaría la información correspondiente a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras, la cual será completa respecto de los resultados de esas empresas. Ello es relevante porque podremos tener una visión global de lo que esté ocurriendo en el sector público, tanto a nivel de Ministerios como de las propias empresas.

Por último, el acuerdo tiene el mérito de que se ha logrado unanimidad en cuanto a que no basta con entregar mayor cantidad de recursos a los distintos Ministerios, especialmente en materias sociales, sino que ellos deben ir asociados a metas de eficiencia y a índices de productividad. De tal manera que estamos ligando -y me parece una buena señal para el país- los mayores gastos y recursos con una mayor productividad.

Echábamos de menos que en esta materia no se incorporaran Ministerios tan importantes como el de Salud, por ejemplo. Y mediante el acuerdo se consigne que, a partir de 1996, la cobertura de los índices de productividad podrán ser ampliados, poniéndose especial énfasis en los Ministerios sociales. Estoy seguro de que a través de la disposición correspondiente aseguraremos que los mayores recursos que estamos dando, especialmente a los Ministerios sociales, efectivamente lleguen a las personas más necesitadas.

Encuentro plenamente satisfactorio lo que se ha logrado, porque creo que, en un marco de flexibilidad presupuestaria y en el que el Ejecutivo y el Gobierno podrán ejercer la administración del Estado, se ha fortalecido la facultad fiscalizadora que le corresponde especialmente a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, me parece de la mayor trascendencia lo obrado. Con posterioridad, a raíz de esta información, podremos sacar distintas conclusiones y evaluaciones del comportamiento del sector público.

Por esa razón, encontramos enteramente satisfactorias estas disposiciones y, de haber avanzado mucho más en esta línea, lo más probable en que no hubiésemos votado en contra de la iniciativa en su primer trámite, y hubiésemos aprobado la idea de legislar.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).- 

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, es interesante analizar esta indicación. No cabe ninguna duda de que es relevante para el Parlamento poder contar con información, a través de esta vía, que le permita ir advirtiendo la forma en que se ejecuta el Presupuesto de la Nación.

Sin embargo, independientemente de las bondades que pueda tener una idea como ésta, creo que es bueno que ante el país, y ante nosotros mismos, quede constancia en la Sala de cómo, una vez más, podemos apreciar que a nuestros queridos colegas de la Oposición, inevitablemente, les pesa demasiado la conducción política que sobre ellos recae desde el Senado.

Resulta evidente que la posibilidad que ellos se negaron a aceptar, en la Cámara, como acuerdo político en la Cámara, sí fue aceptado en el Senado por un distinguido Senador que estuvo presente en esta Sala cuando se discutía el Presupuesto, para que no se arriesgara alguna debilidad en de la Derecha y, eventual mente, pudiera llegar a un acuerdo con la Concertación y conceder su voto de aprobación al Presupuesto. Y ese mismo Senador se ha encargado de informarnos anoche a través de la televisión, que él se encargó de sacarle al proyecto de Presupuestos la grasa y dejarle sólo el músculo. Y yo eso no lo advierto en las indicaciones del Senado. El Senador señor Pinera, por segunda vez, en un plazo inferior a tres semanas, nos demuestra que él puede venir a esta Sala, inhibir extrañamente a colegas de la Derecha tan inteligentes y destacados como aquellos que la representan en la Comisión de Hacienda, e impedir que por sí solos adviertan lo que es bueno o es malo en la discusión presupuestaria, en definitiva, ellos mismos pudieron haber suscrito dichas indicaciones que el Director de Presupuestos, en negociaciones que sostuvo en la Cámara, les ofreció prácticamente en los mismos términos en que el Senado las ha aprobado.

A mí me parece que eso, lejos de prestigiar a nuestra Cámara, como cámara política por esencia, la menoscaba, porque, por segunda vez consecutiva, los Diputados de la Derecha, que en su mayoría votaron aquí en forma negativa, por indicación de algunos Senadores que se hicieron presentes en la Sala, hoy van a votar favorablemente porque les han dado la autorización en el Senado.

A mí me parece que esto es vergonzoso.

Hablan varios señores Diputados a la vez

El señor SOTA (Presidente).-

¡Llamo al orden a Sus Señorías!

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, el objetivo de mi intervención no es precisamente que se pongan contentos, porque nadie puede sentirse bien con lo que estoy diciendo; pero es un hecho irrefutable que las mismas consideraciones que hubo en el Senado durante esta discusión, se las hicieron presentes a los diputados de la Derecha. Más aún, yo, personalmente, conversé con algunos dirigentes políticos, parlamentarios de la Derecha, haciéndoles saber que la señal económica que se le daba al país, al rechazar el proyecto de Ley de Presupuestos, era inconcebible, dadas las condiciones económicas que hoy caracterizan el desarrollo de nuestro país. Y hoy, entonces, una semana después, resulta que se nos trae un texto que, en general, no tiene modificaciones, y que incluye una disposición que varios de los Diputados de la Concertación reiteraron que era perfectamente aceptable para todos nosotros, porque, sin duda, nos parece pertinente, adecuado, positivo, que nuestro Congreso Nacional y, particularmente, la Cámara pueda tener algunos mecanismos adicionales que permitan fiscalizar la distribución presupuestaria. Dentro de las facultades que tenemos en atractivo poder tener un mecanismo de fiscalización adicional, pero,...

Hablan varios señores Diputados a la vez

El señor LATORRE.-

¡No sé si estarán autorizados para ello; pero a lo mejor tienen autorización!

Hablan varios señores Diputados a la vez

El señor SOTA (Presidente).-

¡Señores Diputados, por favor!

El señor LATORRE .-

Aquí queremos, simplemente, hacer notar un hecho político. No tienen por qué asumirlo como un cargo de orden personal. Es un hecho político evidente ante el país.

Si ustedes tienen argumentos...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SOTA (Presidente).-

Diputado señor Latorre, ha terminado el tiempo de su primer discurso.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LATORRE.-

Voy a continuar con el segundo.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SOTA (Presidente).-

¡Ruego a los señores Diputados guardar silencio!

¡Diputado señor Pérez, llamo la atención a Su Señoría!

El señor LONGTON.-

Pido la palabra para plantear un asunto de Reglamento.

El señor SOTA (Presidente).-

Diputado señor Latorre, le repito que se ha cumplido el tiempo de su primer discurso.

El señor LATORRE.-

Voy a iniciar mi segundo discurso, señor Presidente.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, pido a mis amigos Diputados que no interrumpan mi intervención.

El señor LONGTON.-

Reglamento, señor Presidente.

El señor SOTA (Presidente).-

Señor Diputado, reglamentariamente no puede interrumpir a un Diputado que está haciendo uso de la palabra.

Puede continuar el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, temo que mis palabras hayan provocado algunas molestias en mis colegas de la Derecha; pero no tuve la intención de ofender a nadie. Simplemente, señalé un hecho político.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SOTA (Presidente).-

¡Señor Latorre, le ruego continuar su discurso y dirigirse a la Mesa!

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, reitero lo importante que es contar con esta posibilidad. En ese sentido, la modificación merece obviamente todo nuestro respaldo. Me parece interesante -y hace bien el Diputado señor Orpis en destacarlo- que se incorpore una referencia expresa a las empresas del Estado, particularmente de aquéllas cuyo aporte de capital sea igual o superior al 50 por ciento, en el sentido de que nos entreguen información, semestralmente, para conocer su desarrollo o la situación de su balance.

Sin embargo, esta modalidad, que parece ser conveniente desde el punto de vista de la transparencia y de la fiscalización de las empresas del Estado, constituye un elemento bastante especial para el manejo de empresas que, en muchas oportunidades, a causa de la interferencia del Estado en la toma de decisiones internas, ven afectadas sus posibilidades de competitividad. Probablemente no es el caso de todas, pero sí de algunas, cuya situación hemos abordado en discusiones de Comisiones, como en la de Minería.

Respecto de Codelco, por ejemplo, nuestros propios amigos de Derecha han dicho que resulta inadmisible que esté sometida permanentemente a los avalares de la política coyuntural o de las decisiones del Gobierno de turno. Una disposición como ésta al menos puede implicar que el estudio del manejo financiero o de la gestión que se haga a cualquiera de las empresas del Estado esté afectado por criterios políticos, cargados por una sensibilidad que no es necesariamente aquella que debe guiar el análisis de esa estructura o de esos datos financieros.

La modificación me parece novedosa. No tuve participación en su redacción. A mi juicio es interesante y preocupante, al mismo tiempo, en lo que se refiere a las empresas del Estado, por las razones que he señalado.

Finalmente, reitero mi preocupación pollo que ocurre con nuestros colegas de la Derecha, tratándose de temas en los cuales tienen la personalidad suficiente como para resolver en la Cámara su posición y no esperar las indicaciones de algunos Senadores.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor García, don José.

El señor LONGTON.-

Había pedido una interrupción al honorable colega.

El señor SOTA (Presidente).-

No se la concedió, honorable señor Longton.

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente, es lamentable escuchar las opiniones vertidas por el Diputado señor Latorre, cuando todos deberíamos sentirnos contentos de que parlamentarios de Gobierno y de Oposición, junto con el Ejecutivo, hayamos sido capaces de llegar a acuerdo en un proyecto tan importante como el que nos ocupa.

Es lamentable, además, porque el señor Latorre tiene mala memoria. Quiere representarnos que un Senador de Renovación Nacional nos habría indicado cómo votar. Y eso, dentro de un partido y de un pacto, cuando las cosas se conversan, no es irracional. En cambio, sí lo es lo que ustedes, Diputados de la Democracia Cristiana, obligarán a sentarse al Diputado señor Elizalde cuando estaba votando de manera absolutamente distinta a como lo hacían sus Señorías. ¡De eso no se acuerdan! ¡Esa es la memoria que tiene el Diputado señor Latorre!

Asimismo, estimo que el Diputado señor Latorre no tiene autoridad moral para expresar lo que está diciendo.

El señor SOTA (Presidente).-

Señor Diputado le ruego dirigirse a la Mesa y evitar los diálogos.

El señor GARCÍA (don José).-

Como le consta a los parlamentarios de la Concertación y al Ejecutivo, hemos dedicado muchas horas al análisis del proyecto de la Ley de Presupuestos, y más de una sesión duró hasta las 5 ó 6 de la mañana. Por eso, lo conocemos en detalle y sabemos exacta y perfectamente cuáles son sus fortalezas y debilidades.

Lamentablemente, en forma permanente el Ejecutivo no aceptó siquiera estudiar algunas de las indicaciones que planteábamos.

Por lo tanto, la intransigencia no ha venido de nuestra parte, Hemos dado muchas muestras de colaboración. Por ejemplo, lo dije en una oportunidad anterior, votamos favorablemente dos reformas tributarias con el fin de que las autoridades dispusieran de mayores recursos para atender las necesidades sociales. Ese ha sido nuestro espíritu y ánimo, y no permito que nadie nos venga a enjuiciamos de modo tan injusto y ofensivo, en circunstancias de que hemos cooperado lealmente con el país e, incluso, con las actuales autoridades de Gobierno.

Señor Presidente, por su intermedio concedo una interrupción al honorable señor Longton.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Arturo Longton.

El señor LONGTON.-

Gracias, Diputado señor García.

Señor Presidente, el artículo 21 del Reglamento dispone: “Cualquier Diputado tiene derecho a pedir la observancia del Reglamento, para lo cual deberá citar el artículo o artículos cuya aplicación reclama o referirse a su contenido en forma explícita.

El señor Presidente, en reiteradas ocasiones ha negado la palabra al Diputado que habla en esta y en otras sesiones. No quisiera hacer uso del artículo 22 para reclamar la conducta de la Mesa, porque eso significaría censurarla. Pero, respetuosamente, le pido que la próxima vez que solicite la observancia del Reglamento, Su Señoría me conceda la palabra.

En esta oportunidad, quería referirme a la intervención del Diputado señor Latorre, porque se apartaba de la cuestión sometida a examen, de acuerdo con el N° 2 del artículo 90. El señor Presidente debió haberlo llamado al orden. En ese momento pedía la observancia del Reglamento y Su Señoría me negó la palabra. Quisiera insistir en el punto, señor Presidente, con el respeto que se merece, para evitar situaciones desagradables.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Está en su derecho, Diputado señor Longton.

Puede continuar el Diputado señor García.

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Orpis.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, escuché con mucha atención al Diputado señor Latorre y considero una falta de respeto lo que ha señalado. El Ministro y los parlamentarios que están a su lado pueden decir la verdad acerca de cómo se generó este acuerdo. No nació en el Senado ni con los votos del Senado, sino gracias a la participación directa y decisiva de Diputados y no de Senadores. El Ministro es testigo y puede contarlo detalladamente cómo surgió, las reuniones sostenidas, especialmente la que tuvimos ayer, que fue crucial.

Nadie nos ha venido a pautear, porque tenemos la independencia de juicio para hacer esto, y lamento que el Diputado señor Latorre, en aspectos tan importantes, porque se han definido los roles de los Poderes del Estado, en este minuto haya enrarecido el ambiente con una argumentación baja, sin sentido ni proyección alguna.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor García.

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente, en todas las largas sesiones de trabajo en que se discutió el proyecto de Ley de Presupuestos, nunca vi al Diputado señor Latorre. Pero eso no importa. Este no es el único proyecto que tratará el Parlamento. Vendrán otros y en muchos habrá acuerdos; en otros, diferencias.

En todo caso, actitudes como las del Diputado señor Latorre no nos van a amilanar para aprobar lo que estimemos correcto ni para rechazar, con igual firmeza, lo que consideremos incorrecto.

Esa será nuestra posición invariable, pero expresiones como las del Diputado señor Latorre o actuaciones como muchas que vimos en regiones -parlamentarios de la Concertación simplemente nos sacaron los ojos por haber votado en contra del artículo 1° de esta iniciativa-, no lograrán que cambiemos nuestra conducta permanente de oposición constructiva, leal, pero igualmente firme.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, a propósito de la disensión del artículo 25, nuevo, que se propone, quiero resallar la relevancia del acuerdo político al cual se llegó. Me parece que no tiene mucho sentido polarizar las diferencias entre nosotros, porque se ha buscado que la política económica del Gobierno -naturalmente del país, porque el Gobierno es el país- tenga el más amplio consenso posible.

Es evidente que tengo que preocuparme si hay razones que la Oposición valora de tanta gravedad como para votar en contra en general del proyecto de ley de Presupuestos, aunque no las comparta, porque en política tiene mucha relevancia cómo el otro ve la situación y no sólo cómo la ve uno. Para una sana política económica, es muy importante mantener un clima de consenso, hasta donde sea posible, dentro de nuestras legítimas diferencias.

Lo que ha estado en juego y lo logrado en el acuerdo político es ratificar un punto fundamental: para una sana política económica del país, al Ejecutivo le corresponde la administración financiera de! Estado y la iniciativa exclusiva en esas materias, incluida la Ley de Presupuestos.

Sin duda, como parlamentarios, podemos cuestionar ese planteamiento que coloca al Ejecutivo en un papel de preponderancia del Parlamento.

Pero hay entendimiento entre todos los sectores políticos, independientemente de quien sea Gobierno y quien sea Oposición, porque en el mañana puede ser distinto y decidirse que es mejor para el país, que es más sano para la economía que ei Ejecutivo tenga esta atribución de administración financiera del Estado: y en segundo lugar, que para ejercer esta administración huya flexibilidad presupuestaria, lo cual está detrás de una de las partidas más discutidas, como es la del Tesoro Público.

Como dijo el señor Ministro de Hacienda, hay un acuerdo que congela, por un período de tiempo, las normas de carácter tributario.

La política monetaria es autónoma y la conduce el Banco Central. El único instrumento que tiene el Ministro de Hacienda es la política fiscal y, dentro de ella, la política presupuestaria, y, por ende, es de extrema importancia para el sano manejo fiscal que exista flexibilidad y responsabilidad única del Ejecutivo en esta materia.

Esto es perfectamente compatible con la labor del Congreso, que es la de aprobar o rechazar estas partidas y ejercer una plena fiscalización.

El Diputado señor José García ha dicho que el Ejecutivo y la Concertación hemos sido intransigentes. Yo diría que sí. Hemos sido intransigentes en un aspecto: en defender que no haya cogobierno presupuestario, porque no corresponde. Es importante mantener el criterio de que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de la administración financiera del Estado. Por esta razón, hemos estado en contra de todas aquellas indicaciones o iniciativas que, a nuestro leal saber y entender, de alguna manera, buscaban cogobernar el presupuesto y no respetar este principio básico.

Distinto es el hecho de reconocer y promulgar que el Parlamento tiene absoluta responsabilidad en la fiscalización y que, por ende, se debe mejorar la información para que ella sea más oportuna. No tiene sentido discutir quién lo pidió primero. Naturalmente ahora ha sido un reclamo de la Oposición; pero otros años, distintos parlamentarios también hemos sugerido medidas para que haya una mejor información. De hecho, desde la recuperación de la democracia, desde el inicio del Gobierno del Presidente Aylwin, ha habido cada año un incremento en la información que se entrega, que se genera en la Dirección de Presupuestos y que está a disposición del Parlamento.

Este año el incremento de información fue sustantivo respecto de la ejecución presupuestaria por ítem de todas las partidas. Hubo críticas de que llegó el día anterior y no hubo quizás el tiempo suficiente para analizarla. Es algo que se puede resolver; pero creo que ha habido una mejora.

Por lo tanto, esta indicación recoge una propuesta que, en alguna manera, ha hecho la Oposición, pero que no es sólo de la Oposición. También ha sido planteada -quizás antes; da lo mismo, o simultáneamente en el tiempo- por un conjunto de parlamentarios de la Concertación para reglamentar la entrega de información.

Creo que es bueno que el Congreso tenga una información trimestral sobre las cuentas macroeconómicas del país y que pueda analizar cada semestre cómo se ejecuta el Tesoro Público y el presupuesto en su ítem; y al mismo tiempo, que contra esta fiscalización más informada se le entregue al Ejecutivo la flexibilidad para tomar las decisiones. Si son bien tomadas, serán felicitadas por el Congreso; si se estima que son mal tomadas, se cumplirá el rol de fiscalización y el Parlamento entrará a criticar políticamente aquellas mediadas de las cuales discrepe.

Desde esta perspectiva, me parece que el acuerdo logrado es bueno y sano. Ojalá que también mantengamos un clima de cooperación para que nuestra política económica mantenga una amplia base de apoyo en el país.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Jürgensen.

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente, estimo muy lamentable la intervención del Diputado señor Latorre, porque ensucia la discusión de uno de los proyectos de ley más importantes que debe despachar la Cámara.

El acuerdo logrado no puede satisfacer a la Oposición en un tiento por ciento. Por supuesto, hubiésemos querido ver acogidas en él muchas de nuestras proposiciones e indicaciones, porque vemos que el Estado sigue creciendo en burocracia año a año y realmente las asignaciones de recursos, en nuestra opinión, no apuntan a resolver en forma directa los problemas que preocupan. Sin embargo, vamos a votar a favor del artículo 25 nuevo que se propone.

Me gustaría destacar que gracias a la posición que mantuvimos con las indicaciones de los parlamentarios de la Oposición logramos introducir cambios que, a nuestro juicio, apuntan en la dirección correcta. El Gobierno ha asumido ciertos compromisos tendientes a facilitar el ti abajo de fiscalización que nos corresponde. Quisiéramos que se hubieran acogido más indicadores de gestión, porque tenemos entendido que solo vamos a evaluar el 12 por ciento de los gastos del año 1995.

Pero hay otro compromiso, cual es que en la Ley de Presupuestos de 1996 se incorporen indicadores de gestión de los Ministerios de Educación y de Salud. Me gustaría que fuera dicho en la Sala, ojalá por el señor Ministro de Hacienda, que existe ese compromiso para 1996, ya que a nosotros sólo nos preocupa que la mejoren.

Ese es nuestro trabajo, y por eso estamos en contra de las opiniones tan lamentables que emitió el Diputado señor Latorre y vamos a votar a favor del artículo 25.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero remarcar un hecho que, en mi opinión, pudo haber tenido funestas consecuencias.

Cuando se rechaza el proyecto de Ley de Presupuestos, la alternativa o el efecto que se produce no está claramente diseñado en nuestra Carta Fundamental; pero si se ha de sacar alguna conclusión, es que coloca al país al borde de un conflicto muy grave, porque el artículo 64 sólo se ha puesto en el evento de que el Congreso no despache el proyecto dentro del plazo de 60 días contado desde su presentación, en cuyo caso rige el que ha enviado el Presidente de la República.

Pero, ¿qué pasa si el Congreso despacha el proyecto mediante un rechazo? Esta situación es tan grave que en el siglo pasado fue la causa inmediata de la Revolución de 1891. En consecuencia, cuando se vota en esta forma se asume una actitud absolutamente irresponsable.

Esto lo ratifica el anteproyecto que preparó la Comisión sobre Estudio de Reforma Constitucional en 1980. Allí no se expresaba el despacho del proyecto, sino que “cuando el Congreso no lo aprobare”. Por tanto, no existía esta expresión un tanto ocular o cabalística, que no se sabe si es aceptación o rechazo. Por lo que yo entiendo, se pone únicamente en el caso de aprobación.

En consecuencia, esa actitud es absolutamente condenable, porque se actúa sobre la base de que existe una mayoría para aprobar el proyecto y se dan el exquisito lujo de rechazarlo.

Me preocupa el artículo 25 que se propone, porque la Ley de Presupuestos, según señaló el Tribunal Constitucional en un fallo en 1972, no es propiamente una ley, sino un cálculo estimativo de los ingresos y gastos. En consecuencia, cuando en el artículo 25 se establecen atribuciones respecto de un órgano del Estado que depende del Ministerio de Hacienda, se está colocando al Congreso en situación de abordar materias que deberían seguir todo el proceso de formación de la ley mediante este peculiar proyecto de presupuestos que no guarda las normas regulares. Porque, ¿a qué Comisión pasa? Se legisla sobre la base de una Comisión Mixta establecida en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, y de subcomisiones.

El artículo 25, que debía haber sido discutido en un proyecto ordinario, de tipo orgánico constitucional, a través del procedimiento que todos conocemos, debió haber ido, seguramente, a la Comisión de Hacienda o a la de Gobierno Interior, porque se está modificando las facultades, los deberes y las obligaciones del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuestos. Y todavía más, en su inciso final agrega a las empresas del Estado.

Hago esta observación porque no me parece adecuado que en el Congreso Nacional se salve todo el procedimiento legislativo para encarar este tipo de materias en el proyecto de presupuestos. Si esto ocurre ahora, después será respecto del personal, de las adquisiciones o de cualquier otra atribución que tenga determinado ministerio. Y eso infringe la Ley de Bases. En mi opinión, debería tener, en primer término, respecto de la Dirección de Presupuestos, quorum de ley orgánica constitucional, y en cuanto a las empresas, de ley de quorum calificado.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, me ha parecido oportuno referirme a este tema, no obstante no haber participado directamente en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos; pero he seguido con atención el proceso que se ha llevado adelante, tanto por el Gobierno como por la Oposición, Senadores y Diputados.

Lo hago porque pocas veces en estos cinco años he tenido oportunidad de escuchar argumentos más infantiles e imprudentes de aquellos que pretenden confrontar las actuaciones de los Senadores y de los Diputados, en circunstancias de que el Congreso Nacional es uno, está conformado por dos Cámaras y los partidos políticos tienen representantes en ambas.

Lo que hoy deberíamos hacer es alegrarnos de que haya existido la madurez, la capacidad y el talento para provocar un acuerdo que es bueno para el país.

Hago este alcance porque ni la Cámara de Diputados ni el Senado son un Kindergarten. Tenemos que valorar y entender que cuando se produce un acuerdo es porque las partes han hecho legítimas concesiones y simultáneamente todas son beneficiadas con él.

La Oposición, a mi juicio, ha tenido el mérito de plantear con firmeza, en forma unida, su posición, cuya finalidad apuntaba a lograr un mayor control de la gestión presupuestaria; y el Gobierno, encabezado por el señor Ministro de Hacienda junto con el Director de Presupuestos, -hecho por el cual lo aplaudimos, reconocemos y apoyamos-, ha tenido el talento de comprenderla, analizarla, estudiarla y acoger la parte que ha estimado, en conjunto con la Oposición, útil para el país.

Así se han construido innumerables acuerdos. Y en un período en que éstos tienden a debilitarse, lo que la Cámara debiera decir hoy al país como una señal es que en la natural confrontación de ideas y polémica que se genera en democracia, finalmente ha existido la capacidad de llegar a un consenso que es bueno para el país, para el Gobierno y para la Oposición.

¿Cómo no va a ser útil que luego de esta confrontación de ideas sea posible tener un informe semestral del gasto global del Presupuesto? ¿Cómo no va a ser útil que esta vez exista un informe semestral del gasto a nivel de los ítem, incluyendo el famoso ítem de la provisión para fondos compartidos de la partida Tesoro Público, que algunos han denominado el “bolsillo de payaso”, el cual, en definitiva, significa el control de esos recursos? ¿Cómo no va a ser bueno que el Ministro de Hacienda, quien tiene los dineros a su cargo, esté dispuesto a que exista esta información, cuando durante cuatro años ella no fue aprobada? Por lo tanto, punto para el Ministro de Hacienda.

¿Cómo no va a ser útil que exista información sobre el balance y estado financiero de las empresas del Estado? Para un poder del Estado al que se le entregará la información, eso debiera ser motivo de consensos, acuerdos y valoración, y no del infantilismo que significa empezar a decir que vinieron Senadores a pautear a los Diputados o que fueron Diputados a pautear a los Senadores. Desde ya, quiero decir que cada vez que un Senador venga a dar una buena idea, tendrá las puertas abiertas en la Cámara de Diputados; y ojalá que cada vez que un Diputado vaya al Senado -como ha ocurrido muchas veces- a aportar una buena idea o a corregir algún concepto equivocado de algún Senador, sea bien recibido, porque en un sistema bicameral -y ésta no es una competencia entre el “Kinder A” y el “Kinder B” -ambas partes tienen derecho a intercambiar puntos de vista. Eso es lo que hoy debiéramos rescatar como un hecho positivo, como una señal buena en un país que debe hacer un esfuerzo por mantener su economía en condiciones de desarrollo hacia el futuro.

Termino señalando que si hay un argumento que, a mi juicio, resulta profundamente equivocado, es sostener que votar en contra en un régimen democrático y dentro de las facultades reglamentarias, ocasionará una revolución. Entonces, suprimamos en el tablero electrónico la parte que dice “no” y dejemos sólo “sí” y “abstención”; asimismo, podemos suprimir la última posibilidad para que ellos crean que las revoluciones también se producen absteniéndose.

Si en nuestro régimen democrático el Reglamento de la Cámara nos permite votar “sí” o “no”, es igualmente democrático votar en un sentido o en otro, dentro de las reglas del juego que nos hemos dado. También es justo criticar a los que votan “sí” y a los que votan “no”, porque está dentro de las reglas.

Pero no tiene sentido -después de que la Oposición ha conversado legítimamente en su instancia, la Cámara de Diputados, con las autoridades de Gobierno y ha llegado al convencimiento de que en ese momento no había posibilidades de provocar un acuerdo- sostener que no debe ejercer su legítimo derecho de votar corno lo estime conveniente.

Concluyo señalando mi reconocimiento a quienes participaron en este debate: a los Diputados de Gobierno, que defendieron sus ideas, y a los de Oposición, señores José García, Harry Jürgensen, Jaime Orpis y Claudio Alvarado, porque defendieron, con talento y firmeza, las posiciones que nos representaban.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, quiero hacer un par de reflexiones, teniendo como telón de fondo el tema de la correcta interpretación del artículo 25, en relación con las facultades que tenemos como Cámara de Diputados, puesto que existe un cierto consenso entre nosotros en cuanto a que ellas son bastante reducidas.

En primer lugar, los acuerdos políticos son siempre bienvenidos, porque reflejan que los distintos partidos: posturas y visiones que existen en la sociedad son capaces de ponerse de acuerdo en determinados temas. De esa manera, le damos una buena señal al país, en este caso, respecto de un tema tan importante como es la administración financiera del Estado. Sin embargo, tengo una legítima duda en cuanto a si esos acuerdos políticos deben traducirse necesariamente en un texto legislativo.

Tenemos un acuerdo tributario, en virtud del cual despachamos un proyecto de ley que contiene otras materias no consignadas en un documento legislativo, las que, no obstante, quedan entregadas al honor de las partes, a la disposición política de quienes firmaron ese acuerdo. ¿Por qué digo esto? Formulo la siguiente pregunta a los señores Diputados: Si no estuviera el artículo 25, que traduce el acuerdo político, ¿significa que la Dirección de Presupuestos no estaría obligada a entregar la información que cualquier Diputado le pidiera individualmente? ¿Querría decir que las empresas del Estado no tendrían la obligación de enviar sus boletines, memorias, balances, si cualquier Diputado lo pidiera al Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso Nacional o en el N° 1) del artículo 48 de la Constitución?

Francamente, creo que esta disposición es redundante, inocua y está de más, porque su contenido se consigna en los artículos 8° y 9o de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en virtud de los cuales toda la Administración del Estado -no sólo el Ministerio de Hacienda- y todos sus organismos y empresas tienen la obligación de remitir la información, cualquiera sea el Diputado que la pida individualmente, en uso de las atribuciones que le otorgan la Ley Orgánica, la Constitución Política y nuestro Reglamento.

Entonces, aclaremos bien las cosas. No quiero que el día de mañana, el Ministerio de Hacienda interprete la disposición y le diga a un Diputado que pida una información precisa: “No, ahora tengo un artículo 25, en cuya virtud sólo puedo informar semestral o trimestralmente.” No podemos interpretar esta nueva norma en forma restrictiva, en menoscabo de las atribuciones que tenemos como Cámara de Diputados e individualmente como Diputados, para pedir información, no trimestral ni semestral, sino diaria, respecto de la ejecución presupuestaria del Ministro de Hacienda, del Tesoro Público o de cualquier partida.

Por lo tanto, me alegro del acuerdo político, pero, desde el punto de vista legal, me parece que el artículo 25 no avanza sino en precisar una atribución que ya teníamos en virtud de la Constitución y de nuestra Ley Orgánica.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra la honorable Diputada señora Romy Rebolledo.

La señora REBOLLEDO.-

Señor Presidente quiero destacar este acuerdo, que permite votar en forma consensuada un proyecto de ley tan importante como es el de la Ley de Presupuestos.

La estabilidad que vive el país y sus proyecciones requieren mantener una importante ventaja competitiva, que proviene no sólo de nuestra cultura de la responsabilidad, sino también de nuestra capacidad de lograr consensos en materias fundamentales para el desarrollo de la nación.

En la distribución previa, llevada a cabo en la Sala la semana anterior, Gobierno y Oposición pusimos énfasis en temas distintos. En particular, lo colocamos en la defensa de la autonomía y en la flexibilidad del Ejecutivo para el manejo presupuestario, cuestión fundamental, a mi juicio, dada la responsabilidad con que se han manejado las finan-zas del país, para seguir controlando la inflación y los equilibrios macroeconómicos. La Oposición puso mucho énfasis en la información, a la cual el Congreso tiene derecho, lo que permite, por supuesto, cumplir una función fundamental: la de fiscalización.

Estuvimos de acuerdo y planteamos, incluso a través de un proyecto de acuerdo -valga la redundancia-, la idea de institucionalizar un compromiso del Gobierno, particularmente de Hacienda, para informarnos en la mejor forma posible sobre los temas de avance presupuestario. Sin embargo, cuando se planteó la discusión -dada nuestra voluntad de dignificar el trabajo del Congreso y de reivindicar nuestra labor parlamentaria con algo relevante, como es la información-, nuestro temor era que termináramos disminuyendo las facultades del Ejecutivo en cuanto al manejo presupuestario.

Este acuerdo nos parece de extrema importancia y nos sentimos muy complacidos en él. En primer lugar, cautela la autonomía que el Ejecutivo necesita para manejar el Presupuesto, por razones de eficiencia y también de responsabilidad en el manejo económico. A la vez, sellamos un compromiso fundamental: nuestro derecho a la información, para ejercer, en esa forma, todos, Gobierno y Oposición, una facultad muy importante para el Congreso: la de fiscalizar apropiadamente el manejo presupuestario.

Entonces, este acuerdo resume de la mejor manera todas las inquietudes y demandas. Gobierno y Oposición hemos renunciado a cuestiones fundamentales en honor a algo que el país necesita: que haya consenso para avanzar con éxito en nuestro desarrollo, que es necesario mantener.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Moreira.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, entiendo por lo que está pasando el Diputado señor Latorre en esta sesión extraordinaria, porque hemos escuchado las opiniones al respecto de los Diputados señores Estévez, Latorre y de la distinguida Diputada señora Rebolledo. Es una cosa de contrastes.

¿Por qué lo digo'? Porque viene a ratificar lo que ha sostenido el Presidente del Partido Socialista, don Camilo Escalona: que se ha descendido de la Concertación a un “Combinado de Partidos”. Es decir, según él, la Concertación va a cambiar su nombre al de “Combinado”.

Hablan vanos señores Diputados a la vez.

El señor MOREIRA.-

Aquí todos han podido hablar de lo que deseaban.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SOTA (Presidente).-

Ruego a los señores Diputados guardar silencio.

Señor Moreira, le pido referirse al tema. No olvide que estamos discutiendo el artículo 25.

El señor MOREIRA.-

Entraré de lleno al tema.

Me gustaría que, así como Su Señoría me ha recordado lo que estamos debatiendo, también lo hubiera hecho con todos los parlamentarios que han intervenido con anterioridad, los cuales han dicho lo que han querido. Como parlamentario, tengo derecho a hacerlo.

Señor Presidente, el Diputado señor Latorre tiene una actitud totalmente distinta cuando se sienta en la testera como Vicepresidente. En esta Sala fui amonestado por él por una cosa mucho más pequeña de la que él ha hecho hoy en este hemiciclo. Es decir, aquí hay dos estándares.

Entiendo, -también me ha pasado- que muchas veces uno está muy nervioso y hace cosas que no debe realizar. Eso es lo que le ha pasado al Diputado señor Latorre. Pero el gran pecado cometido esta tarde...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SOTA (Presidente).-

Le ruego dirigirse a la Mesa, señor Diputado.

El señor MOREIRA.-

Sí, señor Presidente.

Entendemos al Diputado señor Latorre y vamos a perdonarlo por sus actitudes.

El señor LATORRE.-

¡Muchas gracias, colega!

El señor MOREIRA.-

Pero diré dos cosas importantes, de las cuales quiero que quede constancia de esta sesión.

No fue un gesto improvisado que haya votado en contra del proyecto de Ley de Presupuestos; no es un hecho improvisado que vaya a votar en contra todos los artículos propuestos por el Senado; no es un hecho improvisado que sólo haya votado a favor la partida del Ministerio de Defensa. Son señales, precisamente, porque los chilenos no queremos que Argentina siga ganándonos guerras desde un escritorio, y que sigamos perdiendo tanto territorio, como ha ocurrido hasta ahora. Por eso apoyé al Ministerio de Defensa, pero me niego a aprobar el Presupuesto, como un voto de castigo, de solidaridad y de protesta, porque, lamentablemente, los jubilados no tienen voz aquí. Por eso voté en contra del proyecto de ley de Presupuestos.

Si alguien aquí -con esto termino- se ha referido a los jubilados en forma burlesca, es porque los mismos que hoy dicen defender la democracia están pateándolos, puesto que, como lo manifestó el distinguido señor Ministro de Hacienda en un programa de televisión, en este proyecto de Ley de Presupuestos no hay ninguna posibilidad de arreglo para ellos.

Esta actitud constituye un atropello, porque generalmente, cuando hay presiones, el Gobierno soluciona los problemas; pero los jubilados no tienen cómo protestar. Por desgracia, cuando los Diputados que están aquí no son gobierno, olvidan a los jubilados en sus campañas políticas.

Reitero que éste es un voto de castigo y de solidaridad. Por eso, me niego terminantemente a aprobar este proyecto que va en contra de un grupo importante de chilenos.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palma, don Andrés.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, veo que de una guerra entre la Cámara de Diputados y el Senado estamos a punto de llegar a una guerra con Argentina. Espero que no terminemos en una guerra entre ambas Cámaras, y menos con Argentina.

Tanto el Diputado señor Jürgensen como el Diputado señor José García, se refirieron, hace un instante, al trámite del proyecto de Ley de Presupuestos, manifestando -con palabras casi textuales- que dicho proyecto es uno de los más importantes que debe despachar la Cámara. Precisamente, en virtud de que uno de los más importantes que debe despachar el Congreso Nacional, los parlamentarios de la Concertación nos asombramos y nos sentimos dolidos por que los Diputados de la Oposición votaron, en su momento, en contra de la idea de legislar sobre la materia.

El tema de votar o no la idea de legislar en materia presupuestaria es, de suyo, delicado. La Cámara la sometió a votación; pero ayer el Senado consideró que no correspondía votarla, porque la Constitución establece un procedimiento diferente. Por lo tanto, no la sometió a votación y dio por entendido de que debía haber Ley de Presupuestos. En ese sentido, hay visiones muy diferentes, pero sin duda dichas visiones respaldan el hecho de que constituye una actitud política grave votar en contra de la idea de legislar en este tema.

Destaco esto, porque creo que las palabras del Diputado señor Latorre no han ensuciado el debate -como lo dijo el Diputado señor Jürgensen-, sino que han puesto en el tapete de la discusión algunos problemas que hemos tenido en la tramitación de este proyecto.

Al examinar el artículo 25, nuevo, o el texto de la declaración pública suscrita en forma conjunta por parlamentarios de Gobierno, de Oposición, el Ministerio de Hacienda y el Director de Presupuestos, tiendo a creer -sé que mi interpretación no es la misma que la de los Diputados Orpis y José García- que, en lo fundamental, todos los elementos contenidos ahí estaban convenidos cuando se discutió en la Cámara el proyecto de Ley de Presupuestos.

En ese sentido, lo planteado por el Diputado señor Latorre es susceptible de ser interpretado como él lo señala, aun cuando -tal vez abordando situaciones que no son públicas- quiero plantear un par de correcciones a lo manifestado. En efecto, virtualmente tuvimos un acuerdo que corresponde a los que se estableció en la indicación y salió en la declaración pública. Pero destaco que, por alguna razón no casual, la firma del texto fidedigno que le solicité al señor Ministro lleva la firma sólo de dos Diputados: la de los señores Jaime Estévez y Jaime Orpis, quienes fueron comisionados por los parlamentarios de Gobierno y de Oposición para que redactaran el texto del acuerdo, con consulta al resto que participamos en la discusión. Hago presente el punto, ya que si no hubiese sido por la actitud del Diputado señor Orpis, en relación con la interpretación fidedigna de lo que discutimos, tal vez no hubiese habido acuerdo en el Senado, porque el Senador Piñera, a quien hizo alusión el Diputado señor Latorre, sostuvo que lo que se acordó era una materia diferente y por lo tanto, negaba el despacho, por unanimidad, del proyecto de Ley de Presupuestos en el Senado.

Destaco que han sido Diputados de Oposición, los señores García y Orpis, y de Gobierno la señora Rebolledo y los señores Arancibia y Estévez quienes participando en la discusión detallada en su momento y durante toda la tramitación del proyecto, quienes han llegado a este acuerdo en términos concretos. No ha sido el Senado el que lo logró sino los Diputados en su manera más estricta y explícita. Sin duda, hubo de parte de los Senadores de Oposición una actitud contraria al mismo.

Voy a referirme a tres cuestiones del acuerdo, que explican el porqué de nuestra preocupación.

Hace tres semanas concurrió a esta Sala el Senador Piñera. La entrevista que sostuvo con el Presidentedel Partido Renovación Nacional, motivó un cambio, incluso en el Diputado señor Bayo, quien hacía uso de la palabra para defender un proyecto, por cuanto terminó pidiendo el rechazo del mismo, generando todo un problema.

Es cierto que. Renovación Nacional ha aprobado dos reformas tributarias -lo que ha sido muy valioso-, pero hay un cambio cuando de improviso sus parlamentarios rechazan el Estatuto de Atención Primaria o se oponen en la Cámara a la idea de legislar respecto del proyecto de Ley de Presupuestos; o cuando el Senador Romero, uno de los firmantes del acuerdo tributario del año pasado, contradiciéndolo hace una presentación al Tribunal Constitucional sobre una de sus normas.

Es razonable, entonces, que uno se pregunta si esto corresponde a un cambio de actitud general -que es importante y preocupante- porque, para avances que se podrían haber logrado en la Cámara de Diputados, hay que esperar lo que ocurre en el Senado.

El acuerdo incluye un tema tratado por varios señores Diputados y, en particular, por los señores Elgueta y Huenchumilla.

Termina diciendo el acuerdo: '‘Asimismo se ha concordado entre los parlamentarios de la Concertación, del Pacto Unión por Chile y el Gobierno revisar las normas que reglamentan el despacho de la Ley de Presupuestos a fin de subsanar los vacíos que existen sobre esta materia”.

Es decir, no sólo estamos resolviendo temas de información que, como dijo la Diputada señora Rebolledo, fueron planteados antes aquí por parlamentarios de Gobierno y de Oposición.

Nos alegramos de este acuerdo, como también lo hicimos en su momento por la introducción del artículo 4o al proyecto de Ley de Presupuestos, que fija un límite al gasto, lo cual también fue un compromiso de acuerdo entre Gobierno y Oposición hace tres años. Pero quiero señalar que es muy importante este consenso entre los parlamentarios de la Concertación, Oposición y Gobierno, que permite revisar las normas que reglamentan el despacho del proyecto de Ley de Presupuestos, porque ello impedirá que en el futuro se produzcan discusiones, como las de la semana pasada, en términos de si hay o no votación general y. virtualmente, resolver las eventuales diferencias entre ambas Cámaras.

Se otorga, de esta manera, tranquilidad al país y a los actores económicos, en orden a que el despacho del proyecto de Ley de Presupuestos no significará una confrontación política o económica que perjudique los intereses del país.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sabag.

El señor SABAG.-

Estamos casi en el último trámite -espero que así sea- del despacho de este importante proyecto.

En el transcurso de estos dos meses, me tocó ser Presidente de la Tercera Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y puedo dar fe de la colaboración de los sectores de Oposición, entre ellos el Diputado señor Alvarado y la Senadora señora Olga Feliú, lo que nos permitió despachar en armonía y con mucha rapidez lo referente a los cinco Ministerios que nos correspondieron.

Ahora, celebro que se haya llegado a este acuerdo, que permite despachar el proyecto en buena forma. Por supuesto que nos habría gustado que los Diputados hubiesen aprobado la idea de legislar en la Cámara, como ocurrió en el Senado, donde la Oposición apoyó en forma amplia el proyecto. Pero entendemos que son actitudes legítimas de la Oposición, ejercidas en un momento en que no se lleva a cabo su trámite final.

Creo que el artículo 25 quizás favorece a la Comisión de Hacienda del Senado, porque la Cámara tiene facultad fiscalizadora, atribución de la cual carece la Cámara Alta. Nosotros podríamos requerir estos antecedentes en el momento en que algún parlamentario lo representara en la Sala y contara con la aprobación correspondiente.

Además, este artículo viene a suplir sendos proyectos de acuerdo presentados tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, por el Senador Bitar y por el DiputadoTuina, específicamente, tendientes a abrir una oficina que hiciera un seguimiento a la de Presupuestos.

Me parece pertinente la redacción del artículo, que establece que la información será recabada por las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras, porque somos sus miembros los que hemos estudiado en detalle cada una de las partidas del presupuesto. Incluso, cuando nuestros colegas tengan alguna duda o deseen algún antecedente, se los proporcionaremos con el mayor agrado, pues somos los más entendidos en la materia.

Me alegra haber llegado a este entendimiento. Ojalá que despachemos por la unanimidad el proyecto de Presupuestos en su último trámite. Esto es bueno para el país, no sólo para el gobierno y los partidos, ya sean de Gobierno o de Oposición. Tenemos gran responsabilidad con nuestra patria. Nos están mirando de todos lados. Nuestro Presidente ha recorrido medio inundo; ha llegado a acuerdo con la Apee; estamos a punto de ingresar al Mercosur y al Nafta. Pero es evidente que para que los capitales lleguen al país, se requiere un clima de estabilidad, de confianza. ¡Y qué mayor confianza podemos dar si no es en la Ley de Presupuestos de la Nación, en la que todos estamos ampliamente de acuerdo! Por eso celebro este artículo, pues ha permitido que, por lo menos, haya armonía en el Congreso Nacional.

Permítame, señor Presidente, hacer una última reflexión para mi estimado amigo. Diputado señor Moreira.

El señor SOTA (Presidente).-

Le ruego dirigirse a la Mesa, Su Señoría.

El señor SABAG.-

¡Cómo no, señor Presidente!

Él habla mucho de los jubilados. Entiendo que los defienda, pero quiero precisarle que no hay ningún parlamentario que no esté a favor de los jubilados. Una cosa es tratar, con buenas intenciones, de mejorarles su condición. y otra, lograrlo con responsabilidad, de acuerdo con las disponibilidades económicas del país. Quiero decirle que este Gobierno democrático ha hecho lo que no hicieron ellos cuando estuvieron gobernando: les devolvimos el 10.6 por ciento; les hemos otorgado aguinaldos que no se los daban en períodos pasados, tanto a ellos como a sus cargas familiares, y estamos tratando de ir mejorando paulatinamente sus condiciones. Todos desearíamos que ningún jubilado ganara menos del ingreso mínimo. Para eso primero debemos crear las condiciones de riqueza del país, con el objeto de afrontar el costo de ese beneficio, que esperamos darle prontamente. Estarnos batallando, ustedes y nosotros, con diversas visiones, pero con la misma finalidad: mejorar las condiciones de los más pobres de nuestra patria. Y ése es deber de todos nosotros: luchar por terminar con la injusticia, la pobreza, y las pensiones misérrimas que reciben muchos jubilados.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra e! Diputado señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, por su intermedio, sólo quiero contestar la alusión del Diputado señor García.

En efecto, durante la discusión de uno de los proyectos de ley, fui requerido por muchos de mis compañeros de bancada para votar en una posición contraria a la que sustentaba.

La diferencia. Diputado señor García, es que voté exactamente como quería. Cosa que no ocurrió...

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No, no es así!

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SOTA (Presidente).-

Señor Diputado, le ruego dirigirse a la Mesa.

El señor ELIZALDE.-

...durante el estudio del Estatuto de Atención Primaria de Salud, los Diputados que habrían manifestado una posición positiva respecto del proyecto, fueron objeto de manipulación e, inconsecuentemente, ni siquiera votaron en esa oportunidad.

Creo que hay un cambio de actitud, porque, en definitiva, algunos están dispuestos a aceptar las órdenes de partido y otros tenemos muy claras las restricciones de la Ley de Partidos Políticos y actuamos en consecuencia.

He dicho.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SOTA (Presidente).-

Finalmente, tiene la palabra el Diputado señor Ávila.

El señor ÁVILA.-

Señor Presidente, no deja de ser sorprendente que un acuerdo de tanta significación como el del artículo 25, que hoy debatimos, culmine con un conjunto de recriminaciones.

Para mí, ésta es la ocasión de destacar las bondades de la diversidad. Cuando varias opiniones concurren al tratamiento de un determinado tema, el resultado será siempre mejor que aquel que interprete a una de las partes.

Por lo tanto, el hecho de que esta tarde se hayan efectuado recriminaciones, puede ser legítimo, pero, a lo menos, podríamos calificarlas de inoportunas. Pienso que el artículo 25 fortalece el rol fiscalizador de la Cámara. En ese sentido, discrepo de lo señalado por el colega Huenchumilla, cuando califica como redundante y que estarían de más las atribuciones que aquí se consignan. El hecho de dotar de fuerza institucional a la obligación que tendrían las empresas públicas de enviar copia de sus balances es de la mayor relevancia. Con eso, nos evitamos que intenten, a partir de un determinado mes del año, ir, de alguna forma, maquillando los balances, para luego presentarlos en forma adecuada cuando las circunstancias lo exijan.

Por eso, creo que el artículo 25 recoge una aspiración que ha estado presente en cada uno de los parlamentarios, y el hecho de que ahora lo asuma la Cámara, como Corporación, me parece un paso absolutamente trascendental, del cual deberíamos felicitarnos y no descender a la crítica o a la recriminación menor.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Se ha pedido la clausura del debate.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

En votación el artículo 25, nuevo.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos: por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bayo, Bombal, Cornejo, Elizalde, Errázuriz, Estévez, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Hurtado, Jocelyn-Holt, Jürgensen, Kuschel, Latorre, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Martínez (don Rosauro), Melero, Morales, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokuriqa, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Seguel, Silva, Sota, Taladriz, Tohá, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Vega, Vilches, Villegas, Villouta, Worner y Zambrano.

Votó por la negativa el Diputado señor Moreira.

Se abstuvieron los Diputados señores Elgueta y Huenchumilla.

El señor SOTA (Presidente).-

Ahora, corresponde discutir la Partida 02, Congreso Nacional.

Propongo que las dos modificaciones del Senado se voten de inmediato, y sin debate.

Acordado.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos: por la negativa, 5 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobadas.

Se agregarán los votos de los diputados señores Pérez, don Aníbal; Estévez, Naranjo, García-Huidobro y Ulloa.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bayo, Cornejo, Elgueta, Encina, Estévez, Gajardo, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jocelyn-Holt, Jürgensen, Kuschel, Latorre, Leay, Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez (don Rosauro), Melero, Morales, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don Ramón), Pérez (don Aníbal), Rebolledo, Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Seguel, Silva, Solís, Soria, Sota, Taladriz, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Vega, Vilches, Villegas, Villouta, Wórner y Zambrano.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputado: Elizalde, Moreira, Orpis, Palma (don Andrés) y Pérez (don Víctor).

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Bombal, Coloma, Errázuriz y Prokurica.

El señor ULLOA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, sólo para manifestar que mi voto está equivocado: es favorable.

El señor SOTA (Presidente).-

Muy bien. Se corregirá, señor Diputado.

Corresponde tratar la partida 06 Ministerio de Relaciones Exteriores.

Si le parece a la Sala, se aceptará la modificación propuesta por el Senado.

No hay acuerdo.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos: por la negativa, 1 votos. No hubo abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bayo, Bombal, Cantero, Coloma, Cornejo, Chadwick, Elizalde, Encina, Errázuriz, Estévez, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jocelyn-Holt, Jürgensen, Kuschel, Latorre, Leay, Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez (don Rosauro), Melero, Morales, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), ProkurÍ9a, Rebolledo (doña Romy), Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Seguel, Silva, Solís, Soria, Sota, Taladriz, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Vega, Venegas, Vilches, Villegas, Villouta, Wórner (doña Martita) y Zambrano.

Votó por la negativa el Diputado señor Moreira.

El señor SOTA (Presidente).-

En discusión la partida 08, Ministerio de Hacienda.

¿Habría acuerdo para votar ambas modificaciones de una vez, sin discusión?

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos: por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada.

Se agregan los votos de la Diputada señora Prochelle y de los Diputados señores Longton y Taladriz.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Alvarado, Alvarez-Salamanca, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bayo, Bombal, Cantero, Coloma, Cornejo, Chadwick, Elgueta, Encina, Errázuriz, Estévez, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jocelyn-Holt, Kuschel, Latorre, Leay, Luksic, Martínez (don Rosauro), Melero, Morales, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal). Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prokuriga, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Seguel, Silva, Solís, Soria, Sota, Taladriz, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Vega, Venegas, Vilches, Villegas, Villouta, Wórner (doña Martita) y Zambrano.

Se abstuvo el Diputado señor Moreira.

El señor SOTA (Presidente).-

En discusión la partida 09, Ministerio de Educación.

A la glosa 11 se le agregan tres incisos.

Tiene la palabra el Diputado señor Taladriz.

El señor TALADRIZ.-

Señor Presidente, en la partida del Ministerio de Educación, deseo destacar el hecho de que se haya modificado el capítulo 30 de la glosa 01, letra c), con la suma de 1.271 millones de pesos, “que se destinarán para reforzar la infraestructura académica o de gestión de las universidades derivadas de las existentes al 31 de diciembre de 1980”, y agregando la frase “y de aquellas universidades regionales no beneficiadas con ingresos provenientes de la aplicación de leyes especiales.”.

Como valdiviano quiero agradecer este cambio, porque aquí entra nuestra querida Universidad Austral, que no estaba incluida cuando el proyecto se trató en la Cámara, y fue una de las razones por las cuales lo rechacé.

Gracias, señor Ministro.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ.-

Pido la palabra.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, entiendo que el honorable colega se ha referido al punto que trataremos a continuación. Sin perjuicio de ello, me parece que sus palabras son muy claras y positivas y concuerdo plenamente con él.

Por mi parte, quiero abordar el punto que figura en la página 11.

El señor SOTA (Presidente).-

Eso es lo que está en debate, señor Diputado.

El señor ESTÉVEZ.-

Encuentro absolutamente improcedente e inapropiado que en la ley de Presupuestos se pretenda decir cuántas horas una persona puede mirar un telescopio.

Hay un uso abusivo de esta legislación que lo considero completamente inadmisible, fuera de las ideas matrices. Pero no quiero extenderme, simplemente porque me parece que por una práctica que es bueno que sea respetada, la Cámara no estila declarar inadmisibles preceptos que el Senado ha declarado admisibles, aunque legalmente podríamos hacerlo.

Aunque no voy a pedir la inadmisibilidad por respetar ese trato entre ambas Cámaras, quiero, sí, dejar constancia de que, más allá del tema específico -no me quiero referir al mérito del asunto polémica sobre él- me parece que no es la Ley de Presupuestos el cuerpo legal apropiado para estar reglando las actividades de determinada Corporación ni menos señalar el número de lloras que debe mirar o no mirar por un telescopio determinada persona, por relevante que sea el problema y que a lo mejor podría amentar una ley de la República. Pero, por esta vía, se terminará desnaturalizando la Ley de Presupuestos.

Quiero dejar constancia de esto para tratar de evitar que se repita en el futuro.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jocelyn-Holt.

El señor JOCELYN-HOLT.-

Señor Presidente, en verdad, éste ha sido uno de los temas más discutidos dentro de la Comisión de Presupuestos, ya sea en la Subcomisión respectiva o en la Comisión Mixta.

Ayer el Ejecutivo decidió presentar una indicación, parte de la cual fue rechazada en el Senado, y el resto, aprobado también por unanimidad. Precisamente, la cuestión que está señalando el Diputado señor Estévez dice relación con una indicación del Ejecutivo, aprobada en la parte pertinente, por unanimidad en el Senado.

Supongo que tal como está aprobada la glosa por ambas Cámaras, tendremos oportunidad de entrar en el mérito del fondo del proyecto Gemirá en su debido momento. Eso es lo que en esta ocasión, me lleva a no cuestionar globalmente el planteamiento. Pero no es irrelevante que el Ejecutivo haya patrocinado la parte de la glosa, aceptada por unanimidad, referente a la administración del proyecto, precisamente porque se trata de una iniciativa que ha suscitado ciertos conflictos y que tiene por objeto dictar una reglamentación que dé confianza y tranquilidad a toda la comunidad científica nacional interesada en el proyecto.

Como se trata de un proyecto que Chile contribuye a financiar y que tiene algunas características especiales, creo que se merece -por lo menos se justifica absolutamente- aprobarla. porque, de otra manera, tendríamos la ironía de que constituiríamos una Comisión Mixta solamente para discutir un aspecto muy puntual respecto, no del tiempo de cómo uno observa un telescopio, sino de cómo de utiliza una inversión que ha costado 200 millones de dólares, la que ha involucrado a un consorcio de más de 6 países, para llegar justamente a beneficiar a toda una comunidad científica que desea disfrutar de ella.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, creo que aquí el Ejecutivo ha cometido un error, porque, sin duda, su indicación anterior era muy coherente. Pretendía sustituir una glosa, pero no cabe ninguna duda de que, al aprobar el Senado sólo parte de su indicación, manteniendo lo que había aprobado la Cámara de Diputados, y al adicionar estos tres incisos a la glosa, se ha llegado al absurdo de que nosotros tenemos que conocer un proyecto sobre el cual, a su vez, ya estamos legislando; porque no cabe duda de que los contenidos específicos son aquellos que deben estar en un tratado internacional, según el resto de la glosa. Por lo tanto, vamos a legislar de una manera muy absurda.

En todo caso, no quiero que el Diputado señor Jocelyn-Holt se ponga nervioso y prefiero que despachemos el proyecto tal como está.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Solicito el cuerdo de la Sala para proceder a la clausura del debate.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

En votación los tres incisos que se agregan a la glosa 11.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos: por la negativa, 2 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobados.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bayo, Cantero, Coloma, Cornejo, Chadwick, De la Maza, Elgueta, Elizalde, Encina, Errázuriz, Gajardo, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González, Gutiérrez, Harnuy, Hernández, Hurtado, Jara, Jocelyn-Holt, Kuschel, Leay, Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Martínez (don Rosauro), Melero, Morales, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Seguel, Silva, Solís, Soria, Sota, Taladriz, Tohá, Ulloa, Valenzuela, Venegas, Vilches, Villegas, Villouta y Zambrano.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados Latorre y Moreira.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Estévez, Galilea, Huenchumilla, Muñoz. Naranjo, Palma (don Andrés) y Urrutia (don Salvador).

El señor SOTA (Presidente).-

En la página 12, el Senado ha sustituido el párrafo final de la glosa 01, letra c), por el que allí se consigna.

Ofrezco la palabra.

El señor GARCÍA (don José).-

Pido la palabra.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría; después el Diputado, señor Maximiano Errázuriz.

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente, la glosa que aprobó la Cámara de Diputados tuvo su origen en una indicación del Ejecutivo, luego de que la Comisión Especial de Presupuestos aprobara un aporte extraordinario para la Universidad de Chile de 4.605 millones de pesos. Después, esta otra indicación del Ejecutivo permite que de 6 mil millones y fracción, que están en un ítem del Presupuesto para desarrollo institucional de las universidades, 1.271 millones de pesos “se destinarán para reforzar la infraestructura académica o de gestión de las universidades estatales derivadas de las existentes al 31 de diciembre de 1980”, es decir, de las 12 universidades regionales derivadas que tienen financiamiento público.

Sin embargo, ahora el Senado agrega, a esas 12 universidades, otras, como lo señaló el Diputado señor Taladriz, entre ellas, la Universidad Austral de Chile, en Valdivia.

Me parece bien que se agreguen universidades, pero obviamente eso debe ir acompañado de un aumento en los recursos, porque, o si no, lo único que estaremos haciendo es que estos pocos recursos que se destinan al desarrollo institucional de las universidades derivadas ahora se tengan que distribuir entre un mayor número de universidades.

En este sentido, solicito que, dado que la glosa dice: “Por aplicación de este mecanismo, a lo menos $ 1.271.846 miles se destinarán para reforzar la infraestructura académica o de gestión”, que realmente esto sea lo menos, y que estos recursos para estas universidades, se puedan incrementar, porque la Universidad de Chile no sólo va a tener derecho a estos 4.605 millones que se le están destinando en forma exclusiva, sino que, además, también participará de la otra parte importante de este fondo de desarrollo institucional. Se origina claramente una discriminación, que, además, la estimo injusta respecto de las universidades de regiones, que están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante, por tener proyectos de desarrollo institucional, sin contar para ello apoyo suficiente del Estado que, efectivamente, permita realizar una mejor actividad académica y mayor investigación, fundamentalmente aplicada a las potencialidades de desarrollo de cada una de las regiones del país.

Señor Presidente, votaré afirmativamente, pero quiero hacerlo con esta reserva. Ojalá el señor Ministro pudiera acoger favorablemente el planteamiento de que cuando la glosa dice: “a lo menos”, ese mínimo se cumpla y existan mayores recursos para las universidades regionales.

He dicho.

Aplausos.

El señor SOTA (Presidente).-

Ruego a las personas que se encuentran en las tribunas guardar silencio.

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, el miércoles recién pasado, cuando en su primer trámite tratamos el proyecto de Ley de presupuestos de la Nación, expresé respecto del ítem del Presupuesto del Ministerio de Educación el avance que significaba la modernización de la educación de adultos para el año 1995, como también la profunda reforma en todo lo que es enseñanza media en el país.

Manifesté que eso estaba en función de los grandes objetivos del Gobierno, en orden a mejorar la calidad y la equidad de la educación.

Di a conocer que en el caso de la educación media, ello iba a significar un cambio de planes y programas, y naturalmente, modificaciones, desde el punto de vista curricular. Pero también expresé en esa ocasión -hace siete días- mi profunda preocupación porque el presupuesto de la educación superior para 1995 no estaba en razón ni en función de las expectativas que se plantearon por parte del Supremo Gobierno, en especial del anterior Ministro de Educación.

El Consejo de Rectores nombró una comisión del más alto nivel, tanto académico como profesional, la cual les entregó un trabajo con lujos de detalles al Supremo Gobierno y a los Ministros de Educación y de Hacienda, acerca de lo que pensaba tanto en lo que respecta a una proyección real como a que cerebros privilegiados, pero con escasos recursos, tuvieran opción para ingresar a las universidades chilenas.

Por esto voy a aprobar esta glosa; pero quiero reiterar y solicitar -aprovechando la presencia del Ministro de Hacienda y del Director de Presupuestos- que en unos días más se constituya una comisión tripartita, conformada por representantes de los Ministerios de Educación y de Hacienda, y del Consejo de Rectores, para ver en qué forma continúan estos estudios, esperando que para 1996 haya un incremento real y efectivo del financiamiento del presupuesto de educación superior.

Expreso esto porque así como hemos visto avances en los otros niveles de enseñanza, nos queda pendiente la educación superior, ya que en esa forma está siendo posible el término de la pobreza en este país.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Maximiano Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente, quiero anticipar que voy a votar favorablemente esta glosa. Sin embargo, para los efectos de la historia de la ley y como profesor universitario me preocupa esta situación, porque mientras la Universidad de Chile recibirá 4.605 millones de pesos, todas las demás universidades se reparten 1.271 millones de pesos.

Si pensamos que las universidades derivadas de las existentes al 31 de diciembre de 1980 son 12 las universidades regionales no beneficiadas con ingresos provenientes de la aplicación de leyes especiales son 6 ó 7, y si entre ellas se van a repartir 1.271 millones de pesos, les va a corresponder una cantidad muy exigua a cada una. No discuto que la Universidad de Chile es una gran universidad. Lamento lo declarado por su Rector hace algunos días, cuando señaló que había una especie de persecución hacia esa casa de estudios superiores, refiriéndose, quizás, a fundadas denuncias que había hecho el Diputadodon Carlos Bombal respecto de su administración. Sin embargo, hay otras instituciones de educación superior, como la Universidad Austral de Valdivia, a la que, por convenios con distintas universidades del mundo, concurren a perfeccionarse distinguidos profesores universidades de todo el mundo. Ahora ocurre que dicha institución, por ese mecanismo, sólo recibirá alrededor de 150 ó 160 millones de pesos.

Quiero dar a conocer esta realidad para que en el Presupuesto del próximo año se considere una situación distinta de la señalada, y que en la primera parte de este artículo, cuando dice: “Por aplicación de este mecanismo se destinarán a lo menos, $ 1.271.000. miles...”, ojalá esa cantidad pueda verse incrementada, especialmente respecto de las universidades regionales no beneficiadas con ingresos provenientes de la aplicación de leyes especiales.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para proceder al cierre del debate y luego a la votación inmediata.

Acordado.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos: por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-