Santiago, 11 de Marzo de 1990.

MODIFICA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

H. CAMARA DE DIPUTADOS:

Durante la discusión del Proyecto de Ley General de Pesca y Acuicultura hicimos reiteradamente presente al Gobierno anterior la inconveniencia de proceder precipitadamente a su aprobación. No obstante lo anterior, se dictó la Ley Nº 18.892 publicada con fecha 23 de diciembre de 1989, la que dispone que, a excepción de su artículo 126 permanente y de algunos de sus artículos transitorios, entrará en vigencia el día 1º de abril próximo.

Con posterioridad a la dictación de esa ley se ha hecho más intensa la conveniencia de revisar algunas de sus disposiciones que, como se explica más adelante, constituyen un serio riesgo para la estabilidad y crecimiento del sector. Como no es propósito del Gobierno proceder a la derogación de la citada ley sino sólo corregir los errores de que adolece, es que el proyecto de ley que sometemos a vuestra consideración pospone en 180 días su entrada en vigencia, para, en el intertanto, podamos estudiar detenidamente otro proyecto de ley que la modifique.

A continuación reseño los principales fundamentos que me inspiran para pedir la postergación de la vigencia de la Ley General de Pesca y Acuicultura:

1.- La ley no contempla suplementos presupuestarios para que el sector público pesquero afronte el incremento de gastos que exige la mayor dotación de medios humanos y materiales indispensables para cumplir las nuevas funciones que se le asignan; el que estima en $ 800 millones de pesos sobre el presupuesto asignado al Servicio Nacional de Pesca que es 435 millones;

2.- Al no existir mecanismo legal alguno que, en resguardo del interés público, permita cautelar el acceso a las pesquerías que en el corto plazo sea menester declarar sujetas al régimen de plena explotación, un número ilimitado de interesados se apresta a inscribirse para desarrollar actividades pesqueras en ellas tan pronto entre en vigencia la ley, esto es el próximo 1° de Abril. Para evitar esta situación se requiere que entre en funciones el Consejo Nacional de Pesca, lo que tardará en ocurrir atendidos los plazos y condiciones que la propia ley establece.

El sistema de registro automático que contempla la ley priva a la autoridad del ejercicio de toda facultad discrecional y conduce a una sobreinversión la que tiene como consecuencia la sobreexplotación de los recursos sin que pueda ejercerse el control adecuado por parte del Estado para evitar el daño consecuencial, cuya reparación será difícil y de alto costo social.

3.- De la misma manera, se prevé la virtual paralización de las nuevas actividades de acuicultura, a contar del 1º de abril de 1990, ya que el artículo 62 de la ley exige para el otorgamiento de concesiones la existencia previa de un plano regulador que establezca las áreas susceptibles de ser asignadas en concesión, el que no existe y para cuya formulación requiere del consenso de diversas autoridades y de acuciosos estudios.

4.- El artículo 120 del articulado permanente de la ley, en relación con lo dispuesto en su artículo 8° transitorio, tiene por resultado la inminente declaración de caducidad de las matrículas, al 1° de abril de 1990 de un número significativo de embarcaciones pesqueras las que no podrán continuar desarrollando sus actividades, mientras no se ajusten a lo dispuesto en el artículo 11 modificado de la Ley de Navegación Nº 2.222 de 1978, y

5.- El procedimiento que establece la ley presupone el funcionamiento del Consejo Nacional de Pesca para el próximo día 1° de abril, el que debe pronunciarse mediante informes, los que son indispensables para las medidas de manejo que revelan la concreción del espíritu del legislador en lo referente a la política pesquera implícita en la ley. Pero es la misma ley que establece un procedimiento que contempla plazos y condiciones que no pueden cumplirse en el corto plazo, lo que se traduce en la inoperancia del Consejo. En efecto, supedita su funcionamiento a la dictación de un reglamento, que tampoco existe, y cuya formulación requiere de un tiempo prudencial que excede el lapso que media entre la presente fecha y el primero de abril próximo.

Los armadores pesqueros industriales y artesanales, así como los acuicultores deben previamente inscribirse en un Registro de organizaciones gremiales -que tampoco existe y sus respectivos directorios deben elegir a sus representantes en el Consejo 60 días antes de que asuman sus funciones.

El texto del proyecto de Ley que se somete a vuestra consideración consta de 5 artículos, que expresan lo siguiente:

ARTICULO 1º

La modificación del art. 126 tiene por objeto postergar por 180 días la entrada en vigencia de la ley. Se estima que dicho lapso es suficiente para que el Congreso Nacional considere las modificaciones a la actual ley y el Estado prepare el aparato sectorial para aplicarla.

ARTICULO 2°

La incorporación del inciso final al artículo 1º transitorio tiene por objeto facultar a la autoridad para que establezca el régimen de administración de pesquerías en plena explotación, para las especies y en las áreas que lo ameriten, durante el lapso que media entre la fecha de publicación de la ley y la de su entrada en vigencia, con el propósito de cautelar mediante la regulación oportuna y pertinente, los recursos hidrobiológicos del patrimonio nacional.

ARTICULO 3º

La modificación al artículo 6 transitorio tiene por objeto limitar la suspensión del ingreso de nuevas solicitudes sólo a aquellas que digan relación con las pesquerías en plena explotación. Esto con el objeto de impedir que se produzca una paralización del crecimiento del sector, al suspender el ingreso de toda nueva solicitud para realizar actividades pesqueras extractivas.

ARTICULO 4º

La modificación propuesta para el artículo 8 transitorio tiene por objeto dar el mismo trato a las naves construidas en astilleros chilenos y a las importadas, en ambos casos con financiamiento de aporte de capitales extranjeros, hechos en virtud de la misma normativa que se tuvo en vista para eximir del cumplimiento del artículo 120 de la ley, a las naves aportadas en especies al amparo del D.L. 600.

ARTICULO 5°

El artículo 120 permanente y el 8a transitorio entrarán en vigencia como estaba proyectado, el 1º de abril de 1990, asegurando de esta manera que las naves pesqueras cumplan con la Ley de Navegación, con la sola excepción de las naves adquiridas en virtud de contratos de inversión extranjera celebrados en conformidad con el D.L. 600, el acuerdo se indica en el artículo 8 transitorio modificado en este mismo cuerpo legal.

Como la Ley Miscelánea Nº 18.899 del 30 de diciembre de 1989 en su artículo 95 modificó el artículo 121 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, estableciendo que dicha modificación regirá desde el 1º de julio de 1990 y esta fecha cae dentro del plazo de la extensión solicitado en este proyecto de modificación, se establece que a pesar de ello se mantiene la entrada en vigencia de este artículo, que limita la operación de buques factoría al Sur del paralelo 47 L.S.

En virtud de los antecedentes expuestos someto a la aprobación del Congreso Nacional, con el trámite de urgencia con calificación de discusión inmediata, de acuerdo al artículo 26 de la ley Nº 18.918, el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.-: Modifícase el artículo 126 de la ley Nº 18.892 de 1989, en el sentido de sustituir la palabra "abril" por "octubre".

Artículo 2º.- Agréguese al artículo 1º transitorio de la ley Nº 18.892 de 1989 el siguiente inciso final: "Facúltase al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que mediante decreto supremo, previo informe técnico de la Subsecretaría de Pesca, pueda declarar pesquerías en estado de plena explotación, en el plazo que media entre la fecha de publicación de la Ley General de Pesca y

Acuicultura y la de su entrada en vigencia".

Artículo 3º.- Modifícase el artículo 6º transitorio de la ley Nº 18.892 de 1989 en el sentido de intercalar entre las palabras "extractivas" y "a la Subsecretaría" la frase "de las pesquerías en plena explotación,".

Artículo 4º.- Modifícase el artículo 8º transitorio de la ley Nº18.892 de 1989, en el sentido de intercalar entre las palabras "naves" y "en virtud" las palabras "adquiridas", en sustitución de las palabras "ingresadas al país".

Artículo 5º.- Establécese que, no obstante lo dispuesto en el artículo 1º, el artículo 120 y 8 transitorio de la ley 18.892, de 1989, entran en vigencia el día 1º de abril de 1990 y el artículo 95 de la ley Nº 18.899, de 30 de diciembre de 1989 lo hará a contar del 1º de Julio de 1990, al igual que el artículo 121 de la ley Nº 18.892.

(Fdo.) PATRICIO AYLWIN AZOCAR, Presidente de la República.- CARLOS OMINAMI PASCUAL, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción".

?El Proyecto en este trámite constitucional fue eximido de Comisión Legislativa de Economía, Fomento y Desarrollo.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. PROYECTO DE LEY QUE PRORROGA SU ENTRADA EN VIGENCIA

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- 

Corresponde tratar el proyecto de ley, originado en un mensaje del Presidente de la República y con urgencia calificada de "discusión inmediata", que introduce modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, N° 18.892.

Antes de pedir el asentimiento de la Sala para obviar el trámite de Comisiones, los Comités Parlamentarios y el propio señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, han hecho presente la conveniencia de efectuar la discusión general y particular ahora.

Según sea el resultado de esa discusión, la Mesa ponderará la necesidad de solicitar o no el obviar el trámite de Comisiones.

Ofrezco la palabra al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.

El señor OMINAMI (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).-

Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero sumarme a las palabras que expresó hace un momento el Ministro del Interior señor Krauss en nombre del Presidente de la República. Creo que, en democracia y con amplia participación de toda la gente, podremos tomar, en conjunto, las mejores decisiones para el país. No cabe duda de que, en este proceso, el Parlamento, por excelencia, es el principal canalizador de la participación ciudadana.

Entrando en materia, creo que, no obstante lo simple del proyecto de ley que estamos sometiendo a consideración de la Honorable Cámara, resulta fundamental hacer una presentación un poco más explícita. Primero, la visión del Gobierno respecto de la situación del sector pesquero; segundo, las principales críticas que nos merece la ley N° 18.892, aprobada el 23 de diciembre del año recién pasado; y, por último, adelantar también las principales orientaciones que animan la propuesta definitiva de reforma de la Ley de Pesca que será enviada por el Gobierno. Respecto de este punto, me parece importante expresar nuestra voluntad de presentar, en el curso de la legislatura extraordinaria, un proyecto de ley, con pretensión de definitivo, para la normativa que deberá regir al sector pesquero nacional.

En relación con el primer punto -el diagnóstico de la situación actual- creo del caso caracterizar al sector pesquero como una actividad productiva que enfrenta una situación contradictoria. Contradictoria, ¿en qué términos? Por una parte, se trata de un sector que, desde el punto de vista productivo, ha tenido un desenvolvimiento extraordinario durante los últimos años. Representa actualmente una actividad que genera en forma directa más de 100 mil empleos; que genera, en términos de divisas, cerca de 850 millones de dólares, y que representa, desde el punto de vista de la actividad mundial, para nuestro país, algo así como el 6% del total mundial de la actividad pesquera. Somos, en consecuencia, un país que ha logrado configurarse como un competidor importante en los mercados internacionales.

Junto a estos elementos, que hacen del sector pesquero una actividad extraordinariamente relevante para el desarrollo futuro del país, es del caso considerar las dificultades que éste hoy día presenta.

La primera es el hecho de que las principales pesquerías comerciales están fuertemente explotadas. Es el caso de la sardina, en el norte; del jurel, en la zona central, y de la merluza, en la zona sur. Existe, producto de esta situación, un riesgo inminente -¿por qué no decirlo?- de colapso de estas especies si no somos capaces de aplicar criterios adecuados de explotación y racionalización de estos recursos.

Por otra parte, existen algunas especies que, producto de la sobreexplotación, han llegado a un estado de colapso. Es el caso del langostino, del loco, de la centolla, que están prácticamente en crisis.

Además, es importante señalar que la estructura del sector público es absolutamente inadecuada para cumplir mínimamente con la función de regulación del sector.

A título de ejemplo, cabe indicar que el Servicio Nacional de Pesca, que es la institución llamada a fiscalizar las actividades del sector pesquero, adolece de grave falta de presupuesto. Un solo ejemplo: se da el contrasentido de que dispone de una sola embarcación, la que actualmente está transferida al Instituto de Fomento Pesquero. Es fácil comprender la dificultad que tiene este Servicio al no disponer de ninguna embarcación para cumplir mínimamente con la función fiscalizadora que la ley le otorga.

De la misma manera, además, quiero apuntar otro aspecto, a mi juicio, grave: el escaso presupuesto con que cuentan las actividades de investigación del sector pesquero.

De acuerdo con las informaciones que poseemos, nuestro país no está destinando una cifra superior a los 3 millones de dólares por concepto de investigación en el sector pesquero, lo que representa un porcentaje, ¡no superior al 0,3% del valor total de las exportaciones!

Esto ha hecho que, no obstante ser Chile una potencia pesquera que se afirma en los mercados internacionales, no tiene suficiente conocimiento de las realidades de sus recursos, producto de estas deficiencias en materia de desarrollo tecnológico.

Por último, cabe señalar que, desde el punto de vista jurídico, este sector ha operado con una normativa absolutamente anticuada, ya que la ley que ha regido el desarrollo de la actividad pesquera data de 1931.

El tema sobre el cual discutiremos en esta oportunidad, radica en que no es buena la solución que se buscó a esta obsolescencia jurídica a través de la dictación de la ley N° 18.892.

¿Cuáles son las críticas que, desde nuestro punto de vista, merece este cuerpo legal?

En un sentido general, nos parece, que se trata de una ley extraordinariamente engorrosa, pues comprende 126 artículos permanentes y 10 transitorios. Se incorporó en esta ley un conjunto de elementos que deberían más bien ser materia de decreto o reglamento, pero en ningún caso se debió elevarlos a la categoría de ley de la República.

Nos parece una normativa extraordinariamente rígida, toda vez que no da opción a administrar los recursos pesqueros. Aplica como único sistema una cuota individual de captura permisible para todas las pesqueras declaradas en plena explotación. Dado el hecho de que no todas las pesqueras tienen las mismas características, es muy difícil poder establecer un solo sistema para regular situaciones que son, por naturaleza, diferentes.

En seguida, nos parece una ley, en definitiva, inaplicable, puesto que se requiere de un gigantesco aparato estatal y de una gran cantidad de funcionarios para cumplir con las normas que ella misma establece.

Concretamente, por la información de que actualmente se dispone, estamos convencidos de que no es posible asignar con equidad las cuotas individuales iniciales para todas las pesquerías. Este es un hecho de extraordinaria gravedad.

Además de estas críticas de tipo general a la Ley de Pesca, me parece importante hacer presentes los riesgos que, desde otro punto de vista, implicaría la eventual entrada en vigencia de la ley en la fecha que ella establece, es decir, el 1° de abril.

En primer lugar, el régimen de libre acceso que se configura con la implantación de los registros automáticos, generaría un alto riesgo de sobreinversión y de sobreexplotación de los recursos, con insospechadas consecuencias para el futuro del sector.

En segundo lugar, el régimen de cuotas individuales de captura generaría automáticamente una situación irreversible, muy difícil de manejar por la autoridad.

En tercer lugar, por los argumentos que ya hemos adelantado, el Estado se encuentra lejos de poder asegurar la "administración" de esta ley a partir del l2 de abril, por la fálta de reglamentos, por la falta de un diseño del sistema de control y por la falta de personal y de medios materiales de que adolece el Servicio Nacional de Pesca, como señalé al comienzo de mi exposición.

Todo esto configuraría -de no ser posible evitar la entrada en vigencia de la ley- una situación bastante caótica en el sector pesquero.

Ante la situación planteada, el día 11 de marzo, presentamos un proyecto que constaba de cinco artículos y cuyos objetivos eran, básicamente, dos: por un lado, lograr la prórroga de la inminente entrada en vigencia de la ley y, por otro, dotar a la autoridad de medios legales para evitar el agravamiento de la situación durante el lapso de discusión y despacho de la normativa de carácter permanente. Ahora bien, no obstante los fundados planteamientos en que se basa dicho proyecto, hoy día proponemos desglosar de él, y aprobarlo, su artículo l2, el cual tiene por objeto, simplemente, reemplazar "abril" por "octubre". Así, el Congreso Nacional podría disponer de 180 días para discutir la modificación definitiva.

Las razones que nos movieron a proponer este desglose son muy obvias. Se trata, sencillamente, de impedir que la iniciativa global tropiece, durante su tramitación, por la aclaración o discusión de alguno de los artículos del 22 al 5a inclusive. Sería extraordinariamente grave para el país que, como consecuencia de tropiezos legislativos, no se pudiera aprobar la prórroga de la entrada en vigencia de la ley antes de la próxima semana.

Esta proposición también ha sido el resultado de un proceso de consultas bastante intenso que hemos realizado con las diversas bancadas parlamentarias. Los congresales consultados nos han hecho presente que el hecho de concentrarse en el análisis de un proyecto de artículo único simplificaría el debate y garantizaría el resultado.

Planteadas así las cosas, quisiera terminar exponiendo las que nos parece que deberían ser las orientaciones básicas de la normativa definitiva sobre esta materia. Como ya lo dije, estamos comprometidos en acelerar al máximo el trabajo en este campo, de manera que, antes de que termine la legislatura extraordinaria, el Parlamento pueda comenzar a discutir un conjunto de disposiciones tendientes a modificar, en sentido conveniente, la Ley de Pesca, cuya entrada en vigencia estamos solicitando prorrogar.

Los objetivos generales que nos proponemos cumplir con la normativa permanente son los siguientes:

En primer lugar, se busca simplificar la ley, manteniendo en su texto sólo aquellas materias que revistan la calidad de tal, de modo que las otras, que necesariamente requieren de mayor flexibilidad, puedan ser objeto de decretos, de reglamentos o de resoluciones. Desde el punto de vista legislativo, sería extraordinariamente inadecuado que, cada vez que fuese necesario introducir modificaciones o regulaciones mínimas en la Ley, tuviéramos que ocupar el tiempo del Parlamento en la discusión de la respectiva iniciativa legal.

En segundo lugar, nos parece fundamental flexibilizar la ley, a fin de disponer de más de una alternativa de administración de los recursos, atendiendo a la naturaleza diferente de las distintas pesquerías.

En tercer lugar, consideramos esencial contar con un texto legal que sea efectivamente aplicable, porque el actual, que contiene un conjunto de normas que no corresponde en nada a la situación del sector pesquero, puede llevar a que la ley sea, simplemente, letra muerta.

Aparte de estos criterios generales, quisiera, muy sucintamente, indicar otros específicos que proponemos en nuestra propuesta de modificación definitiva.

En primer lugar, establecer un régimen de libre acceso para los recursos insuficientemente explotados, libre acceso, naturalmente, sujeto a un régimen de autorizaciones, para evitar los peligros de la sobreinversión y de la sobreexplotación.

En segundo lugar, fijar un acceso controlado para los recursos declarados en plena explotación. Somos partidarios de un régimen de asignaciones individuales para desarrollar unidades de esfuerzo o capturar una cuota determinada, según sea más adecuado, atendiendo a la naturaleza de cada una de las pesquerías.

En tercer lugar, pensamos que la determinación de las cuotas debe hacerse buscando una justa compatibilización entre criterios históricos y criterios de mercado, a lo menos, para los excedentes y los permisos transables. Creemos fundamental establecer una normativa armónica, que permita la existencia de posibilidades de acceso al sector a los nuevos agentes que tengan intención de participar en el desarrollo de la actividad pesquera, manteniendo la necesaria estabilidad que requieren las actuales empresas pesqueras para continuar operando con éxito en esta actividad de tanta trascendencia para el desarrollo de la economía nacional.

En cuarto lugar, nos parece fundamental generar condiciones para que la autoridad opere en este campo con mucha transparencia y ecuanimidad. Desde este punto de vista, una modificación importante que proponemos introducir en la Ley de Pesca dice relación con la creación de un Consejo Nacional de Pesca que sea simplemente representativo de los distintos sectores que participan en esta actividad.

En quinto lugar, estimamos importante que la normativa definitiva reconozca la situación particular que enfrentan los pescadores artesanales, especialmente en todo lo relativo al establecimiento de una zona de reserva exclusiva de cinco millas.

En conclusión, luego de esta exposición extremadamente telegráfica que he tratado de hacer, pido aprobar este proyecto de ley de artículo único, con el objeto de evitar la entrada en vigencia de una ley rechazada por la mayoría de los sectores que participan en la actividad pesquera, por los efectos extraordinariamente negativos que tendría su aplicación. El Gobierno, por su parte, considera muy importante que, mediante la aprobación de este proyecto de ley, el Parlamento recupere la posibilidad de discutir a fondo un tema de tanta trascendencia para nuestro desarrollo económico. Para nosotros, sería de la mayor importancia que, en este caso, se procediera sin ningún tipo de dilación, porque tenemos sobre nuestras cabezas la espada de Damocles que constituye la fecha -el 1° de abril- en que entra en vigencia la Ley de Pesca, promulgada el 23 de diciembre de 1989.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Antes de ofrecer la palabra, hago presente que, de acuerdo con el Reglamento y por tratarse de un proyecto de aprobación inmediata, los señores Diputados pueden hacer uso de la palabra hasta por diez minutos.

Tiene la palabra el Diputado señor Faulbaum .

El señor FAULBAUM.-

Señor Presidente, Honorables Diputados:

La bancada del Comité Radical me ha encomendado la tarea de dar a conocer algunas de las observaciones que nos merece este proyecto, dado mi contacto -derivado de mi profesión- con la actividad pesquera. En vista de la brevedad del tiempo, tendré que sintetizar nuestro pensamiento.

En primer términos, debo enfatizar que la información existente sobre los "stocks" de peces a nivel nacional es realmente insuficiente. Considero que es previo y de suma urgencia en este caso, antes de echar a andar una ley de esta naturaleza, conocer la cantidad, calidad y demás antecedentes acerca de los recursos que hay en nuestros mares. Seguidamente, cabría preguntarse si existen algunas metodologías para determinar cuotas anuales de pesca o de captura. Reconociendo que podrían existir tales metodologías, la verdad es que todavía no están suficientemente afinadas, de acuerdo con los criterios técnicos que imperan hoy día. En consecuencia, sería necesario fijar una metodología para evaluar la magnitud de las especies.

En segundo lugar, para el buen desarrollo de la pesquería, es preciso prever hasta dónde se va a llegar en su explotación. En esta ley sólo se entra a analizar el desarrollo de la pesquería cuando se ha llegado a su plena explotación, y de ahí, como dije, considerando los aspectos técnicos, hay solamente un paso para la sobreexplotación y el, colapso de la pesquería. En general, se considera tardío ejercer el control cuando la pesquería se encuentra en plena explotación. El sistema de registro automático en una pesquería de libre acceso limita al Estado de toda facultad discrecional que le permita controlar el esfuerzo a que estará sujeta esa pesquería. Y como consecuencia de ello, sobreviene la sobredimensión de la flota o, en términos técnicos, la sobreinversión y, además, la sobreexplotación de los recursos y posiblemente también el colapso de la pesquería. Pero, ¿qué pasaría si lográramos fijar una cuota anual de captura? Tendríamos tres alternativas.

La primera, que la cuota sea proporcional a la cantidad de esfuerzo que se ejerce sobre la pesquería. Hablando en otros términos, aunque no sean los más exactos, que la cuota sea proporcional al esfuerzo que afecta a la pesquería. En ese caso, no habría mayor problema.

La segunda, que la cuota sea superior al esfuerzo. Aquí, entonces, la ley establece que el superávit de cuota puede ser entregado por la vía de la licitación de permisos. Hasta ahí vamos bien.

Sin embargo, existe una tercera alternativa: que la cuota que se determine resulte inferior al esfuerzo, generándose un déficit de cuotas para la cantidad de barcos, de botes o de lanchas que estén operando en la pesquería. Consecuencialmente, habría un excedente del esfuerzo y habría que redistribuir esa flota.

Honorables Diputados, les quiero poner un ejemplo. ¿Qué sucedería en el caso de la provincia de Chiloé, a la cual represento, en donde hay una pesquería que todos conocemos -la del loco- y en donde hay aproximadamente seis mil o siete mil pescadores artesanales que ingresan a la pesquería, si se limitara el acceso y, al mismo tiempo, se fijara una cuota de pesca limitada a una cantidad menor o igual a la mitad de esos pescadores que hoy están ingresando, o que hasta ayer estuvieron ingresando a la pesquería? Habría más o menos cuatro mil pescadores artesanales que deberían redistribuirse entre otras pesquerías, generándose un problema social bastante complejo, cuestión que la ley no prevé.

El Título II se refiere a la administración de las pesquerías, y el Párrafo 1° a las facultades de conservación de los recursos hidrobiológicos.

El artículo 3°, letra a), dispone la veda o la prohibición extractiva por especie y área. Es así como se establece que las vedas no podrán exceder de los 125 días. La pregunta es, ¿con qué criterio se ha fijado este período? A nuestro juicio, aquí solamente ha primado la arbitrariedad, por cuanto a gran parte de los recursos pesqueros que hoy están siendo explotados no se les conoce su ciclo de vida. En consecuencia, no sabemos cuánto dura la etapa de reproducción, que pretendemos cautelar por la vía de la veda o de la prohibición extractiva.

Pero aquí hay una cosa curiosa. Se habla de que, en las siembras de crustáceos, es decir de jaibas o cangrejos, se establecería una protección para las hembras solamente. Cuando hablamos de recursos naturales, de recursos pesqueros o de recursos vivos, nos referimos a poblaciones y no a individuos; no hablamos de personas racionales, como sería en el caso de nosotros. Aquí la población se comporta de acuerdo con características determinadas. Por ejemplo, si se disminuye la cantidad de machos de la población, ¿qué sucedería si se echa a andar esta clase de sistema? Perdónenme, sobre todo las damas.

-Risas en la Sala.

El señor FAULBAUM.-

Sucedería que, por más machos que sean los crustáceos, si no los hay en suficiente cantidad, no podrían fecundar a la cantidad de hembras que hubiera en la población; por lo tanto, se produciría un desequilibrio en la población y, en consecuencia, una disminución importante de ella. Este asunto es de trascendental importancia.

Además, el mismo Párrafo, en el artículo 5°, establece que, en el evento de fenómenos oceanográficos, como, por ejemplo, "la corriente del Niño", las pesquerías podrán cerrarse sólo por cincuenta días, y que en el mismo año sólo podrá prorrogarse esta medida en pesquerías sujetas al régimen de libertad de pesca. Voy a poner un ejemplo ilustrativo. En el Perú, en 1972, en tres o cinco meses más o menos, la anchoveta colapso debido a la "corriente del Niño". Me refiero a la pesquería pelágica más grande que ha existido en el mundo. De manera que este criterio de contar con cincuenta días para cerrar una pesquería, en el caso de fenómenos oceanográficos, también constituye una arbitrariedad, como, asimismo, lo es el que pueda prorrogarse esta medida solamente en aquellos casos de régimen de libertad de pesca, porque, evidentemente, "la corriente del Niño" no va a discriminar acerca de si se trata de una pesquería con libertad de acceso o de una en plena explotación.

En el Título IV, referido a la pesca artesanal, el Párrafo 1° señala el "Régimen de acceso y atribuciones para la conservación de los recursos hidrobiológicos", y el artículo 29 establece que, con el propósito de preservar los recursos hidrobiológicos costeros, se reserva a la pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas, medidas desde las líneas de base, normales o rectas, a partir del límite norte de la República y hasta el paralelo 43, es decir, más o menos al sur de la Isla de Chiloé y alrededor de la islas oceánicas.

Con el mismo propósito, para la pesca artesanal se reservan las aguas interiores del país.

El párrafo 2° de este mismo Título dice relación con el Registro Nacional de Pescadores Artesanales, y el artículo...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Le hago presente al señor Diputado que le quedan dos minutos de su tiempo.

El señor FAULBAUM.-

Muy bien, señor Presidente. Esto es lo último que me queda.

En el artículo 32, se dice que se crea un Registro Nacional de Pescadores Artesanales y de Embarcaciones Pesqueras Artesanales que tendría a su cargo la Subsecretaría de Pesca.

Voy a acortar mi intervención diciendo, en primer término, que, de acuerdo con estos artículos, cualquiera puede ser pescador artesanal, y en segundo término, como se ha señalado anteriormente, que los recursos hidrobiológicos costeros estarán reservados para la pesca artesanal, y finalmente que el artículo 34 dispone que si el solicitante, pescador artesanal, acredita ser arrendatario o tener cualquier otro título que le otorgue la tenencia material y el riesgo de la explotación de la embarcación, deberá acompañar la inscripción. Es decir, el asunto es que el pescador artesanal podrá operar con un barco arrendado y ese barco podrá ser de propiedad de cualquier pesquero industrial. En consecuencia, no se resguarda ningún espacio para los pescadores artesanales.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor Diputado.

El señor FAULBAUM.-

En consecuencia, por razones obvias, el Comité Radical está de acuerdo con la postergación de la entrada en vigencia de la ley N° 18.892.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Han solicitado el uso de la palabra los Diputados señores Claudio Huepe , Akín Soto , Armando Arancibia , Antonio Horvath , señora Evelyn Matthei , Patricio Melero y Juan Carlos La torre.

Hago presente que esta sesión termina a las 7 de la tarde. Por lo tanto solicito el asentimiento unánime de la Sala para prorrogarla, dado que, por el número de Diputados inscritos, el debate excederá de ese tiempo.

El señor BOMBAL.-

Acortemos el debate.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Según el Reglamento, a cada orador le corresponden diez minutos, señor Diputado.

Si la Sala así lo estima, se prorrogará la sesión.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Huepe .

El Señor HUEPE .-

Señor Presidente, en nombre de los Diputados democratacristianos, quiero anunciar nuestra disposición favorable para obviar el trámite de Comisión, a fin de que el proyecto de ley enviado por Ejecutivo se apruebe con la celeridad que las circunstancias requieren.

Sin embargo, quiero hacer una reflexión general acerca del proyecto y sobre el procedimiento seguido por el Ejecutivo. Considero que en esta sesión no corresponde entrar en detalles sobre los distintos artículos, por cuanto no dicen relación alguna con el proyecto que tratamos hoy día, el cual consta sólo del artículo 1°, que prorroga la puesta en vigencia de esta ley por ciento ochenta días.

Realmente, me congratulo de la actitud que ha tenido el Ejecutivo, expresada, en la práctica, en lo que el Ministro del Interior, señor Enrique Krauss , ha expuesto a la Sala esta tarde en nombre del Presidente de la República, por cuanto ha existido disposición favorable de su parte para acoger los planteamientos que le formulamos los distintos Comités.

Por su parte, el Ministro de Economía, señor Carlos Ominami , ha hecho aquí una exposición muy documentada y razonada de los problemas que presenta la Ley de Pesca, que entraría en vigencia el 1° de abril.

Ellos señalaron, en su oportunidad, y en diversas ocasiones, que la idea era la de una prórroga consistente. Por eso no sólo se planteó originalmente la prórroga de la puesta en vigencia de la ley, sino que se agregaron cuatro artículos, los cuales, a juicio del Ejecutivo, corrigen algunos problemas evidentes que presenta la ley. Al respecto, cabe expresar que, si bien la ley aprobada por el Gobierno anterior se pondría en vigencia a contar del 1° de abril, algunos artículos transitorios están aplicándose; por lo tanto, esa situación es necesaria corregirla con las normas que siguen al artículo 1°. En las reuniones de los Comités, se conversó con el Subsecretario de Pesca. Distintas bancadas le hicieron presentes algunas dudas u objeciones respecto del resto del articulado. Hemos visto que el Ejecutivo las acogió con buena voluntad, a pesar de que, en la oportunidad, señaló que la no aprobación de los últimos cuatro artículos acarrearía algunos inconvenientes. En otras palabras, en aras del espíritu con que hemos iniciado esta legislatura, el Ejecutivo ha procedido a retirar de la convocatoria esos artículos y a dejar solamente uno, el 1°, lo que hace que la materia sea de más fácil despacho, por cuanto sólo se refiere a la postergación de la puesta en vigencia de la ley.

Ahora bien, creo que, de todas maneras, es indispensable una nueva normativa legal, en atención al antecedente de que la ley en vigencia data de 1931. Tengo entendido que la postergación de la puesta en vigencia de la ley nos dejaría seis meses más sin esa instrumento. Por ello insisto en que es necesario legislar sobre la materia con la mayor celeridad posible. El trámite de urgencia que solicite el Ejecutivo para el resto del proyecto de ley, que enviará durante la legislatura extraordinaria, será un problema que tendremos que evaluar con él. De todas maneras, creemos que vale la pena contrastar la manera como debemos legislar en este Congreso Nacional, con la forma apresurada como se ha legislado en oportunidades anteriores. Considero que es nuestro deber tratar de legislar con dos criterios centrales: la transparencia y la participación. Ello es válido para todos los proyectos que serán sometidos a consideración de esta Sala en el curso de la próxima legislatura. Es absolutamente necesario que el país esté enterado de cómo se están debatiendo los proyectos de ley en este Congreso; que la gente sepa en qué etapa de discusión de la ley se está; cuáles son las posiciones de los distintos partidos políticos y de los distintos parlamentarios. Es necesario que exista una transparencia total ante la opinión pública, y, sobre todo, ante los sectores interesados en este proyecto, donde sabemos que existen intereses contrapuestos; pero, al final, cada bancada, cada Diputado, al tratar un proyecto de ley, lo argumenta y lo tiene que hacer saber a los distintos sectores interesados en su despacho.

Este criterio de transparencia y de participación -que, desafortunadamente, no se ha tenido en la dictación apresurada de la ley, puesto que tal como se nos ha informado, se pidió que se postergara su dictación y se dejara para que lo estudiara esta Cámara-, debe regir en el proceso legislativo futuro.

Hay un último elemento que vale la pena señalar. Debemos ser más realistas. Nada sacamos con dictar disposiciones legales, aparentemente completísimas, con una multitud de artículos que reglamentan toda una situación -no sólo relativas al sector pesquero, sino a otras actividades del quehacer nacional-, si no hay un correlato desde el punto de vista administrativo y de los recursos financieros necesarios para que esas leyes se lleven a cabo. Esta es una sana lección que nos ha explicado el Ministro sobre lo que está ocurriendo con esta ley, cuya aplicación exigiría un número enorme de funcionarios, que no existen; una cantidad adicional de recursos, que tampoco existen. Esos son criterios que debemos tener presentes en el momento de discutir la ley que el Ejecutivo someterá a consideración de esta Sala en el periodo próximo.

Dada la importancia del sector pesquero -que, según nos recordaban, significa la generación de más de 100 mil empleos directos, lo que equivale al 4 por ciento de la población, con las personas que dependen de las que están empleadas directamente en el sector; 850 millones de dólares, en exportaciones, y el 6 por ciento en la pesca mundial-, queremos anunciar que está planteada la idea -todavía no aprobada por los distintos Comités- para que cuando se estudie la conformación definitiva de la Comisión de Régimen Interno cuando se vea el nuevo Reglamento, se considere la posibilidad de darle a la temática de Pesca una entidad propia y crear una Comisión separada que trate este tema, dada la importancia que este sector tiene para la vida económica nacional. Esto está planteado en la Comisión de Régimen Interno. Por tanto, espero que tengamos un acuerdo de los distintos sectores parlamentarios, para proceder a crear la Comisión de Pesca. Esto no afecta, por supuesto, los acuerdos que ya hemos tomado en cuanto a la constitución de las Comisiones. Y, en su momento, habrá que establecer una nueva funcionalidad de las distintas Comisiones.

Por lo expuesto, quiero reiterar nuestro reconocimiento al Ejecutivo por haber aceptado esta petición parlamentaria relativa al artículo 1°, a la vez que hago un llamado a las bancadas parlamentarias representadas en esta Sala, dado que el problema se ha minimizado -se han desglosado los artículos que provocaron algunas opiniones o consultas y cierta controversia- para tratar de procurar la aceptación de este proyecto de ley.

Esta será la actitud, por lo menos, de la bancada democratacristiana.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Debo informar s la Sala que han solicitado el uso de la palabra los señores Akín Soto , Armando Arancibia , Antonio Horvath , Evelyn Matthei , Patricio Melero , José Miguel Ortiz, Juan Carlos Latorre , Francisco Bartolucci , Víctor Barrueto , Federico Ringeling y Edmundo Salas .

Con esta lista, podemos dar por clausuradas las intervenciones, salvo que hubiera algún otro parlamentario que, en este momento, quisiera solicitar el uso de la palabra.

Siguiendo con el orden de la lista, dejo con la palabra al Diputado señor Akín Soto .

El señor SOTO.-

Señor Presidente Honorable Cámara:

Como todos sabemos, el 23 de diciembre del año pasado fue promulgada la Ley de Pesca y Acuicultura. Se hizo después de un trámite lento, engorroso en sus primeras etapas y, después, con un fervor increíble. Nuestro tan sui géneris Poder Legislativo de entonces, con una rapidez inusitada de quienes lo componían, aprobó como una de las leyes que "amarraría" la gestión del Gobierno democrático y entrabaría la labor legislativa democrática nuestra, como un "regalo de Pascua" -fue aprobada el 23 de diciembre- la llamada Ley General de Pesca y Acuicultura.

Efectivamente, como estaban tan apurados, dicha ley se elaboró sin contar con la opinión de los agentes productivos y sociales del área.

Por eso, me parece muy acertada la intervención del colega Huepe , que nos llama a definimos sobre los estilos que debe utilizar este Parlamento para elaborar las leyes, incorporando el criterio de la participación. Porque, curiosamente, aquellos que aparecen involucrados en el área de la pesca, reclamaron antes y después de la promulgación de dicha ley.

Debemos recordar, incluso, que pese al lógico temor de las organizaciones sindicales en el pasado régimen, el sector pesquero artesanal se atrevió a realizar una huelga, en el mes de diciembre, como una manera de llamar la atención sobre el contenido lesivo que tiene la ley en referencia para los intereses nacionales.

No sólo fueron los sectores sociales y productivos los que no fueron considerados en su opinión ni los que expresaron juicios negativos en tomo a la ley N° 18.892. Lentamente, sin excepción, todos los partidos políticos: Radical, Partido por la Democracia, Democracia Cristiana, UDI, Renovación Nacional, expresamos públicamente nuestros reparos a la legislación en referencia. Espero que estas objeciones encuentren un coletazo en la decisión legislativa que debemos adoptar, para lograr que esta ley, lesiva para los intereses nacionales y que ha encontrado reparos desde todos los sectores involucrados, sea concienzuda y muy racionalmente discutida en nuestro Parlamento.

Sin embargo, para llegar a discutir esta ley y evitar que entre en vigencia el 1° de abril, tenemos que aprobar la prórroga que solicita el Ejecutivo para su entrada en vigencia. Recogiendo estos reparos, todos los sectores de partidos políticos involucrados en el área, el Ministro del ramo, don Carlos Ominami y el Subsecretario de Pesca, don Andrés Couve -quienes nos acompañan-, han volcado todos sus esfuerzos para estudiar esta ley, y proponer la suspensión de su entrada en vigencia y legislar en función de los intereses del país.

La constatación de la complejidad de la referida ley, así como la rigidez de algunos de sus preceptos, sumados a la necesaria adecuación del sistema institucional pesquero público, que adolece de muchas carencias, como lo hemos escuchado en la intervención del señor Ministro y del colega Huepe , han llevado a que el Ejecutivo presentara este proyecto de ley, de articulado único, que permite prorrogar su entrada en vigencia.

Sería muy pretensioso de mi parte, debido al corto tiempo de que dispongo, analizar en profundidad el contenido de esta ley. Además, habría que agregar la modificación de uno de sus artículos, que se incorporó en la llamada "ley miscelánea", la ley N° 18.899, y que, naturalmente, por la complejidad del tema, hace imposible tratarla en toda su extensión.

Hace algunos días, colegas de las distintas bancadas, tuvimos la oportunidad de analizar esto con el señor Couve . La verdad es que, estando todos reunidos, establecemos vínculos de confiabilidad y creemos en la honradez y en la honestidad con que hacemos nuestros planteamientos. Pese a la complejidad de la ley -y sabiendo que las bancadas de Renovación Nacional, de la UDI, de la Democracia Cristiana, del Partido Radical y de esta bancada, que represento en esta oportunidad, establecimos criterios comunes-, resulta imposible en esta intervención dejar de mencionar algunos aspectos de esa conversación que sostuvimos con don Andrés Couve , porque a todos nos quedó muy claro que es imprescindible flexibilizar la Ley General de Pesca y Acuicultura, porque, indudablemente, su espíritu y su contenido permitirá que Chile siga manteniendo su carácter de cuarta potencia mundial en Pesca.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hago presente que le quedan dos minutos.

El señor SOTO -

Gracias.

Decía que Chile es la cuarta potencia mundial en pesca, ya que es el primer productor de la pesca de transformación, aquella que permite la posibilidad de la harina de pescado, de los concentrados, de las carnes sin sabor. Chile se ha desarrollado en esta área. Incluso hay algunos juicios discrepantes.

Entiendo que el año pasado Chile produjo 934 millones de dólares y, naturalmente, el tema no puede ser tratado de manera tan baladí. No podemos permitir que nuestro sistema institucional pesquero público, que cuenta con 198 funcionarios y un presupuesto de 430 millones de pesos para este año, esté en condiciones de aplicar la Ley General de Pesca como fue despachada por el Parlamento anterior.

Ante la urgente necesidad, y sabiendo que sobre nosotros descansa la posibilidad de que Chile se siga desarrollando con leyes democráticas y con participación de los involucrados, hago un llamado a los señores parlamentarios para aprobar la prórroga de la entrada en vigencia de la ley N° 18.892.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Armando Arancibia .

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, Honorables colegas:

Creo que aquí se ha dado un conjunto de elementos que apuntan a refrendar la conveniencia y el buen criterio del Ejecutivo al abordar esta temática, dándose un tiempo suficiente para analizarlo en su normativa y en su fondo.

Me permitiré resaltar dos o tres cuestiones que nos ha planteado el Ministro de Economía, don Carlos Ominami , sobre los fundamentos de esta iniciativa que recogen una aspiración y, además, los reclamos de diversos sectores en tomo a la normativa tan precipitada que se dictó a través de la ley N° 18.892.

El señor Ministro nos ha planteado el propósito del Ejecutivo, prudente y ponderado. No ha planteado ni la derogación ni su desconocimiento en aquello que ha significado un paso adelante en esta iniciativa que pretende regular, normar y poner en la perspectiva nacional una actividad de la trascendencia que aquí se ha indicado. A los 924 millones de dólares por exportaciones realizadas el año pasado, hay que agregar las cifras del consumo interno, y, así, podremos hablar del orden de los mil millones de dólares. Se trata, sin duda, de una de las actividades productivas más importantes de este país. Por lo tanto, hay aquí intereses cuantiosos, que tienen que ver con las condiciones de vida y con la situación social de un vasto y heterogéneo sector de nuestros compatriotas. En este sentido, estamos abocados a damos el tiempo suficiente para analizar una normativa que, no cabe dudas, al tenor del texto actual resulta extremadamente farragosa y compleja, no sólo por lo que apuntaban el señor Ministro y los parlamentarios que han usado de la palabra, en cuanto contiene normas de otro estatuto menor, o bien omite otras actividades que es necesario tratar en forma más integrada, como es el problema de extracción, de por sí bastante complejo, sino también porque es necesario arbitrar las medidas -eso sería materia del debate en este proceso parlamentario- para incorporar otros aspectos propios de la actividad, como la distribución, la concentración, etcétera. Esto nos permitiría abordar de manera más clara este sector, trasladando al cuerpo normativo que corresponda, sea decreto o reglamento, aquellos preceptos innecesarios en un texto de ley, relativo, a otros temas que permitan abordar de manera más completa esta actividad tan fundamental.

Esa es la cuestión central; por lo tanto, no estamos hablando de una revisión dramática, profunda y que desconozca algunas de las observaciones que otros sectores han hecho a la iniciativa, las cuales serán objeto de estudio por las Comisiones en el futuro.

En ese sentido, me permito anticipar dos cuestiones más, porque no quiero entrar al contenido mismo de la ley. Creo que habrá oportunidad de debatirlo posteriormente si se aprueba el proyecto de ley enviado a consideración de la Honorable Cámara. En esta ocasión me referiré a dos o tres cuestiones que son importantes y que también han sido tocadas por el señor Ministro. En primer lugar, el problema de la flexibilidad. No es por casualidad que esta ley haya sido objetada no sólo por todos los sectores políticos, sino también por todos los agentes productivos y económicos ligados a la actividad.

Hay discrepancias no sólo funcionales -por el tipo de actividad que se desarrolla por los distintos actores-, sino también regionales. Desde el punto de vista del interés nacional, encontramos que no necesariamente los que cumplen la función estarían de acuerdo con los mismos planteamientos. El problema de la flexibilidad nos llevaría a fijar normas adecuadas para determinados tipos de pescadores en las distintas zonas de la costa nacional. Desde otro punto de vista, estimo que no vale la pena crear un organismo burocrático, costoso, que tal vez no tendría ni siquiera necesidad de constituirse en función de una ley que presenta también las ineficiencias adicionales que se han señalado.

En segundo lugar, hay sectores que han formulado reclamos diversos. Lo que quisiera subrayar ahora se refiere, por ejemplo, al sector pesquero artesanal. La definición misma de pesca artesanal contenida en la ley N° 18.892, es evidentemente insuficiente. Para caracterizar la embarcación artesanal parte por la eslora, olvidando otros elementos sumamente importantes. Omite, o no considera, los derechos de un conjunto de pescadores que habitual e históricamente han efectuado actividades pesqueras próximas a sus lugares de residencia. Plantea, así, una disyuntiva al pescador artesanal, ya que lo obliga a prescindir de su condición de tal si desea pescar más allá de las cinco millas.

Hay un conjunto de problemas, por la falta del reglamento que haga aplicable esta ley.

Tal vez lo más importante que ha surgido de este debate -aspecto que en alguna forma tocó el señor Ministro- y que quisiera refrendar- es no sólo el problema de la diversidad de intereses de los distintos sectores, sino, además, la importancia de introducir en el futuro una dimensión regional en la actividad pesquera, sea por la vía de la creación de consejos regionales o por la proposición, consistente en crear dos o tres zonas de administración de pesca; sea, en fin, mediante cualquier criterio que pueda convenir, con el objeto de dictar una normativa y dar participación en la administración de estos recursos.

Nuestra decisión es apoyar la iniciativa, debido a su importancia.

No se trata de revisar todo, sino de corregir algunas deficiencias evidentes; de introducir aquellas rectificaciones a las disposiciones que, a veces, aparecen mal redactadas, y, en fin, de tratar de preservar el interés de un recurso que no pertenece a nadie en particular, ya que es patrimonio de toda la Nación.

Ese es el norte que debe orientar nuestro quehacer y, en tal entendido, estamos de acuerdo en postergar este debate por un tiempo prudencial. Ello evitará, además, que no exista ley por un período demasiado prolongado, lo que también puede atentar en contra de la necesaria estabilidad que debe existir para incentivar las inversiones requeridas por su proceso de desarrollo.

En consecuencia, nos parece importante apoyar esta iniciativa, así como el crear una comisión especial de pesca, aunque no se ve claramente la razón que se tuvo para mezclar esta proposición de ley con otras materias, cuestión que se debatirá en la instancia correspondiente; pero propugnaremos aquello que nos permita encontrar rápidamente una legislación que atienda las aspiraciones de los distintos sectores de esta actividad tan importante.

Gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

El señor HORVATH.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, las exposiciones hechas han puesto demasiado énfasis en los aspectos negativos de la ley. Sin embargo, hay que reconocer que ésta también tiene aspectos fundamentales y bastante positivos: busca cuidar el recurso hidrobiológico; procura equilibrar el esfuerzo pesquero con la cantidad de recursos, y pretende disminuir la posible discrecionalidad del Ejecutivo en tomo a la administración de la ley.

Con estos planteamientos, deseo, por vuestro intermedio, hacerle tres preguntas al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Ominami , para contar con antecedentes que ameriten si la proposición del Ejecutivo pasa o no al análisis de las Comisiones parlamentarias correspondientes.

En términos generales, hay acuerdo en que la pesca artesanal debe resguardarse para, entre otros argumentos, asegurar la fuente de trabajo de los pescadores, y por considerarla un factor importante de desarrollo local, de colonización y de arraigo.

Por ello, cabe formular consultas específicas: si el Ejecutivo contemplará normas que eviten que personas que no sean pescadores artesanales hagan uso artificioso de esta condición y de sus protecciones para su propio beneficio; si se dictarán preceptos que impidan que se inhiba el abandono de su condición de pescador artesanal, para dar la correspondiente movilidad socioeconómica; si habrá disposiciones que, aparte de la franja de cinco millas mencionada por el señor Ministro, consideren ajustes locales de ella, y si, además, se contempla parte importante de las aguas interiores de la zona austral, que, en superficie, es superior siete veces a la franja mencionada; si el Ejecutivo considerará necesario "implementar" al más breve plazo el Consejo Nacional de Pesca y regionalizarlo, dotándolo de facultades resolutivas a ese nivel; por último, si el Ejecutivo está consciente de que la ley que se prorroga vulnera inversiones extranjeras previas a la dictación de la ley: específicamente, la aplicación de la Ley de Navegación, N° 2.222, en lo que se refiere a la exigencia relativa a que las empresas que cuentan con inversión extranjera, deben tener mayoritariamente, de acuerdo con la nueva ley, un capital nacional, y a que, además, las embarcaciones que no quedaron afectas al decreto ley 600 -por ejemplo, las que han ingresado con créditos extranjeros o nacionales-, no pueden optar.

Esta situación, a nuestro juicio, vulnera las reglas del juego que, por un período importante, permitieron al país atraer inversión extranjera, especialmente las destinadas a plantas industriales en tierra.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En atención a que otros Diputados también harán preguntas, creo conveniente terminar la rueda de intervenciones para que, después el señor Ministro pueda responder, salvo que estime necesario contestar de inmediato.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor OMINAMI (Ministro de Economía).-

Sería más práctico agruparlas, siempre que no hubiere inconveniente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Muy bien.

La señora MATTHEI.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora MATTHEI-

Señor Presidente, deseo formular algunas preguntas al señor Ominami , sin que sus respuestas se descuenten de mi tiempo.

Hago presente que las respuestas del señor Ministro constituirán la historia fidedigna de la ley y, por lo tanto, el compromiso del Gobierno para una eventual modificación de la Ley de Pesca o para la presentación de un proyecto nuevo.

Quienes nos iniciamos en la democracia, deseamos compromisos, entre el Ejecutivo y el Parlamento, sobre la base de la mutua confianza, que la ciudadanía sabrá valorar.

Los minutos que resten de mi tiempo los usaré según lo que responda el señor Ministro.

En primer lugar, se refirió a la asignación de los derechos individuales para determinar cuotas privadas de captura o de derechos de esfuerzo.

Quisiera saber si estos derechos individuales se acercarán a un derecho de propiedad o serán, por el contrario, precarios y revocables por la autoridad.

Al hablar de derecho de propiedad, me refiero al de vender y transmitir aquellos derechos, de arrendarlos, de subdividirlos, y también al de que ellos se puedan conservar, aun cuando la pesquería, pase de un estado de sobreexplotación a uno de desarrollo, o viceversa.

En segundo lugar, afirmó que en la determinación de las cuotas iniciales se contemplarían criterios históricos y de mercado; pero luego agregó la frase "menos para los excedentes".

Deseo una aclaración, en el sentido de saber con certeza si su política será la de aplicar ya sea criterios históricos o de mercado o una combinación de ambos para los permisos iniciales, es decir, aquellos que no constituyen excedentes.

En tercer lugar, deseo conocer cuál es el límite del Ejecutivo para determinar qué materias serán objeto de la Ley de Pesca y de sus modificaciones, y cuáles serán materia de la potestad reglamentaria del Ejecutivo. Su respuesta es esencial, pues el límite determinará una razonable o excesiva delegación de facultades normativas en la autoridad.*

Finalmente, deseo saber cuál es el criterio del Gobierno en relación con las solicitudes en trámite y con las concesiones de acuicultura otorgadas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si he entendido bien, la proposición de la señora Matthei es que el señor Ministro dé respuesta a las consultas formuladas antes de hacer uso de los seis minutos que le restan.

La señora MATTHEI.-

No, señor Presidente. Prefiero que el señor Ministro responda, al final, todas las consultas que se le formulen. En caso de tener una pregunta adicional que formularle, quisiera disponer del resto de mi tiempo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Bien.

Tiene la palabra el Diputado señor Melero .

El señor MELERO.-

Señor Presidente, quiero empezar por destacar que el desarrollo alcanzado por el país en el campo pesquero es resultado de la política económica aplicada por el anterior Gobierno. Tal como lo ha reconocido en su intervención el señor Ministro, la actividad pesquera permite emplear a miles de trabajadores y obtener un ingreso de divisas cercano a los 200 millones de dólares anuales. Precisamente, su importancia económica es la que obliga a legislar para modificar la normativa legal que la rige, importancia económica que no habría sido tal de no haberse dado las condiciones indicadas.

En su oportunidad, la dictación de la Ley de Pesca hoy día vigente representó un importante trabajo legislativo, al cual aportaron lo mejor de sí muchas personas y muchos personeros dedicados a la actividad.

La modificación que ahora se propone dará origen a extensos debates en esta Cámara, pero es indudable que se partirá de un marco referencial y de un trabajo profesional que es importante tener en cuenta en la discusión, sin perjuicio de reconocer que la ley es susceptible de ser perfeccionada.

En seguida, deseo formular algunas preguntas al señor Ministro.

En primer lugar, quisiera profundizar la formulada por el señor Horvarth sobre el artículo 120 permanente de la ley, en relación con el 8Q transitorio. Esta última disposición resulta discriminatoria, toda vez que sanciona sólo a las empresas creadas por la vía del decreto ley 600, en circunstancias de que existen muchas empresas del sector con aporte de capital extranjero, pero que están acogidas a otros regímenes de inversión, tales como el contenido en el Capítulo XIX de la Ley de Cambios Internacionales, específicamente en sus artículos 14, 15 y 16. ¿Cuál será el criterio que adoptará el Ejecutivo, concretamente el Ministerio de Economía, frente a estas inversiones?

En segundo lugar, con respecto a las cuotas máximas globales de captura de especies sujetas a un régimen de plena explotación, ¿debe corresponder a la autoridad su determinación? ¿Habrá instancias de apelación a favor de quienes se sientan afectados? ¿Será el Consejo Nacional de Pesca el que decida? En caso afirmativo, ¿en qué forma se ejercerá ese eventual derecho?

En tercer lugar, en el caso de las empresas en estado de desarrollo, ¿regirá para ellas el principio de libre acceso? Esperamos que nos diga si, en algunas situaciones, se permitirá la libre entrada en la actividad.

Por último, el señor Ministro ha señalado que una de las razones por las que la Ley de Pesca no puede entrar en vigencia es la deficiencia que presenta el respectivo ente público para atender la debida (fiscalización del sector. En declaraciones pasadas, el Subsecretario de Pesca ha hecho presente que el presupuesto actual del Servicio Nacional de Pesca es del orden de los 430 millones de pesos, en circunstancias de que las necesidades ascenderían a los 800 millones. ¿Qué garantía da el Ejecutivo de que se va a disponer de la diferencia -370 millones de pesos- para paliar la insuficiencia del sector público?

He dicho, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hago presente a los señores Diputados que, en sus intervenciones, deben dirigirse a la Mesa, aun cuando durante ellas formulen preguntas al señor Ministro.

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz .

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, señores Vicepresidentes de la Cámara, estimados colegas parlamentarios:

Frente a las observaciones planteadas y a las preguntas formuladas por las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI al Ministro de Economía, creo mi deber y mi obligación exponer algunas inquietudes personales y dar a conocer lo dicho en reuniones habidas en la Octava Región en relación con la Ley de Pesca.

En primer término, si en un gesto de madurez y de responsabilidad política, hemos sido capaces de demostrar al país que los políticos podemos llegar a consensos y a acuerdos en relación con la composición de las Mesas y de las Comisiones del Congreso Nacional, reconociendo las debidas proporcionalidades en las votaciones, es porque estamos conscientes de que con ello estamos "pavimentando el camino" hacia el fin que todos deseamos: la consolidación de una democracia estable, en la que realmente participemos todos los chilenos.

Desde el instante en que fui elegido candidato a Diputado, tuve muy claro -y así espero que lo hayan tenido todos los colegas de este hemiciclo- que los parlamentarios somos los representantes de la opinión de las mayorías y, principalmente, de la de los sectores involucrados en las respectivas leyes que tenemos que discutir.

En la Octava Región, en las reuniones que sostuvieron los dirigentes sindicales, trabajadores y empresarios del sector pesquero, no se escuchó ninguna voz de apoyo a la Ley de Pesca. Nadie planteó su conformidad con una legislación que debiera entrar a regir en once días más. Incluso la directiva de los industriales pesqueros, presidida por el señor Mafalti , que en su oportunidad conversó con el Poder Legislativo de la época, reconoció, con argumento, que no era buena la puesta en vigencia de esta ley.

En consecuencia, cabe preguntarse qué intereses ocultos hay en relación con la posición de quienes consideran que no es bueno plantear la prórroga por seis meses de la entrada en vigencia de la ley, en circunstancias de que tal predicamento persigue algo que todos deseamos, como es la posibilidad de que los sectores interesados tengan el tiempo suficiente para exponer sus opiniones sobre la materia.

Por otra parte, se ha manifestado en esta sesión que el órgano estatal encargado de este sector necesita de mayores recursos económicos.

Quiero recordar que el Presupuesto de la Nación para el año 1990 no fue aprobado por nosotros, que somos realmente los representantes de la opinión pública, del pueblo, que espera que nosotros legislemos en función de las grandes mayorías. El Gobierno se encontró el 11 de marzo con un Presupuesto "amarrado". Llama la atención que el Poder Legislativo que la aprobó no haya tomado las providencias del caso, si consideraba que la aplicación de la Ley de Pesca necesitaba, a nivel de la Subsecretaría de Pesca, un presupuesto acorde con el objetivo que, según ellos, se tenía en vista: preservar las riquezas del mar.

Es importante que el país conozca estas situaciones. Todos estamos de acuerdo en que debe haber transparencia en esta materia, de modo que el país, a través de la prensa y de todos los medios de comunicación, sepa qué parlamentarios están planteando situaciones muy concretas y específicas, y quiénes actúan en función de situaciones puntuales y personales, que no son las más positivas para el país.

En mi distrito, Concepción, en que no hay industrias pesqueras, pero sí plantas pesqueras, tanto los trabajadores como los industriales -las dos caras de la moneda del sector productivo- me han planteado claramente que ellos desean la prórroga de la entrada en vigencia de la ley, como una manera de hacer realidad lo que todos deseamos: encontramos alrededor de una misma mesa empresarios y trabajadores, Gobierno y parlamentarios, para hacer lo mejor posible a favor del país.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Carlos Latorre .

El señor LATORRE -

Señor Presidente, sin duda, habría sido interesante haber contado, en esta discusión, con la historia fidedigna del establecimiento de la ley cuya entrada en vigencia se propone prorrogar. Lamentablemente, sólo pudimos conocer su texto en el "Diario Oficial" del 23 de diciembre de 1989, sin que los distintos sectores de la vida nacional hubieran tenido la oportunidad de exponer en forma oportuna sus puntos de vista sobre su contenido. Si ello hubiera ocurrido, habríamos dispuesto de mayores elementos de juicio durante este debate.

Debo suponer que las consultas hechas por los señores Diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, y que oportunamente responderá el señor Ministro, no pretenden inhibir la atribución que la Cámara tiene para legislar sobre ésta o sobre otras materias. En consecuencia, cualesquiera que sean las respuestas que él dé a cada una de las consultas que se le han formulado, confío en que de parte de ninguno de los señores Diputados se plantee un obstáculo que impida a esta Cámara la posibilidad efectiva de abordar la discusión de la ley y de aprobar aquellas modificaciones que parezcan prudentes o procedentes a la mayoría. En otras palabras, me parece interesante que se formulen estas consultas; pero también estimo oportuno señalar que ellas no pueden significar una condición que un sector de la vida nacional impone a la mayoría parlamentaria y, particularmente, al Gobierno. En síntesis, a mi juicio, no procede dificultar que esta Cámara pueda abordar, en su oportunidad, la discusión de la modificación de la ley con el tiempo y la tranquilidad necesarios.

Hoy día, se trata estrictamente de permitir la prórroga de la entrada en vigencia de la Ley de Pesca.

Agentes que participan directa o indirectamente en la función productiva han coincidido en que la ley es en extremo rígida, porque establece un solo sistema para acceder a los recursos declarados en plena explotación, como es la asignación de cuotas individuales de captura, sistema que produce incertidumbre entre los productores, por no existir suficientes antecedentes históricos de éxito en la aplicación de sistemas similares y por estar éste sujeto a imprecisiones en la definición de las cuotas iniciales.

Con vistas a acceder a los recursos que estarían insuficientemente explotados, se aplica, en cambio, la política de libertad de pesca, siendo sólo necesario inscribirse en un registro para realizar las actividades extractivas y teniendo la autoridad la obligación de expedir un recibo de inscripción dentro del plazo de quince días, con lo cual se la priva de toda facultad discrecional que le permita evitar la sobreinversión y, en consecuencia, la eventual sobreexplotación de dichos recursos.

Esta situación, en cuyo análisis no es del caso extenderse hoy día, podría conllevar un alto costo social para muchos sectores del país.

Por otra parte, en el texto de la ley -ya se ha dicho-, se precisan en detalle aspectos que, por su naturaleza, debieran ser materia de resoluciones, reglamentos o decretos. Esta situación contribuye a rigidizar aún más la aplicación de este cuerpo legal.

Como producto de la expansión acelerada que ha tenido en los últimos años, este sector posee, en la actualidad, una institucionalidad con graves deficiencias en su estructura normativa, en sus posibilidades de fiscalización y también en las posibilidades reales de desarrollar la investigación en este ámbito.

Esta realidad requiere de una atención urgente. Se reconoce, en consecuencia, que la actual Ley de Pesca, con modificaciones posteriores o sin ellas, es prácticamente imposible de aplicar, a no mediar una reorientación, modernización y refuerzo del sector público que permita su implementación y posterior vigencia real. Las mismas autoridades sectoriales responsables de la promulgación de esta ley reconocieron, en su oportunidad, que para aplicarla sería necesaria un número de funcionarios, que hoy día no existe -en ese momento se habló de 200-, y de un presupuesto cercano a los 800 millones de pesos, de los cuales en la actualidad este sector no dispone, ya que el presupuesto del Servicio Nacional de Pesca alcanza a sólo 435 millones de pesos.

Más aún, en el décimo encuentro directivo del sector público pesquero, realizado en Valparaíso durante los días 16 y 17 de noviembre del año pasado, con la asistencia de Directores Regionales del Servicio Nacional de Pesca, de funcionarios de la Subsecretaría de Pesca, del Instituto de Fomento Pesquero y de la Fundación de Capacitación del Pescador Artesanal, se estableció, clara y categóricamente, en su conclusión, que era imposible aplicar la ley que en ese momento era materia de estudio, en la medida en que en un plazo breve no pudiera contarse con un régimen de administración pesquera que permitiera regular el acceso a los recursos cuando la pesquería alcanza el nivel de plena explotación.

Es recomendable, por tanto, postergar por un plazo prudencial la entrada en vigencia de la referida ley, con el objeto de posibilitar que los organismos que deberán aplicarla puedan contar con la infraestructura y con las posibilidades reales necesarias para ese efecto.

Por esta argumentación, y por otras que han sido reiteradas por varios colegas parlamentarios, quisiera insistir, en nombre de los Diputados democratacristianos, en solicitar al resto de las bancadas que den la unanimidad a la posibilidad de prórroga de la vigencia de la Ley de Pesca.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Francisco Bartolucci .

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, en beneficio del tiempo, seré breve. Por eso no voy a repetir los conceptos que ya se han vertido. Simplemente, voy a sumarme a la pregunta que se le ha formulado al señor Ministro respecto del resguardo y de la calificación de la pesca artesanal, situación que en una ciudad como Valparaíso, que además de ser sede del Congreso Nacional posee la calidad de ciudad pesquera, es una materia de vital importancia.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jeame Barrueto .

El señor JEAME BARRUETO.-

Señor Presidente, estimados colegas:

Quiero concentrar mi argumentación en el sentido de que las mismas razones que hacen tan importante legislar sobre este sector, son las que nos obligan a impedir que entre en vigencia la actual ley, que no fue elaborada de manera transparente, recogiendo los intereses de los diversos sectores involucrados en ella. Por eso es fundamental que la legislación pesquera, por su importancia, surja efectivamente de un gran debate democrático, que compatibilice los distintos intereses con el interés nacional.

Es esencial una legislación sobre un recurso natural renovable que pertenece a todos los chilenos, porque es necesario protegerlo y porque es necesario buscar un sistema de explotación más eficiente. Hay cierto consenso general acerca de que el actual sistema está llevando, en los hechos, a la sobreexplotación del recurso y a la sobreinversión ineficiente. Quiero decir, simplemente, que en el caso de mi Región, la Octava, donde el principal recurso pesquero es el jurel, durante el año pasado se extrajeron un millón setecientas mil toneladas, aproximadamente, cuando casi todos los estudios de los biólogos marinos señalan que el límite máximo de pesca debería ser un millón doscientas mil toneladas. O sea, estamos ya en el grave riesgo de que se colapse esa especie.

Se agrega a esto, por otra parte, que nos enfrentamos a un sector que, como el señor Ministro lo ha expresado, maneja, más o menos, novecientos millones de dólares. Entonces, no es aventurado decir que en Chile hay una potencialidad de inversión inmediata de, prácticamente, unos mil quinientos millones de dólares adicionales. ¡Imagínense ustedes la cantidad de intereses que se mueve detrás de esto!

Chile es, incluso, uno de los cinco oasis mundiales. Hoy, en el mundo, se extraen noventa y tres millones de toneladas de pescado. Se calcula que en el año 2.010 éstas llegarán a ciento cincuenta millones de toneladas. Lo digo simplemente para resaltar la potencialidad de este sector y la posibilidad de que Chile llegue a ser una potencia pesquera.

A lo anterior se agrega, por otro lado, que el desarrollo de este sector ha sido relativamente deformado. Se ha desarrollado mucho, pero de una manera en que los empresarios han sido muchas veces más recolectores que verdaderos empresarios. Hay un desequilibrio en ese desarrollo. Asimismo, la ley se refiere solamente al problema de la extracción, pero también existen el del procesamiento, el de la comercialización y el de la protección del medio ambiente, que prácticamente no se consideran.

Prácticamente, somos exportadores de harina de pescado, cuando sería posible desarrollar inmensamente el valor agregado de nuestra producción de conservas, de congelados, y, seguidamente, orientarlo como parte del sistema alimentario nacional. Hoy día, el chileno consume la mitad del pescado que consumía hace dieciocho años.

Hay aquí, entonces, un conjunto de elementos -entre los cuales no es pequeño el problema de la protección del medio ambiente- que no están considerados en la Ley de Pesca y que agravan las dificultades que ella conlleva.

Por consiguiente, quiero recalcar que aquí estamos frente a un serio problema.

Se ha elaborado una Ley de Pesca de manera muy poco transparente, por decir lo menos. No se han considerado en ella efectivamente los intereses de los diversos sectores que involucra. Creemos necesario elaborar una Ley de Pesca que compatibilice los diversos intereses, a veces contradictorios, no sólo entre trabajadores y empresarios, sino también entre los mismos empresarios a lo largo del país -y eso todos lo saben- con el interés nacional.

En suma, es indispensable la dictación de una nueva ley de pesca.

Sobre el tema, quiero hacer una reflexión, a propósito de las preguntas que la señora Evelyn Matthei y el señor Patricio Melero formularon al señor Ministro de Economía, que no me cabe duda que él contestará debidamente.

Ha estado y está en discusión el problema sobre el sistema de administración. Hay cierto consenso -creo no equivocarme- en que es necesario un sistema de acceso limitado a este sector, porque hay que proteger los recursos y lograr más eficiencia. Algunos parlamentarios han planteado su inquietud al respecto. En general, el consenso que se busca es que el sistema de acceso limitado considere los elementos del mercado y de la iniciativa privada. Creo que no tendríamos dificultades en discutir el punto y en considerar diferentes alternativas, las que, como todos sabemos, son válidas técnicamente. Pero, antes de reconocer esa idea, me gustaría que se reconociera otra anterior. Como muy bien lo dijo el señor Armando Arancibia , "no es que los peces no sean de nadie; los peces son de todos". Nos estamos refiriendo a un patrimonio común y el acceso a él, por parte de algún chileno, tiene que ser pagado, sobre todo si pensamos en un sistema que otorga un derecho exclusivo a algunos sectores de chilenos. Más aún, alguien tiene que pagar.

Esto, que incluso, podría parecer quizá discutible entre nacionales, si lo consideramos en el contexto de los barcos factorías, que no se ha abordado suficientemente, se transforma en un problema mucho más evidente y claro, por cuanto los barcos factorías que han ingresado al país mediante el decreto ley N° 600, con la nueva ley pueden hacerlo entre las 150 y las 200 millas, sin ninguna dificultad. De un país pobre se está llevando a países desarrollados una parte sustancial de la renta que produce un recurso natural que le pertenece. Es una situación absurda. No es cuestión de oponerse derechamente a la inversión extranjera, porque probablemente sea necesario que esos barcos factorías operen en sectores donde técnicamente los nacionales no pueden explotar los recursos. Pero nos encontramos en condiciones privilegiadas para negociar en mucho mejor forma, en orden a que una parte importante de la renta extraída por los referidos barcos factorías se quede en el país. Entre otras cosas, vienen a pescar aquí porque tienen capacidad ociosa sin utilizar. Reitero que estamos en situación inmejorable para negociar, y eso no se ha hecho. Yo le he preguntado a todo el mundo y no entiendo por qué no se ha hecho. Es realmente inexplicable.

Pero vuelvo al punto. Creo que aquí hay un principio previo que se reconoce, cual es que damos un gran paso adelante, y de ahí podrían surgir muchos recursos, por ejemplo, para la investigación, o para que se lleve a cabo una fiscalización de verdad. Es risible el ejemplo que dio el Ministro de Economía don Carlos Ominami , en relación con el SERNAP, en cuanto a que resulta imposible fiscalizar sin la existencia de recursos.

Hecha esta reflexión, quiero indicar dos aspectos que me parecen muy importantes.

Uno es la defensa de los intereses de los pescadores artesanales. No basta con las cinco millas mencionadas aquí. Adhiero a ello.

El otro es que parece fundamental considerar el problema de la legislación laboral de los trabajadores pesqueros. El sector pesquero se ha desarrollado mucho, incluso técnicamente; pero su legislación laboral no se ha puesto al día. Será esencial que, junto con lo anterior, se legisle sobre la situación laboral de los trabajadores pesqueros, tanto en términos de asegurarles estabilidad en su empleo y de reglamentar su jomada de trabajo, como de resolver algunos problemas de seguridad social, en cuanto a su jubilación y a sus seguros flotantes. Es inmensa la cantidad de accidentes que se producen por falta de protección. Eso lo leemos en la prensa todos los días. Resulta fundamental legislar al respecto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor Diputado.

El señor JEAME BARRUETO.-

Señor Presidente, termino diciendo que adhiero, además, a la proposición de don Claudio Huepe , dado que me parece muy importante e indispensable crear una Comisión de Pesca.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Federico Ringeling .

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, el Ejecutivo nos solicita, con trámite de "extrema urgencia" y "despacho inmediato", la prórroga de la entrada en vigencia de la Ley de Pesca. Por esta razón, es perfectamente válido pedir las precisiones del caso al Gobierno, representado en estos momentos por el Ministro de Economía, respecto a futuras modificaciones, sobre todo si se tiene presente que esas enmiendas se presentarán durante la legislatura extraordinaria, donde la iniciativa es del Ejecutivo.

Quiero recordar también, a algún señor Diputado que lo mencionó, que no siempre los intereses de los empresarios y de los sindicatos coinciden con el interés nacional. Los parlamentarios tenemos que ver, detrás de las presiones que hay sobre la prórroga de esta ley, cuál es realmente el interés nacional.

En este sentido, vuelvo a hacer resaltar, simplemente, que el éxito de la política económica impulsada por el anterior Gobierno permitió multiplicar varias veces el trabajo, la inversión, la exportación y el desarrollo general de este sector. Todo ello hace necesario velar por el problema relativo a la preservación de los recursos para el futuro. Hacia eso apunta, básicamente, la Ley de Pesca que podría entrar en vigencia y, aun cuando reconocemos que tiene ciertas dificultades, realmente se preocupa de ese problema, que es fundamental para el futuro del país.

El sistema de cuotas individuales de pesca es el único modo de preservar con seguridad este recurso. Así lo han demostrado los países en los cuales el desarrollo pesquero es muy importante, como Nueva Zelanda, e Islandia, y como el propio Mercado Común Europeo, que está obligado a llevar un sistema parecido, y que lo están estudiando. Eso lo hemos visto en revistas especializadas sobre el tema. Como digo, el método de cuotas globales lleva, inevitablemente, a un colapso en el sistema. Por lo tanto, y complementando algunas de las preguntas que se han hecho aquí, quiero consultar al señor Ministro, en primer lugar, lo siguiente: ¿el criterio general para desarrollar este sector será, definitivamente, el de las cuotas individuales de pesca dentro de áreas o unidades de pesquería? En segundo lugar, quiero reiterar nuestra especial preocupación por los pescadores artesanales que, con la prórroga de esta ley, se ven evidentemente perjudicados, porque por 180 días no tendrán el beneficio que ésta les otorga. Por lo tanto, queremos saber si en esta prórroga habrá una preocupación especial para que este sector tan importante del quehacer nacional se vea protegido; también queremos tener la seguridad de que no se modificará fundamentalmente esa protección a los pescadores artesanales si es que, en definitiva, se concede la prórroga. Eso sí, cabría hacerle modificaciones por parte del Ejecutivo en el período de la legislatura extraordinaria.

Gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Edmundo Salas .

El señor SALAS-

Señor Presidente, aquí estamos tratando un problema muy claro, que son los intereses de todos los chilenos.

Como están en juego los grandes pescadores, los grandes industriales y el destino de los pescadores artesanales, yo le haría la siguiente pregunta al señor Ministro: ¿qué beneficios obtiene el país con que la ley entre en vigencia el l2 de abril en lugar del l2 de octubre?

Yo felicito al gobierno por darle a este primer Parlamento elegido por el pueblo después de 16 años, en nuestro primer día de sesión, la oportunidad de discutir un proyecto que está en la mente de todos los chilenos. Muchos habrán hecho ya varias veces esta pregunta: ¿a quién beneficia realmente esta ley, que nos inquieta a todos? Solamente se está pidiendo sustituir "abril" por "octubre". No se está pidiendo borrar esta ley, ni modificarla en forma inmediata. Es responsabilidad de cada parlamentario estudiar acuciosamente, para beneficio de todo el país, esta ley, que es muy engorrosa y que muy poca gente la conoce.

Además, quiero señalar algunas cosas que, por lo menos a mí, me llaman la atención y que debieran preocupar a todos los parlamentarios que están en la Sala.

El título III, "Del Acceso a la Actividad Pesquera Extractiva Industrial", quizás sea uno de los más conflictivos en el análisis global de esta ley, ya que permite el ingreso de capital extranjero a la actividad de extracción del recurso sin salvaguardar los intereses nacionales, permitiendo el ingreso de flotas pesqueras internacionales entre las 150 y las 200 millas, de uso exclusivo entre el límite norte del país y el paralelo 47° latitud sur, con lo cual se renuncia a una franja de 50 millas en la Zona Económica Exclusiva.

En relación con el párrafo segundo de este mismo título, cabe hacer notar, respecto del régimen de administración de pesquería en plena explotación, que esta ley habla de tutelar y proponer la utilización óptima del recurso. Pero no hay ninguna referencia real dentro de este cuerpo legal que indique que los recursos deberán ser explotados con fines que incentiven la utilización en forma directa al consumo humano, y tampoco que se incentivará o premiará a las industrias que logren obtener un mayor valor agregado de los recursos que exploten.

También en ese párrafo, esta ley deja en igualdad de condiciones al armador industrial respecto del armador artesanal, cosa por lo demás ilógica, conociendo la realidad en que se desarrolla la pesca artesanal en Chile. Además, hace la salvedad de que estos pescadores artesanales deberán someterse a las exigencias de esta ley para poder ejercer sus derechos, lo cual los deja en abierta incertidumbre si consideramos que, en nuestro país, prácticamente no existen registros históricos de la actividad pesquera ejercida por estos artesanos.

El párrafo 22 del título IV crea un Registro Nacional de Pescadores Artesanales. A mi juicio, esto debería ser reestudiado, ya que, en el caso particular y sociocultural de quienes ejercen esta labor, ello les cambia todo su esquema de funcionamiento y de desarrollo cultural.

En el artículo 34 se hace referencia a la acreditación de las condiciones exigidas para inscribir, entre las cuales figura la de tener una eslora de no más de 18 metros. Esto, junto con la de ser poseedor de una embarcación, es una aberración, ya que no se puede legislar sobre la calidad de un pescador sobre la base del porte de la embarcación, y menos, obligarlo a ser dueño de una sola nave, ya que normalmente esta gente se desenvuelve en un medio patriarcal o matriarcal, donde el dueño de todo es sólo una persona, no existiendo muchas veces títulos de propiedad. Este tipo de determinación por parte del legislador es carente de toda lógica, de acuerdo con la opinión de muchos profesionales que se desenvuelven en esta área.

El título VI, "De las Concesiones de Acuicultura", presenta diversos problemas prácticos, tales como el de desconocer el patrimonio histórico de las caletas de pescadores al legislar sobre las concesiones antes nombradas. Además, el artículo 59, en sus letras a) y b), deja de manifiesto el costo que implicará hacer uso de una concesión de acuicultura. Esto no puede ser posible, si consideramos la realidad económica en que se desarrollan los pescadores artesanales que actualmente hacen uso de concesiones marítimas. Es bueno hacer notar que en Chile existen aproximadamente 180 caletas artesanales, cuyos derechos históricos debió considerar esta ley.

Las opiniones vertidas en este debate deben ser analizadas pensando en que los recursos hidrobiológicos son renovables, muy sensibles a fenómenos de impacto ambiental o de ser influenciados por el hombre, y en que, además, son un patrimonio de todo el país, el cual debe proporcionar bienestar a toda la nación no sólo en el corto plazo, sino también dejar un ecosistema sano y en equilibrio con la naturaleza, del cual puedan disfrutar las futuras generaciones.

Señor Presidente, es necesario que se prorrogue esta ley, como ha planteado la bancada democratacristiana a través del Honorable Diputado señor Huepe , para poder discutirla. Esa es la realidad, el poder readecuar esta ley para que vaya en beneficio de todo el país.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra al señor Ministro para absolver las consultas que se le han formulado.

El señor OMINAMI (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).-

Señor Presidente, quisiera agradecer las distintas consultas que me han sido formuladas por varios señores Diputados. Ellas expresan la importancia que todos le atribuimos a lo indicado, para que se dé una buena solución a este sector, tan importante para el desarrollo de nuestro país.

Voy a reafirmar las consideraciones generales que asomaron al proponer la reforma a la Ley de Pesca que próximamente someteremos a vuestra consideración.

Sobre este punto, quiero reafirmar nuestra decisión de proponer un conjunto de reformas. No es por casualidad que nos hemos planteado la postergación de esta ley; y con esto respondo algunas inquietudes que han sido planteadas.

Nuestra posición reconoce el hecho de que la dictación de la Ley de Pesca respondió a la necesidad de preservar un recurso cuyo desarrollo estaba objetivamente amenazado. De ahí, entonces, la idea de introducirle un conjunto de reformas, y no plantear derechamente su derogación.

Antes de pasar a responder las distintas consultas formuladas, quiero hacer una aclaración de tipo general.

No nos parece posible ni conveniente establecer en esta oportunidad compromisos respecto del detalle de la normativa que deberá regir al sector pesquero. Hay varias razones para sostener esta posición.

Ya di una explicación, en mi primera intervención, respecto de los problemas de información que resultan del subdesarrollo, que, en materia de investigación, presenta este sector. De ahí, entonces, que hay una cantidad de problemas que tendrán que ser resueltos una vez que contemos con la información necesaria.

Por lo tanto, hay razones de tipo técnico que me impiden responder pormenorizadamente las consultas formuladas.

En seguida, me parece importante insistir en el hecho de que a nuestro Gobierno, antes de comprometerse con soluciones definitivas respecto de una materia tan importante, le interese consultar a todos los sectores involucrados.

No sería procedente que yo, hoy día, en representación del Gobierno, contrajera compromisos sin antes haber agotado las consultas con los distintos actores interesados en este sector, sobre todo cuando este Gobierno lleva muy pocos días en ejercicio.

Reitero lo que me dijo en el día de ayer el propio Presidente de la República al discutir sobre este tema: desea participar directamente en esta materia. De ahí, entonces, que es importante respetar esta necesidad y esta voluntad del Gobierno y, en particular, del propio Presidente, de discutir en detalle sobre estas situaciones para establecer los compromisos pertinentes.

Por último, quiero manifestar que no nos parece razonable zanjar hoy día lo que tendrá que ser resuelto en un debate amplio y abierto, aquí, en este Parlamento.

En este cuadro, paso a dar respuesta, en la medida en que me sea posible, a las preguntas que me han sido formuladas. Trataré de hacerlo en el mismo orden en que ellas fueron realizadas.

En cuanto a las relativas al sector artesanal, formuladas por el Diputado señor Horvath , quiero manifestar que compartimos muy profundamente su preocupación por la situación del sector artesanal. Hemos tenido oportunidad de reunirnos con representantes de este sector y queremos, aun, continuar este proceso de discusión con sus representantes, para tener en debida consideración sus opiniones sobre esta materia.

Yendo derechamente al grano, quiero señalar que compartimos absolutamente la preocupación aquí manifestada, por el uso artificioso que se hace, en algunos casos, de la condición de artesanal.

Desde ese punto de vista, en las reformas que someteremos a vuestra consideración, nos proponemos acotar la categoría de pesca artesanal, de suerte que sólo queden afectas, a los beneficios que de ella derivan, aquellas personas que objetivamente lo merecen.

En seguida, compartimos plenamente la inquietud de establecer condiciones que permitan la movilidad de los pescadores artesanales. En ningún caso, una política de protección a este sector debiera consistir en asegurar que estos pescadores artesanales nacieran y murieran como tales. Se trata de que, a través de adecuadas políticas de fomento tecnológico, de capacitación laboral, de asistencia técnica, de asistencia financiera, ellos puedan, en algún momento, cambiar la condición.

También compartimos la inquietud manifestada aquí en cuanto a la necesidad de producir determinados ajustes al criterio de las cinco millas. Estos ajustes debieran hacerse efectivos en aquellos casos en donde se califique objetivamente la no necesidad de pesca artesanal. Cumplida esa condición, podría autorizarse el ingreso temporal de otras naves de mayor envergadura para la explotación en esas aguas.

En lo relativo al Consejo Nacional de Pesca, podemos adelantar que, a través de la dictación de un decreto supremo, haremos posible la constitución de una Comisión Nacional de Pesca, la cual, mientras no se aprueben las normas definitivas, tendrá las mismas atribuciones, competencia y composición que el Consejo Nacional de Pesca que consagre la legislación definitiva.

Contestando inmediatamente una de las preguntas que formulara el Diputado señor Melero , cabe precisar que esta Comisión -posteriormente el Consejo-, deberá convertirse en una instancia a la cual podrán apelar los actores involucrados en este sector frente a medidas, adoptadas por la autoridad pesquera, que consideren arbitrarias o infundadas.

Respecto de la consulta sobre la inversión extranjera, formulada por los Diputados señores Horvath y Melero , quiero recordar que, en esta materia, como norma general, hemos sido absolutamente categóricos: somos partidarios de que Chile pueda contar con aporte de inversión extranjera no sólo en el sector pesquero, sino en todos los sectores. En el caso de países como el nuestro, no se trata de poner obstáculos a la inversión extranjera, sino que, por el contrario, de buscar fórmulas para atraer inversionistas extranjeros que -bien sabemos-, tienen en el mundo muchas otras oportunidades de inversión. Se trata, por cierto, de asegurar que este aporte de capital extranjero sea funcional para las necesidades de desarrollo del país.

En lo relativo al sector pesquero, somos partidarios de que esta filosofía se aplique. Estimamos que -en función de este propósito general- sería absolutamente inadecuado tomar cualquier determinación que afectare los intereses extranjeros que hoy día operan en el sector. Consideramos que debe continuarse compitiendo con el aporte que, en términos de tecnología, de capital, pueden desarrollar inversionistas extranjeros.

Sin embargo, nos parece importante señalar que, dada la naturaleza del sector pesquero, es razonable pensar en otorgar una cierta prioridad a aquellas empresas que tengan un 51% de capital. Postulamos una solución para la inversión extranjera en el sector pesquero, distinta de la política general de inversión extranjera que señalé; pero nos parece que el sector pesquero presenta particularidades que merecerían ser consideradas en una disposición como la que estoy señalando.

Con respecto a las consultas que formulaba la señora Evelyn Matthei , en cuanto a las asignaciones individuales, somos partidarios de que ellas sean admisibles y divisibles, y de que se acerquen lo más posible a la categoría de empresa privada.

En relación con el sistema de las cuotas, reitero el criterio planteado en la intervención anterior: somos partidarios de buscar la combinación entre el reconocimiento de hechos históricos y el funcionamiento de criterios prácticos en materia de mercado.

Quiero, sin embargo, formular una precisión: el despliegue de libre mercado debe hacerse hasta el límite, para no cuestionar la posibilidad mínima que este sector requiere para operar. Todos estaremos de acuerdo en considerar que determinados sectores empresariales estuvieron permanentemente amenazados de ser reemplazados en su actividad. No estoy en condiciones de establecer con precisión cuál sea la combinación exacta entre el reconocimiento de hechos históricos y el funcionamiento práctico de mecanismos de mercado. Para nosotros constituye un desafío el buscar, en cuanto sea posible, dicha combinación de criterios.

Respondo en seguida dos consultas del Diputado señor Melero .

En cuanto a las pesquerías insuficientemente explotadas, somos partidarios de que exista un sistema de libre acceso al mercado con un régimen de intervención de la Subsecretaría de Pesca, a fin de evitar que tales pesquerías puedan entrar rápidamente en situación de colapso.

En cuanto al tema del presupuestó, planteado en relación con el caso específico del Servicio Nacional de Pesca, es una materia sobre la cual este Parlamento tendrá que resolver en definitiva.

Como bien lo saben, señores Diputados, estamos trabajando aceleradamente para presentar, lo antes posible, una ley complementaria del presupuesto. No les quepa la menor duda de que, dentro de los márgenes y restricciones hoy día existentes, haremos todo lo posible por mejorar las condiciones del Servicio Nacional de Pesca, de manera que él pueda cumplir con la función de fiscalizar que las normas establecidas se lleven efectivamente a la práctica, y de crear óptimas condiciones para el desarrollo de esta actividad.

Creo, señor Presidente, haber respondido todas las inquietudes que han sido formuladas. Si existiera alguna consulta que no hubiera contestado, no tengo inconveniente en absolverla.

Muchas Gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Para concluir el debate, ofrezco la palabra a la Diputada señora Evelyn Matthei a fin de que haga uso dé los seis minutos que le restan.

La señora MATTHEI.-

Gracias, señor Presidente.

Quiero hacer dos preguntas al señor Ministro. Ya las había formulado anteriormente, pero, de alguna manera, no fueron contestadas.

La primera es sobre el criterio del Gobierno respecto de las solicitudes en trámite y de las concesiones ya otorgadas en acuicultura. La pregunta se refiere a la estabilidad de las existentes y a la prelación de aquéllas en trámite.

La segunda, si el señor Ministro pudiera precisar o dar alguna orientación general en cuanto al límite que se trazaría para determinar qué materias serían propias de ley y cuáles -digamos- serían reglamentarias.

Esas son las dos preguntas.

¿Me restan algunos minutos?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Efectivamente, a Su Señoría le quedan cuatro minutos.

El debate ha sido suficientemente extenso, y estimo que ya debemos concluirlo.

El señor MELERO -

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra al señor Ministro, salvo que la Sala, unánimemente, acuerde conceder la palabra al Diputado señor Melero .

Como no hay oposición, tiene la palabra Su Señoría.

El señor MELERO.-

Agradezco a los colegas parlamentarios el acuerdo democrático de darme tiempo.

Quisiera pedirle al señor Ministro que nos informe acerca de lo que contestó sobre la inversión extranjera: si hay algún criterio del Ejecutivo para discriminar entre aquellas inversiones extranjeras que han sido hechas en virtud del decreto ley NQ 600 y las efectuadas en conformidad con el capítulo XIX, en sus artículos 14,15 y 16, de la Ley de Cambios Internacionales. Está claro el criterio general que él ha señalado de favorecer las inversiones extranjeras; pero quiero saber cuál es la disposición del Ejecutivo en orden a diferenciar entre estas dos formas de inversión.

En seguida, como respecto de las pesquerías subexplotadas, ha manifestado que es partidario del libre acceso, pero con la participación de la Subsecretaría de Pesca, en este caso, si fuera posible algún tipo de precisión, quisiera saber si se trata de libre acceso, de intervención del Estado, o cómo sería esa primera lista del Ejecutivo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Antes de dar la palabra al señor Ministro, recuerdo nuevamente que la Diputada señora Evelyn Matthei dispone todavía de cuatro minutos.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor OMINAMI (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).-

Respecto de la primera pregunta formulada por la Diputada señora Matthei , diría simplemente que las autorizaciones que han sido otorgadas, otorgadas están.

En cuanto a aquellas que están en trámite, somos partidarios, naturalmente, de aceptar la prelación con la cual ellas han sido sometidas a la consideración de la autoridad y, por cierto, continuar el trámite.

Sobre la segunda consulta, lo único que cabe es hacer presente un criterio de orden general. Para nosotros, el ideal es que la normativa que en definitiva aprobemos sea lo más flexible. No nos interesa una Subsecretaría de Pesca que esté permanentemente confrontada a tener que usar un poder discrecional. Por el contrario, nos preocupa resolver rápidamente el tema de la normativa, y que ésta sea lo más automática y transparente posible para que el sector público pesquero pueda dedicarse a otras actividades que también son muy importantes.

Estimo que el tema pesquero no se agota en su discusión jurídica. Es muy importante que el sector público pesquero pueda participar en su ámbito específico de actividad, en la promoción del desarrollo del sector, viendo cómo en la industria pesquera se abren los horizontes; cómo se penetra en nuevos mercados internacionales; cómo somos capaces de avanzar en la industrialización de nuestros recursos. Para ello, requerimos una Subsecretaría de Pesca que pueda, de alguna forma, descansar de todas las urgencias a las cuales ha estado sometida como consecuencia de los problemas jurídicos que hoy día tiene el sector.

En cuanto a la consulta que formulaba el Diputado señor Melero , acerca de cuál es nuestra actitud en relación con las empresas que han ingresado por la vía del decreto ley N° 600 o por la vía del capítulo XIX, yo adelantaría, independientemente del juicio que cada uno pueda tener de estos instrumentos, que no es del caso innovar en esta materia. Pienso, eso sí, que este tema puede ser objeto de una discusión relevante en lo futuro.

Me parece que había una última consulta, referente...

El señor MELERO.-

Al libre acceso, señor Ministro.

El señor OMINAMI (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).-

Señor Presidente, respecto de cómo una ley o un reglamento tienen que ver con lo que yo decía anteriormente, lo ideal sería que pudiéramos tener una ley que funcionara de la forma más automática posible. Pero, ¡cuidado!, se trata de un sector que tiene particularidades importantes respecto de otros sectores. En el sector minero, por ejemplo, el dueño de una pertenencia sabe que en ella hay un conjunto de recursos que son científicamente estimables a priori; en el sector pesquero, en cambio, se está en presencia de un conjunto de recursos que tienen un comportamiento distinto. Por de pronto, los peces se mueven, a diferencia de los minerales...

No es posible establecer una normativa que no sea consistente con la naturaleza particular de los recursos. Debiéramos adoptar otro criterio para fijar una frontera inteligente entre lo que debe ser materia de ley y lo que debe ser materia de decreto o de resolución.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por último, ofrezco la palabra a la Diputada señora Evelyn Matthei .

La señora MATTHEI.-

Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero valorizar la respuesta del señor Ministro, por cuanto sus palabras han sido muy claras y precisas.

En segundo lugar, debo señalar que el Diputado señor Ortiz está equivocado cuando manifiesta que existe un supuesto interés personal en algunos señores parlamentarios que han intervenido en este debate. De ahí que yo quisiera pedirle, por intermedio del señor Presidente, que precisara quiénes son los que han actuado movidos por esos intereses y en qué consisten éstos, porque en una democracia es muy sano ser preciso cuando se hacen imputaciones.

Finalmente, quiero pedirle al señor Presidente que tenga a bien suspender la sesión por cinco minutos antes de consultar a la Sala sobre el despacho inmediato de este proyecto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señora Diputada, no es procedente la primera petición, pero sí la segunda.

En consecuencia, se suspende la sesión por cinco minutos.

-Se suspendió la sesión a las 20.04 horas.

-Se reanudó a las 20.13 horas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

Ruego a los señores Diputados tomar asiento.

Teniendo en vista el debate habido en la Sala y considerando lo expresado por los distintos señores Diputados que han intervenido en él, solicito el asentimiento unánime para omitir el trámite de Comisión del proyecto en discusión.

Si no hay objeción, se dará por aprobada, la solicitud.

Aprobada.

-Aplausos en la Sala y las tribunas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación general y particular el proyecto.

Si le parece a la Cámara, se aprobará.

Varios señores DIPUTADOS- Aprobado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

-Aplausos en la Sala y en las tribunas.

VALPARAISO, marzo 20 de 1990.

Oficio Nº 2

A S.E. El Presidente del H. Senado

Con motivo del Mensaje y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Modifícase el artículo 126 de la ley N° 18.892, de 1989, en el sentido de sustituir la palabra "abril" por "octubre".".

Dios guarde a V.E.

JOSE ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY

Presidente de la Cámara de Diputados

RICARDO VALDES ZEBALLOS

Secretario de la Cámara de Diputados

?El Proyecto en este trámite constitucional fue eximido de Comisión Legislativa de Economía, Fomento y Desarrollo.

PRÓRROGA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LEY Nº 18.892, GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-

En seguida, procede tratar el proyecto que prorroga por seis meses la entrada en vigencia de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, eximido igualmente del Trámite de Comisión.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 2°, en 21 de marzo de 1990.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión general y particular el proyecto.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor Papi.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , especialmente después de lo que manifestó el Honorable señor Romero y del debate habido, queda en evidencia que debemos acceder a la prórroga que se propone mediante la iniciativa en análisis, porque las inquietudes expresadas aquí son la mejor prueba de que la materia requiere mayor estudio y más lata discusión.

Por tales razones, soy partidario de aprobar el proyecto.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala, daremos por aprobada la iniciativa.

Aprobada.

Valparaíso, 21 de marzo de 1990

N° 5

A S.E. el Presidente de la H. Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Senado ha aprobado en los mismos términos en que lo hizo esa H. Cámara, el proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Lo que comunico a V.E. en respuesta a vuestro oficio de 20 de marzo de 1990.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

GABRIEL VALDES SUBERCASEAUX

Presidente del Senado

RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRIA

Secretario del Senado

?VALPARAISO, 21 de marzo de 1990.

Oficio Nº 3

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único.- Modifícase el artículo 126 de la ley N° 18.892, de 1989, en el sentido de sustituir la palabra "abril" por "octubre".".

Dios guarde a V.E.

JOSE ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY

Presidente de la Cámara de Diputados

RICARDO VALDES ZEBALLOS

Secretario de la Cámara de Diputados