MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA DESPENALIZACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES.

_____________________________

Santiago, 31 de enero de 2015

MENSAJE Nº 1230-362/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable:

En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

I. ANTECEDENTES

1. La dignidad de las mujeres como atributo inviolable y el deber de respeto y protección

En mi programa de Gobierno adquirí un compromiso con la ciudadanía. Luego, el pasado 21 de mayo, en el Mensaje a la Nación, formulé un llamado a tener una discusión madura e informada, debatiendo en el Congreso un proyecto de ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales específicas.

Hoy cumplimos con el compromiso asumido con el envío de este proyecto de ley, para someterlo a vuestro debate y luego convertirlo en ley de la República.

El proyecto que someto a vuestra consideración se hace cargo de ciertas experiencias de vida críticas. Esas situaciones se presentan cuando debe interrumpirse un embarazo para evitar un peligro para la vida de la mujer cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina, o cuando el embarazo es producto de una violación.

Partimos de la base que la vida de toda persona, considerada en su máxima y más amplia dimensión, comprende no sólo su condición biológica, sino también los aspectos sociales y culturales que la constituyen. Por esta razón, nuestra Constitución Política se ocupa de consagrar el derecho a la vida y el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, e impone a la ley el deber de proteger la vida del que está por nacer.

Junto con ello, el Estado debe equilibrar esos mandatos con aquellas situaciones que pueden afectar la vida, la salud, los derechos y, en definitiva, la dignidad de las mujeres en ciertas situaciones que conllevan la obligación de regular la interrupción del embarazo.

La normativa vigente sobre interrupción del embarazo, que la prohíbe sin excepciones, no responde al trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas en estas situaciones y sitúa a nuestro país como uno de los cuatro en el mundo que lo criminaliza en todas sus modalidades, además de El Vaticano: Chile, Nicaragua, El Salvador y Malta.

Los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del embarazo no han impedido ni impiden su práctica en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres, y, por el contrario, se traducen en una vulneración de sus derechos. Esto representa un problema social del cual debe hacerse cargo cabalmente el Estado.

En efecto, un Estado que respeta los derechos humanos no puede sentirse orgulloso ni satisfecho de amenazar con pena privativa de libertad a aquellas mujeres que se encuentran en esta disyuntiva.

Los derechos de las mujeres están en el centro de esta propuesta. Por esa razón, las tres causales de interrupción legal del embarazo que el proyecto aborda, exigen como presupuesto de cada una la expresión de voluntad libre de la mujer, sin la cual dicha interrupción no puede tener lugar. En los casos específicos en que la mujer es incapaz, está incapacitada o cuando es menor de 14 años, el proyecto propone reglas especiales para resguardar su voluntad.

Del mismo modo, el Estado de Chile es laico y reconoce el derecho que asiste a toda persona para conducirse en su vida de acuerdo con sus convicciones y principios morales, sean éstos de carácter religioso o no, razón por la que contempla una regla para el caso de quienes deseen objetar en conciencia. Este es un acto estricta y esencialmente individual del profesional clínico que deba intervenir directamente en la interrupción del embarazo, de mediar la voluntad de la mujer en los casos a que se refiere. Con todo, este derecho no puede ser un obstáculo insalvable para acceder a la interrupción del embarazo.

Debemos reconocer que el Estado, en estas situaciones extremas, no puede imponer una decisión a las mujeres, ni penalizarlas, sino entregar alternativas, respetando su voluntad, ya sea que deseen continuar el embarazo u optar por interrumpirlo, para asegurar el pleno respeto de sus derechos.

2. Existe una realidad que no podemos ignorar

Al analizar la información de los egresos hospitalarios desde 2001 a 2012, inclusive, hemos podido establecer que hubo 395.905 casos de abortos, es decir interrupciones del embarazo antes de las 22 semanas de gestación, con un promedio de 32.992 casos/año, donde las mujeres y su entorno se encontraban en situaciones críticas.

Los registros de egresos hospitalarios por causas reproductivas nos permiten estimar el número de casos de interrupciones de los embarazos, espontáneas y provocadas, en nuestro país (ya sean por una condición médica o por una alteración estructural, así como aquellas interrupciones que se desarrollan en forma voluntaria y que se complicaron y requirieron atención médica). Por tanto, los registros no dan cuenta de todos los casos de interrupciones de embarazos en Chile, sino sólo de los antes indicados, pues al estar penalizado en toda circunstancia, no se informa acerca de su realización. Como consecuencia, no contamos con encuestas sobre salud sexual y reproductiva en la que las mujeres pudieran informar acerca estos procedimientos.

En promedio, cada año se hospitalizan 16.510 mujeres/año, con embarazos de menos de 22 semanas que son pertinentes a las dos primeras causales que el presente proyecto autoriza (los códigos CIE-10 que se indican como interrupción del embarazo anormal o por razones de salud, según se describe en libros de la especialidad que son los que se enuncian a continuación: Embarazo ectópico (O00); Mola hidatiforme (O01); Otros productos anormales de la concepción (O02); Complicaciones consecutivas al aborto, embarazo ectópico y al embarazo molar).

Esto imprime una demanda a los sistemas de salud, tanto públicos como privados, que enfrentan de muy diversas maneras las necesidades de cuidados de salud de estas mujeres, generando grandes inequidades según el nivel de ingresos de la población.

Si analizamos estas cifras, y teniendo en mente las causales que se regulan en este proyecto, conforme a los antecedentes que posee el Ministerio de Salud, podemos señalar lo siguiente:

Tratándose de la primera causal que regula el presente proyecto, sabemos que el año 2012 hubo 54 mujeres que murieron en su proceso de gestación; 3 defunciones de 15 -19 años: 5,6%; 6 defunciones de 20-24 años: 11,1%; 11 defunciones de 25-29 años: 20,4%; 15 defunciones de 30-34: 27,8%; 14 defunciones de 35-39 años: 25,9%; 3 defunciones de 40-44 años: 5,6%. Al realizar una auditoría de las muertes maternas en 2012 se pudo observar que el 40,0% de las defunciones maternas presentaban una patología médica concomitante (insuficiencia hepática, ductus arterioso persistente, hígado graso, tormenta tiroidea, insuficiencia respiratoria aguda, coriocarcinoma metastásico, cardiopatía) y el 22,5%, presentó condiciones clínicas como Pre eclampsia Severa, Eclampsia, HELLP, de las cuales un porcentaje significativo de mujeres pudo haberse tratado clínicamente con interrupción del embarazo, para resguardar sus vidas.

Luego, en la segunda causal que trata el presente proyecto, la estimación del número de muertes por alteraciones estructurales incompatibles con la vida extrauterina en nuestro país, asumiendo un número de partos anuales de 250.000, sería alrededor de 500 casos anuales, según prevalencias por patologías. Estas estimaciones serían concordantes con las cifras analizadas de los años 2004 a 2012 sobre de muertes neonatales por alteraciones estructurales incompatibles con la vida extrauterina. Éstas últimas mostraron un promedio de 465 casos/año de niños menores de 28 días de vida que fallecen por malformaciones incompatibles con la vida.

Finalmente, en relación a los casos de embarazos secundarios originados por casos de violencia sexual, no existen datos que permitan dimensionar la magnitud de esta situación.

En efecto, al intentar estimar los embarazos a partir de los casos de delitos sexuales encontramos que no existen registros estadísticos integrados.

Si, además, se considera que no todos los delitos sexuales son denunciados, no es posible tener una cifra de casos efectivos. A esto se debe agregar que la probabilidad de que una mujer quede embarazada producto de una violación es de aproximadamente un 10% de los casos (oscilan las estimaciones entre el 3%, 5% y 17% según la fuente de los estudios analizados).

En virtud de lo anterior, estas cifras impactan las percepciones ciudadanas sobre los déficit de nuestra actual normativa. Prueba de ello es que estudios de opinión pública revelan que la ciudadanía respalda ampliamente la necesidad de despenalizar la interrupción del embarazo en las tres causales propuestas (CEP, julio de 2014; Adimark, julio de 2014; Cadem, enero de 2015), cuyos resultados arrojan que más del 70% de los encuestados apoya la despenalización por las tres causales.

3. Chile tiene una historia de políticas públicas en salud de las mujeres

Diversos actores han contribuido desde hace décadas a mejorar las condiciones de la salud y de derechos de las mujeres en nuestro país. Ya en los años 30, el Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH), manifestaba la urgencia de contar con métodos anticonceptivos, así como una reglamentación científica que permitiera evitar el aborto clandestino y sus graves consecuencias, de manera que las mujeres pudieran decidir sobre su maternidad sin riesgos.

Nuestro ordenamiento jurídico buscó dar respuesta a la problemática de las consecuencias del aborto clandestino. Ya en la década del 30 esta realidad es considerada un problema de salud pública, de ahí que en el marco de la dictación del Código Sanitario, se permitió la interrupción del embarazo por razones terapéuticas (artículo 226).

Asimismo, médicos y matronas, desde antes de la creación del Servicio Nacional de Salud (1952), relevaban la salud materno-infantil como prioridad por la elevada mortalidad materna.

En 1960, la mortalidad materna era muy elevada (299/100.000 nacidos vivos), siendo más de un tercio a consecuencia de abortos inducidos y clandestinos. El 20% de las camas obstétricas estaba ocupado por mujeres con abortos complicados. El grupo más vulnerable eran mujeres de bajo nivel socio económico, con tres hijos o más.

El Presidente Eduardo Frei Montalva aprobó durante su Gobierno un nuevo Código Sanitario que mantuvo la interrupción del embarazo por razones terapéuticas. Cabe destacar que durante su mandato se desarrolló una amplia política nacional de planificación familiar y de educación sexual, no sólo desde el Ministerio de Salud, sino también desde el Ministerio de Educación a través del programa “Vida Familiar y Educación Sexual”.

La puesta en marcha del Programa Nacional de Planificación Familiar, en 1965, favoreció la disminución de abortos hospitalizados.

Al constatar la cantidad de muertes y de lesiones graves que se producían debido a los abortos clandestinos, los servicios de ginecología y obstetricia se hicieron cargo de esta situación. La iniciativa tuvo el respaldo del Presidente Salvador Allende, quien en su primer Mensaje al país, en 1971, manifestó la necesidad de avanzar a la “eventual legalización del aborto […] y en términos más inmediatos una ampliación de los criterios para permitir el aborto terapéutico, en caso del fracaso de los métodos anticonceptivos”.

Sobre esas experiencias se fueron generando las políticas públicas en salud sexual y reproductiva que fueron suspendidas por el golpe militar. La interrupción del embarazo por razones terapéuticas fue una legítima prestación de salud, reconocida por la comunidad médica y jurídica, además de la ciudadanía, hasta el año 1989. En las postrimerías de la dictadura, la Junta de Gobierno estableció la prohibición en toda circunstancia que rige hasta el día de hoy.

Con la recuperación de la democracia, en el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la salud sexual y reproductiva fue definida como una de las 16 prioridades de salud en el país.

Es importante reconocer que el Foro Abierto de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, que articuló a numerosas organizaciones sociales, mantuvo su demanda presionando la respuesta gubernamental a lo largo de los años.

El Ministerio de Educación formuló una Política de Educación en Sexualidad y en 1996 implementó las JOCAS (Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad), a pesar las resistencias y polémicas que generó en algunos sectores de la opinión pública.

En 1997 el “Programa de Salud materno-perinatal del Ministerio de Salud” pasó a ser el “Programa de Salud de la Mujer”, con el objeto de contribuir al desarrollo integral, físico, mental y social de la mujer, en todas las etapas de su ciclo vital, con un enfoque de riesgo que contempla la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y autocuidado de su salud, con especial énfasis en la salud reproductiva.

En 2007 se creó el Programa Chile Crece Contigo, que institucionalizó la ley 20.379 con el Sistema Intersectorial de Protección Social (2009), que establece que niños y niñas se integran el sistema público de salud desde su primer control de gestación y son acompañados y apoyados hasta que ingresan al sistema escolar. Adicionalmente, se establece un acceso preferente de las familias a toda la red de servicios y prestaciones sociales del Estado.

En 2007 se aprobaron las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad, impugnadas por algunos sectores ante el Tribunal Constitucional por incluir la anticoncepción de emergencia.

Tras la polémica generada y la reivindicación de actores políticos y sociales, se legisló y en 2010 se aprobó la Ley 20.418 que fijó las Normas sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad. En dicha Ley se establece por primera vez, el deber del Estado de garantizar el acceso a los mecanismos de regulación de la fertilidad que la persona decida para sí, incluida la anticoncepción de emergencia, y que estudiantes de enseñanza media reciban educación en sexualidad.

En 2013 el sistema público de salud atendió a 1.368.298 mujeres, usuarias de métodos de regulación de la fertilidad. El 99,7% de los partos son atendidos por profesionales de la salud. Como consecuencia, existe una clara caída en las tasas de fecundidad en mujeres adultas y de mortalidad materna, siendo una de las más bajas del continente (18 por 100.000 nacidos vivos), con una consecuente disminución en la mortalidad neonatal. Sin embargo, no ha sido posible reducir esa mortalidad materna en 10 años.

De esta forma, tanto el proyecto de ley que se presenta, como las políticas públicas recién mencionadas, tienen por finalidad resguardar los derechos de las mujeres y ofrecerles una adecuada protección.

4. Iniciativas parlamentarias para regular la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo

Parlamentarios de todos los sectores han hecho eco de las demandas de la ciudadanía presentando varias iniciativas que buscan hacerse cargo de esta realidad. Así se puede observar en las valiosas mociones parlamentarias presentadas desde 1991 hasta 2014.

El primer proyecto que manifestó preocupación por esta situación fue presentado en 1991 por la Diputada Adriana Muñoz y los Diputados Armando Arancibia, Carlos Smok, Juan Pablo Letelier y Carlos Montes (Boletín N° 499-07). En 2003 las Diputadas Isabel Allende, Carmen Ibáñez, Adriana Muñoz y María Antonieta Saa y los diputados Enrique Accorsi, Guido Girardi, Carlos Jarpa, Arturo Longton, Osvaldo Palma y Fulvio Rossi presentan una nueva moción que intenta resolver esta problemática (Boletín N° 3197-11).

En 2009, la interrupción legal del embarazo fue objeto de interés de los Diputados Alfonso de Urresti, Álvaro Escobar, Marcos Espinosa, Ramón Farías, Tucapel Jiménez, Manuel Antonio Núñez, Jaime Quintana, Fulvio Rossi y Alejandro Sule, quienes presentaron un nuevo proyecto (Boletín N° 6420-11). Ese mismo año, el Senador Camilo Escalona presentó una moción (Boletín N° 6522-11), así como los Senadores Guido Girardi y Carlos Ominami (Boletín N° 6591-11).

En 2010, nuevamente los Senadores Ominami y Girardi, presentaron una iniciativa sobre esta materia (Boletín N° 6845-07) y este último formó parte de una nueva moción, junto con los Senadores Ricardo Lagos Weber, Jaime Quintana y Eugenio Tuma (Boletín N° 7391-07). Ese mismo año se presentó un proyecto de ley de los Senadores Jorge Pizarro, Mariano Ruiz-Esquide, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar (Boletín N° 7965-11) y otro del Senador Fulvio Rossi y la Senadora Evelyn Matthei (Boletín N° 7373-07).

En 2012 se debatió en el Senado la idea de legislar sobre esta materia, recogiendo las iniciativas mencionadas.

Recientemente, en 2013 la Senadora Isabel Allende y los Senadores José Antonio Gómez, Ricardo Lagos Weber y Fulvio Rossi, presentaron una nueva moción (Boletín N° 8862-11). En tanto, hicieron lo propio las Diputadas Adriana Muñoz, Clemira Pacheco y María Antonieta Saa, junto con los Diputados Gabriel Ascencio, Juan Luis Castro, Aldo Cornejo, Hugo Gutiérrez, Marco Antonio Núñez y Gabriel Silber, (Boletín N° 8925-11). Cabe destacar que durante ese mismo año, el Senador Guido Girardi presentó una nueva iniciativa (Boletín N° 9021-11).

También durante el 2013 cabe destacar la propuesta del Anteproyecto de Código Penal. La experiencia de este proceso ha sido útil para la comisión de profesores de derecho penal, convocados por el Ministerio de Justicia en septiembre de 2014, quienes actualmente están realizando una revisión integral de la legislación penal vigente, en cumplimiento del compromiso asumido.

Además, se deben mencionar las iniciativas presentadas en 2014 por la Senadora Adriana Muñoz y por los Senadores Alfonso de Urresti, Guido Girardi, Alejandro Guillier y Jaime Quintana (Boletín N° 9418-11) y la propuesta legislativa contenida en el Boletín N° 9480-11 presentada por la actual Presidenta del Senado, Isabel Allende, la Senadora Adriana Muñoz y por los senadores Guido Girardi, Alejandro Guillier y Jaime Quintana.

Cada uno de los proyectos y análisis prelegislativos mencionados representa un avance importante, al que contribuyeron también las organizaciones de mujeres y feministas, de médicos, médicas y matronas, de científicos y científicas, que han sostenido a lo largo de estos años, la necesidad imperiosa de establecer políticas públicas que atiendan el problema de la interrupción voluntaria del embarazo.

La presente iniciativa reconoce e incorpora este acervo y somete a la consideración del Congreso Nacional y de la ciudadanía un proyecto que regula la despenalización de la interrupción del embarazo por las tres causales mencionadas, dando así cumplimiento a los compromisos explicitados en el programa de gobierno de esta Presidenta.

II. FUNDAMENTOS

1. Nuestros compromisos con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

El Estado no puede, tal como se le ha representado por los organismos internacionales de Derechos Humanos, seguir rehuyendo la situación que viven mujeres de distintas edades y condiciones y que afecta principalmente a quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad social, económica y cultural, ante la penalización absoluta de la interrupción del embarazo.

De conformidad al Derecho Internacional de los Derechos Humanos la denegación de la interrupción del embarazo, en determinadas circunstancias, puede constituir vulneraciones a derechos fundamentales. Son precisamente estas tres causales las que el actual proyecto pretende regular: cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer; cuando la gestante está obligada a llevar a término un embarazo sobre el cual se ha diagnosticado inviabilidad fetal; y cuando el embarazo es producto de violencia sexual. La prohibición absoluta de interrumpir el embarazo no reconoce que existen circunstancias en las cuales no es exigible a una mujer, por medio de la amenaza de una pena privativa de libertad, que continúe un embarazo.

La penalización del aborto sin excepciones en nuestro país constituye un incumplimiento inequívoco de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile en relación a la garantía que debe existir respecto del pleno goce de los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de las mujeres. Es por ello que los organismos de Naciones Unidas, al hacer una revisión del cumplimiento de compromisos internacionales del Estado que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos vigentes, han hecho numerosas recomendaciones al Estado de Chile solicitándole que enmiende la actual normativa que penaliza sin excepciones la interrupción del embarazo.

Así, en 2004 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó al Estado que “revise su legislación y despenalice el aborto cuando se trate de abortos terapéuticos y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto” (Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con los Artículos 16 y 17 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Chile, 33° período de sesiones, 1° de diciembre de 2004, E/C.12/1/Add.105, Párrafo 52).

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha exhortado a Chile a “revisar su postura de penalización de la interrupción del embarazo en toda circunstancia, incluso en los casos de violación, incesto y situaciones en que corre peligro la vida de la madre” (Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al Artículo 22 de la Convención, Observaciones finales Chile, 44° período de sesiones, 23 de Abril de 2007, CRC/C/CHL/CO/3, Párrafo 56).

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, en los exámenes de sus informes de 2006 y 2012 ha manifestado en forma consistente que la actual legislación sobre la interrupción del embarazo es deficitaria y que requiere de una modificación por parte del Estado.

En las observaciones finales de 2006 expresó “su preocupación por la insuficiencia del reconocimiento y la protección de los derechos relacionados con la salud reproductiva de la mujer en Chile. Le sigue suscitando preocupación el hecho de que el aborto en cualquier circunstancia constituya un delito enjuiciable con arreglo a la legislación chilena, lo que puede llevar a las mujeres a la búsqueda de abortos inseguros e ilegales, con los consiguientes riesgos para su vida y su salud, así como por el hecho de que los abortos clandestinos sean la causa principal de mortalidad materna. […]. El Comité recomienda que el Estado Parte considere la revisión de las leyes relativas al aborto con miras a suprimir las disposiciones punitivas aplicables a las mujeres que se someten a abortos y les dé acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos inseguros y reduzca las tasas de mortalidad materna, de conformidad con la recomendación general 24, relativa a la mujer y la salud, y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing” (Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Chile, 36° período de sesiones, 25 de agosto de 2006, CEDAW/C/CHI/CO/4, Párrafos 19 y 20).

En el examen del informe de 2012, el Comité lamentó profundamente que hayan fracasado iniciativas legislativas en especial “en los supuestos de riesgo para la salud o la vida de la madre, grave malformación del feto o violación” e instó al Estado que “[r]evise la legislación vigente sobre el aborto con miras a despenalizarlo en los casos de violación, incesto o riesgo para la salud o la vida de la madre […]”(Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto de Chile, adoptadas por el Comité en su 53° período de sesiones (1° a 19° de octubre de 2012), 53° período de sesiones 12 de noviembre de 2012, CEDAW/c/CHL/CO/5-6, Párrafo 34 y 35 letra d).

Lo propio hizo el Comité de Derechos Humanos, órgano que verifica el cumplimiento de las obligaciones internacionales surgidas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ya en 1999, el Comité había señalado que “[l]a penalización de todo aborto, sin excepción, plantea graves problemas, sobre todo a la luz de informes incontestados según los cuales muchas mujeres se someten a abortos ilegales poniendo en peligro sus vidas. El deber jurídico impuesto sobre el personal de salud de informar de los casos de mujeres que se hayan sometido a abortos puede inhibir a las mujeres que quieran obtener tratamiento médico, poniendo así en peligro sus vidas. El Estado parte está en el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida de todas las personas, incluidas las mujeres embarazadas que deciden interrumpir su embarazo. En este sentido el Comité recomienda que se revise la ley para establecer excepciones de la prohibición general de todo aborto y proteger el carácter confidencial de la información médica” (Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Chile, 65º período de sesiones, 30 de marzo de 1999, CCPR/C/79/Add.104, párrafo 15).

Sobre esta misma línea, en 2007 manifestó su “preocupación por la legislación indebidamente restrictiva del aborto, especialmente en casos en que la vida de la madre esté en peligro. Lamenta que su gobierno no tenga planeado legislar en la materia. (Artículo 6 del Pacto)” (Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos Chile, período de sesiones, 17 de abril de 2007, CCPR/C/CHL/CO/5, párrafo 8).

Es pertinente recordar, también, que el Estado de Chile aceptó las recomendaciones que sobre esta materia se le hicieron en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, realizado el año 2014.

Nuestro país no puede sustraerse a estas recomendaciones postergando por más tiempo una decisión, ni puede continuar soslayando la grave vulneración de derechos que esta situación supone.

2. Existe un contexto normativo global

Las modificaciones que han solicitado los organismos de Naciones Unidas encargados del monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos no son ajenas a la forma en que en el contexto mundial se ha legislado sobre la interrupción del embarazo.

En general, pueden distinguirse dos tipos de regulaciones. Un primer modelo es aquel que establece un sistema de plazos que permite la interrupción del embarazo sin exigir a la mujer justificar sus motivos. El segundo corresponde a aquellos que establecen un sistema de indicaciones o causales. En este, para que una mujer pueda interrumpir su embarazo debe estar en alguna de las situaciones en que la ley lo permita. Habitualmente estas causales suelen ser médicas o terapéuticas, embriopáticas, criminológicas y socio-económicas. Este es el sistema que tiene Italia, Bolivia, Brasil, Colombia, Panamá, Argentina e Irlanda, y es el que se pretende adoptar mediante este proyecto de ley.

Igualmente, existen sistemas que combinan ambos modelos. A modo de ejemplo, las regulaciones alemana, española y uruguaya contemplan normativas con un sistema mixto. Particularmente en Alemania, se permite interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación sin que se deban expresar motivos, pero contando con un sistema de consejería. Igualmente, se contemplan causales específicas en las que se justifica interrumpir el embarazo fuera del plazo establecido por ley.

Una modificación como la propuesta coloca a Chile dentro de los márgenes normativos que las restantes naciones del mundo han considerado adecuados para regular la interrupción del embarazo.

3. El Estado debe proteger y respetar la vida y la salud de las mujeres, reconociendo su autonomía

La presentación del proyecto de ley tiene como fundamento el respeto por la vida. Es esencial que el Estado promueva las condiciones para una vida digna, por lo que resulta indispensable la protección de la vida de la mujer, así como la del que está por nacer. Por lo mismo, este proyecto tiene su fundamento principal en el reconocimiento de ciertos hechos, bien definidos, en que debemos reconocer que el Estado no puede castigar a una mujer por no perseverar en un embarazo que no desea y que la sitúa en una posición extrema.

El Estado y el presente proyecto de ley no obligarán a ninguna mujer a interrumpir su embarazo, sino que ofrecen opciones en caso de tres situaciones, para que ellas puedan tomar una decisión de acuerdo a sus convicciones personales.

El proyecto de ley que sometemos a consideración aborda tres circunstancias críticas para las mujeres: permitirá interrumpir un embarazo para evitar un peligro para su vida, cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina, o cuando el embarazo sea producto de una violación.

Asimismo, establece expresamente que la interrupción del embarazo sólo se puede llevar a cabo con la voluntad de la mujer. En ese sentido, hay que asegurarle el espacio de discernimiento donde ella pueda tomar su decisión y respetarla cualquiera ésta sea.

La interrupción del embarazo, que el proyecto propone despenalizar en los tres casos indicados, debe consagrarse como una legítima prestación de salud. Si no se asegura el que las mujeres puedan recurrir a establecimientos de salud, esta regulación será irrelevante. Más aún, se perpetuarían las desigualdades entre las mujeres a partir de su condición económica y social.

Ello significará una oportunidad y un desafío de fortalecimiento para el sistema de salud, en especial, de la atención primaria. Supone un cambio de la cultura de acogida y trato a las mujeres, que reconozca sus derechos, en especial en las difíciles situaciones que se abordan en este proyecto. Será necesario incorporar en las prestaciones de salud el control preconcepcional y el diagnóstico de patologías pre existentes, la adecuada derivación de alto riesgo, el diagnóstico precoz y oportuno de alteraciones estructurales genéticas o congénitas incompatibles con la vida extrauterina, el trato digno a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y, por supuesto, el reconocimiento de su voluntad en todos estos casos.

Al tratarse de una prestación de salud, la modificación principal debe hacerse en el Código Sanitario. Por otra parte, los cambios que se introducen en el Código Penal y en el Código Procesal Penal buscan resguardar la responsabilidad de las mujeres y a las y los médicos, estableciendo un vínculo con el Código Sanitario.

III. OBJETIVOS

1. Una necesaria ponderación

El proyecto de ley busca resolver un conflicto entre bienes que son inconmensurables. Se trata de situaciones extremas en que la afectación de la dignidad y de los derechos de la mujer es tal que no puede sino garantizarse un espacio de discernimiento para ella. Por lo mismo, la voluntad libre expresada de manera escrita y previa es un supuesto de todas las causales.

Los fundamentos de estas tres causales serán analizados a continuación.

a. Peligro de la vida de la mujer embarazada.

La primera causal consiste en el peligro de la vida de la mujer embarazada. La finalidad de esta indicación es permitir que la mujer tenga acceso a los tratamientos médicos necesarios para preservar su vida, aun cuando la realización de los mismos implique la interrupción del embarazo.

La penalización sin ningún tipo de excepción genera incertidumbre en los equipos médicos, al no existir claridad de que las acciones que se llevan a cabo para la protección de la vida de la mujer no sean sancionadas penalmente. A su vez, la actual regulación no asegura que sea la mujer quien tome la decisión en conciencia.

b. Embrión o feto que padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina.

La segunda causal que permite interrumpir un embarazo, consiste en aquellos casos en que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénitas o genéticas que sean incompatibles con la vida extrauterina, las que deberán ser debidamente diagnosticadas por un equipo médico. Forzar a la mujer a llevar a término tal embarazo, o bien obligarla a que espere la muerte del feto, supone mantenerla en un permanente estado de duelo. El Estado debe asegurar condiciones adecuadas para que sea la mujer la que tome una decisión, lo haga acompañada por sus redes relevantes, si así lo desea, y ofrecer los cuidados paliativos que sean del caso.

c. Embarazo producto de una violación.

La tercera causal comprende los embarazos que se originan por una violación. Es decir, la mujer se encuentra embarazada por un acto realizado contra o sin su voluntad mediante violencia o coerción. En estas circunstancias no es posible exigir a la mujer la continuación del embarazo si es que ella no quiere mantenerlo debido a su origen. No reconocer la posibilidad de que ella decida si desea o no continuar con el embarazo, constituye una nueva negación de su voluntad e imponerle una obligación estatal por un acto en esencia abrogatorio de su dignidad. El trauma de la violencia sexual no puede ser agravado por el Estado, obligando siempre y en toda circunstancia a mantener el embarazo contra la voluntad de la mujer.

2. Protección de las niñas y adolescentes

El ordenamiento jurídico protege el interés superior de las niñas y reconoce su autonomía progresiva. Es por ello que, en coherencia con otras normas aplicables a niñas y adolescentes, se han dado ciertas reglas especiales.

En nuestro derecho, por una parte, se les imputa responsabilidad penal a los mayores de 14 años en la ley Nº 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal; por otra parte, con la ley Nº 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, se reconocen márgenes importantes de libertad para los mismos. Del mismo modo, el presente proyecto se enmarca en un reconocimiento de autonomía limitada para las menores de 18 y mayores de 14 años. En efecto, si bien se le da eficacia a su manifestación de voluntad, se cautela el conocimiento de sus representantes legales o, a falta de éstos, de otro adulto. Desde el punto de vista sanitario, además, la presencia de sus mayores es una garantía para la menor.

Por otro lado, es importante recordar que en el Código Penal se reconoce a las personas mayores de catorce años autonomía sexual, mediando su consentimiento.

Una cuestión distinta ocurre con las menores de 14 años. En este caso, deben actuar con autorización de su representante legal, sea su padre o madre u otro adulto responsable. Esta regulación eleva los estándares de participación de los representantes legales de las menores, en comparación con la ley N° 20.418. No obstante, es importante reconocer un legítimo espacio de discernimiento a la menor, habida consideración que será ella quien sobrellevará las consecuencias de la decisión. Por ello, junto al equipo de salud, se establece la posibilidad de acceder al juez de familia para que éste otorgue la autorización respectiva, en subsidio de sus representantes, siempre que concurran los requisitos de la causal respectiva.

Finalmente el proyecto reconoce que la violencia sexual que afecta a las niñas y adolescentes con frecuencia se manifiesta dentro de su propio hogar. Es por ello que autoriza a el o la médico(a) cirujano(a) a prescindir de la solicitud de autorización al representante legal de las menores de 14 años, cuando existan antecedentes para afirmar que, al hacerlo, se expondrá a la menor a un riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza o maltrato, o incluso a una posible situación de desarraigo o de abandono. En tal caso, puede acudir al juez de familia competente.

3. Destacar el rol de los prestadores y profesionales de la saluda.

a. En la información sanitaria para una decisión conciente.

El proyecto prevé, cualquiera sea la causal invocada, la obligación del prestador de salud de otorgar información veraz. Ésta se establece como una instancia a partir de la cual el discernimiento de la mujer se acompaña de toda la información que necesita para tomar una decisión. Hemos estimado necesario destacar que la información que se entregue es respetuosa de la decisión de la mujer para que, en concordancia con la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, ésta ejerza informada y libremente su opción.

Adicionalmente, la obligación del prestador se extiende a entregar, por escrito, información sobre alternativas a la interrupción del embarazo. Nuevamente lo que se persigue es asegurar que la mujer cuente con toda la información que le permita tomar una decisión libre.

b. En la constatación de las causales

Se establece un procedimiento que trata de ponderar, por una parte, la necesidad de otorgar una prestación médica rápida y respetuosa de la situación compleja que está viviendo la mujer. Por otra, con la necesidad de contar con diagnósticos certeros que permitan realizar las acciones de salud necesarias con respeto a la legislación vigente.

Así, la regla general es que se requiere el diagnóstico de un(a) médico(a) cirujano(a), ratificado por el de otro profesional. Esta regla, sin embargo, reconoce excepciones en los casos en que se requiere una intervención médica inmediata e impostergable. Ello ocurrirá, por ejemplo, cuando el riesgo para la vida o la salud de la mujer sea inminente. Por lo mismo, no se requiere tal ratificación en el caso de un embarazo ectópico.

En el caso de la violación, consideramos que no se puede imponer a la mujer someterse a un proceso penal, como condición para interrumpir su embarazo. Cuando una mujer ha sido víctima de violencia sexual, debe primar su protección y bienestar, sin que se pierda de vista que la prestación médica no puede depender de los resultados de un proceso penal.

c. En la objeción de conciencia

Como se ha dicho, este proyecto encara situaciones difíciles, donde las convicciones profundas de cada persona están en juego. Es por ello que se le reconoce a el o la médico(a) cirujano(a) la posibilidad de expresar, por escrito y previamente, su objeción de conciencia. Además, se hace explícito el deber ético del médico afectado por la objeción de conciencia de informar cuando una paciente se encuentra en alguna de las causales. Desde luego, se trata de un derecho propio del médico que interviene, en tanto persona natural.

Como contrapartida, el prestador de salud tiene la obligación de derivar a la mujer a un profesional que no esté afectado por la objeción de conciencia.

Con todo, la objeción de conciencia no puede ser un obstáculo en aquellos casos excepcionales en que la mujer requiere una interrupción del embarazo de modo inmediato e impostergable y, además, no existe otro médico que pueda realizar la intervención.

d. En la confidencialidad

Además, el proyecto busca prevenir que la mujer se inhiba de entregar información fidedigna acerca de su condición de salud al personal médico o de solicitar asistencia médica por temor a una posible sanción penal. Con este objetivo en mente, se busca privilegiar el deber de confidencialidad por sobre el deber de denuncia ante una interrupción del embarazo realizada por la mujer o por un tercero con su consentimiento.

De esta forma, la relación entre el equipo de salud y la paciente no se ve condicionada, permitiendo que todas las acciones de salud conducentes a restablecer la vida e integridad de la paciente sean realizadas en tiempo y forma.

IV. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

Por los fundamentos ya descritos, el proyecto de ley que someto a vuestra consideración establece una nueva normativa sobre despenalización de la interrupción del embarazo por tres causales específicas, modificando el Código Sanitario, Penal y Procesal Penal.

1. Causales para despenalizar la interrupción del embarazo

El proyecto de ley establece tres causales específicas que permiten la despenalización de la interrupción del embarazo.

La primera causal consiste en aquél caso en que la mujer se encuentra en riesgo vital presente o futuro.

La segunda causal corresponde a los casos en que el embrión o feto padezca alteraciones estructurales congénitas o genéticas incompatibles con la vida extrauterina.

La tercera causal se aplica cuando el embarazo es resultado de una violación, con un límite general de tiempo de 12 semanas de gestación y de 18 semanas cuando se trata de menores de 14 años. En este caso, se ha cuidado establecer un procedimiento de constatación respetuoso de la dignidad de las mujeres y que asegura una intervención médica eficaz.

2. Manifestación de voluntad de la mujer

El proyecto de ley contempla diversas disposiciones en relación con la manifestación de voluntad de la mujer para la interrupción del embarazo por las tres causales señaladas.

En primer lugar, el proyecto establece que la mujer es quien debe decidir si continúa o no con el embarazo. La manifestación de voluntad debe ser expresa, previa y constar por escrito. Cuando ello no es posible, el proyecto se remite a la legislación vigente.

En segundo lugar, se regula la manifestación de voluntad de las menores de edad. Se distingue entre menores de 14 años y mayores de 14 y menores de 18. En el caso de las menores de 14 años, además de su voluntad, la interrupción del embarazo deberá contar con la autorización de su representante legal.

A falta de la autorización del representante legal, la menor, asistida por un integrante del equipo de salud, podrá solicitar la intervención del Tribunal de Familia competente para que éste otorgue la autorización, siempre que concurra la causal respectiva. El Tribunal deberá pronunciarse, sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud. El juez oirá a la menor y, en su caso, al integrante del equipo de salud que la asiste.

También se podrá recurrir al Tribunal de Familia cuando a juicio del médico(a) cirujano(a) existan antecedentes para afirmar que la solicitud de autorización al representante legal generará graves riesgos para la menor.

Las mayores de 14 y menores de 18 años podrán requerir o manifestar por sí su voluntad, sin perjuicio de que el representante legal deberá ser informado de la decisión. A falta de éste, o cuando la información pueda generar graves riesgos para la menor, otro adulto a elección de la menor será informado.

3. Procedimiento

El proyecto de ley indica que para realizar la intervención en los casos regulados en las primeras dos causales, se requiere el diagnóstico de un(a) médico(a) cirujano(a) y la ratificación de dicho diagnóstico por otro profesional de iguales características. Podrá prescindirse de la ratificación en caso que se requiera realizar una atención médica inmediata e impostergable.

Cuando se invoque la tercera causal, un equipo de salud deberá evaluar e informar de la concurrencia de los hechos que la constituyen asegurando en todo momento un trato digno y respetuoso hacia la mujer.

4. Objeción de conciencia

El proyecto de ley establece que el (la) médico(a) podrá abstenerse de interrumpir un embarazo cuando haya manifestado, en forma escrita y previa, su objeción de conciencia, pero no podrá excusarse de realizar la interrupción cuando la mujer requiera atención inmediata e impostergable y no exista otra persona que pueda realizarla. Igualmente, se establece la obligación del(de la) prestador(a) de salud de reasignar a otro médico(a) cirujano(a) que no haya objetado en conciencia, a la mujer que requiera la intervención, así como el deber del médico(a) cirujano(a) que haya objetado en conciencia de informar acerca de la necesidad de reasignación.

5. Información objetiva

Se regula una oportunidad de entrega de información que tenga por finalidad proporcionar a la mujer aquella que sea necesaria sobre la prestación médica y sus riesgos inherentes. Esta instancia debe ser respetuosa de la decisión de la mujer y no tendrá por finalidad influir en su voluntad.

A su vez, en las causales segunda y tercera, se le entregará a la mujer información por escrito sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo programas de apoyo social y económico disponibles.

6. Modificación de regulación penal

Asegurando la necesaria concordancia con el Código Sanitario, el Proyecto de ley agrega dos nuevos incisos a los artículos 344 y 345 del Código Penal, que establecen expresamente que no constituye delito de aborto la interrupción del embarazo en los casos autorizados por este proyecto ley.

7. Modificación de Código Procesal Penal

Se agregan dos disposiciones que hacen primar el deber de confidencialidad por sobre el deber de denuncia en caso de estar frente a una interrupción del embarazo realizada por la mujer o por un tercero con su consentimiento. Con ello, se permite que la relación médico-paciente no esté condicionada por la amenaza penal.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1º.- Modifícase el Código Sanitario en la forma que se indica a continuación:

1) Sustitúyese el artículo 119 por el siguiente, nuevo:

“Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer, un(a) médico(a) cirujano(a) se encuentra autorizado(a) para interrumpir un embarazo cuando:

1) La mujer se encuentre en riesgo vital, presente o futuro, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.

2) El embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina.

3) Es resultado de una violación, en los términos del inciso segundo del artículo siguiente, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho semanas de gestación.

En cualquiera de las causales anteriores, la mujer deberá manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo. Cuando ello no sea posible, se aplicará el artículo 15 de la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes.

Tratándose de una menor de 14 años, además de su voluntad, la interrupción del embarazo deberá contar con la autorización de su representante legal o de uno de ellos, a elección de la menor, si tuviere más de uno. A falta de autorización, la menor, asistida de un integrante del equipo de salud, podrá solicitar la intervención del Tribunal de Familia competente para que constate la concurrencia de la causal. El Tribunal autorizará la interrupción del embarazo, sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud, oyendo a la menor y, si lo estimare, al integrante de éste que la asista.

Cuando a juicio del médico(a) cirujano(a) existan antecedentes para afirmar que la solicitud de autorización al representante legal generará para la menor de 14 años un riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza o maltrato, o una posible situación de desarraigo o de abandono, se prescindirá de ésta y se solicitará una autorización sustitutiva al Tribunal de Familia competente, el que deberá pronunciarse conforme al procedimiento establecido en el inciso anterior.

La mayor de 14 y menor de 18 años podrá manifestar por sí su voluntad para la interrupción de su embarazo. Su representante legal o uno de ellos a su elección, si tuviere más de uno, deberá ser informado de su decisión. A falta de éste, o si existen antecedentes para afirmar que la información al representante legal generará para la menor alguno de los riesgos señalados en el inciso anterior, la menor deberá designar otro adulto que será informado.

El prestador de salud deberá entregarle a la mujer información veraz sobre las características de la prestación médica según lo establecido en los artículos 8º y 10 de la ley N° 20.584. En cualquier caso, el prestador de salud deberá entregar a la mujer información por escrito sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la de programas de apoyo social y económico disponible.

En ningún caso esta información estará destinada a influir en la voluntad de la mujer.”.

2) Introdúcese el siguiente artículo 119 bis, nuevo:

“Artículo 119 bis. Para realizar la intervención en los casos que autorizan los numerales 1) y 2) del artículo anterior, se deberá contar con el diagnóstico escrito de un(a) médico(a) cirujano(a) y con la ratificación de ese diagnóstico, dada por otro(a) médico(a) cirujano(a), también en forma escrita y previa. En caso de que se requiera una intervención médica inmediata e impostergable, podrá prescindirse de la ratificación. Tratándose del diagnóstico de un embarazo ectópico no se requerirá la ratificación para interrumpir el embarazo.

En el caso del numeral 3) del artículo 119, un equipo de salud, especialmente conformado para estos efectos, evaluará e informará la concurrencia de los hechos que la constituyen. En el cumplimiento de su cometido dicho equipo deberá dar y garantizar a la mujer un trato digno y respetuoso.”.

3) Introdúcese el siguiente artículo 119 ter, nuevo:

“Artículo 119 ter. El(la) médico(a) cirujano(a) que sea requerido(a) para interrumpir el embarazo en las causales descritas en el artículo 119, podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiera manifestado su objeción de consciencia al(la) Director(a) del establecimiento de salud, en forma escrita y previa. El establecimiento tendrá la obligación de reasignar otro médico(a) cirujano(a) a la paciente o de derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción. El Ministerio de Salud deberá dictar los protocolos necesarios para le ejecución de la objeción de conciencia.

El(la) médico(a) cirujano(a) que ha manifestado objeción en conciencia y es requerido(a) para interrumpir un embarazo, tiene la obligación de informar de inmediato al Director(a) del establecimiento de salud que la mujer requirente debe ser derivada.

En el caso que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, quien haya manifestado objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo en la medida que no exista otro(a) médico(a) cirujano(a) que pueda realizar la intervención.”.

Artículo 2º.- Modifícase el Código Penal en la forma que se indica a continuación:

1) Agrégase en el artículo 344 el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario.”.

2) Agrégase en el artículo 345 el siguiente inciso segundo, nuevo:

“No constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario.”.

Artículo 3°.- Modifícase el Código Procesal Penal en la forma que se indica a continuación:

1) Agrégase en el artículo 175, letra d), entre las palabras “delito,” e “y” lo siguiente: “con excepción del delito establecido en el artículo 344 del Código Penal, respecto del cual prima el deber de confidencialidad,”.

2) Sustitúyese en el artículo 200, el punto seguido (.) ubicado luego de la palabra “encontrado” por una coma (,) y agréguese lo siguiente: “con excepción del delito establecido en el artículo 344 del Código Penal, respecto del cual prima el deber de confidencialidad.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

ALBERTO ARENAS DE MESA

Ministro de Hacienda

XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ

Ministra Secretaria General de la Presidencia

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA

Ministro de Justicia

CARMEN CASTILLO TAUCHER

Ministra de Salud

CLAUDIA PASCUAL GRAU

Ministra Directora Servicio Nacional de la Mujer

VALPARAÍSO, 3 de marzo de 2015

Oficio Nº11.724

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA.

En conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, tengo a honra remitir a esa Excma. Corte Suprema copia del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, correspondiente al boletín N°9895-11.

Dios guarde a V.E.

ALDO CORNEJO GONZÁLEZ

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

Oficio N° 48 -2015

INFORME PROYECTO DE LEY 9-2015

Antecedente: Boletín N° 9895-11.

Santiago, 24 de abril de 2015.

Mediante Oficio N° 11.724, de 3 de marzo último, el Presidente de la Cámara de Diputados, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, remitió a esta Corte el proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (Boletín N° 9895-11).

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 17 del presente mes, presidida por el suscrito y con la asistencia de los Ministros señores Milton Juica Arancibia, Hugo Dolmestch Urra, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, Carlos Künsemüller Loebenfelder y Guillermo Silva Gundelach, señoras Rosa María Maggi Ducommun, Rosa Egnem Saldías y María Eugenia Sandoval Gouët, señores Juan Eduardo Fuentes Belmar, Lamberto Cisternas Rocha y Ricardo Blanco Herrera, señor Carlos Aránguiz Zúñiga y señora Andrea Muñoz Sánchez, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

AL SEÑOR PRESIDENTE

MARCO ANTONIO NÚÑEZ LOZANO

H. CÁMARA DE DIPUTADOS

VALPARAÍSO

“Santiago, veinticuatro de abril de dos mil quince.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que por Oficio N° 11.724, de 3 de marzo último, el Presidente de la Cámara de Diputados, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, remitió a esta Corte el proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (Boletín N° 9895-11);

Segundo: Que el proyecto despenaliza el aborto en tres casos: terapéutico, embriopático y criminológico; otorgando a la mujer, a las niñas y a las adolescentes la facultad de consentir la interrupción de su embarazo de configurarse alguna de esas causales, cumpliéndose además los requisitos establecidos para constatarlas y las exigencias particulares según se trate de niñas o adolescentes.

La justificación de la iniciativa, en cuanto expresión de una política pública, en lo doctrinario -derechos específicos de la mujer- y en lo pertinente al ámbito de la salud, se contiene en un extenso y documentado mensaje;

Tercero: Que el proyecto consta de tres artículos. El primero modifica el Código Sanitario, el segundo el Código Penal y el tercero el Código Procesal Penal.

En primer término se sustituye el artículo 119 del Código Sanitario, que actualmente dispone que “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”, por otro nuevo que autoriza al médico cirujano a interrumpir el embarazo de una mujer y que regula la forma de manifestación del consentimiento de ésta y las exigencias particulares tratándose de niñas y adolescentes. Además, se introduce un nuevo artículo 119 a dicho Código, que establece los antecedentes necesarios para acreditar las causales que habilitan la intervención médica y, el artículo 119 ter, que otorga al médico cirujano la posibilidad de optar por la objeción de consciencia, fijando también sus límites.

En el Código Penal, se agrega en el artículo 344 un inciso tercero, nuevo, y en el artículo 345 un nuevo inciso segundo, ambos con la misma siguiente expresión: “No constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario”.

Finalmente, en el Código Procesal Penal se modifica el artículo 175, que designa a las personas obligadas a denunciar, y también el artículo 200, relativo a la misma denuncia en el caso de lesiones corporales; estableciéndose, en cambio, la confidencialidad para el caso del aborto consentido;

Cuarto: Que de acuerdo al nuevo texto del artículo 119 del Código Sanitario y en virtud del nuevo artículo 119 bis que el proyecto incorpora al citado Código, las condicionantes que permitirían a un médico cirujano poner fin al embarazo, son las siguientes:

i. La concurrencia de una causal. Las circunstancias detonantes que prevé la iniciativa en tal sentido, son tres (artículo 119 del Código Sanitario):

• El hecho que la mujer se encuentre en riesgo vital, presente o futuro, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.

• El embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina.

• Que el embarazo sea el resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación, o más de dieciocho semanas, tratándose de una menor de 14 años.

ii. La concurrencia de voluntad de la mujer y autorización de representantes legales o del juez o conocimiento del hecho por el representante legal, en ciertos casos (artículo 119 del Código Sanitario).

El proyecto exige, como condición indispensable para la interrupción del embarazo, la manifestación de voluntad expresa, previa y por escrito de la mujer en orden a interrumpir su embarazo. De no ser posible que la mujer manifieste de tal forma su intención, se hace aplicable el artículo 15 de la Ley Nª 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.

Si la mujer es menor de 18 años, se exigen condiciones adicionales, dependiendo de si se trata de una menor adulta o no:

• Tratándose de las mujeres menores de 14 años se requiere, además, la autorización del representante legal o de uno de ellos, a elección de la menor de edad; voluntad que puede ser suplida por el tribunal de familia, en un procedimiento desformalizado y verbal, que debe resolverse en las 48 horas siguientes a la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud, oyendo a la menor y, si lo estimare del caso, oyendo al integrante del equipo médico que la asista.

Además, la intervención del tribunal de familia para otorgar tal autorización resultaría procedente también cuando el médico cirujano respectivo estimare que la solicitud de autorización al representante legal generará para la menor un riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza o maltrato, o una posible situación de desarraigo o de abandono, caso en el cual podrá solicitar directamente una autorización sustitutiva al Tribunal de Familia competente.

• Tratándose de las mujeres menores de 18 años pero mayores a 14 se deberá, además de contar con el consentimiento expreso de la propia afectada, informar del hecho a su representante legal o a uno de ellos, a su elección, si es que tuviere más de uno.

Si faltare el representante legal o existieren antecedentes para afirmar que la información al representante legal generará para la menor un riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza o maltrato, o una posible situación de desarraigo o de abandono, la adolescente deberá designar otro adulto a quien se informe la situación.

En todos los casos el prestador de salud de entregar a la mujer información veraz sobre las características de la prestación médica, dando cuenta a la misma, por escrito, sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la relativa a programas de apoyo social y económico disponibles, aclarando que en ningún caso dicha información estará destinada a influir en la voluntad de la mujer.

iii. La existencia de un diagnóstico médico que certifique la concurrencia de la causal (nuevo artículo 119 bis del Código Sanitario).

Frente a este requisito, es necesario distinguir la causal de interrupción del embarazo:

• Si se trata de las dos primeras causales, esto es, riesgo vital de la madre, presente o futuro, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida o que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina, se deberá contar con un diagnóstico escrito de un médico cirujano, que deberá ser ratificado por otro facultativo, en forma escrita y previa. Hace excepción al deber de ratificación, la circunstancia de un diagnóstico de embarazo ectópico[1].

• Si se trata de la última causal, esto es, que el embarazo sea el resultado de una violación, se requerirá la evaluación e informe previo de un equipo de salud, especialmente conformado para estos efectos, el que deberá otorgar un trato digno y respetuoso a la mujer afectada.

iv. Que no se supere cierto límite de tiempo de gestación del nasciturus, tratándose de la causal de violación. (artículo 119 bis del Código Sanitario)

Si la causal que se invoca es la violación, la iniciativa pone un límite de tiempo dentro del cual debe practicarse el procedimiento respectivo, que es de 12 semanas de gestación; salvo que se tratare de una menor de 14 años, en cuyo caso ese período se amplía hasta las 18 semanas;

Quinto: Que a través del nuevo artículo 119 ter al Código Sanitario, se incorpora la posibilidad del facultativo ante el cual se solicitare la interrupción del embarazo, de abstenerse de realizarla cuando hubiere manifestado su objeción de conciencia al Director del Establecimiento de salud, en forma escrita y previa, en cuyo caso, se deberá reasignar a otro médico cirujano a la paciente o derivarla en forma inmediata para que el procedimiento se realice por quien no hubiere manifestado dicha objeción. El ejercicio de esta prerrogativa, podrá ser regulada a través de protocolos que dicte al efecto el Ministerio de Salud.

Se establece el deber del médico cirujano que hubiere manifestado tal objeción y que hubiere sido requerido para interrumpir el embarazo, de informar en forma inmediata al establecimiento de salud para la respectiva derivación.

Finalmente, en caso que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, el facultativo que hubiere formulado objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo, en la medida que no exista otro médico cirujano que no pueda efectuar la intervención;

Sexto: Que junto con suprimir la prohibición de interrupción del embarazo que hoy rige en el Código Sanitario y establecer las causales y reglas que la hacen procedente, el proyecto modifica el Código Penal, haciendo excepción a la punición del aborto cuando se trata de las hipótesis establecidas en el nuevo texto del artículo 119 del Código Sanitario que el proyecto sugiere. Para tal efecto, incorpora una declaración de improcedencia de punibilidad en los artículos 344 y 345 del Código Penal, que actualmente sancionan a todo evento la interrupción del embarazo, tanto a la mujer como al facultativo que la efectuare, respectivamente;

Séptimo: Que en consonancia con el sistema de interrupción del embarazo que el proyecto formula, la iniciativa suprime el deber de denunciar el delito de aborto que tienen actualmente los jefes de establecimientos hospitalarios o clínicas privadas y, en general, los profesionales de ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud o que ejercieren actividades auxiliares a ellas, que notaren en una persona señales de comisión de un determinado delito en general, como lo prescribe el artículo 175 del Código Procesal Penal, o el delito de lesiones corporales en particular, como lo indica el artículo 200 del mismo Código.

Por ello, el proyecto incorpora como excepción a la regla de denuncia que pesa sobre estos profesionales, en las dos disposiciones recién mencionadas, la pertinente al delito regulado en el artículo 344 del Código penal, respecto del cual declara que primará el deber de confidencialidad;

Octavo: Que la iniciativa legal se refiere al “Tribunal de Familia competente” en dos casos:

a) Cuando quien deseare interrumpir su embarazo fuere menor de 14 años y se diere la “falta” de autorización de “su representante legal o de uno de ellos, a elección de la menor, si tuviere más de uno”. En tal caso la niña, asistida de un “integrante del equipo de salud”, podrá solicitar al mencionado juez su intervención para que constate la concurrencia de la causal, de tal modo que dándose las condiciones pertinentes, el juez “autorizará” la interrupción del embarazo, “sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud, oyendo a la menor y, si lo estimare, al integrante del equipo de salud que la asista”.

b) Cuando quien deseare interrumpir su embarazo fuere una menor de 14 años, y a juicio del médico cirujano existieren antecedentes para afirmar que la solicitud de autorización al representante legal generará para la niña un riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza o maltrato, o una posible situación de desarraigo o de abandono. En tal caso, se prescinde de la autorización del referido representante y se solicita directamente la autorización sustitutiva al tribunal con competencia en materia de familia.

Sobre esta parte del proyecto, cabe señalar lo siguiente:

i. La intervención judicial se radica, textualmente, en el “Tribunal de Familia competente”, siendo más propio hablar del “juez con competencia en materia de familia competente”, pues existen juzgados de competencia común que, entre las materias de que conocen, está la referente a familia.

ii. La palabra “falta”, referida a la autorización del representante legal puede dar lugar a dudas en cuanto a su significado. Haciendo el símil con lo que ocurre en materia de autorización para la salida del país de menores de edad, podría entenderse que esa carencia de autorización alude tanto a cuando existe omisión en su pronunciamiento como a cuando existe una negativa injustificada a brindarla. La aclaración del concepto no es baladí, en tanto la carencia de un pronunciamiento sobre la autorización es bien distinta a la oposición expresa que un padre, una madre, ambos o la persona a cuyo cuidado se encuentra la niña, puedan señalar frente a una situación de esta naturaleza.

Del texto del proyecto pareciera que el concepto de “falta” de autorización del representante legal comprende cualquier hipótesis que no implica su otorgamiento, esto es, su omisión o su negativa expresa, pues al regularse el procedimiento brevísimo que en sede de justicia de familia se crea ante tal situación, no se prevé la posibilidad que el referido representante pueda deducir oposición a la intención de interrupción del embarazo, ni posibilidad de su participación en la instancia judicial.

iii. Hacer bastante la autorización para interrumpir el embarazo de uno de los representantes legales de la niña menor de 14 años, a elección de ésta si tuviere más de uno, podría llegar a contradecir el principio de corresponsabilidad y el acuerdo de cuidado personal compartido establecido en la ley N° 20.680 y el Código Civil.

El problema radica en que el artículo 224 del Código Civil dispone, siguiendo el principio de corresponsabilidad, que toca de consuno a los padres el cuidado personal de sus hijos principio, “en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos”. Sin embargo, el inciso tercero del nuevo artículo 119 del Código Sanitario propuesto por el proyecto, otorga un derecho a elección de la niña para determinar cuál de los dos padres (en que caso que ellos sean sus representantes) dará la autorización que baste para dar lugar a la interrupción del embarazo, privando con ello al que no es elegido del deber y prerrogativa de velar por el interés superior del hijo planteado en el artículo 222 del Código Civil. Esta falta de participación del padre o madre omitido se ratifica en el procedimiento que al efecto se regula ante el juez con competencia en familia, pues no se prevé alguna hipótesis de oposición en que pueda hacer valer su opinión.

Los mismos reparos surgen a propósito del acuerdo de cuidado personal compartido. La ley señala, en el artículo 225 del Código Civil, que si los padres viven separados podrán determinar de común acuerdo, mediante escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, que el cuidado personal de los hijos corresponda a ambos en forma compartida. Luego, se define el cuidado personal compartido en el inciso segundo, como “un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad”. En esta hipótesis, el esquema de elección entre representantes legales propuesto por el proyecto nuevamente pugna con la corresponsabilidad que debe procurar el acuerdo de cuidado personal compartido.

Por lo anterior, sería aconsejable contemplar una fórmula que permita a los padres el ejercicio legítimo del derecho de corresponsabilidad parental, a fin de hacer coherente y armónico nuestro ordenamiento jurídico;

Noveno: Que el proyecto señala que el procedimiento ante el juez con competencia en familia para dar la “autorización” en sustitución del representante legal, será “sin forma de juicio y verbalmente”, debiendo otorgarla “a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud”. Sobre el particular, cabe hacer los siguientes comentarios:

i. Parece necesario, para salvaguardar la oportunidad de los plazos en que debe resolver el tribunal, establecer con claridad que el tribunal competente será aquel donde se encuentre la persona que manifieste su voluntad de interrumpir su embarazo. De lo contrario, puede ocurrir que la declaración de incompetencia de un tribunal, considerando los topes de semana para interrumpir el embarazo por la causal de violación, signifique la preclusión del derecho de la persona embarazada, porque el numeral 3) del inciso primero del nuevo artículo 119 del Código Sanitario establece que procederá la intervención “siempre que no hayan transcurrido más de” 12 ó 18 semanas de gestación, según se trate respectivamente de una persona mayor de 14 años o una niña de edad menor a aquélla.

ii. Se utiliza la expresión “El Tribunal autorizará…” respecto al pronunciamiento sobre la interrupción del embarazo de una niña menor de 14 años, lo que reduce el poder jurisdiccional del juez a una declaración de carácter administrativo, olvidándose el mandato constitucional del Poder Judicial, definido en el artículo 76 de la Carta Política como la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado. En concreto, parece más acorde con la función jurisdiccional que se exprese que el respectivo tribunal “resolverá” el asunto sometido a su conocimiento y no que “autorizará”.

iii. Por otra parte, y por la naturaleza del asunto, debiera contemplarse un procedimiento que, sin perjuicio de fijar un criterio de rapidez y eficiencia en su resolución, no deje atado necesariamente al juez a los exiguos plazos previstos por la iniciativa, pudiendo ser factible replicar un procedimiento de naturaleza cautelar. Las resoluciones judiciales precisan de procedimientos acordes a lo que se decide, contando con los informes y antecedentes necesarios, como también con la posibilidad de oír al equipo médico, al representante legal (sea el padre, la madre, el adoptante, el tutor o curador, u otro) y especialmente a la niña afectada. De esta forma, la decisión jurisdiccional armonizaría con la exigencia constitucional de motivación y fundamentación de las resoluciones sobre la base de procedimientos racionales y justos.

iv. Adicionalmente, cabe señalar que el proyecto no se hace cargo de la eventual impugnación de la decisión del juez, la que por aplicación de las reglas generales haría procedente a su respecto los medios recursivos que el sistema dispone para la jurisdicción de familia, aspecto que debe ser tenido en cuenta en virtud de la celeridad que requieren estas decisiones, por las acotadas semanas de embarazo que habilitan la interrupción del embarazo bajo la causal de violación;

Décimo: Que el proyecto de ley, tanto en el mensaje como en el articulado propuesto, emplea un lenguaje mejorable en el tratamiento de los niños niñas y adolescentes. En efecto, el texto legal propuesto hace referencia a los menores, palabra precisamente erradicada en el marco de las reformas implementadas por Chile a propósito de la Convención de Derechos del Niño (CDN)[2]. Así, la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia[3] y la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal[4], incorporan a nuestro ordenamiento jurídico un enfoque de derechos humanos aplicado a la infancia, comenzando por atribuirles la condición de sujeto de derechos. Bajo esa premisa, la ley que crea los tribunales de familia, en su artículo 16, inciso primero, establece que “Esta ley tiene por objetivo garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías”, y en el mismo sentido, el inciso primero del artículo 2° de la ley N° 20.084, expresa que “En todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos”. Es, entonces, aconsejable utilizar la expresión niños, niñas y adolescentes en lugar de menores[5], en concordancia con el inciso tercero del artículo 16 antes citado, que señala “Para los efectos de esta ley, se considera niño o niña a todo ser humano que no ha cumplido los catorce años y, adolescente, desde los catorce años hasta que cumpla los dieciocho años de edad”;

Undécimo: Que la utilización del concepto “violación” por el proyecto al consagrar la tercera causal que permite la interrupción del embarazo, puede dar lugar a problemas, en especial en el caso de las menores de 14 años de edad.

La duda radica en si dicho concepto corresponde a lo que penalmente se entiende como violación o si se ha concebido de un modo diverso y paralelo al legalmente previsto en ese ámbito.

En efecto, la “violación”, como concepto jurídico penal, se halla revestido tanto de elementos objetivos como subjetivos para la determinación del hecho. Así, el artículo 361 del Código Penal, considera que acontece tal delito cuando existe fuerza o intimidación; cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha de su incapacidad para oponerse; o cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. Y en el caso de las menores de 14 años, cabe recordar que conforme al artículo 362 del Código Penal, se asume por el ordenamiento jurídico que ellas no tienen voluntad para desarrollar las acciones necesarias para producir el embarazo.

Si bien es posible que un equipo multidisciplinario de profesionales determine con algún nivel de facilidad la agresión sexual cuando existan señales físicas del hecho o circunstancias objetivas fácilmente observables, podrían darse hipótesis en que, de producirse una persecución penal paralela del delito, se arribare a conclusiones disímiles entre lo que se concluya sobre la base de informes periciales médico legales en la sede persecutoria penal y lo que determine el equipo de salud que informará para la procedencia de la interrupción del embarazo;

Duodécimo: Que los deberes de confidencialidad postulados por el proyecto de ley en el Código Procesal Penal, podrían constituirse en un espacio de impunidad en desmedro de las víctimas de delitos sexuales menores de 18 años. En los fundamentos del proyecto se expresa que la mayoría de las agresiones sexuales son realizadas por parientes o cercanos a la víctima. A pesar de ello, en los términos actualmente propuestos por la iniciativa, podría ocurrir que una menor de 18 años concurra una o varias veces a un establecimiento de salud y obtenga el procedimiento de interrupción del embarazo, sin que se investigue penalmente el eventual delito de violación o estupro, dado que tanto la exclusión del deber de denuncia como la primacía del deber de confidencialidad pesarán, dado los términos amplios que emplea y empleará el artículo 175 del Código Procesal Penal, tanto sobre el médico cirujano que atienda a la requirente de interrupción del embarazo, como al equipo de salud especialmente conformado al efecto que se pronuncie sobre la concurrencia de la violación. Peor aún, podría darse el caso que el propio violador, en su calidad de padre de la niña, entregue su autorización para la interrupción del embarazo, sin que se genere la investigación penal del caso.

Por lo anterior, es conveniente la revisión de la exclusión de los deberes de denuncia y primacía de la confidencialidad prevista en el proyecto, a fin de resguardar el legítimo interés de la sociedad por perseguir los delitos cometidos contra menores de edad, particularmente en cuanto atentan contra su indemnidad sexual;

Decimotercero: Que en tanto se invoca la causal de violación, el proyecto señala que será un “equipo de salud, especialmente conformado para estos efectos”, el que “evaluará e informará la concurrencia de los hechos que constituyen la referida causal”.

Sobre el particular llama la atención, en primer término, que no se indique con algún grado de determinación quiénes serán las personas que conformarán ese equipo médico. Así, no se define si acaso aquél será una instancia administrativa o generada en cada establecimiento de salud, si será conformada por en equipo interdisciplinario o sólo por médicos cirujanos, entre otros aspectos.

Adicionalmente, no deja de ser llamativo que, aparentemente, la decisión de este equipo de salud no admita, al menos expresamente, algún tipo de reclamación sobre su contenido, particularmente cuando se niegue a la interesada la causal de interrupción del embarazo;

Decimocuarto: Que el proyecto prevé como condición de la interrupción del embarazo, respecto de las mayores de 14 años y menores de 18, además de la concurrencia de una de las tres causales y su propio consentimiento, el deber de “informar” de tal decisión a su representante legal o a uno de ellos a su elección, si tuviere más de uno. A diferencia de lo que ocurre con las menores de 14 años, en este caso no se requiere de la “autorización” del referido representante, sino sólo “informarle” sobre el procedimiento interruptivo del embarazo.

Por las mismas razones planteadas en el acápite referido al embarazo de menores de 14 años de edad, es dable concluir que hacer bastante la mera comunicación de la decisión de la adolescente mayor de 14 y menor de 18 años de interrumpir su embarazo, a uno de los representantes legales, a elección de ésta si tuviere más de uno, podría entrar en pugna con el principio de corresponsabilidad y el acuerdo de cuidado personal compartido establecido en la ley N° 20.680 y el Código Civil, dándose por reproducidas las mismas consideraciones;

Decimoquinto: Que el primer inciso del nuevo artículo 119 del Código Sanitario propuesto por la iniciativa, señala que “Mediando la voluntad de la mujer, un(a) médico(a) cirujano(a) se encuentra autorizado(a) para interrumpir un embarazo cuando” concurre alguna de las 3 causales que el proyecto contempla. En esta propuesta, la manifestación de voluntad de la niña, adolescente o mujer es una de las condiciones fundamentales para la autorización de la realización de una intervención médica que interrumpa el embarazo.

La redacción propuesta no contempla, al menos expresamente, el ejercicio de la representación legal de niñas, adolescentes y mujeres que tengan una discapacidad psíquica o intelectual que, a causa de dicha condición, no se encuentren en situación de expresar su voluntad. La solución que da el proyecto a este caso se prevé en el inciso segundo del nuevo artículo 119, que señala que cuando no sea posible para la persona manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad, se aplicará el artículo 15 de la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud[6]y[7].

Esta remisión adolece de restricciones prácticas. Primero, porque el artículo 15 en su letra a) no resulta aplicable a ninguna persona de las que contempla el proyecto de ley, ya que no existe causal de interrupción del embarazo que ponga en riesgo la salud pública; luego, la letra b) del artículo 15, plantea el riesgo vital, disposición que resultaría aplicable a todas las personas sin distinción, pero que ya está concebida como una causal autónoma dentro del proyecto y que además se complementa con el artículo 119 bis también propuesto dentro del Código Sanitario; por último, la letra c) del artículo 15, en principio sí podría ser aplicable a las personas que no pueden manifestar su voluntad producto de una discapacidad intelectual o psíquica, pero su parte final pugna claramente con el propósito del proyecto de ley, al instruir en sentido contrario que “En estos casos se adoptarán las medidas apropiadas en orden a garantizar la protección de la vida”.

Por lo tanto no es claro que el proyecto incluya a las personas que no pueden manifestar su voluntad en razón de una discapacidad mental o intelectual; lo que debiera aclararse.

Si se armoniza el conjunto de disposiciones pertinentes a los casos de niñas, adolescentes y mujeres discapacitadas que no pueden manifestar su voluntad, puede concluirse que la ley expresamente fija pautas para el ejercicio de su representación que debieran ser consideradas por el Legislador. Por una parte, el inciso primero del artículo 222 del Código Civil asienta una máxima que vale para todos los padres respecto a sus hijos, sin excepción, que es el interés superior del hijo; y por otra, el artículo 340 aclara que “La tutela y las curadurías generales se extienden no sólo a los bienes sino a la persona de los individuos sometidos a ellas”. En consecuencia, para todos aquellos representantes de una persona con discapacidad intelectual, psíquica o incluso física que les impida manifestar su voluntad, la ley exige que resguarden el interés superior del hijo o del pupilo, que procuren su debida protección y que se esfuercen en lograr la mayor realización espiritual y material posible de la persona. Sin embargo en el proyecto estas finalidades podrían interpretarse no consagradas para quienes representen a personas imposibilitadas de manifestar su voluntad en razón de su discapacidad; por lo que, podría entenderse que la iniciativa establece en este punto un trato desigual, por cuanto nada se dice respecto a esta exclusión, lo que pugnaría con el derecho a la igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna, tal como señala el primer numeral del artículo 5° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada el 13 de diciembre de 2006, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 61º Período Ordinario de Sesiones, en Nueva York[8].

Por todas estas razones se estima recomendable asegurar la inclusión de las personas discapacitadas física, psíquica o intelectualmente, otorgándoles el derecho a la misma intervención, habilitando el derecho de sus representantes legales para manifestar su voluntad a nombre del representado para interrumpir su embarazo;

Decimosexto: Que ante la irreversibilidad de este tipo de intervenciones, el riesgo que corre esta política pública en su fase de ejecución frente a los casos de violación es que los operadores, sea el médico cirujano, el equipo médico o los prestadores de salud, con o sin anuencia de la paciente, validen su actuar conforme a la presunción del último inciso del artículo 14 de la ley N° 20.584, esto es, que la persona ha recibido la información pertinente para la manifestación de su consentimiento, cuando haya constancia de su firma en el documento explicativo del procedimiento o tratamiento al cual deba someterse. O que agilicen la tramitación de las intervenciones amparándose en lo señalado en la última parte del inciso penúltimo del artículo 10 de la ley N° 20.584, es decir, que no podían dilatar o posponer la atención de salud de emergencia o urgencia, a pesar de la imposibilidad de entregar la información requerida.

El proyecto exige al prestador de salud -en el inciso sexto del artículo 119- entregarle “a la mujer” –más correctamente debiera hablarse de “la niña, adolescente o mujer”– información veraz sobre las características de la prestación médica según lo establecido en los artículos 8° y 10 de la ley N° 20.584[9y[10].

Pero esta remisión a los artículos 8° y 10 de la ley N° 20.584, respecto al tratamiento de la información veraz, puede resultar incompleta, porque tales disposiciones tratan los derechos de información de una manera más amplia, requiriendo también oportunidad, comprensibilidad y la comunicación de contenidos determinados. En cualquier caso, el proyecto señala que el prestador de salud deberá entregar a la mujer información por escrito sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la de programas de apoyo social y económico disponible. El único límite impuesto a esta información es que en ningún caso estará destinada a influir en la voluntad de la mujer. Ahora bien, aunque la autonomía de las personas en su atención de salud se traduzca, según indica el artículo 14 de la ley N° 20.584, en el derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, al menos tratándose del caso establecido en la letra c) del inciso primero del artículo 119 propuesto, debieran elevarse las exigencias.

Por lo dicho parece conveniente la incorporación de un mecanismo o un profesional que cumpla el rol de colaborar con el paciente con el propósito de facilitar el ejercicio integral de sus derechos, velando por el efectivo cumplimiento de su derecho de información y a un consentimiento libre e informado. En este contexto podría ser deseable una asistencia de este tipo que asegure oportunamente la correcta ejecución de las obligaciones de información que recaen sobre el prestador de salud, el equipo médico y el médico cirujano, corroborando si el derecho del paciente a recibir información cumplió los requisitos y evaluando cuánta información se le ha proporcionado, de qué manera y si ella incluye otras opciones o alternativas, entre otras cosas. La irreversibilidad de la decisión y la permisión del consentimiento de niñas y adolescentes, exige la maximización del cumplimiento de todos los deberes y derechos involucrados, como garantía de la propia niña, adolescente o mujer que adopta la decisión;

Decimoséptimo: Que la excepción introducida a los artículos de denuncia obligatoria y lesiones corporales señala “con excepción del delito establecido en el artículo 344 del Código Penal, respecto del cual prima el deber de confidencialidad”. El efecto de esta redacción es que exime a ciertas personas de interponer denuncia respecto a los dos primeros incisos del actual artículo 344 del Código Penal, que en el proyecto no son modificados y siguen vigentes como delitos. La excepción pudiese utilizar, más correctamente, una redacción como la siguiente: “con excepción de los casos autorizados en el inciso tercero del artículo 344 del Código Penal, respecto de los cuales prima el deber de confidencialidad”;

Decimoctavo: Que aunque corresponde a un ámbito reconocidamente discrecional del legislador y respetando la autonomía que al respecto tiene, resulta imposible no referirse a la curiosa diferencia que el proyecto sienta respecto al período temporal máximo que la niña, adolescente o mujer debe ostentar la calidad de embarazada para poder interrumpir su embarazo por la causal de violación.

En efecto, la iniciativa plantea que el período máximo de gestación será de 12 semanas como regla general, estableciendo que ella se amplía a 18 semanas cuando se tratare de una niña menor de 14 años.

Si tras el establecimiento de un plazo para proceder a la interrupción del embarazo previsiblemente existe la idea que transcurrido un determinado espacio temporal podría resultar aberrante o inapropiado poner fin al embarazo, no queda clara la consagración de diferencias atendiendo a las características de la potencial madre de la criatura y no del nasciturus, cuya etapa de crecimiento se ha considerado para fijar el referido período de tiempo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar en los términos precedentemente expuestos el proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Ofíciese.

El Presidente señor Muñoz previene que, así como el establecimiento del numeral 1º del artículo 19 de la Constitución Política de la República fue de amplia discusión en la Comisión de Estudio, su historia fidedigna deja en evidencia que no se llegó al consenso de proteger la vida del que está por nacer, sino que se arribó a la determinación de dejar reservada a la ley la forma de estatuir esa protección. En efecto, la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política –también, Comisión Ortúzar- debatió respecto al sustrato básico que debía quedar comprendido en este primer numeral de las garantías resguardadas por el Constituyente y, en ese contexto se representó la situación de figuras como la pena de muerte, la legítima defensa y el aborto. Una parte de los integrantes de la Comisión –señores Guzmán, Silva Bascuñán- fueron partidarios de garantizar derechamente en la Constitución la vida del que está por nacer, teniendo presente para ello que el derecho a la vida necesariamente importa esa protección también en el rango constitucional. Otros, en cambio, fueron de parecer de no abordar el aborto en el nuevo ordenamiento. En este sentido el señor Ovalle, consideró que existen determinadas circunstancias de concurrencia de derechos que lo justifican, “(…) en especial en todos aquellos casos que en virtud de un delito –la violación, por ejemplo- una mujer engendre en sus entrañas un hijo no querido por ella y, sobre todo, rechazado por ella (…)”. Por su parte, los comisionados señores Ortúzar y Evans, teniendo presente que se trata de un tema naturalmente cruzado por convicciones religiosas, expresaron sus dudas en cuanto a si el texto constitucional debía cautelar en forma absoluta la vida del que está por nacer o, más bien, incluir una norma “flexible” que estatuya esa protección, pero a la vez permita que la ley autorice, en determinados casos, eliminar al no nacido, sin que ello importe delito, por ejemplo en la disyuntiva entre el derecho a la vida de la madre o del hijo ( Enrique Evans de la Cuadra, “Los Derechos Constitucionales”, Ed. Jurídica de Chile, T. I., págs. 146, 148 y 149).

Finalmente, ante la falta de acuerdo, la Comisión de Estudio arribó a establecer la protección del derecho a la vida y, en definitiva, quedó entregada al legislador la facultad de proteger la vida del que está por nacer y determinar las diversas hipótesis que pueden presentarse en la materia, tal y como ya se encuentra contemplado en el artículo 75 del Código Civil.

Al respecto el profesor Enrique Evans de la Cuadra expresa: “(…) Estimamos, sin embargo, que hay en el precepto constitucional un mandato flexible al legislador penal para no sancionar el aborto terapéutico en casos calificados en que exista la autorización responsable del padre o del médico tratante. Lo que no la ley ni la autoridad podrían autorizar o tolerar, sin infringir la Constitución, es la práctica masiva del aborto común (…)” (op. cit. pág. 114).

En conclusión, la disposición constitucional en referencia - la ley protege la vida del que está por nacer- envuelve una diferencia con la protección absoluta del derecho a la vida que la precede, puesto que, al entregar su resguardo al legislador, se dejó un margen de adaptación o de flexibilidad para abordar casos en que la interrupción deliberada del embarazo no se considere constitutiva de delito.

Seguidamente, el Presidente señor Muñoz también previene en el sentido de subrayar que en la actualidad en Chile no se encuentra proscrito el aborto terapéutico propiamente tal ni el denominado aborto embriopático. Hace presente que, originalmente, el Código Sanitario consagraba el aborto llamado terapéutico –practicado por un facultativo con la opinión de dos cirujanos-, figura que no era punible, precisamente por los fines terapéuticos que lo sustentaban: salvar la vida de la madre o evitar a ésta alguna lesión irreversible. En el año 1989 se modificó el artículo 119 del referido Código en el sentido de prohibir toda acción cuyo fin sea producir un aborto, determinación legislativa que no significó hacer punible o transformar en delito el aborto terapéutico realizado con estricto acatamiento a la lex artis, con el consentimiento de la mujer y con arreglo a las indicaciones que lo hacen posible.

Bajo esa perspectiva, entonces, la verdadera novedad en el proyecto de ley que ahora se informa por la Corte Suprema, se encuentra en la incorporación de una tercera causal –además del aborto terapéutico propiamente tal y embriopático- que permite la interrupción voluntaria del embarazo constituida por la causal criminológica de la violación.

En otro orden de ideas, el Presidente señor Muñoz observa, además, la necesidad de contemplar en el proyecto en estudio de medidas que acoten el riesgo de mal uso del expediente proyectado para interrupción del embarazo o que permitan detectar casos de abortos reiterativos por una misma persona oculta en la confidencialidad que rige en tal proceder, pero que ante una hipótesis de abortos reiterativos debiera verse corregida con una reglamentación que mire con mayor objetividad la situación.

Se previene que el Presidente señor Muñoz y los ministros señores Carreño, Pierry y Künsemüller fueron de opinión de objetar la norma que asigna competencia al juez de familia para autorizar la interrupción del embarazo en niñas menores de catorce años, por considerar que el aborto no es principalmente un tema jurídico, sino esencialmente de salud individual y pública, y en ese contexto el juez no aparece como la entidad o profesional más apropiado para decidir al respecto. La constatación entregada al juez de familia deriva de la determinación previa de un equipo médico y, en esa medida no constituye una atribución jurisdiccional, sino más bien administrativa, puesto que se torna en una autorización –o denegación de la misma- adoptada en un plazo brevísimo, de manera directa y desprovista de toda otra consideración que no sea la opinión del equipo médico.

Sobre el particular, los previnientes tienen en cuenta lo preceptuado en la Ley Nº 19.451 que establece normas sobre Trasplante y Donación de Órganos en relación a la denominada muerte cerebral, en cuya determinación, con arreglo al artículo 11 de la citada ley, no está contemplada la intervención de la judicatura para dar curso o no al procedimiento médico de extracción de órganos contemplado en el ordenamiento en mención. La historia de las distintas modificaciones a esta situación demuestra que, en un inicio, la muerte era definida por un equipo médico; luego, determinada por dos electroencefalogramas planos; hasta que hoy en día depende de un certificado emanado de un equipo de facultativos –uno de ellos necesariamente un neurólogo o neurocirujano- que no deben integrar el equipo que vaya a efectuar el trasplante, quienes se regirán por las condiciones estatuidas en el reglamento. Para el caso de suscitarse duda o cualquier dificultad, el artículo 12 de la misma ley no prevé la intervención de un juez, sino que reserva la definición a un fiscal del Ministerio Público.

Se previene que el Presidente señor Muñoz y los ministros señores Pierry y Fuentes llaman la atención sobre la ausencia en el proyecto de ley de un procedimiento contradictorio susceptible de ser aplicado en caso de formularse oposición por parte de uno de los representantes de la niña menor de catorce años o de alguna otra persona interesada. Con esto se propenderá a proteger de mejor manera la vida del que está por nacer.

El ministro señor Carreño estuvo por circunscribir el informe al análisis de los aspectos orgánicos y jurisdiccionales contenidos en la iniciativa legal que se informa, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental y el artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Se previene que el ministro señor Fuentes fue de parecer de limitar el presente informe únicamente a aquello relativo a la competencia y procedimiento ante el órgano jurisdiccional estatuido en el proyecto de ley para el caso de faltar la autorización del representante de la embarazada menor de catorce años, por considerar que la señalada es la única materia en la que corresponde emitir pronunciamiento, conforme a las atribuciones previstas en el artículo 77 de la Constitución Política de la República.

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Valdés, Maggi, Egnem, Sandoval y Aránguiz, quienes fueron del parecer de informar desfavorablemente el Proyecto, en la parte que a esta Corte Suprema corresponde pronunciarse, es decir, en cuanto entrega competencia a los jueces de familia a los efectos de exteriorizar y dar forma de resolución judicial a una determinación que la misma ley trae precisamente ya predeterminada como decisión unívoca, esto es, ordenar el término de la vida del que está por nacer, sin forma de juicio.

Consideran los disidentes el inconmensurable nivel de complejidad que significaría para los jueces el intento de hacer practicable la normativa que a su respecto se propone, particularmente en lo que concierne a su labor de interpretación y consecuente aplicación de estos textos, en el marco de su deber de compatibilizar el tenor de esas normas con lo que expresamente dispone la Constitución Política de la República en su artículo 19 numerales 1 y 26 disposiciones que, en lo medular, suponen como propio de la ley –y por ende de la interpretación que de sus textos se efectúe-, el proteger la vida del que está por nacer, y ello, sin distinguir la etapa de crecimiento o desarrollo del nasciturus.

PL-9-2015”.

Saluda atentamente a V.S.

Sergio Muñoz Gajardo

Presidente

Rubén Donoso Paredes

Prosecretario

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA DESPENALIZACION DE LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES (BOLETÍN Nº9895-11).

________________________________

SANTIAGO, 26 de agosto de 2015.-

Nº 846-363/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en presentar las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro a fin de que sean consideradas durante su discusión en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 1°

1) Para modificar el número 1) en el siguiente sentido:

a) Elimínase en el inciso primero numeral 1), la frase “presente o futuro,”.

b) Sustitúyase en el inciso primero numeral 2), la frase “incompatible con la vida extrauterina” por la siguiente “de carácter letal”.

c) Sustitúyese en el inciso primero numeral 3), la oración “menor de 14 años”, por “niña menor de 14 años”.

d) Intercálese el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el actual a ser inciso cuarto y así sucesivamente:

“Si la mujer ha sido declarada incapaz judicialmente por causa de demencia, se deberá obtener la autorización de su representante legal, debiendo siempre tener su opinión en consideración, salvo que su incapacidad impida conocerla.”.

e) Sustitúyese el actual inciso tercero, que pasa a ser cuarto nuevo, por el siguiente:

“Tratándose de una niña menor de 14 años, además de su voluntad, la interrupción del embarazo deberá contar con la autorización de su representante legal o de uno de ellos, a elección de la niña, si tuviere más de uno. A falta de autorización, entendiendo por tal la negación del o de la representante legal, o si no es habido(a), la niña, asistida de un(a) integrante del equipo de salud, podrá solicitar la intervención del juez o jueza con competencia en materia de familia del lugar donde ella se encuentre para que constate la ocurrencia de la causal. El Tribunal autorizará la interrupción del embarazo, sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud, oyendo a la niña y, si lo estimare, al o la integrante de éste que la asista. El procedimiento será reservado, no será admitida oposición alguna de terceros y la autorización será impugnable vía recurso de apelación únicamente en caso de ser rechazada, tramitándose según lo establecido en el artículo 69 inciso quinto del Código Orgánico de Tribunales.”.

f) Sustitúyese el actual inciso cuarto, que pasa a ser quinto nuevo, por el siguiente:

“Cuando a juicio del médico(a) existan antecedentes para afirmar que la solicitud de autorización al o la representante legal generará a la niña menor de 14 años un riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza o maltrato, o una posible situación de desarraigo o de abandono, se prescindirá de ésta y se solicitará una autorización sustitutiva al juez o jueza con competencia en materia de familia del lugar donde ella se encuentre, el que deberá pronunciarse conforme al procedimiento establecido en el inciso anterior. Para efectos de este inciso la opinión del (de la) médico(a) deberá constar por escrito.”.

g) Sustitúyese en el actual inciso quinto, que pasa a ser sexto nuevo, la palabra “mayor”, por la palabra “adolescente”.

h) Sustitúyese en el actual inciso quinto, que pasa a ser sexto nuevo, la palabra “menor”, la segunda y tercera vez que aparecen, por la palabra “adolescente” en ambos casos.

i) Sustitúyese en el actual inciso sexto, que pasa a ser séptimo nuevo, la oración “En cualquier caso, el prestador de salud deberá entregar a la mujer la información por escrito sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la de programas de apoyo social y económico disponible.”, por la siguiente:

“Asimismo, deberá entregarle información escrita sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la de programas de apoyo social y económico disponible. Le ofrecerá también acompañarla tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período posterior a la toma de decisión, lo cual incluye el tiempo posterior al parto o la interrupción del embarazo. Este acompañamiento sólo podrá realizarse en la medida que la mujer lo autorice, deberá ser personalizado y respetuoso de su libre decisión. En el caso del numeral 3), se proveerá a la mujer de la información necesaria para que pueda presentar su denuncia. En ninguno de los tres casos la información estará destinada a influir en la voluntad de la mujer.”.

j) Reemplácese el inciso final, “En ninguno de los tres casos la información estará destinada a influir en la voluntad de la mujer.”, por el siguiente inciso final nuevo:

“Para estos efectos, los deberes y obligaciones a que se refiere el inciso anterior complementarán el Sistema Intersectorial de Protección Social y se cumplirán en el marco de un sistema de acompañamiento del Estado, coordinado en forma interministerial.”.

2) Para modificar el número 2) en el siguiente sentido:

a) Sustitúyase en el inciso primero, la oración, “Para realizar la intervención en los casos que autorizan los numerales 1) y 2) del artículo anterior, se deberá contar con el diagnóstico escrito de un(a) médico(a) cirujano(a) y con la ratificación de ese diagnóstico, dada por otro(a) médico(a) cirujano(a), también en forma escrita y previa.”, por las siguientes:

“Para realizar la intervención en los casos que autorizan los numerales 1) y 2) del artículo anterior, se deberá contar con un diagnóstico y con la ratificación del mismo. La ratificación en el caso del numeral 2) deberá realizarse por el o la médico (a) que detente las habilidades específicas requeridas. Todo diagnóstico y ratificación deberá constar por escrito y realizarse en forma previa.”.

b) Intercálanse los siguientes incisos tercero y cuarto nuevos:

“En el caso de que la solicitante sea una niña o adolescente menor de 18 años, los Jefes(as) de establecimiento hospitalario o de clínicas particulares donde se solicita la interrupción, procederán de oficio conforme al artículo 369 del Código Penal y los artículos 175, letra d), y 200, del Código Procesal Penal.

Cuando la mujer sea mayor de edad, los Jefes(as) de establecimiento hospitalario o de clínicas particulares deberán poner en conocimiento del Ministerio Público la invocación de la tercera causal, con la finalidad de que se investigue el delito de violación, previa ratificación de la mujer.”.

AL ARTÍCULO 3°

3) Para sustituir en el número 1) la frase “el artículo 344 del Código Penal”, por la siguiente oración “los incisos primero y segundo del artículo 344 del Código Penal”.

4) Para sustituir en el número 2) la frase “el artículo 344 del Código Penal”, por la oración “los incisos primero y segundo del artículo 344 del Código Penal”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

RODRIGO VALDES PULIDO

Ministro de Hacienda

PATRICIA SILVA MELÉNDEZ

Ministra Secretario General de la Presidencia(s)

IGNACIO SUÁREZ EYTEL

Ministro de Justicia(s)

CARMEN CASTILLO TAUCHER

Ministra de Salud

CLAUDIA PASCUAL GRAU

Ministra Directora Servicio Nacional de la Mujer

VALPARAÍSO, 1 de septiembre de 2015.

Oficio Nº 12.067

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

En conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, tengo a honra remitir a esa Excma. Corte Suprema copia de las indicaciones que S.E. la Presidenta de la República formulara al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, correspondiente al boletín N°9895-11. Me permito hacer presente a V.E., de acuerdo con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 77 de la Constitución Política, que el proyecto está calificado con urgencia “simple”.

Dios guarde a V.E.

DENISE PASCAL ALLENDE

Presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

?INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD RECAÍDO EN EL PROYECTO QUE REGULA LA DESPENALIZACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES.

BOLETÍN N° 9.895-11

_________________________________________________________________________

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Salud viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, iniciado en un mensaje de S.E. la Presidente de la República.

Se ha hecho presente la urgencia, en carácter de “simple”, con fecha 3 de septiembre de 2015.

*******

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto es la de regular la despenalización de la interrupción del embarazo por las siguientes causales:

a) En caso de que la mujer se encuentre en riesgo vital, presente o futuro, de modo que la interrupción evite un peligro para su vida.

b) En la situación de que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina.

c) Cuando el embarazo es resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

Para lograr esos objetivos, esta iniciativa legal está estructurada en base a tres artículos permanentes.

2) Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

De conformidad a lo establecido en el N° 2 del artículo 302 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia que deben ser calificados como normas de carácter orgánico constitucional los incisos cuarto y quinto del nuevo artículo 119 del Código Sanitario, incorporado por el N°1 del artículo 1° del proyecto de ley en informe, en cuanto otorga nuevas atribuciones al juez o jueza con competencia en materia de familia, criterio que ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias (STC 368, c. 6, STC 371, c. 6; STC 419, c. 7 y 14; STC 1651, c. 6; STC 386, c. 6; STC 474, c. 9; STC 1603, c. 7; STC 194, c. 6; STC 1027, c. 7; STC 347, cc. 5 y 6; STC 378, c. 16; STC 88, c. 5; STC 407, c. 6; STC 408, c. 6; STC 114, c. 5, STC 135, c. 5, STC 420, c. 6; STC 445, c. 6).

3) Normas que requieren trámite de Hacienda.

Sin perjuicio de señalar el Ejecutivo, en su informe financiero, que la aplicación del sistema de acompañamiento de Estado, coordinado en forma interministerial, que figura en los incisos séptimo y octavo del nuevo artículo 119 del Código Sanitario, incorporado por el N°1 del artículo 1° del proyecto de ley en informe, implica gasto fiscal, en ninguna parte del articulado se contempla una norma que señale la fuente de los recursos reales y efectivos con que se propone atender el referido gasto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional. Ello, deberá, necesariamente, ser resuelto dentro de la tramitación legislativa del proyecto en informe.

4) El proyecto fue aprobado, en general, por mayoría absoluta de los diputados presentes (8 votos a favor y 5 en contra).

Votaron a favor de la idea de legislar los diputados: Juan Luis Castro González (Presidente), Karol Cariola Oliva, Cristina Girardi Lavin, Marcela Hernando Pérez, Manuel Monsalve Benavides, Marco Antonio Núñez Lozano, Gabriel Silber Romo, y Víctor Torres Jeldes.

- Votaron en contra de la idea de legislar los diputados: Gustavo Hasbún Selume, Javier Macaya Danús, Nicolás Monckeberg Díaz, Jorge Rathgeb Schifferli, y Marisol Turres Figueroa.

5) Consulta a Corte Suprema. El proyecto fue consultado a la Corte Suprema, al inicio de su tramitación, con fecha 3 de marzo de 2015, de cuya respuesta se dio cuenta en la Sala de la Corporación el 5 de mayo de 2015.

Con posterioridad, se envió oficio a consulta con ocasión de la presentación de indicaciones del Ejecutivo, con fecha 1° de septiembre de 2015, cuya respuesta se encuentra pendiente a la fecha de este informe.

Finalmente, vuestra Comisión, mediante oficio N° 89-2015, de 15 de septiembre del presente año, comunicó a la Corte Suprema las modificaciones introducidas por ella al texto que le fuera consultado anteriormente, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales antes mencionadas.

6) Diputado Informante: señor Juan Luis Castro.

************

Durante el análisis de esta iniciativa legal, la Comisión contó con la colaboración de las ministras de Salud, señora Carmen Castillo, del Servicio Nacional de la Mujer, señora Claudia Pascual Grau, de Justicia, señora Javiera Blanco, y de la Secretaría General de la Presidencia, señora Ximena Rincón y señor Nicolás Eyzaguirre. Asimismo, concurrieron subsecretarios, y asesores de dichas Secretarías de Estado, durante las sesiones en que se debatió el proyecto de ley.

************

I.- ANTECEDENTES.

• Fundamentos del proyecto de ley contenidos en el mensaje.

Lo fundamentos del mensaje fueron divididos –por el Ejecutivo- en cuatro acápites, a saber: a) antecedentes, b) fundamentos, c) objetivos, y d) contenido.

a) En los antecedentes, se señala a la dignidad de las mujeres como atributo inviolable y el deber de respeto y protección Sobre el particular, se menciona que en el programa de Gobierno se adquirió un compromiso con la ciudadanía, el que fue ratificado en el discurso del 21 de mayo de 2014, y se formuló un llamado a la discusión madura e informada para debatir en el Congreso un proyecto de ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales específicas. Con la presentación del proyecto, se da cumplimiento a dicho compromiso.

El proyecto se hace cargo de ciertas experiencias de vida críticas. Esas situaciones se presentan cuando debe interrumpirse un embarazo para evitar un peligro para la vida de la mujer cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina, o cuando el embarazo es producto de una violación.

Se expresa que se parte de la base que la vida de toda persona, considerada en su máxima y más amplia dimensión, comprende no sólo su condición biológica, sino también los aspectos sociales y culturales que la constituyen. Por ello, la Constitución Política consagra el derecho a la vida y el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, e impone a la ley el deber de proteger la vida del que está por nacer. Junto a ello, el Estado debe equilibrar dicho mandato con aquellas situaciones que pueden afectar la vida, la salud, los derechos y, en definitiva, la dignidad de las mujeres en ciertas situaciones que conllevan la obligación de regular la interrupción del embarazo. La normativa vigente sobre interrupción del embarazo, que la prohíbe sin excepciones, no responde al trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas en esas situaciones y sitúa a Chile como uno de los cuatro países en el mundo (Nicaragua, El Salvador y Malta, además de El Vaticano) que lo criminaliza en todas sus modalidades.

Los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del embarazo no impide su práctica en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres; por el contrario, se traduce en una vulneración de sus derechos. Representa un problema social del que el Estado debe hacerse cargo. En efecto, un Estado que respeta los derechos humanos no puede sentirse orgulloso ni satisfecho de amenazar con pena privativa de libertad a aquellas mujeres que se encuentran en esta disyuntiva.

Los derechos de las mujeres –continúa el mensaje- están en el centro de esta propuesta. Por tal razón, las tres causales de interrupción legal del embarazo que el proyecto aborda, exigen la expresión libre de voluntad de la mujer, sin la cual dicha interrupción no puede tener lugar. En casos específicos, en que la mujer es incapaz, o está incapacitada, o es menor de 14 años, el proyecto propone reglas especiales para resguardar su voluntad.

Por su parte, el Estado de Chile es laico y reconoce el derecho que asiste a toda persona para conducirse en su vida de acuerdo con sus convicciones y principios morales, sean éstos de carácter religioso o no, razón por la que contempla una regla para el caso de quienes deseen ejercer el derecho de objeción de conciencia, acto estricta y esencialmente individual del profesional clínico que deba intervenir directamente en la interrupción del embarazo, de mediar la voluntad de la mujer en los casos a que se refiere. Pero ese derecho no puede ser obstáculo insalvable para acceder a la interrupción del embarazo.

El Estado, en estas situaciones extremas, no puede imponer una decisión a las mujeres, ni penalizarlas, sino que más bien debe entregarle alternativas, respetando su voluntad, sea que deseen continuar el embarazo u opten por interrumpirlo.

Expone el mensaje que se trata de una realidad que no se puede ignorar. Analizada la información de los egresos hospitalarios entre 2001 y 2012, se constató la existencia de 395.905 abortos, es decir interrupciones de embarazos antes de las 22 semanas de gestación, con promedio de 32.992 casos/año, en las que mujeres y su entorno se encontraban en situaciones críticas.

Los registros de egresos hospitalarios por causas reproductivas permiten estimar el número de casos de interrupciones de los embarazos, espontáneas y provocadas, (sea por una condición médica o por una alteración estructural, así como aquellas interrupciones voluntarias, que se complican y requirieren atención médica). Por tanto, los registros no dan cuenta de todos los casos de interrupciones de embarazos en Chile, sino sólo de los indicados, pues al estar penalizado, no se informa acerca de su realización. Como consecuencia, no se cuenta con encuestas de salud sexual y reproductiva que den cuenta de estos procedimientos.

En promedio, cada año se hospitalizan 16.510 mujeres/año, con embarazos de menos de 22 semanas que son pertinentes a las dos primeras causales que el presente proyecto autoriza (los códigos CIE-10 que se indican como interrupción del embarazo anormal o por razones de salud, según se describe en libros de la especialidad que son los que se enuncian a continuación: embarazo ectópico (O00); mola hidatiforme (O01); otros productos anormales de la concepción (O02); complicaciones consecuencias de abortos por embarazo ectópico y/o molar). Ello imprime una demanda a los sistemas de salud, tanto públicos como privados, que enfrentan de muy diversas maneras las necesidades de cuidados de salud de las mujeres, generando inequidades según el nivel de ingresos de la población.

Analizadas las mencionadas cifras, junto a las causales que se propone regular en el proyecto de ley, y conforme a los antecedentes que posee el Ministerio de Salud, se deduce lo siguiente:

a) Tratándose de la primera causal que regula el proyecto, se sabe que el año 2012 hubo 54 mujeres que murieron en su proceso de gestación; 3 defunciones de 15 -19 años: 5,6%; 6 defunciones de 20-24 años: 11,1%; 11 defunciones de 25-29 años: 20,4%; 15 defunciones de 30-34: 27,8%; 14 defunciones de 35-39 años: 25,9%; 3 defunciones de 40-44 años: 5,6%. Al realizar una auditoría de las muertes maternas en 2012 se pudo observar que el 40,0% de las defunciones maternas presentaban una patología médica concomitante (insuficiencia hepática, ductus arterioso persistente, hígado graso, tormenta tiroidea, insuficiencia respiratoria aguda, coriocarcinoma metastásico, cardiopatía) y el 22,5%, presentó condiciones clínicas como preeclampsia severa, eclampsia, síndrome Hellp, de las cuales un porcentaje significativo de mujeres pudo haberse tratado clínicamente con interrupción del embarazo, para resguardar sus vidas.

b) En la segunda causal que trata el proyecto, la estimación del número de muertes por alteraciones estructurales incompatibles con la vida extrauterina en el país, asumiendo un número de partos anuales de 250.000, sería alrededor de 500 casos anuales, según prevalencias por patologías. Estas estimaciones serían concordantes con las cifras analizadas entre los años 2004 y 2012, que mostraron un promedio de 465 casos/año de niños menores de 28 días de vida que fallecen por malformaciones incompatibles con la vida.

c) En relación a los casos de embarazos secundarios originados por violencia sexual, no existen datos que permitan dimensionar la magnitud de la situación, pues no existen registros estadísticos integrados, sumado a lo cual está la variable de la no denuncia mayoritaria de este tipo de hechos. Se estima que la probabilidad de embarazo producto de una violación es aproximada al 10% (oscilan las estimaciones entre el 3%, 5% y 17% según la fuente de los estudios analizados).

Según lo señalado, las cifras impactan la percepción ciudadana sobre el déficit de la actual normativa nacional. Los estudios de opinión pública revelan que la ciudadanía respalda ampliamente la necesidad de despenalizar la interrupción del embarazo en las tres causales propuestas (CEP, julio de 2014; Adimark, julio de 2014; Cadem, enero de 2015): 70% de los encuestados apoya la despenalización por las tres causales.

Se hace hincapié en el mensaje que Chile tiene una historia de políticas públicas en salud de las mujeres, y que diversos actores han contribuido por décadas a mejorar las condiciones de la salud y de los derechos de las mujeres. Ya en los años 30, el Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH), manifestaba la urgencia de contar con métodos anticonceptivos, así como una reglamentación científica que permitiera evitar el aborto clandestino y sus graves consecuencias, de manera que las mujeres pudieran decidir sobre su maternidad sin riesgos. El ordenamiento jurídico buscó dar respuesta a la problemática de las consecuencias del aborto clandestino, atendido que ya en esa época era considerada un problema de salud pública; por ello, de ahí que en el marco de la dictación del Código Sanitario, se permitió la interrupción del embarazo por razones terapéuticas (artículo 226). Por su parte, médicos y matronas, desde antes de la creación del Servicio Nacional de Salud (año 1952), relevaban la salud materno-infantil como prioridad por la elevada mortalidad materna. En 1960, la mortalidad materna era muy elevada (299/100.000 nacidos vivos), siendo más de un tercio a consecuencia de abortos inducidos y clandestinos. El 20% de las camas obstétricas estaba ocupado por mujeres con abortos complicados. El grupo más vulnerable lo constituían mujeres de bajo nivel socio económico, con tres hijos o más.

El Presidente Eduardo Frei Montalva aprobó durante su Gobierno un nuevo Código Sanitario que mantuvo la interrupción del embarazo por razones terapéuticas. Durante su mandato se desarrolló una amplia política nacional de planificación familiar y de educación sexual, no sólo desde el Ministerio de Salud, sino también desde el Ministerio de Educación a través del programa “Vida Familiar y Educación Sexual”. La puesta en marcha del Programa Nacional de Planificación Familiar, en 1965, favoreció la disminución de abortos hospitalizados. Al constatar la cantidad de muertes y de lesiones graves que se producían debido a los abortos clandestinos, los servicios de ginecología y obstetricia se hicieron cargo de la situación. La iniciativa tuvo el respaldo del Presidente Salvador Allende, quien en su primer Mensaje al país, en 1971, manifestó la necesidad de avanzar a la “eventual legalización del aborto […] y en términos más inmediatos una ampliación de los criterios para permitir el aborto terapéutico, en caso del fracaso de los métodos anticonceptivos”. Sobre esas experiencias se fueron generando políticas públicas en salud sexual y reproductiva que fueron suspendidas por el golpe militar. La interrupción del embarazo por razones terapéuticas fue una legítima prestación de salud, reconocida por la comunidad médica y jurídica, además de la ciudadanía, hasta el año 1989. En las postrimerías de la dictadura, la Junta de Gobierno estableció la prohibición, en toda circunstancia, que rige hasta hoy.

Con la recuperación de la democracia, en el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la salud sexual y reproductiva fue definida como una de las dieciséis prioridades de salud en el país. Es importante reconocer que el Foro Abierto de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, que articuló a numerosas organizaciones sociales, mantuvo su demanda presionando la respuesta gubernamental a lo largo de los años. El Ministerio de Educación formuló una Política de Educación en Sexualidad, y en 1996 implementó las JOCAS (Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad), a pesar de las resistencias y polémicas que generó en algunos sectores de la opinión pública. En 1997 el “Programa de Salud materno-perinatal del Ministerio de Salud” pasó a ser el “Programa de Salud de la Mujer”, con el objeto de contribuir al desarrollo integral, físico, mental y social de la mujer, en todas las etapas de su ciclo vital, con un enfoque de riesgo que contempla la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y autocuidado de su salud, con especial énfasis en la salud reproductiva.

En 2007 se creó el Programa Chile Crece Contigo, que institucionalizó la ley N° 20.379 con el Sistema Intersectorial de Protección Social (2009), que establece que niños y niñas se integran al sistema público de salud desde su primer control de gestación y son acompañados y apoyados hasta que ingresan al sistema escolar. Adicionalmente, se establece un acceso preferente de las familias a toda la red de servicios y prestaciones sociales del Estado. En 2007 se aprobaron, asimismo, las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad, impugnadas por algunos sectores ante el Tribunal Constitucional por incluir la anticoncepción de emergencia. Tras la polémica generada y la reivindicación de actores políticos y sociales, se legisló, y en 2010 se aprobó la ley N° 20.418 que fijó las Normas sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad. En dicha normativa se establece, por primera vez, el deber del Estado de garantizar el acceso a los mecanismos de regulación de la fertilidad que la persona decida para sí, incluida la anticoncepción de emergencia, y que estudiantes de enseñanza media reciban educación en sexualidad.

En 2013, indica el mensaje, el sistema público de salud atendió a 1.368.298 mujeres, usuarias de métodos de regulación de la fertilidad. El 99,7% de los partos son atendidos por profesionales de la salud. Como consecuencia, existe una clara caída en las tasas de fecundidad en mujeres adultas y de mortalidad materna, siendo una de las más bajas del continente (18 por 100.000 nacidos vivos), con una consecuente disminución en la mortalidad neonatal; sin embargo, no ha sido posible reducir dicha mortalidad materna en diez años.

De esta forma, tanto el proyecto de ley que se presenta, como las políticas públicas mencionadas, han tenido por finalidad resguardar los derechos de las mujeres y ofrecerles una adecuada protección.

Hace presente el mensaje, que han existido diversas Iniciativas parlamentarias para regular la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Señala que parlamentarios de todos los sectores se han hecho eco de las demandas de la ciudadanía presentando varias iniciativas que buscan hacerse cargo de esta realidad. Así se puede observar en mociones parlamentarias presentadas desde 1991 hasta 2014:

- En 1991, de la diputada Adriana Muñoz y los diputados Armando Arancibia, Carlos Smok, Juan Pablo Letelier y Carlos Montes (Boletín N° 499-07).

- En 2003, de las diputadas Isabel Allende, Carmen Ibáñez, Adriana Muñoz y María Antonieta Saa y los diputados Enrique Accorsi, Guido Girardi, Carlos Jarpa, Arturo Longton, Osvaldo Palma y Fulvio Rossi (Boletín N° 3197-11).

- En 2009, de los diputados Alfonso de Urresti, Álvaro Escobar, Marcos Espinosa, Ramón Farías, Tucapel Jiménez, Manuel Antonio Núñez, Jaime Quintana, Fulvio Rossi y Alejandro Sule, quienes presentaron un nuevo proyecto (Boletín N° 6420-11); otro, del senador Camilo Escalona presentó una moción (Boletín N° 6522-11) y, otro, de los senadores Guido Girardi y Carlos Ominami (Boletín N° 6591-11).

- En 2010, de los senadores Ominami y Girardi (Boletín N° 6845-07); otro, de los senadores Guido Girardi, Ricardo Lagos Weber, Jaime Quintana y Eugenio Tuma (Boletín N° 7391-07); otro, de los senadores Jorge Pizarro, Mariano Ruiz-Esquide, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar (Boletín N° 7965-11) y otro, del senador Fulvio Rossi y la senadora Evelyn Matthei (Boletín N° 7373-07).

- En 2012 se debatió en el Senado la idea de legislar sobre esta materia, recogiendo las iniciativas mencionadas.

- En 2013, de la senadora Isabel Allende y los senadores José Antonio Gómez, Ricardo Lagos Weber y Fulvio Rossi (Boletín N° 8862-11); otro, de las diputadas Adriana Muñoz, Clemira Pacheco y María Antonieta Saa, y de los diputados Gabriel Ascencio, Juan Luis Castro, Aldo Cornejo, Hugo Gutiérrez, Marco Antonio Núñez y Gabriel Silber, (Boletín N° 8925-11); y otro, del senador Guido Girardi (Boletín N° 9021-11). Por su parte, durante 2013, existió la propuesta del Anteproyecto de Código Penal.

- En 2014, de la senadora Adriana Muñoz y por los senadores Alfonso de Urresti, Guido Girardi, Alejandro Guillier y Jaime Quintana (Boletín N° 9418-11) y la propuesta legislativa contenida en el Boletín N° 9480-11 presentada por la actual Presidenta del Senado, Isabel Allende, la senadora Adriana Muñoz y por los senadores Guido Girardi, Alejandro Guillier y Jaime Quintana.

Cada uno de los proyectos y análisis pre legislativos mencionados, señala el mensaje, representa un avance importante, al que contribuyeron también las organizaciones de mujeres y feministas, de médicos y matronas, de científicos, todas las cuales han sostenido la necesidad imperiosa de establecer políticas públicas que atiendan al problema de la interrupción voluntaria del embarazo.

Se indica que la iniciativa en estudio reconoce e incorpora dicho acervo y somete a la consideración del Congreso Nacional y de la ciudadanía este proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción del embarazo por tres causales especificas. De esta manera, se da cumplimiento a los compromisos explicitados en el programa de gobierno de la Presidenta actual.

b) Se señalan como fundamentos del mensaje: los compromisos del país con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; el contexto normativo global; y la obligación del Estado de proteger y respetar la vida y la salud de las mujeres, y el reconocimiento a su autonomía.

El Estado no puede –se señala en el mensaje- tal como se le ha representado por los organismos internacionales de Derechos Humanos, seguir rehuyendo la situación que viven mujeres de distintas edades y condiciones y que afecta principalmente a quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad social, económica y cultural, ante la penalización absoluta de la interrupción del embarazo. De conformidad al Derecho Internacional de los Derechos Humanos la denegación de la interrupción del embarazo, en determinadas circunstancias, puede constituir vulneraciones a derechos fundamentales. Son precisamente tres causales las que el proyecto pretende regular: cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer; cuando la gestante está obligada a llevar a término un embarazo respecto del cual se ha diagnosticado inviabilidad fetal; y cuando el embarazo es producto de violencia sexual. La prohibición absoluta de interrumpir el embarazo no reconoce que existen circunstancias en las cuales no es exigible a una mujer, por medio de la amenaza de una pena privativa de libertad, que continúe un embarazo. La penalización del aborto, sin excepciones, constituye un incumplimiento inequívoco de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile en relación a la garantía que debe existir respecto del pleno goce de los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de las mujeres.

Los organismos de Naciones Unidas, al hacer una revisión del cumplimiento de compromisos internacionales del Estado que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos vigentes, han efectuado numerosas recomendaciones al Estado de Chile solicitando que enmiende en esta materia. Así, lo han efectuado: en 2004, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[1]; en 2007, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas[2]; en 2006 y en 2012,el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas[3]; el Comité de Derechos Humanos -órgano que verifica el cumplimiento de las obligaciones internacionales surgidas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-[4]. En 2014, el Estado de Chile, finalmente, aceptó las recomendaciones que sobre esta materia se le hicieron en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Chile no puede sustraerse a dichas recomendaciones postergando por más tiempo una decisión, ni puede continuar soslayando la grave vulneración de derechos que esta situación supone.

En cuanto a la existencia de un contexto normativo global, las modificaciones que han solicitado los organismos de Naciones Unidas encargados del monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos no son ajenas a la forma en que en el contexto mundial se ha legislado sobre la interrupción del embarazo.

En general, pueden distinguirse dos tipos de regulaciones. Un primer modelo es aquel que establece un sistema de plazos que permite la interrupción del embarazo sin exigir a la mujer justificar sus motivos. El segundo corresponde a aquellos que establecen un sistema de indicaciones o causales. En este, para que una mujer pueda interrumpir su embarazo debe estar en alguna de las situaciones en que la ley lo permita. Habitualmente estas causales suelen ser médicas o terapéuticas, embriopáticas, criminológicas y socio-económicas. Este es el sistema que tiene Italia, Bolivia, Brasil, Colombia, Panamá, Argentina e Irlanda, y es el que se propone adoptar mediante esta iniciativa legal. Otros sistemas combinan ambos modelos, como Alemania, España y Uruguay. Particularmente, Alemania, permite interrumpir el embarazo hasta las doce semanas de gestación sin expresión de motivos, pero con un sistema de consejería; y, se contemplan causales específicas en las que se justifica interrumpir el embarazo fuera del plazo establecido por ley.

La modificación propuesta coloca a Chile dentro de los márgenes normativos que las restantes naciones del mundo han considerado adecuados para regular la interrupción del embarazo.

Referido a la idea de que el Estado debe proteger y respetar la vida y la salud de las mujeres, reconociendo su autonomía, el mensaje hace presente que la presentación del proyecto de ley tiene como fundamento el respeto por la vida. Es esencial que el Estado promueva las condiciones para una vida digna, por lo que resulta indispensable la protección de la vida de la mujer, así como la del que está por nacer. Por lo mismo, este proyecto tiene su fundamento principal en el reconocimiento de ciertos hechos, bien definidos, en que se reconoce que el Estado no puede castigar a una mujer por no perseverar en un embarazo que no desea y que la sitúa en una posición extrema.

En ese sentido, el Estado y el proyecto de ley no obligan a ninguna mujer a interrumpir su embarazo, sino que ofrecen opciones en caso de tres situaciones, para que puedan tomar una decisión de acuerdo a sus convicciones personales. Se abordan tres circunstancias críticas para las mujeres: evitar un peligro para su vida, embrión o feto con alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina, o embarazo como consecuencia de una violación. La interrupción del embarazo sólo se puede llevar a cabo con la voluntad de la mujer; y se le debe asegurar el espacio de discernimiento para que tome su decisión y, luego, respetarla cualquiera ésta sea.

La interrupción del embarazo que el proyecto propone despenalizar, en los tres casos indicados, debe consagrarse como una legítima prestación de salud. Si no se asegura que las mujeres puedan recurrir a establecimientos de salud, esta regulación es irrelevante. Más aún, se perpetuarían las desigualdades entre las mujeres a partir de su condición económica y social. Lo anterior implica una oportunidad y un desafío de fortalecimiento para el sistema de salud, en especial, de la atención primaria; supone un cambio de la cultura de acogida y trato a las mujeres, reconociendo sus derechos, en especial en las difíciles situaciones que se abordan en el proyecto, para lo cual será necesario incorporar en las prestaciones de salud el control preconcepcional y el diagnóstico de patologías preexistentes, la adecuada derivación de alto riesgo, el diagnóstico precoz y oportuno de alteraciones estructurales genéticas o congénitas incompatibles con la vida extrauterina, el trato digno a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y, por supuesto, el reconocimiento de su voluntad en todos esos casos.

Por consiguiente, indica el mensaje, que al tratarse de una prestación de salud, la modificación principal debe hacerse en el Código Sanitario; los cambios que se propone introducir en el Código Penal y en el Código Procesal Penal buscan resguardar la responsabilidad de las mujeres y de los médicos, estableciendo un vínculo con el Código Sanitario.

c) En los objetivos del mensaje, se tiene en vista la necesaria ponderación, es decir, se busca resolver un conflicto entre bienes que son inconmensurables. Se trata de situaciones extremas en que la afectación de la dignidad y de los derechos de la mujer es tal que no puede sino garantizarse un espacio de discernimiento para ella. Por lo mismo, la voluntad libre expresada de manera escrita y previa es un supuesto de todas las causales. En este acápite de del mensaje se analiza la ponderación, en las tres causales propuestas.

Peligro de la vida de la mujer embarazada. Es la primera causal, y permite que la mujer tenga acceso a los tratamientos médicos necesarios para preservar su vida, aun cuando la realización de los mismos implique la interrupción del embarazo. La penalización sin ningún tipo de excepción genera incertidumbre en los equipos médicos, pues no existe claridad de que las acciones que se llevan a cabo para la protección de la vida de la mujer no serán sancionadas penalmente. A su vez, la actual regulación no asegura que sea la mujer quien tome la decisión en conciencia.

Embrión o feto que padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina. Es la segunda causal, y permite interrumpir un embarazo en aquellos casos en que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética que sea incompatible con la vida extrauterina, lo que deberá ser debidamente diagnosticado por un equipo médico. Forzar a la mujer a llevar a término tal embarazo, u obligarla a que espere la muerte del feto, supone mantenerla en un permanente estado de duelo. El Estado debe asegurar condiciones adecuadas para que sea la mujer la que tome una decisión, acompañarla por sus redes relevantes si así lo desea, y ofrecer los cuidados paliativos que sean del caso.

Embarazo producto de una violación. Es la tercera causal, y comprende los embarazos que se originan a raíz de una violación; es decir, la mujer se encuentra embarazada por un acto realizado contra, o sin, su voluntad mediante violencia o coerción. En esas circunstancias no es posible exigir a la mujer la continuación del embarazo si es que ella no quiere mantenerlo debido a su origen. No aceptar la posibilidad que decida si desea o no continuar con el embarazo, constituye una nueva negación de su voluntad pues se le impone una obligación estatal por un acto en esencia abrogatorio de su dignidad. El trauma de la violencia sexual no puede ser agravado por el Estado, obligándole siempre y en toda circunstancia a mantener el embarazo contra la voluntad de la mujer.

El proyecto de ley busca, asimismo, la protección de las niñas y adolescentes. Por una parte, el ordenamiento jurídico protege el interés superior de las niñas y reconoce su autonomía progresiva; en coherencia con otra normativa aplicable, se dan ciertas reglas especiales. Es así como en el derecho chileno se imputa responsabilidad penal a los mayores de 14 años, de acuerdo a la ley Nº 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal; a su vez, la ley Nº 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, les reconoce márgenes de libertad. Por ello, este proyecto de ley se enmarca en el reconocimiento de autonomía limitada para las menores de 18 y mayores de 14 años. En efecto, si bien se les da eficacia a su manifestación de voluntad, se cautela el conocimiento de sus representantes legales o, a falta de éstos, de otro adulto. Desde el punto de vista sanitario, además, la presencia de sus mayores es una garantía para la menor. Por otra parte, es importante recordar que en el Código Penal se reconoce a las personas mayores de catorce años autonomía sexual, mediando su consentimiento. Cuestión distinta ocurre con las menores de 14 años, quienes deben actuar con autorización de su representante legal, -su padre, madre u otro adulto responsable-; esta regulación eleva los estándares de participación de los representantes legales de las menores, en comparación con la ley N° 20.418. No obstante, es importante reconocer un legítimo espacio de discernimiento a la menor, habida consideración que será ella quien sobrellevará las consecuencias de la decisión, razón por la cual, al equipo de salud, se establece la posibilidad de acceder al juez de familia para que éste otorgue la autorización respectiva, en subsidio de sus representantes, siempre que concurran los requisitos de la causal respectiva. Finalmente el proyecto reconoce que la violencia sexual que afecta a las niñas y adolescentes con frecuencia se manifiesta dentro de su propio hogar; por ello autoriza al médico cirujano a prescindir de la solicitud de autorización al representante legal de las menores de 14 años, cuando existan antecedentes para afirmar que, al hacerlo, se expondrá a la menor a un riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza o maltrato, o incluso a una posible situación de desarraigo o de abandono. En tal caso, puede acudir al juez de familia competente.

Finalmente, se hace hincapié en la necesidad de destacar el rol de los prestadores y profesionales de la salud, tanto en la información sanitaria para una decisión consciente, en la constatación de las causales, en la objeción de conciencia, y en la confidencialidad.

En cuanto a la información sanitaria para una decisión consciente, el proyecto prevé, cualquiera sea la causal invocada, la obligación del prestador de salud de otorgar información veraz, como instancia a partir de la cual el discernimiento de la mujer se acompaña de toda la información necesaria. La información entregada debe ser respetuosa de la decisión de la mujer, en concordancia con la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Adicionalmente, la obligación del prestador se extiende a entregar, por escrito, información sobre alternativas a la interrupción del embarazo, para que cuente con la información que le permita tomar una decisión libre.

En relación a la constatación de las causales, se establece un procedimiento que trata de ponderar, la necesidad de otorgar una prestación médica rápida y respetuosa de la situación compleja que está viviendo la mujer, con la necesidad de contar con diagnósticos certeros que permitan realizar las acciones de salud necesarias con respeto a la legislación vigente. Así, la regla general es que se requiere el diagnóstico de un(a) médico(a) cirujano(a), ratificado por el de otro profesional. Dicha regla, sin embargo, reconoce excepciones en los casos en que se requiere una intervención médica inmediata e impostergable, como cuando el riesgo para la vida o la salud de la mujer sea inminente. Por lo mismo, no se requiere tal ratificación en el caso de un embarazo ectópico. En el caso de la violación, para evitar a la mujer un proceso penal como condición para interrumpir su embarazo, debe primar su protección y bienestar, sin que se pierda de vista que la prestación médica no puede depender de los resultados de un proceso penal.

Respecto a la objeción de conciencia, el proyecto encara situaciones difíciles, pues están en juego convicciones profundas de cada persona. Por ello se le reconoce al médico cirujano la posibilidad de expresar, por escrito y previamente, su objeción de conciencia. Además, se hace explícito el deber ético del médico afectado por la objeción de conciencia de informar cuando una paciente se encuentra en alguna de las causales prevista en el proyecto de ley.. Desde luego, se trata de un derecho propio del médico que interviene, en tanto persona natural. Como contrapartida, el prestador de salud tiene la obligación de derivar a la mujer a un profesional que no esté afectado por la objeción de conciencia. Con todo, la objeción de conciencia no puede ser obstáculo en aquellos casos excepcionales en que la mujer requiere una interrupción del embarazo en forma inmediata e impostergable y, no existe otro médico que pueda realizar la intervención.

Finalmente, el proyecto resguarda el principio de la confidencialidad, con la finalidad de prevenir que la mujer se inhiba de entregar información fidedigna acerca de su condición de salud al personal médico, o de solicitar asistencia médica, por temor a una posible sanción penal. Con este objetivo en mente, se busca privilegiar el deber de confidencialidad por sobre el deber de denuncia ante una interrupción del embarazo realizada por la mujer o por un tercero con su consentimiento. Así, se evita condicionar la relación entre el equipo de salud y la paciente, para permitir efectuar oportuna y adecuadamente las acciones de salud pertinentes.

d) Como cuarto acápite, se señalan los contenidos del proyecto, indicando que se establece una nueva normativa para la despenalización de la interrupción del embarazo, cuando éste se produzca por tres causales específicas. De esta manera, se modifica el Código Sanitario, el Penal y el Procesal Penal.

- Despenalización de la interrupción del embarazo cuando este se origine en tres causales específicas. La primera, referida al caso en que la mujer se encuentra en riesgo vital presente o futuro; la segunda, a las situaciones en que el embrión o feto padezca alteraciones estructurales congénitas o genéticas incompatibles con la vida extrauterina; y la tercera, cuando el embarazo es resultado de una violación, con un límite general de tiempo de doce semanas de gestación, y de dieciocho semanas cuando se trata de menores de catorce años. Para aplicar la última causal, se ha cuidado establecer un procedimiento de constatación, que respete la dignidad de las mujeres y que asegure una intervención médica eficaz.

- Se contemplan disposiciones referidas a la manifestación de voluntad de la mujer en los tres casos referidos. En primer lugar, la mujer es quien debe decidir si continúa o no con el embarazo; la manifestación de voluntad debe ser expresa, previa y constar por escrito, salvo que no sea posible, situaciones en las que regirá la legislación vigente. En segundo lugar, se regula la manifestación de voluntad de las menores de edad, distinguiéndose entre menores de catorce, y mayores de catorce y menores de dieciocho años: los primeros requieren contar con autorización de su representante legal, y a falta de dicha autorización, la menor, asistida por un integrante del equipo de salud, podrá solicitar la intervención del tribunal de familia competente para que éste otorgue la autorización, siempre que concurra la causal respectiva. El Tribunal deberá pronunciarse, sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación de la solicitud; el juez oirá a la menor y, en su caso, al integrante del equipo de salud que la asiste. También se podrá recurrir al tribunal de familia cuando, a juicio del médico cirujano, existan antecedentes para afirmar que la solicitud de autorización al representante legal generará graves riesgos para la menor. Las mayores de catorce y menores de dieciocho años podrán requerir o manifestar por sí su voluntad, sin perjuicio de que el representante legal deberá ser informado de la decisión. A falta de éste, o cuando la información pueda generar graves riesgos para la menor, otro adulto a elección de la menor será informado.

- Se contempla un procedimiento para efectuar la interrupción del embarazo. En los casos de las dos primeras causales, se requiere el diagnóstico de un médico cirujano y su ratificación por otro profesional de iguales características; podrá prescindirse de la ratificación en caso que se requiera realizar una atención médica inmediata e impostergable. Cuando se invoque la tercera causal, se evaluará, por un equipo de salud, la concurrencia de los hechos que la constituyen asegurando en todo momento un trato digno y respetuoso hacia la mujer.

- Se establece que el médico podrá abstenerse de interrumpir un embarazo cuando haya manifestado, en forma escrita y previa, su objeción de conciencia, pero no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo cuando la mujer requiera atención inmediata e impostergable y no exista otra persona que pueda realizarla. Igualmente, se establece la obligación del prestador de salud de reasignar –a la mujer que requiere la intervención- otro médico cirujano que no haya objetado en conciencia, e informar acerca de la necesidad de reasignación.

- Se regula una oportunidad de entrega de información objetiva que tenga por finalidad proporcionar a la mujer aquella que sea necesaria, en relación a la prestación médica y sus riesgos inherentes. Esta instancia debe ser respetuosa de la decisión de la mujer y no tendrá por finalidad influir en su voluntad. En cuanto a las causales segunda y tercera, se deberá entregar a la mujer la información por escrito sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo programas de apoyo social y económico disponibles.

- Se propone una modificación de la regulación penal, con la finalidad de hacer concordante la normativa con el Código Sanitario. De esta manera, se propone introducir dos incisos nuevos en los artículo 344 y 345 del Código Penal, que establecen expresamente que no constituye delito de aborto la interrupción del embarazo en los casos autorizados por este proyecto ley.

- Se propone, también, una modificación en el Código Procesal Penal, mediante la incorporación de dos disposiciones que hacen primar el deber de confidencialidad por sobre el deber de denuncia en caso de estar frente a una interrupción del embarazo realizada por la mujer o por un tercero con su consentimiento. Con ello, se permite que la relación médico-paciente no esté condicionada por la amenaza penal.

• Normas legales que se propone modificar o que inciden, directa o indirectamente, en esta iniciativa legal.

Cabe hacer presente que se introducen enmiendas en los siguientes cuerpos legales:

1.- Código Sanitario. Se reemplaza el artículo 119 y se agregan los artículos 191 bis y ter.

2.- Código Penal. Se modifican los artículos 344 y 345 y se agrega un artículo 345 bis.

3.- Código Procesal Penal. Se introducen enmiendas en los artículos 175 y 200.

II.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

a) Discusión general.

• Exposición de invitados.

Se hace presente que fueron escuchadas diversas instituciones y personas, en 22 sesiones y en 2 jornadas temáticas (o audiencias ampliadas) que se realizaron para que fuera posible escuchar al gran número de personas que pidieron intervenir, y otras que los diputados decidieron invitar. El detalle de dichas exposiciones se adjunta como anexo de este informe.

Autoridades y funcionarios del Poder Ejecutivo.

1.- Ministra de la Secretaria General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González.

2.- Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, señora Claudia Pascual.

3.- Ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez.

4.- Ministra de Salud, señora Carmen Castillo Taucher.

5.- Abogado del Ministerio de Justicia, señor Gonzalo Rodríguez.

6.- Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores (Sename), señora Marcela Labraña.

Organizaciones.

7.- Socióloga y Directora Ejecutiva Corporación Miles-Chile, señora Claudia Dides.

8.- Verónica Hoffmann, Directora Ejecutiva de la Fundación Chile Unido.

9.- Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas.

10.- Victoria Latorre, Presidenta de la Fundación Chile es Vida.

11.- Presidenta de Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, señora Maria Isabel Matamala Vivaldi.

12 Elizabeth Bunster, asistente social, cofundadora y directora de Proyecto Esperanza.

13.- Director Ejecutivo ONG Comunidad y Justicia, Ruggero Cozzi.

14.- Agrupación Movimiento Historias de Vida, señora Soledad Lizama.

15.- Asociación Chilena de Protección de la Familia, APROFA, señora Débora Solis.

16.- Centro de Liderazgo Público Cristiano Oikonomos, representante en Chile, señora Jarai Jaramillo.

17.- Movimiento Evangélico Juventud con una Misión, JUCUM, señor Ricardo Rodríguez.

18.- Fundación Chile Siempre, señor Julio Isamit.

19.- Instituto Res Pública, señor Jorge Acosta.

20.- Organización de Matrones(as) por la Vida, señora María Magdalena del Rio Vega.

21.- Presidenta del Movimiento de Mujeres Reivindica, señora Rosario Vidal.

22.- Coordinadora de la Red por la Vida Bio Bio, señora Paulina Benavente, en representación de Ana Cecilia.

23.- Movimiento por la Vida Bio Bio, doctor Eduardo Sepúlveda.

Organizaciones de tipo religioso o espiritual

24.- Conferencia Episcopal de Chile, Obispo Alejandro Goic, y Monseñor Fernando Chomali.

25.- Presidente de la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas y Protestantes, obispo Emiliano Soto Valenzuela, y Obispo Francisco Rivera.

26.- Comunidad Judía en Chile, rabino Daniel Zang,

27.- Gran Logia Masónica, Maestro Luis Riveros.

28.- Representante de Iglesias Evangélicas Pentecostales, Pastor Domingo de la Sotta, que asiste en representación del Pastor David Anabalón.

Médicos.

29.- Dr. Enrique Paris, Presidente del Colegio Médico.

30.- Dr. Ignacio Sánchez Díaz, Rector Pontifica Universidad Católica de Chile.

31.- Dr. Ramiro Molina, Director de Desarrollo Comunitario de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile.

32.- Dr. Mauricio Besio Rollero, ginecólogo-obstetra, de la División de Obstetricia y Ginecología, Pontificia Universidad Católica de Chile.

33.- Dr. Sebastián Illanes, profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes.

34.- Dr. Ricardo Espinoza, director médico de la Clínica Universidad de Los Andes.

35.- Dr. Fernando Zegers, Director del Programa de Ética y Políticas Públicas en Reproducción Humana, de la Universidad Diego Portales.

36.- Dr. Jorge Neira, Director del Programa Acompañar-es (PUC).

37.- Dr. Enrique Oyarzun, Jefe de Ginecología del Hospital de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

38.- Dra. Adela Montero, especialista en ginecología pediátrica y adolescente del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (CEMERA) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

39.- Dr. Jorge Becker Valdivieso, especialista en obstetricia y ginecología.

40.- Dr. Waldo Sepúlveda, gineco-obstetra.

41.- Dra. Rubi Maldonado, representando al Instituto Chileno de Medicina Reproductiva.

42.- Dr. Fernando Abarzúa, médico gineco obstetra.

43.- Dra. Andrea Huneeus, médico gineco obstetra.

44.- Dra. Andrea Schilling, médico gineco-obstetra.

45.- Dra. Francisca Decebal-Cuza, médico psiquiatra de la Universidad de Chile.

46.- Dr. Rodolfo Philippi, médico psiquiatra de la Universidad de Chile.

47.- Dra. Susana Cubillos, médico psiquiatra.

48.- Dra. Mónica Kimelman, médico psiquiatra de la Universidad de Chile.

49.- Dr. Álvaro Jeria, médico psiquiatra.

Matronas y matrones.

50.- Señora Anita Román, Presidenta del Colegio de Matronas.

51.-Profesora Mariana Arancibia de Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Valparaíso.

Abogados.

52.- Señora Ángela Vivanco, profesora de derecho constitucional de la Pontifica Universidad Católica de Chile.

53.- Constanza Salgado Muñoz, Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez.

54.- Asociación de Abogadas de Chile, señora María de los Ángeles Coddou.

55.- Abogado penalista, señora Magdalena Ossandón.

56.- Abogado penalista María Elena Santibáñez, con especialidad en delitos sexuales.

57.- Abogado constitucionalista, señor Ignacio Covarrubias.

58.- Abogado, señora Alejandra Zúñiga.

59.- Abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, señor Juan Pablo Mañalich.

Otros profesionales de las Ciencias Sociales.

60.- Nicolás León Ross, Director Ejecutivo de Idea País.

61.- Presidenta del Comité de ética de la investigación de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, socióloga señora Marcela Ferrer.

62.- El investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, señor Claudio Alvarado.

Jornada Temática de fecha 1 de junio de 2015

63.- Representante de Médicos por la Vida, doctora Francisca Valdivieso.

64.- Abogada señora Lidia Poza, presidenta de la Asociación de Magistrados de Chile.

65.- Representante de la Corporación Maternitas Patricia Gonnelle.

66.- Académica Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, señora Irma Palma.

67.- Amigos del Maule por la Vida, señoras Magdalena Rodríguez y Paulina Arellano Salas.

68.- ONG Raíces Chile, en voz de su directora Ejecutiva, señora Denisse Araya Castelli.

69.- Organización Quiero Nacer, señora Miriam Paya.

70.- Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, señora Ana Piquer.

71.- Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri, representada por la señora Alicia Muñoz.

72.- Presidenta de la organización Unidos por la Vida y la Familia, señora Isabel Sepúlveda.

Jornada Temática de fecha 8 de junio de 2015.

73.- Directora ejecutiva de la Fundación Equitas, señora Pamela Díaz.

74.- Representante de Voces Católicas, señorita Alejandra Pérez.

75.- Corporación Mujeres Líderes para Chile, señora Vania Figueroa.

76.- Fundación Miradas Más Humanas, señora Carolina Aguilera.

77.- Fundación Educación Popular en Salud, EPES, señora María Estela Toro.

78.- InformAborto, señor Francisco Subercaseaux.

79.- Exministra de Salud, señora Soledad Barría, en representación del Observatorio de Género y Equidad.

80.- Fundación Porta Vitae, señora Paulina Lucherini.

81.- Representante del Observatorio Equidad de Género en Salud, señora Pamela Eguiguren.

82.- Representante de la organización Chile dice no al aborto, de Temuco, señora Catherine Nambrard.

• Discusión de los diputados.

Durante las exposiciones de los diversos invitados que fueron escuchados por la Comisión, se producía un debate e intercambio de opiniones.

A juicio de algunos diputados, el aborto ya existe en Chile, pues es evidente que en la actualidad se realizan procedimientos abortivos, por múltiples razones, y lo que pretende esta iniciativa legal es simplemente regular dicha situación con la finalidad que se contemple como una prestación de salud legalizada, a fin de que la interrupción del embarazo se haga de forma segura, con buenas prácticas, en condiciones de higiene, que asegure la salud de la madre, sobretodo de aquellas mujeres de menos recursos que optan por abortos clandestinos, quedando en una situación más riesgosa que aquella que tiene los medios para hacerlo en forma más segura.

En tal sentido, se ha sostenido que esta iniciativa tiene por objeto, entre otras cosas, otorgar a la mujer un derecho de opción, el que ejercido frente a ciertas hipótesis acotadas que en la iniciativa se indican, puede optar por la interrupción del embarazo, como una legítima prestación de salud.

Otros diputados, en tanto, han sostenido que ello no es así, por cuando dicha libertad de decidir en forma autónoma esta constreñida por la pareja, por su entorno y por los miedos, pues en todos estos casos de interrupción del embarazo, es reflejo de que el Estado ha llegado tarde.

Por otra parte se ha argumentado que esta iniciativa, no está despenalizando el aborto, sino que lo está legalizando en tres causales que, en definitiva, son la antesala del aborto libre. En ese sentido las expresiones “riesgo presento o futuro de la madre”; el derecho-deber de la confidencialidad y la eliminación de la obligación de denunciar. Otros, en tanto, sostienen que la iniciativa no legaliza el aborto, el cual sigue estando prohibido y penado en Chile, sino que solo establece tres excepciones a la regla general en la que es factible interrumpir el embarazo, otorgándole a la mujer la facultad de decidir, en tres causales muy específicas y acotadas, si sigue o continua con el mismo o bien opta por interrumpirlo.

Otros plantearon que el Estado en vez de proponer la interrupción del embarazo en las causales que indica en la iniciativa, debiera proponer, en su reemplazo, la contención, protección y ayuda de la mujer que se encuentra en las hipótesis que allí se describen. A juicio de un grupo de miembros de la Comisión, tal circunstancia no está protegida, o suficientemente prevista.

• Reserva de constitucionalidad.

Los diputados Hasbún, Macaya, Monckeberg, don Nicolás, Nogueira, Rathgeb y Turres hicieron reserva de constitucionalidad respecto del proyecto de ley en informe por no cumplir, según su criterio, con el estándar de ser un ley que proteja la vida del que está por nacer, mandato expreso impuesto por el constituyente al legislador en el artículo 19 N° 1 de la Carta Política. En ese sentido, tal constancia la plantean y promueven como una cuestión de constitucionalidad para los efectos del artículo 93 N°3 de la Constitución Política de la República por las razones que a continuación se exponen:

El proyecto de ley es inconstitucional: vulnera el estatuto jurídico del que está por nacer.

Mencionaron que el proyecto sostiene que "La Constitución se ocupa de consagrar el derecho a la vida y el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, e impone a la ley el deber de proteger la vida del que está por nacer". Asume la doctrina de la protección diferenciada: el que está por nacer no es persona y a su respecto existe un deber de protección legal, pero no tiene derecho constitucional a la vida. Para ello, se basa en una interpretación histórica del precepto constitucional contenido en el artículo 19 N° 1.

Añadieron que la historia fidedigna de la normativa constitucional, reflejada en las Actas Oficiales de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución (CENC) permiten concluir que la voluntad del constituyente es proteger la vida del que está por nacer y prohibir, por regla general, el aborto. Se rechaza toda legislación que permite realizar un aborto[5], José Luis Cea Egaña, incluso, puntualiza que "el legislador obró en términos coherentes con el constitucionalismo al dictar la ley N° 18.826 de 1989, cuyo artículo único preceptúa que "No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto"[6][7], Existe un consenso en reconocer el valor de la vida y dignidad del que está por nacer, igualándola a la de un ser humano ya nacido.[8]

Mencionaron que, con todo, es menester reconocer que si bien existió consenso general sobre la protección de la vida del que está por nacer, existió un único disenso, en relación al mal llamado aborto terapéutico (es más preciso hablar de tratamientos médicos con la finalidad de salvar la vida de la madre con resultado secundario y no querido de muerte fetal). Dos comisionados de la CENC señalaron que el legislador podría regular el mal llamado aborto terapéutico sin contravenir el mandado constitucional de proteger la vida del que está por nacer: el comisionado Ortúzar opinó que "acepta el aborto terapéutico en casos calificados, dando como ejemplo el que se trate de salvar la vida de la madre"[9]; y el comisionado Evans consideró razonable que el legislador pueda no sancionar penalmente formas de aborto terapéutico[10]. Sin embargo, históricamente no existió acuerdo de la CENC en la materia, pues los comisionados señores Guzmán y Silva Bascuñán rechazaron tajantemente esta idea[11], produciéndose técnicamente un empate de opiniones.

Añadieron que cualquier duda que existiera respecto de la voluntad original del constituyente, ha sido progresivamente despejada por el modo en que los órganos jurisdiccionales han entendido, interpretado y aplicado la norma constitucional pertinente en la materia. En efecto:

La Excma. Corte Suprema, en sentencia del 30 de agosto de 2001, rol N° 2.186-2001, declaró que la protección del derecho a la vida comprende al que está por nacer: "el que está por nacer -cualquiera sea la etapa de su desarrollo prenatal, pues la norma no distingue- tiene derecho a la vida, es decir, tiene derecho a nacer y a constituirse en persona con todos los atributos que el ordenamiento jurídico le reconoce, sin que a su respecto opere ninguna discriminación"[12].También, en sentencia de 27 de agosto de 2014, rol N° 1.7153-2014 señaló la corte que "ninguna norma legal o contractual tiene preferencia por sobre este derecho constitucional".

El Tribunal Constitucional, asimismo, en sentencia de 2008, rol N° 740-2007, señaló que el que está por nacer debe ser comprendido como persona, y que la protección de la vida, por tanto, lo incluye: "Que el derecho a la vida asegurado en el artículo 19 N°1 de la Constitución (...), asegura a toda persona -incluyendo al nasciturus- el derecho a mantener la vida y conservarla frente a los demás hombres".

La Contraloría General de la República, finalmente, en dictamen N°25.403, de 21 de agosto de 1995, en relación con el art. 17 de la Ley N°19.123, declaró que el que está por nacer debe ser considerado persona y, por tanto, sujeto de derecho a la vida: "acorde con el artículo 5° de la Carta Fundamental es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos que emanan de tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes -cuyo es el caso de la aludida Convención Americana de Derechos Humanos- el nonato debe ser considerado como persona para los fines en comento, de modo, entonces, que si la vida de un ser en gestación ha sido interrumpida en las circunstancias previstas en la ley N° 19.123, éste debe ser estimado como causante de los beneficios que esta normativa regula".

Añadieron, a mayor abundamiento, y para terminar toda controversia, el constituyente ha confirmado el año 1999 que la Constitución -y no sólo la ley­ protege al niño que está por nacer. En la historia fidedigna del establecimiento de la reforma constitucional que establece la igualdad jurídica entre hombres y mujeres (Ley 19.611), se dejó constancia que el cambio del concepto "hombres" por el concepto jurídico ''personas'' del inciso primero del artículo 1° de la Constitución, no modificaría la extensión de la protección constitucional a la criatura concebida y no nacida como sujeto de derecho. En efecto, tanto el senador Bombal como el senador Larraín argumentaron, con el objeto de dejar una constancia en actas para la historia fidedigna del establecimiento de la norma constitucional que se modifica, que "jamás se podrá desprender de él que, en conformidad a nuestro ordenamiento fundamental, se es persona y, por ello, sujeto de derecho a partir del nacimiento, pues este asunto ya fue zanjado por otra norma constitucional. " Y que "ese hecho no altera la búsqueda de igualdad como objetivo central de la iniciativa y no cambia la noción sobre el término "persona ", que, dentro de la tradición jurídica, ha incluido como sujeto de derecho al que está por nacer. " El acuerdo fue adoptado de manera unánime en la discusión en sala del Senado[13].

Agregaron que, no obstante todo lo anterior, asumir que el que está por nacer no es persona, y que por ello no tiene derecho constitucional a la vida, para nada implica que su ida y existencia carezca de toda protección a nivel constitucional. Es decir, incluso asumiendo aquella tesis según la cual el que está por nacer es objeto de un mandato de protección reservado a la ley, y no a la Constitución, encontramos que el verbo recto de dicho mandato es proteger. Esta palabra es importante, y su sentido natural y obvio significa "amparar, defender, favorecer, resguardar del peligro". Asimismo, dicho verbo rector está asociado explícitamente a la vida del no nacido. Luego la Constitución manda a la ley disponer los medios para que la vida del no nacido no corra peligro, sea defendida, favorecida, sin distinguir circunstancias ni situaciones (no correspondiendo entonces distinguir al intérprete). Este mandato es coherente con lo dispuesto en el art. 75 del Código Civil. Luego es lógicamente imposible dar cumplimiento a este mandato constitucional mediante una ley que contemple causales en la cuales sería lícito terminar deliberada y directamente con la vida del que está por nacer.

Mencionaron que, a mayor abundamiento, cualquiera sea la interpretación, la Constitución en su art. 19 N° 26 prohíbe la afectación esencial de los derechos que garantiza mediante preceptos legales que las complementen o regulen -entre los cuales está el deber de protección legal de la vida del que está por nacer-, por lo cual no es constitucionalmente admisible una ley que, refiriéndose a la vida del que está por nacer, aún en casos acotados a tres causales, afecte de tal modo su vida que, sencillamente, autorice suprimirla, lo cual es una evidente afectación esencial, pues suprimida la vida desaparece el bien jurídico objeto del mismo derecho garantizado.

Señalaron que, a la luz de las razones ya expuestas se comprende que el proyecto de ley en análisis, que objetivamente restringe la protección de la vida del que está por nacer en tres causales específicas, si bien se presenta con la apariencia formal de una ley simple que modifica el Código Penal y Código Sanitario, en realidad, materialmente constituye una reforma a la Constitución, o a lo menos, una ley interpretativa constitucional, ya que se introducen tres excepciones a la protección general de la vida del niño que está por nacer consagrada en la Carta Fundamental. La autorización del aborto, general o en casos específicos, entonces, debe sujetarse al procedimiento y trámites de una reforma constitucional, o a lo menos, de una ley interpretativa constitucional. Esto es de toda lógica, pues, si "la ley protegerá la vida del que está por nacer", entonces, no podría una ley simple privar o lesionar el derecho a la vida del que está por nacer.

Mencionaron que si bien es discutible, la única causal que podría soslayar el problema constitucional que señalamos, es la causal referida al riesgo para la vida de la madre o mal llamado aborto terapéutico, pues, como vimos anteriormente, sobre ella no hubo consenso entre los comisionados integrantes de la CENC - existió empate de opiniones-.

Finalmente, concluyeron que, en la especie, una reforma de la Constitución debe ser aprobada por las 2/3 partes de los diputados y senadores en ejercicio, pues se modificarían normas contempladas en los capítulos I y III de la Constitución. No obstante, considerando que una reforma constitucional puede ser demasiado compleja, el artículo 66 de la Constitución permite dictar leyes que interpreten preceptos constitucionales. En la historia fidedigna del artículo 66 se puede ver que la función y razón de existir de las normas que interpretan preceptos constitucionales es evitar que el legislador, por vía de resquicios legales, burle la Constitución[14]. Según Cea Egaña, las leyes interpretativas de la Constitución son un resguardo para evitar un fraude constitucional[15]; permiten la mutación constitucional, sin variar el texto de la carta[16]. Para aprobar una ley que interpreta preceptos constitucionales, se exigen 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio, y además, el Tribunal Constitucional deberá ejercer el control de constitucionalidad obligatorio.

• Votación general del proyecto.

La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en el mensaje, y luego de recibir las explicaciones y fundamentos de las autoridades ministeriales, y de todos los invitados y expositores que concurrieron a manifestar sus opiniones, observaciones, concordancias y objeciones, que permitieron a sus miembros formarse una idea sobre las implicancias y la incidencia real que tienen las normas y modificaciones propuestas en el proyecto de ley, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por mayoría absoluta de los Diputados presentes (8 votos a favor y 5 en contra.

- Votaron a favor de la idea de legislar los diputados: Juan Luis Castro González (Presidente), Karol Cariola Oliva, Cristina Girardi Lavin, Marcela Hernando Pérez, Manuel Monsalve Benavides, Marco Antonio Núñez Lozano, Gabriel Silber Romo, y Víctor Torres Jeldes.

- Votaron en contra de la idea de legislar los diputados: Gustavo Hasbún Selume, Javier Macaya Danús, Nicolás Monckeberg Díaz, Jorge Rathgeb Schifferli, y Marisol Turres Figueroa.

Por acuerdo unánime de los diputados miembros, se acordó dejar constancia en el informe de la fundamentación de cada uno de ellos en su votación.

Diputada Carol Cariola. Vota a favor fundado en que durante años se trató de legislar en esta materia sin resultados positivos. Señaló que ahora se está viviendo un cambio en el país y esto es el resultado de la lucha de muchas organizaciones sociales y colegios profesionales, quienes han sido sólidos en la lucha por el derecho de las mujeres y de su autonomía para poder decidir.

Lamentó la existencia de algunos sectores que intentaron distorsionar este debate en un proyecto de ley claro y acotado a tres causales. Valoró la valentía de la Presidenta de la República por haber colocado este tema sobre la mesa más allá de ser un compromiso porque es una realidad.

Finalmente recalcó que los que hoy votan a favor del proyecto también lo hacen por la vida y que no es efectiva la disyuntiva pro aborto o pro vida, como un grupo ha querido reflejar.

Diputada Cristina Girardi. Vota a favor fundado en que esta iniciativa de alguna manera define situaciones traumáticas para las mujeres que son muy dolorosas. Piensa que este proyecto plantea soluciones a esas mujeres y a su dolor, basados en el respeto a su decisión y a su voluntad sobre el resultado de estas tres causales.

Añadió que todos vivimos el dolor de una manera diferente y que, además del apoyo y del acompañamiento, una forma real de superar ese dolor es cuando la mujer decide y no cuando terceros deciden por ella. Así el cuerpo de la mujer dejará de ser un territorio ocupado por el hombre, por la Iglesia y por el Estado.

Finalmente recordó que el caso de un embarazo que es resultado de una violación, no solo se produce un trauma a raíz del abuso sexual, sino que el embarazo de alguna manera naturaliza y perpetúa el dolor y la violencia de un abuso sexual.

Diputado Gustavo Hasbún. Vota en contra fundado en las mismas causales contenidas en la iniciativa. Cuando se habla de riesgo de vida para la madre, tales circunstancias hoy día están prácticamente resueltas sin necesidad de tener que legislar sobre el aborto. La interrupción del embarazo como efecto no querido cuando se trata de salvar la vida de la madre no se encuentra sancionado hoy día, no siendo efectivo que en Chile exista la prohibición absoluta y criminalizante de toda forma de interrupción del embarazo. Nunca se ha sancionado por el ordenamiento jurídico, ni siquiera cuando existía el supuesto aborto terapéutico este tipo de embarazo. No se conocen médicos que se hayan visto imposibilitados de aplicar un tratamiento cuyo resultado -no querido- pero que se asume como inevitable sea la muerte del no nacido por la posibilidad de ser denunciados por las normas del Código Penal, ni que estén condenados. Por tanto, si hoy existe la aplicación del principio del doble efecto dentro de la cual se encuentra la lex artis de los médicos, se debe distinguir el aborto directo que causa la muerte del feto con un fin terapéutico, del aborto indirecto, que es en este caso.

Al existir protocolos médicos se hace inviable legislar sobre algo que hoy día nuestra sociedad permite, precisó.

Cuando se habla de la inviabilidad del embrión, explicó que es un tema complejo pues según los mismos especialistas no correspondería hablar de embrión inviable, porque es una expresión equivocada que puede llevar a sostener que es lícito prescindir de cada una de las personas que puedan estar afectas a eso. Agregó que hay enfermedades congénitas o genéticas que no tienen tratamiento y se consideran incompatibles con la vida, pero la realidad es que tienen una sobrevida bastante variable. ¿Cómo se define en forma objetiva qué tipo de enfermedades son las que generan la inviabilidad? Tal como está redactado el proyecto, implica la legalización de la eugenesia y ello le parece que es un error. Además, ¿quién va a generar y calificar –en forma objetiva- estos catálogos de enfermedades? Si ni siquiera los médicos que han expuesto en esta comisión se han podido poner de acuerdo entre lo que es o no inviable.

En el caso de la violación, piensa que se está cortando el hilo por lo más delgado, y el proyecto no contiene nada sobre la prevención al delito de violación o incesto en Chile. Afirmó que la existencia de violaciones en Chile no va a terminar por la legalización del aborto. Además se puede dar una infracción flagrante al principio de inocencia y al debido proceso, porque hoy día el plazo de 12 semanas para interrumpir un embarazo, hace inviable cualquier proceso investigativo sobre el particular por falta de tiempo. Además quién garantiza que efectivamente se haga una evaluación objetiva de que realmente se produjo un embarazo por violación y no que se esté legalizando un aborto libre.

Finalmente señaló que aquí existe un choque de intereses, cuales son, la libertad de la mujer y el derecho a la vida del feto y con esta iniciativa se da prioridad a la libertad por sobre la vida, que es el principal derecho humano, base de los demás derechos.

Diputada Marcela Hernando. Vota a favor. Argumentó su voto expresando:

1) Que aunque el mensaje que están votando hoy requiere perfeccionamiento por presentar algunos términos ambiguos, como la palabra "riesgo futuro", está convencida que las tres causales en las que sería aplicable esta excepción son claramente de aquellos casos en los que es necesario elegir entre dos males, prefiriendo "el mal menor".

2) Para aquellos que han defendido en esta comisión el principio de doble efecto, dijo que este es un país laico, que dicho argumento es de tipo ético o moral, pero no jurídico y por lo tanto su aplicación hoy no es ley y queda al arbitrio del juez.

3) Que está de acuerdo con que será necesario que los diagnósticos de inviabilidad fetal tengan confirmación por especialista y que sea certificado por escrito, por adelantado y con la tecnología necesaria.

4) Que en el caso de violación, el corazón del mensaje se dirige a proteger sobre todo a niñas y adolescentes vulnerables, para evitar la perpetuación de su tortura y la violación de sus derechos.

5) Reiteró que en ninguno de los artículos propuestos se postula el aborto libre y que cualquier palabra que "llame a confusión deberá ser cambiada durante la discusión en particular.

6) Cualquier mujer que interrumpa su embarazo por cualquier otra causa diferente a las tres de que trata el mensaje, estará cometiendo un delito.

7) Destaca que este proyecto no obliga a nadie a interrumpir su embarazo.

8) Finalmente, ha llegado al convencimiento que algunas mujeres podrán superar mejor que otras un trauma semejante y respeta la capacidad de esas mujeres respecto de decidir qué es lo mejor para ellas y sus familias presentes o futuras.

Diputado Javier Macaya. Vota en contra porque dijo estar convencido de que el proyecto adolece de imperfecciones como es el deber de denuncia, riesgo futuro (termino equivoco) e inviabilidad fetal (causales subjetivas).

Indicó estar de acuerdo en la libertad de la mujer, pero con un solo límite, que es cuando afecta la libertad de un tercero y ello ocurre, precisamente, con el aborto. Además la evidencia comparada indica que cuando se avanza en el mal llamado aborto terapéutico se llega finalmente al aborto libre.

Diputado Nicolás Monckeberg. Vota en contra. Además hizo reserva de constitucionalidad sobre el proyecto de ley en votación. Dijo que interrumpir el embarazo es eso, romper, destrozar, separar de sus partes y es una descripción gráfica de lo que hoy día se está debatiendo. Agregó que el aborto produce dos víctimas: el niño que está por nacer, que es indefenso, y la propia mujer.

Afirmó que el aborto es un mal para la mujer y un fracaso para la sociedad. Las estadísticas de casi todas las sociedades que han legislado sobre el aborto, indican que éste aumenta en forma progresiva al igual que el sufrimiento de las mujeres.

Las opiniones de expertos que expusieron en la comisión son categóricas en establecer que son las mujeres las que van a pedir cuentas a quienes hoy día sostengan que la interrupción del embarazo es inofensiva y no trae consecuencias.

Sorprende que este Congreso pretenda transformar este mal objetivo en un derecho antes de otorgar una estructura, un apoyo, un acompañamiento que opte por la vida y que proteja, precisamente, a la mujer del aborto. Estos temas, dijo, se discutirán después como si fueran secundarios.

Sostener que esta iniciativa garantiza la libertad para decidir, es un eufemismo. Aquí ha habido estudios categóricos (revista chilena de pediatría) donde el 92% de las mujeres chilenas señalaron que las razones por las que han escogido el aborto es por coerción, miedo, violencia y pérdidas de expectativas de vida. De modo que, de qué libertad se está hablando. La decisión provocada por coerción o miedo, sí es violencia de género y a eso debe abocarse un Estado.

Finalmente señaló que aquellos países que legislaron sobre el aborto, no pararon allí, y algunos de ellos alcanzaron hasta los niños con síndrome de down, aún cuando sostenían que sus causales de aborto no los alcanzaría. Tal es el contexto de esta ley, precisó.

Diputado Manuel Monsalve. Vota a favor. Señaló que los dilemas de la sociedad chilena se resuelven en democracia, con dialogo, con deliberación, con respeto, fundado e informado. Este proyecto va dar respuesta digna a situaciones dolorosas que enfrentan mujeres y familias chilenas, a los cuales el Estado no les ha dado respuesta en las últimas tres décadas.

Insistió en que lo que se discute es la interrupción del embarazo en tres causales y aseveró que la criminalización de la interrupción del embarazo no ha resuelto el problema. Indicó que la única diferencia entre los países que tienen aborto restringido versus aquellos que lo tienen libre, es que en los primeros igual se realizan abortos, pero en condiciones inseguras.

Reiteró que aquí no se está legislando para interrumpir el embarazo con síndrome de down.

Respecto de la causal de riesgo para la vida de la madre, todos han coincidido que hoy día, en la práctica médica, se interrumpen embarazos cuando hay riesgo de vida para la madre. En qué innova este proyecto. En dos cosas: una, establece por ley la obligación de consultar a la mujer y, dos, establece la obligación de tener una segunda opinión médica y ello es, sin duda, un avance que protege a la mujer y a la vida.

Respecto de la inviabilidad fetal, se está hablando de patologías letales del feto y por tanto, de la dignidad de las personas.

Finalmente respecto del embarazo por violación, dijo que no tiene la soberbia para reemplazar la decisión de una mujer, de una familia, que opta por una alternativa en un causal tan dramática como esta.

Diputado Marco Antonio Núñez. Vota a favor. Reconoció el esfuerzo de la década de los ´30 cuando se legisló en el Código Sanitario y se estableció el aborto terapéutico. Luego, en el año ´52 se creó el Servicio Nacional de Salud fundamentalmente para enfrentar la patología del binomio madre e hijo. En los años ´60 teniendo Chile uno de los índices más altos de mortalidad materna y donde el 20% de las camas eran ocupadas por mujeres con problemas en el embarazo, se legisló sobre la planificación familiar siendo Chile uno de los primeros países latinoamericanos en hacerlo. Luego, en el Gobierno Militar, en el año 1989 se decidió borrar más de cincuenta años de historia de defensa de la dignidad de los derechos para las mujeres para que hoy se pueda empezar a cambiar esa historia y que saque a Chile del grupo de los cinco países que penaliza el hecho que queramos salvar la vida de una mujer que puede morir producto de su embarazo.

Llamó a no dramatizar esta discusión, ya que lo mismo ocurrió con ocasión de la discusión de la píldora del día después y con la ley de divorcio, donde se sostenía que la primera era abortiva y que la segunda destruiría a la familia, cosa que no ocurrió en ninguno de los dos casos mencionados. Por el contrario han resultado un instrumento útil para la sociedad y el ordenamiento de las familias.

Luego comentó un caso que refleja el temor de los equipos médicos a practicar abortos en caso de riesgo de vida de la madre. Dijo que dicho temor es inaceptable y se adiciona al de la madre que se encuentra en dichas circunstancias.

Diputado Jorge Rathgeb. Vota en contra. Indicó que nadie elige las condiciones en que se nace, ni dónde, ni cuándo, e hizo un llamado y recordó que todos estuvimos en el vientre materno alguna vez.

Le llamó la atención que este Gobierno le pusiera tanta urgencia a esta iniciativa, en circunstancias, que existían otras mociones que se referían al tema y al acompañamiento en embarazos de alto riesgo.

Indicó que este proyecto es inconstitucional, e hizo reserva del mismo. Agregó que tanto la doctrina como los tratados internacionales sostienen que la vida comienza al momento de la concepción, y ello ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional, por la Corte Suprema y también por la Contraloría General de la República en distintos pronunciamientos.

Agregó, además, que es un proyecto impreciso y ambiguo. Es impreciso por cuanto habla de riesgo futuro de la madre, lo que no está acotado en el propio texto. La segunda causal es ambigua y la tercera abre la puerta al aborto libre y a perpetuar los abusos del violador.

Diputado Gabriel Silber. Vota a favor. Señaló que este proyecto se vota con prescindencia de los credos religiosos, y enfatizó que lo que aquí se vota no es la despenalización del aborto sino que la interrupción del embarazo en tres causales muy específicas y acotadas. Por tanto, la regla general en Chile es que está prohibido el aborto a todo evento, salvo en estas tres causales en particular.

Tampoco es un proyecto que promocione la interrupción del embarazo en las tres causales ya conocidas, sino que por el contrario lo que se hace es sustituir la voluntad del Estado por la voluntad de la mujer.

Señaló que la tercera causal, es difícil y compleja, pero lo que se quiere es otorgar a aquella persona que ha sufrido uno de los atentados más gravosos a su dignidad, la posibilidad de elegir.

Diputado Víctor Torres. Vota a favor. Aclaró que el debate de este proyecto de ley no se limitó solamente a las dos posturas pro vida, pro aborto; de hecho su postura argumentativa no se enmarca en ninguna de dichas dos posturas.

Dijo que es distinto tener una legislación de provisión absoluta versus una legislación que contemple la libertad reproductiva absoluta de la mujer. Sí se siguiera la primera línea argumentativa no tendríamos discusión legislativa y si se siguiera la segunda estaríamos en la línea de legalizar el aborto libre. Señaló que su línea argumentativa parte de la base de reconocer que existen tres causales excepcionales que no son concebidas en una legislación absoluta. Son excepciones que, en sí mismas, consideran situaciones muy dramáticas en las mujeres que están viviéndolas.

Cómo se da respuesta por la sociedad ante esta disyuntiva. Esta respuesta la entrega la ley estableciendo una sanción y pena para la mujer que adopte una decisión distinta a la allí contemplada. Para avanzar en un sistema de despenalización por indicaciones se tiene que ser capaz como Estado de entregar todas las oportunidades a las mujeres para que puedan decidir en conciencia y ello implica eliminar los elementos de coacción social.

Finalmente, dijo, se elimina la coerción penal y la coacción social y se permite la interrupción del embarazo en situaciones muy acotadas.

Recalcó que este proyecto no tiene por objeto el aborto eugenésico, puesto que éste último se hace cargo de una vida que puede tener viabilidad extrauterina, pero en malas condiciones y allí pueden caber casos de malformaciones mayores, como ocurre en España. Sin embargo, este proyecto trata de malformaciones letales y ahí estamos ante un aborto embriopático, que es distinto, precisó.

Diputada Marisol Turres. Vota en contra. Indicó que en este Congreso se discutieron varios proyectos que abordaron esta misma temática, pero que no lograron convertirse en ley de la República. Por otra parte, señaló que este debate es un tanto mentiroso porque se sabe que en todos los países en que se ha legislado sobre aborto, se termina en un aborto libre.

Indicó que le encantaría un Sernam que estuviera apoyando a las mujeres con un embarazo vulnerable en cualquiera de las tres causales. Espera que exista un Ministerio de la Mujer que apoye a esta última.

Destacó que el derecho a la vida es el más importante, no sólo en nuestra legislación, sino que también universalmente. Los demás derechos, incluyendo el derecho a elegir que tienen las mujeres para decidir si un hijo vive o no, derivan de él.

Finalmente hizo reserva formal de constitucionalidad sobre el proyecto de ley.

Diputado Juan Luis Castro. Vota a favor. Dijo que él se inició en la medicina en el entendido que la voluntad colectiva iba adelante de ellos. Cuando una mujer está embarazada y se interrumpe su embarazo, él les dice que tuvo una pérdida, y sólo entonces se entiende la magnitud completa que significa ésta perdida. Luego cuando él fue Presidente del Colegio Médico, y con el código de ética en la mano, entendió y comprendió que cuando existe un aborto terapéutico, nadie puede sustituir la decisión de una mujer que, libre y soberanamente, debe tomar en momentos tan dolorosos como éste que afecta su vida.

* * * * * * * *

b) Discusión particular.

Durante la discusión artículo por artículo, la Comisión llegó a los siguientes acuerdos:

Artículo1°.-

Tiene por objeto modificar el Código Sanitario. Consta de tres numerales.

Mediante el numeral 1) se propone sustituir su artículo 119; el numeral 2) introduce un artículo 119 bis, y el numeral 3) incorpora un artículo 119 ter.

Numeral 1).-

Tiene por objeto sustituir el artículo 119 del Código Sanitario, por el siguiente:

“Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer, un(a) médico(a) cirujano(a) se encuentra autorizado(a) para interrumpir un embarazo cuando:

1) La mujer se encuentre en riesgo vital, presente o futuro, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.

2) El embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina.

3) Es resultado de una violación, en los términos del inciso segundo del artículo siguiente, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho semanas de gestación.

En cualquiera de las causales anteriores, la mujer deberá manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo. Cuando ello no sea posible, se aplicará el artículo 15[17] de la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes.

Tratándose de una menor de 14 años, además de su voluntad, la interrupción del embarazo deberá contar con la autorización de su representante legal o de uno de ellos, a elección de la menor, si tuviere más de uno. A falta de autorización, la menor, asistida de un integrante del equipo de salud, podrá solicitar la intervención del Tribunal de Familia competente para que constate la concurrencia de la causal. El Tribunal autorizará la interrupción del embarazo, sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud, oyendo a la menor y, si lo estimare, al integrante de éste que la asista.

Cuando a juicio del médico(a) cirujano(a) existan antecedentes para afirmar que la solicitud de autorización al representante legal generará para la menor de 14 años un riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza o maltrato, o una posible situación de desarraigo o de abandono, se prescindirá de ésta y se solicitará una autorización sustitutiva al Tribunal de Familia competente, el que deberá pronunciarse conforme al procedimiento establecido en el inciso anterior.

La mayor de 14 y menor de 18 años podrá manifestar por sí su voluntad para la interrupción de su embarazo. Su representante legal o uno de ellos a su elección, si tuviere más de uno, deberá ser informado de su decisión. A falta de éste, o si existen antecedentes para afirmar que la información al representante legal generará para la menor alguno de los riesgos señalados en el inciso anterior, la menor deberá designar otro adulto que será informado.

El prestador de salud deberá entregarle a la mujer información veraz sobre las características de la prestación médica según lo establecido en los artículos 8º[18] y 10[19] de la ley N° 20.584. En cualquier caso, el prestador de salud deberá entregar a la mujer información por escrito sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la de programas de apoyo social y económico disponible.

En ningún caso esta información estará destinada a influir en la voluntad de la mujer.”.

La Comisión acordó proceder a analizar cada indicación, dividiéndola por numeral al cual ésa está dirigida.

Se presentaron 18 indicaciones.

Al primer párrafo del artículo 119 del Código Sanitario propuesto por el mensaje:

-- De la diputada Rubilar, para reemplazar el artículo 119 del Código Sanitario propuesto, por lo siguiente:

“Art. 119. No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto, a excepción de:”

Se dijo que esta indicación tiene por objeto precisar y reforzar la idea de que todas las interrupciones del embarazo, que no sean aquellas que taxativamente excluye el artículo 119, están penalizadas. Con esto se evita dejar una puerta abierta a posibles abortos despenalizados.

Otros manifestaron que la indicación mencionada deja de lado la “voluntad de la mujer”, que sí está contemplada en el texto propuesto por el mensaje y es un elemento crucial de esta iniciativa.

Se rechazó por mayoría de votos (nueve en contra y tres abstenciones).

Votaron en contra los diputados Castro, Cariola, Girardi, Hernando, Núñez, Rathgeb, Silber, Torres y Turres.

Se abstuvieron los diputados Hasbún, Macaya y Monckeberg.

---- Del diputado Monckeberg, para introducir un inciso primero nuevo en el artículo 119 del Código Sanitario propuesto, por lo siguiente:

“Artículo 119. Se encuentra prohibido todo acto cuyo fin sea causar la muerte directa del no nacido. No están prohibidos los actos médicos encaminados a salvar la vida de la madre en los que se cause la muerte del feto como un efecto no querido o colateral.”

Se sostuvo que durante la discusión general de esta iniciativa, muchos médicos afirmaron que no tenían la certeza jurídica de cómo actuar frente a una paciente con riesgo vital y, por tanto, podían verse inhibidos a interrumpir el embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre, por temor en cometer un delito. Pues bien, se señaló que esta indicación tiene por finalidad despejar toda duda respecto de que la intervención de un médico a una madre en estas circunstancias, no va a constituir aborto, aun cuando ése sea el resultado como un efecto indirecto o colateral. Se añadió que una cosa es despejar esta duda y otra cosa es legalizar el aborto en las tres causales que el proyecto plantea. Además, esta indicación tiene un segundo efecto que es reemplazar la primera causal del artículo 119 del Código Sanitario propuesto, esto es la interrupción del embarazo por riesgo vital de la madre, de tal suerte que solo se mantienen las dos causales restantes (interrupción por inviabilidad fetal y por violación).

Por otra parte, se hizo presente que esta indicación despeja el problema que ocurre con la “objeción de consciencia”, en el sentido de que éste derecho solo aplicaría para las causales de interrupción del embarazo por inviabilidad fetal y por violación y no para aquella en donde corre peligro la vida de la madre, ya que en este último caso no habría aborto, pues la muerte del que está por nacer sería un efecto indirecto o colateral de salvar la vida de la madre. En ese mismo sentido, se mencionó el informe de la Corte Suprema a propósito de esta iniciativa que, en lo pertinente, señaló que en Chile no está proscrito el aborto terapéutico.

Otros sostuvieron que la muerte del que está por nacer como consecuencia indirecta para salvar la vida de la madre, tal como está contendida en la indicación propuesta, no sería un imperativo sino que más bien aparece como una “opción”, por tanto, no sería efectivo que esta indicación aclare el imperativo hacia el médico de salvar la vida de la madre.

Se mencionó, también que esta indicación deja sin efecto las otras dos causales del artículo 119 del Código Sanitario propuesto, y en ese sentido, desnaturaliza esta iniciativa.

Finalmente se señaló que el mensaje propuesto por el Ejecutivo salvaguarda siempre y en todo sentido la “voluntad de la mujer”, la que no es considerada en la indicación propuesta.

Se rechazó por mayoría de votos (cuatro a favor, ocho en contra y una abstención).

Votaron a favor los diputados Hasbún, Macaya, Monckeberg y Turres.

Votaron en contra los diputados Castro, Cariola, Girardi, Hernando, Cicardini, Núñez, Silber, y Torres.

Se abstuvo el diputado Rathgeb.

---- De los diputados Rincón, Silber y Torres, para reemplazar en el inciso primero del artículo 119 del Código Sanitario, el vocablo “encuentra” por “encontrará”.

Se indicó que esta indicación solo tiene por objeto corregir una fórmula verbal que está en tiempo “presente” para dejarla en tiempo “futuro”.

Se aprobó por mayoría de votos (ocho a favor, y cinco en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Girardi, Hernando, Cicardini, Núñez, Silber, y Torres.

Votaron en contra los diputados Hasbún, Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

---- Del diputado Macaya, para reemplazar en el artículo 1°, numeral 1, inciso primero, la palabra “cirujano(a)” por “especialista”.

Se fundamentó esta indicación señalando que no se está de acuerdo en que la interrupción de un embarazo quede en manos simplemente de un médico general, sino que ésta debe ser realizada por un médico especialista, tal como un ginecólogo, médico obstetra o un especialista en medicina fetal.

Otros argumentaron que el título que otorga la universidad es de “médico cirujano” y las especialidades no están recogidas en la ley, por lo tanto, no se puede colocar en esta iniciativa la expresión “especialista”. También se indicó que en la primera causal de este proyecto (interrupción del embarazo por riesgo de vida en la madre), no se requiere de una especialidad para diagnosticar una patología de las que podrían dar lugar a esta causal. Además, se indicó, que tampoco hay el tiempo, frente a una inminencia, de derivar el paciente a otro centro donde haya “especialistas o subespecialistas”, sobre todo en los lugares más alejados.

Se hizo presente, asimismo, que es difícil encontrar un médico gineco obstetra en los hospitales de baja complejidad, donde solo existen médicos cirujanos (médicos generales).

Se indicó que la “especialidad” del médico en la segunda causal (inviabilidad fetal extrauterina) es necesaria y se justifica como segunda confirmación diagnóstica, no así en la primera causal que se refiere a riesgo de vida en la madre. Se insistió en que su reconocimiento haría inviable esta iniciativa, al menos, en las zonas extremas, donde no hay tales “especialistas”.

Se llamó a no confundir las ideas, pues una cosa es el médico general que interrumpe y otra cosa el médico especialista que ratifica el diagnóstico. Tal es la diferencia entre la primera y la segunda causal de interrupción del embarazo contenida en la iniciativa.

Por otra parte se señaló que si bien la necesidad de contar con un médico general es común en las tres causales de interrupción del embarazo, al menos en la causal 2) (inviabilidad fetal extrauterina) y 3) (violación) sí es necesaria la presencia de un especialista que verifique las condiciones que dan lugar a tales causales. Entienden que tales interrupciones, en las causales 2) y 3), deben ser realizadas por un especialista, salvo casos de emergencia donde tendrá que realizar la interrupción, a falta del especialista, el médico general que está a cargo del procedimiento. Se llamó a que el Estado debe garantizar a las mujeres una atención especializada.

Se indicó por parte del Ejecutivo que lamentablemente no existen especialistas en todo Chile y, por tanto, frente a una urgencia el piso es el médico general, el que está capacitado para atender una emergencia y de hecho tal es su obligación. Añadieron que como Ejecutivo intentarán por velar que haya especialistas que puedan atender la interrupción del embarazo en las causales 2) y 3), incluyéndose en la medida de lo posible a las zonas extremas. Finalmente, señalaron que el reglamento que se dicte contemplará esta circunstancia.

Otros fustigaron el hecho de que se ponga en tela de juicio la capacidad técnica de los médicos cirujanos, pues tales médicos son los únicos que tienen doble acreditación por el Estado, atienden en lo habitual situaciones mucho más complejas que las descritas en esta iniciativa y, además, nunca un médico va dar más allá de sus propias habilidades. Se llamó a sincerar el diálogo y a evidenciar que si lo que se quiere con esta indicación es limitar el acceso a determinadas personas a esta prestación, pues que se diga en esos términos.

En la misma línea, se indicó que está demostrado que las matronas y las enfermeras desarrollan, normalmente, una labor más profesional y con menos complejidades que las desarrolladas por los propios especialistas. Tal cosa ocurre en los países desarrollados. Asimismo, se indicó que la interrupción del embarazo no es un procedimiento complejo, al contrario, se podría de calificar de simple o muy simple.

Se rechazó por mayoría de votos (cuatro a favor, ocho en contra y una abstención).

Votaron a favor los diputados Hasbún, Macaya, Monckeberg y Turres.

Votaron en contra los diputados Castro, Cariola, Girardi, Hernando, Cicardini, Núñez, Silber, y Torres.

Se abstuvo el diputado Rathgeb.

A la primera causal (interrupción del embarazo en caso de riesgo vital de la mujer) del artículo 119 del Código Sanitario propuesto por el mensaje.

---- Del Ejecutivo, para eliminar en el numeral 1) del artículo 119 del Código Sanitario propuesto la frase “presente o futuro,”.

Se aprobó por mayoría de votos (ocho a favor, y cinco en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Girardi, Hernando, Cicardini, Núñez, Silber, y Torres.

Votaron en contra los diputados Hasbún, Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

Como consecuencia de la aprobación de la indicación del Ejecutivo, se entendieron rechazadas por igual votación las demás indicaciones, sin mayor discusión, por mayoría de votos (cinco a favor, y ocho en contra).

Votaron a favor los diputados Hasbún, Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

Votaron en contra los diputados Castro, Cariola, Girardi, Hernando, Cicardini, Núñez, Silber, y Torres.

Las indicaciones rechazadas son las siguientes:

---- Del diputado Monckeberg, para suprimir el numeral 1 del artículo 119 del Código Sanitario propuesto.

---- Del diputado Rivas, para reemplazar el numeral 1 del artículo 119 del Código Sanitario propuesto, por el siguiente:

“1) La mujer se encuentre en un riesgo vital actual de tal naturaleza que sólo la interrupción del embarazo permita salvar su vida”.

---- De los diputados Rincón, Silber y Torres, para reemplazar el numeral 1) del artículo 119 del Código Sanitario contenido en el mensaje, por el siguiente:

“1) La mujer se encuentre en riesgo vital real sin esperar que este sea inminente. El médico cirujano intervendrá de manera oportuna a la mujer sin mediar espera alguna si el peligro de muerte es efectivo.”

---- -De la diputada Cariola, para sustituir el numeral 1) del artículo 119 del Código Sanitario propuesto, por el siguiente:

“1) El embarazo implique un grave riesgo o daño para la vida o la salud de la mujer.”

---- Del diputado Macaya, para sustituir el numeral 1, del artículo 119 propuesto, por el siguiente:

“1) Exista un grave peligro de vida de la madre y que la muerte del que está por nacer sea una consecuencia indirecta para evitar el fallecimiento de ésta.”

---- Del diputado Castro, para sustituir el numeral 1) del artículo 119, por el siguiente:

“1) Considerando las condiciones vitales presentes y futuras de la mujer, la interrupción del embarazo se encuentra médicamente indicada para evitar un peligro para la vida de la mujer embarazada o un peligro de grave afectación de su salud corporal o mental;

---- De la diputada Girardi, para eliminar en el numeral 1) del artículo 119 del Código Sanitario propuesto la frase “presente o futuro,”.

---- De la diputada Rubilar, para eliminar en el numeral 1) del artículo 119 del Código Sanitario propuesto la frase “presente o futuro,”.

---- De la diputada Carvajal y del diputado Monsalve, para reemplazar en la causal 1) propuesta la frase "La mujer se encuentre en riesgo vital presente o futuro," por la siguiente: “La gestante presente una enfermedad de base o concomitante a dicha condición, agravada por el embarazo poniendo en riesgo su vida durante el embarazo, el parto o el puerperio,"

---- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson, para modificar la causal 1) del artículo 119 del Código Sanitario nuevo, de la siguiente manera:

a) Elimínese la palabra “vital,”

b) Agréguese luego de “futuro” una coma además de la siguiente frase: “de vida o salud,”

c) Sustitúyase “su vida” por “estos”.

d) Agréguese un inciso final, nuevo, del siguiente tenor: “Se entenderá que existe riesgo vital o para la salud en todos los casos de embarazos de niñas o adolescentes.”

----- De las diputadas Cicardini, Fernández, Pacheco y Pascal, para sustituir el numeral 1) del artículo 119 del Código Sanitario propuesto por el siguiente:

“1) La mujer encuentre en riesgo, presente o futuro, su vida o salud, de modo que la interrupción del embarazo evite dicho peligro.”

A la segunda causal (interrupción del embarazo en caso de inviabilidad fetal extrauterina) del artículo 119 del Código Sanitario propuesto por el mensaje.

---- Del diputado Monckeberg, don Nicolás, para sustituirlo por el siguiente:

“2) La mujer embarazada presentase un daño psicológico actual de carácter grave por diagnosticarse que el feto sufre de una enfermedad o malformación que conducirá indefectiblemente a su muerte dentro de las primeras horas de su nacimiento. Sólo podrá interrumpirse el embarazo a contar de la semana 24, siempre y cuando la enfermedad o malformación sea certificada por un médico especialista en medicina materno- fetal y que antes de realizarse la interrupción del embarazo, la paciente sea evaluada y aconsejada por grupos de acompañamiento en cuidados paliativos perinatales acreditados, lo que deberá ser debidamente certificado.

Se entenderá por daño sicológico actual y grave aquel que ponga en riesgo de manera permanente y definitiva la salud sicológica de la madre, lo que deberá certificarse en un informe debidamente fundamentado, emitido por un médico siquiatra.

La interrupción del embarazo bajo estos supuestos en ningún caso podrá ir acompañada de acciones destinadas a provocar directamente la muerte del feto.”

Se declaró inadmisible la indicación por mayoría de votos (ocho a favor y cuatro en contra). El Presidente de la Comisión, fundó la inadmisibilidad en que la indicación contempla la existencia de grupos de acompañamiento en cuidados paliativos perinatales, los que indudablemente generan gastos para el erario nacional, siendo por tanto una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por referirse a aspectos que inciden en la administración financiera el Estado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 25, inciso primero de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, se procedió a votar la resolución del Presidente, cuyo resultado la confirmó.

Votaron a favor de la inadmisibilidad los diputados Castro, Cariola, Girardi, Hernando, Cicardini, Núñez, Silber, y Torres.

Votaron en contra de la inadmisibilidad los diputados Hasbún, Macaya, Monckeberg, y Rathgeb.

---- Del Ejecutivo, para sustituir en el inciso primero del numeral 2), la frase “incompatible con la vida extrauterina” por la siguiente “de carácter letal”.

El Ejecutivo argumentó que esta indicación tiene por finalidad destacar y recalcar la letalidad de la malformación genética o congénita y que, por ende, no se dé pie para incluir malformaciones que son absolutamente compatibles con la vida.

Otros señalaron que esta causal y esta indicación abren la puerta a la legalización de la eugenesia. También se sostuvo que es imprecisa y que legitima el peor de los abortos, que es el proferido a niños enfermos que tienen la misma dignidad que los niños sanos.

Se aprobó por mayoría de votos (ocho a favor y cuatro en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Girardi, Hernando, Cicardini, Núñez, Silber, y Torres.

Votaron en contra los diputados Hasbún, Macaya, Monckeberg, y Rathgeb.

Como consecuencia de la aprobación de la indicación del Ejecutivo, se entendieron rechazadas por igual votación las demás indicaciones, sin mayor discusión, por mayoría de votos (cuatro a favor, y ocho en contra), salvo dos de ellas respecto de las cuales se pidió votarlas expresamente, y cuyo resultado se señala en la indicación correspondiente.

Votaron en contra los diputados Hasbún, Macaya, Monckeberg, y Rathgeb.

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Girardi, Hernando, Cicardini, Núñez, Silber, y Torres.

Las indicaciones rechazadas son las siguientes:

---- De los diputados Rincón, Silber y Torres, para reemplazar el numeral 2) del artículo 119 de Código Sanitario contenido en el mensaje, por el siguiente:

“2) El embrión o feto padezca una malformación letal.”

Se argumentó que la indicación sería más comprensiva si se refiriera a malformación “congénita” letal, y no solo a “malformación letal”. Además la malformación congénita letal está definida científicamente: “es una condición que conduce invariablemente a la muerte fetal in utero o en el periodo neonatal independiente del tratamiento”. Finaliza diciendo que la “malformación congénita letal” es más precisa que la redacción de la indicación.

---- De la diputada Cariola, para sustituir el numeral 2) del nuevo artículo 119 del Código Sanitario propuesto, por el siguiente:

“2) El embrión o feto sea diagnosticado con una enfermedad letal o embriopatía que sea incompatible con la vida extrauterina.”

---- De las diputadas Cicardini, Fernandez, Pacheco y Pascal, al numeral 2) de art. 119.-

“2) El embrión o feto que presente o tenga condiciones incompatibles con la vida extrauterina.”

---- De la diputada Rubilar, para reemplazar en el numeral 2 del punto 1 del artículo 1º del proyecto de ley la frase “alteración estructural” por “malformación letal”.

---- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson, para sustituir en la causal 2 del artículo 119 del Código Sanitario nuevo, la frase “padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible” por “presente condiciones incompatibles”

---- Del diputado Macaya, para reemplazar la expresión “incompatible con la vida extrauterina” por “que tenga como consecuencia la muerte inmediata en el ámbito extrauterino, acreditada debidamente”.

Se indicó que la indicación tiene por objeto establecer la obligación de acreditar que la alteración congénita o genética del que está por nacer es letal. Es más, se sostuvo que se puede incluir un listado de tales malformaciones o patologías.

Se rechazó, sin mayor discusión, por mayoría de votos (uno a favor y once en contra).

Votó a favor el diputado Macaya.

Votaron en contra los diputados Castro, Cariola, Girardi, Hasbún, Hernando, Monckeberg, Cicardini, Núñez, Rathgeb, Silber, y Torres.

---- Del diputado Rivas, para agregar la siguiente oración a continuación del punto aparte del numeral 2 del artículo 119 del Código Sanitario:

“Se entiende excluida de lo dispuesto en este numeral toda aquella alteración congénita o genética que no implique una incompatibilidad con la vida extrauterina, como por ejemplo aquellas que pudieren provocar una reducción o anomalía en el desarrollo de las extremidades o una disminución en la futura capacidad cognitiva del individuo”.

Algunos destacaron la indicación, pero sostuvieron que la inclusión de ejemplos solo la confunde y limita. Otros insistieron que de no acogerse esta indicación se abre la puerta a la eugenesia y que en nada se altera el sentido de la indicación por el hecho de incluirle ejemplos. Por el contrario le da mayor certeza.

Se rechazó, sin mayor discusión, por mayoría de votos (cinco a favor, y seis en contra y dos abstenciones).

Votaron a favor los diputados Hasbún, Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

Votaron en contra los diputados Castro, Cariola, Hernando, Cicardini, Núñez, y Silber.

Se abstuvo la diputada Girardi y el diputado Torres.

A la tercera causal (interrupción del embarazo en caso de violación de la madre del artículo 119 del Código Sanitario propuesto por el mensaje.

Al primer inciso.

La Ministra Directora del Sernam, doña Claudia Pascual señaló que se hace necesario readecuar la norma propuesta en el mensaje.

El diputado Monckeberg, don Nicolás, manifestó que esta disposición deja en evidencia la intención del Ejecutivo de recurrir a esta causal para legislar sobre el aborto. Además, criticó que no estén dadas las condiciones para el acompañamiento.

El diputado Hasbún expresó que se trata de una causal tan genérica que se prestará para abusos, constituyendo la puerta de entrada para el aborto libre.

La diputada Turres señaló que este es un proyecto complejo que ha generado mucha división, siendo esta causal la más dolorosa por la cual puede pasar una mujer.

El diputado Macaya indicó que esta era la causal más perfecta en cuanto a la incorporación del aborto. Explicó que si se analiza el programa de acompañamiento que se propone, éste no está a las alturas de nuestra sociedad. Agregó que se trata de una causal en la cual se acrecienta el drama que sufre una mujer.

El diputado Torres manifestó que se ha planteado una disyuntiva que es incompleta, ya que se afecta un binomio constituido por la madre y el niño, no sólo afectando el derecho a la vida sino que, además, el derecho a una vida digna.

La diputada Girardi mencionó que la violación constituye un acto de tortura por lo que se estaría obligando a la mujer a tener un hijo concebido bajo ella.

La diputada Cariola precisó que se trata de la interrupción voluntaria del embarazo por causales y no por tiempo.

El diputado Castro señaló que en Chile una de cada diez mujeres violadas resulta embarazada. Las que tienen recursos comprarán Misotrol, en cambio, las que no los tienen, deben arreglárselas como puedan. Agregó que esta causal es fundamental en cuanto al otorgamiento de libertad a la mujer para decidir. El Estado no impone, es ella quien elige.

La diputada Fernández, expresó que esto no es contra la vida. Esto es por la dignidad de la mujer. Muchas recurren a abortos clandestinos en condiciones deplorables.

La diputada Hernando mencionó que este artículo es el corazón del proyecto de ley en debate. Añadió que ha sido muy difícil legislar, especialmente por las presiones que se han ejercido. Mencionó que, en su calidad de médico y católica, le ha sido muy difícil decidir cómo votar.

El diputado Rathgeb manifiesta que no entiende que se pretenda legislar sobre el aborto y sólo hace doce horas la Sala de la Corporación legisló acerca del maltrato infantil.

El diputado Hasbún señala que mucho se habla del derecho a elegir pero nadie se preocupa del derecho del niño a hacerlo. En su opinión, se está cortando el hilo por lo más delgado porque no existen políticas públicas adecuadas sobre el tema.

El señor Silber expresó que se deja en manos del Estado y no de las personas el decidir sobre temas que son relevantes. Con esta norma la mujer pasa de ser un objeto a ser un sujeto capaz de discernir. Aquí no se impone una decisión. Es ella quien decide.

La diputada Rubilar indicó que esta es la causal que más dudas le genera.

El diputado Robles estimó que es necesario centrarse en lo que el proyecto realmente plantea, en cuanto a que es la mujer la que toma la decisión de interrumpir el embarazo. Lo criticable es que una mujer con recursos puede tomar un avión y hacerse un aborto legal en el extranjero. Este proyecto viene en ayuda de quienes no están en condiciones de hacerlo.

El diputado Núñez mencionó que hay que recordar que este proyecto ha generado intensas pasiones desde que ingresó a trámite. Criticó a la Derecha en cuanto a que se dice neo liberal desde el punto de vista económico, pero que en este tema es extremadamente conservadora. Agregó que desde que se suprimió el llamado aborto terapéutico, por 1989, prácticamente se le impuso a la mujer el tener un comportamiento heroico.

La diputada Cariola indicó que hay que recordar que la violación es un delito, por lo que sostener que contemplar esta causal es dejar en la impunidad al autor no es efectivo.

La ministra del Sernam señaló que este proyecto no impone la decisión a las mujeres que estén en alguna de las situaciones descritas en las tres causales. Simplemente, lo que busca es abrir la posibilidad y que sean, precisamente, ellas quienes tomen la decisión.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

---- De los diputados Rincón, Silber y Torres, para reemplazar en el numeral 3) propuesto la frase: “Tratándose de una menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho semanas de gestación.” Por una del siguiente tenor literal:

“Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

Se aprobó por mayoría de votos (ocho a favor y cinco en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Núñez, Silber, y Torres.

Votaron en contra los diputados Hasbún, Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

Como consecuencia de la aprobación de la indicación de los diputados Rincón, Silber y Torres, se entendieron rechazadas por igual votación las demás indicaciones, sin mayor discusión, por mayoría de votos (cinco a favor, y ocho en contra), salvo una de ellas respecto de la cual se pidió votarla expresamente, y cuyo resultado se señala en la indicación correspondiente.

Las indicaciones rechazadas son las siguientes:

---- De las diputadas Cicardini y Pascal para reemplazar, el numeral 3) propuesto, por el siguiente:

“3) Es resultado de una violación, en los términos del inciso segundo del artículo siguiente.”

---- De la diputada Girardi, para agregar al numeral 3) entre la palabra “violación” seguida de una coma (,) y la palabra “en”, la siguiente frase: “establecida para los efectos de esta ley”.

---- Del diputado Macaya, para sustituir la frase “en los términos del inciso segundo del artículo siguiente, siempre” por “siempre que haya sido denunciado el delito previamente en los términos del artículo 173 del Código Procesal Penal y”.

---- De las diputada Carvajal y del diputado Monsalve para sustituir en el numeral 3) la frase "la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho semanas de gestación", por la siguiente: “el plazo podrá ser mayor a 12, pero inferior a 18 semanas de gestación, siempre que el equipo médico multidisciplinario certifique un riesgo físico o psicológico grave en la menor.”.

---- Del Ejecutivo, para sustituir en el numeral 3), la oración “menor de 14 años”, por “niña menor de 14 años”.

---- Del diputado Rivas, para eliminar la siguiente oración en el numeral 3) propuesto:

“Tratándose de una menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido dieciocho semanas de gestación”.

---- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson, para modificar el numeral 3) propuesto, de la siguiente forma:

a) agrégase luego de violación, la frase “o estupro”

b) sustitúyase la palabra “doce” por “dieciocho”

c) sustitúyase el guarismo “14” por “18”

d) agréguese luego de la frase “la interrupción del embarazo”, la frase “por violación o estupro”

e) sustitúyase la palabra “dieciocho” por “veintidós”.

---- De las diputadas Cicardini, Fernández, y Pacheco, para sustituir en el numeral 3) propuesto, el guarismo “doce” por veintidós”.

---- De las diputadas Cicardini y Pacheco, para reemplazar el numeral 3) propuesto, por el siguiente: (esta indicación está comprendida en parte por la de Mirosevic, Boric y Jackson)

"3) Es resultado de una violación, en los términos del inciso segundo del artículo siguiente, siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho semanas de gestación. Tratándose de una menor de 18 años, la interrupción del embarazo, por violación, podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de veintidós semanas de gestación.”.

---- Del diputado Macaya, para intercalar entre la palabra “gestación” y el punto aparte (.) la expresión “certificadas”.

Se rechazó, sin mayor discusión, por mayoría de votos (uno a favor, diez en contra y dos abstenciones).

Votó a favor el diputado Macaya.

Votaron en contra los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hasbún, Hernando, Núñez, Silber, Torres y Turres.

Se abstuvieron los diputados Monckeberg y Rathgeb.

Al segundo inciso.

---- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson para agregar en el inciso segundo propuesto luego de: “se aplicará el artículo 15”, la frase “letras b) y c)”.

Se aprobó por mayoría de votos (ocho a favor y cinco en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Núñez, Silber, y Torres.

Votaron en contra los diputados Hasbún, Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

---- De los diputados Rincón, Silber y Torres, para agregar en el inciso segundo propuesto, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase:

“En el caso de personas con discapacidad sensorial sea visual y/o auditiva, como asimismo, en el caso de las personas con discapacidad mental psíquica y(o intelectual, que no hayan sido declaradas interdictos y que no puedan darse a entender por escrito, se dispondrá de los medios alternativos de comunicación para prestar su consentimiento, en concordancia con lo dispuesto en la ley Nº 20.422 y Convención de los derechos de las personas con discapacidad.”.

El Presidente de la Comisión declaró inadmisible la indicación. Reclamada ésta y en virtud de lo dispuesto en el artículo 25, inciso primero de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, se procedió a votar la resolución del Presidente, cuyo resultado la revocó por mayoría de votos (dos a favor, diez en contra y una abstención).

Votaron a favor de la inadmisibilidad los diputados Castro y Núñez.

Votaron en contra de la inadmisibilidad los diputados Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Macaya, Monckeberg, Rathgeb, Silber, Torres y Turres.

Se abstuvo el diputado Hasbún.

Luego, sometida a votación la indicación se aprobó por mayoría de votos (siete a favor y seis abstenciones).

Votaron a favor los diputados Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Núñez, Silber, y Torres.

Se abstuvieron los diputados Castro, Hasbún, Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

*************

---- Del Ejecutivo para intercalar el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el actual a ser inciso cuarto y así sucesivamente:

“Si la mujer ha sido declarada incapaz judicialmente por causa de demencia, se deberá obtener la autorización de su representante legal, debiendo siempre tener su opinión en consideración, salvo que su incapacidad impida conocerla.”.

Se aprobó por mayoría de votos (ocho a favor y cinco en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Núñez, Silber, y Torres.

Votaron en contra los diputados Hasbún, Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

Cabe hacer presente que respecto de esta indicación el diputado Monckeberg hizo reserva de constitucionalidad.

*************

Al tercer inciso (que ha pasado a ser cuarto).

---- Del Ejecutivo para sustituir el actual inciso tercero, que pasa a ser cuarto nuevo, por el siguiente:

“Tratándose de una niña menor de 14 años, además de su voluntad, la interrupción del embarazo deberá contar con la autorización de su representante legal o de uno de ellos, a elección de la niña, si tuviere más de uno. A falta de autorización, entendiendo por tal la negación del o de la representante legal, o si no es habido(a), la niña, asistida de un(a) integrante del equipo de salud, podrá solicitar la intervención del juez o jueza con competencia en materia de familia del lugar donde ella se encuentre para que constate la ocurrencia de la causal. El Tribunal autorizará la interrupción del embarazo, sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud, oyendo a la niña y, si lo estimare, al o la integrante de éste que la asista. El procedimiento será reservado, no será admitida oposición alguna de terceros y la autorización será impugnable vía recurso de apelación únicamente en caso de ser rechazada, tramitándose según lo establecido en el artículo 69 inciso quinto del Código Orgánico de Tribunales.”.

Se aprobó por mayoría de votos (ocho a favor y cuatro en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Núñez, Silber, y Torres.

Votaron en contra los diputados Hasbún, Macaya, Monckeberg y Rathgeb.

Como consecuencia de la aprobación de esta indicación se entendieron rechazadas, por igual votación, las demás indicaciones, sin mayor discusión, por mayoría de votos (cuatro a favor, y ocho en contra).

Las indicaciones rechazadas son las siguientes:

---- Del diputado Castro y de las diputadas Cicardini, Pacheco y Pascal, para reemplazar el inciso tercero propuesto, por el siguiente:

"Tratándose de una menor de 14 años, además de su voluntad, la interrupción del embarazo deberá contar con la autorización de sus representantes legales o de uno de ellos, a elección de la menor, si tuviere más de uno. Cuando por cualquier causa, se niegue o sea imposible obtener la autorización de quien debe prestarla, se deberá estar a la voluntad de la menor, la que podrá solicitar directamente, representada por el Servicio Nacional de Menores o mediante un integrante del equipo de salud u otra persona mayor de edad, la intervención del juez de Familia competente. Ingresada la solicitud, el juez autorizará la interrupción del embarazo en el evento de constatar la edad, la gravidez y la voluntad de la menor, lo que se realizará en una única audiencia, que se fijará dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de la solicitud, mediante la dictación de una resolución que cite a las partes, en la que el juez podrá decretar todo medio de prueba para acreditar los hechos señalados en la primera parte de este inciso. En esta audiencia deberá ser oída la menor y si se estimare necesario o por una causal de salud incompatible de esta para poder asistir, al integrante del equipo de salud o de la persona adulta que lo autoriza. La resolución deberá ser dictada en la misma audiencia, la que en caso de negativa a la solicitud de interrupción del embarazo, podrá ser impugnada mediante recurso de apelación, el que deberá ser interpuesto en la misma audiencia y remitido el mismo día al Tribunal de Alzada competente, gozando preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al tribunal de alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados. La resolución que falla el Recurso de Apelación no será susceptible de Recurso alguno.”

---- Del diputado Rivas, para reemplazar en el inciso tercero propuesto el guarismo “14” por “16”.

---- Del diputado Macaya, al inciso tercero, para suprimir la frase “o de uno de ellos, a elección de la menor, si tuviere más de uno”.

---- Del diputado Castro, al inciso tercero, para suprimir la frase “o de uno de ellos, a elección de la menor, si tuviere más de uno”.

---- Del diputado Castro, para reemplazar en el inciso tercero del artículo 119, los vocablos “a falta” por la siguiente “la negativa injustificada”

---- Del diputado Castro, para reemplazar en el inciso tercero del artículo 119, las expresiones “tribunal de familia competente” por la que sigue: “juez con competencia en materia de familia”

---- Del diputado Castro, para sustituir las veces que aparece en el presente artículo la expresión “menor” por la frase “niña, niño y adolescente”

---- Del diputado Castro, para reemplazar en el inciso tercero del artículo 119 que sustituye el vigente, la expresión “tribunal autorizará” por la siguiente “juez resolverá”

---- Del diputado Macaya, para sustituir la frase “para que constate la concurrencia de la causal. El Tribunal autorizará la interrupción del embarazo, sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud, oyendo a la menor y, si lo estimare, al integrante de éste que la asista” por “para que resuelva respecto de la procedencia de la causal, conforme al artículo 71 y siguientes de la ley N° 19968.”

---- Del diputado Rincón y Silber, para reemplazar la frase “El Tribunal autorizará la interrupción del embarazo, sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud, oyendo a la menor y, si lo estimare, al integrante de éste que la asista”, por el siguiente:

“El Tribunal podrá autorizar la interrupción del embarazo, mediante procedimiento simplificado y sin forma de juicio, lo que deberá ser resuelto a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud, oyendo a la menor y, si lo estimare, al integrante de éste que la asista o al Servicio Nacional de Menores.”

---- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson para modificar el inciso tercero propuesto, de la siguiente manera:

a) Sustitúyase la frase “podrá solicitar la intervención del Tribunal de Familia competente para que constate la concurrencia de la causal” por “u otra persona adulta, podrá solicitar directamente la intervención de cualquier tribunal con competencia en materia de familia para que constate la edad de la niña y su intención de interrumpir el embarazo”.

b) Agréguese luego de la frase “El Tribunal autorizará la interrupción del embarazo, sin forma de juicio y verbalmente”, la frase “dejando constancia por escrito en el expediente,”

c) Agréguese luego de la frase: “a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud,” la frase “oyendo a la menor y teniendo a la vista”

d) Elimínese la frase “,oyendo a la menor” por la frase…

e) Sustitúyase la frase: “y, si lo estimare,” por “y solamente si lo estimare estrictamente necesario”,

f) Agréguese luego de la frase “al integrante de éste” la frase “o la persona adulta”

---- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson, para agregar al inciso tercero un nuevo inciso cuarto, pasando a ser el cuarto del mensaje inciso quinto y así sucesivamente:

“El Tribunal deberá autorizar siempre la interrupción del embarazo, salvo que:

a) No se acompañen los documentos señalados en el artículo 119 bis.

b) Apareciere claramente que la intención manifestada por la menor no ha sido libre y espontánea.”

---- De la diputada Girardi, para modificar el inciso tercero propuesto, en el siguiente sentido:

1) Para agregar entre la palabra ”tribunal” y “sin”, el siguiente párrafo: “con competencia en materia de familia, para que éste resuelva el asunto sometido a su conocimiento, para lo cual tendrá a la vista lo siguiente:1) comprobante de atención medica que constate embarazo o los antecedentes que le proporcione el equipo de salud; 2) certificado de nacimiento de la solicitante y; 3) declaración simple de la solicitante donde manifieste su voluntad exenta de vicios”.

2) Para eliminar donde aparece actualmente la frase “con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud”.

3) Para reemplazar la frase “de este”, por “del equipo de salud”.

Cabe señalar que respecto de la indicación del Ejecutivo el diputado Macaya hizo reserva de constitucionalidad.

Al cuarto inciso (que ha pasado a ser quinto).

---- Del Ejecutivo, para sustituir el actual inciso cuarto, que pasa a ser quinto nuevo, por el siguiente:

“Cuando a juicio del médico(a) existan antecedentes para afirmar que la solicitud de autorización al o la representante legal generará a la niña menor de 14 años un riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza o maltrato, o una posible situación de desarraigo o de abandono, se prescindirá de ésta y se solicitará una autorización sustitutiva al juez o jueza con competencia en materia de familia del lugar donde ella se encuentre, el que deberá pronunciarse conforme al procedimiento establecido en el inciso anterior. Para efectos de este inciso la opinión del (de la) médico(a) deberá constar por escrito.”.

Se aprobó por mayoría de votos (ocho a favor y cinco en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Núñez, Silber, y Torres.

Votaron en contra los diputados Hasbún, Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

Como consecuencia de la aprobación de esta indicación se entendieron rechazadas, por igual votación, las demás indicaciones, sin mayor discusión, por mayoría de votos (cinco a favor, y ocho en contra).

Las indicaciones rechazadas son las siguientes:

---- Del diputado Macaya, para reemplazar la voz “cirujano(a)” por “especialista”.

---- Del diputado Macaya, para intercalar entre la palabra “antecedentes” y la expresión “para”, la voz “relevantes”.

---- Del diputado Rivas, para reemplazar, en el inciso cuarto, el guarismo “14” por “16”.

---- Del diputado Macaya, para sustituir la frase “, coacción, amenaza o maltrato, o una posible situación de desarraigo o de abandono, se prescindirá de ésta y se solicitará una autorización sustitutiva al Tribunal de Familia competente, el que deberá pronunciarse conforme al procedimiento establecido en el inciso anterior.”, por “de ésta, se procederá conforme al procedimiento establecido en el artículo anterior. Con todo, el juez deberá de oficio iniciar o derivar el conocimiento del asunto de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.066.”

---- De la diputada Cariola, para reemplazar, en el inciso cuarto propuesto, la expresión “Tribunal de Familia competente”, por la expresión “Tribunal de Familia o Juez con competencia en materia de familia, del domicilio de la solicitante o del lugar del establecimiento de salud”

---- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson, para agregar al inciso cuarto propuesto, la siguiente frase luego del punto final. “Sin perjuicio de ello, la niña menor de 14 años asistida por una persona adulta puede solicitar directamente la referida autorización en caso de encontrarse en dicha situación de riesgo.”

Al quinto inciso (que ha pasado a ser sexto).

---- Del Ejecutivo, para sustituir en el actual inciso quinto, que pasa a ser sexto nuevo, la palabra “mayor”, por la palabra “adolescente”.

Se aprobó por mayoría de votos (siete a favor y cuatro en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Silber, y Torres.

Votaron en contra los diputados Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

---- Del Ejecutivo, para sustituir en el actual inciso quinto, que pasa a ser sexto nuevo, la palabra “menor”, la segunda y tercera vez que aparecen, por la palabra “adolescente” en ambos casos.

Se aprobó por mayoría de votos (siete a favor y cuatro en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Silber, y Torres.

Votaron en contra los diputados Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

---- Del diputado Rivas, para reemplazar en el inciso quinto propuesto el guarismo “14” por “16”.

Se rechazó por mayoría de votos (nueve en contra y dos abstenciones).

Votaron en contra los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Rathgeb, Silber, Torres y Turres.

Se abstuvieron los diputados Macaya y Monckeberg.

---- Del diputado Macaya, para modificar el inciso quinto propuesto, de la siguiente manera:

a) Para suprimir la expresión “o uno de ellos a su elección, si tuviere más de uno,”.

b) Para intercalar entre la palabra “antecedentes” y la expresión “para”, la voz “relevantes”.

c) Para introducir entre la expresión “menor” y “deberá”, la voz “previa denuncia”.

Se rechazó por mayoría de votos (dos votos a favor, ocho en contra y una abstención).

Votaron a favor los diputados Macaya y Monckeberg.

Votaron en contra los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Silber, Torres y Turres.

Se abstuvo el diputado Rathgeb.

---- De los diputados Rincón, Silber y Torres, para agregar en el inciso quinto propuesto, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase:

“En este último caso, y el establecido en el inciso precedente operaran los procedimientos de protección de víctimas menores de edad dispuestos en el Código Procesal Penal y lo dispuesto en el Titulo IV, Párrafo primero, de la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes contemplados en la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia. Estas medidas estarán destinadas a su recuperación integral y a la revinculación familiar de acuerdo al interés superior del niño.”.

Se rechazó por mayoría de votos (tres votos a favor, siete en contra y una abstención).

Votaron a favor los diputados Castro, Silber y Torres.

Votaron en contra los diputados Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Macaya, Rathgeb y Turres.

Se abstuvo el diputado Monckeberg.

---- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson para agregar en el inciso quinto propuesto, luego de la frase “deberá ser informado de su decisión”, la frase “por cualquiera de los integrantes del equipo de salud.”

Se rechazó por mayoría de votos (nueve en contra y dos abstenciones).

Votaron en contra los diputados Castro, Cariola, Fernández, Macaya, Monckeberg, Rathgeb, Silber, Torres y Turres.

Se abstuvieron las diputadas Girardi y Hernando.

Al sexto inciso (que ha pasado a ser séptimo).

---- Del diputado Monckeberg, para sustituir el inciso sexto, por el siguiente:

“El prestador de salud deberá entregarle a la mujer información veraz sobre las características de la prestación médica según lo establecido en los artículos 8º y 10 de la ley N° 20.584. Con todo, el prestador de salud deberá siempre entregar a la mujer información detallada, suficiente, oportuna, veraz y comprensible, sea en forma visual, verbal o por escrito sobre las alternativas a la realización de la interrupción del embarazo, incluyendo la de programas de acompañamiento, en especial al que se refiere el inciso siguiente, debiendo certificarse dicha circunstancia.”

Se rechazó por mayoría de votos (dos a favor, siete en contra y dos abstenciones).

Votaron a favor los diputados Macaya y Monckeberg.

Votaron en contra los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Silber y Torres.

Se abstuvieron los diputados Rathgeb y Turres.

---- Del Ejecutivo para sustituir en el actual inciso sexto, que pasa a ser séptimo nuevo, la oración “En cualquier caso, el prestador de salud deberá entregar a la mujer la información por escrito sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la de programas de apoyo social y económico disponible.”, por la siguiente:

“Asimismo, deberá entregarle información escrita sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la de programas de apoyo social y económico disponible. Le ofrecerá también acompañarla tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período posterior a la toma de decisión, lo cual incluye el tiempo posterior al parto o la interrupción del embarazo. Este acompañamiento sólo podrá realizarse en la medida que la mujer lo autorice, deberá ser personalizado y respetuoso de su libre decisión. En el caso del numeral 3), se proveerá a la mujer de la información necesaria para que pueda presentar su denuncia. En ninguno de los tres casos la información estará destinada a influir en la voluntad de la mujer.”.

Se aprobó por mayoría de votos (siete a favor, tres en contra y una abstención).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Silber y Torres.

Votaron en contra los diputados Macaya, Monckeberg y Turres.

Se abstuvo el diputado Rathgeb.

---- Del diputado Macaya, para sustituir la frase “incluyendo la de programas de apoyo social y económico disponible.” por “incluyendo la de programas de acompañamiento disponible, debiendo esperar un plazo de tres días para tomar la decisión tratándose de los casos 2) y 3) del presente artículo.”

Se rechazó por mayoría de votos (dos a favor, seis en contra y tres abstenciones).

Votaron a favor los diputados Macaya y Monckeberg.

Votaron en contra los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Silber y Torres.

Se abstuvieron los diputados Hernando, Rathgeb y Turres.

---- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson para sustituir en el inciso sexto propuesto, la frase “la de programas de apoyo social y económico disponible.”, por “la consejería como parte del modelo de salud, los programas de apoyo social, psicológico y económico disponible en las políticas públicas.”

El Presidente de la Comisión, declaró inadmisible la indicación porque genera gastos para el erario nacional, siendo por tanto una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por referirse a aspectos que inciden en la administración financiera el Estado.

---- De las diputadas Carvajal y Hernando y de los diputados Espinosa, Jarpa, Meza, Monsalve, Núñez, Robles, y Silber, para agregar en el inciso sexto entre las palabras "apoyo social" y "económico" la siguiente frase: “procedimientos para ceder en adopción y apoyo.”.

Se rechazó por mayoría de votos (seis en contra y cinco abstenciones).

Votaron en contra los diputados Cariola, Fernández, Girardi, Macaya, Monckeberg y Turres.

Se abstuvieron los diputados Castro, Hernando, Rathgeb, Silber y Torres.

---- De la diputada Rubilar, para modificar el inciso sexto propuesto, en el siguiente sentido:

a) Para intercalar entre las palabras “información” y “por escrito”, la expresión “verbal”.

b) Para agregar después del punto final del inciso (.), que pasa a ser punto seguido la frase “No obstante lo anterior, el equipo médico deberá asegurarse que la mujer; comprende todas las alternativas que tiene al procedimiento de interrupción, antes que este se lleve a cabo y que no sufre coacción de ningún tipo en su decisión.”

Se aprobó por mayoría de votos (siete a favor, dos en contra y dos abstenciones).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Silber y Torres.

Votaron en contra los diputados Monckeberg y Turres.

Se abstuvieron los diputados Macaya y Rathgeb.

---- De la diputada Girardi, para agregar en el inciso sexto propuesto, entre la palabra “programas” y la preposición “de”, la expresión “públicos”.

El Presidente de la Comisión, declaró inadmisible la indicación porque genera gastos para el erario nacional, siendo por tanto una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por referirse a aspectos que inciden en la administración financiera el Estado.

Al séptimo inciso (que ha pasado a ser octavo).

---- Del Ejecutivo, para reemplazar el inciso séptimo que señala: “En ninguno de los tres casos la información estará destinada a influir en la voluntad de la mujer.”, por el siguiente inciso final nuevo:

“Para estos efectos, los deberes y obligaciones a que se refiere el inciso anterior complementarán el Sistema Intersectorial de Protección Social y se cumplirán en el marco de un sistema de acompañamiento del Estado, coordinado en forma interministerial.”.

Se aprobó por mayoría de votos (siete a favor y cuatro en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Silber y Torres.

Votaron en contra los diputados Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

Como consecuencia de la aprobación de esta indicación se entendieron rechazadas, por igual votación, las demás indicaciones, sin mayor discusión, por mayoría de votos (cuatro a favor, y siete en contra).

Las indicaciones rechazadas son las siguientes:

---- Del diputado Macaya, Monckeberg y Rubilar, para suprimir el inciso séptimo propuesto.

---- De los diputados Rincón y Silber, para reemplazar el inciso final (inc 7°) del artículo 119 del Código Sanitario agregado por los siguientes:

“En cualquier caso, el prestador de salud estará obligado a entregar, mediante una instancia de consejería obligatoria y por escrito, información sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la existencia de programas de apoyo social y económico disponibles que permitan a la mujer tomar una decisión informada. Para ofrecer dicha consejería, los prestadores de salud podrán establecer convenios con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la prevención y acompañamiento del embarazo vulnerable

Esta consejería deberá además informar a la mujer sobre las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a dicha práctica. Asimismo, le informará respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción.

En particular, este procedimiento deberá constituirse como un apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir, de manera disuasiva, a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo garantizando que ella disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable.”

**************

Del diputado Monckeberg, para introducir un inciso final nuevo en los siguientes términos:

“El Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género deberán elaborar un programa de atención especial para los casos de embarazos vulnerables, en especial el de peligro de muerte de la madre, malformaciones congénitas letales y violación. Éste deberá incorporar un apoyo integral para la mujer embarazada y su familia, cuando corresponda, incluyendo apoyo de diagnóstico y terapéutico, prenatal y posnatal, la inclusión de cuidados paliativos neonatales, la orientación necesaria y las alternativas concretas para hacer efectivo el procedimiento de adopción a que se refiere el artículo 10 de la Ley N° 19620 que dicta normas sobre adopción de menores. Además, deberá contener al menos lo siguiente:

a) Apoyo psicológico durante todo el proceso.

b) Seguimiento y evaluación post parto.

c) Subsidio económico durante todo el proceso.

d) Apoyo legal y psiquiátrico tratándose de la causal 2).

e) Confirmación del diagnóstico médico tratándose de la causal 1).

f) Apoyo educacional tratándose de menores de 18 años.”

El Presidente de la Comisión, declaró inadmisible la indicación porque genera gastos para el erario nacional, siendo por tanto una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por referirse a aspectos que inciden en la administración financiera el Estado.

---- Del diputado Castro y de las diputadas Cicardini, Fernández, y Pacheco, para agregar un nuevo inciso final al artículo 119 del Código Sanitario propuesto:

“Sin perjuicio de lo anterior, toda mujer, niña o adolescente que se encuentre en alguna de las situaciones reguladas en los incisos anteriores, podrán acceder voluntariamente al programa de acompañamiento que se implementará por la autoridad competente, con el objetivo de entregarle apoyo psicosocial, cualquiera sea la decisión que ella tome, por un periodo comprendido desde que se constata el estado de embarazo hasta los seis meses posteriores a la interrupción voluntaria del embarazo o del parto, dependiendo del caso que se trate.”

El Presidente de la Comisión, declaró inadmisible la indicación porque genera gastos para el erario nacional, siendo por tanto una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por referirse a aspectos que inciden en la administración financiera el Estado.

Numeral 2.-

El texto del mensaje propone introducir una artículo 119 bis al Código Sanitario, con el objeto de establecer que para la procedencia de una intervención en los dos primeros casos contemplados en el artículo 119 de este mismo cuerpo legal (riesgo de la madre e incompatibilidad del feto o embrión con la vida extrauterina) se requerirá el diagnóstico escrito de un médico cirujano, ratificado por el diagnóstico escrito y previo de otro médico cirujano.

Al primer inciso.

---- Del Ejecutivo, para sustituir en el inciso primero, la oración, “Para realizar la intervención en los casos que autorizan los numerales 1) y 2) del artículo anterior, se deberá contar con el diagnóstico escrito de un(a) médico(a) cirujano(a) y con la ratificación de ese diagnóstico, dada por otro(a) médico(a) cirujano(a), también en forma escrita y previa.”, por las siguientes:

“Para realizar la intervención en los casos que autorizan los numerales 1) y 2) del artículo anterior, se deberá contar con un diagnóstico y con la ratificación del mismo. La ratificación en el caso del numeral 2) deberá realizarse por el o la médico (a) que detente las habilidades específicas requeridas. Todo diagnóstico y ratificación deberá constar por escrito y realizarse en forma previa.”.

Se aprobó por mayoría de votos (siete a favor y cuatro en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Silber y Torres.

Votaron en contra los diputados Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

Como consecuencia de la aprobación de esta indicación se entendieron rechazadas, por igual votación, las demás indicaciones, sin mayor discusión, por mayoría de votos (cuatro a favor, y siete en contra).

Las indicaciones rechazadas son las siguientes:

---- De los diputados Rincón, Silber y Torres, para reemplazar el inciso primero del artículo 119 bis del Código Sanitario agregado por el Proyecto de Ley, por el siguiente:

“Para realizar la intervención en el caso que autoriza el numeral 1) del artículo anterior, se deberá contar con el diagnóstico escrito de un(a) médico(a) cirujano(a) y con la ratificación de ese diagnóstico, dada por otro(a) médico(a) cirujano(a), también en forma escrita y previa. Para el caso del numeral 2) se deberá contar con el diagnóstico escrito de un(a) médico(a) cirujano(a) y con la ratificación de ese diagnóstico, dada por otro(a) médico(a) cirujano(a), con las competencias suficientes y necesarias para efectuarla, también en forma escrita y previa En caso de que se requiera una intervención médica inmediata e impostergable, podrá prescindirse de la ratificación. Tratándose del diagnóstico de un embarazo ectópico no se requerirá la ratificación para interrumpir el embarazo.”

---- De la diputada Rubilar, para modificar el punto 2 del artículo 1º del proyecto de ley en el siguiente tenor:

a) agréguese entre las frases “médico (a) cirujano (a),” y “también”, la siguiente frase “con experiencia acreditada de al menos 5 años en medicina materno fetal”

b) Reemplácese el punto seguido (.) entre las frases “escrita y previa” y “En caso de”, por la frase “, garantizándose el acceso a los exámenes diagnósticos correspondientes.”

---- Del diputado Monckeberg, para reemplazar la expresión “un(a) médico(a) cirujano(a)” por “un médico especialista en medicina materno-fetal”.

---- Del diputado Monckeberg, para sustituir la frase “otro(a) médico(a) cirujano(a)” por “un médico especialista en medicina materno-fetal”.

---- De la diputada Carvajal y el diputado Monsalve, para sustituir en el artículo 1°número 2), la frase "de un(a) médico(a) cirujano(a) y con la ratificación de ese diagnóstico, dada por otro(a) médico(a) cirujano(a), también en forma escrita y previa." por la siguiente frase: “de un médico especialista o en su defecto por el diagnóstico de un médico general ratificado por un especialista mediante Telemedicina. En ambos casos la gestante deberá contar con los exámenes exigidos por la práctica médica y la certificación del Diagnóstico deberá ser escrita y previa.".

---- Del diputado Macaya, para reemplazar la palabra “cirujano(a)” las dos veces que aparece redactada por “especialista”.

Al segundo inciso.

---- Del diputado Macaya, para intercalar entre la voz “constituyen” y el punto seguido (.), la expresión “y la edad gestacional”.

Se aprobó por mayoría de votos (ocho a favor, uno en contra y 2 abstenciones).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Macaya, Silber y Torres.

Votó en contra la diputada Turres.

Se abstuvieron los diputados Monckeberg y Rathgeb.

Como consecuencia de la aprobación de esta indicación se entendieron rechazadas, por igual votación (uno a favor, ocho en contra y dos abstenciones), las siguientes dos indicaciones:

---- De los diputados Mirosevic, Boric, y Jackson, para agregar en el inciso segundo del numeral 2 del artículo 1, que introduce un artículo 119 bis nuevo en el Código Sanitario, a continuación del punto seguido(.) que se elimina, la siguiente frase “siendo suficiente para ello la declaración jurada realizada por la mujer.”

---- De las diputadas Cicardini, Pacheco y Pascal y del diputado Castro, para agregar en el inciso segundo del numeral 2 del artículo 1, que introduce un artículo 119 bis nuevo en el Código Sanitario, a continuación del punto seguido(.) que se elimina, la siguiente frase “siendo suficiente para ello la declaración jurada realizada por la mujer.”.

**************

---- Del diputado Monckeberg, para incorporar los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“El médico que elabore o ratifique el diagnóstico al que se refiere el inciso anterior a sabiendas de que es incorrecto, injustificado, que contiene datos falsos o incompletos, o que no cuenta con un grado suficiente de certeza exigible para esta clase de diagnóstico, será sancionado con penas de presidio menor en su grado medio a máximo.

Si el diagnóstico es utilizado para realizar un aborto de conformidad con lo que establece el artículo 119 la pena será aumentada en un grado.

Si el médico elabora o ratifica dicho diagnóstico con negligencia culpable, y este es utilizado para realizar un aborto de conformidad con lo que establece el artículo 119, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo”.

Se rechazó por mayoría de votos (tres a favor, seis en contra y dos abstenciones).

Votaron a favor los diputados Macaya, Monckeberg y Rathgeb.

Votaron en contra los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Silber y Torres.

Se abstuvieron los diputados Hernando y Turres.

---- Del diputado Monckeberg, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En caso de que en virtud de la intervención médica a que se refiere el artículo anterior, el feto nazca vivo, los facultativos deberán realizar todo aquello que sea necesario para proteger y asegurar la vida del niño o niña. El Estado deberá garantizar todos los medios sociales, médicos, económicos, alimenticios y otros que sean indispensables para el mayor bienestar material y espiritual del niño o niña. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia a través de un reglamento dictado al efecto regulará la forma de hacer efectiva la protección, velando siempre por el interés superior del niño o niña.".

El Presidente de la Comisión, declaró inadmisible la indicación porque genera gastos para el erario nacional, siendo por tanto una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por referirse a aspectos que inciden en la administración financiera el Estado.

*************

---- Del Ejecutivo, para intercalar los siguientes incisos tercero y cuarto nuevos:

“En el caso de que la solicitante sea una niña o adolescente menor de 18 años, los Jefes(as) de establecimiento hospitalario o de clínicas particulares donde se solicita la interrupción, procederán de oficio conforme al artículo 369 del Código Penal y los artículos 175, letra d), y 200, del Código Procesal Penal.

Cuando la mujer sea mayor de edad, los Jefes(as) de establecimiento hospitalario o de clínicas particulares deberán poner en conocimiento del Ministerio Público la invocación de la tercera causal, con la finalidad de que se investigue el delito de violación, previa ratificación de la mujer.”.

Se aprobó por mayoría de votos (siete a favor y cuatro en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Silber y Torres.

Votaron en contra los diputados Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

Como consecuencia de la aprobación de esta indicación se entendieron rechazadas, por igual votación (cuatro a favor y siete en contra), las siguientes dos indicaciones:

---- De los diputados Rincón, Silber y Torres, para agregar el siguiente inciso final al artículo 119 bis del Código Sanitario modificado por el proyecto de ley por el siguiente:

“De igual forma, el equipo referido tendrá la obligación, en el caso de la mujer mayor de 18 años, de formalizar la denuncia del delito ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y o el Ministerio Público, para la percusión penal del mismo, según las normas de los artículos 175 y 200 del Código Procesal Penal.”

---- De la diputada Rubilar, para reemplazar en el inciso final del numeral 2 del artículo 1°, del mensaje la frase “un equipo de salud, especialmente conformado para estos efectos, evaluará e informará la concurrencia de los hechos que la constituyen.” Por la siguiente: “se deberá exigir, para dar por certificada la causal, la denuncia previa y/o el examen médico legal físico o sicológico según corresponda.”

************

---- De la diputada Carvajal y el diputado Monsalve, para agregar al artículo 1° número dos inciso final luego del punto final (.), lo siguiente: “La denuncia del delito de violación realizada ante la autoridad correspondiente o el informe que acredite la violación serán respaldo suficiente para permitir el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo.”

Se rechazó por mayoría de votos (tres a favor, seis en contra y dos abstenciones).

Votaron a favor las diputadas Girardi y Hernando y el diputado Silber.

Votaron en contra los diputados Castro, Fernández, Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

Se abstuvieron los diputados Cariola y Torres.

Numeral 3.-

Tiene por objeto incorporar un artículo 119 ter al Código Sanitario, a fin de considerar la figura de la “objeción de conciencia” y el mecanismo para alegarla, por parte del médico cirujano que así lo estime, cuando sea requerido para interrumpir el embarazo por algunas de las causales que contempla el artículo 119 del mismo cuerpo legal.

Respecto de este numeral, la diputada Turres hizo reserva de constitucionalidad.

Al primer inciso.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

---- De los diputados Rincón, Silber y Torres, para reemplazar el artículo 119 ter del proyecto de ley:

“Artículo 119 ter. Tanto el (la) médico(a) cirujano, como todos los integrantes del equipo médico que sean requeridos(as) para interrumpir el embarazo en las causales descritas en el artículo 119, podrán abstenerse de realizarlo cuando hubieren manifestado su objeción de conciencia al(la) Director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa. El establecimiento tendrá la obligación de reasignar otro médico(a) cirujano(a) con su respectivo equipo de salud a la paciente o de derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quienes no hayan manifestado dicha objeción. El Ministerio de Salud deberá dictar los protocolos necesarios a fin de garantizar una efectiva objeción de conciencia a todo el personal que la invoque.

Asimismo, el (la) médico(a) cirujano(a) junto al personal de salud que hayan manifestado objeción en conciencia y que fueren requeridos para interrumpir un embarazo, tienen la obligación de informar de inmediato al Director(a) del establecimiento de salud que la mujer requirente debe ser derivada.

---- Del diputado Castro y de las diputadas Cicardini, Fernández, Pacheco y Pascal, para reemplazar el artículo 119 ter propuesto, por el siguiente:

“Artículo 119 ter. El (la) médico(a) cirujano(a) que sea requerido(a) para interrumpir el embarazo en las tres causales descritas en el artículo 119, podrá abstenerse de realizarlo cuando su declaración de objeción de conciencia expresada en forma previa, escrita y fundada haya sido declarada ante el Director(a) del establecimiento de salud. El Director (a) del establecimiento tendrá la obligación inmediata de reasignar otro médico(a) cirujano(a) a la paciente, Sólo en casos debidamente calificados, el Director(a) podrá derivarla en forma inmediata para que el procedimiento sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción.

El Ministerio de Salud deberá dictar los protocolos necesarios para asegurar la atención médica de las pacientes que requieren la interrupción de su embarazo, en conformidad a los artículos anteriores. La objeción de conciencia es de carácter personal v en ningún caso puede ser invocada por una institución, por lo que cada establecimiento de salud deberá organizar el equipo médico mínimo, de tal manera de contar con el personal no obietor para que se asegure la atención de las mujeres que lo requieran.”.

---- Del diputado Monckeberg, para sustituir, el inciso primero del artículo 119 ter, por el siguiente:

“Artículo 119 ter. La interrupción del embarazo en los casos previstos en el artículo 119 sólo podrá practicarse en establecimientos de salud públicos y en aquellos de propiedad privada que, previa petición expresa de sus representantes legales, hayan sido autorizados especialmente para ello por resolución del Ministerio de Salud. Esta resolución determinará el plazo de vigencia, que no podrá exceder de cinco años, vencido el cual sólo podrá renovarse a petición expresa de los representantes de la respectiva institución.

El Presidente de la Comisión, las declaró inadmisibles porque establecen funciones para el Ministerio de Salud, siendo ello una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

---- De la diputada Rubilar, para reemplazar en artículo 119 ter, punto 3 del artículo 1º del proyecto de ley, las frases: ”El(la) médico(a) cirujano(a)” por la siguiente: “Cualquier profesional de salud“, en todos sus incisos.

Se rechazó por mayoría de votos (dos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones).

Votaron a favor los diputados Hernando y Monckeberg.

Votaron en contra los diputados Castro, Cariola, Fernández y Turres.

Se abstuvieron los diputados Girardi, Macaya, Rathgeb, Silber y Torres.

---- Del diputado Castro y de las diputadas Cicardini, Fernández, Pacheco y Pascal, para intercalar en el inciso primero del artículo 119 ter propuesto, entre las palabras “interrumpir” y “el embarazo”, la expresión “directamente”.

Se rechazó por mayoría de votos (nueve en contra y dos abstenciones).

Votaron en contra los diputados Cariola, Girardi, Hernando, Macaya, Monckeberg, Rathgeb, Silber, Torres y Turres.

Se abstuvieron los diputados Castro y Fernández.

---- De la diputada Cariola, para intercalar en el inciso primero del artículo 119 ter entre las expresiones “o de” y el verbo “derivarla” la siguiente frase: “y sólo en caso de que en el referido establecimiento de salud no exista un(a) facultativo(a) que no haya realizado la manifestación de objeción de conciencia, deberá”.

Se aprobó el inciso primero del artículo 119 ter original del mensaje con la indicación propuesta, por mayoría de votos (siete a favor y cuatro en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Silber y Torres.

Votaron en contra los diputados Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

---- Del diputado Castro y de las diputadas Cicardini, Fernández, Pacheco y Pascal para reemplazar, en el inciso primero del artículo 119 ter propuesto, el primer punto seguido por coma, agregando lo siguiente: “, todo ello sin perjuicio del deber del médico(a) de ofrecer a la paciente asistencia sanitaria oportuna y adecuada.”

Se rechazó por mayoría de votos (uno a favor, siete en contra y tres abstenciones).

Votó a favor la diputada Fernández,

Votaron en contra los diputados Cariola, Hernando, Macaya, Monckeberg, Rathgeb, Silber y Turres.

Se abstuvieron los diputados Castro, Girardi y Torres,

---- Del diputado Castro y de las diputadas Cicardini, Fernández, Pacheco y Pascal para transformar el punto aparte del inciso primero del artículo 119 ter propuesto, en punto seguido, y agregar la siguiente disposición: “Los establecimientos médicos no podrán discriminar en potenciales contrataciones de médicos objetores de conciencia.”

Se rechazó por mayoría de votos (tres a favor, siete en contra y una abstención).

Votaron a favor los diputados Castro, Silber y Torres.

Votaron en contra los diputados Cariola, Girardi, Hernando, Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

Se abstuvo la diputada Fernández.

---- Del diputado Castro y de las diputadas Cicardini, Fernández, Pacheco y Pascal, para reemplazar en el inciso primero del artículo 119 ter propuesto, la frase: “El Ministerio de Salud deberá dictar los protocolos necesarios para le ejecución de la objeción de conciencia.” por “El Ministerio de Salud deberá velar que las pacientes derivadas reciban, durante ese proceso, asistencia sanitaria oportuna y adecuada.”

---- Del diputado Castro y de las diputadas Cicardini, Fernández, y Pacheco para reemplazar en el inciso primero del artículo 119 ter propuesto, la frase: “El Ministerio de Salud deberá dictar los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia.” por “El Ministerio de Salud deberá velar los establecimientos de salud mantengan como parte integrante de su personal o a través de proveedores externos médicos no objetores de conciencia a los que derivar a los pacientes.

Además dictará los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de consciencia.”.

---- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson para sustituir en el inciso primero del artículo 119 ter propuesto, la frase “en forma escrita y previa. El establecimiento tendrá la obligación de reasignar otro médico(a) cirujano(a) a la paciente o de derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción. El Ministerio de Salud deberá dictar los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia.” por “en forma previa, escrita y fundada. Este(a), luego de declarar la suficiencia de la obligación tendrá la obligación inmediata de reasignar otro médico(a) cirujano(a) a la paciente. El Ministerio de Salud deberá dictar los protocolos necesarios para asegurar la atención médica de las pacientes que requieren la interrupción de su embarazo en conformidad a los artículos anteriores. La objeción de conciencia es de carácter personal y en ningún caso puede ser invocada por una institución, por lo que cada establecimiento de salud deberá organizar el equipo médico mínimo de manera de contar con el personal no objetor que asegure la atención de las mujeres que lo requieran.”.

El Presidente de la Comisión, las declaró inadmisibles porque establecen funciones para el Ministerio de Salud, siendo ello una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

Al inciso segundo.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

---- De la diputada Cariola, para reemplazar, en el inciso segundo del artículo 119 ter nuevo, las expresiones “debe ser derivada” por la frase “debe ser atendida oportunamente de conformidad a la ley y los protocolos establecidos al respecto.”

---- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson para sustituir en el inciso segundo del numeral 3 del artículo 1, que introduce un artículo 119 ter nuevo en el Código Sanitario, la frase “requirente debe ser derivada” por “debe ser atendida oportunamente correspondiendo a la dirección la definición inmediata del procedimiento de atención que la mujer requiere”.

El Presidente de la Comisión, las declaró inadmisibles porque establecen funciones para un servicio público, siendo ello una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

---- Del diputado Monckeberg, para reemplazar el inciso segundo del artículo 119 ter, por el siguiente:

“En todos los establecimientos de salud que estén habilitados para practicar la interrupción del embarazo en los casos del artículo 119, deberá reconocerse el derecho de toda persona que por su función sea requerida para practicarla o colaborar en su realización, a abstenerse de hacerlo, si hubiere manifestado por escrito objeción fundada en su libertad de conciencia. En tal caso, deberá informar de inmediato al Director, para que éste disponga las medidas necesarias para atender al requerimiento de la mujer que desea interrumpir su embarazo”.

Se rechazó por mayoría de votos (dos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones).

Votaron a favor los diputados Macaya y Monckeberg.

Votaron en contra los diputados Castro, Cariola, Fernández y Turres.

Se abstuvieron los diputados Girardi, Hernando, Rathgeb, Silber y Torres.

Se aprobó por mayoría de votos, el texto original de este inciso, propuesto en el mensaje (siete a favor y cuatro en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Silber y Torres.

Votaron en contra los diputados Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

Al inciso tercero.

---- Del diputado Monckeberg, para eliminar el inciso tercero del artículo 119 ter propuesto.

Se rechazó por mayoría de votos (tres a favor, seis en contra y dos abstenciones).

Votaron a favor los diputados Macaya, Monckeberg y Rathgeb.

Votaron en contra los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando y Torres.

Se abstuvieron los diputados Silber y Turres.

Se aprobó por mayoría de votos, el texto original de este inciso, propuesto en el mensaje (siete a favor y cuatro en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Silber y Torres.

Votaron en contra los diputados Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

************

---- Del diputado Monckeberg, para incorporar un nuevo numeral en los siguientes términos:

“4) Introdúcese el siguiente artículo 119 quater, nuevo: “Queda estrictamente prohibida la publicidad sobre la oferta de centros, establecimientos, o servicios médicos o de medios, prestaciones técnicas o procedimientos para la práctica de la interrupción del embarazo en las causales 1) y 2) del artículo 119. Todas las prestaciones de servicios sanitarios que tengan por objeto la interrupción del embarazo en los casos previstos en artículo 119 deberán ser gratuitas y practicadas en establecimientos públicos o privados constituidos como personas sin fines de lucro.

El cuerpo del embrión o feto, así como los demás restos biológicos, serán inhumados o incinerados. Su entrega con otros propósitos, a título gratito u oneroso será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio e inhabilitación perpetua para cargo u oficio público o profesión titular.”.

El Presidente de la Comisión declaró inadmisible la indicación, porque establece funciones para un servicio público, siendo ello una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 65 de la Constitución Política de la República. Reclamada ésta y en virtud de lo dispuesto en el artículo 25, inciso primero de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, se procedió a votar la resolución del Presidente, cuyo resultado la confirmó por mayoría de votos (siete a favor, tres en contra y una abstención).

Votaron a favor de la inadmisibilidad los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Silber y Torres.

Votaron en contra de la inadmisibilidad los diputados Macaya, Monckeberg y Rathgeb.

Se abstuvo la diputada Turres.

Artículo 2°.-

Tiene por objeto introducir modificaciones en el Código Penal, a fin de establecer la despenalización del aborto, en los casos contemplados en el artículo 119 del Código Sanitario.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

Numeral 1.-

---- De los diputados Farcas, Girardi, Jarpa, Meza, y Pacheco, para reemplazar el artículo 344, por el siguiente:

“Artículo 344. La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado mínimo.

No constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario.”.

---- De los diputados Farcas, Jarpa, Meza, y Pacheco, en subsidio de la indicación anterior y para el caso que se rechazada, para reemplazar el artículo 344, por el siguiente:

“Artículo 344. La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en sus grados mínimos a medio.

No constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario.”

El Presidente de la Comisión, las declaró inadmisibles por no corresponder a las ideas matrices el rebajar las penas aplicadas al aborto realizado fuera de los casos contemplados en el artículo 119 del Código Sanitario.

Se aprobó por mayoría de votos, el texto original de este numeral, propuesto en el mensaje (siete a favor y cuatro en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Silber y Torres.

Votaron en contra los diputados Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

Numeral 2.-

Se aprobó por mayoría de votos, el texto original de este numeral, propuesto en el mensaje (siete a favor y cuatro en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Silber y Torres.

Votaron en contra los diputados Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

**************

---- Del diputado Rivas, para agregar un numeral 3, nuevo, del siguiente tenor:

“3) Agrégase el siguiente artículo 345 bis, nuevo:

“Artículo 345 bis. La mujer que, aprovechando lo dispuesto en el artículo 119 del Código Sanitario, solicitase la realización de un aborto a sabiendas de la no concurrencia de alguna de las causales que dicha norma enumera, será sancionada con la pena dispuesta en el inciso primero del artículo 344 en el caso de verificarse el mismo. El facultativo que, también a sabiendas, realizase el aborto, será castigado con la pena dispuesta en el artículo 345.”.”.

Se rechazó por mayoría de votos (siete en contra y cuatro abstenciones).

Votaron en contra los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Macaya, Silber y Torres.

Se abstuvieron los diputados Hernando, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

--- Del diputado Silber para agregar un numeral 3, nuevo, del siguiente tenor:

“3) Agrégase el siguiente artículo 345 bis, nuevo:

“Artículo 345 bis.- El que facilitare o proporcionare a otro, cualquier órgano, tejido o fluido humano proveniente de aborto o interrupción del embarazo, será penado con presidio menor en su grado máximo y en el caso de los facultativos médicos, se impondrá la pena accesoria de inhabilitación especial del ejercicio de la profesión durante el tiempo de la condena.

Cuando la conducta señalada en el inciso anterior fuere realizada por un facultativo médico en los casos de interrupción del embarazo autorizados por tribunales, la pena se aumentará en un grado y se impondrá la accesoria de inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la profesión.”.”.

Se aprobó por mayoría de votos (diez a favor y uno en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Girardi, Hernando, Macaya, Monckeberg, Rathgeb, Silber, Torres y Turres.

Votó en contra la diputada Fernández.

Como consecuencia de la aprobación de esta indicación se entiende rechazada, por igual votación (uno a favor y diez en contra), la siguiente indicación:

---- De la diputada Cariola y Hernando y de los diputados Castro, Monsalve, Silber y Torres, para agregar un numeral 3, nuevo, del siguiente tenor:

“3) Agrégase el siguiente artículo 345 bis, nuevo:

“Artículo 345 bis.- El que con ánimo de lucro facilitare o proporcionare a otro, cualquier órgano, tejido o fluido humano proveniente de aborto o interrupción del embarazo, será penado con presidio menor en su grado máximo y en el caso de los facultativos médicos, se impondrá la pena accesoria de inhabilitación especial del ejercicio de la profesión durante el tiempo de la condena.

Cuando la conducta señaladas en el inciso anterior fuere realizadas por un facultativo médico en los casos de interrupción del embarazo autorizados por tribunales, la pena se aumentará en un grado y se impondrá la accesoria de inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la profesión.”.”.

Artículo 3°.-

Tiene por objeto introducir modificaciones al Código Procesal Penal, para adaptarlo a la despenalización del aborto en el caso de las causales del artículo 119 del Código Sanitario, especialmente en lo que dice relación con la denuncia obligatoria y las lesiones corporales.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

---- De la diputada Rubilar, para suprimir el artículo 3º del proyecto de ley.

Se rechazó por mayoría de votos (cuatro a favor, seis en contra y una abstención).

Votaron a favor los diputados Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

Votaron en contra los diputados Castro, Cariola, Fernández, Hernando, Silber y Torres.

Se abstuvo la diputada Girardi.

Numeral 1.-

---- Del Ejecutivo, para sustituir en el número 1) la frase “el artículo 344 del Código Penal”, por la siguiente oración “los incisos primero y segundo del artículo 344 del Código Penal”.

Se aprobó el numeral 1.- original del mensaje con esta indicación, por mayoría de votos (siete a favor y cuatro en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Silber y Torres.

Votaron en contra los diputados Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

Como consecuencia de la aprobación de esta indicación se entendieron rechazadas, por igual votación (cuatro a favor y siete en contra), las siguientes indicaciones:

---- Del diputado Monckeberg, para eliminar el número 1) del artículo 3° del proyecto.

---- De los diputados Rincón y Silber, para reemplazar el literal d) del artículo 175 del Código Procesal Penal modificado por el Proyecto de Ley por el siguiente:

“d) Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito, con excepción del establecido en el artículo 344 del Código Penal, en relación con el artículo 119, numerales 1 y 2, del Código Sanitario, y”.

Numeral 2.-

---- Del Ejecutivo, para sustituir en el número 2) la frase “el artículo 344 del Código Penal”, por la siguiente oración “los incisos primero y segundo del artículo 344 del Código Penal”.

Se aprobó el numeral 2.- original del mensaje con esta indicación, por mayoría de votos (siete a favor y cuatro en contra).

Votaron a favor los diputados Castro, Cariola, Fernández, Girardi, Hernando, Silber y Torres.

Votaron en contra los diputados Macaya, Monckeberg, Rathgeb y Turres.

Como consecuencia de la aprobación de esta indicación se entendieron rechazadas, por igual votación (cuatro a favor y siete en contra), las siguientes indicaciones:

---- Del diputado Monckeberg, para eliminar el número 2) del artículo 3° del proyecto

---- De los diputados Rincón y Silber, para agregar en el artículo 200 del Código Procesal Penal, modificado por el proyecto de ley, tras el punto seguido (.) ubicado luego de la palabra “encontrado” por una coma (,) la siguiente frase: “con excepción del establecido en el artículo 344 del Código Penal, en relación con el artículo 119, numerales 1 y 2, del Código Sanitario”.

************

---- Del diputado Rivas, para reemplazar el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política, por el siguiente:

“La ley protege la vida del que está por nacer, sin perjuicio de aquellas excepciones que el legislador pueda disponer para casos específicos”.

El Presidente de la Comisión declaró inadmisible la indicación por proponer la incorporación de normas de reforma constitucional, conjuntamente con normas de ley, de conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 15 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

-- Del diputado Rivas, para agregar el siguiente inciso tercero al artículo 75 del Código Civil:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la ley podrá autorizar la interrupción de un embarazo en los casos que ésta determine”.

El Presidente de la Comisión declaró inadmisible la indicación por no corresponder a las ideas matrices del proyecto de ley.

III.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.

Artículos rechazados.

No existen artículos en tal sentido.

Indicaciones rechazadas.

Artículo1°.-

Numeral 1).-

Al primer párrafo del artículo 119 del Código Sanitario propuesto por el mensaje.

1.- De la diputada Rubilar, para reemplazar el artículo 119 del Código Sanitario propuesto, por lo siguiente:

“Art. 119. No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto, a excepción de:”

2.- Del diputado Monckeberg, para introducir un inciso primero nuevo en el artículo 119 del Código Sanitario propuesto, por lo siguiente:

“Artículo 119. Se encuentra prohibido todo acto cuyo fin sea causar la muerte directa del no nacido. No están prohibidos los actos médicos encaminados a salvar la vida de la madre en los que se cause la muerte del feto como un efecto no querido o colateral.”.

3.- Del diputado Macaya, para reemplazar en el artículo 1°, numeral 1, inciso primero, la palabra “cirujano(a)” por “especialista”.

A la primera causal (interrupción del embarazo en caso de riesgo vital de la mujer) del artículo 119 del Código Sanitario propuesto por el mensaje.

4.- Del diputado Monckeberg, para suprimir el numeral 1 del artículo 119 del Código Sanitario propuesto.

5.- Del diputado Rivas, para reemplazar el numeral 1 del artículo 119 del Código Sanitario propuesto, por el siguiente:

“1) La mujer se encuentre en un riesgo vital actual de tal naturaleza que sólo la interrupción del embarazo permita salvar su vida”.

6.- De los diputados Rincón, Silber y Torres, para reemplazar el numeral 1) del artículo 119 del Código Sanitario contenido en el mensaje, por el siguiente:

“1) La mujer se encuentre en riesgo vital real sin esperar que este sea inminente. El médico cirujano intervendrá de manera oportuna a la mujer sin mediar espera alguna si el peligro de muerte es efectivo.”

7.- De la diputada Cariola, para sustituir el numeral 1) del artículo 119 del Código Sanitario propuesto, por el siguiente:

“1) El embarazo implique un grave riesgo o daño para la vida o la salud de la mujer.”

8.- Del diputado Macaya, para sustituir el numeral 1, del artículo 119 propuesto, por el siguiente:

“1) Exista un grave peligro de vida de la madre y que la muerte del que está por nacer sea una consecuencia indirecta para evitar el fallecimiento de ésta.”

9.- Del diputado Castro, para sustituir el numeral 1) del artículo 119, por el siguiente:

“1) Considerando las condiciones vitales presentes y futuras de la mujer, la interrupción del embarazo se encuentra médicamente indicada para evitar un peligro para la vida de la mujer embarazada o un peligro de grave afectación de su salud corporal o mental;

10.- De la diputada Girardi, para eliminar en el numeral 1) del artículo 119 del Código Sanitario propuesto la frase “presente o futuro,”.

11.- De la diputada Rubilar, para eliminar en el numeral 1) del artículo 119 del Código Sanitario propuesto la frase “presente o futuro,”.

12.- De la diputada Carvajal y del diputado Monsalve, para reemplazar en la causal 1) propuesta la frase "La mujer se encuentre en riesgo vital presente o futuro," por la siguiente: “La gestante presente una enfermedad de base o concomitante a dicha condición, agravada por el embarazo poniendo en riesgo su vida durante el embarazo, el parto o el puerperio,"

13.- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson, para modificar la causal 1) del artículo 119 del Código Sanitario nuevo, de la siguiente manera:

a) Elimínese la palabra “vital,”

b) Agréguese luego de “futuro” una coma además de la siguiente frase: “de vida o salud,”

c) Sustitúyase “su vida” por “estos”.

d) Agréguese un inciso final, nuevo, del siguiente tenor: “Se entenderá que existe riesgo vital o para la salud en todos los casos de embarazos de niñas o adolescentes.”

14.- De las diputadas Cicardini, Fernández, Pacheco y Pascal, para sustituir el numeral 1) del artículo 119 del Código Sanitario propuesto por el siguiente:

“1) La mujer encuentre en riesgo, presente o futuro, su vida o salud, de modo que la interrupción del embarazo evite dicho peligro.”

A la segunda causal (interrupción del embarazo en caso de inviabilidad fetal extrauterina) del artículo 119 del Código Sanitario propuesto por el mensaje.

15.- De los diputados Rincón, Silber y Torres, para reemplazar el numeral 2) del artículo 119 de Código Sanitario contenido en el mensaje, por el siguiente:

“2) El embrión o feto padezca una malformación letal.”

16.- De la diputada Cariola, para sustituir el numeral 2) del nuevo artículo 119 del Código Sanitario propuesto, por el siguiente:

“2) El embrión o feto sea diagnosticado con una enfermedad letal o embriopatía que sea incompatible con la vida extrauterina.”

17.- De las diputadas Cicardini, Fernandez, Pacheco y Pascal, al numeral 2) de art. 119.-

“2) El embrión o feto que presente o tenga condiciones incompatibles con la vida extrauterina.”

18.- De la diputada Rubilar, para reemplazar en el numeral 2 del punto 1 del artículo 1º del proyecto de ley la frase “alteración estructural” por “malformación letal”.

19.- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson, para sustituir en la causal 2 del artículo 119 del Código Sanitario nuevo, la frase “padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible” por “presente condiciones incompatibles”

20.- Del diputado Macaya, para reemplazar la expresión “incompatible con la vida extrauterina” por “que tenga como consecuencia la muerte inmediata en el ámbito extrauterino, acreditada debidamente”.

21.- Del diputado Rivas, para agregar la siguiente oración a continuación del punto aparte del numeral 2 del artículo 119 del Código Sanitario:

“Se entiende excluida de lo dispuesto en este numeral toda aquella alteración congénita o genética que no implique una incompatibilidad con la vida extrauterina, como por ejemplo aquellas que pudieren provocar una reducción o anomalía en el desarrollo de las extremidades o una disminución en la futura capacidad cognitiva del individuo”.

A la tercera causal (interrupción del embarazo en caso de violación de la madre del artículo 119 del Código Sanitario propuesto por el mensaje.

Al primer inciso.

22.- De las diputadas Cicardini y Pascal para reemplazar, el numeral 3) propuesto, por el siguiente:

“3) Es resultado de una violación, en los términos del inciso segundo del artículo siguiente.”

23.- De la diputada Girardi, para agregar al numeral 3) entre la palabra “violación” seguida de una coma (,) y la palabra “en”, la siguiente frase: “establecida para los efectos de esta ley”.

24.- Del diputado Macaya, para sustituir la frase “en los términos del inciso segundo del artículo siguiente, siempre” por “siempre que haya sido denunciado el delito previamente en los términos del artículo 173 del Código Procesal Penal y”.

25.- De las diputada Carvajal y del diputado Monsalve para sustituir en el numeral 3) la frase "la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho semanas de gestación", por la siguiente: “el plazo podrá ser mayor a 12, pero inferior a 18 semanas de gestación, siempre que el equipo médico multidisciplinario certifique un riesgo físico o psicológico grave en la menor.”.

26.- Del Ejecutivo, para sustituir en el numeral 3), la oración “menor de 14 años”, por “niña menor de 14 años”.

27.- Del diputado Rivas, para eliminar la siguiente oración en el numeral 3) propuesto:

“Tratándose de una menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido dieciocho semanas de gestación”.

8.- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson, para modificar el numeral 3) propuesto, de la siguiente forma:

a) agrégase luego de violación, la frase “o estupro”

b) sustitúyase la palabra “doce” por “dieciocho”

c) sustitúyase el guarismo “14” por “18”

d) agréguese luego de la frase “la interrupción del embarazo”, la frase “por violación o estupro”

e) sustitúyase la palabra “dieciocho” por “veintidós”.

29.- De las diputadas Cicardini, Fernández, y Pacheco, para sustituir en el numeral 3) propuesto, el guarismo “doce” por veintidós”.

30.- De las diputadas Cicardini y Pacheco, para reemplazar el numeral 3) propuesto, por el siguiente: (esta indicación está comprendida en parte por la de Mirosevic, Boric y Jackson)

"3) Es resultado de una violación, en los términos del inciso segundo del artículo siguiente, siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho semanas de gestación. Tratándose de una menor de 18 años, la interrupción del embarazo, por violación, podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de veintidós semanas de gestación.”.

31.- Del diputado Macaya, para intercalar entre la palabra “gestación” y el punto aparte (.) la expresión “certificadas”.

Al tercer inciso (ha pasado a ser cuarto).

32.- Del diputado Castro y de las diputadas Cicardini, Pacheco y Pascal, para reemplazar el inciso tercero propuesto, por el siguiente:

"Tratándose de una menor de 14 años, además de su voluntad, la interrupción del embarazo deberá contar con la autorización de sus representantes legales o de uno de ellos, a elección de la menor, si tuviere más de uno. Cuando por cualquier causa, se niegue o sea imposible obtener la autorización de quien debe prestarla, se deberá estar a la voluntad de la menor, la que podrá solicitar directamente, representada por el Servicio Nacional de Menores o mediante un integrante del equipo de salud u otra persona mayor de edad, la intervención del juez de Familia competente. Ingresada la solicitud, el juez autorizará la interrupción del embarazo en el evento de constatar la edad, la gravidez y la voluntad de la menor, lo que se realizará en una única audiencia, que se fijará dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de la solicitud, mediante la dictación de una resolución que cite a las partes, en la que el juez podrá decretar todo medio de prueba para acreditar los hechos señalados en la primera parte de este inciso. En esta audiencia deberá ser oída la menor y si se estimare necesario o por una causal de salud incompatible de esta para poder asistir, al integrante del equipo de salud o de la persona adulta que lo autoriza. La resolución deberá ser dictada en la misma audiencia, la que en caso de negativa a la solicitud de interrupción del embarazo, podrá ser impugnada mediante recurso de apelación, el que deberá ser interpuesto en la misma audiencia y remitido el mismo día al Tribunal de Alzada competente, gozando preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al tribunal de alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados. La resolución que falla el Recurso de Apelación no será susceptible de Recurso alguno.”

33.- Del diputado Rivas, para reemplazar en el inciso tercero propuesto el guarismo “14” por “16”.

34.- Del diputado Macaya, al inciso tercero, para suprimir la frase “o de uno de ellos, a elección de la menor, si tuviere más de uno”.

35.- Del diputado Castro, al inciso tercero, para suprimir la frase “o de uno de ellos, a elección de la menor, si tuviere más de uno”.

36.- Del diputado Castro, para reemplazar en el inciso tercero del artículo 119, los vocablos “a falta” por la siguiente “la negativa injustificada”

37.- Del diputado Castro, para reemplazar en el inciso tercero del artículo 119, las expresiones “tribunal de familia competente” por la que sigue: “juez con competencia en materia de familia”

38.- Del diputado Castro, para sustituir las veces que aparece en el presente artículo la expresión “menor” por la frase “niña, niño y adolescente”

39.- Del diputado Castro, para reemplazar en el inciso tercero del artículo 119 que sustituye el vigente, la expresión “tribunal autorizará” por la siguiente “juez resolverá”

40.- Del diputado Macaya, para sustituir la frase “para que constate la concurrencia de la causal. El Tribunal autorizará la interrupción del embarazo, sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud, oyendo a la menor y, si lo estimare, al integrante de éste que la asista” por “para que resuelva respecto de la procedencia de la causal, conforme al artículo 71 y siguientes de la ley N° 19968.”

41.- Del diputado Rincón y Silber, para reemplazar la frase “El Tribunal autorizará la interrupción del embarazo, sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud, oyendo a la menor y, si lo estimare, al integrante de éste que la asista”, por el siguiente:

“El Tribunal podrá autorizar la interrupción del embarazo, mediante procedimiento simplificado y sin forma de juicio, lo que deberá ser resuelto a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud, oyendo a la menor y, si lo estimare, al integrante de éste que la asista o al Servicio Nacional de Menores.”

42.- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson para modificar el inciso tercero propuesto, de la siguiente manera:

a) Sustitúyase la frase “podrá solicitar la intervención del Tribunal de Familia competente para que constate la concurrencia de la causal” por “u otra persona adulta, podrá solicitar directamente la intervención de cualquier tribunal con competencia en materia de familia para que constate la edad de la niña y su intención de interrumpir el embarazo”

b) Agréguese luego de la frase “El Tribunal autorizará la interrupción del embarazo, sin forma de juicio y verbalmente”, la frase “dejando constancia por escrito en el expediente,”

c) Agréguese luego de la frase: “a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud,” la frase “oyendo a la menor y teniendo a la vista”

d) Elimínese la frase “,oyendo a la menor” por la frase…

e) Sustitúyase la frase: “y, si lo estimare,” por “y solamente si lo estimare estrictamente necesario”,

f) Agréguese luego de la frase “al integrante de éste” la frase “o la persona adulta”

43.- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson, para agregar al inciso tercero un nuevo inciso cuarto, pasando a ser el cuarto del mensaje inciso quinto y así sucesivamente:

“El Tribunal deberá autorizar siempre la interrupción del embarazo, salvo que:

a) No se acompañen los documentos señalados en el artículo 119 bis.

b) Apareciere claramente que la intención manifestada por la menor no ha sido libre y espontánea.”

44.- De la diputada Girardi, para modificar el inciso tercero propuesto, en el siguiente sentido:

1) Para agregar entre la palabra ”tribunal” y “sin”, el siguiente párrafo: “con competencia en materia de familia, para que éste resuelva el asunto sometido a su conocimiento, para lo cual tendrá a la vista lo siguiente:1) comprobante de atención medica que constate embarazo o los antecedentes que le proporcione el equipo de salud; 2) certificado de nacimiento de la solicitante y; 3) declaración simple de la solicitante donde manifieste su voluntad exenta de vicios”.

2) Para eliminar donde aparece actualmente la frase “con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud”.

3) Para reemplazar la frase “de este”, por “del equipo de salud”.

Al cuarto inciso (ha pasado a ser quinto).

45.- Del diputado Macaya, para reemplazar la voz “cirujano(a)” por “especialista”.

46.- Del diputado Macaya, para intercalar entre la palabra “antecedentes” y la expresión “para”, la voz “relevantes”.

47.- Del diputado Rivas, para reemplazar, en el inciso cuarto, el guarismo “14” por “16”.

48.- Del diputado Macaya, para sustituir la frase “, coacción, amenaza o maltrato, o una posible situación de desarraigo o de abandono, se prescindirá de ésta y se solicitará una autorización sustitutiva al Tribunal de Familia competente, el que deberá pronunciarse conforme al procedimiento establecido en el inciso anterior.”, por “de ésta, se procederá conforme al procedimiento establecido en el artículo anterior. Con todo, el juez deberá de oficio iniciar o derivar el conocimiento del asunto de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.066.”

49.- De la diputada Cariola, para reemplazar, en el inciso cuarto propuesto, la expresión “Tribunal de Familia competente”, por la expresión “Tribunal de Familia o Juez con competencia en materia de familia, del domicilio de la solicitante o del lugar del establecimiento de salud”

50.- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson, para agregar al inciso cuarto propuesto, la siguiente frase luego del punto final. “Sin perjuicio de ello, la niña menor de 14 años asistida por una persona adulta puede solicitar directamente la referida autorización en caso de encontrarse en dicha situación de riesgo.”

Al quinto inciso (ha pasado a ser sexto).

51.- Del diputado Rivas, para reemplazar en el inciso quinto propuesto el guarismo “14” por “16”.

52.- Del diputado Macaya, para modificar el inciso quinto propuesto, de la siguiente manera:

a) Para suprimir la expresión “o uno de ellos a su elección, si tuviere más de uno,”.

b) Para intercalar entre la palabra “antecedentes” y la expresión “para”, la voz “relevantes”.

c) Para introducir entre la expresión “menor” y “deberá”, la voz “previa denuncia”.

53.- De los diputados Rincón, Silber y Torres, para agregar en el inciso quinto propuesto, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase:

“En este último caso, y el establecido en el inciso precedente operaran los procedimientos de protección de víctimas menores de edad dispuestos en el Código Procesal Penal y lo dispuesto en el Titulo IV, Párrafo primero, de la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes contemplados en la Ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia. Estas medidas estarán destinadas a su recuperación integral y a la revinculación familiar de acuerdo al interés superior del niño.”.

54.- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson para agregar en el inciso quinto propuesto, luego de la frase “deberá ser informado de su decisión”, la frase “por cualquiera de los integrantes del equipo de salud.”

Al sexto inciso (ha pasado a ser séptimo).

55.- Del diputado Monckeberg, para sustituir el inciso sexto, por el siguiente:

“El prestador de salud deberá entregarle a la mujer información veraz sobre las características de la prestación médica según lo establecido en los artículos 8º y 10 de la ley N° 20.584. Con todo, el prestador de salud deberá siempre entregar a la mujer información detallada, suficiente, oportuna, veraz y comprensible, sea en forma visual, verbal o por escrito sobre las alternativas a la realización de la interrupción del embarazo, incluyendo la de programas de acompañamiento, en especial al que se refiere el inciso siguiente, debiendo certificarse dicha circunstancia.”

56.- Del diputado Macaya, para sustituir la frase “incluyendo la de programas de apoyo social y económico disponible.” por “incluyendo la de programas de acompañamiento disponible, debiendo esperar un plazo de tres días para tomar la decisión tratándose de los casos 2) y 3) del presente artículo.”

57.- De las diputadas Carvajal y Hernando y de los diputados Espinosa, Jarpa, Meza, Monsalve, Núñez, Robles, y Silber, para agregar en el inciso sexto entre las palabras "apoyo social" y "económico" la siguiente frase: “procedimientos para ceder en adopción y apoyo.”.

Al séptimo inciso (ha pasado a ser octavo).

58.- Del diputado Macaya, Monckeberg y Rubilar, para suprimir el inciso séptimo propuesto.

59.- De los diputados Rincón y Silber, para reemplazar el inciso final (inc 7°) del artículo 119 del Código Sanitario agregado por los siguientes:

“En cualquier caso, el prestador de salud estará obligado a entregar, mediante una instancia de consejería obligatoria y por escrito, información sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la existencia de programas de apoyo social y económico disponibles que permitan a la mujer tomar una decisión informada. Para ofrecer dicha consejería, los prestadores de salud podrán establecer convenios con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la prevención y acompañamiento del embarazo vulnerable

Esta consejería deberá además informar a la mujer sobre las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a dicha práctica. Asimismo, le informará respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción.

En particular, este procedimiento deberá constituirse como un apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir, de manera disuasiva, a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo garantizando que ella disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable.”.

Numeral 2.-

Al primer inciso.

60.- De los diputados Rincón, Silber y Torres, para reemplazar el inciso primero del artículo 119 bis del Código Sanitario agregado por el Proyecto de Ley, por el siguiente:

“Para realizar la intervención en el caso que autoriza el numeral 1) del artículo anterior, se deberá contar con el diagnóstico escrito de un(a) médico(a) cirujano(a) y con la ratificación de ese diagnóstico, dada por otro(a) médico(a) cirujano(a), también en forma escrita y previa. Para el caso del numeral 2) se deberá contar con el diagnóstico escrito de un(a) médico(a) cirujano(a) y con la ratificación de ese diagnóstico, dada por otro(a) médico(a) cirujano(a), con las competencias suficientes y necesarias para efectuarla, también en forma escrita y previa En caso de que se requiera una intervención médica inmediata e impostergable, podrá prescindirse de la ratificación. Tratándose del diagnóstico de un embarazo ectópico no se requerirá la ratificación para interrumpir el embarazo.”

61.- De la diputada Rubilar, para modificar el punto 2 del artículo 1º del proyecto de ley en el siguiente tenor:

a) agréguese entre las frases “médico (a) cirujano (a),” y “también”, la siguiente frase “con experiencia acreditada de al menos 5 años en medicina materno fetal”

b) Reemplácese el punto seguido (.) entre las frases “escrita y previa” y “En caso de”, por la frase “, garantizándose el acceso a los exámenes diagnósticos correspondientes.”

62.- Del diputado Monckeberg, para reemplazar la expresión “un(a) médico(a) cirujano(a)” por “un médico especialista en medicina materno-fetal”.

63.- Del diputado Monckeberg, para sustituir la frase “otro(a) médico(a) cirujano(a)” por “un médico especialista en medicina materno-fetal”.

64.- De las diputada Carvajal y el diputado Monsalve, para sustituir en el artículo 1°número 2), la frase "de un(a) médico(a) cirujano(a) y con la ratificación de ese diagnóstico, dada por otro(a) médico(a) cirujano(a), también en forma escrita y previa." por la siguiente frase: “de un médico especialista o en su defecto por el diagnóstico de un médico general ratificado por un especialista mediante Telemedicina. En ambos casos la gestante deberá contar con los exámenes exigidos por la práctica médica y la certificación del Diagnóstico deberá ser escrita y previa.".

65.- Del diputado Macaya, para reemplazar la palabra “cirujano(a)” las dos veces que aparece redactada por “especialista”.

Al segundo inciso.

66.- De los diputados Mirosevic, Boric, y Jackson, para agregar en el inciso segundo del numeral 2 del artículo 1, que introduce un artículo 119 bis nuevo en el Código Sanitario, a continuación del punto seguido(.) que se elimina, la siguiente frase “siendo suficiente para ello la declaración jurada realizada por la mujer.”

67.- De las diputadas Cicardini, Pacheco y Pascal y del diputado Castro, para agregar en el inciso segundo del numeral 2 del artículo 1, que introduce un artículo 119 bis nuevo en el Código Sanitario, a continuación del punto seguido(.) que se elimina, la siguiente frase “siendo suficiente para ello la declaración jurada realizada por la mujer.”.

**************

68.- Del diputado Monckeberg, para incorporar los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“El médico que elabore o ratifique el diagnóstico al que se refiere el inciso anterior a sabiendas de que es incorrecto, injustificado, que contiene datos falsos o incompletos, o que no cuenta con un grado suficiente de certeza exigible para esta clase de diagnóstico, será sancionado con penas de presidio menor en su grado medio a máximo.

Si el diagnóstico es utilizado para realizar un aborto de conformidad con lo que establece el artículo 119 la pena será aumentada en un grado.

Si el médico elabora o ratifica dicho diagnóstico con negligencia culpable, y este es utilizado para realizar un aborto de conformidad con lo que establece el artículo 119, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo”.

*************

69.- De los diputados Rincón, Silber y Torres, para agregar el siguiente inciso final al artículo 119 bis del Código Sanitario modificado por el proyecto de ley por el siguiente:

“De igual forma, el equipo referido tendrá la obligación, en el caso de la mujer mayor de 18 años, de formalizar la denuncia del delito ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y o el Ministerio Público, para la percusión penal del mismo, según las normas de los artículos 175 y 200 del Código Procesal Penal.”

70.- De la diputada Rubilar, para reemplazar en el inciso final del numeral 2 del artículo 1°, del mensaje la frase “un equipo de salud, especialmente conformado para estos efectos, evaluará e informará la concurrencia de los hechos que la constituyen.” Por la siguiente: “se deberá exigir, para dar por certificada la causal, la denuncia previa y/o el examen médico legal físico o sicológico según corresponda.”

71.- De la diputada Carvajal y el diputado Monsalve, para agregar al artículo 1° número dos inciso final luego del punto final (.), lo siguiente: “La denuncia del delito de violación realizada ante la autoridad correspondiente o el informe que acredite la violación serán respaldo suficiente para permitir el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo.”

Numeral 3.-

Al primer inciso.

72.- De la diputada Rubilar, para reemplazar en artículo 119 ter, punto 3 del artículo 1º del proyecto de ley, las frases: ”El(la) médico(a) cirujano(a)” por la siguiente: “Cualquier profesional de salud“, en todos sus incisos.

73.- Del diputado Castro y de las diputadas Cicardini, Fernández, Pacheco y Pascal, para intercalar en el inciso primero del artículo 119 ter propuesto, entre las palabras “interrumpir” y “el embarazo”, la expresión “directamente”.

74.- Del diputado Castro y de las diputadas Cicardini, Fernández, Pacheco y Pascal para reemplazar, en el inciso primero del artículo 119 ter propuesto, el primer punto seguido por coma, agregando lo siguiente: “, todo ello sin perjuicio del deber del médico(a) de ofrecer a la paciente asistencia sanitaria oportuna y adecuada.”

75.- Del diputado Castro y de las diputadas Cicardini, Fernández, Pacheco y Pascal para transformar el punto aparte del inciso primero del artículo 119 ter propuesto, en punto seguido, y agregar la siguiente disposición: “Los establecimientos médicos no podrán discriminar en potenciales contrataciones de médicos objetores de conciencia.”

Al inciso segundo.

76.- Del diputado Monckeberg, para reemplazar el inciso segundo del artículo 119 ter, por el siguiente:

“En todos los establecimientos de salud que estén habilitados para practicar la interrupción del embarazo en los casos del artículo 119, deberá reconocerse el derecho de toda persona que por su función sea requerida para practicarla o colaborar en su realización, a abstenerse de hacerlo, si hubiere manifestado por escrito objeción fundada en su libertad de conciencia. En tal caso, deberá informar de inmediato al Director, para que éste disponga las medidas necesarias para atender al requerimiento de la mujer que desea interrumpir su embarazo”.

Al inciso tercero.

77.- Del diputado Monckeberg, para eliminar el inciso tercero del artículo 119 ter propuesto.

Artículo 2°.-

78.- Del diputado Rivas, para agregar un numeral 3, nuevo, del siguiente tenor:

“3) Agrégase el siguiente artículo 345 bis, nuevo:

“Artículo 345 bis. La mujer que, aprovechando lo dispuesto en el artículo 119 del Código Sanitario, solicitase la realización de un aborto a sabiendas de la no concurrencia de alguna de las causales que dicha norma enumera, será sancionada con la pena dispuesta en el inciso primero del artículo 344 en el caso de verificarse el mismo. El facultativo que, también a sabiendas, realizase el aborto, será castigado con la pena dispuesta en el artículo 345.”.”.

79.- De la diputada Cariola y Hernando y de los diputados Castro, Monsalve, Silber y Torres, para agregar un numeral 3, nuevo, del siguiente tenor:

“3) Agrégase el siguiente artículo 345 bis, nuevo:

“Artículo 345 bis.- El que con ánimo de lucro facilitare o proporcionare a otro, cualquier órgano, tejido o fluido humano proveniente de aborto o interrupción del embarazo, será penado con presidio menor en su grado máximo y en el caso de los facultativos médicos, se impondrá la pena accesoria de inhabilitación especial del ejercicio de la profesión durante el tiempo de la condena.

Cuando la conducta señaladas en el inciso anterior fuere realizadas por un facultativo médico en los casos de interrupción del embarazo autorizados por tribunales, la pena se aumentará en un grado y se impondrá la accesoria de inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la profesión.”.”.

Artículo 3°.-

80.- De la diputada Rubilar, para suprimir el artículo 3º del proyecto de ley.

Numeral 1.-

81.- Del diputado Monckeberg, para eliminar el número 1) del artículo 3° del proyecto.

82.- De los diputados Rincón y Silber, para reemplazar el literal d) del artículo 175 del Código Procesal Penal modificado por el Proyecto de Ley por el siguiente:

“d) Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito, con excepción del establecido en el artículo 344 del Código Penal, en relación con el artículo 119, numerales 1 y 2, del Código Sanitario, y”.

Numeral 2.-

83.- Del diputado Monckeberg, para eliminar el número 2) del artículo 3° del proyecto

84.- De los diputados Rincón y Silber, para agregar en el artículo 200 del Código Procesal Penal, modificado por el proyecto de ley, tras el punto seguido (.) ubicado luego de la palabra “encontrado” por una coma (,) la siguiente frase: “con excepción del establecido en el artículo 344 del Código Penal, en relación con el artículo 119, numerales 1 y 2, del Código Sanitario”.

IV. INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES.

A la segunda causal (interrupción del embarazo en caso de inviabilidad fetal extrauterina) del artículo 119 del Código Sanitario propuesto por el mensaje.

1.- Del diputado Monckeberg, don Nicolás, para sustituirlo por el siguiente:

“2) La mujer embarazada presentase un daño psicológico actual de carácter grave por diagnosticarse que el feto sufre de una enfermedad o malformación que conducirá indefectiblemente a su muerte dentro de las primeras horas de su nacimiento. Sólo podrá interrumpirse el embarazo a contar de la semana 24, siempre y cuando la enfermedad o malformación sea certificada por un médico especialista en medicina materno- fetal y que antes de realizarse la interrupción del embarazo, la paciente sea evaluada y aconsejada por grupos de acompañamiento en cuidados paliativos perinatales acreditados, lo que deberá ser debidamente certificado.

Se entenderá por daño sicológico actual y grave aquel que ponga en riesgo de manera permanente y definitiva la salud sicológica de la madre, lo que deberá certificarse en un informe debidamente fundamentado, emitido por un médico siquiatra.

La interrupción del embarazo bajo estos supuestos en ningún caso podrá ir acompañada de acciones destinadas a provocar directamente la muerte del feto.”

A la tercera causal (interrupción del embarazo en caso de violación de la madre del artículo 119 del Código Sanitario propuesto por el mensaje.

Al sexto inciso (que ha pasado a ser séptimo).

2.- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson para sustituir en el inciso sexto propuesto, la frase “la de programas de apoyo social y económico disponible.”, por “la consejería como parte del modelo de salud, los programas de apoyo social, psicológico y económico disponible en las políticas públicas.”

3.- De la diputada Girardi, para agregar en el inciso sexto propuesto, entre la palabra “programas” y la preposición “de”, la expresión “públicos”.

4.- Del diputado Monckeberg, para introducir un inciso final nuevo en los siguientes términos:

“El Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género deberán elaborar un programa de atención especial para los casos de embarazos vulnerables, en especial el de peligro de muerte de la madre, malformaciones congénitas letales y violación. Éste deberá incorporar un apoyo integral para la mujer embarazada y su familia, cuando corresponda, incluyendo apoyo de diagnóstico y terapéutico, prenatal y posnatal, la inclusión de cuidados paliativos neonatales, la orientación necesaria y las alternativas concretas para hacer efectivo el procedimiento de adopción a que se refiere el artículo 10 de la Ley N° 19620 que dicta normas sobre adopción de menores. Además, deberá contener al menos lo siguiente:

a) Apoyo psicológico durante todo el proceso.

b) Seguimiento y evaluación post parto.

c) Subsidio económico durante todo el proceso.

d) Apoyo legal y psiquiátrico tratándose de la causal 2).

e) Confirmación del diagnóstico médico tratándose de la causal 1).

f) Apoyo educacional tratándose de menores de 18 años.”

5.- Del diputado Castro y de las diputadas Cicardini, Fernández, y Pacheco, para agregar un nuevo inciso final al artículo 119 del Código Sanitario propuesto:

“Sin perjuicio de lo anterior, toda mujer, niña o adolescente que se encuentre en alguna de las situaciones reguladas en los incisos anteriores, podrán acceder voluntariamente al programa de acompañamiento que se implementará por la autoridad competente, con el objetivo de entregarle apoyo psicosocial, cualquiera sea la decisión que ella tome, por un periodo comprendido desde que se constata el estado de embarazo hasta los seis meses posteriores a la interrupción voluntaria del embarazo o del parto, dependiendo del caso que se trate.”.

Numeral 2.-

6.- Del diputado Monckeberg, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En caso de que en virtud de la intervención médica a que se refiere el artículo anterior, el feto nazca vivo, los facultativos deberán realizar todo aquello que sea necesario para proteger y asegurar la vida del niño o niña. El Estado deberá garantizar todos los medios sociales, médicos, económicos, alimenticios y otros que sean indispensables para el mayor bienestar material y espiritual del niño o niña. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia a través de un reglamento dictado al efecto regulará la forma de hacer efectiva la protección, velando siempre por el interés superior del niño o niña.".

Numeral 3.-

Al primer inciso.

7.- De los diputados Rincón, Silber y Torres, para reemplazar el artículo 119 ter del proyecto de ley:

“Artículo 119 ter. Tanto el (la) médico(a) cirujano, como todos los integrantes del equipo médico que sean requeridos(as) para interrumpir el embarazo en las causales descritas en el artículo 119, podrán abstenerse de realizarlo cuando hubieren manifestado su objeción de conciencia al(la) Director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa. El establecimiento tendrá la obligación de reasignar otro médico(a) cirujano(a) con su respectivo equipo de salud a la paciente o de derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quienes no hayan manifestado dicha objeción. El Ministerio de Salud deberá dictar los protocolos necesarios a fin de garantizar una efectiva objeción de conciencia a todo el personal que la invoque.

Asimismo, el (la) médico(a) cirujano(a) junto al personal de salud que hayan manifestado objeción en conciencia y que fueren requeridos para interrumpir un embarazo, tienen la obligación de informar de inmediato al Director(a) del establecimiento de salud que la mujer requirente debe ser derivada.

8.- Del diputado Castro y de las diputadas Cicardini, Fernández, Pacheco y Pascal, para reemplazar el artículo 119 ter propuesto, por el siguiente:

“Artículo 119 ter. El (la) médico(a) cirujano(a) que sea requerido(a) para interrumpir el embarazo en las tres causales descritas en el artículo 119, podrá abstenerse de realizarlo cuando su declaración de objeción de conciencia expresada en forma previa, escrita y fundada haya sido declarada ante el Director(a) del establecimiento de salud. El Director (a) del establecimiento tendrá la obligación inmediata de reasignar otro médico(a) cirujano(a) a la paciente, Sólo en casos debidamente calificados, el Directoria] podrá derivarla en forma inmediata para que el procedimiento sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción.

El Ministerio de Salud deberá dictar los protocolos necesarios para asegurar la atención médica de las pacientes que requieren la interrupción de su embarazo, en conformidad a los artículos anteriores. La objeción de conciencia es de carácter personal v en ningún caso puede ser invocada por una institución, por lo que cada establecimiento de salud deberá organizar el equipo médico mínimo, de tal manera de contar con el personal no obietor para que se asegure la atención de las mujeres que lo requieran.”.

9.- Del diputado Monckeberg, para sustituir, el inciso primero del artículo 119 ter, por el siguiente:

“Artículo 119 ter. La interrupción del embarazo en los casos previstos en el artículo 119 sólo podrá practicarse en establecimientos de salud públicos y en aquellos de propiedad privada que, previa petición expresa de sus representantes legales, hayan sido autorizados especialmente para ello por resolución del Ministerio de Salud. Esta resolución determinará el plazo de vigencia, que no podrá exceder de cinco años, vencido el cual sólo podrá renovarse a petición expresa de los representantes de la respectiva institución.

10.- Del diputado Castro y de las diputadas Cicardini, Fernández, Pacheco y Pascal, para reemplazar en el inciso primero del artículo 119 ter propuesto, la frase: “El Ministerio de Salud deberá dictar los protocolos necesarios para le ejecución de la objeción de conciencia.” por “El Ministerio de Salud deberá velar que las pacientes derivadas reciban, durante ese proceso, asistencia sanitaria oportuna y adecuada.”

11.- Del diputado Castro y de las diputadas Cicardini, Fernández, y Pacheco para reemplazar en el inciso primero del artículo 119 ter propuesto, la frase: “El Ministerio de Salud deberá dictar los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia.” por “El Ministerio de Salud deberá velar los establecimientos de salud mantengan como parte integrante de su personal o a través de proveedores externos médicos no objetores de conciencia a los que derivar a los pacientes.

Además dictará los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de consciencia.”.

12.- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson para sustituir en el inciso primero del artículo 119 ter propuesto, la frase “en forma escrita y previa. El establecimiento tendrá la obligación de reasignar otro médico(a) cirujano(a) a la paciente o de derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción. El Ministerio de Salud deberá dictar los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia.” por “en forma previa, escrita y fundada. Este(a), luego de declarar la suficiencia de la obligación tendrá la obligación inmediata de reasignar otro médico(a) cirujano(a) a la paciente. El Ministerio de Salud deberá dictar los protocolos necesarios para asegurar la atención médica de las pacientes que requieren la interrupción de su embarazo en conformidad a los artículos anteriores. La objeción de conciencia es de carácter personal y en ningún caso puede ser invocada por una institución, por lo que cada establecimiento de salud deberá organizar el equipo médico mínimo de manera de contar con el personal no objetor que asegure la atención de las mujeres que lo requieran.”.

Al inciso segundo.

13.- De la diputada Cariola, para reemplazar, en el inciso segundo del artículo 119 ter nuevo, las expresiones “debe ser derivada” por la frase “debe ser atendida oportunamente de conformidad a la ley y los protocolos establecidos al respecto.”

14.- De los diputados Mirosevic, Boric y Jackson para sustituir en el inciso segundo del numeral 3 del artículo 1, que introduce un artículo 119 ter nuevo en el Código Sanitario, la frase “requirente debe ser derivada” por “debe ser atendida oportunamente correspondiendo a la dirección la definición inmediata del procedimiento de atención que la mujer requiere”.

15.- Del diputado Monckeberg, para incorporar un nuevo numeral al artículo 1°, en los siguientes términos:

“4) Introdúcese el siguiente artículo 119 quater, nuevo: “Queda estrictamente prohibida la publicidad sobre la oferta de centros, establecimientos, o servicios médicos o de medios, prestaciones técnicas o procedimientos para la práctica de la interrupción del embarazo en las causales 1) y 2) del artículo 119. Todas las prestaciones de servicios sanitarios que tengan por objeto la interrupción del embarazo en los casos previstos en artículo 119 deberán ser gratuitas y practicadas en establecimientos públicos o privados constituidos como personas sin fines de lucro.

El cuerpo del embrión o feto, así como los demás restos biológicos, serán inhumados o incinerados. Su entrega con otros propósitos, a título gratito u oneroso será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio e inhabilitación perpetua para cargo u oficio público o profesión titular.”.

Artículo 2°.-

Numeral 1.-

16.- De los diputados Farcas, Girardi, Jarpa, Meza, y Pacheco, para reemplazar el artículo 344, por el siguiente:

“Artículo 344. La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado mínimo.

No constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario.”.

17.- De los diputados Farcas, Jarpa, Meza, y Pacheco, en subsidio de la indicación anterior y para el caso que se rechazada, para reemplazar el artículo 344, por el siguiente:

“Artículo 344. La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en sus grados mínimos a medio.

No constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario.”

18.- Del diputado Rivas, para reemplazar el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política, por el siguiente:

“La ley protege la vida del que está por nacer, sin perjuicio de aquellas excepciones que el legislador pueda disponer para casos específicos”.

19.- Del diputado Rivas, para agregar el siguiente inciso tercero al artículo 75 del Código Civil:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la ley podrá autorizar la interrupción de un embarazo en los casos que ésta determine”.

*******

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente la Diputada Informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:

P R O YECTO DE LEY:

“Artículo 1º.- Modifícase el Código Sanitario en la forma que se indica a continuación:

1) Sustitúyese el artículo 119 por el siguiente, nuevo:

“Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer, un(a) médico(a) cirujano(a) se encontrará autorizado(a) para interrumpir un embarazo cuando:

1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.

2) El embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal.

3) Es resultado de una violación, en los términos del inciso segundo del artículo siguiente, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

En cualquiera de las causales anteriores, la mujer deberá manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo. Cuando ello no sea posible, se aplicará el artículo 15 letras b) y c) de la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes. En el caso de personas con discapacidad sensorial sea visual y/o auditiva, como asimismo, en el caso de las personas con discapacidad mental psíquica y/o intelectual, que no hayan sido declaradas interdictos y que no puedan darse a entender por escrito, se dispondrá de los medios alternativos de comunicación para prestar su consentimiento, en concordancia con lo dispuesto en la ley Nº 20.422 y Convención de los derechos de las personas con discapacidad.

Si la mujer ha sido declarada incapaz judicialmente por causa de demencia, se deberá obtener la autorización de su representante legal, debiendo siempre tener su opinión en consideración, salvo que su incapacidad impida conocerla.

Tratándose de una niña menor de 14 años, además de su voluntad, la interrupción del embarazo deberá contar con la autorización de su representante legal o de uno de ellos, a elección de la niña, si tuviere más de uno. A falta de autorización, entendiendo por tal la negación del o de la representante legal, o si no es habido(a), la niña, asistida de un(a) integrante del equipo de salud, podrá solicitar la intervención del juez o jueza con competencia en materia de familia del lugar donde ella se encuentre para que constate la ocurrencia de la causal. El Tribunal autorizará la interrupción del embarazo, sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud, oyendo a la niña y, si lo estimare, al o la integrante de éste que la asista. El procedimiento será reservado, no será admitida oposición alguna de terceros y la autorización será impugnable vía recurso de apelación únicamente en caso de ser rechazada, tramitándose según lo establecido en el artículo 69 inciso quinto del Código Orgánico de Tribunales.

Cuando a juicio del médico(a) existan antecedentes para afirmar que la solicitud de autorización al o la representante legal generará a la niña menor de 14 años un riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza o maltrato, o una posible situación de desarraigo o de abandono, se prescindirá de ésta y se solicitará una autorización sustitutiva al juez o jueza con competencia en materia de familia del lugar donde ella se encuentre, el que deberá pronunciarse conforme al procedimiento establecido en el inciso anterior. Para efectos de este inciso la opinión del (de la) médico(a) deberá constar por escrito.

La adolescente de 14 y menor de 18 años podrá manifestar por sí su voluntad para la interrupción de su embarazo. Su representante legal o uno de ellos a su elección, si tuviere más de uno, deberá ser informado de su decisión. A falta de éste, o si existen antecedentes para afirmar que la información al representante legal generará para la adolescente alguno de los riesgos señalados en el inciso anterior, la adolescente deberá designar otro adulto que será informado.

El prestador de salud deberá entregarle a la mujer información veraz sobre las características de la prestación médica según lo establecido en los artículos 8º y 10 de la ley N° 20.584. Asimismo, deberá entregarle información verbal y escrita sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la de programas de apoyo social y económico disponible. Le ofrecerá también acompañarla tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período posterior a la toma de decisión, lo cual incluye el tiempo posterior al parto o la interrupción del embarazo. Este acompañamiento sólo podrá realizarse en la medida que la mujer lo autorice, deberá ser personalizado y respetuoso de su libre decisión. En el caso del numeral 3), se proveerá a la mujer de la información necesaria para que pueda presentar su denuncia. En ninguno de los tres casos la información estará destinada a influir en la voluntad de la mujer. No obstante lo anterior, el equipo médico deberá asegurarse que la mujer; comprende todas las alternativas que tiene al procedimiento de interrupción, antes que este se lleve a cabo y que no sufre coacción de ningún tipo en su decisión.

Para estos efectos, los deberes y obligaciones a que se refiere el inciso anterior complementarán el Sistema Intersectorial de Protección Social y se cumplirán en el marco de un sistema de acompañamiento del Estado, coordinado en forma interministerial.”.

2) Introdúcese el siguiente artículo 119 bis, nuevo:

“Artículo 119 bis.- Para realizar la intervención en los casos que autorizan los numerales 1) y 2) del artículo anterior, se deberá contar con un diagnóstico y con la ratificación del mismo. La ratificación en el caso del numeral 2) deberá realizarse por el o la médico(a) que detente las habilidades específicas requeridas. Todo diagnóstico y ratificación deberá constar por escrito y realizarse en forma previa. En caso de que se requiera una intervención médica inmediata e impostergable, podrá prescindirse de la ratificación. Tratándose del diagnóstico de un embarazo ectópico no se requerirá la ratificación para interrumpir el embarazo.

En el caso del numeral 3) del artículo 119, un equipo de salud, especialmente conformado para estos efectos, evaluará e informará la concurrencia de los hechos que la constituyen y la edad gestacional. En el cumplimiento de su cometido dicho equipo deberá dar y garantizar a la mujer un trato digno y respetuoso.

En el caso de que la solicitante sea una niña o adolescente menor de 18 años, los Jefes(as) de establecimiento hospitalario o de clínicas particulares donde se solicita la interrupción, procederán de oficio conforme al artículo 369 del Código Penal y los artículos 175, letra d), y 200, del Código Procesal Penal.

Cuando la mujer sea mayor de edad, los Jefes(as) de establecimiento hospitalario o de clínicas particulares deberán poner en conocimiento del Ministerio Público la invocación de la tercera causal, con la finalidad de que se investigue el delito de violación, previa ratificación de la mujer.”.

3) Introdúcese el siguiente artículo 119 ter, nuevo:

“Artículo 119 ter. El(la) médico(a) cirujano(a) que sea requerido(a) para interrumpir el embarazo en las causales descritas en el artículo 119, podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiera manifestado su objeción de consciencia al(la) Director(a) del establecimiento de salud, en forma escrita y previa. El establecimiento tendrá la obligación de reasignar otro médico(a) cirujano(a) a la paciente o de y sólo en caso de que en el referido establecimiento de salud no exista un(a) facultativo(a) que no haya realizado la manifestación de objeción de conciencia, deberá derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción. El Ministerio de Salud deberá dictar los protocolos necesarios para le ejecución de la objeción de conciencia.

El(la) médico(a) cirujano(a) que ha manifestado objeción en conciencia y es requerido(a) para interrumpir un embarazo, tiene la obligación de informar de inmediato al Director(a) del establecimiento de salud que la mujer requirente debe ser derivada.

En el caso que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, quien haya manifestado objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo en la medida que no exista otro(a) médico(a) cirujano(a) que pueda realizar la intervención.”.

Artículo 2º.- Modifícase el Código Penal en la forma que se indica a continuación:

1) Agrégase en el artículo 344 el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario.”.

2) Agrégase en el artículo 345 el siguiente inciso segundo, nuevo:

“No constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario.”.

3) Agrégase el siguiente artículo 345 bis, nuevo:

“Artículo 345 bis.- El que facilitare o proporcionare a otro, cualquier órgano, tejido o fluido humano proveniente de aborto o interrupción del embarazo, será penado con presidio menor en su grado máximo y en el caso de los facultativos médicos, se impondrá la pena accesoria de inhabilitación especial del ejercicio de la profesión durante el tiempo de la condena.

Cuando la conducta señalada en el inciso anterior fuere realizada por un facultativo médico en los casos de interrupción del embarazo autorizados por tribunales, la pena se aumentará en un grado y se impondrá la accesoria de inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la profesión.”.

Artículo 3°.- Modifícase el Código Procesal Penal en la forma que se indica a continuación:

1) Agrégase en el artículo 175, letra d), entre las palabras “delito,” e “y” lo siguiente: “con excepción del delito establecido en los incisos primero y segundo del artículo 344 del Código Penal, respecto del cual prima el deber de confidencialidad,”.

2) Sustitúyese en el artículo 200, el punto seguido (.) ubicado luego de la palabra “encontrado” por una coma (,) y agréguese lo siguiente: “con excepción del delito establecido en los incisos primero y segundo del artículo 344 del Código Penal, respecto del cual prima el deber de confidencialidad.”.

*******

Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones de 17 y 31 de marzo, 7, 14 y 21 de abril, 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de mayo, 15, 16 y 30 de junio, 6, 13, 14, 20 y 21 de julio, 3 y 4 de agosto, 1°, 8 y 15 de septiembre de 2015, con la asistencia de las diputadas señoras Alvarez, doña Jenny; Cariola, doña Karol; Carvajal, doña Loreto; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña Maya; Girardi, doña Cristina; Hernando, doña Marcela; Hoffmann, doña María José; Nogueira, doña Claudia; Turres, doña Marisol y Vallejos, doña Camila y de los diputados señores Alvarado, don Miguel Ángel; Castro, don Juan Luis; Hasbún, don Gustavo; Letelier, don Felipe; Macaya, don Javier; Monckeberg, don Nicolás; Monsalve, don Manuel; Núñez, don Marco Antonio; Rathgeb, don Jorge; Silber, don Gabriel; Torres, don Víctor y Urrutia, don Ignacio.

Asistieron, además, las diputadas señoras Provoste, doña Yasna y Rubilar, doña Karla; la senadora Goic, doña Carolina y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Barros, don Ramón; Boric, don Gabriel; González, don Rodrigo; Kast, don Felipe; Kort, don Issa; Mirosevic, don Vlado; Morano, don Juan Enrique; Rivas, don Gaspar; Robles, don Alberto; Sabag, don Jorge; Soto, don Leonardo y Urrutia, don Osvaldo.

Sala de la Comisión, a 15 de septiembre de 2015.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA

Abogado Secretario Accidental de la Comisión

ANEXOS

1.- Resumen de las exposiciones efectuadas por diversas autoridades de gobierno, de personas que representaban a organizaciones, de médicos, de abogados y de algunos particulares durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Boletín N° 9895-11.

2.- Resumen de intervenciones de la jornada temática de la Comisión de Salud sobre el proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, 1° de junio de 2015.

3.- Resumen de exposiciones de la jornada temática de la Comisión de Salud sobre el proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, 8 de junio de 2015.

Oficio N° 105 -2015

INFORME PROYECTO DE LEY 33-2015

Antecedente: Boletín N° 9895-11.

Santiago, 2 de octubre de 2015.

Mediante Oficio N° 12.067, recibido el 2 de septiembre del actual, el señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, don Leonardo Soto Ferrada, remitió a esta Corte las indicaciones de S.E. la Presidenta de la República al proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (boletín 9895-11).

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 25 de septiembre del año en curso, presidida por el subscrito y con la asistencia de los ministros señores Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, Carlos Künsemüller Loebelfelder, Haroldo Brito Cruz, señoras María Eugenia Sandoval Gouët, señor Lamberto Cisternas Rocha, señoras Gloria Ana Chevesich Ruiz y Andrea Muñoz Sánchez, señor Carlos Cerda Fernández y el ministro suplente señor Alfredo Pfeiffer Richter, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

A LA SEÑORA PRESIDENTA EN EJERCICIO

DENISE PASCAL ALLENDE

H. CÁMARA DE DIPUTADOS

VALPARAÍSO

“Santiago, uno de octubre de dos mil quince.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que mediante Oficio N° 12.067, recibido el 2 de septiembre del actual, el señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, don Leonardo Soto Ferrada, remitió a esta Corte las indicaciones de S.E. la Presidenta de la República al proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

La iniciativa fue informada en su versión original por la Corte Suprema mediante oficio N° 48-2015, de 24 de abril de 2015. En esta ocasión, dado el tenor del oficio por el que la Cámara de Diputados vuelve a solicitar opinión de la Corte Suprema, sólo se analizarán las indicaciones formuladas por S.E. la Presidenta de la República, mediante oficio 846-363;

Segundo: Que el proyecto consta de tres artículos en los que, respectivamente, se modifica el Código Sanitario, el Código Penal y el Código Procesal Penal. Como en el Mensaje original, las indicaciones mantienen la propuesta de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos: a) cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer (aborto terapéutico); b) cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural que lo haga inviable (aborto embriopático); y c) cuando el embarazo es resultado de una agresión sexual (aborto criminológico).

Las indicaciones de S.E. la Presidenta de la República se refieren tan sólo a las propuestas relativas al Código Sanitario y Procesal Penal, contenidas en los artículos 1° y 3° del proyecto, respectivamente;

Tercero: Que examinados los antecedentes a la luz de lo preceptuado en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, se advierte que, en buena parte, las normas del proyecto tratan de materias eminentemente sustantivas y que la única disposición referida a la organización y atribuciones de los tribunales sobre la cual debe pronunciarse la Corte Suprema reside en la modificación propuesta al artículo 119 del Código Sanitario;

Cuarto: Que una innovación introducida por la indicación al inciso cuarto del artículo 119 del Código Sanitario radica en la incorporación del elemento de reserva del procedimiento judicial en comento y la regulación del sistema recursivo de la decisión del juez en esta sede.

Respecto a la reserva del procedimiento, parece acertada su consagración siguiendo la línea que en todo caso es propia de los asuntos radicados en la jurisdicción de familia.

En cuanto a la regulación de la impugnación de la decisión del juez, cabe destacar que la Corte Suprema en su primer informe señaló que al no hacerse cargo el proyecto –en su versión original– de esta temática, se harían aplicables las reglas generales que gobiernan tal aspecto en materia de familia, lo que fue sugerido tener en cuenta en razón de la rapidez que requieren estas decisiones, dadas las semanas dentro de las que puede interrumpirse el embarazo bajo la causal de violación conforme al proyecto.

La manera en que la indicación propone regular los medios recursivos a este respecto contiene dos elementos: a) La apelación procederá únicamente cuando se rechace la autorización; y b) Hace aplicable para la tramitación el procedimiento establecido en el artículo 69 inciso quinto del Código Orgánico de Tribunales. Respecto a lo primero, pareciera que si se impide la participación de cualquier tercero en el procedimiento de autorización de interrupción del embarazo de la menor de 14 años, incluyendo a los padres o representantes legales de ésta que se opusieren a tal autorización, sería difícil que existiera un apelante distinto a la propia menor de edad, cuestión que se dificultaría al no tener la capacidad legal para hacerlo toda vez que quien en definitiva podría recurrir sería su representante legal, salvo que lo que se pretenda es que el equipo médico estaría habilitado para hacerlo, entendiendo entonces que sería un interesado en el proceso. En tal sentido, a pesar de parecer tautológica la regulación anotada, ella aparece coherente con el objetivo del proyecto tendiente a suprimir cualquier posibilidad de oposición o participación del padre, madre o representante legal en el procedimiento judicial descrito, lineamiento ya criticado por la Corte según lo consignado en su primer informe a la iniciativa legal en estudio.

Respecto a lo segundo, esto es, la remisión al inciso quinto del artículo 69 del Código Orgánico de Tribunales para la tramitación del recurso de apelación, cabe consignar que dicha disposición sólo alude a la agregación extraordinaria de la causa a la tabla del día hábil siguiente a su ingreso al tribunal, o el mismo día, en casos urgentes; por lo que la tramitación misma será la general de los incidentes regulada en el Código de Procedimiento Civil;

Quinto: Que, por otra parte, también aparece recibida la observación de la Corte Suprema en orden a referir adecuadamente al órgano jurisdiccional que en concepto del proyecto será el encargado de intervenir en estos procesos. Es así que en el ya mencionado inciso cuarto del artículo 119 del Código Sanitario, la indicación reemplaza la expresión “Tribunal de Familia” por “juez o jueza con competencia en materia de familia”, tal como expresamente fuera sugerido por el máximo tribunal en su primer informe, dado que tal redacción resulta más precisa en razón de la existencia de tribunales con competencia común que, entre las materias que conoce, se encuentra la referente a familia.[1] Asimismo, la indicación hace mención expresa a que el órgano jurisdiccional competente, además de ser aquel con competencia en familia, corresponde al que se encuentre en el “lugar donde ella (la interesada) se encontrare”, aspecto también expresado por la Corte Suprema en su primer informe, dada la preclusión que arriesga la interesada en interrumpir el embarazo en caso de declaración de incompetencia de un tribunal en correlación a las semanas en que se puede producir dicha interrupción[2].

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar en los términos precedentemente expuestos las indicaciones de S.E. la Presidenta de la República al proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Ofíciese.

Se hace presente que los pareceres particulares del Presidente señor Muñoz y de los ministros señores Carreño, Pierry y Künsemüller relativos al proyecto de ley constan en el informe correspondiente al PL Nº 9-2015, comunicado al señor Presidente de la H. Cámara de Diputados mediante Oficio Nº 48-2015, de 24 de abril pasado.

No obstante lo anterior, el ministro señor Pierry estuvo por dejar nuevamente expresada la objeción a la norma contenida en la iniciativa legal en estudio que asigna competencia al juez de familia para autorizar la interrupción del embarazo en niñas menores de catorce años –objeción a la que se adhiere la ministra señora Chevesich-, por considerar que el aborto no es principalmente un tema jurídico, sino esencialmente de salud individual y pública, contexto en que el juez no aparece como la entidad o el profesional más apropiado para decidir al respecto. La constatación entregada al juez de familia deriva de la determinación previa de un equipo médico y, en esa medida no constituye una atribución jurisdiccional, sino más bien administrativa, puesto que se torna en una autorización –o denegación de la misma- adoptada en un plazo brevísimo, de manera directa y desprovista de toda otra consideración que no sea la opinión del equipo médico.

Sobre el particular, se tiene en cuenta lo preceptuado en la Ley Nº 19.451 que establece normas sobre Trasplante y Donación de Órganos en relación a la denominada muerte cerebral, en cuya determinación, con arreglo al artículo 11 de la citada ley, no está contemplada la intervención de la judicatura para dar curso o no al procedimiento médico de extracción de órganos contemplado en el ordenamiento en mención. La historia de las distintas modificaciones a esta situación demuestra que, en un inicio, la muerte era definida por un equipo médico; luego, determinada por dos electroencefalogramas planos; hasta que hoy en día depende de un certificado emanado de un equipo de facultativos –uno de ellos necesariamente un neurólogo o neurocirujano- que no deben integrar el equipo que vaya a efectuar el trasplante, quienes se regirán por las condiciones estatuidas en el reglamento. Para el caso de suscitarse duda o cualquier dificultad, el artículo 12 de la misma ley no prevé la intervención de un juez, sino que reserva la definición a un fiscal del Ministerio Público.

Acordado el informe con el voto en contra de los ministros señor Valdés, señora Sandoval y el suplente señor Pfeiffer, quienes, así como quedó expresado al informar en los antecedentes PL Nº 9-2015, fueron de parecer de informar desfavorablemente el proyecto, en la parte que a esta Corte Suprema corresponde pronunciarse, es decir, en cuanto entrega competencia a los jueces de familia a los efectos de exteriorizar y dar forma de resolución judicial a una determinación que la misma ley trae precisamente ya predeterminada como decisión unívoca, esto es, ordenar el término de la vida del que está por nacer, sin forma de juicio.

Consideran los disidentes el inconmensurable nivel de complejidad que significaría para los jueces el intento de hacer practicable la normativa que a su respecto se propone, particularmente en lo que concierne a su labor de interpretación y consecuente aplicación de estos textos, en el marco de su deber de compatibilizar el tenor de esas normas con lo que expresamente dispone la Constitución Política de la República en su artículo 19 numerales 1 y 26, disposiciones que, en lo medular, suponen como propio de la ley –y por ende de la interpretación que de sus textos se efectúe-, el proteger la vida del que está por nacer, y ello, sin distinguir la etapa de crecimiento o desarrollo del nasciturus.

El Ministro señor Brito deja expresa constancia que su conformidad con el proyecto de ley se limita sólo a las cuestiones relativas a la organización y atribuciones de los tribunales que se postulan, entre las cuales, en su entender, no es posible informar acerca de la titularidad para oponerse a la autorización de interrupción de embarazo de una menor de 14 años que previene el proyecto, por ser éste un aspecto de fondo que se vincula al derecho a intervenir, cuestión sustantiva que excede los límites que previene el artículo 77 de la Constitución Política de la República. Por tal motivo, no comparte lo señalado en el motivo cuarto, párrafo cuarto, a partir desde donde se lee “En tal sentido”, hasta "estudio”.

Se deja constancia que la ministra señora Muñoz no comparte lo expresado en la parte final del cuarto párrafo de la cuarta motivación y previene, además, que en el ámbito de la supresión de la oposición de terceros, el espíritu de la iniciativa legal en comento aconseja que tal proscripción debiera apuntar a impedir que resulte admisible la oposición de “un tercero cualquiera”, empero no a excluir aquélla que pudiera formular el representante de la menor de catorce años. Consecuente con lo anterior, en relación a la oposición a la autorización para interrumpir el embarazo de una adolescente menor de catorce años, estuvo por hacer presente que la exclusión de oposición de “cualquier tercero” armoniza -en los términos antedichos- con el objetivo que sirve de guía al proyecto de ley, en cuanto a resguardar el derecho de la menor de edad en el evento de resultar comprobada la causal respectiva.

Se previene que el Presidente señor Muñoz y los ministros señores Pierry, Künsemüller y Cisternas estuvieron por informar, además:

1º) Que las principales indicaciones al proyecto que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo modifican las disposiciones referidas al Código Sanitario. De ellas, la que merece mayores comentarios es aquélla que reemplaza la redacción de la segunda causal que estipula la licitud del aborto consentido motivado por consideraciones embriopáticas. En este sentido, reemplaza el criterio de la existencia de una “alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina”, por el de una “alteración estructural congénita o genética de carácter letal”.

Esta modificación es problemática. En la versión original del proyecto, el criterio demarcatorio de la causal se construía en referencia a un concepto preciso: la inviabilidad del feto, como sujeto de vida independiente (separada de la madre). En la indicación, en cambio, el criterio se construye de un modo mucho más vago: en la “letalidad” de la alteración, esto es, según la definición de la Real Academia Española, en una alteración “mortífera”, o “que ocasiona o puede ocasionar la muerte”[3]. Ante esta nueva definición, cabe preguntarse: ¿es la intención del proponente sentar un criterio más exigente al original? Es decir, bajo esta causal, ¿sería penable el aborto causado respecto de fetos que sólo habrían podido sobrevivir extrauterinamente de modo artificial?. Esta vaguedad debería subsanarse;

2º) Que las restantes modificaciones al proyecto original, en el rubro sanitario, parecen superar varios de los defectos de aquel aludidos por la Corte Suprema en su primer informe.

Así, se adecua la terminología utilizada para referirse a “niñas, niños y adolescentes” que a lo largo de su extensión emplea ahora la iniciativa, superando la utilización del vocablo “menores” que consignaba su versión original, término erradicado a raíz de las reformas implementadas por nuestro país a propósito de la Convención de los Derechos del Niño, tal como fuera explícitamente observado en el primer informe de la Corte Suprema al proyecto.[4];

3º) Que también ha quedado acogida la observación planteada por la Corte Suprema que apuntaba a la falta de claridad respecto a la inclusión de las personas que no pueden manifestar su voluntad por una discapacidad mental o intelectual. En efecto, la indicación en análisis aborda expresamente tal situación en el nuevo inciso tercero que se propone intercalar al artículo 119 del Código Sanitario presentado por el Mensaje, señalando que en caso que la mujer hubiere judicialmente sido declarada incapaz por demencia, se deberá requerir la autorización de su representante legal, pero teniendo siempre en consideración su opinión, a menos que la misma incapacidad que padece haga imposible conocerla.[5];

4º) Que es de valorar el esfuerzo en orden a clarificar la extensión de la “falta” de autorización de el o los representantes legales de la niña menor de 14 años para que ésta interrumpa su embarazo –contenida en el inciso cuarto del artículo 119 del Código Sanitario que propone la iniciativa– y que habilita a sustituir tal manifestación de voluntad al juez con competencia en familia pertinente.

En su primer informe, la Corte Suprema indicó que con esa sola expresión –“falta” de autorización– no quedaba claro si dentro de tal concepto estaba comprendida tanto la “omisión en su pronunciamiento” como la “negativa injustificada a brindarla”.[6] A pesar que la indicación parece acoger la observación planteada por el máximo tribunal, lo hace sólo parcialmente, pues si bien hace comprender en el concepto de “falta” de autorización el caso en que el representante no sea habido –lo que podría corresponderse a una hipótesis de omisión en su pronunciamiento– al mencionar la hipótesis de una negativa de tal autorización por el representante legal no lo hace con el agregado que esta sea “injustificada”. En tal contexto, pareciera que el rol de la autorización del representante legal es nulo, pues aún en el caso que éste exprese un fundamento plausible o razonable para su negativa, igualmente se podrá gatillar la autorización del juez competente en caso de darse la hipótesis abortiva. En efecto, en palabras del proyecto, el juez, en ese caso, se limita a que “constate la ocurrencia de la causal”, sin que se extienda, al menos en términos explícitos, a una oposición o incluso la simple consideración de los argumentos de la negativa a la autorización que esgrimiere el representante legal de la menor de 14 años; a mayor abundamiento, se mantiene la idea que este procedimiento se resuelve con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud y se oye únicamente a la niña y, solo si lo estimare el juez, a la integrante del equipo de salud que la asista;

5º) Que la imposibilidad de resistencia a la interrupción del embarazo por parte del representante legal de la menor de 14 años que se consagra con la indicación -al hacer meramente simbólica su autorización, según lo visto en el numeral precedente- se corrobora al apreciar la regulación que otorga la propuesta al procedimiento judicial de esa autorización consignada en el nuevo párrafo final del cuarto inciso del referido artículo 119 del Código Sanitario, al señalarse que en él “no será admitida oposición alguna de terceros”. Tal carencia de posibilidad de deducir oposición, que parece mantener incluidos a los representantes legales –en la mayoría de los casos los propios padres–, fue observada por la Corte Suprema en su primer informe al proyecto, crítica que se mantiene firme con la indicación en análisis, al dar continuidad a la proscripción de cualquier participación de estos sujetos en el procedimiento de autorización de interrupción del embarazo de su representada menor de 14 años[7];

6º) Que otra de las innovaciones que trae aparejada la indicación en análisis, radica en la incorporación de deberes intensos de información y acompañamiento a la mujer que está en la fase de decisión de interrumpir el embarazo, según se consigna en el párrafo que se agrega al inciso séptimo del artículo 119 del Código Sanitario sugerido por la propuesta del Ejecutivo. En su versión original el proyecto, junto con establecer el deber del prestador de salud de entregar información veraz sobre las características de la prestación médica conforme a lo establecido en la Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, obligaba a dicha entidad a entregar información escrita a la mujer interesada sobre las alternativas de interrupción del embarazo, comprendiendo los programas de apoyo social y económico que estuvieren disponibles. Dicha proposición original, en concepto de la Corte no resultaba suficiente, dado que la regulación legal sectorial referida trata los derechos de los pacientes de forma más amplia, sugiriendo la agregación de “un mecanismo o un profesional que cumpla el rol de colaborar con el paciente” a objeto de “facilitar el ejercicio integral de sus derechos”, de modo de garantizar su consentimiento libre e informado.[8]

La indicación no sólo recoge este reforzamiento sugerido por el máximo tribunal sobre la mayor y mejor información posible de la mujer interesada en su fase de discernimiento de la decisión, sino también en el acompañamiento en el período posterior, respetando la autonomía y voluntad de la mujer para aceptarla. A mayor abundamiento, en el inciso octavo del artículo en comento que propone la indicación, se establece el deber del Estado en este acompañamiento, debidamente coordinado entre las entidades de su dependencia a cargo de las respectivas prestaciones, lo que supone un compromiso que, aunque declarativo, impone un deber público que es coherente con los fines perseguidos con la iniciativa;

7º) Que adicionalmente, se innova en la explicitación de los deberes de denuncia de los jefes de los establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares donde las menores de edad solicitaren la interrupción de su embarazo, de conformidad con los artículos 369 del Código Penal y 175 letra d) y 200 del Código Procesal Penal, tal como lo sindica el nuevo inciso tercero del artículo 119 bis del Código Sanitario que sugiere la indicación;

8º) Que la indicación establece una nueva norma respecto a la investigación penal de los delitos de violación de las mujeres mayores de 18 años que pidan la interrupción del embarazo por esta causal. En efecto, con el inciso final al artículo 119 bis del Código Sanitario que sugiere la indicación, se establece el deber de los encargados de los centros asistenciales en que aquella se atendiere para interrumpir su embarazo, de poner en conocimiento de tal circunstancia al Ministerio Público, a objeto que el ente persecutor investigue el delito de violación, “previa ratificación de la mujer”. La razón que importa establecer el deber de denuncia de los delitos que atentan contra la indemnidad sexual de las menores de edad no tiene, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, el mismo correlato respecto a las mujeres que ya han cumplido la mayoría de edad; sólo a ellas les corresponde, soberanamente, decidir si ponen o no en conocimiento de las autoridades el hecho respectivo para iniciar la investigación penal de rigor. Por ello, aparece un tanto reiterativo disponer que la investigación del delito de violación en este escenario requiere voluntad de la mujer mayor de edad, en tanto se trata de un delito de acción penal pública previa instancia particular. Pero además genera potenciales situaciones complejas desde el punto de vista práctico; desde ya cabría preguntarse cómo se procederá por la mujer a esta “ratificación” en términos tales que sea equiparable al contenido de una “denuncia” –¿se firmará una manifestación de voluntad o se deberá prestar esa expresión de voluntad ante un funcionario policial o persecutor competente? – así como aclarar el instante en que tal manifestación de voluntad debiera materializarse –antes o después del procedimiento interruptivo–;

9º) Que sin perjuicio de los aspectos reseñados, las indicaciones del Ejecutivo mantienen otros problemas relativos a la tercera causal de interrupción del embarazo. En efecto, la utilización del término técnico jurídico “violación” respecto a una valoración que debe realizar un equipo médico – “equipo de salud” según el nuevo 119 bis de la propuesta–, podría causar importantes problemas prácticos que aconsejan revisar la redacción de la causal.[9]

En primer lugar, porque existen violaciones en las que no pueden identificarse rastros físicos en la víctima. Ello es especialmente posible en casos de violaciones realizadas mediante intimidación, o con empleo de sustancias ilícitas, o respecto de menores de edad que han consentido en el acto. En estos casos, ante la ausencia de rastros forenses cabría preguntarse ¿cuál será el deber del médico tratante?, ¿priorizará la mera declaración de la víctima o revaluará su situación mediante un equipo multidisciplinario? ¿el médico tratante deberá autorizar todas las interrupciones de embarazo respecto de menores de 14 años?.

En segundo lugar, tal como se anunció en el informe original, podrían darse importantes incoherencias respecto de la confirmación diagnóstica de una violación en el sentido del artículo 119 bis propuesto, y la eventual condena o absolución respecto de la investigación de dicho delito. Por ejemplo, ¿qué ocurrirá si practicado lícitamente el aborto por esta causal, se resuelve en sede penal que no existió el delito de violación?, ¿Deberá, en todo caso, iniciarse una investigación penal en contra de la mujer por el aborto realizado?, ¿Qué pasaría si ella ya fue sobreseída definitivamente por el delito?, y ¿qué sucede si, independientemente de la valoración del equipo médico, un tribunal establece que la agresión sexual no alcanza a calificar como “violación” pero si de “estupro”? Piénsese en un caso del acceso carnal que se produce mediante el abuso de una anomalía psíquica de un mayor de 14 pero menor de 18 años que, a juicio del equipo médico constituye violación (en el sentido del artículo 361 CP), pero a juicio del tribunal, sólo alcanza a revestir el delito de estupro (art. 363 CP) ¿debería considerarse justificado ese aborto?;

10º) Que la regulación de la tercera causal posee, todavía, un defecto adicional. Ella no establece ningún procedimiento para cuestionar el diagnóstico del equipo de salud. Esto, que en materias técnicas no constituye una dificultad especial, se vuelve problemático por la referencia a una categoría jurídica (la existencia o inexistencia de violación), que se espera sea atribuida por un equipo médico. De este modo, en estos casos, cabe preguntarse ¿contará la mujer con algún recurso administrativo o judicial si es que – por ejemplo por ausencia de rastros- el equipo se niegue a certificar la existencia de una violación en el sentido de la tercera causal?;

11º) Que las consideraciones señaladas constituyen razones de peso para modificar el criterio empleado en la tercera causal. Por una parte, porque deja en un espacio de ambigüedad o derechamente fuera de la causal, casos de acceso carnal abusivo que, a la luz del mensaje que inaugura la iniciativa, deberían quedar subsumidos en el mismo –v.gr. la mayoría de los casos de estupro–. Por otra, porque otorga a un equipo médico la competencia para determinar la existencia o inexistencia de una categoría jurídica –la “violación” –, que sólo los jueces deberían valorar. Por ello, a luz de las necesidades jurídicas que preconiza el mensaje, sería más adecuado que la tercera causal se sirviera de un término distinto a “violación”. Un término más empírico, científico o pericial, como podría ser el de “agresión sexual”. Este término, permitirá el empleo de la causal de un modo adecuado, además de respetar los márgenes de competencia de equipo médico y tribunales de justicia;

12º) Que adicionalmente, cabe mencionar que el proyecto mantiene la diferenciación del período máximo de gestación dentro del cual se puede interrumpir el embarazo, en 12 o 18 semanas, según se trate de mujeres mayores de 14 o menores de esa edad, respectivamente. En tal contexto, se hace necesario reiterar lo señalado por esta Corte Suprema en su primer informe, en el sentido que si el trasfondo de una limitación temporal del estado de puerperio para interrumpir el embarazo es la consideración hacia el nasciturus, no se aprecian razones para dimensionar a distintos niveles ese hito en función de la futura madre (Informe Proyecto de Ley 9-2015, Boletín Nº 9895-11, Oficio Nª 48-2015, Corte Suprema. Considerando decimoctavo, pág. 18);

13º) Que finalmente, respecto a las modificaciones propuestas al Código Procesal Penal por la indicación, que abandonan la alusión a todo el artículo 344 del Código Penal como excepción a la regla de obligación de denuncia por los encargados de los establecimientos hospitalarios o clínicas particulares y la limitan a los dos primeros incisos de dicho artículo, cabe reiterar lo señalado por la Corte Suprema en su primer informe el proyecto de ley de que se trata, en orden a que lo más correcto será establecer la excepción al deber de denuncia sólo en los casos en que concurriere la causal de interrupción del embarazo que ahora se hallará permitida por la iniciativa, según los términos expresos del nuevo inciso tercero que se agrega al artículo 344 del del citado Código. Ello es, además, una consecuencia lógica normativa de las alteraciones que propugna el proyecto, pues en rigor, cuando se genere una causal de interrupción del embarazo normada por el nuevo artículo 119, el 119 bis y el 119 ter del Código Sanitario, no habrá delito de aborto sancionable y, por tanto, denunciable.

El ministro señor Cerda concurre a la prevención precedente, sólo en cuanto hace suyos los acápites 5º), 7º) y 8º).

PL-33-2015”.

Saluda atentamente a V.S.

Sergio Muñoz Gajardo Presidente

Jorge Sáez Martin

Secretario

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE DESPENALIZA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES. (BOLETÍN N° 9895 – 11).

Santiago, 18 de enero de 2016.-

Nº 1626-363/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 1°

1) Para introducir las siguientes modificaciones al numeral 1):

a) Modifícase el inciso cuarto del artículo 119 propuesto del siguiente modo:

i) Sustitúyese la expresión “del”, que se encuentra a continuación de la palabra “intervención”, por la frase “de un”.

ii) Elimínase la expresión “con competencia en materias de familia del lugar donde ella se encuentre”.

iii) Sustitúyese entre las expresiones “la” y “será”, la palabra “autorización”, por la expresión “resolución que deniega la autorización”.

iv) Sustitúyese la expresión “únicamente en caso de ser rechazada, tramitándose”, por “, el que se tramitará”.

b) Modifícase el inciso quinto del artículo 119 propuesto en el siguiente modo:

i) Agrégase entre la expresión “años” y “un riesgo”, la siguiente frase: “, o a la mujer declarada incapaz judicialmente por causa de demencia,”.

ii) Intercálase entre las expresiones “autorización” y “sustitutiva”, la expresión “judicial”.

iii) Sustitúyese la expresión “al juez o jueza con competencia en materias de familia del lugar donde ella se encuentre, el que”, por la expresión “, la que”.

iv) Sustitúyese la expresión “pronunciarse”, por la palabra “tramitarse”.

c) Intercálase el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando los actuales incisos sexto, séptimo y octavo, a ser los incisos séptimo, octavo y noveno, respectivamente:

“Las autorizaciones judiciales sustitutivas, reguladas en los dos incisos anteriores, serán solicitadas al juez o jueza con competencia en materia de familia del lugar donde se encuentre la niña menor de 14 años o la mujer declarada incapaz judicialmente por causa de demencia.”.

d) Modifícase el actual inciso séptimo, que pasa a ser octavo, en el siguiente sentido:

i) Sustitúyese la oración “Le ofrecerá también acompañarla tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período posterior a la toma de decisión, lo cual incluye el tiempo posterior al parto o la interrupción del embarazo.”, por la siguiente: “En el marco de las tres causales reguladas en el inciso primero, también se le ofrecerá a la mujer acompañamiento, tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período siguiente a la toma de decisión, el cual incluye el tiempo posterior al parto o a la interrupción del embarazo, según sea el caso. Este acompañamiento incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico o en cualquier otro momento de este proceso. En caso de continuación del embarazo, junto con ofrecer el apoyo recién descrito, se otorgará información pertinente a la condición de salud y activación de redes de apoyo.”.

ii) Sustitúyese la oración “En ninguno de los tres casos la información estará destinada a influir en la voluntad de la mujer.”, por la siguiente: “La información será siempre completa y objetiva y la entrega de la misma no podrá, en forma alguna, estar destinada a influir en la voluntad de la mujer.”.

iii) Sustitúyese la frase “equipo médico” por “prestador de salud”.

iv) Sustitúyese la palabra “sufre”, por “sufra”.

v) Agrégase a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración final:

“En el caso del numeral 2) del artículo 119, el prestador de salud proporcionará los cuidados paliativos que el caso exija, tanto en el caso del parto como en el de interrupción del embarazo con sobrevivencia del nacido.”.

e) Sustitúyese su inciso final por el siguiente:

“Para estos efectos, los deberes y obligaciones a que se refiere el inciso anterior se cumplirán, principalmente, mediante las prestaciones vigentes al momento de la atención en el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial del Sistema Chile Crece Contigo. Todo ello en el marco del Sistema Intersectorial de Protección Social. A su vez, la mujer podrá recurrir a la instancia de reclamo regulada en el artículo 30 de la ley N° 20.584, en caso que el acompañamiento no sea ofrecido en los términos regulados en estos incisos. Ante este reclamo, el prestador de salud deberá dar respuesta por escrito dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a su recepción y, en caso que sea procedente, adoptar las medidas necesarias para corregir las irregularidades reclamadas dentro del plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la respuesta. Si la mujer además presentase un reclamo ante la Superintendencia de Salud, cuando ello sea procedente de conformidad con las reglas generales, ésta resolverá el reclamo y podrá recomendar la adopción de medidas correctivas de las irregularidades detectadas dentro de un plazo no superior a 30 días corridos.”.

AL ARTÍCULO 2°

2) Para suprimir el numeral 3.

AL ARTÍCULO 3°, NUEVO

3) Para agregar el siguiente artículo 3°, nuevo, pasando el actual a ser artículo 4°, nuevo, y así sucesivamente:

“Artículo 3°.- Agrégase en el inciso primero del artículo 13 bis de la Ley N° 19.451, que establece normas sobre trasplantes y donación de órganos, luego del punto final, que pasa a ser una coma, la siguiente expresión “así como quien destine, con ánimo de lucro, o para fines distintos a los autorizados en la presente ley, órganos, tejidos o fluidos humanos provenientes de una intervención propia de la interrupción del embarazo.”.

AL ARTÍCULO 4°, NUEVO

4) Para agregar en el numeral 1), a continuación de la palabra “confidencialidad”, la frase “y la reserva de la información a que se refiere el artículo 12 de la Ley N° 20.584,”.

5) Para agregar en su numeral 2), luego de la expresión “confidencialidad” y antes del punto seguido que la sucede, la expresión “y la reserva de la información a que se refiere el artículo 12 de la Ley N° 20.584”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA DESPENALIZACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES.

__________________________________________________________________

BOLETÍN N° 9.895-11-1

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento de la Corporación, viene en informar, en primer trámite constitucional, el proyecto de la referencia, originado en un mensaje de S.E. la Presidenta de la República, el que ya fuera informado por la Comisión de Salud.

Para el despacho de esta iniciativa, S.E. la Presidenta de la República ha hecho presente la urgencia la que ha calificado de “simple” para todos sus trámites constitucionales, motivo por el cual esta Cámara cuenta con un plazo de treinta días para afinar su tramitación, término que vence el día 1° de abril próximo por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el día 1° de marzo, recién pasado.

Durante el análisis de esta iniciativa la Comisión contó con la colaboración del Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre; de la Ministra de Salud, señora Carmen Castillo; de la Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco; de la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, señora Claudia Pascual; del Ministro Secretario General de Gobierno, señor Marcelo Díaz; de la Subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, señora Patricia Silva; de los profesores de Derecho Constitucional, señores Patricio Zapata, José Ignacio Martínez y Javier Couso; del profesor de Filosofía del Derecho, señor Agustín Squella; de los profesores de Derecho Penal, señores Alex Van Weezel y Héctor Hernández; del profesor de Derecho Penal de la Universidad de los Andes, señor Gonzalo García; de la profesora de la Universidad Diego Portales, señora Lidia Casas; de los profesores señora Alejandra Zúñiga, señor Alvaro Paul; señora Verónica Undurraga y señor Fernando Londoño; de los académicos señores Juan Pablo Mañalich, Magdalena Ossandón, Augusto Quintana y Jaime Couso; de la abogada y ex senadora señora Soledad Alvear; del profesor y rector de la Universidad Diego Portales, señor Carlos Peña; del Doctor del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y miembro de la Unidad de Acompañamiento señor Sergio Valenzuela; en representación del Monseñor Fernando Chomalí, el profesor de Fundamentos del Derecho de la Pontificia Universidad Católica, señor Álvaro Ferrer; del Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, señor Luis Álvarez y del asesor del Ministerio de Justicia, señor Ignacio Castillo.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en regular la despenalización de la interrupción del embarazo por las siguientes causales:

a) En caso de que la mujer se encuentre en riesgo vital, presente o futuro, de modo que la interrupción evite un peligro para su vida.

b) En la situación de que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina.

c) Cuando el embarazo es resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

2) Normas de carácter orgánico constitucional.

La Comisión de Salud calificó como normas orgánicas constitucionales los incisos cuarto y quinto del nuevo artículo 119 del Código Sanitario, incorporado por el N°1 del artículo 1° del proyecto de ley en informe, en cuanto otorga nuevas atribuciones al juez o jueza con competencia en materia de familia. Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento si bien comparte este criterio, traslada dicha competencia a un inciso sexto, nuevo del artículo 119 del Código Sanitario, contenido en el N°1 del artículo 1° antes referido.

3) Normas de quórum calificado.

No hay.

4) Requiere trámite de Hacienda.

Sin perjuicio de señalar el Ejecutivo, en su informe financiero, que la aplicación del sistema de acompañamiento del Estado, coordinado en forma interministerial, que figura en los incisos octavo y noveno (séptimo y octavo del texto de la Comisión de Salud) del nuevo artículo 119 del Código Sanitario, incorporado por el N°1 del artículo 1° del proyecto de ley en informe, implica gasto fiscal, en ninguna parte del articulado se contempla una norma que señale la fuente de los recursos reales y efectivos con que se propone atender el referido gasto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional. Ello, deberá, necesariamente, ser resuelto dentro de la tramitación legislativa del proyecto en informe.

5) Comunicación a la Corte Suprema de las disposiciones que han sido incorporadas en este trámite al proyecto o han sido objeto de modificaciones sustanciales respecto de las conocidas por dicha Corte.

La Cámara de Diputados, a través de oficio N° 11.724, de 3 de marzo de 2015, consultó su opinión a la Corte Suprema, acerca del proyecto de ley en informe, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

Ella respondió, mediante oficio N° 48-2015, de 24 de abril de 2015.

La Cámara de Diputados, a través de oficio N° 12.067, de 1° de septiembre de 2015, consultó su opinión a la Corte Suprema acerca de las indicaciones formuladas por S.E. la Presidenta de la República al referido proyecto.

Ella respondió, mediante oficio N° 33-2015, de 2 de octubre de 2015.

Vuestra Comisión, mediante oficio N° 346-2016, de 15 de marzo del presente año, comunicó a la Corte Suprema las modificaciones introducidas por ella, al texto que le fuera consultado anteriormente, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales antes mencionadas.

6) Se designó Diputado Informante al señor Andrade, don Osvaldo.

*****************

I.- ANTECEDENTES GENERALES.

Lo fundamentos del mensaje fueron divididos –por el Ejecutivo- en cuatro acápites, a saber: a) antecedentes, b) fundamentos, c) objetivos, y d) contenido.

a) En los antecedentes, se señala a la dignidad de las mujeres como atributo inviolable y el deber de respeto y protección Sobre el particular, se menciona que en el programa de Gobierno se adquirió un compromiso con la ciudadanía, el que fue ratificado en el discurso del 21 de mayo de 2014, y se formuló un llamado a la discusión madura e informada para debatir en el Congreso un proyecto de ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales específicas. Con la presentación del proyecto, se da cumplimiento a dicho compromiso.

El proyecto se hace cargo de ciertas experiencias de vida críticas. Esas situaciones se presentan cuando debe interrumpirse un embarazo para evitar un peligro para la vida de la mujer cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina, o cuando el embarazo es producto de una violación.

Se expresa que se parte de la base que la vida de toda persona, considerada en su máxima y más amplia dimensión, comprende no sólo su condición biológica, sino también los aspectos sociales y culturales que la constituyen. Por ello, la Constitución Política consagra el derecho a la vida y el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, e impone a la ley el deber de proteger la vida del que está por nacer. Junto a ello, el Estado debe equilibrar dicho mandato con aquellas situaciones que pueden afectar la vida, la salud, los derechos y, en definitiva, la dignidad de las mujeres en ciertas situaciones que conllevan la obligación de regular la interrupción del embarazo. La normativa vigente sobre interrupción del embarazo, que la prohíbe sin excepciones, no responde al trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas en esas situaciones y sitúa a Chile como uno de los cuatro países en el mundo (Nicaragua, El Salvador y Malta, además de El Vaticano) que lo criminaliza en todas sus modalidades.

Los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del embarazo no impide su práctica en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres; por el contrario, se traduce en una vulneración de sus derechos. Representa un problema social del que el Estado debe hacerse cargo. En efecto, un Estado que respeta los derechos humanos no puede sentirse orgulloso ni satisfecho de amenazar con pena privativa de libertad a aquellas mujeres que se encuentran en esta disyuntiva.

Los derechos de las mujeres –continúa el mensaje- están en el centro de esta propuesta. Por tal razón, las tres causales de interrupción legal del embarazo que el proyecto aborda, exigen la expresión libre de voluntad de la mujer, sin la cual dicha interrupción no puede tener lugar. En casos específicos, en que la mujer es incapaz, o está incapacitada, o es menor de 14 años, el proyecto propone reglas especiales para resguardar su voluntad.

Por su parte, el Estado de Chile es laico y reconoce el derecho que asiste a toda persona para conducirse en su vida de acuerdo con sus convicciones y principios morales, sean éstos de carácter religioso o no, razón por la que contempla una regla para el caso de quienes deseen ejercer el derecho de objeción de conciencia, acto estricta y esencialmente individual del profesional clínico que deba intervenir directamente en la interrupción del embarazo, de mediar la voluntad de la mujer en los casos a que se refiere. Pero ese derecho no puede ser obstáculo insalvable para acceder a la interrupción del embarazo.

El Estado, en estas situaciones extremas, no puede imponer una decisión a las mujeres, ni penalizarlas, sino que más bien debe entregarle alternativas, respetando su voluntad, sea que deseen continuar el embarazo u opten por interrumpirlo.

Expone el mensaje que se trata de una realidad que no se puede ignorar. Analizada la información de los egresos hospitalarios entre 2001 y 2012, se constató la existencia de 395.905 abortos, es decir interrupciones de embarazos antes de las 22 semanas de gestación, con promedio de 32.992 casos/año, en las que mujeres y su entorno se encontraban en situaciones críticas.

Los registros de egresos hospitalarios por causas reproductivas permiten estimar el número de casos de interrupciones de los embarazos, espontáneas y provocadas, (sea por una condición médica o por una alteración estructural, así como aquellas interrupciones voluntarias, que se complican y requirieren atención médica). Por tanto, los registros no dan cuenta de todos los casos de interrupciones de embarazos en Chile, sino sólo de los indicados, pues al estar penalizado, no se informa acerca de su realización. Como consecuencia, no se cuenta con encuestas de salud sexual y reproductiva que den cuenta de estos procedimientos.

En promedio, cada año se hospitalizan 16.510 mujeres/año, con embarazos de menos de 22 semanas que son pertinentes a las dos primeras causales que el presente proyecto autoriza (los códigos CIE-10 que se indican como interrupción del embarazo anormal o por razones de salud, según se describe en libros de la especialidad que son los que se enuncian a continuación: embarazo ectópico (O00); mola hidatiforme (O01); otros productos anormales de la concepción (O02); complicaciones consecuencias de abortos por embarazo ectópico y/o molar). Ello imprime una demanda a los sistemas de salud, tanto públicos como privados, que enfrentan de muy diversas maneras las necesidades de cuidados de salud de las mujeres, generando inequidades según el nivel de ingresos de la población.

Analizadas las mencionadas cifras, junto a las causales que se propone regular en el proyecto de ley, y conforme a los antecedentes que posee el Ministerio de Salud, se deduce lo siguiente:

a) Tratándose de la primera causal que regula el proyecto, se sabe que el año 2012 hubo 54 mujeres que murieron en su proceso de gestación; 3 defunciones de 15 -19 años: 5,6%; 6 defunciones de 20-24 años: 11,1%; 11 defunciones de 25-29 años: 20,4%; 15 defunciones de 30-34: 27,8%; 14 defunciones de 35-39 años: 25,9%; 3 defunciones de 40-44 años: 5,6%. Al realizar una auditoría de las muertes maternas en 2012 se pudo observar que el 40,0% de las defunciones maternas presentaban una patología médica concomitante (insuficiencia hepática, ductus arterioso persistente, hígado graso, tormenta tiroidea, insuficiencia respiratoria aguda, coriocarcinoma metastásico, cardiopatía) y el 22,5%, presentó condiciones clínicas como preeclampsia severa, eclampsia, síndrome Hellp, de las cuales un porcentaje significativo de mujeres pudo haberse tratado clínicamente con interrupción del embarazo, para resguardar sus vidas.

b) En la segunda causal que trata el proyecto, la estimación del número de muertes por alteraciones estructurales incompatibles con la vida extrauterina en el país, asumiendo un número de partos anuales de 250.000, sería alrededor de 500 casos anuales, según prevalencias por patologías. Estas estimaciones serían concordantes con las cifras analizadas entre los años 2004 y 2012, que mostraron un promedio de 465 casos/año de niños menores de 28 días de vida que fallecen por malformaciones incompatibles con la vida.

c) En relación a los casos de embarazos secundarios originados por violencia sexual, no existen datos que permitan dimensionar la magnitud de la situación, pues no existen registros estadísticos integrados, sumado a lo cual está la variable de la no denuncia mayoritaria de este tipo de hechos. Se estima que la probabilidad de embarazo producto de una violación es aproximada al 10% (oscilan las estimaciones entre el 3%, 5% y 17% según la fuente de los estudios analizados).

Según lo señalado, las cifras impactan la percepción ciudadana sobre el déficit de la actual normativa nacional. Los estudios de opinión pública revelan que la ciudadanía respalda ampliamente la necesidad de despenalizar la interrupción del embarazo en las tres causales propuestas (CEP, julio de 2014; Adimark, julio de 2014; Cadem, enero de 2015): 70% de los encuestados apoya la despenalización por las tres causales.

Se hace hincapié en el mensaje que Chile tiene una historia de políticas públicas en salud de las mujeres, y que diversos actores han contribuido por décadas a mejorar las condiciones de la salud y de los derechos de las mujeres. Ya en los años 30, el Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH), manifestaba la urgencia de contar con métodos anticonceptivos, así como una reglamentación científica que permitiera evitar el aborto clandestino y sus graves consecuencias, de manera que las mujeres pudieran decidir sobre su maternidad sin riesgos. El ordenamiento jurídico buscó dar respuesta a la problemática de las consecuencias del aborto clandestino, atendido que ya en esa época era considerada un problema de salud pública; por ello, de ahí que en el marco de la dictación del Código Sanitario, se permitió la interrupción del embarazo por razones terapéuticas (artículo 226). Por su parte, médicos y matronas, desde antes de la creación del Servicio Nacional de Salud (año 1952), relevaban la salud materno-infantil como prioridad por la elevada mortalidad materna. En 1960, la mortalidad materna era muy elevada (299/100.000 nacidos vivos), siendo más de un tercio a consecuencia de abortos inducidos y clandestinos. El 20% de las camas obstétricas estaba ocupado por mujeres con abortos complicados. El grupo más vulnerable lo constituían mujeres de bajo nivel socio económico, con tres hijos o más.

El Presidente Eduardo Frei Montalva aprobó durante su Gobierno un nuevo Código Sanitario que mantuvo la interrupción del embarazo por razones terapéuticas. Durante su mandato se desarrolló una amplia política nacional de planificación familiar y de educación sexual, no sólo desde el Ministerio de Salud, sino también desde el Ministerio de Educación a través del programa “Vida Familiar y Educación Sexual”. La puesta en marcha del Programa Nacional de Planificación Familiar, en 1965, favoreció la disminución de abortos hospitalizados. Al constatar la cantidad de muertes y de lesiones graves que se producían debido a los abortos clandestinos, los servicios de ginecología y obstetricia se hicieron cargo de la situación. La iniciativa tuvo el respaldo del Presidente Salvador Allende, quien en su primer Mensaje al país, en 1971, manifestó la necesidad de avanzar a la “eventual legalización del aborto […] y en términos más inmediatos una ampliación de los criterios para permitir el aborto terapéutico, en caso del fracaso de los métodos anticonceptivos”. Sobre esas experiencias se fueron generando políticas públicas en salud sexual y reproductiva que fueron suspendidas por el golpe militar. La interrupción del embarazo por razones terapéuticas fue una legítima prestación de salud, reconocida por la comunidad médica y jurídica, además de la ciudadanía, hasta el año 1989. En las postrimerías de la dictadura, la Junta de Gobierno estableció la prohibición, en toda circunstancia, que rige hasta hoy.

Con la recuperación de la democracia, en el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la salud sexual y reproductiva fue definida como una de las dieciséis prioridades de salud en el país. Es importante reconocer que el Foro Abierto de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, que articuló a numerosas organizaciones sociales, mantuvo su demanda presionando la respuesta gubernamental a lo largo de los años. El Ministerio de Educación formuló una Política de Educación en Sexualidad, y en 1996 implementó las JOCAS (Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad), a pesar de las resistencias y polémicas que generó en algunos sectores de la opinión pública. En 1997 el “Programa de Salud materno-perinatal del Ministerio de Salud” pasó a ser el “Programa de Salud de la Mujer”, con el objeto de contribuir al desarrollo integral, físico, mental y social de la mujer, en todas las etapas de su ciclo vital, con un enfoque de riesgo que contempla la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y autocuidado de su salud, con especial énfasis en la salud reproductiva.

En 2007 se creó el Programa Chile Crece Contigo, que institucionalizó la ley N° 20.379 con el Sistema Intersectorial de Protección Social (2009), que establece que niños y niñas se integran al sistema público de salud desde su primer control de gestación y son acompañados y apoyados hasta que ingresan al sistema escolar. Adicionalmente, se establece un acceso preferente de las familias a toda la red de servicios y prestaciones sociales del Estado. En 2007 se aprobaron, asimismo, las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad, impugnadas por algunos sectores ante el Tribunal Constitucional por incluir la anticoncepción de emergencia. Tras la polémica generada y la reivindicación de actores políticos y sociales, se legisló, y en 2010 se aprobó la ley N° 20.418 que fijó las Normas sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad. En dicha normativa se establece, por primera vez, el deber del Estado de garantizar el acceso a los mecanismos de regulación de la fertilidad que la persona decida para sí, incluida la anticoncepción de emergencia, y que estudiantes de enseñanza media reciban educación en sexualidad.

En 2013, indica el mensaje, el sistema público de salud atendió a 1.368.298 mujeres, usuarias de métodos de regulación de la fertilidad. El 99,7% de los partos son atendidos por profesionales de la salud. Como consecuencia, existe una clara caída en las tasas de fecundidad en mujeres adultas y de mortalidad materna, siendo una de las más bajas del continente (18 por 100.000 nacidos vivos), con una consecuente disminución en la mortalidad neonatal; sin embargo, no ha sido posible reducir dicha mortalidad materna en diez años.

De esta forma, tanto el proyecto de ley que se presenta, como las políticas públicas mencionadas, han tenido por finalidad resguardar los derechos de las mujeres y ofrecerles una adecuada protección.

Hace presente el mensaje, que han existido diversas Iniciativas parlamentarias para regular la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Señala que parlamentarios de todos los sectores se han hecho eco de las demandas de la ciudadanía presentando varias iniciativas que buscan hacerse cargo de esta realidad. Así se puede observar en mociones parlamentarias presentadas desde 1991 hasta 2014:

- En 1991, de la diputada Adriana Muñoz y los diputados Armando Arancibia, Carlos Smok, Juan Pablo Letelier y Carlos Montes (Boletín N° 499-07).

- En 2003, de las diputadas Isabel Allende, Carmen Ibáñez, Adriana Muñoz y María Antonieta Saa y los diputados Enrique Accorsi, Guido Girardi, Carlos Jarpa, Arturo Longton, Osvaldo Palma y Fulvio Rossi (Boletín N° 3197-11).

- En 2009, de los diputados Alfonso de Urresti, Álvaro Escobar, Marcos Espinosa, Ramón Farías, Tucapel Jiménez, Manuel Antonio Núñez, Jaime Quintana, Fulvio Rossi y Alejandro Sule, quienes presentaron un nuevo proyecto (Boletín N° 6420-11); otro, del senador Camilo Escalona presentó una moción (Boletín N° 6522-11) y, otro, de los senadores Guido Girardi y Carlos Ominami (Boletín N° 6591-11).

- En 2010, de los senadores Ominami y Girardi (Boletín N° 6845-07); otro, de los senadores Guido Girardi, Ricardo Lagos Weber, Jaime Quintana y Eugenio Tuma (Boletín N° 7391-07); otro, de los senadores Jorge Pizarro, Mariano Ruiz-Esquide, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar (Boletín N° 7965-11) y otro, del senador Fulvio Rossi y la senadora Evelyn Matthei (Boletín N° 7373-07).

- En 2012 se debatió en el Senado la idea de legislar sobre esta materia, recogiendo las iniciativas mencionadas.

- En 2013, de la senadora Isabel Allende y los senadores José Antonio Gómez, Ricardo Lagos Weber y Fulvio Rossi (Boletín N° 8862-11); otro, de las diputadas Adriana Muñoz, Clemira Pacheco y María Antonieta Saa, y de los diputados Gabriel Ascencio, Juan Luis Castro, Aldo Cornejo, Hugo Gutiérrez, Marco Antonio Núñez y Gabriel Silber, (Boletín N° 8925-11); y otro, del senador Guido Girardi (Boletín N° 9021-11). Por su parte, durante 2013, existió la propuesta del Anteproyecto de Código Penal.

- En 2014, de la senadora Adriana Muñoz y por los senadores Alfonso de Urresti, Guido Girardi, Alejandro Guillier y Jaime Quintana (Boletín N° 9418-11) y la propuesta legislativa contenida en el Boletín N° 9480-11 presentada por la actual Presidenta del Senado, Isabel Allende, la senadora Adriana Muñoz y por los senadores Guido Girardi, Alejandro Guillier y Jaime Quintana.

Cada uno de los proyectos y análisis pre legislativos mencionados, señala el mensaje, representa un avance importante, al que contribuyeron también las organizaciones de mujeres y feministas, de médicos y matronas, de científicos, todas las cuales han sostenido la necesidad imperiosa de establecer políticas públicas que atiendan al problema de la interrupción voluntaria del embarazo.

Se indica que la iniciativa en estudio reconoce e incorpora dicho acervo y somete a la consideración del Congreso Nacional y de la ciudadanía este proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción del embarazo por tres causales específicas. De esta manera, se da cumplimiento a los compromisos explicitados en el programa de gobierno de la Presidenta actual.

b) Se señalan como fundamentos del mensaje: los compromisos del país con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; el contexto normativo global; y la obligación del Estado de proteger y respetar la vida y la salud de las mujeres, y el reconocimiento a su autonomía.

El Estado no puede –se señala en el mensaje- tal como se le ha representado por los organismos internacionales de Derechos Humanos, seguir rehuyendo la situación que viven mujeres de distintas edades y condiciones y que afecta principalmente a quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad social, económica y cultural, ante la penalización absoluta de la interrupción del embarazo. De conformidad al Derecho Internacional de los Derechos Humanos la denegación de la interrupción del embarazo, en determinadas circunstancias, puede constituir vulneraciones a derechos fundamentales. Son precisamente tres causales las que el proyecto pretende regular: cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer; cuando la gestante está obligada a llevar a término un embarazo respecto del cual se ha diagnosticado inviabilidad fetal; y cuando el embarazo es producto de violencia sexual. La prohibición absoluta de interrumpir el embarazo no reconoce que existen circunstancias en las cuales no es exigible a una mujer, por medio de la amenaza de una pena privativa de libertad, que continúe un embarazo. La penalización del aborto, sin excepciones, constituye un incumplimiento inequívoco de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile en relación a la garantía que debe existir respecto del pleno goce de los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de las mujeres.

Los organismos de Naciones Unidas, al hacer una revisión del cumplimiento de compromisos internacionales del Estado que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos vigentes, han efectuado numerosas recomendaciones al Estado de Chile solicitando que enmiende en esta materia. Así, lo han efectuado: en 2004, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[1]; en 2007, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas[2]; en 2006 y en 2012,el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas[3]; el Comité de Derechos Humanos -órgano que verifica el cumplimiento de las obligaciones internacionales surgidas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-[4]. En 2014, el Estado de Chile, finalmente, aceptó las recomendaciones que sobre esta materia se le hicieron en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Chile no puede sustraerse a dichas recomendaciones postergando por más tiempo una decisión, ni puede continuar soslayando la grave vulneración de derechos que esta situación supone.

En cuanto a la existencia de un contexto normativo global, las modificaciones que han solicitado los organismos de Naciones Unidas encargados del monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos no son ajenas a la forma en que en el contexto mundial se ha legislado sobre la interrupción del embarazo.

En general, pueden distinguirse dos tipos de regulaciones. Un primer modelo es aquel que establece un sistema de plazos que permite la interrupción del embarazo sin exigir a la mujer justificar sus motivos. El segundo corresponde a aquellos que establecen un sistema de indicaciones o causales. En este, para que una mujer pueda interrumpir su embarazo debe estar en alguna de las situaciones en que la ley lo permita. Habitualmente estas causales suelen ser médicas o terapéuticas, embriopáticas, criminológicas y socio-económicas. Este es el sistema que tiene Italia, Bolivia, Brasil, Colombia, Panamá, Argentina e Irlanda, y es el que se propone adoptar mediante esta iniciativa legal. Otros sistemas combinan ambos modelos, como Alemania, España y Uruguay. Particularmente, Alemania, permite interrumpir el embarazo hasta las doce semanas de gestación sin expresión de motivos, pero con un sistema de consejería; y, se contemplan causales específicas en las que se justifica interrumpir el embarazo fuera del plazo establecido por ley.

La modificación propuesta coloca a Chile dentro de los márgenes normativos que las restantes naciones del mundo han considerado adecuados para regular la interrupción del embarazo.

Referido a la idea de que el Estado debe proteger y respetar la vida y la salud de las mujeres, reconociendo su autonomía, el mensaje hace presente que la presentación del proyecto de ley tiene como fundamento el respeto por la vida. Es esencial que el Estado promueva las condiciones para una vida digna, por lo que resulta indispensable la protección de la vida de la mujer, así como la del que está por nacer. Por lo mismo, este proyecto tiene su fundamento principal en el reconocimiento de ciertos hechos, bien definidos, en que se reconoce que el Estado no puede castigar a una mujer por no perseverar en un embarazo que no desea y que la sitúa en una posición extrema.

En ese sentido, el Estado y el proyecto de ley no obligan a ninguna mujer a interrumpir su embarazo, sino que ofrecen opciones en caso de tres situaciones, para que puedan tomar una decisión de acuerdo a sus convicciones personales. Se abordan tres circunstancias críticas para las mujeres: evitar un peligro para su vida, embrión o feto con alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina, o embarazo como consecuencia de una violación. La interrupción del embarazo sólo se puede llevar a cabo con la voluntad de la mujer; y se le debe asegurar el espacio de discernimiento para que tome su decisión y, luego, respetarla cualquiera ésta sea.

La interrupción del embarazo que el proyecto propone despenalizar, en los tres casos indicados, debe consagrarse como una legítima prestación de salud. Si no se asegura que las mujeres puedan recurrir a establecimientos de salud, esta regulación es irrelevante. Más aún, se perpetuarían las desigualdades entre las mujeres a partir de su condición económica y social. Lo anterior implica una oportunidad y un desafío de fortalecimiento para el sistema de salud, en especial, de la atención primaria; supone un cambio de la cultura de acogida y trato a las mujeres, reconociendo sus derechos, en especial en las difíciles situaciones que se abordan en el proyecto, para lo cual será necesario incorporar en las prestaciones de salud el control preconcepcional y el diagnóstico de patologías preexistentes, la adecuada derivación de alto riesgo, el diagnóstico precoz y oportuno de alteraciones estructurales genéticas o congénitas incompatibles con la vida extrauterina, el trato digno a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y, por supuesto, el reconocimiento de su voluntad en todos esos casos.

Por consiguiente, indica el mensaje, que al tratarse de una prestación de salud, la modificación principal debe hacerse en el Código Sanitario; los cambios que se propone introducir en el Código Penal y en el Código Procesal Penal buscan resguardar la responsabilidad de las mujeres y de los médicos, estableciendo un vínculo con el Código Sanitario.

c) En los objetivos del mensaje, se tiene en vista la necesaria ponderación, es decir, se busca resolver un conflicto entre bienes que son inconmensurables. Se trata de situaciones extremas en que la afectación de la dignidad y de los derechos de la mujer es tal que no puede sino garantizarse un espacio de discernimiento para ella. Por lo mismo, la voluntad libre expresada de manera escrita y previa es un supuesto de todas las causales. En este acápite de del mensaje se analiza la ponderación, en las tres causales propuestas.

Peligro de la vida de la mujer embarazada. Es la primera causal, y permite que la mujer tenga acceso a los tratamientos médicos necesarios para preservar su vida, aun cuando la realización de los mismos implique la interrupción del embarazo. La penalización sin ningún tipo de excepción genera incertidumbre en los equipos médicos, pues no existe claridad de que las acciones que se llevan a cabo para la protección de la vida de la mujer no serán sancionadas penalmente. A su vez, la actual regulación no asegura que sea la mujer quien tome la decisión en conciencia.

Embrión o feto que padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina. Es la segunda causal, y permite interrumpir un embarazo en aquellos casos en que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética que sea incompatible con la vida extrauterina, lo que deberá ser debidamente diagnosticado por un equipo médico. Forzar a la mujer a llevar a término tal embarazo, u obligarla a que espere la muerte del feto, supone mantenerla en un permanente estado de duelo. El Estado debe asegurar condiciones adecuadas para que sea la mujer la que tome una decisión, acompañarla por sus redes relevantes si así lo desea, y ofrecer los cuidados paliativos que sean del caso.

Embarazo producto de una violación. Es la tercera causal, y comprende los embarazos que se originan a raíz de una violación; es decir, la mujer se encuentra embarazada por un acto realizado contra, o sin, su voluntad mediante violencia o coerción. En esas circunstancias no es posible exigir a la mujer la continuación del embarazo si es que ella no quiere mantenerlo debido a su origen. No aceptar la posibilidad que decida si desea o no continuar con el embarazo, constituye una nueva negación de su voluntad pues se le impone una obligación estatal por un acto en esencia abrogatorio de su dignidad. El trauma de la violencia sexual no puede ser agravado por el Estado, obligándole siempre y en toda circunstancia a mantener el embarazo contra la voluntad de la mujer.

El proyecto de ley busca, asimismo, la protección de las niñas y adolescentes. Por una parte, el ordenamiento jurídico protege el interés superior de las niñas y reconoce su autonomía progresiva; en coherencia con otra normativa aplicable, se dan ciertas reglas especiales. Es así como en el derecho chileno se imputa responsabilidad penal a los mayores de 14 años, de acuerdo a la ley Nº 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal; a su vez, la ley Nº 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, les reconoce márgenes de libertad. Por ello, este proyecto de ley se enmarca en el reconocimiento de autonomía limitada para las menores de 18 y mayores de 14 años. En efecto, si bien se les da eficacia a su manifestación de voluntad, se cautela el conocimiento de sus representantes legales o, a falta de éstos, de otro adulto. Desde el punto de vista sanitario, además, la presencia de sus mayores es una garantía para la menor. Por otra parte, es importante recordar que en el Código Penal se reconoce a las personas mayores de catorce años autonomía sexual, mediando su consentimiento. Cuestión distinta ocurre con las menores de 14 años, quienes deben actuar con autorización de su representante legal, -su padre, madre u otro adulto responsable-; esta regulación eleva los estándares de participación de los representantes legales de las menores, en comparación con la ley N° 20.418. No obstante, es importante reconocer un legítimo espacio de discernimiento a la menor, habida consideración que será ella quien sobrellevará las consecuencias de la decisión, razón por la cual, al equipo de salud, se establece la posibilidad de acceder al juez de familia para que éste otorgue la autorización respectiva, en subsidio de sus representantes, siempre que concurran los requisitos de la causal respectiva. Finalmente el proyecto reconoce que la violencia sexual que afecta a las niñas y adolescentes con frecuencia se manifiesta dentro de su propio hogar; por ello autoriza al médico cirujano a prescindir de la solicitud de autorización al representante legal de las menores de 14 años, cuando existan antecedentes para afirmar que, al hacerlo, se expondrá a la menor a un riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza o maltrato, o incluso a una posible situación de desarraigo o de abandono. En tal caso, puede acudir al juez de familia competente.

Finalmente, se hace hincapié en la necesidad de destacar el rol de los prestadores y profesionales de la salud, tanto en la información sanitaria para una decisión consciente, en la constatación de las causales, en la objeción de conciencia, y en la confidencialidad.

En cuanto a la información sanitaria para una decisión consciente, el proyecto prevé, cualquiera sea la causal invocada, la obligación del prestador de salud de otorgar información veraz, como instancia a partir de la cual el discernimiento de la mujer se acompaña de toda la información necesaria. La información entregada debe ser respetuosa de la decisión de la mujer, en concordancia con la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Adicionalmente, la obligación del prestador se extiende a entregar, por escrito, información sobre alternativas a la interrupción del embarazo, para que cuente con la información que le permita tomar una decisión libre.

En relación a la constatación de las causales, se establece un procedimiento que trata de ponderar, la necesidad de otorgar una prestación médica rápida y respetuosa de la situación compleja que está viviendo la mujer, con la necesidad de contar con diagnósticos certeros que permitan realizar las acciones de salud necesarias con respeto a la legislación vigente. Así, la regla general es que se requiere el diagnóstico de un(a) médico(a) cirujano(a), ratificado por el de otro profesional. Dicha regla, sin embargo, reconoce excepciones en los casos en que se requiere una intervención médica inmediata e impostergable, como cuando el riesgo para la vida o la salud de la mujer sea inminente. Por lo mismo, no se requiere tal ratificación en el caso de un embarazo ectópico. En el caso de la violación, para evitar a la mujer un proceso penal como condición para interrumpir su embarazo, debe primar su protección y bienestar, sin que se pierda de vista que la prestación médica no puede depender de los resultados de un proceso penal.

Respecto a la objeción de conciencia, el proyecto encara situaciones difíciles, pues están en juego convicciones profundas de cada persona. Por ello se le reconoce al médico cirujano la posibilidad de expresar, por escrito y previamente, su objeción de conciencia. Además, se hace explícito el deber ético del médico afectado por la objeción de conciencia de informar cuando una paciente se encuentra en alguna de las causales prevista en el proyecto de ley.. Desde luego, se trata de un derecho propio del médico que interviene, en tanto persona natural. Como contrapartida, el prestador de salud tiene la obligación de derivar a la mujer a un profesional que no esté afectado por la objeción de conciencia. Con todo, la objeción de conciencia no puede ser obstáculo en aquellos casos excepcionales en que la mujer requiere una interrupción del embarazo en forma inmediata e impostergable y, no existe otro médico que pueda realizar la intervención.

Finalmente, el proyecto resguarda el principio de la confidencialidad, con la finalidad de prevenir que la mujer se inhiba de entregar información fidedigna acerca de su condición de salud al personal médico, o de solicitar asistencia médica, por temor a una posible sanción penal. Con este objetivo en mente, se busca privilegiar el deber de confidencialidad por sobre el deber de denuncia ante una interrupción del embarazo realizada por la mujer o por un tercero con su consentimiento. Así, se evita condicionar la relación entre el equipo de salud y la paciente, para permitir efectuar oportuna y adecuadamente las acciones de salud pertinentes.

d) Como cuarto acápite, se señalan los contenidos del proyecto, indicando que se establece una nueva normativa para la despenalización de la interrupción del embarazo, cuando éste se produzca por tres causales específicas. De esta manera, se modifica el Código Sanitario, el Penal y el Procesal Penal.

- Despenalización de la interrupción del embarazo cuando este se origine en tres causales específicas. La primera, referida al caso en que la mujer se encuentra en riesgo vital presente o futuro; la segunda, a las situaciones en que el embrión o feto padezca alteraciones estructurales congénitas o genéticas incompatibles con la vida extrauterina; y la tercera, cuando el embarazo es resultado de una violación, con un límite general de tiempo de doce semanas de gestación, y de dieciocho semanas cuando se trata de menores de catorce años. Para aplicar la última causal, se ha cuidado establecer un procedimiento de constatación, que respete la dignidad de las mujeres y que asegure una intervención médica eficaz.

- Se contemplan disposiciones referidas a la manifestación de voluntad de la mujer en los tres casos referidos. En primer lugar, la mujer es quien debe decidir si continúa o no con el embarazo; la manifestación de voluntad debe ser expresa, previa y constar por escrito, salvo que no sea posible, situaciones en las que regirá la legislación vigente. En segundo lugar, se regula la manifestación de voluntad de las menores de edad, distinguiéndose entre menores de catorce, y mayores de catorce y menores de dieciocho años: los primeros requieren contar con autorización de su representante legal, y a falta de dicha autorización, la menor, asistida por un integrante del equipo de salud, podrá solicitar la intervención del tribunal de familia competente para que éste otorgue la autorización, siempre que concurra la causal respectiva. El Tribunal deberá pronunciarse, sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación de la solicitud; el juez oirá a la menor y, en su caso, al integrante del equipo de salud que la asiste. También se podrá recurrir al tribunal de familia cuando, a juicio del médico cirujano, existan antecedentes para afirmar que la solicitud de autorización al representante legal generará graves riesgos para la menor. Las mayores de catorce y menores de dieciocho años podrán requerir o manifestar por sí su voluntad, sin perjuicio de que el representante legal deberá ser informado de la decisión. A falta de éste, o cuando la información pueda generar graves riesgos para la menor, otro adulto a elección de la menor será informado.

- Se contempla un procedimiento para efectuar la interrupción del embarazo. En los casos de las dos primeras causales, se requiere el diagnóstico de un médico cirujano y su ratificación por otro profesional de iguales características; podrá prescindirse de la ratificación en caso que se requiera realizar una atención médica inmediata e impostergable. Cuando se invoque la tercera causal, se evaluará, por un equipo de salud, la concurrencia de los hechos que la constituyen asegurando en todo momento un trato digno y respetuoso hacia la mujer.

- Se establece que el médico podrá abstenerse de interrumpir un embarazo cuando haya manifestado, en forma escrita y previa, su objeción de conciencia, pero no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo cuando la mujer requiera atención inmediata e impostergable y no exista otra persona que pueda realizarla. Igualmente, se establece la obligación del prestador de salud de reasignar –a la mujer que requiere la intervención- otro médico cirujano que no haya objetado en conciencia, e informar acerca de la necesidad de reasignación.

- Se regula una oportunidad de entrega de información objetiva que tenga por finalidad proporcionar a la mujer aquella que sea necesaria, en relación a la prestación médica y sus riesgos inherentes. Esta instancia debe ser respetuosa de la decisión de la mujer y no tendrá por finalidad influir en su voluntad. En cuanto a las causales segunda y tercera, se deberá entregar a la mujer la información por escrito sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo programas de apoyo social y económico disponibles.

- Se propone una modificación de la regulación penal, con la finalidad de hacer concordante la normativa con el Código Sanitario. De esta manera, se propone introducir dos incisos nuevos en los artículo 344 y 345 del Código Penal, que establecen expresamente que no constituye delito de aborto la interrupción del embarazo en los casos autorizados por este proyecto ley.

- Se propone, también, una modificación en el Código Procesal Penal, mediante la incorporación de dos disposiciones que hacen primar el deber de confidencialidad por sobre el deber de denuncia en caso de estar frente a una interrupción del embarazo realizada por la mujer o por un tercero con su consentimiento. Con ello, se permite que la relación médico-paciente no esté condicionada por la amenaza penal.

II. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS.

1.- Debate previo.

La Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, señora Claudia Pascual, señaló que el proyecto tiene como fundamento un profundo respeto por la vida, ya que otorga a las mujeres la posibilidad de decidir informadamente si interrumpen o no su embarazo en tres situaciones extremas.

Enfatizó que las tres causales previstas en el proyecto –mujer en riesgo vital, embrión o feto con alteraciones estructurales congénitas o genéticas letales y violación- ponen en tensión múltiples derechos y sostuvo que ni el Estado ni nadie puede en estas circunstancias imponer una decisión a la mujer. Actualmente, no existe espacio de decisión, no obstante, la penalización no impide que se desarrollen estas interrupciones de embarazo, sino que se realizan de todos modos pero en condiciones peligrosas y afectando la dignidad de las mujeres.

Explicó que la respuesta de la sociedad frente a estos casos críticos no puede ser únicamente a través del derecho penal, sino que debe acompañarse a las mujeres y ampararlas cualquiera sea su decisión. Informó que los organismos de DDHH han instado a Chile a avanzar en este debate, para de ese modo avanzar hacia un mayor respeto de los DDHH de las mujeres. Añadió que de acuerdo a las últimas encuestas de opinión, la sociedad chilena avala esta misma postura y estima que estas situaciones deben ser reguladas.

En concordancia con este contexto, señaló que el Estado debe entregar alternativas a las mujeres que en estas circunstancias deseen continuar con el embarazo, así como a aquellas que deseen interrumpirlo.

Hizo alusión también a la historia de esta legislación, destacando que antes de 1989 existía regulación al respecto, pero dicho año se penalizó totalmente el aborto de forma no democrática.

Indicó a su vez, que el proyecto asegura las condiciones para ejercer esta decisión y destacó que en la Comisión de Salud se escuchó ampliamente a académicos, miembros de ONG, organizaciones religiosas, de derechos de las mujeres, etc. Como consecuencia de esta amplia participación, la Comisión de Salud mejoró el proyecto en torno al acompañamiento que recibirán las mujeres, enriqueciendo y fortaleciendo este proyecto.

Agregó que esperan en esta nueva etapa poder analizar los aspectos constitucionales del proyecto, tales como, la objeción de conciencia de los profesionales de salud, el principio de la autonomía progresiva (que distingue entre mayores de edad, menores entre 14 y 18 y menores de 14 años), el deber de confidencialidad que opera respecto del delito de violación, etc.

Por último, finalizó señalando que este proyecto constituye una oportunidad para dar respuesta a todas las mujeres que se encuentran en estas tres situaciones críticas.

El diputado señor Squella expresó que en términos generales, no comparte este proyecto y lo considera un retroceso respecto de la protección al derecho a la vida y de la protección al más débil. A su juicio, este proyecto atenta contra lo dispuesto en la Constitución, por lo que debió ser un proyecto que ingresara desde un comienzo a esta Comisión y espera que esta sea la ocasión para analizar todos estos temas.

El diputado señor Saffirio indicó que es necesario definir cómo se va a desarrollar el trabajo de la Comisión.

El diputado Chahin añadió que también sería conveniente acordar con el Ejecutivo la forma de tramitación, e hizo el alcance de que no obstante la amplia participación en la Comisión de Salud, esta Comisión puede y debe darse el tiempo de tramitar este proyecto en detalle y escuchar a todos los intervinientes que sea necesario.

El diputado señor Cornejo, por su parte, planteó que no obstante conocer de este proyecto como comisión técnica, existe total libertad para conocer de la totalidad del mismo. Personalmente, señaló que aborda este proyecto con altura de mira pero desde una perspectiva autónoma respecto de lo discutido en la Comisión de Salud.

El diputado Monckeberg, don Cristián, coincidió en que es necesario fijar el ámbito de acción de esta Comisión, con el objeto de concentrarse en los aspectos constitucionales envueltos en el mismo. Asimismo, estuvo de acuerdo en que es necesario tomarse el tiempo suficiente para legislar de forma adecuada.

El diputado señor Andrade recordó que hace un tiempo atrás señaló que no sabía si la sociedad chilena estaba preparada para un proyecto de este tipo. Esta es la ocasión de volver a plantearse esa pregunta. En cuanto a la tramitación, indicó que a su juicio basta con cumplir las disposiciones legales y reglamentarias para dar curso a este proyecto y que en su opinión no son necesarias tantas prevenciones, sino que basta trabajar en forma seria como se hace regularmente en esta Comisión.

El diputado señor Coloma en cambio, fue de la opinión que este no es un proyecto más, sino que se trata de establecer el aborto en Chile. En cuanto a las prevenciones sobre los tiempos de tramitación, explicó que se ha dicho que se espera poder despachar este proyecto en forma rápida, por lo que es importante aclarar que no se va a realizar una tramitación acotada a plazos determinados, sino que hay que tomarse el tiempo necesario para debatir en profundidad. Añadió que no comparte este proyecto, ya que en su opinión viola flagrantemente la garantía constitucional del artículo 19 N° 1 de la CPR.

El diputado señor Farcas señaló que entiende que este proyecto genere aprehensiones, pero cree que existen garantías de que se tramitará de forma seria, con el tiempo suficiente para debatir, pero con la necesaria celeridad que implica legislar. Además, hizo un reconocimiento al trabajo de la Comisión de Salud y a ex diputados que desde hace mucho tiempo han abogado por estas materias, como la ex diputada María Antonieta Saa.

La diputada señora Turres, doña Marisol, explicó que como miembro de la Comisión de Salud también participó en dicha instancia de la tramitación de este proyecto y enfatizó que el debate en ambas sedes es muy distinto, por lo que debe analizarse con cuidado en esta Comisión, ya que en su opinión el proyecto es muy deficiente y abre la puerta al aborto libre.

El diputado señor Gutiérrez señaló que esta discusión no se hace desde cero y en ese sentido, debe considerarse el debate realizado en la Comisión de Salud, aunque se ponga énfasis en los temas propiamente constitucionales. No obstante, llamó a estar dispuestos a debatir verdaderamente y no cerrarse a los argumentos desde un principio, sino que exista la disposición a contribuir y a enriquecer el proyecto.

El diputado señor Soto indicó que esta Comisión siempre ha realizado un debate profundo y con el ánimo de mejorar la legislación, por lo que llamó a mantener esta tradición, a informarse de todas las posturas y a no exagerar las divisiones. Entrando a los temas que deben ser debatidos, consultó a los Ministro/as invitadas cuáles serían los principales temas a examinar en una primera aproximación al proyecto.

La Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco, señaló que dichos temas incluyen la regulación constitucional y poder establecer las diferencias entre el derecho a la vida de las personas y la protección de quién está por nacer. Este tema merece ser abordado, considerando también los distintos fallos al respecto, ya que no hay una sola posición en la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Existen otros temas que también concitan debate: la objeción de conciencia de los médicos, el deber de confidencialidad vs. el deber de denuncia, distinguiendo cada posible caso (denuncia del aborto propiamente tal y la denuncia del delito de violación, distinguiendo a su vez entre violación a menor y a mayor de edad). Enfatizó que este proyecto no abre la puerta al aborto libre, sino que existe un procedimiento que norma esta la causal de violación. También debe abordarse la autorización que puede otorgar el Tribunal de Familia, ante la ausencia o negativa del representante legal de la menor.

El diputado señor Castro enfatizó la importancia que tiene este debate, ya que han pasado 26 años desde la última modificación legal, fecha en la cual se abolió bajo la dictadura, el aborto terapéutica. Además, informó que la Corte Suprema hizo dos informes sobre este proyecto, realizando observaciones muchas de las cuales fueron acogidas por la Comisión de Salud. Agregó que se realizaron múltiples audiencias de expertos médicos y jurídicos y se introdujeron reformas que perfeccionaron el proyecto. Finalizó señalando que este proyecto aborda una situación social urgente en el país, ya que actualmente aún existen 30 mil abortos al año, por lo que es muy importante poder legislar a este respecto.

El profesor José Ignacio Martínez, señaló que el proyecto plantea seis puntos: (i) de qué trata en realidad el proyecto; (ii) vida y derecho a la vida; (iii) titularidad del derecho a la vida; (iv) aborto, principio de juridicidad y proporcionalidad; (vi) derecho, Constitución y progresismo; y (vi) conclusiones.

Abordando el primer punto respecto a qué trata el proyecto, indicó que existen múltiples modelos para regular el aborto en los tres casos que toca el proyecto. Los penalistas reconocen al menos los seis siguientes modelos:

1. Modelo de “exculpación” frente a determinadas situaciones (inexigibilidad).

2. Modelo de despenalización en sentido estricto (renuncia de pena y sustituye).

3. Sistema de “plazos” (antes del que fije el legislador no hay ser humano protegible; decide la mujer).

4. Sistema de indicaciones (o causales): nonato= mero interés, no es un sujeto (la mujer decide limitadamente).

5. Modelo de “aborto libre”: autonomía madre, disponibilidad absoluta no nacido (la mujer decide absolutamente).

6. Equivalentes “funcionales” (interacción de normas de conducta; sancionadoras - incluyendo exculpación y eximentes - y procesales), que pueden llevar a 1) exculpar y 2) renunciar a la persecución penal).

El proyecto en análisis propone despenalizar el aborto en tres supuestos, por lo que cabe encasillarlo formalmente dentro del segundo modelo. Destacó que dependiendo del modelo que se opte, las consecuencias son distintas. En los modelos de “exculpación”, despenalización y otros modelos con equivalentes “funcionales” el no nacido es titular del derecho a la vida, en concreto del derecho a nacer. En los modelos de “plazo”, y el de “indicaciones” el no nacido no es sujeto, sino sólo bien jurídico, un objeto susceptible de protección jurídica. El aborto pasa a ser un derecho de la mujer, que el Estado debe amparar y satisfacer. En el de aborto libre el no nacido no es ni siquiera un interés o bien jurídico.

Desde este punto de vista, consideró que el proyecto de ley no es un proyecto de despenalización, sino de indicaciones y en la tercera causal, combinado con un modelo de plazos, ya que a la mujer se le atribuye la facultad de decidir si continúa o no con el embarazo en los casos que se contemplan. El no nacido sería sólo un bien jurídico, un objeto de protección, no un sujeto, y por eso carecería de dignidad humana, por lo que corresponde preguntarse si esto es compatible con lo que dice la Ciencia y el Derecho.

Destacó que el constitucionalismo, desde sus orígenes, comienza del supuesto que los derechos son inalienables y le pertenecen a todos los seres humanos. En cuanto a la vida, la caracterizó como una realidad pre-jurídica, en tanto simplemente se tiene y no resulta adjudicable. Por lo tanto, el derecho a la vida implica la facultad de defenderla, a que no se prive de ella directamente, a que se la proteja, ¿pero incluye el derecho a nacer?

Desde la perspectiva de la ciencia, citó a Sadler para enfatizar que el desarrollo del ser humano es un proceso ininterrumpido. Además, se considera al embrión como un verdadero ser humano.

Desde la perspectiva normativa, el Código Civil considera personas a todos los individuos de la especie humana y luego la CPR asegura a todas las personas el derecho a la vida. Además, acudió a una serie de normas en el sistema jurídico que reafirman la necesidad de protección del no nacido.

Acudió también a la Jurisprudencia del TC (Rol N° 740), quien ha sostenido que el embrión es persona desde la concepción y lo reconoce como titular del derecho a la vida y no como un mero bien jurídico. Agregó que la Corte Suprema (sentencia del 30 agosto de 2001) reafirmó esta postura. También la CGR (dictamen 25.403 del 21 agosto de 1995) se ha pronunciado en este sentido.

En base a lo anterior concluyó que el no nacido, desde la concepción, es titular del derecho a la vida, y más concretamente del derecho a nacer, respecto del cual “no se puede transigir”, según sostenía Norberto Bobbio.

Señaló además que los principios fundantes de nuestro derecho público son los que determinan la juricidad, mencionando los siguientes cuatros principios:

1. Los derechos como límites: El Estado debe respetar “los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”, y promover y respetar “tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” (art. 5 inc. 2° Constitución).

2. Supremacía constitucional: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella” (art. 6 inc. 2° Constitución).

3. Juridicidad: “los órganos del estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley” (art. 7 inc. 1° Constitución).

4. El límite del contenido esencial de los derechos: Cuando la Constitución autorice al legislador a regular, complementar o limitar derechos, no podrá afectarlos en su esencia (art. 19 N° 26 Constitución).

Para determinar la licitud del proyecto, propone realizar el test jurídico de proporcionalidad, el cual sirve para determinar si una medida legislativa es “ultra vires”, es decir, si excede o no la competencia del legislador (que es supuesto del principio de juridicidad), y por ende los otros principios fundantes de nuestro Derecho Público. Explicó que este test se conforma de cuatro pasos: (a) La medida legislativa debe perseguir una finalidad legítima; (b) debe ser adecuada o idónea para la promoción del fin; (c) debe ser necesaria, entre varias alternativas debe preferirse la que afecte menos a los derechos involucrados; y (d) debe ser proporcional en sentido estricto, es decir, la gravedad de la intervención ha de ser la adecuada al objetivo de la intervención y no puede suponer la anulación o negación del derecho (respeto al contenido esencial).

A su juicio, el proyecto cumple el primer paso del test. No obstante, no resulta idóneo, ni necesario ni supera el test de proporcionalidad en sentido estricto. Recurriendo a los hechos, justificó esta conclusión en:

a) El art. 119 del Cód. Sanitario no prohíbe las intervenciones médicas destinadas a tratar a la madre. Por eso Chile presenta hoy la tasa de mortalidad materna más baja de Latinoamérica, y menor a la de países con aborto legalizado, incluido Estados Unidos. Desde 1989 (reforma Cód. Sanitario) las muertes por aborto han disminuido desde 10,8 hasta 0,39 por 100.000 nacidos vivos.

b) Un informe de la Asociación de Psicólogos Americana de 2008, concluye que “algunas mujeres experimentan severo estrés o sicopatología siguiendo a un aborto”. Y Sppeckhard y Reus postulan que la experiencia traumática del aborto puede conducir a severos trastornos de salud mental, que denominan “Síndrome post-aborto”, por lo que no cumple la idoneidad.

c) Con relación a la causal de violación, gran parte de las situaciones de abuso y de violación ocurren al interior de las familias, o son llevadas a cabo por personas conocidas de la víctima. El aborto es el mejor escenario en el que podría soñar un abusador: “obra en provecho del macho explotador, y no de la mujer” y ésta se transforma en “un objeto sexual perpetuo y reutilizable” (Susan Maronek).

d) Desde el punto de vista penal, señaló que la realidad del aborto en Chile no dicen relación con ninguna de las causales del proyecto, y no constituye un problema penitenciario. En su opinión, la actual criminalización está configurada por una serie de normas que configuran un modelo funcional que ha permitido dar una respuesta Penal equilibrada y razonable.

e) El proyecto va en contra de la proporcionalidad en sentido estricto: contempla un modelo de legalización del aborto (derecho a abortar) en tres supuestos. Implica la anulación o negación del derecho a nacer (en este modelo el no nacido es sólo un bien jurídico). Ello implica vaciar de contenido al derecho a la vida del no nacido; va irremediablemente en contra del contenido esencial de éste, que no es otro que el derecho a nacer.

Por último, señaló que es necesario advertir la relación estrecha entre el derecho, la constitución y el progresismo. En su opinión, esta relación está dada por la protección al más débil. No obstante, hoy día se entiende el progresismo como un llamado a actuar conforme a “Si Ud. considera que es malo, no lo hago”. Pero enfatizó que el aborto es la eliminación de un ser humano y no es parte de la identidad progresista, que implica la protección del débil. En suma, consideró que los ideales originales del progresismo poco tienen que ver con los argumentos que se esgrimen a favor del aborto.

El profesor Javier Couso señaló que desde la perspectiva del derecho constitucional la pregunta central es si este proyecto atenta contra la CPR y los tratados internacionales vigentes, en virtud del artículo 5° inciso segundo.

Comenzó por destacar que este debate no es ajeno a otras naciones civilizadas, que ya se han planteado la constitucionalidad y legitimidad moral del aborto. Estas democracias constitucionales finalmente han admitido la constitucionalidad y legitimidad de la despenalización de diversas hipótesis de aborto voluntario y los debates que precedieron a dichos resultados fueron muy similares a los que estamos teniendo hoy en Chile.

Explicó que por una parte, estaban aquellos que consideran que el nonato no tiene el carácter de persona humana (y, por tanto, no es digno de la protección constitucional al derecho a la vida que tienen los nacidos), sino que es un bien jurídico digno de diversos grados de protección constitucional, pero no el grado de protección que ostentan las personas humanas (es decir, los ya nacidos).

Por otra parte, estaban aquellos que consideran que el nonato tiene el mismo estatus de persona que los ya nacidos, que concluyen que se les debe reconocer el mismo derecho a la vida que reconoce a las personas nacidas.

Señaló que la convicción que diferentes grupos tengan respecto del carácter de persona humana (o no) del nonato sigue jugando un rol decisivo en la posición que adopten acerca de la legitimidad de diferentes hipótesis de término voluntario del embarazo. En este sentido, indicó que para quienes están íntimamente convencidos de que no existe diferencia filosóficamente significativa entre el embrión o feto y una persona nacida, los argumentos acerca de los derechos reproductivos o la autonomía de la mujer como una razón para autorizarla a hacerse un aborto rara vez tendrán el peso suficiente como para contrapesar que con ello se está terminando con la vida de lo que consideran una persona humana.

Por otra parte, para quienes están persuadidos de que –más allá del innegable valor que desde el punto de vista filosófico y constitucional ostenta el nonato— este no tiene, sin embargo, el estatus de una persona humana (y sujeto de los derechos morales y constitucionales que tal condición otorga), llegarán a conclusiones muy diferentes cuando deban sopesar el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, y a la autonomía reproductiva de la madre embarazada vis-a-vis el valor de la protección de la vida del embrión o feto.

Añadió que la respuesta a la cuestión del estatus del no nacido no es, por otra parte, algo que la ciencia médica pueda responder categóricamente, ya que se trata de una pregunta filosófica. Ello explica que médicos de similar talento y preparación se encuentran en una u otra posición.

En este contexto, el profesor Couso declaró que una posible salida es acudir a las tradiciones socio culturales de occidente. En este sentido se refirió al concepto de performatividad, para hacer alusión a aquellas prácticas históricas y culturales que en los hechos revelan lo que realmente se piensa. De este modo, explicó que más allá del alegato de que los embriones y los fetos serían personas humanas no diferentes en dignidad y el derecho a la vida que un individuo ya nacido, es interesante constatar que –a diferencia de los nacidos— no se le otorga nombre, no se realizan ceremonias fúnebres, no se celebran aniversarios, no se contemplan sacramentos religiosos para el no nacido, etc. En síntesis, más allá de los alegatos de la calidad de persona, la tradición occidental performativamente actúa de forma inconsistente con considerar al no nato como persona nacida y que por lo tanto deba recibir un trato equivalente al nacido.

Agregó que otro error en el debate es plantear que la despenalización sería orquestar o tolerar una especie de genocidio de millones de personas humanas, en circunstancias que las mimas personas celebran la economía, la ciencia, la tecnología, la cultura y en general la civilización de estados que son supuestamente genocidas, incluyendo a Europa, EE.UU., Australia, Canadá, etc.

Aún más, señaló que la inconsistencia entre lo discursivo y lo performativo no termina ahí, ya que este grupo de personas deberían ser los primeros en organizar masivas campañas de educación sexual para evitar los miles de embarazos no deseados. No obstante, en EE.UU el mismo partido que se oponía a la despenalización del aborto se opuso a campañas tempranas de educación sexual. Lo mismo ha sucedido en Chile respecto de la distribución masiva de preservativos y algunos sectores religiosos conservadores.

Desde la perspectiva constitucional, señaló que en el seno de la Comisión de Salud se estimó que la eliminación del aborto terapéutico en el Código Sanitario era corolario de lo dispuesto en la CPR. Pero esta posición no considera que en la Comisión Ortúzar la protección absoluta y en toda circunstancia del no nato fracasó y además no se explica por qué el legislador habría esperado nueve años para llevar a cabo esta eliminación si se requería para dar cumplimiento a la Constitución.

En suma, consideró que este proyecto es importante para resguardar la vida, salud física y síquica y la dignidad de individuos a los cuales todos –discursiva y performáticamente- consideramos como personas humanas, esto es, la mujer embarazada. Finalizó haciendo un llamado a evitar caricaturas que aluden a genocidios y a considerar la doble criminalización que se sufre en el caso de violación. Por último, recordó que la jurisprudencia no constituye derecho y en el caso del TC, hizo la advertencia de que ha emitido una jurisprudencia notoriamente equivoca dependiendo de quién lo integre.

Enfatizó que a su juicio este es un proyecto necesario y que no incluye nada que pueda considerarse inconstitucional, por el contrario, nos pone al nivel de naciones que consideramos civilizadas.

El profesor Patricio Zapata expresó, previamente, que existen distintas consideraciones y valoraciones respecto de la Constitución. No obstante, la misión es determinar si el proyecto se ajusta al texto constitucional vigente, por lo que no se trata de defender las ideas morales propias, sino las consideraciones jurídicas atingentes a este proyecto.

Señaló que el artículo 19 N°1 de la CPR establece que “la ley protege la vida del que está por nacer”, y ese constituye el mínimo del cual hay que partir. Sin embargo, no se señala cuál es la medida de esta protección, ni cómo debe realizarse, etc. Un proyecto que solo despenaliza ciertas hipótesis de aborto no necesariamente vulnera la CPR, en tanto la protección no se agota únicamente en el castigo penal, menos aún si se le considera como de “ultimo ratio”.

Recurrió, para clarificar este punto, a lo señalado por el Tribunal Alemán (tanto en 1985 y 1993) quien sostuvo que la pena es solo un método para proteger bienes valiosos, no el único. Pero a continuación, consultó qué medidas de protección se estaban llevando a cabo, y en este sentido devolvió el proyecto de despenalización, a pesar de no considerar al no nacido como persona, pero sí como digno de protección.

Desde este punto de vista, estimó que era necesario plantear en este proyecto también las maneras adicionales o complementarias de proteger la vida del que está por nacer. Reafirmó que la relación entre Constitución y Derecho Penal es más laxa de lo que se cree y son solo unas pocas conductas las que la Constitución exige que se castiguen a través del Código Penal, y la Constitución tampoco regula cómo se llevan a cabo ciertos castigos (salvo excepciones como la abolición de la pena de muerte). Por lo tanto, el Parlamento tiene autonomía para ir configurando el derecho penal.

Aludió también a su postura personal de que el embrión puede ser considerado persona para nuestro derecho y en ese sentido se remitió a un texto para reforzar esta posición (Revista Chilena de Derecho, N° 15, 1988), pero enfatizó que el proyecto en cuestión puede analizarse con independencia de este debate.

Entrando en mayor detalle, lamentó que la redacción del proyecto esté en términos de legalización más de despenalización. En cuanto a las hipótesis, consideró que la primera hipótesis ya está suficientemente cubierta por el ordenamiento jurídico (causal de justificación o no exigibilidad), pero tampoco estima que haya argumentos de inconstitucionalidad.

No obstante, considera que la tercera causal de violación es problemática, ya que se trata de una vida que es tratada de forma diferente a otras vidas, en donde un ser humano –independiente de que sea considerado persona o no- puede morir por un acto que no le es atribuible y eso puede plantear un problema de igualdad.

Algo similar sucede con la segunda causal, a pesar de los esfuerzos por precisar qué se entiende por inviabilidad. Añadió que, en su opinión, es siempre problemático que sea la ley la que determine estas circunstancias, señalando que en estos casos dramáticos es preferible recurrir a criterios de equidad (propio del caso concreto) que de justicia (propio de reglas generales).

En suma, consideró que es problemático un proyecto que solo despenaliza sin compensar con otras medidas de protección, tales como medidas de acompañamiento real que no se agotan en entregar información sobre cómo y dónde abortar, ya que eso puede derivar en un resultado inconstitucional.

El profesor Agustín Squella comenzó dando lectura a Julien Offray de La Mettrie, filósofo francés, quien llamaba a los filósofos a iluminar a los legisladores, ironizando de ese modo su presencia en esta Comisión. En este sentido, reconoció que no es experto en derecho constitucional o penal, sino que es profesor de filosofía del derecho.

Analizando el proyecto desde la perspectiva filosófica – tanto desde la filosofía moral como de la jurídica-, destacó que vivir en sociedad implica sostener relaciones permanentes de intercambio, pero estas relaciones también pueden derivar en desacuerdos y conflictos. En casos de desacuerdos, debe esperarse que no lleguen a conflictos, y si acaecen que exista un procedimiento para alcanzar una solución pronta, pacífica y justa. Los desacuerdos pueden producirse por creencias diversas (creencias que “están”) que deben tolerarse. Cuando los desacuerdos son por ideas (que se “tienen”), existe en cambio la posibilidad de convencer total o parcialmente al otro. Y por último, están los desacuerdos sobre intereses, que se procesan a través de la negociación y que pueden terminar en transacciones. En este sentido, señaló que es bueno identificar en qué recaen los desacuerdos, porque se procesan de forma diversa.

Explicó que los desacuerdos también suceden en el plano moral, aquel plano que se pregunta qué es el bien y qué debe hacerse para evitar el mal. En cada individuo existe una moral individual, pero existe también una deliberación social. Muchas veces, enfrentados a los dilemas morales, los principios y normas se flexibilizan en nombre de lo que es “bueno”. Ejemplifico esto último, con una escena de la obra “Rainmaker”, para destacar que a veces las normas o principios en pos del bien, deben flexibilizarse para llegar al terreno de lo simplemente “bueno”.

Además de las pautas morales individuales, existen ciertos consensos morales dominantes que van evolucionando con el tiempo. Existe por lo tanto, una moral social hegemónica y una moral de minoría. En muchos casos la moral individual puede ser tributaria de una moral religiosa, pero dentro de un mismo credo también pueden existir morales con diversas interpretaciones de un código moral. También es posible una moral laica, que solo aspira a la aprobación de la propia conciencia y estima moral de sus semejantes.

Continuó indicando que un tema frecuente en el ámbito de la filosofía del derecho es el de la relación y distinción – y no separación- entre derecho y moral. Es importante hacer esta distinción, ya que el derecho debe mostrar respeto frente a la moral individual y no imponer determinada moral. En cuanto a si el embrión es persona, consideró que no se trata de un asunto científico, se trata de un asunto convencional que es posible resolver de distintas maneras en el derecho, no obstante las opciones morales individuales diversas. En este sentid, fue de la opinión de que las instituciones humanas no tienen naturaleza, sino historia y son producto de convenciones.

Concluyó por lo tanto, que en la sociedad chilena existen desacuerdos respecto a la despenalización del aborto. Esos mismos desacuerdos existen al interior de esta Comisión, y en la Comisión de Salud en sucesivas votaciones el resultado se dividió de la misma manera. Eso refleja que existen creencias morales fuertes que son difíciles de mutar. Por tanto, lo más probable es que el desacuerdo que generan sea irreductible. Pero en este foro es necesario decidir, siendo un órgano que no puede paralizarse por los desacuerdos.

Finalizó cuestionando porqué es necesario utilizar el derecho en circunstancias en que podría dejarse a la mujer decidir por sí misma, porqué imponer una de las concepciones morales y castigar a quien se aparte de la misma en su propia deliberación moral. Si hay libertad como limite a la acción de los demás y una libertad como auto determinación política de los ciudadanos, también existe la libertad como auto determinación moral, la cual se basa en la consideración de que cada persona es un fin no un medio, cada cual es su propia brújula y radar en asuntos morales, por lo que no se requiere que el derecho resuelva los asuntos morales que cada cual debe resolver por sí mismo. Si bien, se puede disuadir y argumentar, no es lícito imponer una moral, en circunstancias que existen ámbitos legítimos de desacuerdo.

En su opinión, fanático es aquel que cree que sus creencias morales constituyen obligaciones no solo para sí, sino para todos los demás. A su juicio, este proyecto es respetuoso de estos principios, ya que evita que la deliberación de las mujeres en estas hipótesis graves sea sustituida por la deliberación de los legisladores o de los médicos. Destacó además que se trata de tres situaciones muy graves y excepcionales, que imponen un enorme peso sobre la mujer embarazada, ni más ni menos que el riesgo de su propia vida, llevar un embarazo de un embrión que no sobrevivirá o sostener un embarazo producto de una violación. Un peso sobre el cuerpo y la psiquis que no parece justo. Aún más, consideró cruel añadir a la violación propiamente tal, la penalización del aborto de un embarazo producto de la misma.

El diputado señor Chahin señaló que existe la discusión respecto de si el embrión es persona o no lo es. Personalmente, asume la definición del CC y aunque no es persona aún, sí constituye vida humana y existe el deber de protegerla en función de lo dispuesto en la CPR. En este sentido, le parece relevante discutir cuáles deberían ser los estándares o medidas de protección para quien está por nacer. En este contexto, preguntó si la protección penal es la vía más adecuada para proteger la vida del que está por nacer, y si en estos casos se estaría bajando la barrera para que opere la protección penal, y qué medidas o herramientas existen en derecho comparado que podrían satisfacer los requisitos de protección y que sean distintas a la sanción penal.

El diputado señor Squella preguntó al profesor Couso si la línea de argumentación que sostuvo rige para el aborto en términos generales o para las tres hipótesis de este proyecto. Además, solicitó que BCN determiné cuántos abortos terapéuticos hubo entre la dictación de la Constitución y la eliminación del mismo el año 1989. Además, coincidió en que no necesariamente debe recurrirse en todos los casos al derecho penal, pero a su juicio en este proyecto se genera un verdadero derecho a una prestación de salud, consultando al profesor Zapata si coincide con esa visión.

El diputado señor Ceroni, consultó también al profesor Zapata y al profesor Couso qué otras alternativas de protección existirían fuera de la sanción penal. En similar sentido, consultó al profesor Squella, si una aproximación de ese tipo sería respetuosa de la moral individual de cada mujer.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, consultó a los profesores qué quórum estiman que corresponde para la aprobación de esta ley (ley simple o interpretativa de la Constitución). Asimismo, solicitó que se aclarará la visión de cada uno de ellos respecto a si quien está por nacer es o no persona. Preguntó además al profesor Couso qué diferencia sustancial existe entre una persona nacida y un no nacido, y destacó que existen aspectos culturales que sí le atribuyen reconocimiento a quien está por nacer. Consultó también si estiman que existe un derecho humano al aborto y cómo deben interpretarse los tratados internacionales a este respecto. Asimismo, se refirió a la objeción de conciencia y al derecho de uno de los padres de la madre o tutores a oponerse al aborto.

El diputado señor Rathgeb destacó las normas constitucionales relativas al derecho a la vida, libertad de conciencia y libertad de trabajo, que a su juicio podrían verse en conflicto en este proyecto. Por último, consultó si debería considerarse una norma expresa que penalice los casos en que se utilicen estas hipótesis para abortos no permitidos.

El profesor Couso señaló que cada vez que el Congreso legisla, se interpreta la Constitución, por lo que es errada la idea de que solo los jueces lo hacen. Es por ello que no estimó que se requiera un quórum interpretativo para dar curso a este proyecto. En cuanto a cifras de aborto, señaló que existen al menos 17 mil abortos al año y según el MINSAL 10 mil de ellos son terapéuticos. Extrapolando estas cifras, habrían ocurrido aproximadamente noventa mil mil abortos terapéuticos entre 1980 y 1989.

En cuanto a las prácticas culturales, insistió en que no son equivalentes para el no nacido. Reconoció que existen convenciones arbitrarias que distinguen en un momento dado la asignación de derechos, como por ejemplo, al establecer la mayoría de edad. En ese sentido, parece arbitrario distinguir entre los 8 meses y 30 días de un no nacido y un nacido, pero eso es propio del derecho.

Enfatizó que es propio de democracias avanzadas reconocer casos como estos en que se permita el aborto y que no es creíble sostener que esto implique para algunos volverse genocida o que se comparen las violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura con la despenalización de estos casos. Explicó que el debate gira en torno a la consideración del embrión como persona humana e informó que el 90% de los países de la OCDE considera que no lo es.

Respecto al acompañamiento, señaló que puede tener sentido en caso de menores, pero no necesariamente en caso de mujeres adultas. Asimismo, llamó a ser muy cauto con exigir consentimiento de los padres o de los tutores, especialmente en el contexto de la causal de violación. Reiteró además la crueldad de penalizar a quien fue víctima del delito de violación.

El profesor Zapata sostuvo que no debería interpretarse la CPR en función de leyes inferiores o exclusivamente por argumentos históricos (Comisión Ortúzar), sino que debe acudirse a los principios del constitucionalismo. En este sentido, destacó que los derechos fundamentales no son asignados, sino reconocidos, y que el nacimiento no es un momento metafísico, sino que es el reconocimiento de derechos que se tienen por la mera condición de humanidad. Pero advirtió que aunque se considere al embrión como una persona, no se resuelve este conflicto, ya que existe otra persona: la mujer embarazada.

Indicó que aun cuando no se comparta esta visión de no nato como persona, es necesario tomar en cuenta el valor del que está por nacer. En cuanto al contenido del proyecto, señaló que la primera causal le parece innecesaria, la segunda peligrosa y la tercera injusta, por lo que está en contra del proyecto, pero le parece que muchos de esos aspectos que no considera positivos están dentro del marco de la Constitución. Aclaró que la Constitución admite múltiples políticas públicas posibles, por lo que hay que determinar el margen de lo posible. A su juicio, es distinto un proyecto que despenaliza de uno que legaliza el aborto, y a su juicio, este proyecto es más bien del segundo tipo y en ese sentido genera conflictos respecto de la objeción de conciencia. Si el proyecto se endereza hacia uno de despenalización, cree que es más probable que se le considere constitucional en sede del Tribunal Constitucional, no así uno que legalice el aborto y que no va acompañado de otras medidas de protección, que sí presenta objeciones de constitucionalidad.

Respecto del derecho de los padres, señaló que es necesario velar en primer lugar por el bienestar del menor, antes que al derecho a educar de los padres. Es decir, analizaría dichos conflictos desde el principio de interés superior del niño.

El profesor Martínez indicó que la definición del CC de un ser humano es relevante, ya que marca la existencia legal. En cuanto a los estándares de protección, es necesario definir cuál es el marco legítimo de acción. A su juicio, de los seis modelos posibles, hay al menos tres que están al margen de la Constitución. En su opinión, el proyecto cae precisamente dentro de esas alternativas al margen de la Constitución. Coincidió en que no es deseable constitucionalizar toda discusión jurídica, pero tampoco debe tomarse esa posición para vaciar de contenido la Constitución. Respecto al ámbito moral de este debate, indicó que existen supuestos en que se exige una solución objetiva, más allá de que afloren creencias, ideologías, etc.

El profesor de derecho penal señor Alex Van Weezel, comenzó señalando que hay un aspecto jurídico-político que no ha sido suficientemente destacado: la distinción entre legitimar o justificar una conducta, por un lado, y simplemente tolerar o excusar esa conducta, por el otro. Explicó que en ambos casos, el derecho exime de sanciones o castigos a la persona que la realiza, pero en nuestro sistema jurídico estas dos situaciones son radicalmente distintas:

- legitimar o justifica quiere decir aprobar en toda la línea; quien está justificado para realizar una conducta tiene derecho a realizarla, al menos en el sentido de que nadie se lo puede impedir (y quien lo hace, eventualmente comete delito).

- tolerar o excusar quiere decir mucho menos: la conducta sigue siendo contraria a derecho, pero solo un héroe habría actuado de forma distinta y por lo tanto la sociedad renuncia a la imposición de un castigo. No existe un derecho a realizar la conducta, solo se renuncia a la sanción.

Enfatizó que esta diferencia es jurídicamente abismal: justificar el aborto, que es lo que pretende el proyecto, equivale a convertirlo en una prestación legítima de salud, y por lo tanto en un derecho en el sentido señalado; excusar a quienes actuaron en una situación de conflicto personal o existencial solo permite prescindir de eventuales sanciones.

A continuación se refirió a las leyes como reflejo al menos parcialmente de lo que una sociedad es, y en parte a lo que esa sociedad aspira a ser, ya que en la mayor parte de las leyes hay una cuota de realismo y un contenido “aspiracional”. Así lo ejemplificó con la ley del lobby, con la ley 18.216, con los derechos y deberes de los pacientes, con las normas sobre adopción (que señala que el niño tiene “derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde el afecto” que requiere), la ley contra la discriminación, etc.

Explicó que detrás de todos estos ejemplos y muchos otros hay una idea rectora, que es la que guía todas las “aspiraciones”: construir una sociedad donde, en los hechos, se valore y respete cada vez más y mejor la dignidad humana. La mayor parte de las veces esto se hace asignando directamente mayor autonomía (por ejemplo: el derecho del paciente a rechazar un tratamiento); otras veces se restringe aparente o transitoriamente esa autonomía para recuperarla después (por ejemplo: cotizaciones obligatorias y toda la discusión sobre seguros obligatorios como el llamado “Obamacare” en EE.UU). Pero en todo caso, destacó que el ser humano y su dignidad están en el centro de estas discusiones.

En su opinión, una ley que legitime o justifique el acto de matar al no nacido para obtener un fin valioso rompería con esa idea rectora. Una ley así supondría necesariamente introducir en la vida social, en el tejido de las relaciones entre las personas, un principio completamente inédito en la sociedad chilena. Este nuevo principio rezaría que la dignidad del otro no es absoluta, sino que puede subordinarse a la utilidad o conveniencia para un fin distinto –que desde luego puede ser valioso– de otro ser humano. Significaría, por lo tanto, que existe algún interés superior que justifica maltratar y matar violentamente a un ser humano inocente.

Señaló a continuación, que es posible hacer una analogía -que no debe ser malinterpretada- con la situación que han enfrentado los países que han tenido que lidiar seriamente con el terrorismo, y en ese sentido se han visto enfrentados, tarde o temprano, a decisiones que se ilustran con el ejemplo de la “ticking bomb”: los terroristas han puesto una bomba que si estalla matará con toda seguridad a 100 personas; la policía consigue aprehender a uno de los terroristas, quien sabe dónde está la bomba y cómo desactivarla. ¿Es lícito torturarlo para que revele estos antecedentes que permitirán salvar 100 vidas? Dejemos de lado que el terrorista es en principio plenamente responsable del peligro que afecta a las potenciales víctimas: él puso la bomba.

Indicó que alguien podría objetar esta analogía diciendo que se trata de situaciones muy distintas en atención a que: primero, en el ejemplo los potenciales torturadores son agentes del Estado que se dirigen a un detenido; segundo, y además, ellos no están en una situación en que el comportamiento conforme a derecho sea exigible solo a un héroe. Sin embargo, respecto de lo primero las diferencias se atenúan o incluso desaparecen si uno piensa que los deberes de los progenitores muchas veces son más intensos que los deberes de los funcionarios públicos, y que el médico que practica el aborto podría ser también un funcionario público actuando como tal. De manera que lo que distingue uno y otro caso –dejando aparte la responsabilidad del terrorista que puso la bomba– es que el policía no necesita ser un héroe para abstenerse de torturar.

Por lo tanto, explicó que para lo que aquí interesa, la verdadera diferencia entre un caso y otro –entre la tortura para salvar vidas y el aborto para obtener un fin valioso– no está en el plano de la justificación, sino en el de la excusa. Ambas conductas son igualmente contrarias a derecho (en un esquema binario: derecho/injusto); solo que en el caso del aborto se puede considerar la presencia de una excusa y en el caso de la tortura, no.

Enfatizó que este es precisamente lo que a su juicio constituye el gran error jurídico del proyecto: confunde los planos de la justificación y la excusa, lo que equivaldría a legitimar o justificar la tortura.

Luego, citó a quien consideró uno de los autores más influyentes en nuestro medio durante los últimos 30 años: Günther Jakobs. Éste último, al preguntarse si puede existir un aborto legítimo de personas, es decir, de sujetos a quienes en el mundo del derecho se les reconoce una igual “dignidad”, responde que no, ya que en la medida en que sea legítimo abortar, el feto no es persona, no es un igual en dignidad y derechos.

Es decir, la justificación del aborto para obtener un fin valioso transformaría radicalmente las relaciones sociales en Chile, pues habría seres humanos que no serían reconocidos como iguales en dignidad. Se convertiría en una sociedad formada por seres humanos no solo de categorías distintas, sino además donde la pertenencia a una cierta categoría estaría asociada a la posibilidad de ser maltratado y muerto violentamente aun siendo inocente, si es que ello es necesario para obtener un fin valioso para otra persona.

Por último se refirió a un tercer punto, al hilo de las consideraciones de otro de los penalistas mundialmente más influyentes de los últimos años: Claus Roxin. Explicó que Roxin reprocha a los partidarios de la despenalización del aborto el estar impulsando una política social reaccionaria (en el sentido de que lleva a mantener un status quo injusto) y violenta contra la mujer, citando a continuación las siguientes palabras:

“La solución de la mayoría se convierte en defensora del status quo al querer declinar toda responsabilidad en la embarazada: El estado se preguntará que por qué ha de gastar dinero en los menos privilegiados si los problemas de éstos se pueden solucionar mucho más cómodamente mediante el aborto; como no es él quien aprueba el aborto, sino la embrazada misma quien lo desea y realiza por propia decisión, el Estado puede lavarse las manos y conformarse con buenas palabras […] Quien, pese a ciertas cargas que ello comporta se decidiera a traer un niño al mundo, pasaría por estar medio chiflada, y el ambiente circundante caracterizado, como es notorio, por su estrechez de miras […] le negaría toda ayuda con el argumento de que ella misma es culpable de su situación y que, por tanto, debe soportar ella sola sus consecuencias. ¿Por qué no ha abortado, si esto está permitido?, se le preguntará; y se le dirá que, si no lo ha querido hacer, tenga la amabilidad de no cargar a los demás con los problemas que ella misma ha creado".

Indicó que tenía poco que agregar a opinión, salvo la grave y endémica escasez de recursos que distingue al Estado de bienestar alemán de nuestros sistemas de protección social.

Finalmente, sintetizó señalando lo siguiente:

- que el proyecto implicaría una transformación radical de las relaciones sociales: no todos los seres humanos serán personas, o no lo serán de la misma categoría, y los de una categoría inferior podrían ser eliminados para obtener fines valiosos… ¿qué otras categorías de personas podría haber en el futuro?; y

- que en la experiencia comparada, el aborto como política social lleva a replicar un status quo injusto y a una forma particularmente insidiosa de violencia contra la mujer.

El profesor de derecho penal, señor Héctor Hernández, reconoció que esta materia es compleja, salvo para aquellos que sostienen opiniones absolutas, ya sea en uno u otro sentido. No obstante, indicó que ninguna de las posturas extremas es la que se ha impuesto en el debate comparado; por el contrario, los diversos ordenamientos jurídicos han transitado caminos intermedios, procurando encontrar puntos de equilibrio. A su juicio, este proyecto precisamente se caracteriza por eso, por buscar equilibrios entre intereses contrapuestos.

Aclarado eso, coincidió que los grandes argumentos de cada postura han sido ya expuestos en el debate realizado en el seno de la Comisión de Salud. Sin embargo, señaló que es necesario enfatizar y desarrollar al menos tres puntos: i) si las causales establecidas en el proyecto constituyen causas de justificación; ii) el carácter del nuevo artículo 345 bis del CP; y iii) el deber de confidencialidad médica y deber de denuncia.

Respecto al primer y más importante punto, sobre el necesario efecto justificante de las causales del proyecto, señaló que lo que corresponde en un sistema serio y efectivo de indicaciones (definidas especialmente y sujetas a un procedimiento de comprobación) es que se asegure que éstas tienen efecto justificante, es decir, que bajo su concurrencia el hecho no se considera ilícito, sino que conforme con el derecho. Enfatizó que este es el punto neurálgico del proyecto, ya que si se tratara de meras causas de exculpación penal, no se requeriría este proyecto y basta con las causales ya existentes en nuestro ordenamiento.

Sobre este punto, indicó que es interesante tener a la vista la jurisprudencia constitucional alemana, precisamente porque ésta se caracteriza por su decidida defensa de la vida del que está por nacer y por la enorme importancia que le asigna precisamente a la distinción entre un aborto no punible y uno justificado, que impidió darle carácter justificante al régimen general de plazos con asesoría obligatoria actualmente vigente en Alemania, pero que no dudó en aceptarlo respecto de las indicaciones.

En este sentido, puntualizó que el último fallo del TC Alemán (BVerfGE 88, 203, de 23.5.1993, que dio lugar al actual § 218 a StGB) hace la siguiente distinción: el régimen general de plazos sólo implica atipicidad [inciso primero], lo cual es aceptable; pero las indicaciones propiamente tales implican justificación [incisos segundo y tercero: indicación médico-social, que según la historia fidedigna de su establecimiento contiene la embriopática; e indicación criminológica o ética], ya que la verificación de esas circunstancias no depende solo de la mujer, y en esos casos el legislador es libre de dar efecto justificante. Explicó que este fallo dio lugar a la actual regulación alemana que hace la siguiente distinción: el sistema de plazos general considera la conducta atípica y el régimen de indicaciones implica justificación, es decir, se trata de actos conforme a derecho.

Reiteró que la distinción entre un hecho que simplemente no es punible (como los hay muchos, por ejemplo, el hecho de un inimputable o del que se encuentra en una situación desesperada) y uno que se ajusta a derecho es fundamental, no sólo desde un punto de vista conceptual, sino también práctico.

Indicó que del carácter lícito del hecho depende que la interrupción del embarazo pueda constituir una prestación de salud exigible por parte de la mujer que se encuentra en la situación prevista por la ley, que los deberes previstos para quienes plantean objeción de conciencia también lo sean (porque nadie puede ser obligado a contribuir a que otro realice un hecho ilícito) y, en general, que exista un marco jurídico seguro para los profesionales de la salud, a quienes no sólo les interesa legítimamente no ser perseguidos penalmente, sino también que se reconozca que no han hecho nada indebido.

Por otro lado, señaló que de mantenerse el carácter ilícito de la interrupción del embarazo en los casos en discusión permitiría, por ejemplo, acciones civiles (daño moral) en su contra por parte de quienes aleguen un interés legítimo en la conservación de la vida del que está por nacer (otros ascendientes, por ejemplo), en la medida en que se da el requisito básico para ello, cual es la existencia de un acto contrario a derecho. Del mismo modo, si bien puede ser muy discutible en los detalles, abre las puertas para acciones en contra de los profesionales o de la mujer en defensa del que está por nacer, acciones que, dados otros presupuestos, pueden alegar legitimidad para sí en la medida en que se oponen a un acto no punible pero ilícito.

En su opinión, lo único que da la necesaria certeza, y que justifica, en último término, todo este esfuerzo legislativo, es la consagración inequívoca del carácter autorizado, justificado, y no sólo no punible de la interrupción del embarazo en los supuestos previstos por la ley.

En segundo lugar, se refirió a la impertinencia, al menos sistemática, del propuesto artículo 345 bis del Código Penal, referido a la facilitación de órganos, tejidos o fluidos provenientes de un aborto.

Sobre el mismo, señaló que al margen de que la disposición parece completamente fuera de lugar en la discusión de este proyecto de ley, su ubicación sistemática es impertinente, porque no versa sobre el delito de aborto, sino sobre conductas que, o bien se capturan con las reglas generales de intervención post-delictiva (eventualmente artículo 17 CP, aprovechamiento como forma de encubrimiento), o bien deberían situarse en el contexto de los delitos asociados al trasplante de órganos, es decir, en la Ley N° 19.451, porque no se aprecian razones para que los órganos provenientes de un aborto tengan un régimen diferente al que tienen, por ejemplo, los órganos provenientes de un homicidio o de unas mutilaciones.

Situados en la ley de trasplantes de órganos, señaló que lo más correcto sería simplemente precisar que el artículo 13 bis de dicha ley, se aplique también a los órganos provenientes de un aborto, sin mayores innovaciones, pues nada justifica que este caso esté sometido a un régimen más severo (presidio menor en su grado máximo en vez de presidio menor en su grado mínimo) y con menos exigencias (ninguna referencia a fines de trasplante) que tratándose de la extracción de cadáveres en general. Agregó que parece descabellado que la pena de inhabilitación sea más grave cuando el hecho de base no constituye delito que cuando sí lo es.

En tercer lugar, se refirió al deber de confidencialidad médica y al deber de denuncia, señalando que tanto el proyecto como la Comisión de Salud consideran consagrar en el CPP (artículos 175 y 200) que, tratándose del delito de aborto, el deber de confidencialidad de los facultativos (secreto profesional) prima por sobre el deber de denuncia que pesa sobre los mismos profesionales.

Indicó que comparte plenamente este propósito, pero que a su juicio descansa en un error en virtud del cual la solución propuesta tiene efectos colaterales muy desafortunados. El error consiste en suponer que en la actualidad el deber de denuncia prima por sobre el deber de secreto profesional, lo que no es una lectura razonable del derecho vigente, al menos en los casos que aquí importan, en los cuales el secreto no implica poner en peligro concreto a nadie y el paciente está en condiciones de decidir por sí mismo si mantiene el secreto o no.

Explicó que mientras la revelación de secretos es un simple delito con penas privativas de libertad de hasta tres años más multa de hasta 10 UTM (art. 247 inciso segundo CP), la infracción del deber de denuncia es una vulgar falta que acarrea multa de hasta 4 UTM, lo que no deja ninguna duda sobre cuál de los dos deberes tiene mayor importancia para la ley, cual es precisamente el criterio que en general se emplea para resolver estos casos de colisión de deberes. A su juicio, sólo una práctica irracionalmente deferente para con las convicciones personales de los médicos y más interesada en la obtención de pruebas que en el imperio del derecho puede desconocer esta evidencia.

No obstante, señaló que la existencia de este error y su extensión pueden ser buenas razones para zanjar legislativamente la situación, pero en tal caso debe suprimirse la referencia al art. 344 CP y debe aclararse en términos generales -y no solo para el caso de aborto- porque de lo contrario se consagra legislativamente el error: en todos los demás casos los intereses de la persecución penal estarían por sobre la relación médico-paciente, con todas las consecuencias perversas que ello acarrea.

El diputado Monckeberg, don Cristián, solicitó se aclare si se es persona desde el momento de la concepción, precisamente para aclarar el estatus jurídico del feto. Asimismo, preguntó si el referido artículo 345 bis del CP es necesario o no, más allá de la técnica legislativa relativa a dónde ubicar dicha disposición.

El diputado señor Ceroni solicitó se clarifique la posición del profesor Van Weezel en cuanto a la confusión justificación y excusa. A este respecto, preguntó si considera persona al feto aun cuando se den casos de fallas congénitas, ya que en esos casos a su juicio, sí habría justificación ante la ausencia de características propias del estatus de personas. En cuanto a si el Estado "se lava las manos", consideró que no es así, ya que precisamente configura las causales y regula esto, por lo que asume este desafío. Y por último, consultó si establecer causales de excusas no deja incertidumbre al dejar esto entregado a las manos de los jueces.

El diputado señor Andrade destacó que en la discusión relativa al terrorismo hubo una postura antes y después del año 1973. Sobre el proyecto, consultó si la conducta es atípica y no constituye un delito, qué pasa con el autor tratándose de la causal de violación, ya que la mujer no tiene el deber de la denuncia. Es decir, si el aborto no es delito, consultó cómo perseguir la responsabilidad del autor de la violación en la tercera causal.

El diputado señor Chahin destacó que se trata de dos formas de abordar este tema: si debe abordarse vía exculpabilidad o antijuridicidad. A su juicio, esta distinción no es solo dogmática, sino que tiene importantes efectos prácticos. En el primer caso (exculpabilidad), surge el problema de los facultativos que no podrían beneficiarse de esta excusa. En su opinión esto implica mantener la situación actual de clandestinidad del aborto. Además el Estado no podría financiar estas intervenciones por ser antijurídicas y la mujer tendría que enfrentar un proceso judicial para determinar esto. Asimismo, consultó la opinión de los profesores respecto a la posible adopción del modelo alemán de conserjería disuasiva para estos casos. Y en cuanto al deber de denuncia en casos de violación, consultó por qué no puede interpretarse la solicitud de interrupción del embarazo como denuncia. Por último, respecto al artículo 345 bis CP consideró que presenta problemas de tipificación, ya que no limita los fines de la disposición de aquellos tejidos, órganos, etc.

El profesor Van Weezel señaló que no considera extrema la posición que considera al no nacido como ser humano, y prefirió enfatizar en esta condición en vez de debatir en torno al estatus de persona, ya que a su juicio lo importante es precisamente la condición de ser humano y su consecuente protección.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, hizo el alcance de que dicha distinción es relevante, porque a su juicio hay una intención de referirse a personas en vez de seres humanos, precisamente para dejar en desprotección al no nacido.

El profesor Van Weezel añadió que respecto a la confusión entre excusa y justificación, la aproximación a la regulación del aborto suele darse desde la empatía hacia la situación de la mujer y ese es precisamente el plano de la excusa. No obstante, el plano de la justificación es distinto, ya que es equivalente a justificar la tortura en función de un fin valioso.

Respecto al Estado y la crítica de que se "lava las manos", explicó que si la mujer tiene el derecho a abortar, será una decisión que se cargará a la mujer, y en ese sentido se lava las manos el Estado respecto de los potenciales deberes de cuidado que surgirían de no haber mediado el aborto.

En cuanto a la legislación vigente, señaló que el artículo 10 N° 11 y en menor medida el N° 9 del CP, otorga excusas a la mujer, lo que no obsta a que puedan perfeccionarse, pero a nivel de excusas y no de justificación como lo hace este proyecto. Agregó además que el tema debería abordarse en forma integral, mucho más allá del mero derecho penal.

Sobre los aspectos prácticos que genera la exculpabilidad, señaló que actualmente el mensaje normativo no es "aborte en clandestinidad", sino "no aborte, pero si está en una situación extrema puedo disculparla". En este sentido, enfatizó que el derecho positivo chileno rechaza el aborto por lo que no se puede argumentar pro aborto desde el plano del derecho positivo. Respecto a la necesidad de un proceso judicial, señaló que existirá igualmente en caso de antijuridicidad y duda que la intención sea prescindir totalmente de esa necesidad de judicialización.

El profesor Hernández aclaró que el status de ser humano no supone necesariamente la protección absoluta del no nacido, ya que ante una situación grave de riesgo para la dignidad y derechos de la mujer, aún si el otro –el no nacido- es inocente, el derecho debe otorgar el reconocimiento y aceptar la juridicidad de la interrupción de ese riesgo. Explicó además la diferencia entre exculpabilidad y antijuridicidad, enfatizando que ambas son eximentes penales pero una y otra generan diversos efectos prácticos y si se desea que existan prestaciones de salud para interrumpir el embarazo, las causales deben ser consideradas como causales de justificación y no solo de exculpabilidad.

Respecto a la asesoría alemana, señaló que si bien son disuasivas deben igualmente ser respetuosas de la autonomía de la mujer. Pero independiente de eso, destacó que el TC Alemán es enfático en que las causales bajo sistema de indicación -como lo plantea este proyecto- son causales de justificación y no de mera empatía, y por tanto en dichas circunstancias excepcionales se obra de acuerdo a derecho, es decir, de forma lícita.

En cuanto al artículo 345 bis CP, señaló que no es solo un problema de ubicación en la legislación, sino que la norma propuesta plantea problemas de fondo. A su juicio, es necesario modificar esta norma bajando la pena, cambiando su ubicación y restringiendo el tipo.

Sobre el deber de denuncia, aclaró que lo único justificado sería el aborto, no se altera la punibilidad de la violación. Sobre si el requerimiento de la mujer debe entenderse como denuncia, explicó que la lógica de los delitos de acción mixta descansa en entender que se trata de delitos cuya persecución penal puede transformarse en un castigo adicional para la víctima (lo que se conoce como victimización secundaria), es decir, el remedio penal puede ser más grave para la víctima y por eso se le otorga la facultad de la denuncia.

El diputado señor Squella consultó si dadas estas reflexiones, este proyecto debe considerarse como legalización del aborto o como nuevas causales de exculpación, considerando la regulación que contempla para facultativos de salud. Además, respecto a las modificaciones al artículo 175 CPP sobre denuncia obligatoria, consultó si apunta a una excepción para todas las causales y si podría interpretarse como un primer paso hacia un aborto sin expresión de causa. Por último, respecto a la autonomía de la mujer, preguntó por qué si ese derecho es tan claro, dicha autonomía tiene un límite de tiempo en las legislaciones que la reconocen.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, destacó que haya coincidencia en que el no nacido merece algún grado de protección por constituir un ser humano. Y en ese sentido, llamó a sincerar este proyecto, porque si bien se le llama despenalización realmente estaría legalizando el aborto. Y esa distinción le parece importante, porque tiene un impacto diverso. Respecto al deber de confidencialidad y denuncia, consultó que si el primero prima siempre, puede dejarse impune por ejemplo, la violencia intrafamiliar. En cuanto al aborto, destacó que la primacía del deber de confidencialidad podría abrir la puerta de entrada al aborto libre, más aun considerando que la mayor parte de los abortos actualmente no responden a las causales previstas en el proyecto, sino a presiones externas sobre las mujeres. Además, en el caso de menores de 14 años esta regulación deja en impunidad al agresor, que en gran parte de los casos resulta ser el propio representante. En definitiva, consideró que el deber de confidencialidad por sobre el deber de denuncia perpetúa el abuso.

El diputado señor Rathgeb señaló que en su opinión este proyecto presenta serios problemas de constitucionalidad. En el plano penal, consultó qué figura penal concurre si hubiera falseamiento de información por parte de facultativos o por parte de la propia mujer, ya que si no hay tipificación de estas conductas, no habría delito.

El profesor Van Weezel señaló que en su opinión este proyecto justifica y por tanto legaliza estas causales de aborto, y en ese sentido constituye una reforma de gran alcance en el ordenamiento chileno, modificando las bases sobre las cuales se relacionan los chilenos. Respecto a los abortos clandestinos, señaló que estos no serán resueltos por este proyecto, ya que los mismos no responden a estas causales. Es más, indicó que los abortos clandestinos ni siquiera han bajado en países que han regulado el aborto con el sistema de plazos. En este sentido, señaló que este no es un argumento de peso en este debate.

El profesor Hernández por su parte, aclaró que solo en la hipótesis de uno de los dos extremos -protección absoluta del no nacido por una parte y reconocimiento pleno de la autonomía de la mujer, por otro- se desconoce el interés de una de las partes. En este sentido, el modelo de indicaciones busca precisamente un equilibrio entre derechos y dignidades que merecen protección. Por lo tanto, precisamente porque no se desconoce la protección del no nacido, se opta por un modelo de indicaciones que establece determinadas causales, que deben ser comprobadas. Respecto a sincerar el proyecto, indicó que técnicamente el título del proyecto no dice nada, sino que debe discutirse cómo excluir del derecho penal al aborto, independiente de que todas estas formas se denominen genéricamente "despenalización", y en este caso sostuvo que lo más coherente es hacerlo vía causales de justificación.

Sobre el deber de confidencialidad, señaló que este es indispensable para permitir la relación médico-paciente. Existen excepciones, por ejemplo, si se pone en peligro a otros o si se trata de pacientes sin autonomía suficiente. Pero en el resto de los casos se requiere confidencialidad para generar una relación médico-paciente. Destacó que en primer lugar, el médico se debe a su paciente y no al Ministerio Público. Eso no significa que se quiera impunidad para delitos como la violencia intrafamiliar, pero es preferible que las víctimas tengan asegurado el efectivo acceso a la salud. Enfatizó que el derecho vigente es inequívoco en este sentido. En cuanto a abrir la puerta al aborto libre, señaló que eso supone asumir que todos los médicos tratantes son unos delincuentes.

Por último, en cuanto al delito sobre certificaciones falsas, existe un tipo en el artículo 202 CP, pero este tipo se refiere a certificaciones falsas para liberación de cargas públicas. Señaló que estos casos no están zanjados en la legislación actual, pero en el anteproyecto del CP sí viene previsto.

La profesora en derechos humanos y derecho constitucional de la Universidad Diego Portales, señora Lidia Casas, comenzó planteando que cuando se habla de derecho constitucional y aborto en Chile, se suele sostener:

1.- Que la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución (CENC) decidió sobre el estatus del nasciturus;

2.- Que la sentencia en la acción de inaplicabilidad sobre las Normas Nacionales de la Regulación de la Fertilidad, Rol N° 740 del Tribunal Constitucional (TC) del 2008, habría cerrado el debate constitucional respecto al estatus del no nacido; y

3.- Que la redacción del artículo 19 N° 1 CPR, la protección del no nato, es incompatible con el aborto y el libre ejercicio de los derechos de la mujer.

Enfatizó que ninguna de esas afirmaciones es correcta. En primer lugar, aclaró que la CENC no procedió a plasmar ni proponer que el texto constitucional tuviese una prohibición al legislador para regular el aborto y que la abolición del aborto terapéutico en 1989 no respondió a esa lógica.

En segundo lugar, indicó que la sentencia sobre el caso de la píldora del día después no resolvió ningún problema de fondo y de hecho la ley N° 20.418 permitió la prescripción y entrega de la anticoncepción de emergencia en el sistema público de salud y pasó el filtro del TC. Pero además, destacó que dicha sentencia tuvo serios problemas, entre ellos, un ministro que no se inhabilitó por pronunciarse ex ante y luego otro ministro que en la misma situación sí se inhabilito. Adicionalmente, este fallo nunca ponderó derechos, no resolvió el conflicto de derechos o valores constitucionales, sino que habló de las "connotaciones afectivas que podría tener su decisión".

Añadió que el voto concurrente al de la mayoría del Ministro Marcelo Venegas declaró expresamente que: "la Constitución podría tolerar muy calificados casos de aborto, siempre que lo dispusiera justificadamente el legislador y se tratara de situaciones conciliables con el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales”:

En su opinión, la discusión que debe darse es precisamente la interpretación del artículo 19 N° 1 CPR, y a su juicio esta norma no implica que toda la protección a la vida en gestación se reduzca a la penalización ni menos que bajo las actuales reglas esto sea constitucional. Destacó también que los datos demuestran que la penalización no reduce los abortos.

Explicó que una lectura coherente de nuestro ordenamiento jurídico, que prohíbe el aborto en toda circunstancia no es constitucional, ya que no protege los derechos de las mujeres.

Señalo que el debate constitucional que nos convoca debiera centrarse en la complejidad de los derechos en juego, reconociendo que la vida en gestación tiene efectivamente un importante valor, pero aun en Alemania, en donde expresamente se señala el derecho a la vida del nasciturus en la Constitución, se ha permitido la despenalización del aborto. La mera declaración del valor de la vida de nasciturus no resuelve el conflicto con los derechos a la vida, salud, integridad, dignidad o autonomía de la mujer, pues en toda deliberación política o jurídica se ponderan los derechos y valores en juego.

En este sentido llamó a dar una lectura coherente a la Constitución y a considerar también el artículo 5 inciso segundo de la misma, con las bases de la institucionalidad (en relación a los principios de dignidad y realización material y espiritual) y los demás derechos y sujetos de derechos en juego. Además, se refirió al artículo 4.1 CADH, el cual debe interpretarse a la luz de la propia jurisprudencia interamericana de DD.HH, recalcando que hay casos en donde se exhorta al Estado a considerar el embarazo en función del derecho a la integridad, salud y a la autonomía. Es así como la Corte IDH y la Comisión abordaron el caso Artavia Murillo con Costa Rica (Corte IDH 2012), las medidas a favor de Beatriz contra El Salvador (2013) o la niña Manuimby del Paraguay en que la Comisión IDH exhortó al Paraguay asegurando su vida e integridad (2015). En estos tres casos se relaciona con la interpretación del artículo 4.1 de la CADH, el derecho a la integridad, salud y autonomía.

Explicó que el Estado o el derecho no puede exigir conductas supererogatorias, es decir conductas heroicas que no son exigibles legalmente, no obstante que puedan ser deseables desde el punto de vista moral para algunos, lo que ejemplificó con el caso de pedirle a una persona que sea donante de sangre cuando el grupo sanguíneo es raro y difícil de encontrar y su sangre permita que alguien pueda salvar su vida. Se puede esperar, pero no se puede exigir.

Adicionalmente, planteó que debe analizarse la efectividad del derecho penal en este ámbito. Señaló que el valor de dignidad no es una idea abstracta, sino que se trata de asegurar una posibilidad de realización material y espiritual, y su contenido debe darse en tales términos que sean válidos en una sociedad plural y democrática. Agregó que esto se conecta con lo preceptuado por los diversos tratados de DD.HH, en los cuales se sostiene una noción de igual merecimiento de respeto y protección por parte del Estado a todas las personas.

El derecho a la vida e integridad tampoco son nociones abstractas. Pero se requiere de lentes que permitan integrar los alcances de esos valores, derechos y principios en sociedades complejas. En el caso de la legislación que penaliza toda forma de aborto, hace invisible a las mujeres que se encuentran en situaciones de riesgo de vida (y salud), cuando gestan un embarazo con un producto con inviabilidad o cuando es producto de una agresión sexual. A su juicio, discutir estos casos en forma binaria (a favor o en contra de la vida) es una lectura simplista, una lectura constitucional debe estar anclada en la realidad concreta de la vida de las personas, realidad en que se entrelazan el derecho a la vida, integridad y dignidad de las mujeres, derechos íntimamente relacionados y que deben ser considerados por el legislador y por todo el actuar del aparato del Estado.

Indicó que penalizar todo aborto vulnera la igual dignidad de las mujeres a la cual tienen derecho, en tanto personas, a no ser discriminadas, en igualdad de derechos ante la ley y en la ley, el merecimiento de respeto y protección, a no ser sometidas a violencia. De hecho, si un gran principio al que adherimos es no utilizar a las personas como medios, las mujeres en estas tres hipótesis que se discuten, se convierten en medios.

Añadió que una ley como la propuesta permitiría que existiera certeza, evitaría la discrecionalidad y respeta y valora la vida e integridad de las mujeres cuando su vida o salud se encuentra en riesgo, o cuando gestan un embarazo con un feto inviabilidad.

Respecto de la causal riesgo de vida que contempla el proyecto, aludió al argumento que algunos sostienen señalando que no sería necesaria en Chile porque la atención médica o los cuidados a una mujer se prestan cuando su vida o su salud está en riesgo. Si esto es así, señaló que no habría nada innovador en la propuesta y se aseguraría esa buena práctica médica evitando las dudas y el efecto paralizante para los equipos de profesionales de la salud, ya que los marcos legislativos restrictivos añaden riesgos innecesarios en menoscabo de la vida de las mujeres.

Sobre la causal de inviabilidad fetal, declaró que en su opinión, la imposición de un embarazo en estas circunstancias, solo añade un dolor adicional. Señaló que de acuerdo a un reciente estudio del Centro de Derechos Humanos de la UDP, se demostró que los cursos de acción frente a estas circunstancias son muy variados. Cada profesional asume cómo enfrentar estos embarazos, algunos no hacen nada, otros deciden interrumpir la gestación o adelantar el parto, otros informan a sus pacientes de la posibilidad de viajar al extranjero, etc., Cada profesional asume, dentro de sus intuiciones, marcos técnico-normativos, y sus concepciones morales cómo enfrentar este embarazo frente al sufrimiento y solicitud de una mujer, y quienes deciden interrumpir la gestación lo hacen basándose en disquisiciones médicas para tener un manto de juridicidad (la OMS hace distinciones por la edad gestacional para efectos de definir un aborto o un parto prematuro), pero se trata de discrecionalidad. Señaló que en estas circunstancias límites el Estado debería apoyar y respetar la decisión de las mujeres.

Añadió que el Comité de DD.HH, órgano que vigila el cumplimiento del el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha señalado que es constitutivo de un "tratamiento cruel, inhumano y degradante" obligar a continuar el embarazo en el contexto de inviabilidad fetal, agregando en un voto concurrente que la imposición de la gestación es equivalente a la tortura. En este sentido se condena a Perú en el caso K.L. del 2005 en que a una adolescente de 17 años se le negó la solicitud de interrupción del embarazo.

Respecto al embarazo en el contexto de una agresión sexual, señaló que la violación es una agresión a todos los derechos de la mujer, y el embarazo perpetua esa violencia. Agregó que se trata de uno de los delitos más difíciles de perseguir, no solo por la prueba, sino por los prejuicios, por el deber enfrentar la investigación y la victimización.

En este punto, el sistema internacional de DD.HH también se ha pronunciado estimando que obligar al embarazo constituye un tratamiento cruel, así lo ha determinado el Comité de Derechos Humanos sobre Derecho a la Igualdad entre Hombres y Mujeres (Observación General No. 28, marzo de 2000) y el Comité en el marco de la CEDAW (condena a Perú por la negación de una intervención quirúrgica oportuna a la columna de una niña de 13 años quien al saberse embarazada producto de los reiterados abusos sexuales intentó suicidarse).

Añadió que a Chile se la ha reiterado que la interrogación de una mujer ingresada a una emergencia obstétrica producto de un aborto y que luego es denunciada constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante como lo estimó el Comité contra la Tortura.

Para finalizar, enfatizó que el Estado debe asegurar que opciones diversas convivan en una sociedad diversa y plural. La maternidad es una decisión importante, una decisión moral y eso confirma que las mujeres deben ser respetadas como agentes morales autónomos.

El profesor de derecho penal de la Universidad de los Andes, señor Gonzalo García Palominos, señaló que en este proyecto se trata de uno de los más relevantes, en tanto se juega una de las decisiones más básicas de nuestra estructura social.

Recordó que hace unas sesiones, el profesor Squella señaló que el estatuto de persona era una decisión convencional, para recalcar que no depende de la naturaleza, sino de las concesiones recíprocas de los hombres. En similar sentido, otros profesores han señalado que no existirían inconvenientes para autorizar a un ser humano de producir la muerte de otro ser humano inocente. Por cierto, no para exculparlo (por inexigibilidad de otra conducta), sino como una autorización o cristalización de un derecho a producir la muerte de otro. La razón práctica – esto es, el fundamento de aquello –no estaría, sin embargo, radicado en la bondad de la conducta, sino en la necesidad de “cristalizar un sistema de prestaciones médicas” que se entiende necesario.

También han concurrido otros académicos que han señalado que la estructura de nuestra sociedad -en especial, desde el año 1990 que coincide con la caída de la dictadura, vuelta a la democracia y la entrada en vigencia de tratados sobre derechos humanos – incluye un sistema configurado en base a una sustracción de un contenido mínimo de la autoridad del poder temporal, esto es, reconociendo un valor moral o dignidad a todos los individuos de la especie humana, que lo valorará desde las cualidades que le son esenciales, sustanciales o “intrínseca” del ser humano. Lo anterior se recoge en frases como "inviolabilidad de la dignidad humana", “los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana”, "cualquiera sea su edad, estirpe, edad o condición", etc. Así lo recogen también los tratados de derechos humanos y nuestra Constitución.

En este sentido, señaló que manifestación de aquellas estructuras sociales son, por ejemplo, la introducción de cláusulas limitativas de la soberanía; por ejemplo, el art. 1 (trilogía valórica, dignidad), el art. 5 inc. 2° de nuestra Constitución (reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales); y el art. 19 n° 26 (no afectación de derechos en su esencia).

Desde el derecho penal, cabe preguntarse qué modelo de sociedad adopta este proyecto y si resulta coherente con nuestra Constitución. En su opinión, el proyecto renuncia a la dignidad humana como valor operativo, dejando todo como negociable. Es decir, asume el modelo de sociedad que no se reserva nada “a la arbitrariedad del poder temporal”.

Respecto a los modelos de despenalización que pueden reconocerse en teoría, señaló que existen:

1.- El modelo clásico o estrictamente penal o criminal: no modifica el estatus de no nato ni la configuración de los deberes de la mujer en relación a su hijo, y mantiene la prohibición de interrumpir el embarazo como una norma general. Este modelo, enfrenta las posibles tensiones entre los intereses de la criatura y la madre, desde las categorías que provee de manera general tanto 1) el derecho penal sustantivo como 2) el derecho procesal penal.

Desde las estructuras generales del derecho penal continental, se separa en su análisis sistemático las categorías de injusto y culpabilidad. Con aquello, la solución a las tensiones no necesariamente requieren una „reformulación“ del estatus del nonato ni la naturaleza y contenido de los deberes de la madre que le obliguen a redefinir la ilicitud, sino que perfectamente permiten mantener la declaración de la ilicitud, pero – al mismo tiempo - reconocer que en ciertas circunstancias las personas – en este caso la gestante – se encuentra en una situación extrema que imposibilita al Estado exigir un comportamiento conforme a la norma de conducta (inexigibilidad de otra conducta). Adicionalmente a estas, se suman las demás soluciones que la dogmática de la parte general puede proveer desde la teoría del delito. Por ejemplo, por medio de teorías como la “imputación objetiva”, se pueden resolver situaciones de riesgos asumidos por los médicos para salvar a la madre y que eleven las posibilidades de vida de ambos; aunque también pueden incluir – como permitidos – riesgos abarcados por la lex artis médica; o criterios establecidos en la leyes extrapenales, como el art. 119 del Código Sanitario y que establece una autorización a generar un riesgo médico, etc.). Junto a esas soluciones, se pueden incorporar, las soluciones clásicas de la parte general, como las situaciones de exclusión de la culpabilidad o exculpación tales como los casos de Estado de Necesidad, ejercicio del derecho, o el art. 10 N° 11 del CP, etc.)

A lo anterior, se pueden sumar las limitaciones y exigencias que puedan provenir del propio tipo penal de aborto (parte especial) que puede exigir vulneración concreta a deberes o incorporan ciertos elementos subjetivos especiales (ej. Malicia) que restringen la punibilidad. Ej. Para el médico en el artículo 345° “el abuso de oficio”.

Finalmente, este sistema se completa por las soluciones que el propio sistema procesal penal puede proveer, en tanto, cada sistema incorpora normas que limitan el inicio de la persecución penal (ej. Archivo provisional o decisión de no iniciar investigación) o la renuncia a sustentar o persistir en la ya iniciada (principio de oportunidad). En este sentido, un sistema procesal puede decidir una persecución penal razonable y restringida en relación al aborto sólo a casos más gravosos o calificados, renunciando a la persecución en ciertos casos en que la conducta no merezca pena o casos de colisión de intereses en que la pena no sea necesaria.

2.- Modelo puro de indicaciones: existe admisibilidad de ciertas hipótesis de aborto, en base a determinadas circunstancias o exigencias que, en algunos casos, implica la evaluación de un tercero (ej. Médico) o exigen la condición de asesoramiento. Se reconoce la vida del no nato, pero no como un sujeto de derecho sino como un interés relevante, no es titular de derechos sino un objeto de protección. Siguiendo esta lógica, no todo interés de la mujer que se vea limitado por el estado de embarazo permitiría la interrupción del mismo, sino sólo algunas “muy excepcionales“, por una situación de necesidad o de conflicto. También se modifican los deberes de la madre, en el sentido de que a pesar de tener el deber de no matar, no alcanza a configurarse el deber de continuar con el embarazo en ciertas circunstancias, por lo que el deber pasa a ser un mero deber de solidaridad.

En conclusión, este modelo presupone que para poder ponderar la vida de la criatura no nacida con los más variados intereses de la madre (económico, vida, futuro laboral, proyecto de visa, salud, etc.), debe abandonar la idea de construir un sistema de derechos humanos desde la dignidad humana – o, al menos, de la dignidad humana entendida desde cualidades esenciales – ya que debe “despersonalizar” (desconocer el estatus de titular de derechos) a la criatura y valorarla sólo como un “objeto” de interés. Aquello, sí permitiría construir derechos limitados a la mujer a “disponer” de la vida del hijo. Este modelo, no implica dejar, en todo caso, en absoluta desprotección al no nacido: exige establecer un sistema de protección alternativo.

3.- Modelo puro de plazos: La mujer tiene la facultad de interrumpir libremente el embarazo bajo ciertos parámetros de tiempo. Se modifica el estatuto del embrión desconociéndole su titularidad de DDHH. La viabilidad suele constituir el límite, es decir, usualmente la semana 22 de gestación.

En suma, para este modelo la mujer gestante tiene el derecho a interrumpir el embarazo a libre disposición, sin necesidad de acreditar ciertas circunstancias de tensión de intereses, durante un lapso de tiempo. Este modelo tiene como punto central la necesidad del reconocimiento de la autonomía de la mujer para decidir sobre la mantención de su embarazo, de manera tal que el objeto de la concepción es disponible por cierto lapso de tiempo. Este modelo implica dos tipos de decisiones y límites: 1) la modificación del estatuto del embrión, desconociendo la titularidad de derechos subjetivos y 2) que, ya que existe una mayor valoración a medida que progresa el desarrollo, la viabilidad constituye un límite. Esto es, alcanzada la semana 22, y la posibilidad de vida extrauterina, sólo es posible la interrupción del embarazo, pero no la causación de la muerte.

4.- Modelo de asesoramiento: Se plantea en sociedades polarizadas en cuanto a la ilicitud del aborto (ej. Reunificación alemana) y con importantes cifras de mortandad materna por abortos provocados (fenómeno que no se produce en Chile). Explicó que se trata de un modelo que implanta un sistema de indicaciones o de plazo, limitado adicionalmente por la obligación de llevar a cabo un asesoramiento, por un tema pragmático en el diseño de políticas públicas.

El discurso público de este modelo plantea que, para proteger al nonato, sólo es posible hacerlo con la ayuda de la madre y que “llegado el momento en que la mujer toma la decisión, el Estado carece del poder de impedir el curso que desembocará en la interrupción voluntaria del embarazo” (Adriasola, Aborto: el modelo de asesoramiento en Uruguay, Revista Médica Uruguay, vol.22 no.1 Montevideo mar. 2006). Por lo mismo, más que prohibirlo, el modelo plantea trabajar con ella. Sin embargo, supone que todas las posiciones ideológicas en la sociedad deben ceder: mientras unos deben ceder su concepción sobre los derechos humanos desde la dignidad humana – por tanto, abandonar la discusión del estatuto del no nacido-; los otros, deberán abandonar su pretensión de considerar el aborto como un derecho. A su juicio, se trata de un modelo absolutamente fracasado, que no logró controlar el aborto ni los fraudes que se dan al interior del sistema. Un ejemplo de aquello, es la situación informada por el Bundeskriminalamt en Alemania relativa al aumento de un 307% (entre 206 y 2014) de los abortos utilizando la causal “terapéutica”, esto es, utilizando la excusa de la vida, salud física y psíquica de la madre. Pero, adicionalmente, informa la provocación del aborto de mujer embarazadas con niños afectados por un Síndrome de Down en un 90 % de los casos, precisamente gracias a dicho diagnóstico y utilizando la misma causal.

En cuanto al proyecto de ley en análisis, señaló que esencialmente contiene una gran modificación Dicho artículo señala que, mediando la voluntad de la mujer, un médico cirujano se encontrará autorizado para interrumpir el embarazo, en tres casos (indicaciones) diferentes: a) riesgo vital, presente o futuro; b) alteración congénita o genética del feto incompatible con la vida y c) se trate del resultado de una violación. Adicionalmente se agregan nuevos incisos tanto al art. 344 y 345 del CP, esto es, el auto aborto y al aborto del facultativo, en los siguientes términos: “No constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario.”

En su opinión, este proyecto no es neutro y asume por un modelo definido de estructura social. El proyecto opta por el sistema de indicaciones en las causales 1 y 2, que a su juicio tendría claramente como presupuesto: i) que la criatura no nacida no es sujeto titular de derechos, sino un mero interés social; ii) que, en dicho contexto, sería un deber del Estado proveer protección a dicho interés, de manera tal que no es posible el reconocimiento del derecho a abortar a entera disposición de la madre, pero si proveer protección; iii) que los deberes de la madre y terceros en relación al nonato, sin embargo, son limitados o meramente solidarios; iv) que existen circunstancias excepcionales que hacen decaer tales deberes de la madre, pasando a reconocer el derecho a eliminar a un ser humano inocente; y v) aquella autorización es diseñada como una causal de justificación que excluye el injusto.

El segundo modelo elegido es el de plazo para la tercera causal, en caso que se mantenga el estándar probatorio o de acreditación de la causal de violación en el proyecto original.

En conclusión, indicó que para el proyecto el no nacido no es persona, en tanto no es titular de derechos subjetivos, es decir, no se le reconoce el mismo valor moral. Sería un bien valioso, pero en tanto su nivel de desarrollo no alcanza para sostener su personalidad, está sujeto a ponderación con otro tipo de intereses u objeto de disposición de la madre.

Añadió además que es un proyecto con muchas falencias técnicas, las cuales se detallan en una minuta que quedó a disposición de los diputados, y que incluyen entre otros que podrían darse casos con fetos que llegan a nacer por lo que al morir después de nacer, se estaría dejando morir a personas propiamente tales. En suma, recalcó que el proyecto modifica los valores constitucionales vigentes y la estructura social más básica de nuestro país.

El diputado señor Saffirio agradeció ambas exposiciones y destacó que el valor de la vida humana siempre esté presente. Consultó a la profesora Casas, por su opinión respecto de la solución que el proyecto entrega en cuanto a la obligación de denuncia de la violación, según se trate de una mayor o menor de edad.

El diputado señor Chahin resaltó que más allá de la condición de persona del nasciturus, debe abordarse el debate de cómo protegerlo -como sujeto de derecho u objeto de protección- y las implicancias que tendría para este proyecto. Consultó a los profesores por los estándares que creen que serían suficientes para cumplir el mandato constitucional de proteger la vida del que está por nacer. Respecto de la tercera causal, que responde al sistema de plazos más que de indicaciones, preguntó qué cambios o modificaciones sería necesario incorporar a esta causal para que fuera realmente una indicación y no meramente asunto de plazo. Por último, consultó que vía sería más apropiada para resolver esto, la vía de la culpabilidad o la de juridicidad.

El diputado señor Squella consultó a la profesora Casas cuál sería la justificación para mantener la sanción o penalidad fuera de las tres excepciones reguladas en el proyecto. Al profesor García, le consultó en qué condición quedaría la conducta y la protección de la vida si se derogase el delito de homicidio, como para hacer dicha analogía respecto del mandato de protección de la vida.

La profesora Casas señaló que los delitos sexuales son acción pública a instancia particular, por lo que no se alteran las condiciones imperantes, salvo en cuanto a la redacción que señala "se pondrá en conocimiento". En concreto, explicó que los delitos sexuales son de muy difícil persecución penal y que actualmente muchas mujeres no denuncian por miedo al estereotipo o al prejuicio. Añadió que el artículo 369 CP en el contexto del femicidio, hace procedente el perdón del ofendido y la historia de la ley muestra que esto se introdujo para evitar que las desavenencias de una pareja sean judicializadas. Esto reafirma la dificultad de lograr la denuncia tratándose de delitos sexuales.

Respecto de las cifras de aborto, estimó que existen alrededor de cien mil abortos anuales en nuestro país. Si se quieren visibilizar estos abortos, es necesario en primer lugar asegurar la confidencialidad médica. Solo transparentando estas cifras será posible diseñar políticas públicas adecuadas. El derecho penal es burdo, tosco y llega tarde, y las condenas son finalmente discrecionales y afectan a las mujeres más pobres de Chile. La vida se protege con múltiples medidas concretas, como por ejemplo, evitando la expulsión escolar de adolescentes embarazadas, con adecuada educación sexual, con políticas de control de natalidad, etc. En su opinión, la penalización no protege y es mucho mejor un sistema de plazos que logre regular el actuar del aparato público.

Insistió en que esta discusión no puede darse en base a un razonamiento binario y enfatizó la necesidad de proteger a las mujeres y niñas de la violencia, haciendo un llamado a pensar políticas públicas que realmente protejan la vida y no que afecten a las mujeres más pobres de esta sociedad.

El profesor García, por su parte, señaló que existe mucha mitología en torno a este debate. Por ejemplo, respecto de la ineficacia del derecho penal, es posible reconocer ineficacia para evitar abortos o para evitar muerte de las mujeres. Respecto de lo primero no existen datos y en todo caso debería fortalecer la necesidad de proteger al no nacido. Respecto de la mortandad de la mujer, sí existen datos, pero recalcó que las cifras no son argumento suficiente para desarticular el sistema, ya que eliminar la penalización no ataca el problema de fondo.

En relación al concepto de persona en nuestra Constitución, señaló que a raíz de un análisis sistemático de todo el ordenamiento jurídico es posible sostener que la protección constitucional al no nacido es la de otorgarle el carácter de sujeto de derechos. Añadió que una interpretación extensiva de los derechos humanos refuerza esta interpretación, en tanto se basa en el concepto de dignidad humana.

Respecto de la tercera causal o de qué vía es preferible para resolver el conflicto de derechos, señaló que en primer lugar es necesario determinar la fuente del conflicto y luego decidir cómo resolverlo. En su opinión, lo principal es reconocer que la sociedad ha decidido que no es posible arbitrariamente renunciar al valor de la dignidad humana y que esta la poseen todos los individuos de la especie humana, incluyendo al feto. Si se quiere aceptar este proyecto, implica aceptar también que la dignidad se debe a cualidades meramente accidentales. De todas formas, señaló que las causales de antijuridicidad se fundamentan materialmente, y en este caso no existe este contenido material. Agregó que a su juicio el proyecto es inconstitucional, por lo que mal podría sugerir soluciones.

El diputado señor Trisotti agradeció las exposiciones y que pongan en evidencia las distintas variables que están en juego. Consultó, si en la práctica, el proyecto apunta más a una legalización del aborto o a su despenalización.

El diputado señor Chahin consultó por la opinión de los profesores respecto del sistema de acompañamiento, si debe ser neutro o disuasivo, etc.

El diputado señor Squella añadió si existe acompañamiento que convierta en lícita la conducta regulada en el proyecto. A la profesora Casas le consultó porqué el derecho de la mujer a decidir sería válido en ciertas circunstancias y no en otras, más allá de la ineficiencia del derecho penal.

El profesor García señaló que efectivamente en el discurso se habla de despenalización para no ofender con el término legalización, pero que lo importante es analizar su contenido. Explicó que en el derecho penal es posible no penalizar en varias circunstancias, por ejemplo, conductas de riesgo permitido, causas de justificación, exculpación, salidas procesales, etc. En este proyecto no se renuncia solamente a la pena, sino que se restructura toda la ordenación social, por lo que en realidad es una legitimación del aborto más que una mera despenalización.

Respecto de la eficacia del derecho penal, más allá de la eficiencia se trata de modificar la valoración de las conductas en el plano social, conductas que por pertenecer al derecho penal han recibido tradicionalmente una particular valoración de reproche.

Sobre al acompañamiento, lo distinguió del asesoramiento. Según explicó, éstos últimos están orientados a incorporar un ámbito libre de decisión, mientras que los primeros incorporan políticas públicas integrales tendientes a ayudar a la madre más allá de la mera decisión del aborto. Y eso no lo tiene este proyecto, lo cual acarrea problemas constitucionales, ya que deja en total desprotección al no nacido.

La profesora Casas coincidió en que la discusión respecto de la terminología despenalización o legitimación carece de relevancia, ya que lo importante es asegurar que efectivamente no exista la imposición de pena para evitar abortos clandestinos.

En cuanto a la eficacia del derecho penal, entendió que se busque dictar normas que no sean meras disposiciones simbólicas. En este sentido, señaló que lo preferible sería perseguir todos estos delitos. Pero también es necesario reconocer que actualmente el derecho penal no actúa en todos los casos de aborto, porque actúan valores y formas de mirar esta situación por parte de la sociedad. Y reiteró que hay formas de denuncia y penalización que han sido objetadas por los organismos de derechos humanos.

Sobre el acompañamiento, coincidió en que es deseable que siempre exista alguien en estos contextos, y en ese sentido hoy existen algunas políticas públicas, por ejemplo Chile Crece Contigo, para acompañar maternidades conflictuadas. Esta conserjería debería comenzar por la igualdad de derechos y respetos y debe ser abordado de forma integral.

Explicó que en todas estas hipótesis actúa la autonomía de la mujer. Respecto de las demás situaciones de embarazo, en todos los sistemas -incluso el de plazo- esa autonomía está sujeta a ciertas limitaciones, basadas en el valor de la vida, pero eso no es suficiente para exigir actitudes heroicas por parte de las mujeres, que también son vidas inocentes en estos dramas.

El profesor García destacó la coincidencia en cuanto a no abandonar a las mujeres en estas circunstancias, pero las diferencias surgen al momento de asumir las bases ideológicas para decidir la solución.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, distinguió el programa de Chile Crece Contigo respecto del acompañamiento en el contexto del aborto. Consultó además en qué situación quedaría el niño nacido y si el Estado debería dejarlo morir.

El profesor García señaló que ese problema no es solucionado por el proyecto, ya que es el diseño de la causal la problemática al no abordar la posibilidad de sobrevivencia extra uterinamente.

La profesora Casas informó que el programa Chile Crece Contigo se utiliza también para embarazos con inviabilidad fetal y no solo para mujeres pobres.

La profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, señora Alejandra Zúñiga, comenzó presentando el siguiente dilema:

“Permítanme pedirles que se imaginen que una mañana despiertan en la cama de un hospital, conectados de alguna manera a un hombre inconsciente que se encuentra en la cama contigua. Le dicen que ese hombre es un violinista famoso que tiene una enfermedad renal y su única forma de sobrevivir es manteniendo su sistema circulatorio conectado al de otro individuo con el mismo grupo sanguíneo y usted es la única persona con la sangre adecuada. Por ello, una asociación de amantes de la música le ha secuestrado y llevado a cabo la operación de conexión. Como se encuentra en un hospital de buena reputación podría, si quisiera, solicitar a un médico que le desconectara del violinista, en cuyo caso él moriría irremediablemente. Por otra parte, si permanece conectado durante ‘sólo’ nueve meses, el violinista se recuperaría y podría luego usted ser desconectado sin poner en peligro su vida”.

La profesora explicó que este caso (de J.J Thomson) nos permite considerar por qué, si nos viéramos inmersos en esta situación inesperada, no estaríamos moralmente obligados a permitir que el violinista utilizara nuestros riñones durante nueve meses. Precisó que ayudar al violinista sería, claro, un acto muy generoso de nuestra parte, pero decir esto es bastante distinto que decir que haríamos mal si actuáramos de otra manera y nos desconectáramos y, todavía más distinto, sostener que ese deber –que ya es supererogatorio (heroico)- deberíamos imponerlo por medio del derecho penal. Por lo tanto, señaló que aun considerando que el violinista sea un ser humano inocente, con el mismo derecho a la vida que el de cualquiera, ello no significa que pueda utilizar el cuerpo de otra persona para sobrevivir.

Indicó que mediante este caso, la idea es mostrar el paralelismo de este caso hipotético con algunos casos de embarazos no deseados. En particular, con el caso de la niña y mujer que ha quedado embarazada como resultado de una violación. Ella se encontraría a sí misma, de un momento a otro, ‘conectada’ a un feto del que no es, de manera alguna, más responsable de lo que lo sería usted de la vida del violinista.

El ejemplo de Thomson permite identificar la regla de oro formulada por Kant a modo de imperativo moral: nunca uses a las personas como medios o herramientas, sino que como fines en sí mismos.

En efecto, la profesora Zúñiga explicó que el filósofo Immanuel Kant defendió la importancia de los derechos humanos al explicar la diferencia que hay entre las cosas y las personas. Las cosas, según Kant, tienen un valor relativo al que llamamos precio, pero las personas tienen un valor absoluto en sí mismas al que llamamos dignidad. Por eso nunca debemos tratar a las personas sólo como un medio para conseguir nuestros objetivos. Kant creía que la dignidad de las personas nos obliga a tratar a los seres humanos como fines en sí mismos.

A continuación, la profesora preguntó: ¿Existe alguna situación bajo la cual la legislación obligue a una persona a sacrificarse con el fin de salvar la vida de otros? ¿Por qué no se razona igual con la niña y mujer embarazada a consecuencia de una violación? Señaló que no debiéramos sacrificar su indemnidad física para salvar al embrión y que no debiéramos tratarla como medio para obtener ningún fin, por muy legítimo que pueda parecer.

A mayor abundamiento, consultó si se violan los derechos de alguien cuando se niega, por ejemplo, a donar sus órganos. Incluso si es para salvar la vida del propio hijo, y señaló que la respuesta, evidentemente, es no pues toda donación es, por definición, voluntaria y la donación de órganos debe ser siempre libre, aun cuando de ello pueda depender la vida de una persona.

Explicó que esta regla bioética se deduce del derecho a la integridad física y psíquica de la persona, del derecho a la inviolabilidad de su cuerpo, por lo que no hay delito ni reproche moral.

Parece inevitable, de nuevo, preguntarse por qué ese derecho a la libertad e inviolabilidad del propio cuerpo, que las legislaciones de todo el mundo occidental reconocen sin excepción a los seres humanos, se pone en cuestión sólo cuando se trata de una niña o mujer embarazada. ¿Por qué ella sí debe ceder su cuerpo a otro si no quiere terminar en prisión?

Enfatizó que la penalización del aborto en todas las circunstancias despoja a las niñas y mujeres de su derecho fundamental Constitucional a la vida e integridad física y psíquica. En especial cuando, luego de una violación, se las reduce a cosa o instrumento de procreación sometida a fines que no son suyos, vulnerando el imperativo moral de Kant.

Es por ello que informó que el Comité contra la Tortura ha manifestado que la penalización total del aborto es incompatible con la Convención contra la Tortura y ha demandado a Chile a modificar el tratamiento penal del aborto terapéutico y los abortos producidos por causa de violación o incesto.

Indicó que obligar a una mujer a continuar con un embarazo que ha sido producto de una violación, ha dicho el Comité, es una forma de tortura, como lo sería obligarle usted a permanecer conectado al violinista o a donar parte de sus órganos para salvar a la vida de niños inocentes.

Señaló que es por esta razón, y no porque se ponga en cuestión la importancia o valía de la vida del no nacido, que es exigida la despenalización del aborto. Es por este principio moral de Kant, que sustenta la idea de dignidad humana (somos dignos porque somos fines y no medios) que uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativo a la mejora de la Salud Materna que se ha propuesto alcanzar la Organización Mundial de la Salud, es precisamente la despenalización del aborto en casos de violación.

A este llamado de la Organización Mundial de la Salud se suman la Comisión Interamericana de DDHH, el Comité de DDHH de ONU, Amnistía internacional, Human Rights Watch, etc. Planteó si acaso todas estas organizaciones de DDHH son promotoras de crímenes contra la humanidad, cómo sería posible que se equivoquen de un modo tan grave respecto de una cuestión moral tan obvia, están acaso animadas por propósitos perversos, son dirigidas por seres irracionales.

A su juicio, la respuesta es no. La razón no es, insistió, que se desprecie la vida del embrión o que se considere que no merece protección. La razón se simplemente el reconocimiento de la dignidad de las niñas y mujeres embarazadas. El reconocimiento de que son personas y que, al igual que no se puede obligarle a usted a sacrificarse para salvar a otro, no se les puede obligar a sacrificarse para salvar la vida del embrión.

La mortalidad materna es la principal causa de muerte entre mujeres en edad fértil en los países en desarrollo y la inmensa mayoría de estas muertes son evitables, lo que evidencia que se trata –ha dicho UNICEF- de “la mayor desigualdad del mundo en materia sanitaria” ”

Indicó que la Organización Mundial de la Salud ha denunciado que la tendencia a la baja en el número de hijos no ha evitado que aún hoy cerca del 50% de los embarazos sean no deseados, por lo que cada año se practican 20 millones de abortos en condiciones insalubres, con métodos peligrosos o auto inducidos. Y es por ello que consideró que la condena penal, en Chile, es una condena a muerte.

Los abortos inseguros son la tercera causa de muerte materna y son un peligro sólo para las niñas y mujeres que no pueden financiarse, en el sistema sanitario privado, una interrupción del embarazo sin riegos de manera clandestina. El Aborto clandestino significa que estas niñas y mujeres violadas (de las que tenemos noticia prácticamente todos los días en las noticias) corran peligro de esterilidad o muerte.

Es por ello que tantas organizaciones de protección de DDHH nos demandan una y otra vez despenalizar el aborto terapéutico y, especialmente, el aborto por violación.

Agregó que, no sólo hay, como hemos visto, fuertes razones morales para despenalizar el aborto terapéutico y por violación. Hay otra razón relacionada con la jurisprudencia reciente de la Corte IDH y el llamado control de convencionalidad ¿Por qué Chile debe despenalizar el aborto a la luz de la reciente sentencia Artavia Murillo?

Explicó que la Corte IDH ha dispuesto que para la aplicación del control de convencionalidad no debemos detenernos exclusivamente en el texto del tratado que se refiera, sino que debemos incluir la interpretación que ella hace de dicho tratado, sin importar si el Estado ha sido parte o no en la jurisprudencia que trate . Es más, añadió que el parámetro no es sólo la Convención Americana de Derechos Humanos, sino todo tratado de derechos humanos en que el Estado sea parte.

La constitucionalización del Derecho internacional de los derechos humanos no sólo permite sino que exige una cierta convergencia en los significados centrales y más relevantes de los derechos en consideración, lo que comporta dar cabida a las interpretaciones que la Corte hace de cada uno de los derechos garantizados por la Convención Americana.

A lo anterior es necesario sumó una importante obligación de los Estados que han ratificado un tratado internacional: la obligación de adecuar su legislación interna para dar así cumplimiento a las normas de derechos humanos contenidas en él, conforme se deduce de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana.

Por ello, frente a la pregunta sobre si el legislador chileno puede darle al nasciturus una protección absoluta, es de vital importancia detallar las conclusiones más relevantes de la sentencia Artavia Murillo que nos obliga a responder negativamente, destacando los siguientes aspectos:

1. El articulado de la Convención Americana sobre derechos humanos no hace procedente otorgar el estatus de persona al embrión (§ 223).

2. El objeto directo de protección del art. 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos es fundamentalmente la mujer embarazada (§ 223).

3. El objeto y fin del artículo 4.1 de la Convención Americana es que no se entienda el derecho a la vida del concebido como un derecho absoluto, cuya alegada protección pueda justificar la negación total de otros derechos (§ 258).

4. A la luz del Pacto de San José de Costa Rica, la vida desde la concepción y antes del nacimiento es un derecho excepcionable o limitable en la medida en que entre en conflicto con otros derechos, como en especial los derechos de autonomía de la mujer embarazada, que es el objeto directo de protección de la Convención (§§ 264 y 223).

5. En base al principio de interpretación más favorable de los derechos y libertades reconocido en la Convención Americana, se declara inadmisible la protección absoluta del derecho a la vida. En especial, aquella que comporte “la supresión del goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la Convención o los limite en mayor medida que la prevista en ella” (§ 259).

Indicó que estas conclusiones deben motivar un cambio en la legislación chilena pues, de lo contrario, las posibilidades de que Chile sea nuevamente objeto de sanción internacional por parte del órgano de protección de DDHH más importante de América (como lo es la Corte IDH) es inminente.

Concluyendo, señaló que sostener la ilegalidad del aborto es una forma sumamente costosa, en vidas humanas, de distribuir recursos médicos escasos. Precisó que la pregunta no es si estamos de acuerdo o no con el aborto por violación porque, ya sea legal o no, las mujeres se practican abortos - como lo demuestran las estadísticas. Por el contrario, la alternativa es escoger entre la vida y la muerte de estas niñas y mujeres.

Actualmente, mantener las leyes penalizantes significa escoger la muerte o la esterilidad de niñas y mujeres por conductas que no les son imputables y que no se imponen penalmente en circunstancias similares a ningún otro sujeto de derecho en el ordenamiento jurídico.

Señaló que a veces parece que quienes argumentan a favor de la penalización del aborto por violación lo hacen en base a la idea de que las niñas y mujeres, una vez violadas y embarazadas, pierden su condición de personas con dignidad, en el sentido que lo ha entendido occidente a partir de la obra de Kant y de las grandes revoluciones del siglo XVIII.

No se puede dejar de reconocer que el reclamo de las mujeres por el derecho al aborto se relaciona con una apelación más amplia por la igualdad de trato. Si creemos que las mujeres, aun estando embarazadas siguen siendo personas con dignidad, no podemos aplicarles un estándar de moralidad que no estamos dispuestos a imponer a ninguna otra personas en ninguna otra situación.

Si admitimos que las niñas y mujeres víctimas de una violación tienen derecho a decir no al sacrificio de su indemnidad física y psíquica (como usted lo tendría en los casos equivalentes relatados), entonces debemos reconocerles su derecho a abortar si así lo deciden. Y en su opinión, el Estado debe hacerlo incorporando esta prestación sanitaria en las garantías GES. Las mujeres y niñas más vulnerables de este país (es decir, aquel 80% de mujeres que se atiende en el sistema público de salud) debe tener garantizado el derecho a un aborto seguro con médicos dispuestos a practicar abortos en casos de violación.

Es por ello que finalizó sosteniendo que este Congreso debiera aprobar este proyecto y, de ese modo, demostrar que las chilenas son, como el resto de las mujeres del mundo, también personas con dignidad y derechos humanos.

El profesor de Derecho Internacional y DD.HH de la Pontificia Universidad Católica, señor Alvaro Paúl, señaló que el ejemplo del violinista no es aplicable al caso del aborto, porque se trata de situaciones distintas: por una parte, la situación del violinista deja al donante inhabilitado para moverse, trabajar, etc., lo cual es totalmente distinto al embarazo; por otro lado, la acción de desconectar algo arbitrariamente unido es distinta a separar algo unido por naturaleza. Adicionalmente, señaló que sí existen casos en el Derecho para exigir ayuda a otra persona, por ejemplo, en la obligación de proveer alimentos que tienen abuelos respecto de sus nietos, a pesar de que no han hecho nada por la existencia de esos nietos y sin embargo hay ocasiones en que deben auxiliarlos por años. Por último, indicó que la idea de las relaciones de familia no es inocua en el derecho, es decir, no es lo mismo plantear deberes de auxilio respecto de extraños que insertas en relaciones de familia. En suma, aunque el ejemplo es interesante para elucubraciones teóricas, no lo consideró aplicable al caso de aborto.

Luego señaló, que el proyecto de ley que ahora comento establece el aborto como un derecho. Al hacerlo, su sección de antecedentes afirma que no adoptarlo pondría a Chile en una situación de violación del Derecho Internacional de los DD.HH. Enfatizó que tal afirmación no es ajustada a la realidad, pues ninguna norma obliga a Chile a despenalizar el aborto (ni a legalizarlo, que es lo que hace este proyecto de ley). En efecto, la única norma de Derecho Internacional que establece un derecho positivo al aborto es el Protocolo de Maputo, que forma parte del sistema africano de DD.HH., por lo que no nos es relevante.

Añadió que lo único favorable al aborto en el ámbito internacional -no en el Derecho internacional propiamente tal- son las recomendaciones de algunos comités, relatores y otros organismos (v.gr., Comité de DD.HH. o el Comité de los Derechos del Niño). Estas recomendaciones, sin embargo, no son vinculantes, son simple argumentos de autoridad. Tampoco pueden considerarse interpretaciones auténticas de los tratados que estos comités supervigilan, pues las únicas interpretaciones con tal carácter son las de aquellos que tienen el poder de derogar o modificar las normas que interpretan (cuestión que fue reconocida en el caso Jaworzina, de la Corte Permanente de Justicia Internacional).

En otras palabras, sólo pueden emitir interpretaciones auténticas los Estados o los organismos que tienen expresamente ese poder (como sucede, excepcionalmente con la Comisión Ballenera Internacional). Así, las recomendaciones constituyen sólo formas de soft law, las que pueden ser o no seguidas por los Estado. En todo caso, agregó que no está de más decir que también ha habido recomendaciones que protegen al no nacido, como las del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que han criticado las legislaciones de Estados que disponen condiciones más abiertas para el aborto de niños que padecen discapacidad.

Respecto de la noción de tortura, indicó que la tortura está definida en términos muy amplios en el derecho internacional y además está provista de fuerza de norma de ius cogens. Es por eso mismo que resulta un concepto muy útil para desarrollar el argumento en favor del aborto, pero planteó sus dudas respecto a calificar un embarazo como una forma de tortura.

Señaló que en contraste con lo afirmado hasta el momento, sí existen normas internacionales vinculantes que resguardan el derecho a la vida del no nacido, como la Convención Americana sobre DD.HH. (que permite excepciones a su protección, pero considera que el no nacido tiene derecho a la vida) o el Preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, que señala que los niños requieren protección tanto después como antes del parto. Asimismo, ello se observa implícitamente en tratados que protegen la vida humana en general.

En el ámbito regional, reconoció que la Corte Interamericana interpretó el artículo 4.1 de la Convención Americana, en el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica. Sin embargo, consideró que este fallo no es relevante para nuestra discusión por diversos motivos, mencionando que: en primer lugar, se refirió a la fecundación in vitro (FIV), la que no tiene nada que ver con este proyecto de ley; en segundo lugar, es aplicable a Costa Rica y no a Chile, pues nuestro sistema jurídico no reconoce la figura del “control de convencionalidad” en el mismo sentido que le da la Corte Interamericana; y por último, cualquier cosa que el fallo haya dicho sobre el no nacido, fuera del ámbito de la FIV, sería obiter dicta, por lo que mal podría aplicarse como precedente e incluso viola precedentes anteriores.

Por último, recordó que en el caso de la Convención Americana, es importante recalcar que ella se basa en la dignidad inherente del ser humano, cuestión que es independiente de si ese ser humano es o no reconocido como persona en el ordenamiento jurídico de cada país. Esto es así porque la historia del mundo nos ha mostrado repetidas veces que los Estados han tratado de quitarle la personalidad a categorías de seres humanos, por lo que la Convención Americana quiere establecer un mínimo de protección. La intención de establecer este mínimo queda particularmente claro en el artículo 1.2, que extiende la protección a todo individuo de nuestra especie. Esta intención también está implícita en preámbulos de tratados de garantías fundamentales que hacen referencia al ser humano.

En definitiva, concluyó que no existen razones para sostener que hay argumentos de derecho internacional para sostener la obligación de despenalizar o legalizar el aborto, y por el contrario, hay normas vinculantes que reafirman la protección al no nacido.

El diputado señor Squella consultó a la profesora Zúñiga si el criterio en el caso del violinista es la voluntariedad, ya que en el proyecto de ley se ha sostenido que el aborto sigue siendo materia de sanción en el derecho penal, salvo en estas circunstancias excepcionales, por lo que siguiendo ese criterio debería estar en desacuerdo con el proyecto ya que debería sostenerse la despenalización del aborto en su integridad y no solo en casos excepcionales.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, manifestó su sorpresa respecto de la declaración relativa a que el aborto es causa de mortandad en Chile, porque en su entender Chile las mujeres no están muriendo por abortos inseguros, a su juicio este proyecto no trata un problema de salud pública. Recalcó además que no hay ningún tratado internacional que recoja el derecho humano al aborto y destacó que las recomendaciones no son vinculantes para el país, por lo que solicitó que se aclare qué sanción arriesgaría Chile por no despenalizar o legalizar el aborto. Además, solicitó que ambos profesores aclaren su posición respecto a la dignidad del no nacido en función de los tratados internacionales y principios que recoge la Convención de los Derechos del Niño.

El diputado señor Chahin señaló que aun si se acepta la declaración de que los tratados no reconocen al no nacido como persona, la Constitución chilena entrega protección al no nacido. En su opinión, no basta con la legislación penal para entregar esta protección, pero eliminando esta sanción penal y sin hacer nada adicional se estaría desmejorando la situación del que está por nacer y violando la Constitución política, por lo que consultó cómo cumplir el mandato constitucional de protección a la vez que se despenalizan ciertas circunstancias.

Además, planteó que bajo nuestra legislación el delito de aborto es de acción penal mixta, es decir que requieren de una denuncia inicial. Sin embargo, en estos casos las mujeres renuncian a su intimidad para proceder a la interrupción del embarazo y procediendo esa renuncia, a su juicio, debería darse a dicha comunicación el efecto jurídico de denuncia para perseguir al violador.

La profesora Zúñiga señaló que el proyecto es perfectamente compatible con la Constitución, ya que esta delega a los legisladores la protección a la vida del que está por nacer, y en su opinión este proyecto protege la vida del que está por nacer considerando que en todos los lugares donde se ha legislado a este respecto decrecen las tasas de aborto, más aún si junto con despenalizar se inician campañas de educación sexual. Insistió que despenalizar ciertos casos de aborto no se hace por desprecio de la vida del que está por nacer, sino para garantizar la vida de las mujeres. La OMS hace más de 10 años que recomienda la despenalización del aborto, así también las demás organizaciones de DD.HH, porque se reducen las tasas de aborto.

En cuanto a la interpretación de los tratados de derechos humanos, tal y como sucede en el derecho interno, el único órgano facultado para interpretar la CADH es la Corte Interamericana de DD.HH y esa interpretación fue hecha en el caso Artavia Murillo. Efectivamente se trata de un caso de fertilización in vitro, pero el fallo no se limita a constatar esto, sino que va más allá y sostiene la doctrina de la convencionalidad que es obligatoria para Chile. De no aprobarse este proyecto, la Corte Interamericana puede dictar un fallo contra Chile. Este proyecto constituye una oportunidad para que Chile evite el bochorno internacional de un reproche por mantener una legislación que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres. Este Congreso debería interpretar la Constitución chilena de forma evolutiva y haciendo eco de los desarrollos interamericanos de derechos humanos, que obliga a modificar su derecho interno ante normas vulneratorias.

Por último, señaló que el caso Thompson no es equivalente al derecho de alimento por parte de abuelos, porque lo que está en juego es la indemnidad física de una persona. Los únicos casos equivalentes son las hipótesis de donación forzada de órganos, que están prohibidas en la normativa internacional.

Respecto del alcance del proyecto, señaló que este es el mínimo necesario para cumplir con las exigencias que actualmente se están efectuando a Chile en el escenario internacional. Respecto de si se "queda corto", indicó que probablemente sí, pero insistió que este el mínimo para que Chile sostenga de buena fe que apoya los estándares internacionales de los derechos de la mujer.

El diputado señor Chahin consultó si la disminución de abortos luego de despenalizar responda a las campañas que lo acompañan o realmente a la despenalización en sí. Tal vez, esto permita llegar a las personas que están pensando en abortar para disuadir, pero en ese caso sería mejor una política pública de plazos y no de indicaciones.

La profesora Zúñiga señaló que plantear como alternativa métodos de disuasión, presenta problemas con la noción de dignidad de la mujer. El concepto de dignidad está asociada a la capacidad de poder tomar las propias decisiones morales, y bajo esa noción el no nacido no tiene autonomía moral, carece del status de persona y por tanto de dignidad. Reafirmó además que sostener un embarazo no deseado es efectivamente tortura y negar eso le parece una liviandad.

El profesor Paúl llamó a pensar en la otra cara de la moneda, aludiendo a un caso de embarazo producto de violación, que no pudo abortarse y actualmente esos niños están vivos por lo que debe pensarse en ellos también. En cuanto a la afirmación de que al despenalizar se reducen las tasas de aborto, señaló que existen informes pero que comparan Latinoamérica con Europa, mezclando circunstancias socioeconómicas totalmente distintas. Si se compara Europa con Norteamérica o Latinoamérica con Europa Oriental que son más similares, se verá que leyes más restrictivas derivan en menos abortos.

Respecto de posibles condenas a Chile, reconoció que es posible que se den pero porque los Tribunales también se equivocan, a pesar de que no deberían ir más allá de la norma. También reconoció que la Corte es el intérprete último de la CADH, pero solo del caso concreto.

En cuanto a la infectividad de la sanción penal, efectivamente siguen habiendo abortos, pero sí ha sido efectiva para fijar un estándar y sostener que el no nacido es persona humana y merece protección. Eso explica, por ejemplo, que Chile tenga la mayor tasa de niños con síndrome de Down.

Agregó que este proyecto presenta varios problemas, por ejemplo, al generar obligaciones para los médicos, establecer que puede ejercerse sobre la voluntad paterna, que el acompañamiento no pueda incidir en la voluntad de la mujer -es decir, para la ley el aborto es irrelevante-. Sobre si afecta la dignidad humana, a su juicio este proyecto la afecta y la consecuencia será que hay categorías de seres humanos que pueden ver su derecho más fundamental -el derecho a la vida- coartado cuando afecta a un tercero.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, solicitó que se hagan llegar las estadísticas que muestran que al despenalizar se reducen las tasas de aborto, ya que no coincide con la información que ella conoce de España. Señaló que no entiende cómo puede ser proteger la vida aprobar el proyecto de aborto. Insistió que la Convención de los Derechos del Niño establece la dignidad del que está por nacer y es efectivamente vinculante para el Estado.

La profesora Zúñiga señaló que hoy en día las tasas de aborto en España son bajas, mucho menores que cuando era penalizado. Respecto de las sanciones, señaló que en caso de existir una sentencia condenatoria, Chile queda como un país que vulnera los DD.HH, es una sanción moral.

El profesor Paúl indicó que los números que se comparan son estimaciones, ya que se trata de hechos ilegales comparados con hechos ciertos. Esto muestra que las estimaciones están infladas para presionar por una despenalización. En cuanto a las condenas, señaló que dependerá de la integración de la Corte, y aun en caso de darse esta sentencia condenatoria estimó que era preferible que Chile se mantenga firme en su protección a los derechos del no nacido.

La profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, señora Verónica Undurraga, señaló que la Constitución chilena ordena proteger la vida del que está por nacer, estableciendo un mandato similar a los contenidos en otros ordenamientos del mundo. Indicó que hay distintas opiniones sobre el significado de este mandato, por lo que es necesario comenzar por explicar cómo entender los mandatos de la Constitución al legislador, en donde hay principios comunes que se aplican a esta y otras materias o intereses jurídicos.

Los principios básicos que rigen estos mandatos constitucionales, son los siguientes: (i) existe una obligación de efectividad, esto es, el legislador debe buscar los medios más efectivos para cumplir el mandato constitucional; (ii) salvo que la Constitución ordené qué medidas aplicar expresamente, el legislador tiene libertad para escoger los medios más apropiados, en función del llamado principio de libertad configurativa; (iii) si bien el legislador puede escoger como medio el derecho penal, la legitimidad del uso del derecho penal requiere cumplir el requisito de la última ratio, ya que necesariamente afecta otros derechos que también tienen protección constitucional; y (iv) existen roles diferenciados para el poder legislativo y el Tribunal Constitucional (TC): el primero debe elegir los medios más apropiados para cumplir el mandato constitucional, que deben ser efectivos y en caso de ser derecho penal cumplir la última ratio; el TC, debe garantizar que el legislador cumpla suficientemente el mandato de protección, pero también que el legislador no infrinja la propia Constitución en su celo por cumplir el mandato.

Explicó que el legislador puede incumplir los mandatos constitucionales de dos formas: (a) por déficit de protección, es decir, por no proteger suficientemente; y (b) adoptando medidas de protección que tengan como consecuencia vulnerar derechos constitucionales de otros individuos, por ejemplo, de la mujer, el médico u otros, incurriendo en la denominada prohibición de exceso.

Señaló que todo lo explicado precedentemente, constituyen los conceptos básicos de la teoría constitucional y se aplican a todos los casos de mandato de protección constitucional.

Aclarado este punto, indicó que el artículo 19 N°1 de la Constitución ordena proteger la vida del que está por nacer. Para cumplir este mandato el legislador goza de libertad de configuración legal, puede elegir los medios que considere más eficaces, pero salvo que un tratado internacional obligue a penalizar, no está obligado el legislador a penalizar el aborto en toda circunstancia, y no lo obliga a hacerlo en estos tres casos. Así lo han dictaminado prestigiosos TC a lo largo del mundo ante mandatos de protección similares al nuestro. Es el legislador quien está en mejor posición para elegir los métodos más efectivos para proteger la vida de quien está por nacer, considerando la evidencia empírica y social, evidencia que muestra que en países como Alemania se han logrado las tasas de aborto más bajas del mundo priorizando el régimen preventivo y evitando la amenaza de penas de prisión.

En el ámbito del derecho comparado y del mundo de DDHH, señaló que se ha consolidado la visión de que no basta el supuesto efecto disuasivo respecto del aborto, ya que en este caso la amenaza de la pena, no produce ese efecto. Se requieren, en cambio, medidas sociales para prevenir embarazos, medidas de corte social y de salud pública, medidas que se diseñan ofreciendo soluciones a los conflictos que viven las mujeres embarazadas en estas condiciones extremas. Las posibilidades de proteger son mayores al trabajar en conjunto con la madre y no en contra de ella. Es por ello que consideró que la penalización es una medida efectista y simple, y que por el contrario, un verdadero compromiso con la vida requiere tomar en cuenta todas estas evidencias.

Además, destacó que debe tenerse en cuenta el principio de última ratio, que exige demostrar la inefectividad de otras medidas antes de acudir al derecho penal, ya que este último afecta las libertades de las mujeres y resulta intrusivo de los derechos de las mujeres embarazadas. Agregó que este principio ha sido debidamente reconocido por tribunales de otros países, y que al hablarse de efectividad se requiere un juicio comparativo y no absoluto.

Puntualizó que el razonamiento en otros países ha avanzado mucho en este tema, y la criminalización absoluta del aborto es ahora una situación anómala y que requeriría una justificación especialmente poderosa.

Recalcó también, que el legislador no solo debe proteger la vida pre natal, tampoco puede violar los derechos de las personas, debe respetar la dignidad de las mujeres y niñas embarazadas. La penalización de un aborto en contra de la voluntad de la mujer, protege ambos derechos; pero la situación es radicalmente distinta en estas tres hipótesis, que representan casos consentidos por la mujer. Suponiendo que realmente la penalización protegiera la vida pre natal, lo haría a costa de los derechos de la mujer. Es por eso que el legislador debe ser consciente del riesgo de violar la prohibición de exceso y de violar, entre otros, los siguientes derechos de la madre: la vida, integridad física y psíquica, privacidad (tanto en su faz de intimidad como de autonomía), libertad de conciencia y religiosa, igualdad y no discriminación, protección de la salud, derecho a no ser sometida a apremios ilegítimos o de no ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Explicó que no duda de las intenciones de proteger la vida pre natal por parte de quienes se oponen a este proyecto, y que probablemente empatizan también con el sufrimiento de las mujeres y niñas, y consideran el aborto como moralmente incorrecto, de ahí que se proponga la alternativa de la exculpación, pero es un error con consecuencias muy gravosas suponer que estos casos deban quedar en la incomodidad subjetiva. Es fundamental sacar a la luz el correlato jurídico tras este debate, ya que constituye el núcleo de la discusión constitucional, esto es, ¿cuál es límite para exigir a personas igualmente libres? ¿Qué soporte el sufrimiento, el miedo y la estigmatización asociada al procedimiento penal? ¿Dónde está el límite en el celo del legislador por proteger la vida pre natal y en dónde se transforma en una violación a los derechos de la mujer? Siguiendo a los TC y organismos internacionales, en estos tres casos la penalización del aborto traspasa el límite constitucional.

Señaló que ante la tensión de mantener a la mujer como sujeto activo del delito de aborto y al mismo tiempo empatizar con mujeres en situaciones críticas, algunos han propuesto ciertos beneficios para dichos mujeres. Esa propuesta de exculpación refleja el error constitucional antes referido: pensar el asunto en términos de compasión y no en términos jurídicos constitucionales.

Agregó que todo profesor de derecho constitucional enseña que el deber de cumplir las leyes se sustenta en que las miradas sobre el mundo son tomadas en consideración en la misma medida que el de las demás personas. No obstante, el trato dado a las mujeres embarazadas no da cuenta de los derechos de las mujeres embarazadas y es fundamental superar estos sesgos de género.

Enfatizó que las mujeres que interrumpen su embarazo en estas tres hipótesis, no son delincuentes, no han perdido su capacidad de discernimiento, ni su capacidad moral, ni su capacidad de decidir qué es lo correcto para ellas y sus familias, no son incompetentes, y no actúan bajo coerción, sino que toman una decisión moral en conciencia que debería estar amparada por la Constitución.

Aclaró que no es que el resto del mundo haya perdido sus valores morales la legislar a este respecto, sino que han corregido algunas de las cegueras del derecho, buscando normas más efectivas de proteger la vida pre natal que amenazando a las mujeres con cárcel.

En este mismo sentido, insistió en que el legislador no necesita compartir la perspectiva de la mujer, basta con que reconozca su capacidad moral de decidir cómo continuar su vida luego de estas tres circunstancias. Proteger la vida pre natal a costa de la amenaza penal y arriesgando a las niñas al aborto clandestino es un trato inhumano y además inconstitucional, porque vulnera el principio de dignidad humana y los derechos de la mujer. Dado que la Constitución protege igualmente los derechos de la mujer, consideró que penalizar estas tres hipótesis los viola e infringe la obligación del Estado de respetar la dignidad de la mujer. A mayor abundamiento, citó a Jeremy Waldron, quien se aproxima al tema de la dignidad señalando que tiene una cierta "ortopedia moral", que una persona digna "camina derecha", se le escucha, tiene posesión de su cuerpo, por lo que cada hombre y cada mujer debe ser tratado como se trataba antes a los denominados "dignatarios". El derecho debe crear esas condiciones para que todos puedan presentarse ante los demás como personas dignas. En materia de interrupción del embarazo, la penalización en toda circunstancia humilla a las mujeres, impone violentamente cómo la mujer debe sentirse y utiliza su cuerpo y dolor para enviar un mensaje en favor de la vida.

En función de estos argumentos, concluyó que este proyecto implica un avance en la legislación de protección de la vida efectiva y no efectista, que respete los derechos y las experiencias vitales de las mujeres.

El profesor de derecho penal de la Universidad Diego Portales, señor Fernando Londoño, se refirió a cuestiones generales, señalando que este proyecto cabe calificarse como aquellos que adoptan decisiones constitutivas del tipo de sociedad en la que queremos vivir. En este sentido, indicó que existen dos pulsiones vitales: (i) el impulso de controlar la naturaleza para huir el dolor, como fuerza heurística. En función de esta fuerza esta legislación se interpretaría como una búsqueda para corregir la carga que unilateralmente soporta la mujer. Pero la historia también se basa en una segunda pulsión vital: (ii) la de contención de los males que nos causamos unos a otros, instancias de contención de la violencia. Ambas fuerzas han alimentado el desarrollo del progreso y de la institucionalidad, logrando que la construcción de sociedades participativas, democráticas e inclusivas.

Desde esta perspectiva, consideró que esta legislación constituye un "falso progreso", que se basa únicamente en una mala entendida corrección de las cargas de la mujer, pero no se condice con la segunda fuerza, ya que da preferencia el "tener", por sobre "el ser". Aclaró que una legislación que protege al no nacido no se trata de atacar a la mujer, sino de proteger al sin voz, por lo que busca una sociedad aún más inclusiva. No entender esto es el verdadero drama, pues representa una involución de los DD.HH.

A su juicio, el derecho debe estar orientado al respeto de cada acto, impidiendo la instrumentalización del ser humano al modo del imperativo categórico Kantiano, por lo que el derecho debe inspirarse en el respeto no instrumental de la vida humana. Desde este principio, nunca puede ser lícito instrumentalizar la vida en función de los intereses de otro que no se ubica como agresor. La finalidad del derecho debe ser moderar y coordinar las múltiples interacciones humanas, reduciendo la violencia y protegiendo al débil de cara al fuerte.

En cuanto a la distinción entre justificación y exculpación, señaló que aun cuando se justifique o exculpe, el proyecto supone la disposición de la vida de un ser humano inocente.

Explicó que el proyecto propone hacer licita ex ante la muerte de un ser humano inocente que no tuvo ninguna injerencia en su situación vital, lo que la diferencia de instituciones como la legitima defensa. Si bien reconoció que el Estado puede regular condiciones de inexigibilidad o de estado de necesidad, el derecho no debería admitir como generalmente lícita la causación de muerte de la persona no nacida. A su juicio, la ponderación entre vida vs. vida no es aceptable pues se trata de categorías inconmensurables que dicen relación con la dignidad.

Agregó que una situación semejante no tiene precedentes en nuestro ordenamiento jurídico, no hay normas que hagan lícita la privación de la vida de personas inocentes o no agresores, en función del principio de igualdad e igual dignidad, pues de lo contrario el Estado estaría poniendo a una determinada categoría de personas por sobre otras. Explicó que ante conflictos que implican la vida, el derecho no puede hacer consideraciones utilitaristas y debe reconocer la igual dignidad de las personas. La única situación en que el Estado toma partido es en la legítima defensa y se trata de una hipótesis radicalmente distinta.

Señaló que el aborto puede justificarse en base a los siguientes argumentos: (i) negando la categoría de persona al no nacido y dejándolo solo como objeto de protección; o (ii) se le reconoce estatus de persona solo formalmente, que permite seguir una lógica de razonamiento similar a la anterior. A su juicio, el error del primer argumento reside en que concederle al Estado el derecho a determinar quién es humano y quien no, significa sustraer el carácter fundamental de los DD.HH.

A su juicio, una legislación como esta implica el riesgo además de desconsideración del drama de estos embarazos, dejando sola a la mujer con su conflicto. Finalmente, acudió a la noción de "posición original" y "velo de la ignorancia" de John Rawls para justificar la necesidad de proteger la vida del no nacido, en tanto desde una posición en que no sabemos si estaremos entre los nacidos o solo entre los concebidos, no querríamos correr el riesgo de estar en este último grupo.

El diputado señor Squella expresó que coincide en que no toda protección constitucional deban tener su correlato penal, pero algunas sí deben tenerlo. Es en este punto en que el legislador establece una suerte de jerarquía entre los derechos que merecen protección penal, y en este sentido no coincide con el valor que se le asigna a la vida, ya que a su juicio la vida está en el tope de los valores y por lo tanto requiere de la máxima protección. En este contexto, consultó si la profesora Undurraga estaría a favor de la despenalización general del aborto y qué ocurre después del nacimiento, en tanto se mantiene la falta de autonomía de la mujer.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, señaló que agradece la convicción en la defensa de los derechos de la mujer, pero a su juicio este proyecto no es de lo que fortalecen los derechos de la mujer y se invisibilizan los derechos del que está por nacer. También consideró que debería sincerarse la discusión y hablar no de "despenalización" sino de la legalización del mismo, con las consiguientes exigencias de prestaciones por parte del Estado. En cuanto a la elección de medios para proteger la vida del que está por nacer, indicó que este proyecto no elige otros medios, sino que solo elimina todo tipo de protección a la vida de quien está por nacer. Añadió que si bien coincide que las mujeres en estas circunstancias efectivamente sufren, no coincide en que realmente sean libres al elegir el aborto, sino que actúan bajo coerción por desprotección, presión de la pareja, etc. Finalizó consultando cuál es el estatuto que le reconocen a quien está por nacer y qué dignidad se le confiere a este ser humano.

El diputado señor Ceroni indicó que en la práctica ocurren los abortos y muchas veces se pone en peligro la vida de la propia madre y que además es necesario respetar la autonomía moral de la mujer, por lo que consultó porqué el reproche moral de la condena penal en estas hipótesis, qué justifica imponer un reproche moral en casos tan al límite como estos.

El diputado señor Chahin reiteró que es indiscutible que la Constitución entrega protección al que está por nacer, más allá del estatuto que se le reconozca. En este sentido, preguntó si hoy en día la sanción penal es un medio eficaz e idóneo para entregar dicha protección. Y en caso de que se despenalice, planteó si cabe esperar una menor tasa de abortos, o es que los eventuales sistemas de acompañamiento permiten una mejor protección de la mujer, porque en dicho caso se debería legislar en torno a un sistema de plazos y no de indicaciones como en este proyecto. Preguntó además cómo cumplir el deber de protección constitucional en caso de despenalizar el aborto en estas hipótesis, porque a su juicio el proyecto es sumamente débil en este aspecto, si sería una buena iniciativa promover un sistema de adopción por ejemplo. Señaló además que no es indiferente la alternativa entre exculpación y justificación para efectos de regular las prestaciones que debe entregar el Estado.

El diputado señor Saffirio señaló que en torno a la segunda causal no existe regulación de plazo, por lo que podría tratarse casi de un parto prematuro, y si se sobrevive al nacimiento, el deber de cuidado recaería en la madre.

La profesora Undurraga manifestó que efectivamente ella coincide en que el derecho a la vida es de primera importancia dentro de los derechos constitucionales, por lo que la protección de la misma es fundamental y por lo mismo tiene rango constitucional. Deducir desde ahí, que entonces la protección de la vida debe ser a través del derecho penal como interpretación del principio de última ratio es un argumento intuitivo pero equivocado. Este argumento consiste en interpretar la última ratio como si hubiera un continuo entre los bienes jurídicos más importantes y los menos importantes y asignarles a los primeros las medidas de protección más fuertes, dejando a los segundos con medidas menos intrusivas. Pero en eso no consiste el principio de última ratio, ya que no necesariamente el medio más invasivo es el más protector. Específicamente en el caso del aborto eso no es así. El principio de último ratio permite utilizar el medio más invasivo -derecho penal- solo si no existe otro medio más efectivo, y en materia de aborto no es el más efectivo, no tiene el efecto disuasivo que tiene para otros delitos, por lo que implica mantener un embarazo para la madre. Podría tener el efecto disuasivo respecto de los facultativos, pero dado que la interrupción del embarazo requiere una situación de control o supervisión médica, no puede separarse la situación de la mujer de la del facultativo y castigar solo al segundo.

Reiteró que en este tema es importante tanto la vida del que está por nacer como los derechos de las mujeres y enfatizó que no se trata de valores contradictorios, es posible proteger ambos valores creando las circunstancias para que las mujeres no sufran violaciones, pero acompañándolas también en estas circunstancias extremas y confiando en sus capacidades de autonomía moral. Es necesario buscar esas otras medidas que protejan a los seres humanos sin necesidad de poner a las mujeres en situación de criminalización y doble victimización.

Reafirmó que tiene la convicción que la actual legislación, que penaliza el aborto en toda circunstancia, implica una violación a la Constitución, y añadió que incluso estamos en peor situación que Colombia en 2006, en donde se declaró que se violaba la Constitución, y similar conclusión tuvo el TC alemán. Además, señaló que pudiendo el Estado de Chile tener un régimen más efectivo de protección del que está por nacer, se prioriza lo simbólico por sobre una legislación efectiva, y eso viola la prohibición de déficit.

A su juicio le parece algo irrelevante si se elige hablar de despenalización o legalización, siempre y cuando se mantenga la exigibilidad de una prestación de salud en estos casos. De lo contrario, se violaría igualmente los derechos de las mujeres y ese es precisamente el problema de abordar esto vía exculpación.

Respecto del estatuto jurídico del que está por nacer, señaló que en su opinión académica la vida del que está por nacer es un valor constitucionalmente protegida que no tiene la misma entidad que la protección de la vida de las personas nacidas. Pero incluso si tuvieran la misma entidad se aplica la solución del TC alemán, es admisible la despenalización en circunstancias como estas. Respecto del valor de la vida del no nacido, indicó además que cree que sí es merecedor de dignidad humana, pero eso no cambia la constitucionalidad de este proyecto.

Enfatizó que la protección penal no es un medio idóneo para proteger la vida del que está por nacer, pero tampoco cree que la despenalización produzca automáticamente bajas tasas de aborto, pues se requieren otras medidas sociales y de protección a las mujeres, pero la penalización sí influye en la clandestinidad y mayor riesgo de las mujeres y al alejar a las mujeres del Estado, impide al Estado tomar medidas eficaces para convencer a las mujeres de que hay otras opciones.

En su opinión el método más respetuoso de los derechos de las mujeres, sería un régimen de plazo acompañado de una serie de otras medidas sociales y de acompañamiento. Pero en función de un principio democrático, lo que corresponde es que el legislador determine qué método es el más adecuado. Es decir, la Constitución no dice tanto como para obligar a un régimen de plazo, pero sí hay una violación constitucional clara en la penalización del aborto en todos los casos, situación que este proyecto mejora. En cuanto al sistema de acompañamiento, indicó que debería ofrecerse tanto para quienes decidan interrumpir su embarazo, como para aquellas que deciden continuarlo, pero dicho sistema debe asumir a las mujeres como individuos plenos y autónomos.

El profesor Londoño señaló que en este debate es necesario evitar los falsos problemas, y en ese sentido es posible buscar soluciones para los casos de aborto terapéutico, utilizando el principio de licitud del riesgo en el contexto de la lex-artis.

A su juicio, no es irrelevante si se trata de despenalización o legalización, por el reconocimiento de un derecho con la cooperación del Estado para que ese derecho se verifique. El proyecto al regular el Código Sanitario y no solo el Código Penal se inserta en el ámbito de la legalización.

Respecto a la eficacia del derecho penal, indicó que no le parece atendible el argumento de la eficacia, sino más bien cree que es necesario preguntarse qué pasaría si se despenaliza. En este sentido, aludió a un estudio que demostró una relación entre el aborto y la reducción de la delincuencia, lo que sería un gran argumento desde la perspectiva de la eficacia, sin embargo le parece un razonamiento engañoso y que no se condice con la perspectiva kantiana de abordar este problema. El derecho penal es una amarga necesidad, no una herramienta eficaz de protección. La contribución del derecho penal es modesta, pero no es meramente simbólica, pues reafirma los valores de la sociedad en la que queremos vivir. Sobre si el derecho penal impone una determinada moral, señaló que el derecho hace eso constantemente e igualmente podría darse vuelta el argumento y decir que despenalizar es imponer una moral determinada al no nacido. Es por eso que sostuvo que su posición es la más inclusiva.

Sobre cómo asegurar condiciones seguras de interrupción del embarazo, a su juicio, eso solo puede asegurarse en el primer caso, pues el resto de las circunstancias, en su opinión, deben continuar en el ámbito de lo ilícito. Respecto a la situación de quien nace en contra de la voluntad de la madre, llamó a considerar lo que puede ilustrar los médicos al respecto. Finalizó señalando que en su opinión no sobra nadie, por lo que no coincide con este proyecto de ley.

El profesor de Fundamentos del Derecho de la Pontificia Universidad Católica señor Álvaro Ferrer, en representación del Monseñor Fernando Chomalí, señaló que expondría la posición ética y jurídica de la Iglesia Católica. En este sentido, indicó que este proyecto legalizaría el derecho al aborto, lo que debe ser criticado a la luz de las consecuencias que ello generaría.

Respecto al primer punto -legalización del derecho al aborto- señaló que la mera lectura del proyecto aclara que se trata de un derecho al aborto, que regula un derecho a prestaciones sanitarias, modifica el Código Sanitario, y aún más, regula la objeción de conciencia, lo que confirma que se consagra un derecho al aborto en estas tres causales. Explicó que no es una mera despenalización, ya que no se reduce a modificar la regulación penal o a eliminar las penas o agregar una causal de exculpación. Por el contrario, este proyecto modifica el Código Sanitario, disposición que no prohíbe el aborto terapéutico, sino que prohíbe los actos cuyo fin directo es producir el aborto, obstaculizando así que se transforme en un derecho. Mediante este estratégico proyecto, cree que el derecho del que está por nacer cedería frente a este derecho al aborto.

En segundo lugar, indicó que un derecho al aborto no existe realmente en el derecho internacional ni en el derecho interno vigente. Señaló que resulta necesario aclarar en qué consiste este derecho y que esta discusión se ha evitado en el debate, simplemente rehuyendo la respuesta en función del argumento de la autonomía. Siguiendo este razonamiento, enfatizó que este derecho consistiría en terminar la vida de un ser humano vivo, nacido o no nacido, lo que simplemente es matar. Explicó que en ciertas circunstancias el ordenamiento jurídico permite matar -como en caso de legítima defensa o cuando se trata de un efecto indirecto- pero este no es el caso, sino que se trata de la autorización de matar directamente a un ser humano no nacido. A su juicio, este derecho al aborto es una contradicción lógica, porque no se puede sostener qué es injusto matar y a la vez defender este derecho.

Respecto al argumento que niega el derecho a la vida al no nacido, señaló que el derecho vigente no contiene ninguna norma que establezca que quien está por nacer es una simple cosa, o que no es persona o que se le niegue el derecho a la vida.

En tercer lugar, se refirió a las implicancias de un derecho como este, indicando que se trata a quien está por nacer como una cosa, lo que equivale a negarle su dignidad, se le niega su carácter de sujeto de igual dignidad. Indicó que tomarse en serio la dignidad humana requiere no sujetarla a condiciones extrínsecas. Por el contrario, este proyecto asume una noción de dignidad humana condicionada, condicionada a que no concurran las tres hipótesis del proyecto, a pesar de que los hechos que fundan estas causales no afectan el concepto de dignidad humana. Añadió además que implica discriminar al más débil en tanto son exigencias que se imponen unilateralmente a quien está por nacer, que nada puede hacer para impedir la concurrencia de estas causales.

Señaló que de esta forma se entrega a algunos -con apoyo estatal- la facultad para decidir si otros son o no persona, quien posee dignidad y quien no, quien vive o quien muere. El proyecto entrega esta potestad a la mujer. A su juicio, este principio es inadmisible.

Es por estas consideraciones que estimó que en este proyecto está en juego más que la autonomía, sino que se trata de la vigencia de un principio constitutivo del orden social que a todos afecta e importa, pues pone fin a la vigencia social y jurídica del principio que reconoce el valor inviolable de la vida y la igual dignidad de todos. En consecuencia, señaló que la Iglesia Católica rechaza enérgicamente este proyecto, en tanto pone en desprotección a los más débiles y pone en riesgo la vida de quienes están por nacer.

El doctor del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y miembro de la Unidad de Acompañamiento, señor Sergio Valenzuela, expresó que expondría desde los conocimientos del quehacer médico.

Indicó, en primer lugar, que este proyecto de ley regula tres hipótesis muy diversas. Respecto de la mujer en peligro vital, indicó que no se requiere regulación, ya que basta aplicar la lex-artis actual, apoyada por los diversos Comités de Ética y buenas prácticas hospitalarias.

Sobre la segunda causal, aludió a las contradicciones de no exigir la corroboración de médicos especializados, la falta de especialistas en muchas regiones, la imposibilidad de predecir la viabilidad en cada caso, la falta de instrumentos técnicos, entre otros. Además, señaló que existen casos de muertes maternas por interrupciones del embarazo en estos casos, especialmente si han transcurrido varias semanas del embarazo, lo que también rige para los casos de violación en menores de edad.

Se refirió a continuación al fin que debe perseguir la medicina, señalando que la misma sirve al hombre como objeto material y a la salud como objetivo particular. La medicina no tiene dentro de sus objetivos "matar a tal o cual sujeto", por el contrario, proscribe estas conductas. Esta cuestión ha sido analizada por expertos en ética médica -Hastings Center en EE.UU- y se ha determinado que los objetos de la medicina moderna se limitan a prevenir y curar enfermedades; aliviar el sufrimiento y el dolor causado por males; atender a los enfermos; y evitar una muerte prematura y buscar una muerte tranquila.

Aclaró que la medicina no atiende las preguntas filosóficas envueltas en la enfermedad y el dolor, pero en función de que las personas acuden a los médicos, existen programas de acompañamiento y de cuidados paliativos. Explicó además en qué consisten las tareas de la medicina en cada una de los objetivos antes señalados, para enfatizar que no deben desvirtuarse para provocar la muerte directa de un paciente, incluyendo las técnicas para producir la muerte fetal que se utilizan en estas causales.

Respecto a la objeción de conciencia, señaló que si bien el acto aludido es el de realizar un aborto, también podría extenderse a realizar un diagnóstico que configure una de estas causales.

En cuanto a la causal de violación, señaló que un médico no está habilitado para dar cuenta de una violación. Explicó que los médicos se limitan a realizar un peritaje a través de exámenes médicos, debidamente regulados por protocolos, que acreditan el sufrimiento de los genitales femeninos o la presencia de semen, pero no están en condiciones de emitir informes que acrediten el tipo penal de violación. Adicionalmente, criticó que se prescinda de una persecución penal, en tanto, implicará en una gran cantidad de casos, devolver a la víctima ante sus victimarios.

Concluyendo, señaló que debe tomarse en cuenta la naturaleza esencial de la medicina y las leyes que las regulan, reglas de ética que son incompatibles con este proyecto de ley.

El profesor y rector de la Universidad Diego Portales, señor Carlos Peña, señaló que se referiría a las siguientes cuestiones: (i) revisar las condiciones en las que se desenvuelve un debate democrático en torno al aborto; (ii) cuál es su opinión respecto a este proyecto de ley y porqué considera que jurídicamente es correcto; (iii) si este proyecto es consistente con las reglas constitucionales; y (iv) si la solución propuesta es consistente con otras respuestas del derecho comparado.

Respecto al primer punto, indicó que en sociedades democráticas y abiertas, existen dos principios difíciles de satisfacer en forma conjunta: el reconocimiento de la posibilidad de conducir y organizar la vida a partir de las creencias de cada cual y la necesidad de convivir entre personas que abrigan principios que pueden ser muy disímiles. La forma de conciliar estos principios en sociedades democráticas es encontrar una zona común en la que todos podemos reconocernos sin abandonar las creencias finales de cada cual, y por tanto que no sea necesario que algunos renuncien a sus creencias y que otros hagan primar las propias sobre el resto de las personas. En este contexto, cabe plantearse si en este tema tan controversial existe la posibilidad de alcanzar esta zona común. A su juicio, sí es posible.

En su opinión, esta Comisión no debe decidir ni el principio ni el valor de la vida humana, sino si es razonable en las tres hipótesis del proyecto de ley imponer a la mujer la obligación coactiva de tolerar dicha carga, es decir, si corresponde imponer una obligación súper erogatoria a la mujer.

Insistió que no se trata de preguntarse sobre la santidad de la vida humana, lo cual podrá ser parte del debate en otras hipótesis, pero en el caso de este proyecto de ley, la pregunta se limita a si en estos tres casos críticos es razonable que el Estado imponga la obligación a la mujer de continuar el embarazo. Aclaró que no basta que algo sea bueno para que sea moralmente obligatorio, y en este caso se trata precisamente de obligaciones súper erogatorias, es decir, que pueden ser estimadas buenas, pero que no son moralmente exigibles.

Precisó que el proyecto en tramitación no declara moralmente lícito el aborto ni obliga a abortar, sino que en función de la obligación súper erogatoria de estos casos, establece que será la mujer la que decida. Enfatizó que imponer tamaña carga a la mujer no es propio de una sociedad democrática. Al comprender de esta forma el proyecto, cree que es posible encontrar un punto de encuentro que atraviese las diversas creencias finales.

En tercer lugar, respecto a la constitucionalidad del proyecto, señaló que estima que es acorde a la Constitución, que solo contiene un mandato general de protección al nasciturus. Explicó que de un mandato general de protección no se deduce un mandato de punición, como lo prueba el razonamiento del Tribunal Constitucional alemán, que se rige por reglas muy similares a las nuestras. Aclaró que no se trata de proteger la autonomía de la mujer como un bien final, sino de considerarlo para efectos de ponderación. Indicó que el Tribunal Constitucional alemán incluso ha defendido el derecho a la vida del nasciturus, pero no ha deducido a partir de ahí un deber de punición penal del aborto.

Por último, se refirió a la jurisprudencia alemana y estadounidense, que son las paradigmáticas, señalando que en ambas este tema ha sido resuelto mediante la ponderación de bienes en conflicto.

Concluyó enfatizando que no corresponde en este debate zanjar un debate moral final, sino encontrar un punto de encuentro propio de las sociedades democráticas y en este contexto determinar si resulta lícito imponer cargas súper erogatorias a la mujer en estos casos. En su opinión no es moral ni jurídicamente exigible, lo que sumado a la constitucionalidad del proyecto, debe llevar a su aprobación.

La profesora de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica, señora Magdalena Ossandón, comenzó relatando que el académico alemán Karl Binding ha escrito sobre este tema y el profesor argentino Zaffaroni reaccionó criticando duramente ese libro. En su opinión, este proyecto es muy similar a dicha tesis, que en el fondo sostiene que hay seres humanos que no son iguales a otros seres humanos, dependiendo de si tienen o no ciertas características propias del desarrollo. En esa misma línea han argumentado profesores como el señor Mañalich.

Agregó que siendo consecuente con estas ideas, incluso debería permitirse el infanticidio, el cual solo es excluido por razones prácticas. Pero la lógica es la misma: que hay diversas categorías de seres humanos, por más que se intente señalar lo contrario, ya que la base teórica y su aplicación práctica apuntan realmente a esta tesis.

Señaló que el propio proyecto en análisis reconoce que el centro de la reforma es el Código Sanitario, por lo que no es una mera despenalización, sino que lo consagra como un derecho, un derecho a matar a un ser humano que está en las primeras fases de desarrollo, que otros han decidido que son requisito para otorgarle personalidad. Respecto de seres humanos ya nacidos no se reconoce en ningún caso un derecho como este, aunque existen casos en que produce sufrimiento para otros o ponga en riesgo la vida de otros, salvo los exigentes requisitos propios de la legítima defensa o casos excepcionales del estado de necesidad.

Indicó que se suele decir también que esto presenta un problema de exigibilidad, pero esto desconoce el dato que no está en juego únicamente interrumpir el embarazo, sino que la conducta delictiva es específicamente matar el feto, no una mera interrupción del embarazo, sino la conducta deliberada de matar a otro. Aclaró que cuando se apunta directamente a matar el feto, la conducta se denomina feticidio, y específicamente es esta la técnica en caso de embarazos inviables, casos en que incluso el feto podría nacer vivo, pero para evadir este conflicto se opta por un diagnóstico de inviabilidad -que muchas veces puede ser un diagnóstico errado- y se permite el feticidio.

Insistió que si realmente fuera un problema de exigibilidad, debería tratarse como tal y regular un tratamiento de eximente de culpabilidad. Pero es muy distinto afirmar que no hay delito por inexigibilidad, que otorgar el derecho al aborto como lo hace este proyecto. En su opinión, si uno quisiera preocuparse realmente por la mujer, bastaría regular dichas hipótesis de inexigibilidad y no entregar este derecho a matar a otro. Un tratamiento similar se ha dado a casos de parricidio, casos en que se ha reconocido que no existe un derecho a matar al marido agresor, sino que no era exigible una conducta distinta dadas las circunstancias de abuso.

Enfatizó que este proyecto implica un cambio radical en los principios de nuestro ordenamiento jurídico y en la concepción de los derechos humanos. Tampoco cree que la práctica vaya a desvirtuar esto, ya que el ejemplo de otros países demuestra que una vez que se legisla sobre aborto, suele realizarse mucho más allá de los supuestos legales, que ya son suficientemente laxos en este proyecto.

El profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, señor Jaime Couso, señaló que el proyecto considera que hay tres eventos en que no debería considerarse como aborto la interrupción del embarazo. La justificación, en términos generales, de esta despenalización suele fundarse en los siguientes razonamientos: (i) reconocimiento de un interés por parte de quien está por nacer; (ii) que los intereses de los derechos de la mujer son mayores; y (iii) que el legislador puede equilibrar esos derechos.

En su opinión, estos supuestos son controvertibles, ya que hay quienes pueden afirmar: (i) una titularidad de derechos propiamente tal por parte del feto; (ii) casos en que el interés de la madre se ha puesto en duda; y (iii) que el legislador no puede poner en la balanza estos intereses en tanto son inconmensurables.

Otra forma de argumentar en pos del aborto, es sostener que el embarazo es de tal forma esencial a la forma de vida de la mujer, que su inicio y continuación debería ser decisión de la misma. Las hipótesis en el proyecto serían ejemplos extremos del impacto negativo de un embarazo no deseado. Pero no son estos los únicos casos. El acento en la autonomía de la mujer pone de manifiesto si resulta legítimo cargar a la mujer con esta obligación que implica un cambio biográfico tan radical. Muchas legislaciones han decidido que en función de este argumento, debe entregarse la posibilidad de que la mujer pueda tomar esta decisión dentro un plazo perentorio -generalmente 12 semanas-. Una vez vencido este plazo, se somete a reglas muy estrictas en tanto a medida que pasa el tiempo esos otros intereses se vuelven cada más preponderantes.

En definitiva, señaló que a su juicio el mejor sistema de fundamentación del aborto sería un sistema de plazos con indicaciones. Indicó que coincide en que el proyecto legaliza el aborto, pero añadió que la despenalización sin legalización solo es una invitación a la clandestinidad.

Respecto a las menores de edad, sostuvo que una visión de la autonomía de la madre requiere que sean estas quienes tomen la decisión, en tanto tienen también autonomía sexual. Si bien los padres tienen un legítimo interés en guiar u orientar a sus hijos, este interés va decreciendo a medida que transcurre el tiempo. A mayor abundamiento, la exigencia de permiso parental es también un riesgo de acudir a la clandestinidad. La forma comparada de regular esto -EE.UU y Reino Unido- es generar un sistema balanceado pero con acento en la capacidad de tomar la decisión sin autorización parental en el caso de las embarazadas suficientemente maduras.

En su opinión, el proyecto de ley presenta algunos aspectos problemáticos en este punto, como la obligación de notificar a los padres y la autorización judicial para menores, ya que restringe la capacidad de tomar una decisión verdaderamente autónoma y de forma rápida como exigen estos supuestos.

En cuanto a la causal de embarazo por violación, señaló que el proyecto por buenas razones de salud pública establece la exención de denunciar por parte del equipo médico, dando preferencia al deber de confidencialidad, regulación que le pareció correcta. Por último, señaló que debería rebajarse la pena hacia el facultativo en caso de aborto con autorización de la mujer

El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, señor Juan Pablo Mañalich, señaló que se concentrará solo en algunos puntos del proyecto en tanto ya expuso previamente ante la Comisión de Salud.

En primer lugar, aclaró que personalmente considera que se trata de un proyecto conservador y que no recoge su visión política sobre el debate del aborto. No obstante, la alternativa de no regular es aún peor. A su juicio, este proyecto no aborda lo que debería abordarse: hacer distributivamente justa la carga de la sexualidad entre hombres y mujeres. El proyecto, en cambio, se preocupa de forma estrecha y asume una postura bastante conservadora en comparación con países desarrollados como Alemania, España, EE.UU o Reino Unido, países que regulan un régimen de plazo y no el régimen extremadamente estricto de indicaciones que recoge este proyecto.

Señaló que se ha dicho que este proyecto abriría la puerta a permitir un régimen de cuasi-genocidio, pero en realidad este proyecto solo restablece el régimen del Código Sanitario antes de la reforma del 1989, es decir, el régimen sanitario que rigió durante toda la dictadura. Adicionalmente, señaló que este discurso demuestra una falta de consistencia, pues no se entiende que por un lado se estime que la legislación comparada sea equivalente al genocidio, y por otro, se visiten sin problemas dichos países y se asuman sus modelos como puntos de comparación para Chile.

En su opinión, no aprobar este proyecto deja en una situación vergonzosa al país en relación al respeto de los derechos humanos de las mujeres. Es por eso que lo considera un proyecto conservador y que mínimamente revierte la situación del Código Sanitario previo a la reforma del año 1989.

Explicó que comparte los argumentos del profesor Couso, y que se concentrará en la discrepancia en torno a la tercera causal de violación, señalando que sería sumamente inconveniente amarrar la operatividad de esta causal a la obligación de denuncia. Indicó que el derecho chileno sujeta la persecución del delito de violación al trámite de la denuncia, precisamente porque exista una deferencia hacia intereses fundamentales de la víctima, tales como su privacidad, y sobre todo una preocupación por la denominada "segunda victimización". Revertir esta regla en este ámbito y exigir la denuncia comprometería gravemente el propósito módico de este proyecto, que busca reconocer el menos en este caso brutal, la dignidad de los derechos de la mujer. Pensar que eso pone en situación más desventajosa al violador, cree que es errado. Por el contrario, someter a la mujer a la carga de exponer su vida privada para interrumpir el embarazo, en su opinión significa solidarizar con el violador en tanto la carga sería demasiada alta. Es por ello que a su juicio debería aprobarse el proyecto tal y como se presentó.

Señaló, por último, que no cree que este sea el "primer paso" de una agenda oculta no explicitada, y añadió que argumentos de este tipo demuestran además una desconfianza inconducente de la deliberación democrática.

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, señor Augusto Quintana, expresó que se concentraría en las cuestiones de constitucionalidad envueltas en este proyecto. Comenzó por la exposición de un caso de EE.UU que planteó la restricción de autonomías para decidir sobre los derechos de un tercero. Destacó que en este caso, la Corte argumentó que el derecho debe primar aun sobre las convicciones íntimas morales.

En el caso del derecho constitucional chileno, el Tribunal Constitucional reconoció la complejidad de este debate en el caso de la píldora del día después y reconoció la existencia de dos pretensiones legítimas incompatibles: la pretensión del nasciturus y la de la madre. Frente a un debate de estas características no puede optarse por soluciones simplistas que decidan en forma general la supremacía de uno de estos intereses.

Respecto al debate de la pretensión del nasciturus, señaló que existió el debate en la Comisión Ortúzar y que no pudo arribarse a un consenso. De ahí la expresión que utiliza la Constitución: "la ley protege la vida del que está por nacer". En términos generales, indicó que el Estado puede estar obligado a respetar y/o a promover un derecho en términos del artículo 5to de la Constitución, y el verbo "proteger" va en línea del deber de promover este derecho.

Explicó que la Constitución demuestra en este debate lo que se conoce como un "acuerdo teorizado incompleto" (Sunstein), lo que es propio de las Constituciones democráticas. Hizo alusión también a las fórmulas alternativas que la Comisión barajó para esta regla, las que confirman la existencia de un debate al interior de la Comisión Ortúzar.

En su opinión, la Constitución consagra la libertad relativa del legislador, es decir, impone un deber de protección, pero no le impone la obligación de hacerlo vía penal. No recoge expresamente el deber perentorio de recoger el delito de aborto. Además, la normativa constitucional exige ser particularmente cauteloso en el ejercicio del ius puniendi estatal.

Señaló que bajo su perspectiva, existen tres grandes opiniones en esta materia: (i) mantener la regulación actual; (ii) exculpar en vez de despenalizar algunos supuestos de aborto; o (iii) despenalizar y legalizar los supuestos de este proyecto. Respecto de estas corrientes de opinión, sostuvo que el constitucionalismo procura en la medida de lo posible conciliar estas diversas opiniones.

A su juicio, entonces, la pregunta relevante es: si se despenalizan estas hipótesis de aborto -lo que estima concordante con la Constitución- ¿cuál serían las medidas de protección para el nasciturus de forma tal que se cumpla igualmente lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 de la Constitución? Indicó que pueden existir otras medidas legislativas que cumplan con el mandato constitucional y en esa medida, este proyecto no presentaría objeciones constitucionales.

El diputado señor Saffirio señaló que esta materia ha sido objeto de un cuidadoso análisis, acorde con la complejidad de este tema. En su caso, ha llegado a la convicción personal de votar favorablemente las tres causales propuestas en el proyecto, sin perjuicio de eventuales indicaciones parlamentarias que deberían buscar la obligación de denuncia en la tercera causal y definir una política pública de acompañamiento a las mujeres con su respectivo corolario en el presupuesto de la nación.

El diputado señor Chahin, por su parte, declaró que también ha llegado a la convicción de que la Constitución posee un mandato de protección, pero no señala cuál debe ser la herramienta o la vía de protección para cumplir este mandato, y no obliga a imponer una sanción penal, herramienta que además ha demostrado ser poco eficaz. Es más, declaró que si queremos proteger la vida del que está por nacer, es más adecuado identificar a las mujeres en estas circunstancias, y en este sentido, cree preferible un sistema de plazos con indicaciones y un buen sistema de acompañamiento. Pero ante el escenario del proyecto propuesto, cree que es fundamental asegurar la constitucionalidad del mismo, por lo que consultó si el modelo de asesoramiento propuesto es suficiente para cumplir el mandato de protección.

El diputado señor Squella consultó a la profesora Ossandón cuáles son los efectos que ha tenido la legislación de aborto en otros países y cuál es el estado de nuestra legislación en cuanto a respeto de la autonomía de la mujer. En ese mismo sentido, preguntó al profesor Mañalich hasta donde llegaría esa autonomía, porqué apoyar entonces un sistema de plazos, cuáles son los límites o los sustentos que la validan, ya que existen otras figuras que penalizan la intromisión en la autonomía de terceros, por ejemplo, el auxilio al suicidio. Por último, consultó si existe una justificación ética que modifique la conducta en función del eventual sistema de acompañamiento.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, señaló que no se trata de "genocidio", sino de reconocer que en varios lugares de este país no hay profesionales que puedan diagnosticar la inviabilidad fetal, lo que supone que efectivamente podría haber muchas muertes que podrían haberse evitado. Agregó además que en su opinión este proyecto efectivamente nos acerca a un aborto libre.

Consultó a los académicos cuál sería el bien jurídico protegido en caso de abortos por violación, y si es la integridad sicológica de la mujer, si consideran proporcional un aborto como medida de protección y si efectivamente puede constituir una solución al daño sicológico de la mujer. Preguntó también por qué quien está por nacer tendría menos derechos que un niño, si la legislación señala que niño es todo menor de 18. Planteó además si esto acarrearía una discriminación entre un niño por nacer hijo de un violador y uno que no. Respecto de omitir la denuncia, consultó cuál sería el riesgo de impunidad y el riesgo para otras mujeres. También respecto de esa causal, planteó qué pasaría en casos de aborto en donde luego se determina que no hubo violación y qué opinan que la prueba corresponda a un equipo médico. Por último, destacó que este proyecto no contempla un verdadero sistema de acompañamiento ni un sistema de verdadera protección a la mujer.

La profesora Ossandón manifestó que efectivamente se alude mucho al derecho comparado, argumentando que serían más progresistas, más respetuosos de los derechos humanos, pero esa es solo una visión determinada. En su opinión, la legislación chilena está cercana a muchos países más cercanos a su entorno y tampoco prohíbe toda intervención terapéutica, sino que se prohíbe la conducta deliberada a matar a un ser inocente.

Respecto de la efectividad de la protección, la existencia de abortos no constituye un verdadero argumento, pues no sabemos cuántos abortos efectivamente se evitan por el tipo penal, cifras que es imposible determinar con certeza. En otros países, la práctica muestra que aunque se legisle con restricciones luego se practica el aborto sin restricciones.

En lo relativo a la autonomía de la mujer, señaló que dicho reconocimiento siempre reconoce límites, por lo que no comparte que la defensa de la autonomía deba regularse por sobre los derechos de terceros. El embarazo además, es una situación particularmente difícil y este argumento de autonomía no reconoce la mayoría de los casos de aborto en donde existen presiones, falsos diagnósticos, etc. En su opinión, en general, los abortos no responden realmente a decisiones autónomas de la mujer. Añadió por último, que la causal de aborto por violación es una concesión al aborto libre hasta las 12 semanas, porque es imposible probar la violación.

Por su parte, el profesor Couso, señaló que las consultas apuntan precisamente a las principales justificaciones éticas que surgen en este debate. Respecto de la autonomía de la mujer, cree que no es posible legislar suponiendo que la mujer nunca toma decisiones autónomas. Asimismo, cree que se asume por algunos la equivalencia entre derechos de quien está por nacer y de los nacidos, y esa postura, aunque refleje una convicción personal, no se condice con la forma de vida de nuestra sociedad actual, ni con nuestra legislación. Nuestro derecho no trata igualmente la protección de la vida de quien está por nacer y de los nacidos.

En su opinión, la mejor justificación de la despenalización es la autonomía de la mujer y la carga indebida e injustificada de un embarazo no consentido, de ahí el sistema de plazos.

Respecto del argumento de discriminación, aclaró que debe evitarse entre personas nacidas y no entre embriones, en línea con el argumento señalado anteriormente respecto a la forma diferenciada de protección entre personas nacidas y aquellas que están por nacer.

El profesor Mañalich aclaró que no se trata de cuantificar cuántos países regulan esto y cuántos no, sino que de asegurar un mínimo de equilibrio reflexivo en la argumentación moral, en tanto nosotros nos comparamos con los países que efectivamente han despenalizado el aborto y que tienen una premisa constitucional muy similar a la nuestra, como el caso de Alemania, que ha determinado que el régimen que protege la vida del que está por nacer es el sistema de plazos con indicaciones.

Respecto de la situación excepcionalísima del embarazo, señaló que una vez pasado el embarazo la mujer no puede ser utilizada como incubadora contra su voluntad. De ahí el ejemplo del violinista, que reconoce el status de persona, pero ni aun así se sigue que pueda exigirse de la mujer el embarazo no consentido producto de una violación.

Por último, el profesor Quintana indicó que personalmente no está de acuerdo con la redacción del artículo 19 N° 1. De hecho, el comisionado señor Guzmán señaló expresamente que no existen derechos absolutos, refiriéndose al derecho a la vida. Personalmente estaría por otorgar el status de persona al nasciturus, pero la Comisión Ortúzar no estuvo de acuerdo en ello.

Destacó que es necesario tener en consideración la diferencia entre ética y derecho, en tanto este último es una regulación heterónoma. Esta diferencia es fundamental para efectos de decidir sobre qué es posible legislar y sobre qué no.

En cuanto al acompañamiento, señaló que respecto de casos como éste es deseable que existan otras medidas de protección, medidas legislativas además del derecho penal. El derecho penal no tiene por qué ser la única medida, ni siquiera es necesariamente la mejor, y en la Constitución no existe la obligación de tipificar este delito. Coincidió con el diputado Saffirio en la necesidad de que el acompañamiento esté acompañado del necesario presupuesto que lo haga efectivo.

Insistió en que no existe consenso respecto del status de persona del nasciturus, de ahí la redacción del artículo 19 N° 1, y agregó que existe toda una sociedad que no reconoce plenamente al nasciturus, no se cuenta en los censos, no se le aplican sacramentos, etc.

Respecto del bien protegido, en el caso de violación efectivamente existe el bien de autonomía de la madre, pero no es el único. También es necesario considerar otros bienes jurídicos, la integridad física y síquica de la madre, la salud, etc. Por lo tanto, el debate no se reduce a la vida del nasciturus vs autonomía de la mujer, esa postura no reconoce la complejidad del debate.

La abogada y ex senadora señora Soledad Alvear, hizo alusión a los principios del humanismo cristiano (Maritain), que enfatiza que el Estado debe estar al servicio del hombre y no vice versa. Recalcó que esta postura se debe a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, y añadió que esta posición es compartida también por el humanismo laico (Bobbio). Fueron estas posiciones las que fundamentaron la creación de los Sistemas Internacionales de Derechos Humanos, que se basan en la inclusividad de todo ser humano, sin distinción de ningún tipo.

Desde esta postura, la sociedad y el progreso debe construirse incluyendo a todos y muy especialmente a los débiles, postura que también puede ser defendida desde una posición laica. En su opinión, el proyecto de ley y la solución que propone deja en abandono a la madre y al hijo no nacido, cediendo a premisas utilitaristas y destruyendo las bases de un Estado humanista y progresista.

Respecto al abandono de la madre, señaló que cuando corre peligro la vida de la madre, es evidente que el médico debe intervenir y si en ese caso se produce la muerte del niño, no se trata de un aborto propiamente tal, por lo que estimó que la primera causal no corresponde ser incluida en este proyecto.

A continuación, señaló que el proyecto abandona la noción dignidad humana, posibilitando la disposición e instrumentalización de seres humanos, privando del status de persona sujeto de derechos a un grupo de seres humanos. Por ejemplo, en la causal de violación, el hecho reprochable de la violación no justifica la exención del status de persona al hijo producto de esa violación, no obstante el proyecto lo deja en el status de cosa.

Respecto de la segunda causal, señaló que el proyecto implica un cambio de paradigma, ya que excluye de la titularidad de derechos al no nacido, despersonalizando al no nacido y facilitando con ello su ponderación. Esto demuestra el carácter no inclusivo de la ideología del proyecto. El proyecto renuncia a reconocer la dignidad del no nacido.

Añadió que el proyecto asume que la muerte es la solución en estos casos, en base a afirmaciones que son cuestionables. En este sentido, señaló, por ejemplo, que la situación de la madre depende de muchos factores en casos de embarazos no viables, pero el proyecto opta por una sola solución: el aborto, aunque según los antecedentes disponibles el aborto produce otras complejidades y sufrimientos. Indicó que la evidencia internacional sugiere que el mejor camino es en cambio el acompañamiento integral, pero el proyecto opta por la solución ideológica del aborto.

Explicó que algo similar sucede en la causal de violación, el proyecto opta por el aborto, y no se hace cargo de la evidencia existente respecto al daño que genera esta opción ni a las posibles presiones por parte del propio agresor. De esta forma, el proyecto desampara a los más débiles, a la mujer y a su hijo.

Otra característica de este proyecto, es cargar a la mujer -y solo a ella- con la decisión de abortar o mantener a su hijo, renunciando a un tratamiento integral de los embarazos complejos. A su juicio, esto denota una privatización de la maternidad y abandona la idea de que nuestra autonomía no es ilimitada sino que reconoce como límite la libertad y autonomía de los demás.

Por último, se legitiman actos excesivamente riesgosos para la madre y el hijo. Estos riesgos son una consecuencia más del abandono de la madre luego del aborto, por ejemplo, dejándola a merced de su agresor. Entre otras falencias del proyecto, mencionó que no exige tampoco una especialidad médica para determinar malformaciones o embarazos inviables, permitiendo que estos médicos no especializados lleven a cabo tratamientos peligrosos para la madre; tampoco regula los casos de feticidio en que el feto nace vivo; ni considera la opinión del padre.

En consecuencia, estimó que el proyecto no aborda la complejidad de estos casos, solo propone la muerte del hijo y la prestación para hacerla exigible. Pero en clave humanista y progresista, se trata de un proyecto que no convence que esta sea la mejor opción, y por el contrario, abandona a los más débiles, dejando a la madre y a su hijo en total desamparo. En conclusión, llamó a retomar los principios humanistas -tanto cristiano como laico- y a considerar verdaderamente a los más débiles, considerando que el aborto no soluciona el conflicto de los embarazos complejos. En su opinión, sería preferible legislar en torno a programas de acompañamiento, mejorar la ley de adopción, entre otras iniciativas.

El diputado señor Squella señaló que debería revertirse el acuerdo de no escuchar a médicos en esta Comisión, ya que la exposición del doctor Valenzuela resulta fundamental para regular el detalle de las normas atingentes a los deberes médicos. En este sentido, cree que sería útil fijar algunas audiencias adicionales para médicos y ONGs. Luego se refirió a la afirmación del profesor Peña respecto a que no se trata de definir cuándo principia la vida o cuál sería su valoración. Si bien coincide con la primera parte de dicha afirmación, no concuerda con dejar fuera del debate las consideraciones respecto al valor de la vida, ya que precisamente se trata de valorar la vida en situaciones de conflicto con la carga que debe soportar la mujer.

El diputado señor Andrade señaló que en caso de realizar nuevas audiencias, también debería escucharse los testimonios de mujeres que sufrieron violación, ya que se trata de casos verdaderamente dramáticos. Respecto a las posturas de humanismo cristiano y progresismo, señaló que los puntos de encuentro se fijaron en la definición del programa de gobierno, y que si uno no está de acuerdo está en el derecho de expresar su reserva, pero los puntos de vista comunes fueron establecidos formalmente en el programa.

El diputado señor Chahin comentó al profesor Ferrer que si el proyecto se limitara a modificar el Código Penal, dónde y cómo podría la mujer interrumpir su embarazo sino es en un establecimiento de salud y bajo un manto de formalidad. Al doctor Valenzuela le solicitó si podría evaluar el programa de acompañamiento que propone el Ejecutivo, si es suficiente, qué le falta, etc. Por último, a la ex senadora Alvear le consultó cómo se hace cargo de la situación extrema de la mujer, de la dignidad de la mujer que debe soportar la coerción del Estado para continuar su embarazo, desde su postura humanista cristiana.

El diputado señor Farcas solicitó que el Ejecutivo se haga cargo de las críticas que se han planteado y que en caso de realizarse nuevas audiencias se escuche también a la ex diputada Saa.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, consultó al doctor Valenzuela sobre el impacto que tienen las políticas de acompañamiento en cuanto a protección de la vida. Respecto a la tercera de causal, consultó en qué condición quedan los médicos al tener que acreditar la violación. También aludió a la objeción de conciencia que no alcanza a la totalidad del equipo médico. Asimismo, consultó por el estado de los ecógrafos en el sistema público de salud como para poder detectar una inviabilidad fetal. Al profesor Peña le consultó por el status de quien está por nacer y por la eventual discriminación que existiría entre el no nacido producto de una violación y aquel que no está expuesto al aborto. Finalmente al profesor Ferrer le solicitó profundizar en torno al derecho al aborto que establece este proyecto de ley.

El diputado señor Ceroni consultó cómo construir este espacio común, cómo conciliar esta perspectiva considerando que hay para quienes esto es esencialmente un debate moral. Preguntó también al doctor Valenzuela en qué semana de gestación se forma el cerebro humano y si estima ese hito como fundamental en el status humano del feto.

El profesor Peña señaló que aun suponiendo que el embrión tiene status de persona seguiría considerando que el proyecto es correcto, ya que el Estado no impone deberes recíprocos jurídicos equivalentes a los deberes recíprocos morales. En una sociedad democrática no somos responsables de todos los demás, por bueno que eso nos parezca.

A continuación, revisó las hipótesis del proyecto, e insistió en que la pregunta es determinar si el Estado debe imponer la carga a la madre de soportar el embarazo en estos tres casos. Aclaró que el Estado no impone el deber de abortar, sino que se abstiene y deja a la madre la decisión que tome en un contexto que es dramático.

Respecto a la pregunta de cuándo inicia la vida humana, señaló que efectivamente la vida humana es un continuo, y que si bien todo embrión es un ser humano potencialmente, de ahí no se deduce que deba ser tratado como un ser humano. De lo contrario, se produce una falacia equivalente a tratarnos todos como muertos porque en algún momento vamos a morir. Insistió en que la pregunta es qué deberes de cuidado recíprocos debemos imponernos, y en su opinión es la mujer quien debe decidir si toma la carga súper erogatoria o no la toma.

Señaló que el proyecto busca regular una cuestión práctica precisa: el permiso de abortar en tres situaciones trágicas y si dicha regulación es jurídicamente correcta. No se trata de debatir en torno a la moralidad de estos actos, por lo que no cree que discursos valóricos humanistas o cristianos sean atingentes a este proyecto. De dichos principios no se deduce una respuesta a este proyecto de ley.

Por lo que insistió que en este debate no influye la continuidad de la vida, o la dignidad del embrión, ya que no obstante se crea firmemente en la dignidad del embrión, de ahí no se sigue que la mujer deba soportar la carga súper erogatoria de continuar el embarazo o de soportar un deber total de cuidado en estas tres hipótesis. Por último, coincidió en que el proyecto establece un derecho subjetivo a abortar en estas tres hipótesis, lo que a su parecer es correcto.

La ex senadora señora Alvear señaló que su compromiso con los derechos humanos implica defenderlos de las violaciones vengan de donde vengan, y el derecho humano más fundamental es el derecho a la vida. Enfatizó que su posición no olvida a la mujer, por el contrario, cree que es insuficiente plantear que el problema se soluciona con el aborto, ya que después del aborto la mujer o la niña quedan solas en este proyecto.

En su opinión, sería preferible regular el acompañamiento a la mujer, preparar a la mujer en estos embarazos conflictivos, entregarle la opción de la adopción. Enfatizó que la dignidad de la mujer no puede estar por encima de la dignidad de embrión y que establecer el deber de no matar al embrión es el deber de cuidado mínimo de la madre, deber que igualmente justifica el delito de abandono de un recién nacido.

El doctor Valenzuela sugirió que se escuche a los médicos que trabajan en la Unidad de Sexología Forense en caso de que se lleven a cabo otras audiencias. Señaló que la segunda causal justamente incurre en la falacia indicada por el profesor Peña de tratar como muertos a embriones potencialmente muertos.

Respecto a la Unidad de Acompañamiento, aclaró que no se reduce a un apoyo psicológico, sino que brinda todas las ayudas -médicas, psicológicas u otras- a embarazadas vulnerables. Indicó, por ejemplo, que parte esencial del programa es la entrega de información, pero eso no altera que se trate de programas no directivos.

Sobre el estado de los ecógrafos, aclaró que las ecografías no siempre bastan para realizar diagnósticos certeros. Informó que en Francia se dio el caso de ginecólogos que decidieron no hacer ecografías, frente al conflicto que surgió por no poder detectar algunas malformaciones. En suma, informó que no todas las malformaciones son detectables vía ecografía.

Respecto a la formación del cerebro, señaló que la anencefalia es una condición variable, por lo que sugirió que se incluya a expertos en esta materia en eventuales futuras audiencias.

El profesor Ferrer indicó que resulta contradictorio plantear cómo asegurar una prestación médica de aborto segura y hablar de despenalización. Es por eso que cree que este derecho establece realmente un derecho a abortar.

Sobre las implicancias de un derecho a abortar, señaló que altera el propio principio constitucional de que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. En su opinión, este proyecto reconoce la dignidad solo a algunos, solo bajo ciertas circunstancias y la deja abandonada a la decisión de algunos. Para el proyecto de ley prima la autonomía de la mujer, ya que aunque dice que pondera bienes inconmensurables, el proyecto establece una jerarquización en abstracto, pues en estas tres causales primará siempre la autonomía de la mujer. Añadió, que si dichos bienes fueran realmente inconmensurables no procedería ponderación alguna y que en cualquier caso no procede que el legislador sea quien pondere.

Criticó además que en el proyecto no se tome en cuenta la voluntad del padre, abuelos o terceros, y acusó que el proceso ante el juez de familia viola el principio de bilateralidad de la audiencia, no otorga apelación en ambos casos, etc. Asimismo, criticó la regulación de la objeción de conciencia, en tanto no alcanza al equipo médico y no procede en casos de urgencia.

En definitiva, señaló que no está de acuerdo en que este proyecto sea un espacio de común acuerdo que implica no imponer las creencias de nadie, ya que el proyecto precisamente impone una visión que defiende el aborto e inclina la balanza siempre en pro de la autonomía de la mujer.

Por último, no consideró que la pregunta sea en torno a las obligaciones que debe soportar la madre, como tampoco está de acuerdo en que de la no existencia del deber de cuidado se siga un verdadero derecho a imponer un daño al otro. Así por ejemplo, efectivamente no existe un derecho a donar órganos, pero de ahí no se sigue un derecho a matar a quien me solicita órganos. En este caso se trata de verdadero derecho a matar al otro. A mayor abundamiento, señaló que no hay mujeres condenadas por aborto en estas tres causales, por lo que no se trata de regular la carga súper erogatoria en estos tres casos.

Insistió en que el mandato constitucional es proteger la vida del que está por nacer y el núcleo esencial de dicho mandato es asegurar su supervivencia, por lo que mal podría cumplirse este mandato a través de la autorización de matar a quien está por nacer. Respecto al derecho comparado, señaló que este no es vinculante ni obliga al legislador chileno.

2.- Acuerdos adoptados.

Cabe hacer presente que la Sala de la Corporación acordó, en su sesión 123ª, de 3 de marzo de 2015, se le remitiera a esta Comisión el proyecto en informe, una vez despachado por la Comisión de Salud, a fin de que se pronunciara acerca del texto del proyecto aprobado por ella. En ese sentido, vuestra Comisión adoptó los siguientes acuerdos:

Artículo 1°

N°1

Este numeral reemplaza el artículo 119 del Código Sanitario, estableciendo tres causales en virtud de las cuales un médico cirujano se encuentra autorizado para interrumpir el embarazo.

El diputado señor Squella solicitó claridad sobre el concepto de riesgo vital. Sin perjuicio de no compartir el fondo del proyecto, la falta de rigurosidad en el texto, la frase “riesgo vital”, quizás se podía usar otra frase para aludir a tal contexto.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia señaló que era necesario que el médico fuese especialista en esa área de la medicina.

El diputado señor Ceroni expresó que estaba confundido. Se aceptó votar por separado las tres causales, pero reiniciar un debate ya ocurrido, reiniciar el debate sobre las tres causales, o ingresar indicaciones sobre este tema, era un exceso, a la luz de todo lo debatido en la Comisión de Salud.

El diputado señor Soto (Presidente) recordó que el debate se agotó en enero. Si se quiere fundamentar el voto, estaba bien, pero reabrir los debates, era un exceso.

La Ministra de Salud señaló que toda esta información fue entregada latamente en la Comisión de Salud. El término riesgo vital alude al riesgo materno. Es un concepto médico. Sobre el presente y futuro, ello produjo un conflicto, un debate interpretativo, pues ello podía ser interpretado, por ejemplo, como comprensivo de casos de accidentes de tránsito.

El diputado señor Squella expresó que es de la esencia discutir en particular, en particular lo que se votará, por lo que sin perjuicio de lo ocurrido en la Comisión de Salud, había que discutir los temas en esta Comisión.

El diputado señor Saffirio manifestó que había que hacer una precisión. El debate detallado no se ha hecho artículo por artículo. Lo que se hizo antes fue oír especialistas de diversas áreas. Además, no le parecía un argumento razonable decir que no se podían abocar a un tema, por haberse ya tratado en la Comisión de Salud. Son miradas diferentes.

El diputado señor Chahin señaló que el concepto no es nuevo, ya está en la ley de urgencias. Obviamente, el riesgo vital es hacia la madre, de lo contrario, todos tendrían un riesgo vital. Quizás convendría ahondar en el concepto, pero esto ya está definido en la ley de urgencia.

El diputado señor Coloma expresó que entendía que se ingresaría una indicación que el médico sería un especialista, que el Ejecutivo ingresaría una indicación en el tema. Asimismo, cuando se discutió sobre el concepto de riesgo, que pasaría en el embarazo de una mujer de cincuenta años…

Agregó que, precisamente, esa es la cuestión, si la edad de la mujer podría representar, por sí, una de estas hipótesis de riesgo.

El diputado señor Castro señaló que todas las enmiendas de la Comisión de Salud están contenidas en el informe que ingresó a esta Comisión. No hay nada más, no hay más acuerdos ni compromisos que cumplir que lo ahí contenido.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia manifestó que ello no correspondía. Hubo un compromiso, un acuerdo, sobre ingresar una indicación que diera cuenta sobre la necesidad de un médico especialista. Así, el Ejecutivo se comprometió a ingresar una indicación en el tema.

La Ministra de Salud señaló que durante el embarazo pueden ocurrir diversas patologías. Algunas no son prevenibles, y ellas requieren de intervención médica urgente. Así, el embarazo molar, ectópico, preeclampsia severa, síndrome de hellp, entre otros. También se puede trabajar en enfermedades susceptibles de tratamiento producidas durante la gestación. Así, la evolución clínica no debe dilatarse hasta situaciones en que el riesgo para la persona es extremo. Es un ejemplo los casos cardiopáticos grado 1, 2, 3 y 4. Una mujer cardiopática tiene riesgo inminente recién en grado 4 por insuficiencia cardiaca, pero no se puede esperar llegar a ese grado para actuar, el equipo tratante debe actuar antes de llegar al riesgo cardiaco absoluto.

El diputado señor Chahin indicó que era un error resolver todo en cada artículo, pues los requisitos particulares de los diagnósticos están en los artículos siguientes. Así, cabría resolver la polémica, ingresando una frase del siguiente tipo “en los términos que dan cuenta los incisos siguientes, cuando”. El “cómo” está en los artículos 119 bis y ter.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que el tema lo resuelve el 119 bis. No se puede agotar todo el debate en el primer inciso.

Se acordó dividir la votación en cada uno de los incisos que conforman el artículo 119, antes mencionado.

Inciso primero

La diputada señora Nogueira, doña Claudia formuló indicación para reemplazar la expresión “cirujano(a)” por la palabra “especialista”.

El diputado señor Castro señaló que este debate fue largo en la Comisión de Salud. En Chile no existe ley de especialidades, por eso quedó toda esa discusión en el 119bis. Ahí se dispone que el médico debe tener las habilidades requeridas.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, expresó que el que no exista una ley de especialistas, no tiene nada que ver con que no existan especialistas. Ese no es argumento suficiente. Dada la complejidad, se requería un grado de especialidad, pues no bastaba un médico general o traumatólogo para entender que tiene los conocimientos para referirse a este tema.

El diputado señor Saffirio señaló que el título profesional es “médico cirujano”, por lo que no cabía eliminar la palabra “cirujano”.

El diputado señor Castro manifestó que el título es “médico cirujano”, pero en caso de insistir, el tema debe radicarse en el 119 bis.

El diputado señor Coloma refirió un artículo de El Mercurio, que cita como fuente la Superintendencia de Salud, donde establece un conjunto de especialidades, donde informa la especialidad materno fetal. Por ello, no entendía cuál era el problema en que se dispusiese en la ley la necesidad de un especialista.

La Ministra de Salud señaló que no existe ley de especialidades en el país.

Sometida a votación se rechazó por 2 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa la diputada señora Nogueira, doña Claudia y el diputado señor Coloma, don Juan Antonio. Votaron por la negativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo y Squella, don Arturo. Se abstuvieron los diputados señores Monckeberg, don Cristián y Trisotti, don Renzo.

El diputado señor Chahin votó en contra, en el entendido que el tema está ya regulado en el artículo 119 bis.

El diputado señor Coloma votó a favor, en el entendido que esto regula el numeral 1, y que ello está tratado en el código sanitario.

El diputado señor Squella votó en contra, y ello lo hace en el entendido de que si bien la indicación persigue salvar vidas, estaría en el marco de validar algo que no comparte, estaría prestando su voto para validar un proyecto que permite matar niños inocentes.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad y Rincón, don Ricardo, formularon indicación para intercalar en el encabezado del artículo 119, propuesto en este numeral, entre las palabras “embarazo” y “cuando”, la frase “en los términos regulados en los artículos siguientes”.

Sometido a votación dicho encabezado, conjuntamente con la indicación se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Causal N°1 (Inciso primero)

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, formuló indicación para reemplazarla por la siguiente:

“1) Exista un grave peligro de vida de la madre actual e inminente y que la muerte del que está por nacer sea una consecuencia indirecta para evitar el fallecimiento de ésta.”.

La diputada Nogueira, doña Claudia, señaló que considera más precisa y refleja la praxis médica en materia de riesgo de vida a la madre. Cabía recordar que la práctica clínica, el acto médico está orientado a salvar a la madre, pero como objetivo secundario, no deseado, puede morir el feto, aunque muchas veces fallece de todas formas antes, precisamente producto de la enfermedad. Así ocurría, por ejemplo, en el caso de la medre que padece un cáncer y necesita un tratamiento muy fuerte que puede afectar al feto, o requiere que le extirpen el útero, cuando no es posible aplazar el tratamiento hasta que el feto sea viable. Igual ocurre con los embarazos ectópicos, que tienen lugar cuando el embrión anómalamente se deposita en la trompa uterina, y con su crecimiento puede ocasionar una hemorragia eventualmente mortal para la madre, supuesto en el que se estima lícito amputar la trompa, cuando esta se encuentra gravemente comprometida, incluso si el embrión se encuentra dentro de la parte que será amputada. Esto porque la acción no busca atacar al embrión, sino que extraer un tejido enfermo de la madre, que pone en riesgo su vida. Eso es justamente lo que propone la indicación.

El diputado señor Cornejo consultó si de aprobarse la indicación, aprobaría el proyecto.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, señaló que esto era corriente, ella tuvo un embarazo ectópico, y el médico no dudó en extirparle, pues se comprometía su vida en caso de perseverar. La redacción es un reflejo de lo que ocurre actualmente.

El diputado señor Chahin expresó que la segunda parte de la indicación complica más que aclara. Pero la primera parte, sobre que el riesgo debe ser actual e inminente, es correcta, y podría respaldar esa primera parte. Por ello, consultó a la Ministra de Salud qué implicancias prácticas tenía esta redacción.

La Ministra Directora del Sernam señaló que el Ejecutivo planteo y modificó la primera causal, pues el propio debate en la Comisión de Salud daba cuenta sobre los problemas que significaba el disponer la actualidad del riesgo. Los diversos médicos plantearon era que frente al riesgo vital, se puede actuar, pero algunos estimaban que el riesgo no era actual, pero eventual en un mes más, y preferirían esperaban el mes. El problema es que esto requiere actuaciones rápidas, no se puede esperar 50 años.

El diputado señor Castro indicó que la propia ley de urgencia establece y califica el riesgo vital, por lo que no requiere más apellidos.

La diputada Nogueira señaló que en la Comisión de Salud no fue unánime la postura médica sobre que había médicos que esperasen un tiempo para actualizar el riesgo. Sobre la ley de urgencia, si el riesgo vital ya está dispuesto, lo que abunda no daña, y por ello, no es problema en que se contemple en esta ley. Sí era importante precisar las palabras, para que quede claro en el espíritu de la ley.

Sometida a votación se rechazó por un voto a favor, 8 en contra y 4 abstenciones. Votó por la afirmativa la diputada señora Nogueira, doña Claudia. Votaron en contra los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Se abstuvieron los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Sometido a votación el numeral 1) del inciso primero del artículo 119, se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Causal N°2 (Inciso primero)

La señora Nogueira, doña Claudia formuló indicación para suprimir la expresión “genética”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por un voto a favor, 11 en contra y una abstención. Votó por la afirmativa la diputada señora Nogueira, doña Claudia. Votaron en contra los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Squella, don Arturo; Soto, don Leonardo y Trisotti, don Renzo. Se abstuvo el diputado señor Monckeberg, don Cristián.

Sometido a votación el numeral 2) del inciso primero del artículo 119, se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Causal N°3 (inciso primero)

El diputado señor Squella señaló que esta causal N°3) es la que abre la puerta a un aborto sin expresión de causa, y efectivamente tiene una gran cantidad de falencias técnicas que permitirán abrir tal posibilidad.

El diputado señor Trisotti expresó que sin perjuicio de lo anterior, no sólo se abre la posibilidad de interrumpir el embarazo, sino que es una norma inconstitucional al entregar los efectos de un delito no a un tribunal, sino a facultativos médicos.

Sometida a votación se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia votó en contra, pues sin perjuicio de lo anterior, esta es una causal que en España permitió abrir la posibilidad de aborto libre; discrimina a los niños inocentes; no se persigue penalmente al autor del delito; otorgar 12 semanas es un exceso cuando a las 4 semanas la mujer ya sabe si está o no embarazada. La situación deja en la impunidad al agresor, era una situación aberrante.

El diputado señor Chahin hizo presente que su votación da cuenta de un acto de fe, sobre los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo para el adecuado despacho de esta iniciativa.

Inciso segundo

Sometido a votación se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Inciso tercero

Sometido a votación se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Inciso cuarto

S.E. la Presidenta de la República formuló las siguientes indicaciones:

i) Sustitúyese la expresión “del”, que se encuentra a continuación de la palabra “intervención”, por la frase “de un”.

ii) Elimínase la expresión “con competencia en materias de familia del lugar donde ella se encuentre”.

iii) Sustitúyese entre las expresiones “la” y “será”, la palabra “autorización”, por la expresión “resolución que deniega la autorización”.

iv) Sustitúyese la expresión “únicamente en caso de ser rechazada, tramitándose”, por “, el que se tramitará”.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, consultó sobre la eliminación de la competencia de familia.

La Ministra de Justicia señaló que la primera tiene que ver con la posibilidad de separar aquellas materias sustantivas, de las orgánicas. Lo relativo a otorgar competencias a los tribunales de familia era propio de una ley de carácter orgánica, que tiene quorum reforzado. Si el quórum no se alcanzara, sería una norma imposible de aplicar. Así, toda la referencia a autorización judicial quedaría por defecto en justicia ordinaria civil, y si se alcanza el quórum, será competencia de tribunal de familia.

El diputado señor Rincón expresó que entendía que el problema del quórum estaba pensado para la Sala, pero ello no le parecía, pues no debía orientarse el trabajo según el quórum de aprobación.

La Ministra de Justicia señaló que una cuestión es de ordenamiento de técnica legislativa, en un inciso diferente toda la referencia a la judicatura de familia. Lo otro, es la eventualidad del quórum.

El diputado señor Chahin manifestó que sin perjuicio de la materia, que la tiene el tribunal de familia, el incorporarlo en un inciso diferente es correcto, se deben separar las cuestiones del fondo de aquellos asuntos orgánicos.

En cuanto al “juez o jueza”, la redacción perdía armonía con el resto del código sanitario. Así, incorporar acá, y sólo acá, quedará fuera de contexto con el resto del código. Entendía el punto, y en este caso, trataría de omitir las distinciones, pues quedaría poco armónico desde el punto de vista técnico legislativo.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, señaló que no era baladí que no se dijera que la competencia sea del tribunal de familia. Es importante que quede claro en cada artículo.

La diputada señorita Cariola, doña Karol, expresó que más allá del fondo del debate, no podía dejar de referirse a lo planteado por el diputado Chahin, sobre no hacer la distinción de género en esta legislación. Si se quiere generar distinciones desde ya, se debe plantear un lenguaje distinto. Ya se hizo en materia de discapacidad, y se planteó el precedente de persona en situación de discapacidad.

El diputado señor Coloma señaló sobre eliminar la referencia expresa sobre judicatura familia, si ya va a requerirse a un juez, se le da competencia a un juez, eso es de quórum reforzado. Mejor dejarlo bien desde un inicio y claro.

El diputado señor Cornejo indicó que tenía la impresión que el argumento del quórum no era bueno. Quizás se elimina el juez de familia, pues no en todas las localidades existen jueces de familia, puede haber tribunales de competencia común.

La Ministra de Justicia reiteró que el problema es técnico, para ordenar la redacción.

El diputado señor Squella consultó si habría debate sobre los puntos no involucrados en las indicaciones, pues le interesaba abocarse al fondo de lo aprobado por la Comisión de Salud.

Agregó que el inciso trata sobre los menores de 14 años, disponiendo requisitos adicionales. Se acude a la voluntad del representante legal. Cuando este actúa, y no está de acuerdo, negando la posibilidad de practicarse el aborto, se da una segunda oportunidad al interesado para recurrir contra la voluntad del representante. Eso lo estimó irregular, pues además, se obliga al tribunal a autorizar, cuando debería disponer “resolverá” o “se pronunciará”. La redacción vigente al obligar a aprobar, hace carecer de sentido la actuación judicial.

Ya en la lógica del tribunal, le hacía ruido que en caso de negativa, no se pida la opinión del representante legal, no es de aquellos que deban opinar, al contrario del especialista médico.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que este tópico fue abordado en los informes de la Corte Suprema.

La Ministra de Justicia expresó que se incorporó esta etapa, pero se insta por una actuación de formato rápido por las propias características de la materia. La posibilidad vía apelación no se da en relación al fondo, sino a que si no se acompañaron todos los antecedentes en su oportunidad.

El diputado señor Squella señaló que si se estuviera en la misma línea, debería decir “resolver”, pero aprovechaba que si es que corresponde o no oír al representante legal de la autorización.

La Ministra de Justicia manifestó que en relación a la posición del representante legal que se opone, se opone porque o hay ausencia, y si hay ausencia no tendría por qué insistirse en una segunda oportunidad para oír su parecer, y si ya se oyó y fue denegada, ya se sabe que se opone.

El diputado señor Squella señaló que el sentido de este inciso es el caso en que al funcionario de salud se le impone el deber de oír al representante legal, Si este se opone, se acude a tribunales, pero el tribunal recién conocerá las razones, antes no conoce nada, y resulta que el juez no oirá palabra alguna del por qué de la oposición.

Sometido a votación el inciso, conjuntamente con la indicación contenida en el literal i) se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Sometido a votación el inciso, conjuntamente con la indicación contenida en el literal ii) se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Sometido a votación el inciso, conjuntamente con la indicación contenida en el literal iii) se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Sometido a votación el inciso, conjuntamente con la indicación contenida en el literal iv) se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Inciso quinto

S.E. la Presidenta de la República formuló las siguientes indicaciones:

i) Agrégase entre la expresión “años” y “un riesgo”, la siguiente frase: “, o a la mujer declarada incapaz judicialmente por causa de demencia,”,

ii) Intercálase entre las expresiones “autorización” y “sustitutiva”, la expresión “judicial”.

iii) Sustitúyese la expresión “al juez o jueza con competencia en materias de familia del lugar donde ella se encuentre, el que”, por la expresión “, la que”.

iv) Sustitúyese la expresión “pronunciarse”, por la palabra “tramitarse”.

El diputado señor Coloma consultó si no cabría disponer un deber de denuncia en los casos en que el médico vea estas situaciones de gravedad. Parecía necesario disponerlo

La Ministra de Justicia señalo que una cuestión es el procedimiento para obtener la autorización, pero otra cosa es el deber de denuncia. Si hay delitos involucrados, rige el deber de denuncia de modo general.

El diputado señor Coloma consultó cómo el médico, si existe una situación de violencia intrafamiliar, regían todos los deberes de denuncia, pero cómo el médico evaluaría esos niveles de riesgo. Acá aún no existe delito, existe un riesgo. Por ello, consultó si acaso correspondería explicitar el deber de actuar.

El diputado señor Chahin señaló que esto dice relación con normas destinadas a proteger al menor y e interés superior del niño, por lo que no entendía el punto planteado por el diputado Coloma.

El diputado señor Soto (Presidente) expresó que suele ocurrir la violación en el entorno inmediato, las circunstancias indican que existe el riesgo de ser coaccionada, pero ello será evaluado por el equipo médico.

El Ministro Secretario General de Gobierno señaló que si el medico constata estas situaciones, el médico está obligado a informar al tribunal, y el tribunal debe adoptar las medidas cautelares pertinentes.

El diputado señor Chahin manifestó que podría ocurrir que el representante legal podría ser el propio violador, y por ello, tenía sentido prescindir de tal autorización.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, señaló, sobre que el tribunal debe autorizar, no cabría al juez la posibilidad de rechazar la petición.

Sometido a votación el inciso, conjuntamente con la indicación contenida en el literal i) se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Sometido a votación el inciso, conjuntamente con la indicación contenida en el literal ii) se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Sometido a votación el inciso, conjuntamente con la indicación contenida en el literal iii) se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Sometido a votación el inciso, conjuntamente con la indicación contenida en el literal iv) se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

El diputado señor Rincón, don Ricardo, formuló indicación para reemplazar el vocablo “generará” que está entre la palabra “legal” y la expresión “a la” por la frase “podría generar”.

El diputado señor Rincón señaló que la indicación era de técnica legislativa, pues el supuesto no puede imponer, sino que genera un potencial para la realización de un hecho

El diputado señor Squella manifestó que no tenía problema en el punto, aunque prefería mantener la votación del inciso.

Sometido a votación el inciso, conjuntamente con la indicación, se aprobó por 7 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votó en contra el diputado señor Trisotti, don Renzo. Se abstuvieron la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio y Squella, don Arturo.

***************

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando los actuales incisos sexto, séptimo y octavo, a ser los incisos séptimo, octavo y noveno, respectivamente:

“Las autorizaciones judiciales sustitutivas, reguladas en los dos incisos anteriores, serán solicitadas al juez o jueza con competencia en materia de familia del lugar donde se encuentre la niña menor de 14 años o la mujer declarada incapaz judicialmente por causa de demencia.”.

La Ministra de Justicia señaló que esta es la materialización de haber sacado las referencias anteriores sobre el tribunal competente, separando las materias sustantivas de las orgánicas.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

****************

Inciso sexto (ha pasado a ser séptimo)

El diputado señor Rincón, don Ricardo, formuló indicación para sustituirlo por el siguiente:

“La voluntad de interrumpir el embarazo manifestada por una adolescente de 14 y menor de 18 años, deberá ser informada al menos a uno de sus representantes legales, a elección de aquella. A falta de este, o si a juicio del médico(a) existan antecedentes para afirmar que enterar del hecho al representante legal podría generar para la adolescente alguno de los riesgos señalados en el inciso anterior, el deber de información se cumplirá comunicándolo al familiar o adulto responsable que la adolescente señale.”.

El diputado señor Rincón, don Ricardo, formuló indicación para sustituirlo por el siguiente:

“La voluntad de interrumpir el embarazo manifestada por una adolescente de 14 y menor de 18 años, deberá ser informada posteriormente al menos a uno de sus representantes legales, a elección de aquella. A falta de este, se informará al tribunal de familia competente señalado en el inciso cuarto de esta misma disposición, con el fin de que éste, tomando conocimiento de las circunstancias que deberá informar al jefe(a) del hospital, oyendo a la adolescente si ésta así lo decide, determine las medidas de protección necesarias para la efectiva asistencia y acompañamiento a los que tiene derecho atendida su condición de adolescente en situación de especial vulnerabilidad. Del mismo modo procederá, si a juicio del médico(a) que la asista existen antecedentes para afirmar que el conocimiento del embarazo y/o su interrupción por parte de sus representantes legales pudiese generar para la adolescente riesgo de cualquier forma de violencia, abandono o desarraigo.”.

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Rincón, don Ricardo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo, formularon indicación para reemplazar el inciso por el siguiente:

“La voluntad de interrumpir el embarazo manifestada por una adolescente de 14 y menor de 18 años, deberá ser informada al menos a uno de sus representantes legales, si fueran varios a elección de aquella. Si a juicio del médico(a) existen antecedentes que hagan deducir razonablemente que entregar dicha información al representante legal señalado por la adolescente podría generar para ella alguno de los riesgos señalados en el inciso quinto, se informará a un adulto familiar o adulto responsable que la adolescente señale. En caso que la adolescente se halle expuesta a alguno de los riesgos referidos, el(la) jefe(a) del establecimiento hospitalario o clínica particular deberá informar al Tribunal de Familia competente para que se adopten las medidas de protección correspondientes.”.

El diputado señor Squella expresó que sobre la exigencia del representante legal, en este supuesto, se da la posibilidad a la menor de omitir el deber de informar. Sólo cabe informar al representante legal, pero “a falta de este”, se debe informar a otro adulto. Acá hay dos circunstancias: quién debe hacer ese juicio de valor, y sobre la eventual ocurrencia de violencia intrafamiliar. Además, queda demasiado abierta la posibilidad de designar meramente a algún adulto, quizás debiese intervenir el tribunal para que califique a ese otro adulto. Si la información no llega, se generaría una información confusa.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, en cuanto “al otro adulto”, señaló que producto de una relación consentida, ese otro adulto podría instar por la realización del aborto, pues el mayor adulto podría ser quien participó en la concepción, y ello podría generar incentivos perversos en ese adulto, en contra de la menor.

El diputado señor Andrade manifestó que le hacía sentido lo planteado por el diputado Squella, por lo que sugirió que el Ejecutivo propusiera una redacción en el tema.

El diputado señor Squella señaló que del tenor de lo descrito, la situación que implica riesgo para la menor, el juicio quedaría a criterio del médico, pero queda la idea que la adolescente podría elegir a un familiar o a un adulto responsable. Así, rigurosamente, el familiar podría no ser un adulto. Cabría precisar, la idea es que el familiar también sea adulto. Tal cual está escrito, conviene que quede claro que el familiar sea un adulto.

La Ministra de Justicia expresó que la idea es que el familiar también sea adulto.

El diputado señor Squella valoró la corrección, pero quedaba extraña la distinción entre familiar adulto y adulto responsable. Si acaso podría ocurrir un orden de prelación, quizás aclararía colocar “preferentemente”.

El diputado señor Coloma manifestó que años atrás se aprobó la ley de corresponsabilidad parental. Según ese principio de corresponsabilidad, eran responsables padre y madre. En este caso, se estaría modificando tal norma para efectos del aborto, pues debe informar solo a uno y no a ambos. Así, se modifica tal principio de corresponsabilidad.

El diputado señor Saffirio señaló que no era casual que se haya establecido “adulto familiar” o “adulto responsable” pues esa es una manera de disponer una prelación. La opción es por el adulto familiar, y luego, al adulto responsable.

La diputada señora Turres, doña Marisol, consultó a los autores de la indicación, pues se señala que a juicio del médico la situación sea un peligro de los referidos en el inciso quinto. Al pregunta es qué antecedentes se necesitan para que la situación sea o no notificada a los parientes de la mujer. En cuentas, cuáles serán los antecedentes, requiere algún fundamento para que el médico actúe, si acaso sólo la historia que relate la mujer, u otro antecedentes.

El diputado señor Coloma señalo que con esta redacción, una mujer de 14 años que quedase embarazada de uno mayor de 18, y la persona de 14 que recibirá la información, debe informar a un adulto, adulto que por elección de la mujer, podría ser quien tuvo relaciones con ella, ocurriendo el embarazo. Y resulta que no se tendrá que notificar a ambos padres, el principio de corresponsabilidad se vulnera, y eso queda a juicio del médico. La menor dirá que tiene un riesgo en la casa, y por ello pide que el adulto sea un tercero, el pololo o un amigo incluso.

La Ministra de Justicia explicó que uno nunca regula para la excepción, para lo casuístico, se hace atendiendo a generalidades. La hipótesis planteada por el diputado Coloma, que está en alguna de estas tres causales y debe informar a un adulto, la primera opción es a un representante legal, si no hay, a un adulto familiar.

En cuanto a los fundamentos, no es posible disponer qué fundamentos, no pueden quedar en la ley, pues mañana pueden surgir otros nuevos sistemas de prueba que no podrán ser tenidos en cuenta por no estar en la ley.

El diputado señor Rincón recordó que quedaron en consensuar una indicación. Independiente de ese esfuerzo, planteó, pues está en compromisos internacionales, que la mujer no solo debe tener asistencia inmediata, sino también el que no exista una obligación de informar o mejor dicho, el deber de autorizar. Así, la información sobre lo que le ocurre debe ser posterior, tal como dispone la ley 20418, sobre derecho a la anticoncepción de emergencia, sin necesidad de autorización, está el derecho de ser informado con posterioridad. Lo lógico es que ese sea el estándar, no obligación de autorización, sino información, pero con posterioridad.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que en la indicación plantea que la información sea antes de ocurrida la interrupción.

El diputado señor Saffirio expresó, sobre probar los hechos, que en primer término el médico coloca en conocimiento del tribunal de familia la eventualidad de ocurrir alguno de los supuestos del inciso quinto, por lo que aplicarán los procedimientos generales.

Cabía recordar que en la sesión anterior se centraron en si era información o autorización. Quedó claro que no era necesario autorizar, sino solo informar. Lo que se hace acá es reafirmar el deber de informar, y la cuestión no es que el tribunal conozca y archive, sino que actúe.

La diputada señora Turres, doña Marisol, señaló que en primer término, el médico determinará que ocurre la causal, y que existe el riesgo de violencia a la mujer. Y si el así lo estima, informará a un familiar responsable que la mujer señale. Después de eso, si la mujer se encuentra expuesta a riesgo, se informará a un tribunal de familia. Y eso es extraño, pues no es claro que exista tal orden de prelación en la propuesta.

El diputado señor Soto (Presidente) dijo que son carriles distintos. El médico tomará la decisión, con los antecedentes, de informar a otro adulto. Y el jefe del hospital, si hay contexto de riesgo, informará al tribunal.

El diputado señor Coloma consultó qué pasa si los tribunales de familia resuelven que no hubo riesgo. Se practicó el aborto, y el tribunal resuelve que no había riesgo. En cuentas, cómo se le informará a esos corresponsables parentales. Se terminó diciendo que corre riesgo, ya sea por temor o presión, se informa a un tercero no familiar, se informa al tribunal, se practica el aborto, y el tribunal dice que no había riesgo…

El diputado señor Coloma señaló que en cuentas, lo fantástico es que los padres no sabrán, y ocurrirá al aborto.

Sometida a votación la indicación de los diputados señores Andrade, Cornejo, Farcas, Rincón, Saffirio y Soto, se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Rincón, don Ricardo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Se dieron por rechazadas las indicaciones formuladas por el señor Rincón, don Ricardo.

Inciso séptimo (ha pasado a ser octavo)

Los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, formularon indicación para sustituir la frase: “programas de apoyo social y económico disponible” por la frase: “programas de apoyo social, económico y de adopción disponibles.”.

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para modificar este inciso, en el siguiente sentido:

i) Sustitúyese la oración “Le ofrecerá también acompañarla tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período posterior a la toma de decisión, lo cual incluye el tiempo posterior al parto o la interrupción del embarazo.”, por la siguiente:

“En el marco de las tres causales reguladas en el inciso primero, también se le ofrecerá a la mujer acompañamiento, tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período siguiente a la toma de decisión, el cual incluye el tiempo posterior al parto o a la interrupción del embarazo, según sea el caso. Este acompañamiento incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico o en cualquier otro momento del este proceso. En caso de continuación del embarazo, junto con ofrecer el apoyo recién descrito, se otorgará información pertinente a la condición de salud y activación de redes de apoyo.”.

ii) Sustitúyese la oración “En ninguno de los tres casos la información estará destinada a influir en la voluntad de la mujer.”, por la siguiente:

“La información será siempre completa y objetiva y la entrega de la misma no podrá, en forma alguna, estar destinada a influir en la voluntad de la mujer.”.

iii) Sustitúyese la frase “equipo médico” por “prestador de salud”.

iv) Sustitúyese la palabra “sufre” por “sufra”

v) agrégase a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente oración final:

“En el caso del numeral 2) del artículo 119, el prestador de salud proporcionará los cuidados paliativos que el caso exija, tanto en el caso del parto como en el de interrupción del embarazo con sobrevivencia del nacido.”.

Los diputados señores Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, formularon indicación para sustituir en la propuesta i) del Ejecutivo, entre las frases “ante la confirmación del diagnóstico” y “en cualquier otro momento”, el conector “o” por la conjunción “y”.

El diputado señor Andrade señaló que habría problemas de admisibilidad, pues se estarían otorgando atribuciones a un servicio público, como sería el caso de un servicio público prestador de servicios de salud.

El diputado señor Farcas manifestó que en caso que el diputado Andrade tenga razón, el Ejecutivo podría patrocinar una indicación en tal sentido.

El diputado señor Andrade expresó que si habían puntos de encuentro entre las diversas indicaciones, el Ejecutivo podría instar por una indicación que abarque todos los temas.

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que cualquier diputado era soberano para ingresar las indicaciones que estimase plausibles, y podían ocurrir debates sobre estas materias, pero recordó que hoy están convocados para votar, y si no hay acuerdo, se votan las propuestas concretas en debate.

El diputado señor Cornejo expresó que desde el punto de vista del debate, no quería que quedara la sensación que el tema es y solo es un tema de preocupación de los diputados DC. La buena disposición de parte del Ejecutivo, para concordar y resolver los diversos puntos planteados era una realidad. Para ser rigurosos, la indicación del Ejecutivo recoge lo que se ha conversado sobre el tema. Para los diputados DC el tema del acompañamiento tiene un propósito y un sentido. Como se coloca a disposición de la mujer la posibilidad de decidir por las causales precisas, a ellos les ha parecido que igualmente podría ocurrir que la mujer podría no se acoja a ninguna de esas causales.

En ese sentido, se había concordado una indicación que es la que se estaría presentando. Si hay espacio para que se trabaje un perfeccionamiento, fantástico, si no, se respetará la palabra empeñada. No compartía el hecho que la indicación fuese inadmisible. La ley de presupuesto está llena sobre deberes de información hacia el Congreso, y no sería esta una razón para su inadmisibilidad.

El diputado señor Chahin señaló que compartía lo planteado por el diputado Cornejo. Hubo varias reuniones para fortalecer el programa de acompañamiento, nunca hay una parte que quede completamente satisfecha, se buscan puntos que intercalan posiciones. Pero en lugar de discutir los temas procesales, si acaso es o no admisible, quería saber respecto de los temas adicionales, cuál es la opinión del Ejecutivo, pues si hay temas que ayudan a mejorar la indicación, y hacen sentido, cabía incorporarlas. Si en cambio, son cuestiones complejas, incompatibles con lo planteado, correspondía votar y zanjar el asunto. No era partidario de salvar la discusión por la vía procesal, prefería ver el fondo de las cosas y si cabía incorporar nuevas ideas, que se hiciera. Respaldaría el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, pero si la propuesta mejoraba la redacción, era partidario de apoyar tal redacción.

El diputado señor Andrade manifestó que entendía lo planteado, pero lo confundía. Habría un acuerdo que se expresa en una indicación, que es el tema del acompañamiento, un tema que debe interesar a todos. Es una indicación que se ha elaborado conjuntamente. Esta indicación se hace cargo de estas aprehensiones, y las transforma en indicación para ser votada. Pero si hay nuevas indicaciones, del mismo mundo y precisamente en este tema, lo confundía. Consultó al Ejecutivo si la indicación de su autoría resuelve o no el tema.

El diputado señor Squella señaló que agradecía la franqueza. Se informó que esto era un plan de acompañamiento hacia la mujer que llega a un servicio de salud, y ahora se dice que efectivamente no es más que la entrega de información, y de ahí se sigue por qué no tiene mayores recursos financieros. Es difícil de sostener que este proyecto no implique mayores recursos, habrá gente que pedirá la prestación, y ello tiene un costo y sólo la entrega de información podría no generar mayor costo. En cuanto a la admisibilidad no va por el tema de recursos, sino la adjudicación de nuevas atribuciones, una nueva función. Ello requiere patrocinio presidencial.

El diputado señor Ceroni indicó que se sentía perplejo por lo que está ocurriendo. Se supone que la indicación gubernamental acogió los planteamientos de los diputados DC, y resulta que no correspondería volver a comenzar una discusión si ya hubo acuerdos en el tema. Si se presentan indicaciones, que se voten, pero no cabía reiniciar discusiones agotadas. Si no, mejor suspender y reconstruir la indicación entre todos.

El diputado señor Rincón señaló que era efectivo que las indicaciones se elaboraron con el Ejecutivo. Pero la indicación contenía cuestiones muy similares, la información verbal, informar la posibilidad de adopción para la mujer. Todos debiesen estar de acuerdo en ello. Otra cuestión es si se otorga una atribución al prestador de salud, lo que se hace pasar como si fuese una gran cuestión nueva.

El diputado señor Coloma expresó que durante febrero se supo de conversaciones en sectores del oficialismo, y se intentó convencer que habría un sistema de acompañamiento, que tiene cero pesos. Cuando no se incluye un presupuesto para acompañar a la mujer, en la práctica no se acompañará. Qué profesional, salvo que fuese ad honorem, trabajará gratuitamente en acompañamiento, y lo que ocurre es que al leer la indicación consensuada, es que si continúa el embarazo, habrá información. Cómo, ni donde, ni se entrega presupuesto, esta es la clásica indicación de algo que no ocurrirá, por eso, no es menor la discusión, sobre todo que se ha intentado convencer de que habrá acompañamiento, cuando no será más que letra muerta.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, señaló que si hay un punto en común entre la oposición, la DC y al parecer el Ejecutivo en esto, que en algo viene a proteger un proyecto tan nefasto como este, es el tema del acompañamiento. El diputado Cornejo le dio un guiño al Ejecutivo, pero la DC ha tenido un comportamiento activo en el tema, al igual que diputadas de ChileVamos, propuestas que están años luz en este tema. Se debe otorgar asistencia médica integral, incluso económica cuando vienen niños enfermos.

La indicación del Ejecutivo es mera información, apoyo social, pero no acompañamiento para la protección de la madre y del que está por nacer. El acompañamiento no es neutro, es activo, pues las mujeres deben tomar acciones en casos de coacción. Es precisamente lo que se espera del Estado, no solo dar información, que es generar condiciones para que se viva un embarazo en paz, sin coacción, en libertad. La colaboración pública privada acá no existe, la alianza no está vislumbrada, el tema de la adopción no existe. Si producto de violación la mujer quiere dar en adopción, ello no es algo que acá se facilite. Lo que acá se hace es frustrante, y si ese es el acuerdo con la DC, es un acuerdo bastante pobre, se requería un apoyo más conciso.

El diputado señor Monckeberg, don Nicolás, señaló que para muchas personas, el que haya un proceso real de acompañamiento es fundamental, por la capacidad disuasiva, para que la mujer tome la decisión con libertad. Pero al leer el informe presupuestario, se habla de $1.600MM anuales cuando el sistema esté en régimen. El informe ahora dice que no tiene recursos adicionales, no hay aumento de presupuesto. $1.600MM, pensando en 29 servicios de salud, es una cantidad que por persona, al año, son menos de $600M. Por persona mensual, por el número de aborto estimado, son $52M. Francamente, estimó que todos tienen una posición, pero no se puede decir que es lo que no es, con el financiamiento que se otorga.

El diputado señor Saffirio sugirió volver al debate de la indicación. Lo que se espera es una discusión seria, y no una serie de imputaciones antojadizas. Acá ha habido un intento serio para construir un espacio para aquellas mujeres que optan por interrumpir, o continuar. No corresponde por técnica legislativa resolver todo en un solo inciso. Cuando se habla de acompañamiento, ello se deduce del contexto de la ley, pero si se necesita definir los objetivos del acompañamiento, se entrará en un debate infinito. Lo que hay, es lo que se acordó entre la DC con el Ejecutivo y diputados de la Nueva Mayoría. Habría un presupuesto de $3.000MM.

Entendía la posición de ChileVamos, pero no se puede debatir eternamente. Recordó que ayer ocurría algo insólito, pues se ingresaban indicaciones para modificar los artículos, pero después votaba contra los artículos. Acá están persuadidos del proyecto, todos quieren que salga lo mejor posible, pero si la cuestión es ingresar indicaciones para obstaculizar la discusión, no tiene sentido.

El diputado señor Castro expresó que la Comisión de Hacienda tendrá que pronunciarse sobre los aspectos financieros. Con todo, esto no debía dividirse por los 29 servicios de salud, sino por los casos estimados que ingresen. Estaba claro que el acompañamiento será antes, durante y después de la toma de decisión. Se garantiza que la información es completa, y no persigue influir. Por la sensibilidad que genera este tema, una mujer vulnerable, hoy en los hospitales se queja la población que no se recibe buena información. Que la adopción se contemple como mecanismo posible, que esto involucre al entorno familiar sería posible. Esto mejora y enriquece el debate, y el programa de acompañamiento

El diputado señor Chahin señaló que debía actuarse de buena fe. Era legítimo que se esté contra el proyecto, contra el acompañamiento, pero no lo era que se mintiera. En diversos medios se informó que se aprobó interrumpir sin causal. Decir que sólo se entregará información es mentir a la gente. Hay una etapa propiamente informativa, para que la mujer tome la decisión de modo libre. Durante el proceso, el acompañamiento es de acogida biopsicosocial, con médicos, psicólogos y asistentes sociales, se tendrá un apoyo multidisciplinario, incluso después de interrumpido el embarazo o producido el parto.

Cuál es el detalle de eso, es parte de la política pública, no es parte de la ley, las canastas de prestaciones del AUGE no están en la ley AUGE, sino en el ámbito reglamentario. Si no se está de acuerdo, que se vote en contra, pero mentir a la gente no es serio, no es correcto en el ámbito parlamentario. Se debe actuar con argumentos verdaderos.

El diputado señor Squella manifestó, sobre la desinformación, que lo ocurrido es que se dejó en evidencia que parte de los miembros de esa misma bancada oficialista no estaban de acuerdo. Y sobre los recursos, no tenía que estar reflejado en el informe financiero, ya que se trata de transmitir información por lo que no se requieren mayores recursos. Pero que se desinforme, lo único que se hace es reafirmar lo que un compañero de la bancada oficialista planteó.

Ahora, en el tema del informe financiero, hay un informe de agosto que se presentó en la Comisión de Salud, en donde se habla de $1.608MM aproximados por años en el ítem acompañamiento. Pero ello no se refleja en el proyecto, y el problema es que ello no se plasma de donde salen los recursos, pues ese típico artículo que está al final de los proyectos, a veces en las partes transitorias, acá no está y Hacienda la observará.

El diputado señor Monckeberg, don Nicolás, señaló que el informe financiero del proyecto de aborto, todo lo que implica, diagnóstica, ejecución de la prestación, medicamentos, etc., y ahí se informa que el primer año es de $3.300MM, y al ver cuánto se va al programa de acompañamiento, son $1.600MM. Entendía que el gobierno quisiera poner más dinero, pero no lo tiene.

El diputado señor Soto (Presidente) expresó que se ha planteado un acuerdo amplio en el tema. Habría también una observación sobre una falencia, en cuanto a que al momento de informar, habría una omisión en cuanto no se informa la posibilidad de adopción. Sugirió agregar “adopción”.

Sometido a votación el inciso, conjuntamente con las indicaciones antes mencionadas, se aprobó por 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Se abstuvo la diputada señora Nogueira, doña Claudia.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, se abstuvo, pues el acompañamiento es fundamental, pero la propuesta es pobre e insuficiente, el Estado debe actuar proactivamente, y no es este el caso, ni siquiera contempla la posibilidad de adopción prenatal.

El diputado señor Chahin señaló que la ley no hace ningún tipo de distinción, y cuando habla de alternativa de adopción, incluso se incluye la prenatal. Si es que no está incluida, y ella estima que no lo está, sería sensato oír por qué no estaría incluida.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, expresó que el Ejecutivo, en la Comisión de Familia, ingresó una indicación sobre adopción en etapa previa al nacimiento de un niño. La adopción prenatal hoy no se permitiría. Es del todo relevante incorporarla en este proyecto de ley, pues está eliminada, hoy, la posibilidad de adopción a lo futuro.

El diputado señor Chahin señaló que quede claro y zanjado que los temas de adopción se deben discutir en la ley de adopción, pero al momento de informar, se debe informar todas las adopciones vigentes al momento de la entrega de información. Estaba de acuerdo en que procediera la adopción prenatal, pero ello debía discutirse en la ley de adopción.

El diputado señor Monckeberg, don Nicolás expresó que cuando se ve la legislación de otros países, en el evento improbable, pero posible, que el niño diagnosticado con inviabilidad fetal nazca vivo, y si no queda claro, quiere entender que el prestador de salud es el que tiene que tomar los medios y asumir todos los gastos que implica mantener ese niño vivo, que significan muchos millones de pesos. Como son gastos altísimos, quería saber cuánto estimaba el Ejecutivo que costaría eso, pues si se trata de seis o siete meses, es mucho dinero y alguien tiene que asumir ese costo. Esta discusión se hizo en Inglaterra, y la solución fue aplicar inyecciones de cloruro de potasio que aseguraban la interrupción del embarazo. Para no tener ningún riesgo de que nazca vivo, quería saber qué respuesta presupuestaria

El diputado señor Soto (Presidente) señaló que el proyecto no plantea ninguna distinción.

La Ministra de Justicia manifestó que el proyecto no hace tal distinción, y en tal sentido, un nacido vivo ya es persona, y como persona, se le aplicarán todos los programas paliativos que su nacimiento implique.

La diputada señora Rubilar, doña Karla, sobre la pregunta del diputado Monckeberg, consultó si era posible hacer un ejercicio en el tema. Lo anterior, pues las personas tienen un seguro de salud, ya sea público o privado, que tiene una cobertura y un copago. Esa es la habitualidad, salvo fonasa A y B. Lo que le interesaba que quedara medianamente claro, era en los casos de malformación letal, pero nace vivo y vive al menos un mes, esos días quién los paga. En estricto rigor, una mujer toma la decisión de interrumpir el embarazo, pero a veces eso no pasa, y quien paga eso, porque si hay isapre, corresponderá copago, y lo peor que puede pasar es interrumpir el embarazo, después nace, y quien pagará esa cuenta.

Los diputados señores Chávez, don Marcelo; Espejo, don Sergio; Pilowsky, don Jaime; Rincón, don Ricardo; Sabag, don Jorge; Venegas, don Mario y Walker, don Matías, formularon indicación para reemplazar el inciso por el siguiente:

“El prestador de salud deberá entregarle a la mujer información veraz sobre las características de la prestación médica, según lo establecido en los artículos 8° y 10° de la ley N°20.584.

Asimismo, deberá entregarle información verbal y escrita sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, posibilidades de adopción y programas de apoyo económico y social disponibles, cualquiera sea la decisión que adopte.

El equipo médico deberá asegurarse que la mujer comprende todas las alternativas que tiene al procedimiento de interrupción, antes que este se lleve a cabo y que no sufre coacción de ningún tipo en su decisión.

En caso de continuación del embarazo se otorgará la información pertinente a su condición de salud y a la activación de redes de apoyo.

En el caso del numeral 3), se proveerá a la mujer de la información necesaria para que pueda presentar su denuncia.

La información será siempre completa y objetiva y la entrega de la misma no podrá, en forma alguna, estar destinada a influir en la voluntad de la mujer.”.

Esta indicación fue declarada inadmisible en cuanto a que entregar funciones al ente prestador de salud, específicamente si se trata de Fonasa, corresponde a materias que el artículo 65, N°2 de la Constitución Política de la República reserva a la iniciativa exclusiva de S.E. el Presidente de la República.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia y el diputado señor Monckeberg, don Nicolás, formularon a este inciso las siguientes indicaciones:

a) Para intercalar entre la expresión “programas de” y “apoyo”, la frase “acompañamiento y de”.

b) Para intercalar entre la palabra “disponible” y el punto seguido, la expresión “, en especial aquellas alternativas concretas para hacer efectivo el procedimiento de adopción a que se refiere el artículo 10 de la ley 19620, que dicta normas sobre adopción de menores cuando corresponda”.

c) Para suprimir la frase “En ninguno de los tres casos la información estará destinada a influir en la voluntad de la mujer”.

d) Para intercalar luego de la expresión “procedimiento de interrupción” y antes de la coma, la frase “en especial, los programas de acompañamiento existentes”.

e) Para agregar la siguiente frase luego del punto aparte que pasa a ser seguido: “Con todo, respecto de los numerales 2) y 3) del presente artículo, deberá otorgársele a la mujer un espacio de tiempo mínimo de dos días para tomar la decisión, luego de haber recibido la información completa sobre las alternativas a la interrupción del embarazo señaladas.”.

f) Para agregar la siguiente frase luego del punto aparte, que pasa a ser seguido: “La información objetiva y completa que se deberá entregar a la mujer, se hará en conformidad título II párrafo 4°, del derecho de información, de la ley 20.584.”.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, señaló que la cuestión es homologar con lo que ocurre en España, donde se otorga plazo a la mujer para que ella tenga un tiempo de reflexión sobre las opciones que tiene, un tiempo para pensar. En España son tres días, acá se acota a dos días, a fin de que decida.

El diputado señor Andrade expresó que el plazo era arbitrario, pues si la mujer ya actúa, ha reflexionado, es ella la que tiene el problema. Es relevante que tome una decisión genuina.

El diputado señor Chahin manifestó que no compartía lo planteado por Andrade, pues la libertad de la mujer está sometida al estrés, y es relevante que pueda reflexionar, no se le puede obligar a decidir inmediatamente de recibida la información y sus alternativas. Como es un tema que jamás se ha discutido, el plazo de dos días parece arbitrario, pero no se atrevía a incorporar un plazo concreto. Quizás el Ejecutivo podría plantear un plazo para que deba reflexionar y decidir. Por ello, se abstenía, pero tenía mucho sentido la propuesta. Propuso revisar el tema, o resolverlo en Sala o el Senado.

El diputado señor Coloma señaló que estaba a favor, por razones similares a las de Chahin. Lo que se quiere es que, dado que la mayor implicancia de gasto fiscal es cero, que cuando la persona lea el papel, la cuestión es que se pueda optar, es importante buscar la voluntad verdadera. Es importante entender el nivel de angustia, masticar el proceso, reflexionar, y es relevante que se le otorgue un mínimo plazo para que reflexiona, y en una de esas, se evite ese aborto. El plazo no era antojadizo, todos los plazos tienen especialidades, pero la cuestión es que la mujer tenga tiempo para pensar.

El diputado señor Cornejo expresó que votaba en contra no porque la mujer no tuviera tiempo para reflexionar. Cuando se acude por las razones dos o tres, la indicación no alcanzaría la intención que se quiere. Está en tiempo imperativo, pero podría concurrir una mujer al servicio de salud y el médico le dice “ok, venga en 48 horas”, y la mujer le dice “ya lo decidí”, pero el médico estará obligado a esperar el transcurso del plazo legal, lo que generaba una complejidad adicional a una cuestión que ya es de suyo compleja para la mujer.

El diputado señor Farcas estuvo de acuerdo con el diputado Cornejo.

El diputado señor Gutiérrez señaló que el diputado Cornejo tenía razón. Se podría entender si la mujer pide plazo, pero ni siquiera se señala quien es el que tiene que dar o conceder este plazo.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia, expresó que sería el prestador de salud el obligado a dar el plazo.

El diputado señor Saffirio señaló que daba la impresión que se estaba legislando sobre cualquier cosa, pero se está hablando de aborto, y esta indicación estaba pensada para las causales 2 y 3. Pero no es una cuestión cualquiera sobre lo que se debate, no es que una mujer diga “Voy a pasar a cortarme el pelo, o cambiarme el color”. La decisión que ha tomado lo ha hecho en conciencia, se presume con la debida información. No debe presionarse además, a que debe esperar. Surgiría el problema si serán días hábiles, corridos, fatales, etc., y la cuestión es que la decisión de interrumpir el embarazo ya es dramática, cuando toma la decisión de hacerlo es más dramática, y además imponerle un plazo de “vaya y vuelva”, no quería decir que fuera indigno, pero le parecía aberrante, afectaba la dignidad de la mujer.

El diputado señor Squella manifestó que cuando una mujer llega a un servicio de salud para interrumpir un aborto por estas causales, y el Estado ha dispuesto que es bueno, para evitar mayores males, dar un acompañamiento a la mujer. Siempre se ha dicho que es negativo y ojalá nadie esté en esas circunstancias, pero se ha resuelto tener un proceso de acompañamiento. Entendía que ese proceso persigue persuadir, mostrarle alternativas, pero si la mujer ya llegó al servicio para practicarse el aborto, esto suena más a calmante de conciencia, y le colocaron que un funcionario público le tendrá que leer un formulario, hacer un check, y proceder. Sin embargo, en este caso, al otorgar este plazo de dos días, tenía la esperanza que las organizaciones que se dedican al acompañamiento de verdad, puedan intervenir y persuadirla para que no cometa ese error. Por ello, esta indicación la votaría a favor, para que esas organizaciones, o quizás familiares, pudieran influir.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia expresó que estaba sorprendida, apelaba a la buena fe. Se dijo que debía enriquecerse el proceso de acompañamiento. Lamentaba lo ocurrido, pues o el acompañamiento no se entendió, el acompañamiento que tanto peleó la DC con el Ejecutivo, donde está, sólo hay información. Cuando el diputado Saffirio caricaturiza esto como cortarse el pelo, las mujeres por innumerables razones estarán en la necesidad de abortar.

El acompañamiento, que es lo que se ha peleado con el Ejecutivo, significa darle alternativas, no mera información, no es llegar y decir “UD está informada, vamos con el aborto”, el acompañamiento persigue dar opciones, alternativas. Quizás se podría fijar otro plazo, horas, días, pero el fondo de la indicación es que el acompañamiento que ofrece el Estado, la mujer consciente y libremente pueda actuar, poder decidir tranquilamente y sin angustia.

Por lo tanto, cuando se habla de acompañamiento, es relevante saber qué acompañamiento quieren, si acaso solo información. Se esperaba dar un espacio de reflexión a la mujer, para proteger a esa mujer, su indemnidad sicológica y tomar una decisión en conciencia.

El diputado señor Soto (Presidente) señalo que el proyecto no fija plazos, la mujer tendrá los plazos que estime oportuno. En la base de este proyecto está la voluntad de la mujer, realza su voluntad. Se confía en la decisión de la mujer, se confía en que no habrá decisiones frívolas, y por ello no se disponen plazos ni otros requisitos.

Sometida a votación la indicación signada con la letra a) se rechazó por 4 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. Votaron por la afirmativa la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio y Cornejo, don Aldo. Votaron en contra los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo y Soto, don Leonardo. Se abstuvieron los diputados señores Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Sometida a votación la indicación signada con la letra b) se rechazó por 3 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones. Votaron por la afirmativa la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio y Trisotti, don Renzo. Votaron en contra los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Se abstuvieron los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián y Squella, don Arturo.

La signada con la letra c) se dio por rechazada por ser incompatible con las indicaciones anteriormente aprobadas.

Sometida a votación la indicación signada con la letra d) se rechazó por un voto a favor, 7 en contra y una abstención. Votó por la afirmativa la diputada señora Nogueira, doña Claudia. Votaron en contra los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Se abstuvieron los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Farcas, don Daniel; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Sometida a votación la indicación signada con la letra e) se rechazó por 5 votos a favor, 7 en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votaron en contra los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Se abstuvo el diputado señor Chahin, don Fuad.

Sometida a votación la indicación signada con la letra f) se rechazó 8 votos en contra y 5 abstenciones. Votaron en contra los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Se abstuvieron la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Rincón, don Ricardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

****************

Los diputados señores Chávez, don Marcelo; Espejo, don Sergio; Pilowsky, don Jaime; Rincón, don Ricardo; Sabag, don Jorge; Venegas, don Mario y Walker, don Matías, formularon indicación para agregar el siguiente inciso, a continuación del inciso séptimo, que ha pasado a ser octavo:

“El prestador de salud ofrecerá a la mujer y a los miembros de su familia con los que convive, acompañarlos tanto en el proceso de discernimiento, como durante el período posterior a la toma de decisión, lo cual incluye el tiempo posterior al parto o la interrupción del embarazo.

Son objetivos del acompañamiento:

a) Favorecer las condiciones de salud física y psíquica de la mujer asistida, proveyendo las condiciones profesionales, familiares y sociales adecuadas atendida su situación.

b) Apoyar la toma de decisiones respetuosa de la autonomía, cultura, tradiciones y significados que la mujer y su familia le confieren a ese proceso.

c) Fortalecer los vínculos familiares y sociales de modo que signifiquen un apoyo integral a la libre determinación de la mujer.

d) Colaborar en la elaboración, tránsito y superación de la vivencia traumática y promover las conductas que faciliten el cobijo, el sostén y el vínculo del grupo familiar.

El acompañamiento incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico y en cualquier otro momento del proceso.

En el caso del numeral 2), el prestador de salud proporcionará los cuidados paliativos que el caso exija, tanto en el caso del parto como en el de interrupción del embarazo con sobrevivencia del nacido.”.

Se dio por rechazada con motivo de la aprobación de la indicación de S.E. la Presidenta de la República al inciso séptimo que pasó a ser octavo.

Inciso octavo (ha pasado a ser noveno)

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para sustituirlo el siguiente:

“Para estos efectos, los deberes y obligaciones a que se refiere el inciso anterior se cumplirán, principalmente, mediante las prestaciones vigentes al momento de la atención en el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial del Sistema Chile Crece Contigo. Todo ello en el marco del Sistema Intersectorial de Protección Social. A su vez, la mujer podrá recurrir a la instancia de reclamo regulada en el artículo 30 de la ley N°20.584, en caso que el acompañamiento no sea ofrecido en los términos regulados en estos incisos. Ante este reclamo, el prestador de salud deberá dar respuesta por escrito dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a su recepción y, en caso que sea procedente, adoptar las medidas necesarias para corregir las irregularidades reclamadas dentro del plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la respuesta. Si la mujer además presentase un reclamo ante la Superintendencia de Salud, cuando ello sea procedente de conformidad con las reglas generales, ésta resolverá el reclamo y podrá recomendar la adopción de medidas correctivas de las irregularidades detectadas dentro de un plazo no superior a 30 días corridos.”.

Los diputados señores Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo y Rincón, don Ricardo, formularon indicación para agregar en la indicación del Ejecutivo, a continuación de la frase “Sistema Chile Crece Contigo”, lo siguiente:

“y en los programas de violencia contra las mujeres y apoyo social a la mujer del Servicio Nacional de la Mujer”.

Los diputados señores Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, formularon indicación para agregar en la indicación del Ejecutivo, a continuación de la frase “en el marco del Sistema Intersectorial de Protección Social”, lo siguiente:

“, dentro del cual se incluirán prestaciones psicosociales específicas destinadas al acompañamiento y apoyo de las mujeres que optan por la interrupción del embarazo en coordinación con el Servicio Nacional de la Mujer”.

El diputado señor Rincón señaló que la cuestión es hacer cierto el acompañamiento para las mujeres durante su embarazo, pues puede ocurrir que la mujer que intentaba hacerse un embarazo, desista de ello. En tal sentido, las indicaciones persiguen resguardar tal situación para esas mujeres que se desistan.

La Ministra del Sernam expresó que se ha perfeccionado el proyecto al describir con más alcance el sistema de acompañamiento, el cual siempre ha estado ideado para las mujeres que deseen interrumpir o continuar con su embarazo, por lo tanto, no necesitaría precisar que es para ambos supuestos.

El diputado señor Rincón señaló que hay un famoso adagio que lo que abunda no daña. De la sola posible interpretación de un programa que obviamente está dirigido a la existencia de niñez, eso es Chile Crece Contigo, podría interpretarse que va en único sentido.

Ambas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por implicar gasto fiscal y otorgar funciones a servicios públicos, materias que la Constitución Política de la República reserva a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Sometida a votación la indicación de S.E. la Presidenta de la República se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

N°2

Este numeral agrega un artículo 119 bis al Código Sanitario, estableciendo los requisitos que se deben cumplir para realizar la intervención quirúrgica, en el evento de configurarse alguna de las tres causales mencionadas en el artículo 119, antes referido.

Se acordó dividir la votación en cada uno de los incisos que conforman el artículo 119 bis, antes mencionado.

Inciso primero

La diputada señora Nogueira, doña Claudia y el diputado señor Monckeberg, don Nicolás, formularon indicación para modificar este inciso de la siguiente forma:

1.- Reemplázase la frase: “del mismo” por la frase: “del mismo por un médico especialista”.

2.- Sustitúyese la frase: “deberá realizarse por el médico(a) que detente las habilidades requeridas por la frase: “deberá realizarse por otro médico especialista”.

El diputado señor Ceroni expresó que no compartía las indicaciones, pues el peligro o riego vital para la mujer cualquier médico puede establecerlo. De lo contrario, al requerirse médicos especialistas, se generaría una desigualdad para las mujeres que viven en provincia o zonas rurales.

El diputado señor Squella consultó cómo ocurría en los lugares en que se monitorea un embarazo, como lo hace una embarazada, más allá de los casos de aborto. Si se toma hora en el lugar más cercano, cómo opera.

El diputado señor Saffirio señaló que en este artículo, se distingue entre los causales 1 y 2, de la 3. Así, consultó quien ratifica la causal primera, pues si se aplica la norma del 119, estimó conveniente claridad en el tema.

La diputada señora Turres, doña Marisol, consultó sobre el diagnóstico y una ratificación, pero no se aclara quien hace el diagnóstico y la ratificación. Así, qué pasa en zonas rurales, islas, donde ocurren rondas médicas, pero dependen de clima, y los diagnósticos terminan haciéndolo matronas, no médicos especialistas. Así, qué pasará si el operativo sólo es conocido por una matrona y un médico general, quienes decidirán por la viabilidad. Acá no se señala quien debe realizar el diagnóstico, podría resultar obvio para algunos, pero como la ley no exige especialidades, mejor aclarar.

El diputado señor Monckeberg, don Nicolás señaló, sobre la desigualdad al exigir médicos especialistas, que disentía de ello, pues la verdadera desigualdad es la de exponer a mujeres a un aborto de embarazos avanzados por médicos que jamás han acudido a un parto. Cuando se discutió esto en la Comisión de Salud, el Ejecutivo garantizó que las prestaciones serían realizadas por especialistas maternos fetales, pero no lo quieren colocar en la ley. No se puede exponer a la mujer a tales riesgos.

La Ministra del Sernam expresó sobre el inciso, que en el caso del diagnóstico médico por riesgo de vida de la mujer, puede diagnosticarlo cualquier médico, en cambio, la inviabilidad fetal letal si requiere mayor especialidad, y por eso se hace la distinción, pidiéndose que esa ratificación la haga, en caso de inviabilidad, un especialista.

El diputado señor Saffirio expresó que en el artículo 119bis se hace la distinción, la interpretación judicial hará la diferencia. Sugirió, entendía, que si se habla de diagnóstico, lo haga un médico, mejor que quede bien redactado.

La diputada señora Rubilar, doña Karla, señaló que la primera causal, riesgo de vida de la madre, requiere actuar rápidamente. No se puede mandar a buscar un ginecólogo, pues el tiempo apremia. Otra cosa es inviabilidad fetal. Cuando hay riesgo de vida de la madre, terminan interviniendo los médicos generales de zona, pues no en todo chile hay ginecólogos, la realidad es esa, y por eso no se puede colocar en la ley ese requisito, pues no es realidad en el país. Ojalá en el país haya ginecólogos en todo el territorio, pero ello no ocurre, los médicos generales terminan acudiendo a todos los partos normales del país.

La Ministra de Salud expresó que para corroborar un diagnóstico, hoy existen 69 centros que atienden situaciones de alto riesgo obstétrico, con médicos con competencias. Generalmente, los controles se efectúan, en estos casos, en esos centros, por lo que en general exista cobertura nacional en el tema.

El diputado señor Monckeberg, don Nicolás, señaló que si se prescinde de una ratificación, llega una madre por urgencia, y no se requiere nada de lo que se pide acá. Y el tema de fondo es cuando no llega por urgencia, y si hay algo que pone en riesgo a la madre es una atención por un no especialista, y se está aceptando que esta ley entre en rigor asumiendo que muchos embarazos los atiendan personas que jamás han atendido un parto, pero la cuestión es que no termine siendo más riesgoso para la madre. Una embarazada sabe que si tienen que intervenir, se les expondrá temerariamente a las madres a su riesgo.

La Ministra de Salud explicó que los médicos saben que se requiere un análisis de la preeminencia de la urgencia. Para los médicos, se debe actuar con la urgencia Se sabe que ante una mujer fallecida por accidente vascular, el médico deberá abrir el abdomen para sacar el feto y salvar esa vida, eso lo tiene que hacer cualquier médico. Se puede no tener toda la experiencia, pero se tienen esos conocimientos. Si se tiene la oportunidad para trasladar a un centro de riesgo obstétrico, perfecto, pero si no se puede trasladar, igualmente se tiene que actuar. Si ocurre un accidente del tránsito y hay un médico, se sabe que debe actuar para atender a los heridos.

La diputada señora Rubilar, doña Karla, señaló que un médico que vea la oportunidad de derivar a un ginecólogo, lo hará ante el riesgo que corre, incluso por miedo, lo hará preferir el traslado, no hará una cesárea, no hará un raspado uterino, preferirá derivar.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 8 votos en contra y 5 abstenciones. Votaron por la negativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Se abstuvieron la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

El diputado señor Soto, don Leonardo, formuló indicación para reemplazar en el este inciso la frase: “Artículo 119 bis.- Para realizar la intervención en los casos que autorizan los numerales 1) y 2) del artículo anterior, se deberá contar con un diagnóstico y con la ratificación del mismo. La ratificación en el caso del numeral 2) deberá realizarse por el o la médico(a) que detente las habilidades específicas requeridas.”, por la siguiente: “Artículo 119 bis.- Para realizar la intervención en el caso del numeral 1) del artículo anterior, se deberá contar con el respectivo diagnóstico médico. En el caso del numeral 2), para realizar la intervención deberá ratificarse el diagnóstico por el médico(a) que detente las habilidades específicas requeridas.”.

Sometido a votación el inciso, conjuntamente con la indicación se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Inciso segundo

El diputado señor Chahin, don Fuad, formuló indicación para reemplazar en este inciso la frase: “evaluará e informará la concurrencia de los hechos que la constituyen y la edad gestacional” por la siguiente: “confirmará la concurrencia de los hechos que lo constituyen y la edad gestacional, informando por escrito a la mujer o su representante legal, según sea el caso, y al(la) jefe(a) del establecimiento hospitalario o clínica particular donde se solicita la interrupción.”.

El diputado señor Squella consultó a quien informa el equipo médico.

La Ministra de Salud explicó que se informa a la mujer.

El diputado señor Saffirio consultó si la interpretación de que el equipo médico informaría a la mujer, si lo que informaría era que fue violada, eso no se entendía.

El diputado señor Squella señaló que cabía entender que la información lo sería al jefe del establecimiento médico.

El diputado señor Chahin expresó que la obligación recae en el equipo de salud, era claro que el informe debe hacerlo el equipo al jefe del establecimiento, será ese jefe el que tendrá la carga de informar al Ministerio Público si el hecho aún no ha sido denunciado penalmente.

El asesor señor Álvarez explicó que sería absurdo que se informe a la mujer el que ha sido violada. Lo que acá se está regulando es que el equipo debe prestar, ratificar, o informar la ocurrencia de la causal. En las otras causales era más claro que se informaba a la mujer la concurrencia de la causal.

La Ministra de Salud señaló que se debe informar a la mujer, en caso que no se verifique o subsuma en alguna de las causales legales.

El diputado señor Soto (Presidente) manifestó que se evaluará, será el equipo médico el que calificará la concurrencia de la causal.

El diputado señor Squella señaló que debía referirse al artículo 119, a modo de “conforme al artículo 119”.

Sometido a votación el inciso, conjuntamente con la indicación se aprobó por 8 votos a favor y 4 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Inciso tercero

Los diputados señores Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo y Rincón, don Ricardo, formularon indicación para agregar en este inciso, a continuación del punto final que pasa a ser seguido, la siguiente oración:

“Deberá, además, notificar al Servicio Nacional de Menores, quien deberá presentar la querella correspondiente que persiga la responsabilidad penal por la violación de la niña o adolescente.”.

Se declaró inadmisible por implicar gasto fiscal y otorgar funciones a servicios públicos, materias que la Constitución Política de la República reserva a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

El diputado señor Chahin señaló que el Sename no tiene esa facultad.

La Ministra de Justicia expresó que sí, a través de la OPD (Oficina de Protección de Derechos).

El diputado señor Chahin manifestó que las querellas las interponen mediante instituciones colaboradoras. Sin perjuicio de ello, sugirió que se notifique el hecho al Sename.

La Ministra de Justicia señaló que esto irrogaría un gasto adicional, pues por ahora interponer la querella es una atribución discrecional, no tiene sentido hacerlo en todos los casos. El Sename tiene la atribución para querellarse, y no veía problema en cuanto a obligar a notificarle estos hechos.

El diputado señor Saffirio refirió que las OPD no tienen facultades para querellarse, pues son entidades municipales, y la personería de ellas recae en el Alcalde.

El diputado señor Monckeberg, don Nicolás, señaló que si el Ejecutivo está de acuerdo en que se ejerzan las querellas, cuando el diputado Chahin plantea lo que el Ejecutivo quiere, que es investigar penalmente los delitos, pero la Ministra señala que no hay plata, no entendía la negativa, para aprobar la indicación bastaría que ello esté garantizado, o acaso se quería poner en duda si se interpondrá o no la querella.

La Ministra de Justicia explicó que nunca se dijo que no se haría porque no había dinero. Lo que ocurre es que el Sename en múltiples ocasiones recibe esta información, pero si se obliga a querellarse, y el persecutor penal estima que no se constituye el ilícito porque concurriría alguna causal justificatoria o exculpatoria, no tiene sentido interponer la querella. Además, podría ocurrir que hubiese un querellante particular, que no le interesa que participe el Sename. En la praxis hoy, no hay casos de violación, con casos acreditados, no hay casos donde no haya estado el Sename presente en tribunales interponiendo querellas.

El diputado señor Cornejo señaló que el propósito de la discusión era de qué manera obviar que existiendo una violación, no hubiese impunidad en el autor. El órgano persecutor en Chile es el Ministerio Público, y le satisfacía que se pusieran los hechos en conocimiento del ellos, para que investigue. Así se permite que no haya impunidad.

El diputado señor Squella señaló que al pretender hacer parte al Sename, un tema es la querella, pero entendía que la cuestión era hacerse parte. No dudaba que hoy tuvieran las atribuciones. Lo que había que tener en cuenta, que la intervención de Sename, más allá de interponer la querella, la cuestión es que el Ministerio Público tenga conocimiento. Hacía sentido en la información al Sename, es que una niña es violada y es permanentemente violada, y ahí tiene sentido la activación de los programas el Sename a su favor.

El diputado señor Chahin expresó que compartía que tal como venía la indicación, sobe la obligación de querellarse, era inadmisible. Recordó que se votó la procedencia para el caso en que el representante legal sea un peligro para la menor. Pero para un caso distinto, podría ser pertinente que además de la investigación, ocurra una medida de protección. Ahí el Sename puede o no hacer nada, hacerse parte, o solicitar una medida de protección, y para ello es necesario que el Sename esté informado.

El diputado señor Chahin, don Fuad, formuló indicación para agregar en este inciso, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración:

“Deberá, además, notificar al Servicio Nacional de Menores.”.

Sometido a votación el inciso, conjuntamente con la indicación se aprobó por 8 votos a favor y 4 abstenciones. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Se abstuvieron la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Inciso cuarto

La diputada señora Rubilar, doña Karla y los diputados señores Chahin, don Fuad y Cornejo, don Aldo, formularon indicación para reemplazarlo por el siguiente:

“En el caso que la mujer sea mayor de 18 años, y ésta no haya denunciado el delito de violación, los (las) jefes(as) de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares deberán poner en conocimiento del Ministerio Público dicho delito, con la finalidad de que se investigue de oficio al o los responsables del mismo.”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 10 votos a favor y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Se abstuvieron los diputados señores Coloma, don Juan Antonio y Monckeberg, don Nicolás.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia y el diputado señor Monckeberg, don Nicolás, formularon indicación para suprimir en este inciso la frase: “, previa ratificación de la mujer.”.

Se dio por rechazada por ser incompatible con lo ya aprobado.

*****************

La diputada señora Rubilar, doña Karla y los diputados señores Chahin, don Fuad y Cornejo, don Aldo, formularon indicación para agregar el siguiente inciso final:

“En el proceso penal por el delito de violación no se podrán requerir o decretar, en contra de la mujer víctima, las medidas de apremio contenidas en los artículos 23 y 33 del Código Procesal Penal para lograr su comparecencia a los actos del procedimiento, la que será siempre voluntaria.”.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 8 votos a favor y 4 abstenciones. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Se abstuvieron los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Nicolás; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio y Monckeberg, don Nicolás, formularon indicación para agregar los siguientes incisos finales:

“El médico que elabore o ratifique el diagnóstico al que se refiere el inciso anterior a sabiendas de que es incorrecto, injustificado, o que no cuenta con un grado suficiente de certeza exigible para esta clase de diagnóstico, será sancionado con penas de presidio menor en su grado medio a máximo.

Si el diagnóstico es utilizado para realizar un aborto de conformidad con lo que dispone el artículo 119 la pena será aumentada en un grado.

Si el médico elabora o ratifica dicho diagnóstico con negligencia culpable, y este es utilizado para realizar un aborto de conformidad con lo que dispone el artículo 119, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo.”.

El diputado señor Chahin señaló que se requerirá dolo directo. Si es así, bastaría el Código Penal con el delito de aborto.

El diputado señor Monckeberg, don Nicolás, expresó que esta hipótesis alude a quien no realiza la prestación, no ejecuta el aborto, sino a quien hace diagnósticos falsos en la materia, y que puede dar pie a que un médico haga un diagnóstico.

La Ministra de Salud recordó que el artículo 345 del Código Penal, resolvería el tema.

La diputada señora Rubilar, doña Karla, expresó que el supuesto ya está en el 345 del Código Penal.

El diputado señor Coloma señaló que en esa lógica se habla cuando se comete el aborto, pero puede ser que el médico maliciosamente haga un diagnóstico, pero después el aborto no ocurre.

La Ministra de Justicia indicó que el supuesto planteado por el diputado Nicolás Monckeberg sería un delito en grado de tentativa, y ello ya está cubierto por el Código Penal.

El diputado señor Monckeberg, don Nicolás, manifestó que el 345 del Código Penal es cierto, pero para que se aplique a un médico que hizo un diagnóstico falso, es necesario que sepa que es para que se realice un aborto. El médico que falsifica un diagnóstico, merece sanción aun cuando no sea capaz de demostrar que ello era para un aborto. Hoy lo que se requiere es que el médico sepa que es para aborto.

La Ministra de Justicia señaló que si se trata de sancionar falsedad de diagnósticos, ello ya está subsumido en otros tipos penales.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 5 votos a favor y 8 en contra. Votaron a favor la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Nicolás; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votaron en contra los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo.

N°3

El diputado señor Robles, don Alberto, formuló indicación para reemplazar este numeral por el siguiente:

“3) Agrégase el siguiente artículo 119 ter, nuevo:

"Artículo 119 ter. El(la) médico(a) cirujano(a) que sea requerido(a), en su consulta privada, para interrumpir el embarazo en las causales descritas en el artículo 119, podrá abstenerse de realizarlo, aduciendo objeción de conciencia, debiendo informarle a la requirente de esta situación.

Las Instituciones de Salud, tanto públicas como privadas, no podrán negarse a interrumpir el embarazo en las causales descritas en el artículo 119. Los médicos funcionarios o contratados por las instituciones no podrán manifestar objeción de conciencia para realizar los procedimientos respectivos.

Las posibles complicaciones médicas que pudiesen ocurrir por efecto de los procedimientos terapéuticos que se requiriesen, serán de responsabilidad de las Instituciones de Salud respectivas, a no ser que se pueda comprobar fehacientemente la negligencia del profesional.

En el caso que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, quien en su consulta privada haya manifestado objeción de conciencia, no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo en la medida que no exista otro(a) médico(a) cirujano(a) especialista que pueda realizar la intervención.".

El diputado señor Robles, don Alberto, señaló que en la Comisión de Salud se produjo un problema de tiempo para la incorporación de la indicación N°31. La misma busca dejar claridad absoluta que la objeción es un tema personal. El médico es quien ejerce la objeción, no la institución. En la práctica, cuando una persona acude a un establecimiento público el diagnóstico lo puede hacer un médico, la internación otro, la intervención un tercero, el postoperatorio un cuarto, y así diversos médicos.

Desde ese punto de vista, sobre todo en provincia, los especialistas son pocos, y puede ser que uno o dos objeten, y la ley queda inaplicable en ese lugar. Así, las personas deberían ser derivadas a otro establecimiento de salud. Si está en Castro, tendrá que llevarla a Ancud o Puerto Montt. En la capital de provincia, si los médicos de zona, o sólo el anestesista objetan, basta eso para que no pueda llevarse a cabo la intervención.

Entendía que las instituciones no tienen conciencia, y que los funcionarios de establecimientos públicos deben obedecer las instrucciones que la institución determina. La otra parte de la indicación, asegura que la institución es la responsable por las complicaciones que el acto médico genera en virtud de esta ley. Así, las complicaciones por el acto médico, que siempre pueden ocurrir, no son de cargo del médico, a menos que se compruebe manifiesta negligencia en el actuar. Eso en la práctica médica es bastante claro. La cuestión es dejar claridad para que no se planteen estas objeciones de conciencia por médicos para evitar desarrollar la prestación, y que cumplan su labor.

El diputado señor Ceroni expresó que en primer término, en relación a su consulta, si puede un médico hacer la objeción, nadie haría mayor cuestión, pero le parecía que todas las instituciones, tanto públicas como privadas no deberían negarse a practicar la intervención. El tema pasa por las instituciones adscritas a confesiones determinadas, que no comparten estas causales, se debe respetar y tener otras alternativas. Esto complicará mucho la vida.

Por otra parte, el hecho que los médicos funcionarios estén obligados a no poder hacer objeción, desde el momento que podrían quedarse sin profesionales para cumplir las prestaciones, no podría hacerse, pero se estaría limitando la posibilidad de que a un médico objetor pueda ser contratado en los servicios públicos. El mensaje es “usted entra y no podrá objetar”. El tema es complejo en provincia, esto enreda mucho.

El diputado señor Chahin manifestó que el tema era importante. Recordó que desde que estaba en las juventudes DC se discutía la objeción de conciencia para el servicio militar, y si se era coherente, el tema volvía acá. Y esta indicación desvirtúa la objeción, pues solo podría hacerlo de modo privado un médico en su consulta. No se podría objetar al trabajar para otro, y estimaba que ello sería discriminador y arbitrario.

El tema de las instituciones no debiese ser tema de conciencia, pues ellas tienen políticas que se traducen en convenios. Si una institución se niega a realizar una prestación a la que está obligada, incurrirá en las sanciones que correspondan, eso es tema civil o administrativo, no de objeción de conciencia, la objeción es de las personas individualmente consideradas.

La diputada señora Turres, doña Marisol, señaló que la indicación atenta contra la libertad de conciencia constitucional, era absurdo pensar que las instituciones no tienen conciencia, pues están integradas por personas que sí las tienen y no la pierden por trabajar en el Estado. Había que distinguir las situaciones, si una mujer llega de urgencia, y si no se actúa, la mujer muere, qué duda cabía en actuar; pero si el feto era inviable, podía buscarse algún profesional que exista en la red, y si alguno objetaba, podía adjudicarse el caso a otro. No tenía sentido limitar la objeción al ámbito privado, pues los que trabajan en el sector público podrían preferir irse al sector privado.

El diputado Monckeberg, don Nicolás, manifestó que esto zanjaría una discusión. El Ejecutivo ha dicho que el proyecto sólo despenaliza, pero al iniciar esta discusión, la objeción de conciencia se pone arriba de la mesa, pues el aborto será un derecho que se puede exigir, y el médico está en la disyuntiva. Acá no es simple despenalización, si se discute sobre objeción, es porque el aborto es un derecho exigible al Estado.

Respecto de la primera causal, no puede haber objeción de conciencia, ningún médico en Chile puede negarse a intervenir en esa causal, pero esta indicación daría a entender eso, y ello debe rechazarse. Entonces, la objeción entra en debate en la segunda y tercera causal. Si se reconoce, no sólo debe serlo para el médico cirujano, sino para todos los integrantes del equipo médico, no puede obviarse a los anestesistas o matronas.

En segundo lugar, estimó que el tercer párrafo (“inmediata e impostergable”) esa redacción solo llama a confusión, pues no se puede aplicar a la primera causal, y en relación a la segunda y la tercera, habría que hacer distinciones.

El diputado señor Squella señaló que lo primero a tener a la vista es que la objeción de conciencia opera todos los días en los recintos de salud en Chile, y este sólo sería un caso específico de ello. Hoy, si un médico estima muy peligrosa una intervención, se abstendrá de participar, hay jurisprudencia y ella se puede revisar, pero cuando se pretende acotar al médico, se discrimina. El proyecto reconoce que hay ciertas situaciones objetables, lo reconoce y hace la distinción. Cuando se dice “el médico cirujano”, se deja fuera a todos los que pasaron en el procedimiento.

Se afecta la autonomía de las instituciones, se les otorga un estatuto diferenciado. El decir que ellas no pueden hacer un pronunciamiento es errado, afecta la autonomía que la Constitución Política les reconoce.

Distinguir según donde prestan los servicios era inaceptable. No se podía decir que la conciencia opera si está en una consulta privada pero no en un hospital, ello sería inconstitucional, particularmente hacia los funcionarios públicos, simplemente por una obligación legal.

Además, se pretende disponer responsabilidades a los institutos de salud, por lo que sería inadmisible.

Por último, cuando se trata este tema se habla del corazón del proyecto. Se reconoce el derecho a abortar y se está dando una connotación negativa, toda vez que la cuestión es que se permite quitar la vida a otro.

El diputado señor Chahin expresó que hay un punto correcto del diputado Monckeberg, y se debería en el inciso primero acotar a los numerales 2 y 3, por lo que carecería de sentido el inciso final. Además, no se puede restringir el tema al médico cirujano, y no abarcar al resto del equipo médico. Consultó por qué esa distinción.

La Ministra de Justicia señaló que en la propuesta, el médico efectivamente no podría excusarse, a menos que no exista otro médico que pueda otorgar la prestación.

El diputado señor Robles expresó que se ha avanzado en que es el paciente el que tiene la responsabilidad y es él quien otorga la autorización para que el médico actúe. Por ello se requiere del Estado el ejercicio de un derecho. Si una mujer tiene un embarazo anencefálico, es ella la que pide la realización de un procedimiento, no es decisión de los médicos, por eso los funcionarios no pueden objetar de conciencia, es el ejercicio de un derecho de la mujer.

Además, las instituciones privadas en general no tienen trabajadores, pues los médicos no son trabajadores de esa institución, arriendan esos espacios, en general no están contratados. Los que sí atienden como funcionarios son los que laboran en establecimientos públicos. Por ello es un deber estatal, no es el médico el que decide, sino que la mujer, y ella ejerce un derecho, y por ello, se debe cautelar de los casos en que a una persona se le niega el derecho que la ley otorga.

La diputada señora Turres, doña Marisol, consultó si el Ejecutivo al redactar el 119 ter, cuando se habla de riesgo vital para la madre, si abarca los casos en que una mujer tenga una depresión y pueda suicidarse. Acá se habla de objeción en las tres causales, y una de ellas es el riesgo vital de la madre. Consultó si se contempla esa posibilidad, de depresión como causal, si los problemas psiquiátricos son parte de la causal.

El diputado señor Cornejo señaló que siempre les ha parecido que el proyecto debía guardar ciertos equilibrios. No podía entenderse que se otorgaba un derecho para ejercerlo cuando se quiera, pero si se entiende que una mujer puede decidir en las causales que se disponen. Si ese es un principio del proyecto, no parecía justo no respetar la conciencia de un médico, y era correcto que aun cuando participe en una institución pública, se reconozca el derecho a objetar de conciencia.

La Ministra de Salud expresó sobre la depresión o cuadro psiquiátrico, que no era subsumible en la causal de riesgo de vida para la mujer, no es una situación de riesgo inmediato e impostergable. Sobre si puede esto traspasarse la responsabilidad médica a otros funcionarios, no, pues es un acto médico con diagnósticos que sólo pueden ser realizados por médicos, el acto sólo puede ser dirigido por un médico, y por ello es que él es el responsable. No es traspasable tal objeción de conciencia.

Sometida a votación la indicación se rechazó por un voto a favor y 12 en contra. Votó por la afirmativa el diputado señor Gutiérrez, don Hugo. Votaron por la negativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Letelier, don Felipe; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

El diputado señor Coloma votó a favor pues se estaba llegando al absurdo que una persona según su calidad profesional tendría mejores derechos, no tenía sentido que la conciencia del médico valga más que la de la matrona, lo que era discriminatorio.

El diputado señor Gutiérrez señaló que sin ser especialista en el tema, la objeción de conciencia era una cuestión excepcionalísima, pues consiste en que no se debe cumplir un mandato dispuesto por ley. Pero estaba bien la discusión, pues la oposición ha instado por defender la objeción de conciencia, lo que era interesante, pero era una excepción en todos los sistemas, pues no podrían funcionar, la presunción de conocimiento de la ley sería letra muerta.

Además, no se está dando un mandato para abortar, ni un derecho, pues si no, no sería necesario disponer la posibilidad de objeción. La objeción incluso estaría demás establecerla, pues es una excepcionalidad en todos los sistemas, y si se dispone, podría conllevar riesgos excesivos.

El diputado señor Saffirio expresó que acá se faculta al médico para objetar, pero esto entra en colisión con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, dispuestos en la Convención sobre la Mujer, y cuando esa convención dispone que se debe evitar cualquier acto de violencia, esta objeción sí lo sería.

Se acordó debatir y votar los incisos que conforman el artículo 119 ter, propuesto en el N°3 del artículo 1°, en forma separada.

Inciso primero

El diputado señor Chahin, don Fuad, formuló indicación para reemplazar en este inciso la frase “el médico cirujano” por “toda persona”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 6 votos a favor y 7 en contra. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votaron en contra los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Letelier, don Felipe; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia y Monckeberg, don Nicolás, formularon indicación para reemplazar este inciso por el siguiente:

“Artículo 119 ter.- Toda persona que sea requerida para colaborar o realizar un aborto en las causales descritas en el artículo 119, podrá abstenerse de realizarlo, cuando hubiere manifestado por escrito objeción fundada en su libertad de conciencia. El Ministerio de Salud deberá dictar los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia.”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 5 votos a favor y 8 en contra. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votaron en contra los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Letelier, don Felipe; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo.

El diputado señor Monckeberg, don Nicolás, formuló indicación para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 119 ter.- La interrupción del embarazo en los casos previstos en el artículo 119 sólo puede practicarse en establecimientos de salud públicos y en aquellos de propiedad privada que, previa petición expresa de sus representantes legales, hayan sido autorizados especialmente para ello por resolución del Ministerio de Salud. Esta resolución determinará el plazo de vigencia, que no puede exceder de cinco años, vencido el cual sólo podrá renovarse a petición expresa de los representantes de la respectiva institución.”.

Fue declarado inadmisible por corresponder a materias cuya iniciativa la Constitución Política de la República reserva a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Sometido a votación el inciso primero, en su texto original propuesto por la Comisión de Salud, se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Letelier, don Felipe; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Inciso segundo

Sometido a votación el inciso segundo, en su texto original propuesto por la Comisión de Salud, se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Letelier, don Felipe; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Inciso tercero

La diputada señora Nogueira, doña Claudia y el diputado señor Monckeberg, don Nicolás, formularon indicación para suprimirlo.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 3 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votaron en contra los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Letelier, don Felipe; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Se abstuvieron los diputados señores Coloma, don Juan Antonio y Monckeberg, don Cristián.

El diputado señor Saffirio, don René, formuló indicación para intercalar en este inciso, entre la expresión “impostergable” y la frase “quien haya manifestado”, lo siguiente: “invocando la causal del número 1) del artículo 119”.

Sometido a votación el inciso, conjuntamente con la indicación, se aprobó por 8 votos a favor, uno en contra y 4 abstenciones. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Letelier, don Felipe; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votó en contra el diputado señor Monckeberg, don Cristián. Se abstuvieron la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

*****************

El diputado señor Monckeberg, don Nicolás, formuló indicación para agregar al artículo 1° el siguiente numeral 4) nuevo:

“4) Introdúcense los siguientes artículos 119 quater y quinquies:

“Artículo 119 quater.- Queda estrictamente prohibida la publicidad sobre la oferta de centros, establecimientos, o servicios o de medios, prestaciones técnicas o procedimientos para la práctica de la interrupción del embarazo en las causales de artículo 119.

Artículo 119 quinquies.- Todas las prestaciones de servicios sanitarios que tengan por objeto la interrupción del embarazo en los casos previstos en el artículo 119 deberán ser gratuitas y practicadas en establecimientos públicos o privados constituidos como personas sin fines de lucro.”.”.

El Ministro Secretario General de Gobierno señaló que más allá del fondo, habría que precisar la redacción, pues cabe delimitar qué es publicidad.

La Ministra de Justicia expresó que había que circunscribir la discusión al tema de las causales, que son bastante graves y serias hacia la mujer. El tema es la mujer, y le parecía que rayaba en algo que puede ser irrespetuoso hacia la mujer tener una publicidad “si UD ha sido violada, venga que la atendemos”. Le parecía que era subestimar lo que se estaba regulando, tener que prohibir explícitamente, es que no se ha entendido nada de nada de lo que se está discutiendo.

El diputado señor Coloma señaló que una cosa es la publicidad, y otra, la información.

El señor diputado señor Soto (Presidente) manifestó que la información está regulada.

La indicación correspondiente al artículo 119 quinquies fue declarada inadmisibles por corresponder a materias que la Constitución Política de la República reserva a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Sometida a votación la indicación correspondiente al artículo 119 quater, se rechazó por 6 votos a favor y 7 en contra. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Rathgeb, don Jorge; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votaron en contra los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Gutiérrez, don Hugo; Letelier, don Felipe; Rincón, don Ricardo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo.

El diputado señor Andrade señaló que votaba en contra, pues no veía problema en que se dijera dónde se hacen estas operaciones. Es parte de un deber social informar a las mujeres donde se hacen estas operaciones. Lo que acá se está aprobando es que las tres causales tienen legitimidad, y no veía razón alguna para que las instituciones no digan que realizan esas prestaciones. Era incluso deseable.

El diputado señor Ceroni expresó que es poco serio la publicidad en el tema, una cosa es información y otra publicidad.

El diputado señor Chahin manifestó que le hizo sentido lo planteado por la ministra, pero no había que descartar la posibilidad que alguien haga publicidad, y eso debiese quedar prohibido. Otra cosa es que se podrá hacer interrupciones en todos los establecimientos, no se está aprobando la objeción de conciencia institucional, en todo establecimiento se podrá hacer esta operación, y por lo tanto, la información sobre los procedimientos no se puede prohibir, sino que existe la obligación para que se informe al momento del acompañamiento. Por ello, era razonable prohibir la publicidad, por innecesaria, y para evitar bochornos el día de mañana, votaría favorablemente la indicación.

El diputado señor Coloma señaló que si se ha eliminado la obligación de denuncia, y se va a establecer la publicidad, puede ser una forma encubierta, absolutamente razonable de anunciar que se hacen abortos, y se corre un riesgo de encubrir, se puede establecer con malos fines pero bien realizada, se puede dar a entender que ahí no se denuncia la ocurrencia de abortos, incluso de abortos fuera de las tres causales. Esto era una verdadera prueba de fuego. Si se está consciente de lo dañino que es un aborto, estaba claro en que no debía publicitarse, sobre todo en las circunstancias que se han discutido y aprobado, esperaba que se aprobase la indicación.

El diputado señor Gutiérrez votó en contra, señalando que el tema es un problema de salud pública, es relevante que la población esté informada en el tema. Se podrá discutir si la entrega de información pasa por publicidad, se impedirá que el Ministerio de Salud de a conocer el artículo 119 del Código Sanitario, y acá se están aprovechando de cuestionar el proyecto.

El diputado señor Rathgeb señaló que acá hay una diferencia con la discusión, hay distinción entre publicidad e información, cuando se habla de la publicidad sobre la oferta, eso indica que hay lucro atrás, y por ello la votaba favorablemente.

El diputado señor Squella expresó que la distinción es un calmante de conciencia para los que saben que se les dará muerte a muchas personas inocentes e indefensas. Lo que apunta la indicación es a evitar lo que pasa en el mundo entero, donde se financia a ONG para que promuevan el aborto donde no se permite, y hacer crecer esas empresas, es lo que se trata de evitar acá.

Cuando se habla de un procedimiento en situaciones tan sensibles, como son las causales, que no las aprobó, pero es difícil hacer la distinción entre los diversos tipos de aborto, pero se trata de procedimientos médicos que contaminarlos con una carrera promocional con combos entre los distintos centros médicos, no es más que darle el gusto a las empresas interesadas en la promoción de este negocio en los países donde no se permite.

La votación dice mucho de cómo se enfrenta el tema, estaba claro que se perdió, pero dice mucho de lo que hay detrás de lo debatido en este proyecto.

El diputado señor Soto (Presidente) votó en contra, pues estimó que no existe una actividad lícita que no se pueda publicitar, el tabaco, el alcohol se puede publicitar, se puede restringir el derecho, hay debate sobre si se prohíbe o no en el caso del alcohol o el tabaco se ha acotado. Le parecía que la publicidad puede ser abusiva, y puede herir la sensibilidad de alguien, pero esa materia tiene que ser discutida en los abusos de la publicidad, pero no puede a una actividad lícita impedirse publicitarse.

Artículo 2°

Esta disposición introduce modificaciones en el Código Penal con el objeto de despenalizar la interrupción del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario.

N°1

Las diputadas señoras Cariola, doña Karol; Carvajal, doña Loreto; Pacheco, doña Clemira y Sepúlveda, doña Alejandra y los diputados señores Aguiló, don Sergio; Farcas, don Daniel; Farías, don Ramón; Jaramillo, don Enrique; Jarpa, don Carlos; Meza, don Fernando; Rincón, don Ricardo y Schilling, don Marcelo, formularon indicción para reemplazarlo por el siguiente:

“1) Reemplázase el artículo 344 por el siguiente:

“Artículo 344.- La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado mínimo.

No constituye delito de aborto, la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario.”.

Las diputadas señoras Cariola, doña Karol; Carvajal, doña Loreto; Pacheco, doña Clemira y Sepúlveda, doña Alejandra y los diputados señores Aguiló, don Sergio; Farcas, don Daniel; Farías, don Ramón; Jaramillo, don Enrique; Jarpa, don Carlos; Meza, don Fernando; Rincón, don Ricardo y Schilling, don Marcelo, formularon indicción para reemplazarlo por el siguiente:

“1) Reemplázase el artículo 344 por el siguiente:

“Artículo 344.- La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio.

No constituye delito de aborto, la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del código sanitario.”.”.

La Ministra de Justicia refirió la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el tema, y en cuentas, la idea matriz es el problema que se desea resolver, y si el tema es despenalizar, era ajeno el sentido de estas indicaciones.

El diputado señor Squella señaló que la redacción de la Comisión de Salud es errónea, pues un mismo hecho no puede ser delito y no delito. Quizás, lo que se querría plantear es una causal de justificación o exculpación, pero no era correcto disponer “no constituye delito”, si el hecho era el mismo.

La Ministra de Justicia expresó que la conducta no constituye delito, y no era causal de eximente de responsabilidad.

Ambas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por no corresponder a las ideas matrices del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

Sometido a votación el numeral, en su texto original propuesto por la Comisión de Salud, se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Letelier, don Felipe; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

N°2

El diputado señor Rathgeb, don Jorge, formuló indicación para reemplazarlo por el siguiente:

“2) Modifícase el artículo 345 de la siguiente forma:

a) agrégase en el inciso primero, inmediatamente antes del punto (.), la expresión “y se impondrá la accesoria de inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la profesión”.

b) agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Se sancionará con la pena de presidio menor en su grado medio y se impondrá la accesoria de inhabilitación especial del ejercicio de la profesión durante el tiempo de la condena al facultativo que realice diagnósticos o facilite informes falsos para justificar una intervención destinada a interrumpir el embarazo en los casos autorizados del artículo 119 del Código Sanitario.”.

El diputado señor Rathgeb señaló que luego de analizar la poca jurisprudencia del tema, cabía describir los supuestos de informe o diagnóstico falsos, y esto podría estar considerado también para supuestos de colaboración. La cuestión es que esta acción debiese tipificarse claramente en el Código Penal, pues podría quedar impune, la analogía no opera, y no encajaría claramente

El diputado señor Soto (Presidente) recordó que se declararon inadmisibles las indicaciones que agregan sanciones, y ese criterio lo conservaría.

La indicación fue declarada inadmisible por no corresponder a las ideas matrices del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

Sometido a votación el numeral, en su texto original propuesto por la Comisión de Salud, se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Letelier, don Felipe; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

El diputado señor Saffirio señaló que mantener la norma vigente significa que el país mantiene violencia institucional contra la mujer, y violaría la convención de Belem do Pará, sobre violencia contra la mujer. Desde ese punto de vista, el legislador debía actuar y esta era una medida en tal sentido.

La diputada señora Turres, doña Marisol, expresó que era absurdo que no hubiese aborto porque no se penaliza una conducta. Es como decir que si alguien mata a alguien, y por alguna excusión de responsabilidad penal puede llegar a no ser condenado, pero ello no significa que no sea una conducta típica, antijurídica y culpable. Una cosa es eximirse de a responsabilidad penal, y otra, que no sea delito.

N°3

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para suprimirlo.

El diputado señor Chahin señaló que cuando se invitó a profesores de derecho penal, señalaron que había problemas de ubicación de la norma, de redacción de la norma, pues la facilitación de tejidos podía originar persecución penal, y por ello debía precisarse el tipo. Así, era mejor ubicarlo en la ley de trasplante de órganos, se saca la norma del Código Penal y se coloca en esa ley. La cuestión es evitar un comercio de este tipo de órganos.

Sometida a votación la indicación se aprobó por 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Gutiérrez, don Hugo; Letelier, don Felipe; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Se abstuvo el diputado señor Monckeberg, don Cristián.

*****************

El diputado señor Rathgeb, don Jorge, formuló indicación para incorporar al artículo 2°, el siguiente numeral 4), nuevo:

“4) Agrégase el siguiente artículo 435 ter, nuevo:

“Artículo 435 ter. Las personas jurídicas serán responsables por la práctica de intervenciones o la elaboración de diagnósticos, informes o ratificaciones falsas destinadas a interrumpir el embarazo fuera de los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario, a los que se refiere el presente párrafo.

En estos casos responderá de conformidad a lo establecido en la ley 20.393, respecto de los delitos señalados en el inciso anterior cometidos directa e inmediatamente en su interés o provecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de la citada ley, o los cometidos por personas naturales que estén bajo su dirección o supervisión directa.”.”.

El diputado señor Chahin señaló que la responsabilidad de las personas jurídicas es una cuestión excepcional en Chile, alude a las decisiones de sus órganos directivos. Las personas jurídicas no practican intervenciones, son las personas naturales. Así, además de no cumplir con las exigencias doctrinarias para incorporar este delito, incluso estaría fuera de las ideas matrices.

El diputado señor Gutiérrez expresó que dispone un tipo penal, y dispone un reenvío a la ley de lavado de activos. No se establece una sanción, sino un reenvío, no es la manera correcta de disponer un tipo penal.

El diputado señor Andrade señaló que lo mejor sería hacer una declaración de inadmisibilidad, por estar fuera de las ideas matrices. La responsabilidad de las personas jurídicas tiene que ver por el hecho propio, no subsidiario o hecho ajeno. Además, ya se ha resuelto que en materia penal, esto despenaliza, y estaría fuera de las ideas matrices.

El diputado señor Squella cuestionó la inadmisibilidad. Si se trata de cuestionar algo, sería la ubicación, quizás en otra ley, pero la aproximación a la idea matriz, es cercana. Que un equipo médico emita informes y autoricen las causales que antes del proyecto eran cuestiones ilícitas, no existían, para que no se utilicen de manera incorrecta, parecía pertinente de discutirse.

La indicación fue declarada inadmisible por no corresponder a las ideas matrices del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

********************

S.E. la Presidenta de la República formuló indicación para agregar el siguiente artículo 3°, nuevo, pasando el actual a ser artículo 4° y así sucesivamente:

“Artículo 3°.- Agrégase en el inciso primero del artículo 13 bis de la ley 19.451, que establece normas sobre trasplantes y donación de órganos, luego del punto final, que pasa a ser una coma, la siguiente oración: “así como quien destine, con ánimo de lucro, o para fines distintos a los autorizados en la presente ley, órganos, tejidos o fluidos humanos provenientes de una intervención propia de la interrupción del embarazo.”.

El diputado señor Coloma formuló indicación para reemplazar en la propuesta del Ejecutivo la frase “con ánimo de lucro” por “a cualquier título”.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 5 votos a favor y 8 en contra. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Rathgeb, don Jorge; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votaron en contra los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Gutiérrez, don Hugo; Letelier, don Felipe; Rincón, don Ricardo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo.

El diputado señor Chahin, don Fuad, formuló indicación para intercalar entre la palabra “destine” y la frase “, ánimo de lucro”, la frase “en cualquier momento”.

El diputado señor Coloma señaló que al ver la indicación del Ejecutivo, cuestión conversada en el receso, cabría revisar la noción de “en cualquier momento” que se puede desarrollar la acción, pues si se llega a destinar un órgano para fines científicos se puede destinar a otra cosa, como es la venta o cualquier otro fin. Era importante que quedara claro, y lo otro, convendría eliminar “ánimo de lucro”, pues resulta complejo de probar, puede que no haya logrado el lucro sino obtenido pérdidas. Se requiere claridad en la situación, en otros países se pueden triangular el tráfico deróganos, esto es importante regularlo.

El diputado señor Chahin explicó que al disponer “ánimo de lucro” no hay que acreditar el lucro, sólo el ánimo, y la norma dispone los fines de la ley, que si se desvirtúan, se sanciona. Lo otro, al eliminarlo, haría problemático situaciones tales como la incineración posterior, eso sería punible, nadie podría hacer nada con eso, se penaría el hecho de entregar a un tercero los tejidos o sustancias incluso para su disposición final. Se estarían penando situaciones lícitas y necesarias.

La indicación se hace cargo del problema interpretativo, que sólo la primera disposición fuera punible, pero qué pasa si lo fuera para fines científicos.

El diputado señor Rathgeb señalo que teniendo presente que se ha declarado inadmisible todas las indicaciones que disponen penas, está también lo debiese ser.

El diputado señor Monckeberg, don Nicolás, expresó que la Comisión de Salud dispuso la prohibición de disposición de órganos. Pero es conocido que órganos sin fines de lucro en el extranjero han dispuesto de órganos, y acá podría ocurrir lo mismo, ONG podrían poner precio a estas intervenciones, y aun así seguir siendo sin fines de lucro. Si lo que se quiere es evitar el tráfico comercial, lo que se debe hacer es prohibir la disposición de tales órganos.

El diputado señor Soto (Presidente) manifestó que esta norma tiene su origen en la Comisión de Salud y acá sólo se está adecuando técnicamente en la ley correspondiente.

El diputado señor Chahin señaló que en la postura de Monckeberg, la misma norma dispone el supuesto de desvío de fin.

El diputado señor Monckeberg, don Nicolás, expresó que ahí caen los cosméticos.

La Ministra de Justicia señaló que acá no se están disponiendo sanciones, esto ya está, y tiene su origen en una moción de la diputada Cariola.

El diputado señor Squella consultó, dado que se refiere a los órganos que se extraen de un cadáver, pero aquellos que no han sido separados de la madre no logran el estatuto jurídico de persona, y en consecuencia, no se le puede llamar cadáver. Podría ocurrir que de acuerdo a la futura nueva legislación, esto podría quedar en tierra inexistente, quizás sería escarbar muy profundamente. Se sabía que la ley penal se interpreta restrictivamente, y esta sería una manera de evitar la aplicación.

El diputado señor Monckeberg, don Nicolás, manifestó que si los parlamentarios están tranquilos, y claros en el tema, con mayor razón no tiene ningún sentido acotarlo para cuando el traspaso tiene ánimo de lucro. Probar el ánimo de lucro de una institución sin fines de lucro es sumamente complejo. Si solo quiere darle un uso para los fines dispuestos por la ley, lo mejor sería que nunca la transacción tenga un cobro. Se puede tener una ONG sin fines de lucro, trabajar con un órgano, y cobrar por la prestación, y jamás tendrá fines de lucro. Esto no es una suspicacia, es lo que ocurre con las universidades, donde no lucran, pero cobran matricula y arancel. Cobrar por algo no es necesariamente lucrar, ahí está el caso de las fundaciones.

El diputado señor Chahin señaló que la ley de donación de órganos impide cobrar.

El diputado Monckeberg, don Nicolás, expresó que esto es lo que se está discutiendo en Estados Unidos, donde se cobraba por el almacenamiento.

El asesor señor Castillo señaló, sobre lo planteado por el diputado Squella, en relación a si sería cadáver para los efectos legales, se prefirió disponer el tipo en esta legislación, agregando el contexto propio de la intervención por interrupción del embarazo, pues de haber perseverado en la redacción original, sí hubiera ocurrido ese problema interpretativo. En cuanto a lo planteado por el diputado Monckeberg, la propia ley ya en el artículo 13, dispone como cuestión del tipo el ánimo de lucro, y la finalidad propia del elemento subjetivo del tipo resuelve el tema del ánimo de lucro, que es una cuestión diversa al ánimo de lucro en materia civil.

Sometida a votación la indicación del Ejecutivo, conjuntamente con la propuesta del diputado señor Chahin, se aprobó por 8 votos a favor y 5 abstenciones. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Gutiérrez, don Hugo; Letelier, don Felipe; Rincón, don Ricardo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Se abstuvieron la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Rathgeb, don Jorge; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Artículo 3° (ha pasado a ser artículo 4°)

Este artículo introduce enmiendas al Código Procesal Penal respecto del deber de denuncia.

La diputada señora Nogueira, doña Claudia y el diputado señor Monckeberg, don Nicolás, formularon indicación para suprimirlo.

Sometida a votación la indicación se rechazó por 6 votos a favor y 6 en contra. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Rathgeb, don Jorge; Saffirio, don René y Squella, don Arturo. Votaron en contra los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Gutiérrez, don Hugo; Letelier, don Felipe; Rincón, don Ricardo y Soto, don Leonardo.

Los diputados señores Coloma, don Juan Antonio y Monckeberg, don Nicolás, formularon indicación para intercalar entre la expresión “confidencialidad” y la coma (,) que le sigue, lo siguiente: “. Sólo podrá invocarse el deber de confidencialidad cuando constare que una tercera persona realizó la respectiva denuncia”

Sometida a votación la indicación se rechazó por 5 votos a favor, 7 en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Rathgeb, don Jorge; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. Votaron por la negativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Gutiérrez, don Hugo; Letelier, don Felipe; Rincón, don Ricardo; Saffirio, don René y Soto, don Leonardo. Se abstuvo el diputado señor Chahin, don Fuad.

Los diputados señores Chahin, don Fuad y Rincón, don Ricardo, formularon indicación para eliminar en ambos numerales de este artículo la frase “, respecto del cual prima el deber de confidencialidad”.

S.E. la Presidenta de la República formuló las siguientes indicaciones:

1.- Para agregar en el numeral 1), a continuación de la palabra “confidencialidad”, la frase “y la reserva de la información a que se refiere el artículo 12 de la ley 20.584,”.

2.- Para agregar en el numeral 2), luego de la expresión “confidencialidad” y antes del punto seguido que la sucede, la expresión: “y la reserva de la información a que se refiere el artículo 12 de la ley N°20.584.”.

El diputado señor Chahin señaló que con las indicaciones del Ejecutivo no se podrá denunciar el delito de aborto. No estará obligado, entonces cuando haya aborto directo, cómo se descubrirá, si esto se sabe cuando se llega a atenciones médicas, ni los médicos ni los jefes de establecimientos podrán denunciar, por existir un deber de confidencialidad. Cuando le toque atender a una persona que se haya aplicado un aborto directo, no podrán denunciar, y ello no era procedente.

La Ministra de Justicia expresó que la cuestión es proteger a la mujer, pues en los supuestos se está arriesgando la continuidad de su vida. Una persona que se hizo un autoaborto, que sería de las causales no exceptuadas, y llega al hospital desangrándose, habría colisión en el equipo médico entre el deber de denuncia y el deber de atención. Si la persona sabe que alguna de las personas que la atiendan la denunciará, es probable que no acuda, lo que no obsta a que los otros que participan de la situación sí pueden hacerlo Así, el carabinero la denunciará, el Ministerio Público lo denunciará, pero la cuestión es que no se inhiba la mujer de acudir al hospital, porque en el hospital la denunciarán. Va a ser denunciable por todos aquellos que no están en la recuperación médica. Los exceptuados podrán denunciar.

El diputado señor Chahin consultó cómo sabría la policía si se trata de un aborto.

La Ministra de Justicia manifestó que lo averiguarán con posterioridad.

La diputada señora Rubilar, doña Karla, señaló que esto se discutió en la comisión de Salud. Era legítimo que el Ejecutivo crea conveniente que no haya denuncia, pero otra cosa es decir que con esta propuesta las investigaciones seguirán realizándose. Recordó que había pedido que se invitara al Ministerio Público, pues el 95% de las denuncias son realizadas por los equipos de salud. No se trata del caso de consumo de misotrol, donde no pasa por carabineros, no pasa por fiscal. Una cosa es el profesional, que nunca ha dejado de atender a la mujer que está mal, eso no pasa en la vida real, la atienden, pero después la chiquilla reconoce que se hizo un aborto y la denuncian.

Pidió transparencia en el debate, que no digan que con esta indicación se mantendrá el aborto como delito salvo las causales legales, esto es un aborto libre por el lado. Lo óptimo es que el jefe del establecimiento tenga la facultad para denunciar.

El diputado señor Coloma señaló que el tema es de suma relevancia. Tal como planteó la diputada Rubilar, si las personas del servicio de salud son las principales conocedoras de estos hechos, que ocurren abortos, si ellos no tienen la obligación de denunciar, será imposible que se sepa el hecho. Esto es angular en el proyecto, aunque se quiere caricaturizar, las únicas personas que tendrán conocimiento de esto son las del servicio de salud. Si esto lo saben, y no lo denuncian, quedará en la impunidad. Acá se legalizará el aborto, pues quienes tomen misotrol u otro medicamento, cuando se dirijan al servicio de salud, saben que no serán denunciadas. Esperaba que primara la cordura.

El diputado señor Rincón manifestó que el artículo 175 refiere a la obligatoriedad de denuncia. Entendía, por los conceptos de lo que es la doctrina de la violencia institucional contra la mujer, el que la obligatoriedad de la denuncia la pueda levantar, pero eso a llevarlo al punto de impedir la posibilidad de denuncia es un extremo que no creía que se condiga con el evitar la institucionalización de la violencia contra la mujer. La obligatoriedad de denunciar, estaría dispuesto a levantar la obligatoriedad, pero no a imponer un deber de no hacerlo. No debería ser obligatorio, pero acá se impide denunciar.

El diputado señor Saffirio señalo que se debía ser muy riguroso con los conceptos. Esta indicación dispone, exceptúa del deber de denunciar el delito del 344 del Código Penal. Acá estamos fuera de las tres causales de la interrupción del embarazo. Dio su voto favorable para la interrupción en tres causales, pero no estaba dispuesto a flexibilizar para que por un resquicio, se permita el aborto libre.

El diputado señor Monckeberg, don Nicolás, manifestó que parecía diálogo de sordos, pues los debates no se reflejan en las votaciones. El diputado Rincón tocó un punto relevante, pues una cosa es reconocer el deber de confidencialidad, pero como está redactada la propuesta es que la confidencialidad primará sobre el deber de denuncia, esa es una indicación al facultativo médico de que no cuente, a pesar de saber sobre la comisión de un delito. Eso no es neutro, y surgía una paradoja, se negó el derecho a objeción de conciencia al que no tenga bisturí, se negó a la matrona, a la enfermera, a la arsenalera, pero en relación al deber de confidencialidad, esconder un delito, todos tienen el deber de guardar silencio. Eso es contradictorio.

El diputado señor Chahin señaló que el sentido de la norma es correcto de evitar la obligación de denunciar, pues eso es complejo, pero lo que se agrega es la imposibilidad de denuncia. Ya existía la reserva de la ficha médica, y en esos términos, convenía aprobar la indicación N° 49, rechazando la del Ejecutivo, pues se mantiene el no deber de denunciar, pero conservando la posibilidad de hacerlo.

El diputado señor Coloma expresó que si se aprueba esa fórmula, es que en la inmensa cantidad de situaciones, se sabrá quien denuncia y quien no denuncia, se sabrá. El tema es que acá se abre el aborto libre, no hay que engañarse, llevan meses de discusión, se han oído reclamos de la DC en todos los sentidos, pero a la hora de votar, esta es la puerta para el aborto libre. La mujer tomará misotrol, y sabrá dónde tiene que ir, donde no se hacen las denuncias, habrá zonas donde es impune el delito de aborto. Si la cuestión es que quede a juicio, quedará la puerta abierta al aborto libre.

El diputado señor Rincón señaló que se incurre en una aberración, en la historia de esta ley, al decir que las indicaciones persiguen satisfacer a la DC, pues dan cuenta de una serie de iniciativas no para dejar contento, sino para mejorar el proyecto de ley. Si para el diputado Coloma da lo mismo que no se pueda denunciar, bajo ninguna interpretación, y eso lo equipara para que se levante la obligatoriedad de denuncia, pero que igual pueda hacerlo, es faltar a la verdad.

El diputado señor Coloma expresó que si para el diputado Rincón, como abogado, es lo mismo que exista o no exista el deber de denuncia, no tiene sentido la discusión. Esto es relevante que quede claro, la ciudadanía tendrá conocimiento donde se denuncias los abortos fuera de las tres causales.

El diputado señor Monckeberg, don Nicolás, señaló que el artículo 175 del Código Procesal Penal dispone todas las personas que están obligadas a denunciar. El único delito que se permite no denunciar será el aborto. Todos los delitos, todos ellos deben denunciarlo, salvo el aborto, o sea, el impacto que esto tendrá en la legalización de hecho del aborto será impresionante. Cuando el jefe del establecimiento sepa que la mujer es la décima persona que llega porque al frente existe una clínica clandestina, y además debe guardar silencio, tendrá un significativo problema. Esto generará impunidad.

El diputado señor Chahin expresó que habría una solución a lo menos intermedia, que sería complejo de imaginar. Todos los que pueden participar en el procedimiento médico, camillero, paramédico, todos pueden denunciar, y si alguien puede anticiparse en que ninguno de ellos va a denunciar, es difícil de imaginar. Si fuese solo el médico, claro, tiene cierta razón en la aprehensión. Si se imaginaban a una mujer que tomará el misotrol, y calcula el momento en que será necesario acudir al hospital, y que en ese momento, sabe que están los equipos que no denunciar, a lo menos ese temor no era justificado. Se podía pasar todo el día discutiendo, pero no resolverán, y lo dice, habiendo votado la indicación anterior.

La diputada señora Turres, doña Marisol, señaló que cabía recordar que han planteado desde el principio que el objetivo final de todo este proyecto es el aborto libre. Han cuestionado cada causal, han venido una serie de especialistas, han oído especialistas, si lo que se aprueba ahora, y después en la sala, es un delito que no es denunciado, es dar manga ancha para la impunidad.

El diputado señor Andrade expresó que no es necesario repetir las cosas, basta decirlas una vez para que quede en la historia de la ley. Ahora veía que podía quedar un bochorno, pero entendiendo que quedaba poco tiempo, y aprovechado el buen ánimo de todos, solicitó votar las indicaciones.

El diputado señor Coloma recordó que se sacó a las personas que estaban de pie en la Sala, y ahora, las había. Si no conservaba el criterio de la sesión anterior, se entendería que había abuso de parte de la presidencia.

La diputada señora Rubilar, doña Karla, señalo que no se podía permitir decir que esto es un proyecto de aborto libre, porque es un proyecto acotado. Se eliminó el riesgo futuro en riesgo a la madre, en la inviabilidad fetal queda claro que el diagnostico lo hace un especialista, y si se subsana este problema que impide la denuncia, no veía mayor reparo, pero no correspondía decir que era un proyecto de aborto libre.

El diputado señor Monckeberg, don Nicolás, expresó que el objetivo de la indicación N° 47 es reconocer el deber de confidencialidad, se puede invocar la confidencialidad, pero que no apoye la impunidad. Así, si invocando no se denuncia, debe ser obligatorio denunciar. Si ya hay denuncia, vale la confidencialidad.

Sometido a votación el artículo conjuntamente con la indicación de los diputados señores Chahin y Rincón, se aprobó por 7 votos a favor y 6 en contra. Votaron por la afirmativa los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Gutiérrez, don Hugo; Letelier, don Felipe; Rincón, don Ricardo y Soto, don Leonardo. Votaron en contra la diputada señora Turres, doña Marisol y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio; Rathgeb, don Jorge; Saffirio, don René; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Las indicaciones del Ejecutivo se dieron por rechazadas por ser incompatibles con lo aprobado.

III.- MODIFICACIONES O ENMIENDAS PROPUESTAS AL TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN DE SALUD.

Como consecuencia de los acuerdos adoptados por vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, se introducen las siguientes modificaciones o enmiendas:

Artículo 1°

N°1

Inciso primero

Se intercala en el encabezado del artículo 119, propuesto en este numeral, entre las palabras “embarazo” y “cuando”, la frase “en los términos regulados en los artículos siguientes”.

Inciso cuarto

Se introducen las siguientes enmiendas:

a) Se sustituye la expresión “del”, que se encuentra a continuación de la palabra “intervención”, por la frase “de un”.

b) Se elimina la expresión “con competencia en materias de familia del lugar donde ella se encuentre”.

c) Se sustituye, entre las expresiones “la” y “será”, la palabra “autorización”, por la expresión “resolución que deniega la autorización”.

d) Se sustituye la expresión “únicamente en caso de ser rechazada, tramitándose”, por “, el que se tramitará”.

Inciso quinto

Se modifica de la siguiente forma:

a) Se reemplaza el vocablo “generará” que está entre la palabra “legal” y la expresión “a la” por la frase: “podría generar”.

b) Se agrega entre la expresión “años” y “un riesgo”, la siguiente frase: “, o a la mujer declarada incapaz judicialmente por causa de demencia,”,

c) Se intercala entre las expresiones “autorización” y “sustitutiva”, la expresión “judicial”.

d) Se sustituye la expresión “al juez o jueza con competencia en materias de familia del lugar donde ella se encuentre, el que”, por la expresión “, la que”.

e) Se sustituye la expresión “pronunciarse”, por la palabra “tramitarse”.

***************

Se agrega el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando los actuales incisos sexto, séptimo y octavo, a ser los incisos séptimo, octavo y noveno, respectivamente:

“Las autorizaciones judiciales sustitutivas, reguladas en los dos incisos anteriores, serán solicitadas al juez o jueza con competencia en materia de familia del lugar donde se encuentre la niña menor de 14 años o la mujer declarada incapaz judicialmente por causa de demencia.”.

****************

Inciso sexto (ha pasado a ser séptimo)

Se reemplaza por el siguiente:

“La voluntad de interrumpir el embarazo manifestada por una adolescente de 14 y menor de 18 años, deberá ser informada al menos a uno de sus representantes legales, si fueran varios a elección de aquella. Si a juicio del médico(a) existen antecedentes que hagan deducir razonablemente que entregar dicha información al representante legal señalado por la adolescente podría generar para ella alguno de los riesgos señalados en el inciso quinto, se informará a un adulto familiar o adulto responsable que la adolescente señale. En caso que la adolescente se halle expuesta a alguno de los riesgos referidos, el(la) jefe(a) del establecimiento hospitalario o clínica particular deberá informar al Tribunal de Familia competente para que se adopten las medidas de protección correspondientes.”.

Inciso séptimo (ha pasado a ser octavo)

Se introducen las siguientes enmiendas:

a) Se sustituye la frase: “programas de apoyo social y económico disponible” por la frase: “programas de apoyo social, económico y de adopción disponibles.”.

b) Se sustituye la oración “Le ofrecerá también acompañarla tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período posterior a la toma de decisión, lo cual incluye el tiempo posterior al parto o la interrupción del embarazo.”, por la siguiente:

“En el marco de las tres causales reguladas en el inciso primero, también se le ofrecerá a la mujer acompañamiento, tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período siguiente a la toma de decisión, el cual incluye el tiempo posterior al parto o a la interrupción del embarazo, según sea el caso. Este acompañamiento incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico y en cualquier otro momento de este proceso. En caso de continuación del embarazo, junto con ofrecer el apoyo recién descrito, se otorgará información pertinente a la condición de salud y activación de redes de apoyo.”.

c) Se sustituye la oración “En ninguno de los tres casos la información estará destinada a influir en la voluntad de la mujer.”, por la siguiente:

“La información será siempre completa y objetiva y la entrega de la misma no podrá, en forma alguna, estar destinada a influir en la voluntad de la mujer.”.

d) Se sustituye la frase “equipo médico” por “prestador de salud”.

e) Se sustituye la palabra “sufre” por “sufra”

f) Se agrega a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente oración final:

“En el caso del numeral 2) del artículo 119, el prestador de salud proporcionará los cuidados paliativos que el caso exija, tanto en el caso del parto como en el de interrupción del embarazo con sobrevivencia del nacido.”.

Inciso octavo (ha pasado a ser noveno)

Se reemplazó por el siguiente:

“Para estos efectos, los deberes y obligaciones a que se refiere el inciso anterior se cumplirán, principalmente, mediante las prestaciones vigentes al momento de la atención en el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial del Sistema Chile Crece Contigo. Todo ello en el marco del Sistema Intersectorial de Protección Social. A su vez, la mujer podrá recurrir a la instancia de reclamo regulada en el artículo 30 de la ley N°20.584, en caso que el acompañamiento no sea ofrecido en los términos regulados en estos incisos. Ante este reclamo, el prestador de salud deberá dar respuesta por escrito dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a su recepción y, en caso que sea procedente, adoptar las medidas necesarias para corregir las irregularidades reclamadas dentro del plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la respuesta. Si la mujer además presentase un reclamo ante la Superintendencia de Salud, cuando ello sea procedente de conformidad con las reglas generales, ésta resolverá el reclamo y podrá recomendar la adopción de medidas correctivas de las irregularidades detectadas dentro de un plazo no superior a 30 días corridos.”.

N°2

Inciso primero

Se reemplazó la oración: “Artículo 119 bis.- Para realizar la intervención en los casos que autorizan los numerales 1) y 2) del artículo anterior, se deberá contar con un diagnóstico y con la ratificación del mismo. La ratificación en el caso del numeral 2) deberá realizarse por el o la médico(a) que detente las habilidades específicas requeridas.”, por la siguiente:

“Artículo 119 bis.- Para realizar la intervención en el caso del numeral 1) del artículo anterior, se deberá contar con el respectivo diagnóstico médico. En el caso del numeral 2), para realizar la intervención deberá ratificarse el diagnóstico por el médico(a) que detente las habilidades específicas requeridas.”.

Inciso segundo

Se reemplazó la frase: “evaluará e informará la concurrencia de los hechos que la constituyen y la edad gestacional” por la siguiente:

“confirmará la concurrencia de los hechos que lo constituyen y la edad gestacional, informando por escrito a la mujer o su representante legal, según sea el caso, y al(la) jefe(a) del establecimiento hospitalario o clínica particular donde se solicita la interrupción.”.

Inciso tercero

Se agregó, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:

“Deberá, además, notificar al Servicio Nacional de Menores.”.

Inciso cuarto

Se reemplazó por el siguiente:

“En el caso que la mujer sea mayor de 18 años, y ésta no haya denunciado el delito de violación, los (las) jefes(as) de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares deberán poner en conocimiento del Ministerio Público dicho delito, con la finalidad de que se investigue de oficio al o los responsables del mismo.”.

*****************

Se agregó el siguiente inciso final:

“En el proceso penal por el delito de violación no se podrán requerir o decretar, en contra de la mujer víctima, las medidas de apremio contenidas en los artículos 23 y 33 del Código Procesal Penal para lograr su comparecencia a los actos del procedimiento, la que será siempre voluntaria.”.

N°3

Inciso tercero

Se intercaló entre la expresión “impostergable” y la frase “quien haya manifestado”, lo siguiente: “invocando la causal del número 1) del artículo 119,”.

Artículo 2°

N°3

Se suprimió.

*****************

Se agregó el siguiente artículo 3°, nuevo, pasando el actual a ser artículo 4° y así sucesivamente:

“Artículo 3°.- Agrégase en el inciso primero del artículo 13 bis de la ley 19.451, que establece normas sobre trasplantes y donación de órganos, luego del punto aparte (.), que pasa a ser una coma (,), la siguiente oración: “así como quien destine, en cualquier momento, con ánimo de lucro o para fines distintos a los autorizados en la presente ley, órganos, tejidos o fluidos humanos provenientes de una intervención propia de la interrupción del embarazo.”.

Artículo 3° (ha pasado a ser artículo 4°)

Se eliminó, en ambos numerales de este artículo, la frase “, respecto del cual prima el deber de confidencialidad”.

IV.- INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

Se rechazaron las siguientes indicaciones:

1.- De la diputada señora Nogueira, doña Claudia para reemplazar, en el inciso primero del artículo 119, contenido en el N°1 del artículo 1°, la expresión “cirujano(a)” por la palabra “especialista”.

2.- De la diputada señora Nogueira, doña Claudia para reemplazar el numeral 1) del inciso primero del artículo 119, contenido en el N°1 del artículo 1°, por el siguiente:

“1) Exista un grave peligro de vida de la madre actual e inminente y que la muerte del que está por nacer sea una consecuencia indirecta para evitar el fallecimiento de ésta.”.

3.- De la señora Nogueira, doña Claudia para suprimir en el numeral 2) del inciso primero del artículo 119, contenido en el N°1 del artículo 1° la expresión “genética”.

4.- Del diputado señor Rincón, don Ricardo, formuló para sustituir el inciso sexto (ha pasado a ser séptimo) del artículo 119, contenido en el N°1 del artículo 1°, por el siguiente:

“La voluntad de interrumpir el embarazo manifestada por una adolescente de 14 y menor de 18 años, deberá ser informada al menos a uno de sus representantes legales, a elección de aquella. A falta de este, o si a juicio del médico(a) existan antecedentes para afirmar que enterar del hecho al representante legal podría generar para la adolescente alguno de los riesgos señalados en el inciso anterior, el deber de información se cumplirá comunicándolo al familiar o adulto responsable que la adolescente señale.”.

5.- Del diputado señor Rincón, don Ricardo, formuló para sustituir el inciso sexto (ha pasado a ser séptimo) del artículo 119, contenido en el N°1 del artículo 1°, por el siguiente:

“La voluntad de interrumpir el embarazo manifestada por una adolescente de 14 y menor de 18 años, deberá ser informada posteriormente al menos a uno de sus representantes legales, a elección de aquella. A falta de este, se informará al tribunal de familia competente señalado en el inciso cuarto de esta misma disposición, con el fin de que éste, tomando conocimiento de las circunstancias que deberá informar al jefe(a) del hospital, oyendo a la adolescente si ésta así lo decide, determine las medidas de protección necesarias para la efectiva asistencia y acompañamiento a los que tiene derecho atendida su condición de adolescente en situación de especial vulnerabilidad. Del mismo modo procederá, si a juicio del médico(a) que la asista existen antecedentes para afirmar que el conocimiento del embarazo y/o su interrupción por parte de sus representantes legales pudiese generar para la adolescente riesgo de cualquier forma de violencia, abandono o desarraigo.”.

6.- De la diputada señora Nogueira, doña Claudia y el diputado señor Monckeberg, don Nicolás, para modificar el inciso séptimo (ha pasado a ser octavo) del artículo 119, contenido en el N°1 del artículo 1°, de la siguiente manera:

a) Para intercalar entre la expresión “programas de” y “apoyo”, la frase “acompañamiento y de”.

b) Para intercalar entre la palabra “disponible” y el punto seguido, la expresión “, en especial aquellas alternativas concretas para hacer efectivo el procedimiento de adopción a que se refiere el artículo 10 de la ley 19620, que dicta normas sobre adopción de menores cuando corresponda”.

c) Para suprimir la frase “En ninguno de los tres casos la información estará destinada a influir en la voluntad de la mujer”.

d) Para intercalar luego de la expresión “procedimiento de interrupción” y antes de la coma, la frase “en especial, los programas de acompañamiento existentes”.

e) Para agregar la siguiente frase luego del punto aparte que pasa a ser seguido: “Con todo, respecto de los numerales 2) y 3) del presente artículo, deberá otorgársele a la mujer un espacio de tiempo mínimo de dos días para tomar la decisión, luego de haber recibido la información completa sobre las alternativas a la interrupción del embarazo señaladas.”.

f) Para agregar la siguiente frase luego del punto aparte, que pasa a ser seguido: “La información objetiva y completa que se deberá entregar a la mujer, se hará en conformidad título II párrafo 4°, del derecho de información, de la ley 20.584.”.

7.- De la diputada señora Nogueira, doña Claudia y el diputado señor Monckeberg, don Nicolás, para modificar el inciso primero del artículo 119 bis, contenido en el N°2 del artículo 1°, de la siguiente forma:

a) Reemplázase la frase: “del mismo” por la frase: “del mismo por un médico especialista”.

b) Sustitúyese la frase: “deberá realizarse por el médico(a) que detente las habilidades requeridas por la frase: “deberá realizarse por otro médico especialista”.

8.- De la diputada señora Nogueira, doña Claudia y el diputado señor Monckeberg, don Nicolás, para suprimir en el inciso cuarto del artículo 119 bis, contenido en el N°2 del artículo 1°, la frase: “, previa ratificación de la mujer.”.

9.- De la diputada señora Nogueira, doña Claudia y los diputados señores Coloma, don Juan Antonio y Monckeberg, don Nicolás, para agregar al artículo 119 bis, contenido en el N°2 del artículo 1°, los siguientes incisos finales:

“El médico que elabore o ratifique el diagnóstico al que se refiere el inciso anterior a sabiendas de que es incorrecto, injustificado, o que no cuenta con un grado suficiente de certeza exigible para esta clase de diagnóstico, será sancionado con penas de presidio menor en su grado medio a máximo.

Si el diagnóstico es utilizado para realizar un aborto de conformidad con lo que dispone el artículo 119 la pena será aumentada en un grado.

Si el médico elabora o ratifica dicho diagnóstico con negligencia culpable, y este es utilizado para realizar un aborto de conformidad con lo que dispone el artículo 119, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo.”.

10.- Del diputado señor Robles, don Alberto, para reemplazar el N°3 del artículo 1°, por el siguiente:

“3) Agrégase el siguiente artículo 119 ter, nuevo:

"Artículo 119 ter. El(la) médico(a) cirujano(a) que sea requerido(a), en su consulta privada, para interrumpir el embarazo en las causales descritas en el artículo 119, podrá abstenerse de realizarlo, aduciendo objeción de conciencia, debiendo informarle a la requirente de esta situación.

Las Instituciones de Salud, tanto públicas como privadas, no podrán negarse a interrumpir el embarazo en las causales descritas en el artículo 119. Los médicos funcionarios o contratados por las instituciones no podrán manifestar objeción de conciencia para realizar los procedimientos respectivos.

Las posibles complicaciones médicas que pudiesen ocurrir por efecto de los procedimientos terapéuticos que se requiriesen, serán de responsabilidad de las Instituciones de Salud respectivas, a no ser que se pueda comprobar fehacientemente la negligencia del profesional.

En el caso que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, quien en su consulta privada haya manifestado objeción de conciencia, no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo en la medida que no exista otro(a) médico(a) cirujano(a) especialista que pueda realizar la intervención.".

11.- Del diputado señor Chahin, don Fuad, para reemplazar el inciso primero del artículo 119 ter, contenido en el N°3 del artículo 1°, la frase “el médico cirujano” por “toda persona”.

12.- De la diputada señora Nogueira, doña Claudia y Monckeberg, don Nicolás, para reemplazar el inciso primero del artículo 119 ter, contenido en el N°3 del artículo 1°, por el siguiente:

“Artículo 119 ter.- Toda persona que sea requerida para colaborar o realizar un aborto en las causales descritas en el artículo 119, podrá abstenerse de realizarlo, cuando hubiere manifestado por escrito objeción fundada en su libertad de conciencia. El Ministerio de Salud deberá dictar los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia.”.

13.- De la diputada señora Nogueira, doña Claudia y el diputado señor Monckeberg, don Nicolás, para suprimir el inciso tercero del artículo 119 ter, contenido en el N°3 del artículo 1°.

14.- Del diputado señor Monckeberg, don Nicolás, para agregar al artículo 1° el siguiente numeral 4) nuevo:

“4) Agrégase el siguiente artículos 119 quater:

“Artículo 119 quater.- Queda estrictamente prohibida la publicidad sobre la oferta de centros, establecimientos, o servicios o de medios, prestaciones técnicas o procedimientos para la práctica de la interrupción del embarazo en las causales de artículo 119.”.”.

15.- Del diputado señor Coloma para reemplazar en la propuesta del Ejecutivo que agrega un artículo 3°, nuevo, la frase “con ánimo de lucro” por “a cualquier título”.

16.- De la diputada señora Nogueira, doña Claudia y el diputado señor Monckeberg, don Nicolás, para suprimir el artículo 3° (ha pasado a ser artículo 4°)

17.- De los diputados señores Coloma, don Juan Antonio y Monckeberg, don Nicolás, para intercalar en el artículo 3° (ha pasado a ser artículo 4°), entre la expresión “confidencialidad” y la coma (,) que le sigue, lo siguiente: “. Sólo podrá invocarse el deber de confidencialidad cuando constare que una tercera persona realizó la respectiva denuncia”

18.- De S.E. la Presidenta de la República para modificar el artículo 3° (ha pasado a ser artículo 4°), en el siguiente sentido:

a) Para agregar en el numeral 1), a continuación de la palabra “confidencialidad”, la frase “y la reserva de la información a que se refiere el artículo 12 de la ley 20.584,”.

b) Para agregar en el numeral 2), luego de la expresión “confidencialidad” y antes del punto seguido que la sucede, la expresión: “y la reserva de la información a que se refiere el artículo 12 de la ley N°20.584.”.

Se declararon inadmisibles las siguientes indicaciones:

1.- De los diputados señores Chávez, don Marcelo; Espejo, don Sergio; Pilowsky, don Jaime; Rincón, don Ricardo; Sabag, don Jorge; Venegas, don Mario y Walker, don Matías, para reemplazar el inciso séptimo (ha pasado a ser octavo) del artículo 119, contenido en el N°1 del artículo 1°, por el siguiente:

“El prestador de salud deberá entregarle a la mujer información veraz sobre las características de la prestación médica, según lo establecido en los artículos 8° y 10° de la ley N°20.584.

Asimismo, deberá entregarle información verbal y escrita sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, posibilidades de adopción y programas de apoyo económico y social disponibles, cualquiera sea la decisión que adopte.

El equipo médico deberá asegurarse que la mujer comprende todas las alternativas que tiene al procedimiento de interrupción, antes que este se lleve a cabo y que no sufre coacción de ningún tipo en su decisión.

En caso de continuación del embarazo se otorgará la información pertinente a su condición de salud y a la activación de redes de apoyo.

En el caso del numeral 3), se proveerá a la mujer de la información necesaria para que pueda presentar su denuncia.

La información será siempre completa y objetiva y la entrega de la misma no podrá, en forma alguna, estar destinada a influir en la voluntad de la mujer.”.

2.- De los diputados señores Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo y Rincón, don Ricardo, para agregar en la indicación del Ejecutivo al inciso octavo (ha pasado a ser noveno) del artículo 119, contenido en el N°1 del artículo 1°, a continuación de la frase “Sistema Chile Crece Contigo”, lo siguiente:

“y en los programas de violencia contra las mujeres y apoyo social a la mujer del Servicio Nacional de la Mujer”.

3.- De los diputados señores Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Rincón, don Ricardo y Saffirio, don René, para agregar en la indicación del Ejecutivo al inciso octavo (ha pasado a ser noveno) del artículo 119, contenido en el N°1 del artículo 1°, a continuación de la frase “en el marco del Sistema Intersectorial de Protección Social”, lo siguiente:

“, dentro del cual se incluirán prestaciones psicosociales específicas destinadas al acompañamiento y apoyo de las mujeres que optan por la interrupción del embarazo en coordinación con el Servicio Nacional de la Mujer”.

4.- De los diputados señores Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo y Rincón, don Ricardo, para agregar en el inciso tercero del artículo 119 bis, contenido en el N°2 del artículo 1°, a continuación del punto final que pasa a ser seguido, la siguiente oración:

“Deberá, además, notificar al Servicio Nacional de Menores, quien deberá presentar la querella correspondiente que persiga la responsabilidad penal por la violación de la niña o adolescente.”.

5.- Del diputado señor Monckeberg, don Nicolás, para agregar al artículo 1° el siguiente numeral 4) nuevo:

“4) Agrégase el siguiente artículos 119 quinquies:

“Artículo 119 quinquies.- Todas las prestaciones de servicios sanitarios que tengan por objeto la interrupción del embarazo en los casos previstos en el artículo 119 deberán ser gratuitas y practicadas en establecimientos públicos o privados constituidos como personas sin fines de lucro.”.”.

6.- Del diputado señor Monckeberg, don Nicolás, para reemplazar el inciso primero del artículo 119 ter, contenido en el N°3 del artículo 1°, por el siguiente:

“Artículo 119 ter.- La interrupción del embarazo en los casos previstos en el artículo 119 sólo puede practicarse en establecimientos de salud públicos y en aquellos de propiedad privada que, previa petición expresa de sus representantes legales, hayan sido autorizados especialmente para ello por resolución del Ministerio de Salud. Esta resolución determinará el plazo de vigencia, que no puede exceder de cinco años, vencido el cual sólo podrá renovarse a petición expresa de los representantes de la respectiva institución.”.

7.- De las diputadas señoras Cariola, doña Karol; Carvajal, doña Loreto; Pacheco, doña Clemira y Sepúlveda, doña Alejandra y los diputados señores Aguiló, don Sergio; Farcas, don Daniel; Farías, don Ramón; Jaramillo, don Enrique; Jarpa, don Carlos; Meza, don Fernando; Rincón, don Ricardo y Schilling, don Marcelo, para reemplazar el N°1 del artículo 2°, por el siguiente:

“1) Reemplázase el artículo 344 por el siguiente:

“Artículo 344.- La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado mínimo.

No constituye delito de aborto, la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario.”.

8.- De las diputadas señoras Cariola, doña Karol; Carvajal, doña Loreto; Pacheco, doña Clemira y Sepúlveda, doña Alejandra y los diputados señores Aguiló, don Sergio; Farcas, don Daniel; Farías, don Ramón; Jaramillo, don Enrique; Jarpa, don Carlos; Meza, don Fernando; Rincón, don Ricardo y Schilling, don Marcelo, para reemplazar el N°1 del artículo 2°, por el siguiente:

“1) Reemplázase el artículo 344 por el siguiente:

“Artículo 344.- La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio.

No constituye delito de aborto, la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del código sanitario.”.”.

9.- Del diputado señor Rathgeb, don Jorge, para reemplazar el N°2 del artículo 2°, por el siguiente:

“2) Modifícase el artículo 345 de la siguiente forma:

a) agrégase en el inciso primero, inmediatamente antes del punto (.), la expresión “y se impondrá la accesoria de inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la profesión”.

b) agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Se sancionará con la pena de presidio menor en su grado medio y se impondrá la accesoria de inhabilitación especial del ejercicio de la profesión durante el tiempo de la condena al facultativo que realice diagnósticos o facilite informes falsos para justificar una intervención destinada a interrumpir el embarazo en los casos autorizados del artículo 119 del Código Sanitario.”.

10.- Del diputado señor Rathgeb, don Jorge, para incorporar al artículo 2°, el siguiente numeral 4), nuevo:

“4) Agrégase el siguiente artículo 435 ter, nuevo:

“Artículo 435 ter. Las personas jurídicas serán responsables por la práctica de intervenciones o la elaboración de diagnósticos, informes o ratificaciones falsas destinadas a interrumpir el embarazo fuera de los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario, a los que se refiere el presente párrafo.

En estos casos responderá de conformidad a lo establecido en la ley 20.393, respecto de los delitos señalados en el inciso anterior cometidos directa e inmediatamente en su interés o provecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de la citada ley, o los cometidos por personas naturales que estén bajo su dirección o supervisión directa.”.”.

V.- TEXTO DEL PROYECTO CON LAS ENMIENDAS APROBADAS POR LA COMISIÓN.

De aprobarse las enmiendas introducidas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento al proyecto aprobado por la Comisión de Salud, su texto quedaría de la siguiente manera:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1º.- Modifícase el Código Sanitario en la forma que se indica a continuación:

1) Sustitúyese el artículo 119 por el siguiente, nuevo:

“Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer, un(a) médico(a) cirujano(a) se encontrará autorizado(a) para interrumpir un embarazo, en los términos regulados en los artículos siguientes, cuando:

1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.

2) El embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal.

3) Es resultado de una violación, en los términos del inciso segundo del artículo siguiente, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

En cualquiera de las causales anteriores, la mujer deberá manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo. Cuando ello no sea posible, se aplicará el artículo 15 letras b) y c) de la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes. En el caso de personas con discapacidad sensorial sea visual y/o auditiva, como asimismo, en el caso de las personas con discapacidad mental psíquica y/o intelectual, que no hayan sido declaradas interdictos y que no puedan darse a entender por escrito, se dispondrá de los medios alternativos de comunicación para prestar su consentimiento, en concordancia con lo dispuesto en la ley Nº 20.422 y Convención de los derechos de las personas con discapacidad.

Si la mujer ha sido declarada incapaz judicialmente por causa de demencia, se deberá obtener la autorización de su representante legal, debiendo siempre tener su opinión en consideración, salvo que su incapacidad impida conocerla.

Tratándose de una niña menor de 14 años, además de su voluntad, la interrupción del embarazo deberá contar con la autorización de su representante legal o de uno de ellos, a elección de la niña, si tuviere más de uno. A falta de autorización, entendiendo por tal la negación del o de la representante legal, o si no es habido(a), la niña, asistida de un(a) integrante del equipo de salud, podrá solicitar la intervención de un juez o jueza para que constate la ocurrencia de la causal. El Tribunal autorizará la interrupción del embarazo, sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud, oyendo a la niña y, si lo estimare, al o la integrante de éste que la asista. El procedimiento será reservado, no será admitida oposición alguna de terceros y la resolución que deniega la autorización será impugnable vía recurso de apelación, el que se tramitará según lo establecido en el artículo 69 inciso quinto del Código Orgánico de Tribunales.

Cuando a juicio del médico(a) existan antecedentes para afirmar que la solicitud de autorización al o la representante legal podría generar a la niña menor de 14 años, o a la mujer declarada incapaz judicialmente por causa de demencia, un riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza o maltrato, o una posible situación de desarraigo o de abandono, se prescindirá de ésta y se solicitará una autorización judicial sustitutiva, la que deberá tramitarse conforme al procedimiento establecido en el inciso anterior. Para efectos de este inciso la opinión del (de la) médico(a) deberá constar por escrito.

Las autorizaciones judiciales sustitutivas, reguladas en los dos incisos anteriores, serán solicitadas al juez o jueza con competencia en materia de familia del lugar donde se encuentre la niña menor de 14 años o la mujer declarada incapaz judicialmente por causa de demencia.

La voluntad de interrumpir el embarazo manifestada por una adolescente de 14 y menor de 18 años, deberá ser informada al menos a uno de sus representantes legales, si fueran varios a elección de aquella. Si a juicio del médico(a) existen antecedentes que hagan deducir razonablemente que entregar dicha información al representante legal señalado por la adolescente podría generar para ella alguno de los riesgos señalados en el inciso quinto, se informará a un adulto familiar o adulto responsable que la adolescente señale. En caso que la adolescente se halle expuesta a alguno de los riesgos referidos, el(la) jefe(a) del establecimiento hospitalario o clínica particular deberá informar al Tribunal de Familia competente para que se adopten las medidas de protección correspondientes.

El prestador de salud deberá entregarle a la mujer información veraz sobre las características de la prestación médica según lo establecido en los artículos 8º y 10 de la ley N° 20.584. Asimismo, deberá entregarle información verbal y escrita sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la de programas de apoyo social, económico y de adopción disponibles. En el marco de las tres causales reguladas en el inciso primero, también se le ofrecerá a la mujer acompañamiento, tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período siguiente a la toma de decisión, el cual incluye el tiempo posterior al parto o a la interrupción del embarazo, según sea el caso. Este acompañamiento incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico y en cualquier otro momento de este proceso. En caso de continuación del embarazo, junto con ofrecer el apoyo recién descrito, se otorgará información pertinente a la condición de salud y activación de redes de apoyo. Este acompañamiento sólo podrá realizarse en la medida que la mujer lo autorice, deberá ser personalizado y respetuoso de su libre decisión. En el caso del numeral 3), se proveerá a la mujer de la información necesaria para que pueda presentar su denuncia. La información será siempre completa y objetiva y la entrega de la misma no podrá, en forma alguna, estar destinada a influir en la voluntad de la mujer. No obstante lo anterior, el prestador de salud deberá asegurarse que la mujer; comprende todas las alternativas que tiene al procedimiento de interrupción, antes que este se lleve a cabo y que no sufra coacción de ningún tipo en su decisión. En el caso del numeral 2) del artículo 119, el prestador de salud proporcionará los cuidados paliativos que el caso exija, tanto en el caso del parto como en el de interrupción del embarazo con sobrevivencia del nacido.

Para estos efectos, los deberes y obligaciones a que se refiere el inciso anterior se cumplirán, principalmente, mediante las prestaciones vigentes al momento de la atención en el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial del Sistema Chile Crece Contigo. Todo ello en el marco del Sistema Intersectorial de Protección Social. A su vez, la mujer podrá recurrir a la instancia de reclamo regulada en el artículo 30 de la ley N°20.584, en caso que el acompañamiento no sea ofrecido en los términos regulados en estos incisos. Ante este reclamo, el prestador de salud deberá dar respuesta por escrito dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a su recepción y, en caso que sea procedente, adoptar las medidas necesarias para corregir las irregularidades reclamadas dentro del plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la respuesta. Si la mujer además presentase un reclamo ante la Superintendencia de Salud, cuando ello sea procedente de conformidad con las reglas generales, ésta resolverá el reclamo y podrá recomendar la adopción de medidas correctivas de las irregularidades detectadas dentro de un plazo no superior a 30 días corridos.

2) Introdúcese el siguiente artículo 119 bis, nuevo:

“Artículo 119 bis.- Para realizar la intervención en el caso del numeral 1) del artículo anterior, se deberá contar con el respectivo diagnóstico médico. En el caso del numeral 2), para realizar la intervención deberá ratificarse el diagnóstico por el médico(a) que detente las habilidades específicas requeridas. Todo diagnóstico y ratificación deberá constar por escrito y realizarse en forma previa. En caso de que se requiera una intervención médica inmediata e impostergable, podrá prescindirse de la ratificación. Tratándose del diagnóstico de un embarazo ectópico no se requerirá la ratificación para interrumpir el embarazo.

En el caso del numeral 3) del artículo 119, un equipo de salud, especialmente conformado para estos efectos, confirmará la concurrencia de los hechos que lo constituyen y la edad gestacional, informando por escrito a la mujer o su representante legal, según sea el caso, y al(la) jefe(a) del establecimiento hospitalario o clínica particular donde se solicita la interrupción. En el cumplimiento de su cometido dicho equipo deberá dar y garantizar a la mujer un trato digno y respetuoso.

En el caso de que la solicitante sea una niña o adolescente menor de 18 años, los Jefes(as) de establecimiento hospitalario o de clínicas particulares donde se solicita la interrupción, procederán de oficio conforme al artículo 369 del Código Penal y los artículos 175, letra d), y 200, del Código Procesal Penal. Deberá, además, notificar al Servicio Nacional de Menores.

En el caso que la mujer sea mayor de 18 años, y ésta no haya denunciado el delito de violación, los (las) jefes(as) de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares deberán poner en conocimiento del Ministerio Público dicho delito, con la finalidad de que se investigue de oficio al o los responsables del mismo.

En el proceso penal por el delito de violación no se podrán requerir o decretar, en contra de la mujer víctima, las medidas de apremio contenidas en los artículos 23 y 33 del Código Procesal Penal para lograr su comparecencia a los actos del procedimiento, la que será siempre voluntaria.”.

3) Introdúcese el siguiente artículo 119 ter, nuevo:

“Artículo 119 ter. El(la) médico(a) cirujano(a) que sea requerido(a) para interrumpir el embarazo en las causales descritas en el artículo 119, podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiera manifestado su objeción de consciencia al(la) Director(a) del establecimiento de salud, en forma escrita y previa. El establecimiento tendrá la obligación de reasignar otro médico(a) cirujano(a) a la paciente o de y sólo en caso de que en el referido establecimiento de salud no exista un(a) facultativo(a) que no haya realizado la manifestación de objeción de conciencia, deberá derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción. El Ministerio de Salud deberá dictar los protocolos necesarios para le ejecución de la objeción de conciencia.

El(la) médico(a) cirujano(a) que ha manifestado objeción en conciencia y es requerido(a) para interrumpir un embarazo, tiene la obligación de informar de inmediato al Director(a) del establecimiento de salud que la mujer requirente debe ser derivada.

En el caso que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, invocando la causal del número 1) del artículo 119, quien haya manifestado objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo en la medida que no exista otro(a) médico(a) cirujano(a) que pueda realizar la intervención.”.

Artículo 2º.- Modifícase el Código Penal en la forma que se indica a continuación:

1) Agrégase en el artículo 344 el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario.”.

2) Agrégase en el artículo 345 el siguiente inciso segundo, nuevo:

“No constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario.”.

Artículo 3°.- Agrégase en el inciso primero del artículo 13 bis de la ley 19.451, que establece normas sobre trasplantes y donación de órganos, luego del punto aparte (.), que pasa a ser una coma (,), la siguiente oración: “así como quien destine, en cualquier momento, con ánimo de lucro o para fines distintos a los autorizados en la presente ley, órganos, tejidos o fluidos humanos provenientes de una intervención propia de la interrupción del embarazo.

Artículo 4°.- Modifícase el Código Procesal Penal en la forma que se indica a continuación:

1) Agrégase en el artículo 175, letra d), entre las palabras “delito,” e “y” lo siguiente: “con excepción del delito establecido en los incisos primero y segundo del artículo 344 del Código Penal,”.

2) Sustitúyese en el artículo 200, el punto seguido (.) ubicado luego de la palabra “encontrado” por una coma (,) y agréguese lo siguiente: “con excepción del delito establecido en los incisos primero y segundo del artículo 344 del Código Penal.”.

**************

Tratado y acordado en sesiones de fecha 7 y 14 de octubre, 4 y 24 de noviembre y 9 de diciembre de 2015 y 6, 11 y 18 de enero, 1°, 2, 8 y 9 de marzo de 2016, con la asistencia de las diputadas señoras Nogueira, doña Claudia y Turres, doña Marisol y los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Cornejo, don Aldo; Farcas, don Daniel; Gutiérrez, don Hugo; Letelier, don Felipe; Monckeberg, don Cristián; Monckeberg, don Nicolás; Rathgeb, don Jorge; Rincón, don Ricardo, Saffirio, don René; Soto, don Leonardo (Presidente); Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo.

Asistieron, además, las diputadas señoras Cariola, doña Karol; Cicardini, doña Daniella; Fernández, doña Maya; Hernando, doña Marcela y Rubilar, doña Karla y los diputados señores Castro, don José Luis, Pérez, don Leopoldo y Robles, don Alberto.

Sala de la Comisión, a 9 de marzo de 2016.

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE DESPENALIZA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES. (BOLETÍN N° 9.895–11).

Santiago, 09 de marzo de 2016.-

Nº 1626-363/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL TRANSITORIO, NUEVO

2) Para incorporar el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley, en su primer año, se financiará con cargo a los recursos que se consulten en la Partida 16 “Ministerio de Salud” de la Ley de Presupuestos respectiva. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con dichos recursos. Para los años siguientes, se contemplará el financiamiento en las Leyes de Presupuestos.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda

CARMEN CASTILLO TAUCHER

Ministra de Salud

? BOLETÍN Nº 9895-11

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA DESPENALIZACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES.

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1.- Origen y urgencia

La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un mensaje, con simple urgencia.

2.- Artículos que la Comisión Técnica dispuso que fueran conocidas por ésta.

Las Comisiones Técnicas coinciden en manifestar que, sin perjuicio de señalar el Ejecutivo, en su informe financiero, que la aplicación del sistema de acompañamiento del Estado, coordinado en forma interministerial, que figura en los incisos octavo y noveno (séptimo y octavo del texto de la Comisión de Salud) del nuevo artículo 119 del Código Sanitario, incorporado por el N°1 del artículo 1° del proyecto de ley en informe, implica gasto fiscal, en ninguna parte del articulado se contempla una norma que señale la fuente de los recursos reales y efectivos con que se propone atender el referido gasto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional. Ello, deberá, necesariamente, ser resuelto dentro de la tramitación legislativa del proyecto en informe.

La Comisión de Hacienda acuerda como de su competencia el artículo transitorio introducido mediante indicación del Ejecutivo que resuelve la carencia planteada por las comisiones técnicas, y los incisos octavo y noveno (séptimo y octavo del texto de la Comisión de Salud) del nuevo artículo 119 del Código Sanitario, incorporado por el N°1 del artículo 1° del proyecto.

3.- Disposiciones o indicaciones rechazadas

Ninguna.

4.- Modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda y calificación de las normas incorporadas

1) Indicación del Ejecutivo para incorporar el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley, en su primer año, se financiará con cargo a los recursos que se consulten en la Partida 16 “Ministerio de Salud” de la Ley de Presupuestos respectiva. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con dichos recursos. Para los años siguientes, se contemplará el financiamiento en las Leyes de Presupuestos.”.

2) Indicación del Diputado señor Lorenzini, al artículo transitorio, para intercalar entre el vocablo “año” y la coma (,) que le sigue, el término “presupuestario”.

Las modificaciones no requieren quórum especial para su aprobación.

5.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad

Todas las normas de competencia fueron aprobadas por mayoría de votos.

6.- Se designó Diputado Informante al señor Alejandro Santana.

Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, las siguientes personas:

MINISTERIO DE SALUD

• Sra. Carmen Castillo, Ministra.

MINISTERIO DE JUSTICIA

• Sra. Javiera Blanco, Ministra.

• Sr. Ignacio Castillo, Abogado Jefe División Jurídica.

SERNAM

• Sra. Claudia Pascual, Ministra Directora

PROGRAMA “ACOMPAÑAR-ES”

• Dr. Jorge Neira, Director

SOCIEDAD CHILENA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

• Dr. Omar Nazzal, Presidente.

• Dr. Mauricio Cuello, Past-President.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MILES CHILE

• Sra.Claudia Dides, Directora Ejecutiva.

• Sra.María Antonieta Saa, Presidenta.

FUNDACIÓN CHILE UNIDO

• Sra.Verónica Hoffmann

FUNDACIÓN ESPERANZA.

• Sra. Elizabeth Bunster.

OTROS INVITADOS

• Sra. Soledad Alvear.

Los artículos de competencia de la Comisión tienen el siguiente contenido: los incisos octavo y noveno (séptimo y octavo del texto de la Comisión de Salud) del nuevo artículo 119 del Código Sanitario, incorporado por el N°1 del artículo 1° y el artículo transitorio incorporado por el Ejecutivo.

Texto Comisión de Salud

“Artículo 1º.- Modifícase el Código Sanitario en la forma que se indica a continuación:

(Incisos séptimo y octavo en negrita)

1) Sustitúyese el artículo 119 por el siguiente, nuevo:

“Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer, un(a) médico(a) cirujano(a) se encontrará autorizado(a) para interrumpir un embarazo cuando:

1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.

2) El embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal.

3) Es resultado de una violación, en los términos del inciso segundo del artículo siguiente, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

En cualquiera de las causales anteriores, la mujer deberá manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo. Cuando ello no sea posible, se aplicará el artículo 15 letras b) y c) de la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes. En el caso de personas con discapacidad sensorial sea visual y/o auditiva, como asimismo, en el caso de las personas con discapacidad mental psíquica y/o intelectual, que no hayan sido declaradas interdictos y que no puedan darse a entender por escrito, se dispondrá de los medios alternativos de comunicación para prestar su consentimiento, en concordancia con lo dispuesto en la ley Nº 20.422 y Convención de los derechos de las personas con discapacidad.

Si la mujer ha sido declarada incapaz judicialmente por causa de demencia, se deberá obtener la autorización de su representante legal, debiendo siempre tener su opinión en consideración, salvo que su incapacidad impida conocerla.

Tratándose de una niña menor de 14 años, además de su voluntad, la interrupción del embarazo deberá contar con la autorización de su representante legal o de uno de ellos, a elección de la niña, si tuviere más de uno. A falta de autorización, entendiendo por tal la negación del o de la representante legal, o si no es habido(a), la niña, asistida de un(a) integrante del equipo de salud, podrá solicitar la intervención del juez o jueza con competencia en materia de familia del lugar donde ella se encuentre para que constate la ocurrencia de la causal. El Tribunal autorizará la interrupción del embarazo, sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud, oyendo a la niña y, si lo estimare, al o la integrante de éste que la asista. El procedimiento será reservado, no será admitida oposición alguna de terceros y la autorización será impugnable vía recurso de apelación únicamente en caso de ser rechazada, tramitándose según lo establecido en el artículo 69 inciso quinto del Código Orgánico de Tribunales.

Cuando a juicio del médico(a) existan antecedentes para afirmar que la solicitud de autorización al o la representante legal generará a la niña menor de 14 años un riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza o maltrato, o una posible situación de desarraigo o de abandono, se prescindirá de ésta y se solicitará una autorización sustitutiva al juez o jueza con competencia en materia de familia del lugar donde ella se encuentre, el que deberá pronunciarse conforme al procedimiento establecido en el inciso anterior. Para efectos de este inciso la opinión del (de la) médico(a) deberá constar por escrito.

La adolescente de 14 y menor de 18 años podrá manifestar por sí su voluntad para la interrupción de su embarazo. Su representante legal o uno de ellos a su elección, si tuviere más de uno, deberá ser informado de su decisión. A falta de éste, o si existen antecedentes para afirmar que la información al representante legal generará para la adolescente alguno de los riesgos señalados en el inciso anterior, la adolescente deberá designar otro adulto que será informado.

El prestador de salud deberá entregarle a la mujer información veraz sobre las características de la prestación médica según lo establecido en los artículos 8º y 10 de la ley N° 20.584. Asimismo, deberá entregarle información verbal y escrita sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la de programas de apoyo social y económico disponible. Le ofrecerá también acompañarla tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período posterior a la toma de decisión, lo cual incluye el tiempo posterior al parto o la interrupción del embarazo. Este acompañamiento sólo podrá realizarse en la medida que la mujer lo autorice, deberá ser personalizado y respetuoso de su libre decisión. En el caso del numeral 3), se proveerá a la mujer de la información necesaria para que pueda presentar su denuncia. En ninguno de los tres casos la información estará destinada a influir en la voluntad de la mujer. No obstante lo anterior, el equipo médico deberá asegurarse que la mujer; comprende todas las alternativas que tiene al procedimiento de interrupción, antes que este se lleve a cabo y que no sufre coacción de ningún tipo en su decisión.

Para estos efectos, los deberes y obligaciones a que se refiere el inciso anterior complementarán el Sistema Intersectorial de Protección Social y se cumplirán en el marco de un sistema de acompañamiento del Estado, coordinado en forma interministerial.”.

Texto Comisión de Constitución

(Incisos séptimo, que ha pasado a ser octavo, y octavo, que ha pasado a ser noveno, en negrita)

1) Sustitúyese el artículo 119 por el siguiente, nuevo:

“Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer, un(a) médico(a) cirujano(a) se encontrará autorizado(a) para interrumpir un embarazo, en los términos regulados en los artículos siguientes, cuando:

1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.

2) El embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal.

3) Es resultado de una violación, en los términos del inciso segundo del artículo siguiente, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

En cualquiera de las causales anteriores, la mujer deberá manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo. Cuando ello no sea posible, se aplicará el artículo 15 letras b) y c) de la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes. En el caso de personas con discapacidad sensorial sea visual y/o auditiva, como asimismo, en el caso de las personas con discapacidad mental psíquica y/o intelectual, que no hayan sido declaradas interdictos y que no puedan darse a entender por escrito, se dispondrá de los medios alternativos de comunicación para prestar su consentimiento, en concordancia con lo dispuesto en la ley Nº 20.422 y Convención de los derechos de las personas con discapacidad.

Si la mujer ha sido declarada incapaz judicialmente por causa de demencia, se deberá obtener la autorización de su representante legal, debiendo siempre tener su opinión en consideración, salvo que su incapacidad impida conocerla.

Tratándose de una niña menor de 14 años, además de su voluntad, la interrupción del embarazo deberá contar con la autorización de su representante legal o de uno de ellos, a elección de la niña, si tuviere más de uno. A falta de autorización, entendiendo por tal la negación del o de la representante legal, o si no es habido(a), la niña, asistida de un(a) integrante del equipo de salud, podrá solicitar la intervención de un juez o jueza para que constate la ocurrencia de la causal. El Tribunal autorizará la interrupción del embarazo, sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud, oyendo a la niña y, si lo estimare, al o la integrante de éste que la asista. El procedimiento será reservado, no será admitida oposición alguna de terceros y la resolución que deniega la autorización será impugnable vía recurso de apelación, el que se tramitará según lo establecido en el artículo 69 inciso quinto del Código Orgánico de Tribunales.

Cuando a juicio del médico(a) existan antecedentes para afirmar que la solicitud de autorización al o la representante legal podría generar a la niña menor de 14 años, o a la mujer declarada incapaz judicialmente por causa de demencia, un riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza o maltrato, o una posible situación de desarraigo o de abandono, se prescindirá de ésta y se solicitará una autorización judicial sustitutiva, la que deberá tramitarse conforme al procedimiento establecido en el inciso anterior. Para efectos de este inciso la opinión del (de la) médico(a) deberá constar por escrito.

Las autorizaciones judiciales sustitutivas, reguladas en los dos incisos anteriores, serán solicitadas al juez o jueza con competencia en materia de familia del lugar donde se encuentre la niña menor de 14 años o la mujer declarada incapaz judicialmente por causa de demencia.

La voluntad de interrumpir el embarazo manifestada por una adolescente de 14 y menor de 18 años, deberá ser informada al menos a uno de sus representantes legales, si fueran varios a elección de aquella. Si a juicio del médico(a) existen antecedentes que hagan deducir razonablemente que entregar dicha información al representante legal señalado por la adolescente podría generar para ella alguno de los riesgos señalados en el inciso quinto, se informará a un adulto familiar o adulto responsable que la adolescente señale. En caso que la adolescente se halle expuesta a alguno de los riesgos referidos, el(la) jefe(a) del establecimiento hospitalario o clínica particular deberá informar al Tribunal de Familia competente para que se adopten las medidas de protección correspondientes.

El prestador de salud deberá entregarle a la mujer información veraz sobre las características de la prestación médica según lo establecido en los artículos 8º y 10 de la ley N° 20.584. Asimismo, deberá entregarle información verbal y escrita sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la de programas de apoyo social, económico y de adopción disponibles. En el marco de las tres causales reguladas en el inciso primero, también se le ofrecerá a la mujer acompañamiento, tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período siguiente a la toma de decisión, el cual incluye el tiempo posterior al parto o a la interrupción del embarazo, según sea el caso. Este acompañamiento incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico y en cualquier otro momento de este proceso. En caso de continuación del embarazo, junto con ofrecer el apoyo recién descrito, se otorgará información pertinente a la condición de salud y activación de redes de apoyo. Este acompañamiento sólo podrá realizarse en la medida que la mujer lo autorice, deberá ser personalizado y respetuoso de su libre decisión. En el caso del numeral 3), se proveerá a la mujer de la información necesaria para que pueda presentar su denuncia. La información será siempre completa y objetiva y la entrega de la misma no podrá, en forma alguna, estar destinada a influir en la voluntad de la mujer. No obstante lo anterior, el prestador de salud deberá asegurarse que la mujer; comprende todas las alternativas que tiene al procedimiento de interrupción, antes que este se lleve a cabo y que no sufra coacción de ningún tipo en su decisión. En el caso del numeral 2) del artículo 119, el prestador de salud proporcionará los cuidados paliativos que el caso exija, tanto en el caso del parto como en el de interrupción del embarazo con sobrevivencia del nacido.

Para estos efectos, los deberes y obligaciones a que se refiere el inciso anterior se cumplirán, principalmente, mediante las prestaciones vigentes al momento de la atención en el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial del Sistema Chile Crece Contigo. Todo ello en el marco del Sistema Intersectorial de Protección Social. A su vez, la mujer podrá recurrir a la instancia de reclamo regulada en el artículo 30 de la ley N°20.584, en caso que el acompañamiento no sea ofrecido en los términos regulados en estos incisos. Ante este reclamo, el prestador de salud deberá dar respuesta por escrito dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a su recepción y, en caso que sea procedente, adoptar las medidas necesarias para corregir las irregularidades reclamadas dentro del plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la respuesta. Si la mujer además presentase un reclamo ante la Superintendencia de Salud, cuando ello sea procedente de conformidad con las reglas generales, ésta resolverá el reclamo y podrá recomendar la adopción de medidas correctivas de las irregularidades detectadas dentro de un plazo no superior a 30 días corridos.

El propósito de la iniciativa consiste en regular la despenalización de la interrupción del embarazo por las siguientes causales:

a) En caso de que la mujer se encuentre en riesgo vital, presente o futuro, de modo que la interrupción evite un peligro para su vida.

b) En la situación de que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina.

c) Cuando el embarazo es resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

El Mensaje señala que, el proyecto de ley busca resolver un conflicto entre bienes que son inconmensurables. Se trata de situaciones extremas en que la afectación de la dignidad y de los derechos de la mujer es tal que no puede sino garantizarse un espacio de discernimiento para ella. Por lo mismo, la voluntad libre expresada de manera escrita y previa es un supuesto de todas las causales.

Los fundamentos de estas tres causales serán analizados a continuación.

a. Peligro de la vida de la mujer embarazada.

La primera causal consiste en el peligro de la vida de la mujer embarazada. La finalidad de esta indicación es permitir que la mujer tenga acceso a los tratamientos médicos necesarios para preservar su vida, aun cuando la realización de los mismos implique la interrupción del embarazo.

La penalización sin ningún tipo de excepción genera incertidumbre en los equipos médicos, al no existir claridad de que las acciones que se llevan a cabo para la protección de la vida de la mujer no sean sancionadas penalmente. A su vez, la actual regulación no asegura que sea la mujer quien tome la decisión en conciencia.

b. Embrión o feto que padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina.

La segunda causal que permite interrumpir un embarazo, consiste en aquellos casos en que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénitas o genéticas que sean incompatibles con la vida extrauterina, las que deberán ser debidamente diagnosticadas por un equipo médico. Forzar a la mujer a llevar a término tal embarazo, o bien obligarla a que espere la muerte del feto, supone mantenerla en un permanente estado de duelo. El Estado debe asegurar condiciones adecuadas para que sea la mujer la que tome una decisión, lo haga acompañada por sus redes relevantes, si así lo desea, y ofrecer los cuidados paliativos que sean del caso.

c. Embarazo producto de una violación.

La tercera causal comprende los embarazos que se originan por una violación. Es decir, la mujer se encuentra embarazada por un acto realizado contra o sin su voluntad mediante violencia o coerción. En estas circunstancias no es posible exigir a la mujer la continuación del embarazo si es que ella no quiere mantenerlo debido a su origen. No reconocer la posibilidad de que ella decida si desea o no continuar con el embarazo, constituye una nueva negación de su voluntad e imponerle una obligación estatal por un acto en esencia abrogatorio de su dignidad. El trauma de la violencia sexual no puede ser agravado por el Estado, obligando siempre y en toda circunstancia a mantener el embarazo contra la voluntad de la mujer.

Incidencia en materia presupuestaria y financiera

El informe financiero sustitutivo N° 123, de 28 de agosto de 2015, sustituye el informe financiero 114 de 4 de agosto de 2015, que recae sobre el Proyecto de Ley que tiene por objeto !a despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Asimismo, contempla diversas disposiciones en relación con la manifestación de voluntad de la mujer en dichos casos.

Esta indicación considera los siguientes puntos:

Autorización de un representante legal para realizar el procedimiento en mujeres que han sido declaradas incapaces judicialmente en caso de demencia, teniendo en cuenta su opinión.

Precisión sobre la falta de autorización del representante legal de las menores de 14 años, entendiéndose por esto la negación del o la representante legal. Además, se agrega la no admisión de oposición alguna de terceros, pudiendo sólo ser modificada vía recurso de apelación únicamente en caso de ser rechazada.

El deber del prestador de acompañar a la mujer, tanto en su proceso de discernimiento como durante el período posterior a la toma de decisión, lo cual incluye el tiempo posterior al parto o la interrupción del embarazo.

Este acompañamiento sólo podrá realizarse en la medida que la mujer lo autorice, deberá ser personalizado y respetuoso de su libre decisión.

Para estos efectos, los deberes y obligaciones complementarán el Sistema Intersectorial de Protección Social y se cumplirán en el marco de un sistema de acompañamiento del Estado, coordinado en forma interministerial.

La obligatoriedad de la denuncia del delito de violación por parte de los Jefes de establecimiento hospitalario o de clínicas particulares donde se solicita la interrupción, en el caso de que la solicitante sea una niña o adolescente menor de 18 años.

En cuanto a los efectos del proyecto sobre el presupuesto fiscal para los distintos casos se contempla trabajar con un equipo profesional de apoyo psicosocial, constituido por un psicólogo y un trabajador social, que acompañará a las mujeres en todos los procesos dentro la red pública de Salud en 69 establecimientos priorizados, además de las prestaciones médicas correspondientes, las cuales se realizarán con el equipo médico existente en los servicios de salud.

Teniendo en cuenta los efectos financieros de las modificaciones planteadas en este proyecto de ley, se debe considerar que se traducirán en gastos por única vez y otros en forma permanente, así:

a) Se requerirá reforzar la red pública de salud, con recursos para la intervención y diagnóstico en aquellos establecimientos definidos para practicar la interrupción del embarazo sólo para las tres causales, junto con la difusión, capacitación y coordinación, para su implementación a nivel de atención primaria, secundaria y terciaria en la red pública de salud.

De esta forma, se requiere realizar una preparación del sistema público de salud en el tratamiento a las mujeres que soliciten la interrupción del embarazo, tanto en el sistema primario de atención de salud, como en el resto de la Red, mediante actividades específicas en las cuatro macroregiones del país: Norte, Metropolitana, Sur y Nivel Central, considerando locación, pasajes, viáticos y materiales.

b) Conjuntamente, se requiere la contratación de profesionales no médicos que acompañen el proceso a las mujeres en la red de prestadores públicos definida, sobre todo desde el punto psicosocial, unido a la coordinación a nivel del sistema público, estimándose para esto la incorporación, en jornada parcial, de un trabajador social y un sicólogo por servicio de salud, para los 69 establecimientos definidos, de mediana y alta complejidad del país.

En este punto, se considera el reforzamiento del Sistema Intersectorial de Protección Social mencionado en la indicación, a través del programa Chile Crece Contigo. Las prestaciones consideradas dentro de esta línea son: visita domiciliaria integral, atención psicoterapéutica individual y grupal en la Atención Primaria de Salud y en Servicios de Salud que tienen atención primaria a su cargo.

c) Adicionalmente, se requiere el refuerzo de recursos para gastos de operación respectivos, destinados a realizar la intervención y diagnóstico por las tres causales. Se contempla que en el 70% de los casos se logrará un aborto farmacológico o no quirúrgico, siendo necesario considerar el costo de los medicamentos e insumos para practicarlos procedimientos necesarios.

d) Asimismo se contempla un gasto adicional que refuerza la operación de Salud Responde, la plataforma telefónica del Ministerio de Salud encargada de brindar información, apoyo y educación en salud a todo el país, las 24 horas del día durante todo el año, explicado por objeto de mayores consultas que se reciban de la población producto de la iniciativa legal, correspondientes al costo por llamada adicional recibida principalmente, estimándose el incremento de 10.000 llamadas.

El mayor gasto fiscal es el siguiente:

El mayor gasto fiscal se financiará con cargo al Presupuesto del Ministerio de Salud. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos

El informe financiero N° 13 de 20 de enero de 2016, elaborado por la Dirección de Presupuestos, señala que las indicaciones a las que acompaña consideran que la figura del acompañamiento incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico o en cualquier otro momento de este proceso. En caso de continuación del embarazo, también se otorgará información pertinente a la condición de salud y activación de redes de apoyo.

Añade que se hace remisión al procedimiento de reclamo regulado en el artículo 30 de la ley N° 20.548, en caso que el acompañamiento no sea ofrecido en los términos establecidos; a la vez, se establecen plazos reducidos para dicho procedimiento.

Se establecen penas de cárcel a las personas que destinen, con fines de lucro, órganos, tejidos o fluidos humanos provenientes de la interrupción del embarazo.

En cuanto a los efectos de estas indicaciones sobre el presupuesto fiscal, el informe financiero señala que no implican un mayor gasto fiscal.

Por su parte el informe financiero N° 22 de 8 de marzo de 2016, acompañó indicación del Ejecutivo que incorporó al proyecto un artículo transitorio de financiamiento el cual establece que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley, en su primer año, se financiará con cargo a los recursos que se consulten en la Partida 16 “Ministerio de Salud” de la Ley de Presupuestos respectiva. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con dichos recursos. Para los años siguientes, se contemplará el financiamiento en las Leyes de Presupuestos.

El informe señala que la indicación no implica un gasto fiscal adicional a los informados en los respectivos informes financieros N°s 123 y 13.

DEBATE DE LAS NORMAS SOMETIDAS A LA CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN.

La señora Claudia Pascual (ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer), explica que este proyecto busca despenalizar la interrupción del embarazo en caso de tres causales específicas: riesgo de la vida de la madre, feto no viable y violación. Señala que respeta en todo momento la decisión de la mujer, si quiere mantenerlo o interrumpirlo. Indica que plantea plazos distintos para niñas y adolescentes menores de 18 años. En caso que la mujer se encuentre en riesgo vital, si optara por interrumpir el riesgo para su vida terminando con el embarazo, en caso que un diagnostico así determine. La aplicación de esta causal supone fortalecer los sistemas de salud. En el caso de la tercera causal, por regla general se podrá interrumpir hasta las 12 semanas de gestación, el plazo diferenciado se debe a que un ciclo menstrual distinto que hace que se demore al mujer en reconocer el embarazo. Para su acreditación, explica que se conformará un equipo de salud. Respecto de la decisión de las mujeres será siempre respetada. Precisa que si la decisión es interrumpir el embarazo la mujer deberá hacerlo en forma expresa. Sólo se eximirá de este requisito cuando esté en riesgo su vida.

La señora Javiera Blanco (Ministra de Justicia), expresa que respecto de los menores de 18 años se recabará la autorización del representante legal. En caso que éste se niegue, esté ausente o en caso que el médico considere que el menor esté en riesgo social, abandono o violencia intrafamiliar, procede el proceso de autorización judicial. La voluntad del menor debe ser informada a los representantes. También se regula la situación de las personas con discapacidad que no hayan sido declaradas interdictos, en particular para utilizar los procedimientos que permitan la libre expresión de su voluntad. Indica que esta diferenciación es para las tres casuales.

En cuanto al delito de violación precisa que hay que distinguir si la víctima es mayor o menor de edad. Recuerda que la acción penal es mixta en el caso de la mujer adulta y de acción pública en el caso de una menor. Explica que los jefes de los establecimientos hospitalarios deberán poner en conocimiento del Ministerio Público el delito. Se tendrá que investigar de oficio pero a la víctima no se le podrá requerir su presencia.

Asevera que en cuanto a la objeción de conciencia, el médico cirujano puede formularla por escrito.

La señora Carmen Castillo (Ministro de Salud), en conjunto con la doctora Paz Robledo, proceden a efectuar una completa exposición, contenida en la presentación que se transcribe a continuación:

La señora Soledad Alvear (Abogada), señala que su posición es de público conocimiento. Primero deja claro que comparte absolutamente la primera causal, en caso que la madre corra peligro de vida el médico debe intervenir. Sostiene que los médicos lo hacen actualmente sin la ley. Estima que de ser necesaria se habría preferido una redacción diferente. Las causales dos y tres no las comparte como humanista cristiana, estimando que el concepto de la autonomía de la mujer no sirve para fundamentar el aborto, agrega que no es posible basar en el concepto liberal que plantea la autonomía de la mujer para tomar una decisión si el feto puede o no vivir. Dice que cree en valor fundamental que tiene la dignidad humana que debe ser reconocido por todos los seres humanos. Agrega, que considera fundamental en general, en caso de embarazos vulnerables o prematuros, respecto de la causal 2 que se disponga de médicos especialistas para hacer este diagnóstico. Informa que en Chile solo la tienen 49 especialistas, de los cuales hay 39 en Santiago. No entiende como podrá financiarse el proyecto a menos que se traslade a la madre al centro del país. Cita algunos casos de mujeres que tienen sus hijos vivos y que fueron diagnosticados erradamente como niños inviables. Relata que por los cargos que ha tenido se acercaban muchas mujeres con situaciones complejas como el caso de la mujer que queda embarazada del pololo o de la mujer adulta que tiene hijos ya mayor. Cree que el programa es bueno como asesoramiento pero no de acompañamiento. Relata que el doctor Sergio Valenzuela en el Hospital J.J. Aguirre llevó por 10 años un programa de acompañamiento real. Comenta que muchas veces la voluntad de la madre, con un buen programa de acompañamiento integral, arriba a la decisión de llegar al término del embarazo. Cree que no poder hacer el duelo crea más angustia a la familia porque no se puede hacer el cierre. Hace presente que en los abortos se entregan los restos del feto en una bolsa plástica como desecho. Piensa que el programa de asesoramiento es un avance pero sigue dando la alternativa de abortar o no. No cree que un humanista pueda decidir sobre la vida de un ser humano. Recuerda que cuando fue Ministra de Justicia el SENAME tenía programas de acompañamiento real con niñas violadas, entre 10 y 15 años, las cuales iban a casas de acogidas y estudiaban y estaban dos años allí desde que tenían a sus hijos. Afirma que el 91% de las niñas se arrepentían de entregar a los niños en adopción. Anuncia que se presentará un proyecto para entregar en adopción antes que el niño nazca. No le parece que el programa sea el que realmente pueda ayudar a las madres con embarazos complejos.

El señor Omar Nazzal, Presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, se refiere a lo que implicaría el proyecto la implementación del proyecto a nivel de servicios de salud. Indica que el 69% de los partos los atiende el sector público, en un modelo basado en el derecho de las personas.

Se refiere a las tres causales, esto es riesgo de vida de la madre, feto no viable y embarazo producto de una violación, que son los casos que atender por el sistema público. En cuanto a cifras (2011) en el país hay 240.000 nacimientos aproximadamente. En cuanto a una estimación numérica de recién nacidos con malformaciones no compatibles con la vida, el cual es de aproximadamente 800 y 900 niños por años. En cuanto a problema de salud extrema de la madre, es un caso más raro en la actualidad y ellas siguen recibiendo una terapia aun no existiendo una legislación al respecto.

Asevera que la fortaleza del sistema público es su seriedad basado en guías clínicas y que hay especialistas en materia ginecológica y obstetra, y que más allá los especialistas a que se refirió la señora Alvear, cuyo número fue indicado en forma correcta, hay otros que intervienen en ese campo aunque sin la misma formación y reconoce la brecha en la materia, sobre todo su concentración en la Región Metropolitana.

Explica que un elemento importante que este proyecto puede hacer un bien más allá de las mujeres a las que se refiere un proyecto, por la implementación que implica la figura del acompañamiento. Piensa que hay una mejoría tecnológica y diagnóstico prenatal, con la esperanza a llegar a estos exámenes en todos los casos de mujeres embarazadas. Esto disminuye los riesgos del embarazo.

Estima que los desafíos del acompañamiento son diagnóstico y consejería, equipos multidisciplinarios, en el contexto de la migración hacia el sector privado, una implementación con ecógrafos de alta resolución es necesaria.

Piensa que la aplicación de la objeción de conciencia es delicado y debe ser socializado. También que debe tenerse cuidado en la implementación de medidas de diagnostico prenatal, genético y capacitación adecuada.

A continuación, los doctores señores Claudio Daniels, Jorge Neira y doña Antonia Muñoz, en representación de la División de Obstetricia y Ginecología Red Salud UC Christus, presentan la exposición que se transcribe:

Posteriormente, se recibe a la señora Claudia Dides (Directora de la Corporación Miles), quien expone la completa presentación que se transcribe sobre por qué necesitamos una ley de interrupción del embarazo por tres causales en Chile.

El señor Melero, señala que el tema del acompañamiento es muy reciente. Pide que con buena voluntad política se continúe el análisis del proyecto mañana. Manifiesta que defiende el derecho a la vida y no comparte que la mujer decida por la vida de otro. Estima que no es un problema de religión sino de moral objetiva. Respecto a los artículos que nos empecen pregunta a la Ministra de Salud la capacidad del sector público de atender en el nivel primario. Expresa que en este sector trabaja un importante número de médicos extranjeros que no han rendido sus exámenes para ejercer en Chile aumentando el riesgo a malas prácticas o malos diagnósticos y desea conocer a cuánto asciende su número. Quiere saber cuántos médicos extranjeros no han dado su examen médico. Quiere saber de qué manera se va a poder acompañar el apoyo en la redacción del acompañamiento se otorgara información pertinente y redes de apoyo. Quiere saber con qué redes de apoyo trabajara el Estado. Pude ocurrir que una mujer decida anticipar el parto si estamos en condiciones de atenderla y quién va a pagar. Pregunta cuál es la información que se entregara a las mujeres, concretamente le pregunta a la Ministra en la casual 2 de qué manera otorgará esa garantía el Estado en regiones.

El señor Santana, manifiesta que la señora Alvear les representa y que por otro lado tiene la sensación que en la causal número 2 tiene que haber un diagnóstico de un especialista, y se pregunta qué va a pasar en las regiones donde no existe ese especialista. Eso puede inducir a diagnósticos errados. Comenta que en la Comisión de Salud escuchaba que se entregan en adopción niños nacidos en esta circunstancia por lo que pregunta porque no patrocinan una iniciativa donde se prioriza la vida. Recuerda que algunos dicen que ésta es la antesala del aborto libre.

El señor Aguiló, señala que se ha formado una convicción después de escuchar a los expositores y que los puntos de vista son transversales. Piensa que nadie puede ser acusado por su opinión y relata que el Presidente de Uruguay señor Tavares, es agnóstico y milita en contra de las leyes que despenalizan el aborto. Considera que el proyecto perite que cada madre pueda seguir eligiendo interrumpir o no el embarazo. Manifiesta que choca contra sus convicciones el que si una mujer está a punto de perder su vida después que ella decide interrumpir su embarazo, la ley le diga que se va a la cárcel; o la madre cuyo hijo es inviable, impedirle la opción de interrumpir, incluso después de la experiencia de un violación, que es una experiencia brutal, imposible de superar para una mujer. Manifiesta que quiere todos los acompañamientos posibles, pero a las que no desean continuar con el embarazo no pueden ir a la cárcel.

En representación de Chile Unido exponen las señoras Verónica Hoffman, Directora Ejecutiva y Catalina del Piano, Directora de Estudios, el siguiente documento en formato PPT que se transcribe a continuación:

La señora Elizabeth Bunster (Directora de Fundación Esperanza), quiere que se superen las situaciones a la cuales se enfrenta una mujer embarazada añade que en Chile hoy, si se interrumpe el embarazo, el niño va a una incubadora y que si hay un remedio que afecta la salud de la mujer el Ministerio de Salud lo prohíbe. Pide dejar de lado las ideologías y recuerda el testimonio de mujeres que le han dicho que no pueden aguantar el dolor de un embarazo vulnerable. Además, considera que hay costos médicos que alguien debe sumir. Pone ejemplo de la industria frente al tema ambiental dado que aquí hay daño colateral en la salud mental de la mujer y en su entorno. Cree que el Gobierno se contradice con este proyecto dado que el programa Chile Crece Contigo protege la infancia desde la gestación y se contradice, en el caso de la maternidad en conflicto, porque no se le puede recomendar algo diferente. Hace presente que la madre que ha abortado requiere a lo menos 16 atenciones para superar el duelo correspondiente y agrega que la madre tiene alta incidencia en depresión, alteración de sus conductas y se pregunta quien se hará cargo de acompañar a las mujeres.

El señor Nicolás Monckeberg, manifiesta que en la actualidad las mujeres que se hacen un aborto no van a la cárcel y que las victimas de embarazos vulnerables muchas veces toman su decisión sin tener total libertad. Considera que se están legalizando el negocio del aborto y se han rechazado en las Comisiones Técnicas indicaciones para prohibir la publicidad de las clínicas abortivas y de extender la objeción de conciencia al resto del equipo médico. Considera que en los recursos que contempla el informe financiero son absolutamente insuficientes si se piensa solamente en 2.500 casos al año, lo cual deja una cifra de $50.000 per cápita y estima que un aborto no lo puede practicar un médico general y se requiere de especialistas.

Después de una discusión la Comisión acuerda por la unanimidad proceder a votar las normas de competencia de la Comisión a las 17:45 horas.

La señora Nogueira, sostiene que dada la cifra de aproximadamente 13.000 a 18.000 abortos provocados anualmente el presupuesto de 1.600 millones de pesos es reducido, lo cual significara que no se darán las medidas de apoyo necesarias y se pregunta qué sucede si por interrupción del embarazo el niño nace vivo. Solicita que se aclare los términos del informe financiero presentado con la indicación que incorpora un artículo transitorio al proyecto y recuerda que no hay ninguna mujer presa por aborto porque se reconoce que está en estado de necesidad apremiante.

El señor Monsalve, hace presente que el presupuesto contemplado en el informe financiero para el acompañamiento es un presupuesto de brecha, lo cual significa que lo que no se alcanza a solventar se financiará con recursos propios y con los recursos que se obtengan en la discusión presupuestaria de cada año. Asevera que nuestro sistema de salud no permite que un médico general practique una cesaría en un hospital de baja complejidad.

El señor Silva, consulta acerca de la distribución de médicos especialistas en los centros de alto riesgo. Asimismo desea hace informe acerca de las estadísticas del delitos de violación y acerca de acompañamiento que hoy existe. Pide se le informe sobre los errores médicos en los diagnósticos.

La señora Carmen Castillo (Ministra de Salud), los apoyos serán absolutamente controlados y que en alto riesgo existen 384 gineco-obstetras. Agrega que el programa Chile Crece Contigo, se destinan $17.000 millones de pesos, al componente biopsicosocial. Asegura que si la criatura nace vivo se le darán todos los cuidados y que hay presupuesto para eso. Confirma lo señalado por el señor Monsalve en cuanto a la atención de partos. Respecto a las estadísticas de violaciones, señala que en Carabineros se registran un promedio anual de 2015 violaciones. En cuanto a los errores médicos considera que se ha denostado suficientemente y que si hay situaciones irregulares hará que denunciarlas. En cuanto a la consulta sobre la distribución materno-fetal señala que hará llegar la información.

El señor Melero, pregunta quién va acreditar la viabilidad de un feto que está por nacer.

El señor Nicolás Monckenberg, le parece sorprendente que con el tiempo que lleva el proyecto aún no se entregue la cifra concreta del número de médicos perinatólogos.

Fundamentación del voto

El señor Aguiló, entrega su voto a favor por considerar que se trata de un proyecto de ley humanista que no obliga a abortar y solo considera tres situaciones extremas y dramáticas.

El señor De Mussy, opina, primero respecto al acompañamiento y por la declaración de instituciones que llevan años en esto, que lo que se está haciendo al respecto es bastante simplón. Opina que para poder de hacer un buen acompañamiento estamos hablando de más de $5.000 por lo que solicita más recursos y le llama la atención de que haya personas dispuestas a matar a un ser humano en situaciones dramáticas. Recuerda los argumentos que se deban cuando se abolió la pena de muerte y sostiene que se está abriendo la puerta para el aborto libre. Manifiesta que vota en contra de las normas de competencia.

El señor Alvarado, señala que se ha debatido latamente y que hay diferentes miradas que son válidas. Considera que el Chile del futuro tendrá otras discusiones, tales como manipulación genética y eutanasia. Señala que se está legislando por tres causales y que el legislador debe mirar más allá de las creencias personales y a la justicia social. Vota a favor.

El señor Lorenzini, expresa que está citado para votar el financiamiento y por eso ha hecho una indicación y deja en claro que a la Comisión solo le competen las normas con las normas de su competencia y que no aborda temas sustantivos. Manifiesta que vota a favor.

La señora Nogueira, vota en contra del proyecto porque considera que es la antesala del aborto libre y vulnera los derechos humanos de un niño que está por nacer, por cuanto condena a la muerte a un niño gravemente enfermo, por ejemplo, y le entrega a la mujer solo la alternativa de muerte y no de vida. Estima que el proyecto tiene una deplorable ayuda a la mujer en el acompañamiento y sólo representa la ideología del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Piensa que es una falta de respeto los escasos recursos que se han destinado.

El señor Melero, vota en contra porque el proyecto le niega y cierra la posibilidad de vivir a muchos niños. Respecto a la madre que tiene un hijo producto de una violación, sano e inocente que no tiene culpa de haber sido concebido de esta forma opina que no corresponde que se le ponga fin porque el niño puede ser entregado en adopción. Considera que este proyecto establece una forma de acompañamiento que no va a ser tal y deja a más de 10 regiones sin especialistas para que determine si es viable o no un feto.

Manifiesta que hace reserva de constitucionalidad de conformidad al artículo 19 número 1 de la Carta Fundamental por cuanto este proyecto vulnera la vida y la integridad del que está por nacer.

El señor Monsalve, señala que votará a favor y manifiesta su apoyo a la indicación del Ejecutivo en materia presupuestaria. Sostiene que de faltar recursos podrá resolverse en la discusión de presupuesto. Respecto a la causal 1 concluye de lo que ha escuchado que no hay una objeción ética sino una crítica al contenido del proyecto. Le parece bien que se exija una segunda opinión médica. Opina que con el proyecto se mejora la situación actual y se establecen medidas que protegen mejor la vida de la madre. En cuanto a la causal 2, sostiene que se diluye el fundamento ético. No está de acuerdo con poner en duda las patologías letales, ya que se altera su significado en cuanto una enfermedad terminal es terminal. Plantearlo de otra forma induce a error y hace hablar de errores de diagnóstico. Se pregunta por qué a los enfermos terminales se les reconoce el derecho a rechazar tratamientos para prolongar su vida. Sostiene que se trata del mismo principio. Por último, respecto a la causal 3, asevera que vivir en comunidad no implica imponer al resto los propios valores por lo que cree se debe respetar la decisión de esa mujer vulnerada.

El señor Ortiz, demuestra su molestia por plantearse el debate separando entre quienes están a favor de la vida o en contra. Recuerda que el Gobierno ha impulsado profundas reformas constitucionales y que el objetivo de la presente Comisión es determinar si los recursos financieros son suficientes o no para solventar el proyecto en primer trámite constitucional. Respecto al informe financiero considera que es claro en su contenido y de ser insuficiente se pedirá un suplemento. Vota a favor del proyecto.

El señor Rincón, en primer lugar, pide que se deje constancia en acta que algunos de los miembros de la Comisión los trataron de asesinos. En cuanto al fondo, sostiene que el debate debe circunscribirse a las normas de competencia de la Comisión de Hacienda. Aclara que fue su bancada la que impulsó para que existiera un régimen de apoyo y acompañamiento y no comprende como la oposición puede votar en contra del sistema de acompañamiento. Está de acuerdo con lo planteado por los señores Ortiz y Monsalve respecto a que los recursos se irán planteando en las distintas instancias presupuestarias. Da su voto favorable.

El señor Santana, vota en contra y pide que se respete la visión de cómo cada uno quiere votar. Sostiene que en su opinión el proyecto atenta contra el derecho a la vida de niños que no tiene responsabilidad alguna y es la antesala del aborto libre. Respecto al presupuesto señala que pedir más adelante un suplemento es reconocer que en la actualidad es insuficiente para cubrir el programa de acompañamiento. Le preocupa que el Estado no tenga la capacidad ni un número adecuado de especialistas lo que llevará a un número importante de errores de diagnóstico que determinarán la inviabilidad de niños que no tienen la necesidad de ser abortados.

El señor Schilling, considera es un proyecto lleno de libre albedrio y de incertezas. Le preocupan las cifran entregadas sobre los abortos clandestinos en Chile ya que afecta la imagen de los médicos en Chile pues alguien realiza ese trabajo. Llama su atención que los mismos que ahora defienden el derecho a la vida en el pasado no les importó. Recuerda que la Comisión debe estudiar el tema financiero y las matemáticas no tiene moral, sólo debe determinarse si alcanza o no. Por la duda que le merece el tema presupuestario debiera votar en contra pero como todo el debate se ha referido a temas ideológicos votará a favor.

El señor Silva, cree en la defensa de la vida desde la concepción, especialmente en la causal 3 donde se afecta gravemente. Reafirma el reclamo de constitucional enunciado por el señor Melero. Está de acuerdo con la vida en comunidad y el respeto por los demás pero el límite es el derecho a la vida. Respecto al plan de acompañamiento, considera que si el Gobierno lo hubiese considerado importante habría estado en su proyecto desde el inicio y no se habría agregado a petición de una bancada. Entrega su voto en contra.

El señor Auth (Presidente de la Comisión), entrega su voto a favor aunque confiesa que no le gusta el aborto pero no forzaría a sus hijas o a ninguna mujer a cargar con un feto inviable y respetaría su decisión si fuese víctima de violación. Lamenta la distinción que se ha hecho entre los partidarios de la vida y los partidarios de la muerte. Recuerda que Chile siempre tuvo ley de aborto terapéutico la cual se derogó durante la dictadura militar. Asevera que la gran mayoría de los chilenos está de acuerdo con despenalizar por estas tres causales, el apoyo es transversal. Comenta que mientras más se baja en la escala social más es la adhesión, por ejemplo, a la causal de la violación. Le llama la atención que dos partidos se unan como un solo hombre para votar en contra, tal como lo hicieron en el caso del divorcio, ya que representan a muchas personas que sí están de acuerdo con el proyecto. Por último, está de acuerdo con la abogada Soledad Alvear respecto a que en la actualidad es muy difícil adoptar y se debe hacer algo al respecto.

VOTACIÓN

Las normas sujetas a votación son del siguiente tenor

Texto Comisión de Salud

“Artículo 1º.- Modifícase el Código Sanitario en la forma que se indica a continuación:

(Incisos séptimo y octavo en negrita)

1) Sustitúyese el artículo 119 por el siguiente, nuevo:

“Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer, un(a) médico(a) cirujano(a) se encontrará autorizado(a) para interrumpir un embarazo cuando:

1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.

2) El embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal.

3) Es resultado de una violación, en los términos del inciso segundo del artículo siguiente, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

En cualquiera de las causales anteriores, la mujer deberá manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo. Cuando ello no sea posible, se aplicará el artículo 15 letras b) y c) de la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes. En el caso de personas con discapacidad sensorial sea visual y/o auditiva, como asimismo, en el caso de las personas con discapacidad mental psíquica y/o intelectual, que no hayan sido declaradas interdictos y que no puedan darse a entender por escrito, se dispondrá de los medios alternativos de comunicación para prestar su consentimiento, en concordancia con lo dispuesto en la ley Nº 20.422 y Convención de los derechos de las personas con discapacidad.

Si la mujer ha sido declarada incapaz judicialmente por causa de demencia, se deberá obtener la autorización de su representante legal, debiendo siempre tener su opinión en consideración, salvo que su incapacidad impida conocerla.

Tratándose de una niña menor de 14 años, además de su voluntad, la interrupción del embarazo deberá contar con la autorización de su representante legal o de uno de ellos, a elección de la niña, si tuviere más de uno. A falta de autorización, entendiendo por tal la negación del o de la representante legal, o si no es habido(a), la niña, asistida de un(a) integrante del equipo de salud, podrá solicitar la intervención del juez o jueza con competencia en materia de familia del lugar donde ella se encuentre para que constate la ocurrencia de la causal. El Tribunal autorizará la interrupción del embarazo, sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud, oyendo a la niña y, si lo estimare, al o la integrante de éste que la asista. El procedimiento será reservado, no será admitida oposición alguna de terceros y la autorización será impugnable vía recurso de apelación únicamente en caso de ser rechazada, tramitándose según lo establecido en el artículo 69 inciso quinto del Código Orgánico de Tribunales.

Cuando a juicio del médico(a) existan antecedentes para afirmar que la solicitud de autorización al o la representante legal generará a la niña menor de 14 años un riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza o maltrato, o una posible situación de desarraigo o de abandono, se prescindirá de ésta y se solicitará una autorización sustitutiva al juez o jueza con competencia en materia de familia del lugar donde ella se encuentre, el que deberá pronunciarse conforme al procedimiento establecido en el inciso anterior. Para efectos de este inciso la opinión del (de la) médico(a) deberá constar por escrito.

La adolescente de 14 y menor de 18 años podrá manifestar por sí su voluntad para la interrupción de su embarazo. Su representante legal o uno de ellos a su elección, si tuviere más de uno, deberá ser informado de su decisión. A falta de éste, o si existen antecedentes para afirmar que la información al representante legal generará para la adolescente alguno de los riesgos señalados en el inciso anterior, la adolescente deberá designar otro adulto que será informado.

El prestador de salud deberá entregarle a la mujer información veraz sobre las características de la prestación médica según lo establecido en los artículos 8º y 10 de la ley N° 20.584. Asimismo, deberá entregarle información verbal y escrita sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la de programas de apoyo social y económico disponible. Le ofrecerá también acompañarla tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período posterior a la toma de decisión, lo cual incluye el tiempo posterior al parto o la interrupción del embarazo. Este acompañamiento sólo podrá realizarse en la medida que la mujer lo autorice, deberá ser personalizado y respetuoso de su libre decisión. En el caso del numeral 3), se proveerá a la mujer de la información necesaria para que pueda presentar su denuncia. En ninguno de los tres casos la información estará destinada a influir en la voluntad de la mujer. No obstante lo anterior, el equipo médico deberá asegurarse que la mujer; comprende todas las alternativas que tiene al procedimiento de interrupción, antes que este se lleve a cabo y que no sufre coacción de ningún tipo en su decisión.

Para estos efectos, los deberes y obligaciones a que se refiere el inciso anterior complementarán el Sistema Intersectorial de Protección Social y se cumplirán en el marco de un sistema de acompañamiento del Estado, coordinado en forma interministerial.”.

Texto Comisión de Constitución

(Incisos séptimo, que ha pasado a ser octavo, y octavo, que ha pasado a ser noveno, en negrita)

1) Sustitúyese el artículo 119 por el siguiente, nuevo:

“Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer, un(a) médico(a) cirujano(a) se encontrará autorizado(a) para interrumpir un embarazo, en los términos regulados en los artículos siguientes, cuando:

1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.

2) El embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal.

3) Es resultado de una violación, en los términos del inciso segundo del artículo siguiente, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

En cualquiera de las causales anteriores, la mujer deberá manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo. Cuando ello no sea posible, se aplicará el artículo 15 letras b) y c) de la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes. En el caso de personas con discapacidad sensorial sea visual y/o auditiva, como asimismo, en el caso de las personas con discapacidad mental psíquica y/o intelectual, que no hayan sido declaradas interdictos y que no puedan darse a entender por escrito, se dispondrá de los medios alternativos de comunicación para prestar su consentimiento, en concordancia con lo dispuesto en la ley Nº 20.422 y Convención de los derechos de las personas con discapacidad.

Si la mujer ha sido declarada incapaz judicialmente por causa de demencia, se deberá obtener la autorización de su representante legal, debiendo siempre tener su opinión en consideración, salvo que su incapacidad impida conocerla.

Tratándose de una niña menor de 14 años, además de su voluntad, la interrupción del embarazo deberá contar con la autorización de su representante legal o de uno de ellos, a elección de la niña, si tuviere más de uno. A falta de autorización, entendiendo por tal la negación del o de la representante legal, o si no es habido(a), la niña, asistida de un(a) integrante del equipo de salud, podrá solicitar la intervención de un juez o jueza para que constate la ocurrencia de la causal. El Tribunal autorizará la interrupción del embarazo, sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a la presentación de la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el equipo de salud, oyendo a la niña y, si lo estimare, al o la integrante de éste que la asista. El procedimiento será reservado, no será admitida oposición alguna de terceros y la resolución que deniega la autorización será impugnable vía recurso de apelación, el que se tramitará según lo establecido en el artículo 69 inciso quinto del Código Orgánico de Tribunales.

Cuando a juicio del médico(a) existan antecedentes para afirmar que la solicitud de autorización al o la representante legal podría generar a la niña menor de 14 años, o a la mujer declarada incapaz judicialmente por causa de demencia, un riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza o maltrato, o una posible situación de desarraigo o de abandono, se prescindirá de ésta y se solicitará una autorización judicial sustitutiva, la que deberá tramitarse conforme al procedimiento establecido en el inciso anterior. Para efectos de este inciso la opinión del (de la) médico(a) deberá constar por escrito.

Las autorizaciones judiciales sustitutivas, reguladas en los dos incisos anteriores, serán solicitadas al juez o jueza con competencia en materia de familia del lugar donde se encuentre la niña menor de 14 años o la mujer declarada incapaz judicialmente por causa de demencia.

La voluntad de interrumpir el embarazo manifestada por una adolescente de 14 y menor de 18 años, deberá ser informada al menos a uno de sus representantes legales, si fueran varios a elección de aquella. Si a juicio del médico(a) existen antecedentes que hagan deducir razonablemente que entregar dicha información al representante legal señalado por la adolescente podría generar para ella alguno de los riesgos señalados en el inciso quinto, se informará a un adulto familiar o adulto responsable que la adolescente señale. En caso que la adolescente se halle expuesta a alguno de los riesgos referidos, el(la) jefe(a) del establecimiento hospitalario o clínica particular deberá informar al Tribunal de Familia competente para que se adopten las medidas de protección correspondientes.

El prestador de salud deberá entregarle a la mujer información veraz sobre las características de la prestación médica según lo establecido en los artículos 8º y 10 de la ley N° 20.584. Asimismo, deberá entregarle información verbal y escrita sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la de programas de apoyo social, económico y de adopción disponibles. En el marco de las tres causales reguladas en el inciso primero, también se le ofrecerá a la mujer acompañamiento, tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período siguiente a la toma de decisión, el cual incluye el tiempo posterior al parto o a la interrupción del embarazo, según sea el caso. Este acompañamiento incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico y en cualquier otro momento de este proceso. En caso de continuación del embarazo, junto con ofrecer el apoyo recién descrito, se otorgará información pertinente a la condición de salud y activación de redes de apoyo. Este acompañamiento sólo podrá realizarse en la medida que la mujer lo autorice, deberá ser personalizado y respetuoso de su libre decisión. En el caso del numeral 3), se proveerá a la mujer de la información necesaria para que pueda presentar su denuncia. La información será siempre completa y objetiva y la entrega de la misma no podrá, en forma alguna, estar destinada a influir en la voluntad de la mujer. No obstante lo anterior, el prestador de salud deberá asegurarse que la mujer; comprende todas las alternativas que tiene al procedimiento de interrupción, antes que este se lleve a cabo y que no sufra coacción de ningún tipo en su decisión. En el caso del numeral 2) del artículo 119, el prestador de salud proporcionará los cuidados paliativos que el caso exija, tanto en el caso del parto como en el de interrupción del embarazo con sobrevivencia del nacido.

Para estos efectos, los deberes y obligaciones a que se refiere el inciso anterior se cumplirán, principalmente, mediante las prestaciones vigentes al momento de la atención en el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial del Sistema Chile Crece Contigo. Todo ello en el marco del Sistema Intersectorial de Protección Social. A su vez, la mujer podrá recurrir a la instancia de reclamo regulada en el artículo 30 de la ley N°20.584, en caso que el acompañamiento no sea ofrecido en los términos regulados en estos incisos. Ante este reclamo, el prestador de salud deberá dar respuesta por escrito dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a su recepción y, en caso que sea procedente, adoptar las medidas necesarias para corregir las irregularidades reclamadas dentro del plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la respuesta. Si la mujer además presentase un reclamo ante la Superintendencia de Salud, cuando ello sea procedente de conformidad con las reglas generales, ésta resolverá el reclamo y podrá recomendar la adopción de medidas correctivas de las irregularidades detectadas dentro de un plazo no superior a 30 días corridos.”.

Indicación del Ejecutivo

Para incorporar el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley, en su primer año, se financiará con cargo a los recursos que se consulten en la Partida 16 “Ministerio de Salud” de la Ley de Presupuestos respectiva. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con dichos recursos. Para los años siguientes, se contemplará el financiamiento en las Leyes de Presupuestos.”.

Indicación Parlamentaria

Indicación del Diputado señor Lorenzini, al artículo transitorio, para intercalar entre el vocablo “año” y la coma (,) que le sigue, el término “presupuestario”.

*******************

Indicación tenida por no presentada

El señor Auth (Presidente de la Comisión) de conformidad con el inciso segundo del artículo 222 del Reglamento, declara como no presentada indicación del señor Chain, por no incidir en normas de competencia de la Comisión.

La indicación es la siguiente:

Para agregar un nuevo artículo 119 quáter, con el siguiente tenor:

"Sin perjuicio de la completa, objetiva y oportuna información que deba entregar el prestador de salud a la mujer de acuerdo a lo prescrito en el inciso séptimo del artículo 119, así como de la difusión de información que corresponde a las competencias del Ministerio de Salud, se prohíbe toda publicidad de establecimientos privados, sobre lugares, servicios médicos, técnicas y/ o procedimientos para la práctica de la interrupción del embarazo en los casos regulados en el inciso primero.".

******************

Acuerdo de la Comisión

La Comisión acuerda votar en forma conjunta las disposiciones de competencia de la misma, esto es los incisos octavo y noveno (séptimo y octavo del texto de la Comisión de Salud) del nuevo artículo 119 del Código Sanitario, incorporado por el N°1 del artículo 1°, con las indicaciones de la Comisión de Constitución, con la indicación del Ejecutivo que incorpora el artículo transitorio, más la indicación del señor Lorenzini que incide en el mismo artículo transitorio.

Votación conjunta

Sometidos a votación los artículos de competencia de la Comisión, con las indicaciones de la Comisión de Constitución, indicación del Ejecutivo e indicación del señor Lorenzini, en forma conjunta, son aprobados por los votos favorables mayoritarios de los Diputados señores Pepe Auth (Presidente de la Comisión); Sergio Aguiló; Miguel Ángel Alvarado (por el señor Jaramillo); Pablo Lorenzini; Manuel Monsalve; José Miguel Ortiz; Ricardo Rincón, y Marcelo Schilling. Votaron en contra los señores Felipe De Mussy; Claudia Nogueira (por el señor Macaya); Patricio Melero; Alejandro Santana, y Ernesto Silva. (la fundamentación de voto consta en la página 54)

Se designó diputado informante al señor Alejandro Santana.

***********************************

Tratado y acordado en sesión de fecha 14 de marzo de 2016, con la asistencia de los Diputados señores Pepe Auth (Presidente de la Comisión); Sergio Aguiló; Miguel Ángel Alvarado (por el señor Jaramillo); Pablo Lorenzini; Manuel Monsalve; José Miguel Ortiz; Ricardo Rincón; Marcelo Schilling; Felipe de Mussy; Claudia Nogueira (por el señor Macaya); Patricio Melero; Alejandro Santana, y Ernesto Silva. Asimismo, asistió el Diputado señor Fuad Chain.

SALA DE LA COMISIÓN, a 15 de marzo de 2016.

REGULACIÓN DE DESPENALIZACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9895?11)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Diputados informantes de las comisiones de Salud, de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda, son los señores Juan Luis Castro , Osvaldo Andrade y Alejandro Santana , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 123ª de la legislatura 362ª, en 3 de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 7.

-Informe de la Comisión de Salud, sesión 72ª de la legislatura 363ª, en 29 de septiembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 11.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 1ª de la presente legislatura, en 15 de marzo de 2016. Documentos de la Cuenta N° 21.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 1ª de la presente legislatura, en 15 de marzo de 2016. Documentos de la Cuenta N° 23.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Salud.

El señor CASTRO (de pie).-

Señor Presidente, este es un día histórico: después de veintiséis años desde el retorno a la democracia, la Sala de esta Corporación tratará esta materia de tanto impacto y sensibilidad ciudadana.

Honorable Cámara: en nombre de la Comisión de Salud, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje de la Presidenta de la República, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

La idea matriz o fundamental del proyecto es regular la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo por las siguientes causales:

a) En caso de que la mujer se encuentre en riesgo vital, presente o futuro, de modo que la interrupción evite un peligro para su vida.

b) En la situación de que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina.

c) Cuando el embarazo es resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación, y en el caso de las menores de catorce años de edad.

Para lograr esos objetivos, la iniciativa legal está estructurada sobre la base de tres artículos permanentes.

Durante el análisis del proyecto, la comisión contó con la colaboración de las ministras de Salud, señora Carmen Castillo ; del Servicio Nacional de la Mujer, señora Claudia Pascual Grau ; de Justicia, señora Javiera Blanco ; de la entonces ministra secretaria general de la Presidencia, señora Ximena Rincón , y del actual titular de esa cartera, señor Nicolás Eyzaguirre . Asimismo, concurrieron subsecretarios y asesores de dichas secretarías de Estado durante las sesiones en que se debatió la iniciativa.

Los fundamentos del proyecto de ley contenidos en el mensaje fueron divididos por el Ejecutivo en cuatro acápites, a saber: a) antecedentes, b) fundamentos, c) objetivos y d) contenido.

a) Antecedentes.

Se señala la dignidad de las mujeres como atributo inviolable y el deber de respeto y protección. Sobre el particular, se menciona que en el programa de gobierno se adquirió un compromiso con la ciudadanía, el que fue ratificado en el discurso de la Presidenta Michelle Bachelet del 21 de Mayo de 2014, y se formuló un llamado a la discusión madura e informada para debatir el tema en el Congreso Nacional. Con la presentación del proyecto se ha dado cumplimiento a dicho compromiso.

El proyecto se hace cargo de ciertas experiencias de vida críticas, las cuales se presentan cuando debe interrumpirse un embarazo para evitar un peligro para la vida de la mujer, cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina, o cuando el embarazo es producto de una violación.

Se parte de la base de que la vida de toda persona, considerada en su máxima y más amplia dimensión, comprende no solo su condición biológica, sino también los aspectos sociales y culturales que la constituyen. Por ello, la Constitución Política consagra el derecho a la vida y el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, e impone a la ley el deber de proteger la vida del que está por nacer.

Junto con ello, el Estado debe equilibrar dicho mandato con aquellas situaciones que pueden afectar la vida, la salud, los derechos y, en definitiva, la dignidad de las mujeres en ciertas situaciones, lo que conlleva la obligación de regular la interrupción del embarazo.

La normativa vigente sobre interrupción del embarazo, que la prohíbe sin excepciones, no responde al trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas en esas situaciones y sitúa a Chile junto con cuatro países en el mundo -Nicaragua, El Salvador , Malta y El Vaticano que la criminaliza en todas sus modalidades.

Los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del embarazo no impide su práctica en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres; por el contrario, se traduce en una vulneración de sus derechos. Representa un problema social del que el Estado debe hacerse cargo plenamente. En efecto, un Estado que respeta los derechos humanos no puede sentirse orgulloso ni satisfecho de amenazar con pena privativa de libertad a aquellas mujeres que se encuentran en esta disyuntiva.

Los derechos de las mujeres -continúa el mensaje están en el centro de esta propuesta. Por tal razón, las tres causales de interrupción legal del embarazo que el proyecto aborda exigen la expresión libre de la voluntad de la mujer, sin la cual dicha interrupción no puede tener lugar. En casos específicos en que la mujer es incapaz, o está incapacitada, o es menor de 14 años, el proyecto propone reglas especiales para resguardar su voluntad.

Por otra parte, el Estado de Chile es laico y reconoce el derecho que asiste a toda persona para conducirse en su vida de acuerdo con sus convicciones y principios morales, sean estos de carácter religioso o no, razón por la que contempla una regla para el caso de quienes deseen ejercer el derecho de objeción de conciencia, acto estricta y esencialmente individual del profesional clínico que deba intervenir directamente en la interrupción del embarazo, de mediar la voluntad de la mujer en los casos a que se refiere. Pero ese derecho no puede ser obstáculo insalvable para acceder a la interrupción del embarazo.

Por ello, en situaciones extremas, el Estado no puede imponer una decisión a las mujeres, ni penalizarlas, sino más bien debe entregarles alternativas, respetando su voluntad, sea que deseen continuar el embarazo u opten por interrumpirlo.

Expone el mensaje que se trata de una realidad que no se puede ignorar. Analizada la información de los egresos hospitalarios entre 2001 y 2012, se constató la existencia de 395.905 abortos, es decir, interrupciones de embarazos antes de las 22 semanas de gestación, con un promedio de 32.992 casos de aborto al año, en que las mujeres y su entorno se encontraban en situaciones críticas.

Los registros de egresos hospitalarios por causas reproductivas permiten estimar el número de casos de interrupciones de los embarazos, espontáneas o provocadas, sean por una condición médica o por una alteración estructural, así como aquellas interrupciones voluntarias que se complicaron y requirieron atención médica.

Por tanto, los registros no dan cuenta de todos los casos de interrupciones de embarazos en Chile, sino solo de los antes indicados, ya que al estar penalizado, no se informa acerca de su realización. Como consecuencia, no existen encuestas de salud sexual y reproductiva que den cuenta de estos procedimientos.

En promedio, en Chile, al año, se hospitalizan 16.510 mujeres con embarazos de menos de 22 semanas, pertinentes a las dos primeras causales que el presente proyecto autoriza, como son interrupción del embarazo anormal o por razones de salud, según se describe en libros de la especialidad, que enuncio a continuación: embarazo ectópico; mola hidatiforme; otros productos anormales de la concepción; complicaciones consecutivas al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar. Esto imprime una demanda a los sistemas de salud, tanto públicos como privados, que enfrentan de muy diversas maneras las necesidades de cuidados de salud de estas mujeres, generando inequidades, según el nivel de ingresos de la población.

Analizadas las mencionadas cifras y las causales que se propone regular en el proyecto de ley, y conforme a los antecedentes que posee el Ministerio de Salud, se deduce lo siguiente:

a) Tratándose de la primera causal que regula el proyecto, se sabe que el año 2012 hubo 54 mujeres que murieron en su proceso de gestación: tres defunciones de mujeres de entre 15 y 19 años de edad, equivalentes al 5,6 por ciento del total; seis muertes de mujeres de entre 20 y 24 años de edad, equivalentes al 11,1 por ciento; 11 defunciones de mujeres de entre 25 y 29 años de edad, equivalentes al 20,4 por ciento; 15 fallecimientos de mujeres de entre 30 y 34 años de edad, equivalentes al 27,8 por ciento; 14 defunciones de mujeres de entre 35 y 39 años de edad, equivalentes al 25,9 por ciento, y tres muertes de mujeres de entre 40 y 44 años de edad, equivalentes al 5,6 por ciento del total de fallecimientos.

Al realizar una auditoría de las muertes maternas en 2012 se pudo observar que el 40 por ciento presentaba una patología médica concomitante, ya sea insuficiencia hepática, hígado graso, tormenta tiroidea, insuficiencia respiratoria aguda, coriocarcinoma metastásico o cardiopatías. A su vez, el 22,5 por ciento presentó condiciones clínicas, como preeclampsia severa, eclampsia, síndrome Hellp , de las cuales un porcentaje significativo de mujeres pudo haberse tratado clínicamente con interrupción del embarazo para haber resguardado su vida.

b) En la segunda causal que trata el proyecto: la estimación del número de muertes por alteraciones estructurales incompatibles con la vida extrauterina en nuestro país, asumiendo un número de 250.000 partos anuales, sería alrededor de 500 casos anuales, según prevalencias por patología. Estas estimaciones serían concordantes con las cifras analizadas entre los años 2004 y 2012, que mostraron un promedio anual de 465 casos de niños menores de 28 días de vida que fallen por malformaciones incompatibles con la vida.

c) Con relación a los casos de embarazos secundarios originados por violencia sexual, no hay datos que permitan dimensionar la magnitud de la situación, pues no existen registros estadísticos integrados, a lo cual se suma la variable de la no denuncia mayoritaria de este tipo de hechos. Se estima que la probabilidad de embarazo producto de una violación se aproxima al 10 por ciento. Las estimaciones oscilan entre el 3, el 5 y el 17 por ciento, según la fuente de los estudios analizados.

Las cifras señaladas impactan la percepción ciudadana sobre el déficit de la actual normativa nacional. Los estudios de opinión pública revelan que la ciudadanía respalda ampliamente la necesidad de despenalizar la interrupción del embarazo en las tres causales propuestas.

Se hace hincapié en el mensaje que Chile tiene una historia de políticas públicas en salud de las mujeres, y que diversos actores han contribuido por décadas a mejorar las condiciones de la salud y los derechos de las mujeres. De esta forma, tanto el proyecto de ley que se presenta como las políticas públicas, a través de las décadas, desde los años 30, han tenido por finalidad resguardar los derechos de las mujeres y ofrecerles una adecuada protección.

El mensaje hace presente que han existido diversas iniciativas parlamentarias para regular la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Señala que parlamentarios de todos los sectores se han hecho eco de las demandas de la ciudadanía, presentando varios proyectos que buscan hacerse cargo de esta realidad. Así se puede observar en mociones presentadas desde 1991 hasta 2014.

Cada uno de los proyectos y análisis prelegislativos que el mensaje enuncia representa un avance importante, al que también contribuyeron las organizaciones de mujeres y feministas, de médicos y matronas, de científicos, las cuales han sostenido la necesidad imperiosa de establecer políticas públicas que atiendan el problema de la interrupción voluntaria del embarazo.

El mensaje reconoce e incorpora dicho acervo y somete a la consideración del Congreso Nacional y de la ciudadanía un proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción del embarazo por tres causales específicas, dando así cumplimiento a los compromisos explicitados en el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet .

Fundamentos del mensaje

Se señalan como fundamentos del mensaje los compromisos del país con el derecho internacional de los derechos humanos, el contexto normativo global, y la obligación del Estado de proteger y respetar la vida y la salud de las mujeres, reconociendo su autonomía.

El mensaje señala que el Estado no puede, tal como le han representado los organismos internacionales de derechos humanos, seguir rehuyendo la situación que viven mujeres de distintas edades y condiciones y que afecta principalmente a quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad social, económica y cultural ante la penalización absoluta de la interrupción del embarazo.

De conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, la denegación de la interrupción del embarazo, en determinadas circunstancias, puede constituir vulneraciones a derechos fundamentales. Son precisamente tres las causales que el proyecto de ley pretende regular: cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, cuando la gestante está obligada a llevar a término un embarazo sobre el cual se ha diagnosticado inviabilidad fetal y cuando el embarazo es producto de violencia sexual.

La prohibición absoluta de interrumpir el embarazo no reconoce que existen circunstancias en las cuales no es exigible a una mujer, por medio de la amenaza de una pena privativa de libertad, que continúe un embarazo.

La penalización del aborto sin excepciones constituye un incumplimiento inequívoco de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile en relación con la garantía que debe existir respecto del pleno goce de los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de las mujeres.

En cuanto a la existencia de un contexto normativo global, las modificaciones que han solicitado los organismos de Naciones Unidas encargados del monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos no son ajenas a la forma en que en el contexto mundial se ha legislado sobre la interrupción del embarazo.

En general, pueden distinguirse dos tipos de regulaciones.

Un primer modelo es aquel que establece un sistema de plazos que permite la interrupción del embarazo sin exigir a la mujer justificar sus motivos.

El segundo corresponde a aquellos que establecen un sistema de indicaciones o causales. En este, para que una mujer pueda interrumpir su embarazo debe estar en alguna de las situaciones en que la ley lo permita. Habitualmente, estas causales suelen ser médicas o terapéuticas, embriopáticas, criminológicas y socioeconómicas. Este es el sistema que tienen Italia , Bolivia , Brasil , Colombia , Panamá , Argentina e Irlanda, y es el que se propone adoptar mediante la iniciativa de ley. Otros sistemas, como los existentes en Alemania, España y Uruguay, combinan ambos modelos. En particular, Alemania permite interrumpir el embarazo hasta las doce semanas de gestación sin que se deban expresar motivos, pero con un sistema que incluye consejería. Además, considera la posibilidad de interrumpir el embarazo más allá de ese plazo, pero solo en caso de causales específicas que lo justifican, que están establecidas en la ley.

La modificación propuesta podría a Chile dentro de los márgenes normativos que el resto de las naciones han considerado adecuados para regular la interrupción del embarazo.

En cuanto a la idea de que el Estado debe proteger y respetar la vida y la salud de las mujeres, reconociendo su autonomía, el mensaje hace presente que la presentación del proyecto de ley tiene como fundamento el respeto por la vida. Es esencial que el Estado promueva las condiciones para una vida digna, por lo que resulta indispensable la protección de la vida de la mujer, así como la del que está por nacer.

Por ello, el fundamento principal de la iniciativa lo encontramos en el reconocimiento de ciertos hechos bien definidos en que se reconoce que el Estado no puede castigar a una mujer por no perseverar en un embarazo que no desea y que la sitúa en una posición extrema.

En ese sentido, el Estado y el proyecto de ley no obligan a ninguna mujer a interrumpir su embarazo, sino que les ofrecen opciones en caso de tres situaciones, para que puedan tomar una decisión de acuerdo a sus convicciones personales. Se abordan tres circunstancias críticas para las mujeres: evitar un peligro para su vida, embrión o feto con alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina, y el embarazo como consecuencia de una violación.

La interrupción del embarazo solo se podrá llevar a cabo con el consentimiento voluntario de la mujer, por lo cual se le deberá asegurar el espacio de discernimiento que le permita tomar su decisión y luego respetarla, cualquiera que sea esta.

La interrupción del embarazo que propone despenalizar el proyecto, en los tres casos indicados, debe consagrarse como una legítima prestación de salud. Si no se asegura que las mujeres puedan recurrir a establecimientos de salud, esta regulación es irrelevante. Más aún, se perpetuarían las desigualdades entre las mujeres a partir de su condición económica y social.

Lo anterior implica una oportunidad y un desafío de fortalecimiento para el sistema de salud, en especial, de la atención primaria; supone un cambio de la cultura de acogida y trato a las mujeres, reconociendo sus derechos, en especial en las situaciones difíciles que se abordan en la iniciativa, para lo cual será necesario incorporar en las prestaciones de salud el control preconcepcional y el diagnóstico de patologías preexistentes, la adecuada derivación de alto riesgo, el diagnóstico precoz y oportuno de alteraciones estructurales genéticas o congénitas incompatibles con la vida extrauterina, el trato digno a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y, por supuesto, el reconocimiento de su voluntad en todos esos casos.

Por consiguiente, el mensaje indica que, por tratarse de una prestación de salud, la modificación principal debe hacerse en el Código Sanitario, y, en consecuencia, los cambios que se propone introducir en el Código Penal y en el Código Procesal Penal buscan resguardar la responsabilidad de las mujeres y de los médicos.

Objetivos del mensaje

Se plantea la ponderación necesaria, es decir, se busca resolver un conflicto entre bienes que son inconmensurables. Se trata de situaciones extremas en que la afectación de la dignidad y de los derechos de la mujer es tal, que no puede sino garantizarse un espacio de discernimiento para ella.

Por otra parte, el proyecto busca proteger a las niñas y a las adolescentes. El ordenamiento jurídico protege el interés superior de las niñas y reconoce su autonomía progresiva. Por ello, en coherencia con otra normativa aplicable, se establecen ciertas reglas especiales.

Es así como en el derecho chileno son penalmente imputables los mayores de 14 años, de acuerdo a lo dispuesto en la ley Nº 20.084, que establece el sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. A su vez, esta normativa fija reglas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, y reconoce márgenes de libertad a las adolecentes.

Por ello, podemos afirmar que el proyecto de ley se enmarca en el reconocimiento de autonomía limitada para las menores de 18 y mayores de 14 años. En efecto, si bien se da eficacia a su manifestación de voluntad, se cautela el conocimiento de sus representantes legales o, a falta de estos, de otro adulto. Además, desde el punto de vista sanitario, la presencia de esos mayores de edad es una garantía para la menor.

Por otra parte, es importante recordar que en el Código Penal se reconoce la autonomía sexual de las personas mayores de 14 años, en tanto medie su consentimiento. Cuestión distinta ocurre con las menores de 14 años, quienes deben actuar con autorización de su representante legal: su padre, su madre u otro adulto responsable.

Esta regulación eleva los estándares de participación de los representantes legales de las menores, en comparación con lo que dispone la ley N° 20.418. No obstante, es importante reconocer un legítimo espacio de discernimiento a la menor, habida consideración de que será ella quien sobrellevará las consecuencias de la decisión que tome, razón por la cual se establece la posibilidad de que el equipo de salud pueda acceder al juez de familia para que este otorgue la autorización respectiva, en subsidio de sus representantes, siempre que concurran los requisitos de la causal respectiva.

Finalmente, el proyecto reconoce que la violencia sexual que afecta a las niñas y adolescentes con frecuencia se manifiesta dentro de su propio hogar. Por ello, autoriza al médico cirujano a prescindir de la solicitud de autorización al representante legal de las menores de 14 años, cuando existan antecedentes para afirmar que, al hacerlo, se expondrá a la menor a un riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza, maltrato o, incluso, a una posible situación de desarraigo o de abandono. En tal caso, podrá acudir al juez de familia competente.

Por último, se hace hincapié en la necesidad de destacar el rol de los prestadores y profesionales de la salud en la información sanitaria para una decisión consciente, en la constatación de las causales, en la objeción de conciencia y en la confidencialidad.

En cuanto a la información sanitaria para una decisión consciente, el proyecto prevé, cualquiera que sea la causal invocada, la obligación del prestador de salud de otorgar información veraz, como instancia a partir de la cual el discernimiento de la mujer se acompañe de toda la información necesaria.

La información entregada debe ser respetuosa de la decisión de la mujer, en concordancia con lo dispuesto en la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Adicionalmente, la obligación del prestador se extiende a entregar, por escrito, información sobre alternativas a la interrupción del embarazo, para que cuente con los antecedentes que le permitan tomar una decisión libre.

En relación con la constatación de las causales, se establece un procedimiento que trata de ponderar la necesidad de otorgar una prestación médica rápida y respetuosa de la situación compleja que está viviendo la mujer, con la de contar con diagnósticos certeros que permitan realizar las acciones de salud necesarias, con respeto a la legislación vigente.

Así, la regla general es que se requiere el diagnóstico de un médico cirujano, ratificado por el de otro profesional. Sin embargo, dicha regla reconoce excepciones en los casos en que se requiere una intervención médica inmediata e impostergable, como cuando el riesgo para la vida o la salud de la mujer sea inminente. Por ello, no se requiere tal ratificación en caso de un embarazo ectópico.

En cuanto a la violación, para evitar a la mujer un proceso penal como condición para interrumpir su embarazo, debe primar su protección y bienestar y no se debe perder de vista que la prestación médica no puede depender de los resultados de un proceso penal.

Respecto de la objeción de conciencia, el proyecto encara situaciones difíciles, pues están en juego convicciones profundas de cada persona. Por ello, se reconoce al médico cirujano la posibilidad de expresar, por escrito y previamente, su objeción de conciencia. Además, se hace explícito el deber ético del facultativo afectado por la objeción de conciencia de informar cuando una paciente se encuentra en alguna de las causales prevista en el proyecto de ley. Desde luego, se trata de un derecho propio del médico que interviene, en tanto persona natural. Como contrapartida, el prestador de salud tiene la obligación de derivar a la mujer a un profesional que no esté afectado por la objeción de conciencia.

Con todo, la objeción de conciencia no puede ser obstáculo en los casos excepcionales en que la mujer requiere una interrupción del embarazo en forma inmediata e impostergable, y no existe otro médico que pueda realizar la intervención.

Finalmente, el proyecto resguarda el principio de la confidencialidad, con la finalidad de prevenir que la mujer se inhiba de entregar información fidedigna acerca de su condición de salud al personal médico o de solicitar asistencia médica por temor a una posible sanción penal.

Con este objetivo en mente, se busca privilegiar el deber de confidencialidad por sobre el deber de denuncia ante una interrupción del embarazo realizada por la mujer o por un tercero con su consentimiento. Así se evita condicionar la relación entre el equipo de salud y la paciente, para permitir efectuar oportuna y adecuadamente las acciones de salud que correspondan.

Contenido del proyecto

Se propone una nueva normativa para la despenalización de la interrupción del embarazo cuando este se produzca por tres causales específicas, para lo que se modifican los códigos Sanitario, Penal y Procesal Penal.

Las tres causales específicas para la despenalización de la interrupción del embarazo son: La primera, referida al caso en que la mujer se encuentra en riesgo vital presente o futuro. La segunda, cuando el embrión o feto padezca alteraciones estructurales congénitas o genéticas incompatibles con la vida extrauterina.

La tercera, cuando el embarazo es resultado de una violación, con un límite general de tiempo de doce semanas de gestación, y de dieciocho semanas cuando se trata de menores de catorce años, lo cual después se modificó.

Para aplicar la última causal, se ha cuidado de establecer un procedimiento de constatación, que respete la dignidad de las mujeres y que asegure una intervención médica eficaz.

Se contemplan disposiciones referidas a la manifestación de voluntad de la mujer en los tres casos referidos.

En primer lugar, la mujer es quien debe decidir si continúa o no con el embarazo; la manifestación de voluntad debe ser expresa, previa y constar por escrito, salvo que no sea posible, situaciones en las que regirá la legislación vigente.

En segundo lugar, se regula la manifestación de voluntad de las menores de edad, distinguiéndose entre menores de catorce y mayores de catorce, pero menores de dieciocho años de edad.

Las primeras requieren contar con autorización de su representante legal. A falta de dicha autorización, la menor, asistida por un integrante del equipo de salud, podrá solicitar la intervención del tribunal de familia competente para que otorgue la autorización, siempre que concurra la causal respectiva.

El tribunal deberá pronunciarse, sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación de la solicitud. El juez oirá a la menor y, en su caso, al integrante del equipo de salud que la asiste.

También se podrá recurrir al tribunal de familia cuando, a juicio del médico cirujano, existan antecedentes para afirmar que la solicitud de autorización al representante legal generará graves riesgos para la menor.

Las mayores de catorce, pero menores de dieciocho años de edad podrán requerir o manifestar por sí su voluntad, sin perjuicio de que el representante legal deberá ser informado de la decisión. A falta de este o cuando la información pueda generar graves riesgos para la menor, será informado otro adulto a elección de la menor.

Se contempla un procedimiento para efectuar la interrupción del embarazo.

En los casos de las dos primeras causales, se requiere el diagnóstico de un médico cirujano y su ratificación por otro profesional de iguales características. Podrá prescindirse de la ratificación en caso que se requiera realizar una atención médica inmediata e impostergable.

Cuando se invoque la tercera causal, un equipo de salud evaluará la concurrencia de los hechos que la constituyen, asegurando en todo momento un trato digno y respetuoso hacia la mujer.

Se establece que el médico podrá abstenerse de interrumpir un embarazo cuando haya manifestado, en forma escrita y previa, su objeción de conciencia; pero no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo cuando la mujer requiera atención inmediata e impostergable, y no exista otra persona que pueda realizarla. Igualmente, se establece la obligación del prestador de salud de reasignar a la mujer que requiere la intervención otro médico cirujano que no haya objetado en conciencia e informar acerca de la necesidad de reasignación.

Se regula, además, una oportunidad de entrega de información objetiva, que tenga por finalidad proporcionar a la mujer aquella que sea necesaria en relación con la prestación médica y todos sus riesgos inherentes. Esta instancia debe ser respetuosa de la decisión de la mujer y no tendrá por finalidad influir en su voluntad.

En cuanto a las causales segunda y tercera, se deberá entregar a la mujer la información por escrito sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo programas de apoyo social y económico disponibles.

Se propone una modificación de la regulación penal, con la finalidad de hacer concordante la normativa con el Código Sanitario. De esta manera, se propone introducir dos incisos nuevos en los artículos 344 y 345 del Código Penal, que establecen expresamente que no constituye delito de aborto la interrupción del embarazo en los casos autorizados por esta ley en proyecto.

Se propone también una modificación al Código Procesal Penal, mediante la incorporación de dos disposiciones que hacen primar el deber de confidencialidad por sobre el deber de denuncia en caso de estar frente a una interrupción del embarazo realizada por la mujer o por un tercero con su consentimiento. Con ello, se permite que la relación médico-paciente no esté condicionada por la amenaza penal.

Discusión del proyecto

a) Discusión general.

Fueron escuchadas diversas instituciones y personas en veintidós sesiones y en dos jornadas temáticas o audiencias ampliadas que se realizaron para que fuera posible escuchar al gran número de personas que pidieron intervenir y a otras que los diputados decidieron invitar. El detalle de dichas exposiciones se adjunta como anexo de este informe.

Asistieron los ministros de la Secretaria General de la Presidencia, señora Ximena Rincón ; del Servicio Nacional de la Mujer, señora Claudia Pascual ; de Justicia de la época, señor José Antonio Gómez ; de Salud, señora Carmen Castillo . Asimismo, la directora nacional del Servicio Nacional de Menores, señora Marcela Labraña , y abogados de todas esas reparticiones.

También se escuchó a representantes de distintas organizaciones, como la socióloga y directora ejecutiva de Corporación Miles-Chile, señora Claudia Dides ; la directora ejecutiva de la Fundación Chile Unido, señora Verónica Hoffmann ; la abogada de la Corporación Humanas, señora Camila Maturana ; la presidenta de la Fundación Chile es Vida, señora Victoria Latorre ; la presidenta de Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, señora María Isabel Matamala ; la directora de Proyecto Esperanza, señora Elizabeth Bunster ; el director ejecutivo de la ONG Comunidad y Justicia, señor Ruggero Cozzi ; la señora Soledad Lizama , de la agrupación Movimiento Historias de Vida; señora Débora Solís , de la Asociación Chilena de Protección de la Familia; señora Jarai Jaramillo , del Centro de Liderazgo Público Cristiano Oikonomos; señor Ricardo Rodríguez , del Movimiento Evangélico Juventud con una Misión; señor Julio Isamit , de la fundación Chile Siempre; señor Jorge Acosta , del Instituto Res Pública; señora María Magdalena del Río , de la Organización de Matrones(as) por la Vida; señora Rosario Vidal , presidenta del Movimiento de Mujeres Reivindica; señora Paulina Benavente , en representación de la señora Ana Cecilia , de la Coordinadora de la Red por la Vida Biobío, y el doctor Eduardo Sepúlveda , del Movimiento por la Vida Biobío.

Asimismo, se escuchó a representantes de organizaciones religiosas o espirituales, obispo Alejandro Goic y monseñor Fernando Chomalí , de la Conferencia Episcopal de Chile; obispo Emiliano Soto , presidente de la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas y Protestantes, y obispo Francisco Rivera ; rabino Daniel Zang , de la Comunidad Judía en Chile; maestro señor Luis Riveros , de la Gran Logia Masónica , y pastor Domingo de la Sotta, que asistió en representación del Pastor David Anabalón , de las Iglesias Evangélicas Pentecostales.

También se escuchó a distinguidos profesionales médicos que fueron a dar su visión sobre el tema, como el presidente del Colegio Médico, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el director de Desarrollo Comunitario de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile; el doctor Mauricio Besio Rollero , de la División de Obstetricia y Ginecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile; el doctor Sebastián Illanes , profesor de la Universidad de Los Andes; el doctor Ricardo Espinoza , director médico de la Clínica Universidad de Los Andes; el doctor Fernando Zegers , director del Programa de Ética y Políticas Públicas en Reproducción Humana de la Universidad Diego Portales; el doctor Jorge Neira , director del Programa Acompañar-es de la Universidad Católica; el doctor Enrique Oyarzún , jefe de Ginecología del Hospital de la Pontificia Universidad Católica de Chile; la doctora Adela Montero , especialista en ginecología pediátrica y adolescente del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente de la Universidad de Chile; el doctor Jorge Becker Valdivieso , especialista en obstetricia y ginecología; los doctores Waldo Sepúlveda , Rubi Maldonado , Fernando Abarzúa , Andrea Huneeus , Andrea Schilling , Francisca Decebal-Cuza , Rodolfo Philippi , Susana Cubillos , Mónica Kimelman , Álvaro Jeria .

Del mismo modo, se escuchó a las matronas y a los matrones, como la señora Anita Román , presidenta del Colegio de Matronas; la profesora Mariana Arancibia , de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Valparaíso.

Los abogados señora Ángela Vivanco , profesora de derecho constitucional de la Pontifica Universidad Católica de Chile; señora Constanza Salgado , profesora de derecho constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez; señora María de los Ángeles Coddou , de la Asociación de Abogadas de Chile; señora Magdalena Ossandón , abogada penalista; señora María Elena Santibáñez , abogada penalista, con especialidad en delitos sexuales; señor Ignacio Covarrubias , abogado constitucionalista; señora Alejandra Zúñiga ; señor Juan Pablo Mañalich , abogado y profesor de derecho penal de la Universidad de Chile.

Otros profesionales de las ciencias sociales: Nicolás León , director ejecutivo de Idea País; Marcela Ferrer , socióloga, presidenta del Comité de Ética de la Investigación de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile; señor Claudio Alvarado , investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad.

En la jornada temática de fecha 1 de junio de 2015, asistieron la representante de Médicos por la Vida, doctora Francisca Valdivieso ; la abogada Lidia Poza , presidenta de la Asociación de Magistrados de Chile; la representante de la Corporación Maternitas, Patricia Gonnelle ; la académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, señora Irma Palma ; las representantes de Amigos del Maule por la Vida, señoras Magdalena Rodríguez y Paulina Arellano ; la señora Denisse Araya , directora ejecutiva de la ONG Raíces Chile; la señora Miriam Paya , de la organización Quiero Nacer; la señora Ana Piquer , directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile; la señora Alicia Muñoz , de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), y la señora Isabel Sepúlveda , presidenta de la organización Unidos por la Vida y la Familia.

En la jornada temática de fecha 8 de junio de 2015, asistieron la directora ejecutiva de la fundación Equitas, señora Pamela Díaz ; la representante de Voces Católicas, señorita Alejandra Pérez ; los representantes de las siguientes entidades: de la Corporación Mujeres Líderes para Chile, señora Vania Figueroa ; de la fundación Miradas Más Humanas, señora Carolina Aguilera ; de la fundación Educación Popular en Salud (EPES), señora María Estela Toro ; de InformAborto, señor Francisco Subercaseaux ; la exministra de Salud señora Soledad Barría, en representación del Observatorio de Género y Equidad; de la fundación Porta Vitae , señora Paulina Lucherini ; la representante del Observatorio Equidad de Género en Salud, señora Pamela Eguiguren , y la representante de la organización Chile dice no al aborto, de Temuco, señora Catherine Nambrard .

Discusión de los diputados

Durante las exposiciones de los diversos invitados que fueron escuchados por la comisión se produjo un debate e intercambio de opiniones muy prolíferos. Durante más de seis meses, la Comisión de Salud recibió a más de 70 instituciones y organizaciones, de las cuales he mencionado a la gran mayoría.

A juicio de algunos diputados, el aborto ya existe en Chile, pues es evidente que en la actualidad se realizan procedimientos abortivos, por múltiples razones. Lo que pretende esta iniciativa legal es simplemente regular dicha situación, con la finalidad de contemplarla como una prestación de salud legalizada, a fin de que la interrupción del embarazo se haga de forma segura, con buenas prácticas y en condiciones de higiene que aseguren la salud de la madre, sobre todo de aquellas mujeres de menos recursos, que optan por realizarse abortos clandestinos, quedando en una situación más riesgosa que aquella que tiene los medios para hacerlo en forma segura.

En tal sentido, se ha sostenido que la iniciativa tiene por objeto, entre otras cosas, otorgar a la mujer un derecho de opción, el que, ejercido frente a ciertas hipótesis acotadas, que en la iniciativa se indican, permite optar por la interrupción del embarazo, como una legítima prestación de salud.

Otros diputados, en tanto, han sostenido que ello no es así, por cuanto dicha libertad de decidir en forma autónoma esta constreñida por la pareja, por su entorno y por los miedos, pues en todos estos casos la interrupción del embarazo es reflejo de que el Estado ha llegado tarde.

Por otra parte, se ha argumentado que la iniciativa no está despenalizando el aborto, sino que lo está legalizando en tres causales, lo que, en definitiva, podría ser la antesala del aborto libre. En ese sentido, las expresiones “riesgo presente o futuro de la madre”, el derecho-deber de la confidencialidad y la eliminación de la obligación de denunciar pueden ser discutibles.

Otros, en tanto, sostienen que la iniciativa no legaliza el aborto, el cual sigue estando prohibido y penado en Chile, sino que solo establece tres excepciones precisas a la regla general en las que es factible interrumpir el embarazo, otorgando a la mujer la facultad de decidir, en tres causas específicas y acotadas, si sigue o no con dicho embarazo u opta por interrumpirlo.

Otros plantearon que el Estado, en vez de proponer la interrupción del embarazo en las causales que indica la iniciativa, debiera proponer, en su reemplazo, la contención, la protección y la ayuda de la mujer que se encuentra en las hipótesis que allí se describen.

A juicio de un grupo de miembros de la comisión, dicha circunstancia no está protegida o suficientemente prevista.

Votación general del proyecto la comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en el mensaje, y luego de recibir las explicaciones y los fundamentos de las autoridades ministeriales y de todos los invitados y expositores que concurrieron a manifestar sus opiniones, observaciones, concordancias, críticas y objeciones, que permitieron a sus miembros formarse una idea clara de las implicancias y de la incidencia real que tienen las normas y modificaciones propuestas en el proyecto de ley, procedió dar su aprobación a la idea de legislar por mayoría absoluta de los diputados presentes (8 votos a favor y 5 en contra).

Votaron a favor de la idea de legislar los diputados Juan Luis Castro (Presidente), Karol Cariola , Cristina Girardi , Marcela Hernando , Manuel Monsalve, Marco Antonio Núñez , Gabriel Silber y Víctor Torres .

Votaron en contra de la idea de legislar los diputados Gustavo Hasbún , Javier Macaya , Nicolás Monckeberg , Jorge Rathgeb y Marisol Turres .

Hubo completa fundamentación del voto, de lo cual se dejó constancia en los anexos del respectivo informe.

Es todo cuanto puedo informar. He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor ANDRADE (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo en informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

La idea matriz o fundamental de este proyecto de ley consiste en regular la despenalización de la interrupción del embarazo por las siguientes causales:

a) En caso de que la mujer se encuentre en riesgo vital, presente o futuro, de modo que la interrupción evite un peligro para su vida.

b) En la situación de que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina.

c) Cuando el embarazo es resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

Cabe hacer presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento de la Corporación, corresponde a esta comisión analizar el texto propuesto por la Comisión de Salud y formular las modificaciones o enmiendas que estime pertinente. En ese sentido, el detalle de las mismas es el siguiente:

1.- En relación con el artículo 119 del Código Sanitario, sustituido por el N° 1) del artículo 1° del proyecto en informe, se introducen las siguientes modificaciones:

a) En el encabezado de dicho artículo se hace una precisión formal, en cuanto a que la autorización para la interrupción del embarazo en las tres causales se regulará por todas las disposiciones que se introducen al Código Sanitario.

b) Se trasladan las normas de competencia, contenidas en los incisos cuarto y quinto del referido artículo 119, a un nuevo inciso sexto, el que dispone que las autorizaciones judiciales sustitutivas serán solicitadas al juez o jueza con competencia en materia de familia del lugar donde se encuentre la niña menor de 14 años o la mujer declarada incapaz judicialmente por causa de demencia.

c) Se establece que la decisión de una adolescente de 14 años y menor de 18 de interrumpir su embarazo se comunicará a uno de sus representantes legales, si fueran varios, a su elección. Si existen antecedentes que permitan deducir que entregar dicha información al representante legal podría generar alguna situación de riesgo a la menor, se informará a un adulto familiar o adulto responsable que la adolescente señale. Junto con ello, la situación de riesgo será informada por la jefatura del hospital o clínica particular al tribunal de familia competente para que se adopten las medidas de protección correspondientes.

d) Se establece que, junto con informar a la mujer acerca de los programas sociales y económicos de apoyo, se le deberá informar acerca de los programas de adopción.

e) Se precisan con mayor detalle los aspectos esenciales del acompañamiento, señalando que incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico y en cualquier otro momento de este proceso.

f) Se precisa que la información que se entregue a la mujer será siempre completa y objetiva, y no podrá, en forma alguna, estar destinada a influir en la voluntad de ella.

g) Se señala que los derechos y deberes que el acompañamiento implique se cumplirán, principalmente, mediante las prestaciones vigentes del programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial del Sistema Chile Crece Contigo, todo ello en el marco del Sistema Intersectorial de Protección Social. Respecto del derecho a reclamo que pueda ejercer la mujer, será a través de la instancia regulada en el artículo 30 de la ley N° 20.584.

2.- Respecto del artículo 119 bis del Código Sanitario, que se agrega en virtud del N° 2) del artículo 1° del proyecto de ley en informe, las enmiendas son las siguientes:

a) Se dispone que para interrumpir el embarazo cuando la mujer se encuentre en riesgo vital se requerirá del respectivo diagnóstico médico. En caso de que la causal sea la de no viabilidad del feto o embrión, se requerirá, adicionalmente al diagnóstico médico, la ratificación de un médico que detente las habilidades específicas requeridas.

En el caso de que la causal de interrupción sea la de violación, junto con confirmar la concurrencia de los hechos y la edad gestacional, el equipo médico conformado para estos efectos deberá informar por escrito a la mujer o a su representante legal y a la jefatura del hospital o clínica particular donde se solicita la interrupción.

b) En el caso de violación de una mujer mayor de 18 años que no haya hecho la denuncia, la jefatura del hospital o clínica particular deberá ponerlo en conocimiento del Ministerio Público.

c) Se dispone que la concurrencia de la mujer víctima a las audiencias del proceso penal será siempre voluntaria, sin que puedan decretarse medidas de apremio.

3.- En el artículo 119 ter del Código Sanitario, agregado en virtud del N° 3 del artículo 1° del proyecto, relativo a la objeción de conciencia, se precisa que en el caso de que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, invocando la causal de riesgo vital de ella, el médico que haya manifestado objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo en la medida en que no exista otro médico que pueda realizar la intervención.

4.- En el artículo 2° del proyecto, referente a las enmiendas que se introducen al Código Penal, se suprime el N° 3), relativo al delito cometido por quien proporcionare a otro cualquier órgano o fluido humano proveniente de aborto o interrupción del embarazo, ya que esta figura se traslada, con mayor propiedad, a la ley N° 19.451, que establece normas sobre trasplante y donación de órganos.

5.- Se incorpora un artículo 3°, nuevo, que añade el tipo penal, antes referido, a la ley N° 19.451, que establece normas sobre trasplante y donación de órganos.

6.- En el artículo 3°, que pasaría a ser 4°, que introduce enmiendas al Código Procesal Penal, la Comisión de Salud dispuso que no existiría la obligación de denunciar para la jefatura del hospital o clínica particular cuando se tratara del delito de aborto, contemplado en el artículo 344 del Código Penal, debiendo mantener el deber de confidencialidad.

Vuestra Comisión de Constitución propone eliminar dicho deber de confidencialidad. Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor SANTANA.

(de pie)Señor Presidente, honorables diputadas y diputados: me corresponde rendir el informe relativo al proyecto de ley que “regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, con simple urgencia, de conformidad con el artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

En razón de que los aspectos técnicos del proyecto, así como su estructura y contenido fueron abordados por quien me precedió en el uso de la palabra, basaré este informe, fundamentalmente, en los aspectos presupuestarios y financieros del proyecto, al tenor de los correspondientes informes financieros.

Sin perjuicio de lo señalado, tal como su nombre lo indica, el presente proyecto de ley busca regular la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres situaciones extremas, a saber:

a) Peligro de la vida de la mujer embarazada: explica la iniciativa que la finalidad de esta indicación es permitir que la mujer tenga acceso a los tratamientos médicos necesarios para preservar su vida, aun cuando la realización de los mismos implique la interrupción del embarazo. Agrega que, en la actualidad, la penalización sin ningún tipo de excepción genera incertidumbre en los equipos médicos, al no existir claridad de que las acciones que se llevan a cabo para la protección de la vida de la mujer no sean sancionadas penalmente. A su vez, la actual regulación no asegura que sea la mujer quien tome la decisión en conciencia.

b) Embrión o feto que padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina: se exige que sea debidamente diagnosticada por un equipo médico.

c) Embarazo producto de una violación: se considera que el trauma de la violencia sexual no puede ser agravado por el Estado, obligando siempre y en toda circunstancia a mantener el embarazo contra la voluntad de la mujer.

Las comisiones técnicas coincidieron en que la aplicación del sistema de acompañamiento del Estado, coordinado en forma interministerial, que figura en los incisos octavo y noveno (séptimo y octavo del texto de la Comisión de Salud) del nuevo artículo 119 del Código Sanitario, incorporado por el N° 1 del artículo 1° del proyecto de ley en informe, implicaba gasto fiscal, por lo que determinaron que esos incisos eran de competencia de esta comisión.

Atendido que el proyecto no contemplaba en ninguna parte del articulado una norma que hiciera referencia a la fuente de los recursos reales y efectivos con que se propone atender el referido gasto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el Ejecutivo introduce, mediante indicación, un artículo transitorio, nuevo, que resuelve la carencia señalada y que, por su naturaleza, también corresponde a la competencia de la Comisión de Hacienda.

Finalmente, se presenta indicación parlamentaria del señor Lorenzini , declarada admisible, al artículo transitorio, nuevo, para intercalar entre el vocablo “año” y la coma (,) que le sigue, el término “presupuestario”.

En cuanto al impacto en términos de costo fiscal de este proyecto, el informe financiero sustitutivo N° 123, de 28 de agosto de 2015, elaborado por la Dirección de Presupuestos, refiere que para las distintas causales que permiten la interrupción voluntaria del embarazo el proyecto contempla el trabajo con un equipo profesional de apoyo psicosocial, constituido por un psicólogo y un trabajador social, que acompañará a las mujeres en todos los procesos dentro la red pública de Salud en 69 establecimientos priorizados, además de las prestaciones médicas correspondientes, las cuales se realizarán con el equipo médico existente en los servicios de salud.

A continuación, explica que las modificaciones planteadas se traducirán en gastos por única vez y otros en forma permanente. Así:

a) Se requerirá reforzar la red pública de salud, con recursos para la intervención y diagnóstico en aquellos establecimientos definidos para practicar la interrupción del embarazo solo para las tres causales, junto con la difusión, capacitación y coordinación, para su implementación a nivel de atención primaria, secundaria y terciaria en la red pública de salud.

b) Conjuntamente, se requiere la contratación de profesionales no médicos que acompañen el proceso a las mujeres en la red de prestadores públicos definida, sobre todo desde el punto de vista psicosocial, unido a la coordinación a nivel del sistema público, estimándose para esto la incorporación, en jornada parcial, de un trabajador social y de un psicólogo por servicio de salud, para los 69 establecimientos definidos, de mediana y alta complejidad del país.

En este punto, se considera el reforzamiento del Sistema Intersectorial de Protección Social mencionado en la indicación, a través del programa Chile Crece Contigo. Las prestaciones consideradas dentro de esta línea son: visita domiciliaria integral, atención psicoterapéutica individual y grupal en la atención primaria de salud y en servicios de salud que tienen atención primaria a su cargo.

c) Adicionalmente, se requiere el refuerzo de recursos para gastos de operación respectivos, destinados a realizar la intervención y diagnóstico por las tres causales. Se contempla que en el 70 por ciento de los casos se logrará un aborto farmacológico o no quirúrgico, siendo necesario considerar el costo de los medicamentos e insumos para practicar los procedimientos necesarios.

d) Asimismo, se contempla un gasto adicional que refuerza la operación de Salud Responde, la plataforma telefónica del Ministerio de Salud encargada de brindar información, apoyo y educación en salud a todo el país las 24 horas del día durante todo el año, explicado por objeto de mayores consultas que se reciban de la población producto de la iniciativa legal, correspondientes al costo por llamada adicional recibida, estimándose el incremento en 10.000 llamadas.

El mayor gasto fiscal por ítem es el siguiente.

En capacitación y sensibilización de los funcionarios de los servicios de salud y atención primaria se contempla un gasto, el primer año, de 592.700.000 de pesos, y en régimen, cero.

En recursos humanos no médicos y operación: acompañamiento, 1.608.000.000 de pesos el primer año y la misma cifra en régimen. En medicamentos, insumos y equipamiento, 973.127.000 pesos el primer año y en régimen 373.127.000 pesos.

En el programa Salud Responde, la suma de 150.000.000 de pesos y la misma cifra en régimen.

De esa forma, el total durante el primer año corresponde a 3.323.831.000 pesos, y en régimen, a 2.131.131.000 pesos.

Concluye que el mayor gasto fiscal se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Salud. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplir dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos.

El informe financiero N° 13, de 20 de enero de 2016, elaborado por la Dirección de Presupuestos, acompaña indicaciones del Ejecutivo relacionadas con el proceso de acompañamiento, las acciones de acogida y el apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico o en cualquier otro momento. En caso de continuación del embarazo, también se otorgará información pertinente a la condición de salud y activación de redes de apoyo.

En cuanto a los efectos de estas indicaciones sobre el presupuesto fiscal, el informe financiero señala que no implican un mayor gasto fiscal.

Finalmente, el informe financiero N° 22, de 8 de marzo de 2016, acompañó indicación del Ejecutivo que incorporó al proyecto un artículo transitorio de financiamiento, el cual establece que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta futura ley, en su primer año, se financiará con cargo a los recursos que se consulten en la partida 16 Ministerio de Salud de la ley de presupuestos respectiva.

No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplir dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con dichos recursos.

Para los años siguientes, se contemplará el financiamiento en las leyes de presupuestos. Aclara que la indicación no implica un gasto fiscal adicional a los ya informados.

Durante el debate se escuchó a las siguientes autoridades, personas u organizaciones: a la ministra de Salud, señora Carmen Castillo ; a la ministra de Justicia, señora Javiera Blanco , y al abogado jefe de la División Jurídica, señor Ignacio Castillo ; a la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Claudia Pascual ; al director del Programa “acompañar-es”, doctor Jorge Neira , y a los representantes de ese organismo, señor Claudio Daniels y señora Antonia Muñoz ; al presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, doctor Omar Nazzal ; a la directora ejecutiva de Miles Chile, señora Claudia Dides ; a la presidenta de ese organismo, señora María Antonieta Saa ; a las representantes de la Fundación Chile Unido, señoras Verónica Hoffmann , directora ejecutiva, y Catalina Delpiano , directora de Estudios; a la representante de la Fundación Esperanza, señora Elizabeth Bunster ; a la exsenadora señora Soledad Alvear , en su condición de abogada, y a la doctora señora Paz Robledo .

Finalmente, recibidos todos los antecedentes, la Comisión de Hacienda, por la mayoría de los diputados presentes, aprobó los artículos del proyecto de ley de su competencia.

Es todo cuanto puedo informar. He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Juan Luis Castro .

El señor CASTRO.-

Señor Presidente, rendidos los tres informes en la Sala, y luego de más de un año desde el ingreso a tramitación legislativa de esta iniciativa a esta Corporación, no me cabe sino decir que estamos en un día histórico para Chile. Han pasado veintisiete años desde aquella fecha en que a puertas cerradas, en 1989, en las postrimerías de la dictadura militar, se estableció la prohibición de lo que hasta entonces había existido por más de cincuenta años: el aborto terapéutico establecido en el Código Sanitario.

Por lo tanto, hoy no estamos inaugurando una legislación, sino recuperando un esfuerzo de décadas, en las que Chile consagró, bajo condiciones de excepción y con la firma y autorización de dos médicos cirujanos, la posibilidad de llevar a cabo la interrupción terapéutica del embarazo.

Quienes nos hemos formado en medicina o en salud pública sabemos que en la década del sesenta las mujeres llegaban prácticamente agónicas a los centros asistenciales de salud, producto de septicemias a causa de abortos provocados en forma clandestina, los que eran practicados de esa manera como consecuencia de una legislación que era punitiva y que barría para fuera a aquellas personas que por su condición económica se veían enfrentadas a ese drama. Muchas mujeres colocaban en riesgo su vida debido a la masiva oleada de abortos clandestinos que experimentó Chile en las décadas del sesenta y setenta.

A diferencia de lo que algunos han dicho, este proyecto de ley no busca pavimentar el camino para el aborto libre. Hay quienes han querido hacer terrorismo con esta iniciativa al señalar que tiene por finalidad facilitar el aborto libre, en circunstancias de que en las dos primeras causales que se establecen se esgrimen con claridad razones médicas para la despenalización de la interrupción del embarazo, como tener eclampsia severa o septicemia grave. En esos casos, ante el riego de vida de la madre, el personal médico obviamente debe intervenir, tal como lo hace en la inmensa mayoría de los casos, porque el bien superior está en juego.

En la actualidad, cuando una mujer presenta un embarazo tubario o ectópico, algo que es común, tiene que estar prácticamente en un estado agónico, en shock y con hemorragia, para que se le extirpen las trompas, y con ello el producto de la concepción, debido a que está en riesgo su vida.

Respecto de la segunda causal, hay gente que ha señalado que poco menos que el síndrome de Down -por graficar una enfermedad estaría sometido a la condición de ser segunda causal de aborto. ¡Falso, de falsedad absoluta! El proyecto de ley es taxativo al señalar que la inviabilidad fetal debe ser letal, condición que deberá ser acreditada por médicos con las habilidades específicas. Incluso, se deberá pedir certificaciones diagnósticas precisas -por ejemplo, en el evento de un embarazo anencefálico; ha habido casos dramáticos-, con el objeto de asegurar que haya una toma de decisión consciente de la mujer respecto de esa situación.

Ha habido casos en que la mujer ha decidido proseguir con su embarazo, porque el Estado hoy le impone la obligación de continuarlo hasta el final, pese a que el feto padezca de anencefalia. Con este proyecto, sobre la base de sus creencias, la mujer tendrá la posibilidad de decidir si lo continúa.

El sistema sanitario, con los aportes que ha hecho el Ministerio de Salud, dispone que no solo en la red de atención primaria, no solo en el control ginecoobstétrico hecho por matronas en postas rurales y en Cesfam, sino en todos los niveles, se cautelará que la patología del embarazo sea diagnosticada a tiempo, a fin de discriminar cuándo existe riesgo de inviabilidad fetal.

En la actualidad, una de cada diez mujeres víctimas de violencia sexual se embaraza, porque existe la posibilidad de acceder a la píldora anticonceptiva de emergencia. Es decir, una mujer que haya tenido relaciones sexuales no protegidas o que haya sido víctima de un ataque sexual puede concurrir, dentro de las 72 horas siguientes, a un centro de salud para que le sea proporcionada dicha píldora, a fin de evitar el embarazo. Por fin se legisló tiempo atrás al respecto.

Por lo tanto, estamos hablando de un porcentaje mínimo de mujeres que o no detectaron su embarazo, o no pudieron concurrir a un centro asistencial, o no tuvieron forma de evitarlo después de una relación sexual no consentida. En promedio -reitero-, una de cada diez mujeres víctimas de una agresión sexual se embaraza. ¿Qué hacer en esos casos? Precisamente, en esos casos este proyecto de ley establece, con claridad, que se deberá denunciar el hecho a la justicia, disposición que no estaba considerada en el proyecto original, pero que fue agregada, lo que permitió enriquecerlo. De manera que los equipos de salud tendrán la obligación de denunciar. Pero también se asegura el resguardo de la confidencialidad, para no revictimizar a la mujer al someterla a peritajes, a procedimientos y a la espera del fallo respectivo de la justicia ordinaria, en la que la dictación de una sentencia por violación demora más de catorce meses.

Además, se dispone el principio de objeción de conciencia previa del profesional que en su fuero íntimo prefiere no ser él quien practique la interrupción del embarazo, caso en el cual la red de salud deberá derivar a la paciente, salvo condición extrema en la que sea inevitable e inminente la necesidad de intervenir.

Por otro lado, se plantea la creación de un programa de acompañamiento antes, durante y después de la toma de decisión. Este programa será de carácter neutro, esto es, no influirá en la toma de decisiones de la mujer, y su financiamiento está aprobado. Sin perjuicio de que podría ser mejorado, dicho financiamiento permitirá que se coloque sobre la mesa el drama de una mujer que puede o no decidir interrumpir el embarazo. Porque este no es un programa para las que van a abortar, sino para aquellas cuyos casos se incluyen en alguna de las tres causales que establece la iniciativa, sea cual fuere la decisión final. Pero ese programa no puede influir en la mente de esa persona.

Y esto también quiero decirlo enfáticamente: el programa no puede ser un mecanismo que permita llevar a una condición distinta, como se ha dicho por algunos -legítimamente, porque están en su derecho de plantearlo-, en el sentido de que induciría la adopción prenatal o una toma de decisión en ese sentido antes de que nazca el hijo, puesto que el deber principal es resolver, primero, la viabilidad o la continuidad del embarazo, antes de hacer frente a una situación que regula otra ley distinta: la ley de Adopción.

La neutralidad en la información, la confidencialidad y la toma libre de decisión por parte de la mujer es consustancial a este proyecto.

Luego de catorce meses de debate, Chile está esperando que por fin se tome una decisión en esta materia. Para ello se ha escuchado a decenas de instituciones y organizaciones, a favor o en contra de la iniciativa; a toda clase de expertos, científicos, abogados e instituciones, a favor o en contra del proyecto, y a todas las iglesias en sus máximas expresiones.

Creo que la riqueza de este debate, después de veintiséis años luego de la recuperación de la democracia y de múltiples iniciativas que fracasaron, porque en su momento se dijo aquí, en plena democracia, que eran inadmisibles, de manera que ni siquiera pudieron discutirse en el Congreso Nacional, nos ha permitido llegar a este día en el que por fin podemos legislar.

Por tanto, pido tranquilidad en esto para que entendamos que estamos reponiendo un derecho que hoy no existe, no para violentar la conciencia de nadie, sino -por fin para regular condiciones específicas.

Serán 2.550 mujeres las potenciales beneficiarias de la ley en proyecto. No son millones, como indican los que hablan del aborto libre, porque ya se estimó, ya se sabe cuántos casos corresponden a las causales uno, dos y tres: aproximadamente, 2.500. A esas mujeres beneficiaremos con la futura ley.

Chile no puede esperar más tiempo para dar este paso hacia la dignidad de la mujer chilena, que se halla sometida a la condición tan dramática y aberrante de no poder decidir frente a causales tan extremas.

Por eso, anuncio mi voto a favor del proyecto, y recojo el sentir de nuestra bancada del Partido Socialista, que lo respaldará en forma unánime y férrea.

He dicho.

-Aplausos en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo de la bancada Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa .

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, en primer lugar, hay que entender que este es un debate legítimo y que las distintas posiciones sobre el tema que nos ocupa también lo son.

Por cierto, mi postura viene acompañada de una concepción de la vida que, desde luego, me fue impartida y que sigo sosteniendo con mucha fuerza. Sin embargo, el hecho de tener una concepción católica no obstruye la razón o la capacidad de pensar.

Por eso, he resuelto tomar, desde el punto vista de la razón, opiniones de distintas personas, particularmente de un pastor respecto del cual todo el mundo reconoce su excepcional condición en estas materias: don Fernando Chomalí . Él nos ha enviado algunos documentos, uno de los cuales lleva al planteamiento de que, en la práctica, existe la concepción de que hay un nivel distinto en cuanto al derecho a la vida: el nivel del derecho a la vida del que aún no nace respecto del que ya nació.

Eso es, en efecto, lo que propone el proyecto, porque da la posibilidad de que algunos elijan quiénes nacen y quiénes no. Y eso, naturalmente, envuelve una cuestión de conciencia, la que, desde luego, para mí es muy importante.

Ahora, ¿cuándo comenzamos a existir? Sin duda, todos los aquí presentes empezamos a existir cuando nuestros padres resolvieron unirse, bajo distintas condiciones, en diferentes momentos; algunos con mucho amor, otros con menos. Pero así es como llegamos a existir.

También es muy importante que todos entendamos que si la razón nos lleva a respetar al ser humano, hay que respetar a todas las personas, a todos los seres humanos. No podemos pensar que al interior del vientre materno existe -incluso así lo llaman un ser humano potencial. Este ser humano lo es por su naturaleza. No va a ser otra cosa. No será ni mono ni perro, sino un ser humano, y, por tanto, al nacer no tiene otra opción más que la de ser un ser humano.

En consecuencia, es completamente difícil resolver al final quién debe vivir y quién no. Señor Presidente, en los dos minutos que me quedan resulta muy difícil señalar una cantidad importante de argumentos. Sin embargo, solo me remitiré a señalar que con este proyecto queda muy claro que aquellos que estén a favor del aborto en cualquiera de sus formas dejan al arbitrio de los más fuertes la posibilidad de vivir de los más débiles. Esa es una cuestión real. Es decir, el aborto implica la capacidad de seleccionar quién vive y quién no vive, lo que nos lleva a pensar que aquí estamos elevando a una categoría que no corresponde a quien decidirá qué vida merece ser vivida y cuál no. Esto, por cierto, constituye un elemento central.

Nadie puede negar -se darán muchos argumentos sobre el particular a lo largo de esta discusión que cuando se habla de violación, aquí el punto central -no me cabe ninguna duda de ello es lograr, a través de la redacción del articulado del proyecto, que efectivamente exista aborto libre.

Por último, quiero entregar algunas cifras.

En España, el 2013 nacieron 454.000 niños y hubo 112.000 abortos; en Italia, el 2009 nacieron 568.000 niños y hubo 115.000 abortos; en Alemania, el 2010 nacieron 650.000 personas y hubo 110.000 abortos.

Al respecto, les pregunto a sus señorías, ¿estamos en condiciones de resolver quién vive y quién no?

Por estas y muchas razones más voto que no. He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar a la señora ministra del Servicio Nacional de la Mujer.

Sin duda, este es el debate legislativo más complejo en el que me ha tocado participar en estos seis años que llevo como diputado.

Se trata de una discusión absolutamente legítima; por tanto, cuando este proyecto se ingresó a tramitación, como jefe de bancada del Partido Demócrata Cristiano, defendí nuestro derecho a debatirlo. Algunos sostenían que no teníamos ese derecho porque había un congreso ideológico que nos vinculaba y que, en consecuencia, ni siquiera podíamos discutir ni aprobar la idea de legislar esta iniciativa.

Defendí el derecho de todos los diputados de mi bancada a legislar, a debatir un proyecto que no dice relación con la legalización del aborto, sino con tres circunstancias excepcionales, dramáticas, muy complejas sobre las cuales todos hemos hecho -para ello escuchamos numerosas opiniones de médicos y de juristas un largo raciocinio y discernimiento, y a todos nos ha costado mucho tomar una decisión.

Pero los legisladores estamos llamados a decidir, a legislar, y somos conscientes de que nunca podremos darle la razón o darle en el gusto a todo el mundo. Y llegó el momento de tomar una decisión y optar.

En este proceso quiero defender el rol que ha cumplido la bancada de diputados de la Democracia Cristiana: un rol serio, sin acudir a frases hechas, a lugares comunes, a simplismos, pues, entendiendo la complejidad de este proyecto, hizo aportes sustanciales tanto en la Comisión de Salud como en la Comisión de Constitución para restringir el sentido y alcance de cada una de las tres causales que plantea, incorporar requisitos adicionales y, en definitiva, perfeccionarlo.

Vaya todo mi respeto a los diputados de la Democracia Cristiana que integran las comisiones de Salud, de Constitución y de Hacienda, por el aporte sustancial que hicieron para mejorar esta iniciativa.

Como señalé, esta es una decisión difícil porque incide en el respeto a los derechos humanos, en el más importante de ellos: el derecho a la vida, que está por sobre el resto de las garantías consagrados en nuestra Constitución y en el ordenamiento jurídico internacional.

Por ello, afirmamos que todo esto incide en la dignidad de la madre, pero también en la del hijo no nacido.

Esa es la perspectiva desde la cual enfrento este debate, como un asunto de derechos humanos.

Es complejo, además, porque se trata de un proyecto del gobierno, de mi gobierno. Pero precisamente por eso considero necesario recordar que cuando se elaboró nuestro programa, la Democracia Cristiana, a través del profesor de derecho constitucional Patricio Zapata , que fue nuestro representante en ese ámbito, hizo expresa reserva sobre este punto, en consideración de las conclusiones a las que arribó nuestro congreso ideológico y a lo que establece nuestra doctrina en cuanto al respeto a la vida del que está por nacer, desde el momento mismo de la concepción.

Aquí está presente la ministra Ximena Rincón , que en ese entonces era la titular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a quien agradezco que comprendiera en ese momento que tendríamos diversidad de opiniones en esta materia. Ello permitió que el gobierno, anticipándose a esa circunstancia, enviara este proyecto, que considera las tres causales por separado, dado que comprendió que eran tres situaciones muy distintas en cuanto al debate ético que suscitarían.

¿Por qué decimos que es un asunto de derechos humanos? Porque así está establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 1.2 dispone que para sus efectos, persona es todo ser humano. ¿Y qué dispone esa convención respecto del derecho a la vida? Que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”.

Eso mismo es lo que establece nuestra Constitución Política, que en su artículo 19, número 1°, reconoce y asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, lo que incluye a madres e hijos no nacidos.

La inclusión del hijo no nacido se encuentra ratificada en el inciso segundo de esa disposición constitucional, que exige a la ley, a nosotros, los legisladores, proteger la vida del que está por nacer.

Podemos tener muchas opiniones respecto de este proyecto, pero ese es el marco jurídico bajo el cual la Cámara de Diputados enfrenta esta compleja decisión.

Como expresé, este es un tema que debatimos en el congreso ideológico de la Democracia Cristiana, por lo cual quiero reafirmar que es asunto de derechos humanos, no uno de carácter religioso. Quienes afirman que esta es una decisión religiosa o que algunos queremos imponer al resto de la sociedad nuestra propia religión, no han entendido la profundidad de este debate.

Insisto, este no es un debate religioso, por suerte y en hora buena. El respeto a los derechos humanos no es un tema religioso: la conquista internacional del derecho a la vida es un asunto de derechos humanos que ha sido recogido así en los tratados internacionales pertinentes suscritos por nuestro país. En nombre de las religiones se ha matado -y se sigue matando a millones de personas. Es cosa de ver lo que está ocurriendo con el Estado Islámico en Medio Oriente, o lo que hizo la Iglesia católica en los tiempos de la Inquisición.

No, este no es un debate religioso; es un asunto de derechos humanos, que es una conquista de la humanidad, y constituyen las reglas bajo las cuales nosotros, como seres humanos, orientamos nuestro ordenamiento jurídico.

Estimo necesario hacer una distinción, porque se discute si este es un proyecto de legalización o de mera despenalización del aborto en estas tres causales. Después de reflexionar sobre el punto, me he formado la convicción de que al menos en los casos de la segunda y la tercera causales estamos hablando, más que de despenalización, de un proyecto de legalización del aborto, y eso es lo que me complica, porque entra en colisión con la defensa del derecho a la vida del que está por nacer, reconocido en nuestro ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales, como ya expresé.

Muchos pensamos que en ningún caso el aborto es la solución a casos tan dramáticos como los que enfrentan las mujeres en esas tres circunstancias.

Voy a votar a favor la primera causal, porque creo que, de alguna manera, estamos reponiendo el verdadero aborto terapéutico, que existió en Chile desde el gobierno del Presidente Frei Montalva hasta el término de la dictadura. Eso no es aborto, sino una acción destinada a salvar la vida de la madre. Así lo reconoce nuestra doctrina, que cree en el comunitarismo y en el humanismo.

El problema de la segunda causal, que es la que me causó más dudas, es que muchas veces los médicos se equivocan. Es cierto que incorporamos más requisitos y exigimos un segundo diagnóstico respecto de la inviabilidad fetal; pero aquí mismo, en el Congreso Nacional, hemos conocido muy bonitos testimonios de niños que fueron diagnosticados como inviables, pero resulta que, no por dolo ni por mala fe, los médicos se equivocaron. Además, resulta que no tenemos más de cuarenta especialistas en todo el país con las habilidades suficientes para diagnosticar esa inviabilidad.

Por eso, votaré en contra la segunda causal del proyecto de ley.

Respecto de la tercera causal, estamos convencidos de que ninguna mujer que ha sido violada debe ir a la cárcel. De hecho, en este momento en Chile no hay ninguna mujer que esté cumpliendo pena privativa de libertad por el delito de aborto. En todo caso, creemos que el aborto no es la solución; la solución es crear una eximente de responsabilidad en el Código Penal, no legalizar esa causal.

Como el aborto no es solución, lo que corresponde es ayudar a la mujer a través de un sistema integral de acompañamiento. Ese es el objetivo del proyecto de ley que presentamos con un grupo de diputados de mi partido…

(Manifestaciones en las tribunas)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Se recuerda a las personas que se encuentran en las tribunas que acordamos destinar un día y medio al debate de esta iniciativa.

Les pido, por favor, que respeten las intervenciones de los diputados y que esperen el final de sus discursos para manifestarse, de modo de facilitar la continuidad del debate y de la sesión.

Diputado Walker , recupera el uso de la palabra.

El señor WALKER.-

Por eso mismo, hemos propuesto un proyecto de adopción, de modo que la mujer tenga la posibilidad de entregar en adopción al hijo que está por nacer a una familia de acompañamiento, pero dándole incluso la posibilidad de retractarse de su decisión una vez que el hijo haya nacido, porque hemos conocido muchos testimonios de mujeres que se arrepintieron de dar en adopción a su hijo, y ese derecho a retracto existe.

La Democracia Cristiana, mi partido, no tiene doble estándar en materia de derechos humanos: aprobamos la derogación de la pena de muerte, con Soledad Alvear como ministra y Eduardo Frei Ruiz-Tagle como Presidente, y defendimos los derechos humanos durante la dictadura.

En el mismo sentido, lo que hoy estamos haciendo es reafirmar que, en el estatuto de derechos humanos, el derecho a la vida está por sobre los demás derechos.

Por eso, también, votaré en contra la tercera causal del proyecto. He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor José Manuel Edwards .

El señor EDWARDS.-

Señor Presidente, este es uno de los temas que me resulta más difícil plantear. Me cuesta creer que estemos legislando para permitir que se quite la vida a seres humanos indefensos bajo ciertas causales, así como aceptar los argumentos utilizados para justificarlo.

Señor Presidente, permítame entregar un poco de contexto.

Hace unos días un grupo de animalistas se lanzó violentamente a la arena de un rodeo de mi distrito. Uno de sus carteles decía que debía darse un trato más humano a los novillos.

Algo parecido hemos visto en muchos lugares en que se protesta en contra de la investigación con animales o para defender la vida de las ballenas.

Muchos políticos partidarios del aborto han formado ligas para defender a los animales, mientras que otros han apoyado la idea de defender a los novillos, lo que me parece bien. No obstante, me cuesta entender cómo es posible conjugar éticamente una preocupación tan grande por un novillo en un rodeo, con la defensa del descuajamiento, descuartizamiento o envenenamiento de un niño que está por nacer. ¿Cómo se reconcilia con su humanidad quien protesta contra el rodeo, para después apoyar que se descuartice a un niño en el vientre materno?

En segundo lugar, también me resulta difícil entender a quienes dicen que esto es un problema de elección, ya que hablan del derecho a elegir con lo que está dentro del cuerpo de la mujer.

También es difícil entender que quienes enarbolan este supuesto derecho, se oponen a que un padre pueda elegir con toda libertad la educación de sus hijos, por ejemplo, en un colegio particular subvencionado que tenga o no tenga fines de lucro.

Entonces, por un lado, se permite a alguien decidir sobre la vida de un tercero, de un niño; pero no nos permiten elegir la educación de nuestros hijos. En consecuencia, el argumento queda bastante debilitado.

En tercer lugar, los abortistas argumentan que no es un niño, sino un tejido. En Estados Unidos de América existe una organización llamada Planned Parenthood , que fomenta el aborto, pero además compra los órganos de los niños abortados para después venderlos. De hecho, pide que el aborto se haga con cuidado para no rasgar el hígado o algún músculo de las piernas.

La contradicción es total, porque ese supuesto tejido entrega todos los órganos de un ser humano que se utilizan para salvar a otros seres humanos, igual como ocurre con un trasplante. ¿No será que ese tejido siempre es un ser humano? La debilidad del argumento de que el que está por nacer es un tejido y no un niño es un insulto a la inteligencia. Como dice el viejo tango, es un “atropello a la razón”.

De hecho, la práctica de dictaminar que hay seres humanos que no son personas, como proponen quienes están a favor del aborto, tiene tristes antecedentes. Les voy a recordar cuatro de ellos.

En 1881 había un debate respecto de si un indio era o no era una persona. La American Law Review dijo que un indio no era una persona tal como la entendía la Constitución.

En 1909, durante el debate por el derecho de voto de la mujer en Inglaterra, se afirmaba que el término “persona” no incluía a la mujer.

En 1858, el Tribunal Supremo de Virginia, Estados Unidos de América, dijo: “A los ojos de la ley, un esclavo no es una persona”.

Finalmente, en 1936 el Tribunal Supremo de Alemania, Reichsgericht , rechazó reconocer a los judíos como personas en el sentido legal.

A lo largo de la historia han existido grupos opresores de otros grupos. Lo primero que hacen esos grupos opresores es deshumanizar a la persona a la cual están oprimiendo. Eso pasó durante la esclavitud con los negros; también ha ocurrido con las mujeres, con los pueblos originarios y hoy con los inmigrantes, como vemos en el debate político que se realiza en Estados Unidos de América. Incluso, científicos de la época decían que ser negro era una especie de deformación que requería una cura, o se les consideraba un parásito.

Señor Presidente, lo que debemos hacer es defender la vida. Quienes determinan que un ser humano no es persona por el simple hecho de tener menos edad que uno, tienen tristes antecedentes.

Señor Presidente, si se aprueba el proyecto, Chile va a ingresar al listado de países que acepta el aborto, y al igual que sucedió con la esclavitud, el aborto va a tener lugar en el mundo por décadas o quizás por cien años. Sin embargo, sus partidarios deben saber que nunca se extinguirá la flama de quienes defendemos la vida, y al igual que quienes derrotaron la esclavitud en su tiempo, derrotaremos a los abortistas más temprano que tarde.

Señor Presidente, votaré en contra de un proyecto que considero que tiene efectos muy graves, como sería una iniciativa legal que permitiera la esclavitud por tres causales.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, hemos discutido durante muchos meses este tema, que se debe a la manera en que se ha construido nuestra sociedad.

Es difícil entender este tema si no consideramos el contexto que tenemos como sociedad respecto de lo que mencionó el diputado Edwards en relación con “el cuerpo de las mujeres” y si no se comprende cómo se ejerce el poder.

El lugar privilegiado en la historia para ejercer el poder ha sido el cuerpo de las personas, como sucede con la violación y con la tortura, que son ejercicios de poder. Si no entendemos esto, no podremos comprender la importancia que tiene el proyecto de ley en discusión.

Un autor ha estudiado lo que tiene que ver con el poder. En ese ejercicio figura el tema de la dominación masculina. ¿Quién decide por las mujeres? El autor señala textualmente: “La verdad es que nunca he dejado de asombrarme ante lo que podría llamarse “la paradoja de la doxa”: el hecho de que la realidad del orden del mundo (…) sea grosso modo respetado; o más sorprendente todavía, que el orden establecido, con sus relaciones de dominación, sus derechos y sus atropellos, sus privilegios y sus injusticias, se perpetúe, en definitiva, con tanta facilidad, (…) y que las condiciones de existencia más intolerables puedan aparecer tan a menudo como aceptables por no decir naturales. Y siempre he visto en la dominación masculina, y en la manera como se han impuesto y soportado, el mejor ejemplo de aquella sumisión paradójica, consecuencia de lo que llamo violencia simbólica, violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y el conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento.”.

¡Ojo!, como dije, esto lo escribió un hombre.

Es difícil entender que somos parte de una sociedad que afirma que el orden social ha hecho la diferencia anatómica de los sexos, como el fundamento garante para la división de los géneros. No obstante, una cosa es la diferencia y otra es la división. Y esta división se ha perpetuado en el campo de lo social. Es así que las mujeres han sido históricamente relegadas al espacio de lo doméstico, y los hombres, al espacio público. Así, los roles de trabajo de los hombres y de las mujeres son distintos.

La historia de la humanidad está construida sobre esta división sexual, que ha hecho que esto sea natural. Es natural que todo sea así. Si es una cuestión de la naturaleza, no podemos ir en contra de ella. Todo es natural. Si es natural, no es cuestionable, no está sujeta a examen o a revisión. Simplemente es, no la podemos modificar.

El orden social establecido por la historia nos ha llevado a constituir esta superioridad de los hombres sobre las mujeres como algo natural. La literatura y la historia están llenas de ejemplos.

No sé si se recuerda que hace unos días pedí diez veces la palabra al Presidente. Nunca me la dio, nunca. El presidente de mi bancada tuvo que decirle que yo estaba solicitando la palabra para que me la diera.

El autor cuyas palabras citamos dice que esto ocurre cuando participan en un debate público. Además, señala que las mujeres tienen que luchar permanentemente para tomar la palabra y retener la atención, que la infravaloración que sufren es tanto o más implacable en la medida en que no se ha inspirado en ninguna malquerencia explícita y se ejerce con la inocencia perfecta de la inconsciencia. La historia está llena de ejemplos.

El orden social en que nos movemos funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se apoya. La fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que prescinde de cualquier justificación. La visión androcéntrica se impone como neutra. ¿Cuántas veces decimos nosotros y no nosotras, aunque seamos veinte mujeres y un hombre? El hombre no necesita la visión androcéntrica, que se impone como neutra, y no siente la necesidad de enunciarse en un discurso capaz de legitimarla.

No me voy a referir a la primera ni a la segunda causales, sino a la causal de la violación. El diputado Edwards se refirió al cuerpo de la mujer como si fuera una cosa extraña. Al respecto, debo señalar que el cuerpo ha sido el lugar privilegiado en la historia de la humanidad para el ejercicio del poder. El poder se ejerce directamente sobre los cuerpos: la violencia física, la tortura, la violación.

Cuando hablamos de violación la debemos entender como el acto más violento de dominación. El acto sexual en muchas sociedades -en la nuestra todavía quedan huellas es un acto de dominación, es un acto de posesión que se verbaliza con frases como “la hice mía” y “es mía”. En el acto sexual la poseo. La violación es el acto más violento de posesión y de dominación, en que el violador penetra y se apropia o se adueña del cuerpo de la mujer. Y si ella queda embarazada, no importa, porque ella no es dueña de su cuerpo. Nunca lo ha sido, no tiene cuerpo propio, es de otro; ella no es nadie.

Cuando a una mujer no se le da la posibilidad de tener su cuerpo, eso la invisibiliza, la elimina, la hace inexistente. El cuerpo de la mujer no solo es posesión del violador, sino que es propiedad de la sociedad toda, y esta la reduce a un mero receptáculo. Si no quiere tener el hijo que es producto de una violación, que lo regale, que se convierta en una vasija.

Aquí no se trata de imponer a las mujeres el aborto, que tengan que abortar obligatoriamente frente a una violación, sino que se le da la posibilidad a la mujer de que decida qué quiere hacer con su cuerpo; en otras palabras, es decirle a las mujeres que existen, que son parte de esta sociedad, que no son objeto de dominación del hombre, del Estado y de la Iglesia, que deciden qué se va a hacer con ese cuerpo.

La historia nos dice que el cuerpo de la mujer ha sido territorio ocupado por los hombres, por el Estado, por la Iglesia. No sé si tenemos conciencia de que si queremos realmente convertirnos en una sociedad igualitaria, en una sociedad en que las mujeres sean dueñas de su propio cuerpo, serán ellas las que tomarán la decisión de perpetuar o no el producto de ese acto de violación, de dominación y de posesión violenta.

Siempre lo he dicho y lo repito acá: hombres son violados al igual que mujeres, pero no quedan embarazados. Considerando la historia de la humanidad, si el hombre quedara embarazado, les puedo asegurar que hace mucho tiempo tendríamos una ley de aborto en nuestro país.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy .

El señor GODOY.-

Señor Presidente, escuchar los planteamientos de la diputada Cristina Girardi , desde el punto de vista de la mujer, es muy sobrecogedor. Es evidente que uno, como hombre, no siente de la misma manera este tema. Por lo tanto, esgrimiré argumentos distintos de los que ha dado la diputada Girardi .

Valoro del proyecto el hecho de que no se le impone nada a nadie, a diferencia de lo que plantean muchos. Este proyecto en ningún caso obliga a una familia a actuar en contra de su credo, en contra de su voluntad, en contra de su filosofía. Es muy importante destacarlo, porque significa un respeto profundo hacia los demás, lo cual tiene que ver con la libertad, que es un principio que en Amplitud defendemos con mucho entusiasmo.

Me referiré al tema de la mujer. Me parece irracional que el Estado de Chile tome la decisión por una mujer que está viviendo un calvario, que está sufriendo, porque no es fácil tomar la decisión, y eso es algo que hay que entender. No es fácil decidir cuando a uno le dicen que su hijo no va a poder vivir fuera del vientre de su madre. Tampoco es fácil cuando alguien es víctima de una violación y queda embarazada, o cuando a una madre le dicen que si no le realizan tal tratamiento se muere, pero, lamentablemente, si se lo aplican va a morir el ser que está dentro de su vientre.

Por lo tanto, esto es algo de sentido común, pues esa decisión no la puede tomar el Estado de Chile, no la puedo tomar yo ni la puede tomar nadie en el Congreso Nacional por los demás. La persona que está involucrada en esa tragedia tiene que tomar la decisión.

En relación con la argumentación que esgrimen algunos conservadores respecto de que la mujer chilena va a salir a la calle a decir que la violaron para poder realizarse un aborto, creo que es referirse de la peor manera a la mujer chilena, y yo no voy a ser partícipe de ello. No se trata solo de una creencia, sino de algo que demuestran las cifras. En efecto, en Francia primero se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en estas tres causales y después se estableció el aborto libre, y no por ello disminuyeron las denuncias de violaciones.

Por lo tanto, claramente, la experiencia internacional demuestra que la violación no es un argumento que esgrimen las mujeres para realizarse un aborto, y por una razón muy sencilla y de sentido común: hacerse un aborto es, lejos, la experiencia más dura, más traumática, más difícil que puede vivir una mujer. Es evidente que una mujer va a usar antes todo el resto de los mecanismos.

Lo que uno no entiende es que los conservadores se opongan además a la entrega de la píldora del día después. Entonces, no quieren aborto y tampoco quieren entregar la píldora del día después. En suma, su argumentación no es consistente.

La legislación chilena no puede tener dos visiones. Me da la impresión de que esto forma parte de la hipocresía de nuestro país. En la actualidad, si a una persona se le efectúa un electroencefalograma y su resultado es plano, o sea, no tiene actividad cerebral, pero el resto de su cuerpo funciona perfectamente, sus familiares pueden donar sus órganos. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque es considerada una persona muerta.

Y la medicina señala que antes de las catorce semanas de embarazo no hay actividad cerebral. Repito: no hay actividad cerebral. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia con el caso que acabo de citar.

En esto quiero ser muy enfático, porque a quienes hemos planteado este tipo de argumentos se nos acusa de estar por la muerte. No estoy por la muerte de nadie y tampoco estoy por el camino de acogerme a las causales. Al respecto, he conversado sobre esto con mi señora muy profundamente y ella me ha dicho que su voluntad es llegar hasta el final. Pero esa es nuestra voluntad y no tengo por qué exigirle lo mismo al resto de las personas, menos si nuestra legislación esgrime que el feto no tiene vida desde el momento en que no tiene actividad cerebral. Lo dice la legislación chilena.

Por lo tanto, quiero ser muy categórico en señalar que aquella mujer que decide practicarse el tratamiento, con lo que, lamentablemente, terminaría el proceso de desarrollo de ese ser que el día de mañana tendría vida, no está matando a alguien. Y en el caso de una mujer que es violada y toma la decisión antes de que ese ser tenga actividad cerebral, tampoco está matando a alguien.

(Manifestaciones en las tribunas)

Me parece justo y razonable que haya personas con ideas distintas a las mías. Pero creo que hay que utilizar los argumentos correctos y no inventar cosas que no existen.

Por lo tanto, por la mujer, por la libertad de las personas y porque creo en los ciudadanos, votaré a favor de las tres causales.

He dicho.

-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, quiero saludar a todos los que se encuentran en la Sala, ya que estamos ante un debate nacional entre aquellos que estamos a favor de este proyecto y los que están en contra, a quienes me quiero dirigir con mucho respeto.

Además, es importante saludar a quienes han hecho posible la tramitación de esta iniciativa: las ministras del Sernam, señora Claudia Pascual ; de Salud, señora Carmen Castillo , y de Justicia, señora Javiera Blanco .

Asimismo, saludo a las organizaciones que han sido parte de la tramitación de este proyecto, como Corporación Humanas, Corporación Miles, Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Comunidad Mujer, Memch , Observatorio de Género y Equidad, Asociación de Magistradas de Chile, profesionales, académicos, mujeres, hombres y, en general, a todas y cada una de las personas y organizaciones que han sido parte de este complejo ejercicio democrático: manifestar posiciones respecto de un proyecto tan complejo y debatido.

Esta iniciativa no es como cualquiera otra; de lo contrario, no concitaría la opinión pública de la manera en que lo hace ni enfrentaría posiciones con tanta vehemencia. Esto pasa cada vez que se habla de los derechos de la mujer.

Desde la dura oposición de los sectores conservadores al derecho a voto de la mujer hasta el enfrentamiento con los grandes empresarios por la consecución de sus derechos laborales, siempre hemos debido ganarnos el espacio que nos corresponde a pulso y luchando con todo. Hoy no es la excepción.

Aprobar este proyecto de ley es una necesidad que ha sido recogida por la ciudadanía, que apoya en más de 80 por ciento la iniciativa, pues hemos comprendido su valor y significado en términos sanitarios y de protección de derechos.

Es difícil calcular la cantidad de interrupciones de embarazos que se producen anualmente en Chile, debido a que el aborto está penalizado en todas las circunstancias. Otros países con penalización total son El Salvador , Haití , Honduras , Nicaragua y Surinam. No mencionaré al Vaticano, porque no tiene hospitales y la red de salud pública pertenece a Italia, donde la interrupción voluntaria del embarazo se permite hasta los 90 días, como regla general. En el caso de riesgo de la madre o inviabilidad fetal, se extiende hasta las 22 semanas.

De acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de Salud, incluyendo las del gobierno anterior, en Chile se realizan más de 33.000 abortos clandestinos por año, es decir, 90 abortos diarios en promedio. Otros estudios, como el del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, estiman la cifra entre 60.000 a 70.000 abortos al año. Es más, el académico Ramiro Molina , de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, estableció que en los hospitales públicos, entre 2001 y 2010, hubo un promedio de 34.000 casos de aborto al año. De ellos, el 40 por ciento sería voluntario, y por cada aborto que se realiza en un hospital hay otros 10 desconocidos. Además, se estableció que existen entre 130.000 y 180.000 abortos clandestinos por fuera de la red de salud.

Todas estas cifras dan cuenta de que la interrupción voluntaria del embarazo es, en primer lugar, un asunto de salud pública, cuya ocurrencia y efectos no son en ningún caso deseables, pero frente a ellos no podemos esconder la cabeza y negar la realidad por decreto ni, mucho menos, hacer vista gorda ante hechos que se trataron de esconder en el país desde 1989.

Por ello, se ha tomado la determinación de avanzar, en base a acuerdos, en un proyecto de ley que busca la interrupción voluntaria del embarazo. Tal como dijo el diputado Godoy , quiero destacar el concepto de “voluntario”, porque no se busca obligar a ninguna mujer a tomar una decisión contra su voluntad. Eso debe quedar absolutamente claro frente a las opiniones oportunistas y mentirosas de algunos sectores.

La perspectiva sanitaria se fundamenta en la posibilidad de que la mujer violentada, en riesgo vital o con un embarazo imposible de llevar a término vea afectada tan solo en lo mínimo su salud y su integridad física y psíquica. Es decir, queremos que la vida y la salud de las mujeres estén protegidas, de una vez por todas, frente a una brutal agresión o frente a situaciones extremas que le son inimputables.

La primera causal, que indica que se puede interrumpir el embarazo cuando la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que se evite un peligro para su vida, viene a resolver la primera cuestión sanitaria, esto es, que ante la inminente posibilidad de muerte, se resuelva a favor de la paciente que está en riesgo y no esperar a que finalmente la mujer se encuentre en una situación de absoluta postergación y de riesgo vital o, incluso, a que esté conectada a un ventilador artificial para poder intervenirla.

Contradictoriamente, algunos sectores dicen que este procedimiento ya se encuentra autorizado y se ejecuta en nuestros establecimientos. La pregunta que cabe formularse es: ¿por qué, si está autorizado de manera inhibitoria, no lo reglamentamos de forma explícita? Es necesario hacer de este procedimiento una práctica segura y no una simple interpretación de normas. ¿O esperan que estemos sufriendo y agonizantes para proceder a intervenir, en circunstancias de que con las capacidades médicas con que se cuenta se podría determinar con mayor antelación?

Es cierto que los avances médicos han permitido disminuir notablemente la mortalidad materna, pero queremos reducir aún más esta cifra y eliminar la mortalidad materna por cualquiera de las causas antes mencionadas.

En el caso de la segunda causal, interrupción del embarazo en caso de que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal, el proyecto de ley es muy claro al respecto, pues plantea que una alteración de carácter letal no da la posibilidad de eugenesia y los médicos presentes en esta Sala, tanto diputados, autoridades como invitados, lo saben muy bien, ya que algunos han dicho que aquí estamos hablando de aborto eugenésico, y sabemos que no es así. Estamos hablando de inviabilidad, cuando sabemos a ciencia cierta que la supervivencia de ese embrión ha sido descartada. De eso se trata la segunda causal.

Aquí se ha pretendido desvirtuar este debate al tratar de anteponer, incluso, un listado de patologías, que sabemos que evoluciona con el tiempo. Creemos que no es necesario cuando existen facultades -por lo demás, absolutamente amparadas en este proyecto de ley para que la práctica médica se haga cargo de la materia que nos convoca, resguardando el sentido del proyecto y los elementos que permitan tomar una decisión.

Respecto de la tercera causal, hay que decir que claramente es la más debatida y compleja. Hemos escuchado expresiones brutales en torno a este tema. Es lamentable ver y escuchar cómo los opositores creen en toda su dimensión en el ridículo argumento que entregó una senadora cuando dijo que las mujeres prestábamos el cuerpo. ¿Debemos entender que nuestro cuerpo es objeto de diversión, que debe ser prestado contra nuestra voluntad para ser un juguete sexual y ser forzadas a embarazarnos? Otra desafortunada expresión de una parlamentaria de derecha habla de las violaciones no violentas, como si vulnerar la autonomía, si agredir la esfera más íntima de la mujer pudiera no ser un forzamiento violento.

Si no hay violencia en una violación, entonces, ¿qué hay? ¿Hay una culpa accidental? Me pregunto si cada agresión sexual contiene repercusiones que la víctima debe cargar de por vida, pues ese contenido es el más profundo de la violencia que se ejerce contra nosotras.

Entre 2010 y 2014, la Fiscalía Nacional registró 11.848 causas de violación a mujeres, de las cuales más del 60 por ciento fueron archivadas provisionalmente.

Les quiero decir, con total pena y con la brutal consecuencia de lo que esto significa, que las cifras del Consejo Nacional de la Infancia indican que en 2015, del total nacional de delitos contra menores de edad, 18.615 fueron víctimas de delitos sexuales. Es decir, el 51,9 por ciento de las violaciones que se producen en Chile son contra menores de 14 años. ¡Eso no nos puede dejar indiferentes!

La mujer no puede ser obligada a embarazarse. Los mismos argumentos que la derecha da hoy en contra de este proyecto fueron esgrimidos contra los anticonceptivos de emergencia, las jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad, y contra las campañas del uso del preservativo.

Aquellos que están en contra del proyecto creen que la procreación es un derecho del hombre, que se puede ejercer cuando ellos quieran, como quieran y donde quieran, sin importar nuestra voluntad como mujeres. Para ellos, la mujer es un cuerpo que prestar y no una persona con derechos plenos. Es lamentable porque se trata de un debate que nos ha puesto y dispuesto en una falsa posición de quienes están por la vida y quienes, supuestamente, estaríamos en contra de ella.

Señor Presidente, pienso que lo básico de ese debate mentiroso y abusivo da cuenta de que, lamentablemente, hay un sector político que no ha querido estar a la altura de un debate tan profundo como este, con perspectivas de derecho y perspectivas sanitarias.

Debemos saludar la disposición del Ejecutivo de incluir los programas de apoyo y diagnóstico, y también de acompañamiento, tal como lo requerían nuestros colegas que propusieron esta moción. El programa Chile Crece Contigo y el sector intersectorial de protección social estarán a disposición de todas las mujeres en situación de embarazo vulnerable de nuestro país, sin importar si desean o no interrumpir su embarazo, pues no se condicionará en ningún caso su decisión. Estamos convencidos, y lo dijimos durante el debate, de que aquellas mujeres que decidan seguir adelante con su embarazo deben ser apoyadas; lo mismo debe ocurrir con aquellas mujeres que decidan interrumpirlo por cualquiera de las tres causales que se discuten. Creemos que en ello no debe hacerse diferencia, porque se trata de un derecho completamente adquirido.

Señor Presidente, algunos han dicho que la legislación que penaliza el aborto por cualquier causal Chile no ha traído consecuencias penales para las mujeres. Quiero decir que en 2014 se iniciaron 174 investigaciones judiciales por aborto consentido, 113 de las cuales involucraban a mujeres. Entre 2006 y 2010, la Defensoría Penal Pública contabilizó 398 casos relacionados con aborto consentido. De ese total, 288 imputados eran mujeres y 110 eran hombres. Es decir, estos últimos equivalen a menos de la mitad de las primeras, y, además, tuvieron condenas menores. Según la misma Defensoría Penal Pública, sus investigaciones han determinado que un aborto clandestino tiene un valor de 40.000 pesos y de hasta 4 millones de pesos, dependiendo de si el que practica es una persona sin título o un facultativo médico.

Con esas cifras, podemos deducir que la interrupción voluntaria del embarazo en Chile es un delito que criminaliza a las mujeres. Por lo tanto, al modificar el Código Penal y el Código Sanitario estamos abriendo paso también a una justicia de género.

Los que hoy apelan a la vida y que estarían, probablemente, protegiendo con esto la decisión de la dictadura de penalizar toda forma de interrupción del embarazo a raíz del decreto de 1989, suelen olvidar que ellos mismos son cómplices de quienes atentaron impunemente contra la vida durante ese período; suelen olvidar que esa misma dictadura militar cruel y homicida -de la que varios de los que están presentes fueron cómplices, como funcionarios de gobierno o como alcaldes designados-, violó y torturó a mujeres, niños y también a los no nacidos. Recordemos que hubo mujeres embarazadas que fueron desaparecidas. Recordemos que 229 mujeres fueron detenidas estando embarazas y 11 de ellas declararon que habían sido violadas. A raíz de las torturas sufridas, 20 abortaron y 15 tuvieron a sus hijos en el presidio.

Los representantes políticos de esos criminales no pueden venir a apuntar con el dedo a las mujeres de nuestro país y erigirse con una falsa estatura moral, autonombrándose defensores de la vida. Hoy, nuestro país exige más de sus representantes y demanda que las voces ciudadanas sean recogidas.

Dejemos de mirar para el lado cuando la exigencia de la mayoría no nos gusta.

Nuestra bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana aprobará gustosamente este proyecto, absolutamente convencidos y convencidas de que es un ejercicio de mejoramiento sanitario, de justicia social y de lealtad con nuestras mujeres y nuestro pueblo.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela).-

Señor Presidente, colegas parlamentarios:

Sin duda, este es un día especial. Algunos de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra lo denominaron histórico, de alegría en la conquista de derechos por la mujer. Otros han indicado estar profundamente tristes. Ambas reacciones representan los diferentes pensamientos de la sociedad chilena sobre esta materia.

Quiero referirme brevemente a la historia del derecho de aborto en la legislación chilena, porque los cambios han sido paralelos al devenir sociológico de nuestra sociedad.

En un Chile progresista y laico, como fue desde 1930 hasta la dictadura -coincidente, además, con las grandes transformaciones impulsadas por los gobiernos radicales-, el problema del aborto se radicó exclusivamente en el terreno sanitario, y la decisión de realizarlo era tomada por una junta médica, sin especificar causas que siempre serían médicas.

En dictadura, la junta militar, por imposición, decide el momento en que se inicia la vida y declara que la condición materna es secundaria y sacrificable a todo evento. Soy católica, pero dicha decisión constituyó un retroceso en los avances de la separación del Estado y la Iglesia. Han debido pasar 26 años desde recuperación de la democracia para replantearnos esto.

Insisto en mi fe católica, pero además soy médico y política. Me encuentro día a día con la realidad que viven demasiadas niñas y mujeres de nuestro país y entiendo que no puedo imponer a los demás mi fe y mis elecciones personales. He aprendido a golpes que “otra cosa es con guitarra”.

La Cámara es rica en diversidad y, además, representa a la sociedad chilena, pero ninguno de nosotros tiene las competencias ni la aspiración de definir en qué momento empieza la vida.

El debate en la Comisión de Salud, y luego en la de Constitución y en la de Hacienda, ha durado muchos meses y la ciudadanía ha sido testigo de cómo hemos escuchado a todos los representantes de grupos de interés. Hay que dejar en claro que este proyecto no legaliza el aborto y solo lo despenaliza cuando existen tres condiciones específicas. Para el resto de los casos, la interrupción voluntaria del embarazo seguirá siendo un delito perseguido por ley.

La discusión ha sido compleja en cada una de las tres causales. Sobre las dos primeras -peligro de vida de la madre y malformación del feto, incompatible con la vida-, se ha podido avanzar en acuerdos y, por tanto, modificar la iniciativa en este aspecto a través de indicaciones, de manera de dar seguridad a todos de que habrá precisión en los diagnósticos y de que, además, la decisión última será de la mujer, conociendo los riesgos.

La tercera causa, el caso de violación, es la que ha resultado más polémica, lo cual también se palpa en la ciudadanía y en las diferentes encuestas de opinión difundidas por los medios.

Según el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), el 87 por ciento de los jóvenes adhiere a la medida, pues han transcurrido siglos de no reconocimiento de los derechos de la mujer. La ciudadanía lo percibe y sabe que esa situación debe cambiar.

Según la encuesta Cadem publicada el 13 de julio del 2015, el 69 por ciento de la ciudadanía aprueba el proyecto, el 74 por ciento aprueba el aborto en el caso de riesgo de la madre y el 72 por ciento lo aprueba en caso de violación. Me quiero detener en esta última causal.

Quiero compartir con ustedes que muchas veces me sorprendí en la comisión al escuchar presunciones que para mí son inverosímiles. Por ejemplo, se habló del tráfico y del comercio de placentas, en el que, incluso, los parlamentarios podríamos tener interés; o de cómo podía fingirse una violación. Francamente, me sorprendí ante la desinformación e irresponsabilidad de expositores que ni siquiera habían leído el proyecto. No obstante, fuimos despejando la paja del trigo.

Quiero explicar, con términos lo más simples posible, por qué votaré a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo en caso de violación.

(Aplausos en las tribunas)

En el caso de las mujeres adultas, con o sin pareja, podemos suponer dos tipos de violación:

a) La que ocurre en un entorno de maltrato habitual, como expresión de violencia intrafamiliar, en mujeres adultas vulneradas. En este caso, si hubiere embarazo y la mujer solicitara su interrupción, deberá hacerse una denuncia y la investigación de la violencia reiterada, la vulneración de derechos, etcétera. Debo decir, en todo caso, que lo menos probable es que la mujer víctima de violencia reiterada denuncie un embarazo en el marco de una relación de pareja formal.

b) En segundo lugar, analicemos el caso de las mujeres que sufren una violación como un suceso único. Según estadísticas, lo más probable es que de ellas solo el 10 por ciento se embarace y que, además, no denuncie la violación. Si llegara a producirse un embarazo, la mujer se verá forzada a denunciar la violación para solicitar su interrupción. En consecuencia, aunque se interrumpa el embarazo, el caso se verá en sede judicial.

En el caso de mujeres adultas es altamente probable la utilización de métodos anticonceptivos. Si no es así, existe la posibilidad de recurrir a la “píldora del día después”.

Finalmente, llegamos al objeto fundamental de incluir la causal de violación: las adolescentes y las niñas. En lo personal, la situación que las afecta es la que me hizo tener la convicción acerca del voto que formularé. Lamentablemente, en nuestro país existen miles de niñas y adolescentes que son violadas en su entorno. Son violadas por sus padres, padrastros, primos, hermanos, tíos o abuelos y una infinidad de etcéteras, de manera reiterada y compartiendo el mismo techo que su agresor. Esa niña no tiene las mismas herramientas que una mujer adulta, ya que siempre su condición es de extrema vulnerabilidad, sea por edad, condición socioeconómica o cultural.

En ellas centro mi voto, pues la ley en proyecto establece que en aquellos casos en que una menor de 14 años sea violada, se entregará la facultad jurídica a un médico cirujano, quien deberá establecer que la intervención se justifica para proteger a la niña y para evitar exponerla a mayores riesgos que puedan afectarla.

Estamos poniendo el foco en esas niñas que pasan de ser impúberes a estar embarazadas sin jamás haber tenido la regla, y que, además, evidenciarán tardíamente su embarazo. Por esa razón se ha hecho una distinción en el número de semanas en el que puede interrumpirse la gestación.

Hago un paréntesis para tratar de explicar por qué en este caso se establece un umbral de doce semanas de gestación. El criterio tiene que ver con el crecimiento del feto y no con la diferenciación de los órganos, pues, a partir de las doce semanas, el procedimiento se torna mucho más complejo y peligroso debido al tamaño que va adquiriendo el feto.

Como mencioné, el foco por el cual se incluyó la causa “violación” fueron las niñas y las adolescentes.

En la comisión escuchamos el testimonio de la directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), quien, con lágrimas, se refirió a una cifra para mí sorprendente: de todas las niñas internadas en hogares del Sename, 2.600 estaban embarazadas.

La diputada Cristina Girardi fue muy clara para expresar los sentimientos femeninos respecto de la violación y me siento plenamente representada por su discurso. No puedo imaginar el sufrimiento que puede significar estar embarazada del propio padre o de un ser al que se le teme y se le odia. Por ello, me parece inconcebible que el Estado pretenda obligar a esa niña-mujer a revivir permanentemente su violación, manteniendo el embarazo hasta el término. Estoy de acuerdo en que ella decida, y este proyecto es innovador al reconocer esa capacidad de decidir de una niña adolescente, que algunos consideran apta para ser madre.

Insisto en que a lo largo de este año de discusión, en la que he participado activamente en la Comisión de Salud, me he formado la convicción de que estamos lejos de abrir la puerta al aborto libre, como los sectores conservadores de nuestra sociedad han tratado establecer en el juicio público.

Además de votar a favor esta futura ley por el trabajo propio que hemos puesto en ella a través de indicaciones, también respondo a un compromiso con un programa de gobierno, al que adherimos todos los que conformamos el pacto de la Nueva Mayoría, en el marco de nuestras respetivas campañas. Voy a honrar ese compromiso.

(Aplausos en las tribunas)

Con estas nuevas disposiciones estamos dando un paso importante en nuestra legislación. La ley en proyecto no obliga a nadie ni legaliza el aborto. Por el contrario, reconoce a las mujeres como seres libres de decidir, les otorga mayor protección y permitirá que, como país, dejemos de formar parte del grupo conformado por seis naciones que aún conservan normativas impositivas en la materia.

Por lo dicho y porque defendemos un Estado laico, en el que todos tenemos un lugar y podemos ejercer en forma particular nuestra fe, anuncio que la bancada del Partido Radical apoyará despenalizar el aborto en estas tres causales.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Enrique van Rysselberghe .

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Señor Presidente, la discusión acerca del aborto en tres causales ha sido vista por muchos de mis colegas desde una óptica equivocada. Creo que esta no es solo una discusión legal respecto de los derechos de la mujer ni tampoco sobre cierta modernidad cultural o moral. Lo cierto es que este es fundamentalmente un debate antropológico, pues define el tipo de hombre y de mujer que aspiramos a construir en nuestra sociedad.

Desde este punto de vista, promover el aborto en tres causales es limitar el concepto de persona humana, tal como en el pasado lo hicieron los nacionalsocialistas y los comunistas.

Los nazis limitaron el concepto de ser humano en función de una raza. Así, solo merecían el concepto y el reconocimiento de persona humana aquellos que pertenecían a la raza aria. Los demás eran mucho más que animales, pero mucho menos que hombres. Seis millones de judíos fueron eliminados, una vez que les fue retirada su condición de humanos. En consecuencia -según los nazis-, como no eran considerados personas humanas, su eliminación no constituía homicidio, sino solo una limpieza étnica.

Por su parte, los comunistas pensaban que los únicos que merecían ser llamados seres humanos eran los que pertenecían a una clase social: el proletariado. Así, todos los que no pertenecían a esa clase podían ser aniquilados, como objetivamente ocurrió en los regímenes comunistas del siglo XX. Cien millones de muertes se le atribuyen al comunismo en poco más de sesenta años de vigencia.

Pues bien, hoy en nuestro país hay quienes dicen, al igual que los nazis y los comunistas, que la vida humana se puede limitar, ya no en función de una raza ni de una clase social, sino en razón de un estado o período del desarrollo humano.

Entonces, en esa lógica, serán personas humanas solo quienes superen cierta cantidad de semanas de gestación, y dejarán de serlo aquellos que no lo logren.

Me inquieta profundamente el razonamiento antropológico de los abortistas y el que este sea el mismo que emplearon los nazis para matar a seis millones de judíos y que todavía siguen utilizando algunos regímenes comunistas para tiranizar a sus pueblos y perseguir a quienes piensan distinto.

Me preocupa que al final del día nuestro país deje de tener una visión integral de la persona humana, en la que se respeten los derechos de todos los seres humanos: nacidos y por nacer.

Creo que, al margen del juego de palabras y del hábil manejo del vocabulario que utilizan los abortistas, el votar a favor de este proyecto es, sin duda, votar en favor del exterminio de personas humanas, en favor de eliminar a niños por nacer, en favor de limitar el concepto de ser humano.

(Aplausos y manifestaciones en las tribunas)

Permítame decirle, señor Presidente, que siempre que esto ha ocurrido, en los hechos han terminado muriendo los inocentes a los que se les ha quitado dicha condición.

Por eso, porque creo que todos tenemos los mismos derechos: los nacidos y los no nacidos, y por la defensa férrea de los más indefensos, votaré en contra de esta lamentable iniciativa.

He dicho.

-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Juan Morano .

El señor MORANO.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a las ministras que nos acompañan, en especial a la señora Ximena Rincón , quien alguna vez estuvo sentada en este hemiciclo.

Formo parte de la Cámara porque muchos hombres y -sobre todo mujeres de Magallanes votaron por mí. Hice mi campaña impulsando el programa del gobierno que la Nueva Mayoría y mi partido propusieron, el cual hoy aún apoyan.

Durante dicha campaña y ante reiteradas consultas que me formularon en foros, debates y medios de comunicación, siempre señalé que estaría de acuerdo en despenalizar la interrupción del embarazo en tres causales, con las debidas regulaciones.

Hoy no pienso distinto.

(Aplausos)

Mi compromiso personal y esencial es con la vida, con los derechos humanos, ayer, hoy y mañana. Tengo mi propia convicción acerca de cuándo se inicia la vida y de cuándo estamos ante la presencia de un ser humano, aunque sea incipiente.

No obstante lo anterior, nada me autoriza, impulsa o faculta a creer o pensar que puedo imponer mi particular visión, mis propios principios, mis creencias religiosas, éticas o morales a las demás personas. Por cierto que trataré de dialogar, como lo he hecho siempre; de persuadir, de convencer, pero jamás de imponer.

Sabiamente, mi partido, la Democracia Cristiana, nunca pretendió limitar la libertad de conciencia personal, ni con acuerdos de congresos ni con acuerdos de juntas o consejos ni menos con reservas de expertos. Lo que cada uno de nosotros vote hoy será lo que nos dicten nuestra conciencia y libertad.

Por mi familia, por mi esposa, por mis cuatro hijos, votaré a favor de la idea de legislar, aprobaré las dos primeras causales propuestas y, con la debida reserva, pidiendo votación separada, también votaré positivamente la tercera causal.

(Aplausos en las tribunas y manifestaciones en la Sala)

Señor Presidente, no vine a buscar el aplauso fácil ni la crítica difícil; sin embargo, no puedo aceptar que colegas que no vieron la tortura, que no vieron la muerte, que no vieron la desaparición, que no vieron a quien nos trataba de “humanos” y de “humanoides”, hoy pretendan venir a darme clases de moral en este hemiciclo.

Por eso, votaré a favor. He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo cordialmente a las señoras ministras y a todas las personas presentes en las tribunas.

Sin lugar a dudas, este es un tema controvertido y uno de los más oscuros de toda sociedad, precisamente porque aborda la destrucción del nasciturus y viene a dar solución a una materia no grata de toda sociedad, ya que, a pesar de décadas de planificación familiar, el aborto aún es recurrente. Debido a su opacidad, no existen cifras oficiales sobre el número de abortos practicados en nuestro país, pero se estima que estos bordean los 100.000 al año.

Al respecto, la prohibición del aborto ha significado la proliferación de un mercado negro que satisface esta demanda. Asimismo, muchas veces estos procedimientos son realizados en condiciones deplorables, lo que en numerosos casos ha significado la muerte de la progenitora. Ante esta realidad, el Estado y nosotros, como sociedad, debemos aceptar esta situación absolutamente objetiva.

Lo controvertido del debate ha gestado posiciones extremas: por un lado, aquella que lo prohíbe en todas sus causales, amparada en el conservadurismo y una visión muchas veces religiosa y fundamental del ser humano, que ve en el aborto el asesinato de un ejemplar de la especie humana; y por el otro, la de quienes ven en el aborto una expresión de más derechos reproductivos de la mujer por sobre otros.

Al respecto, el caso del proyecto de ley que estamos discutiendo es una síntesis de esas posiciones confrontadas, y se sustenta en el carácter conservador de nuestra sociedad. No obstante, esta iniciativa es un avance sustantivo, ya que despenaliza el aborto en tres contextos específicos: cuando el embarazo pone en peligro inminente la vida de la madre, cuando existe inviabilidad fetal e imposibilidad de vida extrauterina, y -se ha dicho en forma reiterada-, naturalmente, en los casos de violación.

Ante un debate de tamaña envergadura es preciso recordar que hasta el año 1989 en nuestro país se contemplaba el aborto en contextos determinados y que fue el fundamentalismo religioso de quienes redactaron -a mi juicio, ella es ilegítima desde su origenla Constitución que rige nuestra vida en sociedad el que estableció la prohibición absoluta del aborto, lo que significó un claro retroceso en comparación al Texto Constitucional de 1925.

(Aplausos)

Contenido del proyecto

En la primera causal se argumenta que la mujer tiene un deber solidario con el feto. Sin embargo, aunque se respeta el derecho a la vida del que está por nacer, este colisiona con el derecho a la vida de la madre en el caso de que ella peligre. Por tanto, se debe tener en consideración la integridad de la progenitora.

En la segunda causal, la de la inviabilidad del feto, no se está abriendo la posibilidad del aborto eugenésico, sino que solo se considera la imposibilidad de la vida posterior al nacimiento, lo que, sin duda, es un alivio -ello, a pesar del amor que le tienen a su pequeño para los padres que tienen la certeza de que su hijo finalmente no vivirá.

Por último, la causal de la violación es, por cierto, la más controvertida de todas. Pero está abierta la posibilidad de debatirla.

Al respecto, en nuestro país se cometen diariamente 17 violaciones, de las cuales el 60 por ciento son perpetradas por cercanos a las víctimas. Esto significa que muchas veces se trata de un delito que se comete en la intimidad del hogar. En este caso, la legislación actual impone, so pena de cárcel, la maternidad a víctimas de un hecho violento y traumático.

Por último, anuncio que apoyaré este proyecto en todas sus causales. He dicho.

-Aplausos en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo de la bancada del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, hemos escuchado varios argumentos de uno y de otro lado, pero el que más me ha llamado la atención es aquel en que se han comparado las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar con lo que estamos tratando aquí.

Podríamos ser más crueles y decir que el gobierno militar, o la dictadura, como quieran llamarlo, al menos mataba a personas adultas, pero ustedes matan seres humanos antes de que nazcan.

¿Cuál es la diferencia entre esos dos crímenes?

(Manifestaciones en las tribunas)

Me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre esos dos crímenes?

Hemos dicho en todos los tonos que debemos tener la conciencia tranquila, porque reconocimos que hubo violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar. Pero esta otra situación no se quiere reconocer.

Nos dan como gran argumento que van a cumplir el programa de gobierno. Nada más. Ese es el gran argumento.

Con profundo respeto por quienes votarán a favor el proyecto, pero con tremendo dolor, les pregunto cómo no han recapacitado respecto de lo que están haciendo, cómo no se dan cuenta que están matando a personas que no pueden pensar ni defenderse, cómo no se dan cuenta de que les están quitando la vida antes de nacer.

Por último, vayan a la iglesia los que creen en Dios y denle gracias a Dios porque sus padres no fueron “aborteros”, porque, si no, no estaría ninguno de ustedes en las tribunas aplaudiendo el aborto.

En verdad, los partidarios del aborto juegan con la vida humana; creen que es muy avanzado, muy moderno, disponer de esa herramienta.

Me gustaría hacer una pregunta respecto de la primera causal de despenalización del proyecto, que se pone en el supuesto de que la madre esté en peligro. Y si la que está por tener un hijo es una madre con cáncer terminal, ¿qué hace el médico? Lo pregunto. No quiero respuestas hoy. Solo dejar establecido que, al parecer, será el médico el que decida; él tendrá la facultad para decidir. ¡Por algo intentan protegerse!

¡Miren cómo se defienden los médicos! Quieren tener seguridad de que la ley los amparará cuando practiquen abortos a diestra y siniestra. Eso no está bien.

Segunda causal: la malformación del feto. He conversado con muchas madres que han tenido un hijo con algún problema, ¿y saben lo que me ha dicho la madre que ha tenido a ese hijo? Quizás algún familiar de ustedes está en esa condición. Me han dicho que ha sido una bendición de Dios. Ha servido para entregarle amor al hijo que Dios me ha dado. Y eso no tiene precio.

(Aplausos)

Eso es lo que estamos defendiendo quienes estamos en contra del aborto.

Por último, el caso de los violadores. Este proyecto de ley impide que una niña menor de edad diga quién es su violador. O sea, le hacen un aborto y la siguen violando.

Lo que se debe hacer es meter preso al señor que viola a esa niña; no debe estar en su casa.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Hago presente a las personas que se encuentran en las tribunas que deben guardar silencio.

El señor GARCÍA.-

¡Déjelos, señor Presidente!

¿Por qué en algunos casos esas niñas no se atreven a denunciar a sus violadores? Por una razón muy simple: porque muchos de esos violadores son los que llevan el sustento a la casa.

Por eso, el gobierno actual o los que vendrán deberían entregar sustento a las familias que denuncian a ese violador, para que él vaya a la cárcel y la niña viva segura.

(Aplausos)

Por otro lado, decían que habría que darles la píldora del día después. Al respecto, hubo otra discusión. Bueno, tómese la píldora si quiere, pero no maten a la guagua. Me parece injusto matar a los niños que están por nacer.

A los que dicen que esas criaturas son materia inerte, les pregunto: ¿Crecen por inercia?

¿Crecen porque tienen que crecer? No, están creciendo porque son un ser vivo que se está desarrollando. Esa es la verdad.

Por lo tanto, quienes creemos en la vida humana, en el derecho a nacer, en las enseñanzas que se nos han dado, indudablemente votaremos en contra la idea de legislar de este proyecto que establece esas tres causales. Y les digo una cosa: más temprano que tarde podremos pasearnos por la calle con nuestra conciencia tranquila al ver que hemos permitido que nazcan niños, que tanta falta le hacen a este país y que tanto necesitamos como generaciones venideras.

Por lo tanto, con mucho orgullo y honor, pase lo que pase, votaré en contra el proyecto de ley.

He dicho.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por once minutos, el diputado señor Miguel Ángel Alvarado .

El señor ALVARADO.-

Señor Presidente, la sociedad actual interactúa en redes de globalización, lo que le da un carácter pluralista, dado que en ella conviven personas con distintos valores y posiciones religiosas, aunque han variado con el transcurso de los años.

En efecto, en el siglo XIX la Iglesia católica aún aceptaba la teoría de la hominización tardía, que incluso establecía plazos: cuarenta días para los hombres y ochenta para la mujer, para el alojamiento del alma humana en el feto. En la actualidad aún quedan teólogos que la siguen revisando.

Estas posiciones requieren respeto y tolerancia, conforme al principio de respeto a las personas con concepciones distintas de la vida buena e ideales con lo que significa el respeto del bien y la felicidad.

Coexisten creencias diferentes e ideas políticas y filosóficas.

Por lo tanto, en este momento, siglo XXI, se exige establecer entre estos “extraños morales” -concepto de Engelhardtuna forma de convivencia más bien armónica, reconocer ciertos deberes mínimos que todos los extraños estemos obligados a respetar para salvaguardar los derechos e ideales de todos, lo que marca distancia con aquello que acontecía en sociedades premodernas.

Por otra parte, el desarrollo científico-técnico nos confronta a diálogos sin experiencias ni parangón previo en la historia de la humanidad; nos genera preguntas morales inéditas. ¿Es legítima la fecundación in vitro? ¿Es legítima, y en qué límite, la prolongación artificial de la vida humana? ¿Es legítima la crio conservación de embriones y la manipulación genética de vegetales y animales, incluida la especie humana, etcétera?

No se trata, pues, de reemplazar la moral y la ética tradicional, sino de complementarla en relación con los problemas actuales, que nos solicitan, por ende, nuevos procedimientos.

En el caso del que estamos hablando, ¿en qué momento del ciclo de embriogénesis el óvulo fecundado deja de ser simplemente parte de un proceso que ocurre en el cuerpo de la mujer y se constituye en una persona distinta? Esa es la pregunta.

En la mayor parte del mundo se acepta que los derechos del óvulo recién fecundado no son iguales a los de un feto de nueve meses. Por cierto, estos derechos van en aumento a lo largo del desarrollo embrionario y fetal.

Este concepto de estatus moral del feto es aceptado por la mayoría de las corrientes filosóficas, religiosas y legislaciones del mundo.

Hay grupos que sostienen que la célula, el cigoto, posee plenos derechos, iguales a los de la mujer que lo lleva en su cuerpo. No obstante, en Chile es difícil explicar cómo aceptamos, entonces, desde hace más de cuarenta y cinco años, el uso de la “T” de cobre o dispositivo intrauterino en las mujeres.

Acá las posiciones varían, y es difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo. Estamos claros en eso. Pero no nos parece posible aceptar que el cigoto tiene iguales derechos morales y legales que la mujer. De la misma forma, tampoco nos parece aceptable justificar que el feto de nueve meses tenga igual autonomía que la de la mujer.

Se nos da este conflicto entre los derechos de la mujer y los que va adquiriendo el feto, en la medida en que se pone en especial evidencia en los casos en que amenaza la vida de la mujer. En casos en que se reconoce el riesgo de la vida de la madre, esta tiene prioridad sobre la vida del feto, como se acepta en la legislación del 98 por ciento de los países del mundo.

Tenemos casos, y hemos vivido casos, como el síndrome de Hellp o el cáncer de cuello uterino.

No estamos hablando de fetos más allá de las doce semanas -quiero dejarlo claro-, sino solo en proceso, que ni siquiera tienen el desarrollo del sistema nervioso central, donde muere la mujer en muchos casos. Esta es la situación que se afronta en los hospitales y en los servicios de urgencia y de ginecología de nuestro país.

La protección de la vida de la mujer debe prevalecer y ser digna de atención en los centros de salud, en especial en los que reciben aporte estatal.

Debemos respetar la objeción de conciencia, es cierto; pero en el caso de que se trate del único profesional disponible, debe primar la protección de la mujer y debe proveerse la asistencia sanitaria.

La experiencia mundial nos muestra que los países en que la ley restringe severamente el aborto no son los que tienen las menores tasas de morbilidad o mortalidad en las mujeres, o en el aborto de feto; al contrario, las cifras son mayores y las enfermedades son mayores.

En otros casos, como los de malformación incompatible con la vida extrauterina, mantener el embarazo no beneficia al feto y claramente perjudica a la madre, que se ve obligada a seguir con su embarazo bajo esta coacción, lo que no tiene justificación ética alguna. En ese caso, por supuesto se debe interrumpir el embarazo tan pronto como la mujer lo solicite. Recordemos que el proyecto de ley en estudio no impone absolutamente nada.

Las tres situaciones que se plantean se ajustan a los principios de autonomía y de justicia social, como hemos manifestado en este caso. Debemos llegar a un consenso para dar prioridad al principio de autonomía de las personas, además de distinguir entre el reconocimiento de los derechos y del estatus moral de quien está por nacer y de la mujer embarazada. Cuando el embarazo coloca en riesgo la vida de la madre, no debería existir límite de edad gestacional para aceptar la interrupción del embarazo. Asimismo, el aborto debería estar permitido cuando se diagnostica que el feto tiene una malformación incompatible con la vida extrauterina. De igual forma, la mujer embarazada de un feto gravemente malformado no debería recibir ninguna presión para provocar el aborto o para continuar con el embarazo.

En el caso que nos compete, el legislador debe hacer abstracción de la conducta moral del individuo, pues su análisis ético es distinto, ya que se refiere a decidir qué acciones de cualquier individuo de una sociedad deben ser permitidas y cuáles, penalizadas. En este caso, se debe tomar en cuenta el bien común y no la conducta moral de un individuo.

Un artículo de bioética señala que un miembro del Parlamento puede tener la convicción personal de que el aborto no es aceptable o solo lo es en situaciones muy excepcionales, pero él o ella puede estar a favor de la descriminalización del aborto si considera que de esta forma protege la salud de la población y repara una situación de injusticia, a pesar de que ello puede entrar en conflicto con sus creencias religiosas.

Estoy en lo correcto al decir que este largo período de análisis del proyecto que tuvieron las comisiones nos lleva a tomar medidas que reducirán el alto costo personal y social del aborto en nuestra sociedad.

Por lo tanto, apoyaremos la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales señaladas.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-

Señor Presidente, tal como dijo a principios del siglo XX Luis Emilio Recabarren , el maestro de la lucha por la emancipación de hombres y mujeres, y fundador de nuestro partido: “La historia de la mujer es la historia del martirio, del dolor y de la abnegada sublimidad”.

Así es y así ha sido. Conservadores fanáticos y derechistas ven en la mujer la maldición de Eva: instigadora del mal, culpable y responsable de todas las desgracias de la humanidad, relegada a un papel secundario, a un papel doméstico de crianza en su casa.

Con el nacimiento de la república, solo nace la república de los hombres. La mujer queda excluida de sus derechos civiles y políticos. No es sino hasta la primera mitad del siglo XX que, mediante el avance de su lucha, logra el derecho a voto en las elecciones municipales de 1935 y recién logra votar en las elecciones generales de 1952, en la que participó por primera vez en una elección presidencial. Solo en 1970 llega a la paridad con los votantes masculinos. Y por qué no recordar que hasta 1945, cuando se buscaban razones sobre el femicidio, el marido tenía el derecho a asesinar a la esposa si esta era encontrada con otro hombre. En suma, la mujer reducida a cosa, a pertenencia.

No debemos olvidar que quienes consentían esas situaciones y se oponían a la libertad plena de la mujer fueron la derecha, los conservadores y la jerarquía de la Iglesia, los mismos que hoy se oponen a este derecho que se está concediendo a la mujer para interrumpir el embarazo en ciertas situaciones trágicas.

¿Debe el Congreso Nacional volver a tender la mano de la historia legislativa a esos sectores oscurantistas? Definitivamente, no.

Respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, hemos avanzado en algunos aspectos, pero aún queda mucho por hacer.

En este marco, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas emplazó a Chile en 2015 a avanzar en la adopción del proyecto de ley que estamos debatiendo, en el que debía primar tanto el derecho a la salud como a la vida de la mujer. Esto lo dijo nada menos que las Naciones Unidas en su informe sobre derechos humanos en Chile.

Recordemos que el Congreso Nacional lleva veinte años postergando este debate, con lo que hemos pospuesto el reconocimiento de la mujer como ciudadana plena, con autonomía y con poder de decisión sobre su cuerpo, su salud, su bienestar y su vida.

Hoy damos un pequeño paso al respecto; pero todo será en vano si nos dejamos embaucar por las voces que han condenado a las mujeres al calabozo de la historia y de la república.

El proyecto debe asegurar la plena confidencialidad de los médicos y de los equipos de salud, y resguardar que la consejería de acompañamiento no sea disuasiva. La mujer no es un sujeto interdicto, sino un ser humano con pleno derecho a ejercer su más plena libertad, según le indiquen su conciencia, su autonomía y su dignidad moral.

Nada justifica poner en riesgo la vida y la libertad de la madre para responder a caprichos filosóficos y religiosos fundamentalistas. Menos razonable resulta obligar a una mujer a llevar el dolor por una violación de la que ella fue víctima, durante nueve meses y por toda su vida; pero hoy, de acuerdo con nuestra legislación, se transforma en imputada y en condenada.

El proyecto no obliga a abortar, sino que genera las condiciones para que las mujeres tomen una elección segura respecto de su cuerpo y de su vida cuando esté en peligro o ha sido ultrajada.

Toda la evidencia indica la correlación entre aborto inseguro, aborto ilegal y mortalidad materna. Por eso, estamos dispuestos a legislar en favor de la vida. Sí, con este proyecto de ley salvaremos vidas. Negar la interrupción del embarazo por estas tres causales es atentar contra los derechos humanos de la mujer, es negar su derecho a la vida y a la libertad.

Ronald Dworkin señaló algo muy interesante cuando dijo que tomáramos los derechos en serio. Los legisladores hemos sido puestos en este lugar por la soberanía popular, no para predicar sobre el bien o el mal. Aquí no soy un pastor ni un religioso, sino un legislador elegido por un pueblo que tiene diversas creencias, convicciones, ideas y diversidad social. Aquí estamos para legislar.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Reitero el llamado a las personas que están en las tribunas. Tenemos un día y medio de debate. Hay que permitir que los diputados se expresen. Estamos en un país que respeta la libertad de expresión y particularmente el derecho de los parlamentarios a argumentar antes de votar este importante proyecto de ley. Así es la democracia.

Puede continuar, señor diputado.

El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-

Señor Presidente, no me molesta que griten, es señal de que avanzamos.

Los parlamentarios estamos para legislar, para hacer las leyes, para decir lo que es justo institucionalmente. Bien dijo Víctor Hugo : “Ser bueno es fácil; lo difícil es ser justo.”. Y estamos en el Congreso Nacional para hacer leyes justas, no para predicar lo que es bueno o malo en la sociedad. Cada cual elegirá su camino; a ninguna mujer se le obligará a abortar. Este no es un proyecto abortista. Al contrario, responde al pedido constante de las Naciones Unidas para que legislemos sobre la materia.

Por lo demás, el acto que los parlamentarios necesitamos ejercer con mayor racionalidad es cuando imponemos una sanción, cuando castigamos a alguien. Cada vez que ejercemos el derecho que el Estado tiene para sancionar a una persona, le estamos diciendo que su conducta es reprobada por el cuerpo social, por lo que le aplicaremos un castigo, una sanción para disuadirla y para demostrarle que su conducta es reprochable.

Sin embargo, tenemos que preguntarnos si podemos reprochar a una mujer que interrumpe su embarazo porque fue víctima de una violación, porque está en riesgo vital o porque el feto es inviable. La norma vigente la sanciona penalmente; en cambio, el proyecto establece no sancionarla penalmente.

¿Por qué la vamos a sancionar si decide interrumpir su embarazo, si este es consecuencia de que ha sido violada?

El acto máximo que podemos hacer es dictar leyes penales que sancionen a personas, que les digan que el cuerpo social reprocha su conducta.

La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿El cuerpo social, la sociedad chilena, rechaza, reprueba que se castigue a la mujer por interrumpir su embarazo según las tres causales? El cuerpo social no la rechaza. En consecuencia, no tenemos por qué tener leyes penales que sancionen a la mujer porque resuelve abortar de acuerdo a las causales sobre las que estamos legislando. Es necesario hacerlo. No hay ningún cuerpo social, ninguna sociedad que nos lleve a legislar o a mantener la sanción penal en contra de la mujer por abortar.

La ultima ratio, la última argumentación que puede dar un Estado para disuadir una conducta es la sanción que imponemos hasta hoy, porque seguramente vamos a dar el gran paso para que al menos en estas tres causales no haya sanción penal. El cuerpo social rechaza la sanción penal contra la mujer si interrumpe el embarazo en esas causales.

No le estamos dando chipe libre a nadie; este no es un proyecto de ley abortista. Solo estamos reconociendo, de una vez por todas, que la mujer no puede ser sancionada penalmente en estas tres causales, que, sin duda, vamos a aprobar.

Si analizamos las actas, los que se oponen a aprobar la despenalización del aborto en estas tres causales, son los mismos que dijeron que las mujeres no tenían que ir a la escuela, porque no debíamos sustraerlas de sus tareas domésticas; son los mismos que dijeron que no podían ir a las universidades; son los mismos que dijeron que no tenían derecho a voto, porque también era sustraerlas de sus tareas domésticas. Es decir, son los mismos que han dicho que la mujer no tiene derecho a estudiar, no tiene derecho a votar, no tiene derecho a ser elegida, no tiene derecho sexual ni reproductivo. En consecuencia, son los mismos que hoy se oponen a este proyecto de ley, que es exigido no solo por nuestro país, sino por Naciones Unidas en sus reiterados informes de derechos humanos.

Hay que respetar la dignidad y la autonomía de las mujeres. He dicho.

-Aplausos

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, esta es una de las decisiones más difíciles que nos ha tocado tomar. Desde que ingresó a tramitación el proyecto al Congreso Nacional, cada uno de nosotros ha hecho una reflexión íntima, pero también colectiva. Se trata de una decisión que debo tomar no solo como diputada, sino como mujer, por lo que se hace mucho más compleja.

Cuando asistimos a reuniones, incluso sin relación con este tema, nos preguntaban cómo íbamos a votar. Yo respondía con la sinceridad que nos debe caracterizar a todos: que no sabía cómo iba a votar; que para mí era muy difícil votar enfrentando la realidad y lo que realmente pienso.

Si hubo algo que rescaté de la conversación permanente, que fue riquísima, con hombres y mujeres, con dirigentes, con gente que vive cotidianamente estas dificultades, fue que debíamos legislar y resolver la disyuntiva, que debíamos aclarar este problema de frente al país.

Por esa razón, quiero solicitarle a la ministra, por su intermedio, señor Presidente, que lo que ha propuesto la Democracia Cristiana en relación con mejorar la ley de adopciones y con el acompañamiento, sea escuchado, porque es una alternativa importante que se debe tomar en cuenta.

(Aplausos)

¡Por favor, no aplaudan! ¡De ninguno de los dos sectores!

Si hay algo traumático para una mujer es esto. No hay amor más grande que el de una madre por sus hijos. ¡No hay amor más grande que ese! Estén como estén.

Creo en la vida desde su concepción; creo que no debe haber aborto aunque el feto sea inviable, creo que ese ser debe morir al nacer y no antes; creo que el feto es potencialmente persona desde la concepción. ¡Creo en todo eso!

Asimismo, creo en la libertad de conciencia de los profesionales y, por eso, a nadie se le puede obligar a practicar un aborto.

El dolor de una mujer violada es inmenso, porque además de lo que dijo la diputada Cristina Girardi , tiene que haber conciencia y consentimiento. Cada uno va a una relación sexual con conciencia, con consentimiento y sabiendo las consecuencias. ¡Aquí no hay nada de eso! Por eso es brutal.

Sin embargo, porque creo en lo que he dicho, tengo que darle la posibilidad a aquellos que no creen a elegir distinto. Por mis convicciones, mi fe, mi conciencia, mis creencias y mi propia historia sé que debo dar la posibilidad a otros que piensan distinto, que tienen una realidad distinta, de tomar decisiones diferentes de las que yo tomaría en similares circunstancias.

Por esa razón, pese a no ser partidaria del aborto en ninguna de las tres causales, entiendo que una mujer y su familia pueden tomar otra opción distinta de la que yo tomaría.

En consecuencia, voy a votar a favor las tres causales, porque si todos votáramos en contra el proyecto de ley, cerraríamos la puerta a que otras personas que piensan distinto pudieran elegir. ¡Esa es la diferencia!

(Aplausos)

No puedo pedir que todos piensen como yo, que crean lo que yo creo. Lo que estoy diciendo es que con mis creencias -como bien dijo el diputado Miguel Ángel Alvarado -, con mi credo, con mi historia, con mi forma de ser, tengo que darles la posibilidad a otros que miran la vida de una forma distinta, incluso pese a las complicaciones que puede enfrentar una mujer al decir que necesita un aborto.

Por lo tanto, con el dolor de una mujer que es madre y con mis creencias, voy a votar favorablemente las tres causales.

He dicho.

-Aplausos

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alberto Robles .

El señor ROBLES.-

Señor Presidente, este es un tema relevante para la sociedad chilena. Desde el punto de vista sanitario, durante muchos años los médicos, amparados en la ley, practicaban abortos terapéuticos sin mayores problemas, porque se entendía que la ley amparaba el acto médico cuando se trataba de salvar una vida, sobre todo la de la madre. La decisión tomada durante el gobierno militar, en el sentido de eliminar del Código Sanitario la causal de aborto terapéutico, trajo como consecuencia una mirada que, a mi juicio, hoy nos tiene en este debate. En ocasiones pasadas, en el Congreso Nacional se desarrollaron debates como este, pero más bien pensando en el aborto en general.

El tema sobre el cual estamos legislando hoy es muy distinto al del aborto en general. En primer lugar, estamos debatiendo si una mujer que se encuentra en riesgo vital, porque está desarrollando un embarazo inviable, tiene derecho a que un facultativo la atienda en forma adecuada y con el conocimiento que significa el arte médico para resolver su problema. A mí me parece que sí. Esa mujer tiene derecho a que su vida sea salvada por la vía de darle autoridad legal a un médico para ejecutar un acto terapéutico que, desde el punto de vista conceptual, constituye un aborto.

Si una mujer tiene un embarazo tubario y llega al Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, estoy absolutamente seguro de que ningún médico de esa institución dejará de realizar ese aborto terapéutico, porque lo que hace es justamente eso: un aborto terapéutico de un embrión que está desarrollándose en forma normal, pero en un lugar equivocado, donde su crecimiento causará la muerte de la madre si un médico no interviene. Desde el punto de vista del sentido común, hay un elemento que le dice al médico que actúe. De hecho, actualmente los médicos lo hacen; fuera de la ley, pero lo hacen.

El otro tema relevante sobre el cual estamos legislando hoy tiene que ver con el caso de una malformación congénita inviable, que no permite que el feto siga con vida después de nacer, y la decisión de esa mujer de mantener el embarazo en forma completa, durante los nueve meses, o abortarlo antes de cumplir ese tiempo.

Desde el punto de vista médico, hay varias causales que pueden inducir a esa medida, como la anencefalia, que con la tecnología moderna se puede diagnosticar en forma precisa, con absoluta certeza. Entonces, si una mujer embarazada puede detectar que el fruto de su concepción es un feto inviable, que no va a vivir, y ella libremente decide no continuar con su embarazo, ¿se lo vamos a negar? Yo creo que no corresponde; es su derecho seguir con su vida en forma normal, con el dolor de haber concebido un niño que no va a vivir. Y también tiene el derecho a mantener su embarazo, que esa criatura nazca, aunque finalmente no sobreviva, porque eso es lo que va a ocurrir irremediablemente.

Varios diputados y diputadas han expuesto con claridad sobre la tercera causal, referida al derecho que debe tener una mujer que es violada, después de haberse tomado todas las precauciones y considerado todos los elementos. Incluso, la ley contempla el acompañamiento y ella debe decidir qué hacer respecto de ese niño que no desea, decisión que debe adoptar en forma adecuada, con acompañamiento médico para resolver su dilema. En esas ocasiones, la gran mayoría de las mujeres que decide abortar lo hará igual, pero de manera insegura.

He dicho que en Chile existe una discusión absurda sobre el aborto, porque actualmente es legal para algunas mujeres, pero para otras no. Y digo “legal” porque, si una mujer tiene recursos económicos y quiere practicarse un aborto, basta que compre un pasaje, viaje al otro lado de la cordillera y se lo haga en forma absolutamente legal, sin que nadie le diga nada, y vuelva al país luego de haber procedido a realizarse un aborto sin ningún tipo de penalización.

¿Quiénes sí son penalizadas? Las mujeres que lo hacen en Chile, porque no tienen recursos para cruzar la cordillera. Entonces, en verdad esto se convirtió en un tema económico y no en uno social ni de principios.

Pero hay otro tema que me preocupa, que quiero poner en debate. Por ello, pido votación separada del numeral 3), que incorpora un artículo 119 ter nuevo, al que me referiré a continuación.

La objeción de conciencia que se le entrega al médico, particularmente en el sector público, no solo me preocupa, sino que me parece una fórmula que, para resolver un tema que se está dando en el ambiente político, al final puede ser un arma de doble filo.

Me explico: en su actividad privada, el médico puede tener todas las objeciones de conciencia que quiera, porque es personal; pero cuando actúa en una institución, sobre todo pública, es una persona contratada institucionalmente, que debe seguir las normas que el Estado le indica. Ese médico debe entregar su conocimiento y su capacidad para resolver el problema de la persona, la paciente, que está recurriendo a él. El médico no puede responder que no hará lo que le están pidiendo porque plantea su objeción de conciencia, porque eso atenta incluso contra la posibilidad de que esa mujer reciba atención, por ejemplo, en los lugares apartados de Chile, donde hay pocos facultativos y donde la objeción de conciencia de dos o tres médicos impediría que esos problemas de salud se puedan resolver.

Leí un artículo del rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile que decía que todos los médicos que trabajan en esa institución van a presentar objeción de conciencia, porque la política de la institución es esa. Yo entiendo que si el médico adscribe a esa política, mandará el documento de objeción de conciencia, pero, en un hospital público, ¿podemos aceptar que uno de nuestros colegas no entregue atención médica a una paciente? ¡Por cierto que no, porque al final del día tiene que respetar la decisión de esa persona! En un Estado laico, a nadie se le obliga a tomar una decisión.

Quiero saber qué va a pasar con ese médico objetor de conciencia cuando se enfrente, por ejemplo, a un paciente testigo de Jehová que se oponga a que le practiquen una transfusión de sangre. ¿Quién es la persona que tiene el derecho? ¿El paciente que no quiere que le coloquen sangre o el médico objetor de conciencia que le va a colocar la sangre a la fuerza? ¡No, pues! Esa persona tiene el derecho a actuar de acuerdo a su juicio libre, y en un Estado laico este debe respetar la conciencia de todos: la del católico que no quiere hacerse un aborto, la del evangélico que tampoco quiere ese procedimiento y tiene que respetar la conciencia de aquella persona que, en su fuero interno, tiene otra visión, desde el punto de vista social.

Por eso me parece muy relevante que, en relación con la objeción de conciencia, podamos expresar nuestra opinión con el voto.

Votaré a favor de las tres causales, pero en contra de esa norma que permite al médico presentar objeción de conciencia para no atender a una mujer que haya resuelto interrumpir voluntariamente su embarazo en alguna de las tres causales contempladas en el proyecto de ley.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Se ha cumplido el tiempo del Orden del Día.

El debate continuará en la sesión citada para las 15.00 horas. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

REGULACIÓN DE DESPENALIZACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9895?11) [CONTINUACIÓN]

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto se inició en la sesión 2ª de la presente legislatura, en 16 de marzo de 2016.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort .

El señor KORT.-

Señor Presidente, pido que analicemos el proyecto de ley en debate de la manera que se lo merece. Sin duda, se trata de una iniciativa emblemática, compleja y necesaria; pero es necesario abordarla con argumentos y preguntarnos si efectivamente es un proyecto de ley sustentado en una convicción real o si atiende a un programa de gobierno; si fue diseñado para cumplir con las estadísticas o para satisfacer ideologías de sus patrocinantes y del gobierno.

Por eso, pido que el debate sobre la materia sea serio y en serio, con altura de miras, consecuencia, respeto y tolerancia. En este tipo de iniciativas se ven reflejadas nuestras miradas, lo que somos, la persona humana, más allá de la condición política, origen social o religión que pueda profesar. Sin embargo, para profesar alguna religión, para tener alguna idea política, para poder tener alguna concepción sobre el ser humano como hoy lo entendemos, debe darse el primer paso. Ese paso es el derecho a nacer.

Por eso, mi primera pregunta es si con este proyecto se está vulnerando o no un derecho básico como es el derecho a la vida, el derecho a nacer, el derecho a tener las opciones que permitan algún día generar conciencia integral y poder elegir.

Este es un día histórico en el que finalmente veremos reflejadas las verdaderas posturas de quienes estamos en este hemiciclo en relación con la materia. Veremos la real posición de quienes militan en un determinado partido político y adscriben a algunas ideas. Lo digo porque muchas veces vemos a colegas parlamentarios asistir a las iglesias evangélicas, a la Iglesia Católica o a otros cultos, y manifestar una posición, pero después, en las votaciones respectivas, los vemos expresar otra.

Cabe preguntar si las tres causales que se nos presentan justifican el aborto, si habrá capacidad de cumplir la ley, o si finalmente se estará dando apertura al aborto libre. Por mucho que expresemos ideas al respecto en este hemiciclo, la respuesta no la tendremos nosotros; la respuesta la darán los resultados concretos; la respuesta la darán las estadísticas, que nos dirán si efectivamente en Chile se está corrigiendo un problema o se está abriendo un conflicto.

Quiero dar a conocer una situación real que viví en mi distrito. Me refiero al caso de una niña que vive en la población Diego Portales , en la ciudad de Rancagua, quien pidió audiencia para hablar conmigo, para pedir ayuda, tal como muchas personas lo hacen con cada uno de nosotros. Me pidió que por favor hablara con personal de Carabineros para que detuviera al violador de su hija, para que detuviera a la persona que estaba quitándole lo más lindo, como es la inocencia de una niña de seis años. Esa madre estaba angustiada y preocupada, y lo único que buscaba era una oportunidad para sentir que se hace justicia.

Esa joven madre me contó su vida. Tiene dieciocho años de edad y tiene una hija de seis años; es decir, fue madre cuando tenía doce años. A esa edad, su maternidad se produjo como consecuencia de haber sido violada por su padrastro, esto es por el hombre que convive con su madre, con la mujer que debía asegurarle protección. Sin embargo, hoy esa mujer está permitiendo que ese mismo hombre, que producto de la violación a su hijastra engendró a una niña que hoy tiene seis años, esté cometiendo una nueva violación, pero ahora en contra de esta menor.

Esa realidad se recoge a lo largo del país, y el Estado ha fracasado ante ella al no poder otorgar seguridad a muchas mujeres que la padecen. Me habría gustado que esa situación se hubiera abordado antes de la presentación de este proyecto de ley. Avancemos en discusiones sobre la materia y reconozcamos que como Estado estamos en deuda con miles de mujeres en aspectos de seguridad, sociales y psicológicos.

Respecto de este proyecto de ley no tendré un doble discurso; actuaré en consecuencia, con energía y convicción. Aquí no hay presiones ni de uno ni de otro lado; ni de una iglesia ni de un credo. Voy a actuar en conciencia y con la energía que me permite el haber llegado al parlamento representando a miles de personas. Voy a votar enérgicamente en contra este proyecto de ley porque en ningún caso el embarazo merece ser abortado.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Claudio Arriagada .

El señor ARRIAGADA.-

Señor Presidente, creo profundamente, junto con otros, en los valores de la solidaridad, la justicia, la libertad y la dignidad de la persona humana.

Precisamente, los valores de la libertad y la dignidad de la persona me involucraron en la lucha contra la dictadura, cuando era muy joven, en la comuna de La Granja. En aquella época, nuestras armas no fueron las piedras, las bombas o los atentados. Por el contrario, el arma que utilizamos fue la no violencia activa. Con ejemplos como el del cardenal Silva Henríquez , muchos optamos por convencer, persuadir y generar conciencia de libertad y dignidad entre nuestros vecinos. No íbamos a combatir la muerte y la desaparición de compatriotas con la muerte y la violencia sobre otras personas. El derecho a la vida de los chilenos y chilenas, independientemente de sus creencias políticas o religiosas, es parte fundamental de nuestra acción.

¡Sin derecho a la vida no hay acción política coherente!

Con esta experiencia recibo la declaración de mi partido respecto del tema que estamos debatiendo, discusión que debemos hacer de manera desprejuiciada y con la mayor altura de miras y respeto. Luego de un intenso debate al interior del partido, no exento de discrepancias y disensos, se llegó a una conclusión: “Como partido doctrinario, ideológico y programático, reconocemos y confiamos en las decisiones que en conciencia adopten nuestros parlamentarios, teniendo en vista el bien común, el carácter de su representación popular y dentro del marco de los principios partidarios fundados en el valor de la vida y la dignidad humanas.”.

Señor Presidente, en conciencia, sin prejuicios, sin presiones, tal como en los 80 defendí la libertad y la dignidad humanas, hoy quiero señalar, sin dudas ni vacilaciones, que defenderé la libertad de la mujer para decidir, porque el Estado no la puede obligar a cargar con el heroísmo de un embarazo inviable o de un embarazo fruto de la violencia.

Defenderé la vida del que está por nacer, pero no cualquier vida, sino una vida digna, en una familia que lo acepte y lo quiera.

Hace quince, diez o cinco años era impensable que la Cámara de Diputados, seno de la soberanía y de la representación de la sociedad, discutiera en serio un proyecto de ley que despenalizara el aborto. Durante el gobierno del Presidente Frei Montalva se dictó un Código Sanitario, el mismo que queremos reformar hoy, que contenía el llamado “aborto terapéutico”, que permitía al médico interrumpir un embarazo para salvar la vida de la madre cuando esta se encontraba en peligro. Pero fue la dictadura la que, a pesar de haber violado sistemáticamente los derechos humanos, antes de irse del poder en 1989 borró del Código Sanitario esa norma y dispuso la penalización sin excepciones a toda forma de aborto.

El Presidente Frei Montalva introdujo la planificación familiar a nuestro país, y nadie podría condenarlo de faltar a sus principios o valores. Fue esta política pública la que significó disminuir los abortos ilegales y la mortalidad materna.

¡Esa fue una decisión política pro vida!

El 24 de julio de 2014, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó las conclusiones finales a raíz del sexto informe periódico de Chile sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el país, entre las cuales se incluía la siguiente recomendación: “(...) establecer excepciones a la prohibición general del aborto (contemplando el aborto terapéutico y en los casos en que el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto), además de proveer servicios de salud y educación sexual accesibles; (...)”.

Por lo tanto, la iniciativa que hoy discutimos no hace otra cosa que responder a las críticas internacionales que ha recibido nuestro país sobre este tema.

El proyecto modifica de manera sistemática e integral diversos cuerpos legales: el Código Sanitario, el Código Penal, la ley Nº 19.451, que establece normas sobre trasplante y donación de órganos, y el Código Procesal Penal. Estos cambios están realizados cuidadosamente, resguardando cada detalle que pueda ser relevante para la protección de la integridad física y sicológica de las mujeres que decidan someterse al proceso descrito en el proyecto.

Quisiera escuchar de quienes están en contra, alternativas, opciones, ideas nuevas o políticas públicas que resguarden los derechos de las mujeres y de los niños y niñas. Sin embargo, ello no ocurre porque la mayoría pontifica del derecho a la vida sin hacerse cargo de la realidad.

Según el Sename, en 2015 ingresaron a cuidados alternativos, esto es, a residencias y casas de acogida, 17.969 menores de edad. De este universo, solo 419 niños fueron declarados susceptibles de ser adoptados, sin contar los tropiezos y la dilación del proceso de adopción.

Muchos de esos menores ingresan a dicho sistema al año de edad, pero pasando los cinco es casi imposible que encuentren a alguien disponible para acogerlos. Por tanto, viven en esos centros hasta los 18 años edad -que es cuando el sistema los expulsa afuera-, sin recibir el afecto de ninguna persona que los visite un domingo en los lugares donde están internados.

Respeto a quienes tienen una opinión distinta, a quienes sus convicciones más personales los llevan a argumentar en contra del presente proyecto, pues no estamos ante un tema fácil. Sin embargo, no comparto, porque no lo entiendo, que haya algunos que quieran imponer sus convicciones al resto.

Según el Ministerio de Salud, en el año 2013 se realizaron 17.434 abortos. Además, el 17 por ciento de las muertes maternas se produce por abortos clandestinos, aquellos que se realizan poniendo en peligro la integridad psíquica y física de la mujer, porque algunos pretenden que nos sigamos vendando los ojos ante una realidad que hoy demanda legislar en esta materia con altura de miras.

¡Este proyecto respeta la vida! ¡Este proyecto respeta la autonomía de las mujeres! ¡Este proyecto respeta la conciencia y la libertad de cada cual! Respeta la vida, porque la prefiere ante la muerte. Es falso lo que dicen algunos: que este proyecto atenta contra la vida.

En la primera causal, prefiere la vida de la madre cuando el embarazo, por sus complicaciones, pone en riesgo la vida de la mujer. ¿Quién podría estar en desacuerdo con ello?

Esto sucede en la actualidad, y se practica legalmente. Lo que rige los protocolos de los médicos los obliga a que, ante el riesgo de vida de la madre, se practiquen todas aquellas diligencias que permitan conservar su vida, aunque se produzca el aborto.

Por último -mi intervención era más extensa-, este proyecto respeta la conciencia de todos los hombres y mujeres que, enfrentados a esta situación límite y compleja, según sus convicciones, sus creencias, sus enseñanzas, sus opciones de vida; sin presiones, sin la amenaza de un juicio penal en su contra, podrán decidir si continuar con el embarazo o interrumpirlo.

Se trata de la conciencia y la libertad de cada cual.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

En el tiempo de la bancada del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA.-

Señor Presidente, he escuchado algunas intervenciones y me queda la duda acerca de si estamos legislando un proyecto sobre los derechos de las mujeres y no una iniciativa de ley de aborto.

El derecho elemental de cualquier ser humano es nacer, y, por lo mismo, lo que estamos debatiendo acá es un proyecto de ley de aborto que permite dar muerte en tres circunstancias a una persona no nacida, persona que es sujeto de derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por Chile, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño; de derechos reconocidos por sentencias de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, y por dictámenes de la Contraloría General de la República. Es lo que hoy estamos discutiendo aquí.

En cuanto a la primera causal, quiero señalar que el derecho penal chileno sanciona el aborto malicioso, no la interrupción del embarazo, que jurídicamente es totalmente distinta.

El que un facultativo, a través de un acto terapéutico, sin querer ni buscar ello como fin, intervenga un embarazo causando la muerte del no nacido no configura una acción típica que esté penada.

Por lo tanto, hoy esa causal no tiene razón de ser, porque nuestra legislación penal vigente no establece sanción al facultativo que interviene e interrumpe un embarazo por salvar la vida de la madre.

El mensaje dice algo distinto: que hoy cualquier interrupción del embarazo en Chile se halla criminalizada y que, por ende, tiene sanción. Eso no es cierto.

(Aplausos)

Lo que sí es cierto es que estamos dando autorización legal a algo que no lo requiere con la finalidad de convertirlo en una puerta abierta para aducir interrupción de embarazo en casos en que no necesariamente se halla en riesgo la vida de la madre.

La segunda causal me preocupa sobremanera, porque finalmente le está entregando a un médico no especialista la determinación de una malformación congénita.

Al respecto, quiero mencionar un estudio de la Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, que determinó que, en Chile, el margen de error en el diagnóstico de malformación congénita en el embarazo es de 70 por ciento. Es decir, de cada diez diagnósticos de malformación congénita que se hacen en nuestro país, siete son errados, pues cuando se pidió una segunda opinión, esta resultó ser negativa para dicha anomalía congénita.

Entonces, con este proyecto no estamos poniendo en manos de un especialista, sino en las de un médico cirujano, la determinación de algo tan serio y, muchas veces, tan difícil de determinar, como es una malformación congénita.

Un médico materno-fetal sería lo ideal. Pero en Chile solo hay cuarenta y siete especialistas; de ellos, alrededor de dos tercios se encuentra en Santiago, y un número ínfimo trabaja en el sistema público.

Entonces, ¿qué va a preferir un sistema público como el nuestro, precario, sobrecargado y sin recursos económicos? Intervenir y abortar una vida que traerá solo problemas, pues viene con dificultades en el embarazo, y seguirá trayendo problemas porque, al final, en términos económicos no será un alivio para la madre.

Respecto de la tercera causal, quiero señalar que el elemento fundamental en una violación es el agresor ilegítimo. El no nacido, el embrión, el feto no es un agresor ilegítimo; por lo tanto, esta causal que propone el proyecto atenta contra la igualdad ante la ley. O sea, producidos la violación y el embarazo, ese hijo no nacido se transforma en un sujeto cuya vida es disponible. Es muy ridículo -ello no existe en nuestra legislación que el solo presumir la posibilidad de un delito, el solo imputar un delito otorgue el derecho a dar muerte a una persona no nacida.

¿Qué pasará si se investiga y se determina finalmente que no hubo violación? ¿Se va a reversar el aborto? ¡El aborto ya se realizó!

Entonces, con ello se abre otra ventana para hacer denuncias falsas y, con ello, practicar abortos en casos en que no hubo realmente una violación.

Por eso, anuncio que votaré en contra este proyecto de ley en su totalidad, en sus tres causales, fundamentalmente porque mi convicción es que la vida -muchos acá dicen defender la existe desde el momento de la concepción; por tanto, nadie, ningún ser humano, tiene la potestad para determinar que una vida potencial se transforme en una vida real.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado señor Roberto Poblete .

El señor POBLETE.-

Señor Presidente, luego de casi treinta años, por fin nos abrimos como país a la discusión legislativa, y con alcance general, acerca de la interrupción del embarazo. No podemos olvidar que en 1931 se legalizó el aborto terapéutico, contemplándose dentro del Código Sanitario para ciertos supuestos definidos por ley. Así, por décadas, esa hipótesis legal se consideró en el artículo 119 de dicho código.

Pues bien, desde hace 27 años eso no existe. Durante la dictadura, el pensamiento ultraconservador modificó, en 1989, el artículo 119 del Código Sanitario, que, como expresé, databa de 1931.

Ahora, luego de algunas décadas, volvemos a enfrentarnos a una discusión importante en materia de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, pero en circunstancias distintas: estamos en democracia; lo hacemos informadamente, con mucho respeto, de cara a la ciudadanía y con elementos de juicio que nos permiten sopesar los pros y los contras.

Hoy han quedado en evidencia los discursos de dominación y de poder con los cuales sojuzgamos y administramos la sexualidad de la mujer, perpetuando así un estado de cosas en el que ellas no deciden por sí mismas respecto de aspectos tan fundamentales de su existencia como ser o no ser madres en determinadas circunstancias.

El arbitrio sobre el propio cuerpo debe ser un derecho fundamental de las personas. En tanto eso se vea reflejado en proyectos como este, el futuro no solo de las mujeres, sino el de todos, será mejor.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Solicito a los asistentes a las tribunas escuchar con respeto las intervenciones de los parlamentarios.

Puede continuar con su discurso, señor diputado. El tiempo que perdió a consecuencia de la interrupción le será devuelto.

El señor POBLETE.-

Señor Presidente, hoy, en esta Sala, tiene lugar una de las discusiones más complejas que hayamos podido sostener como sociedad. Aquí la vida y la libertad se cruzan, la razón y la intuición se tocan, la moral y el juicio se carean.

Por ello, esta confrontación de distintas verdades tiene un alto grado de nobleza, en cuanto aspira al bien común y contribuye a la construcción de proyectos culturales que en sus ejes fundacionales consideran a las mujeres como miembros autónomos y soberanos de nuestra sociedad, capaces de decidir por sí todo cuanto refiere a ellas mismas. Aún más, en el caso de las tres causales descritas en esta discusión, tenemos el deber de garantizar respeto a su autodeterminación, protección a su vida y acompañamiento multiprofesional durante el tránsito por esos dolorosos procesos.

Conversaciones privadas, íntimas, dolorosas que he sostenido con algunas mujeres de mi distrito me han tocado con fuerza y despertado en mí la necesidad de actuar como portavoz de aquellas que viven la tristeza profunda de haber experimentado algún episodio de esta naturaleza.

Sé, porque así me lo han confiado, que ninguna de ellas ha querido llegar a esa instancia, que ninguna de ellas ha concurrido feliz a esa instancia ni supera fácilmente sus secuelas físicas, psicológicas, arrastrando estas repercusiones, que no reciben contención ni perdón, de por vida.

Ninguno de los presentes debería aceptar que esa herida desgarradora continúe abierta en el corazón de nuestra sociedad. Nuestras mujeres, adultas y niñas, representan la vida, porque nos dan la vida.

Hago mi crítica más honesta a nosotros mismos, porque como sociedad hemos permitido, a través de una ignorancia permisiva, que esta situación real, en calidad de secreto a voces, no sea transparentada, y su oralidad, acallada por la práctica rígida de modelos crueles, medrosos, condenatorios y ciegos.

Cada ser humano, señor Presidente, tiene derecho a ejercer su libertad. Una genuina corriente de pensamiento liberal y autodeterminista, basada en el principio del total arbitrio del ser humano en la toma de las decisiones que estén dentro de la esfera de su vida privada, debe considerar que las mujeres definan por sí y ante sí la oportunidad en que ejercerán sus prerrogativas y derechos reproductivos. Negarles esa libertad básica no solo las atenúa y jibariza como seres autónomos, sino que además las somete a designios ajenos, lo que, sin duda, afectará su vida el resto de su existencia.

Hace un par de años nuestra Presidenta anunció que nos presentaría un proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Con esta iniciativa cumplió su promesa y nos entrega la oportunidad única de dar un salto cualitativo y de fondo en cuanto a las libertades civiles, la dignidad humana y la solidaridad con más de la mitad de la población.

Debemos, de una vez por todas, enmendar el rumbo y seguir el derrotero que nos muestra este proyecto de ley. Hemos de dejar de punir legalmente y de tratar como criminales a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente el embarazo. Insisto en que será voluntariamente, porque nadie quedará obligado a hacerlo; al contrario, las mujeres deberán recibir todo el apoyo de la sociedad, del Estado, de sus redes de amigos y familiares.

Un país que se abre a permitir la decisión de las personas es un país que comienza a ser libre.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, hasta por once minutos, el diputado señor Felipe Letelier .

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, agradezco la presencia de todos los movimientos de mujeres y de la sociedad civil que nos acompañan, y agradezco también la presencia de las ministras que asisten a este debate; pero agradezco especialmente a la exministra Helia Molina , a quien le costó su cargo de gobierno denunciar ante la opinión pública una verdad de nuestro país que ya no se puede ocultar. No obstante que en ese momento en Chile ocurrían cosas mucho más complicadas, incluso más vergonzosas, no se le perdonó que se refiriera a un hecho que todas las chilenas y los chilenos sabemos que es cierto, referido a quienes se pueden practicar abortos porque cuentan con recursos para hacerlo en una clínica privada, sin que nadie se entere.

En todo caso, no es la primera vez, ni será la última, que el Congreso Nacional deba debatir proyectos tremendamente polémicos. Recuerdo, por ejemplo, la discusión del proyecto de ley sobre divorcio. Las tribunas estaban repletas de gente que se expresaba a favor o en contra.

¿Cuál era el argumento que esgrimían quienes se oponían a esa iniciativa? Que con su aprobación se fomentaría el divorcio. Preferían mantener la nulidad a la chilena. Los periódicos estaban repletos de avisaje de abogados y tinterillos que ofrecían sus servicios para anular matrimonios a la chilena. Y todos sabemos cómo se hacía: bastaba con aseverar y probar que el domicilio de uno de los contrayentes no era el que se había registrado en el acta respectiva para que ese matrimonio fuera declarado nulo.

¿Qué nos dicen hoy las estadísticas, después de transcurridos varios años desde la aprobación de ese proyecto y su promulgación y publicación como ley de la república? Que las antiguas nulidades a la chilena eran muchas más que los actuales divorcios con disolución de vínculo. Esa es la verdad. Nos guste o no, esa es la verdad.

¿Por qué recuerdo y agradezco a la exministra Helia Molina ? Porque ella señaló con mucha fuerza que nuestra legislación y nuestra política pública no dan cuenta de lo que pasa con la mujer en general.

Represento mayoritariamente al mundo rural, donde la situación en esta materia es muy distinta a la que se vive en zonas urbanas, ya que allí, de entre las tres causales sobre las que trata este proyecto, hay una que ocurre en forma reiterada, y la normativa vigente no la considera como excepción a la penalización del aborto, lo que demuestra que el Estado de Chile no da a sus ciudadanas el trato digno que debe otorgarles ante circunstancias como esas.

No es posible que el 99 por ciento del mundo esté equivocado y que Chile, junto con un par de países más, estén en la razón. ¡No es posible!

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Nuevamente pido respeto a la gente que está en las tribunas.

Continúe, señor diputado.

El señor LETELIER.-

No es un argumento que se haya inventando en esta Corporación; lo han dicho otras colegas y otros colegas: Chile, al igual que El Salvador , Nicaragua , Malta , es de los pocos países que forman parte de ese reducido círculo del oscurantismo, o de la pureza, como lo quieran llamar, no obstante que hace 27 años -lo saben quienes están a favor y quienes están en contra sí nos regíamos por una normativa similar a la que hoy buscamos restablecer.

No quiero recurrir al expediente de otros colegas, como el de la esclavitud y otros; prefiero recurrir a la información que nos dio el constitucionalista Rodrigo Figueroa , quien nos asesoró en esta materia, puesto que considero que bien vale la pena tenerla presente. Él nos dijo que se debe hablar de personas - Nattino , Parada y Guerrero eran personas; personas pensantes, inteligentes-, y la Constitución no dispone que el ser humano sea persona desde el momento de la concepción o desde la fecundación.

Por ello, la consideración de que el ser humano es persona desde el momento de la concepción o fecundación se basa en una fundamentación más bien religiosa, que también se ha planteado acá. Se parte del supuesto de que el ser humano recién concebido debe ser valorado de igual manera que el ser humano, ya no…

Es importante entenderlo, señor Presidente. No puedo negar que somos cristianos, parte de una iglesia; pero eso no significa que debamos comulgar con todo lo que dice la Iglesia, porque si hay una institución que se ha equivocado permanentemente -lo dice el papa Francisco, lo dijo el papa Juan Pablo II y lo han dicho tantos otros es nuestra Iglesia católica. En consecuencia, no podemos dictar cátedra aquí.

Señor Presidente, ¿con qué calidad moral me puede usted plantear que la niña o que la mujer que ha sido violada, algo que sucede muy a menudo en el mundo rural, está obligada a tener ese bebé? Ya ese bastardo le causó daño a esa niña o a esa mujer, pero más encima a ella se le obliga a tener ese niño. ¿Con qué calidad moral se le obliga a eso? Mis vecinas y vecinos de la región en que está el distrito que represento me dicen que no hay ley, instituciones o personas que puedan obligarla a eso. Creo que es muy importante retornar a lo que Chile tuvo hasta 1989 sobre la materia.

Cité el tema de la ley de divorcio, porque estoy convencido de que esto es lo mejor que nos puede ocurrir. ¿Acaso vamos a seguir tolerando los miles y miles de abortos clandestinos que se realizan en nuestro país sin ningún control, y que no mencionan quienes rechazan el proyecto? Tampoco hablan de los miles de abortos que se realizan en las clínicas cuicas, donde esto resulta más fácil cuando se tiene dinero. Pero ¿qué pasa con las mujeres de escasos recursos, con la gente modesta de nuestra sociedad?

En consecuencia, debemos tener una normativa que regule esta situación. Estoy convencido de que este proyecto tendrá el mismo efecto que tuvo la ley de divorcio, que no los fomentó, sino más bien los reguló.

Algunos se han opuesto siempre por temor a la educación y a la cultura. No se olviden de que hasta hace poco tiempo, para muchos era un escándalo hablar de educación sexual. No obstante, la inmensa mayoría de las chilenas y de los chilenos nos han dado la razón, ya que estiman que es bueno que legislemos al respecto. La gente de mi región y las encuestas avalan que el 78 por ciento de la ciudadanía está de acuerdo con este proyecto de ley.

(Manifestaciones en las tribunas)

Reitero, lo mejor que nos puede ocurrir es que regulemos esto para que no quede al arbitrio de las clínicas clandestinas ni de quienes tienen más dinero, sino que nos hagamos responsable de la situación como entes del Estado.

He dicho.

-Aplausos.

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-

Recuerdo a todos los colegas y a todos los asistentes a las tribunas que los valores del respeto y de la tolerancia son fundamentales en este hemiciclo, por lo que debemos escucharnos los unos a los otros.

Tiene la palabra la diputada señorita Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, hoy no es el día histórico que prometimos en las pasadas elecciones, pero estamos dando un paso importante para cumplir con esa promesa.

Ha pasado un año legislativo, y recién ahora vamos a votar, en primer trámite constitucional, la despenalización del aborto por tres causales: peligro de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto.

Han pasado veintisiete años desde 1989, casi tres décadas en las que los derechos a la vida, a la integridad psíquica y física de cientos de miles de mujeres chilenas han sido vulnerados por el Estado de Chile.

Honestamente, penalizar a una mujer por interrumpir su embarazo en caso de que peligre su vida, es obligarla a elegir entre cometer un delito o morir.

Penalizar a una mujer cuando aborta en caso de que el feto no tenga viabilidad, es castigarla dos veces, como si no fuese suficiente castigo vivir esa tragedia.

Cuántas veces nos hemos encontrado con casos de mujeres que, después de haber vivido la muerte de su hijo recién nacido, sufren por décadas trastornos psicológicos y un profundo trauma.

Penar el aborto en caso de violación es amenazar con cárcel a la víctima de un delito repugnante. Es claro que el feto, que en el futuro podría ser un niño o una niña recién nacido, es víctima, pero también lo es la mujer.

Estoy absolutamente convencida de que penalizar el aborto viola los derechos humanos de las mujeres que viven en Chile; pero también estoy convencida de que con la aprobación de este proyecto estaremos corrigiendo la arbitrariedad y el abuso que hoy nos condenan injustamente.

El Estado de Chile transgrede a diario los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de las mujeres, así como su derecho a la salud, a la libertad y a la autodeterminación, solo por una imposición religiosa y por una obligación ideológica establecida durante la dictadura, que hemos tolerado injustificadamente por veintisiete años.

Es una vergüenza que Chile sea uno de los seis países del mundo -los otros son El Salvador , Nicaragua , República Dominicana , Malta y el Estado católico del Vaticano que penaliza el aborto en toda circunstancia.

¿Cuántas veces tendremos que escuchar a los organismos internacionales de derechos humanos emplazar al Estado de Chile para que actualice sus arcaicas normas y despenalice el aborto, para entender que se trata de una deuda histórica en el reconocimiento de los derechos de las mujeres?

He escuchado muchos argumentos que apelan a la humanidad para oponerse al aborto; pero yo me pregunto de qué humanidad me hablan, si la sociedad ha obligado, ni siquiera a mujeres adultas, sino a niñas de 11 o 12 años, a adolescentes que están en pleno desarrollo físico y psicológico, a mantener un embarazo debido a una violación. Y lo que es peor, luego las abandonan a su propia suerte. En esos casos, ¿cómo pueden siquiera sostener el argumento de la defensa a la vida, si han decidido deliberadamente arruinar la vida a una niña en plena edad escolar?

Quizás lo que más lamento en este debate es escuchar a mujeres que agreden a otras.

-Manifestaciones en la Sala.

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-

¡Silencio en la Sala! Quienes intervienen en el debate son los diputados y no debe existir interacción con los asistentes.

Por favor, pido silencio a los asistentes a tribunas para escuchar las intervenciones de los diputados.

Puede continuar, señorita diputada.

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Gracias, señor Presidente. Después pueden pifiar, pero espero que ahora me permitan hablar.

Para defender su voto en contra del proyecto en la Comisión de Salud, la diputada Turres dijo que hay “violaciones que son violentas y otras que no son violentas”.

Ella no imagina lo que duelen sus palabras a cada mujer que ha sido víctima de una violación. Y mi reclamo a su falsa e inaceptable justificación es por su falta de humanidad y empatía. La verdadera falta de humanidad proviene de argumentos fundamentalistas que no valoran realmente a las mujeres, que no las ven como seres humanos.

Obligar a las mujeres a mantener embarazos en contra de su voluntad es una tortura psicológica, pero en muchas ocasiones puede transformarse en una tortura física, como en el caso de peligro de vida de la madre.

Me parece inaceptable, intolerable, que parlamentarios definan cuestiones que son propias de las mujeres.

Ojalá nunca me suceda, pero si estuviera embarazada por haber sido violada, si estuviese en riesgo de muerte por mantener un embarazo o si supiera que mi hijo va a morir al momento de hacer, me parecería inaceptable que un parlamentario de esta Sala decidiera si debo o no debo ser penalizada.

Por lo demás, el aborto existe. Miles de mujeres abortan cada año en Chile. Las mujeres de bajos recursos lo hacen de manera clandestina, en pésimas condiciones de salubridad; sufren infecciones, heridas y muchas mueren en el proceso.

¿Hasta cuándo van a hacer la vista gorda de la realidad del pueblo chileno? Pero además no quieren aceptar que el aborto también es una realidad para las mujeres de altos recursos, que se los realizan en clínicas privadas, en otras condiciones de salud y en forma encubierta con el nombre de cualquier otro procedimiento médico.

Es un acto de justicia que todas las mujeres podamos recibir esta prestación de salud en las mejores condiciones, en lugar de que accedan a ella solo las mujeres que pueden pagarla.

A quienes se hacen llamar provida, les digo que no es verdad, porque, en realidad, no defienden la vida, sino que agreden a las mujeres, niñas y adultas. Ellos vulneran nuestros derechos humanos fundamentales, pues nos quieren imponer su religión y su forma de pensar, a pesar de que hace casi un siglo el Estado se separó de la Iglesia, y se supone que no hay una verdad revelada en esta materia.

Los estudios científicos dicen que la persona humana no se desarrolla inmediatamente en la gestación. Más allá de las opiniones científicas, para muchas mujeres el momento de la concepción y lo que se desarrolla al interior de nuestro útero todavía es parte de nuestra vida y no una vida aparte.

(Manifestaciones en las tribunas)

Por lo mismo, por ser parte de nuestra vida, cabe en el rango de nuestra autodeterminación sobre nuestra integridad física, psicológica y moral.

¡Basta de insultar a las mujeres! ¡Basta de agredirnos, de tratarnos como interdictas, de decir impunemente que somos asesinas y que prestamos el cuerpo! ¡Basta de no tratarnos como personas! Ya es hora de dejar de ver a las mujeres como máquinas reproductoras y comenzar a valorarnos en nuestra plena humanidad como personas libres y autodeterminadas.

Ojalá ninguna mujer deba sufrir alguna de las tres causales que hoy buscamos despenalizar. Pero si las llegase a sufrir, deseo que para ese entonces este proyecto ya sea ley de la república, porque es nuestro derecho lo que está en juego.

Estoy segura de que si los hombres parieran, el aborto sería libre hace mucho tiempo.

(Aplausos)

Quiero que todas las mujeres podamos ser felices. Algunas -como yo así lo decidí queremos ser madres; otras, tal vez no quieren, no pueden o, por sobrevivencia, no pueden serlo. Lo importante es que quienes elijan no serlo no sufran castigo penal ni social alguno.

Por eso, reitero, a los que dicen ser próvida, quiero decirles que en realidad no defienden la vida, sino que agreden a las mujeres.

Para terminar, quiero agradecer a todas las mujeres que han entregado su vida luchando por el reconocimiento de nuestros derechos, a las organizaciones que activamente han participado en este proyecto y en otros que promueven los derechos de las mujeres. Asimismo, mis felicitaciones a la compañera Claudia Pascual por la labor que ha realizado por y para todas las mujeres de Chile, pues hoy estamos dando otro paso en el reconocimiento de las mujeres como personas con derechos, en el respeto de su libertad, autodeterminación y propia conciencia que, como he dicho, no es otra cosa que el reconocimiento de nuestra completa humanidad.

He dicho.

-Aplausos.

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-

Quiero recordar que todas las personas que se encuentran en las tribunas fueron invitadas bajo la responsabilidad de parlamentarios con nombre y apellido.

Las reglas de funcionamiento en este hemiciclo son muy claras: respetar y escuchar en silencio a cada parlamentario.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, el Renacimiento y la Ilustración no fueron en vano. ¡No pudieron ser en vano!

Han sido muchos los hombres y las mujeres libres que dieron en el pasado una larga lucha -durante siglos para que la humanidad abrazara la libertad de conciencia. De esto es exactamente de lo que estamos discutiendo hoy en la Cámara: del alcance de la libertad de pensamiento, la tolerancia religiosa y el Estado laico.

Miremos un poco la historia.

En 1487 se publica el libro Malleus Maleficarum (El martillo de las brujas). En él, dos monjes dominicos proponen un manual para identificar, perseguir y torturar mujeres acusadas de herejía. Quinientas mil mujeres fueron acusadas de manera injusta y cruelmente asesinadas en toda Europa. Su único pecado fue tener un credo distinto a la religión oficial.

En épocas de intolerancia religiosa y de violencia todo aquel que se alejara de los dogmas debía pagar un alto costo. ¡Para ellos nuestro homenaje!

Recordemos al astrónomo y humanista italiano Giordano Bruno , quien, en 1600, fue llevado a la hoguera con una estaca en la boca para que no pronunciara palabra. Hoy, siglos después, solo una estatua lo recuerda en Campo de’ Fiori. Sin embargo, no ha recibido ni una palabra de perdón.

Los tiempos de oscuridad serían combatidos por las ideas humanistas.

En 1417, en un pequeño convento alemán, un cazador de libros italiano encontró después de siglos el texto Sobre la naturaleza de las cosas, de Tito Lucrecio, filósofo y poeta romano. En él se encuentran las bases del pensamiento moderno. Con ese redescubrimiento del libro de Tito Lucrecio se abrió un proceso que sería imparable: el Renacimiento.

Se iniciaba una larga lucha por el avance de las ideas tolerantes, de humanistas y de liberales.

Otro episodio histórico importante. Corría 1689 y el filósofo inglés John Locke publica durante su exilio en los Países Bajos su libro titulado Carta sobre la tolerancia. Se sientan las bases de lo que sería una causa liberal hasta hoy: el Estado laico. Lo mismo hizo John Stuart Mill , en 1859, con su ensayo Sobre la libertad, en donde defiende que sobre sus creencias y su conciencia el individuo no tiene que rendir cuentas al resto de la sociedad.

La humanidad debe mucho a pensadores como Rousseau, Voltaire o Immanuel Kant , que defendieron las ideas de la razón y echaron a andar un proceso aún inconcluso: la Ilustración. Dicho en sus propias palabras: “Ten el valor de servirte por tu propia razón”: he ahí el lema de la Ilustración.

En Chile también tenemos antecedentes de defensores de la libertad de pensamiento. Me refiero al liberal Francisco Bilbao y su libro La Contra Pastoral. En él, defiende tempranamente la urgencia de separar la Iglesia del Estado. Lo dijo décadas antes de que esto fuera posible.

También tenemos las convicciones laicas del Presidente Domingo Santa María . A él debemos, en gran medida, la libertad de culto en Chile. Santa María fue tenaz y para nada cobarde al momento de defender su paquete de leyes laicas: ley de cementerios laicos, de matrimonio civil y de registro civil.

Fue solo en 1925 cuando la nueva Constitución separa la Iglesia del Estado; pero la consagración legal del Estado laico no ha significado una consagración práctica. Tan solo desde hace diez años tenemos ley de divorcio en Chile y seguimos siendo parte de la triste lista de países en el mundo que tiene prohibición total en la interrupción del embarazo. En otras palabras, estamos fuera del consenso civilizatorio en materia de derechos reproductivos de las mujeres.

Hablo en nombre del Partido Liberal de Chile. Nuestra razón de estar en el Congreso Nacional es combatir los dogmatismos, la ignorancia y las tiranías; y es propio de una tiranía obligar a las mujeres a tener que realizar un sacrificio heroico, incluso poniendo en riesgo su propia vida.

Lo que está en juego aquí no es el aborto, sino la voluntad y las creencias de un grupo de conservadores que quieren imponerlas al resto de la sociedad. ¡Eso no lo podemos aceptar!

En homenaje a la larga lucha por la libertad de pensamiento, votaré a favor las tres causales.

¡Y sin embargo, se mueve!

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa .

El señor JARPA.-

Señor Presidente, saludo a mis estimados colegas y a todas las personas que nos acompañan en las tribunas, que creen y luchan por lo que les parece justo.

Empiezo mi intervención teniendo presente las imágenes de cuando estudié medicina y me correspondió cursar obstetricia y ginecología como alumno e interno. Recuerdo el drama de muchas mujeres que vivieron el rigor y las complicaciones de un aborto.

También pienso en mis abuelas, en mi madre, en mi hija y en mis nietas, porque tengo la convicción de que debemos analizar este proyecto de ley tratando de sentir lo mismo que una mujer cuando se ve enfrentada a la decisión de realizarse un aborto.

Desde hace años luchamos para que se reponga en el Código Sanitario el aborto terapéutico, que estuvo vigente hasta marzo de 1990.

Permítanme dar lectura a una intervención que realicé en esta Sala el 8 de agosto de 2001. En esa oportunidad dije: “…el lunes recién pasado (…) invitamos a los medios de comunicación a fin de dar a conocer nuestro apoyo, como partido, al Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el cual representa la declaración internacional de sus derechos, instrumento adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999. Según los expertos este Protocolo es la carta magna en esta materia y ya lo han suscrito 168 países.

El Protocolo establece un comité internacional que sólo puede hacer recomendaciones y sugerencias generales a los Estados parte, pues éstos no tienen carácter vinculante.

Es así como dicho Comité elaboró un informe acerca de nuestro país en 1999, en el que expresa su preocupación por:

a) La inexistencia en Chile de disposiciones relativas a la disolución del vínculo matrimonial.

b) La alta tasa de embarazos de adolescentes registrados en el país.

c) La inexistencia del reconocimiento de los derechos reproductivos de la mujer en Chile, en particular por la prohibición y penalización de todo tipo de aborto en nuestro país, por lo que recomienda legislar sobre el aborto por problemas médicos.

Al respecto, la ministra Delpiano señaló en la comisión técnica que durante el gobierno del Presidente Lagos no se promoverán iniciativas legales en relación con este tema.

Coincido con la ministra en que en este momento no existen las condiciones para abordar el tema en el Congreso.”.

Esto dio lugar para que en la primera página del diario “Las últimas Noticias” de ayer se dijera: “Polémico apoyo del Partido Radical a aborto terapéutico”.”. Hasta aquí la cita.

Por ese motivo y porque teníamos presente que durante el gobierno del Presidente Lagos no sería aprobado un proyecto de ley sobre el aborto, el 23 de enero de 2003, junto con las entonces diputadas Isabel Allende , Carmen Ibáñez , Adriana Muñoz y María Antonieta Saa , y los entonces diputados Enrique Accorsi , Guido Girardi Lavín , Arturo Longton , Osvaldo Palma y Fulvio Rossi , presentamos un proyecto de ley (boletín N° 3197-11) para agregar al artículo 119 del Código Sanitario el siguiente inciso segundo: “Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos.”.

Me alegro de que hoy, después de quince años, discutamos en el Congreso Nacional un proyecto de ley que regule la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: cuando esté en riesgo la vida de la madre, cuando exista inviabilidad fetal y en caso de una violación.

Lo importante es que sea una decisión voluntaria y que, si bien debemos pensar en la nueva vida, también debemos preocuparnos de la vida de la madre.

Felicito a quienes han trabajado en este importante proyecto de ley, aunque no se ha resaltado en la medida necesaria lo importante que será el acompañamiento con que contará la mujer cuando se enfrente a la disyuntiva de realizarse un aborto. Así nos preocuparemos de la salud mental de nuestras mujeres, quienes podrán tomar la mejor decisión. ¡Eso es lo más importante!

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Javier Macaya .

El señor MACAYA.-

Señor Presidente, participé en el debate de este proyecto en la Comisión de Salud y fui testigo de que el Ejecutivo realizó un debate con verdades tapadas, a medias, sobre el real sentido de esta iniciativa, y es importante denunciarlo. Nunca quiso que sus invitados, que defendían una posición favorable al proyecto de ley, transparentaran su posición sobre el aborto libre.

Hubiera sido muy útil clarificar este punto y haber tenido la posibilidad de debatir si esta iniciativa significaba o no el primer paso hacia el aborto libre; sin embargo, no se dio la oportunidad en la comisión.

No hago una denuncia sin fundamento o vacía, pues tanto los invitados como los parlamentarios con una visión favorable al aborto libre no quisieron sostener ese debate, que habría sido lo más honesto intelectualmente, lo más sincero y lo más legítimo, porque es un hecho que en esta Cámara hay diputados que legítimamente tienen esa posición. Quienes nos oponemos a este proyecto de ley y, obviamente, al aborto libre habríamos tenido la oportunidad de realizar un mejor y más transparente debate, no solo desde el punto de vista de demostrar con evidencia lo que ocurre en otras partes del mundo -existe evidencia de que este ha sido el punto de partida para el aborto libre-, sino para contraponer las dos miradas: una, la favorable al proyecto de ley y, probablemente, también al aborto libre -basta con revisar el mensaje del proyecto y ver que se refiriere a la libertad de la mujer y sus derechos sexuales y reproductivos-, y la segunda, la nuestra, de oposición a este proyecto, está fundada en que lo considera un choque violento a la dignidad humana, lo que se hace muchísimo más patente al observar la evidencia conocida, que nos da la certeza de que en unos años más estaremos discutiendo proyectos de ley sobre el aborto libre.

El Ejecutivo optó por el camino de realizar un debate basado en tres causales, que, puestas en su dimensión dramática, particular y con miradas parciales, han encontrado -hay que decirlo y hacerse cargo también de eso apoyo en la ciudadanía. Basta con mirar las encuestas de los últimos meses para darse cuenta de que hay una mirada mayoritaria de respaldo a esas tres causales en particular, por la manera en que fueron expuestas, pero se ha tapado el debate de real sentido y de fondo del proyecto.

En la discusión llevada a cabo en la tramitación de esta iniciativa se mostraron las tres causales como si guardaran bastante sentido común, por ejemplo, la que establece la interrupción del embarazo por riesgo de vida la madre. ¿Cómo no va a parecer de sentido común dicha causal si es una práctica aceptada por todos los protocolos médicos? Evidentemente que lo parece; pero también se han puesto sobre la mesa situaciones bastantes rebuscadas o de laboratorio en el caso de los embarazos inviables.

Ahora, es obvio que la causal más dramática, cuando se pone en discusión, es la del embarazo como consecuencia de una violación.

Todo lo anterior hace evidente que esas causales hayan encontrado eco y respaldo ciudadano.

Es importante entrar a analizar cada una de las causales. Voy a empezar por la más evidente.

Los diputados que son médicos podrán ratificar que en Chile existen protocolos vigentes en nuestro sistema público y privado de salud que no prohíben la interrupción del embarazo en casos de riesgo de la madre. El principio de doble efecto está absolutamente contemplado. Tanto es así que la evidencia dice que no hay médicos condenados por interrumpir el embarazo en los casos en los que ha estado en riesgo la vida de la madre.

Por lo tanto, hay que denunciar la hipocresía fundada en este proyecto que establece esas tres causales, porque creo que esa es la actitud que más daño ha hecho a Chile en los últimos dos años.

Respecto de la causal de inviabilidad de la vida extrauterina, recibimos un sinnúmero de testimonios que demuestran que la certeza absoluta respecto de algo tan delicado como eso resulta imposible, más aún si alguien cree que los consultorios públicos, por ejemplo, de San Vicente de Tagua Tagua, Pichidegua o Pudahuel, contarán con los medios necesarios de diagnóstico, como ecógrafos, y con profesionales en medicina materno-fetal, que permitan tener certeza plena de que esa causal será bien aplicada cuando se produzca un embarazo que contemple un riesgo o inviabilidad extrauterina.

A mi juicio, la tercera causal es la más dramática. Me refiero a la que permite el aborto en los casos -y esto hay que decirlo con fuerza en que se somete a la mujer a una de las situaciones más aberrantes y a uno de los flagelos más crueles de los que puede ser objeto: la violación. Claramente, a esas mujeres el país les ha fallado, lo que también resulta dramático. La pregunta que debemos hacernos es cómo somos capaces de ayudar a que ese drama no solamente tenga un acompañamiento adecuado, sino que no se siga repitiendo.

El Estado ha fallado; pero esa no es razón ni argumento suficiente para violentar nuevamente, en este caso, a un niño que no se puede defender. Ese es el dilema: algo terrible, como es violentar la libertad de la mujer, versus la vida de un niño que viene completamente sano, que es una persona que debemos defender. Frente a eso, ¿qué posición debemos tomar? Desde mi visión, no se trata de convertir a esa mujer en mártir; pero tampoco debe ser compelida, puesta en una situación obligada y ser dejada sola, en desamparo con su hijo. Eso es justamente lo que denunciamos: que no existe un plan de acompañamiento razonable para esas mujeres, puesto que no tenemos una política adecuada de adopción, aspecto que tendría que haber sido parte fundamental de esta discusión.

Por eso, es demasiado importante poner sobre la mesa, y tratar de hacerlo con honestidad intelectual, la pregunta de si con este proyecto estamos dando o no el primer paso y subiendo el primer peldaño de una escalera que, en definitiva, nos conducirá al aborto libre. En lo personal, creo que sí lo estamos haciendo.

Lo planteo porque después de haber conversado con muchísimos diputados que están a favor del aborto libre, estimo que habría sido mejor haber tenido esa discusión. Es lamentable que el Ejecutivo no haya querido entrar en ese terreno, porque habría tenido que comenzar a explicar y a defender lo inexplicable, ya que es evidente que la libertad de las mujeres no puede ir en contra de la dignidad humana.

Quienes defendemos la vida no podemos hacer algo distinto a votar en contra este proyecto. No se puede votar de una manera distinta a lo que se piensa en esta materia.

Respeto la posición de quienes apoyarán este proyecto por estar a favor del aborto libre, pero repudio la decisión de quienes se dicen defensores de la vida, pero, al mismo tiempo, validan un atentado contra la dignidad humana en pro de una defensa de la libertad.

En esta materia, uno no puede hacer algo distinto de lo que piensa, razón por la que mi bancada y quien habla votarán en contra el proyecto.

He dicho.

-Aplausos en la Sala y en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Hay cinco diputados de la siguiente bancada que están inscritos para hacer uso de la palabra, pero ellos no se encuentran en la Sala.

Hago un llamado a los diputados que saben que les tocará intervenir, a fin de que estén presentes cuando les corresponda hacerlo.

Por la razón anterior, habrá que variar el orden de inscripción.

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un punto de Reglamento.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra, su señoría.

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, quiero pedir que haga uso de sus facultades y suspenda la sesión por cinco minutos. No puede ser que este debate sea llevado a cabo con 29 diputados en la Sala.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Se están tocando los timbres. Tiene la palabra la diputada Maya Fernández .

El señor SAFFIRIO.-

Perdón, señor Presidente, tiene que suspender la sesión en este momento.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Eso es facultad del Presidente. Diputada Fernández , tiene la palabra.

El señor SAFFIRIO.-

¡No, señor Presidente! ¡La materia que invoco está en el Reglamento!

La señora PROVOSTE (doña Yasna).-

Señor Presidente, pido la palabra sobre el Reglamento.

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, no está dentro de sus facultades suspender o no suspender la sesión. ¡Tiene que suspenderla! Lo señala expresamente el Reglamento.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

El Reglamento señala que la suspensión debe ser pedida por dos jefes de Comités o determinarla el Presidente.

Diputada Fernández , tiene la palabra.

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, punto de Reglamento.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra, su señoría.

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, el Reglamento de la Cámara señala, en forma expresa, que si el Presidente constata la falta de quorum para sesionar -cuarenta diputados- debe suspender la sesión y llamar por cinco minutos para que este se complete. De lo contrario, se deberán cerrar las puertas de la Sala y aplicar las multas correspondientes.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte pertinente del Reglamento de la Corporación.

La señora PROVOSTE (doña Yasna).-

Señor Presidente, como Comité de la Democracia Cristiana pido que suspenda la sesión y que se aplique el Reglamento.

El señor ROJAS (Prosecretario).-

El artículo 77 del Reglamento de la Corporación señala lo siguiente: “Si en el curso de una sesión falta número y esta circunstancia fuere observada por quien presida, o se reclamare por dos jefes de comités que representen a distintos partidos, se llamará a los diputados por cinco minutos y se procederá en lo demás conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. No se aplicará este procedimiento únicamente en el tiempo de Incidentes de las sesiones ordinarias.”.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Se suspende la sesión por cinco minutos.

-Transcurrido el tiempo reglamentario-

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Quiero recordar que estamos siguiendo estrictamente el orden de inscripción, de manera que solicito a los jefes de bancada que pidan a los diputados que están inscritos para hacer uso de la palabra que estén presentes en Sala; de lo contrario, perderán el derecho a usar de la palabra.

Tiene la palabra la diputada Maya Fernández .

La señorita FERNÁNDEZ (doña Maya) .- 

Señor Presidente, estimados colegas: saludo a nuestras ministras presentes, a las organizaciones que nos acompañan, especialmente a las que promueven los derechos de las mujeres, y a las mujeres y los hombres presentes en este debate.

Cierto es que hemos demorado, pero igual creo que hoy estamos ante un momento histórico al restablecer una normativa que hace más de treinta años existía en nuestro país.

Recordemos que la interrupción del embarazo por razones terapéuticas fue una legítima prestación de salud, reconocida por la comunidad médica y por la ciudadanía; pero a fines de 1989, en dictadura, se estableció su prohibición en toda circunstancia, la que se encuentra vigente en la actualidad.

Con el debate del proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales específicas se pretende lograr un gran avance en materia de derechos de la mujer. Con ello estamos cumpliendo un compromiso con las mujeres de nuestro país, derrocando una discriminación hacia ellas y avanzando hacia un país más justo e inclusivo.

En una sociedad democrática debe existir el respeto al derecho de la mujer a decidir, especialmente cuando se ve enfrentada a situaciones tan complejas y dolorosas, como ocurre en el caso de las tres causales establecidas. En ese sentido, deben resguardarse sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y su derecho a la igualdad ante la ley, del mismo modo como deben respetarse sus derechos sexuales y reproductivos.

La mayoría de los países del mundo regula la interrupción del embarazo en las tres causales señaladas e incluye normas jurídicas que protegen a las mujeres.

Somos uno de los seis países que prohíbe y criminaliza cualquier interrupción del embarazo. Esto constituye un conservadurismo anómalo.

Chile tiene una sociedad que avanza. El Estado debe velar por el bien común de las personas, respetando sus derechos, y debe entregar las condiciones para protegerlas, con el fin de que una decisión como la que nos ocupa se tome en libertad, sin miedos ni imposiciones.

Sin embargo, con la ley vigente en esta materia, que sanciona, criminaliza e impone penas privativas de libertad a las mujeres que se realizan un aborto, no nos estamos haciendo cargo del problema.

Si a una mujer que se ve enfrentada a una difícil situación, de la cual no es responsable, le quitamos la libertad de decidir qué hacer y cómo enfrentar dicha situación, lo único que hacemos es dejarla desamparada. Al criminalizar a las mujeres en esos casos, Chile les da un trato indigno.

Es importante tener presente que el aborto es una realidad social que no ha desaparecido por la penalización; esta solo ha servido para invisibilizar y aislar a las mujeres que han decido interrumpir su embarazo. Miles de mujeres en Chile se someten a ese tipo de intervenciones en lugares clandestinos y con mínimas condiciones sanitarias, lo que pone en riesgo su vida y su salud.

Por ello, me parece indigno que ante esa difícil situación se sancione penalmente a la mujer que está sufriendo, pese a que el Estado no le entregó ni siquiera las condiciones mininas para su protección. Por el contrario, la castiga y encarcela. Me pregunto ¿dónde están los derechos de esas mujeres? ¿Dónde está la libertad? Con la actual ley no existen.

La introducción de esta nueva legislación reafirmará un derecho inalienable que tenemos todas las mujeres: el derecho a decidir.

El proyecto no impone una obligación a las mujeres. Por el contrario, les entrega una facultad, una opción; ello se traduce en la entrega de valores inherentes a todo ser humano, como son la libertad y la dignidad.

Esta iniciativa representa un gran avance. El hecho de que la mujer pueda tomar una decisión de forma libre, consciente y segura al momento de determinar si va a interrumpir su embarazo cuando sea producto de una violación, cuando exista inviabilidad fetal o cuando esté en riesgo su propia vida, constituye la restitución de un derecho básico.

Tenemos que mirar el mundo actual y el futuro, por lo que nuestras leyes deben ir evolucionando de la mano de los anhelos, sueños y demandas ciudadanas

Por lo expuesto, entrego mi total apoyo a este proyecto de ley.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, es una lástima que se haya debido suspender la sesión por algunos minutos para restablecer el quorum en la Sala, teniendo presente la importancia del proyecto que se está discutiendo hoy. En efecto, todavía está presente menos de la mitad del total de diputados.

Pero esa es una decisión de cada uno. Es la decisión de estar presente en la Sala o, a lo mejor, la de escuchar las intervenciones a través de la radio o la televisión. Reitero: es una decisión que toma cada uno.

Pero lo que ninguno de nosotros pudo decidir fue cuándo nacer, donde nacer, en qué familia nacer o en qué circunstancias ser concebido. Cualquiera de los que estamos aquí presentes podría haber sido concebido producto de una relación no consentida. Por tanto, les pregunto a mis colegas qué decisión habrían querido tomar respecto de esa situación. Reflexionemos sobre eso.

Se ha hablado de la experiencia en Europa. Les quiero contar que cuando en Europa se establecieron las tres causales mencionadas, el porcentaje de intervenciones para la eliminación de vida intrauterina se mantuvo en el mismo nivel que cuando después se autorizó el aborto libre. En muchas ocasiones se recurrió a dichas causales como excusa para proceder al aborto libre.

También se ha hablado de que existe un ente dominante y un ente dominado, en relación con el hombre y la mujer. Pero les pregunto ¿en qué situación está la criatura que está en el vientre materno? ¿Es dominante o es dominado? ¿A quién defendemos?

La anterior ministra de Salud habló de las “clínicas cuicas”. La verdad es que hasta hoy no se sabe cuáles son las “clínicas cuicas” que practican abortos a ciertas personas.

(Manifestaciones en la Sala)

Pido respeto a los presentes, precisamente por el hecho de que pueden expresarse; no como los niños que van a fallecer en el futuro y que nunca podrán expresarse. Les pido respeto, por favor.

En la Comisión de Salud se pidió que se citara a la exministra para que indicara cuáles eran aquellas “clínicas cuicas” en las que se realizaban abortos. En su momento se me indicó que esa citación se iba a hacer a futuro, pero nunca se realizó. Si la entonces ministra de Salud sabía cuáles eran las “clínicas cuicas” en las que se practicaban abortos, significa sencillamente que esas clínicas quedaron en absoluta impunidad porque no hubo voluntad para fiscalizarlas.

Se ha señalado que se pretende avanzar en materia de libertad de conciencia. Quiero probar que a través del proyecto se está vulnerando precisamente la libertad de conciencia, consagrada en nuestra Carta Fundamental y en tratados internacionales.

Por último, también se ha mencionado la creación de un programa de acompañamiento. Esta propuesta estaba contenida en un proyecto presentado a la Cámara por muchos parlamentarios de distintas corrientes, particularmente de la Democracia Cristiana, de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, antes de que se presentara la iniciativa del gobierno que hoy discutimos. Sin embargo, el gobierno no quiso darle la urgencia que correspondía y prefirió avanzar en su proyecto. Si bien es cierto que esa idea se recogió dentro de la iniciativa en discusión, digamos las cosas como son: no existen los recursos necesarios y suficientes para implementar un programa de acompañamiento real y sincero en esta materia.

Señor Presidente, desde ya manifiesto que haré reserva de constitucionalidad respecto de este proyecto, sobre la base de tres disposiciones de la Carta Fundamental: el número 1° del artículo 19, el número 6° del artículo 19 y el número 16° del artículo 19.

Voy a dar lectura al texto que se propone para la aprobación de la Cámara:

“Artículo 1°.- Modifícase el Código Sanitario en la forma que se indica a continuación:

1) Sustitúyese el artículo 119 por el siguiente, nuevo:

“Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer, un(a) médico(a) cirujano(a) se encontrará autorizado(a) para interrumpir un embarazo cuando:

1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.”.

El proyecto original disponía que debía existir riesgo presente o futuro. Esa disposición se eliminó, pero se propuso que la norma estableciera que debía existir un riesgo vital inminente. La verdad es que esa propuesta no fue acogida. Por lo tanto, la situación sigue tal como estaba antes. La interrogante que surge es la siguiente: ¿Qué pasará en el caso de aquellas patologías psiquiátricas en las que se proyecte el riesgo eventual de un suicidio?

Bajo la forma de una indicación restrictiva, se esconde una fórmula amplia que puede ser utilizada fraudulentamente.

El número 2) del nuevo artículo 119 del Código Sanitario propuesto por el número 1) del artículo 1° del proyecto dispone como segundo caso para la interrupción del embarazo que “El embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal.”.

Pues bien, se señala que para determinar aquello debe existir un informe médico, pero nada se señala sobre la posibilidad de que se utilice algún informe fraudulento o erróneo.

En la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento presenté una indicación que pretendía corregir esa situación, por cuanto en nuestra legislación, y analizando la jurisprudencia y la legislación comparada, esta figura -la entrega de un informe falso por parte de un médico no será penalizada por la ley.

Quienes somos abogados sabemos que en materia penal no se sanciona por analogía; por lo tanto, si esa conducta no está expresamente tipificada y sancionada por ley, quedará impune.

Sin embargo, esa indicación fue declarada inadmisible en la comisión, pues se señaló que este proyecto era de despenalización y no de penalización.

Espero que quienes apoyaron esta situación no se lamenten mañana porque se están realizando intervenciones para interrumpir embarazos bajo la causal que no corresponde.

La tercera causal se establece en el número 3) del artículo 119, nuevo, del Código Sanitario, introducido por el artículo 1° del proyecto, que señala: “Es el resultado de una violación, en los términos del inciso segundo del artículo siguiente,…”.

Pues bien, ¿de quién es la responsabilidad absoluta de una violación? Sabemos que aquí hay una víctima, y hay que colocarse en su lugar. Por eso, en su momento presentamos una iniciativa para dar acompañamiento a la mujer embarazada y así abordar este tipo de aspectos.

Pero también existe otra víctima, cual es la criatura que está en el vientre materno. ¿Qué responsabilidad tiene esa persona? Coloquémonos en el lugar de esa criatura concebida en una relación no consentida. Estamos protegiendo el derecho a la vida, el cual se halla consagrado en la Constitución Política de la República, y que, además, se relaciona con tratados internacionales.

Hay que tener presente que el ejercicio de nuestra soberanía reconoce además los derechos garantizados por los tratados internacionales ratificados por Chile.

En esta materia cabe mencionar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), que protegen la vida desde el momento de la concepción.

Para qué hablar de la abundante jurisprudencia y doctrina existentes en la materia, que, por supuesto, van en ese mismo sentido. Tanto nuestra legislación como la internacional establecen que la vida debe protegerse desde el momento mismo de la concepción, principio que también consagra el Código Civil, de 1855, redactado por Andrés Bello . Y qué decir de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema y de la propia Contraloría General de la República.

Estimados colegas: la vida humana empieza desde el momento mismo de la concepción.

(Aplausos)

Otro tema que quiero señalar se relaciona con la objeción de conciencia.

El artículo 119 ter, nuevo, que se incorpora al Código Sanitario mediante el artículo 1° del proyecto, señala que el médico cirujano que sea requerido para interrumpir el embarazo en las causales descritas en el artículo 119, podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia.

Señor Presidente, ¿qué pasará respecto de los demás profesionales que intervengan en la interrupción de un embarazo, como son los anestesiólogos, las enfermeras, las arsenaleras, los auxiliares y las matronas? ¿Acaso ellos no van a poder manifestar su objeción de conciencia?

(Aplausos en las tribunas)

El número 6° del artículo 19 de la Constitución Política garantiza la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos, etcétera. Habla de lo mismo: la libertad de conciencia.

Además, el número 16° del citado artículo, el cual invoqué para hacer reserva de constitucionalidad, se refiere a la libertad de trabajo y su protección. Dicha norma dispone: “Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución.

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos.

Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad…”.

Entonces, ¿acaso esta normativa, que no considera en la objeción de conciencia a los anestesiólogos, a las enfermeras, a las arsenaleras, a las auxiliares y a las matronas, no está vulnerando claramente la Constitución Política?

(Aplausos)

Aquí se les está diciendo a esos profesionales: “Si usted quiere mantener su objeción de conciencia, no puede trabajar acá.”. Así, a esos trabajadores se les está limitando su derecho al trabajo, y si alguno de ellos realiza la intervención, como lo obliga la ley, estará renunciando a su libertad de conciencia.

Por lo tanto, en este punto se está vulnerando el derecho al trabajo o se está vulnerando el derecho a la libertad de conciencia.

En este sentido, hago un llamado a todos los defensores de los trabajadores a analizar bien la norma propuesta, porque tenemos un Estado que permanentemente maltrata a sus propios trabajadores.

En la Corporación hemos celebrado sesiones especiales para manifestar que debemos solucionar la situación de los funcionarios a honorarios y a contrata. Sin embargo, hoy estamos creando una norma que dice a los trabajadores de la salud: “Señor, si usted cree en la vida y no en el aborto, no puede permanecer contratado aquí.”.

Insisto en que con esto se está limitando a dichas personas su derecho al trabajo. Es decir, si mañana un trabajador no participa en una intervención para interrumpir un embarazo, será sumariado y, por tanto, perderá su trabajo.

Por tanto, en este aspecto pido a los colegas hacer el análisis respectivo, porque una vez más esta Cámara se encuentra avalando una situación de maltrato del Estado de Chile hacia sus trabajadores.

Este proyecto, además de ser inconstitucional, atenta contra la vida y contra las libertades de trabajo y de conciencia.

Por consiguiente, reitero que formularé reserva de constitucionalidad sobre el citado punto y anuncio que votaré en contra la iniciativa en sus tres causales.

He dicho.

-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, desde los inicios de la humanidad el hombre ha tenido la tentación de matar a otros para solucionar problemas en situaciones extremas. Chile no ha estado ajeno a esta constante histórica.

Por siglos, la humanidad toleró la esclavitud, por considerar erradamente que los seres humanos de color eran objetos y no sujetos de derecho.

La pena de muerte, que aún subsiste en algunos Estados, fue abolida en nuestro derecho, porque, independientemente de la gravedad de un delito, el delincuente no pierde su dignidad.

Nosotros creemos que el fin no justifica los medios: nunca es lícito matar a un ser humano para conseguir un fin, por legítimo que este sea.

(Aplausos)

La dignidad del ser humano no puede ser supeditada o mediatizada a un fin. Este es el argumento fundante para oponerme al proyecto de ley en discusión, que pretende, finalmente, terminar con la vida de un ser humano en gestación en tres causales: peligro para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación, desconociendo la dignidad de aquel, dignidad que, en nuestro ordenamiento jurídico, se halla reconocida expresamente en la Constitución Política, que establece:

“Artículo 19. La Constitución asegura a todas la personas:

1° El derecho a la vida…”. “La ley protege la vida del que está por nacer.”.

Ello, también en virtud del artículo 5°, inciso segundo, de nuestra Constitución y del artículo 4, número 1, de la Convención Americana sobre Derechos Políticos y Ciudadanos, que dispone: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”.

Existen abundantes evidencias científicas que afirman que el no nacido es un ser humano desde la concepción o, para los más escépticos, desde un momento apenas posterior. Negarlo atenta contra el fundamento de los derechos humanos.

En nuestro ordenamiento jurídico, despenalizar el aborto no es necesario, pues existen disposiciones que eximen de responsabilidad penal a la mujer en situaciones extremas.

Este proyecto de ley no solo despenaliza el aborto, sino que lo legaliza y lo legitima como un derecho al cual el Estado se encuentra obligado. Prueba de ello es que el informe de Hacienda destina más de 1.600 millones de pesos, no precisamente para celebrar “El Día del Niño” a estas criaturas, sino para provocar y financiar un procedimiento para terminar con la vida de estos seres no nacidos.

Asimismo, la iniciativa declara la licitud del aborto en tres causales, para que la ley sea operativa, y establece el derecho de la mujer a recibir una prestación de salud.

En relación con la primera causal, peligro para la vida de la madre, no se establece plazo, por lo cual en cualquier etapa del embarazo se podría inducir deliberadamente un aborto.

Lo cierto es que esa situación ya está regulada por la práctica médica. Han querido hacernos creer que hoy, en situaciones de peligro para la vida de la madre, como un embarazo ectópico, los médicos no podrían actuar; pero lo cierto es que el Código de Ética Médica obliga al facultativo a actuar conforme lo que dispone la lex artis, y lo hacen habitualmente. La intervención consiste en realizar un procedimiento para procurar salvar la salud de la madre, aceptando como un efecto colateral, no deseado, la muerte del nonato.

Entonces, esa situación está regulada, por lo cual lo que realmente se busca a través der la primera causal del proyecto es regular un aborto directo, es decir, provocar directamente la muerte del no nacido.

La segunda causal es la de inviabilidad fetal, que tampoco tiene plazo, por lo que también se permitirá provocar el aborto en cualquier etapa del desarrollo del embrión. El caso más emblemático es la anencefalia. Aclaremos que no se trata de un ser vivo que no tiene cerebro, sino de uno cuyo cerebro no se desarrolló adecuadamente. Es un hijo enfermo, pero lo que propone el proyecto es terminar con su vida, desconociendo la dignidad que tiene por tratarse de un ser humano.

Nosotros proponemos que en esos casos dramáticos también haya acompañamiento. Por eso, esta mañana presentamos un proyecto de ley que crea una institucionalidad destinada a acompañar a la mujer y que no quede abandonada a su suerte en una situación tan dramática como la descrita. El propósito es que podamos acompañarla y asistirla médicamente, con prestaciones de médicos especialistas que le permitan enfrentar en mejores condiciones una situación como la mencionada.

Además, tenemos el problema de que en Chile solo hay 48 especialistas idóneos para diagnosticar la inviabilidad fetal, 39 de los cuales están en Santiago. Me pregunto si en Punta Arenas, en Arica, en San Carlos, en Cabrero, en Quirihue, en Cobquecura se podrán diagnosticar acertadamente los casos de inviabilidad fetal, aunque para mí resulta evidente que será imposible.

Asimismo, señor Presidente, la experiencia nos muestra que se han cometido muchos errores en este ámbito. Hemos conocido muchísimos testimonios, como el de Nevenka, quien llegó hasta acá con su hijo de once años y caminó por los pasillos del Congreso Nacional. Vino a entregarnos su testimonio de mujer valiente cuyo hijo fue diagnosticado como inviable por siete “especialistas”, no obstante lo cual está vivo.

Es cierto que ha sido objeto de varias operaciones que le han significado un gasto enorme a esa mujer heroica, quien vive gracias a su sueldo de profesora, pero ha logrado salir adelante con su hijo, que es sus ojos, el sentido de su vida.

Hemos conocido esos casos aquí, en el Congreso Nacional, por lo cual tenemos conciencia de lo precaria que es la capacidad que tenemos para detectar la inviabilidad fetal en nuestro país, lo que facilita la comisión de errores, y en este caso podrían ser errores fatales para miles y miles de chilenos.

Respecto de la causal de violación sí se establece plazo: si la víctima es menor de catorce años, dicho plazo será de hasta doce semanas, aunque sabemos que transcurrido ese tiempo la criatura ya está perfectamente desarrollada. No obstante, el proyecto pretende hacernos creer que tras doce semanas aún no hay un ser humano, por lo cual perfectamente se puede disponer de la vida de esa criatura.

Entendemos que una agresión sexual como la violación es un acto violento, deleznable, pero por esa misma razón sostenemos que los esfuerzos deben concentrarse en meter en la cárcel al violador, en condenarlo, no en condenar a muerte a una criatura que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, ninguna culpa.

Por eso, y porque es una alternativa posible de llevar adelante en tanto se cuente con el financiamiento del Estado, proponemos el acompañamiento. Ello nos permitiría no dejar abandonada a la mujer violada, generalmente en su entorno familiar, o no llegar tarde en su ayuda.

Lamentablemente, este proyecto ni siquiera contemplaba la denuncia previa, ya que la plantea como una exigencia posterior a la praxis del aborto, de manera que en esta causal podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que habrá aborto libre. Porque, ¿qué pasará si el médico practica el aborto, después se hace la denuncia y el Ministerio Público o los tribunales llegan a la conclusión de que no hubo violación? En esa situación estaremos frente a casos de aborto realizados a sola solicitud de la madre.

Ahí debería haber acompañamiento y establecerse la posibilidad de la adopción anticipada, que es lo que hemos sugerido algunos diputados. Debemos crear un registro de familias, de parejas interesadas en acompañar en estos casos, una especie de lista de Schindler de familias dispuestas a hacerse cargo en situaciones tan dramáticas. Debemos establecer esa opción en nuestra ley de adopción.

Señor Presidente, el aborto no es una solución progresista a los problemas. ¡Qué más progresista que el respeto a la vida!

Nosotros, los democratacristianos, defendimos la vida durante la dictadura, así que también hoy la vamos a defender. Tenemos una sola línea en esta materia. Lamento que a una camarada como Soledad Alvear, que ha sido coherente en su vida, exparlamentarias que estuvieron en este hemiciclo y algunos camaradas -lo digo con mucho dolor la hayan denostado por haber defendido la vida con tanta consecuencia.

Solo le pido a Dios que el aborto no nos sea indiferente; este monstruo grande pisa fuerte. Termino mi intervención con las palabras de la Madre Teresa de Calcuta, quien, al recibir el Premio Nobel de la Paz, señaló que hoy el principal atentado contra la paz en el mundo es el aborto, porque permite generar una violencia injustificada en contra de un ser que no se puede defender y que no tiene voz, porque la han acallado.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.

El señor CERONI.-

Señor Presidente, no hay duda de que no es fácil tomar una postura ante el aborto y de que hay diversas posiciones respetables sobre la materia. Pero mientras hablaba el diputado Sabag , pensaba en lo fácil que es ponerse en una posición totalmente contraria al aborto cuando no se es mujer, cuando no se vive en carne propia el problema que dice relación con estas causales.

¡Por Dios que es fácil estar en contra de estas posiciones que permiten el aborto cuando se es hombre! Son mujeres las que viven el problema, así es que la voz de ellas es la más autorizada para pronunciarse al respecto.

Pero, más allá de todos estos razonamientos, lo cierto es que forzar a una persona, específicamente a una mujer, a llevar adelante un proceso dentro de su cuerpo, en contra de su voluntad, en los casos que señala el proyecto, es de una violencia inaceptable.

¿Pueden otros -me pregunto tomar una decisión por sobre la voluntad de la mujer respecto de los casos sobre los cuales estamos legislando? Ciertamente, no. Por lo menos, no los que estamos a favor del aborto a todo evento.

En los casos específicos que señala la iniciativa, además de los argumentos que estamos dando, debemos considerar también que estamos terminando -creo que hay que poner atención en esto con un reducto de dominación del hombre sobre la mujer, ya que por ley hemos decidido, durante mucho tiempo, lo que ellas pueden o no pueden hacer con su cuerpo.

Chile es el único país de América del Sur en el cual la interrupción del embarazo es penalizada sin excepción, luego de que la dictadura militar derogara el artículo 119 del Código Sanitario, que autorizó el aborto terapéutico entre 1931 y 1989.

El texto que presenta hoy el Ejecutivo despenaliza el aborto solo en tres causales, no para cualquier situación:

La primera causal es cuando existe peligro para la vida de la mujer, de manera que con su consentimiento se le realicen tratamientos médicos para preservar su vida, aun cuando ello implique la interrupción del embarazo.

¿Cuántas veces y durante cuánto tiempo se ha realizado la interrupción de un embarazo con sigilo, entre bambalinas? Eso ha ocurrido en Chile y en todo el mundo. En la Cámara solo estamos despenalizando algo para proteger a la mujer y su vida, lo que, en la práctica, se ha hecho muchas veces.

La segunda causal es la inviabilidad fetal de carácter letal. Es decir, si el embrión o feto padece de alteraciones estructurales congénitas o genéticas de carácter letal, ¿tenemos derecho a mantener a la mujer en un permanente duelo de llevar en su persona un embrión o un feto en esa situación?

En relación con esta causal, recordemos la situación que vivió la joven Karen Espíndola , quien, a los 23 años y con 12 semanas de gestación, fue informada de que el hijo que esperaba sufría de malformación cerebral incompatible con la vida. Según lo dicho por ella, el Estado no le dio alternativa alguna, lo que la llevó a una depresión terrible. Karen sufrió el trauma que le provocó la obligación de convertirse en madre en esas circunstancias.

¿Qué pasó con su hijo? Nació sin una parte de su cerebro y falleció a los dos años de edad. Ella señaló que el niño no se daba cuenta de nada, por lo que para ella no tuvo sentido todo el sufrimiento que padeció.

La tercera causal es la violación, caso en el que permitimos que la mujer que ha quedado embarazada debido a una violación, tenga el derecho a no continuar con ese embarazo.

No podemos sancionar a la mujer dos veces: debe sobrellevar las consecuencias de una violación y, además, se le penaliza en caso de que aborte. En el proyecto establecemos claramente que el aborto se puede realizar hasta las doce semanas de gestación, y hasta las catorce semanas en caso de ser menores de 14 años, porque las menores o tienen temor de hablar de embarazo en esta situación o no se percatan de él.

Una de las principales preocupaciones de los organismos internacionales con respecto a la prohibición total del aborto, dice relación con los altos índices de mortalidad materna en América del Sur, donde más de cinco mil mujeres mueren cada año debido a las complicaciones de abortos ilegales realizados en condiciones de clandestinidad. No podemos cegarnos ante esta realidad. En Chile fallecieron 54 mujeres en 2012 debido a abortos ilegales.

Chile es uno de los pocos países de América Latina y del mundo que prohíbe el aborto terapéutico. El proyecto despenaliza, pero no legaliza el aborto, y lo limita estrictamente a las tres causales mencionadas.

Los abortos no son solo un tema de salud pública, sino que reflejan las desigualdades sociales que existen hasta el día de hoy en una sociedad clasista, como la chilena, ya que las mujeres pobres deben acudir al sistema de salud pública, donde enfrentan con frecuencia tratos denigrantes y persecución legal, mientras que las hijas de estratos sociales adinerados acuden a clínicas privadas en forma discreta y sin correr riesgo penal alguno ni de salud. Eso no es justo, no es aceptable, y es lo que debemos reparar.

Hay una cosa clara: no resulta justificado que el Estado dirija el máximo reproche contra una persona que, dadas las circunstancias objetivas en que obró, no pudo razonablemente actuar de un modo diverso.

Mediante el proyecto de ley no estamos obligando a las mujeres a abortar; solo despenalizamos el aborto en las causales que se señalan y que son tan fundadas. Es la mujer la que, de acuerdo con sus principios, valores y concepciones religiosas, determinará cómo actuar, porque el Estado no puede coartar bajo sanción penal una decisión libre y tomada en conciencia por las mujeres.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Giorgio Jackson .

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a las ministras y al ministro que nos acompañan.

Felicito y reconozco la valentía del gobierno para llevar adelante un debate complejo, que divide aguas en la propia coalición de gobierno, pero que considero necesario para avanzar hacia una sociedad más libre, en la que existan derechos más igualitarios entre hombres y mujeres. Este es un paso en esa dirección, y vale la pena su reconocimiento.

Cuando hace un año y medio empezó a agitarse el debate con respecto al aborto, recibí un correo electrónico de mi abuela, quien me hacía ver con mucha frustración y rabia que un debate de esta naturaleza sería decidido mayoritariamente por hombres.

También me recordó lo complejo que fue en el pasado derogar las leyes que permitían la esclavitud y las que prohibían el voto femenino, en momentos en que los parlamentos y gobiernos estaban liderados principalmente por hombres.

Desde su frustración, me hizo ver y me recordó la lucha histórica de las corrientes feministas que han conseguido derechos, sobre todo en el último siglo y medio.

Algunos cuestionan el hecho de otorgar carácter machista a la persecución penal de la interrupción del embarazo. Carlos Peña hace una buena analogía en una columna de hace un par de semanas. En ella señala que lo más parecido a la obligación que tiene una mujer víctima de una violación de continuar con su embarazo es el experimento mental de un científico de apellido Thomson, en el que se conecta, a la fuerza y sin su consentimiento, el riñón de un hombre que duerme a un enfermo hasta encontrar un donante que permita recibir un trasplante a este último. Agrega que la mujer violada y el hombre conectado estarían en la misma situación, ya que una vida extraña dependería de ellos.

La pregunta que cabe formularnos, y así lo plantea Peña , es si resulta correcto coaccionar a la mujer para que mantenga ese embarazo y soporte sus costes, o coaccionar a ese hombre para que no se desconecte al enfermo que profita de su riñón. A poco reflexionar, se advierte que esa coacción resulta excesiva. ¿Qué razón habría para justificarla? Para hacerlo, suele esgrimirse el derecho a la vida del nasciturus. El derecho a la vida, se dice, es sagrado y nada justifica amagarlo; pero se confunde el derecho a la vida de cada individuo, y esta es la parte esencial, con la obligación de todos los demás de sostenerla a cualquier coste.

Esa misma razón se esgrime en el proyecto de ley para establecer que no es razonable que el Estado emplee sus métodos coactivos para obligar a una mujer a mantener un embarazo en estas tres hipótesis.

Me gustaría hacer el punto político con respecto al eslogan de ser provida, porque aquí no solo se trata de estar hablando del momento del nacimiento, sino también de una construcción cultural frente a distintas palabras, frente a distintos hechos que muchas veces simplifican la vida, como sucede en este caso.

¿Qué proponen detrás del eslogan quienes se definen como provida? Debemos reconocer y poner en la historia del debate que quienes hoy se han calificado como provida, o la mayoría de quienes se promocionan como provida son quienes históricamente han impedido que en las escuelas públicas se enseñe explícitamente educación sexual.

(Aplausos)

Son quienes históricamente se opusieron a los métodos anticonceptivos; son quienes se opusieron, se movilizaron y, a través de sus alcaldes, han intentado impedir el acceso a la píldora del día después.

Por lo tanto, no me compro el que esta discusión se trate solo del aborto. Me parece que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por lo que es un tema más complejo que el aborto en estas causales.

En tono burlesco, el comediante estadounidense George Carlin , en su rutina Stand-up Comedy, señala que quienes defienden el eslogan provida, al parecer, por las otras políticas que defienden, lo hacen solo desde la concepción hasta el parto, porque después, con el modelo social y económico que ellos mismos impulsan, al parecer el eslogan no es provivir, sino más bien prosobrevivir, porque aplican el “rásquese con sus propias uñas” o el “sálvese quien pueda”. Entonces, antes del parto son provida; después del parto comienza la ley de la selva.

Es ahí cuando uno pide coherencia respecto de las políticas privatizadoras en salud o cuando se habla de que el TTP va a aumentar el precio de los medicamentos y habrá gente que no podrá acceder a ellos y va a morir. En esos casos, ¿dónde están los que se declaran provida?

(Aplausos)

Ahora bien, por intermedio del señor Presidente, quiero explicar al diputado Edwards que no soy un abortista. Primero, porque creo complicado practicarme uno y, segundo, porque, en la línea del proyecto, no obligo ni presiono a ninguna mujer para que aborte, sino para que elijan ellas mismas.

Señor Presidente, en nombre de mi abuela, de mi madre, de mis hermanas y de todas las mujeres que represento, más las que van a nacer, votaré a favor de las tres causales, para que ellas, en el caso de que así lo requieran, tomen su propia decisión sin miedo y sin culpa.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Ward .

El señor WARD.-

Señor Presidente, votaré en contra de este proyecto de ley.

Estamos ante una discusión y votación histórica, que espero no sea tristemente histórica. Se trata de una iniciativa enviada por la Presidenta de la República que contempla tres causales para acceder a un aborto. Considera tres causales y no seis, nueve o doce, porque considera -lo que mayoritaria, pero no unánimemente creemos en esta Sala que el aborto es, finalmente, un acto antinatural e inhumano.

Por eso, no he escuchado en ningún discurso de quienes están a favor de esta iniciativa, defender el aborto libre. Nadie se ha atrevido a hacerlo, porque comprenden que se está intentando aprobar algo de forma excepcional, bajo el entendido de que el aborto libre considera un acto antinatural e inhumano.

El debate podría centrarse en qué hay dentro del vientre materno, como entiendo que sucedió en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Algunos pueden considerar que lo que hay dentro del vientre materno es un conjunto de órganos y tejidos; si es así, la mujer puede hacer lo que quiera. Por el contrario, si consideran que lo que está dentro del vientre es una vida humana, como estoy convencido que así es, solamente hay un acto que como parlamentario podemos hacer si somos consecuentes: votar en contra el proyecto de ley.

Si uno considera que dentro del vientre materno, desde la concepción, hay una vida humana, debe defenderse siempre. ¡No hay otra opción! Por ello, obviamente, quienes están a favor del aborto libre y defienden este proyecto, no hacen una invocación a la defensa del aborto en todas sus causales, porque comprenden que lo que se aprobará es un acto excepcional, sin entender que hay una incongruencia, ya que, de aprobarse, se entiende que no se aprueba el aborto libre, porque se está atentando contra la vida humana, que es lo que está dentro del vientre materno.

Hace un par de horas escuche a un parlamentario de la Democracia Cristiana señalar que está dispuesto a defender el derecho a la vida, pero no cualquier vida. Ahí tenemos una diferencia, pues yo sí estoy dispuesto a defender cualquier vida que se encuentre en el vientre materno, incluso una que tenga alguna enfermedad. Ahí tenemos una diferencia, y eso lo vamos a defender siempre.

(Aplausos)

Esta decisión que vamos a tomar y concretar a través del voto nos va a acompañar como parlamentarios siempre.

Hago un llamado con mucho respeto y tranquilidad a quienes aún no están ciento por ciento decididos o dudan respecto de las causales que contempla este proyecto de ley. El resultado de esta votación nos va a acompañar siempre. No voy a hacer ninguna caricatura respecto de cuáles son las consecuencias que va a tener la decisión que tome cada uno de los diputados. Llamo a votar libremente, en conciencia, y a abstenerse o a votar en contra de las causales sobre las que no tienen un convencimiento pleno.

Hay parlamentarios que aún no tienen una opinión formada respecto de todas las causales. Si tienen alguna duda, repito, hago un llamado a la responsabilidad: a abstenerse o a votar en contra, pero no sumarse a un proyecto simplemente por cumplir con una promesa de campaña.

Durante la sesión de la mañana otro parlamentario de la Democracia Cristiana señaló que aquí estamos hablando de derechos humanos. Eso es cierto; pero la defensa de los derechos humanos no tiene fronteras. No se pueden establecer fronteras geográficas, como lo hace el Partido Comunista, que llama a respetarlos solamente cuando no están circunscritos a un sector donde ellos están dominando, o, en este caso, a fronteras físicas. Si se enarbola esa bandera, se deben asumir las consecuencias de ese acto, porque, de lo contrario, estaríamos enfrentados a un acto de inconsecuencia.

Reitero: la defensa de los derechos humanos no tiene fronteras geográficas ni físicas.

Llevo diez años en el ejercicio parlamentario, y si me hacen elegir la votación más importante, sin duda, elijo la de este proyecto de ley. Estoy totalmente convencido de que quienes consideramos que lo que hay dentro del vientre materno es una vida humana, debemos votar en contra esta iniciativa.

Estoy a favor de los derechos de la mujer y, obviamente, nuestro deber principal es defender los derechos de la mujer que aún no ha nacido.

Considero que el aborto siempre es un delito y nunca un derecho. He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda .

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, no vamos a votar a favor del aborto libre. Nos pronunciaremos por tres excepciones que la experiencia y el conocimiento me han enseñado que deben despenalizarse. Me refiero al aborto terapéutico, con sus tres causales: la no viabilidad del feto, por encontrarse la madre en peligro y la violación.

No podría aceptar la muerte inminente de una mujer por tener que dar a luz. No sería justo traer al mundo a un ser descerebrado y no viable. Tampoco podría comprender cómo una mujer tendría que dar a luz a un hijo que es producto de una violación, que es un acto de violencia y brutalidad sexual contrario absolutamente a su voluntad y a su consentimiento. No podría comprender que ella tuviese que resistir el nacimiento o la existencia de ese ser producto de esa violación. Tener a ese hijo sería recordar durante toda su vida, por el solo hecho de verlo, ese negro capítulo, dado que ese hijo no ha sido producto de su amor. Ese hecho perseguirá eternamente a esa mujer. Se trataría de una vida verdaderamente traumática para ella. ¡Claro, a los demás no les importa, pero a ella, sí!

La mujer es dueña de sí misma, y en virtud del principio de la libertad personal debe decidir qué hacer.

Los legisladores dictamos la norma que las faculta, pero son ellas las que decidirán. No somos nosotros quienes debemos decirles lo que deben hacer. Les otorgamos el derecho de decidir. Es una decisión voluntaria en que la mujer puede o no hacerlo. No es imperativo. No se la obliga. Se otorga una facultad que es un derecho a decidir y no una imposición que debiera cumplir obligatoriamente. Son situaciones muy excepcionales, que no constituyen aborto libre, como aquí mañosamente se ha querido decir o se ha pretendido confundir.

Se trata de una situación que estaba resuelta, pero que, por una disposición arbitraria e inconsulta de un gobierno autoritario, quedó sin efecto. Entonces, ahora se trata de restablecer una norma que ya otorgaba ese derecho y que fue derogada arbitrariamente.

Quienes sostienen que estamos por el aborto libre, mienten; quienes consideran que atentamos contra la vida, mienten. No es así. Estamos en contra del aborto libre, el que debiera ser penado por la ley. Estoy por los derechos humanos de la mujer. Estoy con ellas, con las mujeres más vulnerables, social, económica y culturalmente.

Los tratados internacionales sobre de derechos humanos expresan que la denegación de la interrupción del embarazo, en estas circunstancias, puede constituir vulneración a derechos humanos. ¡Entonces, no estamos violando los derechos humanos! ¡Qué nos vienen a decir a nosotros si toda la vida hemos defendido los derechos humanos! Las tres condiciones que considera el proyecto tienen exigencias que me dan la tranquilidad y seguridad absoluta de saber que no se hará abuso de estas prácticas. La denuncia en la violación como condición, los plazos de esta denuncia y el plan de acompañamiento, además de otros requisitos, son suficientes para creer que no se utilizaría esta causal para ocultar un aborto libre.

Quienes rechazan la despenalización olvidan lo que ocurrió cuando se aprobó el divorcio. Hubo una actitud hipócrita: rechazaban el divorcio, pero aceptaban las nulidades matrimoniales por incompetencia del oficial civil; rechazaron la pastilla del día después, pero dejaban que las mismas se expendieran en el barrio alto.

Mientras discutimos el tema del aborto terapéutico, se estima que se practican más de 30.000 abortos al año en el país, que se realizan clandestinamente y que nadie denuncia.

¡Nada se dice de eso!

Votaré a favor de estas tres causales, porque el mundo se encuentra en un estado que tiende a cambiar los estereotipos y fórmulas tradicionales. Votaré por una realidad que sí es vida, porque la vida es todo, porque la vida es un entorno. Voto por la dignidad de las mujeres, como atributo inviolable, y por el deber de respeto y protección. La sociedad evoluciona; hay una realidad distinta y tenemos que adaptarnos a ella. Debemos colocar la ley en procura de los cambios y no la ley en contra de ellos.

Votaré a favor de las tres causales.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Clemira Pacheco .

La señora PACHECO (doña Clemira).-

Señor Presidente, saludo a los ministros y ministras presentes en la Sala y también a las mujeres que han aportado a este proyecto con su mirada, muchas de las cuales se encuentran en las tribunas.

Cuando fue presentado y se comenzó a discutir este proyecto, se configuraron dos alternativas: una, de los provida, que estaban por la vida, y dos, de quienes estábamos a favor de este proyecto, con una mirada más crítica y de apoyo y respeto al derecho de las mujeres a decidir, que éramos mirados como si estuviéramos a favor de la muerte.

Defender la vida no es exclusivo de unos o de otros sectores o de una mirada política o de un credo en particular. Soy creyente, cristiana y católica, y cuando se comenzó a discutir este proyecto nos preguntamos por qué despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y por qué las mujeres exigen decidir frente a casos tan dramáticos como la inviabilidad fetal, el peligro de la vida de la madre o la violación. Más allá de lo legal, el tema de fondo es el derecho de nosotras a decidir, de forma libre y voluntaria.

En el Código Sanitario de 1931 se contemplaba la posibilidad de practicar la interrupción del embarazo en casos específicos con fines terapéuticos. Sin embargo, una de las últimas leyes de amarre de la dictadura, que permanece hasta el día de hoy, fue aquella que prohibió absolutamente el aborto, medida que rompió y pasó por alto toda la labor realizada por diversos presidentes de la República, entre ellos Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende , que impulsaron políticas públicas de salud reproductiva de la mujer y de cuidado del recién nacido.

Chile posee la mayor cantidad de embarazos interrumpidos en Latinoamérica. Las cifras basadas en los registros de arrestos, muertes y egresos hospitalarios por dicha causa hablan de 40.000 -otros mencionan números mayores abortos clandestinos anuales.

Los hechos han demostrado que la criminalización absoluta de toda forma de interrupción del embarazo no ha impedido su práctica en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres, lo que se traduce en la vulneración constante de nuestros derechos.

Los viejos y nuevos métodos de practicar abortos transgreden las condiciones básicas de la salud. Usualmente se acude a la introducción de alambres, de químicos, de óvulos y, actualmente, a la ingesta de pastillas que se compran por internet de forma clandestina, las cuales son una bomba hormonal para nuestros cuerpos. Con ello se demuestra que este es un asunto de salud pública, independientemente de la convicción moral de cada persona, y sobre este piso de salud pública debemos legislar.

El Estado de Chile es laico y reconoce el derecho que asiste a toda persona para conducir su vida, de acuerdo con sus convicciones y principios morales, sean de carácter religioso o no. Cada uno de nosotros tiene y puede aplicar el libre albedrío, que nos permite decidir sobre lo que consideramos bueno o malo. La decisión la tomamos nosotras, de manera que rescato el imperativo ético del proyecto, que en su contenido plantea el respeto por la dignidad y decisión de las mujeres.

El Estado debe tener políticas para todos, más allá de su credo, porque si legislamos como acto de fe, entonces la remisión no es a la norma, sino a la Biblia, y si revisamos esta, constataremos que el trato hacia las mujeres por parte de los patriarcas de la Iglesia no es ni ha sido el más digno para ellas.

Por esa razón, como soy creyente y creo en un ser superior que es inclusivo, respetuoso, que nos permite el libre albedrío y que no es castigador, votaré a favor de las tres causales.

Además, me quiero remitir a una entrevista publicada en el diario El Mostrador, de 6 de junio de 2014, que se le realizó a Mariano Puga , el cura obrero. Cuando le preguntan sobre el aborto, ¿qué dice Mariano Puga ? Él responde: “…los sectores que más se oponen al aborto (…) son los que menos se preocupan de cuando esa guagua nace…”.

Ojalá a esas mujeres el Estado les dé la posibilidad de ser acompañadas, aconsejadas y que se les ofrezca la oportunidad de no ir, a la primera, a la clínica clandestina a hacerse un aborto. Ese sería un cambio lindo de ver en nuestro Chile.

Por esa razón, reitero que soy cristiana, que soy católica y que apoyo el proyecto de ley en sus tres causales.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez .

La señora NÚÑEZ (doña Paulina).-

Señor Presidente, sin duda, este debe ser uno de los proyectos por los que uno encuentra sentido estar en la Cámara y de aquellos donde no hay cálculos políticos ni órdenes de partido ni compromisos de alinearse con un programa de gobierno.

Estamos frente a una discusión sobre convicciones, por lo que parto diciendo que respeto a quienes defienden el proyecto, pero manifiesto con fuerza que lo rechazo rotundamente.

(Aplausos en las tribunas)

Quienes me han antecedido en el uso de la palabra han oscilado entre posturas antagónicas. Por desgracia, ese nivel de discrepancia surgió de la omisión de la primera y más compleja discusión: si el concebido es o no persona humana. Si no lo es, el proyecto debería ser aceptado, pues no hay conflicto, es decir, no hay un choque de derechos que deba resolverse mediante la legislación. Sin embargo, si consideramos que el concebido es una persona, la cuestión es radicalmente distinta, porque se deberán considerar los derechos constitucionales y todos los demás que, en tantos tratados internacionales y en la legislación nacional, se relacionan con la persona y protegen su vida.

La discusión y los argumentos se inclinan a afirmar que el concebido es persona. Para el exdiputado y abogado Gonzalo Ibáñez , quien está por nacer es la misma persona que efectivamente nace poco después, y el hecho de estar dentro o fuera del vientre materno no es, para estos efectos, más que una mera circunstancia de lugar. Además, sostiene que no se trata de un “proyecto” de persona, como han sostenido algunos. Para el señalado abogado, quien está por nacer es, por cierto, un proyecto, pero respecto de lo que vendrá después en su existencia, como un joven es un proyecto respecto del adulto que puede llegar a ser. En ambos casos se trata de personas en todo el sentido de la palabra, es decir, de individuos de la especie humana, como lo consagra el artículo 55 del Código Civil.

Es mi convicción que estamos no solo frente a un ser vivo, sino ante una persona humana que es titular del derecho a la vida. Por tanto, la discusión no se refiere a un tema de salud pública, ni a los derechos reproductivos sexuales, ni menos a que las mujeres seamos dueñas de nuestro cuerpo. La realidad es que, de aprobarse la iniciativa en debate, la futura legislación versará sobre las condiciones bajo las cuales se puede privar de la vida a una persona que está por nacer.

Tengo la convicción de que el proyecto debe ser rechazado, toda vez que afecta seriamente el más esencial de los derechos de quien está por nacer: la vida misma.

Señor Presidente, yo sí creo que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo; pero cuando una mujer está embarazada no se trata solo de su cuerpo, pues hay otra vida que está en juego y la debemos cuidar y proteger. Hay dos derechos: el de la mujer y el del niño que está por nacer. Nosotros somos la voz de las personas que nos eligieron, de los habitantes de nuestros distritos, pero además, en este proyecto, somos la voz de los que no tienen voz.

(Aplausos en la tribuna)

Hemos escuchado al gobierno y a parlamentarios oficialistas defender la libertad de las mujeres. ¿Libertad de qué? De escoger entre el aborto, el aborto o el aborto, porque no hay en nuestro sistema público un programa real de acompañamiento para las mujeres que tienen un embarazo no deseado, mucho menos una ley de adopción que funcione en Chile.

En ese escenario, me pregunto si una mujer contara con una buena ley de adopción y con un buen programa público de acompañamiento, ¿elegiría matar a su hijo o elegiría su sobrevivencia para que, por último, sea criado por otra familia?

(Manifestaciones en las tribunas)

Concuerdo en que puede ser inviable el acompañamiento en los términos en que existe hoy; pero si realmente queremos llegar a ser un país desarrollado debemos preocuparnos de aquellas mujeres que optan por la vida, y este proyecto no lo hace.

(Aplausos en las tribunas)

Señor Presidente, el proyecto obedece a la agenda ideológica de su coalición, a la convicción de la Nueva Mayoría, a la convicción de la izquierda de este país. Al igual que las demás iniciativas ideológicas, es un mal proyecto, pues es incompleto y tiene una mala puesta en marcha y un objetivo engañoso, porque la intención es abrir la puerta al aborto libre. Es un método que ha sido empleado en otros países y que busca generar cambios en la opinión de la población, por medio de la naturalización de abortos justificados; luego, se suprimen progresivamente las causales, quedando abiertas las puertas para el aborto a voluntad.

Anuncio mi voto en contra de un proyecto que no solo desconoce el derecho a la vida del concebido, sino que también le niega la calidad de persona y, además, ignora el sufrimiento de tantas madres que hoy están desamparadas, menospreciando el acompañamiento que necesitan y merecen.

El día en que deje el Congreso Nacional me iré tranquila, pues respeté mis principios, mis convicciones y no actué basada en cálculos políticos.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón .

El señor RINCÓN.-

Señor Presidente, considero que la peor forma de parlamentar es pretender atribuirse la posición de responsable, de serio, de actuar por convicciones, sin cálculos políticos, en forma abierta y plural, transparente y democrática, pero negándole al otro esa condición por el solo hecho de pensar distinto.

(Manifestaciones en las tribunas)

La peor forma de parlamentar es pretender aquello. Más aún lo es plantear que se respeta al otro y, después, atribuirse una especial condición, sin verdaderamente desarrollar una línea argumental que justifique una posición legítima.

Claramente, como han expresado algunos parlamentarios, hay un contexto que no puede ser soslayado. Durante medio siglo existió en Chile el aborto terapéutico, con el respaldo, apoyo y aceptación transversal de la sociedad. Medio siglo de un mal llamado aborto terapéutico, porque, evidentemente, si está en riesgo la vida de la madre, la acción no constituye aborto.

Con lo anterior, por tanto, estoy refiriéndome a la primera causal.

Si el aborto terapéutico existió durante medio siglo en nuestro país, y en las postrimerías de la dictadura fue borrado sin que la materia fuera debatida por un parlamento, sin base legítima alguna, ¿qué empece hoy cuando se sostiene que la praxis médica valida el aborto terapéutico y, por lo tanto, no sería necesario legislar al respecto? ¿Cuál es el reproche ético a una práctica que la medicina valora en la actualidad y que la legislación valoró durante medio siglo?

Por lo tanto, no puede haber ni siquiera un conflicto de carácter ético, porque, en la colisión de vidas, evidentemente debe primar la vida de la madre, para que siga siendo esta, en el futuro, la que pueda atender a aquellos que nacieron de ella.

En consecuencia, para rechazar la primera causal no hay ninguna colisión ética que se pueda esbozar. ¡Ninguna! Cualquiera persona, incluso la que diga defender la vida, ante una encrucijada de este tipo defenderá y salvaguardará la vida de la madre. También lo hará cualquier médico, en cualquier parte.

¿Cómo se puede pretender rechazar esta causal? ¿Cuál es el argumento basal y fundamental para rechazarla? El argumento es que el tema está resuelto y que, por lo tanto, podemos permitir el reproche penal porque existe un texto legal que lo ampara. Pero se olvida que la legislación que rige la materia fue elaborada bajo dictadura, sin un parlamento que la debatiera.

(Aplausos en las tribunas)

¡Por ese solo hecho el Congreso Nacional debe pronunciarse! No podemos aceptar que la dictadura imponga dogmas. Además, si consideramos que la praxis médica resolvió el tema, no hay ningún problema en que ella se refrende mediante un texto legal, como aconteció durante medio siglo en Chile. ¡Medio siglo en Chile!

En relación con la segunda causal, quiero manifestar que en las discusiones generadas en la Comisión de Salud, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en la cual me correspondió participar, e, incluso, fuera de competencia, en la Comisión de Hacienda -el tema en esta instancia correspondió exclusivamente al programa de acompañamiento y al respectivo presupuesto financiero-, la esencia de la argumentación en contra fue que los procedimientos, la tecnología, la especialidad médica podrían no ser los adecuados para garantizar que se certifique, en debida forma, la inviabilidad.

Por lo tanto, resuelto el problema de tecnología, de ciencia, de médicos adecuados -especialistas-, tampoco subsiste un reproche de carácter ético. Los argumentos son de procedimiento y no de otro tipo. Así se evidenció en cada una de las sesiones de las distintas comisiones.

(Manifestaciones en las tribunas)

Quienes no tienen argumentos lo único que dicen es “mentira, mentira, mentira”.

(Manifestaciones en las tribunas)

¡Gritarán en las tribunas, pero la democracia se hace con el voto que se expresa en este espacio, en el Parlamento!

Respecto de la violación, con mi colega y amigo René Saffirio nos preguntamos cuán difícil es para un hombre aproximarse a percibir, sentir o entender lo traumático que ello puede ser para una mujer. ¡Cuán difícil! Algunos piensan que no pueden entenderlo. Otros legítimamente estiman que mediante una cercanía o un conocimiento de casos, a lo mejor se puede llegar entender lo que pasa en esa situación. Es difícil, por cierto. Más todavía respecto...

(Manifestaciones en las tribunas)

Señor Presidente, si me permitieran continuar mi intervención los energúmenos de las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Reitero el llamado a la responsabilidad de respetar a los diputados de todas las bancadas, que están haciendo sus mejores esfuerzos para argumentar respecto de este proyecto de ley.

Retoma el uso de la palabra el diputado Ricardo Rincón .

El señor RINCÓN.-

Señor Presidente, obviamente es difícil ponerse en esa situación. A lo mejor -insisto-, con el conocimiento de casos, con los relatos o viendo los sufrimientos, un hombre algo puede acercarse a entender el trauma o el drama que significa una violación. Porque nadie discutirá que una violación es una de las más horrorosas afectaciones que puede existir en una sociedad respecto de una mujer. Pero es más aberrante aún cuando se comete contra una niña de 10 o de 14 años de edad, porque para el agresor es más fácil ejercer la fuerza y la violencia contra ella. Hay más capacidad de dominación, de abuso y de menoscabo hacia esa pequeña persona en desarrollo, lo que provoca en ella una mayor afectación no solo biológica, sino también psicológica y espiritual.

A una niña en esa situación le es más difícil denunciar, porque -nadie puede discutir que es así cuando esos abusos y violaciones se producen en el entorno familiar, ese mismo entorno trata de ocultar la existencia de la violación e inhibe la posibilidad de denunciar, en razón de lo que significa la mal llamada autoridad paterna, del padrastro o de quien sea, por temor reverencial o de cualquier otro tipo. Mientras menos edad tenga la menor afectada, más se impide la denuncia, la investigación y la persecución penal.

La violación puede terminar con la posibilidad de desarrollo natural de una pequeña niña, la que, por lo mismo, verá truncadas todas sus posibilidades de llegar a ser mujer. ¡A esa menor ni siquiera podemos hablarle de la píldora del día después, porque le será negada en su conocimiento y existencia! ¡No se puede decir que esa píldora está para solucionar aquello! ¡Eso es falso aquí y en la quebrada del ají!

El proyecto no impone absolutamente nada. Simplemente elimina el reproche penal -suficiente reproche existe con el menoscabo que significa cargar con una violación y da la posibilidad de que la mujer decida -con lo difícil que es eso, por cierto entre continuar el embarazo y dar a luz, o interrumpirlo voluntariamente.

¿Por qué es muy importante esta nueva normativa? Porque estamos tratando de cubrir la vida sobre todo de quien engendra vida. Porque cuando decimos que queremos proteger la vida, no la entendemos en términos sesgados, sino partiendo por quien tiene la capacidad de generar vida, que por ser vida es más vida aún. Porque la persona que ya tiene vida es mucha más vida, y hay que darle la posibilidad, con acompañamiento y con la adecuada y suficiente orientación, de que pueda decidir qué hacer.

El programa de acompañamiento, que creímos sinceramente que se votaría a favor de manera transversal cuando lo propusimos los diputados de la Democracia Cristiana, terminó siendo cuestionado por su financiamiento -está consignado en las actas de las comisiones que trataron el proyecto y no por su sentido y espíritu. Se dijo que era muy poca la plata que se destinaría a su implementación. O sea, se cuestionó solo porque faltarían recursos, pero no porque el programa no sería necesario. El programa de acompañamiento lo diseñamos en ambos sentidos, pero también garantizando que no exista impunidad para el violador. Porque con la misma fuerza debemos generar la acción penal que permita perseguir a aquel que hoy se oculta, pues lo contrario puede posibilitar más abusos y, por tanto, más violaciones.

Hemos hecho una aportación para que en Chile exista la posibilidad de eliminar el reproche penal absurdo y torpe que existe, que constituye una segunda victimización para la mujer. Ese es el aporte de la Democracia Cristiana y de la Nueva Mayoría en este debate y a este proyecto. No puede haber doble victimización para la mujer. Hay que darle la posibilidad de tener alternativas, acompañamiento, atención médica hospitalaria y salud oportuna, para que enfrente los dramas que significa una violación.

Por ese hecho y porque el proyecto ingresado a tramitación ha sido perfeccionado con la voluntad del Ejecutivo y de este órgano colegislador, vamos a concurrir con nuestro voto favorable en las tres causales que se plantean.

He dicho.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Pido guardar silencio a los asistentes en las tribunas.

Para referirse a un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Diego Paulsen .

El señor PAULSEN.-

Señor Presidente, pido que se elimine del acta de esta sesión la palabra “energúmenos”, proferida por el diputado Rincón hacia quienes se manifestaban en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado José Antonio Kast.

El señor KAST (don José Antonio).-

Señor Presidente, podría usar esta intervención para repetir cientos de argumentos para oponerme al aborto, que muchas veces hemos usado hasta el cansancio con algunos colegas. Podría hablar sobre el aborto terapéutico, que es una invención antojadiza, ya que desde hace muchos años -usted lo sabe, señor Presidente, en su calidad de médico no se necesita poner al médico en la disyuntiva de salvar la vida de la madre o la del niño. Ya no es necesaria esa distinción. También podría referirme al drama de los embarazos por violación y a cómo el aborto genera una carga mucho más gravosa a la mujer que vivió esa situación. Podría hablar de aquellos pequeños seres que fueron desahuciados por médicos calificados -tan calificados como usted, señor Presidente, o como otros-, porque fueron decretados inviables o incompatibles con la sobrevivencia, pero que son testimonios de vida, aunque fuera por un instante o por largo tiempo. Los médicos no son infalibles.

De igual forma, podría hablar de mis convicciones religiosas para decir que el aborto es un delito que se quiere legalizar. Podría leerles la Biblia y predicarles sobre los dramas humanos y espirituales que ocurrirán una vez que la ley sea realidad. Pero no lo haré, pues nunca lo he hecho. Nunca he ocupado la religión para defender cosas racionales y de naturaleza humana. No lo haré porque, además, está claro que muchos de los diputados presentes no quieren oír argumentos. Lo único que quieren es hacer política. Incluso, algunos levantan encuestas y dicen que la sociedad dice tal o cual cosa. Nunca una encuesta podrá decidir entre la vida y la muerte de una persona.

(Aplausos)

Para muchos de los presentes el aborto es legítimo porque la mujer es dueña de su cuerpo, y como es dueña de su cuerpo, también es dueña de la vida del ser que está dentro de ella.

Por ahora, con ellos no hay mucho que podamos hacer porque no los vamos a convencer y porque son militantes de la causa proaborto. Incluso no hay mucho que hacer con aquellos que dicen que esto es voluntario y que aquí no se obliga a nadie. Esto se lo digo, por su intermedio, señor Presidente, al diputado Godoy , porque a él se le olvida que entre la ley y la madre hay una persona, una personita como esta que les estoy mostrando.

(El diputado señor José Antonio Kast exhibe la figura de un embrión humano de doce semanas de gestación)

(Aplausos y manifestaciones en las tribunas)

Pero a algunos se les olvida el niño.

(Manifestaciones en las tribunas)

Se la muestro de nuevo, para que la vean. Tiene doce semanas de gestación.

(El diputado señor José Antonio Kast exhibe nuevamente la figura de un embrión humano de doce semanas de gestación)

Sin embargo, a mi juicio, el problema más grave es el de aquellos que dicen creer en la vida del que está por nacer; aquellos que dicen estar jugados por principios trascendentes, pero que hacen exactamente lo contrario de lo que dicen. Hoy tenemos aquí dos ejemplos de ello bien notables: la diputada Alejandra Sepúlveda y el diputado Sergio Ojeda . Ambos firmaron una declaración de 61 parlamentarios chilenos del Frente Parlamentario por la Vida. Dijeron que estaban convencidos y que se comprometían a: “2. Rechazar todo proyecto de ley que acepte o suponga cualquier tipo de práctica abortiva,(…)”.

(Aplausos en las tribunas)

Eso es un doble estándar: decir una cosa, e incluso firmarla, y hacer otra distinta. Nadie los obligó a firmar.

(Manifestaciones en las tribunas)

Pero nuestro error puede haber sido intentar convencer a muchos con argumentos científicos, lógicos y legales de lo irresponsable que es esto. Algunos incluso nos creímos casi médicos, usando ejemplos razonables y de sentido común, pensando que los otros entenderían. No lo hicieron. Fue un error.

Quizá debimos haber actuado de manera distinta: más políticamente, no con argumentos técnicos, sino denunciando la incoherencia y el doble estándar de muchos diputados presentes hoy en la Sala, esos mismos que los fines de semana concurren a los templos evangélicos o a las iglesias católicas y que hoy dicen: “No me hablen de religión”. Pero ahí están todos pidiéndole el voto al pueblo evangélico, tratando de sacarse una foto con el sacerdote del pueblo.

Ahí están la incoherencia, la inconsecuencia.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Pido a las personas que se encuentran en las tribunas mantener silencio.

Puede continuar, su señoría.

El señor KAST (don José Antonio).-

Señor Presidente, muchos diputados han renunciado a sus convicciones solo por política, por poder, por las encuestas.

Diputado Rincón -lo señalo por intermedio del señor Presidente-, así como yo lo escuché, le pido que no distraiga a los ministros que están escuchando mi intervención. Después podrá hablar con ellos. Si quiere, se sienta y escucha atentamente. A lo mejor no le interesan los argumentos.

Si esos diputados no actuaron por política o por encuestas, entonces cómo se explica un pacto entre un partido que se declara cristiano y el Partido Comunista, que fomenta y promueve el aborto.

(Manifestaciones en las tribunas)

No se entiende.

Por su intermedio, señor Presidente, le señalo al diputado Farías que estoy hablando de la Democracia Cristiana, no del PPD.

¿Cómo se entiende que los diputados que dicen defender la vida sigan respaldando a un gobierno que promueve y fomenta el aborto? No se entiende: respaldan a un gobierno que promueve y fomenta el aborto, y al mismo tiempo dicen que van a defender la vida.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Pido a los asistentes en las tribunas mantener el silencio necesario para escuchar a los señores diputados, quienes están haciendo uso de su derecho a argumentar.

Las intervenciones son muy interesantes; por tanto, insisto en que se requiere silencio para escucharlas.

Puede continuar, su señoría.

El señor KAST (don José Antonio).-

En el caso del aborto, solo una maquinación política es capaz de crear esta ilusión: que se trata de un tema que quedará circunscrito a casos excepcionales.

Aquí la verdad es otra. Lo que quieren es abrir la puerta al aborto libre. Únicamente una maquinación intelectual puede decir que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y que, por tanto, tiene derecho a decidir sobre la vida del niño que está en su vientre.

Llegó la hora de hacer más política y de dejar en evidencia en cada foro, en cada debate, en cada red social la inconsecuencia y el doble estándar que han exhibido algunos diputados hoy en esta Sala.

Hoy es un momento crucial: se firma la sentencia de muerte, la ejecución de millones de chilenos hacia el futuro. ¡Sí! Están firmando esa sentencia de muerte por cualquiera de las tres causales.

Ahora hay que interpelar a la conciencia de cada diputado que votará este proyecto, porque de su votación personal, no colectiva, esto es, del partido o del conglomerado político que integre, dependerá el futuro de millones de personas.

A algunos no les va a interesar lo que diré a continuación, porque no tienen fe, pero sí a los que la tienen: en algún momento tendrán que responderle al dueño de la vida.

(Aplausos en las tribunas)

Invito a todos los diputados que se encuentran en la Sala y a quienes están en las tribunas a mirar a sus propios hijos y a analizar qué sería de ustedes si los hubieran abortado.

La respuesta a los supuestos casos excepcionales que se dice que se están legislando no debe ser facilitar el camino al aborto libre, sino proteger, ayudar y fortalecer a la mujer que ha sido víctima de una violación; colaborar, ayudar y afirmar a las familias que, quizás por problemas económicos, deciden abortar, cuando el médico las lleva a eso por la inviabilidad fetal.

Si el aborto gana hoy, será un fracaso. ¡Sí! Pero además de un fracaso, será una posibilidad, una oportunidad para que cada uno de nosotros salga a enfrentarlos, a decirles lo que están haciendo.

Por último, quiero señalar que, a pesar de los gritos y de la intolerancia, siempre vamos a defender el derecho más importante del ser humano: el derecho a la vida.

Por eso, voto no.

He dicho.

-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo de la bancada del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .

El señor FARÍAS.-

Señor Presidente, sin duda, este proyecto tiene a toda la ciudadanía expectante. Lo constatamos al ver la efervescencia en las tribunas, ya sea porque sus asistentes están en contra o a favor de la iniciativa. No obstante, cabe precisar que, según diversas encuestas realizadas, más del 70 por ciento de los ciudadanos están a favor de despenalizar la interrupción del embarazo.

(Manifestaciones en las tribunas)

Hoy, después de veintiséis años de la vuelta a la democracia, el Estado se hace cargo de regular esta materia y de las experiencias críticas que sufren muchas mujeres en aquellas situaciones en que debe interrumpirse su embarazo: cuando peligra su vida o cuando el embarazo es producto de una violación.

Acá partimos de la base de que la vida de toda persona, considerada en su más amplia dimensión, comprende no solo la condición biológica, sino también los aspectos sociales y culturales que la construyen. Por ello, nuestro Estado debe encontrar un punto de equilibrio frente a mandatos como estos que pueden afectar la vida y la salud de las personas.

Chile es uno de los cinco países en el mundo que penalizan la interrupción del embarazo en todas sus modalidades, junto con Ciudad del Vaticano, Nicaragua , El Salvador y Malta . Eso nos debería hacer pensar.

Actualmente, la interrupción del embarazo está prohibida en nuestro país, y no admite excepción alguna. Esto se traduce en que el Estado no responde al trato digno que debe otorgar a las mujeres. No, señores. No lo hace.

Tampoco podemos pretender taparnos los ojos ante la realidad: en Chile se realizan abortos diariamente. Al respecto, este proyecto de ley busca que ellos se practiquen de manera segura y en igualdad de condiciones para todas las mujeres de nuestro país, independientemente de dónde viven o de su nivel socioeconómico.

(Aplausos en las tribunas)

La prohibición no ha impedido ni impedirá su práctica.

El aborto sucede en nuestro país, dentro de familias que pueden pagarlo, en Chile o fuera de nuestras fronteras; pero también en caso de niñas que requieren aborto terapéutico, mujeres que no han tenido acceso a estrategias de planificación familiar, mujeres que no han tenido acceso a la píldora del día después. Lamentablemente, en la mayoría de los casos se realiza en condiciones que ponen en riesgo la vida o la salud de las mujeres, lo que se traduce en la vulneración de sus derechos. Así de simple y claro.

Tal como dijo Helia Molina cuando era ministra de Salud, en las clínicas del barrio alto se practica el aborto, así es que tenemos un problema social del cual no tenemos cómo hacernos cargo como Estado.

Una sociedad que respeta los derechos humanos no puede sentirse orgullosa ni satisfecha de amenazar con cárcel a aquellas mujeres que se encuentran ante esa disyuntiva. No, señores. No podemos seguir permitiendo esta situación. Nuestro Estado es laico y reconoce el derecho que asiste a cada persona para conducirse en su vida.

Finalmente, hago un llamado a quienes se oponen a esta legislación para que cuiden el lenguaje y analicen con objetividad y realismo las distintas situaciones. Las mujeres no se hacen abortos por diversión. Una mujer que ha sido violada no opta por la interrupción del embarazo porque es más fácil, sino porque tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre los hijos o hijas que quiere tener, sobre todo considerando la situación traumática por la que atravesó. De manera que quienes se oponen se sienten con el derecho de castigar doblemente a esa mujer.

Es lamentable que recién este año, 2016, estemos legislando sobre esta materia; pero afortunadamente nuestro país está tomando conciencia de la necesidad de avanzar en materia de reconocimiento de los derechos de las mujeres. La equidad de género ya no es un tema atípico, pues se ha tomado el debate público, y este gobierno, nuestro gobierno, ha avanzado de manera importante en ese ámbito. Sin ir más lejos, el año pasado aprobamos la creación del Ministerio de la Mujer, y esperamos seguir avanzando en más y mejores derechos.

Voy a referirme, aunque sea un poco, a lo que dijo el diputado Edwards en su intervención. Él mencionó una larga lista de quienes pueden ser considerados seres humanos; pero debo decirle que el listado que mencionó está completamente equivocado, porque, como recordará el señor diputado, uno de sus mentores, José Toribio Merino , dijo que había dos tipos de seres humanos: unos a los que llamó humanos y otros a los que calificó de humanoides, y agregó que los humanoides son los que pertenecen al Partido Comunista. Lo dijo en 1986.

Ese es el concepto que los mentores de quienes hoy se oponen al aborto terapéutico tienen de los seres humanos: una definición ideológica; una definición baja, burda, absurda.

Muchos de los argumentos que estamos escuchando nos llevan a preguntarnos en qué estaban estos colegas. ¡En qué estaban cuándo, querido colega Kast -por su intermedio, señor Presidente-, murieron los 77 detenidos desaparecidos de Paine! ¡Dónde estaban los defensores de la vida en ese momento! ¡En qué están hoy aquellos que dicen defender la vida a toda costa cuando allá, en Paine, los asesinos se andan paseando! ¡En qué están hoy día! ¡En qué están aquellos que dicen que defendieron la vida y no se han puesto los pantalones y las faldas para luchar de verdad por que los asesinos de aquellos desaparecidos, torturados y asesinados estén efectivamente cumpliendo condenas!

Por eso, señor Presidente, le digo que no tiene mucho sentido escuchar a aquellos que en este debate se declaran partidarios de la vida, por los antecedentes que tienen. No hay argumentos de fondo, no hay argumentos consistentes que nos inviten a reflexionar o a cuestionarnos nuestras posiciones.

Además se quiere instalar una gran mentira: que en Chile se está instaurando el aborto. No es verdad; ninguna mujer será obligada a abortar ¡Ninguna mujer! Será voluntario. La mujer decidirá, tomará la decisión.

Si un médico le dice que estará en riesgo de morir si sigue con su embarazo, la mujer tomará la decisión de continuar o no con ese embarazo. Ella tomará la decisión de continuar su embarazo o no si le dicen que el niño que lleva en su vientre no tendrá posibilidades de desarrollarse una vez que nazca. Ella tomará la decisión de seguir o no con ese embarazo. ¡Es mentira que se vaya a imponer el aborto o la interrupción del embarazo! Cada mujer tendrá el derecho y el deber de expresar lo que piensa, lo que siente, lo que cree.

Ese es el respeto que vamos a devolver a las mujeres, del cual emanan los derechos que se le han quitado.

En consecuencia, vamos a votar a favor este proyecto, porque consideramos que está bien inspirado, que no obliga absolutamente a nadie y no instala el aborto, sino la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales, nada más.

He dicho.

-Aplausos.

El señor KAST (don José Antonio).-

Fue diputado por Paine y nunca dijo nada allá. Farías, fuiste diputado por Paine y nunca dijiste nada, cobarde.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Pido orden en la Sala.

Diputado José Antonio Kast , sé que usted puede estar a la altura de este debate. Mantengamos la calma.

¡Silencio en las tribunas!

Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros .

El señor BARROS.-

Señor Presidente, hoy nos reunimos para continuar el análisis de este lamentable proyecto.

En aras de ciertos derechos, y no obstante que la Constitución reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción y que la Convención Interamericana de Derechos Humanos lo consigna de la misma manera, seguimos avanzando en esta lamentable iniciativa.

La primera causal se refiere a la interrupción del embarazo en caso de que la madre corra peligro de muerte; sin embargo, hoy existen protocolos médicos que se hacen cargo del principio de doble efecto, esto es, de interrumpir el embarazo en determinadas circunstancias para salvar la vida de la madre y que como una consecuencia no querida de ello, sino inevitable, se produzca la muerte del producto de la concepción. Tanto es así, que en todos los protocolos médicos y guías clínicas que se han elaborado para enfrentar los diversos problemas que se producen en estos casos, ya está considerado ese supuesto.

Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de legislar sobre la primera causal.

Por eso, uno llega a la convicción de que lo único que se pretende con este proyecto es avanzar a paso firme para que en Chile tengamos aborto libre, y de que las causales son un mero pretexto, un paso previo en el camino de establecer el aborto libre.

La segunda causal trata de la inviabilidad fetal; pero es bien sabido que en esta materia se producen errores. Ese hecho, y el daño que se puede producir en el ser que está en gestación, hablan por sí solos, por lo cual no admite lógica seguir avanzando en el aborto para esos casos.

Por otra parte, aduciendo la violación como fundamento de la tercera causal e invocando casos críticos, de alguna manera nos vamos a alzar en jueces que deciden quién vive y quién no. Son seres humanos sanos que vienen en gestación y que, literalmente, serán asesinados, señor Presidente, y lo digo con todas sus letras.

Me provoca rabia, a veces, el que parlamentarios que afirmaron estar por la vida, y firmaron el respectivo documento, hoy defiendan con firmeza el aborto. Me refiero, por ejemplo, al caso del diputado Ojeda . Es impresionante su alocución de hoy frente a un testimonio que tiene su firma, pero que hoy traiciona. La política está desprestigiada porque los políticos firman y dicen una cosa, pero después hacen otra. Hay que desenmascararlos.

Valoro profundamente a los diputados de la Democracia Cristiana que están por la vida y van a votar en contra al menos en dos causales. Sin embargo, también me molesta que muchos de los que cacarean por la prensa su oposición al proyecto, a la hora de los quiubos lo votan a favor. En el campo, desde donde provengo, se les llama “gallinas que puro cacarean” y “gallinas cluecas”, porque no ponen huevos.

Estoy en contra de las tres causales, porque firmé mi compromiso por la vida y porque estoy por respetar la Constitución y mi palabra dicha en un debate que se realizó en la televisión antes de ser elegido diputado, oportunidad en la cual señalé que siempre iba a votar en contra de cualquier causal de aborto.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, ha pasado más de un año desde que ingresó este proyecto de ley al Congreso Nacional, en medio de una tremenda campaña mediática y política.

Tras leerlo y revisarlo con distintos especialistas, se termina concluyendo, al menos para mi gusto, que estamos frente a una propuesta engañosa. Lo digo sin ninguna carga moralista, religiosa ni ideológica, porque ni siquiera da para eso.

La primera causal, el peligro de la vida de la mujer embarazada, es una situación en la que no cabe oposición, porque resulta lógico dar prioridad a la vida de la madre. El Código Penal es claro al señalar que no existe penalización en ese caso. Así lo ha ratificado explícitamente el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. No es delito; por el contrario, es obligación del médico salvar la vida de la madre, aun si ello produce la muerte indirecta del niño.

¿Qué sentido tiene, entonces, despenalizar algo que se hace en la actualidad? La respuesta es obvia: si hoy se busca legalizar algo que ya se hace, es porque se quiere extender esa causal para algo que no está autorizado.

En el segundo caso del referido artículo, en que el embrión o feto padezca una alteración estructural, creo que el concepto de la autonomía de la mujer, como se ha venido planteando, no sirve para fundamentar el aborto, ya que no considero posible basar en el concepto liberalista que plantea la autonomía de la mujer decidir si el feto puede o no vivir, pues el feto no es la mujer; es otra persona, es una vida distinta de ella.

De ahí que considero fundamental que la ley señale claramente que se disponga de médicos especialistas para hacer ese diagnóstico; pero nos encontramos con la crudeza de las cifras, porque para realizar un diagnóstico confiable para ese tipo de situaciones solo hay 49 especialistas en Chile, de los cuales 39 están en Santiago. Y recordemos que Santiago no es Chile.

Asimismo, recordemos que hay muchos casos de mujeres que tienen hijos vivos que fueron diagnosticados erradamente como niños inviables.

En estos casos la ley debiera regular programas de acompañamiento reales y profesionales, ya que también conozco casos en que, con un buen acompañamiento, las madres decidieron llevar a término el embarazo y con grandes sorpresas de viabilidad absoluta del recién nacido.

Por lo tanto, así como está redactado el proyecto, el Ejecutivo nos está invitando a jugar a la ruleta rusa con la vida del niño que está por nacer. O sea, puede que le achuntemos como puede que no; eso queda a la suerte de la olla.

Entonces, si tanto en la línea de la argumentación como en la factibilidad diagnóstica y clínica estamos bien lejos de tener las herramientas para garantizar la inviabilidad del feto como causa para practicar un aborto, no voy a estar disponible para aprobar esta norma hasta que esas garantías existan.

Luego, en el caso número tres, si el embarazo es el resultado de una violación, no me parece lógico que bajo el argumento de evitar presiones psicológicas a una adolescente, no se exija como prerrequisito que se haya iniciado un procedimiento penal, porque, en primer lugar, existe el deber de denunciar para no dejar impune al violador y, en segundo término, porque si no hay denuncia, empezamos a prestarnos para el engaño, para el abuso y para la trampa. Como reza el dicho: “En Chile, hecha la norma, hecha la trampa.

Reitero, para ese caso debiera existir al menos un proceso penal iniciado. De lo contrario, la cosa derechamente es una “chacra”, se presta para abusos, para la mentira institucionalizada, para justificar el aborto a todo evento.

Exijo esto porque además les estaríamos dando pie a delincuentes para quedar impunes en situaciones que, a mi juicio, son del todo condenables.

Recordemos que en el caso de violación de una menor de edad, la acción penal es pública, por lo que no hay problema en exigir que se encuentre ya iniciado el procedimiento penal. En el caso de la mujer adulta, en que la acción penal es mixta, no veo la razón por la que esa mujer no quiera perseguir a su victimario.

Eso ayudaría a la persecución penal para casos de violación y para la identificación del victimario, de manera que hechos tan traumáticos como estos no se vuelvan a repetir, incentivaría la denuncia temprana y activaría a tiempo métodos de anticoncepción más inmediatos, menos invasivos y menos perturbadores, los que están ya disponibles, como la píldora del día después, que se puede usar en los casos en que aún es efectiva.

Por las razones expuestas y porque defiendo el derecho a la vida, votaré en contra de las tres causales del proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-

Señor Presidente, el diputado José Antonio Kast señaló que hoy comienza a aplicarse la sentencia de muerte y la ejecución de muchos.

¡Por favor, con qué cara lo dice si no alzaron la voz de la misma manera para defender la vida durante la dictadura!

(Manifestaciones en las tribunas)

Señor Presidente, al fin estamos abordando la discusión de un tema tantas veces postergado y tan anhelado por miles de mujeres a lo largo de nuestro país, lo que resulta incomprensible, considerando que Chile es un país en democracia y que se moderniza en materia de derechos humanos, lo que no se condice con la actual legislación tan restrictiva en esa materia, la que penaliza el aborto en toda circunstancia.

No es posible que en estos tiempos impongamos la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo, especialmente por estas tres causales, tomando en consideración la gravedad de cada una de ellas, lo que obliga a nuestras mujeres a tener un comportamiento heroico, que a nadie más se le obliga a tener, y se las castiga por hechos que escapan de su voluntad y decisión.

Por lo tanto, como parlamentarios, tenemos la obligación de proteger la vida y salud de las mujeres y niñas, el respeto a su dignidad y a sus decisiones.

Esto no tiene que ver en ningún caso con posturas moralistas. Se trata de defender los derechos de las mujeres, especialmente los de las más vulnerables, quienes, por falta de recursos, se ven obligadas a continuar un embarazo inviable o expuestas a poner en riesgo su salud o vida, o a llevar a término un embarazo que es consecuencia de algo tan terrible como la violación.

Como señalé, esto resulta incomprensible e inaceptable, porque estamos siendo cómplices de procedimientos clandestinos y riesgosos para la salud y la vida de muchas mujeres, por lo que resulta impostergable legislar sobre el particular.

Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud indican que cada año mueren al menos 47.000 mujeres en el mundo debido a procedimientos abortivos peligrosos. En el caso de Chile, el Ministerio de Salud señala que el 17 por ciento de las muertes maternas se produce por interrupciones del embarazo de manera clandestina.

Además, quiero destacar los siguientes puntos.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Se reitera a los invitados en las tribunas que respeten el derecho que tiene cada parlamentario de argumentar en este proyecto de ley tan importante.

Diputada Cicardini , puede continuar.

La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-

Señor Presidente, me parece correcto mantener la objeción de conciencia solo para los médicos o las médicas cirujanas, y que no se extienda al equipo de salud ni a la institución.

Sobre el acompañamiento, se debe destacar que este sea voluntario, que se respete siempre la decisión de la mujer y que en ningún caso sea de tipo disuasivo.

Además, debo señalar que no me parece acertada la decisión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de excluir el deber de confidencialidad de los profesionales y de la institución, ya que este debe primar por sobre el deber de denuncia y de persecución penal.

Un último punto que quiero destacar es que el proyecto protege a aquellas mujeres que pasan por el trauma de una violación, al quitarles el estigma de ser tratadas como delincuentes. No se las castiga doblemente al forzarlas a extender el dolor y el sufrimiento de lo que ya vivieron, haciéndolas responsables de las consecuencias de un hecho del que son víctimas, o bien al forzarlas a vivir la tragedia de esperar un hijo que, lamentablemente, no podrá sobrevivir.

También se debe tener presente que este proyecto trata de recuperar un derecho que existió durante mucho tiempo en Chile, incluso durante los gobiernos de los presidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende , pero que la dictadura eliminó en 1989.

Quiero ser muy clara en decir que el proyecto no trata de imponer a ninguna mujer el hacer lo que no quiera. A diferencia de lo que quieren hacer creer y han señalado algunos grupos conservadores, este proyecto no busca imponer ni obligar a una mujer a interrumpir su embarazo ni a hacer algo que ella no decida ni quiera hacer.

Por el contrario, este proyecto trata de la libertad y del ejercicio de derechos; pero libertad y derecho a decidir para todas las mujeres y no solo para unas pocas, y para que esa decisión no esté sujeta a los medios ni a los recursos económicos de que dispongan. Se trata de una libertad responsable y bien entendida como el derecho de la mujer a determinar sobre sí misma, a base de su propia conciencia, de sus valores y de su visión de vida, para que la mujer pueda optar. Si decide seguir adelante con su embarazo, nadie puede cuestionar esa decisión.

Pero también tenemos la obligación de dar ese mismo derecho de decidir a aquellas mujeres que necesiten interrumpir ese proceso de gestación, particularmente en los tres casos que aborda este proyecto, sin ser penalizadas, estigmatizadas, juzgadas ni perseguidas.

Ya no podemos demorar ni postergar más la discusión ni la aprobación de esta iniciativa, ya que significa un grave retroceso a la autonomía sexual de las mujeres.

Por eso, llamo hoy a la aprobación del proyecto, a no darle la espalda ni a negarle el derecho a millones de mujeres de Chile a respetar su libertad, su inteligencia, su dignidad y su capacidad de decidir por ellas mismas.

Hago este llamado en nombre de miles de mujeres que murieron por no tener ese derecho, pero por sobre todo en nombre de miles que podrían sufrir y morir en el futuro. Es nuestro deber y está en nuestras manos evitarlo.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún .

El señor HASBÚN.-

Señor Presidente, escuche lo siguiente: “Este proyecto de ley tiene como fundamento el respeto por la vida. Es esencial que el Estado promueva las condiciones para una vida digna, por lo que resulta indispensable la protección de la vida de la mujer, así como la del que está por nacer”.

Suena irónico y hasta cruel, pero esa frase corresponde al mensaje del proyecto de ley que nos corresponde votar. Un proyecto que legaliza el asesinato de seres humanos indefensos se jacta de tener como fundamento principal el respeto a la vida. Así de inconsistente y contradictoria es la postura que ha tenido el Ejecutivo en esta materia.

Al menos para quienes creemos en la vida, obviamente esto es una burla, porque su encabezado no puede decir que quiere proteger la vida de la madre, así como la del hijo que está por nacer.

Sin duda, el proyecto no solo es una burla, sino que claramente se está engañando a la gente. Cuando escuchamos los discursos de parlamentarios de la Nueva Mayoría, claramente nos queda la impresión de que quieren legalizar el aborto libre o hablar abiertamente de los derechos reproductivos de la mujer. Si queremos hablar de estos últimos, el debate puede ser realizado en la Cámara, pero hablemos con sinceridad, con honestidad, con la verdad; no sigamos inventando tres causales para legalizar el aborto libre, porque eso no tiene ningún fundamento. Y no solo no tiene fundamento, sino que claramente demuestra ignorancia, al existir una contraposición entre la libertad y uno de los derechos esenciales, como es el derecho a la vida. No puede ser que la libertad de una persona signifique atentar contra la vida de otra. Eso es inaceptable y no lo podemos permitir.

Lo que está haciendo el gobierno al legalizar el aborto es relativizar ese derecho a la vida, porque también se trata de seres humanos; en este caso, seres humanos indefensos que están siendo abiertamente discriminados. Se trata de niños que van a ser discriminados por el solo hecho de tener algún grado de discapacidad.

Se habla del riesgo de vida de la madre. Al respecto, hay que dejar claro que hoy existen protocolos establecidos que garantizan la vida de la madre, por lo que no es necesario legislar. Los médicos tienen la obligación de garantizar la vida de la madre, y si eso provoca un aborto espontáneo no es un delito. Entonces, ¿para qué legislar?

Los parlamentarios que argumentan que se pone en riesgo la vida de las mujeres, deben saber que hace más de treinta años que no muere una mujer a consecuencia de un embarazo, porque existen protocolos que establecen los mecanismos para salvar su vida.

En segundo lugar, cuando se habla de la causal de inviabilidad, ¿cómo se va a definir inviabilidad? ¿Quién la va a definir? ¿Quién va a tener la facultad de decidir cuándo la vida de una persona es viable o no?

El artículo respectivo es tan permisivo, tan general, que abiertamente es la antesala de la legalización de la eugenesia, y legalizar la eugenesia significa que se acaban la Teletón y los niños con discapacidad. Es una afrenta contra aquellos niños que nacieron con algún problema físico o psicológico. Si se aprueba el proyecto en esas condiciones, obviamente las mujeres van a optar por abortar.

Cuando se habla de viabilidad o inviabilidad se hace de manera tan genérica que se está abriendo la antesala no solo a la eugenesia, sino a un verdadero asesinato. Cuando se habla de un embarazo que es consecuencia de una violación, surge la siguiente pregunta: ¿Para qué existe la pastilla del día después? Recordemos que en la Comisión de Salud se pidió formalmente a la ministra que para su venta se retirara la exigencia de receta médica, de modo que cualquier mujer pudiera acceder a la pastilla del día después.

Entonces, si existe este mecanismo de prevención, ¿para qué queremos legalizar el aborto en caso de violación? ¿Para qué queremos abrir esa puerta?

Las tres causales no tienen un fundamento de fondo que avale su aprobación. Lo que se quiere hacer es legislar para que, de una vez por todas, se hable de los derechos reproductivos de la mujer. Aquí se está tapando y negando el fondo: la legalización del aborto libre por el derecho y la libertad que tienen las mujeres, según la opinión de aquellas personas que relativizan el derecho a la vida.

Finalmente, hago un llamado: votaremos en contra de este proyecto y esperamos que otros partidos que históricamente han rechazado el aborto también lo hagan y que no borren con el codo lo que han escrito con la mano, porque nos parece una vergüenza que quienes han firmado protocolos y compromisos para defender el derecho a la vida, que han hecho declaraciones públicas en los medios de comunicación de que jamás van a permitir la legalización del aborto, hoy lo estén haciendo por presiones políticas o porque, sencillamente, están cediendo a ciertas garantías que les está entregando el gobierno de turno.

“Cada día puede ser peor”. Así lo señaló, hace un tiempo, la Presidenta Michelle Bachelet en un programa de televisión matutino. A mí me queda más que claro que ha puesto todos sus esfuerzos para cumplir a cabalidad lo que dijo en ese mensaje, porque cada día en que muere un ser humano indefenso a través de la acción directa de un médico es un peor día para todos: para la madre de esa criatura, para el padre y para la sociedad en su conjunto.

Por todo lo anterior, con mucha convicción voy a rechazar este proyecto, ya que solo otorga alternativas de muerte para seres humanos indefensos y abre no solo la ventana, sino la puerta completa, para legalizar el aborto libre en nuestro país y para aquellas mujeres que hoy niegan que quieren discutir sobre sus derechos reproductivos.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker .

El señor BECKER.-

Señor Presidente, sin duda, este es un proyecto de máxima importancia para nuestra sociedad.

El gobierno lo ha titulado “Despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales”. Sin embargo, el contenido de la iniciativa va mucho más allá de la mera despenalización, para lo cual solo bastaría una modificación al Código Penal que dispusiera la impunidad de esos supuestos.

Este proyecto es una verdadera legalización del aborto, ya que reconoce el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo y, a la vez, obliga a los profesionales de la salud a realizar el aborto, salvo objeción de conciencia, a la que solo pueden recurrir los médicos, pero nadie más del equipo de salud, es decir, ni las enfermeras, matronas, arsenaleras, etcétera.

La discusión que tenemos hoy se produce, básicamente, por un conflicto entre dos derechos: el de la madre a decidir sobre su cuerpo y el del feto a vivir, es decir, el derecho a la vida del niño no nacido.

Entre los que están a favor, se argumenta que la mujer es dueña de su cuerpo y que, por lo tanto, podría hacer lo que estime conveniente con la vida que lleva en su vientre. No estoy de acuerdo con esa posición. El embrión, a partir de su fecundación, tiene una identidad genética propia, distinto ADN al de la madre y los 46 cromosomas tienen inscritas todas las características que tendrá el individuo, incluso hasta su temperamento. Al décimo octavo día, se empieza a formar el cerebro; el corazón late desde el día 21 y a los 45 días ya tiene manos, pies, cabeza, órganos, cerebro; incluso, se produce ondulación en el electroencefalograma. A los 90 días aparece la actividad eléctrica cortical. Es cierto que el desarrollo cortical del cerebro es lento y que los recién nacidos no han completado su desarrollo neuronal; sin embargo, nadie podría argumentar que ellos no son seres humanos.

Desde el momento de la concepción es imposible definir un paso del no ser al ser humano, porque la vida humana está siempre en desarrollo. Incluso, la viabilidad del feto también es relativa. Hace 40 años, un niño era viable a las 30 semanas; hoy puede serlo a las 20 semanas y sobran indicios para pensar que en breve podría serlo a las 12 o 15 semanas de gestación. ¿Qué pasará cuando las guaguas sean viables fuera del útero antes de las 12 semanas?

¿Podrán seguir diciendo que no se trata de seres humanos?

Votaré en contra de este proyecto en sus tres causales. Primero, en el caso de riesgo para la vida de la madre, porque no es necesario legislar respecto de esta causal. Actualmente, los profesionales priorizan la vida de la mujer y si por consecuencia de esa acción fallese el niño que lleva en su vientre, no se cumple el elemento del dolo directo, por lo que no se tipifica el delito de aborto que utiliza el Código Penal. Por ello, ningún médico irá ni ha ido a la cárcel en Chile por esa razón.

Por lo tanto, pretender que permitir este tipo de aborto terapéutico solucionará una situación que no tenía respuesta en el Chile de hoy es, lisa y llanamente, faltar a la verdad.

Entonces, ¿por qué se propone esta causal?

Yo tengo mi propia teoría. Se propone porque, al hablar de riesgo vital de la madre, se esconde una forma más amplia de aborto que se podría realizar bajo esa causal, particularmente por patologías psiquiátricas que proyectan eventuales riesgos de suicidio. Es verdad que en el proyecto se elimina el riesgo futuro en la vida de la madre -como venía-, causal que en España permitió el aborto a libre demanda. En ese país, más del 97 por ciento de los abortos se hicieron por esa causal antes de aprobarse el aborto libre. Después, cuando se aprobó el aborto libre, esa causal bajó al 6 por ciento y -fíjense, señores diputados no aumentaron los abortos; se mantuvo el mismo porcentaje con las 3 causales que con aborto libre. ¿Por qué? Porque con el riesgo de la vida futura de la madre cualquiera que lo pidiera tenía la posibilidad de realizarse un aborto. En España se hacen 120.000 abortos al año.

Si bien eliminamos el riesgo futuro, dejamos la causal del riesgo para la vida de la madre, lo cual se podría entender como riesgo presente y futuro, y no se quiso aprobar una indicación de algunos diputados de Renovación Nacional que pedían que se agregara el riesgo inminente para la vida de la madre.

En el caso de la inviabilidad del feto, si bien el proyecto terminó mucho más acotado y restringido que el original, me parece que aún se podrían cometer muchos errores de diagnóstico que puedan llevarnos a abortar niños que sean viables. Además, existen muy pocos especialistas en nuestro país, por lo que no tenemos garantía de que los diagnósticos sean acertados por parte de médicos cirujanos que no son especialistas en la materia.

Por otro lado, no conozco ninguna agrupación de padres de niños discapacitados que promueva el aborto.

La tercera causal es en caso de violación. Creo que lo más importante es respetar el derecho a la vida del niño sin que ello tenga relación con las circunstancias graves, indeseables y anormales en que se produjo ese embarazo. El niño concebido en ese terrible acto no ha tenido parte ni culpa en la violación. El agresor de la mujer no es el niño, sino el violador. Entonces, ¿por qué el delito cometido por el padre debe ser pagado con la vida de un niño inocente?

Estudios realizados por el Instituto Elliot, especialista en el síndrome posaborto, en una encuesta realizada a 200 mujeres violadas, descubrió que al 80 por ciento de las mujeres que habían abortado les había causado más mal que bien y se arrepentían de haberlo hecho.

Si duda, esta es una de las causales más criticables en este proyecto y por eso la votaré, con mucha convicción, en contra.

Finalmente, entre los derechos en pugna en este proyecto elijo, sin duda, el derecho a la vida del niño en el vientre.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Pilowsky .

El señor PILOWSKY.-

Señor Presidente, “fuerte en la cosa, suave en el modo”. Es la traducción de una frase en latín que utilizaba nuestro ex-Presidente Patricio Aylwin , según fue recordado hace pocos días en el lanzamiento de un libro sobre sus convicciones y acciones.

Sí, fuerte en el fondo, claridad en las convicciones; pasión en la defensa de lo que uno cree, pero siempre respetando al que piensa distinto.

Para aquellos que luchamos por la democracia en los años 80 y leíamos con pasión la revista Hoy, nos quedó marcada a fuego una frase que se atribuye al filósofo y abogado francés Voltaire, que al parecer nunca pronunció, pero que no por ello pierde valor: “No comparto tus ideas, pero defenderé con mi vida el derecho a expresarlas.”. ¡Qué gran frase! ¡Qué difícil su implementación y práctica!

Durante la discusión de este proyecto de interrupción del embarazo he sentido algo muy distinto. He percibido en algunas ocasiones una discusión que se llena de eslóganes; que más que convencer, adjetiva y apunta con el dedo. Hay un totalitarismo que, a mi juicio, resulta nocivo para las confianzas, para la democracia y para la sociedad.

Quiero representar esa falta de tolerancia en dos camaradas que han recibido de forma totalmente injusta ataques de distintos grupos: el diputado Víctor Torres , quien está a favor de las tres causales, y la ex-senadora Soledad Alvear, que no aprueba las tres causales. El ataque y el bullying que han recibido son inaceptables. Es la muestra de una sociedad que empieza a exhibir un maniqueísmo enfermizo, clasificando a las personas en buenas o malas. “O estás conmigo o eres mi enemigo”.

Mis respetos a Soledad Alvear y a Víctor Torres por agregar argumentos a la discusión. Respecto del proyecto que hoy nos convoca, qué duda cabe de que es de enorme complejidad. Están en juego bienes jurídicos protegidos tanto por la Constitución como por otros cuerpos legales, pero también la forma y la sustancia de cómo entendemos la vida, la libertad y la dignidad de la personas. Integrar todos estos conceptos t darles la valoración adecuada resulta de suyo complejo. Eso explica el largo debate que ha tenido el proyecto de ley.

Siempre he creído que no hay temas ajenos al debate parlamentario, y la interrupción del embarazo no puede ser la excepción. Renunciar a discutir esa materia es negar el rol del Congreso Nacional, es negar la posibilidad de razonar sobre un tema sobre el cual es legítimo tener posiciones divergentes.

Quiero señalar que mi postura -la expondré al final de mi intervención me ha traído no solo críticas, legítimas por cierto -las acepto respetuosamente-, sino también ha provocado que algunos amigos y amigas que no piensan como yo en este aspecto, me quiten el saludo. Como lo escuchan: me han quitado el saludo por no pensar igual.

Ni esa situación, ni el chantaje que recibo a diario, traducido en que “me quitarán el voto” porque tengo una opinión determinada, van a influir en mi decisión. Tampoco el hecho de perder una elección. No hay nada más importante que votar conforme a lo que dicta mi razón después de analizar los argumentos que se han expuesto en las distintas comisiones. Digo “mi razón”, no mi religión.

Al respecto, tal como dijo el diputado Matías Walker , imponer visiones religiosas en diversas materias resulta, en muchas ocasiones, peligroso. Lo supieron los que sufrieron los efectos de la Inquisición y los que sufren hasta nuestros días por razones religiosas.

La mayoría de los diputados de mi bancada hemos abogado por tener un programa de acompañamiento para la toma de decisión de la mujer en un asunto que siempre será muy difícil. Se trata de una materia que el proyecto original no contemplaba y que fue agregada y aprobada durante la discusión parlamentaria, con participación importante de los diputados de mi bancada. Se trataba de dar alternativas, de humanizar el proyecto.

Anuncio que votaré a favor las dos primeras dos causales y que rechazaré la tercera. Respecto de la primera causal, cuando está en riesgo la vida de la mujer, la interrupción del embarazo evita la ocurrencia de un desenlace fatal. Esa posibilidad existía en nuestra legislación hasta 1989, pero fue borrada por la dictadura. En esta materia no dudo en cuanto a optar por la vida de la madre. Esto ya forma parte de la lex artis o práctica médica, pero ahora quedará regulado en términos legales.

La segunda causal se relaciona con un embrión o feto que padezca una alteración estructural congénita de carácter letal, concepto que resulta esencial para votarla favorablemente. No se trata de cualquier diagnóstico: debe ser estructural y letal.

En relación con la tercera causal, vinculada con la violación, la votaré en contra. Quiero señalar que nuestra primera preocupación como sociedad debiera ser atacar la causa de ese delito cruel e inhumano. Violentar a una mujer y utilizar la fuerza para consumar un acto sexual debe ser castigado con toda la fuerza de la ley.

Hay que romper con las causas de aquello, con una cultura que ve a la mujer como un objeto y no como un sujeto. Se trata de conceptos que repetimos una y otra vez, pero que se expresan negativamente y en forma cotidiana en delitos atroces, como la violación y el femicidio, pero también en violencia psicológica, en la manifestación del poder de quien “provee” y en la injusticia de que frente al ejercicio de un mismo cargo se paguen sueldos distintos. Luchar contra esa cultura también debe ser parte de nuestras prioridades.

En este caso, claramente hay una colisión de derechos: por un lado, el de la vida de un ser humano que tiene potencial de nacer y desarrollarse, y, por otro, la situación de una mujer que, violentada, viviría con el recuerdo permanente de esa acción si optara por no interrumpir el embarazo. Cuando existe colisión de derechos, el legislador debe optar por aquel que considera necesario proteger, en este caso -es mi convicción-, la vida del que está por nacer. El límite de la autonomía personal, de la libertad, es la autonomía o la libertad de terceros. Esa autonomía no puede afectar la vida del que está por nacer.

Si fruto del debate parlamentario en el Congreso Nacional se aprueba el proyecto tal como está, creo que deberemos avanzar en el tema del acompañamiento, aún insuficiente.

Por ello, junto con varios diputados -no necesariamente votaremos igual las distintas causales hemos presentado un proyecto de ley que contempla un programa de acompañamiento potente e integral para la mujer y su familia, con recursos, con una institucionalidad que potencie ese trabajo y permita que la mujer y su familia sientan que ante situaciones dramáticas, dolorosas, el Estado pone los instrumentos no solo para informar o para asesorar en la decisión, sino para verdaderamente acompañar, en conformidad a la norma que se apruebe en el Parlamento.

Además, hemos presentado un proyecto para facilitar la adopción, con familias de acompañamiento y manteniendo el derecho de retracto de la mujer.

A mi juicio, ambos proyectos deben ser analizados en forma paralela o ser incorporados en el segundo trámite constitucional. El primero, indudablemente, requiere de apoyo del Ejecutivo por considerar recursos, pero creo que bien lo vale.

Lo más importante es tener más oportunidades para las mujeres. Más y mejores alternativas en esta materia siempre será positivo.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente, este proyecto de ley me recuerda parte de la historia oscura de nuestro Chile. En los últimos días del gobierno dictatorial, al ver que se terminaban sus privilegios, a pesar del repudio ciudadano que clamaba por justicia y democracia, se impuso un decreto que no tuvo discusión ciudadana alguna. Por decisión de la autoridad de hecho, fue derogada la legislación que existía hasta ese momento.

De esa forma, en Chile las mujeres quedaron desprotegidas en todos aquellos casos en que debido al embarazo estaba en peligro su vida y la del embrión, y también en situaciones en que, en contra de su voluntad y de su libertad personal, habían sido violentadas, a consecuencia de lo cual resultaban embarazadas.

Fue una época negra de nuestra historia, en donde la tortura fue acompañada de violaciones. Es importante la historia, pero es frágil la memoria, por lo que no debemos olvidar que hasta nuestros días muchas personas sufren las consecuencias de las torturas practicadas en el pasado.

Este proyecto de ley no obliga a las mujeres a interrumpir su embarazo. Se trata de una decisión que se debe tomar con libre albedrío, ya que es voluntaria. En ningún caso se obligará a la interrupción del embarazo. Dos de los casos contemplados son cuando hay peligro para la vida de la madre y cuando hay inviabilidad del embrión para que pueda nacer.

El tercer caso dice relación con un acto de violencia contra la mujer, con un atentado contra su libertad personal. Por ello, debemos dar la posibilidad de que el embarazo no deseado provocado por esa causa pueda interrumpirse. De lo contrario, estaremos imponiendo a la mujer, además de la carga de haber sufrido la violación, la de tener una criatura que ella no desea o que repudia.

Considero que este proyecto es sensato, pues no establece una imposición, sino la posibilidad de que las mujeres, en absoluta libertad, tomen la decisión de interrumpir o no su embarazo cuando se encuentren en alguna de las situaciones planteadas. Es decir, cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando el embrión es inviable o cuando el embarazo es fruto de la violencia, el proyecto establece la posibilidad de que las mujeres, en completa libertad de espíritu y conciencia, decidan sobre su vida y su futuro. Queremos que ellas sientan que son las personas que han querido ser.

Esta iniciativa me anima a decir que nos espera un futuro diferente. Vamos hacia el desarrollo. Había una falla que será resuelta. Por eso, voy a votar a favor el proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Nogueira .

La señora NOGUEIRA (doña Claudia).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer especialmente a la exministra del Sernam, exministra de Justicia, exsenadora y militante de la Democracia Cristiana, señora Soledad Alvear , y a todas las organizaciones que hoy nos acompañan por la incansable lucha que han dado por proteger la vida y la dignidad humana del que está por nacer.

(Aplausos)

En este momento crucial en que debatimos el proyecto sobre aborto, es fundamental definir el tipo de sociedad que queremos construir, a quiénes protegemos y a quiénes no.

La dignidad de todo ser humano es la base sobre la cual se debe construir toda sociedad, incluida la nuestra. Pretender desconocer esa premisa fundamental es atentar contra la propia humanidad.

Lo que todos tenemos en común, cualquiera que sea nuestra posición política, creencia o religión, es precisamente la dignidad humana.

La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce esto que es tan fundamental al señalar que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.”.

Lamentablemente, el proyecto sobre aborto que hoy se nos presenta para su discusión vulnera gravemente la dignidad de dos seres humanos: el que está por nacer y la mujer embarazada. Sin duda, ambos son víctimas.

Digo esto porque el trato que se da al grave problema del embarazo vulnerable es absolutamente superficial.

La desprotección por parte del Estado, profundizada por el Servicio Nacional de la Mujer, a una mujer embarazada producto de una violación, a una madre-niña de 12 años, a una mujer abandonada por su familia o su pareja, o a una mujer cuyo hijo tiene pocas posibilidades de vivir, es total.

El proyecto hace caso omiso del nulo resguardo que la sociedad proporciona a la mujer que vive una realidad tan dramática como la de un embarazo vulnerable. Ello revela una discriminación estructural hacia esa maternidad.

Puede resultar de toda lógica que una mujer cuya libertad y voluntad se encuentran íntegramente condicionadas a su vulnerabilidad, pretenda deshacerse de aquello que la sociedad y este proyecto de ley le muestran como un estorbo.

Según la evidencia científica disponible, nueve de cada diez mujeres que abortan lo hacen no porque libremente lo decidieron, como algunos creen y vociferan, sino principalmente por coacción, violencia, abandono o la precaria situación en que se encuentran. Es decir, estamos ante una libertad absolutamente mermada.

Así entonces, los defensores de la libertad que apoyan el proyecto más bien son los escuderos de la impunidad de la violencia, la coacción y el desamparo en que se encuentra la mujer.

El aborto también tiene otra víctima: el hijo. Los partidarios del aborto desconocen por completo que dentro del vientre materno existe una realidad única, irrepetible, bella en sí misma y con una dignidad idéntica a la que tiene cualquier otro ser humano. A veces nos olvidamos de que en algún momento todos dependimos íntegramente de nuestras madres, quienes, gracias a Dios, siempre tuvieron la convicción de tenernos.

Hasta la fecha el Estado ha brillado por su ausencia en materia de protección. Nadie razonablemente puede afirmar que el Estado apoya firmemente a las madres con embarazos vulnerables. El problema es que el proyecto de ley viene a profundizar aún más el grave desamparo en que se encuentran la mujer embarazada y su hijo por nacer, pues da alternativas de muerte y no de vida, y lo hace a través de engaños, discriminaciones y tergiversaciones.

La Presidenta Bachelet dice que la iniciativa legal viene a resolver un conflicto entre bienes que son inconmensurables. Sin embargo, no se refiere de manera alguna a la dignidad del que está por nacer, como si no hubiese un ser humano en el vientre de la madre o como si fuese una cosa fácil de desechar, sin derecho alguno.

Este gobierno olvida burdamente que la propia Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por Chile, señala expresamente en su preámbulo que “el niño, por razones de su dependencia física y mental, necesita ciertos cuidados y protecciones (...) antes y después del nacimiento”, con lo cual reconoce la dignidad humana del que está por nacer.

Es más, la Convención profundiza en su protección, toda vez que su artículo 6 establece que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Pero nada de esto le importa a la Presidenta Bachelet , porque cree que el problema del aborto es simplemente una cuestión de la mujer y de nadie más.

Se afirma que simplemente se despenaliza el aborto en tres causales. Eso es absolutamente falso. El proyecto lo legaliza, es decir, establece la acción de terminar con la vida de un ser inocente como un supuesto derecho de la mujer, a través de las “legítimas prestaciones de salud”, lo que implica financiar los abortos con recursos de todos los chilenos.

El proyecto sobre aborto planteado por este gobierno además discrimina profundamente. En primer lugar, hace una aberrante distinción entre los niños que están gravemente enfermos y los que están sanos, arrogándose el derecho a decidir cuáles pueden vivir y cuáles no, y olvidando por completo que la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad prohíbe expresamente toda discriminación basada en las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de un ser humano, lo cual considera como una vulneración grave a los derechos humanos. Así comenzó España en 1982; en la actualidad, ese país tiene la tasa más baja de niños con síndrome de Down, porque simplemente fueron abortados.

Por otro lado, francamente es inaceptable que a un ser humano se le condene a muerte por el brutal crimen de su progenitor. Ni siquiera el violador tiene pena de muerte; sin embargo, a un ser inocente se le quiere privar por completo del derecho más básico que tiene todo ser humano: el derecho a la vida. ¿Alguien, sensatamente, puede entender tamaña injusticia?

La Presidenta Bachelet con este proyecto discrimina brutalmente a los niños por nacer, dependiendo del origen de su concepción, violentando sin límites la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual, para asegurar el goce de los derechos a todo niño, incluido al que está por nacer, prohíbe expresamente toda distinción basada en alguna condición del padre, como es el caso del violador.

Los niños son seres humanos independientes totalmente de la acción de sus progenitores y tienen una dignidad intrínseca como tales que se debe respetar en todo momento y lugar.

Es inexplicable y discriminatorio que, además de establecer el derecho al aborto, este proyecto permita la objeción de conciencia únicamente para los médicos. ¿Acaso las enfermeras, las matronas, las arsenaleras u otras personas que sean requeridas para realizar un aborto no tienen derecho a manifestar su objeción fundada en la libertad de conciencia? ¿Prima más la libertad de conciencia del médico que la de las otras personas?

Por último, se nos presenta a última hora una indicación de simple asesoramiento disfrazado de acompañamiento, que de protección integral de la maternidad no tiene nada. Hay que decirlo con toda la fuerza: el gobierno nunca -repito, nunca pensó realmente el acompañamiento como una opción para las mujeres con embarazo vulnerable.

Es una falta de respeto y, por cierto, de empatía para la dignidad de la mujer violada pensar que con diez sesiones psicológicas ella va a superar, no solo el trauma de la violación, sino también el del aborto de su hijo. Es una precariedad máxima pensar que con 50.000 pesos mensuales una mujer a cuyo hijo por nacer le queda poco de vida tendrá una recuperación exitosa. Es un total fracaso que el Estado no tenga un programa especializado de acompañamiento y protección integral al embarazo vulnerable para que la mujer supere su dramática experiencia. El asesoramiento solo es una cortina de humo para tranquilizar algunas conciencias, y de acompañamiento y de real no tiene absolutamente nada.

Estamos en un momento crucial para poder revertir en democracia la decisión más atentatoria contra la dignidad del que está por nacer y de la mujer embarazada: el aborto.

Por eso, hago un llamado a todos quienes aspiran a una sociedad que se base en la dignidad humana como valor fundamental a rechazar en su totalidad este proyecto.

Por lo expuesto, con toda convicción votaré que no.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo de la bancada Independiente, tiene la palabra el diputado señor Felipe Kast .

El señor KAST (don Felipe).-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, este es uno de los temas más complejos de la agenda legislativa; sin embargo, por desgracia, la polarización y la caricatura se han tomado el debate.

Si somos rigurosos y honestos, lo que hoy estamos debatiendo es cómo enfrentamos socialmente dos situaciones tremendamente dolorosas e injustas: por una parte, el dolor profundo de una mujer que, en medio de una angustia brutal, en caso de una violación, quiere interrumpir su embarazo; y por la otra, el dolor que significa terminar con la vida de un niño que se encuentra completamente sano, indefenso y que es igualmente inocente.

¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué camino maximiza la libertad y la dignidad de nuestra sociedad? No cabe duda de que sería ideal poder terminar un embarazo sin necesidad de terminar con la vida del niño por nacer. Desgraciadamente, ello no es posible.

Interrumpir el embarazo genera un daño irreversible. Es una tragedia y una vulneración brutal a la libertad y a los derechos humanos. Cuando cruzamos la línea de terminar con una vida, no hay vuelta atrás. Es cierto, al impedir el aborto se vulnera la libertad de una mujer; pero también es cierto que no existe una vulneración más brutal a la libertad y a la dignidad que quitarle a alguien el derecho a vivir.

En el fondo, la diferencia entre quienes apoyan el proyecto y quienes no lo hacemos radica finalmente en el valor relativo que le entregamos a la libertad de la mujer para interrumpir su embarazo en un caso dramático, como es el de la violación, versus la libertad y el derecho de un niño para seguir con vida, aun cuando su gestación provenga de un acto repudiable y no consentido.

Por lo mismo, el verdadero debate que debiéramos hacer hoy, pero el cual lamentablemente no hemos realizado porque la gran mayoría de quienes apoyan este proyecto ha preferido ignorarlo, es si la vida que se lleva en el útero es o no una persona humana, si estamos hablando de una persona o simplemente de alguien que no tiene derechos.

No deja de ser paradójico que muchos de quienes se autodenominan liberales hoy se encuentren a favor de este proyecto. Me parece positivo que exista diversidad de opiniones entre aquellos que abrazamos la idea de la libertad; sin embargo, quiero decir fuerte y claro que, como liberal, me opongo a este proyecto porque no estoy dispuesto a que un tercero vulnere el derecho más básico de un ser humano, que es el derecho a vivir.

Esta decisión no es simple. Soy consciente de que esta decisión no es simple. Soy consciente de que al proteger la libertad de un niño se vulnera la libertad de otra víctima, como es el caso de una mujer violada.

Por lo mismo, es urgente e indispensable que se pueda crear un programa social de primer nivel y contundente para acompañar y paliar al máximo el sufrimiento de la mujer que busca interrumpir su embarazo. Desafortunadamente, este proyecto no hace esto. Entonces, ¿cómo se puede justificar el que estemos dispuestos a vulnerar la libertad de una persona que es un niño? Si para un liberal efectivamente un niño abortado no es una persona, sería bueno que lo dijera. Solo en ese caso su posición será coherente.

Por desgracia, muchos prefieren evitar el debate de fondo porque no se atreven a reconocer el costo de que este proyecto irreversiblemente termina con la vida y la libertad de un niño por nacer. Algunos argumentan que les parece inconcebible que una mujer que incurra en un aborto termine en la cárcel. No puedo estar más de acuerdo en eso. Estoy convencido de que nadie busca aquello.

Por esa razón, la ley en proyecto debió ser distinta. Bastaba con exculpar a la mujer embarazada que incurra en un aborto, acotando el tipo penal para quienes lo hagan efectivo.

Este proyecto no solo legaliza el aborto, sino que también permite que exista propaganda y avisos que promocionen este lucrativo servicio.

Hoy estamos obligados a elegir frente a estas dos realidades, ambas muy complejas: o permitimos que se termine irreversiblemente con la vida del niño por nacer, o impedimos a la mujer hacer lo que desde su inmenso dolor y angustia piensa que es correcto.

Estoy convencido de que impedir el aborto nos obliga doblemente, pues como sociedad también debemos hacernos cargo del profundo drama que significa llevar adelante un embarazo no deseado.

En este ambiente polarizado y lleno de caricaturas, personas como Soledad Alvear han sido insultadas simplemente por promover una política social integral que permita alcanzar las dos cosas: el derecho a la vida y el acompañamiento real de la mujer embarazada.

El gobierno, en lugar de enfrentar con altura de miras y profundidad el rol subsidiario del Estado para apoyar socialmente a estas mujeres, ha preferido la solución fácil. Imaginen qué se puede hacer con 50.000 pesos disponibles para financiar todo un programa de apoyo a una mujer con un embarazo no deseado.

Como sociedad, deberíamos ser capaces de hacernos cargo de ambas realidades. Desgraciadamente, este proyecto no lo hace. Espero que, como Cámara de Diputados, no aprobemos la presente iniciativa. De lo contrario, más pronto que tarde nos arrepentiremos de haber aprobado una vulneración sistemática a la libertad y la dignidad de las personas.

Por lo mismo, mi voto es en contra.

He dicho.

-Aplausos en la Sala.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Daniel Melo .

El señor MELO.-

Señor Presidente, quiero iniciar mis palabras haciendo un sentido homenaje y reconocimiento a la labor y lucha histórica de las organizaciones de mujeres de Chile, que inclaudicablemente han sostenido la legítima demanda de que se reconozcan sus derechos sexuales y reproductivos, en particular el relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo.

Con el legítimo respeto que me merecen las opiniones de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, señalo que cuesta entender cómo seguimos atados a normas jurídicas atávicas y retrógradas, originadas solo para perpetuar el control patriarcal, social y económico sobre las mujeres.

Sustentados en argumentos propios de la era de la irracionalidad, la normativa vigente no auxilia ni ampara a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo. Muy por el contrario, por razones más propias de la hechicería y la superstición, impone mediante la fuerza y la amenaza una visión sexista, discriminadora y fundamentalista que las obliga, so pena de cárcel, a llevar a término todo embarazo y en cualquier circunstancia.

A contrario sensu, el sistemático avance de la humanidad hacia sociedades laicas que consagran ideales como la libertad, la tolerancia, la igualdad y la fraternidad ha ido confinando estas legislaciones al baúl del olvido y de la vergüenza.

Mientras a nivel internacional se consagraban y reconocían estos derechos, en Chile una cifra abismante de mujeres, la mayor parte jóvenes de extracción popular, son dejadas a su suerte en momentos en que el cuerpo social debiera desplegar todas sus herramientas para brindarles amparo.

Indigna, además, que el tradicional cinismo de la sociedad chilena frente a este tipo de problemas haya consagrado una segunda discriminación, garantizando el uso y silencio de elegantes clínicas para atender las necesidades de aquellos que tienen el dinero y la posición, mientras que la gran mayoría de las mujeres, atendida su clase y condición social, pueden ser entregadas a la persecución penal, al aborto clandestino y a la marginación social que esto trae.

El proyecto de ley que hemos conocido esta tarde repara este estado de cosas, apuntando específicamente a dar contenido al derecho constitucional de las personas a una vida digna, a ser protegidas de cualquier clase de violencia y discriminación y a no ser invadidas en el ejercicio de su vida privada. En términos concretos, otorga auxilio, acompañamiento y reparación a un segmento relevante y mayoritario de la sociedad, enfrentando un evento catastrófico. Nada más, pero nada menos.

De esta manera, reconociendo que la vida de toda persona, considerada en su máxima y más amplia dimensión, comprende no solo su condición biológica, sino también los aspectos sociales y culturales que la constituyen, se hace cargo de situaciones reales y recurrentes donde la vida, la salud, los derechos y, en definitiva, la dignidad de las mujeres se ven comprometidos y vulnerados. Se trata de situaciones muy bien definidas en las que todo el poder del Estado debe desplegarse en pro del amparo y resguardo de los derechos de una mujer situada en una posición extrema, que decide voluntaria e informadamente no perseverar en un embarazo que no desea.

En consonancia con el reconocimiento o derecho que la sustenta, la propuesta prevé profundos cambios al interior de nuestro sistema de salud, que debieran traducirse tanto en el fortalecimiento de su infraestructura y personal, especialmente a nivel primario, como en la implementación de una nueva cultura de acogida y trato a las mujeres, en las difíciles situaciones que la norma prevé.

Concluyo anunciando mi voto favorable a este proyecto de ley, pues termina con años y años de oscurantismo y persecución en contra de nuestras mujeres.

Queremos terminar con todo fanatismo, como el que encontramos en las tribunas, de esas visiones particulares que quieren imponer su visión integrista y totalitaria al resto de la sociedad chilena. Creemos en un Estado laico que respete la dignidad de las personas.

Por eso, la bancada del Partido Socialista votará a favor de las tres causales.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .

El señor MELERO.-

Señor Presidente, la verdad es que este proyecto parte mal desde su título, pues le otorgaron un título no veraz, no sincero, sibilino, porque nos dice que se trata de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Digamos las cosas con claridad: lo cierto es que esto es la legalización del aborto en tres causas y la antesala para llegar al aborto libre. Ese es el verdadero título de lo que expresa esta iniciativa de ley.

Creo que es fundamental hacernos cargo de algunos aspectos que han salido en el debate, el primero de los cuales dice relación con tener claridad sobre el inicio de la vida. Al respecto, nuestra Constitución Política, el Pacto de San José de Costa Rica y nuestro Código Civil dan el derecho de la protección de la vida desde la concepción, y tengo la convicción absoluta, y la ciencia y la embriología así lo respaldan, de que la vida se inicia en el momento de la fecundación. Se inicia una nueva vida, distinta de la del padre y de la de la madre, que da curso a un proceso que es continuo, gradual y autónomo en el espacio y que se va desarrollando en el tiempo.

Desde ese momento, solo desde ese momento, ese nuevo organismo posee un funcionamiento unitario, integrado y coordinado, que guardará continuidad ininterrumpida con el ser humano biológicamente desarrollado y que se mantendrá hasta su muerte.

En segundo lugar, si estamos de acuerdo con el inicio de la vida -alguien legítimamente podría decir que no comparte esa visión; pues bien, que lo diga-, entonces contestemos la segunda pregunta, respecto del derecho o no de la madre para disponer de su cuerpo, como les escuché decir a varias diputadas y, en especial, a la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo .

Cabe preguntarse: ¿Es el embrión parte del cuerpo de la madre o es un ser distinto? La respuesta, a mi juicio, es que la madre no puede responder ni puede disponer de su cuerpo, porque el embrión, si bien se desarrolla dentro del cuerpo de la madre y está unido físicamente a ella, su material genético proviene en partes iguales del padre y de la madre, por lo que, sin duda, se trata de un ser nuevo y distinto de la mujer que lo contiene, por lo cual no puede ser considerado como parte del cuerpo de la madre y, por consiguiente, disponer de ella para hacer lo que se le plazca.

(Aplausos)

Así dichas las cosas, vamos a las tres causales.

El aborto terapéutico, en la discusión de si es la vida de la madre o la del hijo, parte de la mala idea de que se debe optar entre la vida de la madre o la del hijo, o que la vida de la madre vale más que la del hijo. Eso, a mi juicio, es insostenible. El valor de la persona humana y su dignidad es independiente del estadio de desarrollo en que se encuentra o del estado de salud que tiene.

Por consiguiente, el médico, al momento de resolver, tiene dos pacientes, tiene dos vidas que cautelar, y no me cabe duda de que en Chile -los protocolos terapéuticos así lo establecen-, al encontrarse en riesgo la madre, sin necesidad de una ley proceden terapéuticamente. Si como efecto no deseado de esa acción muere el feto, eso no es aborto.

Por consiguiente, los médicos, la medicina y la ciencia han demostrado que no es necesaria esta ley, y sabemos -se ha dicho que no hay ningún médico preso por haber actuado correctamente en el protocolo terapéutico que ejerció.

Respecto de la situación de la violación, déjeme decirle, señor Presidente, que, sin duda, la criminalidad del acto del violador y el enorme daño que se le causa a la mujer nos hace abordar desde una perspectiva de comprensión y de dolor lo que esa mujer ha sufrido y vive; pero no agreguemos a ese tremendo crimen un segundo delito, que es terminar con la vida de un niño inocente y sano, ya que la mujer tiene alternativas para enfrentar eso. Bien acompañada, bien sostenida, protegida psicológica y terapéuticamente en todo su proceso, tendrá al fin de los días de su embarazo la opción de entregarlo en adopción o la de quedarse con él.

Me parece que el peor camino es el de terminar con la vida de un niño que no tiene cómo defenderse, no tiene culpa sobre la forma como fue gestado ni mucho menos el derecho a que se le quite la vida.

En tercer lugar, voy a referirme al tema del acompañamiento, que mi colega Claudia Nogueira ya desarrolló brillantemente, pero que, como integrante de la comisión, quiero precisar.

Aquí se desarrolló el concepto del acompañamiento y se incorpora al proyecto de ley para tratar de convencer y alivianar la conciencia, especialmente la de la Democracia Cristiana. Pero digámoslo con claridad: en los términos en que está establecido, el acompañamiento no será una realidad en el sistema público de salud chileno. ¿Saben por qué? Por tres razones: primero, porque el presupuesto que se le asigna es de 1.600 millones de pesos, para 2.500 abortos que se realizarán en 29 servicios de salud.

Honorable Cámara, llamo a sacar la cuenta: son 53.000 pesos por mujer al mes. ¿Qué acompañamiento eficiente es posible implementar con un presupuesto de esa naturaleza, en circunstancias de que el sistema público de salud ni siquiera es capaz de satisfacer a las más de 10.000 personas que están en las garantías explícitas del AUGE o a los 250.000 chilenos que tenemos en listas de espera? ¿Podrán dar la atención que corresponde a esas mujeres con ese presupuesto y con las falencias que tiene el sistema público? No habrá acompañamiento, sino una leve asistencia, una pequeña asesoría. Las van a asesorar y después las abandonarán.

Por consiguiente, digo con cariño a mis colegas de la Democracia Cristiana que no pisen el palito del acompañamiento, porque no los acompaña en nada en la decisión que van a adoptar.

(Aplausos)

Hay una segunda razón.

El sistema de salud no dispone de médicos con especialidad materno-fetal para determinar la causal número 2) del artículo 119, nuevo, del Código Sanitario, incorporado mediante el artículo 1° del proyecto, cual es la alteración estructural letal del feto, ya que diez de las quince regiones del país no tienen médicos con esa especialidad.

Quiero dar una segunda cifra alarmante.

Más de 1.600 médicos extranjeros trabajan en la atención primaria, lo que corresponde al 32 por ciento del total. Varios cientos de ellos ni siquiera están habilitados para ejercer la medicina en Chile porque no han cumplido con el requisito del Examen Médico Nacional. Es decir, estamos entregando la primera etapa del diagnóstico a médicos no habilitados para ejercer la profesión en Chile. Entonces, ¿qué acompañamiento puede haber para esos casos?

Por lo tanto, por razones morales, éticas, financieras y de aplicación votaré en contra el proyecto, porque no ayuda en nada.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Diego Paulsen .

El señor PAULSEN.-

Señor Presidente, tengo la bendición de que en dos o tres semanas más seré padre, y no de un solo hijo, sino de dos. ¡Tengo la bendición de ser padre de mellizos! Esta bendición es importante.

En consecuencia, creo que no los hubiésemos abortado si a mi señora y a mí nos hubiesen dicho que mis hijos eran inviables o que ella corría algún peligro, porque tenemos principios básicos y claros.

Para nosotros, los derechos a la libertad y a la vida son esenciales para una sociedad. No obstante, vemos que en esta Sala se hace una caricaturización respecto del proyecto y se da una vaga justificación para defender los derechos a las libertades de elegir, de reproducción y la libertad misma, en contra del derecho a la vida.

Esto lo podemos apreciar en las declaraciones de un parlamentario -lamentablemente no está presente que dijo que quienes nos oponemos al proyecto somos los mismos que apoyamos al gobierno militar, en circunstancias de que yo ni siquiera había nacido en esa época.

A esa diputado le quiero decir que tenga los pantalones bien puestos para decir a sus electores, quienes nos eligieron porque sabían perfectamente cuáles eran los principios y valores que defenderíamos en el Congreso Nacional, que él prefiere defender la libertad de la mujer para elegir respecto de la reproducción, en lugar del derecho a la vida de una pobre persona que está dentro del vientre materno.

Señor Presidente, la gran diferencia entre usted y mis hijos que nacerán en tres semanas es que usted, después de mi discurso, bajará de la Mesa para a dar su opinión sobre el proyecto; es decir, podrá manifestarse libremente. En cambio, mis hijos no se pueden manifestar, por lo que nosotros tenemos que defender su derecho a la vida, para que ellos se puedan manifestar libremente en el futuro.

(Aplausos)

Por lo tanto, anuncio mi voto en contra de las tres causales y del proyecto entero.

Creo que debemos tener el derecho para expresarnos libremente, así como lo hace una exdiputada en las tribunas, a pesar de que sabe que eso está prohibido. Quiero que mis hijos tengan la misma libertad que tiene la exdiputada Saa para expresarse, por lo que no seré yo quien les coarte su derecho a la vida y a expresarse libremente, como lo hace esa exdiputada, lo que me parece bien.

Justificaré uno por uno mis rechazos a las tres causales por las cuales se pretende despenalizar el aborto.

En primer lugar, la interrupción del embarazo debido a que la madre se encuentra en riesgo vital.

Estamos a favor de que esos casos se sigan abordando de la misma manera como se hecho hasta ahora en nuestro país. Presentamos indicaciones para apoyar esta causal, pero las rechazaron.

En segundo lugar, la inviabilidad fetal.

No hay certeza para determinar la inviabilidad fetal. Además, tal como señaló el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, solo cinco de las quince regiones de nuestro país cuentan con médicos que tienen la especialidad materno-fetal, que les permitiría determinar la inviabilidad del feto.

En tercer lugar, la más compleja de todas, se permite el aborto en caso de que el embarazo sea la consecuencia de una violación.

En este caso se contraponen dos derechos fundamentales: el derecho de la mujer de decidir sobre la vida de otra persona y el derecho a la vida y a la libertad que tiene una persona que va a nacer en pocos meses más.

Seguí todas las ecografías de mi señora. Desde la semana siete u ocho, pudimos escuchar los latidos de los corazones de mis hijos, lo que nos indicó que ya eran personas. En consecuencia, rechazo el proyecto.

Espero que el gobierno asuma de una vez por todas y como corresponde su compromiso con las mujeres y genere programas de acompañamiento y políticas públicas como se merecen las mujeres de Chile, en lugar de este pésimo proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Iván Flores .

El señor FLORES.-

Señor Presidente, ya se ha dicho que de todos los proyectos que nos ha correspondido votar, sin duda este es el más complejo. Es tan complejo, tan amplio y tan profundo que nos obliga a abordarlo por el principio o, más bien, por los principios o por las concepciones valóricas fundamentales, porque sin esos sustentos, solo se podría resolver desde la casuística o, lo que es peor, desde las encuestas de opinión.

Quiero hablar desde mi más profunda convicción valórica. En consecuencia, expondré solo algunas ideas referidas al derecho simple o elemental, antes de entrar en los alcances clínicos, políticos o de redacción del proyecto de ley de interrupción del embarazo o aborto por tres causales.

Quiero centrarme en un punto que para mí es fundamental en la evaluación del proyecto, cual es la definición de individuo. Por ello, debo conducir mi intervención para que concuerde con diversos informes de distintos organismos o reuniones internacionales sobre la materia.

El concepto individuo está referido a que, desde la concepción, el embrión o individuo humano es el único dueño de un pool y código genético único, distinto y particular en el planeta. Es un pool único de él, que luego de su organización básica y completa, esto es, a las diez semanas, solo se dedica a crecer y a consolidarse. A partir de las diez semanas este individuo humano es definido claramente como un ser humano, que está en condiciones de ser persona legalmente luego del nacimiento.

A diferencia de lo que dijo el colega Godoy , la criatura en gestación es un ser humano completo y complejo a partir de su transición de embrión a feto, a las diez semanas. Por lo tanto, es una persona con estatus de sujeto de derecho. En consecuencia, no puede ser considerado livianamente como un objeto disponible al arbitrio o a la coyuntura, por negativo que sea su entorno, porque es un sujeto de derecho.

A diferencia de lo que dijo el colega Alvarado , respecto de que a las 12 semanas de gestación el cerebro no funciona, porque no piensa, aclaro que el cerebro y el cuerpo están completos a las diez semanas de gestación; el tiempo restante se utiliza para terminar de organizarse y crecer, pero es un ser humano.

No puede existir autonomía absoluta para que otros dispongan de la condición de ese ser humano con derechos constitucionales. Claramente, Chile no es la excepción en ese derecho constitucional.

En complemento, la dignidad humana no puede estar limitada a que las personas reúnan ciertas cualidades, cierta edad o cierto estado de salud. Es un valor por el solo hecho de ser una persona, incluso, como enfermo terminal o como feto en gestación.

Sin excepciones, los tratados de derechos humanos establecen que el derecho fundamental a la vida se exige por el hecho de ser parte de la especie humana. Entonces, existe un problema, porque este ser humano en gestación no tiene derechos como otros que, teniendo un mismo problema práctico, sí son protegidos al obtener el estatus de persona.

La diferencia existente con las personas que crecen y hacen su vida con habilidades distintas, por ejemplo, los sordomudos, es que después de haber nacido ellos aprenden el lenguaje de señas. El feto, a pesar de ser un ser humano, no tiene la posibilidad de expresarse o defenderse con ningún lenguaje, porque nadie le puede advertir que debe estar preparado para defenderse si su vida se ve amenazada. Él no se defiende, no puede hacerlo, porque no ha sido preparado para ello.

En el proyecto de ley, la discusión sobre el inicio de la vida o la condición de ser humano es solo una base ética referencial, porque en dos de sus causales el proyecto no establece plazo, excepto en el caso de violación.

En suma, esta iniciativa busca ser una ley no penal que autorice y permita, y, por lo tanto, es declaratoria de que el no nacido no es sujeto de derecho y, por lo mismo, está disponible a las circunstancias de quien lo incuba, por dolorosas o respetables que sean. Desde mi punto de vista, como humanista y cristiano, eso es grave. Lo contrario es actuar circunstancial o convenientemente.

Tenemos un problema en el análisis valórico y de elección del modelo del proyecto de ley, porque si bien comprendemos las causales que buscan la despenalización del aborto, el gobierno se ha equivocado de modelo, pues nos fuerza a quienes somos humanistas y cristianos a renunciar a nuestra convicción sobre los derechos humanos.

¡No renegaré de mi condición de humanista ni de cristiano!

(Aplausos)

En un modelo distinto podríamos aproximar un poco más las posiciones, pero así, obligados a renegar de nuestros valores éticos y morales del humanismo y del cristianismo, nos acorralan para despenalizar, legalizar y legitimar el aborto como un derecho exclusivo de la mujer. ¡Cuán temerarias fueron las aseveraciones de quienes expresaron que estar en contra del aborto es estar en contra de las mujeres! ¡Qué mezquinos! ¡Qué irresponsables!

Meridianamente en todo límite siempre prima la dignidad humana. Por ello, en ningún Estado se autoriza matar o torturar. No se puede dejar al arbitrio de cada uno el respeto de los derechos de los seres humanos, hayan nacido o no. Ese es un límite infranqueable para un humanista y un cristiano.

(Aplausos)

El título de las causales sobre despenalización del aborto podría ser comprensible e, incluso, mejorado. Sin embargo, las maneras de diagnosticar y de certificar las causales de un embarazo inviable o por violación, o de establecer las eventuales penas por equivocación o negligencia, son ambiguas y tan amplias que no es posible diagnosticar la causal o penalizar el abuso. ¡Estamos en Chile!

Las cifras duras indican que, además de los miles de ginecólogos y obstetras, solo hay cuarenta y nueve médicos de la especialidad materno-fetal. Esa es la subespecialidad que está en condiciones de acercarse a un diagnóstico más exacto sobre la inviabilidad fetal, pero de los médicos que la ejercen, treinta y nueve viven en Santiago y apenas siete en regiones.

En la Sala escuchamos testimonios de personas a las que les diagnosticaron embarazos inviables, no solo sobrevivieron, sino que hacen su vida.

No puedo votar a favor esta causal, porque mi país no está preparado para realizar un diagnóstico correcto y certero.

Finalmente, no obstante comprender las razones que existen en nuestra cultura y en nuestra condición, votaré en contra este proyecto de ley.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Arturo Squella .

El señor SQUELLA.-

Señor Presidente, por su intermedio, felicito al diputado Flores por su valentía.

Quizá para quienes siguen este debate no dijo algo muy distinto a lo expresado por otros parlamentarios de su bancada. Sin embargo, la diferencia que hace que él verdaderamente tenga pantalones, es que sigue en su discurso y en su votación la misma línea de la declaración de principios de su partido. Extrañamos esa actitud en esa bancada, por lo que espero que otros parlamentarios de la Democracia Cristiana sigan su ejemplo.

Este es un mal proyecto de ley que busca instalar en Chile el aborto sin expresión de causa. Es un mal proyecto como muchos otros presentados por este gobierno. De hecho, a los cinco o seis ministros que nos han acompañado durante el debate y en toda la tramitación del proyecto de ley, les ha tocado poner la cara por esas malas iniciativas, que causan efectos negativos.

El efecto negativo de esta iniciativa va más allá, porque no es como la reforma tributaria, a consecuencia de la cual varias personas podrían perder sus empleos. Lo mismo sucede con la reforma laboral o la reforma educacional, en la que los padres no tendrán la posibilidad de elegir los colegios de sus hijos. Así ha sucedido con otros tantos proyectos de ley que hemos visto durante estos últimos dos años.

La diferencia y la consecuencia es que por este proyecto de ley, una vez que lo votemos y lo despachemos del Congreso Nacional, morirán personas. Esto no es una opinión, es un hecho.

Es indiscutible e irrefutable que el objetivo central de esta iniciativa es entregar el derecho a una persona para terminar con la vida de otra. Se pueden decir muchas cosas respecto de las distintas causales y de las distintas valoraciones que hacemos sobre el contenido del proyecto de ley, pero de una u otra forma llegamos a lo mismo: habilitamos a una persona para terminar con la vida de otra.

Algunos se han esforzado por argumentar que se justifica, pero están al debe en su argumentación. No hay justificación alguna, porque no pueden desconocer que habilitamos para terminar con la vida de una persona inocente e indefensa.

Varios diputados que me han antecedido en el uso de la palabra han citado el debate sobre la llamada píldora del día después, pero la gran diferencia con esta iniciativa es que lo que se discutía en ese entonces, con argumentos para ambos lados, tenía relación con el momento de la existencia de vida.

En el caso del proyecto de ley que hoy debatimos, recibimos la opinión de más de setenta expertos en las tres comisiones técnicas de la Cámara de Diputados en las que se llevó a cabo su tramitación, y ninguno puso en duda que desde el primer momento lo que hay dentro del vientre materno es una persona, un ser vivo. Nadie lo hizo. Entonces, no estamos frente a una opinión, sino frente a un hecho que no se puede refutar.

Independientemente de la causal de que se trate y de cómo la votarán los diputados en la sesión de mañana, la práctica del aborto es exactamente la misma. La ministra de Salud -a quien saludo, por su intermedio, señor Presidente tuvo que realizar un avalúo para ver cómo la iba a incorporar en el informe financiero, en el entendido que es una prestación que requerirá de medicamentos e intervenciones.

Independientemente de la causal, se utilizan químicos, ácidos que desintegran a ese ser humano, o pinzas, que lo trituran. Da lo mismo cuál es la justificación; en los servicios de salud se utilizarán químicos, ácidos o instrumentos más propios de una ferretería que de un servicio que, supuestamente, defiende la salud de las personas.

Este proyecto tiene errores conceptuales y absurdos jurídicos, así como la gran dificultad de ser totalmente inconstitucional.

En el primer caso, cuando hablamos de errores conceptuales, tal como lo dijo el diputado Melero , tiene problemas desde el título en adelante, el que hace referencia a la interrupción del embarazo, más aún, a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Pero de qué despenalización estamos hablando si en el artículo 342 y siguientes del Código Penal se habla de aborto? ¿Qué es lo que se está despenalizando? ¿No habrá sido una estrategia mañosa para lograr el voto de quienes todavía tienen temor de enfrentar a sus electores y no se atreven a reconocer que lo que están promoviendo con este proyecto es el aborto? Esa maniobra puede incluso generar un absurdo en la legislación: el de despenalizar algo que no está penalizado.

El segundo error conceptual es que desde un comienzo se habló de despenalización, pero habría que ser muy caradura para seguir sosteniendo que se trata simplemente de eso. Aquí estamos hablando de legalización con todas sus letras. Ejemplo de ello es que el proyecto irroga gastos y que se regula la objeción de conciencia. De hecho, será obligación para todo médico hacerse cargo del derecho a abortar que las embarazadas tendrán en determinadas circunstancias, salvo las excepciones consideradas en la objeción de conciencia.

Por lo tanto, se trata de absurdos jurídicos de los que evidentemente hay que hacerse cargo. Hay cinco ministerios que han seguido la tramitación de este proyecto, de modo que no se comprende cómo se plantean situaciones tan groseramente absurdas desde el punto de vista jurídico.

Por otra parte, quiero referirme a la incongruencia que se genera respecto del derecho que tienen los padres, que son corresponsables de sus propios hijos. El proyecto, en su artículo 1°, en el número 1), que hace referencia a la situación de las niñas menores de catorce años de edad y de las que son mayores de catorce años de edad y menores de 18, establece que pueden elegir a su representante legal, lo que genera una distorsión que se confronta con la legislación actual, directamente con el artículo 224 del Código Civil. Eso no se entiende.

Asimismo, la iniciativa mandata a los tribunales de justicia a autorizar el aborto, lo que ya es increíble, incluso, pasando por alto la voluntad del representante legal, en el caso de las menores de edad. Si este se niega -solo si lo hace a la posibilidad de que se practique un aborto, se mandata al tribunal de justicia a autorizarlo.

¿No cree usted, señor Presidente -y por su intermedio a las ministras que nos están escuchando-, que lo correcto sería que ese tribunal de justicia tomara conocimiento y resolviera?

La incongruencia sigue. Se permite la apelación únicamente si se niega el aborto. Si se autoriza, no hay derecho a apelación. Eso es realmente inentendible.

Otra verdadera aberración, que es una joyita para quienes han planteado las dificultades que tiene este proyecto, es el salto de todas las normas constitucionales y procesales penales respecto de cómo se definen y se determinan los delitos en el país. Vamos a generar doctrina nueva al establecer que ya no será el Ministerio Público ni los tribunales de justicia, sino un médico, el que determinará que se cometió un delito, y uno tan grave como es el de violación.

La objeción de conciencia -ya lo planteó la diputada Claudia Nogueira- le será permitida únicamente al médico cirujano, pero no al resto del equipo médico, lo que no corresponde, puesto que genera discriminación arbitraria.

Por otra parte, se exceptúa el deber de denuncia. Será el único delito que un funcionario público, en este caso en el ámbito de la salud, no tendrá que denunciar, saltándose las normas del Código Procesal Penal, en particular su artículo 175.

Así como hemos visto que tiene errores conceptuales y aberraciones jurídicas, este proyecto es, además, abiertamente inconstitucional, primero, desde el punto de vista de la forma. El artículo 19, número 1°, inciso segundo, de la Constitución Política mandata a la ley a proteger la vida del que está por nacer. Eso dice la Carta Fundamental, de modo que lo que corresponde es la calificación del quorum para aprobar el proyecto como una ley interpretativa de la Constitución Política, pero se le ha calificado con quorum de mayoría simple. Eso no corresponde, y por esas razones hago reserva de constitucionalidad.

Por último, me llama mucho la atención que quienes levantan la bandera de esta iniciativa sean quienes, en muchos casos -incluso, con justificación-, han enarbolado siempre la bandera de la defensa de los más débiles: la izquierda. No es comprensible que quienes siempre han dicho defender al más débil estén hoy por matar a las personas más débiles e indefensas. Eso no se entiende.

(Manifestaciones en las tribunas)

Tampoco se entiende que se diga que este proyecto se elaboró para proteger a la mujer, puesto que quien más sufre después de la muerte de un niño como resultado de un aborto es precisamente la madre, a la que el Estado pone en una situación imposible, pues le dice que decida si quiere ser madre de un hijo vivo o de un hijo muerto, porque ese hijo ya existe. Lo que el Estado le está señalando es que para evitar un problema mayor simplemente debe terminar con la vida del hijo. Eso no es posible, y por lo mismo votaré en contra este proyecto.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO.-

Señor Presidente, este proyecto de ley es el resultado de una demanda muy amplia y transversal de la sociedad chilena hacia el Estado, que exige que nos hagamos cargo de la situación actual, en la que cada año se practican más de 100.000 abortos en el país, por cualquier causa, pero en las condiciones de higiene -mire qué injusticia que cada mujer pueda pagar, según sea su nivel socioeconómico.

(Manifestaciones en las tribunas)

Existe un sector que se opone con pasión -como lo vemos en estas tribunas a la sola idea de legislar sobre la materia, ya que entre otros muchos argumentos han levantado la tesis de que este proyecto de ley sería completamente inconstitucional,…

(Manifestaciones en las tribunas)

…particularmente, que estaría en contra del derecho a la vida que tendría el nonato según nuestra ley fundamental; que él no nacido -dicensería una persona humana desde la concepción, con todos los derechos y privilegios de una persona nacida…

(Manifestaciones en las tribunas)

Señor Presidente, solicito que se me permita continuar. El fanatismo no me permite hacerlo.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Estamos a una hora y veinte minutos de culminar una jornada completa dedicada a este debate, el que continuará mañana.

Entiendo que hay cansancio.

Todas las intervenciones son muy importantes. Les pido un último esfuerzo para escucharnos, porque esa es la esencia de la democracia.

Recupera el uso de la palabra, diputado señor Soto .

El señor SOTO.-

Señor Presidente, dicen que el no nacido sería una persona humana desde la concepción, con todos los derechos y privilegios de una persona nacida. Incluso, varios anuncian que recurrirán al Tribunal Constitucional para impedir, en caso de que se apruebe el proyecto, la promulgación de la ley, para, según dicen, salvar vidas.

Señor Presidente, la primera pregunta que hay que hacerse es si, para nuestra Constitución, existe el mismo estándar de protección para el no nacido respecto de la vida de las personas nacidas. Es decir, ¿cuál es el valor que nuestra Constitución le reconoce a la protección de la vida del embrión o feto?

Esta materia fue debatida por los redactores de la Constitución de 1980 hace 35 años. Algunos querían incluir en la Carta Fundamental la prohibición absoluta de que se realizara toda clase de aborto. Los redactores designados por la dictadura finalmente optaron por eliminar de la Constitución toda referencia al aborto y se limitaron a señalar que la manera en que la vida del que está por nacer sería protegida tendría que ser decidida por el legislador de cada época, no por la Constitución, es decir por las cámaras que iban a funcionar en democracia, pudiendo ser una protección civil, sanitaria o previsional, dejando la puerta abierta para avanzar en proyectos de este tipo.

La protección del derecho a la vida de las personas nacidas se entregó, por la Constitución, en el artículo 19, N° 1, inciso primero, a la propia Carta Fundamental, y la vida del que está por nacer se encargó, según se dice en el inciso segundo, a un nivel inferior, a una simple ley de la república.

La idea o concepción detrás de esas decisiones de la Constitución es que se considera que el nonato y la persona humana nacida no tienen igual estatus ni estándares jurídicos de protección; que teniendo ambos un valor innegable, no deben tener la misma valoración ni protección institucional.

Así, ¿cómo explican los detractores de este proyecto que desde 1980 a 1989, durante nueve años, en plena vigencia de esta Constitución, se realizaran abortos terapéuticos que el Código Sanitario permitía? La respuesta es que no pueden explicarlo. Nunca los escuché haciendo acusaciones de asesinato y de genocidio contra la junta de gobierno que aprobó esta Constitución, ni contra los hospitales y clínicas que durante esos años practicaban el aborto. Guardaban silencio.

Señor Presidente, esta diferencia de trato que la Constitución hace entre ambos sujetos no es caprichosa ni arbitraria. Aun más, representa precisamente la expresión de usos y costumbres arraigados en nuestra sociedad.

A pesar de toda la retórica vehemente a favor de la vida y de considerar que una persona existe desde la misma fecundación, la propia costumbre de los partidarios y detractores de este proyecto de ley revela que no les asignan el mismo valor al feto y al embrión que a la persona nacida. De lo contrario, ¿cómo se explica que fetos y embriones que son objeto de un aborto natural, no reciban nombres y apellidos, no sean objeto de ceremonias fúnebres, ni existan cementerios donde se los sepulte?

Nadie de los que está en contra de este proyecto celebra el aniversario del momento en que el embrión fue concebido, ni las religiones permiten darle sacramentos que sí se consideran para los nacidos, como el bautismo o la unción de los enfermos.

¿Por qué quienes llaman criminal a un proyecto que solo le da derecho a la mujer a decidir en estas tres causales acotadas no están día a día protestando frente a las embajadas de los cientos de países que lo consagraron hace décadas?

En este debate, señor Presidente, hay mucha hipocresía: hipocresía de quienes hoy rasgan vestiduras en este hemiciclo, pero que mañana no tendrán ningún problema en ir de vacaciones a pasear por Europa o Estados Unidos, a solazarse en el refinamiento y cultura del primer mundo. Si fueran consecuentes con los argumentos escuchados hoy en esta Sala, sí debiesen viajar, pero para acusar a esos países de genocidas o de culpables del asesinato de miles de personas cada año.

De igual forma, no reconocen que la comunidad de naciones ha representado al país, en reiteradas oportunidades y en muchos foros internacionales, que la denegación de la interrupción del embarazo por medio de la amenaza de una pena de cárcel constituye un atentado a derechos fundamentales.

Señor Presidente, a pesar de la retórica a ratos virulenta en los desacuerdos, considero que por todas las razones ya dichas este proyecto de ley en nada afecta o infringe las garantías o derechos fundamentales de nuestra Constitución. Este proyecto es enteramente constitucional. Lo que hace es desarrollar el mandato constitucional de respeto al derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, a la integridad personal y autonomía, que todos respetamos y reconocemos como un absoluto, tal como lo es el derecho a decidir de la mujer embarazada.

Termino, señor Presidente, anunciando mi voto favorable al proyecto en sus tres causales, pues reconoce a la mujer embarazada el derecho a tomar una decisión en un momento difícil y mandata al Estado a brindarle un completo apoyo biopsicosocial y médico del que hoy nuestro país carece, respetando cualquier decisión que tome, ya sea que decida interrumpir o continuar su embarazo. Eso, señor Presidente, es un notable avance civilizatorio de un Estado chileno que les dice a todas las mujeres de este país que ellas deben decidir en relación con las tres causales que aborda el proyecto y que nunca más estarán solas frente al drama humano que deben enfrentar.

Muchas gracias, señor Presidente.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena .

El señor NORAMBUENA.-

Señor Presidente, llegó el momento final del plato de fondo del discurso de la actual Presidenta de la República del 21 de Mayo de 2014. ¿Cuál es ese plato de fondo? Aborto legal en Chile.

Quiero recordar que en las pasadas elecciones presidenciales solo votó el 40 por ciento del electorado, y que el 60 por ciento de ese 40 por ciento voto por ella. ¿Qué les quiero decir? Que de cien personas, setenta y seis no querían que ella fuera Presidenta de Chile. Por lo tanto, si bien es una elección legítima, es dudosa en su representación.

Este proyecto es un abuso, un atentado a la democracia y a todos los chilenos por imponer una ley sin la representación suficiente.

Represento a una zona con muchas dificultades; represento a Lota, Arauco , Curanilahue , Los Álamos , Lebu , Cañete , Tirúa y Contulmo . Agradezco y felicito a muchas mujeres de mi distrito que han preferido tener a sus hijos, a pesar de la difícil situación para sacar adelante a sus familias.

Señor Presidente, el proyecto de aborto -es decir, legalizar la muerte que se nos pide votar hoy -porque este es un proyecto de aborto libre, aunque se lo quiera disfrazar con otros términos se ha sustentado en varias premisas que vienen a justificar algo que por sí mismo no tiene ni tendrá jamás los méritos para ser razonable. Además de atentar contra el derecho a la vida de inocentes, atenta gravemente contra la libertad de conciencia de los médicos que deberán, por imposición estatal, practicar abortos aun en contra de su convicción moral y científica. No debemos olvidar que la vida comienza desde la concepción.

Vendría bien, señor Presidente, hacer un ejercicio de sentido común: mientras algunos votarán a favor de esta grave injusticia, nunca podrán decir con claridad cuál es la gran diferencia entre un niño de 12 semanas de gestación y otro de 13 semanas, del mismo modo que no hay diferencia sustancial entre un niño de cuatro años y uno de cinco.

Por otro lado, con la aprobación de este proyecto de ley se favorece a las instituciones abortistas que promocionan y defienden un pretendido derecho al aborto libre, y que desde hace años se financian con los recursos de una gran multinacional del aborto que hoy es investigada por el Congreso de los Estados Unidos de América por tráfico de órganos de niños abortados. ¡Reitero: por tráfico de órganos de niños abortados!

¿Quiénes somos para juzgar si una persona es digna de vivir o no? ¿En qué momento nos convertimos en jueces de la vida, para determinarla? ¿Quién nos faculta para establecer qué persona es merecedora de vivir y cuál es merecedora de la muerte?

Por otra parte, en relación con el proyecto, no podemos dejar de mencionar la patentemente mala calidad del sistema de salud chileno. Me referiré brevemente a este tema, para desenmascarar la mezquina, ineficiente e ideologizada gestión de este gobierno, que lleva dos años disponiendo del tiempo de las comisiones de Salud, de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda para discutir proyectos que restan al bien común: primero, el que despenaliza el cultivo de marihuana, y luego, por un año, el que despenaliza el aborto. Todo esto, mientras tenemos graves problemas para mejorar inconvenientes en el sistema de salud, como las listas de espera. Sin ir más lejos, en la provincia de Arauco, cuya población es de 160.000 habitantes, aproximadamente, 17.000 -nótese: 17.000están en lista de espera según la última cuenta pública del servicio de salud correspondiente.

Lo anterior se suma a la falta de médicos generales; qué decir de los médicos especialistas. La situación en nuestras regiones es muy grave.

Si una persona no vive cerca de Santiago, no tiene acceso a atención de salud digna, y cuando después de muchos sacrificios y paciencia logra acceder a un médico, tiene que esperar horas para obtener los medicamentos que le fueron recetados.

En efecto, tenemos un gobierno especialmente ineficiente, con una visión limitada y errada de la realidad, cuestión que le impide dilucidar los verdaderos problemas del país.

Este es un día lamentable para Chile, un día de pena y de vergüenza, en el que se impuso la mayoría circunstancial y se censuró a otras voces.

Quiero agradecer el esfuerzo que hicieron las múltiples fundaciones, organizaciones y ciudadanos que trataron de impedir que se aprobara este proyecto, que no mira el bien común, sino el negocio del aborto. Especialmente doy mis agradecimientos a los miembros de la Iglesia católica y de las distintas iglesias evangélicas.

Citaré parte de una carta que monseñor Fernando Chomalí escribió en Concepción en julio de 2015: “Este proyecto de ley no hace de Chile un país más grande; al contrario, lo empequeñece, porque discrimina a los más débiles. La libertad es un don muy grande, pero una libertad sin verdad termina siendo la peor de las dictaduras. La verdad es que desde el momento de la fecundación se inicia una nueva vida humana, sano o enfermo, fruto del amor o del abuso sexual.”.

Señor Presidente, hoy día hablamos por aquellas personas que no están y que no pueden decir nada: los no nacidos. Esas personas que tienen la misma dignidad que todos los que estamos en esta Sala.

Señor Presidente, soy defensor de la vida; este proyecto no garantiza la vida. Por lo tanto, voto no.

Señor Presidente, creo en la defensa de los débiles en manos de los fuertes; este proyecto no la garantiza. Por lo tanto, voto no.

Señor Presidente, no nos corresponde decidir qué vida merece ser vivida; este proyecto no protege la vida. Por lo tanto, voto no.

Señor Presidente, no estoy de acuerdo con el aborto libre; este proyecto abre la puerta al aborto libre. Por lo tanto, voto no.

Señor Presidente, no seré cómplice del peor gobierno de la historia de Chile en los últimos cuarenta años, de un gobierno que cultiva la cultura de la muerte.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo de la bancada de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Germán Verdugo .

El señor VERDUGO.-

Señor Presidente, el reconocimiento, resguardo y protección del derecho a la vida y de la vida del que está por nacer se encuentran consagrados por tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, por nuestro ordenamiento jurídico e, incluso, por importantes fallos que ratifican el reconocimiento a la vida desde el momento de la concepción.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Chile en 1990, en su artículo 4, número 1, señala: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”.

En ese contexto, dicho artículo de la Convención, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica, reconoce el derecho a la vida del ser que está por nacer, cuando dispone: “a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”.

La Convención hace hincapié en que el derecho a la vida comienza con la concepción y, por tanto, que su protección se inicia desde ese momento, esto es, desde que hay vida.

También es importante destacar lo dispuesto en el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño, que señala: “... el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento,”. Esta expresión no puede menos que llevarnos a concluir que si el niño necesita protección antes de su nacimiento, es, por tanto, considerado un ser humano aun antes del parto.

En su artículo 19, número 1°, nuestra Constitución Política consagra el derecho a la vida, y dispone que “La ley protege la vida del que está por nacer.”.

De la misma forma, es importante mencionar que el artículo 5°, inciso segundo, de la Carta Fundamental, prescribe: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.”. Lo anterior quiere decir que, tratándose del derecho a la vida y existiendo la consagración expresa de la protección a la vida del que está por nacer, el límite al ejercicio de la soberanía es el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es decir, los derechos humanos contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y los contenidos en la Constitución Política, pasan a tener denominación de derechos fundamentales.

Todos estos derechos tienen en común el hecho de que emanan de la naturaleza humana, esto es, se le reconocen a toda persona por el hecho de ser tal, pues se relacionan con la característica más propia del ser humano, además de la razón, cual es la dignidad humana.

En 2006 se publicó la ley N° 20.120, aprobada por la Cámara de Diputados, sobre la Investigación Científica en el Ser Humano, su Genoma, y Prohíbe la Clonación Humana.

La finalidad de dicho cuerpo legal, según su artículo 1°, es proteger la vida de los seres humanos desde el momento de la concepción, su integridad física y psíquica, así como su diversidad e identidad genética, en relación con la investigación científica biomédica y sus aplicaciones clínicas.

Además, en su artículo 2° establece que la libertad para llevar a cabo las actividades de investigación científica biomédica en seres humanos tiene como límite el respeto a los derechos y libertades esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos tanto por la Constitución Política de la República como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional se pronunció en el año 2008, a propósito del caso de la llamada “píldora del día después”, en un claro sentido de otorgar a los individuos no nacidos la calidad de personas y, por tanto, titulares de derechos fundamentales. Dicho tribunal expresó: “En efecto, si al momento de la concepción surge un individuo que cuenta con toda la información genética necesaria para su desarrollo, constituyéndose en un ser distinto y distinguible completamente de su padre y de su madre -como ha sido afirmado en estos autos-, es posible afirmar que estamos frente a una persona en cuanto a sujeto de derecho. La singularidad que posee el embrión, desde la concepción, permite observarlo ya como un ser único e irrepetible que se hace acreedor, desde ese mismo momento, a la protección del derecho y que no podría simplemente ser subsumido en otra entidad, ni menos manipulado, sin afectar la dignidad sustancial de la que ya goza en cuanto persona;”.

Existen, también, otras jurisprudencias, tanto de cortes de apelaciones como de tribunales de primera instancia, que coinciden con lo planteado anteriormente.

Señor Presidente, ¿puede creerse que todas esas personas que establecieron el principio de la vida desde el momento de la concepción son conservadoras o confesionales? ¿Podemos creer que quienes integran el Tribunal Constitucional, que tienen diferente pensamiento; que los miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de las cortes de apelaciones, que también poseen distinto pensamiento, pueden ser considerados como conservadores y confesionales, que es de lo que se nos ha tratado en esta sesión a quienes compartimos esas creencias y principios consagrados en las normativas y sentencias que cité? Perfectamente, no; claramente, no.

No es posible que nos achaquen que somos conservadores o confesionales porque estamos defendiendo la vida del que está por nacer, cuando existen antecedentes, como los señalados, que sostienen lo mismo.

Sin duda, estamos en presencia de una ley en proyecto inicua, y los gobiernos que promueven este tipo leyes no contribuyen a la paz social; muy por el contrario, siembran el germen de la injusticia y la violencia, y, en el caso que nos ocupa, en contra de los más débiles, como son aquellos seres humanos que están en el vientre de la madre.

Por eso, con profunda convicción votaré en contra de este proyecto, que en nada contribuye a la paz social ni a la paz que necesitamos para seguir prosperando y creciendo como pueblo.

He dicho.

-Aplausos en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

En el tiempo de la bancada del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, hasta por diez minutos, la diputada señora María José Hoffmann .

La señora HOFFMANN (doña María José).-

Señor Presidente, hoy, como pocas veces, el Congreso Nacional se encuentra con la historia.

Mañana votaremos un proyecto de ley que busca terminar con la vida de personas que no pueden defenderse. Porque, no nos enredemos en las causales, en lo administrativo ni en lo circunstancial: el fondo de esto es si permitiremos o no que no se respete el derecho a la vida como un derecho que no admite excepciones ni relativizaciones.

Este gobierno y sus parlamentarios han sido incapaces de fundamentar las supuestas razones de salud pública. El único fundamento entregado es una visión ideológica impulsada desde el corazón del gobierno. ¿Por qué ideológica? Porque es lamentable constatar que en la Comisión de Salud en dos años no se ha hecho absolutamente nada por la salud pública.

Este gobierno y sus parlamentarios se han dedicado a discutir la despenalización de la marihuana y el aborto terapéutico, ignorando por completo las urgentes y verdaderas necesidades de salud pública, que tanto dicen importarles: la deuda hospitalaria, las listas de espera, la falta de especialistas, el retraso en los hospitales, una agenda que solo denota ideología y la falta de las tan apreciadas urgencias sociales.

Este debate se ha fundado en el eufemismo y en la hipocresía. Es hipócrita, porque no se nos dice que esta iniciativa solo es de salud pública. ¿Quién puede creer que un proyecto firmado y liderado por la ministra del Sernam busca mejorar la salud pública?

Es hipócrita, además, porque no dice las cosas como son. En la izquierda reinan los eufemismos; se rehúsa hablar de “aborto”, prefiriendo decir “interrupción del embarazo”, como si esta forma aparentemente científica de denominar a esa dolorosa práctica pudiera convertirla en una cuestión diferente.

Para justificar este proyecto se nos dice que existen determinadas cifras de abortos clandestinos, sin que nadie haya podido demostrar cuál es el fundamento real de aquellas. Se nos dice, a modo de eufemismo, que este proyecto solo despenaliza el aborto, que no lo legaliza.

¿Realmente piensan el gobierno y sus parlamentarios proaborto que el país puede creerles algo así?

Señor Presidente, el aborto se transformará, con todas sus letras, en una prestación médica, tal como lo señaló el diputado señor Squella . Entonces, ¿por qué debatir sobre la objeción de conciencia o acerca de cuántos médicos tienen que confirmar un diagnóstico? Esto no resiste ningún análisis.

Pero hay más hipocresías y eufemismos.

El gobierno y sus parlamentarios sostienen que esta iniciativa de ley se restringe solo a tres causales. ¿Acaso creen que no sabemos que todos los países que han legislado sobre el aborto libre han comenzado por el denominado “aborto terapéutico”? A propósito de esto, quiero saber si algunos de los médicos acá presentes me puede decir qué tipo de terapia consiste en quitarle la vida a una persona. Es muy curiosa la forma de referirse a esta política.

España comenzó a legislar esta materia el año 1985, con idénticas causales. Pues bien, en 2010 la legislación española avanzó hacia el aborto libre hasta las catorce semanas de gestación.

Ese es el camino que han seguido todos los países y que hoy, lamentablemente, se inicia en Chile.

Con respecto a las causales, tenemos muchas preguntas. Por ejemplo, en cuanto a la segunda causal, ¿quién se hará cargo de un error ecográfico o un error de diagnóstico en caso de que se invoque mal la causal y se termine con una vida humana? En el proyecto nada se dice sobre el particular. Tampoco se hace cargo de alguna lista de enfermedades que sean incompatibles con la vida.

Por su parte, la violación es, quizás, la causal que indica de forma más clara que este proyecto no tiene nada de salud pública. Teniendo plena conciencia de lo que significa una violación para una mujer, esta causal es la que menos certeza jurídica da, pues deja abiertos temas muy oscuros.

Me pregunto, ¿qué pasará si comete la violación un familiar y es a este a quien se le deberá notificar que se hará efectivo el aborto? ¿Qué sucederá si no se puede comprobar la culpabilidad de alguien simplemente porque no existe el deber de confidencialidad?

Creemos que la realidad del aborto no hará menos doloroso el horror que la violación significa para una mujer. La pura ideología del proyecto es tan evidente que en su redacción inicial no contemplaba ningún programa serio de acompañamiento para el caso de la mujer que enfrenta el drama de un embarazo no deseado. A duras penas, una negociación entre algunos y sus cada vez más débiles convicciones, intentaron promover algún tipo de norma de carácter general en materia de acompañamiento, que -la firme sabemos es completamente insuficiente.

Este debate ha sido intenso, apasionado, pero con nula capacidad de salir de la trinchera. Por eso, invito a todos a reflexionar un minuto.

¿Qué pasaría si las posiciones o argumentos que hoy defienden con tanta convicción estuviesen equivocados? ¿Cuáles serían las consecuencias de ese error? En una materia tan importante, una mala ley no provocaría un mal rato circunstancial, como les ocurre a los usuarios del transporte público a causa de la mala ley del Transantiago; tampoco provocaría problemas de crecimiento o empleo, como los que generó la mala ley de reforma tributaria. En este caso, la posibilidad de error produciría un efecto irreversible a miles hombres y mujeres de nuestro país: no nacerían, porque se les negaría el más fundamental de los derechos, que es el derecho a la vida.

(Aplausos)

Ante ese riesgo, por ellos y por el derecho a la vida sin excepciones, vamos a votar que no, con la convicción más absoluta de que lo hacemos por respeto a la dignidad trascendente e inviolable de las personas, cuyo primer derecho humano es el derecho a nacer.

Porque soy mujer, porque doy vida, puedo decir con propiedad que si el argumento es la supuesta autonomía que tendríamos las mujeres respecto de nuestro cuerpo, de nuestro vientre, explíquenme por qué solo circunscriben este proyecto a tres causales. Siguiendo esa línea argumental, no debería haber ninguna limitación. Lo que realmente sucede es que están abusando de tres situaciones dolorosas para las mujeres con la finalidad de justificar el aborto.

La autonomía de la mujer no puede pasar a llevar el derecho a la vida. Lo que realmente quieren y buscan aprobar es el aborto libre. Sería mucho más honesto de su parte reconocerlo.

No puedo terminar esta intervención sin valorar la actitud valiente del diputado Iván Flores , que espero remeza muchas conciencias que se han visto afectadas en el transcurso de este debate.

Vamos a votar a favor de la vida.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Espejo .

El señor ESPEJO.-

Señor Presidente, ninguno de los parlamentarios presentes fue elegido para evitar los debates difíciles. Estamos aquí para razonar, para debatir con serenidad y con la humildad necesaria para comprender las posiciones de los demás, en especial cuando discutimos respecto de materias tan complejas.

Me siento agradecido del espíritu con que los diputados de la Democracia Cristiana han enfrentado este debate. Consientes de nuestro deber de representar, pese a nuestras limitaciones, a tantos chilenos y chilenas que nos eligieron para estar aquí, nos hemos planteado, como lo hace todo Chile, las interrogantes más fundamentales que puede afrontar un ser humano enfrentado a situaciones como las que aborda esta iniciativa.

Lo hacemos desde la experiencia que llevó a Frei Montalva a defender la planificación familiar; a Patricio Aylwin y Soledad Alvear a terminar con la vergüenza de la filiación ilegítima; a Ignacio Walker y Mariana Aylwin a luchar por terminar con la hipocresía de las nulidades matrimoniales y reconocer la importancia que tenía regular adecuadamente el divorcio, pero protegiendo a quien habitualmente es la parte más débil en ese quiebre: la mujer.

Se ha dicho en esta Sala que ninguno de nosotros puede imponer a otros sus convicciones religiosas o morales, y es cierto. La nuestra es una democracia que aspira a vivir como una comunidad de iguales que están llamados a persuadir, a dialogar en vez de forzar o violentar. Sin embargo, ninguno de nosotros llega a este hemiciclo desde el vacío; cada uno posee convicciones que no son neutrales. Es desde ellas, en mi caso y en mi condición de demócrata y cristiano, que participo de este debate.

Pero nuestras convicciones más profundas se vuelven vacías si no se dejan impactar por la experiencia del otro, y no me refiero a un otro abstracto, sin rostro, sino a seres humanos que sienten miedo, que experimentan una vulnerabilidad difícil de imaginar, la mayoría de las veces en una soledad implacable; a personas como nosotros, mayoritariamente mujeres, por supuesto; pero también a hombres que las aman: sus parejas, sus padres, que enfrentan decisiones que solo la soberbia más grande podría reducir a un eslogan, a una declaración de principios o a una mera cuestión jurídica o médica.

He recorrido un largo camino de discernimiento para tomar una decisión en esta materia. En ese camino he sido testigo de la pasión de quienes han abrazado la causa de acompañar a niñas y mujeres que viven en condiciones extremas, de quienes defienden el derecho a nacer de ese ser humano en gestación y se niegan a abandonar a su suerte a la madre que lo lleva en su vientre. Lo han hecho casi siempre sin más recompensa ni respaldo que la determinación de proteger uno de los bienes más preciados que posee el ser humano: la vida.

He visto también, y no solo ahora, la violencia ejercida sobre niñas y mujeres en nuestra patria, la violencia brutal y evidente de la violación, por supuesto, pero también la tortura silenciosa de la violencia intrafamiliar, que muchas veces tiene una expresión sexual, repetida en una y mil ocasiones al interior de nuestros hogares. La violencia de verse reducidas a objetos, a cosas de las cuales se dispone; violencia construida sobre una larga historia en la que cada paso hacia el reconocimiento más mínimo de la dignidad de la mujer ha sido solo posible gracias a la lucha y determinación inquebrantable de muchas de ellas que se han enfrentado, contra viento y marea, a una cultura machista que les niega lo que su propia naturaleza les entrega por derecho propio.

Ese es, al menos parcialmente, el contexto del debate que hoy abordamos.

No comparto la caricatura provida o proelección, pero es inevitable que nos enfrentemos a ella. La reflexión ética debe ser acompañada por la bondad, por la compasión; debe dialogar con la realidad, debe desconfiar de los purismos evangélicos, tanto de los totalitarismos como de los relativismos. La reflexión ética debe motivar decisiones eficaces, no meras respuestas formales que esconden la basura bajo la alfombra. La vida y la libertad, las dos cuestiones sobre las que debatimos, son consecuencia de la dignidad del ser humano, no cuestiones que podamos separar una de la otra.

Señor Presidente, me he convencido a lo largo de este camino de que, con la misma claridad que he defendido permanentemente el derecho a la vida del que está por nacer, existen circunstancias excepcionales en las cuales el reconocimiento efectivo de la dignidad de un ser humano supone asumir que es en su conciencia el único espacio donde es posible tomar la que probablemente sea la más difícil de las decisiones.

Se nos dice que esta es una cuestión de libertad sobre el cuerpo, de derechos sobre el cuerpo. Para muchos puede serlo, pero para otros es la protección de ese pequeño que está por nacer. Cada aborto es una tragedia irreparable, pero rechazo con mucha firmeza que el Estado se atreva u ose sancionar con la más grave de las sanciones, la cárcel, a una mujer que está pasando por una circunstancia dramática, única, excepcional. No voy a ser yo, respetando otras opiniones, quien se haga cómplice de esa realidad.

La causal o hipótesis de riesgo de la vida de la madre ha sido suficientemente tratada, así que no la abordaré. En todo caso, me parece más que razonable.

En cuanto a la causal de inviabilidad letal, la imposibilidad de vivir del niño que está en el útero materno, con todas las dificultades que tiene, con los riesgos y la incertidumbre que genera, me parece que sigue siendo una circunstancia excepcional en la que debe ser la madre quien decida, acompañada por su pareja, por su familia y, por supuesto, con la ayuda del programa especial de acompañamiento que estamos incorporando, que espero la derecha apoye cuando pidamos más presupuesto para él. Me parece que esa es la mejor forma de enfrentar esa situación.

Pero en el caso de la violación, que probablemente es la causal que más ha costado, quiero señalar que me parece de una brutalidad enorme el hecho de que la mujer, luego de verse sometida a esa violencia inaceptable, además deba enfrentar la persecución del Estado. Algunos dicen que podrá plantear la eximente de responsabilidad penal. ¡Por supuesto! Pero después de la violación de esa mujer se tendrá que probar que se realizó un aborto y además tendrá que presentar la eximente de responsabilidad penal. Ahí no hay dignidad ni compasión.

(Aplausos)

Señor Presidente, esta es una de las decisiones más difíciles, si no la más difícil, que me ha correspondido tomar desde que asumí como diputado hace dos años. No ha sido fácil; pero, como demócrata y cristiano, estoy convencido de que el reconocimiento de la dignidad más básica de cada uno de nosotros supone comprender que existen circunstancias en las cuales el Estado no es el llamado a resolver.

Este proyecto no es el mismo que ingresó, ya que las causales han sido acotadas para establecer que son extraordinarias y excepcionales. En esta iniciativa hablamos de riesgo efectivo de la vida de la madre, de la inviabilidad letal del feto, de persecución penal y de acompañamiento. Quienes gritaron, no en las tribunas, pues está muy bien que la gente se exprese allí, sino antes de este debate, no tuvieron la capacidad de construir ese acompañamiento que las mujeres merecen.

Señor Presidente, por respeto a la dignidad de las chilenas y de los chilenos; por amor a mis hijas, a mi madre y a quienes no conozco, pero que se pueden ver enfrentadas a estas situaciones excepcionales, pido a los diputados que cuando tengan que pronunciarse mañana respecto de esta iniciativa, reconozcan que las mujeres enfrentadas a estas situaciones tendrán la posibilidad de resolverlas.

Señor Presidente, anuncio mi voto a favor.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Gahona .

El señor GAHONA.-

Señor Presidente, no deja de llamar la atención el hecho de que hoy estemos convocados para discutir un proyecto que constituye una de las iniciativas más lamentables a que un parlamentario plenamente consciente de la dignidad humana puede verse enfrentado.

Como exmiembro de la Comisión de Salud, puedo decir sin temor a equivocarme que el proyecto representa a todas luces la profunda ideologización de un gobierno que está llevando al país a un deterioro en su desarrollo y calidad de vida como no se veía desde hace mucho tiempo.

Esa ideologización ha llevado a que la Comisión de Salud, en vez de debatir sobre la mentira del plan de hospitales del programa presidencial, sobre los miles de pacientes aún sin atención que figuran en las listas de espera o sobre una deuda hospitalaria que se acrecienta a niveles históricos, se haya dedicado por casi dos años a estudiar dos proyectos de ley que poco o nada tienen que ver con las urgencias de la salud pública, ya que se refieren a la legalización del aborto y de la marihuana.

¡Aquí hablamos de aborto, señor Presidente, no de los eufemismos que utilizan los parlamentarios abortistas, quienes dicen que esto no es aborto, sino “interrupción voluntaria del embarazo”! Tan eufemística es la discusión, que incluso algunos parlamentarios dicen que esto no es una cuestión “de los diputados provida” versus “los que no lo son”. ¿Esos parlamentarios creen que los chilenos piensan que un legislador provida es aquel que apoya este proyecto con su voto?

Seamos claros: eliminar una vida en el vientre de su madre es la forma más espantosa de violación al derecho humano más elemental, que es nacer y vivir.

Se nos dice que existe un derecho que habilitaría a interrumpir el embarazo. ¡No es así! Lo que existe en nuestro ordenamiento jurídico y en el ordenamiento internacional es el derecho a la vida, que está regulado en todas las constituciones.

Un supuesto derecho al aborto no puede constituir un derecho o exigencia, pues consiste en la eliminación de una persona que también detenta el derecho a la vida. Aquí se está hablando de la práctica del aborto basada en causales.

Tampoco nos vengan a decir acá que se trata de un aborto terapéutico. No existe en la práctica médica o lex artis ninguna terapia que tenga por objeto eliminar a una persona. Este es un eje semántico y estratégico para dotar de cierta racionalidad a una necesidad aparente, que es introducir en la discusión política un eje ideológico, “un supuesto derecho”.

Señor Presidente, este es un debate hipócrita, sobre una legislación que no es necesaria para nuestro país y que ha nacido de premisas falsas. Se nos ha dicho y se nos seguirá diciendo que el aborto terapéutico existía antes de la derogación del artículo 119 del Código Sanitario, efectuado por el gobierno militar. ¡Absolutamente falso! El antiguo artículo 119 establecía, nada más ni nada menos, el principio del doble efecto, pues disponía que “solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo”.

Este artículo fue derogado única y exclusivamente porque a fines de los 70 se abusó de este mecanismo para promover el aborto libre en algunos hospitales públicos de Santiago.

Eso no quita que el principio del doble efecto, en cuya virtud es lícito generar un tratamiento que pueda tener como consecuencia inevitable la muerte de un feto, sea una conducta ilícita. Eso es mentirle al país y a las propias conciencias de los que proponen esta legislación.

(Aplausos)

En la actualidad existen protocolos médicos que, utilizando el expediente del principio del doble efecto, interrumpen el embarazo con el objeto de salvar la vida de la madre. En efecto, en Chile, antes y después de 1989, se interrumpe efectivamente el embarazo cuando hay riesgo vital, real e inminente de la madre, en cualquier momento de la edad gestacional. Esto sucede con patologías como preeclampsia, embarazo ectópico, mola hidatiforme, cáncer de cuello uterino, entre otras.

Todos estos casos contemplan la aplicación de este principio ético. Señor Presidente, los parlamentarios abortistas ocultan que el Código Penal sanciona el aborto malicioso, llevado a cabo con la intención deliberada de que el niño no nazca. Eso es delito. No hay médicos sancionados por aplicar el principio de interrumpir el embarazo cuando las circunstancias médicas y los protocolos médicos lo exigen. ¡Paren de mentir!

Respecto de la segunda causal, ¿me va a decir, señor Presidente, que todos los centros asistenciales en Chile cuentan con la tecnología para evitar un error de diagnóstico respecto de una enfermedad incompatible con la vida extrauterina? Además, ¿tenemos médicos especialistas para realizar esos diagnósticos en tiempo y en forma en cada rincón del país? Como se dijo en la Comisión de Salud, si hay un error en el diagnóstico, ¿quién va a responder?

Esto, señor Presidente, es una farsa. En pocos años más estaremos discutiendo sobre el aborto libre, tal como sucedió en el caso español.

La causal de aborto por violación es la que establece más dudas jurídicas y morales. A pesar del indescriptible sufrimiento que eso significa para toda una familia, ¡el Estado no puede abandonar el producto de la concepción, no puede dejar de cumplir con su rol de proteger la vida! El Estado, cuya misión fundamental es contribuir al bien común, no puede propender a no dar protección a una persona que está por nacer. ¡A Chile le hacen bien más chilenos!

Asimismo, surgen dudas. ¿Quién se hará cargo de la presunción de inocencia? ¿Qué pasa si se abusa del deber de confidencialidad para favorecer la impunidad?

Señor Presidente, una legislación como la que estamos discutiendo solo favorece al agresor. Además, la madre lleva en su seno una vida humana, ¡no otra cosa! Eso hace, per se, que el producto de la concepción sea indisponible.

Quiero plantear dos temas.

Tan impresionantemente ideológico es este proyecto, que el texto original no tenía una sola norma en favor del programa de acompañamiento. Tímidamente, se introdujo una indicación general que busca aplacar la conciencia de los parlamentarios de la Democracia Cristiana. En ningún caso se busca evitar los abortos. Esto no es casual, pues la clave ideológica de los partidarios del aborto consiste en negar dignidad y vitalidad al producto de la concepción. De ahí que el acompañamiento sea tan insignificante en este proyecto.

Se nos dice, por último, que Chile es uno de los poquísimos países -hablan de cuatro o cinco que exhibe una legislación tan restrictiva. ¡Mentira, señor Presidente, porque los países que prohíben el aborto en cualquier circunstancia son 66! Muchos de ellos recogen en sus legislaciones el principio de doble efecto.

Por todo lo anterior, presento la reserva de constitucionalidad de los artículos 1° y 2° del proyecto de ley, por oponerse al artículo 19, N° 1°, de la Carta Fundamental, pues las causales del aborto contravienen el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona que está por nacer.

(Aplausos)

Además, estos artículos se oponen al mandato constitucional entregado al legislador de proteger la vida del que está por nacer.

Finalmente, también deseo invocar el artículo 19, N° 2°, de nuestra Carta Fundamental, que consagra la igualdad ante la ley, y señala que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, ya que este proyecto supone una discriminación del derecho a la vida, fundamentalmente en la tercera causal, de violación, pues esa causal no distingue una vida viable de la que no lo es, y eso la transforma en arbitraria.

No tengo temor a dejar en la historia de la ley mis convicciones en favor de la libertad humana y su dignidad. Mi actuación parlamentaria está movida por el convencimiento absoluto de que la titularidad sobre la vida del hijo no es solo de la madre, como quien tiene una cosa que es de su propiedad. Ese hijo es una persona, como todos los que estamos aquí reunidos.

Con la valentía de estar actuando en completa libertad y creyendo que este es un proyecto que, de transformarse en ley, será una mala ley para nuestro país, lo rechazo en todas sus partes.

Sé que muchos no estarán de acuerdo con mi decisión y probablemente así lo digan las encuestas, pero prefiero perder elecciones y no perder jamás mis convicciones. Aunque perdamos esta votación, nunca renunciaremos a proteger el derecho a la vida del que está por nacer. Al respecto, al igual que los juncos, cuando los vientos soplan en contra, nos podrán doblegar, pero jamás romper.

Por eso, estaremos siempre defendiendo la vida ante todo.

Por esas personas que no pueden defenderse, votaré no al aborto. He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, hoy se ha festinado con que es un día histórico e importante, aunque para muchos no lo es. Es un hecho triste que se regule la muerte de personas indefensas.

A diferencia de lo que se nos quiere hacer creer, este es un proyecto inconstitucional y ambiguo, que posee inconsistencias que, más que la interrupción en tres causales, permitirán el aborto libre.

Por eso, quiero hacer reserva de constitucionalidad para los efectos del artículo 93, N° 3°, de la Constitución Política de la República, respecto del artículo 1°, N° 3), del proyecto, toda vez que atenta contra el derecho a la vida y a la protección del que está por nacer; pero también por la infracción a los artículos 6°, 7°, 76 y 77 de la Constitución, como es la infracción a la facultad exclusiva de conocer las causas civiles y criminales que tienen los tribunales de justicia, al entregar a los equipos médicos la determinación de un delito.

Esa misma aprensión ha sido reconocida por la Corte Suprema, en las consideraciones adicionales de su segundo informe relativo al proyecto, en que señala que el proyecto otorga esa facultad a un equipo médico, en circunstancias de que la competencia para determinar la existencia de la categoría jurídica de violación solo debería ser valorada por los jueces.

Creo necesario recordar el artículo 76 de nuestra Constitución, en que se expresa que la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. y agrega que ni el Presidente de la República ni el Congreso Nacional pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales.

Es así como nuestra sociedad, donde prima el Estado de derecho, que busca estructura y orden, la función de resolver los conflictos de relevancia, para los principios que inspiran a estos, debe quedar en manos de terceros imparciales y ajenos a dichos conflictos. Las normas que justifican a estos terceros imparciales deben ser claras, estableciendo límites a una labor tan importante; construir una institucionalidad eficiente y cuya regulación sea conocida y exigible por todos y para todos. Esa es la función del Poder Judicial: impartir justicia. Así se cumple una de las labores más relevantes que tiene el Estado.

El presente proyecto otorga a un grupo particular de personas -los médicos tratantes la facultad de decidir cuándo se comete un delito específico. ¿Por qué se vulnera esta norma? Porque, de acuerdo al proyecto, la tercera causal para interrumpir un embarazo es que este sea el resultado de una violación. Una violación en los términos de la norma citada requiere de un equipo de salud, especialmente conformado para estos efectos, para que evalúe e informe de la concurrencia de los hechos que constituyen la violación y sobre la edad gestacional.

Así, entonces, la pregunta en este debate debiese ser: ¿Cuál es la naturaleza de la violación? ¿Es solo un delito o es un delito y, además, un diagnóstico médico? Si fuesen ambas cosas, se produce una contradicción. Como delito, debe ser denunciado y juzgado por un tribunal, y solo por un tribunal.

Entonces, habría que sostener que para el caso no es un delito, sino un diagnóstico elaborado por un equipo de expertos, y, por lo tanto, no requeriría de una posterior denuncia. Ello fue objeto de una amplia discusión en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, al presentarse una indicación sobre el tema.

Lo cierto es que la violación es un delito. Esa es la discusión que hay que abordar. El proyecto no debiera contravenir las normas antes señaladas; pero lo hace y deja la determinación de la ocurrencia de un delito en manos de terceros ajenos al Poder Judicial, lo cual originará problemas de orden lógico, ya que la aprobación del proyecto, en las actuales condiciones, generará efectos prácticos indeseados o absurdos.

Así, es posible evidenciar problemas.

Primero, de acuerdo a lo señalado, la ocurrencia o no del delito de violación estaría siendo determinada por médicos, no por jueces, lo cual es inconstitucional.

Segundo, para solucionar este conflicto habría que señalar que la violación se determinará como cualquier otro delito, luego de un procedimiento racional y justo, conocido y juzgado por un tribunal que concluya el juicio correspondiente con una sentencia definitiva ejecutoriada. Pero acá se derivan más problemas. Un juicio de estas características podría llegar a demorar más tiempo que todo el período de gestación. Esto la hace ser una ley en proyecto inútil.

Para solucionar el problema anterior se necesitaría establecer, por ley, un procedimiento breve, de características particulares, tendiente a obtener una sentencia lo antes posible; pero si se toma la decisión de establecer un procedimiento con las características señaladas, significaría dar un trato diferente a personas formalizadas por el mismo delito, el de violación, sin que se presente un argumento razonable para justificar este trato distinto para conductas iguales. Esta es una discriminación arbitraria y las discriminaciones arbitrarias también son inconstitucionales.

Para el caso en que la diferencia de trato fuera argumentada y dichas razones se consideraran atendibles por la mayoría necesaria, se crearía un incentivo para que el delito de violación tuviera determinados resultados, y si no se tomara la decisión de tener procedimientos diferentes y se optara por que la sentencia provenga de un juicio con las mismas características y formalidades que cualquier otro tipo de juicio, el tiempo que deberá transcurrir será, muy probablemente, superior a los plazos ya referidos, como lo planteé anteriormente.

Radicado el asunto en el tribunal que corresponde, el juicio, como cualquier otro, puede concluir en una sentencia absolutoria o condenatoria, lo que acarrea efectos sin sentido. Si es absolutoria, significa que no hubo violación, y si no hubo violación, se estaría atentando contra la vida del que está por nacer sin una causa justificable, lo que constituye un delito.

Los profesionales que llevaren a cabo la interrupción del embarazo en un recinto público deberían autodenunciarse ante el Ministerio Público, lo que constituye también una vulneración constitucional, de acuerdo al artículo 19, N° 7°, letra f), de la Carta Fundamental. De no hacerlo, se vulneraría la obligación legal de denunciar aquellos delitos de que tuvieron conocimiento, pero sí respetarían la Constitución, transformándose así en una incoherencia más del proyecto. Si la sentencia es condenatoria, habría recién una causa, supuestamente justificada, para interrumpir el embarazo.

Toda esa serie de efectos prácticos terminan en absurdos o en ideas diferentes a las que supuestamente justifican el proyecto en discusión. Estas ideas diferentes y ambiguas hacen necesario concluir que lo que se quiere discutir, en el fondo, es el aborto en cualquier causal, quedando la decisión entregada por completo a esa mujer embarazada.

Ese es el debate sincero que se debería tener y no estar discutiendo un proyecto de ley lleno de falencias técnicas que generan efectos absurdos y complejos. De sincerar posiciones el Ejecutivo, se podría debatir una idea totalmente distinta, sin tener que sacrificar nuestras convicciones en esta discusión para satisfacer la intención de grupos particulares, la que aparece cada vez menos oculta en este proyecto.

Parece ser que existe un interés mayor por que el aborto sea permitido, sin ninguna otra causal que la voluntad de la mujer, es decir, un aborto libre. Ese es otro debate, pero es la cuestión de fondo que hay que evidenciar en este proyecto.

Queda en evidencia que estamos frente a un proyecto que posee inconsistencias, lagunas y ambigüedades, que permitirán efectos mucho más amplios que los explicitados y sincerados por el gobierno.

Porque creo en el derecho a la vida desde la concepción, no estoy disponible para entregar una autorización legal que privilegia el derecho del más fuerte y desarrollado, por sobre el que está en formación. En definitiva, no estoy disponible para entregar una autorización legal para matar a miles de seres indefensos.

Estoy en contra de las tres causales y por eso votaré no.

He dicho.

-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señor Presidente, pido la palabra.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra, señor diputado.

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señor Presidente, ¿cuánto tiempo resta del tiempo asignado a los distintos Comités Parlamentarios?

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Señor diputado, quedan exactamente veinte minutos de debate. A la bancada de la Unión Demócrata Independiente le restan cinco minutos de intervención y está inscrito para hacer uso de la palabra el diputado Osvaldo Urrutia , quien intervendrá después del diputado Marcelo Chávez , lo que permitirá cumplir con la planificación realizada ayer.

Tiene la palabra el diputado Marcelo Chávez .

El señor CHÁVEZ.-

Señor Presidente, en el transcurso del debate se ha señalado lo complejo, difícil y relevante que será para la historia del país la decisión que el Congreso Nacional adopte en relación con el proyecto de ley en discusión. Cada uno de nosotros decidirá basado en sus más íntimas convicciones respecto de cómo entiende, concibe y resuelve las interrogantes que nos presenta la vida en comunidad. No se trata de una discusión religiosa ni de imponer convicciones personales, sino de pronunciarse, sana y rectamente, de acuerdo con nuestra conciencia, iluminada por los principios en los que creemos y que intentamos sustentar.

En mi caso, y por un mínimo de honestidad intelectual, declaro que mi pronunciamiento responde a una perspectiva humanista cristiana que, entre otras, sostiene la noción de la persona humana como un ser digno, libre y social, que tiene un destino individual, pero que solo se desarrolla plenamente en sociedad mediante la solidaridad con los demás.

En ese sentido, de la lectura del mensaje que dio origen a la iniciativa en debate y sus posteriores modificaciones, observo un problema basal: el proyecto desconoce el estatus de sujeto de derecho del no nacido al redefinir el concepto de persona, de manera que excluye a ciertos individuos de la especie humana del grupo de titulares de derechos, en tanto se trataría de un bien valioso, pero en tanto su nivel de desarrollo no alcanza para sostener su personalidad, puede ser objeto de ponderación con otro tipo de intereses u objeto de disposición de la madre. Aquello se expresa nítidamente en la naturaleza no exculpatoria de la excepción: regula la norma de conducta, afectando el contenido de lo injusto.

Como se ha sostenido, este proyecto es abiertamente inconstitucional, ya que altera la garantía señalada por el constituyente en el artículo 19, N° 1°, de la Carta Fundamental, que asegura a todas las personas ciertos derechos fundamentales, entre los cuales menciona el derecho a la vida del que está por nacer. En una interpretación armónica con las normas y principios del Capítulo I, Bases de la Institucionalidad, en especial el artículo 1°, que establece que el Estado está al servicio de la persona humana, y con el artículo 5°, que reconoce los derechos esenciales que derivan de la naturaleza humana, y es claro que el embrión cuenta con tales derechos. La conclusión, señala el profesor Hernán Corral , es exigida también por la armonía que debe existir entre la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en Chile, en especial con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El presente proyecto no trata sobre la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales. Lo que hace, en realidad, es legalizarlo. En efecto, y como consigna un documento presentado por la vicepresidenta de mi partido, “despenalizar significa que el legislador renuncia a utilizar la amenaza penal en la protección de un determinado bien jurídico sustituyéndola por otro medio de protección, en virtud de un análisis de la necesidad de la pena. El proyecto, en cambio, establece más bien todo lo contrario, esto es, que el aborto es un acto lícito en esos casos, autorizando su ejecución y estableciéndolo como un derecho que debe ser garantizado estatalmente.”.

La estipulación en el proyecto de una cláusula de objeción de conciencia no viene sino a confirmar que nos encontramos frente a una legalización del aborto en tres causales.

El análisis de las causales que contempla la iniciativa nos muestra que presenta una serie de problemas, que abordaré a continuación.

En la medida en que se contemple una autorización legal para abortar, esto es, eliminar o matar directamente a la criatura, sin procurar límites éticos y técnicos, como sí lo contemplan otras autorizaciones o excepciones a la punibilidad, como el estado de necesidad, la medida es excesiva, desproporcionada y peligrosa.

Una causal diseñada para autorizar conductas en principio prohibidas debe establecer las condiciones valorativas y técnicas que permiten dichas conductas, cuestión a la que renuncia la causal primera; aquello radica solo en la autonomía de la madre (o autorización limitada para disponer de la vida de su hijo), mientras que el riesgo de vida de la madre es sometido a un estándar menor de certificación: un médico cirujano en general o un especialista general. Una solución, por ejemplo, habría sido la aclaración de que cualquiera causal tiene como fundamento la teoría del doble efecto.

La introducción de la causal de inviabilidad es probablemente una de las más complejas y riesgosas, en tanto el modelo de indicaciones se construye sobre la base de la autorización de una conducta de matar directamente a un ser humano inocente. Esta conducta, en principio prohibida, pasaría a ser autorizada (o justificada) en el entendido de que ciertas cualidades accidentales del ser humano no nacido -su posible o supuesta incapacidad de vivir extrauterinamente, derivada de una alteración congénita o genética pueden ser una carga inaceptable o no exigible para la madre.

En concreto, la causal orienta la solución a una especie de privatización del conflicto, en que se acepta que sea la madre la que, basada en su autonomía, decida si está dispuesta a soportar una carga: su hijo enfermo. El discurso de la autonomía concibe al embarazo como un estado biológico del cual emanan meros deberes de solidaridad de la madre hacia su hijo, los que decaen en valor frente a la carga inexigible que representa un hijo enfermo.

En cambio, en la causal de violación, el principal problema es que se opta por el llamado sistema de plazos, aunque de manera encubierta. El estándar probatorio inexistente -o, al menos, deficiente de la circunstancia de violación transforma a esta causal del proyecto del gobierno en un verdadero sistema de plazos. Este modelo tiene como punto central la necesidad del reconocimiento de la autonomía de la mujer para decidir sobre la mantención de su embarazo, de manera tal que el objeto de la concepción es disponible por cierto lapso de tiempo. Adicionalmente, incorpora una valoración de carácter temporal, esto es, que la criatura en el vientre materno va adquiriendo progresivamente valor o, al menos, el interés en ser protegido. Por lo mismo, se autoriza libremente el aborto solo durante el ciclo de desarrollo más precario o inicial de la criatura.

Me resisto a pensar que esta discusión es única y exclusiva de las mujeres -lo digo con el mayor respeto por ellas-, donde solo importa la decisión de las mujeres. ¡No! Aquí no existe un derecho a decidir autónomamente, puesto que existe la vida de otra persona respeto de la cual no puede decidir. Ese es su límite. Esta es una discusión que debemos dar en conjunto como sociedad, hombres y mujeres.

En ese sentido, Sergio Micco y Eduardo Saffirio , en un escrito reciente, señalan que hay quienes apoyan el aborto como un derecho sexual y reproductivo, reclamando el derecho de propiedad, en este caso, sobre el propio cuerpo. Se habla “…de “mis zapatos”, de “mi hijo” o de “mi cuerpo”. Pero es evidente que se trata de tres distintas formas de relación entre el sujeto y lo otro. El ser humano es su cuerpo. Por lo mismo, en nuestro concepto, no hay un derecho a vender los propios riñones, ni a esclavizarse ni muchos menos a suicidarse. ¿Por qué? Porque esas son decisiones irreversibles que atentan contra la vida, dignidad y libertad de quien las adopta.”.

En tal sentido, hemos presentado dos iniciativas de ley, trabajadas con el apoyo de un grupo de profesionales encabezados por la exsenadora Soledad Alvear, destinadas precisamente a entender que estas situaciones terribles y dolorosas deben ser abordadas desde la responsabilidad comunitaria y la solidaridad. La idea es crear un programa integral de acompañamiento y de adopción en vientre. Lamento el nulo interés de la ministra Claudia Pascual de querer dialogar y de conocer esta iniciativa, tal como se lo pedimos un grupo de diputados de la Democracia Cristiana.

Tampoco acepto los emplazamientos de algunos diputados de derecha acerca de nuestra conformidad con el programa de acompañamiento, puesto que en nuestra diversidad hemos realizado lo que buenamente creemos, y tampoco acepto su ardorosa defensa de la vida cuando en épocas pasadas nunca se les escuchó.

En este debate, quienes tenemos una opinión crítica del proyecto no aceptamos el mote de conservadores. Por el contrario, nuestra postura resulta de un profundo progresismo, porque significa defender el primer derecho humano: el derecho a la vida y su dignidad. El progresismo no puede ceder en principios que parecían inmutables, como la protección del débil y la no violencia.

El aborto no significa un triunfo, sino una derrota para nuestra sociedad. El gran triunfo de la humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial, fue proteger de la arbitrariedad del poder temporal la valoración de que todos los seres humanos somos dignos y de que el Estado protege nuestra autonomía. No se trata, como dijo un diputado, de hacer con esa libertad lo que nos plazca, sino de respetar y de asumir el límite: los derechos del otro.

El aborto significa privatizar el problema y dejar como respuesta el triunfo de un liberalismo individualista y materialista, que reclama sin más la soberanía absoluta de la conciencia y de los derechos individuales sobre los deberes para con la comunidad.

Este proyecto no me representa, ya que el estatuto de sujeto de derechos esenciales, y por lo tanto el contenido y fuente de los derechos humanos, no puede estar al arbitrio de las concesiones recíprocas entre hombres y mujeres, pues ellos dependen de la naturaleza humana y de ciertas cualidades que arrancan de ella. Este es un modelo de sociedad que renuncia a la dignidad humana como valor fundante y lleva para sí un esquema de sociedad que no se reserva nada a la arbitrariedad de las mayorías accidentales.

Frente a eso, seguiremos postulando en favor de la defensa de los indefensos y rechazaremos cualquiera forma de violencia en contra de inocentes. Como dijera Paul Nowak , “la náusea se produce igualmente en una explosión atómica, en una cámara de gas o en un quirófano esterilizado.”.

Por todas estas consideraciones, y de acuerdo con mi conciencia, inspirada en los valores del humanismo cristiano no confesional, porque creo en el valor de la dignidad humana, votaré en contra estas tres causales.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, todo parece indicar que hoy nos encontramos en un hemiciclo con seres que se consideran omnipotentes, ya que algunos de los 120 diputados que han opinado pretenden determinar qué persona debe vivir y qué persona debe morir.

Ciertamente, es un acto de arrogancia considerar que estamos en una posición que nos faculta para juzgar y resolver sobre la existencia de la vida humana. No obstante, se ha instalado el debate del aborto, y voy a argumentar fundadamente por qué soy detractor de esta iniciativa legal.

Algunos sostienen que el embrión no es un ser humano, que es titular de derechos recién desde el hecho del nacimiento, o bien que debiera entenderse que es persona al cumplir 12 semanas de gestación, en el caso de madres mayores de 14 años, y de 14 semanas de gestación en el caso de madres menores de 14 años, puesto que ese es el tiempo de gestación límite que el gobierno ha establecido para practicar el aborto.

Pregunto a quienes han redactado este proyecto con qué argumento de fondo se llega a la conclusión de que en un caso se es persona a las 12 semanas y en otro a las 14 semanas. Con este mismo razonamiento, el día de mañana el gobierno podría sostener también que los mayores de 85 años no son personas y, como pasan a ser una carga emocional y económica para sus familias, también se justificaría terminar con su vida.

Sin pretender recurrir a una concepción ontológica de la existencia de la vida humana, podemos graficar el desarrollo de la vida de la persona que está por nacer desde su concepción al nacimiento como un cambio de lugar. En realidad, el nacimiento es un mero cambio de lugar, lo cual no puede ser determinante en la condición de persona. En otras palabras, el lugar que ocupe un ser dentro o fuera del útero no puede constituir razonablemente el factor que marque la diferencia entre si es lícito o no lícito matarlo. Para llegar a esa conclusión no es necesario utilizar concepciones religiosas, morales subjetivas, ideológicas o políticas, sino la propia razón basada en la observación de la realidad.

Ahora bien, este proyecto se funda en tres causales que gozan de indiscutible fuerza retórica. Oponerse a ellas parece ser egoísta y retrógrado, pero las analizaremos en particular, así como los fundamentos que sustentan cada una de ellas en el limitado tiempo de que dispongo.

En cuanto a la primera causal de despenalización, el caso de un aborto provocado para salvar la vida de la madre, se ha sostenido que quienes estamos en contra del aborto creemos que la mujer tiene el deber estoico de no interrumpir el embarazo hasta que llegue a su término natural y que queremos mantener una carga insoportable para muchas mujeres.

Eso es falso y en realidad es todo lo contrario. Simplemente, creemos que existe un deber de abstenerse de matar intencionalmente a un ser humano inocente, lo cual se funda en una defensa coherente de la dignidad de la persona, esté nacida o no. Así las cosas, en los casos en que se salva la vida de la madre, estamos circunscribiéndonos a que la muerte del no nacido es un efecto colateral, indirecto y no intencional de una acción en sí misma lícita y necesaria para alcanzar un bien de importancia proporcionada, siendo por ello justificada. Es por esto último que estas conductas no se sancionan desde hace mucho tiempo en nuestra legislación, por lo que es inoficioso establecer esta causal como motivo para practicar un aborto.

Respecto de la segunda causal, basada en caso de incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, hay que ser muy claro en que el feto está vivo; aunque enfermo, está vivo. Justificar su muerte implicaría sostener que el titular del derecho a la vida lo pierde por el hecho de que esté próximo a la muerte. En esta concepción, un enfermo grave y terminal no merecería tratamiento y se justificaría su muerte por no tener mayores expectativas de vida. Ciertamente, es un acto de crueldad que quita la vida a una persona absolutamente inocente.

Pues bien, en el análisis de esta causal es muy interesante lo que plantearon en el debate que hubo en la Comisión de Hacienda la exsenadora Soledad Alvear y el presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. En Chile, los médicos especialistas capacitados, con competencias técnicas necesarias para determinar patologías que representen incompatibilidad del feto con la vida son solo 49, de los cuales 39 están en Santiago.

¿Cómo se espera determinar correctamente los diagnósticos si a lo largo del país no hay los especialistas necesarios para ello? Además, según se ha mencionado en el debate, cerca del 70 por ciento de los diagnósticos sobre malformaciones perinatales son equivocados; por lo tanto, existe una altísima probabilidad de que al aprobarse este proyecto y fundándose en esta causal, se permita la muerte de niños absolutamente sanos y con todas las aptitudes y condiciones para llevar una vida normal.

Finalmente, en el debate parece encontrar una justificación moral la despenalización del aborto provocado cuando el embarazo fue producto de una violación. Sin perjuicio del acto horroroso y trágico al que se ha visto sometida la madre, acabar con la vida de ese niño no deja de ser injusto. El hecho de que la criatura haya llegado a existir como consecuencia de un acto violento y horroroso es irrelevante para determinar cómo debe ser tratada. De esa manera, esa persona no merece menos consideración y respeto por haber llegado a existir por el acto violento y delictivo del hombre que la engendró.

Además, atentar contra la vida de ese niño va en contra de la más elemental concepción de justicia, debido a que si alguien es víctima de un delito, no le da derecho ni justifica que imponga una carga injusta sobre una persona distinta del autor del ilícito. Recordemos que el embrión no es parte del cuerpo de la madre, sino un individuo distinto y con un material genético diferente al de su progenitora.

Otro aspecto relevante de esta causal es que se funda en el tipo penal de violación, delito que deberá ser conocido por los tribunales de justicia. Al igual que otros diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, me pregunto qué pasaría si una vez practicado el aborto la justicia determina que no hubo una violación. ¿Cómo volvemos atrás y le devolvemos la vida a ese niño que se le impidió nacer? Estamos hablando de una vida humana, por lo cual debemos ser muy cautelosos en los juicios y en las privaciones que se quieren incorporar en el texto legal.

En razón de lo anterior, este proyecto de ley está mal hecho y mal concebido, puesto que genera injusticias peores que las que se pretenden eliminar. Además, falta a la verdad por acción y omisión. Es injusto, porque acaba con la vida de un ser indefenso e inocente. Falta a la verdad, porque los promotores de esta iniciativa, basada en los llamados “derechos sexuales y reproductivos de la mujer”, que con tanta fuerza promueve la titular del Servicio Nacional de la Mujer, lo único que buscan es establecer el aborto libre en nuestro país, pisoteando la concepción más básica del respeto a la vida humana.

Si quieren el aborto libre, sinceremos el debate y díganlo expresamente, pero no lo circunscriban a tres causales mal planteadas que engañan a la ciudadanía.

En consecuencia, voto que no respecto de las tres causales planteadas.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

REGULACIÓN DE DESPENALIZACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9895-11) [CONTINUACIÓN]

El señor NÚNEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Antecedentes:

-La discusión del proyecto se inició en la sesión 2ª, continuó en la 3ª, ambas de la presente legislatura y en 16 de marzo de 2016.

El señor NÚNEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

De conformidad a los acuerdos de los Comités adoptados en su reunión de ayer, las bancadas dispondrán en esta sesión de los siguientes tiempos para hacer uso de la palabra:

Comité de la Unión Demócrata Independiente, 58 minutos; Comité de la Democracia Cristiana, 44 minutos; Comité del Partido Socialista, 34 minutos; Comité de Renovación Nacional, 32 minutos; Comité del Partido por la Democracia, 30 minutos; Comité Independiente, 16 minutos; Comité del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, 14 minutos, y Comité del Partido Radical Social Demócrata, 12 minutos.

Informo que el plazo para renovar indicaciones y presentar peticiones de votación separada vence a las 12.00 horas.

Para continuar el debate, en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia .

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señor Presidente, al intervenir los diputados en la Sala, lo hacemos principalmente por dos razones: para expresar nuestro pensamiento respecto a lo que se está tratando o para tratar de convencer a alguien.

Después de oír los discursos que se pronunciaron en la sesión de ayer, me quedó claro que es imposible convencer a alguien de algo en esta materia, sobre todo a alguno de los de enfrente. Me podría pasar la vida entera tratando, pero no los convencería de nada. Quizás a Sergio Aguiló , pero no al resto.

Por esa razón, no voy a tratar de convencer a nadie, pero sí voy a dar mi opinión.

Ayer escuché distintos tipos de intervenciones: buenas, malas y “chantas”. Dejaré las intervenciones “chantas” para el final, porque quiero partir por las intervenciones buenas.

Prácticamente todas las intervenciones buenas eran de los diputados de este lado, mientras que la mayoría de las intervenciones malas eran de los diputados de enfrente,…

(Hablan varios señores diputados a la vez)

…de los adalides de los derechos humanos, de los que dicen defender los derechos humanos en el mundo entero, pero que los violan en todas partes; de los que se lavan la boca con las violaciones de los derechos humanos del glorioso gobierno de mi general Pinochet.

Repito: los discursos de enfrente son malos, muy malos.

Lo que sí tienen los diputados de enfrente es un poco de consecuencia, porque defienden a cuanto brujo hay en el mundo que destruye distintos países, como sucede con los líderes de todos los comunismos que conocemos, los que siguen violando los derechos humanos.

Con la firma de todos o de casi todos los que están enfrente, se empezará a cometer asesinatos a partir de ahora en nuestro país. Ojalá que en el futuro llegue al gobierno alguien más o menos consciente para que derogue esta ley en proyecto, que aparentemente hoy se va a aprobar, reitero, con la firma de ustedes, que están acostumbrados a asesinar, porque asesinan por todos lados y en todo el mundo. Y van a seguir asesinando en nuestro país a seres inocentes sin parar y por muchos años.

Como dije, también escuché discursos “chantas”. Me refiero a los realizados para tratar de lavar cerebros, para que quienes los creen puedan decir; “Votaré esta causal a favor, pero esta otra la votaré en contra”, o “votaré a favor esta causal, pero estas dos las votaré en contra”. Con esto tratan de limpiar su cerebro para quedar bien con Dios y con el Diablo. Es como decir: “Voy a matar a la mitad de los seres y la otra mitad se salvará”. Ese es el discurso “chanta”, que permite a algunos no darse cuenta de que se está asesinando exactamente igual. En vez de asesinarlos a todos, como dije, están asesinando a una parte, pero están asesinando de igual manera. Con esto lavan sus cerebros.

Ese inconsecuente que predica una cosa en su distrito, y acá en la Cámara hace algo completamente distinto; ese inconsecuente que va a la iglesia a rezar, que se arrodilla ante Dios, que extiende los brazos para rezar el Padre Nuestro y que comulga arrodillado, hoy está en contra de Dios, porque está votando por el asesinato de seres inocentes.

Por eso, pido a los de enfrente, especialmente a los “chantas”, que traten de ser derechos alguna vez en su vida. Ojalá que el día que mueran se vayan derechito, ¡pero al infierno!

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

¡Silencio en la Sala!

Pido a quienes han sido invitados por los diputados y diputadas, que tienen el privilegio de estar en las tribunas, donde muchos quisieran estar -vienen otros en camino-, que mantengan el orden necesario hasta el momento de la votación, con el objeto de que esta sesión transcurra con normalidad.

Estaremos atentos a cualquier falta al Reglamento, porque es muy importante que respetemos el derecho a intervenir de todos los diputados, particularmente en relación con este proyecto, ya que es fundamental para la democracia.

Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste .

La señora PROVOSTE (doña Yasna).-

Señor Presidente, estamos llegando al final de la discusión de un proyecto legislativo largamente debatido. Este es un momento de definiciones; pero no de cualquier tipo de definiciones, ya que estamos legislando sobre una materia sensible, sobre un asunto profundamente humano que compromete nuestras conciencias más allá de los quorum de mayoría y de las estadísticas a favor o en contra.

Como pocas veces, el debate, por muy polémico que sea -y este es de suyo controversial-, exige de nosotros respeto por las opiniones ajenas, en el marco de un diálogo razonado, tolerante y en la medida de nuestra comprensión, con empatía hacia la fragilidad y la vulnerabilidad de quienes sufren.

La vida del que está por nacer es y seguirá siendo absolutamente relevante para nuestro ordenamiento jurídico. Por lo mismo, el proyecto no abre la puerta al aborto libre, sino que lo regula en tres situaciones excepcionalísimas.

El proyecto de ley no tiene por fundamento la definición de la vida, que sigue siendo relevante, sino que cuestiona la facultad del Estado de castigar con pena de cárcel a las mujeres que interrumpen su embarazo en el marco de tres situaciones críticas que, reitero, son en sí dolorosas y excepcionales. Además, se hace cargo de no abandonar a las mujeres a la clandestinidad. Más que amenazar a la mujer con penas de cárcel y condenarlas a la clandestinidad, el proyecto de ley ofrece una oportunidad para acoger a nuestras mujeres, tanto a las que quieren continuar con su embarazo como a las que están dispuestas a tomar una decisión dolorosa, como es la de interrumpir el embarazo.

Por lo mismo, se debe tener presente que el plan de acompañamiento se ofrecerá a toda mujer que se encuentre en alguna de las tres causales. Esperamos que el Ejecutivo también patrocine el proyecto de ley que hemos ingresado ayer. De esa forma, las mujeres que deseen continuar con el embarazo también obtendrán apoyo, el que actualmente no es claro.

En el proyecto se regula un procedimiento estricto, pues no queremos ambigüedades ni arbitrariedades en la aplicación de las tres causales. De ahí que toda acción u omisión que no respete dicho procedimiento deberá ser sancionada como delito de aborto.

Creo en la vida, en una vida que debe vivirse con dignidad y derechos, una vida que evite el sufrimiento y asegure los medios para vivir en plenitud. Hemos afirmado que, mediando la voluntad de la mujer, un médico podrá interrumpir el embarazo solo en tres causales excepcionales, es decir, tres razones excluidas de la norma común, consistente en culminar el embarazo.

Primero, cuando ello evite un peligro para la vida de la madre. ¿Cómo no estar de acuerdo con ello?

Segundo, cuando el embrión o feto padezca una alteración que pueda ocasionarle la muerte.

Mis colegas Iván Flores y Marcelo Chávez se refirieron ayer extensamente a este punto. Además, lo conversé personalmente con la ministra de Salud.

Nací en Vallenar y vivo en esa ciudad, donde una persona que padece pie diabético y que ingresa al hospital no tiene otra salida que terminar con la amputación de su extremidad.

No puedo apoyar esta segunda causal, porque expresa lo peor del centralismo de nuestro país. ¿Cuántas mujeres serán víctimas de un mal diagnóstico?

Cuando el Estado garantice que todas las madres serán atendidas por médicos con especialidad materno-fetal que entreguen un diagnóstico preciso, lo que no figura en el proyecto, podré concurrir con mi voto favorable a esa causal; mientras eso no ocurra, no puedo apoyarla.

Tercero, cuando el embarazo es el resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación, ni más de 14 semanas en el caso de una menor de 14 años.

Puedo señalar categóricamente que esta causal no es la misma que ingresó en el proyecto del gobierno. Hemos indicado que en el caso de personas con discapacidad sensorial o mental, que no puedan darse a entender por escrito, es necesario que dispongan de los medios alternativos de comunicación para que presten su consentimiento.

Señalamos que la voluntad de interrumpir el embarazo, expresada por adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años de edad, debe informarse a sus representantes legales cuando eso entrañe un riesgo para la joven, o a un adulto que ella señale, y debe ser comunicada al tribunal de familia competente.

En todo caso, la víctima de violación debe recibir información verbal y escrita sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la de programas de apoyo social, económico y adopciones disponibles. Por eso, hoy nos alegramos de que nuestro proyecto, que también viene a entregar alternativas en materia de adopción, haya sido declarado admisible por la Cámara de Diputados.

Respecto de las mujeres mayores de 18 años que no denuncien el delito de violación, las autoridades de los establecimientos de salud deberán poner en conocimiento del Ministerio Público dicho delito.

Este es un proyecto distinto del que ingresó, gracias a los aportes de los parlamentarios en las distintas comisiones, pero, particularmente, de nuestra bancada. Dicho de esta manera, destaco el valor de la conciencia como un reducto importante en nuestro tiempo.

La violación es un acto de violencia brutal en contra de la mujer, que no solo suprime su voluntad, sino que lesiona su dignidad e integridad moral. Entendiendo lo complejo y excepcional de esta causal, el proyecto es particularmente estricto en su aplicación. Primero, fija un plazo acotado para interrumpir el embarazo. Segundo, no basta solo con la declaración de la mujer, sino que se requiere de un equipo de salud multidisciplinario. Tercero, la evaluación será realizada por un equipo, lo que asegura un control profesional sobre la concurrencia de la causal, lo que, además, limitaría las posibilidades de que sea instrumentalizada entre particulares, ya que varios profesionales deberán participar de la evaluación.

Como nuestro interés es perseguir al violador, se alteró la naturaleza actual de la acción procesal del delito de violación, que en la actualidad exige la denuncia de la mujer para investigar, por un sistema de investigación de oficio. Por ello, los jefes de los establecimientos hospitalarios tendrán la obligación de denunciar el delito de violación para que se investigue.

¿Es el mismo proyecto que ingresó? No, respecto de esa causal no lo es.

Considerando que estamos frente a una víctima de un delito sexual, el proyecto asegura que la participación de la mujer en el proceso penal sea voluntaria.

Como idea final, quiero recalcar que cualquier acto que no se ajuste al procedimiento regulado en este proyecto de ley, deberá ser investigado como la comisión del delito de aborto.

Por este discernimiento y consciente sobre los orígenes y alcances del proyecto, apoyaré esta tercera causal del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, según la legislación vigente en Chile, todo aborto es ilegal. Por lo tanto, si se realiza alguno es en la clandestinidad, incluso en los casos que se mencionaron como práctica frecuente y, desde luego, en las tres causales que busca despenalizar el proyecto que se discute.

Como es ilegal y, en consecuencia, clandestino, las cifras respecto del problema en discusión son completamente inciertas. Ayer señalaron que se producirían 35.000 abortos al año; el lunes pasado un diputado de la oposición sostuvo que la cifra sería de entre 14.000 y 19.000 abortos. Ahora, en relación con los abortos que serían necesarios para estas tres causales, se dice que son 2.500.

Sin embargo, esa no es la única incerteza: también hay un debate sobre la vida y el ser; un debate científico y médico, donde ni una ni otra opinión han podido prevalecer porque no se ha demostrado que el feto tenga vida, ni tampoco lo contrario.

Como la ley no puede resolver esas incertezas, porque no tiene cómo hacer luz sobre lo clandestino, ni tampoco establecer cifras concretas y menos resolver el dilema médico, científico, filosófico, religioso y doctrinario que se esgrime para debatir, lo único que se puede hacer es lo que hace este proyecto de ley, esto es, que frente a estas tres situaciones, que estoy seguro ninguno de los aquí presentes deja de considerar como un drama, se entrega a la persona la libertad de resolver. Para ello se establece el marco legal y jurídico adecuado, de manera que en uso de su autonomía -en el lenguaje de uno de los sectores políticos- o en uso de su libre albedrío -usando el lenguaje de otro de los sectores políticos- sea la persona quien decida. Si cree que hay cielo e infierno, lo tendrá a la vista; de lo contrario, tendrá a la vista que no existen ninguno de los dos.

En consecuencia, es un proyecto de libertades, pues entrega a la persona libertad para elegir; pero también entrega libertad al médico, en el caso de que tenga objeción de conciencia a la hora de proceder.

Todos los que siempre arguyen que en el medio de la trifulca política está el tema de la libertad, por lo menos reflexionen un rato. No pretendo convencer a ningún energúmeno como alguno que me precedió en el uso de la palabra, pero enfrente no todos lo son.

(Aplausos en las tribunas)

El espectáculo que hemos presenciado es de un debate en que frente a las incertezas se habla desde las certezas. Incluso, decisiones desgarradoras como las que escuchamos ayer de labios de la diputada Alejandra Sepúlveda o del diputado Sergio Espejo , producen un desgarro porque parten desde una certeza; pero por lo menos ambos tienen compasión y piedad, y aceptan entregar el marco regulatorio para que la respectiva persona, a partir de sus convicciones, decida.

Sin embargo, ayer hubo algunas intervenciones desde el odio y la descalificación, usando recursos baratos y efectistas, como el del feto de plástico, que realmente no merecen estar en este hemiciclo, salvo que esta cosa ya haya llegado a tal nivel de corrupción que sea mejor que desaparezca.

Algunos hablan desde la intolerancia; pero no solo ellos, pues el rector -no sé cómo se llama- de una distinguida casa de estudios superiores -la Universidad Católica- ha decidido que su institución no va a contratar médicos que no hagan una declaración explícita de que van a hacer objeción de conciencia cuando alguien llegue a tocar su puerta a fin de pedir piedad y compasión.

¡Qué católico! ¡Qué respeto a la Constitución y al famoso derecho a la libertad de trabajo que siempre esgrimen enfrente! ¡Mentiras!

(Manifestaciones en las tribunas)

Señora, si está sufriendo orgasmos por lo que escucha, por favor súfralos en silencio. Parece que no le ha pasado nada importante en la vida, salvo venir para acá.

(Aplausos y manifestaciones en las tribunas)

Ante la incertidumbre, por lo menos pidamos coherencia. Lo digo porque ayer se pidió más acompañamiento y, sin embargo, se critica el proyecto diciendo que es flaco en recursos, en medidas, en programa. Pero los mismos que dicen en sus intervenciones que este programa de acompañamiento es débil, también dijeron que la reforma tributaria era mala. Niegan los recursos para que haya programas de acompañamiento de verdad.

A esas personas que nadan cómodamente en la incoherencia, les pido que vayan a darse una vuelta a los hogares, donde dejan a los niños abandonados, recién nacidos, al cuidado de la nada; o a los mayorcitos, donde están los violentados, los violados y los abusados, para que vean con qué recursos cuenta el Estado para hacerse cargo del problema, porque es mentira que las familias particulares lo hacen.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

El señor SCHILLING.-

Le queda tiempo a mi bancada, señor Presidente.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Se reducirá el tiempo de su bancada.

El señor SCHILLING.-

Así es, señor Presidente. Todo se paga en la vida.

Además, a esos niños que están destinados al abandono, les niegan la educación gratuita y de calidad; porque no me van a decir que ahora están entusiastamente a favor de ella.

Frente a estas tres situaciones críticas, ¿es posible la indiferencia, a pesar de las incertezas? A todos los que han hablado desde la certeza, ya sea por la soberbia de la fe o la soberbia de la ciencia, les quiero recordar un pequeño párrafo de don Umberto Eco, desgraciadamente fallecido, acerca de la certeza: “El diablo no es el príncipe de la materia; el diablo es la arrogancia del espíritu, la fe sin sonrisa, la verdad jamás tocada por la duda”.

En la incerteza y la duda, pero con la convicción de que estamos viendo un tema dramático, no solo para la mujer, sino también para la humanidad, frente a estas tres situaciones, como no se puede ser indiferente, yo votaré a favor.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric .

El señor BORIC.-

Señor Presidente, a diferencia de lo que se ha plantado entre ayer y hoy, quiero defender que el problema en discusión no es ni exclusivamente sanitario ni moral, sino que también es un problema profundamente político. ¿Y cuál es ese problema? Que hoy en Chile los hombres y las mujeres no somos reconocidos como iguales, que desde niños nos inculcan que existen roles inamovibles que nos toca cumplir a los hombres y el lugar que les corresponde a las mujeres. Les enseñamos a nuestros hijos que llorar es de niñitas y reforzamos en nuestras hijas su belleza, su fragilidad y su deber de madres. La semana pasada, este mismo Congreso Nacional nos dio un decadente espectáculo de machismo, que afortunadamente ya no pasa desapercibido por la ciudadanía.

Avanzar hacia la legalización del aborto es un paso fundamental para encarar uno de los aspectos más violentos que enfrentan las mujeres en nuestro país: la prohibición de tomar decisiones sobre su propio cuerpo.

En el contexto prácticamente cavernario en el que se encuentra nuestra legislación, el proyecto que hoy discutimos en esta sala podría suponer un pequeño avance en la lucha por los derechos de las mujeres.

Aplaudimos que por fin deje de ser un delito la interrupción del embarazo ante la inviabilidad fetal o riesgo para la vida de la mujer, y que así se regule el aborto terapéutico. Pero creo que es precisamente la posibilidad de que la mujer aborte en caso de violación donde se abre la primera puerta para saldar la deuda pendiente que como sociedad tenemos en el reconocimiento de la dignidad y autonomía de la mujer, y en las obligaciones que al respecto tiene el Estado.

Creemos que esta última causal, sin condiciones ni obligaciones que de facto limiten el derecho de la mujer violada a interrumpir su embarazo, como es el caso de la obligación de denuncia, que vamos a rechazar, es un piso mínimo irrenunciable. Lo contrario es negar la autonomía sexual de la mujer y su autonomía reproductiva. Es por eso que, cada vez que el Estado la obliga forzosamente a mantener un embarazo, nuevamente niega su voluntad y autonomía. Nuevamente la niega como un igual y su condición de sujeto de derechos, en definitiva, es rechazada.

Es fundamental reconocer -esto es tremendamente relevante y muchos lo mencionaron ayer- que la posibilidad de que hoy estemos debatiendo sobre este pequeño paso en dirección a la igualdad no habría sido posible sin la organización, movilización y presión del movimiento feminista,…

(Aplausos en las tribunas)

…un movimiento que ha sobrevivido a los diversos mecanismos de desarticulación del tejido social iniciado con la dictadura militar y -no lo olvidemos- mantenidos y agudizados durante los gobiernos de la transición. Es un movimiento que ha sido capaz de mantenerse en pie a pesar de la violencia de género y policial que sobre él ha recaído. Sin ir más lejos, recordemos los hechos de violencia desmedida de carabineros contra una protesta pacífica frente a La Moneda, durante la semana pasada.

Mediante la articulación de diversas organizaciones, perspectivas y tradiciones, este movimiento dio paso a un 8 de marzo como el que recién pasó, en el que pudimos ver nuevamente las calles llenas de banderas, llenas de mujeres, hombres, niños y niñas que se manifestaban en contra de la explotación, la opresión, la desigualdad de género y la violencia hacia las mujeres y niñas. Se manifestaron hombres y mujeres que decían, tal como consignó una intelectual que tenemos que volver a levantar en Chile, Julieta Kirkwood : queremos democracia en el país, en la casa y en la cama.

Todos los miembros de esta sociedad debemos asumir el compromiso político de alcanzar la igualdad de género, asumir el feminismo como forma de vida, como forma de configurar una sociedad distinta en la que podamos ser realmente libres, porque estamos convencidos de que una sociedad machista nos violenta a todos y a todas, dado que naturaliza los roles y trabajos que les corresponden a hombres y mujeres, las capacidades, las debilidades, los gustos, los deseos, los sentimientos y las sensibilidades, los salarios desiguales y hasta los deportes que cada uno puede o no puede practicar; naturaliza a la mujer como madre, dueña de casa y ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor, porque como el hombre da la plata, tú estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor; si te quejas, allá está la puerta, no estás autorizada para dar opinión.

Los corazones rojos de ayer y hoy no los queremos mañana.

(Aplausos en las tribunas)

Hoy urge, ante el contexto de desarticulación, unirnos nuevamente bajo un objetivo común, hacer retroceder el neoliberalismo en Chile, el que ha sido sostenido y profundizado por los partidos del pacto de la transición. Es un sistema neoliberal que ha mercantilizado nuestra vida y que ha agudizado la doble explotación de las mujeres, bajo la premisa de maximizar utilidades, a través de entenderlas como una fuente de fuerza laboral flexible, precaria y mal remunerada y, por otro lado, mantener y aprovechar el rol de las mujeres como única responsable del trabajo doméstico y del cuidado de la familia.

El alegato de la Sofofa en el marco de la reforma laboral, para incluir criterios de flexibilidad para la contratación de mujeres, no es sino la comprensión machista del trabajo y su explotación. No es un accidente que las mujeres trabajadoras perciban salarios desiguales, retornen a sus hogares para seguir trabajando, cocinando, lavando y cuidando. Tenemos que cambiar todo esto.

Me refiero a esta cultura que se expresa cotidianamente, por ejemplo, en portadas como la del diario La Cuarta, que nos dice, respecto del asesinato de la joven colombiana Andrea Aguirre : “El amor y los celos la mataron”, o cuando el mismo diario publicó el año pasado que en Antofagasta un hombre “Hizo anticucho con su polola”. Esto no lo podemos seguir permitiendo.

Por tanto, en este momento de votación sobre el proyecto de ley, nuestra voz debe ser fuerte y clara. Sin duda, el proyecto del gobierno es un pequeño avance, pero también es insuficiente. Las modificaciones que experimentó este proyecto evidencian la enorme distancia que sigue separando a este gobierno y a la Nueva Mayoría de una ciudadanía que mayoritariamente apoya esta demanda.

A diferencia de la derecha, en este proyecto nos declaramos radicalmente defensores de la vida, pero de una vida digna en la que todos nuestros derechos estén garantizados, seamos hombres, mujeres, transgéneros, homosexuales o lesbianas, sin subordinación al mercado, al poder del dinero, ni a los privilegios históricos a los que, como hombres, no hemos querido renunciar.

Tengo treinta años de edad y durante gran parte de mi vida, sin ser consciente de ello, he sido machista, porque el machismo está profundamente imbricado en nuestra sociedad.

Por eso, quiero agradecer a todos mis compañeros de militancia en la Izquierda Autónoma que han permitido que me dé cuenta de esa realidad. Ojalá que ello pase en todas las organizaciones, como me consta que está pasando.

Anuncio mi voto favorable a las tres causales.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Guillermo Teillier .

El señor TEILLIER.-

Señor Presidente, al inicio de mi intervención me veo obligado a referirme a algo que sucedió ayer. A varios diputados nos llegó por correo una amenaza que dice: “Atención, los pinochetistas no han muerto, nos organizamos en silencio.”.

(Manifestaciones en las tribunas)

Se me vienen a la memoria tres casos de mujeres.

Primero, el caso de Reinalda Pereira , una joven profesional, embarazada de seis meses, que estuvo detenida desaparecida durante mucho tiempo. Cuando la encontramos se descubrió que había sido llevada a la casa de la muerte, en Simón Bolívar , y la habían asesinado brutalmente, a pesar de su embarazo de seis meses. ¡Qué respeto por la vida de la mujer y del que estaba por nacer!

Recuerdo otro caso, pero voy a indicar solo su nombre de pila: Rosa. Ella fue violada en varias oportunidades en el subterráneo de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. Yo fui testigo obligatorio y pude conocer la desesperación y la indignidad -perdonen que me emocione- que significó para esa mujer ese momento. Esa persona también estaba embarazada y perdió al feto. Después la volví a ver para la reconstitución de escena, y créanme que jamás volvió a ser la misma.

Recuerdo un tercer caso, pero no voy a decir ni siquiera su nombre de pila. Otra compañera que fue violada varias veces pidió que le interrumpieran el embarazo, porque quedó embarazada. No se lo permitieron y ese hijo nació. No le quiero decir los sentimientos por los que ha tenido que pasar esa mujer.

Podrán decir que me estoy refiriendo a situaciones extremas. Sí, extremas; pero ¿cuál es la diferencia con las que enfrentan mujeres que hoy tienen que decidir interrumpir o no el embarazo por cualquiera de las tres causales que estamos debatiendo? ¿Qué puede ser distinto? Lo distinto puede ser algo que señaló el diputado Schilling : la compasión, la piedad, el acompañamiento, el respeto a la dignidad humana, la posibilidad de decidir que se da a la mujer, porque no puede seguir siendo considerada un receptáculo insensible. ¡No es así! La mujer es un ser que puede decidir por sí misma. No puede seguir dependiendo de la voluntad y de la cultura machista. Eso es lo que estamos solucionando con este proyecto.

Estamos discutiendo sobre la interrupción del embarazo en tres causales. Me imagino lo que debe de pasar una mujer cuando tiene que decidir. Entonces, ayudémosla. No la obliguemos a tener una cruz durante toda su vida. No tiene que ser así.

Estas tres causales tienen una regulación muy taxativa que entrega el proyecto. Se trata de situaciones extremas en las cuales la vida y la dignidad de la mujer se encuentran altamente en riesgo.

La actual legislación impone a la mujer, en muchos casos, hacerse responsable de las consecuencias de una acto violento como es la violación, soportando un daño no querido ni deseado, en desmedro de sus derechos. Por consiguiente, fuerza a la mujer a tomar una elección para decidir entre prolongar un hecho de violencia, a través de la carga de un embarazo producto de una agresión, o ser considerada una criminal.

Quiero que meditemos sobre este tema e, incluso, sobre las amenazas. ¿Hasta cuándo se amenaza por querer hacer un país más democrático y más vivible y devolver la dignidad a las personas? Creo que eso debe terminar, así como también deben terminar algunos discursos en este hemiciclo que solo entrañan odio.

Cuando pedimos verdad y justicia no nos mueve el odio, sino el hecho humano de conocer algo en su integridad. ¿Para qué? Para que no se vuelva a repetir.

Por favor, debemos cambiar la forma de entendernos y de tratarnos. Ayer todos los medios de comunicación dieron a conocer los exabruptos que se dieron aquí. Estoy seguro de que en un rato más habrá un discurso de alguien alabando a Pinochet. ¿Cómo puede ser que se alabe a alguien que estuvo contra la vida, que atentó contra la vida, como en los casos que relaté y de miles de personas más? ¡Eso tiene que terminar!

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, hasta por siete minutos, el diputado señor David Sandoval .

El señor SANDOVAL.-

Señor Presidente, cuando hablamos de la vida, un valor tan trascendente, y de tener en las manos la decisión de permitir si alguien vive o muere, sin duda que se trata de una decisión compleja y difícil que, como bien se ha señalado en varias ocasiones, no quisiéramos estar tomando. Sin embargo, estamos obligados a hacerlo porque el gobierno cree que esas son las prioridades y que se dan las condiciones para avanzar y dar un pequeño paso, como erróneamente aquí se ha señalado. No estamos dando un pequeño paso, sino un tremendo paso en una dirección distinta.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir al diputado Teillier que quisiéramos construir ese diálogo y encuentro para pensar cómo vemos este país hacia adelante y construimos esa sociedad justa, plena, donde no tengamos que lamentar ninguna desgracia ni la vergüenza de tener familias en diferentes condiciones de precariedad.

Quisiéramos tener la posibilidad de construir ese diálogo que nos permita avanzar. ¿Quién puede sacarse del alma el sentimiento de decir que queremos todo por la vida? Tengan plena certeza de que queremos todo por la vida.

(Manifestaciones en las tribunas)

Obviamente, reconocemos lo que ha significado el pasado; pero también tenemos…

(Manifestaciones en las tribunas)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Pido silencio a los asistentes a las tribunas.

Señor diputado, puede continuar.

El señor SANDOVAL.-

Señor Presidente, es precisamente esta intolerancia la que nos impide -quizás lo impedirá por mucho tiempo más- construir las bases para avanzar hacia la sociedad que todos queremos. Esa intolerancia, que a algunos les gusta azuzar -probablemente también desde nuestro sector-, no ayuda en nada a construir la sociedad que todos queremos.

He conversado con muchas familias, con muchas mujeres y con diferentes entidades respecto de este proyecto. La vida y la familia probablemente son los valores máximos que debemos resguardar como sociedad. Sinceramente, no quisiéramos construir sociedad sobre la base de este proyecto que pretende despenalizar en tres causales la interrupción de la vida.

Mi voto y el de toda mi bancada serán en contra de las tres causales propuestas. Será así porque creemos que en relación con la primera de ellas, esto es, peligro de vida para la madre, existe una institucionalidad y un protocolo construido para que, bajo esas circunstancias, se pueda resolver clínicamente la decisión.

(Manifestaciones en las tribunas)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Se reitera a los asistentes a las tribunas la necesidad de que mantengan silencio para que los diputados puedan expresarse libremente. Los parlamentarios están en su derecho de hacerlo porque representan a la ciudadanía. Cualquier interrupción demora el debate de este proyecto de ley.

Puede continuar, señor diputado.

El señor SANDOVAL.-

Gracias, señor Presidente. En lo personal, lamento que no podamos construir un diálogo con respeto. Sinceramente, lamento que no tengamos la capacidad como Parlamento y como sociedad de dar respuestas categóricas y claras a lo que la ciudadanía nos reclama.

A veces, los discursos son lindos; incluso, algunos nos emocionan. Pero creemos en la urgente necesidad de construir diálogo.

Respecto de la segunda causal planteada, esto es la inviabilidad fetal, existe un amplio espectro para resolver sobre situaciones que probablemente van a estar más allá de dicha causal.

La tercera causal, la violación, constituye una situación dramática, respecto de la cual nadie quisiera establecer mecanismos.

Este gobierno habla mucho de inclusión y mucho de derechos. Sucede que en la Comisión de Familia y Adulto Mayor estamos tramitando un proyecto sobre sistema de garantías de los derechos de la niñez, uno de los cuales es el derecho del niño a ser escuchado; sin embargo, la iniciativa en discusión no reconoce el mismo derecho a un niño que está por nacer.

Hubiésemos preferido que este gobierno, que habla tanto de protección a la vida, de derechos humanos y de inclusión, nos hubiese presentado un proyecto que estableciera un mecanismo de acompañamiento efectivo a la mujer que se vea brutalmente agredida por un hecho como la violación, y también a su familia.

Por su intermedio, señor Presidente, le pregunto a la ministra de Salud ¿está preparado el Estado con su infraestructura para atender los requerimientos y las demandas de salud de los chilenos? Ni siquiera puede atender a miles de mujeres que tienen pacientes postrados severos en sus casas, ni a miles de familias que deben salir a las calles para pedir medicamentos gratis porque sus ingresos no les permiten afrontar las enfermedades catastróficas que padecen algunos de sus integrantes.

Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir a los ministros presentes en la Sala, que son la cara del gobierno, que nos habría gustado que presentaran un proyecto que apuntara hacia la vida y hacia la protección. Si lo hubieran hecho, habrían contado con el respaldo de todos. Cuánto hubiésemos deseado que nos hubiesen presentado un proyecto para construir una institucionalidad en el Estado que se haga cargo de esta lacra que es la violencia y de las consecuencias de actos tan dramáticos y brutales como una violación; un proyecto para acompañar y dar una solución a las víctimas, de modo de no dejarlas en la calle, como ha ocurrido con miles de pacientes, con los costos sicológicos, sociales, económicos y familiares que ello trae consigo, por no contar con un Estado que se haga cargo de brindar atención efectiva.

El mecanismo de acompañamiento que se propone ¿podrá ser una realidad? Obviamente que no en el estado en que se encuentra nuestro país; no tenemos los hospitales ni los especialistas para ello. Nos habría encantado apoyar un proyecto que apuntara a proteger la vida y a acompañar a las madres, a las mujeres que se encuentran en la desgracia de haber sido víctimas de la violencia y de las agresiones.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Víctor Torres .

El señor TORRES.-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, luego de veintiséis años de recuperada la democracia, el Parlamento se enfrenta a uno de sus debates más complejos debido a las implicancias de lo que está en juego.

Para este debate ha sido convocado un concepto que voy a utilizar: Estado laico.

El laicismo no persigue a las confesiones ni desconoce la construcción de los seres humanos sobre la base de su historia, su cultura y su cosmovisión.

Por esa razón, he sido muy respetuoso y lo voy a seguir siendo con aquellos que desde esa perspectiva hoy han argumentado en contra de un proyecto de esta naturaleza. También he sido respetuoso con aquellos con los que coincido quizá en términos de respaldar este proyecto, pero no parado desde la misma vereda de la construcción argumentativa, porque mi pensamiento, que fundamenta mi posición, se sustenta en elementos distintos, que voy a intentar explicar.

El Estado laico plantea que no existe imposición de fe, pero no que se omita una construcción que nazca de un pensamiento cristiano. Efectivamente, este debate tiene aspectos multidimensionales. Alguien lo decía anteriormente: no se trata de un debate exclusivamente médico, político o cultural, sino de uno multidimensional. Frente a eso, se requiere la comprensión de que como sociedad estamos construidos sobre la base de un pluralismo que nos exige poner en la balanza y sopesar aquellas convicciones personales y aquella autoconstrucción respecto de lo que es el interés general y el bien común.

Para la Democracia Cristiana el debate no ha sido simple. Se nos ha acusado de que transgredimos principios o de que nos vendimos a una cuestión que circunstancialmente tiene un apoyo mayoritario, por una mera visión electoral. Debo responder que eso es falso, porque he visto cómo camaradas han hecho el intento más serio y responsable para llegar a una conclusión respecto de esta materia, con todo lo que ello significa, más aún tomando en consideración elementos históricos, como la decisión adoptada en su momento por el Presidente Eduardo Frei Montalva de mantener en el Código Sanitario una disposición que ya existía anteriormente respecto del aborto terapéutico, la cual, sin perjuicio de que contenía una frase más breve, era bastante más amplia que como se establece en este proyecto en materia de su ejercicio.

Además del aspecto histórico, en el sentido de lo que significó la puesta en marcha de la planificación familiar en tiempos del Presidente Eduardo Frei Montalva , hemos transitado por debates tan profundos sobre materias como el concepto de la vida y el concepto de la conciencia cuando se nos autoriza.

Varios han tratado de desmitificar la importancia de esto último, incluso desde la perspectiva cristiana, pues se señala que la conciencia o el libre albedrío se genera o se establece como el lugar de máxima comunión con Dios. Frente a eso podemos hablar, desde la teología moral, de un concepto que es importante tener en consideración: la conciencia perpleja, esto es, la condición de una mujer o de un hombre frente a la cual se encuentran muchas veces para afrontar situaciones de juicio moral incierto y de difícil solución.

Frente a eso hay pensamientos de conservadores, de personas de pensamiento conservador; no estoy calificando. Por ejemplo, en la misma Comisión Ortúzar -hablaré de la Constitución-, Jorge Ovalle , aun sin ser partidario del aborto, expresó que consideraba que había determinadas circunstancias que lo justificaban, en especial en todos aquellos casos en que, en virtud de un delito -la violación, por ejemplo-, una mujer engendre en sus entrañas un hijo no querido por ella y, sobre todo, rechazado por ella. Le parecía que en esas circunstancias el aborto se justificaba plenamente.

Por su parte, Enrique Evans , dijo: “(…)si se va a consagrar el derecho a la vida, debe consagrarse, también, el derecho a la vida del que está por nacer, pero dejando abierta la posibilidad para que el legislador el día de mañana, según lo requieran las condiciones sociales, pueda, en determinadas circunstancias, proceder con cierta flexibilidad.”.

Señalo lo anterior, porque cuando hablamos de estas tres causales, no estamos hablando de una cuestión baladí, no estamos hablando de esta relativización que se ha hecho de la cuestión a la que se enfrentan mujeres, y también hombres, porque cabe señalar que hay familias que también se enfrentan a esta disyuntiva. Pero no es este proyecto de ley el que coloca esta disyuntiva, sino la realidad, porque hoy hay mujeres que toman la decisión de abortar, y la toman con elementos de coerción del Estado, porque se establece una pena al aborto, y con elementos de coacción social. Sí, ¡por Dios!, hoy efectivamente existen mujeres que deciden con esta coacción, que nace desde los violadores, que violentan incluso de manera persistente, en el seno de la familia.

Para los católicos este debate no es fácil. Pero tampoco es una cuestión que se encuentre zanjada. En esto no hay ex cátedra dictada.

En tal sentido, quiero compartir con ustedes algo que dijo el cardenal Carlo Maria Martini . Cuando el cardenal Carlo Maria Martini fue consultado por Ignazio Marino respecto de esto -Diálogo sobre la vida, revista Mensaje, 2006-, señaló: “(…) me parece que incluso en un tema doloroso como el del aborto (que, como usted dice, siempre representa un fracaso) es difícil que un estado moderno no intervenga al menos para impedir una situación salvaje y arbitraria. Y me parece que, en situaciones como las nuestras, sería difícil que el estado no planteara una distinción entre actos punibles por ley y actos que no es conveniente castigar por ley. Esto no quiere decir en absoluto “licencia para matar”, sino que el estado prefiere no intervenir en todos los casos posibles, pero se esfuerza por reducir el número de abortos, en impedirlos con todos los medios posibles, especialmente después de un cierto tiempo desde el principio del embarazo, y se compromete a que disminuyan tanto como sea posible las causas del aborto y a exigir precauciones para que la mujer que decida no obstante llevar a cabo este acto, no punible penalmente en circunstancias concretas, no resulte herida gravemente hasta arriesgar la vida. Esto sucede en particular, como usted recuerda, en el caso de abortos clandestinos,(…)”.

Ello lo señaló un cardenal de la Iglesia católica.

Qué quiero decir con esto. Que esta discusión nos ha llevado a una cuestión muy profunda.

Entiendo que hay un debate que no es menor: el de la defensa del derecho a la vida. Además, he tenido la oportunidad de conocer gente que está a favor incluso de algo que va más allá de lo que hoy estamos avanzando. Lo han dicho abiertamente varios parlamentarios: quieren aborto libre, y se sustentan no en la cultura de la muerte, sino en los derechos de autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. Los respeto, pero no parto desde allí y no comparto aquello.

Por esa misma razón también he sentado una posición sobre esta materia.

Respecto de quienes defienden el valor de la vida como un absoluto, generando una distancia entre esta defensa y la realidad de las personas, nos olvidamos de algo fundamental: que la vida no es una cuestión intangible y que tampoco está desligada de lo que significa la dignidad humana, por cierto, incluso en el sentido de la trascendencia. Los colegas pueden leer lo que dijo el mismo cardenal sobre el particular. No es solo la prosecución de la vida física; también existe, a partir de la muerte, la posibilidad de aspirar a la vida eterna. En ello radica la dignidad del ser humano.

Entonces, es ese principio fundamental el que no podemos dejar de lado.

(Manifestación en las tribunas)

Por tanto, los casos de riesgo vital, de inviabilidad fetal letal -aquí se ha dicho que hasta la Teletón va a quedar sin pacientes, lo que es falso-,…

(Manifestación en las tribunas)

…y, obviamente, el de violación, son situaciones complejas sobre las cuales, como Estado, más allá de nuestra línea de pensamiento, tenemos la obligación de garantizar que haya una decisión.

¿Quién decide en una circunstancia como esta? Hoy, el Estado.

A mi juicio, lo que hoy estamos discutiendo, estos recovecos de la vida que no debemos desconocer, es lo que nos pone en disyuntivas que nos obligan a actuar con la responsabilidad que implica el cargo que desempeñamos.

Soy y seguiré siendo respetuoso con quienes, por distintas razones, han llegado a la conclusión que aquí han expresado o que manifestarán a través de su voto. Sin embargo, les quiero pedir que tengamos la capacidad de entender que hoy nuestro país requiere una convivencia democrática distinta.

La expresión de este Parlamento es la expresión de la república, de la diversidad, y nuestra obligación no solo es la conciencia sobre nuestros actos personales, sino, obviamente, sobre lo colectivo o el bien común.

Marcelo Schilling me robó hace algunos momentos una frase que yo quería citar. Ella se refiere al diablo en su concepto simbólico y no antropomórfico, y a pesar de que mi colega ya la señaló, también la mencionaré: “El diablo no es el príncipe de la materia; el diablo es la arrogancia del espíritu, la fe sin sonrisa, la verdad jamás tocada por la duda.”.

Si hemos sido bendecidos, para algunos, o posibilitados por la evolución, para otros, de la conciencia y la razón, es importante entonces que en este debate seamos capaces de poder respetar aquello. No hay mejor bendición que esa.

Finalmente, quiero tocar el tema de la objeción de conciencia, porque mi colega Alberto Robles , con quien voy a discrepar de manera muy fraternal, ha dicho que está en contra.

A mi juicio, no podemos tener una política que se centre en el ser humano sin reconocer que quienes van a ejecutar determinadas acciones también son seres humanos. Y en este respeto plural del Estado laico yo no puedo dejar a médicos que, por su conciencia, no quieran realizar determinada práctica, sin la posibilidad de restarse de ella.

No somos autómatas; los médicos y los demás profesionales de la salud tampoco lo son.

Por lo tanto, expreso mi respeto más profundo a esa discrepancia.

Chile es un país plural, y hoy estamos despertando en la conciencia colectiva que requerimos avanzar en ese reconocimiento, en esa virtud.

Envío mi saludo más profundo a quienes han luchado por años por lograr esto, incluidas todas las mujeres que hoy nos acompañan, que han esperado este proyecto por mucho tiempo.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

En el tiempo de la bancada del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra, hasta por diecinueve minutos, el diputado señor Nicolás Monckeberg .

El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-

Señor Presidente, hoy no estamos debatiendo, como tantas veces lo hemos hecho, un proyecto de ley que se mida en dinero, no nos encontramos discutiendo subsidios, no estamos distribuyendo cuotas de poder político ni nada que afecte especialmente a las finanzas públicas,…

(Manifestaciones en las tribunas)

…sino haciendo algo mucho más importante: estamos debatiendo sobre la conciencia individual de los chilenos y la conciencia social de nuestra nación.

A todos nos ha costado mucho llegar aquí, pero es precisamente para participar en debates como este que vale la pena el esfuerzo.

Soy sincero al decir que respeto profundamente todas las opiniones expresadas en esta materia, especialmente las de aquellos que piensan distinto.

Hoy, con la convicción de que represento a una parte importante de nuestros compatriotas, defenderé con fuerza ciertos principios fundamentales a los que, en mi opinión, ninguna sociedad debe renunciar.

(Aplausos)

Por cierto, esta no es una discusión fácil, por lo cual me sorprende la frivolidad y el extremo simplismo con que algunos la han abordado. Parece ser que miden su éxito a base de la cantidad de abortos que se realizan en el mundo o del número de países que amplían su legislación en esta materia.

En todo caso, no podemos transformar este debate en un enfrentamiento entre abortistas y no abortistas; tampoco en una guerra de sexos ni en un juzgamiento abstracto a la mujer en condición vulnerable que decide abortar. Parto de la base sincera de que todos, o casi todos, creemos que el aborto es un fracaso de la sociedad, un mal que debemos evitar con todos nuestros esfuerzos. Ese debe ser nuestro principal objetivo, especialmente para los legisladores.

No podemos ignorar que existen casos extremos, como el de la vida de un ser humano inocente, indefenso en el vientre de una mujer que sufre producto de una violación.

Enfrentados a casos como ese, debemos buscar la solución justa y consagrarla en nuestro ordenamiento jurídico, pero siempre sobre la base de un principio que como sociedad no podemos transar: el hombre es siempre un fin; nunca debe ser un medio. Cualquier utilización o instrumentalización de un ser humano, con el fin que sea, termina por ser una tremenda injusticia. La vida tiene un valor intangible que no podemos tocar bajo pretexto alguno.

(Aplausos)

Son los jueces quienes tienen, por la vía jurisdiccional, las facultades para juzgar estas situaciones, y si no son suficientes, debemos perfeccionarlas para no sancionar ciertos casos especialmente dramáticos. Asimismo, debemos buscar una solución a esos casos que no pasen por sacrificar al embrión o disponer de la vida del niño o niña como si se tratara de disponer de un derecho.

(Aplausos)

Lamentablemente, el gobierno ha optado por un camino distinto y nos propone como solución, sencillamente, establecer el aborto como un derecho que el Estado se encuentra obligado a garantizar.

Un día como ayer, 16 de marzo, pero de 1865, al sur de Nueva York se debatía una enmienda que pretendía abolir la esclavitud. En esa ocasión se escucharon muchos argumentos similares a los que hemos escuchado ayer y hoy en la Sala. Se decía que el esclavo no era persona y que, por ende, no era sujeto de derechos. Agregaban que defender o no la esclavitud era una cuestión de índole personal, que si uno cree que los negros son personas, sencillamente no debe tener esclavos, pero que no había que obligar al resto a actuar de acuerdo a nuestras convicciones personales. Se argumentaba también que la enmienda que debatían no obligaría a nadie a tener esclavos, que solo daría una opción.

Como pueden apreciar, escuchamos todos esos argumentos ayer en la Sala; 150 años después nos encontramos aquí, no para hablar de esclavos ni de personas de color, pero sí para discutir sobre la posibilidad de permitir, con respaldo legal, el aborto en nuestro país. Curiosamente, algunos de los argumentos que se han entregado hoy son los mismos que se utilizaban hace 150 años para validar la esclavitud.

Entonces, vale la pena reflexionar sobre lo siguiente: ¿Por qué las sociedades o los países a ratos se adormecen y parecen indiferentes frente a tan evidente injusticia y crueldad? ¿Cómo puede ser posible que para algunos sea más fácil defender la muerte que la vida?

Tengo la convicción, y por cierto la esperanza, de que las futuras generaciones miraran con vergüenza y estupor cómo tantos parlamentos debatieron y finalmente resolvieron que el aborto era un derecho que debía garantizarse y que el niño que está por nacer, cuyo cerebro funciona desde la segunda semana y su corazón late a partir de la tercera, no es persona, por lo que su vida depende únicamente de la conciencia individual.

Señores diputados, midamos las consecuencias de nuestras palabras. Si el respeto a la vida humana fuera solo una cuestión de creencias personales, no podríamos, hoy ni ayer, condenar a los criminales nazis por el holocausto, pues ellos también creían que sus víctimas no eran personas; tampoco discutiríamos las atrocidades cometidas durante la conquista española, basadas en la creencia de que los indígenas no tenían alma.

Hay quienes argumentan que estas son decisiones privadas e íntimas. Una decisión es privada e íntima cuando solo se refiere a los intereses de quien la adopta. Cuando una decisión se refiere a los intereses y derechos de otras personas y de nuestra sociedad, ya no es privada.

Es cierto que en muchos aspectos vivimos en una sociedad machista que discrimina a las mujeres, lo que provoca, sin duda, inaceptables injusticias que afectan especialmente a las más vulnerables. ¡Es necesario defender con fuerza los derechos de la mujer! Sí, todos los derechos de la mujer, partiendo por el primero: el derecho a nacer y el derecho a vivir.

(Aplausos)

Es absolutamente verdad que toda mujer tiene derecho a su cuerpo, pero es tan verdad como el derecho que tiene su hijo o su hija respecto del suyo.

(Aplausos)

Legalizar el aborto no ayuda a la mujer; al contrario, agudiza y perpetúa la violencia en contra de ella.

Según cifras del Elliot Institute , de Estados Unidos de América, más de la mitad de las mujeres que abortan lo hicieron presionadas por un tercero.

Estudios publicados por la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia señalan que sobre el 90 por ciento de las mujeres que optarían por el aborto lo harían motivadas por la coerción, la amenaza o el temor a expectativas futuras. ¡Esa sí es violencia de género y esta iniciativa de ley no se hace cargo de ello!

(Aplausos)

Nuestra lucha no debe ser nunca contra la mujer que ha abortado o piensa abortar, sino contra el sistema perverso que la llevó a pensar que era la única opción. Esa es la lucha que tenemos por delante y ese es el desafío que como parlamentarios debemos enfrentar.

Se nos dice que este proyecto solo despenaliza el aborto en tres causales extremas; sin embargo, todos sus fundamentos se extienden a cualquier tipo de aborto. Estamos, entonces, frente a un proyecto hipócrita, pues además legalizar las tres causales, aprueba, de paso, los fundamentos sobre los cuales en el futuro se buscará ampliar las posibilidades para abortar.

Quien vote hoy a favor de reconocer el aborto como un derecho de la mujer o quien lo haga afirmando que el niño en gestación no es persona ni sujeto de derecho alguno, ¿con qué argumento podrá negarse mañana a que este derecho se pueda ejercer sin expresión de causa? Si hoy aceptamos que es la gravedad de las malformaciones del niño aquello que condiciona su derecho a nacer, ¿cuánto tardarán en extender el aborto a casos de niños que padecen enfermedades de menor gravedad?

Se ha dicho que Chile es un país atrasado y que tenemos que modernizar nuestra legislación. Desde el fondo de mi corazón -creo interpretar con esto a muchos parlamentarios- digo que me siento orgulloso de que en Chile nazcan tres o cuatro veces más niños con síndrome de Down que en los países que cuentan con ley de aborto.

(Aplausos)

¡Esa sí es una señal clara de humanidad y de verdadera modernidad!

Por otro lado, Chile es el país con la tasa de mortalidad materna más baja de todo el continente, y su legislación es provida. ¿Ese es el retraso que algunos quieren corregir?

Sería importante que a quienes les gusta perseguir e idolatrar dichos modelos de modernidad, digan claramente cuál será su siguiente paso y qué otra modernización quieren introducir a Chile.

Dejemos de lado las hipocresías, las mentiras y los eufemismos, porque cuando hablamos de “interrupción del embarazo”, de lo que se trata es de matar a alguien.

Parece que cada día vivimos en una sociedad más esquizofrénica desde el punto de vista moral. Educamos a nuestras familias y a nuestros hijos con una real conciencia de respeto al medio ambiente y de protección a nuestras animales, con especial cuidado de los que están en peligro de extinción; sin embargo, cada vez vemos menos consideración y piedad con los niños antes de nacer.

Nuestro terminante “no” al aborto de ninguna manera supone indiferencia frente a los graves y serios problemas personales, materiales, sociales y familiares que afectan a las madres con embarazos vulnerables. Por ello, antes de iniciar la tramitación del proyecto de ley de aborto, presentamos con otros parlamentarios una iniciativa legal para que el Estado se haga responsable de los embarazos vulnerables y del debido acompañamiento económico y psicológico, para, de esta manera, tener un Estado que se juegue por evitar hasta el último la posibilidad del aborto.

¿Cuál es la diferencia entre un niño sano o enfermo en el vientre materno y otro fuera de él? Únicamente el lugar.

En esto queremos ser extremadamente categóricos. No tenemos duda ni temor en afirmarlo: ¡No queremos un Estado neutro que actúe con prescindencia frente a niños indefensos antes o después de nacer! Si el Estado renuncia ahora a su deber y obligación de defender la vida desde su inicio, tampoco será capaz de defenderla después de su desarrollo o de su término.

Soy enfático en señalar que no queremos un ordenamiento jurídico que entregue el derecho a la vida a la conciencia de cada cual. No creemos en una sociedad que se arrogue la facultad de decidir qué seres humanos son personas y quiénes no, y que trate a estos últimos como objetos inertes.

La trágica eliminación de niños por nacer es, en nuestra opinión, el símbolo de la peor decadencia moral, deshumanización y pérdida de la razón y de la justicia en nuestro planeta.

Hoy no es el momento para cálculos políticos, para estar contentos o celebrar victorias; no es el momento de encuestas o de aplausos: hoy es el momento de defender principios morales y de ser coherentes.

Me unen a los parlamentarios de mi bancada, a muchos de la Democracia Cristiana y a otros de veredas políticamente opuestas, profundas raíces y valores del humanismo cristiano, que tiene su núcleo en la defensa de la vida humana y, en consecuencia, en el rechazo del aborto voluntario.

Con el mayor respeto a las opiniones distintas y con la profunda convicción de que la defensa del derecho a la vida no es solo antes de nacer, sino también después de nacer, para garantizar a ese niño una vida digna y mucho más justa, votaremos en contra el proyecto de ley, y nos mantendremos firmes en esa posición, pues tenemos la seguridad y la conciencia de estar haciendo no solo lo correcto, sino también lo justo y lo humano.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló .

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, algunos parlamentarios han argumentado en esta Sala su rechazo al proyecto de ley, en función de sus principios humanistas y cristianos, por lo que estuvieron, están y estarán siempre por la vida.

Con mucho respeto, a lo menos en el caso de algunas personas, pongo en duda esa afirmación, porque si fuera cierto, habrían levantado su voz durante la dictadura.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Recuerdo a las personas que están en las tribunas que el Reglamento estipula que es necesario mantener una vestimenta acorde con la discusión que estamos llevando a cabo.

Señor diputado, puede continuar.

(Manifestaciones en las tribunas)

Se reitera a los asistentes a las tribunas que discutimos un proyecto de ley muy relevante y que los actores principales en este debate son los señores parlamentarios.

Si no se respetan las intervenciones de cada uno de los señores diputados, me veré obligado a asumir el costo de continuar este debate sin la presencia de público en las tribunas.

Señor diputado, puede continuar con su intervención.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, como dije, no creo en la veracidad y autenticidad de las palabras de quienes dicen haber defendido siempre la vida, porque nunca alzaron la voz cuando en Chile se desarrollaba un brutal genocidio. No obstante, sí creo en la coherencia y en la corrección de vida de algunos camaradas democratacristianos que han esgrimido ese punto de vista para objetar algunos aspectos o la totalidad del proyecto de ley.

Así como reconozco su derecho y su rectitud de vida, intervendré para apoyar el proyecto de ley en función de mis principios humanistas y cristianos; esos mismos principios que me llevaron a ser cofundador de la Izquierda Cristiana, en 1971; a estar 17 años -lo que duró la dictadura militar- luchando, sin faltar un solo día, por la libertad de mi patria, y a ser parte, a mucho honor, de la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana.

Soy parte de esa corriente de chilenas y chilenos que tuvimos como líderes espirituales a la madre Karoline Mayer , a los padres José Aldunate , Alfonso Baeza , André Jarlan y Mariano Puga , a los obispos Jorge Hourton y Enrique Alvear , al pastor luterano Helmut Frenz y a tantos otros cristianos que dieron testimonio en su vida al habitar en poblaciones obreras para defender la dignidad de los ofendidos durante la dictadura militar.

Muchos forman parte de esta gran cruzada, como el padre Mariano Puga , quien señaló: “Conozco muchos casos de mamás que han querido llegar hasta el final con su embarazo, y eso es muy respetable. ¿Pero por qué voy a castigar a la que no?”. Eso señaló en referencia a los muchos casos que conocía de mujeres que, como consecuencia de una situación tan dramática como una violación, habían decidido interrumpir su embarazo.

Ese es el punto. En función de nuestro humanismo cristiano, queremos terminar con una legislación que condena a la mujer al castigo o a la clandestinidad cuando ha optado por el aborto frente a situaciones extremas, como que esté en peligro su propia vida, que no haya viabilidad alguna para el feto o cuando ha sido víctima de una violación extrema, como tan brillantemente explicó ayer la diputada señora Cristina Girardi . Cuando se viven ese tipo de situaciones no es humanista ni cristiano considerar a la mujer una delincuente, que ha cometido un delito y que por eso debe ir a la cárcel.

¿Es eso lo que en verdad queremos para nuestro país? ¿Queremos seguir la orientación de José Toribio Merino , que cambió el Código Sanitario que regía durante décadas en Chile, el que en situaciones extremas permitía la interrupción del embarazo? ¿Es él el líder de los humanistas cristianos?

Este es el proyecto de ley más humanista y respetuoso de la dignidad de las mujeres y de todos los seres humanos.

Por eso, como demostración de respeto a la Presidenta de la República, así como a las ministras que se encuentran presentes en la Sala, además de anunciar que votaré a favor esta iniciativa, en la que se establecen las tres causales de interrupción del embarazo, quiero señalar que, afortunadamente, vivimos en un país en el que los humanistas somos más que los que no creen en la vida.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Gaspar Rivas .

El señor RIVAS.-

Señor Presidente, hace dos años, cuando en el mensaje presidencial del 21 de Mayo de 2014 la Presidenta Bachelet anunció que presentaría a tramitación legislativa un proyecto de ley sobre aborto terapéutico, manifesté -en momentos en que era militante de Renovación Nacional- que lo iba a apoyar en las tres causales que se propondría establecer.

En ese minuto, me gané la amenaza del entonces presidente del partido, señor Carlos Larraín , quien manifestó que cualquier diputado de Renovación Nacional que votase a favor de ese proyecto de ley debía ser expulsado, previo paso por el tribunal supremo de la colectividad.

No hice caso de aquello. El tiempo pasó y el señor Larraín dejó de ser presidente de Renovación Nacional. Luego, tuvo otros menesteres más importantes que atender que simplemente prestar atención a la opinión de este humilde diputado: tenía que defender a su hijo, que había matado a una persona mientras conducía en estado de ebriedad. Eso era más importante para él.

(Aplausos en las tribunas)

Algunos consideran que esta iniciativa es un primer paso; otros no la consideran así o bien no están dispuestos a dar ningún paso. Para mí es el primer y último paso que estoy dispuesto a dar. No soy partidario del aborto libre. Es más, considero que el proyecto en discusión es intrínsecamente incompatible con dicha práctica, porque establece que el aborto no es libre, sino excepcional.

La mayoría de los chilenos -no me refiero a las encuestas, sino a lo que uno constata cuando sale a hablar con la gente- está de acuerdo con que el aborto no debe establecerse como regla general, sino en casos excepcionales; en los tres casos excepcionalísimos que estamos discutiendo.

Quiero hacer una pequeña reflexión. Tengo la capacidad o la virtud de haber escuchado las intervenciones hechas por los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra durante las horas en que ha transcurrido este debate, de manera que he podido observar cómo se han utilizado y manoseado distintos términos, como liberales, conservadores, progresistas, feministas y machistas. Asimismo, algunos han mencionado el gobierno de Pinochet y se han referido a la dictadura, con lo cual dividen artificialmente al país entre buenos y malos, conservadores y liberales, machistas y feministas, y lo han hecho desde tarimas autoerigidas de superioridad moral.

No vamos a llegar a ninguna parte si cuestionamos los argumentos de los demás, si consideramos que estamos frente a una lucha entre el bien y el mal. Todas las posturas son válidas y legítimas, siempre y cuando se expresen con respeto, sin odio y sin violencia.

Algunos consideran que apoyar este proyecto es estar en contra de la vida, es no defenderla. En mi caso, defiendo la vida de la madre cuando está en peligro, y lo hago por una razón natural y obvia.

En el caso de una inviabilidad fetal, también defiendo la vida, pero cuando la hay, no cuando hablamos de un feto que no tiene cerebro y que está siendo sostenido exclusivamente por el cuerpo de la madre, el que actúa como respirador artificial, de manera que no puede vivir fuera de él.

(Aplausos en las tribunas)

Quiero hacer hincapié en lo siguiente. Respeto todos los argumentos, pero cuando una argumentación claramente no se basa en una lectura clara y profunda del contenido del proyecto en debate no puedo sino criticarla.

Lo señalo porque ayer escuché a un diputado de la UDI que decía que este proyecto era la puerta de entrada a la eugenesia, y que con esto se iba a acabar la Teletón.

Invito a ese parlamentario a que lea la iniciativa para que entienda qué significan los conceptos de inviabilidad fetal y de viabilidad fetal, porque no podemos comparar a un niño con síndrome de Down, quien puede vivir décadas fuera de cuerpo de su madre y al que matarlo en el vientre de su madre sería un acto de asesinato, razón por la que no está considerado en el proyecto, con un feto que no tiene posibilidad alguna de sobrevivir fuera del cuerpo de su madre.

Por lo tanto, le diría a ese diputado que leyera el proyecto. Parece que el humorista que apareció en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar tenía razón cuando hacía chistes respecto de la capacidad de ese diputado, porque no se da cuenta de las cosas que está diciendo. Tiene que leer un poquito más.

(Aplausos en las tribunas)

La violación es un acto muy grave, del que, lamentablemente, son objeto algunas mujeres. Eso lo comprendo, al igual que entiendo que no se puede confundir lo siniestro del origen de la concepción de una persona con su valor posterior como ser humano. Un niño o una niña nacido de una violación puede ser un Premio Nobel de la Paz; pero eso no impide, no es derecho definitivo, que la mujer pueda optar, porque es ella la que en definitiva deberá cargar con el recuerdo de uno de los hechos más brutales y salvajes que puede sufrir una mujer: una violación.

Quiero finalizar mi intervención con el anuncio de que votaré a favor el proyecto en discusión, el cual propone las tres causales a las que me he referido, porque entiendo que no es la puerta para el establecimiento del aborto libre.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, hoy enfrentamos uno de los debates más trascendentales que ha habido en el Congreso Nacional en el último tiempo. Pero esta discusión no es sobre salud pública, como dicen algunos; no es sobre políticas públicas neutras, como dicen otros, ni siquiera sobre las tres causales del aborto, que pretenden aprobar. No.

Este debate es de carácter antropológico y, sobre todo, respecto de la dignidad humana; por eso es tan importante. Porque es de la dignidad humana que emanan nuestros compromisos con la salud y las políticas públicas, y no al revés. Eso es lo que hoy está en juego: la dignidad humana.

¿Es la dignidad inherente a la condición humana o es entregada por ley? ¿Es la dignidad algo propio de las personas y que debe ser respetado o es algo que debe ser construido, como sostenían Marx y Nietzsche? ¿Debe estar sujeta a las mayorías o a constructos sociales? Si es algo que debe ser respetado, entonces se debe hacer desde su inicio, y no desde la arbitrariedad de una legislación.

Si quieren, discutamos sobre el inicio de la vida, pero hagámoslo con argumentos científicos, porque incluso los biólogos ateos están de acuerdo en que hay vida en el óvulo fecundado. La información genómica que posee es toda la necesaria para su desarrollo como ser humano, y este desarrollo se realizará autoorganizándose y aumentando su complejidad permanentemente.

Por tanto, es estrictamente pertinente la discusión sobre esa primera célula viva de un ser humano, tan especial y particular que tenemos el deber moral y jurídico de asegurar su existencia.

En este debate se ha escuchado decir que la actividad cerebral es la que indica vida y que, así como cuando una persona tiene muerte cerebral se donan sus órganos, un feto puede ser abortado porque no tiene esa actividad. Es decir, para algunos es igual que el cerebro se apague a que se encienda. ¡Pero quieren evitar que pueda encenderse y desarrollarse! Ese argumento es simplemente absurdo.

Algunos dicen que solo se es persona cuando comienzan las conexiones nerviosas; otros aseveran que cuando el feto tiene doce, catorce, dieciocho o cuarenta semanas de gestación, o que cuando respira por sí solo o, incluso, cuando puede guiarse por sus propios medios.

Pero no. Hay un solo hecho objetivo, y este es que en el momento de la concepción y posterior anidación hay una nueva vida, y no cualquier vida, sino una vida humana, y por ello requiere protección.

Esta discusión, de alguna forma, pone en suspenso el fundamento de la vida en común y la esencia sobre la que descansan los derechos humanos: esta dignidad consustancial.

Por otra parte, quienes sostienen que la dignidad es una mera construcción no pueden responder cuál es la diferencia entre practicar el aborto en la semana doce o en la catorce, o que la malformación sea letal o no letal. Por eso los argumentos aquí esgrimidos no responden a las tres causales propuestas en este proyecto, sino que son válidos para un aborto sin restricciones.

La historia de la humanidad contiene muchos ejemplos de los horrores que se cometen cuando unos declaran a otros como inviables, como molestos, como intolerables y los quieren dejar invisibles.

¿Por qué están de acuerdo solo en estas tres causales y no en otras? ¿Por qué no es popular? ¿Qué sucede entre las semanas once y doce de gestación? ¿Qué se es antes de que sea un ser humano? ¿No es nada? ¿No vale nada? ¿Es la dignidad algo que pueda entregarse en partes? ¿Acaso creen que es menos digna una persona que tiene una discapacidad? No, ¿cierto? Entonces ¿por qué lo sería si tiene más o menos edad, mayor o menor desarrollo, o si es hombre o mujer?

¡No! La dignidad humana es una, completa y desde el inicio de la vida.

(Aplausos y manifestaciones en las tribunas)

Quiero referirme a algunos de los argumentos sostenidos acá, aunque, lamentablemente, algunos han sido expuestos con mucha liviandad o con muchas ofensas; otros, sin embargo, han sido planteados con profundidad, y estos son los que valoro.

Se ha sostenido, por ejemplo, que a fines de la dictadura se derogó el aborto terapéutico y que hoy simplemente se repone. Pero, ¿estaban desprotegidas las mujeres al no existir esta causal? ¿Cómo se explica, entonces, que seamos uno de los países con menos mortalidad materna?

Actualmente, en Chile, si una mujer está en riesgo vital, se debe hacer todo lo posible para salvarla, incluso si eso conlleva la muerte de ese niño en gestación. Ese es el estándar que algunos pretenden -les gustaría- que se necesita para estar en ese grupo de cincuenta países en que existe aborto terapéutico, nombre que, por lo demás, llama a equívocos, toda vez que nunca puede considerarse una terapia la eliminación de esa otra vida, y sí es una terapia salvar la vida de la madre. Proteger y defender los derechos de las mujeres es algo que no solo debe hacerse en caso de riesgo de vida, sino siempre, incluso si no han nacido.

Se dice que nadie está obligando a abortar, que los abortos hoy existen y que si a alguien no le gusta o no quiere, puede no hacerlo. Es un argumento muy malo y pobre. Hoy existen homicidios y nadie está obligado a cometerlos, pero nadie en su sano juicio podría sostener que debería ser voluntario el matar o no.

Se habla de libertad, pero no se respeta la libertad más fundamental, sin la cual nada puede tener sentido: el derecho a vivir, la libertad de vivir. Con este proyecto no solo no se respeta, sino que además se pretende que la ley obligue a personas e instituciones a hacer aquello que va en contra de su conciencia o de sus principios.

Soy un firme defensor de la libertad, pero esta tiene un límite: la dignidad humana. Por eso es incompatible la dignidad humana con el homicidio, con la tortura y con la violación de los derechos humanos. ¡No tengo doble estándar y no acepto que nadie, para justificar sus propias inconsecuencias, pretenda excusarse conmigo!

(Aplausos y manifestaciones en las tribunas)

Asimismo, se han esgrimido razones de derechos humanos; pero ¿cómo es posible que aquellos que han luchado por hacer justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos, que buscaron una democracia para expandir las libertades y que son contrarios a las dictaduras -aunque en verdad algunos son contrarios a algunas dictaduras, porque a otras las aplauden- no defiendan las derechos de quienes están por nacer?

No digo que esta cuestión sea sencilla o que no sea discutible, pero, por favor, no banalicen el sentido o el valor de la vida. Al menos reconozcan que hay una tensión entre la vida de la madre y la vida en gestación, o, de lo contrario, digan directamente que si no ha nacido, no es persona y, por ende, no tiene derechos.

La dignidad humana se respeta siempre o, de lo contrario, la humanidad toda es la que corre peligro, por mucho subterfugio y pseudociencia que se utilicen para intentar cubrir esa decisión.

Refrendemos nuestro compromiso con los derechos humanos. La supuesta visión altruista de que legalizar el aborto se hace por los otros no es tal. Esconde una mirada de indiferencia por el otro; más bien es egoísta. Las sociedades y los países progresan en la medida en que protegen la dignidad de todas las personas, especialmente de los más vulnerables.

También se ha afirmado que este proyecto es apoyado por la mayoría de las personas, pues 70 por ciento está a favor en las encuestas. ¿Creerán entonces que hay que reponer la pena de muerte, que también goza del apoyo de una amplia mayoría? Soy contrario a la pena de muerte y, aunque el apoyo a ella fuese mayoritario, jamás la aprobaría, porque creo que las convicciones no se definen por el hecho de que sean populares o no. Lo justo y lo bueno no dependen únicamente de la mayoría.

El diputado Castro afirmó que estaba en contra del aborto libre -lo felicito por ello-, al igual que muchos aquí, y además agregó que ya conocía el número de mujeres que estarían dentro de las causales: cerca de 2.500. Por ende, me imagino que él y todos los que van a votar a favor de estas causales -y solo de estas tres causales, como han argumentado- van a estar muy vigilantes de que no haya ningún aumento significativo en ninguna de esas tres causales. De lo contrario, significaría que se elaboró una legislación con efectos no previstos, no restringidos y, por lo tanto, de ocurrir un salto significativo, van a venir al Congreso Nacional a cambiar cada una de esas tres causales.

¿Existen los especialistas y los instrumentos necesarios para ratificar que un feto es inviable según la segunda causal? ¿Será así en todos los consultorios y hospitales de Chile? Ojalá lo sea, pero no lo parece.

Ese diputado también señaló que el plan de acompañamiento era neutro. Pero el objeto de un plan de acompañamiento no debe ser neutro, sino que es, precisamente, para evitar el aborto, a menos que nos parezca indiferente si alguien aborta o no.

En este punto quiero aprovechar la oportunidad para felicitar la labor de acompañamiento que han hecho la fundación Chile Unido y otras tantas organizaciones que se han dedicado a proteger ambas vidas: la de las madres y la de quienes están por nacer.

Votaré que no a este proyecto de aborto, porque defiendo la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte.

Votaré que no a este proyecto de aborto, porque defiendo los derechos humanos de todos, incluyendo aquellos que están vivos, pero que aún no nacen.

Votaré que no a este proyecto de aborto, porque las tres causales no son excepciones, sino argumentos para el camino directo al aborto sin restricciones.

Votaré que no porque, tal como dijo C. S. Lewis: “la naturaleza humana será la última parte de la naturaleza que se rinda al hombre”.

Votaré que no a este proyecto de aborto, porque tengo la convicción firme de que un país progresa cuando protege y defiende a los más débiles siempre.

Y votaré que no, porque creo en una política que se preocupa de lo justo, y aunque hoy haya una tiranía de lo políticamente correcto, yo prefiero ser políticamente incorrecto y hacer aquello que considero correcto.

He dicho.

-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo .

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente, coincido con el diputado Bellolio , colega que acaba de hacer uso de la palabra, en el sentido de que este puede ser uno de los debates más interesantes que ha habido en la Cámara de Diputados en los últimos tiempos. Mirado con atención, si algo se puede colegir es que el tiempo que ha transcurrido no ha sido en vano, aunque algunos podrán considerar lo contrario.

Todavía no hemos sido capaces de construir -y aquí se ha notado abiertamente- un país en que nos toleremos y respetemos. Puedo no compartir las opiniones emitidas por muchos parlamentarios de la UDI o de Renovación Nacional, por quienes tengo particular respeto y afecto, pero tampoco puedo compartir el hecho de que por no estar de acuerdo con sus ideas este sea un debate de reiteradas descalificaciones. Y como creo que este no será el último debate interesante en esta Sala, es necesario hacer un esfuerzo mayor aún por construir espacios comunes en pro del futuro del país.

Ayer escuchamos algunas intervenciones con pronósticos muy desastrosos, como que aquí se va a instaurar la cultura de la muerte y el aborto libre. Se me vienen a la memoria discusiones pasadas, por ejemplo, la llevada a cabo hace diez o doce años, relacionada con el divorcio. No es lo mismo, dirán algunos. No, no es lo mismo; pero hubo pronósticos muy desastrosos: que se iba a acabar la familia, que nadie se iba a casar, etcétera.

Discusión similar se dio cuando en esta Sala se discutió la nueva ley de filiación. Un diputado, que hoy es senador, argumentó que ya nadie se iba a casar porque todos los hijos iban a ser iguales. Olvidó decir que hasta ese minuto había hijos que tenían un certificado de nacimiento de color distinto y que había colegios católicos y no católicos que no recibían hijos “naturales”.

El país aprobó la nueva ley de filiación, aprobó el divorcio y ha seguido adelante sin que se haya atentado contra las bases fundamentales de la familia.

Quienes pertenecemos a la Democracia Cristiana hemos sido interpelados desde todos lados. Sabiamente, el órgano superior de mi partido decretó libertad de conciencia sobre esta materia. No podía ser de otra manera, porque los partidos -como dijo alguien por ahí- no son paraguas para militantes serviles, ni un látigo para castigar a los militantes con convicciones propias.

En consecuencia, los partidos, cualesquiera que sean, son instrumentos para ofrecer al país alternativas, programas de gobierno, etcétera, los que pueden ser acogidos o rechazados. En ese contexto, los parlamentarios podemos actuar de acuerdo a nuestras propias convicciones. Las sociedades unánimes y los partidos unánimes son antidemocráticos.

Desde el primer día los diputados de la Democracia Cristiana planteamos que el proyecto, tal como fue presentado, nos parecía desequilibrado, como les consta a las ministras que nos acompañan. No tuvimos ningún problema en decirlo.

El proyecto permite despenalizar el aborto en tres causales específicas. En ese escenario, dijimos con claridad que nos parecía que el proyecto debía respaldar, apoyar y acompañar a la mujer que tomara la decisión, respetable y valorable, de continuar con su embarazo.

(Manifestaciones en las tribunas)

¡Seamos serios, por favor! Alguna vez abordemos este debate con rigor, con seriedad y exentos de fanatismos.

¿Quién acompaña a la mujer pobre de una población de Chile que decide tener una guagua?

(Aplausos)

¿Quién se preocupa?

(Aplausos)

Ayer, el sacerdote Percival Cowley , en una entrevista concedida a radio Cooperativa, hablaba del aborto social. ¿Quién se preocupa de ello? La dignidad del hombre o de la mujer…

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Reitero mi petición de respetar a los diputados y diputadas cuando hacen uso de la palabra. Me veré obligado a aplicar el Reglamento si continúan las interrupciones. Escuchémonos como corresponde. Algunos en las tribunas tienen la responsabilidad de conducir a quienes han invitado. Les pido por favor que fortalezcamos nuestra democracia. Estamos a minutos de votar. Respetemos las intervenciones de todos los diputados que tienen el derecho de representar a la gente que los eligió.

Continúa con el uso de la palabra el diputado señor Cornejo .

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente, no cabe ninguna duda de nuestra preocupación, y la de muchos, por esta materia. Ella no es patrimonio exclusivo de la Democracia Cristiana.

Aquí y en las comisiones de Salud y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, se ha hablado sobre los programas de acompañamiento. En esto quiero ser muy claro: no creemos que sea un programa de acompañamiento que resuelva todos los problemas. Probablemente, en las discusiones posteriores sobre el proyecto, ese programa tendrá que ser perfeccionado. Se trata de un programa de acompañamiento -hay que decirlo con claridad- no solo dirigido a quien aborta por alguna de las tres causales, sino también a quien decide continuar con su embarazo, cuestión que nos parece digna de consideración.

El diputado don Nicolás Monckeberg -comparto su preocupación- habló de la familia. Nosotros vivimos en un país en que existen subsidios para plantar árboles en el sur, pero no los hay para que los padres puedan evitar que ocurra lo que estamos debatiendo. Tampoco existe un subsidio para que un padre o una madre pueda sacar de la adicción a un niño que está metido en la droga. En ese sentido, tenemos una deuda con la familia, cualquiera que sea la composición de la misma.

Para finalizar mis palabras, quiero decir que este no es un debate sobre las causales que se agote en lo moral, en lo jurídico o en lo constitucional. Quiero decir que siento que al debate le ha faltado señalar una cuestión fundamental: aquí estamos hablando de personas de carne y hueso.

En consecuencia, creo que también es deber del legislador preocuparse del dolor y acoger a la persona que atraviesa por un drama humano, como los que se abordan en este proyecto. No creo que el legislador ni el Estado tengan derecho a imponer a una persona sus convicciones.

Aquí se ha hablado mucho de dignidad humana, la que compartimos y defenderemos siempre. Quienes tenemos fe sabemos que ella es personal e intransferible, porque es un don. Por lo tanto, no pretendemos imponérsela a nadie, tal como procedió Aquel que estuvo aquí y a quien muchos siguen desde hace más de dos mil años. Él no vino a imponer una fe, sino a persuadir y a invitar. Cada uno es libre de aceptar esa invitación.

Por lo mismo, para quienes tenemos fe, la dignidad es fruto de la existencia de un Padre común.

A propósito de lo que dijo el diputado Bellolio sobre la libertad, esta es fruto de la dignidad. Uno no es libre y después digno; uno tiene dignidad y por eso tiene libertad.

En consecuencia, lo que hace el proyecto no es consagrar el libertinaje, sino reconocer esa libertad, pero regulada. Esa regulación está contenida en el proyecto que votaremos en unos minutos más.

Créannos que para muchos diputados de la Democracia Cristiana esta no es una decisión fácil. La decisión que hemos tomado ha sido, para muchos de nosotros, adoptada porque consideramos que los principios que inspiran a la Democracia Cristina -principios cristianos de larga no son castigadores, sino acogedores y perdonadores.

Hace algunos días, a propósito del perdón y del acogimiento a quien sufre, una señora se preguntaba: ¿Acaso el que estaba crucificado al lado derecho de Jesús no le pidió, a pesar de ser un criminal, que se acordara de él? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? “Hoy entrarás en el Reino de mi Padre.”.

Eso refleja que el pensamiento cristiano no es un pensamiento solo que castiga o que sanciona; es un pensamiento que acoge y que comprende a aquellas personas que pasan por etapas de mucho dolor y sufrimiento.

He dicho.

-Aplausos en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada Marisol Turres .

La señora TURRES (doña Marisol).-

Señor Presidente, sin duda, estos dos días han sido muy importantes para nosotros, porque el proyecto que debatimos y que votaremos en un rato más es de gran trascendencia.

Pero, ¿qué votaremos realmente hoy? Se habla de un proyecto de despenalización del aborto. ¿Es despenalización o es legalización?

Se habla de derechos: del derecho a elegir de una mujer y del derecho a vivir de una criatura. ¿Por qué en esta iniciativa se habla de interrupción de embarazo y no de aborto? Porque obviamente el concepto de aborto nos pone frente a una realidad mucho más brutal que si hablamos de la interrupción de un embarazo, como quien sana de alguna enfermedad momentánea.

¿Por qué digo que es legalización y no despenalización? Es importante despejar esas dudas. Porque despenalizar significaría solamente no sancionar a alguien: a la mujer que aborta o a quien le practica el aborto, cuando concurrieran alguna de las tres causales planteadas. Con el proyecto estamos hablando de legalización, porque se establece todo un procedimiento para abortar, detrás de lo cual estará el aparato del Estado. Eso va mucho más allá de una simple despenalización.

Nosotros hemos dicho desde un principio que este es un proyecto mentiroso, porque inicia en nuestro país la legislación del aborto del mismo modo como se inició en muchísimos otros países: con un proyecto que lo despenaliza en tres causales. Hoy vemos que se practica el aborto de manera absolutamente libre y a destajo en muchos países que a veces miramos con cierta admiración por su nivel de desarrollo, pero que verdaderamente causan repulsión por la pérdida de valores y de principios a los que han llegado. Lamentablemente, veo que hacia allá nos dirigimos.

En primer lugar, quiero hablar sobre los dos derechos que decimos que colisionan: el derecho a elegir por parte de la mujer y el derecho a vivir por parte de un hijo que no pidió ser fecundado ni pidió existir, pero que está en el vientre.

¡Qué duda cabe de que este proyecto trata sobre tres situaciones que son tremendamente dolorosas y complejas para cualquier mujer!

Una de ellas está absolutamente resuelta con la praxis médica, por lo que no vale la pena ir más allá. Me refiero a cuando la vida de la mujer está en peligro como resultado del embarazo. Siempre los médicos han hecho lo que deben hacer para salvar la vida de la madre. Si producto de ello muere su hijo, es una consecuencia no buscada ni deseada, pero que lamentablemente puede producirse.

En segundo lugar, se plantea como causal la inviabilidad fetal. Sabemos lo complejo que es determinar si el futuro hijo es inviable. Hemos visto numerosos casos de supuestos “inviables” que hoy caminan y que llenan la vida de sus padres.

¿Hacia dónde apuntamos con esta causal? Alguien preguntaba: “¿Y si el feto es algo que no tiene cerebro? ¿Y si es una masa?” Si es una masa y si no tiene cerebro, obviamente no estamos hablando de una persona humana. Cuando hablamos de aborto, estamos hablando de un acto que se provoca a personas humanas, a seres humanos que están en desarrollo.

Cada uno de nosotros, cada uno de los que está en esta Sala, cada uno de los que ve este debate, nos desarrollamos en el vientre materno alguna vez. No partimos siendo lo que somos hoy. ¡Tengámoslo claro!

Cuando hablamos del derecho de la mujer a elegir deshacerse de algo que le molesta, no hablamos de deshacerse de un apéndice o de cortarse una uña o un brazo; hablamos de disponer de la vida de una persona distinta a la propia madre.

Pero vuelvo atrás. Me voy a remitir a las tres causales planteadas. Voy a comenzar por la más compleja o la más dolorosa, por lo que significa para una mujer: la violación. ¿No parece insólito que el violador, si lo pillan, pueda pasar algún tiempo en la cárcel y después salir libre, y que, sin embargo, al producto de esa violación, que es un hijo -no deseado, pero un hijo a fin de cuentas-, que va a ser un niño y un adulto a futuro, se le cause la muerte? ¿Por qué?

Es cierto que no podemos obligar a ninguna mujer a ser mamá; es cierto que no podemos obligarla a que vea a ese hijo todos los días y le recuerde el trauma que sufrió. Pero, cometer un aborto, ¿va a borrar ese trauma de alguna manera? ¿Creen que esa es la solución para que una mujer pueda superar lo que significa un atentado de esa naturaleza? ¿No sería acaso sumarle a ese trauma un cuestionamiento, si es que el día de mañana tiene otros hijos y se pregunte más de una vez: “cómo habría sido aquel que yo maté”?

Estamos hablando de varios temas a la vez. Es cierto que se mezcla lo político, lo religioso y lo legal; pero lo que articula toda esta discusión es que somos seres humanos. Hombres y mujeres somos capaces de procrear, capaces de tener hijos. Las mujeres somos capaces de ser madres; los hombres son capaces de ser padres. Respecto de este tema, la opinión de todos es absolutamente válida y debe ser respetada.

Las mujeres podemos hablar, las mujeres podemos elegir ser o no mamás. Pero ese hijo, ¿puede elegir poder vivir? ¿Quién habla en nombre de él si no somos nosotros, los que nos ponemos en el lugar de ese embrión, o feto o hijo, como queramos llamarlo?

Hablamos de un ser que está en desarrollo, es cierto; pero tiene todo el derecho a vivir. ¿Cuántos de los que estamos en esta Sala fuimos planificados? ¿Cuántos de los que estamos en esta Sala quizás no fuimos deseados en un principio? ¿Cuántos de los que estamos en esta Sala a lo mejor pudimos haber sido un problema? Sin embargo, la gran mayoría fuimos acogidos por una madre, por un padre, o por padres no biológicos, porque para ello existe la adopción. Siempre existe la posibilidad para un ser humano de ser amado y de entregar amor.

Sin embargo, nosotros -o algunos de nosotros- queremos disponer de la vida de ese tercero. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Pido a cada uno de los que vamos a votar hoy que pensemos especialmente en nuestros hijos. ¿Cuántos tienen un hijo enfermo? Y de haber sabido que ese hijo iba a estar enfermo antes de nacer, al mirarlo hoy, ¿lo habrían matado?

Adoptar como política de Estado eliminar a algunos que pueden nacer enfermos y que puedan significar el día de mañana una carga para el Estado es lo que se está pensando a futuro. Porque así se está practicando el aborto en muchos países: se abortan niños enfermos. Incluso se elige por sexo: “Yo quiero una niñita, no un niñito; por lo tanto, me deshago de la niñita.”.

(Manifestaciones y risas en las tribunas)

Así sucede en muchos países.

Algunos se ríen de lo que estoy diciendo. Pero vean lo que está pasando en el mundo.

(Manifestaciones en las tribunas)

Señor Presidente, alguien en las tribunas acaba de recordar una frase a la que me referí hace un tiempo.

Quiero decirle a esa persona que cuando se trata de menores de edad, usualmente las violaciones reiteradas no son a golpes, sino que la violencia se ejerce de otra manera.

Cuando en una violación se apunta con un arma a una mujer no quedan signos de violencia. Esa violación es violación exactamente igual como cualquier otra, y produce el mismo trauma. No porque no deje huellas de violencia no debe ser sancionada. Quiero ser muy clara en eso.

Pero no perdamos el punto en cuestión, cual es que si bien cada una de esas mujeres tiene el derecho a ser resarcida, a que se haga justicia, a que su violador esté preso ojalá el mayor tiempo posible, no tenemos derecho a disponer sobre la vida de un hijo, de un tercero. ¡Entreguémoslo en adopción!

(Aplausos)

Por último, quiero hacer reserva de constitucionalidad respecto de un par de artículos del proyecto.

En primer lugar, la iniciativa plantea una situación relativa a las niñas mayores de 14 años de edad y menores de 18 años de edad, cual es que no necesariamente su embarazo será comunicado a los padres.

Por lo tanto, un aborto podría practicarse en una menor de edad sin que sus padres lo sepan, porque en esta materia no se requiere su autorización. Es decir, la decisión de abortar en una niña mayor de 14 años de edad y menor de 18 años de edad dependerá exclusivamente de ella.

Tan inconstitucional es la norma propuesta, que esa niña podrá pedir que su decisión de abortar no sea comunicada a sus padres, sino a cualquier adulto responsable, el cual podría ser incluso su propio abusador.

El artículo 1°, incisos cuarto, quinto y séptimo del proyecto de ley, introduce normas sobre manifestación de voluntad de las niñas mayores de 14 años de edad y menores de 18 años de edad y de las menores de 14 años que generan una situación muy muy engorrosa. Esto contraviene absolutamente lo establecido en el artículo 19, número 10°, de la Constitución.

Asimismo, hago reserva de constitucionalidad respecto de lo que señala el artículo 1°, número 3), que introduce un artículo 119 ter, nuevo, al Código Sanitario, desconociendo el derecho a la objeción de conciencia preceptuado en el número 6° del artículo 19 de la Carta Fundamental. Por qué lo digo. Porque solo el médico cirujano que practique el aborto podrá ejercer el derecho a la objeción de conciencia. Por tanto, con la aplicación de la ley en proyecto no podrán ejercer este derecho el anestesista, la matrona, la arsenalera y cualquier otra persona que deba intervenir en dicho procedimiento. Ello, además, contraviene el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el número 2° del artículo 19 de la Constitución Política, porque claramente constituye una diferencia arbitraria.

Por último, quiero señalar que nosotros nos oponemos a las tres causales planteadas en el proyecto, pues creemos que la vida está por sobre el derecho de cualquier persona a elegir.

(Aplausos)

Hoy, muchas veces pareciera ser que en nuestro país los derechos de los delincuentes o los derechos de los animales -por cierto, adoro a los animales- se hallan por sobre el derecho a la vida del niño que está por nacer, lo que, a nuestro juicio, es impresentable.

He dicho.

(Aplausos y manifestaciones en las tribunas)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

En el tiempo de la bancada del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, en esta discusión tan delicada e importante, en que se ponen en juego convicciones íntimas tan profundas de cada uno de nosotros y de todos los chilenos y chilenas, me parece que más que un discurso propiamente tal, lo más apropiado es intentar transmitirles mis reflexiones sobre lo que nos convoca.

Mi primera reflexión es que este debate se está llevando adelante como si nunca hubiera existido el aborto terapéutico en Chile. Todos saben que fue legalizado en 1931, en el gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo. ¿Y saben durante cuánto tiempo estuvo vigente? Durante cincuenta y ocho años. En ese lapso tuvimos gobiernos de toda la gama de orientaciones políticas representadas en este Parlamento, y también no representadas: la coalición liberal-radical de Arturo Alessandri ; el Frente Popular de Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos ; la coalición de centroderecha de González Videla ; la alianza antipolítica del general Ibáñez ; el gobierno de derecha conservadora de Jorge Alessandri; la Unidad Popular de Salvador Allende y también -digámoslo- la derecha cívico-militar, que respaldó al general Pinochet .

Ninguno de estos gobiernos, ¡ninguno!, le propuso a este Parlamento derogar la ley de aborto terapéutico. La mantuvo vigente incluso el general Pinochet durante 17 años, y solo en las postrimerías de su dictadura fue derogada por la junta militar. Ello, después de haber perdido la elección presidencial del 14 de diciembre de 1989 y a días de dejar La Moneda.

Si revisamos la prensa de la época, veremos que ella señala que dicho cambio ocurrió como consecuencia del lobby encabezado por el cardenal Medina y por el almirante Merino , miembro de la junta militar.

Me pregunto, y también les pregunto a los partidarios del general Pinochet, algunos de los cuales se han expresado aquí con tanto fervor contra el aborto en las tres causales propuestas, por qué no les escuché ni a ellos ni a sus predecesores proponer la derogación de la ley de aborto terapéutico durante los 17 años de dictadura.

Es muy difícil entender que lo que fuera legítimo y legal durante 58 años, bajo gobiernos de tan distinto signo político, para algunos pase a ser súbitamente una especie de pecado social, de crimen organizado; otros han llegado incluso a asimilarlo a un holocausto.

Mi segunda reflexión es intentar explicar la increíble falta de sintonía que existe entre, por un lado, las opiniones de la ciudadanía y, por el otro, la conducta de sus instituciones y de sus representantes, porque todas las encuestas dicen básicamente lo mismo.

Joaquín Lavín , Patricio Melero y Gabriel Silber tuvieron la misma posibilidad que yo de conocer los resultados de una encuesta realizada a 1.800 hogares, la cual encargamos en conjunto y cuyos datos obtenidos son igualmente concluyentes que el resto de los sondeos de opinión: los partidarios de aprobar el derecho a interrumpir el embarazo en las tres situaciones que plantea la ley en proyecto triplican en número a quienes son contrarios a ello. Además, este proyecto tiene apoyo mayoritario en todos los segmentos socioeconómicos, es decir, alto, medio, bajo; en todas las edades, desde jóvenes hasta adultos mayores; entre hombres y mujeres; entre los electores de izquierda, de centro, y también -digámoslo- de derecha; entre los agnósticos, los católicos y quienes se identifican como evangélicos.

No nos confundamos como lo hicimos en la discusión del proyecto de ley sobre divorcio: mientras, por un lado, las autoridades eclesiales decían una cosa, la opinión abrumadoramente mayoritaria de los chilenos católicos era completamente otra.

(Aplausos en las tribunas)

Se está repitiendo, estimados colegas, de peor manera incluso, lo que ya ocurrió con la ley de divorcio. Mientras más de la mitad de los electores de derecha se declara partidario de este proyecto de ley, aquí no habrá, por lo que escuché, ningún diputado de la UDI ni de Renovación Nacional -¡ni uno solo!- que represente a esa mayoría de sus electores en esta votación tan relevante. ¡Tenemos un problema de representación, porque se supone que los parlamentarios estamos acá para representar a los ciudadanos, no para otra cosa!

¿Por qué ocurre que la gran mayoría de los católicos está a favor del derecho a optar por interrumpir el embarazo cuando la vida de la madre está en riesgo, cuando dos médicos han concluido que el feto no podrá vivir o cuando una mujer se embaraza producto de un acto de violencia sexual?

¿Por qué el club de los países que prohíben absolutamente el aborto es tan pequeño y menos del 1 por ciento de la población mundial vive bajo esa prohibición absoluta? La mayor parte de esos países, por supuesto, son suscriptores de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando corresponde.

¿Por qué esta pretensión provinciana que se escucha aquí de que todo el mundo está equivocado y de que esta minoría de Chile tiene la razón? ¿Por qué esta pretensión autoritaria y antidemocrática, tan propia de otros tiempos, de que la mayoría ciudadana está completamente equivocada y de que es posible y deseable que una minoría, que legítimamente piensa distinto, le imponga a la mayoría su punto de vista y también su conducta?

Hay que ser muy ciego, intolerante y fanático para afirmar que la mayoría de los ciudadanos de Chile y del mundo están a favor de la muerte y contra la vida, como lo ha dicho un puñado de parlamentarios aquí y en el debate público.

La gran mayoría de los chilenos está a favor de esta futura ley, pero no porque les guste el aborto, ya que ninguna mujer concurre alegremente a interrumpir su embarazo. Lo que sucede es que en la gran mayoría de los ciudadanos de nuestro país y de los del resto del mundo prima el sentido común, por lo cual entienden que hay circunstancias dramáticas, aquellas que esta ley en proyecto establece como causales, en que las mujeres deben tener derecho a optar entre interrumpir el embarazo o continuarlo, aun en condiciones difíciles o imposibles.

Son muchísimas las mujeres de nuestro país que no abortarían bajo ninguna circunstancia, como algunas que están aquí y lo han expresado. Sin embargo, buena parte de esa mayoría entiende una cuestión tan básica de la vida comunitaria como es que no parece justo ni democrático imponer por ley su convicción íntima al resto de las mujeres de Chile.

(Aplausos en las tribunas)

Mi tercera reflexión es sobre los efectos positivos que tendrá este proyecto de ley, cuya sola presentación y debate ya ha desencadenado.

El primero es que súbitamente han aumentado los partidarios de la píldora del día después, y enhorabuena que así sea. Si este proyecto sirve para que esos alcaldes que, contraviniendo la Constitución y las leyes, se han resistido a su distribución cambien su actitud y la pongan a disposición de quienes la requieran, enhorabuena, porque eso, sin duda, contribuirá a reducir el número de abortos, lo que, me imagino, es un objetivo compartido.

El segundo efecto positivo es que muchos que hasta ahora habían sido indiferentes se han sumado a la lucha contra la violencia de género, que se expresa tanto en las violaciones como en el vertiginoso aumento del número de femicidios durante lo que va de 2016.

El tercero es que tanto el Estado como la sociedad civil tendrán programas evidentemente más masivos de acompañamiento a las mujeres embarazadas.

Pero este proyecto también tiene que motivarnos a perfeccionar la ley de adopción, para hacer más fácil que los miles de niños y niñas que necesitan un hogar puedan encontrarse con aquellas familias que esperan años para sumar un nuevo miembro.

Finalmente, este proyecto cambiará la disposición del Estado y de la sociedad hacia las mujeres que deciden abortar cuando se ven enfrentadas a estas circunstancias dramáticas. Vamos a pasar desde el castigo a la acogida, que es, por lo demás, lo que hacen todos los pastores y sacerdotes cuando una mujer les confiesa que interrumpió su embarazo. Las iglesias no le pueden pedir al Estado que castigue, cuando ellas mismas propugnan loables actitudes de perdón, comprensión y acogida.

Si me lo permiten, invito respetuosamente a quienes se han movilizado para impedir que se apruebe este proyecto de ley, a las distintas organizaciones, movimientos e iglesias que han asumido esa posición, a que canalicen toda la energía y pasión que han demostrado estos meses en favor de acciones efectivas en contra del aborto; los invito a que demandemos más y mejor educación sexual en las escuelas y liceos de Chile,…

(Aplausos en las tribunas)

… a que trabajen con nosotros para promover el acceso a la píldora del día después, a que desarrollen más programas de acompañamiento a las mujeres vulnerables, como aquellas que nos expusieron Verónica Hoffmann y el doctor Neira en la Comisión de Hacienda; a que se sumen a la lucha contra la violencia de género; a que se sumen también a la lucha contra la desigualdad y la pobreza, que llevan a tantas mujeres a la desesperación y al aborto.

Estoy seguro de que esas acciones serán muchísimo más efectivas para disminuir el aborto que los aplausos y pifias que han expresado con tanto fervor en este hemiciclo.

(Aplausos y manifestaciones en las tribunas)

Finalmente, quiero hablarles a mis colegas que optaron por votar en contra este proyecto, a muchos de los cuales conozco, valoro y estimo.

Por supuesto, parto reconociendo su pleno derecho a votar según lo que sus convicciones les señalen; pero estoy completamente seguro de que ni Patricio Melero , ni Jaime Bellolio , ni Leopoldo Pérez , ni Issa Kort , ni Iván Flores forzarían a una de sus hijas a portar un feto en su vientre durante nueve meses si ellas han decidido interrumpir su embarazo luego de que dos médicos hubieren declarado que su hijo no nacerá vivo.

(Aplausos en las tribunas)

Estoy seguro de que tampoco las obligarían a continuar su embarazo si han tomado la dolorosa y difícil decisión de interrumpirlo por ser consecuencia de haber sido brutalmente violadas por un delincuente sexual. Los imagino, por supuesto, intentando convencerlas de lo contrario, pero jamás forzándolas a cambiar su decisión.

¿Por qué, entonces, se puede obligar a las hijas de los demás chilenos?

(Aplausos en las tribunas)

¿Por qué el Estado, por qué nosotros, la Sala, podemos arrogarnos el derecho a reemplazarlas en esa decisión tan personal e intransferible?

Reconozco humildemente las limitaciones personales que me impiden comprender que haya colegas y amigos que estén por forzar a que todas las mujeres, a pesar de su voluntad, estén obligadas a continuar con embarazos de un ser que médicamente se ha determinado que no llegará a convertirse en niño, o de un embrión que es producto de una brutal violación.

Estas son, señor Presidente, las reflexiones que me llevan a votar a favor de restablecer el derecho de las mujeres a decidir si continúan o interrumpen su embarazo en las tres dramáticas causales que propone este proyecto de ley.

He dicho.

(Aplausos en las tribunas)

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Ernesto Silva .

El señor SILVA.-

Señor Presidente, este es un debate sobre el tipo de sociedad que queremos construir.

He seguido con atención la discusión sobre este tema durante estos dos días de debate, y creo que, como en todas las cosas de la vida, ha habido argumentos serios de quienes defienden el proyecto y también de quienes lo critican. Pero también ha habido argumentos que no movilizan, que no convencen y que responden más a la rabia y a la violencia.

Las últimas palabras de mi amigo el diputado Auth son expresión de un ejercicio de violencia.

(Aplausos y manifestaciones en las tribunas)

Personalmente respeto el derecho de todos a explicar sus puntos de vista, pero para mí la sociedad debe respetar la vida desde que existe, en todo momento.

El proyecto es inconstitucional porque vulnera en sus cuatro artículos los derechos a la vida y a la igualdad ante la ley, consagrados en el artículo 19, N°s 1° y 2°, de la Constitución Política de la República, por lo que hago reserva de constitucionalidad del mismo. Nuestro ordenamiento jurídico mandata proteger la vida del que está por nacer; pero, en este caso, el proyecto dispone todo lo contrario. La iniciativa en discusión no despenaliza el aborto, sino que consagra lo que se denomina “derecho a abortar”, y establece un tratamiento jurídico especial en el Código Sanitario.

A mi juicio, desde mis convicciones, no se puede establecer un derecho que atente contra el más fundamental de ellos, que es el derecho a la vida, a existir y a desarrollar una vida propia.

(Aplausos)

Señor Presidente, he escuchado con atención que se señala que el proyecto no impone nada a nadie. Eso no es verdad. La iniciativa impone al niño que está por nacer una carga, que es la de no continuar su vida. Esa imposición que se establece es ilegítima, no corresponde y obliga a una persona a no vivir.

En ese sentido, el proyecto no se relaciona con la salud pública, como dijeron algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, sino que responde a una visión antropológica y a un concepto ideológico. Tanto es así que su tramitación no ha sido liderada por el Ministerio de Salud, sino por la agenda ideológica del futuro Ministerio de la Mujer, actual Sernam.

En consecuencia, respeto la transparencia de los comunistas para decir lo que quieren para Chile; respeto la verdad con que lo plantean, a diferencia de otros, que dan una vuelta muy larga para decir que están acá, pero votan que están allá.

Desde el punto de vista ideológico, el proyecto busca instalar el derecho al aborto. Tanto es así que promueve la publicidad del mismo en las clínicas y limita la objeción de conciencia a un solo profesional, ya que solo el médico puede tenerla y no otros. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? Finalmente, no se acogieron las indicaciones que planteamos.

Por otra parte, el plan de acompañamiento, que ha sido el peaje que algunos diputados de la bancada de la Democracia Cristiana han cobrado para votar a favor, en mi opinión no era una convicción del gobierno. Tan poca convicción tuvo el Ejecutivo que debió incorporarlo después, con un presupuesto limitado y hasta ahora insuficiente. Espero, por el bien del proyecto, que eso se mejore más adelante.

Además, el proyecto establece dos temas jurídicos que quiero abordar en esta discusión, aunque algo ya se ha dicho al respecto.

El ordenamiento jurídico chileno establece que corresponde a los jueces determinar si una acción es constitutiva de delito, luego de procesos desarrollados por el Ministerio Público. No obstante, a partir de ahora, por primera vez un médico determinará la existencia de un delito en este ordenamiento jurídico, como sucederá en el caso de la violación.

Eso no puede ser. Se señala que será un médico o algunos médicos -no el ordenamiento jurídico, no los fiscales, no los jueces- quien determinará o quienes determinarán la existencia de un delito. Eso tiene un vicio de inconstitucionalidad absoluto. ¿Qué pasará cuando exista una sentencia absolutoria en un caso de violación, pero el aborto ya se haya producido? ¿Qué pasará con ese niño inocente que ha muerto, a pesar de que no se ha cometido ese delito?

Por último, la confidencialidad y la forma en que se trata el aborto genera, en la práctica, no en el texto, las condiciones para la existencia del aborto libre.

Señor Presidente, tras haber expuesto estos argumentos, quiero compartir una reflexión personal con los parlamentarios de la Democracia Cristiana y con algunos amigos de la bancada Independiente, así como hacerles un llamado.

En primer lugar, felicito a los diputados de la Democracia Cristiana que han levantado su voz, a pesar de la presión de la Nueva Mayoría y de un programa de gobierno. Creo que algunos de ustedes han logrado expresar con valentía sus convicciones y la consistencia entre sus convicciones y su manera de votar.

(Aplausos)

En segundo lugar, por intermedio del señor Presidente, quiero decirles que a veces en la vida no se puede estar un poquito allá y un poquito acá; hay veces en que no se admiten los grises, porque no se puede abortar un poquito, no se puede estar embarazada un poquito. A veces en la vida, estimados amigas y amigos, hay que elegir y tomar decisiones; no se puede quedar bien con unos y con otros, hay que quedar bien con las convicciones.

Por eso, quiero hacer un llamado a los diputados de la Democracia Cristiana, partido con más de sesenta años de historia, ya que, como bien saben y como lo señala la historia de la humanidad, cuando se han aprobado proyectos de aborto por estas causales, la práctica médica y la realidad de los países han llevado a una ampliación genérica del aborto.

Ustedes bien saben, porque son personas con convicciones e historia, que la aprobación de un proyecto de aborto por una, por dos o por tres causales significa la aprobación permanente del aborto en nuestro país, y ustedes bien saben que no es lo que quieren para Chile.

Reitero: hago un llamado respetuoso, pero con convicción, para que la Democracia Cristiana asuma el peso de la historia, porque aun cuando hoy son parte de una coalición en forma transitoria -la Nueva Mayoría, que les impone un programa que les incomoda-, son permanentes partícipes del debate de la historia de Chile.

Vuelvo a repetir: hago un llamado a la Democracia Cristiana y a quienes han planteado sus convicciones a marcar la diferencia y a votar que no a un proyecto que, en los hechos, no en el derecho, consagra y consagrará el aborto permanente en Chile.

Señor Presidente, quiero expresar que me siento orgulloso de cada uno de los diputados de nuestra bancada y de la de Renovación Nacional, porque, a pesar de que hoy es impopular nuestra postura, defienden sus convicciones, las plantean con respeto y asumen que hay que defender la vida en todo momento.

(Aplausos)

Finalmente, hago un llamado a organizaciones como Chile Unido, Siempre por la Vida, Isfem , Proyecto Esperanza, Comunidad y Justicia, y tantas otras, a no desanimarse, porque aun cuando el proyecto se apruebe hoy aquí y mañana en el Senado, la sociedad civil tiene que estar más viva que nunca para defender la vida, para evitar la mayor cantidad de abortos y para generar mayoría. Quizá nos demoremos cinco, diez, veinte o más años, pero volveremos a ser mayoría en Chile para defender por siempre la dignidad y la vida.

Voto que no.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve .

El señor MONSALVE.-

Señor Presidente, me correspondió participar en el debate del proyecto de ley no solo en la Comisión de Salud, sino también en la de Hacienda.

No cabe duda de que estamos tratando de legislar respecto de situaciones humanas extremas, en las cuales seguramente ninguno de nosotros quisiera estar; aquellas que, a veces, van más allá de nuestras capacidades físicas, psicológicas o emocionales. Porque estamos discutiendo respecto de la condición humana, se repiten en este debate valores como la vida, la dignidad y la libertad.

He escuchado con mucho respeto opiniones diversas, que se han tratado de emitir con madurez y con profundidad, en defensa de convicciones éticas, morales o religiosas. No he escuchado con el mismo respeto -debo ser franco- las opiniones que han querido instalar en el debate el odio, la descalificación y la intolerancia.

Por eso, quiero hacerme cargo de lo que se posicionó en el centro del debate: las convicciones éticas de cada uno de nosotros respecto de la condición humana, su dignidad y la vida.

El presente proyecto de ley aborda tres causales para la interrupción del embarazo. En la primera causal, la madre tiene la posibilidad de interrumpir voluntariamente su embarazo cuando está en riesgo su vida.

Quiero recordar lo que han planteado en la Comisión de Salud, en la Comisión de Hacienda y también en la Sala quienes están en contra del proyecto. Todos reconocen que hay situaciones en las que el embarazo pone en riesgo la vida de la madre y todos asumen que esa condición, a la cual se enfrenta hoy la sociedad chilena, permite la interrupción del embarazo.

En la Comisión de Salud, los representantes de la Iglesia católica manifestaron que entendían que aquella decisión se debe adoptar en el contexto de una situación tan difícil para la mujer y para la familia. Los representantes de la Iglesia evangélica dijeron que entendían que en muchos establecimientos de salud del país hoy se enfrentaba esa realidad y, ante ella, era posible interrumpir el embarazo.

(Manifestaciones en las tribunas)

También, desde otros sectores se levantaron voces críticas. Ese fue el caso de la exsenadora Soledad Alvear, quien reconoció en la Comisión de Hacienda que no tenía reparo o fundamento ético para oponerse a la interrupción del embarazo cuando se da esa condición. Nadie se opone a que en la práctica médica, ante esa situación, se tome una decisión.

Entonces, si no hay una oposición ética a lo que hoy ocurre en Chile, ¿por qué se vota en contra de la primera causal? A propósito de la defensa de la vida, ¿en qué afecta el proyecto de ley a una decisión que en la actualidad ya se adopta en Chile?

Cabe señalar que en nuestro país los embarazos se interrumpen sin que la mujer ni su familia tengan derecho a consultar una segunda opinión médica. En la actualidad, la mujer y su familia, enfrentados a esa condición médica, no tienen el derecho de exigir una segunda opinión médica antes de tomar la decisión definitiva, porque la sociedad no le ha dado ese derecho.

Si se esgrime con tanta fuerza la defensa de la vida y si queremos protegerla de mejor manera, ¿por qué podríamos estar en contra de otorgar por ley el derecho a contar con una segunda opinión médica para que esta constituya una obligación?

Si no legislamos en esta materia, en Chile se continuará adoptando la decisión de interrumpir el embarazo ante riesgo de vida de la madre, pero con una diferencia: algunos podrán obtener una segunda opinión médica antes de tomar la decisión, y otros, que no tienen las condiciones materiales para ello, tendrán que adoptar la decisión sin una segunda opinión médica.

Con mucho respeto, quiero manifestar a quienes han fundamentado con tanta fuerza y tanta convicción la defensa de la vida, que no entiendo por qué podrían rechazar la obligación que establece el proyecto de otorgar a las familias que transitan por una situación tan dolorosa, tan dramática y tan traumática, el derecho a una segunda opinión médica.

En segundo lugar, el proyecto contempla la causal de inviabilidad fetal o patología letal.

Las sociedades tienen que llegar a ciertos consensos, de acuerdo a la evidencia científica de que disponen. Y esos consensos son asumidos por todos nosotros. Así, por ejemplo, si después de efectuar dos electroencefalogramas no se detecta actividad cerebral, podemos declarar la muerte cerebral de una persona. Es un consenso científico que opera en nuestra sociedad y en todas las sociedades civilizadas.

En la segunda causal, se establece la procedencia de la interrupción del embarazo en caso de patología letal del feto, es decir, cuando, producto de condiciones congénitas, genéticas o, como algunos creerán de acuerdo a sus convicciones, divinas, el embrión morirá sí o sí una vez que salga del vientre materno.

Espero que tengamos consenso respecto de lo que entendemos por patología letal, porque si existe consenso, es claro que lo que legislemos no va a cambiar la condición de ese feto, pues no tendrá incidencia en su condición genética, en su condición congénita ni en el hecho de que morirá cuando salga del vientre. ¡Eso no va a cambiar por ley! Estamos legislando respecto de si, frente a esa condición, la mujer tiene la posibilidad de interrumpir el embarazo.

En este sentido, como algunos no han logrado construir argumentos éticos suficientemente poderosos y coherentes, han sembrado la duda respecto de la calidad del diagnóstico. No se ha entregado ninguna cifra sobre la tasa o el porcentaje de error diagnóstico en las patologías fetales letales. ¡Ninguna! Se ha querido construir lo mismo que se instaló, lamentablemente, en relación con los trasplantes. Me refiero al oscurantismo, a la duda y al temor, que hoy impiden que muchas familias chilenas acepten la donación de órganos, a pesar de la evidencia científica, lo cual imposibilita salvar la vida a muchos chilenos que, de recibir esas donaciones, podrían seguir viviendo. ¡Oscurantismo, temor, miedo! ¡No hay ninguna evidencia!

Es obvio que un diagnóstico de esa naturaleza, de esa envergadura, no depende solo de un especialista, sino que en él participan genetistas, perinatólogos, obstreras y radiólogos.

(Manifestaciones en las tribunas)

Quienes gritan no confían en los valores de las familias chilenas ¡Ninguna familia en Chile adoptaría esa decisión sin contar con la certeza diagnóstica!

(Aplausos)

En tercer lugar, me referiré a la interrupción del embarazo en la causal de violación.

Me llama profundamente la atención el hecho de que algunos han querido situar en el centro del debate la libertad individual para decidir, y no es así. Lo que hace la iniciativa es reconocer que en Chile vivimos en comunidad, lo que significa respetar lo que el otro piensa.

(Aplausos)

¡Significa respetar las convicciones religiosas del otro! Si no viviéramos en comunidad, no habría libertad de culto. La libertad de culto existe porque vivimos en comunidad y respetamos lo que el otro piensa: sus creencias, sus convicciones, sus visiones de la vida.

Hay grupos de la sociedad que tienen la soberbia de pensar que tienen más ética y más compromiso con la vida que otros; aun más, tienen la soberbia de pensar que deben obligar a otros.

En la historia del país, si hay personas que han defendido la vida y se han comprometido con la libertad, esas son las mujeres de Chile. Son ellas quienes defendieron a esta sociedad de las violaciones a los derechos humanos y hoy, todavía, con su valentía y su coraje, buscan a sus hijos que fueron asesinados y desaparecidos.

Frente a la extrema condición humana de tomar decisiones respecto de temas tan delicados, si yo tuviera que decidir quién toma esa decisión, se la entregaría a una mujer.

Por esa razón y porque tenemos fundamentos de carácter ético y científico, apoyaremos este proyecto de ley en sus tres causales.

He dicho.

-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

En el tiempo del Comité del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, tiene la palabra el diputado señor Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, en este debate hemos escuchado muchos argumentos, tal vez algunas calificaciones, pero sobre todo muchas descalificaciones de diverso tipo que no favorecen una discusión o reflexión democrática y sana. Sin duda, la más impresionante de todas -lamento que su autor no se encuentre presente en la Sala para escuchar mi intervención, porque yo sí escuche la de él- fue la del diputado Enrique van Rysselberghe , quien sencillamente asimiló el fascismo y sus crímenes y genocidio, como los que realizó en contra del pueblo judío, con el comunismo, desconociendo de todo contexto histórico que en Europa, en los momentos en que arreciaban el fascismo y las fuerzas de Hitler, quienes combatían con más decisión el fascismo en Alemania, Francia y otros países europeos eran militantes del Partido Comunista.

(Manifestaciones en las tribunas)

La persona que grita desde las tribunas hace la misma asimilación.

¿Por qué el diputado Van Rysselberghe hace una “homologación” tan falsa de los crímenes del fascismo, reconocidos mundialmente, con lo que él llama “crímenes del comunismo”? ¿Por qué hace una asimilación tan falsa? Para instalar una mentira mayor y eso es lo más grave de todo. En el fondo, nos dice que quienes apoyen y voten a favor el proyecto sobre interrupción involuntaria del embarazo cometen los mismos crímenes del fascismo y, por lo tanto, también son asesinos, como gritó un asistente a las tribunas.

¿Qué quiere decir ese diputado? Que más de la mitad de los diputados son, a su juicio, asesinos; es decir, nos acusan de actuar igual a como el fascismo nazi operó en todo el mundo.

(Manifestaciones en las tribunas)

En realidad, parece que me equivoqué, porque esa es la visión no solo del diputado Van Rysselberghe , sino también de una buena parte de los asistentes a las tribunas.

Entonces, cuando se dice que la crítica profunda es a los regímenes totalitarios, quiero consultar qué es más totalitario que catalogar de fascista, nazi o asesino a quien piensa distinto. O sea, lo que se está incubando en su intervención es el germen del totalitarismo, de la intolerancia y del fascismo. ¿Y qué hicieron esas personas bajo la dictadura militar? En otras palabras, se está usando la misma lógica argumental ideológica que nos llevó a la dictadura de Pinochet. ¡Eso es lo que se está haciendo! Se está diciendo: hay chilenos buenos que defienden la vida, y otros que, por ser fascistas, no importa si el día de mañana los matamos o los torturamos, porque no tenían ética ni moral. Eso es indigno del Parlamento.

Pido al diputado Van Rysselberghe que, en sus cabales, piense bien lo que ha dicho, porque lo mínimo que debe hacer es desdecirse de sus palabras y pedir respeto por las víctimas de las dictadura militar y de las atroces violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, anuncio que apoyaré el proyecto y las tres causales que ya han mencionado otros diputados de la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada Marcela Sabat .

La señorita SABAT (doña Marcela) .-

Señor Presidente, muchas horas he dedicado a discutir con personas cercanas y especialistas acerca del aborto. El tiempo me ha llevado a decidir que, más allá de mis convicciones personales, en mi calidad de diputada de muchos chilenos y muchas chilenas, independientemente de sus posiciones religiosas o políticas, me asiste la obligación de cooperar con una solución que dé respuestas a miles de mujeres, pero que sea conciliable con el mandato constitucional de protección de la vida del que está por nacer. Qué duda cabe que en una sociedad civilizada se debe dar protección y amparo no solo a la mujer embarazada, sino también al ser que se encuentra en su interior, y que este no es fruto de una relación de propiedad o un apéndice de la mujer.

Sin embargo, votaré en general a favor de este proyecto, porque se hace cargo del debate sobre una realidad indiscutida y responde a una necesidad que, según mi parecer, es básica, cual es enfrentar el aborto sin criminalizar a la mujer, la cual, querámoslo o no, aunque actúe de buena o mala manera -a juicio de ustedes-, al menos en los tres casos que dispone el proyecto se transforma en una víctima del destino.

Ahora bien, en cuanto a la votación en particular, tengo grandes reparos respecto de la redacción del proyecto y de su capacidad para controlar que efectivamente la interrupción del embarazo tenga lugar únicamente por las causales señaladas.

En efecto, concurriré con mi voto afirmativo en la primera causal, porque no me siento con la capacidad de exigir una actitud heroica a una madre que se encuentra en riesgo vital. Por otra parte, no se trata de dar muerte al feto, sino más bien de realizar tratamientos para salvar la vida de la madre, que derivan indirectamente en la interrupción del embarazo.

Respecto de las causales segunda y tercera, me abstendré, puesto que a pesar de tener un fin legítimo de protección a la integridad física y psicológica de la mujer, su redacción es imprecisa y se presta para interrupciones de embarazos no contempladas en dichas causales.

En el caso de la inviabilidad fetal, son tales las imprecisiones y las lagunas que tiene esta causal respecto de las habilidades y especialidades médicas requeridas que permiten creer que el margen de error en los diagnósticos puede provocar la interrupción de embarazos que, gracias a un especialista, hubiesen seguido adelante. Sin ir más lejos, hay enfermedades incompatibles con la vida, que en los primeros meses de vida tienen rasgos comunes con el síndrome de Down, lo que supone el riesgo de que, de no contar con los recursos financieros, humanos y técnicos, muchos de estos casos terminen en aborto, ya sea porque efectivamente los padres creen que ahí no hay posibilidad de vida extrauterina o porque no desean un hijo con esas características.

Debo ser enfática en señalar que el gobierno se negó a incluir la ratificación de un especialista materno-fetal. Es un dato concreto que el 70 por ciento de los diagnósticos médicos son posteriormente revocados por esta clase de especialista. Quien habla, al menos, no quiere asumir la responsabilidad de un margen de error que no solo puede terminar en abortos, sino también en despojar a la mujer de su ilusión de ser madre.

En relación con la tercera causal, si bien reconocemos la incorporación de la obligación de denuncia a instancias de sectores de oposición y de la Democracia Cristiana, existen grandes posibilidades de que esta sea una puerta amplia al aborto sin expresión de causa. En efecto, si bien las violaciones serán denunciadas, el mismo proyecto exime a la víctima de comparecer en la investigación. De esta manera, el violador, que en muchos casos es del círculo íntimo de la víctima, quedaría impune ante la imposibilidad del fiscal a cargo de la investigación de hacer comparecer a la víctima. Más aun, no queda clara la forma en que se acredita la violación, lo que en ocasiones permitiría, junto a las escasas herramientas de la fiscalía, que embarazos no deseados que no tienen necesariamente su origen en una violación sean interrumpidos por esta causal.

Mi voto no resultará indiferente, porque tengo claro que se aleja muchísimo de la línea que seguirá mi sector. Sin embargo, me asiste la íntima convicción de que, al menos en las tres causales, la mujer es una víctima de las circunstancias.

Por eso, no me siento con el derecho de negarle por ley una decisión que, por cierto, no será fácil, pero que evidentemente sería más llevadera y compatible con el mandato de protección de la vida del que está por nacer si el gobierno se hubiese comprometido a incorporar un sistema de acompañamiento eficaz que brinde auxilio y ayuda a la mujer que se encuentra en una situación que nadie desea.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

En el tiempo de la UDI, tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina .

La señora MOLINA (doña Andrea).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que este tema resulta tremendamente sensible, delicado y complejo. Hemos escuchado las posturas de varios diputados; sin embargo, somos muchos quienes no vamos a modificar nuestras convicciones, fe y posiciones más íntimas.

Dentro de las tres causales que plantea el proyecto, vemos temas fondo, pero en otros simplemente de forma, como lo planteó algún señor diputado. Si una mujer queda embarazada y es mal aconsejada, o se acerca a médicos que se dedican a practicar abortos, lo más probable es que ese ser que lleva en su vientre no vaya a nacer. Si la responsabilidad recae en los médicos, puede llegar a ser algo muy complejo. Por eso se ha hecho reserva de constitucionalidad.

Este es un momento muy difícil para las mujeres que estamos aquí y para las que nos están escuchando. ¿Cómo alguien se puede enfrentar a una mujer, a una hija, que ha debido soportar una violación y hacerle ver que debe tener ese hijo? Es algo superdifícil. Esto lo he conversado con mis dos hijos. Creo que no es fácil para una madre enfrentar esa situación y decirle a una hija: “Vamos a salir adelante, vamos a luchar, pero no vamos a permitir que le quiten la vida a ese niño que no deseas.”.

Por supuesto, debemos pensar en la vida del hijo y de lo que él quiere, y también en lo que la madre siente. Sin embargo, el proyecto no se hace cargo de las mujeres que han tenido que abortar por diferentes motivos, que no tuvieron apoyo, que no tuvieron a alguien que les dijera: “Yo te ayudo”.

En muchas reuniones sostenidas en mi distrito me he encontrado con mujeres que han abortado y que cargan con esa cruz el resto de sus días. Gracias a las tres causales se les va a allanar la posibilidad de tomar esa determinación. Esas mujeres nunca van a recuperarse de lo que les pasó y de lo que les hicieron. Hoy se preguntan qué edad tendrían sus hijos, cómo sería su rostro, etcétera.

(Manifestaciones en las tribunas).

¡Así como yo respeto a las personas que se encuentran en las tribunas pido igual trato! Quienes estamos sentados en el hemiciclo fuimos elegidos por la ciudadanía, no nos ganamos el cargo a través de amigos.

(Aplausos)

Nosotras representamos a la población. Por mi parte, obtuve mayoría nacional. Quiero que respeten mi opinión, más allá de que no la compartan. Puedo estar de acuerdo con algunos de los puntos de quienes se encuentran en las tribunas, pero pido que se respete mi postura más íntima.

Espero que el proyecto pase a comisión mixta y que el Senado discuta su forma y fondo a fin de abordar el problema que afecta a las mujeres que llevan la cruz de haberle quitado la vida a su hijo.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA (don Fidel).-

Señor Presidente, a ratos el debate sobre el proyecto ha sido intenso; en otros, bastante agresivo. Eso, lamentablemente, muestra algunos de los aspectos que la ciudadanía nos cuestiona y que además motivan el rechazo a nuestro trabajo. Nuestros electores esperan un mejor nivel de debate, no la descalificación.

Hace rato vivimos una paradoja con la bancada de enfrente. Sus integrantes dicen defender el libre mercado, pero al final del día resulta que somos nosotros quienes desde estas bancadas impulsamos la competencia.

Los integrantes de la bancada de enfrente se autodefinen como grandes defensores de la libertad, pero, como ha quedado claro en este debate, no quieren que las mujeres decidan libremente. Y somos nuevamente nosotros quienes defendemos las libertades individuales.

A pesar de que el aborto en todas partes del mundo tiene partidarios y detractores, se impone incorporar su tratamiento como parte de las políticas públicas de salud. En nuestro país, tal como ocurrió durante la discusión del proyecto de ley de divorcio, el debate se ha centrado en aspectos que no tienen nada que ver con el fondo de asunto. En esa línea, quiero recordar algunas frases de diputados en esa época.

El 23 de enero de 1997, en el marco de la discusión de la nueva ley de matrimonio civil, uno diputado señaló: “Los parlamentarios no tenemos derecho a anteponer consideraciones personales de carácter religioso por sobre la voluntad general en una materia cuyas soluciones son perfectamente legítimas. Son miles los hombres y mujeres de este país los que piden una oportunidad razonable para formalizar su vida familiar en forma ordenada y transparente. No tenemos derecho a negárselo. No se nos eligió para eso.”. Palabras del exdiputado Iván Moreira .

Por su parte, una parlamentaria declaró: “Por último, tampoco comparto la apelación o la condición de católicos que han hecho muchos señores diputados, ni el llamado a la Iglesia a defender su doctrina. Legislar es una responsabilidad política, no religiosa, que nos corresponde a los políticos y no a la Iglesia.”. Palabras de la exdiputada Mariana Aylwin .

Entre los argumentos que se escucharon ayer en la Sala hubo uno referido al aborto y su relación con la Convención de los Derechos del Niño. Claramente, el debate no tiene que ver sobre la Convención de los Derechos del Niño, sino sobre los derechos de la mujer. Y para hablar sobre los derechos de la mujer, considero que un punto de referencia obligada es la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Nuevamente lo paradójico es que ese instrumento internacional fue adoptado el 9 de diciembre de 1989, es decir, durante la dictadura encabezada por Pinochet.

La letra f) del artículo 2 de esa Convención recuerda que los Estados parte deben adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.

Ciertamente, negarse a legislar en relación con las tres causales que invoca el proyecto discrimina a las mujeres, especialmente a las más humildes, a las más vulnerables.

Señor Presidente, en octubre del 2012 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinó los informes periódicos 5° y 6° presentados por Chile. Dicho comité observó “las graves lagunas que se registran en relación con la aplicación de la Ley Nº 20.418 y las dificultades experimentadas por las mujeres para acceder a métodos anticonceptivos y servicios de planificación de la familia y disponer de esos métodos y servicios.”. “El Comité lamenta profundamente que todas las recientes iniciativas parlamentarias encaminadas a despenalizar el aborto hayan fracasado en el Estado parte, incluso en los supuestos de riesgo para la salud o la vida de la madre,”. El comité termina señalando la necesidad de revisar la legislación vigente sobre el aborto.

Todo esto demuestra que este no es un debate artificial, ni forzado, como algunos han sugerido. Se trata de una materia que debimos haber abordado hace mucho tiempo. Chile fue el último país de la región en legalizar el divorcio. Ahora, seremos el último en regular la interrupción del embarazo, y solo bajo tres causales absolutamente determinadas.

Quiero terminar mis palabras haciendo mención a una experiencia que me tocó vivir en 2004, en el distrito que represento. Una niña de catorce años llegó a mi oficina parlamentaria para señalar que era violentada sexualmente por su abuelo desde los ocho años de edad y que había quedado embarazada. Hasta hoy esa niña y su familia sufren un drama gigantesco.

Ello demuestra que, en caso de violación, que ha sido uno de los debates más fuertes que hemos tenido, es necesario legislar sobre la materia.

Por ello, anuncio mi voto a favor de las tres causales.

He dicho.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Karla Rubilar .

La señora RUBILAR (doña Karla).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los ministros presentes en la Sala y a las personas que nos acompañan en las tribunas, quienes, más allá de la opinión que puedan tener respecto de este proyecto, están en todo su derecho a manifestar su opinión y a pelear por lo que creen.

Sé que no soy dueña de la verdad; por eso, creo que no puedo decidir por otros.

La verdad es que este proyecto siempre me ha generado muchísimas dudas, porque es complejo y difícil ya que involucra tres situaciones tremendamente dolorosas para cualquier mujer. Es un proyecto complejo y que genera dudas porque ha tenido una tramitación extraña. Hay varios aspectos de él en los que me detendré durante mi intervención.

Primero, debemos reconocer que esta iniciativa estaba contemplada en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet . Me llama la atención la extrañeza que causó cuando fue presentada. Todos sabíamos, independientemente de que no fuéramos parlamentarios del oficialismo, que en el programa de gobierno estaba considerado este proyecto.

Segundo, me llama la atención la caricatura que se ha hecho de la tramitación de esta iniciativa. Estando enferma en mi casa, pude ver intervenciones que no estuvieron a la altura, intervenciones en las que se faltó a la verdad y debates que lamentablemente jugaban con la falta de conocimiento de muchas personas que ven la sesión.

Desde un principio, fui una de las diputadas que se manifestó dispuesta a legislar sobre la materia, pero también presenté grandes reparos, por todos conocidos, al proyecto que ingresó al Parlamento. Creo que respecto del tema que nos convoca siempre hay que ir de frente, diciendo lo que uno cree, diciendo aquello de lo que está convencido, pero también aquello en lo que no cree o que le genera dudas.

Yo tenía dudas sobre esta iniciativa. Pero debo señalar que el proyecto que votaremos es completamente diferente al que ingresó. El que diga lo contrario está faltando a la verdad. Como parlamentaria de oposición presenté indicaciones, ninguna de las cuales fue acogida. La Democracia Cristiana lo logró. Es difícil para ese partido estar dentro del oficialismo y exigir ciertos cambios, pero lo logró. Gracias a ello, hoy estamos ante un proyecto completamente diferente.

Eso hay que reconocerlo, porque más allá de la cuña política que se dé respecto de la DC, de los valores y de los cristianos, la verdad es que la Democracia Cristiana cambió un proyecto completamente ambiguo por uno que tiene tres causales. Esa es la verdad.

(Aplausos)

De acuerdo con esta iniciativa, la causal de riesgo de vida de la madre ya no contiene el concepto de “riesgo futuro”. Quedó claramente establecido que debe tratarse de “riesgo inminente” de muerte de la madre. Interpretarlo de otra forma solo sirve para la cuña, pero no para hacer un debate serio.

En el caso de la causal de inviabilidad fetal, quedó claramente establecido que debe tratarse de malformación letal. ¡No me hablen de la Teletón, porque me da vergüenza! ¡Me da vergüenza estar en el Parlamento cuando me hablan de la Teletón! ¡Se trata de inviabilidad fetal por malformación letal! ¡Qué parte de eso no se entiende!

Además, queda establecido que ello será determinado por un profesional competente. Es cierto, yo quería que se estableciera que el diagnóstico fuera hecho por un especialista; no obstante, seré la primera en exigir que el segundo diagnóstico para determinar la inviabilidad fetal sea hecho por un especialista, porque, obviamente, no nos podemos arriesgar a que alguien que no sabe haga un mal diagnóstico. Por lo demás, cabe señalar que ningún médico lo quiere hacer. Los médicos no son temerarios; no andan inventando diagnósticos. ¡Por favor! ¡Digamos las cosas como son!

(Aplausos)

Respecto de la causal de violación, que es la más difícil de abordar y respecto de la cual tenía dudas, debo señalar lo siguiente. Hace diez años, cuando llegué al Parlamento, pensaba votar en contra de esta causal si algún día se presentaba el proyecto. Sin embargo, hemos escuchado a mucha gente. De eso se trata, de escuchar, no de creer ser dueño de la verdad y de hacer como que se escucha, pero después, a pesar de que cambien cosas, votar de todos modos en contra. No, tengo que escuchar y tratar de entender. No digo que existan respuestas buenas y malas, porque partí diciendo que no soy dueña de la verdad. Pero creo que si exijo cambios es porque creo que puedo cambiar de opinión. En el caso de la causal de violación es fundamental lo que se ha establecido: el director del establecimiento de salud tendrá la obligación de denunciar el hecho. Además, se crea un mecanismo de acompañamiento, garantizado por ley, por lo cual se puede reclamar ante la superintendencia, y que es voluntario, pues no se puede obligar a nadie a estar acompañado.

(Aplausos)

No es aceptable que para defender legítimamente una posición contraria al aborto en las tres causales señaladas se argumente que esta iniciativa es la puerta al aborto libre. No solo no es aceptable, sino que es falso.

Hace treinta y cinco años el papa Juan Pablo II recibió en el Vaticano al Presidente de Francia, Valéry Giscard , un hombre de centroderecha, catalogado de derecha dura, profundamente católico, un católico confesional de tres misas diarias. La Iglesia Católica estaba feliz porque reemplazó a Georges Pompidou , con quien no tenía buenas relaciones. Durante su gobierno, a fines de 1970, se discutió en el Parlamento Francés la despenalización del aborto. El presidente Giscard , completamente reacio a ese tema, terminó cediendo. Y cuando el Papa lo interpeló en el Vaticano por lo que entendió como la traición de un católico, Giscard respondió lo siguiente -no he leído nada que interprete mejor a un dirigente político que esta respuesta-: “Yo soy católico, pero también soy presidente de una República cuyo Estado es laico. No tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos, sino que debo procurar que la ley responda al estado real de la sociedad francesa, para que sea respetada y pueda ser aplicada. Como católico estoy contra el aborto; como presidente de los franceses considero necesaria su despenalización.”.

Como diputada de todos los chilenos, voto a favor de las tres causales.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Jenny Álvarez .

La señora ÁLVAREZ (doña Jenny).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los ministros presentes en la Sala.

Hemos tenido un largo debate respecto de este proyecto, que esperamos que otorgue el derecho, la libertad y la responsabilidad a las mujeres para decidir sobre sus vidas.

Los argumentos que han manifestado mis colegas a favor de la despenalización del aborto en las tres causales que todos conocemos han sido significativos y contundentes. Son la expresión de la realidad actual que viven las mujeres de nuestro país, a las que se les juzga, criminaliza y condena por actos que escapan a su propia voluntad.

Pero, sobre todo, y lo digo como mujer, me preocupa el estereotipo de debilidad, vulnerabilidad, descriterio e incapacidad que se ha creado respecto del género femenino a través de la historia de la humanidad, y que, con valentía, muchas mujeres de todos los tiempos han combatido. Sin embargo, hay quienes aún quieren mantener en el siglo XXI la idea de que estamos incapacitadas para decidir respecto de nuestras conciencias, de nuestro cuerpo y de nuestra vida.

(Manifestaciones en las tribunas)

Las mujeres mueven el mundo de la misma manera que los hombres. Aunque siguen existiendo muchas desigualdades de género, hemos demostrado tener competencias para asumir liderazgos, habilidades para manejarnos en distintos rubros de nuestra sociedad, criterio para callar y hablar cuando es necesario, hacer uso de nuestros derechos a elegir nuestros representantes, a casarnos, y a separarnos si no somos felices.

Entonces, ¿por qué razón se nos quiere negar el derecho a decidir?

(Manifestaciones en las tribunas)

¿Por qué nos quieren imponer una ideología, cuando tenemos la capacidad para elegir lo que creemos que es bueno para nosotras?

(Manifestaciones en las tribunas)

Este proyecto no promueve el aborto libre, como han querido establecer algunos grupos conservadores, sino los derechos de la mujer,…

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Silencio en la Sala.

Continúe, diputada.

La señora ÁLVAREZ (doña Jenny).-

El proyecto, sobre todo, valora a la mujer, su libertad, su inteligencia, su dignidad.

Porque soy mujer, apoyo este proyecto en las tres causales.

(Aplausos en las tribunas)

Asimismo, hago un llamado a mis colegas a que también lo aprueben, para terminar con una injusticia que condena a una mujer inocente a vivir como si fuera culpable.

He dicho.

-Aplausos en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

En el tiempo de la bancada del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Santana .

El señor SANTANA.-

Señor Presidente, hoy estamos debatiendo este proyecto de ley a minutos de que sea aprobado por la Cámara de Diputados.

Se trata de una iniciativa que varios colegas han fundamentado definiendo valores, definiendo conciencia; otros lo han hecho señalando que tiene una apreciación positiva por parte de la mayoría de la ciudadanía.

Se han mencionado encuestas que señalan que las personas de distintas corrientes políticas, de diferentes visiones religiosas están mayoritariamente a favor de las tres causales para abortar.

En esa línea, tendríamos que pensar que es importante dar una señal en el mismo sentido de lo que la mayoría de la gente aprecia. Sin embargo, pienso que este es un tema tan profundo e importante que nuestro voto tiene que orientarse en función de aquello en lo que creemos: el derecho a la vida y a la protección de estos niños indefensos, que con ninguna de las tres causales tienen posibilidad de vivir.

Por supuesto que se trata de una situación extrema el que esté en riesgo la vida de la madre embarazada. Pero en Chile ya existe el sentido del bien superior, que es proteger la vida de la madre; por lo tanto, no es relevante legislar sobre este punto, porque el derecho y los procedimientos y protocolos médicos ya lo resolvieron.

También se habla de inviabilidad del feto. Ayer, el diputado Fuenzalida se refirió a un estudio que señala que el 70 por ciento de los diagnósticos de malformación congénita son erróneos. Eso significa que el aborto de siete de cada diez niños por esa causal constituirá asesinato, porque, conforme a lo que señala la propia ley en proyecto, dicho procedimiento no corresponde.

(Aplausos en las tribunas)

Y ello sucederá por la irresponsabilidad del gobierno de fomentar una futura ley en cuya aplicación el sistema público no será capaz de satisfacer la demanda vinculada a ella.

En nuestro país hay 47 médicos que cuentan con la especialidad materno-fetal. Dos tercios de ellos están en Santiago, y la minoría trabaja en el sector público.

Señora ministra, se lo consulto por intermedio del señor Presidente, qué vamos a hacer en regiones donde no existe ningún tipo de especialistas, y menos los de la especialidad materno-fetal; que no tienen centros médicos hospitalarios ni la infraestructura y la tecnología adecuadas. Quién se hace responsable por esos niños que van a morir de manera ilegal. ¿La ley?

Señora ministra, es importante orientar siempre los esfuerzos a la apreciación de la ciudadanía. Pero hoy la ciudadanía, que clama en materia de salud pública, en materia de derechos, en materia de igualdad, en materias de garantías para la vida, también reclama que en los hospitales hay gente que muere porque no es atendida en el momento oportuno, pues esos establecimientos no tienen los especialistas que se requieren y al minuto de trasladarse a otros recintos que sí cuentan con ellos, fallece.

También hay que resguardar ese derecho.

Mientras hoy se aprueba el presente proyecto de ley, ocho de cada diez chilenos afuera del Congreso Nacional evalúan negativamente a este gobierno, pues no se halla en sintonía con la demanda y las necesidades reales de nuestro país.

La oposición presentó indicaciones al proyecto. Una de ellas se refería a la causal de la violación y proponía incentivar la adopción como primera prioridad. Sin embargo, el Ejecutivo no la patrocinó. Le dijo “no” a esa indicación.

Entonces, es legítimo pensar que este proyecto es la puerta de entrada al aborto libre en Chile.

(Manifestaciones en las tribunas)

Esas son las señales que se han entregado. Si se rechazan indicaciones que van en la línea de no fomentar el aborto y de hacer prevalecer y privilegiar el derecho a la vida y, por ende, tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posible, obviamente la señal es que el segundo capítulo de esto será el aborto libre.

Señor Presidente, lo relevante de esto es que como varias de las causales no contarán para su invocación de los elementos técnico-profesionales necesarios y habrá diagnósticos equivocados, se constituirá un delito equivalente al parricidio…,

(Manifestaciones en las tribunas)

…el cual se castiga con cadena perpetua calificada (mínimo cuarenta años de cárcel).

Este proyecto de ley da la impresión de ser una visión en el sentido de “ojos que no ven, corazón que no siente”, porque quizás les sea más fácil quitarle la vida a alguien que está por nacer, que a alguien que les esté mirando a los ojos.

(Manifestaciones en las tribunas)

Señor Presidente, nosotros votaremos en contra la idea de legislar y todas las indicaciones.

He dicho.

-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

En el tiempo de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin.

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, estamos discutiendo el proyecto más complejo en el que me ha tocado participar desde que formo parte de la Cámara, porque involucra bienes jurídicos protegidos de la mayor entidad, como la vida y la integridad física y psíquica de las personas. También, porque inevitablemente afloran nuestras más profundas convicciones políticas, morales y, por qué no decirlo, religiosas.

Por lo mismo, resulta fundamental hacer nuestro mayor esfuerzo para abordarlo alejados de pasiones, sin caricaturas, con altura de miras y con el máximo respeto entre unos y otros. Sin embargo, uno aborda este debate desde lo que es, desde sus principios, desde su mirada, pero con el objetivo de aportar a un discernimiento colectivo, en búsqueda del bien común de la sociedad, no para imponer nuestras propias convicciones éticas o morales a los demás.

Dicho esto, quiero analizar la primera gran interrogante que se ha planteado en relación con este proyecto: su constitucionalidad.

El artículo 19, número 1°, de la Constitución Política prescribe que la ley protege la vida del que está por nacer, esto, más allá del legítimo debate que se ha planteado sobre si el nasciturus es o no persona, o desde cuándo es persona. No hay duda de que estamos frente a vida humana en desarrollo, que merece protección jurídica de acuerdo a lo que prescribe nuestra Constitución Política.

Dicho esto, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Es la sanción penal el único medio para cumplir ese mandato de nuestra Carta Fundamental? A mi juicio, la respuesta es clara: no lo es, señor Presidente. Para llegar a esa respuesta basta leer las actas constitucionales, donde se establece que no se logró acuerdo para incorporar una prohibición del aborto en la Constitución.

Por eso se llegó a la disposición contenida en el número 1° del artículo 19 de la Constitución Política. Por lo demás, debemos recordar que la Constitución de 1980 convivió perfectamente con el aborto terapéutico sin inconvenientes hasta 1989.

La sanción penal no solo no es la única forma de protección jurídica de la vida del que está por nacer, sino que ha demostrado ser claramente ineficaz, porque en Chile hay aborto; hay aborto clandestino, que en la mayoría de los casos es inseguro y deja a la mujer en la más absoluta soledad.

Quisiera que la mujer se inhibiera de abortar y que continuara su embarazo, aun frente a esas tres causales, pero quiero que lo haga no por temor a la sanción penal, sino porque la sociedad le brinda las condiciones necesarias para hacerlo con la dignidad que corresponde, otorgándole todo el apoyo necesario.

Por ello, para nosotros resulta tan importante el programa de acompañamiento biopsicosocial incorporado en este proyecto, que garantiza, en primer lugar, que la mujer podrá disponer de toda la información pertinente y objetiva que le resulte necesaria para tomar la decisión de continuar con su embarazo o interrumpirlo, ofreciéndole además todas las opciones disponibles, entre ellas, la de la entrega en adopción. Luego, acompañándola en los aspectos médico, psicológico y social durante todo el proceso, incluso hasta después del parto o de la interrupción, según sea la opción que tome, porque creemos que el Estado no puede despenalizar el aborto en las tres causales que hemos descrito y luego abandonar a su suerte a una mujer enfrentada a situaciones tan extremas como las que allí se contemplan; al contrario, debe acogerla, acompañarla como corresponde.

Esa también es una forma de proteger la vida del que está por nacer.

Sorteado -a nuestro leal saber y entender- el dilema constitucional, abordamos este proyecto desde la perspectiva en que Kant lo hacía al relevar la importancia de los derechos humanos. Kant creía en el valor absoluto de la persona en sí misma, lo que llamamos dignidad, y es lo que nos obliga a tratar a los seres humanos como fines en sí mismos y no como medios.

Así como le reconocemos dignidad al que está por nacer, no podemos negarle esa misma condición a la mujer, a la madre que enfrenta una situación límite, extrema, excepcionalísima, como es el riesgo de su propia vida o mantener en su vientre, hasta el parto, un feto que padece una enfermedad de carácter letal, es decir, incompatible con la vida.

Tampoco le podemos negar esa condición de dignidad a la mujer que ha sido víctima de una violación y que, además del sexo obligado, se le pretende someter a una maternidad obligada producto de esa brutal agresión sexual. La mujer también es fin y no medio; también tiene dignidad.

Qué duda cabe de que si una mujer toma la decisión de continuar su embarazo, enfrentada a una de esas tres causales, merece no solo todo nuestro reconocimiento, apoyo y respeto, sino también nuestra admiración, porque ella está optando por una actitud heroica, y el heroísmo siempre hay que admirarlo y reconocerlo; pero no me parece razonable exigir por ley ese heroísmo a las mujeres.

Tampoco me parece razonable que, al abordar este proyecto desde la perspectiva de la dignidad humana, el Estado aplique su máxima expresión de poder, que es el poder punitivo del derecho penal, mediante la aplicación de pena privativa de libertad, de cárcel, a la mujer que, enfrentada a una de esas tres situaciones, toma la opción de interrumpir su embarazo.

Hay quienes, compartiendo esto, legítimamente no están de acuerdo con que se genere una prestación de salud no punible frente a una de esas tres causales. Señalan, en cambio, que se debieran crear eximentes de la responsabilidad penal. Aquello me parece técnicamente correcto, pero una vez más aparecen en mi razonamiento la dignidad y la humanidad. No me parece una solución digna ni humana decir a las mujeres que se encuentran ante una situación excepcionalísima, como las contempladas en este proyecto, que para interrumpir su embarazo deban hacerlo en la clandestinidad y que si son sorprendidas, irán a juicio, pero no a la cárcel.

Eso no me parece ni digno ni humano como una solución para la mujer.

Este proyecto ha sufrido múltiples cambios, impulsados preferentemente por diputados de mi bancada, quienes lo han hecho un proyecto acotado, que contempla acompañamiento e investigación penal del delito de violación en la tercera causal. Solo me parece rechazable la modificación procesal del artículo 4°, en relación con la obligación de denuncia en caso de aborto fuera de esas tres causales.

Finalmente, me referiré a la virtud cristiana de la compasión, que no es sino el sentimiento de tristeza que produce ver padecer a alguien y que nos impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo.

Señor Presidente, por compasión, en virtud de la dignidad humana y por un profundo sentido de humanidad, me parece que no podemos privar de libertad a una mujer sometida a una situación extrema, límite y dolorosa, como las contempladas en esas tres causales.

Por eso, votaré favorablemente las tres causales de este proyecto.

He dicho.

-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Osvaldo Andrade .

El señor ANDRADE.-

Señor Presidente, hemos asistido a un debate apasionado, caluroso. Será así toda vez que haya valores de por medio. La democracia chilena está madura para estos debates, incluso para escuchar gritos.

Desde el paroxismo de algunos, la coprolalia de otros, la mesura y la prudencia de la sensatez, hemos tenido un buen debate, largo e interesante.

Ha habido posiciones radicales, polarizadas; pero no quiero incurrir en el mismo error. Simplemente quiero decir que tal vez el debate nos ha permitido encontrar la solución. ¿Sabe cuál es la solución, señor Presidente? La mujer, su dignidad, su libertad, su amor; esa es la solución de esto y, en consecuencia, hay que reconocerle a ella ese valor.

A quienes están por que la decisión que finalmente tome sea en una dirección, los invito, los conmino respetuosamente a que hagan el mayor esfuerzo en esa dirección, y si el programa de acompañamiento es insuficiente, dotémoslo de mayores instrumentos, de mayores recursos. Hagamos lo que hay que hacer, pero respetemos su decisión. La solución está en la mujer.

La historia que hemos vivido, con la decisión y la discusión sobre el divorcio, la discusión sobre el voto de la mujer, etcétera, está plagada de situaciones de esta naturaleza; pero finalmente la solución ha sido una y única: la dignidad de la mujer.

Con la información y con el programa de acompañamiento necesarios, confiemos en que tomarán la mejor decisión con esa combinación. Si es una u otra, respetémosla; no la penalicemos, porque eso sería un tremendo error.

La sociedad y el Estado no pueden conminar a la mujer a tomar una decisión que afecte su dignidad. Confiemos en ellas.

Insisto, pido a todos que confiemos en la mujer chilena, porque sabrá tomar la mejor decisión. Nosotros no tenemos la capacidad de tomar esa decisión por ellas.

Por eso, votaré a favor el proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, hoy discutimos un proyecto dolorosamente falso. Esta es una discusión mentirosa, falaz y llena de eufemismos. La iniciativa es un engranaje más dentro de la máquina ideológica de la izquierda, que busca instalar una refundación política, moral y social en nuestro país; pero vamos a denunciar este engranaje lleno de mentiras.

Primera mentira. El proyecto es necesario para la salud pública.

Escuché prácticamente todas las intervenciones de los diputados que están a favor del aborto. Me ha quedado claro que lo que hay detrás es una reivindicación de las agendas de la izquierda, la que además aprovecha de ocultar el fracaso político de este pésimo gobierno.

Se pone urgencia a un tema que no tiene mayor complejidad desde el punto de vista de la salud pública. La mortalidad materna en Chile es prácticamente cero, de las más bajas del mundo. El problema de salud está en la pésima gestión del sector y en los niveles críticos que ha alcanzado el gobierno. Por eso es una mentira que el proyecto es necesario para la salud pública.

Segunda mentira. Se criminaliza todo tipo de aborto.

Los parlamentarios abortistas y el gobierno saben que no es así. Lo que está penalizado en Chile es el aborto malicioso, porque si un médico actúa para salvar la vida de una madre y muere el hijo debido a eso, se aplica el principio del doble efecto. Lo que busca el gobierno de forma intencional y falaz es legalizar el aborto en nuestro país, porque hoy existen protocolos para la preeclampsia y para los embarazos ectópicos.

En consecuencia, sus argumentos son de mala fe política.

Tercera mentira. Se dice que llevamos veinticinco años sin discutir este tema en democracia. Sin embargo, se ha discutido en reiteradas ocasiones. En 2012 se rechazaron en el Senado tres proyectos de ley similares a este, porque esa vez contamos con los votos de senadores de la Democracia Cristiana.

Aprovecho de agradecer a los pocos diputados de la Democracia Cristiana que han sido consecuentes, pero no a quienes han sucumbido servilmente a las ideas de izquierda.

Cuarta mentira. La entonces ministra Helia Molina perdió su cargo por decir que hay clínicas cuicas donde se realizan abortos. Sin embargo, ninguno de los diputados de enfrente ha sido capaz de salir del hemiciclo para señalar dónde se practican los abortos. ¡Sean valientes, sean coherentes! ¡Denúncienlos! De lo contrario, son cómplices de los abortos que se realizan en Chile.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Un momento, diputado Coloma .

Hago un llamado a la responsabilidad. Estamos a minutos de culminar un debate que ha durado un día y medio; pero, por la bulla que producen las personas que ocupan las tribunas, no se escuchan las intervenciones de quienes representan a la gente en la discusión del proyecto de ley.

Diputado Coloma , puede continuar.

El señor COLOMA.-

Quinta mentira, señor Presidente. No se legaliza, sino que se despenaliza el aborto.

¿Creen que los chilenos son tontos? El mismo proyecto de ley habla de los requisitos que debe tener el personal médico y de cómo establecer la objeción de conciencia. Es decir, en poco tiempo más los diputados que están enfrente pedirán que esta prestación figure en el arancel Fonasa , que el aborto entre al AUGE o que la Superintendencia de Salud obligue a las isapres a cubrirlo.

Es el mismo debate que se dio en España en los años 80, donde se llegó prácticamente al un millón de abortos. Cuando se legalizó de manera definitiva, ese número no aumentó, porque la mentira y la trampa ya estaban hechas.

Sexta mentira. En 1989 se derogó el aborto terapéutico, que estaba permitido en nuestra legislación.

¡Es una falsedad del porte de una casa! Entre 1931 y 1989 estaba especificado el principio del doble efecto. Me imagino que quienes han dado ese argumento no se dieron el tiempo para leer lo que figura en el Código Sanitario. El principio de doble efecto hoy existe en Chile. No es otra cosa que, como principio no deseado, un médico termine ocasionando la muerte de un hijo por salvar la vida de una madre.

Tengo plena convicción de que este es un proyecto ideológico y no de salud pública; es innecesario jurídicamente y profundamente discriminatorio. La misma izquierda que se llena la boca hablando en contra de la discriminación, hoy categoriza dos tipos de personas: a las que se les aseguran todos los derechos y las que no tienen ninguno.

Hago expresa reserva de constitucionalidad respecto del artículo 1° y a sus tres causales, por oponerse al artículo 19, números 1° y 2°, de la Carta Fundamental.

Seamos sinceros: el gobierno no está presente en la Sala porque le importe la salud pública. Si fuera así, habrían leído las declaraciones del ministro Eyzaguirre , que se encuentra con nosotros, cuando señaló en septiembre del año pasado que la gestión en salud es inaceptable, lo que es efectivo. Sin embargo, tenemos ministros que están presentes en la tramitación del proyecto de ley de aborto, cuentan votos o convencen a los últimos diputados indecisos para obtener el resultado que desean en esa materia. No están ocupados en resolver lo que importa de verdad, como las listas de espera, la construcción de hospitales o la falta de especialistas, porque eso es mucho más difícil que aprobar una iniciativa de ley.

Mentira tras mentira. El derecho al aborto no existe, porque no es exigible oponer una vida a otra; el ser humano tiene una dignidad inherente e inviolable. ¡Qué no se les olvide!

Si ustedes creen en el proyecto, ¿por qué establecer el aborto solo en tres causales? Los invito a decir lo que de verdad piensan. Ustedes no quieren aborto en tres causales, solo quieren aborto; basta con escuchar los aplausos de la gradería. Esa es la verdad: ¡Quieren aborto libre!

Señor Presidente, nos oponemos a falacias y a mentiras. Nos llenan con cifras, con argumentos de técnica médica, con normas procesales y con un programa de acompañamiento insignificante, pero no son más que píldoras para limpiar conciencias.

El proyecto busca redefinir la dignidad humana, pero terminará develando a quiénes respetan la naturaleza humana y a quiénes están dispuestos a transar a los niños y niñas como moneda de cambio por una agenda política.

Emplazo a la izquierda a que deje de mentir; que digan que no están por defender la dignidad de los niños y que quieren aborto libre, como está escrito en los carteles de los simpatizantes y miembros del Partido Comunista que ocupan las graderías. Los invito a que lo digan acá, ¡pero no se atreven!

Señor Presidente, el proyecto establece categorías de personas: las que están por nacer y las ya nacidas. Llama profundamente la atención, por ejemplo, que se permita la objeción de conciencia al médico, pero no al resto de los profesionales o personas que participarán en los abortos. Eso solo busca asegurar el aborto libre en nuestro país.

Finalmente, esta legislación configura un negocio redondo para los que quieren el aborto libre.

Les pido un minuto de atención. Se permite -porque así lo señala el proyecto- la publicidad de las clínicas abortivas.

Por otra parte, se elimina la obligación de denuncia en aquellos casos en que la mujer concurra al centro asistencial con evidentes síntomas de haberse practicado un aborto fuera de las tres causales. Por lo tanto, algunas clínicas dirán: “Aquí se hacen abortos”, pero, al mismo tiempo, se sabrá que no habrá ninguna denuncia.

Esta será la forma en que se legalizará el aborto en nuestro país. Ojalá que se den cuenta, y que aquellos que se dieron vuelta a última hora, luego no vengan a decir que no se lo dijimos.

Como diputado de la UDI, votaré en contra de la totalidad del proyecto, porque creo en la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte natural; porque nuestra conciencia no está en venta ni por una agenda, ni por un programa, ni por unos puntos en las encuestas, ni por un millón de votos. En este punto, la bancada de la UDI tiene absoluta certeza de la defensa total de la vida. Lamentablemente, otras bancadas no pueden decir lo mismo.

Mi conciencia está tranquila porque podré mirar a la cara a cada mujer, a sus hijos e hijas, y reconocer en ella la dignidad de su hijo, desde la concepción hasta la muerte natural.

Votaré en contra por las mujeres chilenas.

Votaré en contra, con la convicción de ser coherente con mis principios y con los de mi partido, y sé que hoy, lamentablemente, no todos pueden decir lo mismo.

Votaré en contra aunque perdamos esta votación, pero no venderemos nuestros votos ni por el poder, ni por un puesto de trabajo en el Estado.

Seguiremos luchando para que en Chile no exista la posibilidad de cometer este horrendo crimen, como lo es el asesinar a un niño indefenso.

Por cada una de las madres y padres, por las hijas e hijos, y por los que están por nacer, voto en contra.

He dicho.

-Aplausos.

El señor VALLESPÍN (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Marco Antonio Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Marco Antonio).-

Señor Presidente, por única vez desde que asumí la presidencia de la Cámara de Diputados, me permitiré hablar desde mi escaño. Me pareció coherente con la necesidad de conducir a toda esta institución y a cada una de sus sensibilidades políticas no hacerlo hasta el día de hoy. Decidí hacerlo no solo porque soy uno de los múltiples autores de los proyectos de ley que se fundieron en el mensaje del Ejecutivo, sino porque este esfuerzo de defender la libertad, la dignidad y la justicia de las mujeres en Chile tiene un largo camino recorrido que hoy es necesario reconocer.

Quiero destacar el esfuerzo realizado, desde 1989, por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, que lucharon para que llegara este día, en que culminamos un debate ejemplar respecto de un proyecto de ley que es controvertido, pero que, desde mi perspectiva, defiende la libertad y la dignidad de las mujeres de Chile.

La primera vez que tuve contacto con esta realidad, desde el punto de vista profesional médico, fue a pocos días de que la junta de gobierno, como instancia legislativa en nuestro país, definió que el aborto terapéutico era ilegal. En el hospital José Joaquín Aguirre , un día de invierno de 1989, ingresó a la unidad de ginecología y obstetricia una joven de la cual no recuerdo su nombre, y tampoco sería del caso decirlo. Ella se había provocado una interrupción del embarazo en las peores condiciones, utilizando un tallo de perejil, por lo que ya tenía declarada una infección generalizada, una septicemia.

En ese momento teníamos tres temores. El primer temor era que esa mujer muriera producto de haberse realizado el aborto en las peores condiciones imaginables, desde el punto de vista sanitario. El segundo temor era que perdiera su útero -situación que, lamentablemente, ocurrió- si es que salvaba su vida.

Sin embargo, el tercer temor era aquel que no tenemos que aceptar, porque viola la dignidad de la mujer chilena, de sus familias y de los equipos profesionales que están a cargo en las unidades de ginecología y obstetricia de los establecimientos que atienden a las mujeres más pobres de Chile: si el próximo jefe de turno decidía dar cumplimiento a la ley, debía hacer la denuncia a Carabineros, para que una vez dada de alta la paciente, fuese detenida.

Ese temor de criminalizar una decisión que corresponde evidentemente a la mujer, decisión que de por sí es dolorosa, desgarradora y críticamente terminal, no merece que lo vivan las mujeres, sus familias y tampoco los técnicos y profesionales de la salud.

En la tramitación de este proyecto de ley se han hecho afirmaciones que no puedo dejar pasar. Se ha dicho: “Por último, el gobierno militar mataba gente grande. Ustedes quieren matarlos en el vientre materno”. Este es un proyecto de ley que está orientado a defender la vida de la madre. Los casos relacionados con la primera causal, que deben enfrentar alrededor de dos decenas de mujeres al año en nuestro país, nunca más los tendremos que enfrentar una vez que aprobemos el proyecto.

Se ha afirmado también que la despenalización del aborto por tres causales es tan grave como permitir la esclavitud. En este proyecto de ley estamos hablando de libertad, y cuando dotamos de derechos y de libertad a las mujeres chilenas para que ellas decidan respecto de una situación terminal, no puede compararse con la esclavitud.

Reitero: este proyecto de ley defiende la libertad.

Sin embargo, respecto de la causal más importante desde el punto de vista ideológico, ayer se decía: “solo una maquinaria intelectual es capaz de decir que la mujer tiene que decidir sobre su cuerpo”. Quiero afirmar con total responsabilidad que esa posición ideológica, que le pertenece al abogado constitucionalista y exsenador Jaime Guzmán , de exigir a las mujeres ser mártires en el caso de enfrentar alguna de estas causales, es la última de las restricciones ideológicas, una vez aprobado el proyecto que terminó con el sistema binominal, respecto de la cual hoy diremos ¡basta! Han sido 26 años de espera. Esa es la razón de por qué hacemos un reconocimiento a las mujeres presentes.

Hoy enfrentamos una situación que releva la función parlamentaria. Durante muchos años en este hemiciclo una mujer ocupó uno de estos escaños. Ella permanentemente ha dado testimonio de su compromiso con las libertades y con la dignidad de todas las mujeres chilenas; además, ha influido sobre muchos de nosotros por su consecuencia, por su claridad y por su permanente actuar hasta el presente día. Hoy rindo un homenaje a la autora del primer proyecto de ley en esta materia, presentado en 1990: la exdiputada María Antonieta Saa , militante del PPD -mi partido-, a quien agradezco por su influencia y por su consecuencia. Incluso, pese a no ser ya parlamentaria, está presente en las graderías en este momento tan importante en su vida y en las nuestras.

(Aplausos)

Quiero expresar a los parlamentarios que están en contra de este proyecto de ley, que desde hace varios años nos organizamos con instituciones nacionales, en cuyo proceso también recibimos la solidaridad internacional. Hace varios años comenzamos a hacer talleres de valores sobre la dignidad y la libertad, y hemos entrenado nuestras capacidades comunicacionales para enfrentar el dispositivo conservador, que hoy también se desata en Chile, como ha ocurrido en otros países.

En República Dominicana y en El Salvador, este debate está siendo seguido con mucho detalle, porque es posible que en los próximos meses esos dos países también debatan y aprueben el fin de la penalización del aborto terapéutico en esos países de Centroamérica, cuando sea necesario para salvar la vida de la madre, cuando el feto sea inviable o cuando haya violación.

Saludo a los parlamentarios de todo el mundo que nos han manifestado su solidaridad concreta por este día, porque cuando hicimos este esfuerzo, construimos debates y consensos.

Quiero destacar la consecuencia de aquellos democratacristianos aquí presentes que han rendido un homenaje a Eduardo Frei Montalva , el primer Presidente de Chile que aprobó la prevención del embarazo, el uso de métodos anticonceptivos y que fue capaz de brindar una mirada humanista, cristiana y compasiva en los años 60, actitud que hoy quiero relevar.

Este es un día trascendente para el prestigio de la Cámara de Diputados. Nos gustaría tener siempre debates con altura de miras y que la atención de los medios de comunicación estuviese centrada en las decisiones que tomamos en situaciones tan delicadas como esta, en lugar de estar enfrentando aquellas situaciones que enlodan la política. ¡Esta es la política en Chile! ¡El debate con altura de miras! ¡La capacidad de tomar decisiones por nuestras convicciones…!

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor VALLESPÍN (Presidente accidental).-

Pido silencio a los asistentes a las tribunas.

Este es un debate con altura de miras, independientemente de las posiciones que se sostengan.

Por lo tanto, pido respeto y silencio para que el diputado Núñez pueda continuar su intervención.

Puede continuar, señor diputado.

El señor NÚÑEZ (don Marco Antonio).-

Señor Presidente, agradezco la solidaridad expresada por distintas organizaciones nacionales e internacionales, algunas aquí representadas.

Por todo lo expuesto, con orgullo, con satisfacción, con una mirada de futuro y de reencuentro con aquellos que piensan diferente, porque esta vez no vamos a legislar este tema en el Diego Portales , con la puerta cerrada, donde cuatro comandantes en jefe cercenaron el derecho de las mujeres. ¡Este es un debate democrático! Finalmente, anuncio mi voto a favor de las tres causales que contempla este proyecto de ley.

He dicho.

-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.

El señor VALLESPÍN (Presidente accidental).-

Con la intervención del diputado Marco Antonio Núñez , se ha puesto término a las intervenciones de los diputados sobre este proyecto de ley.

Tiene la palabra la ministra directora del Sernam, señora Claudia Pascual .

-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.

La señora PASCUAL, doña Claudia (ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer) [de pie].-

Señor Presidente, hoy estamos avanzando democráticamente en un debate que la sociedad chilena ha esperado durante 26 años, un debate que reconoce la existencia de situaciones que afectan la vida de las mujeres y abre la posibilidad de restituir derechos que antes fueron negados.

Como gobierno, asumimos la responsabilidad de impulsar el proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando hay inviabilidad fetal de carácter letal y cuando el embarazo es producto de una violación, porque estamos convencidas y convencidos de que las mujeres deben tener la opción de decidir.

Desde 1990 a la fecha se han presentado 17 propuestas relacionadas con la interrupción del embarazo por parte de parlamentarias y parlamentarios, con la intención de avanzar en este debate. Sin duda, cada una de esas mociones fue un aporte a la discusión que estamos dando hoy, proponiendo avances y respetando posturas y convicciones diversas. Porque tenemos la convicción de que el Estado no debe imponer posturas, sino respetar las distintas convicciones, creencias y visiones de mundo, hemos presentado este proyecto de ley.

A través de esta iniciativa, nos hemos hecho cargo, como país y como Estado, de un problema social que no podemos seguir ignorando y donde la respuesta que actualmente el Estado ofrece a las mujeres resulta insuficiente. No es aceptable que a las mujeres no se les permita la posibilidad de sobrellevar estas situaciones conforme a sus propias convicciones, creencias, credos, visiones de mundo y decisiones.

Los hechos han demostrado que la penalización absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del embarazo no impiden su práctica. Por el contrario, provocan que esta se realice en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres.

Avanzar en este debate es una clara señal de respeto a los derechos fundamentales de las mujeres y una demostración de que la sociedad chilena está preparada y madura para abordarlo. Esto queda de manifiesto en las más diversas encuestas de opinión pública, que durante los últimos años revelan que más del 75 por ciento de la población apoya la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en cada una de las causales propuestas.

Este proyecto fue concebido por la Presidenta Michelle Bachelet teniendo en cuenta la diversidad de mujeres que habita nuestro país, porque cualquier mujer, adolescente o niña puede verse enfrentada a un embarazo que ponga en riesgo su vida, donde el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal, o que sea resultado de una violación. Todas son realidades de carácter transversal.

En este escenario, el proyecto abre un espacio de discernimiento, donde las mujeres pueden expresar su voluntad, garantiza una prestación de salud segura acorde con su decisión y también garantiza un programa de acompañamiento institucional de apoyo biopsicosocial y respetuoso.

Este proyecto acoge a las mujeres y fortalece el sistema de salud, pues enriquece prestaciones de protección social existentes e incorpora nuevas prestaciones que contribuyan a una atención integral y efectiva.

Hemos buscado establecer un procedimiento y guías claras que generen certezas en los equipos de salud y que sean cumplidos por cada establecimiento, de manera de asegurar a todas las mujeres que podrán acceder a la prestación de salud que corresponda, conforme a su decisión e independiente del territorio donde vivan o de su condición social y económica.

El programa de acompañamiento permitirá acciones intersectoriales de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación de un diagnóstico de inviabilidad fetal de carácter letal, de riesgo de vida de la mujer o producto de violencia sexual, como es el caso de embarazo por violación.

Las diversas realidades de las que se hace cargo este proyecto de ley también consideran que ante un hecho tan brutal y desestructurante como una violación, no todas las mujeres reaccionan de la misma manera. No todas buscan ayuda, no todas denuncian, no todas logran reconocer el hecho como tal.

Por eso, es importante que, regulando de distintas maneras el caso de niñas, adolescentes y mujeres, el derecho y opción de mantener o interrumpir el embarazo esté reconocido.

Es importante destacar en este contexto que, en el caso de las mujeres mayores de edad, se deberá poner en conocimiento del Ministerio Público el delito de violación, con la finalidad de que este investigue de oficio, para perseguir al responsable o a los responsables del mismo. En ningún caso estamos favoreciendo la impunidad del violador.

Lo anterior se complementa con una norma que garantiza que la participación de la mujer víctima en el proceso penal sea siempre voluntaria. Con esta medida se cautela que se pueda perseguir el delito de violación, pero que también se respete a la mujer en su calidad de víctima de delito sexual, evitando su revictimización.

Queremos que las convicciones de todas y todos puedan ser respetadas. Por eso este proyecto regula la objeción de conciencia del médico cirujano o médica cirujana que eventualmente realizaría una intervención para interrumpir un embarazo, resguardando que ello no impida que la mujer pueda tener acceso a la prestación de salud, si así fuera su decisión.

Como se ve, el amplio debate que ha tenido lugar en el Congreso Nacional y en la opinión pública desde que como gobierno presentamos este proyecto, hace ya más de un año, ha contribuido a fortalecer esta iniciativa.

Tanto en la Comisión de Salud como en la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y en la de Hacienda se ha dado espacio a un debate con altura de miras, donde se ha acogido la diversidad de posiciones. Hemos podido escuchar y conocer las opiniones de parlamentarias y parlamentarios, expertas y expertos en diversas materias, ciudadanas y ciudadanos, además de un nutrido grupo de organizaciones de la sociedad civil que tienen distintas opiniones, que, sin duda, han aportado para ampliar la mirada y considerar otras realidades. Agradecemos a todas y a todos quienes han aportado para enriquecer este proyecto desde la diversidad de opiniones.

Precisamente, el sentido de este proyecto tiene que ver con el respeto a los derechos, a las convicciones y a las decisiones de las mujeres que enfrentan un embarazo que pone en riesgo su vida, con inviabilidad fetal de carácter letal o que están embarazadas producto de la violencia sexual. Este es un proyecto de ley que no obliga a nadie, sino que, por el contrario, abre alternativas y reconoce las decisiones de las mujeres.

Hoy tenemos la oportunidad de avanzar y de continuar con un debate que ha sido largamente esperado por la sociedad chilena. Esperamos contar con los votos de las parlamentarias y los parlamentarios para seguir avanzando en este debate y hacer frente a las inequidades, ofreciendo alternativas a las mujeres y un trato digno que, en vez de penalizar, las acoja, acompañe y respete sus decisiones. Las mujeres no pueden seguir esperando. El país no puede seguir esperando.

Muchas gracias.

He dicho.

-Aplausos en las tribunas.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, con la salvedad de los incisos cuarto y quinto del artículo 119 del Código Sanitario, incorporado por el número 1) del artículo 1° del proyecto, por tratar materias propias de ley orgánica constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 44 votos. No hubo abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Corresponde votar en general los incisos cuarto y quinto del artículo 119 del Código Sanitario, incorporado por el número 1) del artículo 1°, que requieren para su aprobación del voto favorable de 67 señoras y señores diputados.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 1 abstención.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvo el diputado señor Flores García, Iván .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular el número 1) del artículo 1°, con excepción de las tres causales contenidas en el inciso primero de ese numeral, cuyas votaciones separadas han sido solicitadas, y de los incisos cuarto, quinto y nuevo inciso sexto, por tratar materias propias de ley orgánica constitucional, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Constitución.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 43 votos. Hubo 1 abstención.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvo la diputada señora Sabat Fernández, Marcela .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular el número 1) del inciso primero del número 1), cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 43 votos. No hubo abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular el número 2) del inciso primero del número 1), cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 46 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Fuentes Castillo, Iván ; Sabat Fernández, Marcela .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular el número 3) del inciso primero del número 1), cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 47 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Browne Urrejola, Pedro ; Lorenzini Basso, Pablo ; Sabat Fernández, Marcela .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular los incisos cuarto, quinto y nuevo inciso sexto del artículo 119 del Código Sanitario, propuesto en el número 1) del artículo 1° del proyecto, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Constitución, que requieren para su aprobación del voto favorable de 67 señoras y señores diputados.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Rechazados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto , Osvaldo ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Chávez Velásquez, Marcelo ; Flores García, Iván ; Walker Prieto , Matías .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular los incisos cuarto y quinto del nuevo artículo 119 del Código Sanitario, incorporado por el número 1) del artículo 1° del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Salud, que requieren para su aprobación del voto favorable de 67 señoras y señores diputados.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 13 abstenciones.

El señor VALLESPÍN (Presidente accidental).-

Rechazados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Browne Urrejola, Pedro ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Fuentes Castillo, Iván ; Lorenzini Basso, Pablo ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Pilowsky Greene, Jaime ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular los incisos primero, segundo y tercero del nuevo artículo 119 bis del Código Sanitario, incorporado por el número 2) del artículo 1° (requisitos para la realización de la intervención en las diversas causales), con las modificaciones propuestas por la Comisión de Constitución.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 41 votos. No hubo abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Corresponde votar los incisos cuarto y final del nuevo artículo 119 bis del Código Sanitario, incorporados por el número 2) del artículo 1° (respectivamente disponen que el jefe del hospital o de la clínica particular donde la mujer mayor de 18 años haya solicitado la interrupción del embarazo por la causal de violación, deberá denunciar el hecho, en el evento de que ella no haya hecho la denuncia, y que la concurrencia de la mujer víctima a las audiencias del proceso penal será siempre voluntaria), con las modificaciones propuestas por la Comisión de Constitución.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 10 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Berger Fett, Bernardo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Edwards Silva, José Manuel ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Santana Tirachini, Alejandro ; Verdugo Soto , Germán .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Corresponde votar la indicación renovada de la diputada señora Claudia Nogueira y de los diputados señores José Antonio Coloma y Nicolás Monckeberg , para agregar al artículo 119 bis, contenido en el número 2) del artículo 1°, los siguientes incisos finales:

“El médico que elabore o ratifique el diagnóstico al que se refiere el inciso anterior a sabiendas de que es incorrecto, injustificado, o que no cuenta con un grado suficiente de certeza exigible para esta clase de diagnóstico, será sancionado con penas de presidio menor en su grado medio a máximo.

Si el diagnóstico es utilizado para realizar un aborto de conformidad con lo que dispone el artículo 119, la pena será aumentada en un grado.

Si el médico elabora o ratifica dicho diagnóstico con negligencia culpable, y este es utilizado para realizar un aborto de conformidad con lo que dispone el artículo 119, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo.”.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 54 votos. Hubo 10 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Carvajal Ambiado, Loreto ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Espejo Yaksic, Sergio ; Farcas Guendelman, Daniel ; Lorenzini Basso, Pablo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Corresponde votar el nuevo artículo 119 ter del Código Sanitario, incorporado por el número 3) del artículo 1°, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Constitución, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 41 votos. Hubo 1 abstención.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jackson Drago, Giorgio ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvo la diputada señora Hernando Pérez, Marcela .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Corresponde votar la indicación renovada del diputado señor Nicolás Monckeberg , para agregar al artículo 1° el siguiente número 4), nuevo:

“4) Agrégase el siguiente artículo 119 quáter:

“Artículo 119 quáter.- Queda estrictamente prohibida la publicidad sobre la oferta de centros, establecimientos o servicios, o de medios, prestaciones técnicas o procedimientos para la práctica de la interrupción del embarazo en las causales de artículo 119.”.”.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 48 votos. Hubo 1 abstención.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio .

-Se abstuvo la diputada señora Girardi Lavín , Cristina .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular los números 1) y 2) del artículo 2° del proyecto.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Kast Sommerhoff, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Sabat Fernández, Marcela .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular el número 3) del artículo 2° del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Salud.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 50 votos. Hubo 1 abstención.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvo el diputado señor Lorenzini Basso , Pablo .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Corresponde votar el nuevo artículo 3°, propuesto por la Comisión de Constitución, cuya votación separada ha sido solicitada, con la siguiente indicación renovada del diputado señor Juan Antonio Coloma : para reemplazar la frase “con ánimo de lucro” por “a cualquier título”.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 60 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Rubilar Barahona, Karla ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Torres Jeldes, Víctor .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular el nuevo artículo 3°, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 44 votos. Hubo 1 abstención.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvo el diputado señor Flores García, Iván .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Excepción a la obligación de denunciar.

Corresponde votar el número 1) del artículo 3º, que pasaría a ser artículo 4º, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Constitución, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 64 votos. No hubo abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Melo Contreras, Daniel ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling , Camila .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

En consecuencia, corresponde votar en particular el número 1) del artículo 3º, que pasaría a ser artículo 4º, en los términos propuestos por la Comisión de Salud.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 57 votos. Hubo 1 abstención.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvo el diputado señor Rincón González, Ricardo .

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Excepción a la obligación de denunciar en el caso de lesiones graves.

Corresponde votar el número 2) del artículo 3º, que pasaría ser artículo 4º, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Constitución, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 62 votos. Hubo 1 abstención.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Melo Contreras, Daniel ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa , Patricio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvo el diputado señor Rincón González, Ricardo .

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

En consecuencia, corresponde votar en particular el número 2) del artículo 3º, que pasaría a ser artículo 4º, en los términos propuestos por la Comisión de Salud.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 58 votos. Hubo 1 abstención.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Saldívar Auger, Raúl ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvo el diputado señor Rincón González, Ricardo .

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Imputación del mayor gasto fiscal del sistema de acompañamiento del Estado.

Corresponde votar el nuevo artículo transitorio propuesto por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 8 abstenciones.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Gahona Salazar, Sergio ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Chávez Velásquez, Marcelo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Santana Tirachini, Alejandro ; Verdugo Soto , Germán .

-Aplausos.

El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente accidental).-

Despachado el proyecto.

VALPARAÍSO, 17 de marzo de 2016

Oficio Nº12.408

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del mensaje, informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, correspondiente al boletín N°9895-11, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en el Código Sanitario:

1. Sustitúyese el artículo 119 por el siguiente:

“Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer, un(a) médico(a) cirujano(a) se encontrará autorizado(a) para interrumpir un embarazo, en los términos regulados en los artículos siguientes, cuando:

1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.

2) El embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal.

3) Sea resultado de una violación, en los términos del inciso tercero del artículo siguiente, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

En cualquiera de las causales anteriores, la mujer deberá manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo. Cuando ello no sea posible, se aplicará lo dispuesto en el artículo 15, letras b) y c), de la ley Nº20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes. En el caso de personas con discapacidad sensorial, sea visual o auditiva, así como en el caso de personas con discapacidad mental psíquica o intelectual, que no hayan sido declaradas interdictas y que no puedan darse a entender por escrito, se dispondrá de los medios alternativos de comunicación para prestar su consentimiento, en concordancia con lo dispuesto en la ley Nº20.422 y en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Si la mujer ha sido declarada incapaz judicialmente por causa de demencia, se deberá obtener la autorización de su representante legal, debiendo siempre tener su opinión en consideración, salvo que su incapacidad impida conocerla.

La voluntad de interrumpir el embarazo manifestada por una adolescente de 14 años y menor de 18 deberá ser informada al menos a uno de sus representantes legales; y si fueren varios, a elección de ella. Si a juicio del médico(a) existen antecedentes que hagan deducir razonablemente que proporcionar esta información al representante legal señalado por la adolescente podría generarle alguno de los riesgos contemplados en el inciso quinto, se informará al adulto familiar o adulto responsable que la adolescente indique. En caso que la adolescente se halle expuesta a alguno de los riesgos referidos, el(la) jefe(a) del establecimiento hospitalario o clínica particular deberá informar al Tribunal de Familia competente para que adopte las medidas de protección correspondientes.

El prestador de salud deberá proporcionar a la mujer información veraz sobre las características de la prestación médica según lo establecido en los artículos 8º y 10 de la ley N°20.584. Asimismo, deberá entregarle información verbal y escrita sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la de programas de apoyo social, económico y de adopción disponibles. La información será siempre completa y objetiva, y su entrega en ningún caso podrá estar destinada a influir en la voluntad de la mujer. No obstante lo anterior, el prestador de salud deberá asegurarse de que la mujer comprende todas las alternativas que tiene al procedimiento de interrupción, antes que este se lleve a cabo y que no sufra coacción de ningún tipo en su decisión. En el marco de las tres causales reguladas en el inciso primero, también se le ofrecerá acompañamiento, tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período siguiente a la toma de decisión, que comprende el tiempo posterior al parto o a la interrupción del embarazo, según sea el caso. Este acompañamiento incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico y en cualquier otro momento de este proceso. En caso de continuación del embarazo, junto con ofrecer el apoyo descrito, se otorgará información pertinente a la condición de salud y activación de redes de apoyo. Este acompañamiento sólo podrá realizarse en la medida que la mujer lo autorice, deberá ser personalizado y respetuoso de su libre decisión. En el caso de concurrir la circunstancia descrita en el número 3) del inciso primero, se proveerá a la mujer de la información necesaria para que pueda presentar una denuncia.

En la situación descrita en el numero 2) del inciso primero, el prestador de salud proporcionará los cuidados paliativos que el caso exija, tanto si se trata del parto como de la interrupción del embarazo con sobrevivencia del nacido.

Para estos efectos, los deberes y obligaciones a que se refieren los dos incisos anteriores se cumplirán, principalmente, mediante las prestaciones vigentes en el momento de la atención en el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial del Sistema Chile Crece Contigo y en el marco del Sistema Intersectorial de Protección Social.

En caso que el acompañamiento no sea ofrecido en los términos regulados en estos incisos, la mujer podrá recurrir a la instancia de reclamo regulada en el artículo 30 de la ley N°20.584. Ante este reclamo, el prestador de salud deberá dar respuesta por escrito dentro del plazo de cinco días hábiles, contado desde el día hábil siguiente a su recepción y, de ser procedente, adoptar las medidas necesarias para corregir las irregularidades reclamadas dentro del plazo máximo de cinco días hábiles, contado desde la notificación de la respuesta. Si la mujer presentare un reclamo ante la Superintendencia de Salud, de ser procedente según las reglas generales, ésta deberá resolverlo y podrá recomendar la adopción de medidas correctivas de las irregularidades detectadas, dentro de un plazo no superior a treinta días corridos.”.

2. Incorpórase el siguiente artículo 119 bis:

“Artículo 119 bis. Para realizar la intervención contemplada en el número 1) del artículo anterior, se deberá contar con el respectivo diagnóstico médico.

En el caso del número 2) del artículo referido, para realizar la intervención deberá ratificarse el diagnóstico por el(la) médico(a) que cuente con las habilidades específicas requeridas. Todo diagnóstico y ratificación deberá constar por escrito y realizarse en forma previa. En caso de que se requiera una intervención médica inmediata e impostergable, podrá prescindirse de la ratificación. Tratándose del diagnóstico de un embarazo ectópico no se requerirá la ratificación para interrumpir el embarazo.

En el caso del número 3) del artículo 119, un equipo de salud, especialmente conformado para estos efectos, confirmará la concurrencia de los hechos que lo constituyen y la edad gestacional, informando por escrito a la mujer o a su representante legal, según sea el caso, y al(a la) jefe(a) del establecimiento hospitalario o clínica particular donde se solicita la interrupción. En el cumplimiento de su cometido, este equipo deberá dar y garantizar a la mujer un trato digno y respetuoso.

En los casos en que la solicitante sea una niña o adolescente menor de 18 años, los(as) jefes(as) de establecimientos hospitalarios o clínicas particulares en que se solicite la interrupción del embarazo procederán de oficio conforme a los artículos 369 del Código Penal, y 175, letra d), y 200 del Código Procesal Penal. Deberán, además, notificar al Servicio Nacional de Menores.

Tratándose de una mujer mayor de 18 años que no haya denunciado el delito de violación, los(as) jefes(as) de establecimientos hospitalarios o clínicas particulares deberán poner en conocimiento del Ministerio Público este delito, con la finalidad de que se investigue de oficio al o los responsables.

En el proceso penal por el delito de violación, la comparecencia de la víctima a los actos del procedimiento será siempre voluntaria y no se podrá requerir o decretar en su contra las medidas de apremio contenidas en los artículos 23 y 33 del Código Procesal Penal.”.

3. Introdúcese el siguiente artículo 119 ter:

“Artículo 119 ter. El(la) médico(a) cirujano(a) requerido(a) para interrumpir el embarazo por alguna de las causales descritas en el artículo 119 podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia al(la) Director(a) del establecimiento de salud, en forma escrita y previa. En este caso, el establecimiento tendrá la obligación de reasignar otro médico(a) cirujano(a) a la paciente. Si el establecimiento de salud no cuenta con ningún(a) facultativo(a) que no haya realizado la manifestación de objeción de conciencia, deberá derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción. El Ministerio de Salud dictará los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia.

Si el(la) médico(a) cirujano(a) que ha manifestado objeción de conciencia es requerido(a) para interrumpir un embarazo, tendrá la obligación de informar de inmediato al Director(a) del establecimiento de salud que la mujer requirente debe ser derivada.

En el caso que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, invocando la causal del número 1) del artículo 119, quien haya manifestado objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo cuando no exista otro(a) médico(a) cirujano(a) que pueda realizar la intervención.”.

4. Incorpórase el siguiente artículo 119 quáter:

“Artículo 119 quáter. Queda estrictamente prohibida la publicidad sobre la oferta de centros, establecimientos o servicios, o de medios, prestaciones técnicas o procedimientos para la práctica de la interrupción del embarazo en las causales del artículo 119.”.

Artículo 2°.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. Agrégase en el artículo 344 el siguiente inciso tercero:

“No constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario.”.

2. Agrégase en el artículo 345 el siguiente inciso segundo:

“No constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario.”.

3. Incorpórase el siguiente artículo 345 bis:

“Art. 345 bis. El que facilitare o proporcionare a otro cualquier órgano, tejido o fluido humano proveniente de aborto o interrupción del embarazo, será penado con presidio menor en su grado máximo, y en el caso de los facultativos médicos se impondrá la pena accesoria de inhabilitación especial del ejercicio de la profesión durante el tiempo de la condena.

Cuando la conducta señalada en el inciso anterior fuere realizada por un facultativo médico en los casos de interrupción del embarazo autorizados por tribunales, la pena se aumentará en un grado y se impondrá la accesoria de inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la profesión.”.

Artículo 3°.- Intercálase, en el inciso primero del artículo 13 bis de la ley N°19.451, a continuación del punto aparte, que pasa a ser coma, la siguiente oración: “así como quien destine, en cualquier momento, con ánimo de lucro o para fines distintos de los autorizados en esta ley, órganos, tejidos o fluidos humanos provenientes de una intervención propia de la interrupción del embarazo.”.

Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley, en su primer año presupuestario, se financiará con cargo a los recursos que se consulten en la Partida 16 “Ministerio de Salud” de la ley de Presupuestos respectiva. No obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con tales recursos. Para los años siguientes se contemplará el financiamiento en las leyes de Presupuestos.”.

*****

Dios guarde a V.E.

MARCO ANTONIO NÚÑEZ LOZANO

Presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

?INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales.

BOLETÍN Nº 9.895.11

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Salud tiene el honor de informar acerca del proyecto de la suma, iniciado en Mensaje de la señora Presidenta de la República. La iniciativa ingresó a tramitación legislativa en la Cámara de Diputados el 03 de marzo de 2015 y pasó al Senado el 22 de marzo del presente año.

La Sala del Senado dispuso que el proyecto, en el trámite reglamentario de primer informe, sea visto por la Comisión de Salud y luego por la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, debiendo pasar a la de Hacienda en el trámite reglamentario de segundo informe.

La opinión de la Corte Suprema acerca de las normas que atañen a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia fue consultada en tres ocasiones durante el primer trámite constitucional. A la fecha está pendiente la respuesta al último oficio, de fecha 15 de marzo del presente año, dirigido al Alto Tribunal por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados. Sin embargo, las disposiciones que hicieron necesario recabar la opinión de la Corte fueron eliminadas del texto que pasó a discusión en el Senado.

El proyecto de ley no contiene normas que requieran un quórum especial de aprobación.

A varias de las sesiones en que estudiamos este asunto asistieron, además de los integrantes de la Comisión, los Honorables Senadores señores Carlos Bianchi Chelech, Alfonso De Urresti Longton, Juan Antonio Coloma Correa, Carlos Montes Cisternas, Ricardo Lagos Weber, Rabindranath Quinteros Lara, Ignacio Walker Prieto y Patricio Walker Prieto, y los Honorables Diputados señores Jorge Sabag Villalobos y Fuad Chahín Valenzuela. Concurrió también el ex Senador señor Mariano Ruiz-Esquide Jara.

La Comisión de Salud ha destinado dieciséis sesiones a las audiencias y el debate en general, en las cuales se ha recibido el parecer de sesenta y cuatro entidades y personas interesadas en el contenido de las disposiciones del proyecto. Sus intervenciones se compendian en un Anexo, que se inserta al final y forma parte del presente informe; las ponencias que los invitados entregaron en papel o en documento digital se han publicado en el sitio web del Senado.

Se recibió a las siguientes organizaciones y personas:

1. Del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: la Ministra, señora Claudia Pascual Grau; la Subsecretaria, señora Bernarda Pérez Carrillo; la Jefa de Gabinete, señora Ángela Parra Muñoz; las abogadas, señora Elisa Walker, Claudia Sarmiento y Natalia Morales; la periodista, señora Bárbara Paulsen, y la Jefa de Prensa, señora Ana María Araneda.

2. Del Ministerio de Salud: la señora Ministra, doctora Carmen Castillo Taucher; el coordinador legislativo, doctor Enrique Accorsi; la Jefa de la División de Atención Primaria, doctora Paz Robledo; el Jefe de la División Jurídica, señor Eduardo Álvarez; los asesores legislativos, señoras Carolina Mora, Paulina Palazzo, Verónica Ahumada, Yamileth Granizo, Yasmine Viera, Teresa Valdés y el señor Pablo Ríos.

3. Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: la Ministra, señora Javiera Blanco Suárez; el Jefe de la División Jurídica, don Ignacio Castillo Val; la asesora señora Renata Sandrini Carreño, y la abogada, señora Tamara Carrera.

4. Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: el Ministro, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán; la Subsecretaria, señora Patricia Silva Meléndez; los coordinadores, señoras Tamara Gargari, Marcia González, Pía Briceño, Vanessa Astete, María Jesús Mella, y señores Giovanni Semería, Exequiel Silva, José Ruiz, Felipe Ponce, Hernán Campos y Guillermo Briceño, y la asesora señora Paola Fabres.

5. De la Universidad de Chile: el Rector, doctor Ennio Vivaldi Vejar; el doctor Ramiro Molina Cartes; la abogada señora Cecilia Medina, y la psicóloga señora Irma Palma.

6. De la Pontificia Universidad Católica de Chile: el Rector, doctor Ignacio Sánchez Díaz; el profesor del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho, señor Álvaro Paúl Díaz, y la profesora de derecho, señora María Magdalena Ossandón W.

7. Del Colegio Médico de Chile A.G.: El Presidente, doctor Enrique Paris.

8. Del Colegio de Matronas y Matrones de Chile: la Presidenta, señora Anita Román Morra.

9. De la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología: el Presidente, doctor Omar Nazzal y la señora María José Lorca.

10. De la Sociedad Chilena de Pediatría: la doctora, Rosa Pardo.

11. La profesora de derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, señora Verónica Undurraga

12. El profesor de derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, señor Antonio Bascuñán R.

13. El profesor de derecho de la Universidad Diego Portales, señor Héctor Hernández.

14. El profesor de derecho de la Universidad de Los Andes, señor Gonzalo García P.

15. La señora Nevenka Astudillo y su hijo Etián Araya.

16. La señora Ignacia Valdivieso.

17. De la Corporación Opción: la Directora Ejecutiva, señora Consuelo Contreras, y la abogada señora Camila de la Maza.

18. La socióloga señora Francisca González.

19. Del Observatorio de Género y Equidad: la Directora, doctora María Soledad Barría, y la asesora y periodista, señora Javiera Milla.

20. De Chile Siempre: el Presidente, señor José Francisco Lagos.

21. De la Fundación Gref: el Director, señor Felipe Mujica.

22. De la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas UNE-CHILE: el Vicepresidente, Pastor Eduardo Cid, y el Secretario Ejecutivo, Obispo Francisco Rivera.

23. De la Conferencia Episcopal De Chile: Monseñor Juan Ignacio González Errázuriz, Obispo de San Bernardo.

24. De la Comunidad Judía de Chile: el Rabino, señor Daniel Zang, y el Director Ejecutivo, señor Marcelo Isaacsson.

25. Los doctores señora Ana María Arriagada y señores Fernando Zegers y Mauricio Besio.

26. El gineco obstetra de la Universidad de Los Andes, doctor Sebastián Illanes.

27. La doctora Andrea Huneeus Vergara, médico gíneco obstetra, especialista en ginecolgía infanto juvenil de la Universidad de Chile y Magíster en Salud Pública materno infantil de la U. de California, Berkeley.

28. El doctor Enrique Oyarzún Ebensperger, médico gíneco obstetra, especialista en medicina materno fetal.

29. El doctor Sergio Valenzuela Puchulu, médico gíneco obstetra, magister en bioética, Director del Departamento de Bioética y Humanidades Médicas de la Universidad de Chile.

30. El doctor José Manuel Novoa Pizarro, médico pediatra especialista en neonatología, Jefe de Neonatología en el Hospital Padre Hurtado, Presidente de la rama de Neonatología de la Sociedad Chilena de Pediatría.

31. La doctora Andrea Schilling Redlich.

32. El gineco obstetra, doctor Jorge Becker.

33. El gineco obstetra del Departamento de Obstetricia del Hospital Barros Luco, doctor Pablo Lavín.

34. La psiquiatra de adultos de la Universidad de Chile, doctora María Francisca Decebal-Cuza.

35. El doctor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Elard Koch.

36. El doctor gineco obstetra de la Universidad de Chile, señor Mauro Parra.

37. El Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología de la Clínica de la Universidad de los Andes, doctor José Antonio Arraztoa.

38. Del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral de la Adolescencia: la doctora señora Adela Montero.

39. De Forensik S.A.: el Médico Forense Leonardo González Wilhelm.

40. De la asociación Idea País: el abogado Antonio Correa.

41. De la Fundación Chile Unido: la Directora Ejecutiva, señora Verónica Hoffmann C.; las señoras Nataly Osorio, Cecilia Petau, Catalina Del Piano y Natalia Benavente.

42. Del Programa aCompañar-es: el doctor Jorge Neira; las señoras Sylvia Díaz, Cecilia Berríos, Francisca Neira y Patricia Subercaseaux, y los señores Carlos Fernández y Nicolás Rodríguez;

43. De la Corporación Humanas: la abogada, señora Camila Maturana.

44. De Miles Chile: la Presidenta, señora María Antonieta Saa; la Directora Ejecutiva, señora Claudia Dides; la coordinadora del Área Difusión y Comunicaciones, señora Rosario Puga, y el miembro, señor Rolando Jiménez.

45. De Maternitas: la Directora, señora Patricia Gonnelle; la psicóloga, doctora Liza Flores; la coordinadora señora Patricia Subercaseaux, y las señoras Marta Aravena y Massiel Moreno.

46. De la Corporación Proyecto Esperanza: la Presidenta, señora Elizabeth Bunster; las señoras Paula Aracena y Sandra Fuentes, y la psicóloga, señora Daniela Aguilera.

47. Del Instituto Res Pública: el Director, señor Jorge Acosta, y el coordinador, señor Daniel Medina.

48. De Amnistía Internacional: la Directora, señora Ana Piquer, y la Vicepresidente, señora María Belén Saavedra.

49. Del Movimiento de Mujeres Reivindica: la Presidenta, señora Rosario Vidal.

50. De la Fundación Justicia para Todos: el Director, señor Gustavo Delgado.

51. Del Instituto de Estudios de la Sociedad: el investigador señor Claudio Alvarado.

52. El asesor de la H. Senadora señora Adriana Muñoz d’Albora, señor Leonardo Estradé-Brancoli.

53. De la Fundación Raíces: la Directora, señora Denisse Araya.

54. De la Fundación Jaime Guzmán: El Director Legislativo, abogado don Máximo Pavez.

55. Del Instituto Melisa: el señor Cristián Vargas.

56. De la Catedral Evangélica: el asesor, señor Jaime Paredes.

57. El psiquiatra del Hospital Sótero del Río, doctor Matías Correa.

58. El psiquiatra de la Universidad Finis Terrae, doctor Rodolfo Philippi.

59. De la organización Vamos Mujer: la Consejera señora Verónica Garrido.

60. Del Centro de Estudios Legislativos, Administrativos, Políticos y Económicos (CELAP): la señora Camila Cancino.

61. De la organización para la Investigación, Formación y Estudios de la Mujer (ISFEM): la Vicepresidenta, señora Carmen Croxatto; de la Dirección de Comunicaciones, la señora María Inés Jara.

62. De la Fundación Soñando Chile: el Director, señor Eduardo Boys; la terapeuta ocupacional, señora María Rossi, y el señor Juan Pablo Núñez, del Departamento de Comunicaciones.

63. De la Iglesia Cristiana de Vitacura: el Pastor, señor Juan Manuel Freire; las señoras Cecilia Iturriaga, Nathalia Freire, Daniela Oliva y el señor Juan Eduardo Freire.

64. Del Observatorio Legislativo Cristiano: la Directora, señora Marcela Aranda.

65. Del Ministerio Gobierno y Fe: el Director, señor Christian Yunge.

66. De Firmo por la Vida: la señora María José Aguirre.

67. De Tuiteros por la Vida: la señora Ana María Álvarez.

68. De Juventud Con Una Misión (JUCUM): el señor Daniel Monroy.

69. De la Fundación Familia Unida: las señoras María Paz Hurtado y Catalina Paúl.

70. Del Instituto Igualdad: la asesora Lía Arroyo, y la abogada, señora Rocío Sánchez.

71. De Gira por la Vida: el señor Raúl Olivares.

72. Del Centro UC Familia: la señora Francisca Ibarra.

73. De Familia por la Vida: la señora Liza Flores.

74. De Siempre por la Vida: la señora Isidora Escudero.

75. De Familia Unida: la señora Andrea Gil.

76. Las señoras Claudia Rioseco, Francisca Jofré y Yasmín Gray.

77. De la Fundación San José Chile es Vida: la Directora de Desarrollo e Investigación, señora Virginia Latorre.

78. De Confamilia: las señoras Judith Marín y Yenny Olave.

79. De Humanismo Espiritual: la Comunicadora señora Gabriela Peragallo.

80. De Padres Objetores: el señor Mario Galán.

81. De Mujeres de Blanco por la Vida: la señora Sonia Sánchez.

82. De Juntos por la Vida: el Director, señor Felipe Lange.

83. De la Asociación Chilena de Facultades de Medicina (ASOFAMECH): el Presidente, doctor Antonio Orellana Tobar.

84. De la Biblioteca del Congreso Nacional: Los analistas, señor Eduardo Goldstein Braunfeld y señora María Pilar Lampert Grassi.

85. Los asesores del H. Senador señor Bianchi, señores Claudio Barrientos y Manuel José Benítez.

86. El asesor del H. Senador señor Chahuán, señor Marcelo Sanhueza.

87. Los asesores del H. Senador señor Girardi, señores Eduardo Rossel y Andrés Aguilera.

88. El asesor de la H. Senadora señora Goic, señor Gerardo Bascuñán.

89. El asesor del H. Senador señor Navarro, señor Guillermo Rioseco.

90. La asesora de prensa del H. Senador señor Rossi, señora Laura Quintana.

91. Los asesores de la H. Senadora señora Van Rysselberghe, señores Juan Paulo Morales y Pablo Urquízar.

92. Del Comité PPD: Los asesores, señora Karen Escobar A. y señor Víctor Quezada.

- - - - - - - -

OBJETIVO FUNDAMENTAL Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El proyecto de ley aprobado en general por la Comisión de Salud tiene por objetivo regular la despenalización de la interrupción del embarazo por las siguientes tres causales:

a) Si la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.

b) Si el embrión o feto padece una alteración estructural congénita o genética de carácter letal.

c) Si el embarazo es resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

El proyecto está conformado por tres artículos permanentes y uno transitorio.

- - - - - - -

ANTECEDENTES DE DERECHO

El proyecto en informe se vincula con los siguientes cuerpos normativos:

- Artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

- Artículo 119 del Código Sanitario.

- Artículos 342 a 345, 369 y 494 N° 9° del Código Penal.

- Artículos 23, 33, 175 y 200 del Código Procesal Penal.

- Artículos 8°, 10, 15 y 30 de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.

- Artículo 13 bis de la ley N° 19.451, que establece normas sobre trasplante y donación de órganos.

- Ley N° 20.379, que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e Institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia "Chile Crece Contigo".

- Ley N° 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad.

- - - - - - -

EL MENSAJE PRESIDENCIAL

Expone el Mensaje presidencial que el proyecto en informe materializa un compromiso del Programa de Gobierno y se hace cargo de ciertas experiencias críticas que forman parte de la vida, entendiendo que la vida de una persona comprende tanto su condición biológica cuanto los aspectos sociales y culturales que concurren a constituirla.

Afirma el documento en cuestión que la normativa vigente sobre interrupción del embarazo, que la prohíbe sin excepciones, no responde al trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas y pone a Chile entre los Estados que criminalizan esa interrupción en todas sus modalidades, a saber: El Vaticano, Chile, Nicaragua, El Salvador y Malta.

Agrega que la prohibición absoluta y criminalización de toda forma de interrupción del embarazo no han impedido, ni impiden actualmente, que las mujeres se sometan a dicha práctica arriesgando su salud y su vida.

Sostiene luego el Mensaje que en las situaciones extremas descritas en las causales que autorizan la interrupción del embarazo el Estado de Chile no puede imponer una decisión a las mujeres, ni penalizarlas, sino que debe ofrecerles alternativas que respeten su voluntad, sea que deseen continuar el embarazo u opten por interrumpirlo. Lo cual es consecuencia de que un elemento central de la propuesta es el respeto al derecho de las mujeres a expresar libremente su voluntad al respecto.

Añade que se admite al profesional clínico que interviene directamente en la interrupción del embarazo la posibilidad de ejercer individualmente la objeción de conciencia, porque la condición de Estado laico que caracteriza al chileno reconoce a cada uno el derecho para conducirse de acuerdo con sus convicciones y principios morales, sean religiosos o no.

Luego, consigna una serie de datos sobre la dimensión cuantitativa del aborto en Chile. Los egresos hospitalarios del período 2001 al 2012 registran 395.905 casos de aborto antes de las 22 semanas de gestación, lo que da un promedio de 32.992 casos al año, de mujeres que se encontraban en situaciones críticas. Anualmente se hospitalizan 16.510 mujeres con embarazos de menos de 22 semanas, que corresponden a las situaciones comprendidas en las dos primeras causales que autoriza el proyecto: embarazo ectópico, mola hidatiforme, otros productos anormales de la concepción, complicaciones consecutivas al aborto y embarazo molar.

Expresa el Mensaje que los registros no dan cuenta de la totalidad de los casos, porque la penalización del aborto en toda circunstancia determina que ellos no sean informados. Los sistemas de salud enfrentan de diversas maneras los cuidados ofrecidos a las mujeres en estos casos, lo que genera inequidades dependientes del nivel de ingresos de las personas.

Informa que de acuerdo con los datos provenientes del Ministerio de Salud, de las 54 mujeres, de entre 15 y 44 años de edad, que el año 2012 murieron durante la gestación, el 40% presentaba una patología médica concomitante y el 22,5% manifestó condiciones clínicas que determinaron su fallecimiento. Un porcentaje significativo de ellas habría podido salvar su vida si la interrupción del embarazo hubiera sido tratada clínicamente.

Por lo que hace a la segunda causal que autoriza el proyecto, informa el Mensaje, anualmente se constatan alrededor de 500 casos de muerte por alteraciones estructurales incompatibles con la vida extrauterina, de un universo asumido de 250.000 partos al año. En el período 2004 al 2012, el promedio anual de niños menores de 28 días fallecidos por esta causa es de 465 casos, lo que se estima concordante con las cifras de muertes maternas.

Por último, en lo atingente a las causales admitidas por el proyecto, se consigna que no existen datos que permitan dimensionar el número de embarazos que tienen por causa la violencia sexual, que no todos los casos son denunciados y que probabilísticamente se puede deducir que sólo el 10% de las violaciones producen un embarazo.

Cita a continuación diversas encuestas y estudios de opinión pública que revelan un amplio respaldo ciudadano a la necesidad de despenalizar la interrupción del embarazo por las causales propuestas.

Se ocupa a continuación el Mensaje de las políticas públicas en materia de salud de la mujer y señala que ya en la década de los años 30 del siglo pasado se manifestaba la urgencia de contar con métodos anticonceptivos y con una regulación tendiente a evitar el aborto clandestino y sus graves consecuencias, lo que se concretó en el Código Sanitario de 1931[1] y que el Código de 1967 mantuvo[2].

Da cuenta de que en 1960 la mortalidad materna alcanzaba una tasa de 299 por 100.000 nacidos vivos, en que más de un tercio correspondía a abortos inducidos y clandestinos. A partir de esa década se desarrolló una política de planificación familiar y educación sexual, a cargo de los Ministerios de Salud y de Educación.

La interrupción del embarazo fue reconocida hasta el año 1989, consigna el Mensaje, cuando en las postrimerías de la dictadura la Junta de Gobierno estableció la prohibición en toda circunstancia que rige hasta el día de hoy.

Durante la década de los años 90 del siglo XX la salud sexual y reproductiva se incorporó entre las 16 prioridades de salud del país y se implementó las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad (JOCAS).

La ley N° 20.379, de 2009, integró a los niños en el sistema público de salud, desde el primer control de gestación hasta el ingreso al sistema escolar, y la ley N° 20.418, de 2010, estableció por primera vez el deber del Estado de garantizar el acceso a los mecanismos de regulación de la fertilidad que la persona decida para sí, incluida la anticoncepción de emergencia, y que estudiantes de enseñanza media reciban educación en sexualidad.

Corolarios de este proceso son 1.368.298 de mujeres usuarias de métodos de regulación de la fertilidad atendidas en el sistema público de salud en 2013; 99,7% de los partos son atendidos por profesionales de la salud; una clara caída en las tasas de fecundidad y de mortalidad materna, y que la mortalidad neonatal, si bien se ha estancado en el último decenio, con 18 fallecidos por 100.000 nacidos vivos, es una de las más bajas del continente.

Reconoce a continuación el Mensaje numerosas iniciativas parlamentarias propuestas entre 1991 y 2014, para legislar en la materia, acervo que recoge e incorpora el presente proyecto de ley.

Menciona asimismo, entre los fundamentos de la proposición que formula, que nuestro país no puede sustraerse a las recomendaciones de organismos de protección de los Derechos Humanos postergando por más tiempo una decisión, ni puede continuar soslayando la grave vulneración de derechos que la situación actual de nuestra legislación supone. Acota que denegar la interrupción del embarazo mediante la amenaza de una pena privativa de libertad, en circunstancias en las cuales no es exigible a una mujer que continúe un embarazo puede constituir una vulneración de sus derechos fundamentales y significa incumplir obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile en orden a garantizar a las mujeres el pleno goce de sus derechos a la vida y a la integridad física y síquica.

A este respecto cita numerosas recomendaciones de organismos de las Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Humanos.

Explica el Mensaje que hay tres modos en que la legislación comparada se aproxima a la interrupción del embarazo: el sistema de plazos, el indicaciones o causales y el mixto. El primero no exige justificar un motivo; el segundo señala situaciones específicas en que debe hallarse la mujer, y el tercero, además de fijar un plazo contiene causales que permiten la interrupción fuera de él.

Se fundamenta también el proyecto, asevera el Mensaje, en el respeto a la vida digna de la mujer y la del que está por nacer. Así, no obliga a interrumpir un embarazo, sino que ofrece opciones para que la mujer que se encuentre en una situación extrema pueda adoptar una decisión acorde con sus convicciones personales, sin estar conminados ella y el facultativo con una pena, en caso de no perseverar en el embarazo. Esa decisión debe ser respetada, cualquiera que sea.

La interrupción del embarazo se consagra como una legítima prestación de salud, sin lo cual la norma sería irrelevante y se perpetuaría la desigualdad basada en la condición económica y social.

El proyecto contiene normas especiales para las niñas y adolescentes. A las mayores de 14 años de edad y menores de 18, a las cuales el Código Penal atribuye responsabilidad penal y, al mismo tiempo, les admite autonomía sexual, mediando su consentimiento, se les reconoce una autonomía limitada para decidir en materia de interrupción del embarazo, pero dando conocimiento a sus representantes legales u otro adulto. A las menores de 14 años se les reconoce un legítimo espacio de discernimiento, ya que ellas deberán sobrellevar las consecuencias de la decisión, pero debe intervenir la autorización del representante legal u otro adulto responsable. En subsidio, en el texto del Mensaje se contempla que pueda autorizar el Juez de Familia. Si la violencia sexual que ha afectado a estas menores se ha dado en el contexto familiar, se puede prescindir de la autorización del representante legal de la menor de 14, y acudir al Juez de Familia para dicho efecto, si los antecedentes muestran que ella quedará expuesta a violencia intrafamiliar, coacción, amenaza o abandono.

En lo tocante al prestador de salud, se consigna la obligación de proporcionar información para la decisión de la mujer, en concordancia con la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, incluyendo alternativas a la interrupción del embarazo; se consagra también el deber médico de constatar las causales mediante un diagnóstico certero, sin descuidar los casos en que se requiere una intervención inmediata e impostergable; se hace primar la protección y bienestar de la mujer víctima de violencia sexual, caso en el cual la prestación médica demandada no queda sujeta al resultado de un eventual proceso penal; se privilegia el deber médico de confidencialidad por sobre el deber de denuncia, para prevenir que la mujer se vea inhibida de entregar información fidedigna sobre su estado de salud, por una posible sanción penal, y se reconoce al médico cirujano que interviene, en tanto persona natural, el derecho a la objeción de conciencia, si la interrupción del embarazo pone en juego sus convicciones profundas, evento en que debe derivar a la mujer a un profesional que no esté afectado por dicha objeción. Esto último admite una excepción, cual es, que la interrupción se requiera de modo inmediato o impostergable y no exista otro médico que pueda realizarla.

- - - - - - -

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El artículo 1° modifica el Código Sanitario, en el cual, mediante cuatro numerales, sustituye el artículo 119 e incorpora tres nuevos preceptos: los artículos 119 bis, 119 ter y 119 quáter.

El numeral 1, que reemplaza el artículo 119 del Código, autoriza a un médico cirujano para interrumpir un embarazo, mediando la voluntad de la mujer, si concurre alguna de tres causales, a saber:

1) Que la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.

2) Que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal.

3) que sea resultado de una violación, en los términos del inciso tercero del artículo siguiente, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

Los ocho incisos que siguen se refieren a la forma en que la mujer debe manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo y al procedimiento a seguir en el caso de que ello no sea posible o se trate de personas con determinada discapacidad o declaradas en interdicción por demencia; a la información que debe darse a un representante legal, un familiar o un adulto responsable, tratándose de una adolescente de 14 años de edad y menor de 18, con la debida salvedad, si ella puede quedar expuesta a un riesgo de los que se describen más adelante, eventualidad en que se informará al Tribunal de Familia, para que adopte medidas de protección de la menor; asimismo, se regula la forma y contenido de la información que el prestador de salud debe proporcionar a la mujer, acerca de la prestación misma, sobre alternativas a la interrupción del embarazo y sobre los programas de apoyo disponibles, información que debe ser comprendida por la mujer y no puede estar destinada a influir en su decisión; por último, se establece el deber del prestador de proporcionar cuidados paliativos, en el caso de la segunda causal del inciso primero de este artículo y sobre el procedimiento con que se ventilará el reclamo que puede interponer la mujer en el caso de que el acompañamiento no se ofrezca en los términos definidos por la norma.

Cabe hacer notar que en el inciso cuarto del artículo 119 se incurre en una inexactitud en la remisión al “inciso quinto”, por lo que en la discusión particular habrá que completar la norma integrando en ella los riesgos mencionados en el inciso cuarto del artículo 119 propuesto en el Mensaje, disposición que desapareció como resultado de las enmiendas aprobadas por la Cámara de Diputados.

El numeral 2 incorpora al Código un artículo 119 bis, nuevo, que fija los requisitos para realizar la intervención contemplada en cada una de las causales del artículo 119.

Para intervenir en el caso de la primera causal, se requiere un diagnóstico médico. En el caso de la segunda, también debe haber un diagnóstico, ratificado por un especialista que cuente con las habilidades específicas requeridas, debiendo ambos ser previos a la intervención y constar por escrito; sin embargo, es posible prescindir de la ratificación, si la intervención requerida debe ser inmediata e impostergable y si el embarazo es ectópico. Tratándose de la tercera causal, la concurrencia de los hechos que la constituyen y la edad gestacional deben ser confirmados por un equipo de salud formado al efecto, de lo cual se informará por escrito a la mujer, a quien se le debe garantizar un trato digno y respetuoso; si la solicitante es una niña o una adolescente menor de 18 años o una mujer mayor que no haya denunciado la violación, el jefe del establecimiento donde se ha solicitado la intervención debe denunciar el hecho y notificar al Servicio Nacional de Menores. En los procesos penales por violación la comparecencia de la víctima al procedimiento será siempre voluntaria y el apremio de citación no procede en su contra.

El numeral 3 introduce en el Código Sanitario un artículo 119 ter, nuevo, sobre la objeción de conciencia que puede esgrimir el médico cirujano requerido para una interrupción del embarazo, actuación que debe efectuar en forma previa y por escrito, ante el director del establecimiento de salud. En tal caso, el establecimiento está obligado a asignar a la paciente otro médico cirujano o, si no cuenta con un facultativo que no haya formulado la objeción de conciencia, a derivarla de inmediato. La objeción de conciencia no procede en el caso de la primera causal del artículo 119, si la mujer requiere atención médica inmediata e impostergable, cuando no exista otro médico cirujano que pueda realizar la intervención.

El numeral 4 inserta en el Código un artículo 119 quáter, nuevo, que prohíbe la publicidad sobre la oferta de centros, establecimientos o servicios, o de medios, prestaciones técnicas o procedimientos para la práctica de la interrupción del embarazo que autorizan las causales del artículo 119.

El artículo 2° del proyecto, mediante tres numerales, introduce otras tantas modificaciones en el Código Penal.

El numeral 1 agrega en el artículo 344 un inciso tercero, nuevo, que dispone que no constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario. El artículo 344 en cuestión sanciona a la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause y aumenta en un grado la pena, si lo hiciere por ocultar su deshonra.

El numeral 2 hace lo mismo en el artículo 345, precepto éste que castiga al facultativo que, abusando de su oficio, causare el aborto o cooperare a él.

Por último, el numeral 3 inserta un artículo 345 bis, nuevo, que tipifica como conducta ilícita facilitar o proporcionar a otro cualquier órgano, tejido o fluido humano proveniente de aborto o interrupción del embarazo e impone a los facultativos médicos la pena accesoria de inhabilitación especial del ejercicio de la profesión durante el tiempo de la condena. De conformidad con el segundo inciso de esta norma, si la conducta señalada en el inciso anterior fuere realizada por un facultativo médico en los casos de interrupción del embarazo autorizados por tribunales, se aumenta en un grado la pena privativa de libertad y la accesoria de inhabilitación se eleva a perpetua.

El artículo 3° del proyecto inserta una oración en el inciso primero del artículo 13 bis de la ley N° 19.451, que establece normas sobre trasplante y donación de órganos. La norma referida castiga al que extraiga órganos de un cadáver con fines de trasplante, sin cumplir con las disposiciones de dicha ley. La disposición del proyecto impone también sanción al que destine, en cualquier momento, con ánimo de lucro o para fines distintos de los autorizados por aquella ley, órganos, tejidos o fluidos humanos provenientes de una intervención propia de la interrupción del embarazo.

Finalmente, el artículo transitorio dispone que en el primer año presupuestario de aplicación de esta ley, ella se financiará con recursos de la Partida 16, correspondiente al Ministerio de Salud, y con suplementos desde las Partida Tesoro Público dispuestos por el Ministerio de Hacienda, en lo que aquéllos resulten insuficientes.

- - - - - - -

INTERVENCIÓN DE LAS REPRESENTANTES DEL PODER EJECUTIVO

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Claudia Pascual Grau, manifestó que el proyecto de ley cuyo debate se inicia en el Senado tiene como objetivo cumplir con el compromiso contraído en el programa de Gobierno, en torno a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales específicas, situaciones de excepción consistentes en el peligro de vida para la mujer embarazada, existencia de un feto con diagnóstico de alteración estructural congénita o genética de carácter letal y en el caso de violación. Recalcó que, tal como reza su título, se trata de una iniciativa legal de despenalización, pues en cualquier otra hipótesis el aborto continuará siendo un delito.

Seguidamente, planteó que la normativa propuesta se basa en el respeto a la decisión de la mujer que se encuentre en cualquiera de las tres causales antes mencionadas, sea que decida continuar con el embarazo o interrumpirlo.

Afirmó que el proyecto reconoce que la violencia sexual afecta diferenciadamente a niñas y adolescentes menores de edad y, por tal motivo, se les ampara mediante el establecimiento de reglas específicas, especialmente en cuanto al respeto de su autonomía progresiva y a su interés superior.

La señora Secretaria de Estado manifestó que la finalidad principal de la propuesta legislativa es modificar el Código Sanitario, a efectos de, por una parte, otorgar certeza a los médicos y, por otra, establecer un procedimiento que garantice el respeto a las mujeres y su dignidad, evitando que la falta de regulación ceda espacio para la incertidumbre, arbitrariedades y abusos. Se consigna también el procedimiento a seguir para realizar la interrupción del embarazo por cada una de las tres causales, puesto que la falta de regulación en este sentido también abre la puerta a arbitrariedades.

Postuló que la primera causal que contempla la iniciativa legal es el caso en que la mujer se encuentra en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evita un peligro para su vida.

Añadió que la expresión “riesgo vital” es lo suficientemente comprensiva como para que no sea necesario esperar a que la mujer esté muriendo para interrumpir el embarazo. Por el contrario, se permite la interrupción para poner fin a una situación actual que, en el futuro, va a implicar la muerte de la mujer.

Finalmente, indicó que para realizar la intervención médica en este caso, se deberá contar con el respectivo diagnóstico.

La segunda causal corresponde al caso en que el embrión o feto padece alteraciones estructurales o genéticas de carácter letal. Aseguró que se podrá recurrir a la interrupción del embarazo exclusivamente en aquellos casos en que el diagnóstico médico determine que el embrión o feto padece una alteración de ese tipo, calificada como letal, lo que la distingue de las situaciones de discapacidad severa, que no se quedan comprendidas dentro de esta causal.

Observó que la aplicación de esta causal supondrá una oportunidad para fortalecer los sistemas de salud, pues requerirá generar mejoras en el diagnóstico precoz y oportuno de alteraciones estructurales genéticas o congénitas de carácter letal, que beneficiarán a todas las mujeres. Además, previno que ante la ocurrencia de una situación como la antes descrita, para realizar la intervención deberá ratificarse el diagnóstico por un médico que detente las habilidades específicas requeridas.

En último término, la señora Ministra consignó que la tercera situación en que operará la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo está referida al caso en que el éste sea producto de una violación.

Al respecto, por regla general el embarazo se podrá interrumpir por esta causal hasta las 12 semanas de gestación y, en el caso de las menores de 14 años, la intervención podrá realizarse hasta las 14 semanas de gestación. Justificó el plazo diferenciado por el hecho de que las menores de 14 años muchas veces desconocen o no entienden el funcionamiento de su ciclo menstrual, por lo que podrían demorar más tiempo en darse cuenta de que están embarazadas. Igualmente, tratándose de abusos crónicos al interior del hogar, el proceso de develación del embarazo se hace aún más complejo, concluyó.

A continuación, tomó la palabra la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Javiera Blanco Suárez, quien centró su exposición en la tercera causal que, a su juicio, ha suscitado una amplia discusión en la tramitación del proyecto de ley. Expresó que los puntos sobre los que se ha manifestado mayor interés tienen relación con la forma de acreditar el delito; la forma en que se efectúa la denuncia, dependiendo si se trata de menores o mayores de 18 años; la manera en que debe obtenerse la autorización respectiva por parte de los adolescentes, y la objeción de conciencia. Sobre este último asunto, puntualizó que será relevante considerar la discusión habida en la Cámara de Diputados respecto de la situación de los menores de 14 años, ya que dicha regulación no fue aprobada en el primer trámite constitucional.

En lo que atañe al modo de acreditación del hecho ilícito, la señora Ministra explicó que ello corresponderá a un equipo multidisciplinario de salud, cuya integración será posteriormente fijada por la vía reglamentaria.

En el caso de las menores de 18 años existirá un deber de denuncia del hecho criminal por parte del jefe del establecimiento asistencial, ya sea público o privado. Por el contrario, en el caso de mujeres mayores de edad, aunque el delito es de acción penal mixta, esto es, que requiere la denuncia de la afectada, en el marco del presente proyecto de ley el jefe del establecimiento estará igualmente obligado a poner en conocimiento del Ministerio Público la ocurrencia del hecho que reviste caracteres de delito, pero la comparecencia de la mujer será siempre voluntaria y no se podrán requerir o decretar en su contra las medidas de apremio contenidas en los artículos 23 y 33 del Código Procesal Penal para lograr su comparecencia a los actos del procedimiento, norma que pretende resguardar a la mujer en su condición de víctima del delito de violación.

Respecto de la expresión de voluntad de interrumpir el embarazo por parte de adolescentes, explicó que su tratamiento se ha diferenciado según la edad de la mujer. Así, sostuvo que en el caso de mayores de 14 años, pero menores de 18, lo que corresponde únicamente es informar al representante legal. No obstante, cuando dicha comunicación pueda generar algún riesgo o efecto negativo en el grupo familiar de la menor, el jefe del establecimiento asistencial deberá ponerla en conocimiento de los tribunales de familia respectivos, a fin de que se adopten las medidas de protección necesarias.

Agregó que el Mensaje ingresado a tramitación en la Cámara de Diputados también contenía disposiciones sobre el procedimiento de autorización del representante legal, o del juez en su caso, respecto de menores de 14 años, pero ellas fueron rechazadas. Connotó que, en su opinión, esa discusión debe reiterarse durante el segundo trámite constitucional.

Explicó que en el primer trámite constitucional se debatió sobre el rol del juez en este procedimiento y se concluyó que no debería centrar su análisis en cuestiones de mérito a la hora de decidir si autorizaba la intervención médica, sino que debía remitirse a razones de forma. Por ejemplo, si la causal invocada es la violación, sólo debería verificarse que hubo un equipo de salud que constató ese hecho, y, si se invoca alguna de las otras causales, habrá que constatar si un médico especialista formuló el diagnóstico respectivo.

En lo tocante a la situación de las mujeres con discapacidad, puso de manifiesto que se disponen reglas especiales para la consideración de su voluntad en esta materia. En efecto, en el caso de personas con discapacidad sensorial, visual o auditiva, como asimismo en el caso de las personas con discapacidad mental psíquica o intelectual que no hayan sido declaradas interdictas y que no puedan darse a entender por escrito, se dispondrá de los medios alternativos de comunicación que les permitan manifestar su consentimiento, en concordancia con lo dispuesto en la ley Nº 20.422 y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En tanto, si la mujer ha sido declarada incapaz judicialmente por causa de demencia, se deberá obtener la autorización de su representante legal, debiendo siempre tener en consideración la opinión de la afectada, salvo que su incapacidad impida conocerla.

Luego, hizo referencia a la forma en que la iniciativa legal regula la objeción de conciencia. Explicó que ella está concebida como una excepción al mandato de cumplir la ley que tienen todas las personas, norma que será aplicable únicamente al médico cirujano que es requerido para interrupción del embarazo, que haya manifestado su objeción de conciencia al Director del establecimiento de salud en forma escrita y previa. Lo anterior, por cuanto dicho profesional es quien tiene la responsabilidad de conducir la intervención médica, la que no se compara con la de los demás integrantes del equipo médico. Detalló que ante la excusa de un médico, formalizada previamente por escrito, se deberá buscar otro galeno que pueda realizar el procedimiento médico, en el mismo establecimiento o en otro, salvo que la mujer requiera atención inmediata e impostergable y no exista otra persona que pueda efectuarla, caso en el cual la excusa no surtirá efectos.

Aclaró que se trata de una expresión personal de la libertad de conciencia, por lo que no corresponde que el establecimiento donde se desempeña el facultativo invoque una objeción institucional, pues ello implicaría imponer a los trabajadores una determinada pauta valórica.

Finalmente, trajo a colación el tema de la confidencialidad, debatido pormenorizadamente en el primer trámite constitucional, pero que no fue aprobado, que se relaciona con la excepción al deber de denuncia que se impone a las personas mencionadas en la letra d) del artículo 175 del Código Procesal Penal, en el caso del delito establecido en el artículo 344 del Código Penal. A modo de ejemplificar lo antes expuesto, relató que en el caso de que una mujer concurriese a un establecimiento asistencial para el tratamiento de las consecuencias perjudiciales de un aborto, el profesional ni el auxiliar médico estarían obligados a efectuar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

A su vez, la señora Ministra de Salud, doctora Carmen Castillo Taucher, ajustándose a una descripción en grandes líneas del contenido del proyecto de ley, destacó que la voluntad de la mujer será siempre respetada, ya sea que ella quiera continuar con el embarazo o interrumpirlo. Ante esta última opción, la mujer deberá manifestar su voluntad en forma expresa, previa y por escrito. Excepcionalmente, se aplicarán las normas de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, y no se requerirá la manifestación de voluntad de la mujer cuando su vida esté en peligro o ella no se encuentre en condiciones de manifestar su voluntad o presente incapacidad para manifestarla y no sea posible obtener la de su representante legal, apoderado o persona que la tiene a su cuidado.

Consignó que el prestador de salud deberá entregar a la mujer información veraz sobre las características de la prestación médica, así como respecto de las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la de programas de apoyo social, económico y de adopción disponibles, la que no podrá estar destinada a influir en la voluntad de la mujer. Añadió que también se le debe ofrecer el acompañamiento. En el caso de que una mujer mayor de 18 años invoque la causal de violación, se le deberá proveer información necesaria para que ella pueda presentar una denuncia, si así lo decide.

Acotó que el equipo médico debe asegurarse de que la mujer comprende todas las alternativas que tiene en vez del procedimiento de interrupción, antes de que éste se lleve a cabo, y debe garantizar que ella no sufra coacción de ningún tipo para adoptar su decisión.

En cuanto a la regulación del acompañamiento en la iniciativa legal, la señora Secretaria de Estado hizo hincapié en que se ofrecerá a las mujeres otorgarles asistencia, tanto en su proceso de discernimiento como durante el período posterior a la toma de la decisión, lo cual incluye el tiempo siguiente al parto o a la interrupción del embarazo. Este acompañamiento incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico o en cualquier otro momento del proceso. En caso de que la opción sea continuar el embarazo, junto con ofrecer el apoyo recién descrito se otorgará información pertinente a la condición de salud y a la activación de redes de apoyo. Precisó que la acción antes indicada sólo podrá realizarse en la medida que la mujer lo autorice y deberá ser personalizada y respetuosa de su libre decisión.

En seguida, anotó que los deberes y obligaciones que deriven del acompañamiento se cumplirán mediante las prestaciones vigentes al momento de la atención, en el Programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial del Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, todo ello en el marco del Sistema Intersectorial de Protección Social. A su vez, se establece que la mujer podrá recurrir a la instancia de reclamo dispuesta en el artículo 30 de la ley N° 20.584, en el caso de que el acompañamiento no sea ofrecido en los términos apropiados, para lo cual se contempla una reducción de los plazos de dicho procedimiento, con la finalidad de agilizar su tramitación.

Agregó que tratándose del caso contemplado en el numeral 2) del artículo 119 que propone el proyecto como sustitutivo del vigente en el Código Sanitario, esto es, si el embrión o feto padece una alteración estructural congénita o genética de carácter letal, el prestador de salud deberá proporcionar los cuidados paliativos que la situación exija, tanto en el caso del parto como en el de interrupción del embarazo con sobrevivencia del nacido.

A modo de resumen, detalló las características principales del programa de acompañamiento que se propone:

- Tiene por objetivo acoger a quienes viven un embarazo comprendido en las tres causales contempladas por el proyecto de ley, basadas en la autonomía de la mujer.

- Está dirigido, fundamentalmente, a las mujeres que atraviesan un embarazo que se encuadra en alguna de las tres causales tratadas, pero, en la medida que la mujer lo requiera y lo estime necesario, se involucrará a su círculo cercano.

- Comienza desde el momento en que se toma conocimiento de un embarazo asociado a una de las tres causas que prevé la iniciativa legal.

- Se inserta en la red del sistema público de salud en los niveles primario y secundario de atención -actualmente existen 69 estructuras que dan atención de Alto Riesgo Obstétrico- y considera todas las acciones que se realizan regularmente en ella.

- Se suma a las prestaciones que ya existen en el Programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial del Sistema Chile Crece Contigo.

- Se basa en la coordinación de nuevas prestaciones con las ya existentes, de modo de fortalecer el sistema público de salud cuyos positivos resultados para las mujeres están suficientemente documentadas.

Finalmente, especificó las prestaciones que se contemplan:

- En el nivel secundario, neonatología, perinatología, pediatría, psicólogo y asistente social para las sesiones psicoterapéuticas, y el apoyo familiar que sea necesario.

- En el nivel primario, visitas domiciliarias realizadas por profesionales de la salud, como matronas, trabajadoras sociales y psicólogos.

- Apoyo de equipo multidisciplinario perinatológico a nivel de macro red.

- Exámenes, vellosidades cordiales, test genético y consejería genética.

Luego, mencionó algunas cifras relevantes que se relacionan con el asunto sometido a conocimiento de la Comisión. En primer término, exhibió un gráfico que detalla el número de egresos hospitalarios en el país, vinculados con embarazos terminados en aborto, cualquiera sea su causa:

Sobre la primera causal, expuso los siguientes datos, que dan cuenta de la evolución de la razón de mortalidad materna y la razón de mortalidad materna tardía en Chile, entre los años 2000 y 2012:

Explicó que la mortalidad materna tardía es aquella que se produce dentro del primer año posterior al parto. Acotó que por este concepto en el país fallecen alrededor de 50 mujeres cada año.

Complementó el gráfico anterior mediante la siguiente imagen, que señala la causa de muertes maternas que se producen antes de los 42 días posteriores al parto:

Explicó que en el 48% del total de casos de mortalidad atribuibles a aborto, la causa del deceso es un embarazo ectópico, esto es, aquel en el que el óvulo fecundado se implanta fuera del útero, especialmente en la trompa de Falopio. Informó que las muertes por aborto entre los años 2004 y 2012 alcanzaron a 48 casos, de los cuales 21 se relacionan con un embarazo ectópico.

En tanto, sobre aquellas muertes calificadas como obstétricas indirectas, acotó que ellas están referidas a enfermedades que sufre la madre y que se intensifican durante el embarazo o el trabajo de parto. A modo de ejemplo, citó el caso de las pacientes cardíacas que se descompensan en esas situaciones.

Sobre la segunda causal establecida en la iniciativa legal, esto es, que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal, sostuvo que las cifras absolutas de mortalidad perinatal, que son las que se producen en el período que abarca desde las 22 semanas de embarazo hasta los 7 días de vida del recién nacido, alcanzaron a 577 casos en el año 2012.

Por último, respecto de la tercera causal, que corresponde al embarazo producto de una violación, observó que las bases de datos que administran diversas entidades públicas no están integradas, por lo que sólo se refirió a aquellos antecedentes proporcionados por Carabineros de Chile. En ese contexto, consignó que, en promedio, unas 2.000 mujeres son violadas cada año. No obstante, se estima que sólo un 10% de las víctimas efectúa la denuncia, por lo que se puede presumir que los casos antes mencionados deberían multiplicarse por diez para tener una cifra adecuada a la realidad. Asimismo, cabe destacar que un 63% de las mujeres que hacen la denuncia se desisten de ella con posterioridad.

La señora Secretaria de Estado puntualizó que el 10% de las mujeres violadas se embarazan producto de la agresión, según da cuenta la experiencia comparada en la materia.

En lo que atañe a los delitos sexuales que afectan a niñas y adolescentes, manifestó que el Servicio Nacional de Menores informó al Ministerio de Salud que en el año 2013 hubo 3.292 niñas y adolescentes embarazadas en sus dependencias, de las cuales 198 fueron víctimas de abuso sexual, estupro o violación. Las edades de las niñas embarazadas producto de delitos de violación tenían entre 14 y 15 años -36 de ellas- y entre 12 y 13 años -17 niñas-.

Finalmente, en cuanto a la efectividad de la persecución penal, connotó que de las 4.837 violaciones cometidas entre los años 2013 y 2014, en que las víctimas fueron menores de 14 años, sólo en 208 casos hubo un pronunciamiento judicial a su respecto.

- - - - - - -

DISCUSIÓN EN GENERAL

Al concluir las exposiciones de las personeras de Gobierno, el Honorable Senador señor Rossi celebró que se haya dado inicio al debate sobre una materia tan importante como la que trata el proyecto de ley. Si bien reconoció que la necesidad de legislar en este ámbito muestra un componente sanitario, el fundamento más relevante tiene que ver con el reconocimiento y garantía de derechos, ya que, tal como se ha señalado por las autoridades, los casos de interrupción del embarazo por las causales que contempla el proyecto podrían sumar alrededor de 2.000, de un total aproximado de 270.000 partos que anualmente se registran en el país.

Entonces, sin dejar de lado que hay un aspecto sanitario involucrado, que se orienta mayormente a atacar la inequidad que se constata en esta materia, lo fundamental es el respeto de la voluntad de la mujer. Lo anterior, por cuanto su dignidad está ligada directamente con el ejercicio de su autonomía y de su libertad, derechos que no deben ser atropellados por el Estado, como sucede actualmente. Recordó que hasta el año 1989 se permitió el aborto terapéutico, sin que ello hubiera provocado mayor controversia, y que Chile se encuentra dentro del limitado número de países a nivel mundial que penaliza todo tipo de interrupción voluntaria del embarazo.

Sostuvo que en ningún caso se trata de calificar al embrión o al feto como una cosa, pero cuando se trata de resolver una situación extrema, el Estado debe ofrecer una respuesta a las mujeres que deben enfrentarla. A modo de ejemplo, opinó que en ciertos casos en que una mujer resulta embarazada producto de un atentado sexual, la obligación de continuar el embarazo contra su voluntad constituye una forma de victimizarla nuevamente. Ello no implica, aclaró, que ella no esté facultada para decidir libremente continuar la gestación.

En definitiva, mediante este proyecto de ley no se pretende imponer a las mujeres una sola decisión, sino que, por el contrario, se procura que, en el ejercicio de su autonomía, pueda adoptar la decisión que le parezca apropiada.

En otro aspecto, Su Señoría señaló que ante las afirmaciones que niegan que en las clínicas se realicen abortos, propugnó que, primeramente, es preciso definirlo adecuadamente y, en tal sentido, lo conceptualizó como la interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable con medios adecuados fuera del útero, hecho que actualmente se sitúa a las 22 semanas de gestación.

Pese a que en muchas ocasiones se habla con eufemismos para evitar la discusión abierta y directa del tema, consignó que la interrupción de un embarazo ectópico efectivamente es un aborto, pese a lo cual nadie cuestiona el procedimiento alegando que se ha vejado la dignidad del embrión, como sí se hace cuando se está en presencia, por ejemplo, de una alteración cromosómica, estructural y congénita incompatible con la vida.

Rebatió igualmente algunos de los argumentos planteados durante la discusión de la iniciativa en la Cámara de Diputados, que indicaban que el proyecto promovía la eugenesia, ya que la hipótesis de la segunda causal sólo se refiere a situaciones excepcionales, dramáticas e incompatibles con la vida, debidamente definidas por las comunidades científicas.

Añadió que un tema que deberá ser debatido en profundidad en la Comisión es la confidencialidad en la relación entre el médico y el paciente, cuestión que no quedó resuelta apropiadamente en el primer trámite constitucional. Del mismo modo, planteó la necesidad de discutir sobre la posición en que quedará una mujer que ingresa a un centro asistencial luego de haberse practicado un aborto en situaciones diferentes de las autorizadas por la iniciativa.

A continuación, intervino el Honorable Senador señor Chahuán, quien rememoró anteriores proyectos de ley en los cuales se debatió acerca de la interrupción voluntaria del embarazo. A la luz de esos precedentes, remarcó que el Congreso Nacional siempre ha estado disponible para discutir sobre el asunto sometido al conocimiento de la Comisión. Otra cosa, razonó, es que los proyectos que se debatieron hayan sido finalmente rechazados y no haya prosperado la idea de legislar sobre la materia, por razones que quedaron expuestas en los debates respectivos.

Sin perjuicio de lo indicado, Su Señoría solicitó a las autoridades ministeriales presentes que el mismo entusiasmo, interés y premura que se constata en torno al proyecto de ley en discusión se otorgue al tratamiento de las iniciativas relativas a la protección integral de la maternidad. En efecto, pidió emular legislaciones de otras naciones, como Puerto Rico o las iniciativas actualmente en trámite en Colombia, que buscan establecer el derecho al acompañamiento psicológico y la preferencia en el otorgamiento de horas médicas, tanto para la madre como para la criatura, durante el embarazo y con posterioridad al parto.

Agregó que, dada la redacción del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, resulta imprescindible reforzar las normas vinculadas al acompañamiento, dado que el Estado no puede dejar abandonadas a su suerte a mujeres que enfrentan situaciones dramáticas. A mayor abundamiento, demandó una revisión de los aspectos financieros de la iniciativa, de modo de dotar de recursos adecuados al programa requerido.

En seguida, expresó que quienes creen que la dignidad humana debe ser protegida, entre los cuales se incluyó, estiman importante recabar las opiniones de la mayoría de los actores involucrados en este tema y, especialmente, de aquellos que realizan permanentemente funciones de acompañamiento y poseen experiencia en ese ámbito.

Además, propuso recibir en la Comisión a especialistas en Derecho Internacional, toda vez que el país ha suscrito diversos instrumentos multilaterales en materia de derechos humanos, que dicen relación con la protección del que está por nacer. Como ejemplo, hizo referencia al Pacto de San José de Costa Rica, que promueve la defensa de la vida desde el momento de la concepción, y que en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la República se entiende integrado a la legislación nacional.

Luego, hizo presente que, sin perjuicio de que se formará una opinión definitiva una vez que culmine el debate que se inicia, defenderá la vida del que está por nacer y la dignidad del ser humano que se encuentra en el vientre materno. Asimismo, postuló que a partir del derecho a la vida, que no admite excepciones, se construyen las demás garantías fundamentales.

A su turno, el Honorable Senador señor Girardi sostuvo que el tema que enfrenta el proyecto en informe da origen a uno de los debates terapéuticos más interesantes y complejos que pueden presentarse en la sociedad.

Como primera premisa, declaró que personalmente es opositor al aborto y que está en contra de toda violación de los derechos integrales de la mujer.

Sin embargo, observó que en la discusión se verifican contradicciones, puesto que quienes luchan realmente contra el aborto estiman que la sexualidad es algo normal y deseable y que para que ella sea responsable debe estar fundada en valores. Por tal razón, destacó que durante años ha bregado por una real educación sexual y por no impedir el acceso a métodos anticonceptivos. Entonces, quienes se han opuesto a esas acciones y que reducen la sexualidad fundamentalmente a fines reproductivos son en realidad promotores del aborto.

En ese mismo orden de ideas, recordó que a comienzos de la década de 1990 lideró una campaña informativa sobre el SIDA, mediante el impulso del uso del condón –que no es un elemento abortivo-, pero que se encontró con gran oposición de la Iglesia Católica. De consiguiente, resaltó que en el debate se mezclan concepciones ideológicas y religiosas que no se pueden imponer al conjunto de la sociedad.

Añadió que Chile es uno de los pocos países del planeta que continúa con una postura de autoritarismo y violación sistemática de los derechos humanos, al no permitir a la mujer tomar decisiones en esta materia. Lo anterior, en base al pensamiento que señala que las mujeres, que ya han experimentado un sufrimiento extremo, además deben continuar forzadamente su embarazo y, eventualmente, ser castigadas penalmente en caso de que lo interrumpan. Es decir, se pretende revictimizar a las mujeres por ejercer el derecho humano a su autonomía.

En consecuencia, aunque sería ideal que nunca se produjese un aborto, estimó que debe quedar claro que si alguna mujer toma la decisión de interrumpir su embarazo por alguna de las causales que contempla el proyecto de ley, no debe ir a la cárcel. Ese, en su opinión, es el verdadero debate que subyace en esta discusión.

Asumió que en el intercambio de ideas que se producirá durante la tramitación del proyecto de ley también habrá posturas valóricas, que consideró legítimas. En ese contexto, comentó que, si bien algunos piensan que la persona humana comienza su existencia desde el momento de la fecundación, dicha visión no tiene por qué ser impuesta al resto de la sociedad, ya que, por lo demás, la ciencia tampoco se ha puesto de acuerdo en ese punto.

En virtud de lo expuesto, consideró discriminatorio señalar que quienes están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo son criminales que atentan contra la vida de una persona humana. De hecho, países desarrollados que históricamente han tenido una postura de defensa de los derechos humanos, como Inglaterra, admite la posibilidad de interrumpir la gestación hasta las 24 semanas, puesto que no considera que antes de ese lapso exista una persona humana. La misma situación se evidencia en Holanda, que ha fijado un plazo de 22 semanas, en Suecia, con 18 semanas, y en Francia y Alemania, con 14 semanas.

Asimismo, consignó que las diversas entidades de la Organización de las Nacionales Unidas que se ocupan de los derechos humanos –las cuales operan en base a consensos globales- han cuestionado sistemáticamente a Chile por violar las garantías fundamentales de las mujeres, a las que se amenaza con la aplicación de normas penales si interrumpen voluntariamente el embarazo. Ello está en flagrante contradicción con la postura de aquellos que sostienen que su actitud contraria al aborto está basada en la defensa de los derechos humanos.

De conformidad con lo manifestado, Su Señoría precisó que está por la defensa de la posibilidad de que el ser humano sea un sujeto de derecho pleno, pues cuando no se ha respetado esa garantía se han producido los atentados más brutales a la dignidad de las personas, como la esclavitud o la negación del sufragio femenino. En ese sentido, pidió que la mujer no sea reducida a un fin reproductivo y que se respete el derecho a decidir sobre su vida.

Por otro lado, advirtió que también se constatan inconsistencias en quienes defienden la vida de forma irrestricta, sin tener en cuenta los avances científicos. Por ejemplo, aclaró, es posible transformar células de la piel en células madre. Es decir, existe la tecnología para producir seres humanos a partir de una célula de la piel. Entonces, es posible preguntar: ¿a cada célula se le deberá otorgar el mismo estatus de dignidad que se pretende dar al resultado de la fecundación entre un óvulo y un espermatozoide? Afirmó que el producto de la fecundación da inicio a la vida, pero no constituye una persona humana, ya que ésta está vinculada a emociones complejas y al desarrollo de un proceso neuronal que en la mayoría de los países del planeta se ha estimado sobre las 12 semanas.

Aseguró que si se hiciera una persecución penal efectiva para investigar casos de aborto, la legislación actual perdería su sustento de forma inmediata si una mujer perteneciente a sectores de la elite de la sociedad fuera afectada. Ello demuestra que también hay un componente de inequidad en el tema en debate.

Seguidamente, planteó que desde el punto de vista evolutivo, al cual adscribe, impedir la interrupción de un embarazo que ha sido producto de una violación significa, en la práctica, un “premio” al violador, por cuanto lo que buscan los genes es pasar a las generaciones siguientes. Esto es un contrasentido, enfatizó, pues, por otro lado, se sanciona penalmente a la víctima de la agresión.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, por su parte, expresó que las cifras de mortalidad materna que han sido exhibidas dan cuenta de que alrededor de la mitad de los fallecimientos por aborto corresponden a embarazos ectópicos. Por tal motivo, concluyó que en realidad no se está discutiendo sobre un problema sanitario, sino que, efectivamente, lo tratado corresponde a una discusión acerca de derechos, a saber, si prima el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo o el derecho a la vida del que está por nacer.

Precisó que no hay mayor discusión en cuanto a si el embrión o el feto es un ser humano, pero sí existe controversia en torno a si es o no sujeto de derechos. Al respecto, postuló que el concepto de persona es una construcción teórica, a diferencia del ser humano, que es una realidad concreta y tangible. En efecto, en varios momentos históricos se ha despojado del concepto de persona –y por tanto de los derechos que ello conlleva- a ciertos individuos de la especie humana.

De conformidad con lo expuesto, es preciso dilucidar desde cuándo el ser humano es sujeto de derechos, el principal de los cuales es el derecho a la vida. Estimó que esa discusión no se abordó con la profundidad necesaria durante el primer trámite constitucional de la presente iniciativa de ley.

Otro asunto sobre el cual llamó la atención, fue acerca de la afirmación de la señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género, quien habría señalado que las dos primeras causales que contempla el proyecto no tendrían límite de edad gestacional, lo que es evidente, puesto que muchas malformaciones letales se diagnostican con posterioridad a las 22 semanas de embarazo. Por tal motivo, pidió expresar con franqueza si se va a aprobar la posibilidad de realizar un feticidio –y no un aborto- para inducir un parto prematuro, en caso de un diagnóstico tardío.

En último término, Su Señoría afirmó que si finalmente se concluye que el concepto de persona restringe al de ser humano, se estaría avanzando en una dirección errónea.

Al hacer uso de la palabra, la Honorable Senadora señora Goic puso de manifiesto la posición favorable de los miembros de la Comisión para dar la oportunidad de que todas las posturas frente al asunto en discusión sean expuestas.

Entrando al detalle del proyecto de ley, mencionó que sólo se permitirá la interrupción voluntaria del embarazo por causales excepcionales. De igual modo, celebró que durante la tramitación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados se haya incorporado el acompañamiento, aunque a este respecto solicitó mayores antecedentes a los personeros de Gobierno acerca del contenido del programa respectivo y de las fuentes de financiamiento que lo respaldarán, puesto que, a su juicio, debe consistir en una garantía auténtica para las mujeres que lo requieran.

Solicitó también a las autoridades ministeriales avanzar en otros proyectos de ley que se relacionan indirectamente con el que está en trámite, como aquellos destinados a la prevención y protección del embarazo adolescente.

Por último, consultó a los expositores por qué aún se producen muertes debido a embarazos ectópicos, puesto que se ha señalado que en casos de riesgo de vida de la madre la lex artis médica aconseja intervenir, para evitar un daño mayor.

La señora Ministra de Salud explicó que las muertes maternas derivadas de embarazos ectópicos se deben principalmente a la ausencia de un diagnóstico oportuno. Por ello, expresó que será necesario aumentar la capacidad para efectuar diagnósticos precoces.

Finalmente, la señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género precisó que el objetivo del proyecto de ley es dotar al país de una normativa que se ponga en el lugar de las mujeres que se encuentran en tres circunstancias concretas durante el embarazo. No obstante reconocer que en el país existen distintas visiones sobre el tema, por la misma razón se ha evitado que mediante la legislación se imponga alguna decisión a quienes atraviesan por esas dramáticas situaciones. Es así, entonces, que se otorgará acompañamiento y prestaciones de salud, tanto a quienes decidan continuar con la gestación como a quienes resuelvan interrumpirla.

- - - - - - -

VOTACIÓN EN GENERAL

Agotada etapa de las audiencias y el debate, la Comisión procedió a votar la idea de legislar.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe expresó su posición contraria a la probación en general del proyecto de ley en debate, en base a los argumentos que expuso a continuación.

En primer lugar, en el debate parlamentario se han evocado ciertos mitos en relación con este tema, tales como que la iniciativa tiene como objetivo despenalizar ciertas conductas típicas, lo que no es efectivo, pues en realidad se consagran derechos y prestaciones sanitarias. Además, eliminar la objeción de conciencia que podrían hacer valer otros miembros de los equipos de salud demuestra que la intención va más allá de despenalizar.

En segundo término, se ha intentado fundamentar la necesidad de legislar al respecto por razones de salud pública, lo cual tampoco es cierto. En efecto, la tasa de mortalidad materna en Chile es extremadamente reducida y su progresiva disminución no se vio afectada con la derogación del aborto terapéutico en el año 1989. A mayor abundamiento, la tramitación legislativa ha sido liderada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y por el de Salud.

Además, se ha señalado que el proyecto de ley sólo repondría el aborto terapéutico que se permitió hasta el año 1989. Sin embargo, si se atiende a la definición de “terapéutico”, esto es, un conjunto de prácticas y conocimientos encaminados al tratamiento de dolencias, el aborto no detenta ninguna de esas características, sino que consiste en un acto que termina con la muerte del feto.

En resumen, las argumentaciones a las que ha hecho mención han tenido como objetivo disfrazar la ideología que subyace en el proyecto de ley y que lleva a relativizar el valor de la vida, especialmente de aquellos que están por nacer. En el fondo, el conflicto principal es la ponderación de los derechos de la mujer, en contraste con aquellos del ser que está por nacer. Sobre este último, algunos han aseverado que no sería titular de derechos, por no ostentar la calidad de persona; empero, no hay algún científico que pueda asegurar que el feto no es un ser vivo de la especie humana, reconocible como tal en cualquier circunstancia.

Entonces, lo que se debe dilucidar es cuándo ese ser humano vivo tendrá derecho a nacer. La proposición legislativa plantea que no sería asignatario de esa garantía en tres situaciones.

La primera de ellas, cuando esté en riesgo la vida de la madre. Si bien Su Señoría comparte la necesidad de protección de la mujer, previno que el caso está claramente recogido por la praxis médica, dado que ningún médico dejaría morir a una madre en riesgo de fallecer por el hecho de estar embarazada. De hecho, sin madre no hay embarazo y esa es la principal razón para resguardar su integridad vital. No obstante, en ocasiones, como efecto secundario del acto médico se produce la muerte del feto.

En su calidad de ser humano, el embrión o feto es sujeto de derechos, calidad que incluso ha sido reconocida ampliamente por diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como el Pacto de San José de Costa Rica, que dispone que todo ser humano vivo es persona. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño consigna que “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento".

Sobre la base de esos postulados, queda en evidencia la contradicción entre las disposiciones internacionales y lo establecido en la segunda causal del proyecto de ley, toda vez que se niega el derecho a nacer al niño por el hecho de padecer una patología, que se ha caracterizado como una inviabilidad o malformación incompatible con la vida. Cabe preguntarse si ello implicará la elaboración de un listado específico de enfermedades o si se usará esos conceptos indeterminados.

Aunque todos los fetos morirán algún día, antes o después del nacimiento o en etapas posteriores de su desarrollo, la pregunta central es cuánto tiempo de vida y qué circunstancias de salud debe cumplir el ser humano para poder nacer. En definitiva, se busca definir qué condiciones exigirá la sociedad al ser humano para permitirle nacer.

La tercera causal es totalmente discriminatoria, pues autoriza a eliminar a un ser humano sano, concebido bajo condiciones terribles y dolorosas para la mujer o niña violada. Es imposible no empatizar con el dolor al que ellas han sido expuestas. No obstante, la violencia sexual no se remedia con el aborto ni con la eliminación de un ser humano que es tan inocente como la madre.

Por último, hizo reserva de constitucionalidad, para los efectos del ordinal 3° del artículo 93 de la Constitución Política de la República, respecto de las ideas matrices del proyecto de ley y, especialmente, respecto de los artículos 1° y 2°, que no cumplen los estándares de protección de la vida del que está por nacer, mandato expreso impuesto por el constituyente al legislador en el ordinal 1° del artículo 19 de la Carta Política. Asimismo, los artículos antes mencionados son inconstitucionales por transgredir la garantía de igualdad ante la ley, reconocida en el ordinal 2° del artículo 19 del Texto Fundamental, pues desprotegen de manera arbitraria el derecho a la vida de las personas que están por nacer, en los supuestos que indica el proyecto.

El Honorable Senador señor Rossi hizo notar que, desde una perspectiva ética, hay leyes que por su contenido exigen un conocimiento específico, que sólo los expertos pueden proveer, como las exigencias medioambientales que deben cumplir las industrias o aquellas relacionadas con la construcción de edificios en altura.

Hay otras leyes que no requieren de esa sabiduría especial, porque se fundan en ideologías. Ejemplo de esa realidad son las iniciativas sobre nacionalización del agua o el aumento de los tributos.

Pero hay un tipo de leyes que no exige un conocimiento acabado sobre la materia y que tampoco responden a cuestiones ideológicas, sino que tienen que ver con los valores.

En este último grupo se sitúa el proyecto de ley en debate, ya que para estar a favor o en contra de él no se precisa ser erudito en biología o medicina y tampoco caben las distinciones políticas clásicas, dado que lo que está en juego es algo tan básico que trasciende esas distinciones y no se rige, en última instancia, por la razón. El aborto es un tema ético, un asunto de la moral, y ahí radica su dificultad.

Los valores en que se funda la ética no tienen necesariamente un fundamento lógico, racional o empírico, sino que muchas veces se basan en las creencias de cada persona. Tal como lo expuso Kant, hace más de 200 años, los valores que no son formales no tienen validez universal ni son verdades absolutas, lo que lleva a una situación tremendamente incómoda, pues la fuente de legitimidad de los valores fundamentales es subjetiva. Asimismo, grandes pensadores del siglo pasado reconocieron esa precaria situación de la ética, por cuanto no por desconocerla deja de existir, y se abocaron a buscar un fundamento dentro de la ética, aun cuando éste no pueda ser universal.

Es legítimo que quienes consideran que la vida del feto tiene exactamente el mismo valor que la de un recién nacido se opongan rotundamente a la despenalización del aborto, independientemente de las causales. Nadie puede justificar de forma racional y con verdad absoluta que la vida de un feto valga menos que la de un recién nacido, pero tampoco se puede justificar con pretensión de verdad absoluta lo contrario. De igual manera, también es legítimo considerar que la vida de un feto tiene menos valor que la de un recién nacido o la de la madre que lo lleva en su vientre, lo que no implica su desconocimiento, porque el valor, por definición, no es algo intrínseco en las cosas y, en definitiva, es el resultado de una apreciación subjetiva.

A mayor abundamiento, religiones más antiguas que la Católica, como la Budista, postulan que ciertos animales son sagrados y otorgan un valor más alto a la vida de aquellos que a la de los seres humanos. Tampoco sería posible afirmar, de forma absoluta, que ellos están equivocados.

El poeta Khalil Gibran retrató esa soberbia de forma muy certera, en el cuento del “Perro sabio”:

“Un día, un perro sabio pasó cerca de un grupo de gatos. Y viendo el perro que los gatos parecían estar absortos, hablando entre sí y que no advertían su presencia, se detuvo a escuchar lo que decían.

Se levantó entonces, grave y circunspecto, un gran gato, quien observó a sus compañeros. Hermanos -dijo-, orad, y cuando hayáis orado una y otra vez, y vuelto a orar, sin duda alguna lloverán ratones del cielo.

Al oírlo, el perro rió para sus adentros y se alejó de los gatos, diciendo:

-¡Ciegos e insensatos felinos! ¿No está escrito, y no lo he sabido siempre, y mis padres antes que yo, que lo que llueve cuando elevamos al cielo súplicas y plegarias son huesos, y no ratones?”.

Esta misma soberbia ha estado presente en parte en el debate de la presente iniciativa. Así, quienes están en contra del proyecto de ley creen saber con verdad absoluta cuánto vale la vida de un feto, desprecian a quienes no están de acuerdo con sus valores y consideran el aborto una barbarie y a quienes lo promueven, inmorales. Bajo la misma lógica, quienes están a favor de la despenalización por las tres causales propuestas descalifican a quienes no tienen esa postura y estiman una barbaridad obligar, por ejemplo, a una niña de 11 años a tener a su hijo concebido en una violación o a una mujer a arriesgar su vida por un embarazo que le puede causar la muerte.

El hecho de haber sido padre recientemente le ha maravillado con el milagro de la fecundación, de la que se sigue un conjunto de células que evoluciona en un embrión y luego en un feto, en el que se distinguen sus órganos y extremidades y del cual ya en las primeras semanas de gestación es posible escuchar los latidos de su corazón. Sin embargo, como sus creencias no son superiores a las del resto, no tendría derecho a imponerlas a los demás ni a decirle a una mujer que debe renunciar a su vida en caso de embarazo riesgoso, porque la vida del hijo que lleva en su vientre vale más de lo que piense ella, su marido, sus hijos o su familia; así como tampoco tiene derecho a exigir a una niña de 10 años que ha sido violada en reiteradas ocasiones por su padre, a dar la luz al niño que espera, sin saber siquiera si eso la llevará a la más terrible infelicidad o, tal vez, al suicidio.

En virtud de lo expuesto, sin perjuicio de creer en sus valores, piensa que son válidos para su persona porque así lo eligió, pero que no es posible imponérselos al resto. Estas decisiones son tan particulares que, en la disyuntiva de si la responsabilidad de decidir debe estar en manos del Estado o en las de cada persona, es preferible esta última alternativa. De lo contrario, se subestimaría al ser humano, en la creencia de que unos son superiores a otros. No obstante, tener la calidad de ser humano significa, entre otras cosas, ser seres morales y tener que decidir acerca del bien y del mal y, por tal motivo, dejar la decisión de abortar por estas tres causales en poder del Estado es suprimir un espacio de libertad moral que resulta esencial. No es el Estado quien debe decidir cómo actuar en esas circunstancias, sino cada uno, en correspondencia con su propia conciencia.

Respecto de los aspectos constitucionales involucrados, la exposición de la profesora Verónica Undurraga informó a la Comisión que el hecho de que en la Constitución Política y en tratados internacionales se establezca la protección de la vida pre natal no es sinónimo de criminalización de toda forma de interrupción voluntaria del embarazo, porque, en el fondo, de lo que se está hablando es de ciertas herramientas para cumplir un propósito, que es el resguardo de la vida pre natal. Además, ella argumentó que otras naciones, que en sus Cartas Fundamentales tienen los mismos principios que consagra la chilena, han dispuesto que la mejor manera de lograr aquel objetivo protector sea permitir en ciertas circunstancias la despenalización voluntaria de la gestación. Por último, ella consignó que los países que presentan menores tasas de aborto son los que no lo criminalizan en todas sus formas.

Sobre la realidad nacional, teniendo en cuenta lo que se hace regularmente en las clínicas y hospitales públicos –y no en la clandestinidad- a pesar de la penalización establecida en el año 1989, que prohibió toda intervención cuyo fin sea interrumpir un embarazo, resulta contradictorio el tratamiento que se da a los embarazos ectópicos, ya que cuando un huevo fecundado se implanta en una trompa, fuera de la cavidad intrauterina, lo que hace el facultativo es interrumpir la gestación para proteger la vida de la madre, acto que en ningún caso constituye un aborto indirecto, como se ha tratado de insinuar por algunos. Es aborto indirecto, por ejemplo, el que ocurre cuando a una mujer embarazada, a quien se le detecta un cáncer, como efecto indeseado el tratamiento produce la muerte del feto. En el embarazo ectópico, en cambio, el problema para la salud de la madre es el embrión y por ello la acción del médico va dirigida a su destrucción.

De consiguiente, no parece razonable atribuir una dignidad intrínseca mayor al embrión o feto en el caso de un embarazo anencefálico que al embrión alojado en la trompa, sin embargo, en el primer caso la gestación no puede ser interrumpida, al tenor del artículo 119 del Código Sanitario. Por ello es imprescindible ajustar la legislación a la realidad y dar certeza jurídica a los equipos médicos, para proteger los derechos de las mujeres.

Finalmente, es manifiesto que en este asunto no priman los intereses sanitarios y se constata una gran inequidad, derivada las determinantes sociales de la salud, puesto que el aborto se vincula con la posición socioeconómica de la mujer y con su entorno cultural. Entonces, más allá de que la tasa de mortalidad materna en Chile sea baja, porque se han hecho bien las cosas en materia de planificación familiar, es preciso entender que hay un problema de derechos involucrado, que necesita una resolución adecuada, particularmente en lo que atañe a los derechos de la mujer.

En razón de todo lo expuesto, emitió su voto a favor de la aprobación en general del proyecto de ley.

El Honorable Senador señor Girardi también se pronunció favorablemente sobre la idea de legislar.

Este debate versa sobre el estatus que se conferirá a la mujer, es decir, si serán tratadas como sujetos de derecho plenos o si tal condición les será menoscabada, en lo que respecta a la toma de decisiones en materias fundamentales. Ello va más allá de la posición que se adopte en torno al aborto, pues es necesario defender el derecho de la mujer a llevar a término su embarazo en cualquier circunstancia, para lo cual el Estado y la sociedad deben brindarle el apoyo y acompañamiento, tanto antes como después del parto. No obstante, con la misma fuerza, a una mujer que se encuentra en alguna de las tres causales que propone el proyecto de ley le asiste el derecho a tomar otra decisión, elección que también debe ser acompañada por la acción del Estado.

En el estado actual de cosas se impone una visión tremendamente machista, que posterga y reduce a la mujer. De hecho, algunos postulan que al quedar embarazada la mujer ya no es dueña de su útero y que no le pertenece su cuerpo. En ese contexto, planteó que no es posible obligar a alguien a poner su cuerpo a disposición de otro.

La situación de menoscabo de la mujer está relacionada con una determinada visión de la sexualidad, una visión machista, que considera que ella tiene una misión principalmente reproductiva. No es casual que la mujer en Chile haya tenido acceso de manera tardía al voto electoral, porque supuestamente no estaba capacitada para participar de la vida social y política.

La liberalización de la mujer implica rescatar su sexualidad, pues el elemento central se relaciona con sus derechos sexuales y reproductivos. Pero para que el derecho sea libre es preciso que se dé en el contexto de una sexualidad responsable e informada, lo que requiere educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos. La sexualidad del ser humano lo distingue de todos los demás mamíferos, pues es posible vivirla en forma plena, independientemente de la función reproductiva.

Esta argumentación es consistente con el hecho de que los mismos sectores conservadores que dicen estar contra el aborto, en el pasado se opusieron al condón y a la píldora del día después, e incluso querían prohibir la utilización de la T de cobre, método anticonceptivo de mayor uso, más barato y que tuvo su desarrollo como política pública en Chile en el Gobierno del ex Presidente señor Frei Montalva. La sexualidad vivida sin anticoncepción ni educación genera más abortos.

Junto con la aprobación del presente proyecto de ley, será imprescindible sancionar también la reforma constitucional que consagra los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, para que pueda ejercer los derechos que se le conceden atendida su calidad de persona.

Quienes adscriben a la posición favorable a la aprobación del proyecto son los que realmente están en contra del aborto y no quieren que esa práctica se transforme en un mecanismo de control y regulación de la natalidad; son los que han abogado permanentemente por una mayor educación sexual y por la introducción de métodos anticonceptivos. Por lo tanto, quienes favorecen el aborto, muchas veces sin quererlo realmente, son los que se oponen a una sexualidad libre, plena y responsable.

El escenario ideal es que nunca se produzcan abortos, pero no por la búsqueda de ese propósito se va a condenar a la cárcel a una mujer que, en situaciones límites y dramáticas, ha decidido interrumpir su embarazo. Ello implicaría un acto de crueldad extrema, que victimizaría nuevamente a la mujer, lo que se patentiza de manera más trágica en el caso de violación, que es el mayor atentado a la dignidad que puede sufrir una mujer. Esa víctima, cuyas redes familiares y sociales de protección han fallado, en la situación actual de la legislación sería reprochada penalmente si opta por interrumpir la gestación. Si una agresión de ese tipo le ocurriera a su hija, obraría en resguardo de su vida, salud y dignidad.

Es cuestionable aludir al respeto a los derechos humanos para sustentar una posición contraria a la iniciativa de ley, toda vez que varios entes de la Organización de las Naciones Unidas han reprochado a nuestro país la legislación vigente sobre esta materia. Chile forma parte de un grupo de cinco países en el mundo que proscriben el aborto en todas sus formas.

La discusión acerca del momento en que es posible detectar a una persona humana es un problema que no suscita consenso y la mayoría de los países occidentales han establecido que ello ocurre en el instante del nacimiento. Sin embargo, también hay quienes confieren a la fecundación un estatus de dignidad moral, basados en una concepción sobrenatural, mágica y religiosa que, si bien es respetable, no se puede imponer al conjunto de la sociedad. Si fuese así, también las células de la piel deberían ser protegidas, porque actualmente la ciencia puede reprogramarlas para crear una persona humana a partir de ellas.

Es posible identificar a la persona humana desde el momento en que hay estructuras complejas neuronales que posibilitan el desenvolvimiento de ese ser, pero esa visión tampoco puede imponerse a los demás. Nadie puede erigirse en custodio o poseedor de la supremacía moral, ya que todas las personas tienen la misma dignidad y derechos, con independencia de sus posiciones valóricas. Un fundamento de la convivencia democrática supone que permitir que otras personas puedan ejercer sus valores no significa renunciar a los propios.

Chile ya hizo este debate hace casi un siglo y la regla vigente hasta 1989 nunca fue cuestionada, incluso por quienes participaron de los trabajos preparatorios de la Constitución de 1980. Por ello, esta discusión tiene carácter reparatorio y su sentido es permitir que Chile restablezca algunos derechos humanos y consagre normativamente una visión de sociedad multivalórica, de conformidad con el respeto a la libertad de las personas más allá de las creencias que profesen.

El Honorable Senador señor Chahuán, al iniciar la fundamentación de su voto por el rechazo en general del proyecto, destacó que el asunto debatido no tiene relación con la salud pública, cuestión que ha sido reconocida por las autoridades de Salud de la actual administración y se confirma por el hecho de que quien ha liderado la discusión por parte del Ejecutivo ha sido la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Sincerar la discusión permite advertir una contraposición entre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y los del que está por nacer.

La idea de legislar decide si un proyecto de ley, por un lado, identifica un problema real y, por otro, si otorga una adecuada solución al mismo. A eso se enfrentan hoy los miembros de la Comisión.

La proposición legislativa sí identifica un problema real, como es la existencia de ciertas circunstancias que impiden que un embarazo pueda vivirse con normalidad, lo que puede generar incluso momentos objetivos de angustia y desesperación, debido a múltiples causas, como el abandono, la soledad, la violación, la edad, la presión del entorno u otras situaciones de violencia o abuso. Ante esta realidad la sociedad debe presentar soluciones. No obstante, la iniciativa legal presenta el aborto como única salida.

Lo anterior es de suma gravedad, por cuanto el aborto no es la real solución, como ha sido reconocido incluso por la Presidenta de la República, que en el Mensaje de la iniciativa expone que la realidad del aborto significa que en esos casos la sociedad está llegando tarde; paradójicamente, ahora se propone instaurar legalmente esa actuación tardía. Por consiguiente, el aborto afecta los derechos de la mujer, ya que le causa daño psicológico y un trauma que perdura por años y es difícil de borrar.

En consecuencia, lo que corresponde es superar las causas que llevan a una mujer a vivir un embarazo vulnerable, mediante un apropiado sistema de acompañamiento. Su Señoría ha presentado un proyecto de ley para asegurar la protección integral de la maternidad y ha insistido en que el acompañamiento que se brinde debe ser de tipo psicológico y económico y debe otorgar preferencia en la asignación de horas médicas. Además, el Estado no puede tener un doble estándar al suscribir instrumentos internacionales que protegen la vida del que está por nacer desde el momento de su concepción y, en la práctica, dejarla en situación de total abandono.

Lo pertinente es emular legislaciones como la de Puerto Rico y la que se discute actualmente en Colombia, para atender las necesidades de la mujer en situación de angustia, soledad y desesperación. Lo anterior, en el entendido de que la mayor cantidad de abortos se origina por coerción del entorno, la pareja o la familia. El Estado no puede abandonar a la mujer que está en tal situación de abandono que le impide tomar una decisión apropiada.

El informe financiero que acompaña al proyecto de ley establece un sistema de acompañamiento cuyo costo evalúa en aproximadamente $ 3.000.000.000, pero, como han expuesto algunos intervinientes en el debate, para que sea efectivo debiera involucrar recursos por al menos $ 24.000.000.000.

El aborto atenta directamente contra la vida del ser que no ha nacido, en quien cabe reconocer una dignidad igual a todo ser humano. Incluso, siguiendo a Mounier y a Maritain se trata de un ser único e irrepetible, que debe ser protegido.

La sociedad debe enfrentar este problema desde un punto de vista humano, que considere tanto la vida de la madre como la del que está por nacer y que otorgue protección a sus derechos humanos de cuarta generación; para ello se requiere un acompañamiento que asegure la atención de salud. A mayor abundamiento, el Ministerio de Salud reconoce al feto como un paciente susceptible de ser asignatario de prestaciones incluidas en las Garantías Explícitas en Salud.

Discrepó de la concepción de persona expresada por el señor Senador que le antecedió en el uso de la palabra, pues de seguir esa línea argumentativa habría que reformular todas las políticas públicas de salud dirigidas a la protección de la maternidad, incluso aquellas que advierten sobre la exposición al tabaco de mujeres embarazadas o las que proporcionan prestaciones para el tratamiento de la espina bífida.

En conclusión, el embrión o feto es un paciente que merece ser protegido.

El aborto tiene dos víctimas: la mujer embarazada y el niño que aloja en su vientre. En ese sentido, las audiencias que ha concedido la Comisión han permitido alcanzar algunos consensos, como la existencia de un déficit de especialistas materno fetales y de tecnología médica apropiada en el sistema público de salud, en relación con la necesidad de diagnosticar certeramente una patología supuestamente incompatible con la vida.

Su posición contraria a la iniciativa se funda en parte en los testimonios prestados ante la Comisión por Nevenka Astudillo, Massiel Moreno y Marta Aravena, quienes fueron víctimas y optaron por la vida en situaciones similares a las de las tres causales que contempla el proyecto de ley.

La propuesta legislativa no se hace cargo de qué ocurrirá con los niños que resulten vivos luego de realizado un procedimiento abortivo.

El proyecto es innecesario. Respecto de la primera causal, pues la lex artis médica ya ha resuelto la forma en que debe ser abordada la situación. Si como efecto indirecto de un procedimiento destinado a salvar la vida de la madre muere el feto, ello no está penado en nuestro ordenamiento jurídico. En realidad, Chile forma parte de un grupo de 60 países que no sancionan el aborto indirecto.

En cuanto a la segunda causal, hay un ser único, irrepetible y trascendente, dotado de dignidad humana, que debe ser protegido. Además, con los especialistas y el equipamiento tecnológico disponible, en etapas tempranas de la gestación es imposible determinar con certeza diagnóstica los hechos que configuran la causal.

Esta posición es progresista, pues postula que los derechos de una persona terminan donde comienzan los del otro y, por tanto, no se puede disponer de la vida de una persona, especialmente de quien no puede defenderse.

Finalmente, en lo relativo a la tercera causal, conocida la experiencia de mujeres que han vivido el drama de la violación no se puede sino empatizar con su sufrimiento. Pero en el contexto de una sociedad hedonista e individualista se opta por la solución más fácil que propone una cultura de lo desechable.

Un mal no se resuelve con otro, sino siendo capaces de entender que la real solución es aquella de mayor dificultad y que parte de la base de que es necesario contar con educación sexual temprana y libre disposición de métodos anticonceptivos. Pero otra cosa distinta es atentar contra la vida de un ser único e irrepetible, lo que no es admisible.

El proyecto de ley adolece de vicios de inconstitucionalidad, no sólo porque atenta contra el ordinal 1° del artículo 19 de la Carta Política y tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, sino porque también atropella las bases de una sociedad democrática, que entiende que todos sus miembros deben ser protegidos, porque tienen dignidad.

Asimismo, vulnera la garantía de igualdad ante la ley, reconocida en el ordinal 2° del artículo 19 del Texto Fundamental, al limitar el derecho a la vida de ciertos seres humanos por condiciones que no dependen de ellos, como las que se evidencian en la segunda y tercera causales.

Finalmente, también es contraria a la Constitución la forma en que la iniciativa legal regula la objeción de conciencia, pues vulnera la libertad de conciencia del resto del equipo médico que no es el galeno, libertad consagrada en el ordinal 6° del artículo 19, y no otorga espacio para el ideario institucional.

La Honorable Senadora señora Goic recordó que en el año 1994 ingresó a trámite en la Cámara de Diputados el primer proyecto de ley destinado a despenalizar la interrupción del embarazo, luego de que en el año 1989 la dictadura derogara el aborto terapéutico, que había estado vigente en el Código Sanitario desde el año 1931. Posteriormente, se ha sumado una treintena de iniciativas similares, en diferentes estados de tramitación, pero que dan cuenta de un cuestionamiento a la situación legislativa actual en esta materia.

El debate se centra en situaciones dolorosas y complejas que viven muchas mujeres, que por distintos motivos evalúan la interrupción del embarazo. Así como nadie desea el aborto, tampoco se quiere que existan situaciones de abuso y violaciones, riesgo de vida en un embarazo o casos de inviabilidad fetal, pero la realidad que se constata precisa que el Congreso Nacional haga el debate respectivo, de forma franca, transparente y con altura de miras.

La discusión implica una oportunidad para reafirmar la sociedad que se procura construir, en momentos en que la tecnología y la ciencia tienen la pretensión de modificar la naturaleza y la propia humanidad de las personas, lo que lleva a debates éticos límites. Corresponde resaltar el valor inalienable de todos los miembros de la especie humana, esto es, que la dignidad humana no depende de características, estado de desarrollo o capacidad cognitiva. Ello otorga la calidad de sujetos de respeto y titulares de derechos, el primero de los cuales, sin el que no podría existir algún otro, es el derecho a la vida, que debe ser respetado desde la concepción hasta la muerte natural.

A través de la historia, los demócrata cristianos han sido fieles a ese principio, actitud expresada en la oposición a la dictadura, la defensa frente a las violaciones de los derechos humanos y en la derogación de la pena de muerte, entre otras circunstancias. En esa misma coherencia política se fundamenta la postura contraria a la legalización del aborto.

A este respecto, cabe recalcar que el proyecto de ley sólo abarca tres causales excepcionales, y citó al Padre Percival Cowley (SS.CC.), quien ha dicho que el debate acerca de despenalizar algunas situaciones implica que las demás formas de aborto siguen penalizadas y el delito también subsiste.

Además, desde la perspectiva de la sociedad que se quiere construir y del rol del Estado en esa tarea, la prohibición del aborto no basta para proteger la vida del niño o la niña, ni tampoco la de las mujeres o el bienestar de las familias. Así, una comunidad verdaderamente humanista y solidaria debe ser capaz de garantizar las condiciones sociales para que todas las familias puedan recibir una nueva vida como una buena noticia.

En su labor como parlamentaria ha promovido la corresponsabilidad y el reconocimiento del rol del padre y la madre en la crianza; cómo garantizar los derechos de la maternidad y el acceso a la asistencia obstétrica para un parto humanizado; la promoción de la lactancia materna y su ejercicio; la extensión del período post natal de seis meses, y otras iniciativas que generan condiciones laborales que permiten a las mujeres tener una maternidad protegida. En ese mismo orden de ideas, ha pedido al Gobierno poner urgencia a un proyecto de su autoría y que ha sido transversalmente apoyado, que busca la prevención y protección del embarazo adolescente y que probablemente podría evitar un número importante de los abortos que hoy se producen.

El debate que ocupa a la Comisión es una oportunidad como país para avanzar en temas que han estado detenidos por años, como entregar espacios de confianza a los jóvenes para que acudan a alguien que no los va a recriminar o criminalizar por sus actos, sino que va a acoger el drama al que se enfrentan cuando hay un embarazo no deseado. Es también una oportunidad para retomar iniciativas como las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad, que tenían como único objetivo entregar herramientas a los jóvenes en ambientes de confianza.

El proyecto de ley enfrenta una realidad palpable, que no es posible evitar y que afecta a mujeres que se encuentran en tres situaciones límites. Se debe decidir si el Estado actuará ejerciendo su poder sancionatorio –que afecta la dignidad de las mujeres- o si se hará cargo del drama, asumiendo su rol protector.

Nadie puede estar obligado a actuar más allá de lo humanamente razonable y, en esa línea, el proyecto aborda casos complejos, respetando la decisión de la mujer, con independencia de cuál sea. El dolor que ellas deben afrontar también afecta al padre –cuando está presente- y a la familia y cercanos.

Destacó el trabajo de los Diputados que adscriben a su partido político y que perfeccionaron la iniciativa en el primer trámite constitucional, especialmente en lo referido al programa de acompañamiento, que es un eje fundamental para hacerse cargo del drama de la mujer y no ofrece como única solución el aborto. Si bien el programa de acompañamiento es insuficiente, tiene como cualidades positivas el hecho de ser confidencial, fundarse en el respeto a la mujer, no ser disuasivo ni coercitivo, respetar la libertad de la mujer y que opera con independencia de su decisión, creencias y valores. El programa debe configurarse como una garantía estatal integral para todas quienes lo requieran.

Votó a favor de la idea de legislar.

- Recogida la votación, el proyecto de ley fue aprobado en general por tres votos a favor, emitidos por los Honorables Senadores señora Goic y señores Girardi y Rossi, y dos en contra, formulados por los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Chahuán.

- - - - - - -

TEXTO DEL PROYECTO APROBADO

Se consigna a continuación el texto del proyecto despachado por la Cámara de Diputados, cuya aprobación en general propone la Comisión:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en el Código Sanitario:

1. Sustitúyese el artículo 119 por el siguiente:

“Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer, un(a) médico(a) cirujano(a) se encontrará autorizado(a) para interrumpir un embarazo, en los términos regulados en los artículos siguientes, cuando:

1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.

2) El embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal.

3) Sea resultado de una violación, en los términos del inciso tercero del artículo siguiente, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.

En cualquiera de las causales anteriores, la mujer deberá manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo. Cuando ello no sea posible, se aplicará lo dispuesto en el artículo 15, letras b) y c), de la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes. En el caso de personas con discapacidad sensorial, sea visual o auditiva, así como en el caso de personas con discapacidad mental psíquica o intelectual, que no hayan sido declaradas interdictas y que no puedan darse a entender por escrito, se dispondrá de los medios alternativos de comunicación para prestar su consentimiento, en concordancia con lo dispuesto en la ley Nº 20.422 y en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Si la mujer ha sido declarada incapaz judicialmente por causa de demencia, se deberá obtener la autorización de su representante legal, debiendo siempre tener su opinión en consideración, salvo que su incapacidad impida conocerla.

La voluntad de interrumpir el embarazo manifestada por una adolescente de 14 años y menor de 18 deberá ser informada al menos a uno de sus representantes legales; y si fueren varios, a elección de ella. Si a juicio del médico(a) existen antecedentes que hagan deducir razonablemente que proporcionar esta información al representante legal señalado por la adolescente podría generarle alguno de los riesgos contemplados en el inciso quinto, se informará al adulto familiar o adulto responsable que la adolescente indique. En caso que la adolescente se halle expuesta a alguno de los riesgos referidos, el(la) jefe(a) del establecimiento hospitalario o clínica particular deberá informar al Tribunal de Familia competente para que adopte las medidas de protección correspondientes.

El prestador de salud deberá proporcionar a la mujer información veraz sobre las características de la prestación médica según lo establecido en los artículos 8º y 10 de la ley N° 20.584. Asimismo, deberá entregarle información verbal y escrita sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la de programas de apoyo social, económico y de adopción disponibles. La información será siempre completa y objetiva, y su entrega en ningún caso podrá estar destinada a influir en la voluntad de la mujer. No obstante lo anterior, el prestador de salud deberá asegurarse de que la mujer comprende todas las alternativas que tiene al procedimiento de interrupción, antes que este se lleve a cabo y que no sufra coacción de ningún tipo en su decisión. En el marco de las tres causales reguladas en el inciso primero, también se le ofrecerá acompañamiento, tanto en su proceso de discernimiento, como durante el período siguiente a la toma de decisión, que comprende el tiempo posterior al parto o a la interrupción del embarazo, según sea el caso. Este acompañamiento incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico y en cualquier otro momento de este proceso. En caso de continuación del embarazo, junto con ofrecer el apoyo descrito, se otorgará información pertinente a la condición de salud y activación de redes de apoyo. Este acompañamiento sólo podrá realizarse en la medida que la mujer lo autorice, deberá ser personalizado y respetuoso de su libre decisión. En el caso de concurrir la circunstancia descrita en el número 3) del inciso primero, se proveerá a la mujer de la información necesaria para que pueda presentar una denuncia.

En la situación descrita en el numero 2) del inciso primero, el prestador de salud proporcionará los cuidados paliativos que el caso exija, tanto si se trata del parto como de la interrupción del embarazo con sobrevivencia del nacido.

Para estos efectos, los deberes y obligaciones a que se refieren los dos incisos anteriores se cumplirán, principalmente, mediante las prestaciones vigentes en el momento de la atención en el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial del Sistema Chile Crece Contigo y en el marco del Sistema Intersectorial de Protección Social.

En caso que el acompañamiento no sea ofrecido en los términos regulados en estos incisos, la mujer podrá recurrir a la instancia de reclamo regulada en el artículo 30 de la ley N° 20.584. Ante este reclamo, el prestador de salud deberá dar respuesta por escrito dentro del plazo de cinco días hábiles, contado desde el día hábil siguiente a su recepción y, de ser procedente, adoptar las medidas necesarias para corregir las irregularidades reclamadas dentro del plazo máximo de cinco días hábiles, contado desde la notificación de la respuesta. Si la mujer presentare un reclamo ante la Superintendencia de Salud, de ser procedente según las reglas generales, ésta deberá resolverlo y podrá recomendar la adopción de medidas correctivas de las irregularidades detectadas, dentro de un plazo no superior a treinta días corridos.”.

2. Incorpórase el siguiente artículo 119 bis:

“Artículo 119 bis. Para realizar la intervención contemplada en el número 1) del artículo anterior, se deberá contar con el respectivo diagnóstico médico.

En el caso del número 2) del artículo referido, para realizar la intervención deberá ratificarse el diagnóstico por el(la) médico(a) que cuente con las habilidades específicas requeridas. Todo diagnóstico y ratificación deberá constar por escrito y realizarse en forma previa. En caso de que se requiera una intervención médica inmediata e impostergable, podrá prescindirse de la ratificación. Tratándose del diagnóstico de un embarazo ectópico no se requerirá la ratificación para interrumpir el embarazo.

En el caso del número 3) del artículo 119, un equipo de salud, especialmente conformado para estos efectos, confirmará la concurrencia de los hechos que lo constituyen y la edad gestacional, informando por escrito a la mujer o a su representante legal, según sea el caso, y al(a la) jefe(a) del establecimiento hospitalario o clínica particular donde se solicita la interrupción. En el cumplimiento de su cometido, este equipo deberá dar y garantizar a la mujer un trato digno y respetuoso.

En los casos en que la solicitante sea una niña o adolescente menor de 18 años, los(as) jefes(as) de establecimientos hospitalarios o clínicas particulares en que se solicite la interrupción del embarazo procederán de oficio conforme a los artículos 369 del Código Penal, y 175, letra d), y 200 del Código Procesal Penal. Deberán, además, notificar al Servicio Nacional de Menores.

Tratándose de una mujer mayor de 18 años que no haya denunciado el delito de violación, los(as) jefes(as) de establecimientos hospitalarios o clínicas particulares deberán poner en conocimiento del Ministerio Público este delito, con la finalidad de que se investigue de oficio al o los responsables.

En el proceso penal por el delito de violación, la comparecencia de la víctima a los actos del procedimiento será siempre voluntaria y no se podrá requerir o decretar en su contra las medidas de apremio contenidas en los artículos 23 y 33 del Código Procesal Penal.”.

3. Introdúcese el siguiente artículo 119 ter:

“Artículo 119 ter. El(la) médico(a) cirujano(a) requerido(a) para interrumpir el embarazo por alguna de las causales descritas en el artículo 119 podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia al(la) Director(a) del establecimiento de salud, en forma escrita y previa. En este caso, el establecimiento tendrá la obligación de reasignar otro médico(a) cirujano(a) a la paciente. Si el establecimiento de salud no cuenta con ningún(a) facultativo(a) que no haya realizado la manifestación de objeción de conciencia, deberá derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción. El Ministerio de Salud dictará los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia.

Si el(la) médico(a) cirujano(a) que ha manifestado objeción de conciencia es requerido(a) para interrumpir un embarazo, tendrá la obligación de informar de inmediato al Director(a) del establecimiento de salud que la mujer requirente debe ser derivada.

En el caso que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, invocando la causal del número 1) del artículo 119, quien haya manifestado objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo cuando no exista otro(a) médico(a) cirujano(a) que pueda realizar la intervención.”.

4. Incorpórase el siguiente artículo 119 quáter:

“Artículo 119 quáter. Queda estrictamente prohibida la publicidad sobre la oferta de centros, establecimientos o servicios, o de medios, prestaciones técnicas o procedimientos para la práctica de la interrupción del embarazo en las causales del artículo 119.”.

Artículo 2°.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. Agrégase en el artículo 344 el siguiente inciso tercero:

“No constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario.”.

2. Agrégase en el artículo 345 el siguiente inciso segundo:

“No constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario.”.

3. Incorpórase el siguiente artículo 345 bis:

“Art. 345 bis. El que facilitare o proporcionare a otro cualquier órgano, tejido o fluido humano proveniente de aborto o interrupción del embarazo, será penado con presidio menor en su grado máximo, y en el caso de los facultativos médicos se impondrá la pena accesoria de inhabilitación especial del ejercicio de la profesión durante el tiempo de la condena.

Cuando la conducta señalada en el inciso anterior fuere realizada por un facultativo médico en los casos de interrupción del embarazo autorizados por tribunales, la pena se aumentará en un grado y se impondrá la accesoria de inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la profesión.”.

Artículo 3°.- Intercálase, en el inciso primero del artículo 13 bis de la ley N° 19.451, a continuación del punto aparte, que pasa a ser coma, la siguiente oración: “así como quien destine, en cualquier momento, con ánimo de lucro o para fines distintos de los autorizados en esta ley, órganos, tejidos o fluidos humanos provenientes de una intervención propia de la interrupción del embarazo.”.

Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley, en su primer año presupuestario, se financiará con cargo a los recursos que se consulten en la Partida 16 “Ministerio de Salud” de la ley de Presupuestos respectiva. No obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con tales recursos. Para los años siguientes se contemplará el financiamiento en las leyes de Presupuestos.”.

- - - - - - -

Acordado en sesiones de fechas 12 y 19 de abril, 9 y 17 de mayo, 6 y 21 de junio, 5, 12 y 18 de julio, 4, 11, 16, 18 y 30 de agosto y 5 y 6 de septiembre, todas del presente año, con asistencia de los Honorables Senadores señora Carolina Goic Boroevic (Presidenta) (Ignacio Walker Prieto) y señores Francisco Chahuán Chahuán, Guido Girardi Lavín, Fulvio Rossi Ciocca (Rabindranath Quinteros Lara) y Jacqueline Van Rysselberghe Herrera.

Valparaíso, 13 de septiembre de 2016.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS

Secretario

- o -

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD, ACERCA DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE REGULA LA DESPENALIZACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO POR TRES CAUSALES.

(Boletín Nº 9.895-11)

I. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO

POR LA COMISIÓN: el proyecto de ley aprobado en general por la Comisión de Salud tiene por objetivo regular la despenalización de la interrupción del embarazo por las tres causales descritas en el artículo 1°.

II. ACUERDOS: aprobado en general por mayoría (3 x 2).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: tres artículos permanentes y uno transitorio.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: todas las disposiciones del proyecto son propias de ley común.

V. URGENCIA: no tiene.

VI. INICIATIVA: Mensaje de la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: En la votación general, fue aprobado por 66 votos a favor, 44 en contra y 0 abstenciones, con la salvedad de los incisos cuarto y quinto del artículo 119 del Código Sanitario, incorporado por el numeral 1) del artículo 1° del proyecto, que fueron aprobados por 67 votos a favor, 42 en contra y 1 abstención. En la discusión en particular los preceptos fueron aprobados con diferentes mayorías.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 22 de marzo de 2016.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primero, discusión en general. Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- Artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

- Artículo 119 del Código Sanitario.

- Artículos 342 a 345, 369 y 494 N° 9° del Código Penal.

- Artículos 23, 33, 175 y 200 del Código Procesal Penal.

- Artículos 8°, 10, 15 y 30 de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.

- Artículo 13 bis de la ley N° 19.451, que establece normas sobre trasplante y donación de órganos.

- Ley N° 20.379, que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e Institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia "Chile Crece Contigo".

- Ley N° 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad.

Valparaíso, 13 de septiembre de 2016.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS

Secretario de la Comisión

- o -

- o -

ANEXO

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR IGNACIO SÁNCHEZ, RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

El doctor Ignacio Sánchez, Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, manifestó, en primer término, que el nombre del proyecto de ley se contradice con varios elementos de su contenido, ya que la despenalización de una conducta no significa que ella se establezca como un derecho sanitario exigible o que, por ejemplo, se regulen otros aspectos adicionales, como la objeción de conciencia.

Al ahondar sobre las causales de despenalización que contempla la iniciativa, sostuvo que en cuanto a la primera de ellas es preciso tener en cuenta que en el país, desde hace bastantes años, se ha tratado a la madre, según la patología específica que le afecte, con el embarazo en curso. Por tal motivo, el equipo médico adopta las medidas necesarias para solucionar ese riesgo vital, lo que en algunos casos, generalmente en embarazos incipientes, podría significar de manera secundaria o no buscada el fallecimiento del niño en gestación. Así las cosas, el aborto consiste en la práctica de un procedimiento que directamente afectará la vida del niño y no como una segunda intención no deseada.

En consecuencia, estimó que más que modificar la actual legislación es preciso efectuar un análisis más acabado para que se dé cabal cumplimiento a la lex artis ad-hoc, que obliga a llevar a cabo todas las acciones destinadas a salvar la vida de la madre y el niño. De hecho, el arte médico, desde sus orígenes, se planteó para cuidar la vida de las personas, entre las cuales debe incluirse el niño en gestación. Sólo en situaciones excepcionales, en que el tratamiento de la madre puede producir un daño al niño, será necesario primeramente buscar el beneficio de ambos y, de no ser posible, al menos restaurar la salud de la madre en riesgo vital.

Respecto de la segunda causal, el señor Rector mencionó que en su experiencia como especialista en Pediatría ha constatado que la ocurrencia de malformaciones incompatibles con la vida es bastante excepcional y difícil de diagnosticar, puesto que el examen preliminar puede cambiar con el correr del embarazo, debido al conocimiento y competencia del médico y a las posibilidades de acceder a tecnología y equipamiento más avanzados. Por lo anterior, planteó que un diagnóstico erróneo podría afectar la vida de niños que finalmente no tenían una patología que podría afectar su vida extra uterina. Aclaró que esta última situación se da principalmente en familias de escasos recursos y en las que residen en zonas aisladas, que no proveen acceso a nuevas tecnologías ni posibilitan consultar la opinión de otros especialistas.

Añadió que para un apropiado abordaje de esta situación se requiere de la asistencia especializada de un equipo médico multidisciplinario, pues de lo contrario el diagnóstico no será lo completo y veraz que se requiere en un caso tan extremo con el de malformación fetal.

Otro tema relevante atinente a esta causal es el acompañamiento médico, psicológico y compasivo, que no sólo debe estar disponible para aquellos que acceden a atención privada de salud, sino también a quienes recurren a establecimientos públicos de salud. Destacó el rol en este ámbito de la Universidad que dirige, que se materializa a través del programa Acompañar-es.

En lo relativo a la tercera causal, es decir, el embarazo originado en una violación, hizo hincapié en que lo primero que debe hacerse es atender y acompañar a la madre sometida a tal violencia, especialmente cuando los ataques se producen de manera permanente en el hogar o cuando la víctima es menor de edad o padece algún tipo de déficit mental u otra discapacidad. Luego, será preciso también proveer los medios para castigar al culpable de ese delito.

Sin embargo, otra víctima inocente de la agresión es el niño que está en gestación y, por esa razón, parece del todo injusto atentar contra su vida. Nuevamente acá cobra importancia el propicio acompañamiento de la madre, para que una vez nacido el niño tenga la posibilidad de optar por mantenerlo junto a ella o darlo en adopción.

Sobre este asunto observó que el proyecto adolece de muchas falencias, como la dificultad para establecer que el embarazo se ha generado por una violación, ya que la prueba del delito debe darse en el contexto de un proceso criminal legalmente tramitado. Incluso acreditar signos de violación luego de varias semanas de ocurridos los hechos puede ser extremadamente difícil. En conclusión, consideró que mediante la presente causal podría abrirse la puerta hacia un aborto más libre y amplio, sin sujeción a causales específicas.

En lo que atañe al dolor y el desarrollo neurológico del feto, el señor Rector afirmó que no son elementos para definir la condición de persona. Así, señaló que la vida, desde su inicio, consiste en un proceso continuo y por eso es tan arbitrario fijar un número determinado de tiempo para catalogar de una u otra forma a ese ser vivo.

Al finalizar su exposición, insistió en las contradicciones del proyecto de ley. En efecto, sostuvo, si se trata de despenalizar ciertas conductas, no tiene sentido legislar acerca de la objeción de conciencia. Sin embargo, como dicho instituto forma parte del articulado de la iniciativa, hizo notar que las instituciones poseen el derecho a tener idearios propios, a los que las personas pueden libremente adherir y, en ese contexto, la entidad que representa ha postulado explícitamente el respeto a la dignidad y al cuidado de la persona desde la gestación. Por lo demás, reparó en que esta postura ante el tema no conculca el derecho de toda persona a una oportuna atención de salud, pues ante el riesgo de vida de la madre se practicará lo que la lex artis demanda, y en las otras causales operará el traslado del paciente hacia otros establecimientos, tal como se hace en la mayoría de los países desarrollados en que los idearios institucionales se respetan.

Añadió que la objeción de conciencia no tiene que radicarse únicamente en el Gineco-Obstetra a cargo del procedimiento médico, sino que en todos los profesionales y técnicos que participan en él. Indicó que en naciones que han legislado sobre el aborto se acreditan en forma especial los médicos que realizarán ese tipo de intervenciones, que por su complejidad acarrean riesgos de mortalidad materna.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ENNIO VIVALDI, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

El doctor Ennio Vivaldi, Rector de la Universidad de Chile, al dar inicio a su ponencia, destacó que el proyecto de ley en debate no impone una decisión determinada, sino que sólo hace posible algo que hoy está proscrito. Por ello, manifestó que la discusión que subyace a este tema es la definición de cuáles son los asuntos que corresponden al Estado, que sólo de forma circunstancial puede prohibir la realización de ciertas conductas. En sentido opuesto, lo que realmente atañe al Estado es garantizar que sus ciudadanos, en el contexto de la legalidad vigente, puedan expresarse conforme a su conciencia.

Sin embargo, consideró que el rol estatal antes mencionado no ha sido cumplido en la materia que hoy ocupa a la Comisión y, por el contrario, se constata un exceso de intervención en las decisiones personales de los individuos, que puede tener graves consecuencias en su salud, tanto física como psicológica.

Luego, postuló que en su vida profesional ha visto cómo se ha evolucionado desde una visión paternalista de la medicina, en la que los facultativos adoptaban las decisiones sobre la vida o condiciones de salud del paciente, hacia una incorporación progresiva del respeto de los puntos de vista de este último, cuestión que no se refleja en la presente iniciativa de ley. Agregó que esa última postura también se evidencia en ciertas religiones que, por ejemplo, prohíben las transfusiones de sangre, aún en situación de riesgo vital del paciente, caso en el cual el galeno está obligado a respetar su creencia.

En otro ámbito, puso de manifiesto que si se presentase un proyecto de investigación clínica en cualquier país que tenga algún tipo de legislación sobre aborto, que analizara el efecto de una patología de la madre que envolviera un riesgo para su vida, en un grupo de mujeres al que por ningún motivo se les interrumpiría el embarazo, ciertamente sería rechazado por el comité de ética al que fuese presentado. Sin embargo, si se hiciese en Chile, ese experimento tendría el carácter de obligatorio, pues la ley dispone que no hay otra alternativa que llevar el embarazo a su término, con prescindencia del peligro que pueda afectar a la madre.

Consignó que la Casa de Estudios que representa cumplirá siempre la legislación y, por ese motivo, si la ley permite la interrupción voluntaria del embarazo por ciertas causales, estará dispuesta para atender a las pacientes que lo requieran. Empero, también informó que la Universidad cuenta con el centro más avanzado del país para prestar apoyo a embarazos con malformaciones. En otras palabras, enfatizó, se cumpliría con la misión que le ha encomendado la nación en su rol de universidad pública, respetando la opinión de cada una de las mujeres y ayudándolas a cumplir lo que en conciencia han decidido como lo más apropiado para su salud y su vida.

En definitiva, si bien la Universidad de Chile cumplirá con la legislación vigente, también estará disponible para asistir a las madres que lo necesiten.

Seguidamente, en lo referido a la objeción de conciencia, estimó que debe ser un asunto que debe discutirse a un nivel más alto. En efecto, indicó que si bien comprende que una institución privada tenga derecho a poner ciertas condiciones a quienes son sus dependientes, connotó que esa postura, eventualmente, puede contraponerse con el derecho del médico y su paciente para realizar un procedimiento que evite un peligro para la salud de este último. Es preciso garantizar que no se vulnere el derecho a la atención en salud de las personas.

Un asunto que, por el contrario, no admitiría mayor cuestionamiento, razonó el señor Rector, es el vinculado a la confidencialidad de la relación médica, que si no es respetada motiva una situación de crueldad imputable al Estado. Ejemplificó esta visión argumentando que negar el apoyo y ayuda a una niña de 14 años que ha sido violada es un acto de extrema brutalidad, dado que el estado de desolación y el abandono que ella sufre es extremo. Expresó que, con independencia de la convicción religiosa o moral que se tenga, sólo si se ha tenido la experiencia de atender en un centro de salud a una menor que ha padecido tales abusos se podrá comprender su sufrimiento.

De igual modo, continuó el señor Rector, impedir a una mujer que ha tenido un aborto que pueda explicar con total libertad al médico el padecimiento que le afecta, puesto que el profesional estará obligado a denunciarla con posterioridad, también le parece un acto cruel.

En consecuencia, resaltó la relevancia de la confidencialidad en el acto médico, pues el hecho de que el facultativo pueda brindar a la paciente –que en la mayoría de los casos ha sido violentada y no posee redes de apoyo- todos los cuidados que requiera, sin que se le exija denunciarla, es un acto de elemental humanidad.

Finalmente, aseveró que seguir perseverando junto a un grupo reducido de países en la prohibición del ejercicio de un derecho básico, que ocasiona a las mujeres padecimientos traumáticos, constituye una conducta altamente inhumana, que debe ser reparada por el legislador.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ENRIQUE PARIS, PRESIDENTE DEL COLEGIO MÉDICO DE CHILE A.G.

El doctor Enrique Paris, Presidente del Colegio Médico de Chile A.G., haciendo referencia a un estudio preparado por el Departamento de Ética de esa asociación gremial, que contiene reflexiones en torno al presente proyecto de ley, consignó que en relación a la interrupción del embarazo o el aborto terapéutico, las circunstancias que ponen los intereses de la madre en conflicto con aquellos de la criatura que está por nacer, crean un dilema y plantean la interrogante de si el embarazo debe ser deliberadamente interrumpido.

Planteó que la situación relatada no es de fácil resolución en la práctica médica ni para las madres. Por eso, postuló que el debate debe darse desde la perspectiva de la mujer y sus derechos sexuales y reproductivos. Agregó que un principio básico es el respeto irrestricto de la decisión de la mujer, ya sea de aquella que opta por terminar su embarazo como el de la que propugna su continuación, aún a costa de poner en riesgo su vida.

El mismo estudio consigna que no es función de la profesión médica determinar las actitudes y reglas de una nación o comunidad, en particular con respecto a este asunto, pero sí es su deber asegurar la protección de sus pacientes y defender los derechos del médico en la sociedad.

En lo que respecta a las causales que consagra el proyecto de ley, afirmó que la primera de ellas está de acuerdo con la posición expresada por el doctor Nazzal, puesto que en caso de estar en peligro la vida de la madre el médico debe actuar de todas maneras, aunque en esas circunstancias se produzca la pérdida del embrión o el feto. Indicó que entre los agremiados no hay mayor discusión acerca de este asunto.

En torno a la segunda causal, aunque se manifestó en general partidario de su establecimiento, instó a respetar tanto la opinión de aquella madre que desea continuar su embarazo como la de la que no resiste una gestación de ese tipo.

Declaró que este tema puede ser visto como una oportunidad para la salud pública, dado que para un acertado diagnóstico se requerirá la implementación de equipamiento moderno y avanzado y la capacitación de nuevos especialistas. Resaltó también la importancia que adquirirán los diagnósticos genéticos.

Consignó que estas tareas tienes que ser asumidas por profesionales especialistas en la materia y no por médicos generales.

Acerca de la causal de violación, junto con apelar también al acatamiento de la decisión de la madre, adujo que en los sondeos realizados entre los agremiados, más del 50% de ellos concuerda con la necesidad de legislar en este aspecto.

Valoró la introducción en la iniciativa legal de un sistema de acompañamiento, en base a un trabajo multidisciplinario.

Volviendo a la tercera causal del proyecto, connotó que el equipo médico está capacitado para describir las lesiones que se evidencian en la paciente, pero no se le puede exigir que certifique que son producto de una violación, labor que corresponde a la justicia ordinaria. Añadió que en caso de ser necesaria una denuncia para iniciar la persecución de un agresor, por tratarse de una paciente menor de edad, será el Jefe de Servicio la persona más idónea para realizar esa tarea.

Expresó finalmente que la objeción de conciencia es una decisión que debe respetarse y, en el mismo sentido, llamó a buscar una solución para aquellas instituciones en que todos sus profesionales hagan uso de esa facultad. Lo anterior, no sólo respecto del profesional médico, sino que también de todo el equipo humano que lo asiste.

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA ANITA ROMÁN, PRESIDENTA DEL COLEGIO DE MATRONAS Y MATRONES DE CHILE

La señora Anita Román, Presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, destacó que su gremio representa a alrededor del 60% de los profesionales del país.

Inició su intervención dando cuenta de que Chile ha disminuido la tasa de mortalidad materna de manera importante en las décadas previas, aunque en los últimos años se ha manifestado una tendencia a la mantención de las cifras. Informó que de las aproximadamente 50 mujeres que mueren al año, 5 corresponden a causas de aborto inseguro. Por tal razón, el Colegio que preside considera que penalizar en todas sus formas el aborto provoca que la maniobra de interrupción voluntaria del embarazo se haga de manera clandestina, con el consiguiente riesgo sanitario e inequidad injustificable, pues la seguridad sanitaria de esa acción dependerá del nivel de ingresos de la mujer.

En virtud de lo expuesto, valoró la discusión legislativa sobre la iniciativa que, por las tres causales que invoca, representa al 10% del total de embarazos que se registran en el país; es una oportunidad para poner de manifiesto un problema que aqueja a muchas mujeres y para ofrecerles una solución.

Al referirse específicamente a cada una de las causales contempladas en la iniciativa legal, sostuvo que la primera de ellas asegura que no hará falta esperar a que la mujer se esté muriendo para interrumpir su embarazo, sino que se permite la intervención médica para poner fin a una situación actual que en el futuro implicará la muerte de la mujer. En definitiva, se libera de responsabilidad a los facultativos que deben actuar para salvar la vida de la madre.

En el contexto actual, acotó, dada la prohibición del aborto en todas sus formas, es preciso tener en cuenta que, si bien el Ministerio de Salud ha establecido orientaciones técnicas para la atención integral de mujeres que presentan un aborto y otras pérdidas reproductivas, cada uno de los médicos actúa por si solo y muchos de ellos opinan que dichas orientaciones, al poseer un rango inferior a la disposición legal, no pueden ser aplicadas, por la eventual responsabilidad penal que les puede caber al realizar un procedimiento abortivo.

Sobre las siguientes causales, opinó que están fundamentadas en el respeto de los derechos fundamentales de la mujer a decidir de forma libre, informada, protegida, apoyada y contenida la interrupción de su embarazo, cuando está enfrentada a las situaciones planteadas. Aclaró que el proyecto de ley no obliga a abortar, pero sí permite una opción diferente, y con seguridad sanitaria, a la que hoy existe.

Celebró la relevancia que se otorgó en el trámite en la Cámara de Diputados al acompañamiento como medida necesaria de protección y cuidado de la mujer embarazada. Previno que el referido programa debe estar provisto de los recursos suficientes para asegurar su efectividad.

En lo que atañe a la regulación de la tercera causal, advirtió que si la mujer es mayor de 18 años y no ha denunciado el delito de violación, la experiencia de las matronas les permite distinguir dos tipos de situaciones. La primera es la de la mujer que ha sufrido un ataque sexual en la vía pública o en otro lugar fuera de su hogar, que necesariamente será atendida posteriormente en un centro de salud. La segunda, en cambio, los ataques de mayor ocurrencia generalmente son de carácter reiterado, y se producen dentro del hogar, por parte de familiares o amigos cercanos, situación en que la agredida no siempre tiene la posibilidad de recurrir a un establecimiento médico. Entonces, enfatizó, la iniciativa legal apunta principalmente a resguardar a ese segundo grupo, con el fin de otorgarles acceso a una atención sanitaria segura.

En seguida, con referencia a la objeción de conciencia, destacó que el aborto es un acto médico. Por tal motivo, la matronería no requiere ser incluida en esa regulación y debe seguir realizando sus labores de forma ordinaria, puesto que su rol es otorgar los cuidados derivados de la acción médica. De hecho, ningún profesional de esta especialidad le pregunta a una mujer si se hizo un aborto para determinar si la asistirá según las indicaciones impartidas por el médico.

En resumen, la objeción de conciencia debe recaer exclusivamente en quien interrumpe el embarazo.

En otro orden de ideas, planteó que el tema del aborto debe ser abordado desde una perspectiva realista.

Así, por ejemplo, recomendó revisar las normas laborales, ya que la mayoría de las mujeres que interrumpen su embarazo en el país son aquellas que temen ser despedidas por ejercer la maternidad. Entonces, si no se protege a la madre de forma integral no habrá una reducción de las cifras de aborto en el país. En igual sentido, reclamó las diferencias que en esta materia hacen habitualmente las Instituciones de Salud Previsional.

Por otra parte, recalcó que los programas de educación que imparte el Ministerio de Educación son sumamente deficitarios. Consignó que se sigue evadiendo enfrentar la práctica sexual entre adolescentes con una política pública. Asimismo, reparó en que no se han adoptado medidas contra el “mercado negro” que permite acceder a procedimientos abortivos inseguros.

Solicitó avanzar en lo que calificó como la “des satanización” de la maternidad, pues cada vez que una mujer e encuentra en estado de gravidez surgen comentarios negativos hacia esa condición, porque es fundamental respetar los derechos de las mujeres frente a procesos en y sobre su cuerpo.

Culminó su alocución señalando que la matronería de Chile, que enfrenta a diario los casos clínicos relatados, estima necesaria la realización de una discusión amplia, madura, sin prejuicios valóricos o personales, propositiva y representativa de la realidad del aborto, en toda su dimensión. Sin perjuicio de ello, requirió de los parlamentarios la rápida aprobación de este proyecto de ley, que hace justicia a la inequidad establecida en el Código Sanitario al imponer una barrera de acceso a la seguridad sanitaria en la maniobra abortiva. De hecho, insistió en que las cinco muertes de mujeres que anualmente se constatan se producen por su condición de pobreza.

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR OMAR NAZZAL, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD CHILENA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

El doctor Omar Nazzal, Presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, resaltó la necesidad de abordar de forma integral el problema, que abarca el aborto, la anticoncepción, la violencia y la educación sexual. Así lo ha considerado en sus debates la organización que representa, que está conformada por el 60% de los 1.100 profesionales Gineco-Obstetras que hay en el país.

Informó que se realizó una encuesta entre los asociados, en que se consultaba su opinión acerca de las tres causales que contemplaba originalmente el proyecto de ley en el Mensaje Presidencial, la que fue contestada por el 30% de los profesionales; estima el expositor que esta cifra otorga un nivel de confianza de 92%. Explicó que la mayoría de los encuestados que contestaron las preguntas tiene un ejercicio profesional de más de 10 años, con desempeño en instituciones de salud públicas y privadas y en entidades universitarias.

En lo que atañe a la primera causal, acotó que en el momento en que se hizo la pesquisa la redacción señalaba que el riesgo vital de la mujer podría ser “presente o futuro”, aunque en el texto que se aprobó en el primer trámite constitucional finalmente no se incluyó esa expresión. Al respecto, el 61,7% de los encuestados se manifestó a favor de esa causal. Sin embargo, si la pregunta no hubiera incorporado la expresión antes citada, el 60% del 38,3% de menciones negativas se habría manifestado en el sentido opuesto.

Respecto de la segunda causal, el 66,5% se expresó de forma positiva.

Sobre la causal relacionada con la violación, la opinión de los profesionales fue mayoritariamente negativa y alcanzó al 65,5% de las respuestas. Explicó que se trata de la causal menos relacionada con la medicina propiamente tal y probablemente por ello se dio el resultado antes mencionado.

Aunque en la iniciativa legal se dispone que sea un médico cirujano quien estará a cargo del procedimiento de interrupción del embarazo, puntualizó que casi la totalidad de los encuestados respondió que ello debería llevarse a cabo por un ginecólogo obstetra o un especialista materno fetal.

En otro ámbito, relató que en cifras del año 2011, en Chile se registraron 235.944 partos, universo en el que se contabilizó aproximadamente 30.000 egresos por aborto.

En cuanto a malformaciones y genopatías incompatibles con la vida, sostuvo que el número de mujeres que podrían encuadrarse en la segunda causal del proyecto de ley varía entre 500 y 800 anualmente. A su vez, las mujeres con riesgo vital son entre 50 y 60, en el mismo período.

Una cifra difícil de estimar, enfatizó, es la de las mujeres enfrentadas a casos de violación y que como resultado de ese ataque han quedado embarazadas, toda vez que después de una serie de análisis transversales se constató que podría variar entre 500 y 1.500 casos. Presentó la siguiente imagen al efecto:

A continuación, hizo referencia a las fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas que la organización que dirige ha detectado en el proyecto de ley.

En primer lugar, hizo hincapié en que las fortalezas tienen relación con que la labor profesional se efectúa en base a lo dispuesto en las guías clínicas, que hay una masiva presencia de facultativos Gineco-Obstetras a lo largo del país, aunque en las condiciones actuales puede ser insuficiente, y que los médicos están acostumbrados a trabajar con equipos multidisciplinarios.

Las oportunidades, a su vez, se vinculan con la posibilidad de dar respuesta a un modelo de atención basado en los derechos de las personas y en la creación de la figura del acompañamiento de carácter integral, con independencia de la decisión que la mujer adopte. Precisó que el financiamiento que se ha aprobado parece ser adecuado para el número de casos proyectado. Además, se considera como una oportunidad para el resto de las mujeres el hecho de que se requerirá una mejoría tecnológica para un apropiado diagnóstico prenatal y la posibilidad de optar a una consejería preconcepcional para evitar algunas de las condiciones que podrían concluir con un aborto.

Entre los desafíos, el doctor Nazzal anotó el diagnóstico y la consejería, la implementación adecuada del acompañamiento, la formación de equipos humanos idóneos y la adquisición de nuevos equipamientos tecnológicos. En resumen, la capacidad para dar respuesta adecuada a las nuevas circunstancias que plantea la iniciativa legal.

En último lugar, razonó, las amenazas están representadas por la objeción de conciencia de los tratantes, la aplicación inadecuada de la ley, la incapacidad de dar cumplimiento al diagnóstico prenatal, desde el punto de vista de los medios tecnológicos, diagnóstico genético y capacidad de los profesionales.

Luego de relatar todas las acciones de la Sociedad en materia de aborto, anticoncepción y prevención del embarazo, no sólo para los médicos especialistas, sino que también para los profesionales en formación, las matronas y el público en general, con amplia difusión en medios de comunicación y redes sociales, comentó que han participado activamente, junto al Ministerio de Salud, en la creación de guías clínicas de sexualidad y en el diagnóstico y manejo de las malformaciones.

Al finalizar su intervención presentó el listado que la organización considera como malformaciones incompatibles con la vida:

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA ROSA PARDO, REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRÍA

La doctora Rosa Pardo, representante de la Sociedad Chilena de Pediatría, expresó que, junto con evitar usar los términos anomalías letales o incompatibles con la vida, dada su imprecisión, la primera tarea a la que se abocó la entidad que representa, una vez conocida la presentación del proyecto de ley, fue determinar cuáles eran las anomalías congénitas de mal pronóstico vital. Su establecimiento se estableció en base a fenómenos fisiológicos que pueden llevar a la muerte.

Entre los defectos del tubo neural se incluyó la anencefalia –con 75 casos anuales aproximadamente-, la iniencefalia y la craneorraquisquisis. Todas estas alteraciones presentan una mortalidad altísima en los primeros minutos de vida del paciente.

Otra alteración es la hipoplasia pulmonar, de la cual la de tipo primario es menos frecuente, en tanto que la secundaria se presenta en más casos y puede generar oligohidramnios, tórax pequeño o miopatías. Si el volumen pulmonar es igual o menor a 15% la mortalidad es de un 100% de los casos.

Otra anomalía es la del feto acardio, que presenta entre 5 a 10 casos anuales, en que hay una ausencia del desarrollo del hemicuerpo superior del feto, lo que se asocia a alteraciones en los vasos sanguíneos.

Del mismo modo, la ectopia cordis consiste en que el corazón está desplazado de su lugar normal y se ubica en la línea media. Anualmente se constatan uno o dos casos al año. Si el corazón está a nivel cervical hay un 100% de mortalidad.

El síndrome de tallo corporal (Body Stalk Syndrome) se presenta cuando el cordón umbilical es muy pequeño, lo cual favorece que la membrana se fusione con la pared ventral, lo que produce la evisceración de órganos internos. Se constatan alrededor de diez casos anualmente.

Por otro lado, el complejo de la pared corporal (Limb Body Wall Complex) presenta alteraciones en las extremidades y evisceración. Se dan entre uno y ocho casos al año.

La triploidía genera la muerte en la mayoría de los casos, ya sea porque se presenta como un huevo anembrionado, en forma de mola o por ser de carácter complejo. Puede estar presente en dos casos al año. Está asociado al síndrome de hipertensión del embarazo severo de la madre.

El diagnóstico debe hacerse a través de estudios citogenéticos, que necesitan procedimientos invasivos.

La trisomía 13 y la trisomía 18, por otro lado, afectan a alrededor de 30 y 42 fetos al año, respectivamente, de los cuales la mayoría fallece in útero. Para su detección se requieren estudios genéticos.

Finalmente, mencionó la agenesia renal bilateral, que consiste en la ausencia de los riñones, lo que deriva en hipoplasias pulmonares.

En consecuencia, sostuvo, será necesario aumentar el acceso al diagnóstico mediante ecografías, resonancias magnéticas y estudios genéticos.

Además, toda mujer gestante con diagnóstico de feto con anomalías congénitas de mal pronóstico vital debe ser acompañada en el período perinatal por un equipo multidisciplinario que, entre otros profesionales, debe estar compuesto por médicos, matronas, psicólogos y asistentes sociales.

En otro ámbito, resaltó que entre las fortalezas del país en esta área cabe destacar los programas de prevención de anomalías congénitas, la red de salud, Chile Crece Contigo, el sistema de Garantías Explícitas en Salud, el Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Chile, los laboratorios de genética y los programas de especialización acreditados.

Entre las debilidades, mencionó la falta de consejería preconcepcional, las prestaciones no incluidas en códigos del Arancel del Fondo Nacional de Salud y los escasos especialistas formados en esta área.

Finalmente, planteó algunas oportunidades que este debate genera para el país, entre las que cabe citar el fortalecimiento de las redes de salud y los programas vigentes, el mejoramiento de los registros de anomalías congénitas, el aseguramiento del acceso de la población a estudios de genética y la capacitación de personal

INTERVENCIÓN DEL OBISPO SEÑOR FRANCISCO RIVERA, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA MESA AMPLIADA DE ENTIDADES EVANGÉLICAS

El Obispo señor Francisco Rivera, Secretario Ejecutivo de la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas, recordó, en primer término, que la Iglesia Protestante Evangélica fue significativa en promover la separación de la Iglesia y el Estado, concepto básico que se reflejó en la Constitución de 1925 bajo el gobierno de Arturo Alessandri Palma. Sin perjuicio de ello, planteó que en un acto republicano como éste, ante la Comisión de Salud del Senado, tiene el derecho y el deber, en su calidad de ciudadano, de exponer con franqueza su apreciación y puntos de vista sobre el proyecto de ley, que tiene hondas repercusiones para el futuro de la nación.

Por otra parte, continuó, las comunidades cristianas diseminadas a lo largo y ancho de la patria y con fuerte presencia en los sectores populares, contribuyen con su labor al progreso de la nación, persuadiendo a quien escuche, que los principios y valores que sustentan son de beneficio no sólo para la sociedad presente, sino también para la futura. En ese sentido, resaltó el rol de los Consejos Pastorales a nivel comunal y regional.

Afirmó, asimismo, que es reconocido por la sociedad chilena el invaluable aporte que hace la Iglesia Evangélica en diversos aspectos, tales como restauración familiar, rehabilitación en cárceles, alcoholismo, drogas y hogares de acogida. Puso énfasis en que ese mismo espíritu es el que los inspira para participar en el debate de las denominadas leyes valóricas.

Consignó que el pueblo evangélico ha tenido un explosivo crecimiento en el país en los últimos tiempos. En efecto, de tener presencia en el 0,5% de la población a comienzo del siglo XX, han pasado a ser más del 20% de los habitantes, a finales del mismo siglo. De consiguiente, este grupo religioso se ha transformado en un actor relevante en la actualidad nacional.

Aunque dentro de la Iglesia Evangélica hay más de 3.000 denominaciones diferentes, declaró que los postulados y principios que emanan de las Sagradas Escrituras, que son la fuente de su motivación, son concordantes, lo que implica que, a pesar de la diversidad de agrupaciones, sobre este tema tienen un pensamiento comunitario y unificado, aún sin conversarlo. Entonces, tomando en consideración que la Comisión ya ha escuchado a destacados expertos sobre la materia, expresó que su ponencia aportará a la reflexión desde una perspectiva socio-pastoral y teológica; pastoral, pues este asunto del aborto le es propio y lo conocen, ya que tienen acceso al alma humana a través de confesiones, ministerios y situaciones particulares, lo que les permite imponerse del dolor que esto implica y de la complejidad de este delicado asunto, y social, por cuanto también está relacionado con hechos reales.

Reiteró que la despenalización del aborto por tres causales ha sido tratada profusamente en diversas instancias, por lo que en su alocución no sólo hará presente su convicción personal, sino también el sentir de lo que se está pensando y discutiendo en los Consejos Pastorales.

En seguida, hizo notar que el país ha evidenciado un cambio acelerado el último tiempo, pasando de ser una sociedad ciertamente homogénea a una heterogénea multicultural, ecléctica, en que convergen cosmovisiones distintas, consecuencia, por cierto, de la globalización, migraciones y otros factores de ocurrencia actual. Entre esas mutaciones, se ha experimentado un evidente cambio cultural en la sexualidad, que se traduce en serios problemas sociales, por ejemplo, la anticipación de la vida sexual activa, por una parte, y el retraso de la relación estable, por otra. Ello acarrea una serie de situaciones complejas, como el incremento de los embarazos adolescentes y, ciertamente, la práctica clandestina e insalubre del aborto, toda vez que por ese impulso no controlado se gestan hijos no deseados.

Ejemplificó esa mutación de la realidad con lo ocurrido, hace algunos años, con el fotógrafo Spencer Tunick, quien reunió a más 4 mil personas desnudas en el Parque Forestal tendidas sobre el frío pavimento. Instó a preguntarse qué quiere decir la juventud y estas generaciones con esas actitudes. Recalcó, de consiguiente, la necesidad de encausar la sexualidad para que se viva de forma adecuada. Hizo un llamado a los legisladores a tomar en cuenta que una liberalidad absoluta en estas materias será de gran complejidad para el devenir de la patria, cuestión que se refleja en la presentación de casi treinta proyectos de ley de despenalización del aborto en veinticinco años, claro indicador de que se trata de un asunto sin resolución en la sociedad.

Por otra parte, en lo que atañe específicamente a la iniciativa de ley sometida al conocimiento de la Comisión, advirtió en primer lugar que hay claras diferencias entre el texto contenido en el Mensaje y el que emanó posteriormente de la Cámara de Diputados. Así, una de las diferencias es que se reveló el propósito del proyecto, dado que la expresión “presente y futura” que contenía la primera causal de despenalización podía incorporar otras hipótesis y encaminar la iniciativa hacia el aborto libre. Ahora, a lo menos, se ha ido acotando, aunque todavía quedan puertas abiertas que no dejan conforme al pueblo cristiano.

En torno a la primera causal esgrimida, esto es, el riesgo vital de la madre, subrayó que hay consenso en la plena operación de la lex artis médica, que ha funcionado correctamente en casos de peligro de la salud de la madre. Entonces incluir esta causal como si fuera realmente un tema indispensable o urgente no parece necesario y no es comprensible.?

Sobre la segunda causal, que tiene relación con la alteración estructural congénita o genética de carácter letal, adujo que durante la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados se eliminó la frase “incompatible con la vía intrauterina”, lo que también consideró un avance para limitar la real intención del proyecto, a la que ya se ha hecho mención. Sin embargo, enfatizó, la redacción continúa expuesta a interpretaciones ambiguas, porque la definición de si el feto posee algún tipo de riesgo vital es discrecional, dados los distintos criterios de los facultativos al respecto, basados en su experiencia y conocimiento. En consecuencia, consideró que esa discrecionalidad podría llegar a ser antagónica en el resultado, es decir, en la definición de si una patología podría ser o no letal.

Por otra parte, connotó, existen deficiencias y diferencias tecnológicas en los recintos hospitalarios para poder determinar si una patología compleja acarrea riesgo vital y, por lo tanto, de aprobarse una ley de esta naturaleza, sin tomar en cuenta que Chile no es una nación que posea un estándar de salud equivalente en todo el país, se incrementaría aún más la incerteza jurídica, derivada de esta iniciativa legal.

Sin perjuicio de lo expuesto previamente, sostuvo que un aspecto positivo del proyecto de ley es la incorporación del acompañamiento de tipo sicológico para las madres, aunque reparó en el hecho de que no se haya considerado también acompañamiento en el ámbito de la espiritualidad, que siempre está presente en el ser humano. Sostuvo que ello fue sugerido en la discusión en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Asimismo, postuló que sería conveniente, de igual forma, una prestación de apoyo económico para las madres en estos casos, asociada al sistema de Garantías Explícitas en Salud, con el objeto de que la gestación no agrave la situación económica de la familia que sufre esa delicada situación.

Además, recomendó el establecimiento de una política de salud pública integral, preventiva, que eduque a la juventud acerca de las consecuencias de una vida sexual libre; en la especie, el proyecto de ley intenta resolver un problema, pero no ataca las causas que lo originan, sentenció.

En seguida, expuso el caso del señor Nick Vujisic, quien ha dado testimonio en el mundo entero de que a su madre se le diagnosticó un embarazo afectado por una situación estructural letal, sin posibilidades de sobrevivencia, pese a lo cual él nació y se ha transformado en una persona con una mente extraordinaria, que ha logrado ayudar a muchas personas, no sólo discapacitados, sino también a quienes se encuentran repentinamente con una limitación o discapacidad. Con esta ley, Nick habría estado condenado a no existir.

Añadió que la causal más compleja y difícil de defender es el caso de la violación, porque al estar sólo enfocada en la sensibilidad que este acto violento implica y en el dolor que genera, sin considerar la vida gestada, en definitiva constituye una legalización del aborto. En ese contexto, manifestó que parece contradictorio que en una decisión tan determinante la preceptiva permita que se informe a uno de los padres y no al otro. De hecho, la propia Corte Suprema sostiene que se presenta una colisión de derechos, dado que ambos padres, aunque estén separados, tienen derecho a participar de la educación de los hijos, tal como lo consigna el artículo 224 del Código Civil.