MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY SOBRE LAS LIBERTADES DE OPINION E INFORMACION Y EL EJERCICIO DEL PERIODISMO.

SANTIAGO, julio 8 de 1993

MENSAJE Nº 118-326/

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Honorable Cámara de Diputados:

La plena vigencia de las libertades de opinión e información es requisito de la esencia de la democracia. La dignidad de la persona, piedra angular de su sistema de valores, el ejercicio de las competencias atribuidas al pueblo gobernado por el poder constituido, y el control por ése de los diversos órganos delegatarios de su soberanía, sólo son posibles merced a la garantía efectiva del ejercicio de dichas libertades.

De allí que, al legislador, en cumplimiento de su misión de servicio de la persona humana y de respeto y promoción de sus derechos esenciales, corresponda mejorar el estatuto de tales libertades, cada vez que el perfeccionamiento del Estado de Derecho Democrático así se lo demande.

En nuestro sistema jurídico, normas de rango constitucional configuran la arquitectura sustentante de las libertades de opinión e información Artículo 19 Nº 12. A su respecto, ha sido el propio constituyente, quien ha adoptado las decisiones cardinales, estableciendo de ese modo directrices, a las cuales debe someterse ineludiblemente quien legisla.

Así, optando por el sistema de la responsabilidad, ha repudiado rotundamente toda forma de censura previa a la emisión de opiniones e informaciones, efectuadas de cualquier forma y por cualquier medio.

Además, con el fin de cautelar la veracidad de la información difundida a través de los medios de comunicación social, ha establecido el derecho de aclaración y rectificación, en beneficio de toda persona, natural o jurídica, ofendida o injustamente aludida.

Finalmente, con el propósito de regular las eventuales colisiones, que pudieren producirse entre las libertades de opinión e información, por una parte, y el derecho a la privacidad y a la honra de la persona y su familia, por la otra, ha impartido un claro mandato al legislador de sancionar la difamación cometida a través de un medio de comunicación social, sin que ello obste a decisiones legislativas anteriores y vigentes, atinentes a la protección del honor de las personas.

El proyecto que someto a vuestra consideración, representa la culminación de una línea de actividad normativa inaugurada por aquella iniciativa, que hoy es la Ley Nº 19.048, de 13 de Febrero de 1991, y por la que se introdujeran reformas puntuales a la Ley sobre Abusos de Publicidad, al Código de Justicia Militar y a la Ley Nº 18.015. Su elaboración es fruto del trabajo de una comisión mixta, integrada por expertos representantes de las organizaciones empresariales de medios de comunicación social, del Colegio de Periodistas, de las Escuelas de Periodismo de las Universidades de Chile y Católica de Chile, y del Ministerio Secretaría General de Gobierno. El grueso del proyecto está inspirado en los consensos alcanzados en el seno de dicha comisión mixta. En aquellas materias, en las cuales se produjera dispersión de pareceres y se presentaran al Gobierno propuestas alternativas, ha procedido éste a construir soluciones propias, que receptan y capturan más adecuadamente, no sólo lo razonable y acertado de las alternativas ofrecidas, sino también las complejas realidades objeto de las nuevas regulaciones.

La presente iniciativa, conservando los avances logrados merced a la Ley Nº 19.048 ya aludida, persigue desarrollar, mejorando, el marco protectivo de las referidas libertades, sin preterir la debida consideración de aquellas situaciones, que representan un ejercicio abusivo o erróneo de las mismas.

El derecho del pueblo gobernado a la información, sin la cual el ejercicio de sus competencias sería simplemente ilusorio, nos induce al reconocimiento sin reservas de la función pública, que cumple la prensa en el concierto democrático. De allí que, profundizando decisiones legislativas anteriores, se planteen en esta iniciativa toda una gama de medidas y la entronización de ciertas instituciones, todas ellas ordenadas a la dignificación, facilitación y protección del ejercicio del periodismo, y que, por ende, redundarán en un acrecentamiento de la calidad del mensaje informativo y, con ello, en una mejoría de la forma, en que la prensa cumple su primordial y ya aludida función pública.

Con el fin de ordenar sistemáticamente la normativa aplicable al ejercicio de las referidas libertades, se pretende, además, refundir en un solo cuerpo un cúmulo de normas, especialmente de carácter penal, hoy dispersas en leyes diversas, lo que constituye a menudo fuente de complejos problemas de hermenéutica legal, que dificultan la concreción y real vigencia en este campo del principio de la igualdad ante la ley. En tal sentido, se ha procurado homogeneizar las sanciones previstas en el proyecto.

En lo que al sistema de responsabilidad penal se refiere, se propone limitar la responsabilidad objetiva hasta el director, uniformándose su aplicación a los diversos medios, superándose así la discriminación, que actualmente establece la Ley de Seguridad del Estado entre medios escritos, por una parte, y radiales o televisuales, por la otra.

En lo que respecta a la competencia absoluta de los tribunales llamados a conocer y fallar las causas relativas a delitos cometidos a través de un medio de comunicación social, con motivo y en razón del ejercicio de las libertades de opinión e información, se atribuye ella a los tribunales ordinarios, con la sola excepción de aquellas causas, que versen sobre delitos del Código de Justicia Militar, cometidos por militares, con motivo o en razón del ejercicio de las referidas libertades.

Se ha procurado simplificar al máximo los procedimientos administrativos, suprimiéndose la intervención de ciertos organismos gubernamentales, cuyas actuales funciones no la justifican ni aconsejan.

En lo que dice relación con los procedimientos judiciales, se ha optado por la flexibilidad y, dentro de los parámetros orientadores del principio del debido proceso, se han escogido los más simples, cada vez que ello ha sido posible, atendida la naturaleza del asunto, y los más complejos y perfectos, cuando la gravedad de las situaciones y la trascendencia de los intereses comprometidos así lo ha aconsejado.

Finalmente, todo un cuerpo de disposiciones transitorias regula los efectos y consecuencias de las decisiones propuestas en el cuerpo del proyecto, en todo aquello que dice relación con: la derogación de la Ley Nº 16.643, sobre Abusos de Publicidad; el ejercicio de la profesión periodística, por quienes a la fecha de su entrada en vigor no satisfagan los requisitos consignados en su artículo 3º; y las modificaciones de competencia absoluta, que se propugnan.

De la estructura del proyecto.

El proyecto consta de cinco Títulos y dos acápites, a saber:

Título I. Relativo a disposiciones generales

Título II. Relativo a las formalidades de funcionamiento de los medios de comunicación social

Título III. Relativo a la regulación del derecho de aclaración y rectificación

Título IV. Relativo a materias penales

Título V. Relativo a la regulación de la responsabilidad criminal, y de la civil derivada de la comisión de delitos considerados en el proyecto, así como a las normas de procedimiento atinentes al conocimiento y fallo de las causas a ellos referidas

Acápite sobre Disposiciones Finales

Acápite sobre Disposiciones Transitorias

Relación descriptiva por capítulos y acápites.

Título I (artículos 1º al 11)

Este Título, en su norma de apertura, declara las libertades de opinión e información en los términos establecidos en la Carta del 80 y en tratados internacionales vigentes, que han sido ratificados por Chile.

Continúa con un glosario de definiciones necesarias a la determinación precisa de los derechos y deberes que establece, así como para la construcción de figuras delictivas exactas, con lo que se facilita el cumplimiento del principio de la tipicidad, de rango constitucional.

Más adelante, se define el concepto "periodista" a la luz de la realidad legal vigente, precisión necesaria para la determinación del área de reserva, que el anteproyecto considera en relación a la profesión periodística.

Después, se establece el principio del libre acceso a las fuentes, así como las limitaciones que lo configuran. Se reconoce, en beneficio de periodistas y directores de medios un "derecho preferente" en el acceso a las fuentes.

Se regula el secreto profesional periodístico y se equipara la situación procesal del periodista, con la de otros profesionales citados a declarar en juicio.

Se establece la cláusula de conciencia y sus requisitos, así como el derecho subjetivo de los periodistas a la autoría de sus trabajos.

Se contempla una excepción a la norma que crea el área de reserva, en beneficio de estudiantes de periodismo, que hayan alcanzado un determinado progreso en su carrera.

Se establecen una serie de normas de carácter programático destinadas a orientar las decisiones de autoridades de la administración central, descentralizada, regional y municipal, con el fin de promover un mayor equilibrio en el sistema informativo nacional, así como para incentivar el fomento de ciertos valores reconocidos por el legislador.

Título II (Artículos 12 al 22)

En esta parte del proyecto se encuentran reguladas las siguientes materias:

Requisitos de la propiedad de los medios de comunicación social;

Prohibición de toda discriminación orientada a impedir el nacimiento de un medio o entrabar su funcionamiento;

Exigencias atinentes a la dirección de un medio;

Requisitos relativos a la declaración de un medio;

Exigencia de expresión de la dirección y representación legal de un medio, así como de su domicilio legal;

Obligación de los medios difusión radiales y televisuales de forjar y conservar por un determinado lapso un respaldo, de determinadas emisiones;

Sanciones a las infracciones de las obligaciones establecidas en los artículos precedentes;

Normas relativas a la prescripción extintiva y la competencia;

Título III (artículos 23 al 29)

Este Título contiene una minuciosa regulación del derecho de aclaración y rectificación, establecido en el artículo 19 Nº 12 inciso tercero de la Constitución, en beneficio de toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida en algún medio de comunicación social.

Asimismo, se establecen los límites atinentes a la procedencia del referido derecho.

Título IV (Artículos 30 al 62)

Este Título consta de tres párrafos.

El Párrafo 1º versa sobre los delitos cometidos a través de un medio de difusión.

En este Párrafo destacan figuras delictivas atinentes a la apología de delitos o de la violencia, como medio de acción política, o de ciertos delitos contra la seguridad del Estado y el orden público; delitos contra la dignidad y la libertad de las personas; delitos contra la violación del derecho a la protección de la esfera íntima de las personas; delitos contra la dignidad del niño; delitos de ultraje a las buenas costumbres; delitos contra la administración de justicia; y la sedición impropia.

El Párrafo 2º versa sobre los delitos cometidos contra las libertades de opinión e información.

En este Párrafo se consideran y sancionan conductas destinadas a coartar la libertad de los medios, así como el libre ejercicio de las libertades de opinión e información. Igualmente, se sanciona el quebranto del secreto periodístico y conductas ordenadas a impedir la libre concurrencia en el ámbito de las comunicaciones.

Finalmente, se sanciona conductas, cuyo resultado sea impeditivo del ejercicio del derecho de aclaración y rectificación o de la expedita administración de justicia.

El Párrafo 3º se refiere a la sanción al ejercicio ilegal del periodismo corolario obligado por el reconocimiento del área de reserva y a la inhabilitación para el ejercicio de la profesión periodística, establecida como pena accesoria a la comisión de determinados delitos previstos y sancionados en el mismo proyecto.

Título V (Artículos 63 al 87)

En este Título se establece un sistema de responsabilidad penal objetiva limitada, la que alcanza sólo hasta el Director del medio.

Se reconoce la aplicabilidad de los principios generales relativos a la responsabilidad civil, derivada de la comisión de hechos delictivos dañosos.

Se establece como norma general la competencia de los tribunales ordinarios, para el juzgamiento y fallo de las causas atinentes a delitos cometidos con motivo u ocasión del ejercicio de las libertades de opinión e información. Como excepción a la regla precedentemente citada, se establece el juzgamiento de militares por los tribunales del fuero militar, cuando ellos, con motivo u ocasión del ejercicio de las citadas libertades, cometan algún delito previsto y sancionado en el Código de Justicia Militar.

Ambas normas, la general y la especial, han sido complementadas por otras destinadas a impedir que tal determinación de competencia resulte alterada en razón del fuero o la conexidad.

A continuación, se establece un catálogo de procedimientos a aplicar, según la naturaleza, gravedad y complejidad del delito a juzgar.

Igualmente, se consideran los lindes al ejercicio de la acción penal por los delitos previstos en el proyecto y se regula su prescripción, así como también la de la acción civil.

Disposiciones Finales (artículos 88 al 91)

Contiene disposiciones relativas a la vigencia de la nueva ley; a la derogación orgánica de la Ley sobre Abusos de Publicidad; y a la derogación o modificación de ciertas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Seguridad del Estado. Las modificaciones que se proponen respecto de la Ley Nº 12.927, se refieren todas ellas a disposiciones relativas a materias normadas en el presente proyecto, en el cual se ha procurado otorgarles una regulación más perfecta, a fin de producir la correspondiente armonía.

Disposiciones Transitorias.

Ellas están destinadas a preservar en vigor algunas disposiciones de la Ley sobre Abusos de Publicidad, mientras no se dicte un cuerpo legal nuevo, que las acoja; a implementar las disposiciones de los artículos 3º y 4º del proyecto (definición de "periodista" y establecimiento de un "ámbito de reserva para el ejercicio de la profesión periodística"); a brindar operatividad y eficacia a las normas de competencia establecidas en los artículos 68 inciso primero y 69 inciso segundo; y a fijar una norma de integración de la Corte Suprema, coherente con la decisión de someter al conocimiento y fallo de la justicia ordinaria las causas relativas a delitos perpetrados con ocasión o motivo del ejercicio de las libertades de opinión e información.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura Ordinaria de sesiones del H. Congreso Nacional, con urgencia, en todos sus trámites constitucionales incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de "simple", el siguiente

PROYECTO DE LEY:

"LEY SOBRE LAS LIBERTADES DE OPINION E INFORMACION Y EJERCICIO DEL PERIODISMO

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. La libertad de emitir opinión y la de informar, que asegura el artículo 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República de Chile, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye el no ser perseguido a causa de sus opiniones, el buscar y recibir informaciones y difundirlas, por cualquier medio y sin estar sujeto a autorización ni censura previa alguna.

Asimismo comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de difusión y de comunicación social, sin otras condiciones que las que señalan la presente ley o la respectiva

Legislación especial en el caso de las emisoras de radiodifusión sonora o televisual.

Artículo 2º. Para todos los efectos legales, se entenderá por:

a) medios de difusión: cualesquiera medios aptos para transmitir, divulgar o propagar al público palabras, sonidos, imágenes u otros signos, tales como los diarios, revistas y periódicos; la radio y la televisión; la cinematografía; los impresos, carteles, volantes, folletos, afiches, lienzos, inscripciones murales y emblemas; los megáfonos, altoparlantes, fonógrafos, radiocasettes y videos;

b) medios de comunicación social: aquellos medios de difusión de carácter periódico, que posibiliten una interacción con el público a que estén dirigidos, tales como los diarios, revistas u otros escritos periódicos, noticieros cinematográficos, emisiones radiofónicas, televisuales u otras electrónicas que reúnan dichas características, y que cumplan con los demás requisitos establecidos en la presente ley;

c) medios de comunicación regionales provinciales o comunales: aquellos cuyo domicilio establecido en conformidad a la presente ley esté fuera de la provincia de Santiago y que estén dirigidos prioritariamente al público de una determinada región, provincia o comuna, respectivamente;

d) diarios: toda publicación periódica que habitualmente se edite a lo menos cuatro días en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos en esta ley;

e) servicios informativos: aquellos cuya labor sea periódica, predominantemente noticiosa y sobre materias de actualidad e interés general;

f) empresa informativa: modalidad empresarial caracterizada por efectuar actividades de elaboración y/o difusión de información al público;

g) empresa periodística: modalidad de empresa informativa, cuya actividad final se efectúa al proporcionar al público textos impresos en ejemplares unitarios continuos y periódicos;

h) empresa de agencia de noticias: modalidad de empresa informativa, cuya actividad final es la transmisión de noticias, preferentemente a otras empresas informativas, con carácter regular y a través de contratos específicos;

i) empresa de radiotelevisión: modalidad de empresa informativa, cuya actividad final es la de proporcionar y/o difundir emisiones de radiodifusión sonora y/o de radiodifusión de sonidos e imágenes;

j) empresa cinematográfica: modalidad de empresa informativa, cuya actividad final es proporcionar al público filmes, cualesquiera que sean los medios de difusión empleados y la extensión y técnicas de aquéllos;

k) fuente informativa: es la persona, artefacto o institución, de la cual proviene el mensaje, en la comunicación.

Artículo 3º. Son periodistas, y sólo ellas podrán usar esa denominación, las personas que estén en posesión del título profesional universitario de periodista válido legalmente en Chile y aquellas reconocidas como tales en virtud de una ley anterior.

Artículo 4º. Son funciones privativas de la profesión periodística:

a) La dirección interna de servicios informativos de medios de comunicación social.

b) Reportear, elaborar y editar noticias, informaciones y crónicas habituales, reportajes, pautas, guiones o libretos informativos, que se utilicen o difundan en los medios de comunicación social.

El director de cualquier medio de comunicación, sea o no periodista, podrá realizar todas las funciones indicadas precedentemente mientras esté ejerciendo el cargo.

Con la finalidad de facilitar la función pública informativa de la prensa, se establece en beneficio de las personas señaladas en los artículos 3º y 10 y en el inciso cuarto de la Disposición Segunda Transitoria de esta ley, así como de los directores de medios de comunicación social, un derecho de acceso preferente a las fuentes indicadas en el artículo 6º.

Artículo 5º. No son funciones privativas de la profesión periodística:

a) La emisión y elaboración de las opiniones propias o los comentarios referidos a la especialidad del opinante, efectuados habitual u ocasionalmente, a través de cualquier medio de comunicación social;

b) La edición especializada en los medios de comunicación social;

c) La labor de asesoría en secciones especiales o suplementos de los medios de comunicación social;

d) las que dentro de programas o espacios periodísticos ejerzan habitual u ocasionalmente empleados administrativos y profesionales, expertos, técnicos u otras personas en virtud de su propia especialidad;

e) la entrega de antecedentes informativos o relación de hechos efectuada ocasionalmente a través de los medios de comunicación;

f) las que consistan en la sola labor de locución, o la de corrección técnica de los originales o en el ingreso o procesamiento de los mismos y de material de agencias informativas, de archivo o de base de datos; y

g) las desempeñadas en la dirección de áreas no informativas de medios o empresas de comunicación social.

Artículo 6º. Toda persona tiene derecho a informarse libremente en las fuentes públicas y en las fuentes privadas que se hayan hecho accesibles a todos, ya sea por voluntad propia o por disposición de la ley. Este derecho tendrá las solas restricciones que se funden en las normas de reserva legalmente vigentes.

Artículo 7º. El periodista y el director del medio podrán publicar sin limitaciones la información que obtengan o reciban, salvo que la fuente les hubiere solicitado expresamente guardar el secreto, en cuyo caso tendrán la obligación de no revelarlo ni pública ni privadamente y regirá para ellos la norma de los artículos 201 Nº 2 del Código de Procedimiento Penal y 360 Nº 1 del Código de Procedimiento Civil.

El periodista o el director del medio que fueren citados a declarar tendrán el derecho y el deber de guardar el secreto de sus fuentes personales de información, como también el de reservar las fuentes materiales de las que pudiere deducirse quiénes son las personas que han facilitado aquella información. Tendrán también el derecho y el deber de reservar los documentos, fotografías, grabaciones y otras fuentes materiales de información no difundidas y regirá para ellos la excepción contemplada en el inciso segundo del artículo 171 del Código de Procedimiento Penal.

El periodista o el director del medio no tendrán responsabilidad alguna derivada de los delitos cometidos de que se hubieren enterado a través de la fuente que mantengan en secreto y cuya comisión hayan difundido, pero responderán por los delitos que pudieren suponer las informaciones publicadas.

Artículo 8º. Se reconoce a los periodistas laborantes en una empresa periodística el derecho a la cláusula de conciencia, en cuya virtud podrán:

a) Negarse a realizar actividades informativas contrarias a los principios éticos y profesionales del periodismo o a sus convicciones personales en cuestiones religiosas o filosóficas, sin que puedan sufrir ningún tipo de perjuicio por su negativa justificada.

b) terminar la relación jurídica que los una a la empresa cuando se produzca un cambio substancial en el carácter u orientación del medio, si éste supone una situación que atente a su honor o fama o sea incompatible con sus convicciones morales o cuando se hubiere infringido reiteradamente el derecho que les confiere la letra a) de este inciso.

El ejercicio de esta facultad dará lugar a la indemnización que en cada caso fijen los Tribunales del Trabajo, la que no podrá ser inferior a la pactada individual o colectivamente o, en su defecto, a la establecida en el artículo 5º inciso segundo de la Ley Nº 19.010, en los mismos términos allí estatuidos, a la cual se añadirá, en todo caso, la indemnización substitutiva del aviso previo que corresponde al trabajador, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 3º y en el inciso cuarto del artículo 4º de dicho cuerpo legal.

Artículo 9º. Ningún periodista puede ser obligado a que sus trabajos se presenten identificados con su nombre, cara o voz como autor cuando ellos hubieren sido alterados substancialmente por el director o el editor sin su consentimiento. La infracción reiterada de esta disposición, entendiéndose por tal la que ocurra a lo menos dos veces en el lapso de un mes, dará derecho al periodista a poner término a su contrato en las condiciones establecidas en la ley laboral para el caso de incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte del empleador.

Artículo 10. Podrán ejercer las actividades señaladas en el artículo 4º de esta ley los alumnos de los dos últimos años del Plan de Estudios de las Escuelas Universitarias de Periodismo, cuando estén obligados a realizar prácticas profesionales exigidas por dichos planteles, dentro de los plazos señalados por éstos, y los egresados de las mismas, dentro de los dieciocho meses siguientes a la fecha de su egreso, siempre que no los afecte la inhabilidad señalada en el artículo 63 de este cuerpo legal.

Artículo 11. El Estado, a través de sus diversos órganos, tiene la obligación de garantizar el pluralismo en el seno del sistema informativo, para lo cual habrá de favorecer la coexistencia de una diversidad de medios, que posibilite la expresión de las distintas corrientes de opinión, así como la variedad social, cultural y económica de las regiones.

Las autoridades pertinentes procurarán que, a lo menos en parte, los fondos que establecen los presupuestos del Estado, de sus organismos y empresas, y de las Municipalidades, destinados a avisos, llamados a concursos, propuestas y publicidad, que tengan una clara identificación regional, provincial o comunal, sean destinados, a efectuar la correspondiente publicación o difusión en medios de comunicación regionales, provinciales o comunales.

Para dar cumplimiento a su obligación de promover las expresiones culturales, de cautelar el patrimonio histórico, artístico y cultural de la región, y de velar por la protección y desarrollo de las etnias originarias, los gobiernos regionales fomentarán la realización, difusión o edición de programas, suplementos y espacios destinados a servir tales propósitos, procurando que ellos sean publicados o difundidos, preferentemente, en medios de comunicación social de las provincias y comunas pertenecientes a la respectiva región.

TITULO II

DE LAS FORMALIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS

DE COMUNICACION SOCIAL

Artículo 12. El propietario de todo diario, revista o escrito periódico cuya dirección editorial se encuentre en Chile; el de toda agencia noticiosa nacional, y el propietario o concesionario de toda emisora de radiodifusión sonora o televisual deberán ser chilenos y tener domicilio y residencia en el país. Si dicho

propietario o concesionario fuese una sociedad o comunidad se considerará chilena siempre que pertenezca a personas naturales o jurídicas chilenas el ochenta y cinco por ciento (85%) del capital social o de los derechos de la comunidad. Las personas jurídicas que sean socios o formen parte de la comunidad o sociedad propietaria deberán tener, también, el ochenta y cinco por ciento (85%) de su capital en poder de chilenos.

Artículo 13. Se prohíbe discriminar arbitraria o ilegalmente entre empresas propietarias de medios de comunicación social en lo relativo a la venta o internación de insumos u otros elementos de trabajo, o respecto de las autorizaciones o permisos que fueren necesarios para efectuar tales adquisiciones dentro o fuera del país, o respecto del otorgamiento de concesiones o permisos necesarios para el funcionamiento de estaciones de radiodifusión sonora o televisual, como asimismo en el otorgamiento de franquicias o en el reconocimiento de aquellas establecidas por ley o en la publicación de informaciones o avisos que sean de cargo de los organismos o empresas del Estado o de las municipalidades.

Artículo 14. Los medios de comunicación social y las agencias noticiosas deben tener un director responsable y una persona, a lo menos, que lo reemplace.

El director y quienes lo reemplacen deberán ser mayores de edad, tener domicilio y residencia en el país, ser personas que no tengan fuero por disposición constitucional, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y no haber sido condenados en los dos últimos años como reincidentes en delitos penados por la presente ley. En las publicaciones de carácter exclusivamente estudiantil no se exigirá límite de edad.

Artículo 15. Para iniciar el funcionamiento de un medio de comunicación social deberá cumplirse con las exigencias de los artículos anteriores y sus propietarios o concesionarios, o su representante legal en el caso de una persona jurídica, conjunta mente con el respectivo director, harán una presentación firmada ante notario al Intendente Regional que corresponda al domicilio del medio, y remitirán copia de ella al Director de la Biblioteca Nacional, en la que se indique lo siguiente:

a) El título del diario, revista o periódico e indicación de los períodos que mediarán entre un número y otro, o el nombre de la emisora de radiodifusión sonora o televisual y las frecuencias o canales que correspondan a sus transmisiones en el espectro radioeléctrico;

b) El nombre completo, domicilio y cédula nacional de identidad del propietario o concesionario o del representante legal en el caso de una persona jurídica;

c) El nombre completo, domicilio y cédula de identidad del director y de la o las personas que deben substituirlo, con indicación del orden de precedencia en que ellas deben asumir su reemplazo, y

d) La ubicación de sus oficinas principales y de la imprenta en que va a hacerse la impresión si se tratare de una publicación escrita, o de sus plantas de transmisión y oficinas principales si fuere emisora de radiodifusión sonora o televisual.

Cualquier cambio que se produzca respecto a las anteriores enunciaciones, será objeto de una nueva declaración hecha en la forma antes establecida y presentada dentro de los cinco días siguientes al cambio producido.

El Director de la Biblioteca Nacional deberá llevar un registro actualizado de los medios de comunicación social existentes en el país con indicación de los antecedentes señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 16. En la primera página o en la página editorial o en la última y en lugar destacado de todo diario, revista o escrito periódico, y al iniciarse y al finalizar las transmisiones diarias de toda emisora de radiodifusión sonora o televisual, se indicará el nombre y domicilio del propietario o concesionario en su caso o del representante legal en el caso de una persona jurídica. Las mismas menciones deberán hacerse respecto del director responsable.

Artículo 17. Toda persona que tenga a su cargo una imprenta, litografía, estudio de grabación o cualquier establecimiento impresor, deberá poner el nombre de éstos, el del lugar y la fecha, en cada uno de los ejemplares de toda publicación que hiciere. Se presumirá la falta de pie de imprenta por la sola presentación de un ejemplar que carezca de él.

Artículo 18. Todo responsable de un establecimiento impresor enviará, de los medios de difusión que publique y al tiempo de su publicación, ocho ejemplares a la Biblioteca Nacional.

Cuando un trabajo de impresión se efectúe parte en un taller y parte en otro, será el editor quien deba depositar en la Biblioteca Nacional el texto con sus carátulas, portadas, láminas, ilustraciones, dibujos, grabados, mapas y reproducciones facsimilares.

Artículo 19. Las emisoras de radiodifusión sonora y televisual estarán obligadas a grabar toda transmisión de noticias, entrevistas, charlas, comentarios, conferencias, disertaciones, editoriales o discursos, y conservarla durante treinta días.

Artículo 20. La infracción a cualesquiera de los requisitos y exigencias señalados en las disposiciones precedentes de este título, con excepción de los artículos 13 y 19, y sin perjuicio de lo que establece el artículo 73, se sancionará con multa de dos a ocho unidades tributarias mensuales. Del pago de tales multas, en lo que fuere pertinente, aplicadas al director, será solidariamente responsable el propietario o concesionario del medio.

En caso de infracción a los artículos 12, 14 y 15, el tribunal dispondrá, además, la suspensión del medio hasta tanto no se les dé cumplimiento.

El procedimiento judicial se iniciará por denuncia del Director de la Biblioteca Nacional, del Ministro Secretario General de Gobierno, del Intendente Regional, o de particulares.

Artículo 21. La persona que consienta en aparecer como director de un medio sin serlo; la que en tal caso desempeñe de hecho la dirección, y el que ejerza esta función sin reunir los requisitos establecidos en el artículo 14, incurrirán en multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.

La apreciación de estas circunstancias se hará en conciencia por el tribunal competente.

Artículo 22. La responsabilidad por las infracciones previstas en este título prescribirá en seis meses contados desde su comisión, y su conocimiento y fallo serán de la competencia del Juzgado del Crimen correspondiente al domicilio del medio.

TITULO III

DEL DERECHO DE ACLARACION Y RECTIFICACION

Artículo 23. Todo medio de comunicación social o agencia de noticias está obligado a difundir gratuitamente, de acuerdo con lo que establece el artículo 19 Nº 12 inciso tercero de la Constitución Política, la aclaración o rectificación que le sea dirigida por cualquiera persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por alguna información publicada a través de él.

Lo anterior regirá aun cuando la información que la motiva provenga de una inserción de terceros. En este caso, el medio podrá cobrar el costo, en que haya incurrido por la aclaración o rectificación, a quien haya ordenado la inserción.

Las aclaraciones y rectificaciones deberán circunscribirse en todo caso al objeto de la información que las motiva y no podrán tener una extensión superior a la de ésta, pero el director del medio no podrá exigir que aquéllas tengan menos de trescientas palabras, ni el afectado que tenga más de mil. En el caso de la radiodifusión sonora o televisual, el límite máximo no podrá exceder de dos minutos.

Artículo 24. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 86 de esta ley, todo interesado podrá, a su costa, solicitar directamente de las emisoras de radiodifusión sonora o televisual la entrega de las copias o cintas a que se refiere el artículo 19, las que el medio requerido deberá poner a disposición del peticionario dentro de tercero día.

El requerimiento al medio de comunicación social o agencia de noticias, en que se solicite que se publique o emita una aclaración o rectificación, deberá dirigirse a su director o a la persona que deba reemplazarlo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 15, inciso primero, letra c), dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha de la difusión que las motive.

Los notarios y receptores judiciales estarán obligados a notificar el requerimiento al director del medio de comunicación social o agencia de noticias en que hubiere aparecido o se hubiere difundido la información objeto de la aclaración o rectificación, o a quien deba reemplazarlo, a simple solicitud del interesado. La notificación se hará por medio de una cédula que contendrá íntegramente el texto de la respuesta, la que será entregada al director o persona que lo reemplace.

Artículo 25. El escrito de aclaración o rectificación deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página y con los mismos caracteres que la información que las provocara o en un lugar destacado de la misma sección o de otra, destinada especialmente para ello.

En el caso de emisoras de radiodifusión sonora o televisual ellas deberán difundirse en el mismo espacio, horario, programa o audición y con las mismas características de la transmisión que las motivara. Si por cualquiera razón dicho programa o audición hubiere dejado de transmitirse, la difusión se hará en el mismo día y horario en que aquéllos se efectuaban, precedida de una explicación sobre este hecho, emanada de la dirección responsable del medio. Lo anterior regirá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34.

La difusión destinada a rectificar o aclarar se hará a más tardar en la primera edición o transmisión que reúna las características indicadas y que se haga después de las veinticuatro horas siguientes a la entrega de los originales que las contengan. Si se tratare de una publicación que no aparezca todos los días, la aclaración o rectificación deberá entregarse con setenta y dos horas de anticipación por lo menos.

El director del medio de comunicación social o agencia noticiosa no podrá negarse a difundir la aclaración o rectificación, salvo que ellas no se ajusten a las exigencias del inciso tercero del artículo 23 o sea atentatorio contra algún otro precepto legal. Se presumirá su negativa al no difundir la aclaración o rectificación en el plazo señalado en el inciso anterior.

Si el medio hiciere nuevos comentarios a la aclaración o rectificación, el afectado tendrá derecho a réplica según las reglas anteriores. En todo caso, los referidos comentarios deberán hacerse en forma tal que se distingan claramente de dicha aclaración o rectificación.

Artículo 26. El reclamo por no haberse hecho oportunamente la publicación o por haberse hecho infringiendo los artículos anteriores deberá hacerse al Juez del Crimen que corresponda, acompañado de los medios de prueba que acrediten la entrega de la aclaración o rectificación, del ejemplar que motivó ésta y de aquel en que ella debió aparecer. Tratándose de un programa de radio o televisión, el medio, a requerimiento del tribunal, deberá enviar la grabación de lo que motivó el reclamo y de la oportuna transmisión de éste, o las razones que tuvo para no aceptarlo

El reclamo será notificado al director o persona que lo reemplace y al propietario del medio o su representante legal, por cédula que contendrá copia íntegra de él y su proveído. Serán lugares hábiles para practicar esta notificación los domicilios que se hubieren señalado en conformidad a lo dispuesto en las letras b) y c) del inciso primero del artículo 15.

El tribunal concederá a los emplazados tres días para responder y, vencido este término, hayan o no contestado, resolverá sin más trámite, tomando en consideración la circunstancia de que el reclamante haya sido realmente ofendido o injustamente aludido y el antecedente de que su aclaración o rectificación satisfaga los requisitos establecidos en los artículos 23 inciso tercero y 24 inciso segundo de esta ley, y no suponga la comisión de algún delito.

El tribunal, en la resolución que ordene publicar la aclaración o rectificación, podrá aplicar al director una multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales. Esta resolución será apelable en ambos efectos y el recurso será visto de preferencia, sin esperar la comparecencia de las partes.

Si no se apelare o si la sentencia de la Corte confirmare la de primera instancia, y el director desobedeciere la orden de publicar la aclaración o rectificación, será éste sancionado con una multa de doce a veinte unidades tributarias mensuales y con la suspensión inmediata e indefinida del medio de que se trate, la que cesará de pleno derecho cuando se produzca la referida publicación.

Artículo 27. Cuando, por aplicación de las disposiciones del artículo anterior, un medio de comunicación social o una agencia noticiosa fuere suspendido temporalmente, su personal percibirá durante el lapso de la suspensión todas las remuneraciones a que legal o contractualmente tuviere derecho, en las mismas condiciones como si estuviere en funciones.

Artículo 28. El derecho a que se refiere el presente título prescribirá dentro del plazo de veinte días contados desde la fecha de la difusión y podrá ser ejercido por la persona ofendida o injustamente aludida y, en el caso de su fallecimiento, enfermedad o ausencia, por sus familiares, todos los cuales podrán actuar por sí o por mandatarios.

Para todos los efectos relativos a esta ley, se entenderá por "familia" o "familiares" de una persona:

a) al cónyuge;

b) a los ascendientes, descendientes y colaterales legítimos, hasta el segundo grado de consanguinidad;

c) a los padres y a los hijos naturales, y

d) a los ascendientes y descendientes hasta el primer grado de afinidad legítima.

Artículo 29. No se podrá ejercer el derecho de aclaración o rectificación con respecto a las apreciaciones que se formulen en artículos o comentarios de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica o deportiva, sin perjuicio de la sanción a que puedan dar lugar esos artículos o comentarios, si por medio de su difusión se cometiere algún delito.

TITULO IV

DE LOS DELITOS

Párrafo 1º

De los delitos cometidos a través de un medio de difusión.

Artículo 30. El que por algún medio de difusión hiciere la apología de los delitos de homicidio, robo, incendio o estragos será castigado con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

La apología de métodos que propugnen la violencia, en cualquiera de sus formas, como medio de acción política, económica o social, o de los delitos contemplados en los artículos 4º y 6º de la Ley de Seguridad del Estado, realizada a través de un medio de difusión, será castigada con las penas de presidio, relegación o extrañamiento menores en sus grados medio a máximo, si fuere realizada en tiempo de paz, y con presidio, relegación o extrañamiento mayores en su grado medio, si ocurriere en tiempo de guerra y, en ambos casos, con la pecuniaria de multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 31. El que por cualquier medio de difusión realizare publicaciones o transmisiones que conciten el odio, la hostilidad o el menosprecio respecto de personas o colectividades en razón de su raza, religión o nacionalidad, será penado con multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia se podrá elevar la multa hasta cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 32. La atribución maliciosa de hechos substancialmente falsos; la divulgación maliciosa de noticias substancialmente falsas o de documentos substancialmente falsos, o supuestos, o alterados en forma esencial, o imputados inexactamente a una persona, efectuadas a través de algún medio de difusión, serán sancionadas con multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales cuando ocasionaren grave daño a la seguridad, el orden, la administración, la salud o la economía públicos.

La misma sanción se aplicará cuando la difusión de tales contenidos fuere lesiva a los intereses de personas naturales y sus familiares o de personas jurídicas.

Artículo 33. El que a sabiendas publicare por un medio de difusión, disposiciones, acuerdos o documentos oficiales que tuvieren carácter secreto o reservado por disposición de la ley o de un acto de autoridad fundado en la ley, o documentos o piezas que formaren parte de un proceso que se encuentre en estado de sumario secreto, será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales. Si esta difusión causare alguno de los daños a que se refiere el artículo anterior, la multa será de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

Será castigada con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados la divulgación realizada por civiles, a través de un medio de comunicación social, del todo o parte de planos, mapas, documentos o escritos secretos que interesen a la defensa nacional o la seguridad de la República, o de datos o noticias extraídos de ellos.

Artículo 34. En los casos del artículo 32, la rectificación completa y oportuna en el mismo medio será causal extintiva de la responsabilidad penal. Respecto de la responsabilidad civil, el juez deberá considerar dicha rectificación al resolver sobre la apreciación del daño. Se entenderá completa y oportuna la rectificación que admita sin reticencias la falsedad de los hechos, noticias o documentos divulgados y que sea hecha antes de la audiencia a que se refieren los artículos 554 y 574 del Código de Procedimiento Penal; o aquella que se efectúe en el formato y oportunidades indicados en el inciso tercero del artículo 25. La rectificación misma deberá efectuarse con idénticas características a las que hubiere tenido la difusión de las falsedades y le será igualmente aplicable lo prescrito en el inciso final del artículo anteriormente citado.

Artículo 35. Los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de difusión, serán sancionados con las penas corporales señaladas en los artículos 413, 418 inciso primero, y 419 del Código Penal, y con multas de veinte a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales en los casos del Nº 1 del artículo 413 y del artículo 418; de veinte a cien unidades tributarias mensuales en el caso del Nº 2 del artículo 413, y de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales en el caso del artículo 419."

Artículo 36. El que solicitare una prestación cualquiera bajo la amenaza de dar a la publicidad, por algún medio de difusión, documentos, informaciones o noticias que pudieren afectar el nombre, la posición, el honor o la fama de una persona o sus familiares, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales.

Si la amenaza se consumare, el hechor será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio y la multa podrá elevarse al doble del monto señalado en el inciso precedente.

Artículo 37. No constituyen injurias las apreciaciones que se formulen en artículos de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica o deportiva, salvo que su tenor pusiere de manifiesto el propósito de injuriar, además del de criticar.

Artículo 38. Al inculpado de haber causado injuria por algún medio de difusión, no le será admitida prueba sobre la verdad de sus expresiones, sino cuando hubiere imputado hechos determinados y concurrieren también una o más de las circunstancias siguientes:

a) Que la imputación se produjere con motivo de defender un interés público real;

b) Que el afectado ejerciere funciones públicas y la imputación se refiriere a hechos propios de tal ejercicio;

c) Que la imputación aludiere a directores o administradores de empresas comerciales, industriales o financieras, que solicitaren públicamente capitales o créditos y versare sobre hechos relativos a su desempeño en tales calidades, o sobre el estado de los negocios de las empresas en cuestión, y

d) Que la imputación se dirigiere contra algún testigo en razón de la deposición que hubiere prestado, o de ministros de un culto permitido en la República sobre hechos concernientes al desempeño de su ministerio.

En estos casos, si se probare la verdad de la imputación, el acusado será sobreseído definitivamente o absuelto de la acusación.

Artículo 39. La imputación de hechos determinados, relativos a la vida privada de una persona, realizada a través de algún medio de difusión sin autorización de ésta, y que provocare a su respecto daño o alguna forma de descrédito, tales como la hostilidad, el menosprecio o el ridículo, será sancionada con la pena de multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reiteración o de reincidencia en relación con una misma persona, se impondrá, además, la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

No se considerarán como hechos relativos a la vida privada de una persona los siguientes:

a) Los referentes al desempeño de funciones públicas;

b) Los realizados en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo conocimiento poseyere interés público real;

c) Los que consistieren en actividades a las cuales haya tenido libre acceso el público, a título gratuito u oneroso;

d) Las actuaciones que, con el consentimiento del interesado, hubieren sido captadas o difundidas por algún medio de difusión;

e) Los acontecimientos o manifestaciones de que el interesado haya dejado testimonio en registros o archivos públicos, y

f) Los consistentes en la comisión de delitos de acción pública o participación culpable en los mismos.

Se considerarán, en todo caso, pertenecientes a la vida privada los hechos relativos a la vida sexual, conyugal o doméstica de una persona, salvo que ellos fueren constitutivos de delito de acción pública.

Artículo 40. Será sancionado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y con multa de cien a doscientas unidades tributarias mensuales el que maliciosamente captare palabras o imágenes de otra persona, no destinadas a la publicidad. El que las difundiere, sin el consentimiento del afectado, produciendo a su respecto las consecuencias señaladas en el inciso primero del artículo anterior, será sancionado con presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

Artículo 41. Al inculpado de cometer el delito contemplado en el artículo 39 se le admitirá prueba de verdad de la imputación, en los siguientes casos:

a) Si acreditare que el hecho verdadero imputado, aunque perteneciente a la vida privada, posee real importancia respecto del desempeño correcto y eficaz de la función pública, o de la profesión u oficio del afectado, o de alguna actividad de significativa relevancia para la comunidad, o

b) Si el ofendido exigiere prueba de verdad de la imputación contra él dirigida, y siempre que dicha prueba no afectare el honor o los legítimos secretos de terceros.

En los casos de las letras a) y b) del inciso anterior, probada la verdad de la imputación, el inculpado quedará exento de pena.

Artículo 42. La difusión de noticias o informaciones emanadas de juicios, procesos o gestiones judiciales pendientes o afinados, no podrá invocarse como eximente o atenuante de responsabilidad civil o penal, si con dicha difusión se cometiere alguno de los delitos sancionados en los artículos 35, 39, 40 y 44 de esta ley.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior las publicaciones jurídicas de carácter especializado, las que no darán lugar a responsabilidad civil ni penal por la difusión de noticias o informaciones de procesos o gestiones judiciales.

Artículo 43. Se prohíbe la divulgación, por cualquier medio de difusión, de la identidad o de cualquier otro antecedente que conduzca a ella, de menores de 18 años, que sean autores, cómplices, encubridores o víctimas de delitos. La infracción de este artículo será sancionada con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.

Artículo 44. El que cometiere el delito de ultraje a las buenas costumbres, a través de algún medio de difusión, será castigado con prisión en su grado medio a reclusión menor en su grado mínimo y multa de dos a ochenta unidades tributarias mensuales.

Se considerará en especial que comete ultraje público a las buenas costumbres y será castigado con las penas establecidas en el inciso anterior:

a) El que internare, y el que públicamente vendiere o pusiere en venta, arrendare, donare, ofreciere, distribuyere, exhibiere o difundiere escritos, impresos o no, figuras, estampas, dibujos, grabados, emblemas, videos, material de cine, fonogramas, discos, casettes, o cualquier objeto o imagen obscenos o contrarios a las buenas costumbres. Si la venta, arriendo, donación, oferta, distribución, exhibición o difusión fueren dirigidos a menores de 18 años, serán punibles aunque no se efectúen públicamente.

La distribución a domicilio de los escritos u objetos enumerados será castigada también con la misma pena; pero el simple hecho de entregarlos al correo o a alguna empresa de transporte o distribución sólo será pesquisable cuando la entrega se hiciere bajo faja o en sobre abierto, y, en todo caso, después de llegar a poder del consignatario;

b) El que profiriere o publicare a través de cualquier medio de difusión expresiones, hechos, acciones, avisos o correspondencia obscenos o contrarios a las buenas costumbres, y

c) El impresor, editor o productor de medios de difusión, en cuyo taller o estudio se imprima o multiplique material de contenido obsceno o atentatorio contra la moral o las buenas costumbres.

El editor, el impresor o el productor sólo podrán excusar su responsabilidad probando que los hechos indicados precedentemente han sido ordenados o realizados sin su conocimiento o autorización.

Artículo 45. El ultraje a las buenas costumbres, en cualquiera de las formas enunciadas en el artículo anterior, cuyo objeto sea la perversión de menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de diez a ciento sesenta unidades tributarias mensuales. Se presume que el ultraje a las buenas costumbres tiene por objeto la perversión de menores de dieciocho años cuando se empleen medios de difusión que, por su naturaleza, estén al alcance de los menores o cuando a un menor de esa edad se ofrezca, venda, arriende, done, distribuya, entregue o exhiba material obsceno o contrario a las buenas costumbres, o cuando el delito se cometiere dentro del radio de doscientos metros de cualquier establecimiento educacional, lugar de esparcimiento, residencia o asilo destinados a niños o jóvenes.

Artículo 46. Los tribunales sólo podrán suspender la divulgación de informaciones por cualquier medio de difusión, en juicios penales en estado de sumario, cuando existan antecedentes inequívocos y revestidos de seriedad, de que la divulgación pueda entorpecer gravemente el éxito de la investigación o atentar de alguna forma contra la seguridad del Estado. Quien infrinja dicha suspensión será sancionado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.

La suspensión deberá ser ordenada en resolución fundada y motivada, y por un plazo no superior a cuarenta y cinco días y podrá recaer sobre la totalidad de las actuaciones del proceso o sólo sobre alguna o algunas de ellas. En todo caso, el tribunal deberá decretar el inmediato término de la medida, si dejan de existir las circunstancias, que la originaron.

La suspensión regirá desde el momento que el Juez lo determine en su resolución, la que será publicada, en extracto redactado por el Secretario del tribunal, gratuitamente en el Diario Oficial y, además, en uno o más diarios y en una o más emisoras de radiodifusión sonora y televisual que el Juez determine, del lugar en que se sigue la causa o de la cabecera de la provincia o de la capital de la Región, si allí no los hubiere. La no publicación de la referida resolución, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas será sancionada como delito de desacato con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.

La resolución que ordene la suspensión será apelable en el sólo efecto devolutivo y no procederá a su respecto la orden de no innovar. El recurso podrá interponerse por las partes, por los medios afectados o por cualquier persona capaz de parecer en juicio. Deducida la apelación, el tribunal deberá pronunciarse sobre su procedencia dentro de las veinticuatro horas siguientes y elevará los antecedentes de inmediato al tribunal de alzada respectivo. El recurso gozará de preferencia debiendo verse, en todo caso, el día hábil siguiente de ingresado a la Corte respectiva, en tabla agregada. Sin perjuicio de este recurso, en cualquier momento, las partes, los medios afectados o cualquier persona podrán pedir la revocación de la suspensión. La resolución que recaiga en ella será apelable en los mismos términos.

Artículo 47. Si las informaciones, imágenes o comentarios sobre crímenes, simples delitos, suicidios, accidentes y catástrofes naturales publicados por algún medio de difusión ofendieren gravemente los naturales sentimientos de piedad y respeto por los muertos, heridos o víctimas de tales delitos, suicidios, accidentes y catástrofes, los responsables serán penados con multas de doce a veinticuatro unidades tributarias mensuales.

Artículo 48. Si el delito establecido en el artículo 276 del Código de Justicia Militar fuere cometido por civiles, a través de un medio de comunicación social, será sancionado con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados.

Artículo 49. Los medios de difusión se eximirán de responsabilidad respecto de la publicación de las opiniones vertidas por los parlamentarios en los casos señalados en el inciso primero del artículo 58 de la Constitución Política, demostrando su exacta conformidad con lo por ellos expresado.

No darán lugar a acción penal las reseñas fieles que hagan los medios de difusión de los debates habidos en las Cámaras legislativas ni la difusión de las alegaciones producidas ante los tribunales de justicia o de los informes u otros documentos, que por su orden se publiquen.

Párrafo 2º

De los delitos cometidos contra las libertades de opinión y de información.

Artículo 50. El que mate, lesione o prive ilegítimamente de su libertad ambulatoria a un periodista o a quien se desempeñe como colaborador, directivo o empleado subalterno de un medio de comunicación social, en razón precisa de su condición de tales, será sancionado con la pena asignada al delito cometido, agravada en uno o dos grados.

Artículo 51. El que solicitare una publicación a cualquier medio de comunicación social o tratare de impedirla bajo amenaza de uso de fuerza en cualquier forma, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de ochenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales. Si la publicación o emisión se efectúa, podrán elevarse la pena corporal en uno o dos grados y la multa al duplo. Si la amenaza se consumare, se aplicará la pena que corresponda al delito cometido para consumarla, elevada en uno o dos grados y multa de seiscientas a mil unidades tributarias mensuales.

Artículo 52. La persona que desempeñando funciones públicas impidiere arbitrariamente la libre y legítima publicación de opiniones o informaciones a través de cualquier medio de difusión, fuera de los casos previstos por la Constitución o la ley, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 53. El funcionario público que, arbitraria o ilegalmente, negare información en el área de su competencia, fuera de los casos en que exista una norma de reserva legalmente vigente, sufrirá la pena de suspensión en su grado mínimo.

Artículo 54. El que discriminare o impidiere arbitrariamente el acceso a las fuentes informativas señaladas en el artículo 6º de esta ley incurrirá en una multa de entre diez y cincuenta unidades tributarias mensuales. Si el culpable fuere funcionario público, se le aplicará la pena contemplada en el artículo anterior

Se presumirá que ha actuado arbitrariamente quien no demuestre la imposibilidad material de otorgar el acceso a todos los interesados.

No se considerará arbitraria la discriminación que se haga entre los medios de comunicación por razón de su diferente naturaleza.

Artículo 55. El que faltare a la obligación de guardar el secreto establecida en el artículo 7º de esta ley será sancionado con una multa de veinte a cuarenta unidades tributarias mensuales.

Si del quebranto del sigilo derivare en perjuicio del afectado alguna de las consecuencias señaladas en el inciso primero del artículo 39, el hechor será sancionado con multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 56. En razón de los propósitos del Decreto Ley Nº 211, de 1973, se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones, que tienden a impedir la libre competencia, los que entraben la producción de informaciones, el transporte, la distribución, la circulación, el avisaje y la comercialización de los medios de comunicación, y quienes los ejecuten o celebren incurrirán en la pena establecida en el artículo 1º inciso primero del referido cuerpo legal.

Para los efectos del inciso segundo del artículo 1º del Decreto Ley Nº 211, de 1973, se reputarán artículos o servicios esenciales los pertinentes a la operación o mantención de los medios de comunicación social.

Artículo 57. El que, fuera de los casos contemplados en el artículo 6º letra c) de la Ley de Seguridad del Estado, y sin una finalidad de índole económica, impidiere ilegítimamente la libre distribución y circulación de medios de comunicación social escritos o la libre difusión de una radioemisora sonora o televisual, incurrirá en una multa de entre veinte y cincuenta unidades tributarias mensuales. Si se hiciere uso de la fuerza, la pena será la reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

Artículo 58. La infracción a la prohibición establecida en el artículo 13 de esta ley será sancionada con presidio menor en su grado mínimo y multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 59. El incumplimiento malicioso de la obligación establecida en el artículo 19 o del requerimiento judicial señalado en el artículo 86 de esta ley será sancionado con multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

La alteración de la copia o cinta de video o magnetofónica será castigada con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales.

Párrafo 3º

Del ejercicio ilegal de la profesión de periodista y de la pena accesoria a la sanción de ciertos delitos.

Artículo 60. El que se fingiere periodista y ejerciere alguna de las funciones consideradas privativas de dicha profesión, fuera de los casos autorizados en el artículo 10 y en la Disposición Segunda Transitoria de esta ley, será penado con multa de veinte a treinta unidades tributarias mensuales, la que en caso de reincidencia podrá elevarse hasta sesenta unidades tributarias mensuales. El mero fingimiento de la profesión de periodista será sancionado como tentativa del delito que establece esta disposición.

Artículo 61. El que a sabiendas contratare, para ejercer funciones privativas de la profesión de periodista, a quien no cumpla los requisitos establecidos en el artículo 3º de esta ley o no posea la certificación habilitante señalada en la Disposición Segunda Transitoria, o a estudiantes o egresados de Escuelas Universitarias de Periodismo, infringiendo los requisitos y plazos indicados en su artículo 10, será sancionado con multa de 40 a 120 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia la multa se elevará al duplo.

Artículo 62. El periodista que fuere condenado por alguno de los delitos establecidos en los artículos 35, 36, 39 inciso primero frase final, 40, 44, 45 inciso primero, y 46 de esta ley, quedará inhabilitado para el ejercicio profesional por el tiempo que haya de cumplir de la condena.

Se aplicará igualmente la pena accesoria señalada en el inciso anterior, y en los mismos casos allí indicados, a las personas que estuvieren facultadas para el ejercicio de funciones privativas de la profesión periodística, en virtud de lo prescripto en la Disposición Segunda Transitoria de esta ley, y a los estudiantes o egresados de las Escuelas Universitarias de Periodismo durante el desempeño que autoriza a su respecto el artículo 10.

TITULO V

DE LA RESPONSABILIDAD Y DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 63. La responsabilidad penal por los delitos cometidos en razón del ejercicio abusivo de las libertades de emitir opinión y de informar, a través de algún medio de difusión, se determinará según las reglas generales del Código Penal y el inciso segundo del Artículo 39 del Código de Procedimiento Penal.

Se considerará también autores, tratándose de los medios de comunicación social, al director o quien legalmente lo reemplace al efectuarse la difusión y, en el caso del artículo 21 de esta ley, al que ejerza de hecho la dirección.

Quedarán exentas de responsabilidad penal las personas señaladas en el inciso precedente, cuando acrediten que no hubo culpa de su parte en la difusión delictuosa.

Artículo 64. No se considerará responsable de los delitos señalados en el artículo 32 a quien participe en la difusión de los hechos, noticias o documentos en él aludidos, cuando ellos provengan de una autoridad pública y se refieran a materias propias de su competencia o procedan de otra fuente que, a juicio del tribunal, sea razonablemente confiable o idónea respecto del asunto de que se trate.

Para la fijación de las multas establecidas en los artículos 32, 33, 35, 36, 39, 40 y 44 en su caso, se aplicarán tanto los criterios señalados en el inciso tercero del artículo 65 de esta ley, como las normas del artículo 70 del Código Penal.

Artículo 65. La acción civil para obtener la indemnización de daños y perjuicios derivada de delitos penados en esta ley se regirá por las reglas generales, y la comisión de los delitos señalados en los artículos 32, 35, 36, 39 y 55 de este cuerpo legal dará derecho a indemnización por el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral.

Si la acción civil fuere ejercida por el ofendido, no podrán ejercerla sus familiares. Si sólo la ejercieren éstos deberán obrar conjuntamente y constituir un solo mandatario.

El tribunal fijará la cuantía de la indemnización tomando en cuenta los antecedentes que resultaren del proceso sobre la efectividad y gravedad del daño sufrido, las facultades económicas del ofensor, la calidad de las personas, las circunstancias del hecho y las consecuencias de la imputación, difusión o amenaza para el ofendido. En estos casos la prueba se apreciará en conciencia. Todo ello será sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34.

Lo dispuesto en el Artículo 2331 del Código Civil se entenderá referido a los delitos de injurias y calumnias no cometidos a través de un medio de difusión.

Artículo 66. Todo medio de comunicación social deberá contratar un seguro, para los efectos de responder de las indemnizaciones pecuniarias a que sean condenadas eventualmente, las personas en él laborantes, por la comisión de alguno de los delitos previstos y sancionados en los artículos 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43, 46, 47 y 55 de esta ley. También deberá contratar un seguro para cubrir los siniestros que sufran u ocasionen sus equipos periodísticos en el cumplimiento de sus cometidos.

Artículo 67. Si las conductas a que se refieren los artículos 35 y 39 consistieren en la imputación de la comisión de un delito, no habrá lugar a indemnización cuando se probare tal comisión por sentencia ejecutoriada.

Tampoco habrá lugar a acción civil de perjuicios:

a) respecto de quienes se limiten a reproducir noticias, informaciones o declaraciones difundidas por agencias informativas o que provinieren de una autoridad pública en materias propias de su competencia, o de otra fuente, que a juicio del tribunal sea razonablemente confiable o idónea respecto del asunto de que se trate, y

b) cuando, tratándose de una noticia falsa, en los términos expresados en el artículo 32, el medio de comunicación se limitare a reproducir noticias, informaciones o declaraciones, que provinieren de una fuente que, a juicio del tribunal, sea razonablemente confiable o idónea respecto de la materia de que se trate, o que se difundiere en programas, secciones o espacios determinados, abiertos al público, respecto de los cuales se señalare expresamente que lo allí difundido no compromete al medio periodístico.

Artículo 68. La justicia ordinaria, en toda circunstancia y tiempo, será competente para conocer de los delitos de cualquier especie, cometidos a través de un medio de difusión o comunicación social con motivo del ejercicio de las libertades de opinión e información, así como de las acciones civiles derivadas de aquéllos.

La competencia, a que se refiere el inciso anterior, no se alterará en razón de la conexidad a que se refiere el artículo 165 del Código Orgánico de Tribunales, ni por la aplicación de las normas sobre concurso de delincuentes, ni en virtud del fuero que goce alguna de las partes, el afectado o sus responsables criminal o civilmente, ni por motivo sobreviniente alguno.

Artículo 69. Sin embargo, las causas referidas en el inciso primero del artículo anterior, que versen sobre delitos previstos y sancionados en el Código de Justicia Militar o en la Ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, cometidos exclusivamente por militares, serán de la competencia de los Tribunales Militares. En tales procesos no se aplicarán, en caso alguno, las normas de extensión establecidas en los artículos 168 y 169 del Código Orgánico de Tribunales, 11 del Código de Justicia Militar, e incisos cuarto y quinto del artículo 26 de la Ley sobre Seguridad del Estado.

Si en las referidas causas, alguno de los delitos indicados en el inciso precedente o algún delito con ellos conexo hubiesen sido cometidos conjunta o separadamente por civiles y militares, se juzgará a todos ellos en un solo proceso, cuyo conocimiento corresponderá en primera instancia a un Ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, y en segunda instancia, a la Corte con excepción de ese Ministro; si el Tribunal de segunda instancia constare de más de una Sala, conocerá de estas causas la Sala que corresponda, previo sorteo. Esta regla de competencia prevalecerá sobre toda otra.

Artículo 70. Si con motivo de la comisión de distintos delitos y a consecuencia de la aplicación de las reglas establecidas en los artículos precedentes, un mismo agente militar resultare inculpado o procesado en causas substanciadas coetáneamente por la justicia ordinaria y la militar, preferirán las medidas o diligencias decretadas por esta última a las ordenadas por aquélla.

Los Tribunales deberán remitirse recíprocamente copias de los autos de procesamiento y de las resoluciones que se dictaren en sus respectivas causas, las que deberán agregarse a los autos.

El Tribunal que dictare el último fallo no podrá considerar circunstancias modificatorias de la responsabilidad criminal que, de estar acumulados los procesos, no se hubieren podido tomar en cuenta.

El reo podrá solicitar al Tribunal superior común, dentro del plazo de un año, a contar de la fecha del último fallo, la unificación de las penas cuando ello lo beneficiare.

Artículo 71. De las causas relativas a los delitos previstos y sancionados en el Título IV de esta ley, así como de las referidas en el inciso primero del artículo 68, conocerá el Juez del Crimen competente según las reglas generales. Sin embargo, cuando se trate de delitos contemplados en la Ley No.12.927, sobre Seguridad del Estado, se aplicará la disposición del inciso primero del artículo 26 de dicho cuerpo legal, en toda circunstancia y tiempo.

Artículo 72. En la tramitación de las causas referidas a los delitos previstos y sancionados en el Título IV de esta ley se aplicará el procedimiento sobre faltas del Título I del Libro III del Código de Procedimiento Penal, con la sola excepción de los artículos 551, 569, 563 y 568 de dicho cuerpo legal.

Artículo 73. Sin embargo, se seguirá la tramitación establecida en el Libro II del Código de Procedimiento Penal en los casos siguientes:

a) en las causas relativas a los delitos establecidos en los artículos 33 inciso segundo, 40, 48, 50, 51, 56 y 57 de esta ley;

b) en las causas indicadas en el inciso primero del artículo 68 de esta ley relativas a delitos no sancionados en su Título IV.

Artículo 74. Sin perjuicio de las reglas de los artículos precedentes, regirá la tramitación establecida en el Título VI de la Ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, en los casos siguientes:

a) en las causas relativas al delito previsto y sancionado en el artículo 30 inciso segundo de la presente ley;

b) cuando alguna de las causas señaladas en el primer inciso del artículo 68 verse acerca de delitos de la ley de Seguridad del Estado;

c) en las causas indicadas en el inciso primero del artículo 69, relativas a delitos previstos y sancionados por dicha ley;

d) en el caso contemplado en el inciso segundo del artículo 69.

Artículo 75. Las causas señaladas en el inciso primero del artículo 69, referidas a delitos del Código de Justicia Militar, se tramitarán según el procedimiento establecido en el Título II del Libro II del Código de Justicia Militar.

Artículo 76. No obstante las disposiciones de los artículos precedentes los juicios por los delitos de calumnia e injuria, cuando se perpetraren a través de algún medio de difusión, se tramitarán de conformidad al procedimiento establecido en el Título II del Libro III del Código de Procedimiento Penal.

Artículo 77. En todo caso, en los procedimientos señalados en los artículos 72, 73, 74, 75 y 76, cuando las causas versen sobre crímenes o simples delitos, habrá lugar a los recursos de casación, en la forma y en el fondo, y de revisión, conforme a las reglas generales.

Artículo 78. Cualesquiera que sea la gravedad de los delitos, sobre que versen las causas indicadas en los artículos precedentes, el plazo de interposición del recurso de apelación contra la sentencia definitiva será de cinco días, contados desde la respectiva notificación; y si fueren dos o más los procesados, el plazo comenzará a correr a partir de la última notificación.

Artículo 79. El afectado, en el ejercicio de las acciones penales y civiles a que se refieren las disposiciones de este Título y cuando tuviere su domicilio en una provincia distinta de aquélla, en que tenga su asiento el Tribunal llamado a conocer del asunto, gozará del privilegio de pobreza y tendrá derecho a ser atendido por la respectiva Corporación de Asistencia Judicial.

Artículo 80. En las causas por los delitos establecidos en los artículos 30, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48 y 55 de esta ley, así como en aquéllas relativas a los delitos señalados en el primer inciso del artículo 68, en que proceda el auto de procesamiento, se concederá la libertad provisional a los encausados aun en caso de reincidencia.

Artículo 81. Habrá acción pública para perseguir los delitos penados en la presente ley, con excepción de los contemplados en los artículos 32 inciso segundo, 35, 36 y 39, cuyas acciones sólo podrán ser ejercidas por el personalmente ofendido o por sus familiares, en caso de su fallecimiento, enfermedad o ausencia.

Artículo 82. Durante el período probatorio o en la audiencia de prueba según corresponda, las partes podrán solicitar del tribunal un informe pericial sobre aspectos técnicos de la función periodística que, a su juicio, resulten indispensables para el mejor acierto del fallo. El perito será designado conforme a las normas generales del procedimiento civil o penal, según el caso, y deberá tener una experiencia de trabajo de a lo menos diez años en medios de comunicación social.

Las asociaciones gremiales o corporaciones que agrupen a periodistas o a medios de comunicación social o a empresas editoras o radiodifusoras podrán proponer a las Cortes de Apelaciones listas de personas idóneas para ejercer como peritos de acuerdo a lo señalado en este artículo. Dichas nóminas servirán de base para confeccionar las listas de peritos conforme a las reglas generales.

Artículo 83. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal, el juez podrá ordenar que se recojan no más de cuatro ejemplares o copias de la publicación que presumiblemente haya servido para cometer alguno de los delitos contemplados en la presente ley.

Esta medida podrá hacerse extensiva a todos los ejemplares o copias de la publicación presuntamente abusiva, si se tratare de los delitos contemplados en los artículos 30 y 44 de la presente ley.

En la sentencia condenatoria podrá ordenarse, en todo caso, el comiso o la destrucción total o parcial de los impresos o de las grabaciones sonoras o audiovisuales de cualquier tipo, por medio de las cuales se haya cometido el delito. La sentencia condenatoria por delito contra las buenas costumbres, ordenará necesariamente dicha destrucción.

Artículo 84. Si la pena aplicada conforme a esta ley fuere sólo de multa, el hecho delictivo no será considerado como crimen cualquiera sea el monto de ésta.

Artículo 85. Tanto la acción penal como la civil provenientes de los delitos previstos en los artículos 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43, 44, 47, 48 y 55 de esta ley prescriben en el plazo de un año, contado desde la fecha en que haya comenzado la difusión abusiva. Pero si ésta se hubiere realizado a través de un medio de comunicación social, el plazo común a ambas prescripciones será de tres meses.

Si la difusión se hubiera realizado inicialmente sólo en el extranjero, los plazos de prescripción señalados en el inciso anterior empezarán a correr desde la fecha de su introducción en el territorio nacional.

Respecto de los demás delitos considerados en esta ley, el plazo de prescripción de la acción penal será el que corresponda según lo preceptuado en el artículo 94 del Código Penal y el de la acción civil el señalado en el artículo 2332 del Código Civil, los que comenzarán a correr el día de la perpetración del hecho delictivo.

El ejercicio de la acción penal, en cualquiera de sus formas, interrumpirá la prescripción de la acción civil, la que comenzará nuevamente a correr una vez ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio criminal.

Artículo 86. El tribunal del crimen competente, a petición del interesado motivada en la posible comisión de un delito y a su costa, podrá requerir de las emisoras de radiodifusión sonora y televisual, el envío de las copias o cintas a que se refiere el artículo 19, para ponerlas a disposición del solicitante. Dicho envío deberá efectuarse dentro de tercero día de notificada al director responsable o a quien lo reemplace la resolución que acoja la petición.

Artículo 87. Siempre que alguno de los ofendidos lo exigiere, el tribunal de la causa ordenará la difusión, en extracto redactado por el Secretario del tribunal, de la sentencia condenatoria recaída en un proceso por alguno de los delitos a que se refiere el Párrafo 1º del Título IV de la presente ley, en el medio de comunicación social en que se hubiere cometido la infracción. Tratándose de otros medios de difusión, la publicación se hará en aquél que el Juez determine, a costa del ofensor.

El director que desobedeciere dicha orden será sancionado con una multa de seis a diez ingresos mínimos. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal ordenará apercibir, tanto al director como al propietario o concesionario del medio o a quien los represente, para que se efectúe la difusión en la edición o transmisión que el juez determine. Si tal apercibimiento no fuere atendido, el Tribunal decretará la suspensión indefinida del medio, la que cesará sólo cuando se produzca la publicación.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 88. La presente ley comenzará a regir el día de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 89. Derógase la Ley Nº 16.643, de 1967, sobre Abusos de Publicidad, y las modificaciones a ella introducidas por la Ley Nº 19.048, sobre Libertad de Expresión, de 1991, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Primera Transitoria de esta ley.

Artículo 90. Derógase el numeral primero del artículo 158 del Código Penal.

Artículo 91. Introdúcense a la Ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase el artículo 8º por el siguiente:

"Artículo 8º. Cuando por medio de los servicios públicos o privados de telecomunicaciones, correos o transporte se transmita o remita una información o comunicación que pueda ser constitutiva de algún delito penado por esta ley, o que incite a cometerlo, quienes intervengan en dicha remisión o transmisión, si tuvieren legítimo acceso a su contenido, deberán dar de inmediato cuenta del hecho al Intendente o Gobernador respectivo.

La infracción a la obligación establecida en el inciso precedente será sancionada con la pena de prisión en cualquiera de sus grados.".

b) Reemplázase el tenor del Art. 17 por el siguiente:

"La responsabilidad penal por los delitos previstos y sancionados en esta ley, cometidos por medio de la prensa escrita, se determinará según las reglas generales del Código Penal y el inciso segundo del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal.

Se considerará también autores al director o a quien legalmente lo reemplace al efectuarse la difusión y, en el caso del artículo 21 de esta ley, al que ejerza de hecho la dirección."

c) Reemplázase el tenor del artículo 18 por el siguiente:

"Quedarán exentas de responsabilidad penal las personas señaladas en el inciso segundo del artículo precedente, cuando acrediten que no hubo culpa de su parte en la difusión delictuosa.

Tratándose de impresiones clandestinas, el impresor o la persona que tuviera a su cargo la imprenta, litografía o taller impresor, responderán en todo caso."

d) Reemplázase el tenor del artículo 19 por el siguiente:

"La determinación de la responsabilidad por los delitos penados en esta ley, cometidos por medio de la radiodifusión o de la televisión, se sujetará a las reglas señaladas en los artículos 17 y 18 inciso primero."

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera Transitoria. Mientras no se dicte una disposición legal expresa sobre las materias a que se refieren los incisos segundo y tercero del artículo 3º; incisos tercero y sexto del artículo 4º; y artículos 49, 51 y 52 de la Ley Nº 16.643, de 1967, continuarán vigentes las mencionadas disposiciones. Asimismo, la norma del primer inciso del artículo 18 de esta ley se aplicará a todos los impresos.

Segunda Transitoria. La persona que al momento de la publicación de la presente ley esté desempeñando algunas de las funciones indicadas en su artículo 4º, sin estar en posesión del título profesional universitario de periodista o haber sido reconocida como tal por ley anterior a ésta, podrá continuar realizándolas, si acreditare haberlas ejercido en forma habitual durante los cinco años inmediatamente precedentes a la fecha indicada y que ha cursado satisfactoriamente la enseñanza media o estudios equivalentes.

Los interesados deberán hacer valer el derecho que les confiere el inciso anterior dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de vigencia de esta ley.

El cumplimiento de los requisitos establecidos en el primer inciso de esta disposición se verificará, a petición de los interesados, ante una Comisión Calificadora, la que apreciará en conciencia las probanzas por ellos producidas y resolverá en única instancia respecto del fundamento de sus solicitudes.

Reconocido el fundamento de su solicitud, la Comisión Calificadora otorgará al interesado un certificado de validez indefinida, en el cual constará el hecho de satisfacer él los requisitos indicados en el primer inciso de esta disposición y la declaración de encontrarse él habilitado para ejercer las funciones señaladas en el artículo 4º de esta ley.

La Comisión Calificadora estará integrada por tres miembros, los que deberán ser académicos de las Escuelas de Periodismo de la Universidad Católica de Chile, de la Universidad de Chile y de la Universidad de Santiago, designados por el Ministro de Educación, a propuesta de los planteles señalados.

Tercera Transitoria. Los Jueces Militares y las Cortes Marciales, dentro de los quince días siguientes a la publicación de esta ley, deberán remitir a la Corte de Apelaciones respectiva los procesos pendientes sobre delitos cometidos con ocasión del ejercicio de las libertades de opinión e información y que en virtud de los artículos 68 y 69 inciso segundo pasen a ser de la competencia de los Tribunales Ordinarios. La Corte de Apelaciones distribuirá las referidas causas según las reglas establecidas en los Párrafos 5 y 7 del Título VII y artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales, según corresponda.

Si el proceso se encontrare sometido al conocimiento de la Corte Suprema, el plazo establecido en el inciso anterior comenzará a correr desde que la causa sea recibida por el Juez Militar o la Corte Marcial, según sea el caso.

Cuarta Transitoria. Para la vista y fallo de las causas indicadas en el inciso primero del artículo 68 y segundo del artículo 69 de esta ley, que a la fecha de su entrada en vigencia se encuentren pendientes ante la Corte Suprema, regirá lo prescripto en los artículos 93 y 101 del Código Orgánico de Tribunales.".

Dios guarde a V.E.,

PATRICIO AYLWIN AZOCAR

Presidente de la República

ENRIQUE KRAUSS RUSQUE

Ministro del Interior

ENRIQUE CORREA RIOS

Ministro Secretario General de Gobierno

FRANCISCO CUMPLIDO CERECEDA

Ministro de Justicia

VALPARAISO, 13 de julio de 1993.

Oficio Nº 1286

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

En conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, tengo a honra remitir a esa Excma. Corte Suprema copia del proyecto sobre las libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo (boletín N° 1035-07), iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, que incide en materias relacionadas con las atribuciones de los Tribunales de Justicia.

Me permito hacer presente a esa Excma. Corte Suprema que la Cámara de Diputados dispone de treinta días para el despacho de dicha iniciativa de ley.

Dios guarde a V.E.

JOSE ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario de la Cámara de Diputados

Santiago, 3 de noviembre de 1993.

OFICIO N° 001587

Ant.: ML 9097.

AL SEÑOR PRESIDENTE

DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS

VALPARAISO.

La H. Cámara de Diputados, por Oficio N° 1.286, de 13 de julio último, y de conformidad a lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha remitido a esta Corte Suprema, para su informe, copia del Proyecto de Ley sobre las libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo, que incide en materias relacionadas con las atribuciones de los Tribunales de Justicia.

Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema de la materia en consulta, en sesión del día 27 de octubre último, y con la asistencia del Presidente Subrogante señor Zurita y de los Ministros señores: Faúndez, Toro, Araya, Valenzuela, Bañados, Garrido, Hernández, Navas, Libedinsky y Gálvez; y revisadas las disposiciones del Proyecto de Ley de que se trata, en lo pertinente, acordó informar en general favorablemente dicha iniciativa, que viene a sustituir la actual Ley N° 16.643, sobre Abusos de Publicidad, y que se extiende también a otros temas.- Sin embargo, estima del caso manifestar su disconformidad con algunas de sus disposiciones, que se señalan a continuación:

1.- En el artículo 22 del proyecto se entrega el conocimiento y fallo de las infracciones relativas a las formalidades de funcionamiento de los medios de comunicación social, al "Juzgado del Crimen correspondiente al domicilio del medio", en circunstancias que el actual artículo 8° de la Ley 16.643 da competencia al Director de la Biblioteca Nacional en primera instancia y el "Juzgado de turno de Mayor Cuantía en lo Civil de asiento de Corte de Apelaciones que corresponda", en segunda.- Siendo la materia de carácter netamente administrativo, y no criminal, no se advierte la conveniencia de traspasar estos asuntos a la Justicia Penal, por lo que debería sustituirse la cita que se ha hecho del artículo 22 propuesto, por "Juzgado Civil de turno, correspondiente al domicilio del medio".- Al mismo tiempo, sería útil reemplazar la facultad de apreciación de la prueba "en conciencia", que contiene en el inciso segundo del proyectado artículo 21, por "de acuerdo con las reglas de la sana crítica", lo que resulta más apropiado para un Tribunal de Derecho que debe fundamentar sus resoluciones.

2.- El Proyecto en su artículo 46, elimina de entre los casos en que actualmente se puede prohibir judicialmente la divulgación de informaciones concernientes a determinados juicios, aquéllos en que ésta pueda atentar contra las buenas costumbres y el orden público (artículo 25 de la Ley N° 16.643); esta Corte considera que tal divulgación que afecte a algunos de estos dos aspectos, constituye un elemento criminógeno peligroso, y por lo tanto deberían quedar comprendidos en las situaciones afectas a la suspensión que reemplazaría a la presente prohibición.- Por otra parte, en esta misma materia, se estima conveniente ampliar a "cualquier persona capaz de parecer en juicio", la facultad de apelar de la medida de suspensión proyectada, dado que basta con otorgarla a las partes y a cualquier periodista colegiado, como ocurre ahora, o a los litigantes y los medios afectados, como se propone; así como, también, resulta engorrosa la sugerencia de permitir peticiones de revocación de la medida, apelables, estando pendientes otras apelaciones contra ella.

3.- Respecto de la norma probatoria que se contempla en los artículos 21 y 65 de la iniciativa legal, se reitera lo expresado en la parte final del N° 1 de este informe.

4.- El artículo 69 del Proyecto de Ley repite una disposición que fue propuesta como modificación al artículo 35 de la Ley N° 16.643 en Diciembre del año pasado, y que este Tribunal informó negativamente el 20 de Enero último, por Oficio 000414, en respuesta al Oficio N° 1056, de 9 de Diciembre, de esa H. Cámara.- Por lo tanto, esta Corte Suprema se remite a lo allí expuesto sobre la inconveniencia de entregar la competencia a que el artículo 69 se refiere, a un Ministro de Corte de Apelaciones, y en cambio, opta por mantener esos asuntos dentro de las materias de que conoce regularmente un Juez del Crimen.

5.- No se advierte la necesidad ni la utilidad de sustituir la regla ordinaria sobre plazo individual para apelar, por un término común para deducir ese recurso, como se propone en el artículo 78.- El cambio hace excepción a toda la normativa nacional en materia de apelación, sin justificación alguna.

6.- El procedimiento que se crea en el artículo 86 supone la intervención obligatoria del Juez del Crimen cada vez que un presunto afectado quiera tomar conocimiento de las copias o cintas que las emisoras deben mantener por un tiempo en su poder.- Debiera recurrirse a la Justicia sólo en caso de negativa injustificada de esa exhibición, para no recargar innecesariamente la labor de los Tribunales.

7.- El texto del artículo cuarto transitorio del Proyecto de Ley es totalmente confuso, y a lo sumo parece deducirse que se pretendería excluir al Auditor General del Ejército de integrar la Corte Suprema, según contempla el artículo 70A del Código de Justicia Militar, en la vista de las causas de la jurisdicción militar actualmente pendientes ante este Tribunal, respecto de materias que con las modificaciones propuestas en el Proyecto pasarían a ser de competencia de los tribunales ordinarios.- Esta posible exclusión no tiene razón de ser, si los juicios continúan su tramitación regular; la alteración excepcional de la composición de la Corte no se justifica.

Es cuanto esta Corte Suprema se permite informar respecto de la materia en consulta y sobre lo que constitucional y legalmente le corresponde opinar.

Saluda atentamente a V.E.

MARCOS ABURTO OCHOA

PRESIDENTE

CARLOS MENESES PIZARRO

SECRETARIO

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA recaído en el proyecto de ley sobre las libertades de opinión y de información y el ejercicio del periodismo.

Boletín N° 1035-07 1.

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado por Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

Durante el estudio de esta iniciativa legal, concurrieron al seno de vuestra Comisión los señores Ministros Secretario General de Gobierno, Enrique Correa, Víctor Manuel Rebolledo y José Joaquín Brunner; el Subsecretario del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Edgardo Riveros; el Director de la Secretaría de Comunicación y Cultura, Eugenio Tironi; los Asesores Jurídicos de esa Secretaría de Estado, Jorge Jorquera y Ernesto Galaz; los Presidentes, Vicepresidente y Consejeros del Colegio de Periodistas, Zenén Conejeros y Paulino Ramírez, Guillermo Hormazábal, Lidia Baltra, Juan Aguad, Alfredo Guillard, Oriana Zorrilla y Alfredo Olivares; el Presidente, Secretario General, Consejeros y Asesor Legal de la Asociación Nacional de la Prensa (ANAP), Carlos Paul Lamas, Fernando Silva, Jorge Babarovic, Héctor González y Jaime Martínez; el Presidente, Vicepresidentes, Secretario General y representantes de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), Ernesto Corona, Víctor Kleinkopf, Santiago Chiesa, Jaime Herrera, César Morfino y Alfredo Matte; la Directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Chile, Eliana Rozas; la Directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello, Eliana Jiménez de la Jara; el Coordinador Académico de la Universidad Diego Portales, Luis Álvarez Baltierra; el abogado y periodista Thomas Mc Hale; el Presidente de la Federación Nacional de Medios de Comunicación Social de Chile, Jorge Navarrete y, por la Asociación Nacional de Televisión, los señores Alfredo Escobar y Juan Antonio Álvarez.

Con el propósito de disponer de antecedentes de interés para el estudio de esta iniciativa legal, vuestra Comisión solicitó y obtuvo diversos estudios, ensayos, recortes de prensa y legislación comparada, que figuran en los antecedentes del proyecto.

La Biblioteca del Congreso Nacional proporcionó estudios sobre los “Requisitos para ejercer el periodismo en el derecho positivo nacional y extranjero”; “La cláusula de conciencia. Países que la contemplan en su legislación”, y “La concentración empresarial en los medios de comunicación”, elaborados por su Unidad de Estudios y Publicaciones.

Entre los ensayos que se tuvieron a la vista, pueden mencionarse el “Estatuto constitucional de la información y opinión”, del profesor José Luis Cea Egaña; “Legislación sobre medios de comunicación social”, de Miguel González P., abogado, periodista e investigador del Centro de Estudios Públicos; “La Empresa periodística en España”, de Alfonso Nieto; “La colegiación obligatoria de periodistas”, opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud del Gobierno de Costa Rica; “La cláusula de conciencia de los periodistas en la Constitución Española de 1978”, de Marc Carrillo; “La cláusula de conciencia: un Godot constitucional”, de T. Cuadra Salcedo Fernández de Castillo”; “Las libertades y la información. Marco jurídico de los servicios de información”, de Marcelo Bauzá; “Liberta di stampa e diritto all’informazione nelle democrazie comtemporanee”(con particolare riguardo a Francia, RFT e USA), di Antonio Baldassarre.“Le statut de la presse”, Notes et etudes documentaires (París) 1990, y “La liberté de la presse aux EtatsUnis”, Notes et etudes documentaires (París).

El Ministerio Secretaría General de Gobierno hizo entrega de un estudio sobre el “Pluralismo y concentración de la propiedad de los medios de comunicación”, en el cual se aborda el tema de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en la legislación comparada de Europa y Estados Unidos, en función de garantizar el pluralismo.

Consideraciones generales.

La condición humana es inseparable de la comunicación.

El desenvolvimiento del ser humano, tanto en el plano individual como en el colectivo, reconoce como prerrequisito a la comunicación. Mediante ella el ser humano desenvuelve, acumula y transmite la cultura. Es, a la vez, el instrumento para la sociabilización, el desarrollo emocional y el aprendizaje.

La lucha por la comunicación humana se inscribe en la inacabable disputa del hombre por su pleno desenvolvimiento en un marco de justicia y libertad, quizás por el hecho de ser la información, en sí misma, poder. Por eso mismo, en la medida en que se la comunique, se la haga común, se posibilita que cada persona y la colectividad en que se desenvuelve, cada una en su respectiva esfera, sean artífices de su propio destino.

Resulta innegable, por lo expresado, que el derecho a la comunicación es un derecho humano de naturaleza primordial, tanto, que es imposible imaginar la vigencia práctica de cualquier otro derecho humano sin el previo aseguramiento de la comunicación.

El derecho a la comunicación tiene una precedencia lógica sobre los derechos de opinar y de informar, por su mayor amplitud conceptual y, también, en cuanto protege la exteriorización, pública o privada, de la información, entendiendo por tal las emociones, creencias, sentimientos, opiniones, datos y noticias propias o ajenas.

En el plano nacional, la Constitución asegura en su artículo 19, N° 12, [1] la libertad de opinión y la libertad de información.

Desde un punto de vista doctrinal, la libertad de opinión es entendida como la facultad de toda persona para exteriorizar por cualquier medio y en cualquier forma, sin coacción ni censura previa, lo que piensa y cree.

La libertad de información, complementaria de la anterior, como aquélla que hace partícipe a los demás de ese pensamiento, de esas creencias y da a conocer hechos del acontecer nacional e internacional.

Conlleva la libertad de acceder a las fuentes de información y opinión, la libertad de difundir, comunicar o transmitir lo hallado en tales fuentes o que proviene de ellas y la libertad de recibir la información. En síntesis, supone el reconocimiento y protección de la libertad de buscar, de recibir y de transmitir información.

El dar opiniones, consecuencia natural y directa del proceso de pensar, implica hacerlas conocer por otros y difundirlas por los medios que la naturaleza y la técnica han colocado al servicio del hombre.

En cuanto a la titularidad de la libertad de información y, por consiguiente, de todos los derechos que la integran, no cabe duda de que corresponde a todos los ciudadanos.

No obstante lo expresado, hay una categoría de entes y de ciudadanos que, de facto, ejercen más frecuentemente el derecho a comunicar información, puesto que esa es, precisamente, su profesión.

Los medios de comunicación social y los periodistas individualmente considerados, cumplen una función informativa, de intermediarios naturales entre la noticia y los ciudadanos, que es básica para el mantenimiento de una comunicación pública libre. Esta razón justifica la preferencia en el ejercicio del derecho a informar que se les reconoce, pero que no alcanza a atribuirles privilegios en el ejercicio de la libertad de información.

No hay inconveniente en entender que el derecho a difundir las ideas y opiniones comprende, en principio, el derecho de crear los medios materiales a través de los cuales la difusión se hace posible, dentro de ciertos límites.

Desde ya, es necesario respetar el ejercicio del mismo derecho a otros sujetos, dado el hecho de que nadie puede ejercer un mismo derecho fundamental de tal forma que impida a los demás el ejercicio del mismo. De producirse, constituiría un claro abuso de derecho.

El derecho a buscar información, que constituye el primer eslabón de cualquier proceso comunicacional, conduce naturalmente a lo que quizá sea el asunto más delicado del derecho a la información, consistente en encontrar un punto de equilibrio entre el interés del público y el de los medios en el libre acceso a ella y la protección de los derechos privados y los intereses públicos de naturaleza vital, como la soberanía nacional, la seguridad del Estado o el orden público, que la difusión de información puede dañar.

De ahí que las libertades analizadas se encuentren estrechamente vinculadas con el “respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de las personas y de su familia”, que garantiza el artículo 19 de la Constitución en su número 4°, cuya infracción, cometida a través de un medio de comunicación social, es constitutiva de delito y conlleva la sanción que determine la ley, lo que en la actualidad hace la ley N° 16.643, sobre Abusos de Publicidad.

Para que ello sea factible se requiere, según el mismo precepto, que la infracción “consistiere en la imputación de un hecho o acto falso, o que cause injustificadamente daño o descrédito a una persona o a su familia”. “Con todo, el medio de comunicación podrá excepcionarse, probando ante el tribunal correspondiente la verdad de la imputación, a menos que ella constituya por sí misma el delito de injuria a particulares. Además, los propietarios, editores, directores y administradores del medio de comunicación social respectivo serán solidariamente responsables de las indemnizaciones que procedan”.

De igual forma y en razón del interés público comprometido, en situación de guerra externa, de guerra interna o conmoción interior, o de calamidad pública, declarados el estado de asamblea, el estado de sitio o el estado de catástrofe, respectivamente, el Presidente de la República puede, con arreglo al artículo 41 de la Constitución, suspender o restringir la libertad de información y de opinión, en el primer caso, o solamente restringirlas, en los demás.

El derecho a recibir información, debe referirse a información veraz, a información verdadera, puesto que es la base sobre la cual la persona tomará las decisiones que afecten sus intereses y necesidades. La veracidad incluye la no manipulación de la información.

Muchos opinan que las únicas fórmulas que aseguran informaciones veraces están dadas por las que provee el pluralismo informativo, instrumento que permite el cotejo a partir de la diversidad.

El derecho a recibir información difiere según ante quien se ejerza. Si es ante el Estado o frente a los particulares.

En la relación comunicacional particular Estado, la contrapartida del derecho de aquél es la obligación de este último, configurándose así el principio de la publicidad de los actos del gobierno.

Con relación a los particulares, la relación es prácticamente inversa, puestos éstos se rigen por las leyes básicas que regulan su intimidad, fundadas en el artículo 19, N° 4°, de la Carta Fundamental, que garantiza el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia.

Integra también el derecho a recibir información la defensa contra cualquier forma de censura, en la fuente o en el medio, o contra cualquier intento de personas públicas o privadas de escamotear, distorsionar o evitar la libre circulación de las ideas.

El derecho a dar o transmitir información, contempla tanto el derecho de transmitir información u opinión propia como la de terceros, cualquiera que sea el procedimiento legal de su obtención.

Estos derechos se ejercen, de acuerdo con el constituyente, sin censura previa, pero bajo la exigencia de la responsabilidad, lo que significa que quienes hagan uso de ellos deben responder de los delitos y abusos que se cometan y afrontar las consecuencias penales y civiles que una ley especial establezca, la que debe ser de quórum calificado, cometido que hoy en día cumple la ley N° 16.643, sobre Abusos de Publicidad, que el proyecto sustituye y deroga.

La información y el derecho a la información generan el derecho de la información, que busca sistematizar y ordenar, como lo hace el proyecto, los diversos instrumentos e instituciones jurídicas que corporizan y regulan el derecho “a” la información, conforme con los principios constitucionales básicos de este último.

Los derechos mencionados en los restantes párrafos de este número 12 constituyen contenidos diferenciados de las libertades de opinión y de información y, como tales, plantean, cada uno, una problemática específica.

De ellos, el proyecto desarrolla el derecho a réplica y, parcialmente, el relativo a los medios de comunicación social.

El derecho de réplica se consagra en favor de “toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social”, que le permite exigir que éste difunda, gratuitamente, “en las condiciones que la ley determine” esa declaración o rectificación.

El adverbio “injustamente” tiene por finalidad restringir el derecho a réplica sólo a las alusiones contrarias a la razón, a la equidad o a la justicia, evitando así que se ejerza fundado en una mera referencia.

En relación con los medios de comunicación social, la Constitución, en su texto original, distinguía, de acuerdo con la titularidad de los mismos, tres categorías.

Los medios de comunicación social escritos, respecto de los cuales garantiza el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, en las condiciones que señale la ley.

Los medios de comunicación audiovisuales, respecto de los cuales permite que el Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, puedan establecer, operar y mantener estaciones de televisión, consagrando, además, la existencia de un Consejo Nacional de Televisión, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación.

Los medios de comunicación social de radiodifusión sonora, respecto de los cuales hoy no existe una mención expresa en la Constitución, desde que se cambiara la denominación del “Consejo Nacional de Radio y Televisión” por “Consejo Nacional de Televisión”, en virtud de la reforma constitucional contenida en la ley N° 18.825, y se suprimieran las atribuciones de dicho Consejo para velar por el correcto funcionamiento de este medio.

Ello no implica, sin embargo, desconocer la titularidad de la radiodifusión, sino que someterla al régimen de concesión, justificado en razón de que las ondas del espectro radioeléctrico son bienes nacionales de uso público.

Los derechos relacionados con el establecimiento, operación y mantención de estaciones de televisión, con el Consejo Nacional de Televisión y con el sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica han sido abordados por otros textos legales: La ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones; la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, y el decreto ley N° 679, de 1974, sobre calificación cinematográfica.

En el ámbito del derecho internacional, cabe tener presentes las siguientes convenciones:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 19 dispone que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en virtud del cual: “1. Nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo extraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”, relativo a la libertad de pensamiento y de expresión, que dispone que “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

En relación con estos preceptos, cabe recordar que el artículo 5° de la Constitución establece que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por ella, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Origen y fundamentos del proyecto.

El proyecto en informe, según se expresa en el Mensaje, es fruto del trabajo de una comisión mixta, integrada por expertos representantes de las organizaciones empresariales de medios de comunicación social, del Colegio de Periodistas, de las Escuelas de Periodismo de las Universidades de Chile y Católica de Chile, y del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

El grueso del proyecto está inspirado, precisamente, en los consensos alcanzados en el seno de dicha comisión mixta.

En aquellas materias en las cuales se produjeron dispersión de pareceres y se presentaron al Gobierno propuestas alternativas, procedió éste a construir soluciones propias, que receptan y capturan más adecuadamente, no sólo lo razonable y acertado de las alternativas ofrecidas, sino también las complejas realidades objeto de las nuevas regulaciones.

Para el Gobierno, la plena vigencia de las libertades de opinión e información es requisito de la esencia de la democracia. La dignidad de la persona, piedra angular de su sistema de valores; el ejercicio de las competencias atribuidas al pueblo gobernado por el poder constituido, y el control por ése de los diversos órganos delegatarios de su soberanía, sólo son posibles merced a la garantía efectiva del ejercicio de dichas libertades.

De allí que corresponda al legislador desarrollar, mejorando, el estatuto jurídico de tales libertades, en concordancia con las normas de rango constitucional que conforman su arquitectura sustentante.

Se destaca, de manera especial, que es la primera vez que en Chile se legisla sobre estas libertades en forma positiva. Hasta ahora, se habían regulado los abusos de publicidad, esto es, siempre en vistas a contener la actividad. Hoy, se desea garantizar estas libertades. Esa es, por lo demás, la finalidad que persigue el proyecto en su totalidad, aun en sus artículos controvertidos.

El proyecto está basado en un principio, que se desea sea incorporado con mayor fuerza en la cultura chilena y que el Gobierno cree que no está suficientemente desarrollado: que las libertades de opinión y de información son el soporte de la libertad y que sin ellas, todas las otras libertades se derrumban. Una democracia no debe temer, sino que más bien debe alentar, una prensa libre, crítica y poderosa, fiel a la verdad y leal a sus lectores.

Para contribuir a la formación de esa prensa poderosa, crítica y libre, se busca con esta iniciativa garantizar a los medios una libertad plena para su funcionamiento; asegurar la calidad de la información; proteger y dignificar la función del periodista, y reconocer la función pública de la prensa.

Respecto de la función pública de la prensa, se consagran varios principios que el Gobierno califica de esenciales.

En primer lugar, está el principio del libre acceso a la fuente de información, salvo los casos en que la información ha sido calificada de secreta.

En segundo lugar, se establece el secreto profesional, equiparando la situación del periodista a la de muchos otros profesionales. En la actualidad, la jurisprudencia ha aceptado este criterio, no obstante no estar consagrado en la ley.

En tercer lugar, se establecen algunas normas de carácter programático para estimular a la autoridad pública nacional, regional y municipal, para promover la prensa regional y generar condiciones para el pluralismo y la diversificación de los medios de comunicación, sin alterar los principios básicos.

En cuarto lugar, se busca ordenar la normativa relacionada con la libertad de información, la que, actualmente, está dispersa en diversos textos legales, todo lo cual facilita la aplicación de la ley por el juez.

En quinto lugar, en materia de penalidad se contemplan, como principios rectores, que toda sanción debe ser posterior a la comisión del delito, sin que nada justifique la censura previa, y que todo delito cometido por un civil, a través de un medio de comunicación social, es de competencia de los tribunales ordinarios de justicia. Los tribunales militares sólo conocerán de las causas por delitos del Código de Justicia Militar y de la Ley de Seguridad del Estado cometidos por militares.

En sexto lugar, se regula y restringe la facultad de los tribunales para suspender la divulgación de información por cualquier medio de comunicación. Sólo podrá decretarse por resolución fundada y por plazos determinados.

En séptimo lugar, se crean algunos delitos y faltas que se cometen contra la libertad de información. Se agrava la agresión a periodistas cuando ellos estén desempeñando funciones propias de su profesión y se sanciona al que exige o intenta impedir una información bajo amenaza o presión de cualquier tipo.

En octavo lugar, se establecen obligaciones de la autoridad hacia la prensa. Se sanciona al funcionario público que impida, arbitrariamente, la libre y legítima publicación de opiniones e informaciones a través de un medio de comunicación; al que, arbitrariamente, niegue información de su competencia, salvo los casos protegidos por la reserva legal, y al que discrimine e impida el acceso a las fuentes de información.

En noveno lugar, en el caso particular de los profesionales de la información, se pretende adoptar toda una gama de medidas y la entronización de ciertas instituciones, con el fin de propender a la dignificación, facilitación y protección del ejercicio del periodismo, lo que redundará en un acrecentamiento de la calidad del mensaje informativo.

Entre ellas, cabe mencionar la cláusula de conciencia y el establecimiento de funciones privativas para los periodistas, que son los temas que han generado algunos conflictos, incluso de índole constitucional. [2]

A través de la cláusula de conciencia, el Gobierno busca la independencia de conciencia del periodista.

Mediante el establecimiento de funciones privativas para el periodista, atendido que es una profesión de carácter universitario, se legisla sobre algunas áreas que le son reservadas. Todo en vista a garantizar la buena calidad de la información y de la noticia, trabajada profesionalmente por quien cumple los requisitos académicos para ello.

Con todo, no es esta la única garantía para el periodista. Se consagran otras, como el libre acceso a las fuentes, el secreto profesional, la obligación de la autoridad de entregar la información requerida, etc.

En décimo lugar, con el fin de ordenar, sistemáticamente, la normativa aplicable al ejercicio de estas libertades, se pretende, además, refundir en un solo cuerpo un cúmulo de normas, especialmente de carácter penal, hoy dispersas en leyes diversas, lo que constituye a menudo fuente de complejos problemas de hermenéutica legal, que dificultan la concreción y real vigencia en este campo del principio de la igualdad ante la ley.

En undécimo lugar, en lo que al sistema de responsabilidad penal se refiere, se propone limitar la responsabilidad objetiva hasta el director, uniformándose su aplicación a los diversos medios, superándose así la discriminación, que actualmente establece la Ley de Seguridad del Estado entre medios escritos, por una parte, y radiales o televisivos, por la otra.

En duodécimo lugar, en lo que respecta a la competencia absoluta de los tribunales llamados a conocer y fallar las causas relativas a delitos cometidos a través de un medio de comunicación social, con motivo y en razón del ejercicio de las libertades de opinión e información, se atribuye ella a los tribunales ordinarios, con la sola excepción de aquellas causas que versen sobre delitos del Código de Justicia Militar y de la Ley de Seguridad del Estado, cometidos por militares, con motivo o en razón del ejercicio de las referidas libertades.

En décimo tercer lugar, se ha procurado simplificar al máximo los procedimientos administrativos, suprimiéndose la intervención de ciertos organismos gubernamentales, cuyas actuales funciones no la justifican ni aconsejan.

En décimo cuarto lugar, en lo que dice relación con los procedimientos judiciales, se propicia su flexibilidad y, dentro de los parámetros orientadores del principio del debido proceso, los más simples, cada vez que ello ha sido posible, atendida la naturaleza del asunto. Los más complejos y perfectos se han reservado para aquellos casos en que la gravedad de las situaciones y la trascendencia de los intereses comprometidos así lo ha aconsejado.

Ideas matrices o fundamentales y contenido del proyecto.

Para los fines previstos en los artículos 66 y 70 de la Constitución y en los incisos primeros de los artículos 24 y 32 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, esto es, para los efectos de la discusión general de esta iniciativa y de las indicaciones y observaciones que puedan formularse y admitirse a tramitación, corresponde consignar, como lo exige el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, una minuta de las ideas matrices o fundamentales del proyecto, entendiendo por tales, las contenidas en el Mensaje.

De acuerdo con este último, las ideas matrices o fundamentales del proyecto son:

1) Perfeccionar, ordenar sistemáticamente y refundir en un solo cuerpo la normativa aplicable al ejercicio de las libertades de opinión y de información, conforme con los principios constitucionales que las consagran.

2) Regular el ejercicio del periodismo.

Para los efectos de concretar las ideas anteriores, se propone un proyecto de ley que consta de 91 artículos permanentes y de cuatro disposiciones transitorias, [3] agrupados en cinco títulos y dos acápites, a saber:

Título I. Disposiciones generales.

Título II. De las formalidades de funcionamiento de los medios de comunicación social.

Título III. Del derecho de aclaración y rectificación.

Título IV. De los delitos:

1. De los delitos cometidos a través de un medio de difusión.

2. De los delitos cometidos contra las libertades de opinión y de información.

3.- Del ejercicio ilegal de la profesión de periodista y de la pena accesoria a la sanción de ciertos delitos. [4]

Título V. De la responsabilidad y del procedimiento.

Disposiciones Finales.

Disposiciones Transitorias

Relación descriptiva del proyecto.

Dada la extensión del proyecto en informe, se hará a continuación una breve relación descriptiva de su contenido, por capítulos y acápites, sobre la base de los antecedentes que sobre el particular aporta el propio Mensaje.

Los artículos que se mencionan corresponden al texto original, no al que figura al final de este informe.

El Título I (artículos 1º al 11), en su norma de apertura, declara cual es el contenido de las libertades de opinión e información en los términos establecidos en la Carta del 80 y en tratados internacionales vigentes que han sido ratificados por Chile.

Continúa con un glosario de definiciones necesarias para la determinación precisa de los derechos y deberes que establece, así como para la construcción de figuras delictivas exactas, con lo que se facilita el cumplimiento del principio de la tipicidad, de rango constitucional.

Más adelante, define el concepto "periodista" a la luz de la realidad legal vigente, precisión necesaria para la determinación del área de reserva (funciones privativas y no privativas), que el anteproyecto considera en relación a la profesión periodística. [5]

Después, establece el principio del libre acceso a las fuentes, así como las limitaciones que lo configuran. Se reconoce, en beneficio de periodistas y directores de medios un "derecho preferente" en el acceso a las fuentes.

Regula el secreto profesional periodístico y se equipara la situación procesal del periodista con la de otros profesionales citados a declarar en juicio.

Establece la cláusula de conciencia y sus requisitos, así como el derecho subjetivo de los periodistas a la autoría de sus trabajos. [6]

Contempla una excepción a la norma que crea el área de reserva, en beneficio de estudiantes de periodismo, que hayan alcanzado un determinado progreso en su carrera.

Establece una serie de normas de carácter programático destinadas a orientar las decisiones de las autoridades de la administración central, descentralizada, regional y municipal, con el fin de promover un mayor equilibrio en el sistema informativo nacional, así como para incentivar el fomento de ciertos valores reconocidos por el legislador.

El Título II (Artículos 12 al 22), regula:

Los requisitos de la propiedad de los medios de comunicación social.

La prohibición de toda discriminación orientada a impedir el nacimiento de un medio o entrabar su funcionamiento.

Las exigencias atinentes a la dirección de un medio.

Los requisitos relativos a la declaración de un medio.

La exigencia de expresión de la dirección y representación legal de un medio, así como de su domicilio legal.

La obligación de los medios de comunicación social radiales y televisivos de forjar y conservar, por un determinado lapso, un respaldo de determinadas emisiones.

Las sanciones a las infracciones de las obligaciones establecidas en los artículos precedentes.

Las normas relativas a la prescripción extintiva de las acciones que permiten reclamar de las infracciones establecidas en este título, y la competencia del juez del crimen correspondiente al domicilio del medio.

El Título III (artículos 23 al 29), contiene una minuciosa regulación del derecho de aclaración y rectificación, establecido en el artículo 19, Nº 12, párrafo tercero, de la Constitución, en beneficio de toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social.

Asimismo, establece los límites atinentes a la procedencia del referido derecho.

El Título IV (Artículos 30 al 62), consta de tres párrafos.

El Párrafo 1º versa sobre los delitos cometidos a través de un medio de comunicación social, destacando figuras delictivas atinentes a la apología de delitos o de la violencia, como medio de acción política, o de ciertos delitos contra la seguridad del Estado y el orden público; delitos contra la dignidad y la libertad de las personas; delitos contra la violación del derecho a la protección de la esfera íntima de las personas; delitos contra la dignidad del niño; delitos de ultraje público a las buenas costumbres; delitos contra la administración de justicia, y la sedición impropia.

Todos estos delitos deben ser aprobados por ley de quórum calificado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19, N° 12, de la Constitución.

El Párrafo 2º versa sobre los delitos cometidos contra las libertades de opinión e información, los que sólo necesitan de una ley simple para su aprobación.

Considera y sanciona conductas destinadas a coartar la libertad de los medios, así como el libre ejercicio de las libertades de opinión e información. Igualmente, sanciona el quebranto del secreto periodístico y conductas encaminadas a impedir la libre concurrencia en el ámbito de las comunicaciones.

Finalmente, sanciona conductas cuyo resultado impida el ejercicio del derecho de aclaración y rectificación o la expedita administración de justicia.

El Párrafo 3º se refiere a la sanción al ejercicio ilegal del periodismo, corolario obligado del reconocimiento del área de reserva, y a la inhabilitación para el ejercicio de la profesión periodística, establecida como pena accesoria, por la comisión de determinados delitos previstos y sancionados en el mismo proyecto, la que se hace extensiva a las personas autorizadas para ejercer la profesión, en virtud de la respectiva autorización legal. [7]

El Título V (Artículos 63 al 87) establece un sistema de responsabilidad penal objetiva limitada, la que alcanza sólo hasta el director del medio.

Reconoce la aplicabilidad de los principios generales relativos a la responsabilidad civil, derivada de la comisión de hechos delictivos dañosos.

Establece, como norma general, la competencia de los tribunales ordinarios para el juzgamiento y fallo de las causas atinentes a delitos cometidos con motivo u ocasión del ejercicio de las libertades de opinión e información. Como excepción a la regla precedentemente citada, establece el juzgamiento de militares por los tribunales del fuero militar, cuando ellos, con motivo u ocasión del ejercicio de las citadas libertades, cometan algún delito previsto y sancionado en el Código de Justicia Militar o en la Ley de Seguridad del Estado.

Ambas normas, la general y la especial, han sido complementadas por otras destinadas a impedir que tal determinación de competencia resulte alterada en razón del fuero o la conexidad.

A continuación, establece un catálogo de procedimientos a aplicar, según la naturaleza, gravedad y complejidad del delito a juzgar.

Igualmente, considera los lindes al ejercicio de la acción penal por los delitos previstos en el proyecto y regula su prescripción, así como también la de la acción civil.

Las disposiciones finales (artículos 88 al 91) contienen normas relativas a la vigencia de la nueva ley; a la derogación orgánica de la Ley sobre Abusos de Publicidad y a la derogación o modificación de ciertas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Seguridad del Estado.

Las modificaciones que se proponen respecto de la Ley Nº 12.927, se refieren todas ellas a disposiciones relativas a materias normadas en el proyecto, en el cual se ha procurado otorgarles una regulación más perfecta, a fin de producir la correspondiente armonía.

Las Disposiciones Transitorias, que son cuatro, están destinadas a mantener en vigor algunas disposiciones de la Ley sobre Abusos de Publicidad, mientras no se dicte un cuerpo legal nuevo, que las acoja; a implementar las disposiciones de los artículos 3º y 4º del proyecto (definición de "periodista" y establecimiento de un "ámbito de reserva para el ejercicio de la profesión periodística"); [8] a brindar operatividad y eficacia a las normas de competencia establecidas en los artículos 68 inciso primero y 69 inciso segundo; y a fijar una norma de integración de la Corte Suprema, coherente con la decisión de someter al conocimiento y fallo de la justicia ordinaria las causas relativas a delitos perpetrados con ocasión o motivo del ejercicio de las libertades de opinión e información.

Discusión y aprobación en general del proyecto.

Antes de emitir un pronunciamiento sobre la idea de legislar, vuestra Comisión recibió en audiencia a los representantes del Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de la Prensa (ANAP) y de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), quienes dieron a conocer la opinión oficial de sus respectivas asociaciones gremiales sobre la iniciativa en informe, las que constan, in extenso, en las actas de la Comisión. [9]

A continuación, escuchó la exposición global que hiciera el señor Ministro Secretario General de Gobierno, don Enrique Correa, quien destacó que el proyecto en análisis era plenamente coherente con la política general del Gobierno en materia de comunicaciones. Por regla general, su articulado es el resultado de un amplio consenso entre los diversos sectores involucrados en el proceso, que participaron en la elaboración del anteproyecto del mismo; sólo hay dos artículos respecto de los cuales existe mucha controversia: las funciones privativas de la profesión de periodista y la cláusula de conciencia.

Destacó que el proyecto, para contribuir, desde la legislación, a la formación de una prensa poderosa, crítica y libre, buscaba, a lo menos, los siguientes propósitos:

Garantizar, a los medios, una libertad plena para su funcionamiento.

Proteger y dignificar la función del periodista.

Garantizar la calidad de la información.

Reconocer la función pública que cumple la prensa.

La cláusula de conciencia, básicamente, busca establecer una disposición programática en relación a la independencia de conciencia del periodista.

El establecimiento de funciones privativas para el periodista tiende a proteger la función, atendido su carácter universitario.

Reconoció que sobre estos dos temas debieran buscarse equilibrios, precisando y acotando el campo exclusivo del periodista y ampliando el derecho de los demás ciudadanos, todo ello, en vistas a garantizar la buena calidad de la información y de la noticia, trabajada profesionalmente por quien cumpla los requisitos académicos para ello.

Opinó que era más probable llegar a un acuerdo, primeramente, en lo que dice relación con la cláusula de conciencia, sobre la base de una formulación más programática, menos imperativa y menos detallada en la ley.

Iniciada la discusión en general, se expresó, como cuestión preliminar, que un proyecto que regula la libertad de expresión en más de 100 artículos es, de por sí, restrictivo; la extensión conlleva una negatividad intrínseca. Hay en él mucha disposición reglamentaria.

Se aclaró que ello era, en alguna medida, fruto de la recopilación de disposiciones vigentes, dispersas en leyes diferentes, que el proyecto, en alguna medida, se limitaba a reproducir, lo que podría facilitar su despacho.

Ese criterio fue rebatido, pues si bien podían haber temas ya contemplados en la legislación vigente, no por eso dejaban de ser controvertidos muchos de ellos.

A juicio de algunos integrantes, gran parte del articulado del proyecto debiera dejarse fuera del mismo, si se optara por no reproducir en esta ley la legislación actualmente vigente.

Se manifestó un especial interés en aprovechar esta oportunidad para asentar, dentro de la sociedad chilena, una cultura sobre la libertad de información, que hoy no existe y que tiene que ver con su valoración como la más fundamental de las libertades.

Se afirmó que, a raíz del caso del libro de Martorell, había quedado establecido en Chile la doctrina de la censura previa, ya que la Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección, amparando el derecho a la honra y a la privacidad de las personas, lo que se tradujo en la prohibición de circulación de un libro. Se habrían alterado principios jurídicos elementales, ya que gran parte de la doctrina señala que los únicos delitos que se pueden cometer por un medio de comunicación social son los de injuria y calumnia que tienen, como antecedente necesario, la publicación del libelo presuntamente calumnioso o injurioso. Aún más, en el caso de la protección de la honra de las personas, la Constitución señala el método que se debe utilizar para ampararla: ese método es la ley que sancione los delitos que se puedan cometer a través de un medio de comunicación social, siempre expost. En el último tiempo, bajo el pretexto de proteger y amparar el derecho a la honra y a la privacidad de las personas, se ha ido cercenando el concepto de que la libertad de expresión es absoluta y primordial y que la única limitación puede ser mediante la sanción de delitos, pero una vez cometidos éstos.

Se aclaró, en todo caso, que en el fundamento de la resolución estuvo presente el hecho que, enfrentados dos derechos constitucionales, uno de ellos debe primar sobre el otro, optándose en este caso por el derecho a la honra, pues de lo contrario, el daño producido hubiera sido irreparable.

Si se extremara la autonomía de la conciencia para expresar lo que se quiera, cuando se quiera, como se quiera y sobre lo que se quiera, sin límites, se correría el riesgo de la disolución de la sociedad pues ésta no existe en el vacío, sino que en base a un consenso mínimo y anterior a la libertad de expresión.

El problema es cómo establecer un equilibrio entre los derechos en juego, partiendo del supuesto de que no hay derechos absolutos. En este sentido, el proyecto tiene una filosofía libertaria, no anacrónica, dentro de lo que es este país, no sólo en la coyuntura histórica en que se está, sino en su cultura histórica. Chile no tiene una tradición de libertad de expresión como la de los Estados Unidos y sería absurdo que la tuviera, pues obligaría a imponerle valores que no existen en el país.

Se estimó como temerario endiosar la libertad de expresión como "la" libertad más importante. De qué valdría la libertad de expresión si no estuviera consagrada y respetada la libertad de conciencia, para formarse libremente el pensamiento que después se expresará. De qué valdría la libertad de expresión si no existiera una adecuada y garantizada libertad económica, que permitiera acceder a los medios que exige la técnica para que ella pueda tener alguna relevancia.

Así, en la perspectiva de establecer una jerarquía de libertades, como antecedente concreto para legislar, no se compartió el criterio de que la libertad de expresión, por importante que ella sea, pueda asumirse como prioritaria. Más bien, debe buscarse armonizarla con las otras para que todas ellas en su conjunto sean adecuadamente valorizadas.

Todas las libertades, por importantes que sean, deben aceptar regulaciones que las restrinjan, en la perspectiva de una convivencia sana de todos los seres humanos.

La propia Constitución se ha encargado de establecer, en el Nº 26 de su artículo 19, que la regulación que se haga de cada uno de los derechos garantizados por ella, no podrá afectar la esencia de los derechos, ni imponer condiciones que impidan su libre ejercicio. Siendo muy importante la libertad de expresión, no es conveniente extrapolarla.

Cerrado el debate y puesto en votación general el proyecto, se aprobó la idea de legislar por la unanimidad de los señores Diputados presentes.

Discusión y votación, en particular, del proyecto.

Durante el estudio en particular, vuestra Comisión rechazó los artículos signados con los números 4º, 5º, 6º, 8º, 13, 21, 29, 30, 36, 47, 48, 50, 51, 53, 54,55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 78, 79, 80, 88 y 2º transitorio.

En esta parte del informe se hará el análisis de los artículos aprobados por vuestra Comisión, siguiendo el orden y la numeración con que ellos se consignan en el texto que figura al final del informe, agrupados, en la medida de lo posible, por materias y bajo el epígrafe del título y párrafo correspondiente. [10]

Disposiciones generales

(Arts. 1º al 9º)

Artículo 1º

Fija el contenido de la las libertades de opinión y de información y reafirma el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar y mantener medios de comunicación social.

Junto con resaltar que estas libertades constituyen un derecho fundamental de todas las personas, precisa que su ejercicio incluye el no ser perseguido a causa de sus opiniones, el buscar y recibir informaciones y difundirlas, por cualquier forma y por cualquier medio, sin estar sujeto a autorización ni a censura previa.

Recoge la disposición todos los elementos que la doctrina considera inherentes a las libertades de opinión y de información, a los cuales se ha hecho referencia en el párrafo relativo a las consideraciones generales.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 2º

El artículo original contenía un glosario de definiciones que se consideraban necesarias para la determinación precisa de los derechos y deberes que establece el proyecto en relación con estas libertades, así como para la construcción de las diferentes figuras delictivas que en él se contienen, en aras del principio de la tipicidad.

Vuestra Comisión, en una primera instancia, rechazó este artículo, por considerarlo innecesario.

Con posterioridad, reabrió debate sobre el mismo y acordó contemplar las definiciones de medio de comunicación social y de diario.

La primera, relativa a los medios aptos, cualquiera que sea el soporte que utilicen, para fijar, almacenar, grabar, reproducir, transmitir, divulgar, difundir o propagar información, datos, sonidos o imágenes dirigidos al público.

Se citan algunos de ellos por vía ejemplar, entre ellos, los diarios, revistas, periódicos, los servicios informativos, las agencias de noticias, las emisiones, señales, ondas o medios radioelectrónicos, magnéticos, ópticos, de sonido, de sonidos sincronizados con imágenes, químicos o mecánicos y sus respectivos soportes o fijaciones, bancos de datos o redes computacionales.

Esto se hace con el propósito de destacar que las disposiciones de esta ley se aplican a cualquier medio que entregue información pública, sin atender a su naturaleza, partiendo del supuesto de que esta es una ley que regula el ejercicio de las libertades de opinión y de información, y no una ley de prensa, como algunos la denominan, equivocadamente.

Cualquier medio de comunicación social que hoy exista o que se cree en el futuro quedará afecto a esta ley.

La inclusión de la definición de diario, para referirse con ella a toda publicación periódica que habitualmente se edite a lo menos cuatro días en cada semana y cumpla con los demás requisitos legales, tiene por finalidad permitir que en ellos puedan efectuarse ciertas publicaciones oficiales que deben insertarse en “diarios”, esto es, en medios de comunicación escritos que aparecen cada día y no sólo en algunos.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 3º

Indica quienes son periodistas: Las personas que estén en posesión del título profesional universitario de periodista válido legalmente en Chile y aquellas reconocidas como tales en virtud de una ley anterior.

La disposición hace alusión a dos situaciones diversas.

A los que tienen el título profesional de periodista, debiendo recordarse que ella es de aquéllas que requiere de grado o título universitario en conformidad con lo estatuido en el artículo 19, Nº 16, de la Constitución, y artículo 52 de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.

A los que han sido autorizados por ley para ejercer esta profesión, sin tener el título de periodista. Se reconoce así la plena validez y vigencia de los artículos transitorios de la ley Nº 12.045, que creara el Colegio de Periodistas, hoy derogada. En virtud de esas normas, se autorizó que ejercieran la profesión de periodista las personas inscritas en los registros al 6 de abril de 1978, además de aquéllas que pudieron hacerlo en virtud de una autorización temporal.

Se agregó una disposición destinada a permitir que ejercieran como periodistas los corresponsales extranjeros.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 4º

Consagraba, originalmente, determinadas funciones “privativas” de los periodistas y que solamente ellos podían ejercer, la que fue objeto de diversos reparos de constitucionalidad.

Se dijo que los derechos de informar y de opinar no constituyen un patrimonio exclusivo de los que están directa o indirectamente vinculados a los medios de comunicación social, sino que también pertenecen a toda la colectividad nacional y a todo individuo en particular. Su ejercicio, por todas las personas, nutre los derechos a la información y al conocimiento.

Cualquier limitación, como la propuesta, estaría afectando, en su esencia, a la libertad de expresión.

En reemplazo de esa disposición, se aprobó otra que establece o reconoce, como funciones “preferentes” a la profesión periodística, las de reportear, elaborar y editar habitualmente noticias, informaciones, notas, crónicas, reportajes, pautas y libretos informativos que se utilicen o difundan en los medios de comunicación social.

La disposición, en todo caso, no afecta la titularidad de la libertad de información y, por consiguiente, de los derechos que la integran, que corresponde a todos los ciudadanos.

En el fondo, les reconoce la calidad de intermediarios naturales entre la noticia y los ciudadanos, que es básica para el mantenimiento de una comunicación pública libre. Esa es la razón que justifica esta preferencia, pero que no alcanza a atribuirles privilegios en el ejercicio de la libertad de información.

La disposición, fruto de un acuerdo en el cual participaron las asociaciones gremiales que agrupan a los representantes de los dueños de los medios y a los periodistas, fue aprobada por mayoría de votos.

Artículo 5º

Como ya se ha expresado, existe la posibilidad de que personas que no tienen el título de periodista, ejerzan funciones informativas en algún medio de comunicación social.

La disposición obliga a los propietarios o concesionarios de los medios que empleen a estas personas, a llevar un registro público de ellas, a entregarles una credencial y a comunicar a las asociaciones representativas de los periodistas las inscripciones y las caducidades que se produzcan en esos registros.

Se aprobó por mayoría de votos.

Artículo 6º

Regula el secreto profesional periodístico, equiparándose la situación procesal del periodista con la de otros profesionales citados a declarar en juicio.

La disposición es aplicable a los periodistas, los directores y editores de medios de comunicación social y a las personas que por su oficio o actividad informativa hayan debido estar presentes, necesariamente, en el momento de recibirse la información confidencial.

Se les permite no revelar sus fuentes personales de información ni las fuentes materiales de las que pudiere deducirse la identidad de las personas que han facilitado la información confidencial.

Se aprobó por mayoría de votos.

Artículo 7º

Consagra el derecho subjetivo de los periodistas a la autoría de sus trabajos, evitando que ellos sean presentados como de ellos, si han sido alterados substancialmente por el director o el editor sin su consentimiento.

Si así se hiciere, el periodista puede poner término a su contrato y exigir el pago de la correspondiente indemnización, como si hubiere terminado por incumplimiento grave de las obligaciones del empleador.

Se aprobó por mayoría de votos.

Artículo 8º

Reconoce a los alumnos de periodismo en práctica profesional y a los egresados de esa carrera, el mismo derecho preferente que el artículo 4º establece en favor de los periodistas.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 9º

Establece una serie de normas de carácter programático destinadas a orientar las decisiones de las autoridades de la administración central, descentralizada, regional y municipal, con el fin de promover un mayor equilibrio, diversidad y pluralismo informativo, así como la libre competencia entre ellos.

Junto con lo anterior, se fijan normas sobre la utilización y reparto de los recursos destinados a avisos, llamados a concursos, propuestas y publicidad.

El inciso final, aplicable a los gobiernos regionales, a los que se les impone la obligación de estimular la realización, difusión y edición de programas, suplementos y espacios destinados a fomentar los valores regionales, aprobado en carácter de norma orgánica constitucional, fue modificado con el fin de ajustarlo a la ley orgánica constitucional relativa a estos Consejos.

Se aprobó por unanimidad.

Título II

De las formalidades de funcionamiento de los medios de comunicación social

(arts. 10 al 19)

Artículo 10

Señala los requisitos que deben tener los propietarios de un medio de comunicación social y el titular de una concesión o permiso de un servicio de radiodifusión sonora.

Si se trata de una persona natural, debe ser chilena, domiciliada en el país y no estar procesada o condenada por delito que merezca pena aflictiva, esto es, superior a tres años.

Si es una persona jurídica, debe estar constituida en Chile, tener domicilio en el país y su presidente, gerente, administradores y representantes legales deben ser chilenos y no estar procesados o condenados por delito que merezca pena aflictiva.

Junto con lo anterior y con el objeto de tener información fidedigna acerca de los reales propietarios de los medios de comunicación social y de su participación en el capital de la empresa, se les exige tener estos antecedentes a disposición de cualquier persona, en el domicilio del medio, debidamente actualizados.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 11

Contiene materias relativas a la dirección de los medios de comunicación social, exigiéndoles tener un director responsable y una persona que lo reemplace, al margen de señalar los requisitos que deben tener estas personas.

Se aprobó por mayoría de votos.

Artículo 12

Regula la iniciación de actividades de los medios de comunicación social.

Todos los medios deben cumplir con las exigencias establecidas en los artículos anteriores.

La normativa que aquí se propone es aplicable a los medios de comunicación escritos. Para la televisión y la radiodifusión rigen las disposiciones establecidas en las leyes sobre telecomunicaciones y del Consejo Nacional de Televisión.

Para iniciar las actividades debe presentarse una solicitud al Intendente Regional, con copia al Director de la Biblioteca Nacional, quien debe llevar un registro actualizado de los medios escritos.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 13

Exige que en cada diario, revista o escrito periódico y al iniciarse y finalizar las transmisiones de las emisoras de radio o televisión, debe indicarse el nombre y domicilio del propietario o concesionario, o del representante legal si se tratare de una persona jurídica. Iguales menciones deben hacerse del director.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 14

Obliga a los establecimientos impresores a colocar un pie de imprenta en los ejemplares que publiquen, especificando el nombre de éstos, el lugar y la fecha de la impresión.

Igual obligación pesa sobre los encargados de los establecimientos de grabación o de difusión televisiva o cinematográfica.

Con ocasión de la aprobación de este artículo, la Comisión acordó utilizar en todo el proyecto la expresión “televisiva” en vez de “televisual”.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 15

Establece el denominado “depósito legal”, que consiste en el envío a la Biblioteca Nacional de un número determinado de los medios de difusión que publique un establecimiento impresor.

En la actualidad son 15, los que se han elevado a 18, con el fin de dotar a las bibliotecas regionales, a la propia Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso Nacional, conforme con el reglamento.

La novedad más importante está en la extensión de esta obligación a los importadores de medios de difusión, los cuales deben enviar dos a la Biblioteca Nacional, cuando el conjunto internado sea igual o superior a mil anuales.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 16

Establece la obligación de las estaciones de radiodifusión sonora y televisiva de dejar copia y guardarla por treinta días, de toda transmisión de noticias, entrevistas, charlas, comentarios, conferencias, disertaciones, editoriales o discursos.

Tiene por finalidad asegurar el ejercicio de los derechos que esta ley confiere a las personas que sean afectadas por imputaciones efectuadas a través de un medio de comunicación social.

Se aprobó por unanimidad.

Artículos 17, 18 y 19

Contemplan las sanciones por las infracciones a las disposiciones de este título, consistentes en multas expresadas en unidades tributarias mensuales, siguiendo con el criterio que informa el proyecto, de restringir al máximo las penas privativas de libertad.

El conocimiento y fallo de estas causas se entrega al juez del crimen del domicilio del medio de comunicación social.

Se fija, en seis meses, el plazo de prescripción de las infracciones cometidas.

Se aprobaron por unanimidad.

Título III

Del derecho de aclaración y de rectificación

(Arts. 20 al 26)

Regula este título el derecho contemplado en el artículo 19, Nº 12, párrafo tercero, de la Constitución, que a la letra expresa:

“Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida.”

El derecho indicado, conocido como derecho a réplica, constituye uno de los contenidos diferenciados de las libertades de opinión y de información y, como tal, plantea su propia problemática.

Los artículos que se proponen lo desarrollan en los términos siguientes.

La persona que se sienta ofendida o injustamente aludida por alguna información difundida en un medio de comunicación social dirige una aclaración o rectificación al medio, el que está obligada a difundirla gratuitamente, aun cuando ella provenga de inserciones o de declaraciones de terceros.

Se limita la extensión de la aclaración o rectificación entre 300 y 1000 palabras, si es un medio escrito, o a dos minutos, si se trata de radio o televisión.

El requerimiento al medio de comunicación social se dirige a su director o a la persona que deba reemplazarla, para lo cual existe un plazo de 20 días, contado desde la fecha de la difusión que lo motive.

La notificación del requerimiento se hace por notario o receptor judicial, sin necesidad de orden judicial.

La aclaración debe publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página y con los mismos caracteres que la información que la provocó. Si se trata de un medio sonoro o televisivo, en el mismo espacio, horario, programa o audición.

En cuanto a su oportunidad, debe hacerse en la primera edición o transmisión que reúna las características indicadas, después de veinticuatro horas de entregada la aclaración.

Si no se hace en esa oportunidad, se presume la negativa a practicarla.

En ese caso, o si existe negativa a hacerlo, la parte afectada tiene derecho a reclamar ante el juez del crimen competente, de acuerdo con el procedimiento establecido.

Si el juez lo acoge, puede aplicar al director del medio una multa. De no cumplirse la orden judicial, éste incurre en el delito de desacato y puede ser sancionado, además, con una nueva multa, sin perjuicio de decretarse la suspensión del medio.

La suspensión no priva al personal del medio del pago de sus remuneraciones.

El plazo para ejercer el derecho a réplica es de 20 días, contado desde la fecha de la emisión y sólo puede ser ejercido por el ofendido; sus familiares en caso de que haya fallecido, o por su representante legal, en caso de enfermedad o ausencia.

Vuestra Comisión ha incorporado las siguientes normas, con el fin de establecer las reglas básicas para garantizar una efectiva protección de la intimidad de las personas, en relación a la distribución y tráfico de información de carácter nominativo o privado, recolectadas y reunidas en bases de datos computacionales o desarrolladas y administradas a través de procedimientos informáticos. [11]

Toda persona tiene derecho a que se rectifiquen las inexactitudes y falsedades de los datos que sobre ella se encuentren registrados en alguna base de datos computacionales, acreditando tal circunstancia a través de medios probatorios suficientes y, hecha la rectificación, a que se le otorgue una certificación en que conste la enmienda. Corregida la información, el administrador o responsable del archivo o base de datos debe comunicarla a quien el interesado indique y, en su caso, al que proporcionó la información.

Si el administrador o responsable de un archivo de datos computacionales no acepta la corrección solicitada, puede ser requerido judicialmente y obligado a hacerlo, de acuerdo con el mismo procedimiento establecido en los artículos 23 y siguientes.

Toda persona tiene derecho a exigir que los antecedentes, datos o relación de hechos propios de su intimidad o privacidad, amparados por el artículo 19, Nº 4º, de la Constitución, sean excluidos de un archivo de datos cuya finalidad sea transferirlos o difundirlos, a menos que su inclusión tenga un fundamento legal.

Se aprobaron por unanimidad.

Título IV

De los delitos

(Arts. 41 al 43)

Párrafo 1º

De los delitos cometidos a través de un medio de comunicación social

(Arts. 27 al 41)

Como se ha tenido oportunidad de expresar en múltiples oportunidades, el artículo 19, Nº 12, de la Constitución, garantiza la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.

Las disposiciones que se proponen en este párrafo dan, precisamente, cumplimiento al mandato constitucional.

Como criterio general, se ha optado por establecer penas de multas, expresadas en unidades tributarias mensuales, dejando las penas privativas de libertad sólo para los casos más graves.

Artículo 27

Sanciona al que, a través de un medio de comunicación social, induzca [12] directamente a la comisión de crímenes o simples delitos.

La pena es de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 28

Sanciona al que por cualquier medio de comunicación social realiza publicaciones o transmisiones que conciten el odio, la hostilidad o el menosprecio respecto de personas o de colectividades en razón de su raza, religión o nacionalidad.

Reproduce el artículo 18 de la ley 16.643, pero con una pena diferente y mayor, expresada en unidades tributarias mensuales, de veinte a cincuenta, que puede llegar hasta cien en caso de reincidencia.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 29

Sanciona la atribución de hechos, noticias o documentos substancialmente falsos, o supuestos, o alterados en forma esencial, o imputados inexactamente a una persona, a través de algún medio de comunicación social, cuando ocasionaren grave daño a la seguridad, el orden, la administración, la salud o la economía públicos.

La sanción es multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

Se sanciona con la misma pena la difusión de tales contenidos, cuando fuere lesiva a la dignidad, el crédito, la reputación o los intereses de personas naturales y sus familiares o de personas jurídicas.

Reproduce, con algunas variables, el artículo 19 de la ley 16.643.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 30

Dispone que en los casos del artículo 29, la rectificación completa y oportuna en el mismo medio será causal extintiva de responsabilidad penal, la que también produce efectos en la apreciación del daño, en lo que a la responsabilidad civil se refiere.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 31

Sanciona al medio de comunicación social que, a sabiendas, publicare documentos oficiales que tuvieren carácter secreto por disposición de ley.

La disposición propuesta se refería a disposiciones, acuerdos o documentos oficiales que tuvieren carácter secreto o reservado por disposición de la ley o de un acto de autoridad fundado en la ley, o documentos o piezas que formaren parte de un proceso que se encuentre en estado de sumario secreto.

La multa es de diez a veinte unidades tributarias mensuales, la que se eleva a veinte y hasta cien de dichas unidades, si causare alguno de los daños a que se refiere el artículo 29.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 32

Sanciona los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social con las penas corporales señaladas en el Código Penal y con multas agravadas, expresadas en unidades tributarias mensuales.

Se aprobó por mayoría de votos.

Artículo 33

Regula la llamada “excepción de verdad”, que exime de responsabilidad penal cuando las expresiones difundidas resulten justificadas por un interés común superior.

La regla general es que al inculpado de haber causado injuria por alguno de los medios de comunicación social indicados en esta ley no se le admite prueba sobre la verdad de sus expresiones.

Puede hacerlo excepcionalmente y eximirse de responsabilidad, si habiendo imputado hechos determinados, concurrieren algunas de las circunstancias que en el artículo se indican.

Dados los presupuestos establecidos, si se probare la verdad de la imputación, el acusado es absuelto o sobreseído.

Se precisa, en el inciso final, que no constituirán injurias las apreciaciones que se formularen en artículos de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica o deportiva, salvo que su tenor pusiere de manifiesto el propósito de injuriar, además del de criticar.

Reproduce lo establecido en el artículo 21 de la ley 16.643.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 34

Este artículo hace operable la garantía constitucional del artículo 19, Nº 4º, de la Constitución, que asegura el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia. [13]

La infracción de este precepto, cometida a través de un medio de comunicación social, consistente en la imputación de un hecho o acto falso, o que cause injustificadamente daño o descrédito a una persona o a su familia, es constitutiva de delito y tiene la sanción que determine la ley.

Eso es lo que hace, precisamente este artículo, al imponer una pena de multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de reiteración o de reincidencia.

El medio puede probar ante el tribunal la verdad de la imputación en los dos casos que este artículo establece y eximirse de culpa, a menos que ella misma sea constitutiva del delito de injuria a particulares.

Ello sucede si se acredita que el hecho verdadero imputado, aunque perteneciente a la vida privada, tiene real importancia respecto del desempeño correcto y eficaz de la función pública, o de la profesión u oficio del afectado, o de alguna actividad de significativa relevancia para la comunidad.

Igual efecto se produce si el ofendido exigiere la prueba de la verdad de la imputación contra él dirigida y siempre que dicha prueba no afectare el honor o los legítimos secretos de terceros. Ello permite al afectado lograr una constancia judicial de que el ofensor no pudo probar la verdad de lo dicho. De otro modo, el culpable sería castigado, pero ante la opinión pública quedaría la duda acerca de la efectividad de la imputación. Como puede observarse, esta excepción está establecida en favor del afectado.

En los dos casos indicados y no en otros probada la verdad de la imputación, el inculpado queda exento de pena.

Los propietarios, editores, directores y administradores del medio son, además, solidariamente responsables de las indemnizaciones que procedan.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 35

Sanciona al que maliciosamente captare palabras o imágenes de otra persona, no destinadas a la publicidad y, también, al que las difundiere sin el consentimiento del afectado, produciendo a su respecto daño o descrédito.

La pena es de presidio menor en sus grados mínimo a medio (61 días a 3 años) y multa de cien a doscientas unidades tributarias, en el primer caso, y de presidio menor en cualquiera de sus grados (61 días a 5 años) y multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias mensuales, en el segundo.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 36

Establece que la difusión de noticias o informaciones emanadas de juicios, procesos o gestiones judiciales pendientes o afinados, no puede invocarse como eximente o atenuante de responsabilidad civil o penal si con dicha difusión se cometiere alguno de los delitos que la disposición indica, sancionados en los artículos 32, 34, 35 y 38.

La excepción son las publicaciones jurídicas de carácter especializado.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 37

Prohíbe la divulgación, por cualquier medio de comunicación social, de la identidad de menores de dieciocho años que sean autores, cómplices o encubridores o víctimas de delitos, o de cualquier otro antecedente que, directa o indirectamente, conduzca a ella.

La infracción a este precepto se sanciona con multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 38

Sanciona al que cometiere el delito de ultraje público a las buenas costumbres, a través de algún medio de comunicación social.

La pena es de prisión en su grado medio a reclusión menor en su grado mínimo (21 a 540 días) y multa de dos a ochenta unidades tributarias mensuales.

En la disposición aprobada se indican algunas conductas específicas que constituyen ultraje público a las buenas costumbres, reproduciéndose, en general, lo que dispone el artículo 20 de la ley 16.643.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 39

Sanciona el ultraje a las buenas costumbres, en cualquiera de las formas enunciadas en el artículo anterior, cuyo objeto sea la perversión de menores de dieciocho años.

La pena es de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 a 3 años) y multa de diez a ciento sesenta unidades tributarias mensuales.

Se aprobó por mayoría de votos.

Artículo 40

Regla la atribución de los tribunales de suspender la divulgación de informaciones por cualquier medio de comunicación social en juicios penales en estado de sumario.

Se precisa que ello sucede cuando existan antecedentes inequívocos y revestidos de seriedad de que la divulgación pueda entorpecer gravemente el éxito de la divulgación, o atentar contra la seguridad del Estado o la garantía constitucional que asegura el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia.

La prohibición puede ser ordenada por un plazo no superior a veinte días, rige desde el momento en que el juez lo determine, es apelable en el solo efecto devolutivo y no procede a su respecto la orden de no innovar. Se publica en el Diario Oficial, en uno o más diarios y en una o más emisoras de radiodifusión sonora o televisiva.

Se aprobó por mayoría de votos.

Artículo 41

Contempla dos situaciones en las cuales los medios de comunicación social quedan exentos de responsabilidad penal.

Por la publicación de las opiniones vertidas por los parlamentarios en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión.

Por la difusión de las alegaciones producidas ante los tribunales de justicia.

Se aprobó por unanimidad.

Párrafo 2º

De los delitos cometidos contra las libertades de opinión y de información

Artículo 42

Sanciona conductas destinadas a coartar la libertad de los medios.

La persona que desempeñando funciones públicas impidiere arbitrariamente la libre y legítima publicación de opiniones o informaciones a través de cualquier medio de comunicación social, fuera de los casos previstos en la Constitución o en la ley, es sancionada con reclusión menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y multa de cuarenta a cien unidades tributarias mensuales.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 43

Sanciona hechos, actos o convenciones que tiendan a impedir la libre competencia.

Se consideran tales los que entraben la producción de informaciones, el transporte, la distribución, la circulación, el avisaje y la comercialización de los medios de comunicación social.

Quienes los ejecuten incurren en la pena establecida en el artículo 1º del decreto ley Nº 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, que es de presidio menor en cualquiera de sus grados (61 días a 5 años).

Para los efectos de la misma disposición legal, se consideran artículos o servicios esenciales los pertinentes a la operación o mantención de los medios de comunicación social. En este caso, la pena se aumenta en un grado.

Se establece, con el fin de informar al público, que cualquier hecho o acto relevante relativo a la modificación o cambio en la propiedad de un medio de comunicación social debe informarse a la respectiva Comisión Preventiva Regional o a la Comisión Preventiva Central, según corresponda, dentro del plazo de 30 días de producido.

Para los efectos de lo establecido en este artículo se aplican los procedimientos y sanciones contemplados en ese cuerpo legal, con la salvedad de los procesos penales a que pueda dar lugar, respecto de los cuales rige lo dispuesto en el artículo 51 del proyecto.

La disposición guarda estrecha relación con el pluralismo, la concentración y la propiedad de los medios de comunicación social, materias que concitaron especial interés en la Comisión.

Se aprobó por unanimidad.

Título V

De la responsabilidad y del procedimiento

(Arts. 44 al 63)

Artículo 44

Establece que la responsabilidad penal por los delitos cometidos en razón del ejercicio abusivo de las libertades de emitir opinión y de informar, a través de un medio de comunicación social, se determina según las reglas generales del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal.

Esto significa que ella sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas responden los que hayan intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que afecte a la corporación en cuyo nombre hubieren obrado.

Se consideran también autores, tratándose de medios de comunicación social, al director o a quien lo reemplace al efectuarse la difusión, quienes pueden eximirse si acreditan que no hubo culpa de su parte.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 45

Regula el ejercicio de la acción civil para obtener la indemnización de daños y perjuicios derivados de delitos penados en esta ley.

Si la acción es ejercida por el ofendido, no pueden ejercerla sus familiares. Si la ejercen éstos, deben actuar conjuntamente y constituir un solo mandatario.

Para fijar la indemnización, el juez debe tomar en cuenta los antecedentes, la gravedad del daño sufrido, las facultades económicas del ofensor, la calidad de las personas, las circunstancias del hecho y las consecuencias de la imputación, difusión o amenaza para el ofendido.

La prueba se aprecia en conciencia y no rige, en estos casos, el artículo 2331 del Código Civil, que establece que las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho a indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante susceptible de apreciarse en dinero.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 46

Establece que si la calumnia o la imputación de un hecho o acto falso relativos a la vida privada y pública y a la honra de una persona o de su familia consistieren en la imputación de la comisión de un delito, no habrá lugar a indemnización cuando se probare tal comisión por sentencia ejecutoriada.

Tampoco habrá lugar a indemnización civil, tratándose de una noticia falsa, si el medio de comunicación se limitó a reproducir noticias, informaciones o declaraciones que provinieren, a juicio del tribunal, de una fuente razonablemente confiable o idónea o difundida en programas o espacios transmitidos en directo y abiertos al público, en los cuales se señalare expresamente que lo allí difundido no compromete al medio de comunicación social.

Se aprobó por unanimidad.

Artículos 47 al 63

Establecen, como regla general, la competencia de los tribunales ordinarios, para el juzgamiento y fallo de las causas atinentes a delitos cometidos con motivo u ocasión del ejercicio de las libertades de opinión e información, así como de las acciones civiles derivadas de aquéllos.

Esa competencia no se altera por la conexidad [14] que pudiera existir entre delitos, por la aplicación de las reglas sobre concurso, por el fuero de que goce alguna de las partes ni por motivo sobreviviente alguno.

Por excepción, tratándose de delitos previstos y sancionados en el Código de Justicia Militar o en la Ley de Seguridad del Estado, cometidos a través de un medio de comunicación social, exclusivamente por militares, son competentes los tribunales militares.

Si en estas causas alguno de estos delitos o algún delito conexo con ellos, hubieren sido cometidos conjunta o separadamente por civiles y militares, se juzga a todos ellos en un solo proceso cuyo conocimiento corresponde a un Ministro de Corte de Apelaciones, en primera instancia, y a la Corte, con excepción de ese Ministro, en segunda.

Esta regla de competencia prevalece sobre cualquier otra, lo que significa que nunca un civil podrá ser juzgado por un tribunal militar, si ha cometido un delito a través de un medio de comunicación social.

Se regula, a continuación, el caso del agente militar que puede ser inculpado en causas substanciadas coetáneamente por la justicia ordinaria y la militar.

En tal caso, prefieren las diligencias decretadas por esta última; los tribunales deben remitirse copia de los autos de procesamiento y de las resoluciones que dictaren en sus respectivas causas; el tribunal que dictare el último fallo no puede considerar circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal que, de estar acumulados los procesos, no se hubieren podido tomar en cuenta y, por último, el procesado puede solicitar al tribunal superior común, dentro del plazo de un año, a contar del último fallo, que se unifiquen las penas cuando ello lo beneficiare.

De las causas por los delitos previstos en esta ley, como de las causas por delitos cometidos a través de un medio de comunicación social, conoce el juez del crimen competente según las reglas generales.

Sin embargo, si se trata de un delito contemplado en la ley de Seguridad del Estado y el proceso se iniciare por requerimiento de la autoridad, conoce un Ministro de Corte de Apelaciones.

A continuación se establece un catálogo de procedimientos a aplicar, según la naturaleza, gravedad y complejidad del delito a juzgar.

La regla general es el procedimiento por faltas del Código de Procedimiento Penal, con algunas excepciones.

Rige el procedimiento por crímenes o simples delitos de acción pública del Código de Procedimiento Penal, tratándose de la publicación de documentos oficiales secretos; la captación maliciosa de palabras o imágenes de otra persona; de delitos por infracción de la legislación antimonopolios, y de causas por delitos cometidos a través de un medio de comunicación social no penados en esta ley.

Rige en cambio el procedimiento establecido en la Ley de Seguridad del Estado en las causas por delitos cometidos a través de un medio de comunicación social y penados en esta ley; y en las causas por delitos previstas en esa ley o en el Código de Justicia Militar, cometidos en forma conjunta o separada por civiles y militares.

Si se trata de delitos cometidos exclusivamente por militares a través de un medio de comunicación social, estando previstos y sancionados en la referida ley o en el Código de Justicia Militar, se sigue el procedimiento establecido este Código.

No obstante lo dispuesto en las disposiciones anteriores, los delitos de injuria y calumnia perpetrados a través de algún medio de comunicación social se tramitan con arreglo al procedimiento sobre faltas.

Como normas de carácter complementarias, se establece expresamente la procedencia de los recursos de casación y de revisión en las causas que versen sobre crímenes o simples delitos; la acción pública para perseguir los delitos penados en esta ley, salvo aquellos en que expresamente la acción se entrega al personalmente ofendido o a sus familiares, y la posibilidad de solicitar informes periciales sobre aspectos técnicos de la función periodística, indispensables para el mejor acierto del fallo.

Para los efectos de la comprobación del hecho punible, el juez del crimen puede ordenar que se recojan no más de cuatro de los ejemplares o copias que presumiblemente hayan servido para cometer alguno de los delitos previstos en esta ley, la que se puede hacer extensiva a todos los ejemplares o copias si se tratare de los delitos previstos en los artículos 27 y 38, esto es, la inducción a la comisión de crímenes o simples o el ultraje público a las buenas costumbres, a través de un medio de comunicación social.

En todo caso, en la sentencia condenatoria puede ordenarse el comiso o destrucción total o parcial de los impresos o grabaciones por medio de las cuales se hayan cometido estos delitos, destrucción que resulta obligatoria en el caso de delitos de ultraje público a las buenas costumbres.

Si la pena aplicada conforme con las prescripciones de esta ley fuere la de multa, el hecho delictivo será considerado simple delito para todos los efectos legales.

En lo que respecta a la prescripción de la acción penal y de la acción civil, rigen las reglas generales del Código Penal y del Código Civil, salvo respecto de los delitos sancionados en los artículos 27, 28, 29, 31, 34, 37 y 38, en que se establece una especial de seis meses contados desde la fecha en que se hubiere comenzado la difusión abusiva.

El ejercicio de la acción penal interrumpe la prescripción de la acción civil, la que comienza nuevamente a correr una vez ejecutoriada la sentencia dictada en juicio criminal.

El tribunal del crimen, a petición del interesado y con el fin de constatar la posible comisión de un delito, puede requerir a las emisoras de radiodifusión sonora o televisiva, el envío de las copias o cintas que estos deben guardar, con arreglo al artículo 16, para ponerlas a disposición del solicitante.

Por último, se consagra el derecho del ofendido de exigir que la sentencia condenatoria se difunda, en extracto redactado por el secretario del tribunal, en el medio de comunicación en que se hubiere cometido la infracción o en el que el juez determine, si se trata de un medio sonoro o audiovisual.

Todas estas disposiciones se aprobaron por unanimidad.

Disposiciones varias

(Arts. 64 al 68)

Artículo 64

Modifica, con el fin de evitar la concentración de la propiedad en los medios de comunicación social, el artículo 18 de la ley Nº 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, estableciendo que ninguna persona natural o jurídica que participe en la propiedad de un servicio de televisión de libre recepción puede participar en la propiedad de otro de igual naturaleza que cubra la misma zona de servicio.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 65

Deroga el número 1 del artículo 158 del Código Penal, que sanciona al empleado público que impidiere la libre publicación de opiniones por la imprenta en la forma prescrita por la ley, en atención a que esa conducta delictiva está consultada en el artículo 42 del proyecto, con una redacción más general.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 66

Sustituye los artículos 17, 18 y 19 de ley sobre Seguridad del Estado, con el fin de adecuar sus normas en concordancia con las disposiciones del proyecto en informe.

En el artículo 17, se señala que la responsabilidad penal de los delitos penados en esa ley y cometidos por medio de la prensa escrita se determina según las reglas generales, considerándose también autor al director o a quien lo reemplace.

En el artículo 18, se exime de responsabilidad al director o a la persona que lo reemplace, cuando acrediten que no hubo culpa de su parte en la difusión delictuosa.

En el artículo 19 se indica que la determinación de la responsabilidad por delitos penados en esa ley y cometidos por medio de la radiodifusión o la televisión, se sujetará a las prescripciones de los dos artículos anteriores.

Estas tres enmiendas se aprobaron por unanimidad.

Artículo 67

Dispone que cuando el Estado otorgue una concesión radial o televisiva en atención a las características especiales del concesionario, este sólo puede enajenarla previa autorización de la autoridad, a menos que el adquirente sea una institución que reúna las mismas características del concesionario.

Se aprobó por mayoría de votos.

Artículo 68

Deroga, orgánicamente, la ley Nº 16.643, sobre Abusos de Publicidad.

Se aprobó por unanimidad.

Artículos transitorios

Artículo 1º

Mantiene la vigencia de algunas disposiciones de la ley 16.643, mientras no se dicte un cuerpo legal nuevo que las acoja.

incisos segundo y tercero del artículo 3º, relativos a la obligación de declarar la existencia o adquisición de toda imprenta, litografía o taller impresor al Director de la Biblioteca Nacional, quien llevará un registro de todos ellos.

artículo 49, relativo a la publicación y circulación de mapas, cartas o esquemas geográficos que excluyan de los límites nacionales territorios pertenecientes a Chile, y a las atribuciones del Instituto Geográfico Militar y del Departamento de Navegación e Hidrografía de la Armada.

Artículo 51, que declara de carácter técnico las publicaciones ordenadas hacer por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

Artículo 52, que concede a la misma Dirección, a los servicios de su dependencia y al Fondo Histórico y Bibliográfico “José Toribio Merino” liberación postal y telegráfica.

Artículo 2º

Impone a los jueces militares y a las Cortes Marciales la obligación de remitir a respectiva Corte de Apelaciones los procesos pendientes por delitos que, en virtud de esta ley, pasen a ser de competencia de los tribunales ordinarios, para los efectos de su distribución a los jueces competentes.

Artículo 3º

Dispone que para la vista y fallo de las causas que pasen a la justicia ordinaria y que se encuentren pendientes ante la Corte Suprema, regirá lo prescrito en los artículos 93 y 101 del Código Orgánico de Tribunales.

El artículo 93 se refiere a la composición de la Corte y el artículo 101 regulaba su funcionamiento divida en Salas.

Esta última disposición ha sido derogada en virtud de la ley N° 19.374, de 18 de febrero de 1995, por lo que la referencia debe entenderse al artículo 99 del mismo Código.

La disposición tiene por finalidad fijar una norma de integración de la Corte Suprema sólo con sus ministros, [15] coherente con la decisión de someter al conocimiento y fallo de la justicia ordinaria las causas relativas a delitos perpetrados con ocasión o motivo del ejercicio de las libertades de opinión y de información.

Todas estas normas transitorias se aprobaron por unanimidad.

Constancias reglamentarias.

Para los efectos previstos en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se hace constar lo siguiente:

Los artículos 9°, inciso final; 18, 23, 40, 47, 48, 49, 50 y 3° y 4° transitorios, han sido calificados como normas de carácter orgánico constitucional.

Los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 han sido calificados como normas de quórum calificado, en conformidad con lo preceptuado por el artículo 19, N° 12, de la Constitución, en cuanto dicen relación con los delitos y abusos que se cometen en el ejercicio de las libertades de opinión y de información.

No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

El proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad, por lo que no hay opiniones disidentes que consignar.

Se rechazaron los artículos 4º, 5º, 6º, 8º, 13, 21, 29, 30, 36, 47, 48, 50, 51, 53, 54,55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 78, 79, 80, 88 y 2º transitorio.

Texto del proyecto de ley aprobado.

En mérito de las consideraciones anteriores y por las que os proporcionará en su oportunidad el señor Diputado Informante, vuestra Comisión os recomienda que prestéis aprobación al siguiente:

Proyecto de ley:

Ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.

Título I

Disposiciones generales

Artículo 1º. La libertad de emitir opinión y la de informar que asegura el artículo 19, N° 12, de la Constitución Política de la República de Chile, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye el no ser perseguido a causa de sus opiniones, el buscar y recibir informaciones y difundirlas, en cualquier forma y por cualquier medio y sin estar sujeto a autorización ni a censura previa.

Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las que señalan esta ley, o la respectiva legislación especial, en el caso de las emisoras de radiodifusión sonora o televisiva.

Artículo 2°.- Para todos los efectos legales se entenderá por medio de comunicación social: Los medios aptos para fijar, almacenar, grabar, reproducir, transmitir, divulgar, difundir o propagar información, palabras, datos, sonidos, imágenes u otros signos dirigidos o destinados al público, tales como los diarios, revistas y periódicos; los servicios informativos; las editoras; las agencias de noticias; las emisoras de radiodifusión sonora o televisiva; la cinematografía; los impresos; las emisiones, señales, ondas o medios radioeléctricos, televisivos, electrónicos, magnéticos, ópticos, de sonido, de sonidos sincronizados con imágenes, químicos o mecánicos, y sus respectivos soportes o fijaciones; los bancos de datos o las redes computacionales, u otros medios que reúnan dichas características, y que cumplan con los demás requisitos establecidos en esta ley.

Se entenderá por diario toda publicación periódica que habitualmente se edite a lo menos cuatro días en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos en esta ley.

Artículo 3º. Son periodistas las personas que estén en posesión del título profesional universitario de periodista válido legalmente en Chile y aquellas reconocidas como tales en virtud de una ley anterior.

Los corresponsales extranjeros acreditados en Chile podrán ejercer las funciones de periodista y se regirán por las disposiciones de esta ley.

Artículo 4º. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1° y de las atribuciones propias de los medios en materia de contratación y administración, son funciones que corresponden preferentemente a la profesión periodística las de reportear, elaborar y editar habitualmente noticias, informaciones, notas, crónicas, reportajes, pautas y libretos informativos, que se utilicen o difundan en los medios de comunicación social.

Artículo 5º. Es obligación de los propietarios o concesionarios de todo medio de comunicación social mantener un registro público actualizado de las personas que, no siendo periodistas ejerzan, en forma permanente o periódicamente, funciones informativas en el respectivo medio o servicio. A estas personas, mientras ejerzan tales funciones, deberá proporcionárseles una credencial que acredite estas circunstancias.

Toda inscripción o caducidad en los mencionados registros deberá ponerse en conocimiento de las asociaciones representativas de los periodistas en el plazo de 30 días, contado desde la fecha en que una persona comenzó a cumplir las referidas funciones o desde que dejó de ejercerlas.

Artículo 6º. Los periodistas, directores y editores de medios de comunicación social, cuando sean citados a declarar, a propósito de las informaciones confidenciales que obtengan o reciban en el desempeño de su profesión o función, no estarán obligados a revelar sus fuentes personales de información ni las fuentes materiales de las que pudiere deducirse quienes son las personas que han facilitado aquella información, ni aun tratándose de delitos, salvo los contemplados en las leyes que sancionan el tráfico de estupefacientes o sustancias psicotrópicas y las conductas terroristas. Regirá para ellos la disposición del inciso segundo del artículo 171 del Código de Procedimiento Penal.

Se aplicará también esta norma a las personas que por su oficio o actividad informativa hayan debido estar necesariamente presentes en el momento de recibirse la información confidencial.

Artículo 7º. Ningún periodista puede ser obligado a que sus trabajos se presenten identificados con su nombre, cara o voz, como autor, cuando ellos hubieren sido alterados substancialmente por el director o el editor sin su consentimiento. La infracción reiterada de esta disposición, entendiéndose por tal la que ocurra a lo menos dos veces en el lapso de un mes, dará derecho al periodista a poner término a su contrato en las condiciones establecidas en la ley laboral para el caso de incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte del empleador.

Artículo 8°. Gozarán del derecho preferente del artículo 4° los alumnos de los dos últimos años del plan de estudios de las escuelas universitarias de periodismo, cuando estén obligados a realizar prácticas profesionales exigidas por dichos planteles, dentro de los plazos señalados por éstos, y los egresados de las mismas, dentro de los dieciocho meses siguientes a la fecha de su egreso, siempre que no los afecte la inhabilidad señalada en el artículo 44 de este cuerpo legal.

Artículo 9°. El Estado tiene la obligación de garantizar el pluralismo en el sistema informativo, para lo cual habrá de favorecer la coexistencia de diversidad de medios de comunicación social y la libre competencia entre ellos, posibilitando la expresión de las distintas corrientes de opinión, así como la variedad social, cultural y económica de las regiones.

Las autoridades pertinentes procurarán que, a lo menos en parte, los fondos que establecen los presupuestos del Estado, de sus organismos y empresas, y de las municipalidades, destinados a avisos, llamados a concursos, propuestas y publicidad, que tengan una clara identificación regional, provincial o comunal, sean destinados a efectuar la correspondiente publicación o difusión en medios de comunicación social regionales, provinciales o comunales.

Para dar cumplimiento a su función de fomentar las expresiones culturales, de cautelar el patrimonio histórico, artístico y cultural de la región, incluidos los monumentos nacionales, y de velar por la protección y el desarrollo de las etnias originarias, los gobiernos regionales estimularán la realización, difusión o edición de programas, suplementos y espacios destinados a servir tales propósitos, procurando que ellos sean publicados o difundidos, preferentemente, en medios de comunicación social de las provincias y comunas pertenecientes a la respectiva región.

Título II.

De las formalidades de funcionamiento de los medios de comunicación social.

Artículo 10. El propietario de un medio de comunicación social y el titular de una concesión o permiso de un servicio de radiodifusión sonora, cuando se trate de una persona natural, deberá ser chileno, tener domicilio en el país y no estar procesado ni haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva. Tratándose de personas jurídicas de derecho público o privado, deberán estar constituidas en Chile y tener domicilio en el país. Su presidente, gerente, administradores y representantes legales deberán ser chilenos y no estar procesados ni haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva.

En el domicilio de los medios de comunicación social deberá existir, a disposición de cualquier persona que lo solicite, el nombre e individualización completa de la o las personas naturales o jurídicas propietarias del medio de que se trata, con indicación precisa del porcentaje, monto y modalidades de su participación en la propiedad o en el capital de la empresa, todo esto debidamente actualizado.

Artículo 11. Los medios de comunicación social deben tener un director responsable y una persona, a lo menos, que lo reemplace.

El director y quienes lo reemplacen deberán ser mayores de edad, tener domicilio y residencia en el país, ser personas que no tengan fuero por disposición constitucional, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y no haber sido condenados en los dos últimos años como reincidentes en delitos penados por esta ley.

Artículo 12. Para iniciar el funcionamiento de un medio de comunicación social, deberá cumplirse con las exigencias de los artículos anteriores.

Para la televisión y la radiodifusión se aplicarán, en su caso, las normas establecidas en las leyes sobre telecomunicaciones y del Consejo Nacional de Televisión.

Tratándose de los medios de comunicación social escritos, la iniciación de actividades se hará mediante una presentación firmada ante notario al Intendente Regional que corresponda al domicilio del medio, debiendo adjuntarse copia de ella al Director de la Biblioteca Nacional, en la que se indique lo siguiente:

a) El título del diario, revista o periódico e indicación de los períodos que mediarán entre un número y otro;

b) El nombre completo, profesión, domicilio y cédula nacional de identidad del propietario, si fuere persona natural, o de las personas que tienen la representación legal de la sociedad, si se tratare de una persona jurídica;

c) El nombre completo, domicilio y cédula de identidad del director y de la o las personas que deben substituirlo, con indicación del orden de precedencia en que ellas deben asumir su reemplazo;

d) La ubicación de sus oficinas principales, y

e) Los antecedentes a que se refiere el inciso segundo del artículo 12.

Cualquier cambio que se produzca respecto a las anteriores enunciaciones, será objeto de una nueva declaración hecha en la forma antes establecida y presentada dentro de los cinco días siguientes al cambio producido.

El Director de la Biblioteca Nacional deberá llevar un registro actualizado de los medios escritos de comunicación social existentes en el país, con indicación de los antecedentes señalados en el inciso primero.

Artículo 13. En la primera página o en la página editorial o en la última y en lugar destacado de todo diario, revista o escrito periódico, y al iniciarse y al finalizar las transmisiones diarias de toda emisora de radiodifusión sonora o televisiva, se indicarán el nombre y el domicilio del propietario o concesionario, en su caso, o del representante legal, si se tratare de una persona jurídica. Las mismas menciones deberán hacerse respecto del director responsable.

Artículo 14. Toda persona que tenga a su cargo cualquier tipo de establecimiento impresor, deberá poner un pie de imprenta en cada uno de los ejemplares que publique, el cual deberá especificar el nombre de éstos, el lugar y la fecha de la impresión.

Igual obligación tendrán las personas que tengan a su cargo establecimientos de grabación sonora o de producción audiovisual o de difusión televisiva o cinematográfica.

Artículo 15. Todo responsable de un establecimiento impresor enviará, de los impresos que publique y al tiempo de su publicación, dieciocho ejemplares a la Biblioteca Nacional.

Para el solo efecto de lo establecido en el inciso anterior, se entenderá por impreso toda reproducción del pensamiento humano por medio de la imprenta, o de discos, cintas magnetofónicas, mimeógrafos, material fílmico o audiovisual u otros procedimientos similares, que estén destinados a ofrecerse al público.

Cuando un trabajo de impresión se efectúe en parte en un taller y en parte en otro, será el editor quien deberá cumplir con la obligación indicada en el inciso primero.

Los importadores de alguno de los materiales señalados en este artículo, destinados a circular en el país, deberán enviar dos ejemplares de cada uno de esos títulos u obras a la Biblioteca Nacional, cuando el conjunto internado sea igual o superior a mil anuales.

Los impresos que se envíen a la Biblioteca Nacional serán distribuidos conforme con el reglamento.

Artículo 16. Las estaciones de radiodifusión, las de televisión de libre recepción y las de recepción limitada respecto de sus programas de origen nacional, estarán obligadas a dejar copia o cinta magnetofónica y a conservarla durante 30 días, de toda transmisión de noticias, entrevistas, charlas, comentarios, conferencias, disertaciones, editoriales o discursos.

Artículo 17. La infracción de cualquiera de los requisitos y exigencias señalados en las disposiciones precedentes de este título se sancionará con multa de dos a ocho unidades tributarias mensuales.

Del pago de tales multas, en lo que fuere pertinente, aplicadas al director, será solidariamente responsable el propietario o concesionario del medio.

En caso de infracción de los artículos 10, 11 y 12, el tribunal dispondrá, además, la suspensión del medio hasta tanto no se les dé cumplimiento.

Artículo 18.- El conocimiento y fallo de estas causas corresponderá al juez del crimen correspondiente al domicilio del medio de comunicación social.

Artículo 19. La responsabilidad por las infracciones previstas en este título prescribirá en seis meses, contados desde su comisión.

Título III.

Del derecho de aclaración y de rectificación.

Artículo 20. Todo medio de comunicación social estará obligado a difundir gratuitamente, de acuerdo con lo que establece el artículo 19, Nº 12, inciso tercero, de la Constitución Política, la aclaración o la rectificación que le sea dirigida por cualquiera persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por alguna información difundida a través de él.

Lo anterior regirá aun cuando la información que la motiva provenga de una inserción o de declaraciones de terceros. En este caso, el medio podrá cobrar el costo en que haya incurrido por la aclaración o la rectificación a quien haya ordenado la inserción o efectuado la declaración que la motivó.

Las aclaraciones y las rectificaciones deberán circunscribirse, en todo caso, al objeto de la información que las motiva y no podrán tener una extensión superior a la de ésta; pero el director del medio no podrá exigir que aquéllas tengan menos de trescientas palabras, ni el afectado que tenga más de mil. En el caso de la radiodifusión sonora o televisiva, el límite máximo no podrá exceder de dos minutos.

Toda persona tiene derecho a que se corrijan las inexactitudes y falsedades de los datos que sobre ella se encuentren registradas en alguna base de datos computacionales, pública o privada, acreditando tal circunstancia a través de medios probatorios suficientes y, hecha la rectificación, a que se le otorgue una certificación en que conste la enmienda. Corregida la información, el administrador o responsable del archivo o base de datos computacional lo comunicará a la mayor brevedad a quienes el interesado señale y, en su caso, a aquél que la proporcionó originalmente o sirvió de fuente de la información enmendada.

El administrador o responsable de un archivo de datos que no haya aceptado la corrección solicitada por la persona que se sintiera afectada, podrá ser requerido judicialmente a través del procedimiento establecido en el artículo 23, pudiendo ser obligado a efectuar la rectificación, enmienda o complementación por sentencia judicial, y a indemnizar los perjuicios que hubiere causado.

Artículo 21. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62 de esta ley, todo interesado podrá, a su costa, solicitar directamente de las emisoras de radiodifusión sonora o televisual la entrega de las copias o cintas a que se refiere el artículo 16, las que el medio requerido deberá poner a disposición del peticionario dentro de tercero día.

El requerimiento al medio de comunicación social en que se solicite que se publique o emita una aclaración o una rectificación, deberá dirigirse a su director, o a la persona que deba reemplazarlo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 12, inciso tercero, letra c), dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha de la difusión que las motive.

Los notarios y los receptores judiciales estarán obligados a notificar el requerimiento al director del medio de comunicación social en que hubiere aparecido o se hubiere difundido la información objeto de la aclaración o rectificación, o a quien deba reemplazarlo, a simple solicitud del interesado. La notificación se hará por medio de una cédula que contendrá íntegramente el texto de la respuesta, la que será entregada al director o a la persona que lo reemplace.

Artículo 22. El escrito de aclaración o de rectificación deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página y con los mismos caracteres que la información que los haya provocado.

En el caso de emisoras de radiodifusión sonora o televisiva, la aclaración o la rectificación deberán difundirse en el mismo espacio, horario, programa o audición y con las mismas características de la transmisión que las haya motivado. Si, por cualquiera razón, dicho programa o audición hubiere dejado de transmitirse, la difusión se hará en el mismo día y horario en que aquélla se efectuaba, precedida de una explicación sobre este hecho, emanada de la dirección responsable del medio. Lo anterior regirá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31.

La difusión destinada a rectificar o aclarar se hará, a más tardar, en la primera edición o transmisión que reúna las características indicadas y que se efectúe después de las veinticuatro horas siguientes a la entrega de los originales que la contengan. Si se tratare de una publicación que no aparezca todos los días, la aclaración o la rectificación deberán entregarse con setenta y dos horas de anticipación, por lo menos.

El director del medio de comunicación social no podrá negarse a difundir la aclaración o la rectificación, salvo que ellas no se ajusten a las exigencias del inciso tercero del artículo 20. Se presumirá su negativa si no difundiere la aclaración o la rectificación en el plazo señalado en el inciso anterior.

Si el medio hiciere nuevos comentarios a la aclaración o a la rectificación, el afectado tendrá derecho a réplica según las reglas anteriores. En todo caso, tales comentarios deberán hacerse en forma tal, que se distingan claramente de dicha aclaración o rectificación.

Artículo 23. La reclamación por las infracciones de los artículos anteriores deberá hacerse al juez del crimen competente, acompañada de los medios de prueba que le sirvan de fundamento.

Artículo 24.- La reclamación será notificada al director o a la persona que lo reemplace y al representante legal del medio, por cédula que contendrá copia íntegra de ella y su proveído. Serán lugares hábiles para practicar esta notificación los domicilios que se hubieren señalado en conformidad con lo dispuesto en las letras b) y c) del inciso tercero del artículo 12.

El tribunal concederá a los emplazados tres días para responder. Vencido este término, hayan o no hayan contestado, resolverá sin más trámite y en forma fundada.

El tribunal, en la resolución que ordene publicar la aclaración o la rectificación, podrá aplicar al director una multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales. Esta resolución será apelable en el solo efecto devolutivo y el recurso será visto de preferencia sin esperar la comparecencia de las partes.

El director que desobedeciere la orden de publicar la aclaración o la rectificación, será sancionado como autor del delito de desacato con la pena del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil y, además, con una nueva multa de doce a veinte unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de decretarse la suspensión inmediata e indefinida del medio de que se trate. Estas últimas serán impuestas de inmediato por el tribunal.

El propietario del órgano en que deba efectuarse la publicación o el concesionario de la estación radiodifusora o televisiva, podrá solicitar se alce la suspensión decretada por el juez, comprometiéndose a insertar o difundir la respuesta en la primera edición o transmisión próximas. Si alzada dicha medida no se insertare o difundiere la respuesta, el tribunal decretará la suspensión inmediata del medio, la que cesará de pleno derecho cuando se produzca la referida publicación.

Cuando por aplicación de las disposiciones de este artículo un medio de comunicación social fuere suspendido temporalmente, su personal percibirá, durante el lapso de la suspensión, todas las remuneraciones a que legal o contractualmente tuviere derecho, en las mismas condiciones como si estuviere en funciones.

Artículo 25.- Toda persona tiene derecho a exigir que los antecedentes, datos o relación de hechos propios de su intimidad o privacidad, amparados por el artículo 19, N° 4°, de la Constitución Política del Estado, sean excluidos de un archivo de datos cuya finalidad sea transferirlos o difundirlos por cualquier medio, a menos que su inclusión tenga un fundamento legal.

Artículo 26. El derecho a que se refiere este título prescribirá dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha de la emisión. Sólo podrá ser ejercido por la persona ofendida o injustamente aludida; por sus familiares, en caso de fallecimiento de ésta, o por su representante, en caso de enfermedad o ausencia.

Para todos los efectos relativos a esta ley, se entenderá por "familia" o "familiares" de una persona el cónyuge, los parientes en la línea recta por consanguinidad o afinidad legítima, los padres e hijos naturales y la descendencia legítima de éstos, los hijos ilegítimos reconocidos y los colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad legítimas.

Título IV.

De los delitos.

Párrafo 1º.

De los delitos cometidos a través de un medio de comunicación social

Artículo 27. El que a través de algún medio de comunicación social induzca directamente a la comisión de crímenes o simples delitos, será castigado con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 28. El que, por cualquier medio de comunicación social realizare publicaciones o transmisiones que conciten el odio, la hostilidad o el menosprecio respecto de personas o colectividades en razón de su raza, religión o nacionalidad, será penado con multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 29. La atribución de hechos, noticias o documentos substancialmente falsos, o supuestos, o alterados en forma esencial, o imputados inexactamente a una persona, a través de algún medio de comunicación social, será sancionada con multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales cuando ocasionare grave daño a la seguridad, el orden, la administración, la salud o la economía públicos.

La misma sanción se aplicará cuando la difusión de tales contenidos fuere lesiva a la dignidad, el crédito, la reputación o los intereses de personas naturales y sus familiares o de personas jurídicas.

Artículo 30. En los casos del artículo 29, la rectificación completa y oportuna en el mismo medio de comunicación social será causal extintiva de la responsabilidad penal.

Respecto de la responsabilidad civil, el juez deberá considerar dicha rectificación al resolver sobre la apreciación del daño.

Se entenderá completa y oportuna la rectificación que admita sin reticencias la falsedad de los hechos, noticias o documentos divulgados y que sea hecha antes de la audiencia a que se refieren los artículos 554 y 574 del Código de Procedimiento Penal; o aquella que se efectúe en el formato y oportunidades indicados en el inciso tercero del artículo 22.

La rectificación misma deberá efectuarse con idénticas características a las que hubiere tenido la difusión de las falsedades y le será igualmente aplicable lo prescrito en el inciso final del artículo anteriormente citado.

Artículo 31. El medio de comunicación social que a sabiendas publicare documentos oficiales que tuvieren carácter secreto por disposición de la ley, será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales. Si esta difusión causare alguno de los daños a que se refiere el artículo 29, la multa será de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 32. Los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, serán sancionados con las penas corporales señaladas en los artículos 413; 418, inciso primero, y 419 del Código Penal, y con multas de veinte a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales en los casos del Nº 1 del artículo 413 y del artículo 418; de veinte a cien unidades tributarias mensuales en el caso del Nº 2 del artículo 413 y de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales en el caso del artículo 419.

Artículo 33. Al inculpado de haber causado injuria por algún medio de comunicación social, no le será admitida prueba sobre la verdad de sus expresiones sino cuando hubiere imputado hechos determinados y concurrieren también una o más de las circunstancias siguientes:

a) Que la imputación se produjere con motivo de defender un interés público real.

b) Que el afectado ejerciere funciones públicas y la imputación se refiriere a hechos propios concernientes a tal ejercicio.

c) Que la imputación aludiere a directores o administradores de empresas comerciales, industriales o financieras, que solicitaren públicamente capitales o créditos y versare sobre hechos relativos a su desempeño en tales calidades, o sobre el estado de los negocios de las empresas en cuestión.

d) Que la imputación se dirigiere contra algún testigo en razón de la deposición que hubiere prestado, o de ministros de un culto permitido en la República sobre hechos concernientes al desempeño de su ministerio.

En estos casos, si se probare la verdad de la imputación, el acusado será sobreseído definitivamente o absuelto de la acusación.

No constituirán injurias las apreciaciones que se formularen en artículos de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica o deportiva, salvo que su tenor pusiere de manifiesto el propósito de injuriar, además del de criticar.

Artículo 34. La imputación, a través de un medio de comunicación social, de un hecho o acto falso relativos a la vida privada y pública y a la honra de una persona y de su familia, o que les cause injustificadamente daño o descrédito, será sancionada con la pena de multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de reiteración o de reincidencia.

Al inculpado se le admitirá prueba de verdad de la imputación, a menos que ella constituya por sí misma el delito de injurias a particulares, en los siguientes casos:

a) Si acreditare que el hecho verdadero imputado, aunque perteneciente a la vida privada, posee real importancia respecto del desempeño correcto y eficaz de la función pública, o de la profesión u oficio del afectado, o de alguna actividad de significativa relevancia para la comunidad, o

b) Si el ofendido exigiere prueba de verdad de la imputación contra él dirigida, siempre que dicha prueba no afectare el honor o los legítimos secretos de terceros.

En los casos de las letras a) y b) del inciso anterior, probada la verdad de la imputación, el inculpado quedará exento de pena.

Artículo 35. Será sancionado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y con multa de cien a doscientas unidades tributarias mensuales el que maliciosamente captare palabras o imágenes de otra persona, no destinadas a la publicidad. El que las difundiere, sin el consentimiento del afectado, produciendo a su respecto daño o descrédito, será sancionado con presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

Artículo 36. La difusión de noticias o informaciones emanadas de juicios, procesos o gestiones judiciales pendientes o afinados, no podrá invocarse como eximente o atenuante de responsabilidad civil o penal, si con dicha difusión se cometiere alguno de los delitos sancionados en los artículos 32, 34, 35 y 38.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior las publicaciones jurídicas de carácter especializado, las que no darán lugar a responsabilidad civil ni penal por la difusión de noticias o informaciones de procesos o gestiones judiciales.

Artículo 37. Se prohíbe la divulgación, por cualquier medio de comunicación social, de la identidad de menores de dieciocho años que sean autores, cómplices, encubridores o víctimas de delitos, o de cualquier otro antecedente que, directa o indirectamente, conduzca a ella. La infracción de este artículo será sancionada con multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 38. El que cometiere el delito de ultraje público a las buenas costumbres, a través de algún medio de comunicación social, será castigado con prisión en su grado medio a reclusión menor en su grado mínimo y multa de dos a ochenta unidades tributarias mensuales.

Se considerará en especial que comete ultraje público a las buenas costumbres y será castigado con las penas establecidas en el inciso anterior:

a) El que internare, y el que públicamente vendiere, distribuyere, exhibiere, pusiere en venta, arrendare, donare, ofreciere o difundiere escritos, impresos o no impresos; figuras, estampas, dibujos, grabados, emblemas, videos, material de cine, fonogramas, discos, casetes, o cualquier objeto o imagen pornográficos o contrarios a las buenas costumbres. Si la venta, arriendo, donación, oferta, distribución, exhibición o difusión fueren dirigidos a menores de dieciocho años, serán punibles, aunque no se efectúen públicamente.

La distribución a domicilio de los escritos u objetos enumerados será castigada también con la misma pena; pero el simple hecho de entregarlos al correo o a alguna empresa de transporte o distribución sólo será pesquisable cuando la entrega se hiciere bajo faja o en sobre abierto, y, en todo caso, después de llegar a poder del consignatario.

b) El que profiriere o publicare, a través de cualquier medio de difusión expresiones, hechos, acciones, avisos o correspondencia pornográficos o contrarios a las buenas costumbres.

c) El impresor, editor o productor de medios de difusión, en cuyo taller o estudio se imprimiere o multiplicare material de contenido pornográfico o atentatorio contra la moral o las buenas costumbres.

El editor, el impresor o el productor sólo podrán excusar su responsabilidad probando que los hechos indicados precedentemente han sido ordenados o realizados sin su conocimiento o autorización.

Artículo 39. El ultraje público a las buenas costumbres, en cualquiera de las formas enunciadas en el artículo anterior, cuyo objeto sea la perversión de menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de diez a ciento sesenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 40. Los tribunales sólo podrán suspender la divulgación de informaciones por cualquier medio de comunicación social, en juicios penales en estado de sumario, cuando existan antecedentes inequívocos y revestidos de seriedad de que la divulgación pueda entorpecer gravemente el éxito de la investigación, o atentar contra la seguridad del Estado o contra la garantía constitucional señalada en el artículo 19, N° 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de la República. Quien infrinja dicha suspensión será sancionado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.

La suspensión deberá ser ordenada en resolución fundada y motivada, por un plazo no superior a veinte días, pudiendo recaer sobre la totalidad de las actuaciones del proceso o sólo sobre alguna o algunas de ellas. En todo caso, el tribunal deberá decretar el inmediato término de la medida si dejan de existir las circunstancias que la originaron.

La suspensión regirá desde el momento en que el juez lo determine en su resolución, la que será publicada, en extracto redactado por el secretario del tribunal, gratuitamente en el Diario Oficial y, además, en uno o más diarios y en una o más emisoras de radiodifusión sonora y televisiva que el juez determine, del lugar en que se siguiere la causa o de la cabecera de la provincia o de la capital de la región, si allí no los hubiere. La no publicación de la mencionada resolución, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, será sancionada como delito de desacato con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.

La resolución que ordene la suspensión será apelable en el solo efecto devolutivo y no procederá a su respecto la orden de no innovar. El recurso podrá interponerse por las partes, por los medios afectados o por cualquier persona capaz de parecer en juicio. Deducida la apelación, el tribunal deberá pronunciarse sobre su procedencia dentro de las veinticuatro horas siguientes y elevará los antecedentes de inmediato al tribunal de alzada respectivo. El recurso gozará de preferencia, debiendo verse, en todo caso, el día hábil siguiente de ingresado a la Corte respectiva, en tabla agregada. Sin perjuicio de este recurso, en cualquier momento, las partes, los medios afectados o cualquier persona podrán pedir la revocación de la suspensión. La resolución que recaiga en ella será apelable en los mismos términos.

Artículo 41. Los medios de comunicación social se eximirán de responsabilidad penal respecto de la publicación de las opiniones vertidas por los parlamentarios en los casos señalados en el inciso primero del artículo 58 de la Constitución Política, demostrando su exacta conformidad con lo por ellos expresado.

Tampoco dará lugar a acción penal la difusión de las alegaciones producidas ante los tribunales de justicia.

Párrafo 2º.

De los delitos cometidos contra las libertades de opinión y de información.

Artículo 42. La persona que desempeñando funciones públicas impidiere arbitrariamente la libre y legítima publicación de opiniones o informaciones a través de cualquier medio de comunicación social, fuera de los casos previstos por la Constitución o la ley, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 43. En razón de los propósitos del decreto ley Nº 211, de 1973, se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones, que tienden a impedir la libre competencia, los que entraben la producción de informaciones, el transporte, la distribución, la circulación, el avisaje y la comercialización de los medios de comunicación. Quienes los ejecuten o celebren incurrirán en la pena establecida en el artículo 1º, inciso primero, de ese cuerpo legal.

Para los efectos del inciso segundo del artículo 1º de ese decreto ley, se reputarán artículos o servicios esenciales los pertinentes a la operación o mantención de los medios de comunicación social.

Cualquier hecho o acto relevante relativo a la modificación o cambio en la propiedad de un medio de comunicación social deberá ser informado a la respectiva Comisión Preventiva Regional o a la Comisión Preventiva Central, según corresponda, dentro de treinta días de ejecutado.

Para los efectos de lo previsto en este artículo, se aplicarán los procedimientos y sanciones contemplados en dicho decreto ley, con la salvedad de los procesos criminales a que pueda dar lugar, respecto de los cuales regirá lo dispuesto en la letra b) del artículo 52.

Título V

De la responsabilidad y del procedimiento.

Artículo 44. La responsabilidad penal por los delitos cometidos en razón del ejercicio abusivo de las libertades de emitir opinión y de informar, a través de algún medio de comunicación social, se determinará según las reglas generales del Código Penal y el inciso segundo del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal.

Se considerará también autores, tratándose de los medios de comunicación social, al director o a quien legalmente lo reemplace al efectuarse la difusión.

Quedarán exentas de responsabilidad penal las personas señaladas en el inciso anterior, cuando acrediten que no hubo culpa de su parte en la difusión delictuosa.

Artículo 45. La acción civil para obtener la indemnización de daños y perjuicios derivada de delitos penados en esta ley se regirá por las reglas generales.

La comisión de los delitos señalados en los artículos 29, 32 y 34 dará derecho a indemnización por el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral.

Si la acción civil fuere ejercida por el ofendido, no podrán ejercerla sus familiares. Si sólo la ejercieren éstos, deberán obrar conjuntamente y constituir un solo mandatario.

El tribunal fijará la cuantía de la indemnización tomando en cuenta los antecedentes que resultaren del proceso sobre la efectividad y gravedad del daño sufrido, las facultades económicas del ofensor, la calidad de las personas, las circunstancias del hecho y las consecuencias de la imputación, difusión o amenaza para el ofendido. En estos casos la prueba se apreciará en conciencia. Todo ello será sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31.

No regirá en estos casos lo dispuesto en el artículo 2331 del Código Civil.

Artículo 46. Si las conductas a que se refieren los artículos 32 y 34 consistieren en la imputación de la comisión de un delito, no habrá lugar a indemnización cuando se probare tal comisión por sentencia ejecutoriada.

Tampoco habrá lugar a acción civil de perjuicios cuando, tratándose de una noticia falsa, en los términos expresados en el artículo 29, el medio de comunicación se limitare a reproducir noticias, informaciones o declaraciones que provinieren de una fuente que, a juicio del tribunal, sea razonablemente confiable o idónea respecto de la materia de que se trate, o que se difundiere en programas, secciones o espacios determinados, transmitidos en directo y abiertos al público, respecto de los cuales se señalare expresamente que lo allí difundido no compromete al medio de comunicación social.

Artículo 47. La justicia ordinaria será siempre competente para conocer de los delitos de cualquier especie, cometidos a través de un medio de comunicación social con motivo del ejercicio de las libertades de opinión e información, así como de las acciones civiles derivadas de aquéllos.

La competencia a que se refiere el inciso anterior no se alterará en razón de la conexidad a que se refiere el artículo 165 del Código Orgánico de Tribunales, ni por la aplicación de las normas sobre concurso ni en virtud del fuero que goce alguna de las partes, el afectado o sus responsables criminal o civilmente, ni por motivo sobreviniente alguno.

Artículo 48. Sin embargo, las causas mencionadas en el inciso primero del artículo anterior, que versen sobre delitos previstos y sancionados en el Código de Justicia Militar o en la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, cometidos exclusivamente por militares, serán de la competencia de los tribunales militares. En tales procesos no se aplicarán, en caso alguno, las normas de extensión establecidas en los artículos 168 y 169 del Código Orgánico de Tribunales, 11 del Código de Justicia Militar e incisos cuarto y quinto del artículo 26 de la ley sobre Seguridad del Estado.

Si en tales causas alguno de los delitos indicados en el inciso precedente o algún delito con ellos conexo hubiere sido cometido conjunta o separadamente por civiles y militares, se juzgará a todos ellos en un solo proceso, cuyo conocimiento corresponderá, en primera instancia, a un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva y, en segunda instancia, a la Corte con excepción de ese ministro; si el tribunal de segunda instancia constare de más de una Sala, conocerá de estas causas la que corresponda, previo sorteo. Esta regla de competencia prevalecerá sobre toda otra.

Artículo 49. Si con motivo de la comisión de distintos delitos y a consecuencia de la aplicación de las reglas establecidas en los artículos precedentes, un mismo agente militar resultare inculpado o procesado en causas substanciadas coetáneamente por la justicia ordinaria y la militar, preferirán las medidas o diligencias decretadas por esta última a las ordenadas por aquélla.

Los tribunales deberán remitirse recíprocamente copias de los autos de procesamiento y de las resoluciones que se dictaren en sus respectivas causas, las que deberán agregarse a los autos.

El tribunal que dictare el último fallo no podrá considerar circunstancias modificatorias de la responsabilidad criminal que, de estar acumulados los procesos, no se hubieren podido tomar en cuenta.

El procesado podrá solicitar del tribunal superior común, dentro del plazo de un año, a contar de la fecha del último fallo, la unificación de las penas cuando ello lo beneficiare.

Artículo 50. De las causas relativas a los delitos previstos y sancionados en el Título IV, así como de las mencionadas en el inciso primero del artículo 47, conocerá el juez del crimen competente según las reglas generales. Sin embargo, cuando se trate de delitos contemplados en la ley No.12.927, sobre Seguridad del Estado, se aplicará siempre la disposición del inciso primero del artículo 26 de dicho cuerpo legal.

Artículo 51. En la tramitación de las causas referentes a los delitos previstos y sancionados en el Título IV, se aplicará el procedimiento sobre faltas del Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Penal, con la sola excepción de los artículos 551, 569, 563 y 568 de dicho cuerpo legal.

Artículo 52. Sin embargo, se seguirá la tramitación establecida en el Libro Segundo del Código de Procedimiento Penal en los casos siguientes:

a) En las causas relativas a los delitos establecidos en los artículos 31 y 35.

b) En los procesos criminales indicados en el artículo 43, pero con las modificaciones contenidas en el título V del decreto ley N° 211, de 1973.

c) En las causas indicadas en el inciso primero del artículo 47, relativas a delitos no sancionados en el Título IV.

Artículo 53. Sin perjuicio de las reglas de los artículos precedentes, regirá la tramitación establecida en el Título VI de la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, en los casos siguientes:

a) Cuando alguna de las causas señaladas en el primer inciso del artículo 47 verse acerca de delitos de la ley de Seguridad del Estado.

b) En el caso contemplado en el inciso segundo del artículo 48.

Artículo 54. Las causas señaladas en el inciso primero del artículo 48, atinentes a delitos del Código de Justicia Militar, se tramitarán según el procedimiento establecido en el Título II del Libro Segundo del Código de Justicia Militar.

Artículo 55. No obstante las disposiciones de los artículos precedentes, los juicios por los delitos de calumnia e injuria, cuando se perpetraren a través de algún medio de comunicación social, se tramitarán en conformidad con el procedimiento establecido en el Título II del Libro Tercero del Código de Procedimiento Penal.

Artículo 56. En todo caso, en los procedimientos señalados en los artículos 51, 52, 53, 54 y 55, cuando las causas versen sobre crímenes o simples delitos, habrá lugar a los recursos de casación, en la forma y en el fondo, y de revisión, conforme con las reglas generales.

Artículo 57. Habrá acción pública para perseguir los delitos penados en esta ley, con excepción de los contemplados en los artículos 29, inciso segundo; 32, 33 y 34, cuyas acciones sólo podrán ser ejercidas por el personalmente ofendido o por sus familiares, en caso de su fallecimiento, enfermedad o ausencia.

Artículo 58. Durante el período probatorio o en la audiencia de prueba, según corresponda, las partes podrán solicitar del tribunal un informe pericial sobre aspectos técnicos de la función periodística que, a su juicio, resulten indispensables para el mejor acierto del fallo. El perito será designado conforme con las normas generales del procedimiento civil o penal, según el caso, y deberá tener una experiencia de trabajo de, a lo menos, diez años en medios de comunicación social.

Las asociaciones gremiales o corporaciones que agrupen a periodistas o a medios de comunicación social podrán proponer a las Cortes de Apelaciones listas de personas idóneas para ejercer como peritos, de acuerdo con lo señalado en este artículo.

Artículo 59. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal, el juez podrá ordenar que se recojan no más de cuatro de los ejemplares o copias que presumiblemente haya servido para cometer alguno de los delitos contemplados en esta ley.

Esta medida podrá hacerse extensiva a todos los ejemplares o copias de la publicación presuntamente abusiva, si se tratare de los delitos contemplados en los artículos 27 y 38.

En la sentencia condenatoria, podrá ordenarse, en todo caso, el comiso o la destrucción total o parcial de los impresos o de las grabaciones sonoras o audiovisuales de cualquier tipo, por medio de las cuales se haya cometido el delito. La sentencia condenatoria por delito de ultraje público a las buenas costumbres ordenará necesariamente dicha destrucción.

Artículo 60. Si la pena aplicada conforme con esta ley fuere sólo de multa, el hecho delictivo será considerado simple delito para todos los efectos legales.

Artículo 61. Tanto la acción penal como la civil provenientes de los delitos previstos en los artículos 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37 y 38 prescribirán en el plazo de seis meses, contado desde la fecha en que hubiere comenzado la difusión abusiva.

Si la difusión se hubiere realizado inicialmente sólo en el extranjero, los plazos de prescripción señalados en el inciso anterior empezarán a correr desde la fecha de su difusión en el territorio nacional.

Respecto de los demás delitos considerados en esta ley, el plazo de prescripción de la acción penal será el que corresponda según lo preceptuado en el artículo 94 del Código Penal y el de la acción civil el señalado en el artículo 2332 del Código Civil, los que comenzarán a correr desde el día de la perpetración del hecho delictivo.

El ejercicio de la acción penal, en cualquiera de sus formas, interrumpirá la prescripción de la acción civil, la que comenzará nuevamente a correr una vez ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio criminal.

Artículo 62. El tribunal del crimen competente, a petición del interesado, motivada en la posible comisión de un delito y a su costa, podrá requerir, de las emisoras de radiodifusión sonora y televisiva, el envío de las copias o cintas a que se refiere el artículo 16, para ponerlas a disposición del solicitante. Dicho envío deberá efectuarse dentro de tercero día de notificada al director responsable o a quien lo reemplace la resolución que acoja la petición.

Artículo 63. Siempre que alguno de los ofendidos lo exigiere, el tribunal de la causa ordenará la difusión, en extracto redactado por el secretario del tribunal, de la sentencia condenatoria recaída en un proceso por alguno de los delitos a que se refiere el párrafo 1º del Título IV, en el medio de comunicación social en que se hubiere cometido la infracción. Tratándose de otros medios de difusión, la publicación se hará en aquél que el juez determine, a costa del ofensor.

El director que desobedeciere dicha orden será sancionado con una multa de seis a diez ingresos mínimos. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal ordenará apercibir, tanto al director como al propietario o concesionario del medio o a quien los represente, para que se efectúe la difusión en la edición o transmisión que el juez determine. Si tal apercibimiento no fuere atendido, el tribunal decretará la suspensión indefinida del medio, la que cesará sólo cuando se produzca la publicación.

Disposiciones varias.

Artículo 64.- Agrégase en el artículo 18 de la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, el siguiente inciso:

“Ninguna persona natural o jurídica que participe en la propiedad de un servicio de televisión de libre recepción podrá participar en la propiedad de otro de igual naturaleza que cubra la misma zona de servicio.”

Artículo 65. Derógase el número 1 del artículo 158 del Código Penal.

Artículo 66. Introdúcense en la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase el artículo 17 por el siguiente:

"Artículo 17.- La responsabilidad penal por los delitos previstos y sancionados en esta ley, cometidos por medio de la prensa escrita, se determinará según las reglas generales del Código Penal y el inciso segundo del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal.

Se considerará también autores al director o a quien legalmente lo reemplace al efectuarse la difusión.

b) Reemplázase el artículo 18 por el siguiente:

"Artículo 18.- Quedarán exentas de responsabilidad penal las personas señaladas en el inciso segundo del artículo precedente cuando acrediten que no hubo culpa de su parte en la difusión delictuosa.

Tratándose de impresiones clandestinas, el impresor o la persona que tuviere a su cargo la imprenta, litografía o taller impresor, responderán en todo caso."

c) Reemplázase el artículo 19 por el siguiente:

"Artículo 19.- La determinación de la responsabilidad por los delitos penados en esta ley, cometidos por medio de la radiodifusión o de la televisión, se sujetará a las reglas señaladas en los artículos 17 y 18, inciso primero."

Artículo 67.- Cuando el Estado otorgue una concesión radial o televisiva en atención a las características especiales del concesionario, éste sólo podrá enajenarla previa autorización de la autoridad respectiva, a menos que el adquirente sea una institución que reúna las mismas características del concesionario que vende.

Artículo 68. Derógase la ley Nº 16.643, sobre Abusos de Publicidad, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1° transitorio.

Artículos transitorios.

Artículo 1°.- Mientras no se dicte una disposición legal expresa sobre las materias a que se refieren los incisos segundo y tercero del artículo 3º y los artículos 49, 51 y 52, todos de la ley Nº 16.643, continuarán vigentes las mencionadas disposiciones.

La norma del primer inciso del artículo 15 de esta ley se aplicará a todos los impresos.

Artículo 2º. Los jueces militares y las Cortes Marciales, dentro de los quince días siguientes a la publicación de esta ley, deberán remitir a la Corte de Apelaciones respectiva los procesos pendientes sobre delitos cometidos con ocasión del ejercicio de las libertades de opinión e información y que, en virtud de los artículos 47 y 48, inciso segundo, pasen a ser de la competencia de los tribunales ordinarios. La Corte de Apelaciones distribuirá tales causas según las reglas establecidas en los párrafos 5° y 7° del Título VII y artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales, según corresponda.

Si el proceso se encontrare sometido al conocimiento de la Corte Suprema, el plazo establecido en el inciso anterior comenzará a correr desde que la causa sea recibida por el juez militar o la Corte Marcial, según sea el caso.

Artículo 3°. Para la vista y fallo de las causas indicadas en el inciso primero del artículo 46 y segundo del artículo 47, que a la fecha de su entrada en vigencia se encuentren pendientes ante la Corte Suprema, regirá lo prescripto en los artículos 93 y 99 del Código Orgánico de Tribunales."

Se designó Diputado Informante al señor Zarko Luksic Sandoval.

Sala de la Comisión, a 16 de mayo de 1995.

Acordado en sesiones de fecha 19 de octubre y 2 de noviembre de 1993; 15 y 22 de noviembre, 6, 13 y 20 de diciembre de 1994; 3, 10 y 17 de enero, 14 de marzo, 11 y 18 de abril, 2, 9 y 16 de mayo de 1995, con la asistencia de los diputados señores Chadwick (Presidente), Aylwin, Bombal y Cornejo; señora Cristi; señores Elgueta, Espina, Ferrada, Longton, Luksic, Martínez, don Gutenberg; Pérez, don Aníbal; Ribera, Viera-Gallo, Walker, y señora Wörner.

Adrián Álvarez Álvarez

Secretario de la Comisión

NUEVA LEY DE PRENSA. Primer trámite constitucional.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el Orden del Día corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto sobre libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Zarko Luksic .

Antecedentes;

-Mensaje del Ejecutivo, boletín N° 1035-07, sesión 15ª, en 13 de junio de 1993. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 2ª, en 30 de mayo de 1995. Documentos de la Cuenta N° 22.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Luksic .

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley sobre libertades de opinión y de información y ejercicio del periodismo.

Durante el estudio de esta iniciativa legal, concurrieron al seno de nuestra Comisión los ex Ministros de la Secretaria General de Gobierno, señores Enrique Correa y Víctor Manuel Rebolledo , y el actual Secretario de Estado señor José Joaquín Brunner . Asimismo, el Subsecretario del Ministerio Secretaría General de Gobierno, don Edgardo Riveros , asistió permanentemente a las sesiones de la Comisión.

Debo destacar que también asistieron regularmente el Presidente, Vicepresidente y Consejeros del Colegio de Periodistas; el Presidente, Secretario General, Consejeros y Asesor Legal de la Asociación Nacional de la Prensa; el Presidente, Vicepresidentes, Secretario General y representantes de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi . Además, concurrieron la Directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Chile, doña Eliana Rozas ; la Directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Andrés Bello, doña Eliana Jiménez de la Jara, y el Coordinador Académico de la Universidad Diego Portales, don Luis Álvarez Baltierra .

En el estudio y trámite de la iniciativa, se tuvieron presentes numerosos documentos y escritos, tanto nacionales como internacionales, de personas vinculadas al mundo jurídico, al periodismo; escritos de juristas españoles, italianos y franceses. Además, el Ministerio Secretaría General de Gobierno preparó un estudio sobre el "Pluralismo y concentración de la propiedad de los medios de comunicación", en el cual se hizo un trabajo de derecho comparado sobre la situación de esos dos temas tan fundamentales a nivel internacional.

El derecho a la comunicación está íntimamente ligado al derecho de opinar y de informar.

La condición humana es inseparable de la comunicación.

El desenvolvimiento del ser humano, tanto en el plano individual como en el colectivo, reconoce a la comunicación como prerrequisito. Mediante ella el ser humano desenvuelve, acumula y transmite la cultura. Es, al mismo tiempo, el instrumento para la sociabilización, el desarrollo emocional y el aprendizaje.

El proyecto en estudio, y así lo hicieron ver la Comisión y el Gobierno, es de gran trascendencia. La Constitución Política del Estado, en su artículo 19, número 12°, regula y garantiza la libertad de opinión y la de información.

Desde un punto de vista doctrinal, la libertad de opinión es entendida como la facultadle toda persona para exteriorizar por cualquier medio y en cualquier forma, sin coacción ni censura previa, lo que piensa y cree.

Por otra parte, la libertad de información, complementaria de la anterior, es aquella qué hace partícipe a los demás de ese pensamiento, de esas creencias, y da a conocer hechos del acontecer nacional e internacional.

También se tuvieron presentes en el desarrollo del proyecto las normas adicionales del artículo 19, número 12°, como el derecho a réplica y también lo que se entiende por medios de comunicación social. Se distingue entre medios de comunicación escritos; que regula la iniciativa; medios de comunicación audiovisuales, normados de manera preferente por la ley que creó el Consejo Nacional de Televisión, y medios de comunicación denominados de radiodifusión sonora. Asimismo, se tuvieron a la vista las normas de derecho internacional, que consagran y garantizan el derecho a opinar y a ser verazmente informado, como igualmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 19 señala: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;"; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en virtud del cual "Nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones," "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión", y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como "Pacto de San José de Costa Rica", que también regula y protege el derecho a la opinión y a la información.

Dentro de los fundamentos de la iniciativa, es necesario destacar que su articulado es fruto del trabajo de una comisión mixta que emana del seno del Gobierno, e integrada por expertos representantes de organizaciones empresariales de los medios de comunicación social, del Colegio de Periodistas y de las Escuelas de Periodismo de las Universidades de Chile y Católica y por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, que hizo de coordinador y articulador de este verdadero consenso. El grueso del proyecto está inspirado en el consenso alcanzado en el seno de dicha comisión mixta.

Gomo primer principio básico, se establece que las libertades de opinión e información son el soporte de la libertad y que sin ellas todas las otras libertades se derrumban.

Una democracia no debe temer, sino más bien alentar una prensa libre, crítica y poderosa, fiel a la verdad y leal a sus lectores. Estos son el principio básico y la filosofía del proyecto que hoy analizamos.

La idea matriz es perfeccionar, ordenar sistemáticamente y refundir en un solo cuerpo la normativa aplicable al ejercicio de las libertades de opinión y de información, de acuerdo con los principios constitucionales que las consagran, a las que ya he hecho mención.

En segundo lugar, se regula el ejercicio del periodismo.

En este sentido, se tuvo siempre en consideración y se trabajó de manera paralela con disposiciones que establece la Ley de Abusos de Publicidad, la cual se deroga, y la ley que creó el Colegio de Periodistas, ya derogada.

El proyecto consta de 68 artículos permanentes y tres transitorios, y se agrupa en cinco títulos y dos acápites.

Del texto original se eliminaron 29 artículos, pues de manera decisiva se optó por crear y elaborar una legislación vigorosa y amplia, exenta de grasitud, evitando así una norma reglamentaria restrictiva. Se protege el derecho a la libertad de opinión y de información; pero, enfrentado con otros derechos constitucionales como el derecho a la honra, prima este último. En tal sentido, se estimó temerario endiosar a la libertad de expresión.,

En la jerarquía de libertades, se estableció que la libertad de expresión es de gran importancia, pero no debe asumirse como la más importante, según lo hace, por ejemplo, el derecho anglosajón. Como tributarios y dentro de la tradición del derecho latino, más bien queremos armonizar la libertad de información y de opinión con otras de tanta significación como ella.

Discusión y votación en particular.

El artículo 1º reitera la garantía constitucional que establece el artículo 19, N° 12.

El artículo 2º contiene algunas definiciones de la mayor relevancia que uniforman y hacen entendibles las disposiciones permanentes; Así, se definen al medio de comunicación social y al diario.

Desde el artículo 3º al 8º está lo que podríamos denominar "estatuto de los derechos de los periodistas".

El artículo 3º define a los periodistas como "Las personas que estén en posesión del título profesional universitario de periodista válido legalmente en Chile y aquellas reconocidas como tales en virtud de una ley anterior."

Asimismo, se consagra la figura, del corresponsal extranjero acreditado en Chile, quien podrá ejercer la función de periodista en conformidad con estas disposiciones.

El artículo 4º, muy debatido, tiene relación con las atribuciones propias de aquellos que ejercen la profesión de periodista. Para armonizarlo con la disposición constitucional mediante la cual toda persona puede y tiene el derecho de opinar y de ser informado, se resolvió utilizar el concepto de preferencia para ejercer funciones como reportear, elaborar y editar habitualmente noticias, informaciones, notas, crónicas, reportajes, pautas y libretos informativos que se utilicen o difundan en los medios de comunicación social, señala que las funciones mencionadas son preferentemente realizadas y ejercidas por aquellos que tienen la profesión de periodista.

Además, con el objeto de proteger dicha función, se establece una obligación a los propietarios o concesionarios de los medios de comunicación social, en cuanto a tener un registro público y actualizado de las personas que sin ser periodistas ejerzan en forma permanente o periódicamente tal función.

En este acápite inicial también se consagra el secreto profesional periodístico, en el sentido de que los periodistas, directores y editores de medios de comunicación social, cuando sean citados a declarar a propósito de informaciones confidenciales, no estarán obligados a revelar sus fuentes personales de información, ni las fuentes materiales de las que pudiera deducirse la identidad de las personas que han facilitado la información.

De este modo, nos acercamos a una cláusula que está prácticamente en todo el derecho comparado, cual es reservar ese secreto profesional al periodista, al igual que en otras profesiones.

Se consagra también, como protección al periodista, el derecho subjetivo a la autoría de su trabajo.

Se reconoce a los alumnos de periodismo en práctica profesional y a los egresados, el derecho preferente a ejercer el periodismo. Esto, en virtud de una situación práctica, pues hay numerosos medios de comunicación, diarios y radios, que no pueden dar abasto con quienes ejercen y tienen la profesión de periodista, por lo cual deben contratar a estudiantes de dicha profesión.

De manera bastante novedosa e innovadora, el artículo 9º consagra que el Estado tiene la obligación de garantizar el pluralismo en el sistema informativo. Para ello, establece una serie de medidas por las cuales el Estado debe ejercer y obligarse a procurar dicha garantía.

En la Comisión estamos convencidos de que la verdadera libertad de opinión y de información debe ejercerse dentro de un marco de pluralismo. De lo contrario, la norma que la garantiza sería de carácter formal o puramente programática.

En ese sentido, se establece que el Estado, como garante del pluralismo en el sistema informativo, debe favorecer la coexistencia de diversidad de medios de comunicación social y la libre competencia entre ellos, y posibilitar la expresión de las distintas corrientes de opinión, así como la variedad social, cultural y económica de las regiones.

Sobre este punto, en el mismo artículo se agrega un párrafo que fomenta la creación y mantención de los medios regionales, provinciales o comunales, para lo cual se establece que los gobiernos regionales deben estimular la realización, difusión y edición de programas y suplementos destinados a fomentar la expresión cultural de la región. Creemos de la mayor importancia que dentro del proceso de descentralización regional, la prensa, los medios de comunicación cumplan una labor sustantiva. Por ello, en este artículo se fomenta -reitero- la mantención y creación de medios regionales.

En el título II se regulan las formalidades de funcionamiento de los medios de comunicación social. Entre sus distintas normas, la de mayor importancia e interés es la que establece los requisitos para ser propietario de un medio de comunicación social y titular de una concesión de un servicio de radiodifusión. Se señalan como requisitos necesarios, si se trata de una persona natural, Ser chilena, tener domicilio, en el país y no estar procesada o haber sido condenada por delito que merezca pena aflictiva. Si es una persona jurídica de derecho privado o público, debe estar constituida en Chile y tener domicilio en el país. Su presidente, gerente, administradores y representantes legales deberán ser chilenos y no estar procesados ni haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva.

Estos requisitos son de gran importancia, especialmente a raíz de la globalización de los medios de comunicaciones, donde es muy normal que haya aportes de capitales externos, sobre todo en lo que se refiere a la televisión. Con este artículo queremos asegurar que dichos medios de comunicaciones, no “obstante tener aportes de capital extranjero, estén dirigidos por chilenos y con domicilio en el país.

También se establece una norma de transparencia. Uno de los grandes problemas del ámbito de los medios de comunicaciones es el desconocimiento que hay sobre la titularidad de quienes ostentan su capital. Para dar una mayor transparencia, se establece que cualquier persona puede informar se sobre la participación en el capital de la empresa. Esto posibilita disponer de una información fidedigna de los distintos aportes de capital, tanto nacionales como extranjeros, en las empresas periodísticas.

Se consagran también normas que garantizan el conocimiento de los establecimientos impresores. Asimismo, se obliga a las radios y estaciones de televisión a dejar y guardar copia por treinta días de las emisiones y programas difundidos. Esta garantía se entrega a los ciudadanos que pueden sentirse menoscabados o perjudicados en su honra y en su vida privada por la emisión en televisión o en radio.

De acuerdo con la norma constitucional del artículo 19, N°12, se regula el denominado derecho de aclaración y de rectificación. Todo medio de comunicación social estará obligado a difundir gratuitamente, de acuerdo con lo establecido en el inciso tercero, N° 12, del artículo 19 de la Constitución, la aclaración o la rectificación que le sea remitida por cualquiera persona natural o jurídica que se sienta ofendida o injustamente aludida por alguna información difundida a través suyo. Lo anterior rige también aun cuando la información que la motiva provenga de una inserción o de declaraciones de terceros.

El artículo 20 establece reglas básicas para garantizar la efectiva protección de la intimidad de las personas, en relación con información recopilada sobre la base de datos informáticos. En este sentido, el proyecto se pone a la altura de los tiempos y regula la situación que se produce con la recopilación de datos de empresas de informática. "Toda persona tiene derecho a que se corrijan las inexactitudes y falsedades de los datos que sobre ella se encuentren registradas en alguna base de datos computacionales, pública o privada, acreditando tal circunstancia a través de medios probatorios suficientes y, hecha la rectificación, a que se le otorgue una certificación en que conste la enmienda."

Esta norma regula y protege la verdad sobre los datos de un ciudadano que podría sentirse afectado, amagado en su derecho o perjudicado en su honra y persona al ser entregados datos falsos o inexactos por empresas computacionales que lucran precisamente con este tipo de tráfico y negocio jurídico.

El Título IV se refiere a los delitos.

La Constitución, en su artículo 19, N° 4, asegura el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona; y en el mismo artículo 19, N° 12, después de garantizar la libertad de emitir opinión y la de informar, establece que sin perjuicio de dicha garantía, debe responderse "de los delitos y abusos que se comentan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quorum calificado". Las disposiciones que se proponen dan, precisamente, cumplimiento al mandato constitucional.

Así, desde el artículo 27 al 41 se señala una serie de sanciones, tanto de multas como de penas de privación de libertad, cuando se comete un delito o se abusa de la libertad de opinión y de información. Sin embargo, el criterio general de la Comisión fue restringir al máximo las penas privativas de libertad y dejar en su mayor extensión las multas.

En esta materia, se regula la llamada exceptio veritatis, que exime de responsabilidad penal cuando las expresiones difundidas resulten justificadas por el interés superior. En el inciso final del artículo 33 se precisa: "No constituirán injurias las apreciaciones que se formularen en artículos de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica o deportiva, salvo que su tenor pusiere de manifiesto el propósito de injuriar, además del de criticar."

Se consagra una serie de sanciones, a las que no me referiré en esta alocución, pero reitero, el criterio general es que en casos de delitos o de abusos se establezcan multas y no penas de privación de libertad.

En el Párrafo 2º, de los delitos contra las libertades de opinión y de información, una norma de la mayor importancia dice relación con la concentración de los medios de propiedad.

El artículo 43 sanciona los hechos, actos o convenciones que tiendan a impedir la libre competencia. Se consideran como tales los que entraben la producción de informaciones, el transporte, la distribución, la circulación, el avisaje y la comercialización de los medios de comunicación social. Quienes los ejecuten incurrirán en la pena establecida en el decreto ley N° 211 conocido como Ley Antimonopolio, y que fija normas para la defensa de la libre competencia que es de presidio menor en cualquiera de sus grados.

Estamos convencidos de que para garantizar el pluralismo y una verdadera libertad de opinión y de información, es necesario evitar e impedir que se concentren monopólicamente los medios de comunicación social.

Después de un gran debate, donde se tuvo presente la legislación comparada, se llegó a la conclusión de que el artículo 1º de la actual Ley Antimonopolio, que fija normas para la defensa de la libre competencia, podría enmarcarse en el caso concreto de una concentración monopólica de medios de comunicación social. En ese sentido, la norma que se propone señala que para los efectos de la misma disposición legal de la Ley Antimonopolio, se consideran "artículos o servicios esenciales los pertinentes a la operación o mantención de los medios de comunicación social". Además, la pena se aumenta en un grado.

De esta manera, estamos salvando la concentración monopólica de los medios de comunicación social, no a través de una legislación especial, sino de la legislación general contenida en la Ley Antimonopolio, haciendo una extensión expresa en el mencionado artículo 43.

En el Título V, de la responsabilidad y del procedimiento, la responsabilidad penal se regula a través de las reglas generales del Código Penal y se considera como autor, tratándose de medios de comunicación social, al director o a quien legalmente lo reemplace.

También se regula el ejercicio de la acción civil, en el caso de que se incoe una demanda de ese carácter, con el objeto de obtener la indemnización de daños y perjuicios derivados de delitos penados en la ley.

Respecto de la competencia de los tribunales una modificación de la mayor importancia, se establece que es competente la justicia ordinaria. En casos exclusivamente de militares en delitos cometidos a través de un medio de comunicación social, podrían ser competentes los tribunales militares. Nunca un civil podrá ser juzgado por un tribunal militar, de acuerdo con la normativa que se propone.

En lo que se refiere a la concentración de los medios de comunicación social, se establece una norma específica y especial que dice relación con la televisión. Como ya dije, la televisión, en gran medida, está regulada en la ley N° 18.838, que creó el Consejo Nacional de Televisión; pero en este aspecto su artículo 18 se modifica con el fin de evitar la concentración de la propiedad en los medios de comunicación social.

El artículo 64, que es de la mayor importancia, señala: "Ninguna persona natural o jurídica que participe en la propiedad de un servicio de televisión de libre recepción podrá participar en la propiedad de otro de igual naturaleza que cubra la misma zona de servicio."

Esta norma evita la constitución de monopolios de empresas de televisión respecto de una misma área en la cual se entrega dicho servicio.

Quiero destacar que el proyecto contribuye de manera sustantiva a la creación de una institucionalidad que garantice y proteja los derechos fundamentales de la libertad de expresión y de la libertad de opinión; pero también quiero hacer presente que ambas libertades tienen ciertos límites.

Termino mis palabras con una reflexión del filósofo holandés Baruch Spinoza , uno de los contractualitas, junto a otros filósofos políticos como Hobbes, Locke y Rousseau .

En respuesta a dos grandes paradojas acerca de la libertad de expresión, dice Spinoza: "La primera expresa lo siguiente: Si un soberano cuenta con suficiente poder como para censurar expresiones de sus súbditos y si ese soberano cree que lo que se expresa es una mentira, ¿por qué ese soberano habría de permitir la libertad de expresión de semejantes ideas si tiene el poder para censurar y el conocimiento de cuáles opiniones son verdaderas? ¿Por qué la mayoría soberana de un Estado democrático habría de permitir que la gente diga mentiras, enseñe falsedades y engañe a otra gente?

"Esas preguntas de la primera paradoja justifican el derecho básico a la libertad de expresión, aun cuando se mienta.

"La segunda paradoja puede presentarse de la siguiente manera: "Comúnmente, se reconoce que los hechos, pero no las palabras, deberían estar sujetos a leyes. Sin embargo, algunas expresiones podrían resultar tan perjudiciales como las acciones, ¿Por qué, entonces, el soberano puede penalizar acciones y dejar que circulen libremente expresiones que podrían ser igualmente dañinas?"

La respuesta a esta segunda paradoja considera el problema de los límites del derecho a la expresión y a la información.

El proyecto quiere reflejar el equilibrio entre la libertad de expresión y de opinión y la libertad que tienen los individuos, las personas que son en definitiva los detentadores de la soberanía para poner límite cuando se afecta su honra y su vida privada.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, el Diputado informante, señor Luksic , terminó su relato hablando de dos paradojas que tienen que ver entre la libertad y el control, e inmediatamente viene a la memoria la figura del gran inquisidor.

Al respecto debo Señalar, con toda claridad, que los Diputados integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, unánimemente hemos apostado por la libertad. Y este proyecto, como lo ha explicado el señor Ministro, es un avance significativo en ese sentido. Aquí se refuerzan las garantías constitucionales de la libertad de expresión, que por mucho tiempo estuvo restringida en este país. Nos quedan pendientes dos materias, de las que es importante que la Sala tenga conciencia. Una, es la censura previa en materia cinematográfica, que no podíamos abordarla en este proyecto por cuanto está en la Constitución. Es nuestra voluntad por lo menos de algunos y por cierto de esta bancada terminar con la censura previa en materia cinematográfica.

El segundo escollo a la plena libertad de información es la Ley de Seguridad Interior del Estado. La revisamos en la Comisión y nos dimos cuenta de que es extremadamente restrictiva y puede ser usada para sofocar la libertad de expresión, cosa que ciertamente no ha hecho ni hará el Gobierno de la Concertación.

Esas son las dos materias que quedan pendientes, que es bueno tenerlas presentes.

Hubo dos puntos muy discutidos al comienzo del debate casi dos años atrás especialmente entre el Colegio de Periodistas y la Asociación Nacional de la Prensa, y creo que al final hemos llegado a una justa solución. Uno se refiere al área reservada que el Colegio quiere para el ejercicio de la profesión de periodista, y el otro es la cláusula de conciencia. Sobre el primer punto nos dimos cuenta de que era extremadamente difícil establecer esa área reservada, porque existen muchos medios regionales en sectores, abandonados, que no cuentan con suficientes periodistas o con medios económicos, por lo que no se le puede exigir a ese pequeño periódico de provincia o a esa radio de un pueblo rural que tenga que contratar periodistas titulados.

En lo que se refiere a los grandes medios de circulación nacional o regional, en la práctica contratan periodistas para lo que se entiende por área reservada. De allí que el proyecto establece un área preferente.

Respecto de la cláusula de conciencia, que garantiza la independencia del periodista respecto del medio que lo contrata, después de múltiples discusiones, con el propio Colegio de Periodistas, nos dimos cuenta de que esto podría volcarse en contra del periodista, estableciendo restricciones ideológicas para la contratación de ellos en los distintos medios.

Subsiste el gran problema, al cual se refería el señor Ministro de garantizar el pluralismo dentro de los medios, donde algo se ha avanzado. Pero si leemos la página 2 de "El Mercurio", en realidad nos damos cuenta de que ese pluralismo todavía no está en plena expansión. Si leemos en "La Tercera" las columnas que escriben distinguidos colegas parlamentarios, podemos decir que al menos en esa página hay pluralismo. No sé si se puede decir exactamente lo mismo de todo el medio al cual pertenece esa página. O sea, existe un problema de mayor y necesario pluralismo dentro de cada uno de los medios. Se sostiene por algunos que para vender en una sociedad libre, el medio tendrá que avanzar hacia su pluralismo interno, fenómeno que todavía en nuestro país diría que es incipiente.

La Comisión introdujo tres temas nuevos que señalaré en forma breve:

En primer lugar, acogió una indicación que presentamos con el Diputado señor Schaulsohn para restringir las facultades de los tribunales en cuanto a suspender la información sobre los procesos judiciales, porque los jueces han abusado en forma abundante de esa atribución.

En segundo lugar, aceptó indicaciones importantes que presentamos con el Diputado señor Luis Valentín Ferrada , para que el proyecto se refiera también a las nuevas tecnologías, y, como aquí se ha señalado, incorpora el recurso del hábeas data y, al mismo tiempo, se refiere a las redes telemáticas de transmisión de la información.

En tercer lugar, el proyecto, gracias a un trabajo serio realizado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, contiene normas innovadoras en nuestro país acerca del problema sobre regulación de la propiedad de los medios de comunicación.

Al respecto, quiero insistir en que es muy importante poner en vigencia la ley antimonopolios, ya que es muy significativo que una persona no pueda acceder a la propiedad de dos redes de televisión, como desgraciadamente ocurre, por ejemplo, en Italia, donde hay un referéndum para impedir el monopolio de tres redes privadas de televisión, situación que aún fue más dramática porque su dueño pasó a ser primer Ministro en cierto momento y, entonces, controló también la red estatal.

Se logró mayor transparencia sobre la propiedad de los medios. Es necesario que sepamos, de una vez por todas, a quien pertenece un medio y que no sea un misterio saber quién está detrás de una revista, de un diario, de una radio, etcétera.

Nos quedó pendiente el tema el problema de cómo fomentar mejor la prensa regional. No atinamos, no buscamos, no supimos encontrar algún camino que diera mayor respiro a la prensa regional. Todos los parlamentarios de regiones sabemos de la enorme dificultad con qué sobrevive dicha prensa. Además, como ha señalado el señor Ministro es una tendencia que a nivel mundial trabaja en contra de ella. Entonces, tenemos que pensar mejor al respecto y ojalá que en el Honorable Senado se encuentre la solución más adecuada.

Desde mi punto de vista, hay al menos tres puntos que todavía no hemos tratado; pero ciertamente una ley nunca puede ser exhaustiva y tanto menos perfecta.

Advierto en el país una sobreabundancia de escuelas de formación de periodistas, que no siempre tienen la calidad con que el periodismo debiera contar en cuanto, profesión de título universitario. Entonces, no se trata sólo de que hay demasiados periodistas, sino de que, además, se les forma mal, y esto, por cierto, produce inquietud.

Es verdad que el Gobierno enviará dentro de poco una norma para regular este fenómeno a nivel de las distintas profesiones: de contadores, de periodistas, de sicólogos, etcétera. Por tanto no compete a esta iniciativa tratar el tema; pero sin duda, nos preocupa.

Además, las facultades de control ético del Colegio de Periodistas y de la Asociación Nacional de la Prensa no tienen fundamento legal; simplemente existen por la tradición y por el prestigio de esas instituciones. Tal vez hubiera sido interesante buscar una forma de reconocimiento en ese sentido.

También es cierto que hoy la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia comenzará a estudiar una moción de los Diputados señores Cornejo y Elgueta para reponer las facultades que tenían los colegios profesionales en el pasado.

Por último, quizás sí tiene atingencia en el proyecto tratar de revisar en forma más exhaustiva las disposiciones de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que en un futuro podrían dar lugar a restricciones indebidas a la libertad de opinión y de información.

He dicho.

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Luis Valentín Ferrada .

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, a la época de 1989, cuando se restablece plenamente la democracia en Chile, había un anhelo muy compartido en toda la comunidad de la información chilena, en todos sus actores, en todas las partes que la componen, de contar definitivamente con un estatuto jurídico en el cual la libertad de expresión, de opinión y de ejercicio del periodismo, de modo codificado, completo e integrador, pudiese ser efectivo reflejo de la aspiración a que Chile sea una comunidad nacional donde la libertad de expresión tiene un alto grado de consagración práctica..

Los principales desafíos, pruebas u obstáculos que debían, enfrentarse para alcanzar tan alto propósito eran, básicamente, siete.

El primer obstáculo era que había una antigua dispersión legislativa; las materias que tocaban al ejercicio del derecho de opinión o de expresión estaban contenidas de manera inorgánica en múltiples leyes.

El segundo desafío era una tentación que es vieja en Chile cuando se habla de libertades y que yo denominaría "la tentación penalizadora". Somos aficionados a decláranos muy partidarios de la libertad en sus distintas formas, como se expresa en los incisos primeros de las normas en que consagramos estas aspiraciones, y somos muchas veces rimbombantes para declararlas prácticamente sin límites, pero siempre, o casi siempre, se añade a esto una tentación penalizadora de tan alto grado que esas declaraciones quedan generalmente en el campo de lo romántico.

La tercera prueba era vencer "la tentación monopolizadora" en torno de la libertad de expresión. Era importante hacer entender que la libertad de expresión, en su forma práctica, no puede constituir el ejercicio de unos pocos, sino que es una libertad para todos los chilenos, para los 14 millones de habitantes del país.

La cuarta prueba era la llamada "cláusula de conciencia" que los gremios de periodistas habían venido planteando como un anhelo propio.

El quinto desafío era cómo impedir las políticas o las tentaciones por establecer formas jurídicas de censura previa.

La sexta, también originada en una vieja tradición chilena, era cómo evitar la tentación por las excesivas reglamentaciones legalistas que, al igual que la tentación penalizadora, son, siempre, claras manifestaciones de falta de fe en la libertad.

Y la séptima prueba, desde mi punto de vista, era que no olvidásemos en esta oportunidad toda la realidad moderna, la magnífica revolución a que asisten los medios de comunicación en el mundo.

Para ésas siete pruebas, entiendo qué la Comisión se asistió de siete grandes fortalezas. En este punto quiero destacar, como un testimonio de admiración por mis colegas que allí trabajaron, la alta forma en que, junto al Ministro Secretario General de Gobierno, Subsecretario y demás funcionarios, pudimos encarar esta hermosa tarea desde una perspectiva de tan alta distinción intelectual.

Las siete fortalezas que nos asistieron a todos fueron las siguientes.

En primer lugar, la creencia en el valor de la libertad de expresión que, como ha dicho el Diputado señor José Antonio Viera-Gallo , fue nuestra gran apuesta, en este proyecto de ley.

En segundo lugar, una apreciación común en el valor que tiene la historia del periodismo nacional. Se ha dicho y escrito muchas veces que Chile sería un país de historiadores. Creo que ésa puede ser una verdad; pero no se ha dicho, en cambio, otra que entiendo y creo, francamente, como más notable: que Chile ha sido un país de gran periodismo y de grandes periodistas en el continente de América Latina; de un periodismo muy interesante, intelectual, que inicia su historia a muy temprana hora, con la república independiente, y que en sucesivas etapas se va a distinguir en el concierto de la lengua española como una de las expresiones de esa rama cultural más destacadas del mundo hispanoamericano.

En consecuencia, esa apreciación y valorización de la historia del periodismo tenía que significar, en la redacción de la ley, una declarada confianza en la calidad y en la ética propia, y que amerita la consideración de esa justa historia del periodismo nacional.

En tercer lugar, la fortaleza de creer que esta libertad de expresión, debe ser siempre para todos los chilenos.

En cuarto lugar, la apreciación correcta del justo equilibrio que debe existir entre la libertad de opinión y de expresión y los fenómenos modernos de la desinformación, porque tan importante debe ser para el legislador consagrar el derecho de expresión y de información como velar por el derecho de los ciudadanos a ser bien informados.

Esta materia de la desinformación y la desinformación a veces organizada es un punto en el cual el legislador siempre debe poner su mayor atención, porque en proyectos como éste no sólo está en juego el sagrado derecho a informar o a opinar, sino también, de una misma forma, el sagrado derecho de la comunidad nacional a ser siempre correcta y éticamente bien informada.

En quinto lugar, estaba el valor de la fortaleza de comprender bien lo que va a significar para la cultura sociológica de nuestros pueblos no mañana; hoy mismo el fenómeno de la globalización de la información. No sabemos cuáles van a ser los efectos finales o el impacto que en nuestra sociología, en nuestra sociabilidad, en nuestras culturas tradicionales nacionales, en las estructuras tradicionales, de nuestros derechos va a tener el fenómeno de la globalización de la información. Pero creímos que había que asumirlo, al menos, de una forma modesta, reconociéndolo en su existencia.

En sexto lugar, una prueba que es difícil, para los chilenos y que a pesar de ciertas experiencias hay que repetirla una y otra vez, con el único propósito de fortalecer cada día nuestro estado de derecho: la fortaleza de creer en nuestros tribunales, cuestión que no es sencilla ni fácil. Tal vez sea materia de otro discurso referirse a por qué esta creencia cuesta muchas veces tenerla en Chile. Pero, aun así, nuestra ley tema que dejar sentado que cree que nuestros tribunales, que nuestra comisión antimonopolios, en general, con independencia y si actuaran bien, son ellos los cauces para que el derecho se exprese, se regule y se sancione.

Y en séptimo lugar, la fortaleza de creer que la formación periodística y ética de los profesionales de la comunicación social son baluarte suficiente que no necesita de exclusividades legales o de cotos preferentes para ser poder ser reconocidos y subsistir; que su preferencia en el trabajo periodístico y de la información descansa en su propio mérito, en el mérito de su profesionalización, de su capacitación como he dicho, de su historia y no en exclusividades legales.

Recogido esto, señor Presidente, y para, encuadrarme dentro del tiempo, aún quedan, en mi concepto, tres grandes peligros:

En primer lugar, el que se refirió, con mucha precisión, el Diputado señor Viera-Gallo : la Ley de Seguridad del Estado.

En segundo lugar, aquellos que nos va a ofrecer cada día la revolución de los nuevos medios informáticos y que van a poner a prueba esta ley a cada momento.

En tercer lugar, también constituye peligro para los propósitos de nuestro trabajo una iniciativa que se aprobó recientemente en el Senado, que tiene origen en una moción del Senador señor Núñez y que procura limitar las encuestas y el tiempo en que ellas pueden difundirse.

Sobre estos tres peligros, una frase más. Queda pendiente un gran desafío: el fenómeno de la aldea global electrónica que Alvin Toffler ha desarrollado con más magisterio que ningún otro y que nos aproxima los umbrales de una nueva cultura.

Si la nueva ley que estamos dictando no asume la realidad que viene, espero que al menos sea un puente de transición digno entre la existente y la virtual que se nos anuncia.

He dicho.

La señora WORNER.-

Señor Presidente, el proyecto de ley sobre libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo, conocido por la opinión pública como la nueva Ley de Prensa, se presentó a la consideración de la Cámara de Diputados por el Gobierno del ex Presidente Aylwin el 8 de julio de 1993.

En consecuencia, hemos estado discutiendo cerca de dos años este importante cuerpo legislativo, que es el resultado del esfuerzo coordinado de toda la cultura que existe en el país en tomo a la opinión y al ejercicio de la prensa libre y del derecho de información.

En honor a la recomendación hecha por la Mesa, tratare de ser breve para despachar este importante cuerpo legal en la mañana de hoy. Por lo tanto, sólo me referiré a dos temas de vital importancia.

Desde ya, comparto las consideraciones del señor Ministro y de los dos Honorables Diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, en cuanto a la trascendencia de esta iniciativa legal y de todo proyecto que garantice el ejercicio del periodismo en un sistema democrático y la libertad de opinión y de información, piedra angular de las otras libertades que garantiza nuestra Carta Fundamental.

Me referiré al secreto profesional y a la responsabilidad que asume el Estado, a partir de la aprobación de esta normativa, en el resguardo de un sistema informativo y de prensa pluralista, participativo y objetivo. Al respecto, haré una breve reflexión.

En primer lugar, en nuestro país existe el llamado periodismo "off the record", que ha sido objeto de muchas opiniones y críticas. Se trata de la información sobre determinados temas que en algún momento puede ser generadora y formadora de opinión, pero que está amparada en el anonimato del informante y de la fuente de la cual se nutren el periodista o el comunicador social.

Aquí hago una reflexión sobre el secreto profesional, requisito indispensable respecto del cual hubo un gran debate en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde se recogió una amplia gama de opiniones y reflexiones. En dicha Comisión acordamos incorporarlo al proyecto por mayoría de votos; sin embargo, el derecho al secreto profesional llega al extremo de que en un instante determinado puede dar origen a un periodismo y a un sistema informativo poco claro y, por lo tanto, poco responsable.

En esta área es donde se genera una colisión entre derechos y garantías ¿Hasta dónde podemos tener un sistema generador y formador de opinión que no sea responsable porque se ampara en el secreto profesional?

En segundo lugar, la intención de la Comisión, plasmada en el proyecto aprobado por unanimidad, es que todo lo relacionado con la descentralización regional y la posibilidad de fomentar el periodismo regional, libre y pluralista, no quede reducido a una norma establecida en un cuerpo legal complejo, que ha recogido los vacíos y limitaciones que durante muchas décadas atentaron contra la libertad de expresión y de opinión, y todos los adelantos tecnológicos, colocándose, a la vanguardia como una normativa ágil, dinámica y futurista. Es necesario también que la aplicación de esta normativa programática sea vigilada en forma permanente, mediante mecanismos que permitan comprobar que se cumpla con la obligación de estimular la creación, difusión y edición de programas regionales pluralistas, que posibiliten a todos los sectores de la ciudadanía utilizarla para garantizar el ejercicio de los derechos de opinión e información y de un periodismo pluralista y libre.

Por último, hago presente que en este proyecto ha quedado plasmado el trabajo de v alrededor de dos años, tratando de recoger las distintas visiones, opiniones e intereses de la comunidad nacional. Por cierto, no es una normativa perfecta, pero se puede mejorar en el próximo trámite legislativo. De lo contrario, deberá hacerse en futuras legislaciones que recojan aquellos aspectos que, como lo señaló el Diputado señor Viera-Gallo , quedaron fuera, porque la Comisión no encontró la forma de incorporarlos en esta iniciativa. Sin embargo, hoy estamos dando Un paso importante para cubrir vacíos y limitaciones que permiten que la libertad de expresión e información y el periodismo libre no sea sólo una cuestión programática. Hemos pretendido que la iniciativa se ponga a la vanguardia como un cuerpo legal que recoja los adelantos tecnológicos y los resguardos de las garantías que pretendemos alcanzar.

Con estas consideraciones muy generales que he hecho presentes, la bancada del Partido por la Democracia apoyará el proyecto en forma unánime.

He dicho.

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Carlos Bombal .

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, el proyecto que conoce la Sala pretende desarrollar dos importantes libertades públicas, pilares insustituibles de toda democracia madura.

En primer lugar, quiero destacar la circunstancia positiva de legislar para regular las libertades de opinión e información y desechar como mala técnica el título que aún mantiene la normativa que existe al respecto: Ley de Abusos de Publicidad. Ello es producto de un aparente trauma social frente al presunto poder de la prensa.

La opinión e información, magistralmente reconocidas por nuestra Carta Fundamental, son libertades aseguradas a todas las personas, y su ejercicio se realiza en conformidad con la ley, sin censura previa de cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan.

Como consecuencia del surgimiento de los medios de comunicación de masas, ha nacido la necesidad de buscar un equilibrio en el énfasis de las dos partes que confluyen en el ejercicio de este derecho.

Por una parte, se trata del derecho de algunos a informar y a opinar; pero, por otra, ha nacido el derecho de la comunidad a ser informada, el que, naturalmente, tiene sentido y verdadera relevancia cuanto más progresan los medios de comunicación social.

Este derecho a ser informado no figuraba en las constituciones antiguas o tradicionales como reveladora de que lo que se deseaba garantizar con mayor énfasis era la libertad del que quería informar u opinar. Pero, sin discusión, lo que hoy fundamenta y justifica estas libertades públicas es la clara convicción de que ellas responden al derecho de toda la comunidad y de cada persona a ser informadas del acontecer nacional e internacional.

El proyecto tiene un ámbito de vigencia personal amplísimo, pues no sólo constituye un estatuto jurídico para los medios de comunicación social, sino que, además, involucra a todos los miembros de la comunidad nacional. Consecuentemente, la libertad de opinar e informar es un derecho reconocido por la Constitución a todas las personas y medios de comunicación social, presentes o futuros, cualquiera que sea su naturaleza y régimen jurídicos.

Desde luego, es necesario precisar el concepto de dichas libertades que tuvo el constituyente de 1980. La libertad de opinión fue concebida como la más amplia de las libertades intelectuales, consistente en la facultad de toda persona de exteriorizar, por cualquier medio y sin coacción, lo que piensa o cree. Respecto de la libertad de información, los anales consultados prueban que fue entendida en la calidad de supuesto de la libertad antes descrita, sin la cual carece de sentido.

En ella, sin embargo, cabe distinguir diversos aspectos que son absorbidos en su amplio y complejo significado. Así, la libertad de información conlleva la libertad de acceder a las fuentes de información y de opinión de recibir o comunicar lo hallado en tales fuentes o proveniente de ellas, y de recibir la información, derecho cuya singular relevancia se percibe cuando se entiende que su titular es la comunidad toda.

El precepto constitucional condensa los tres aspectos enunciados y es fundamental que así se comprenda. En otras palabras, la libertad de informar, asegurada por la Constitución a todas las personas, asume el reconocimiento y protección de la libertad de buscar, transmitir y recibir información. Ahí reside, justamente, la médula o sustancia de esas libertades.

Sin embargo, no puedo dejar de referirme a los límites de tales libertades o derechos.

El primero, que es obvio, relativo a las libertades de opinión y de información está dado por la naturaleza de ellas, que deben responder al fin último que persiguen, cual es la verdad. De manera que una opinión falsa o una información errada o eminentemente tergiversada, no es opinión ni información, sino todo lo contrario, pues atentan abiertamente contra ellas y, por ende, no pueden ser amparadas ni reconocidas.

De este modo, entendemos varias figuras, reguladas por este cuerpo normativo, como por ejemplo el derecho de aclaración y rectificación, los delitos cometidos a través de un medio de comunicación social y los delitos contra las libertades de opinión e información.

El segundo límite posible está dado por la manera en que se conjugan las diversas libertades y garantías reconocidas por la Constitución a todas las personas, ya que al ser éste el instrumento de, mayor relevancia en nuestro ordenamiento jurídico, supone que no existirán antinomias o conflictos normativos entre los distintos derechos que garantiza, asegurando la debidas correspondencia y armonía entre las diversas normas constitucionales.

De esta manera, es fácil constatar cómo algunas garantías ceden frente a otras; dicho de otra manera, los derechos que la Constitución asegura no son absolutos, sino qué llevan implícito un deber, correspondiendo al ser humano usarlos para su propio desarrollo y progreso personales.

No puedo dejar pasar esta oportunidad, cuando el debate del proyecto nos lleva a analizar el contenido verdadero de estas importantes libertades, sin recordar que en enero recién pasado los parlamentarios de este Poder del Estado fueron arteramente acusados de consumo de drogas por un particular.

En esa oportunidad, la Sala acordó defenderse a través de su Mesa ante los tribunales de justicia, para lo cual se contrataron los servicios de un distinguido penalista, quien actualmente representa ante la magistratura el ejercicio de la acción criminal acordada en esa ocasión. En esa época puse en conocimiento de la Mesa, específicamente del Presidente de aquel entonces, Honorable Diputado señor Sota , que, aunque me sometía a lo que Su Señoría soberanamente decidiera, no podía ni debía descartársela acción de protección, pues consideraba que el señor Cuadra había cometido un ilícito constitucional, que consistía en que, presuntamente amparado por la libertad de opinión, había transgredido el respeto y protección a la vida privada y pública, y la honra de las personas y de sus familias; ello, en la persona de todos los parlamentarios.

En su debido momento, también se lo hice presente al abogado señor Ortiz , a quien, además, puse en su conocimiento y disposición, un informe en derecho que justamente avalaba la tesis del ilícito constitucional.

Señor Presidente, volviendo a lo medular del proyecto en cuestión, éste asume lo antes señalado; pero no de manera tan explícita como hubiésemos querido. Por eso presenté una indicación durante el debate del proyecto en la Comisión, la que fue acogida parcialmente, y que ahora me he permitido renovar, que básicamente se refiere al inciso primero del artículo 1º, y que señala: "La libertad de emitir opinión y la de informar constituyen derechos fundamentales de todas las personas. Su ejercicio incluye, por una parte, la más amplia de las libertades intelectuales, consistente en la facultad que tiene toda persona de exteriorizar, por cualquier medio y sin coacción, lo que piensa y cree, y por la otra, la libertad de acceder a las fuentes de información y de opinión, la libertad de difundir o comunicar lo hallado en tales fuentes o lo que proviene de ellas, y la libertad de recibir la información, todo ello en atención a que el sujeto titular de tal libertad es la comunidad toda.".

No puedo dejar de destacar la importante labor de la Comisión, especialmente al haber rechazado aspectos del mensaje original que eran claramente distorsionadores de lo que se pretende con este proyecto.

Uno de ellos era la norma que disponía que sólo los que ostentaran el título de periodistas podrían desempeñar la dirección interna de servicios informativos, elaborar y editar noticias, en fin, la que se estimó en su momento, como aquí se ha recordado, que era inconstitucional.

Otra institución abiertamente cuestionable fue la denominada "cláusula de conciencia", institución recogida por el derecho francés en los años 70, que ha demostrado ser absolutamente artificiosa e incluso perjudicial para los propios trabajadores de la prensa. También se estimó que era abiertamente inconstitucional.

En materia de derechos de aclaración y rectificación, el proyecto original del Gobierno disponía que no se podrán ejercer estos derechos con respecto a las apreciaciones que formulen en artículos, comentarios de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica o deportiva, sin perjuicio de las sanciones a que puedan dar lugar esos artículos o comentarios si por medio de su difusión se cometiera algún delito.

Este artículo resabió de la institucionalidad anterior a la Constitución del 80, fue derogado tácitamente por aquélla, en atención a que el inciso tercero del N° 12 del artículo 19 de la Constitución, dispone: "Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiese sido emitida."

En consecuencia, el derecho de rectificación posee una consagración constitucional, conferida a toda persona natural o jurídica cuando aquélla sea ofendida o injustamente aludida; es decir, basta que se produzcan tales supuestos normativos para que a aquella persona le asista de inmediato, por mandato constitucional, el derecho a que su rectificación o aclaración sea gratuitamente difundida, Esto es un aspecto muy medular del proyecto, porque muchas veces vemos cómo es aludida gente muy modesta, sin tener ninguna posibilidad de obtener una enmienda o rectificación por hechos que la agravian profundamente.

Otro instituto foráneo incorporado en el proyecto original y que fue desechado por la Comisión, decía relación con el establecimiento de un seguro obligatorio, el cual debía ser contratado por todo medio de comunicación social para responder por las indemnizaciones a que eventualmente fueran condenadas las personas. También nos parece muy importante que aquello haya sido desechado.

No puedo dejar de señalar que este proyecto, en parte, ha sido mejorado; en otras ha sido mantenido, y en algunas han sido eliminados varios preceptos de la Ley de Abusos de Publicidad.

Quiero expresar cómo se establece claramente en este proyecto que para los efectos relativos de esta ley, debe entenderse por familia o familiares de una persona, incluyendo al cónyuge, los parientes en la línea recta de consanguinidad o afinidad legítima; los padres e hijos naturales y la descendencia legítima de ésta; los hijos ilegítimos reconocidos y los colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad legítimas.

Esta norma es plenamente concordante con los preceptos constitucionales, en cuanto reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad.

Es importante que una disposición de esta naturaleza haya consignado el concepto de familia matrimonial.

Finalmente, no puedo dejar de reparar en el precepto contenido en el artículo 41, respecto del cual solicito su eliminación del proyecto, ya que dispone: "Los medios de comunicación social se eximirán de responsabilidad penal respecto de la publicación de las opiniones vertidas por los parlamentarios en los casos señalados en el inciso primero del artículo 58 de la Constitución Política, demostrando su exacta conformidad con lo por ellos expresado.

"Tampoco dará lugar a acción penal la difusión de las alegaciones producidas ante los tribunales de justicia."

El artículo 58 de la Constitución concede a los parlamentarios la inviolabilidad "...por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión." Es decir, otorga una verdadera inmunidad a los parlamentarios, despenalizando para ellos los delitos de injuria o de calumnia, cuando aquéllos son emitidos en el desempeño de sus cargos y en sesiones de Sala o de Comisión.

Esta excepcional norma, que sólo puede ser invocada por parlamentarios, posee lo que la doctrina denomina "un hecho condicionante y complejo; es decir, el supuesto normativo sobre el cual razona supone que se trata de un parlamentario que en el ejercicio de su cargo emita una opinión o manifieste un voto en sesión de Sala o de Comisión, concurriendo todos estos supuestos, aunque aquel acto pudiera revestir el delito de injuria o de calumnia.

La norma planteada en el proyecto hace extensiva tal excusa de antijuridicidad para los medios de comunicación social que reproduzcan tales opiniones o votos de manera exacta.

Ello, a juicio nuestro, carece de toda racionalidad, atendidas las siguientes circunstancias.

El artículo 58 establece para los parlamentarios una norma excepcionalísima, que, en derecho, no admite...

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

Perdone que lo interrumpa, señor Diputado. Ha terminado su tiempo. Le he dado más del que le corresponde.

El señor BOMBAL.-

Redondearé la idea.

Decía que el artículo 58 establece para los parlamentarios una norma excepcionalísima, que, en derecho, no admite interpretación extensiva ni análoga. Por ello, no resulta razonable pretender extender tal garantía a los medios de comunicación social, a sabiendas de que los hechos que se reproducen, en estricto derecho, son antijurídicos y pueden, objetivamente, revestir caracteres de delito.

Distinta es la circunstancia contenida en el inciso segundo del mismo artículo 41 del proyecto, según el cual "Tampoco dará lugar a acción penal la difusión de las alegaciones producidas ante los tribunales de justicia." Ello, en el entendido de que no se está haciendo extensiva una norma que exime a otro de acción penal, sino que aquí el verdadero responsable de un presunto delito no se encuentra exento de ser juzgado por el delito que se cometa, y el medio de divulgación no actúa a sabiendas de que se ha cometido o pueda cometerse un hecho antijurídico.

No obstante lo anterior, una norma de esta especie no resulta necesaria.

Un aspecto relevante del proyecto y que en su momento suscribimos con los Diputados señores Viera-Gallo y Ferrada , se refiere a la incorporación del hábeas data, que también destaco como elemento importante del proyecto.

Desgraciadamente, el tiempo nos limita para seguir analizando la iniciativa. Atendida esta circunstancia, pido que proyectos de esta envergadura no se traten en 10 minutos. Este ha estado radicado dos años y medio en el Congreso, y ha llegado a la Sala para discutirlo asignando 10 minutos a cada bancada. Me parece poco el tiempo para un proyecto de ley de tanta envergadura.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Comparto su apreciación, señor Diputado, pero así lo resolvió la Sala.

El señor BOMBAL.-

Con mi voto en contra, señor Presidente.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Están inscritos los Diputados VIERA-GALLO, Ferrada , Martita Wörner , Fanny Pollarolo , Elgueta , Bombal , Pérez, don Víctor , y Rocha .

Si deseamos despachar el proyecto hoy, la Sala podría acordar que cada Diputado intervenga hasta por 10 minutos. Es un tiempo razonable que haría compatible nuestro deseo con el número de inscritos.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor BRUNNER (Ministro Secretario General de Gobierno).-

Señor Presidente, esta propuesta reviste la mayor trascendencia para el país y cuenta con todo el interés del Gobierno.

Legisla sobre un derecho fundamental de las personas: La libertad de opinión fue una de las bases de nuestro ordenamiento democrático.

Se refiere, asimismo, al derecho de información, fuente de una opinión pública activa e influyente y pieza crucial de las relaciones entre gobernantes y gobernados.

En tercer lugar, fortalece, el ejercicio de la profesión periodística, de la cual depende, en medida importante, la calidad de la información ciudadana.

Finalmente, complementa el estatuto legal de las empresas informativas y de comunicación contenido en otros cuerpos legales, como la ley de telecomunicaciones y la que creó el Consejo Nacional de Televisión.

El Ejecutivo está conforme con el proyecto aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Honorable Cámara, que revisó exhaustivamente el texto inicial del proyecto, y lo perfeccionó y aligeró. Todo esto en consulta con expertos, académicos, propietarios y ejecutivos de medios y representantes de la profesión periodística y del colegio respectivo.

En la mayoría de las materias prevaleció un amplio acuerdo. Las opiniones del Gobierno se encuentran adecuadamente reflejadas en el texto sometido a discusión de la Sala.

La historia del proyecto, los criterios que lo inspiran y sus ideas principales han sido expuestos por el Honorable Diputado informante.

Desde nuestro punto de vista, nos interesa destacar lo siguiente:

1º.- Por primera vez se legisla de manera propositiva sobre esta materia, en plena concordancia con el espíritu de la garantía constitucional del artículo 19, número 12°. Nuestro interés es fortalecer y ampliar la esfera de las libertades personales en la producción, expresión, circulación y recepción de mensajes. El proyecto no se limita, por tanto, sólo a regular los posibles abusos de publicidad.

2º.- Se adopta una definición amplia y contemporánea de la comunicación, con independencia de los soportes materiales y modalidades tecnológicas que se utilicen para almacenar, reproducir, transmitir o difundir información, datos, sonidos o imágenes dirigidos al público. Con esto, la futura ley incorpora, desde luego, la nueva generación de medios electrónicos, e incluye también las redes globales de información.

3º.- Se establece el derecho de las personas naturales o jurídicas de fundar, editar y mantener medios de comunicación, y se regula su ejercicio limitando al mínimo necesario la intervención de la autoridad administrativa, en conformidad con el propósito de que en estos ámbitos prime la competencia y se desarrolle una industria diversificada de medios."

4º.- Se garantiza el respeto y la protección a la vida privada y pública, y a la honra de las personas y de sus familias, en concordancia con la garantía constitucional respectiva, penándose las infracciones cometidas; en este caso, a través de medios de comunicación.

Asimismo, se establece el derecho de rectificación o aclaración en favor de toda persona injustamente aludida por algún medio.

5º.- Se incorpora, como nueva materia, una norma destinada a garantizar la efectiva protección de la intimidad de las personas, en relación con la distribución o comercialización de información de carácter personal y privada, recolectada y archivada en bases de datos computacionales, y administrada a través de procedimientos informáticos.

6º.- Se determinan y sancionan los delitos que pudieran cometerse a través de los medios de comunicación social, mediante penas de multas, y sólo en casos graves, "privativas de libertad Cualquier infracción será conocida por los tribunales ordinarios de justicia. Los tribunales militares conocerán sólo las causas por delitos del Código de Justicia Militar y de la Ley de Seguridad del Estado, cometidos por militares.

7º.- Adicionalmente, se determinan y sancionan los delitos en contra de las libertades de opinión y de información, tales como, impedir por parte un funcionario público, en forma arbitraria, la libre publicación de opiniones e informaciones y entrabar por cualquier artificio la libre competencia en la producción de informaciones o su distribución.

Además, se restringe la facultad de los tribunales para suspender la difusión de información por cualquier medio de comunicación.

8º.- Se fortalece el ejercicio de la profesión periodística, al definirse quiénes son periodistas, cuáles son sus funciones preferentes, la garantía de libre acceso a las fuentes, en qué condiciones gozan del privilegio del secreto profesional y su derecho a no ser obligados a asumir el resultado de su trabajo.

9º.- Finalmente, se establece que el Estado tiene la obligación de garantizar el pluralismo en el sistema informativo, debiendo asegurar condiciones que hagan posible la libre competencia entre diversos medios y la transparencia de su propiedad.

Con tal objeto, se establece que cualquier, hecho o acto relevante relativo a la modificación o cambio de propiedad de un medio de comunicación social deberá ser informado a la respectiva comisión preventiva regional o a la comisión preventiva central del decreto ley N° 211, según corresponda.

Asimismo, se obliga a que todo medio en su domicilio ponga a disposición de cualquiera persona que lo solicite el nombre o individualización completa de las personas naturales o jurídicas propietarias del medio, con indicación precisa del porcentaje, monto y modalidades de su participación en la propiedad o en el capital de la empresa, todo esto debidamente actualizado.

En términos más generales, este proyecto de ley interesa, en primer lugar, a todas las personas cuyo derecho de emitir opinión, informar y de ser informadas Correctamente, es el objeto principal del texto.

En segundo lugar, interesa a los periodistas cuya función social consiste justamente en comunicar los hechos de interés público, en función de lo cual poseen el derecho preferente de reportear, elaborar, editar y difundir esos hechos como noticias a través de los medios.

Y, en tercer lugar, interesa a los medios de comunicación social que forman hoy una industria dinámica crecientemente globalizada e implicada con la economía y la cultura del país.

En la actualidad, existen en Chile más de 700 concesiones de radio, de las cuales 550 aproximadamente están en operaciones: Hay cinco cadenas nacionales de televisión abiertas, tres cadenas regionales, y alrededor de 70 emisores de televisión por cable, que ofrecen alrededor de 100 señales provenientes de más de 15 países.

Existen 46 revistas, y se publican a lo largo del país 44 periódicos registrados con la Asociación Nacional de la Prensa.

Las horas de transmisión sonora y televisiva y el volumen de páginas escritas son todavía mayores, pues allí donde la televisión abierta, por ejemplo, transmitía hace 10 años menos de 4 mil horas, hoy su oferta es 10 veces superior, mientras las publicaciones escritas han tenido que responder a la segmentación de los públicos, ofreciendo una mayor variedad de información especializada.

En cuanto a la estructura y organización de la industria de medios en Chile, debo señalar que los indicadores disponibles sobre su participación de mercado no se apartan en general de aquellos observados en los demás países democráticos a nivel internacional. Como en ellos, hay aquí grupos de propiedad cruzada, fenómenos de integración horizontal y multimedia y presencia de capitales extranjeros.

Quizás sólo en el caso de la prensa diaria, Chile muestra una estructura más concentrada, semejante a la de algunos países, como Austria, Bélgica , Gran Bretaña e Irlanda, donde también existen empresas con fuertes posiciones dominantes en los respectivos mercados.

Es probable que estemos aquí frente a un fenómeno de alcance global.

En los Estados Unidos, al final de la Segunda Guerra Mundial, un 80 por ciento de los diarios estaba en manos de propietarios independientes. A fines de la década pasada, un 80 por ciento de los periódicos pertenecía a cadenas o conglomerados.

En Francia, el número de diarios disminuyó a la cuarta parte: de 400 a 100, en una sola década.

Algo similar sucede en mercados pequeños. Por ejemplo, en Finlandia, el número de ciudades con un solo diario aumentó de 19 a 51, entre 1950 y 1990.

El proyecto en discusión se hace cargo de estos fenómenos al proteger el pluralismo y la diversidad de medios por la vía de la transparencia y la competencia, buscando evitar así la constitución de monopolios y la formación de concentraciones excesivas, más que por una detallada, reglamentación que fije cuotas de mercado o introduzca otros arbitrios de control administrativo que, en la práctica, podrían limitar o distorsionar los derechos que deseamos cautelar y promover. Por el contrario, en la línea del propio proyecto y de su espíritu, es posible avanzar más todavía si se estima conveniente perfeccionar la normativa propuesta. Estamos conscientes de que en este punto reside uno de los mayores desafíos de las sociedades democráticas contemporáneas, esto es, el de compatibilizar la libertad de información con la diversidad de medios. Todo esto en un contexto de empresas que están siendo transformadas por el impacto de profundos y acelerados cambios tecnológicos y por el proceso de globalización.

Señor Presidente, el Gobierno espera encontrar el acuerdo de los Honorables Diputados para avanzar en la discusión de este importante proyecto y obtener su aprobación general.

Muchas gracias.

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

De acuerdo con la nómina de inscritos hará uso de la palabra, en primer lugar, el Diputado señor Viera-Gallo .

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

En su caso, hubo disponibilidad de 15 minutos.

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Elgueta .

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, cuando uno escucha sobre los peligros que este proyecto estaría por resolver, o quedarían por resolver, debe reducirlos sólo a uno: cómo cada persona confronta la verdad con la realidad, operación que, sin duda, resulta muy compleja.

En países como España, la libertad de expresión tiene el correlativo deber de informar con veracidad. En consecuencia, en esas ideas radica el principio de la libertad de expresión.

Quizás cada uno de nosotros tenga su verdad. Así, los chinos decían antiguamente que hay tres verdades: Tu verdad, mi verdad y la verdad."

Esto es tan difícil, señor Presidente, que el Evangelista San Juan recuerda que Jesús llevado ante Pilatos dijo: "He venido al mundo para dar testimonio de la verdad" (Desde ese punto de vista, sería, cómo quien dice, un periodista). Y agregó: "Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz". Y Pilatos le lanzó esa pregunta que nadie ha contestado: "¿Qué es la verdad?"

Esto tiene trascendencia para el mundo de hoy, porque cuando se habla de la libertad de expresión, del derecho a ser informado y del deber de informar, cada persona quiere escuchar su verdad. Incluso, el Silencio, tan apreciado en música, a veces resulta ser una desinformación o una falta a la verdad.

Señor Presidente, quiero abordar un sólo tema de esta ley, que me parece muy positiva, un extraordinario avance, como aquí ya se ha manifestado.

Desde mi punto de vista, no quiero hacer un aleluya de la historia del periodismo, porque creo que hay una realidad muy fuerte, muy brutal para millones de chilenos, cual es que hoy no tienen derecho a informar ni a ser verazmente informado. En consecuencia, su derecho este derecho protegido por la Constitución está prácticamente violado en su esencia.

Quiero analizar, como digo, un solo aspecto en este breve lapso que se nos ha ofrecido para expresar nuestro pensamiento, que es la regulación de la propiedad de los medios.

¿Puede hablarse de la libertad de expresión cuando se necesita un soporte económico para que se puedan emitir la verdad o las verdades, o callar a veces? ¿No es sugestivo que en este país hayan desaparecido revistas como "Cauce" y "Análisis" y el diario " Fortín Mapocho " y otros regionales? Podría traer una larga lista de revistas, diarios y otros medios de información que han sido silenciados.

Pero el mayor silencio tal vez proviene del poder económico que ha incursionado en el campo de; la televisión, incluso, traspasando nuestras fronteras.

¿Qué derecho tenemos los chilenos a la libertad de expresión si los partidos políticos y las corrientes de opinión son incapaces de formular sus pensamientos y sus doctrinas, y expresarse a través de estos medios de comunicación?

Este proyecto sólo aborda estas materias en algunos artículos, como en el 9º, que establece otro principio programático, cual es que el Estado debe velar por el pluralismo, o el 10, que, en cierta manera, limita o cuando en cierta manera limita la propiedad de los medios a través del artículo 10 del proyecto; o cuando exige la transparencia señalando la identidad real de los propietarios o restringe la participación de extranjeros de ciertos medios de comunicación.

El artículo 64, que regula la propiedad de la televisión, como señaló el Diputado informante, es la norma más directa para controlar el dominio de los medios de comunicación, porque el artículo 43 sólo transfiere al decreto ley 211, de 1973, la regulación de su propiedad.

Los medios de comunicación constituyen un transmisor cultural y, al mismo tiempo, realizan una actividad económica, y el decreto ley 211 sólo se refiere a esta última, enumerando en su artículo 2º aquellos actos que impiden, la libre competencia. Y es menester que en ese precepto se incluya una norma, para lo cual presentaremos una indicación, a fin de establecer expresamente que las comisiones antimonopolios puedan intervenir en aquellos actos que violen la libre competencia. No es posible que en nuestro país existan cadenas de radios y diarios; o de radio, prensa y televisión. En consecuencia, como de alguna manera lo decía el Diputado señor Viera-Gallo , puede haber un gobernante que sea dueño de todos los canales de televisión y pueda, al mismo tiempo, difundir su pensamiento a través de los canales estatales. Este es un punto crucial para la libertad de expresión.

En otros países los cuerpos normativos revelan el interés del legislador en prevenir la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en aras del libre acceso a la información y de la variedad de opinión que se estiman necesarios en la sociedad democrática. Incluso, los cambios tecnológicos han estimulado una evolución constante en la reglamentación estatal sobre los medios y por eso abordan temas cómo los siguientes.

La identidad de los propietarios. El proyecto incluye esta materia, lo que es un avance. En Francia y Estados Unidos se han tomado medidas indirectas para evitar la concentración de la propiedad. Se exige la publicación detallada de la identidad de todas las personas naturales que tienen participación significativa en la propiedad o control de algún medio de comunicación social.

El control por parte de extranjeros. El proyecto debe abordar esta materia no sólo con respecto a los canales de televisión, sino que en relación con todos los medios de comunicación.

La regulación de las empresas nacionales. Es otro aspecto que también debe contemplar la iniciativa, para que efectivamente exista una auténtica libertad de expresión y no una aparente competencia dentro de los medios de que son dueños algunas personas.

El señor Presidente hace gestos que limitan mi libertad de expresión, pero yo sé que eso está regulado en el Reglamento interno, así que acepto esa conminación.

Nuestra bancada, no obstante este aspecto, que no ha sido completamente tratado en la Comisión, va a aprobar el proyecto por otros preceptos que nos parecen de gran significación y avance para la libertad de expresión.

He dicho.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, en nombre de los parlamentarios del Partido Radical Socialdemócrata, deseo intervenir en el debate, que carece de dramatismo, seguramente debido a que se ha logrado un acuerdo. Hay pocos disensos en la materia.

Me referiré a un tema que me preocupa. Al respecto, recuerdo que hace aproximadamente dos años los parlamentarios de la Octava Región fuimos convocados por el Colegio de Periodistas de Concepción para analizar el tema de la libertad de prensa.

El gran problema que preocupaba en esos momentos a estos profesionales era el de la exclusividad de la función periodística. Se dijo en aquel entonces que en la misma forma como ocurría con un médico o un abogado en sus respectivas áreas, sólo periodistas debían actuar en los medios de difusión.

A diferencia de los parlamentarios presentes y que estuvieron de acuerdo con esta posición, el Diputado que habla manifestó su desacuerdo, y una de las observaciones que se me hizo después, en forma coloquial, una vez terminado este intercambio de ideas, era que cómo era posible que la única voz discordante hubiera sido la de un parlamentario que tenía una hija que en aquel tiempo estudiaba periodismo. Pero, en verdad, cada día me convenzo más de la justicia de mi posición y debo expresar mi profunda satisfacción porque en el proyecto haya sido acogida, al establecerse en el artículo 4º que las funciones periodísticas corresponde ejercerlas a estos profesionales de la prensa preferentemente y no exclusivamente, como se pretendió en aquella oportunidad.

En esa ocasión también señalé mi preocupación por lo que ocurriría en el caso de los periódicos o radios de provincia y de lugares apartados, que subsisten con el pequeño avisaje que, de tarde en tarde, le dispensa la autoridad y que son literalmente absorbidos por los medios provenientes de los centros más importantes. Incluso, en el caso de Concepción, el diario "El Sur", que es el más importante, está siendo avasallado en forma permanente por los periódicos que llegan desde Santiago . Es un hecho real que nadie puede discutir. Si se me pregunta, por ejemplo, cuántos ejemplares del diario "El Sur" " se venden en Lebu, debo contestar que no llegan a más de 30. En cambio, "La Tercera", "La Cuarta" y otros, se venden en mucho mayor cantidad.

Desde ese punto de vista, me alegro de que se haya logrado este acuerdo, que mejora mucho la iniciativa.

Además, olvidaba algo muy importante. Los grandes y legendarios periodistas del país, que eran de aquellos años en que no se manejaban estos conceptos, jamás pisaron la universidad.

Desde este punto de vista, hemos logrado un importante avance. Se ha defendido la libertad de expresión a través de la vigencia de los medios de difusión que en provincias se mantienen con gran dificultad. Hemos hecho un esfuerzo importante para consolidar la libertad de expresión y darle un mejor contenido a la iniciativa en estudio.

Reconocemos el esfuerzo y apoyaremos el proyecto en la convicción de que comenzamos a tratar un tema crucial para la consolidación de la democracia en el país.

He dicho.

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

Tiene la, palabra el honorable Diputado señor Rocha .

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

Quiero plantear a la Sala un asunto de interés respecto del proyecto en discusión.

Hay varios señores parlamentarios inscritos y por acuerdo de la Sala, cada uno tiene diez minutos para usar de la palabra. La hora de cierre del debate y de votación del proyecto está fijada a las 13.20. En caso de que los Diputados inscritos hicieran uso de su tiempo total, no será posible votarlo a la hora indicada. Además, algunos han solicitado que, por la importancia del tema, su discusión continúe mañana, circunstancia que atrasaría su despacho en un día, toda vez que se han formulado indicaciones, lo que implica que el proyecto volverá a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

El señor VIERA-GALLO.-

Un punto reglamentario, señor Presidente.

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

Inmediatamente, señor Diputado.

Por eso, quiero plantear, con algún grado de flexibilidad y en consideración a la importancia del proyecto, que la Cámara vea la posibilidad de aplazar la discusión para mañana para que los señores Diputados que han solicitado inscribirse puedan ejercer el derecho de la libertad de expresión que tratamos de garantizar mediante el proyectó.

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo .

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, el acuerdo de la Sala fue que después de hablar los seis inscritos se procedería a votar, lo que es posible después de las 13.20. Es decir, no significa que tenga que votarse dentro del Orden del Día, sino que después de la intervención de los inscritos.

Para que el proyecto se vote mañana hay ciertas dificultades prácticas.

¿Por qué, si se quiere escuchar a todos los Diputados, no se prolonga el Orden del Día y, en lugar de Incidentes, se sigue discutiendo el proyecto y lo votamos hoy, después de dos años que se inició su estudio? Pero que sigamos mañana contando con quorum especial, tiene ciertas dificultades prácticas.

He dicho.

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

Creo que las posturas eclécticas en la vida siempre colaboran a solucionar problemas.

Por eso, la Mesa propone prorrogar el Orden del Día para que los Diputados inscritos hagan uso de la palabra y, con posterioridad, se proceda a votar el proyecto.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente, ¿cuántos son los inscritos?

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

Los Diputados señores Aníbal Pérez , la Diputada señora Fanny Pollarolo y hasta la Mesa han acudido diversos parlamentarios para solicitar la palabra. No obstante, para cumplir el acuerdo de la Sala y cerrar el debate luego de que hablen los inscritos originalmente, el Presidente no los ha considerado para esos efectos.

En resumidas cuentas, faltarían dos señores Diputados y me han pedido la palabra los señores Aylwin , Gutenberg Martínez y otros.

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal .

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, me parece bastante absurdo que al discutirse un proyecto, cuyo estudio se prolongó por dos años en Comisiones, exista toda esta presión para que las intervenciones de los Diputados no excedan más de diez minutos. En discursos que han debido compactarse, es difícil reflejar el debate amplísimo que se produjo en la Comisión.

Entiendo que se quiera despachar el proyecto y he conversado hace un momento el punto con el Diputado señor Viera-Gallo , pero que discutamos la ley sobre libertad de expresión en diez minutos y quedar varios Diputados sin la posibilidad de participar en el debate debido al acuerdo adoptado, me parece una mala señal. No se puede comprimir la discusión de un proyecto de esta envergadura, sobre todo si consideramos que para muchos otros, que no la tienen, se ha prorrogado el tiempo de debate. Creo que no procede prorrogar el Orden del Día, sino que se siga debatiendo el proyecto hasta su hora de término y que se continúe en otra sesión: Si el problema es que contiene disposiciones de quorum especial, se concluirá su análisis el próximo martes.

Pero un proyecto que ha permanecido tantos años en el Congreso, no es posible que lo despachemos apretadamente, sobre todo, dada su naturaleza.

He dicho.

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

Cuando la Mesa no permitió la inscripción de nuevos parlamentarios, no procedió motu proprio, sino en cumplimiento de un acuerdo de la Sala adoptado con anterioridad.

La Mesa tiene la mejor voluntad; pero quiero señalar que hay dos posibilidades: la primera, continuar el debate y votar mañana, en la medida en que se deje sin efecto el acuerdo adoptado con anterioridad. La segunda, que hablen los señores Diputados inscritos originalmente y que se vote después de sus intervenciones.

La Mesa interpreta el acuerdo en cuanto a que hay un número determinado de Diputados que se inscribieron para hacer uso de la palabra, cuyas intervenciones pueden prorrogar el Orden del Día y que, por lo tanto, el proyecto se vota una vez que hayan intervenido los Diputados inscritos originalmente. Es decir, no procederé a solicitar la unanimidad de la Sala para prorrogar el Orden del Día más allá de las 13:20, porque asumo que cuando la Sala acordó que hablaría cierto número de parlamentarios, cada uno por diez minutos, entendía prorrogado el Orden del Día.

Tiene la palabra el Diputado señor VIERA-GALLO .

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, para aclarar las cosas al Diputado señor Bombal . Reglamentariamente, como el proyecto fue aprobado por unanimidad, correspondía que el debate fuera de media hora.

Para dar más espacio, tomamos un acuerdo, al cual él contribuyó, de que los inscritos habláramos diez minutos. Entonces, no ha habido voluntad de restringir el debate. Si ahora hay otros parlamentarios que quieren hablar, no hay ninguna dificultad en que se prorrogue el Orden del Día, terminemos de discutir y se vote a las 14:15, o a la hora que sea, y no veo dificultad para que, en vez de Incidentes, se ocupe ese tiempo en el debate del proyecto, entendiendo prorrogado el Orden del Día.

He dicho.

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Gutenberg Martínez . Después resolveremos el punto.

El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, con el fin de no generar dificultades en los acuerdos tomados, simplemente quería pedir autorización para que los que no quedamos inscritos en la primera ronda se nos permita hacer llegar nuestros discursos por escrito, para que sean insertados en la versión.

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

Su Señoría concuerda con la apreciación de la Mesa. Yo lo iba a plantear, porque es la mínima facilidad que se puede dar a los Honorables parlamentarios para que participen en el debate. Sin embargo, es distinto enviar un discurso para su inserción, que hacer uso de la palabra en la Sala, lo que quizás puede significar mayor diálogo en la Corporación.

Solicito la unanimidad de la Sala para prorrogar el debate y continuar mañana.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

No hay acuerdo.

Por lo tanto, harán uso de la palabra por diez minutos los parlamentarios inscritos.

El señor BALBONTÍN.-

Señor Presidente, ¿por qué no pregunta a la Sala si está dispuesta a continuar tratando el proyecto el próximo martes?

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

Señor Diputado, no existe voluntad para ello.

Tiene la palabra el Diputado señor Tuma .

El señor TUMA.-

Señor Presidente, aparentemente, habría voluntad en la Sala para prorrogar el debate y ocupar para ello el tiempo de Incidentes.

Un señor DIPUTADO.-

No, señor Presidente.

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

No hay voluntad, señor Diputado.

Hago presente a la Sala que se han formulado indicaciones que obligarán a que el proyecto vuelva a Comisión, pues no hay voluntad para votarlas de inmediato.

Tiene la palabra la Diputada señora Pollarolo .

La señora POLLAROLO.-

Señor Presidente, en primer lugar, suscribo las opiniones de quienes han manifestado la preocupación de que, frente a un tema tan relevante, haya habido poca participación de los señores Diputados y, sobre todo, un debate tan limitado y acotado. Entonces, ¿qué significado tiene el debate en la Sala? Si todo se va a resolver en Comisión, que se haga así. Pero me parece que este debate tiene importancia y debiéramos dársela.

Me parece muy mal que aquellos parlamentarios que tienen algo que decir sobre el tema tengan simplemente que insertar sus discursos. En fin, ése no es el punto, sino que intercambiemos ideas y profundicemos sobre aspectos en los cuales no tiene por qué haber una concordancia al ciento por ciento, por mucho que se haya aprobado en la Comisión por unanimidad. Por lo demás, lo dice el propio texto. La importancia de este proyecto es requisito de la democracia. La plena vigencia de la libertad de expresión y de información es un derecho básico sin el cual la democracia es una palabra y no una realidad.

Es decir, son cuestiones de fondo y creo que la situación en nuestro país no está tan clara al respecto, ni con esta iniciativa vamos a resolver realmente el problema, sobre todo el de la plena libertad de información. Sobre ese punto, en esta época de comunicaciones, hay quienes dicen que debemos hablar de la "ciudadanía de las comunicaciones", de modo que aquel que no acceda plenamente a la información, no va a ser un ciudadano pleno ni tampoco vamos a democratizar y modernizar el país.

Sin duda, este proyecto es un avance; Sin embargo, recogiendo lo que decían los Diputados señores Viera-Gallo y Ferrada , creo que aquí hay que apostar a la libertad, pero hacerlo, es apostar a las condiciones que permitan su ejercicio y que sea efectiva para todos, de lo contrario es una libertad a medias.

Ese es el problema del proyecto y que de alguna manera lo decía el Diputado señor Elgueta : la debilidad de la iniciativa es que no se aseguran efectivamente las condiciones para que se ejerza la libertad de opinión, sobre todo de información.

En Chile aún no hay adecuadas condiciones para que este derecho se ejerza, porque no existe un pluralismo informativo pleno. Para que lo haya, se requiere la existencia de diferentes medios que, en su conjunto, expresen la diversidad social. No basta con el pluralismo dentro de los medios; es indispensable también fuera de ellos, Y no tenemos asegurado el pluralismo dentro y mucho menos fuera de los medios.

Nadie puede negar que aquí hay una concentración muy fuerte de la propiedad, sobre todo en los medios escritos, pero no sólo eso. El 90 por ciento de la prensa escrita pertenece a dos grandes consorcios. Además, la publicidad también está concentrada en pocas manos y de ella depende la sobrevivencia de los medios de comunicación. La revista "Análisis" terminó, en circunstancias de que tenía el mejor tiraje de la competencia. O sea, la publicidad no la regula el mercado o la demanda de los consumidores. No es así, se regula de otra manera y "Análisis" cerró porque, teniendo un tiraje superior a la competencia, recibía menos de la tercera parte de la publicidad de sus competidores. Esa es la realidad.

Sabemos perfectamente que hay una tendencia muy fuerte para que se establezcan los multimedios. Por lo tanto, hay una vinculación y una concentración horizontal y vertical. Y eso tenemos que abordarlo en serio.

Sabemos perfectamente que los periodistas no tienen posibilidades de determinar sobre qué informan o no informan. Entonces, para qué nos engañamos; para qué nos hacemos los lesos.

Además, los periodistas no tienen capacidad para investigar autónoma o libremente; muy pocos pueden hacerlo, casi nadie.

En definitiva, los avances de este proyecto de ley son absolutamente insuficientes respecto de los dos grandes instrumentos del pluralismo: la regulación y la promoción. Son insuficientes, porque, a diferencia de lo que decía el señor Diputado informante, a mi juicio, el artículo 43 no salva el problema de la concentración de la propiedad. No basta con garantizar la libre competencia, que es la concurrencia en el mercado que dispone la Ley Antimonopolios.

Aquí está el problema de la propiedad que esa ley no aborda. Ese es el punto. De manera que si hay una concentración en la propiedad, va a existir concentración en la difusión de las ideas, en los contenidos que se transmiten, y el dueño del medio va a determinarlos. Hay concentración y la Ley Antimonopolios no sirve para eso.

Habrá que abordar un problema mucho más delicado y complicado, que es limitar la propiedad en los medios, porque aquí no estamos funcionando en el mercado como ocurre con los zapatos, vestuario o con el resto de la producción. Estamos hablando de las ideas; de cómo se transmiten y cómo aseguramos el pluralismo.

Respecto de la transnacionalización de los medios, tampoco el proyecto soluciona el problema. El artículo es insuficiente; no basta. Establece que el presidente y su representante legal sean chilenos que esté constituido en Chile con domicilio en el país. ¿Y la propiedad? La propiedad puede ser ciento por ciento extranjera y eso no está regulado. En Europa se regula; no puede ser más allá del 20 ó 30 por ciento; nunca sobre el 50 por ciento. Aquí puede ser el ciento por ciento.

Esta es una iniciativa demasiado importante como para que se despache con debilidades y autoengaños.

También tenemos el problema de la promoción, punto sobre el cual no se dice nada en este proyecto, en circunstancias de que es una función pública. El Estado tiene la obligación de asegurar que haya esta pluralidad de medios que expresan el conjunto de la sociedad y toda su diversidad. Eso significa subvenciones del Estado, directas o indirectas, fondos públicos, créditos blandos, exención de impuestos, fondos para que investiguen los periodistas, etcétera.

Si el derecho de la libertad es lo básico de la democracia, lo coherente y honesto es crear condiciones efectivas. Y apostar a la libertad, es apostar a crear las condiciones para ejercerla.

He dicho.

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

Para concluir la discusión del proyecto, tiene la palabra el señor Aníbal Pérez .

Después de su intervención, procederemos a su votación.

El señor PÉREZ (don Aníbal).-

Señor Presidente, quiero reafirmar lo que se ha dicho anteriormente: la tremenda importancia del proyecto para el sistema democrático, que todos estamos empeñados en construir. Nadie puede poner en duda que la libertad de opinión y de información son elementos esenciales para una democracia real, participativa y moderna.

El articulado de esta iniciativa acoge la opinión mayoritaria, en el sentido de que no es conveniente crear un área de exclusividad profesional a los periodistas para ejercer las funciones de opinar e informar, por cuanto es un derecho constitucional que se otorga a todas las personas. En consecuencia, el proyecto ha optado por dar preferencia a la profesión periodista para realizar su labor informativa.

Otro aspecto importante es el secreto profesional como derecho legal de los periodistas. Se establecen dos obligaciones sobre la materia. En primer lugar, no revelar, pública ni privadamente, el contenido de la información obtenida bajo el secreto profesional. En segundo lugar, el secreto profesional como derecho y obligación del periodista ante los procedimientos judiciales.

El otro aspecto relevante del proyecto, motivo de un interesante debate en la Comisión, dice relación con el pluralismo y la concentración de la propiedad de los medios de comunicación.

Al respecto es bueno señalar que no habrá una verdadera democracia si no existen las condiciones para gozar de una efectiva y plena libertad de expresión, la que sólo puede ser limitada por situaciones muy especiales. Por ejemplo, cuando se atenta contra el honor o la privacidad de las personas, o cuando la seguridad de la nación así lo requiere. Pero para que ocurra esto debemos crear una legislación que impida la concentración de los medios de comunicación y garantice la diversidad y pluralismo político, social y cultural de un país.

Para nadie es un misterio que hoy, en nuestro país se está produciendo una peligrosa concentración de la propiedad de los medios de información. Como consecuencia de lo anterior, el pluralismo, tan necesario para la democracia, de una u otra manera está siendo afectado y puede verse afectado en el futuro.

Observo con preocupación cómo determinados consorcios periodísticos, que pertenecen a destacados grupos económicos, empiezan a copar la propiedad de los diferentes medios de comunicación, prensa escrita, radio o televisión; y por el contrario, también veo cómo poco a poco muchos medios periodísticos desaparecen y pierden importancia en el país, obviamente, estos últimos, con una inspiración política y filosófica distinta de aquellas que detentan las grandes empresas o consorcios periodísticos.

De manera que el proyecto en referencia tema que tocar este tema y establecer normas regulatorias claras para impedir la concentración y garantizar la diversidad informativa y la transparencia en cuanto a quienes son dueños de los medios de comunicación.

En este aspecto, tengo tremendas dudas de si la Ley Antimonopolio podrá ser capaz por sí sola de normar la situación. Digo lo anterior, por cuanto tal normativa está diseñada para resolver problemas en el plaño de los bienes y servicios, y el pluralismo, obviamente, va mucho más allá. En consecuencia, se requiere una disposición especial para reglar este punto.

Por último, quiero referirme a los medios de prensa regionales. Lamentablemente, observo con preocupación que muchos diarios y prensa regionales están desapareciendo, en particular porque los consorcios nacionales compiten deslealmente con los medios de prensa locales al incluir en su programación informativos regionales, que también expresan la opinión de las regiones. El proyecto también se preocupa de este tema, en el sentido de que el Estado debe preocuparse de promover la existencia de una prensa regional, activa, dinámica, que sea la expresión de las actividades culturales de la zona.

Desde esa perspectiva, la bancada socialista apoyará este importante proyecto.

He dicho.

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Ministro señor Brunner .

El señor BRUNNER (Ministro Secretario General de Gobierno).-

Señor Presidente, haré algunas breves reflexiones sobre los puntos de vista expresados en este interesante debate, que muestra que en lo básico hay un importante acuerdo en tomo a este proyecto.

En primer lugar, quiero hacer un comentario respecto de la intervención del Diputado señor Viera-Gallo referente a la sobreabundancia de profesionales periodistas, que es un argumento esgrimido en muchas oportunidades. Al respecto, él mismo señaló que, en un sistema que tiene una gran cantidad de universidades, tanto públicas como privadas, que hoy ofrecen carreras de periodismo, lo fundamental es garantizar que exista un efectivo sistema de acreditación de todas las carreras que se imparten, no sólo de periodismo.

Actualmente, esta materia está legislada en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Existe un órgano público de carácter independiente, el Consejo Superior de Educación, que, precisamente, vela por la calidad y los estándares mínimos exigibles a cualquiera carrera profesional.

El Gobierno ha estado interesado en perfeccionar esa legislación con el objeto de hacer más exigentes las condiciones para la creación y el funcionamiento de las distintas carreras profesionales; y esperamos que en el transcurso de la próxima semana esta materia sea abordada.

En todo caso, no existen en Chile antecedentes empíricos de ninguna naturaleza que, en este mercado laboral o en cualquier otro, muestren que efectivamente se haya producido una sobreabundancia o saturación por de la oferta de nuevos profesionales.

De hecho, hoy Chile tiene, en promedio, un número de 19 jóvenes del grupo de edad inscritos en sus universidades en las distintas carreras, cuando los países desarrollados tienen todos de 30 hacia arriba; los países del sudeste asiáticos, una cifra semejante, de 25 por cada 100 jóvenes, y en América Latina Argentina, Venezuela, Uruguay y Costa Rica la proporción es muchísimo más alta que en nuestro país.

De modo que resultaría completamente extraño pretender introducir algún tipo de control, una suerte de limitación en la formación de profesionales. En todas partes del mundo, cualquiera que sea el régimen económico o político imperante, la mayor parte de las matrículas tiende a concentrarse en carreras ligadas al sector terciario de la economía, es decir: educación, periodismo, trabajo social, sociología, comunicaciones, etcétera. Desde ese punto de vista, en Chile no hay nada que pueda sorprender. Lo único que importa es perfeccionar el al régimen de acreditación de las carreras universitarias.

En cuanto a los medios regionales, que aquí se han mencionado en varias oportunidades, quiero informar a la Honorable Cámara que la semana pasada, en Viña del Mar, bajo el patrocinio de la Federación de Medios de Comunicación y del Ministerio Secretaría General de Gobierno, se realizó un seminario para tratar el tema del futuro de los medios regionales en el país, con participación de más de 10G representantes de radios, diarios, revistas y canales de televisión regional.

En esa oportunidad se señalaron posibles alternativas para proteger el desarrollo de estos medios, algunas de las cuales tienen que nacer del interior de los propios medios innovaciones tecnológicas nuevas formas de alianza, etcétera, otras desde el exterior, y en ello el Estado puede jugar un papel en términos de crear condiciones adecuadas de competencia en las distintas regiones y en buscar alguna forma de otorgar créditos especiales subsidiados para los medios regionales.

El Gobierno está dispuesto a enfrentar esa discusión y a perfeccionar el fondo que hoy existe en la Corfo para otorgar créditos especiales a los medios regionales, de modo que puedan estudiar su propia reconversión y modernización tecnológica.

Por último, en la materia más polémica, la propiedad, la concentración de la propiedad y su relación con el pluralismo, hay básicamente tres modelos a través de los cuales los países han enfrentado el problema.

El más usual en América Latina: no hacer nada como ha ocurrido hasta ahora en Chile, no tener ninguna disposición que regule estos temas, lo cual ha llevado a una tendencia relativamente fuerte de concentración en los mercados.

Una segunda alternativa ha sido la empleada fundamentalmente por los países de la Unión Europea, consistente en fijar, a través de reglamentaciones muy detalladas, cierta limitación o cuotas de participación en la propiedad de los medios en los mercados.

Debo decir que, de acuerdo con la experiencia de los últimos años, todas esas reglamentaciones han fracasado de la manera más lamentable. Hoy en Europa existe una gran conformación de conglomerados multimedios, que en todos los países, incluidos aquéllos con políticas de mayor intervención en los mercados, controlan cuotas significativas y tienen posiciones dominantes, tanto en la televisión como en la prensa y en la radio. Evidentemente, estas reglamentaciones son fáciles de escabullir. Exigencias de orden económico y tecnológico las han llevado a crear unidades económicas de mayor escala.

La tercera modalidad para enfrentar esta situación es la que se está intentando en diversos países y que también se ha acogido en este proyecto, que es aplicar el régimen antimonopólico general de la economía en los medios de comunicación.

En este sentido el proyecto de ley contiene una norma especialísima, que no existe para ningún otro sector económico del país: cualquier cambio en la propiedad de un medio de comunicación, debe ser informado a la Comisión Antimonopólica para que intervenga si existe riesgo de concentración excesiva o de control monopólico de algún segmento del mercado.

Este es un avance notable respecto de la actual situación, donde no hay ninguna norma que regule la materia, y permitiría, con algún perfeccionamiento que todavía se puede introducir en el proyecto, refrenar las tendencias naturales existentes en este sector industrial hacia la constitución de unidades económicas de mayor escala.

De modo que acojo el conjunto eje las sugerencias que se han hecho en esta Sala para seguir su discusión en la Comisión.

Esta iniciativa garantiza de una manera seria y amplia las libertades de expresión, de opinión y de información. Creo que se resuelven de manera imaginativa los problemas más fundamentales, de orden industrial, que existen en el sector, y con esto podremos crear un marco para ampliar las libertades democráticas esenciales relacionadas con la libertad de expresión.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Cerrado el debate.

En conformidad al artículo 85 del Reglamento se inserta el siguiente discurso.

El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente:

1°. Quiero resaltar el trabajo realizado por la Comisión y la importante labor del Ministerio Secretaría General de Gobierno en este proyecto.

2°. Creo que en la Comisión, podemos y debemos continuar trabajando en la perfección de este proyecto, pues a mi juicio aún debemos avanzar más en los siguientes temas:

1) Refuerzo de la libertad de información y del Derecho, a Informar, lo cual debe ir aparejado de la responsabilidad efectiva de quienes informan.

2) El problema-desafío del pluralismo.

El pluralismo es de la esencia de la democracia. En otros términos, sin pluralismo en los medios creo que no existe democracia y menos voto informado.

El pluralismo es político, cultural y social, en razón de lo cual debemos perfeccionar las garantías al respecto. Insisto, no es sólo lo político, sino que también lo cultural y en ese marco, las idiosincrasias nacionales.

La globalización tiene virtudes y también nuevos desafíos y este cómo mantener pluralismo es uno de ellos.

3) Respecto de la vida privada e íntima de la persona y su familia.

Aquí hay otro tema en el cual debemos perfeccionar la norma. El problema es cómo conciliar las garantías constitucionales del Artículo 19 en sus números 4 y 12 respectivamente:

Creo que la vida privada y familiar es un derecho que requiere garantías de privacidad.

Más aún en una sociedad cada vez más masificada y globalizada, afirmo que la posibilidad de ser persona requiere privacidad y autonomía.

Voto a favor la ley en este trámite y espero que en la Comisión, mediante indicaciones que por mi parte asumo en esta oportunidad, podamos avanzar en los desafíos antes reseñados.

He dicho.

En votación la idea de legislar sobre la libertad de opinión y de información y el ejercicio del periodismo.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Aprobado en general el proyecto.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Álvarez , Allamand , Allende , Arancibia , Ascencio , Aylwin (don Andrés) , Aylwin (doña Mariana) , Balbontín , Bartolucci , Bombal , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa, Dupré , Elgueta , Elizalde , Encina Errázuriz , Escaloña , Estévez , Ferrada , Fuentealba , Gajardo , García (don José) , Girardi , Gutiérrez , Hernández , Huenchumilla , Hurtado, Jara , Jeame , Jürgensen , Karelovic , Kuschel, Leay, León , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longueira , Luksic , Martínez(don Gutenberg) , Melero , Montes, Morales , Moreira , Muñoz , Naranjo , Navarro , Ojeda , Orpis , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Paya, Pérez ( don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prochelle(doña Marina) , Prokurica , Rebolledo (doña Romy), Reyes, Ribera , Rocha , Saa(doña María Antonieta) , Sabag , Silva , Solís , Sota , Tohá , Tuma , Ulloa , Venegas , Viera-Gallo , Vilches , Villegas , Villouta , Walker , Wörner ( doña Martita ),y Zambrano .

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados:

Bayo , Pollarolo ( doña Fanny ).

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En votación los artículos 9, inciso final, 18, 23,40, 47, 48, 49 y 50 y 3o y 4º transitorios, que requieren quorum de ley orgánica constitucional

Si le parece a la Sala, se aprobarán con la misma votación anterior.

Aprobados.

En votación los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39, para cuya aprobación se requiere quorum calificado.

Si le parece a la Sala, se aprobarán con la misma votación anterior.

Aprobados.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a Comisión para su segundo informe.

El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:

Al artículo 1°

1. Del señor Bombal para reemplazar al inciso primero, por él siguiente:

"Artículo 1°.- La libertad de emitir opinión y la de informar, constituyen derechos fundamentales de todas las personas. Su ejercicio incluye, por una parte, la más amplia de las libertades intelectuales, consistente en la facultad que tiene toda persona de exteriorizar por cualquier medio y sin coacción lo que piensa y cree y, por la otra, la libertad de acceder a las fuentes de información y de opinión, la libertad de difundir o comunicar lo hallado en tales fuentes o que proviene de ellas y, la libertad de recibir la información, todo ello en atención a que el sujeto titular de tal libertad es la comunidad toda.".

2. De los señores Aylwin y Elgueta para agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:

"Igualmente se reconoce el derecho del conjunto de la sociedad y de todos los sectores, grupos y personas a estar debidamente informados sobre todas las expresiones culturales, sociales o políticas existentes en la sociedad.".

Al artículo 9°

3. De los señores Aylwin y Elgueta para sustituir en el inciso primero los términos "posibilitando la expresión" por las palabras "asegurando la expresión efectiva.".

Al artículo 20°

4. De los señores Aylwin y Elgueta para reemplazar en el inciso primero, la conjunción disyuntiva "o", la tercera vez que aparece en el texto, por una (,), agregando la siguiente oración final "o deliberadamente silenciada con respecto a un hecho u opinión de importancia o trascendencia social".

5. De los señores Aylwin y Elgueta para intercalar en el inciso cuarto, a continuación del vocablo "inexactitudes", la palabra "omisiones", antecedida de una coma (,).

El señor PROKURICA.-

Pido la palabra.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente, ¿hay algún acuerdo para no tratar los proyectos de acuerdo y suprimir Incidentes?

El señor ESTÉVEZ (Presidente).

No, señor Diputado.

Como se prorrogó la sesión debido al homenaje, si la Sala lo estima conveniente, no se tratarán los proyectos de acuerdo y se suprimirá Incidentes.

¿Habría acuerdo?

Varios señores DIPUTADOS.

¡No!

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

No hay acuerdo.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA recaído en el proyecto de ley sobre las libertades de opinión y de información y el ejercicio del periodismo. [1]

Boletín N° 1035-07-2.

__________________________________________________________________

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado por Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

Durante el estudio de esta iniciativa legal, en este trámite reglamentario, concurrieron al seno de vuestra Comisión el Ministro Secretario General de Gobierno, don José Joaquín Brunner; el Subsecretario del Ministerio Secretaría General de Gobierno, don Edgardo Riveros, y el Asesor Jurídico de esa Secretaría de Estado, don Ernesto Galaz.

Para los efectos previstos en el artículo 288 del Reglamento de la Corporación, esto es, respecto de las menciones que debe contener este informe, se hace constar lo siguiente:

1.- De los artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Se encuentran en esta situación los artículos 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 permanentes; 1°, 2° y 3° transitorios.

2°.- De los artículos que deben darse por aprobados reglamentariamente.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 131 del Reglamento de la Corporación, cabe dar por aprobados reglamentariamente los preceptos que no han sido objeto de indicaciones en la discusión del primer informe, ni de modificaciones en el segundo.

Se encuentran en esa situación los preceptos indicados en el número anterior, con la salvedad de los que han sido calificados como normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado, las que por imperativo legal del artículo 30 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, deben aprobarse, en votación particular, primero en general y después en particular, con la mayoría especial requerida en cada caso.

Tales preceptos se individualizan en el párrafo siguiente de este informe.

3° De los artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

Los artículos 9°, inciso final; 18, 23, 40, 47, 48, 49, 50 permanentes y 2° y 3° transitorios, han sido calificados como normas de carácter orgánico constitucional.

Los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 han sido calificados como normas de quórum calificado, en conformidad con lo preceptuado por el artículo 19, N° 12, párrafo primero, de la Constitución, en cuanto dicen relación con los delitos y abusos que se cometen en el ejercicio de las libertades de opinión y de información.

El mismo carácter reviste el nuevo artículo 69, que modifica la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, con arreglo al párrafo sexto del señalado precepto constitucional, en cuanto modifica las atribuciones del referido Consejo.

4° De los artículos suprimidos.

En este trámite reglamentario no se ha suprimido ningún artículo.

5° De los artículos modificados.

En este trámite reglamentario se han modificado los artículos 1°, 2°, 6°, 9°, 17, 20, 22, 28 y 43, en los términos que pasan a expresarse.

Artículo 1º

Fija el contenido de la las libertades de opinión y de información y reafirma el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar y mantener medios de comunicación social.

Este artículo ha sido objeto de dos indicaciones, ambas aprobadas por mayoría de votos.

La primera, junto con resaltar que estas libertades constituyen un derecho fundamental de todas las personas, especifica con mayor precisión cuál es su contenido: libertad de pensamiento, consistente en la facultad de exteriorizar lo que se piensa y cree; libertad de acceder a las fuentes de información y comunicar lo hallado en dichas fuentes, y la libertad de recibir la información.

Recoge la disposición todos los elementos que la doctrina considera inherentes a las libertades de opinión y de información.

La segunda indicación reconoce el derecho de las personas a estar debidamente informadas sobre las distintas expresiones culturales, sociales o políticas existentes en la sociedad, con la finalidad primordial de asegurar el pluralismo informativo y la difusión de las ideas de todos los sectores o grupos sociales de la sociedad, cualquiera sea su poder económico.

Los señores Diputados que han concordado con esta disposición, consideran malo, nefasto para el país, que exista un sector de la comunidad nacional que no pueda expresarse, o que se le silencie, o que sus ideas no tengan acogida en los medios de comunicación social.

Artículo 2º

El artículo original contenía un glosario de definiciones que se consideraban necesarias para la determinación precisa de los derechos y deberes que establece el proyecto en relación con las libertades de información y de opinión, así como para la construcción de las diferentes figuras delictivas que en él se contienen, en aras del principio de la tipicidad.

El que vuestra Comisión aprobara en el primer informe, contempla las definiciones de medio de comunicación social y de diario.

La primera, relativa a los medios aptos, cualquiera que sea el soporte que utilicen, para fijar, almacenar, grabar, reproducir, transmitir, divulgar, difundir o propagar información, datos, sonidos o imágenes dirigidos al público, fue sustituida por otra, con el propósito de distinguir entre el medio físico utilizado para la difusión de la información de la información misma y su contenido, que sí es de responsabilidad de los medios de comunicación social que la generan.

Se aprobó por mayoría de votos.

Artículo 6º

Regula el secreto profesional periodístico, equiparándose la situación procesal del periodista con la de otros profesionales, como los abogados y los médicos.

La disposición es aplicable a los periodistas, los directores y editores de medios de comunicación social y a las personas que por su oficio o actividad informativa hayan debido estar presentes, necesariamente, en el momento de recibirse la información confidencial.

Se les permite no revelar sus fuentes personales de información ni las fuentes materiales de las que pudiere deducirse la identidad de las personas que han facilitado la información confidencial.

Se hizo presente durante la discusión que la actual redacción sólo garantizaba el secreto profesional periodístico respecto de la información confidencial, entregada “off the record”, con lo cual, en la práctica, éste se consagra como un derecho relativo, distinto al que se establece respecto de otros profesionales universitarios.

Al mismo tiempo, se resaltó que en ninguna parte se excluía a los periodistas, directores o editores de la obligación de declarar como testigos, precisamente por estar amparados por el secreto profesional.

Con el objeto de resolver ambas situaciones, se aprobó, por mayoría de votos, una indicación sustitutiva, redactada sobre la base del texto anterior, en la cual se elimina la expresión “confidenciales”” y se hace aplicable a estas personas la disposición del número 2° del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal, con lo cual se les libera de la obligación de declarar como testigos. [2]

Por último, se aclara que las normas anteriores no regirán tratándose de informaciones relativas a los delitos contemplados en las leyes sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y conductas terroristas.

Se aprobó por mayoría de votos.

Artículo 9º

Establece una serie de normas de carácter programático destinadas a orientar las decisiones de las autoridades de la administración central, descentralizada, regional y municipal, con el fin de promover un mayor equilibrio, diversidad y pluralismo informativo, así como la libre competencia entre ellos.

Junto con lo anterior, se fijan normas sobre la utilización y reparto de los recursos destinados a avisos, llamados a concursos, propuestas y publicidad.

El inciso final impone a los los gobiernos regionales la obligación de estimular la realización, difusión y edición de programas, suplementos y espacios destinados a fomentar los valores regionales.

Este artículo fue objeto de dos indicaciones, aprobadas ambas por mayoría de votos.

La primera, para sustituir en el inciso primero la expresión “posibilitando la expresión” de las distintas corrientes de opinión, por “asegurando la expresión efectiva” de las mismas, con lo cual se busca fortalecer la obligación del Estado de garantizar el pluralismo en el sistema informativo.

La segunda, para agregar tres incisos, con el fin de establecer un mecanismo que permita verificar el cumplimiento de la disposición que tiende a garantizar el pluralismo informativo.

Con ese propósito, se establece que el Estado, a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno, destinará recursos para la realización de estudios sobre el estado y evolución del pluralismo en el sistema informativo, los cuales se asignarán mediante concurso, entre los proyectos presentados por instituciones académicas u otras especializadas en la materia.

Para fijar los términos de referencia del concurso y para adjudicarlo, se constituye un grupo técnico, que preside el Ministro de esa Cartera de Estado, o la persona que él designe, y cuatro expertos en materias comunicacionales.

La designación de éstos corresponde, por partes iguales, al Consejo Asesor de CONICYT y al Instituto de Chile. [3]

Este grupo elabora las bases técnicas o términos de referencia del concurso, organiza el llamado público para la presentación de proyectos y elige los de mayor excelencia.

Completados los estudios, el Ministerio se encarga de su difusión.

Artículo 17

Sanciona la infracción de los requisitos y exigencias establecidos para el funcionamiento de los medios de comunicación social, con multa de dos a ocho unidades tributarias.

Se aprobó indicación para elevar la multa, la que fluctuará entre diez y cincuenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 20

Ubicado en el título relativo al derecho de aclaración y rectificación, regula el derecho contemplado en el artículo 19, Nº 12, párrafo tercero, de la Constitución, que a la letra expresa:

“Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida.”

El derecho indicado, conocido como derecho a réplica, constituye uno de los contenidos diferenciados de las libertades de opinión y de información y, como tal, plantea su propia problemática.

Este artículo y los signados con los números 18 y 19, lo desarrollan en los términos siguientes.

La persona que se sienta ofendida o injustamente aludida por alguna información difundida en un medio de comunicación social dirige una aclaración o rectificación al medio, el que está obligada a difundirla, gratuitamente, aun cuando ella provenga de inserciones o de declaraciones de terceros.

Se limita la extensión de la aclaración o rectificación entre 300 y 1000 palabras, si es un medio escrito, o a dos minutos, si se trata de radio o televisión.

El requerimiento al medio de comunicación social se dirige a su director o a la persona que deba reemplazarla, para lo cual existe un plazo de 20 días, contado desde la fecha de la difusión que lo motive.

La notificación del requerimiento se hace por notario o receptor judicial, sin necesidad de orden judicial.

La aclaración debe publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página y con los mismos caracteres que la información que la provocó. Si se trata de un medio sonoro o televisivo, en el mismo espacio, horario, programa o audición.

En cuanto a su oportunidad, debe hacerse en la primera edición o transmisión que reúna las características indicadas, después de veinticuatro horas de entregada la aclaración.

Si no se hace en esa oportunidad, se presume la negativa a practicarla.

En ese caso, o si existe negativa a hacerlo, la parte afectada tiene derecho a reclamar ante el juez del crimen competente, de acuerdo con el procedimiento establecido.

Si el juez lo acoge, puede aplicar al director del medio una multa. De no cumplirse la orden judicial, éste incurre en el delito de desacato y puede ser sancionado, además, con una nueva multa, sin perjuicio de decretarse la suspensión del medio.

La suspensión no priva al personal del medio del pago de sus remuneraciones.

El plazo para ejercer el derecho a réplica es de 20 días, contado desde la fecha de la emisión y sólo puede ser ejercido por el ofendido; sus familiares en caso de que haya fallecido, o por su representante legal, en caso de enfermedad o ausencia.

Respecto de esta normativa, se formuló indicación para modificar el inciso primero del artículo 20, con el fin de intercalar la oración “o deliberadamente silenciada con respecto a un hecho u opinión de importancia o trascendencia social”.

Dicha indicación fue aprobada, por mayoría de votos, pero como inciso segundo, con la siguiente redacción:

“La misma obligación regirá respecto de la aclaración que presente una persona natural o jurídica que haya sido deliberadamente silenciada con respecto a un hecho u opinión de importancia o trascendencia social”.

La disposición fue objeto de un amplio debate, particularmente sobre sus implicancias constitucionales.

Los Diputados que estuvieron de acuerdo con ella, expresaron que la disposición garantizaba el pluralismo informativo y el derecho de las personas a estar debidamente informadas sobre las distintas expresiones culturales, sociales o políticas existentes en la sociedad, con lo cual se asegura la difusión y el conocimiento de las ideas de todos los sectores o grupos sociales de la sociedad, sin exclusiones indebidas.

Los que expresaron se contrarios a ella, indicaron que ampliaba los casos en los cuales procede el derecho de rectificación o enmienda; que vulneraría el derecho de propiedad, así como la facultad del medio de comunicación social de discriminar lo que para él es noticia y qué no lo es. Además, no existiría, ni constitucional ni legalmente, el deber de los medios de ser pluralistas en su interior. El pluralismo informativo se garantiza mediante la diversidad de medios, criterio que es el que recoge, precisamente, el artículo 9° del proyecto.

Como consecuencia de esta adición, en el inciso cuarto del artículo 22 se ha cambiado la referencia al inciso tercero del artículo 20 por otra a su inciso cuarto.

Este mismo artículo fue objeto de otra indicación, aprobada también por mayoría de votos, a su inciso cuarto, con el objeto de permitir que las personas puedan exigir que se corrijan las “omisiones” que puedan existir en de los datos que sobre ella se encuentren registrados en alguna base de datos computacionales, complementando así el derecho al habeas data.

Artículo 22

Este artículo, que regula la forma en que deberá publicarse el escrito de aclaración o rectificación, fue objeto de una enmienda formal, destinada a reemplazar la referencia al inciso tercero del artículo 20, que se contiene en el artículo 20, por otra al inciso cuarto del mismo precepto.

Es una consecuencia de la adición, en este último artículo, de un inciso segundo nuevo.

Artículo 28

Este artículo sanciona a los que por cualquier medio de comunicación social realicen publicaciones o transmisiones que conciten el odio, la hostilidad o el menosprecio de personas o colectividades.

Fue objeto de una indicación, aprobada por unanimidad, destinada a aumentar la pena, de veinte a cincuenta unidades tributarias, a cincuenta y hasta cien de dichas unidades. Y la que se consagra en caso de reincidencia, de cien a doscientas.

Artículo 43

Ubicado dentro de los delitos cometidos contra las libertades de opinión y de información, sanciona hechos, actos o convenciones que tiendan a impedir la libre competencia.

Se consideran tales los que entraben la producción de informaciones, el transporte, la distribución, la circulación, el avisaje y la comercialización de los medios de comunicación social.

Quienes los ejecuten incurren en la pena establecida en el artículo 1º del decreto ley Nº 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, que es de presidio menor en cualquiera de sus grados (61 días a 5 años).

Para los efectos de la misma disposición legal, se consideran artículos o servicios esenciales los pertinentes a la operación o mantención de los medios de comunicación social. En este caso, la pena se aumenta en un grado.

Se establece, con el fin de informar al público, que cualquier hecho o acto relevante relativo a la modificación o cambio en la propiedad de un medio de comunicación social debe informarse a la respectiva Comisión Preventiva Regional o a la Comisión Preventiva Central, según corresponda, dentro del plazo de 30 días de producido.

Con la misma finalidad, se ha aprobado, por mayoría de votos, una indicación que obliga a las Comisiones Preventivas a llevar un registro público actualizado de los propietarios de medios de comunicación social.

6° De los artículos nuevos introducidos.

En este trámite reglamentario, se han introducido, como artículos nuevos, los signados con los números 69 y 70.

El artículo 69 modifica la ley del Consejo Nacional de Televisión, con el fin de reemplazar la normativa relativa a la franja cultural que puede imponerse a los concesionarios.

La disposición actual señala que el Consejo podrá “establecer que las concesionarias deberán transmitir una hora de programas culturales a la semana, entendiéndose por tales los dedicados a las artes o a las ciencias. Estas transmisiones deberán hacerse en horas de alta audiencia, quedando a criterio de cada concesionaria determinar el día y la hora dentro de dicho horario”.

En sustitución de ese precepto, se propone otro que señala, como atribución del Consejo “Establecer una franja especial de carácter cultural, dentro del período de alta audiencia, para un día específico de todas las semanas, en que los concesionarios deberán transmitir, simultáneamente, programas culturales. Se entiende que tienen este carácter aquellos que están dedicados a las artes o a las ciencias.”

Las innovaciones más importantes están en la simultaneidad de la franja y en la eliminación del tiempo que debe durar, que actualmente no puede ser inferior a una hora.

Se considera que la simultaneidad redundará en una mayor calidad de la programación, al fomentar una sana competencia entre los canales.

Se aprobó por mayoría de votos.

El artículo 70 establece que las organizaciones gremiales que agrupan a los dueños de medios de comunicación y a los periodistas tendrán instancias de regulación de carácter ético respecto de sus afiliados, las que se regirán por sus reglamentos internos. Cualquier ciudadano que se sintiere afectado podrá recurrir antes ellas sin mayor formalidad que la formalización por escrito del requerimiento o denuncia.

Respecto de esta disposición, aprobada por mayoría de votos, se hizo presente que en la actualidad se encuentran derogadas todas las disposiciones legales que facultan a los colegios profesionales para conocer y resolver los conflictos que se promuevan entre profesionales, o entre éstos y sus clientes, como consecuencia del ejercicio de la profesión, como, asimismo, aquellas que les permiten conocer y sancionar las infracciones a la ética profesional.

Tal derogación está expresamente establecida en el artículo 3° del decreto ley N° 3.621, de 1981, que fija normas sobre colegios profesionales.

En virtud del artículo 4° del mencionado texto legal, las personas afectadas por un acto desdoroso, abusivo o contrario a la ética, cometido por un profesional en el ejercicio de su profesión, pueden recurrir a los tribunales de justicia en demanda de la aplicación de las sanciones que actualmente contemplen para estos actos la ley orgánica del colegio respectivo o las normas de ética vigentes.

En la medida que la disposición aprobada pudiera importar una modificación tácita a este último precepto, se manifestó que ella debería ser consultada a la Corte Suprema, por tener el carácter de orgánica constitucional.

En contrario, se expresó que la disposición modificaba el artículo 3° del decreto ley N° 3.621, que no es orgánico constitucional, no el 4°, que sigue subsistente y que, por lo demás, sólo consagra una facultad, de libre ejercicio por las personas afectadas. Además, esa disposición, se refiere a los colegios profesionales y no a las organizaciones gremiales indicadas en la disposición, relativas tanto a los propietarios de los medios de comunicación social como a los profesionales de la información.

Nada impediría, a su juicio, la coexistencia de ambas normas, correspondiendo al afectado resolver el camino a seguir, sea ante la asociación gremial, calidad que hoy invisten los colegios profesionales, o ante los tribunales de justicia.

7° De los artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

8° De las indicaciones rechazadas por la Comisión.

El proyecto fue objeto de diversas indicaciones, de las cuales se rechazaron las siguientes:

1) De la señora Pollarolo, para intercalar en el artículo 10, tras la expresión “país” y el punto (.) que le sigue y antes de las expresiones “Su presidente”, la siguiente oración: “En el caso de personas jurídicas con fines de lucro, la mayoría de los socios deberán ser de nacionalidad chilena y en ningún caso más del 30% del capital social podrá pertenecer directa o indirectamente a personas de nacionalidad extranjera.”

2) De los señores Martínez, don Gutenberg, Luksic y Elgueta, para agregar en el párrafo inicial del artículo 27 la frase siguiente: “Sin perjuicio de las penas aplicables al delito si este se ejecutare;”

3) De los señores Aylwin y Elgueta, y de la señora Pollarolo, para intercalar entre los incisos primero y segundo del artículo 43, el siguiente:

“Se reputarán como hechos de la naturaleza de los sancionados en el inciso precedente:

a) En el ámbito de la prensa escrita, el control de más del 30% del mercado informativo nacional en manos de una persona natural o jurídica, sola o asociada con otras u otras; y el control directo o indirecto por una persona natural o jurídica, sola o asociada con otra u otras, de más del 30% de la distribución de los diarios de información general;

b) El control de más del 15% del mercado informativo general por una sola persona natural o jurídica; o de más del 20% del referido mercado por dos o más personas naturales o jurídicas, asociadas;

c) El dominio de dos o más tipos diversos medios de comunicación social en un mismo mercado, por una persona natural o jurídica, sola o asociada con otra u otras.”

4) Del señor Viera-Gallo, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Las nuevas escuelas universitarias de periodismo podrán adscribirse a un sistema de acreditación por parte de las escuelas de periodismo que tengan más de diez años de existencia, para que certifiquen la calidad de la enseñanza impartida.”

Texto del proyecto de ley aprobado.

En mérito de las consideraciones anteriores y por las que os proporcionará en su oportunidad el señor Diputado Informante, vuestra Comisión os recomienda que prestéis aprobación al siguiente:

Proyecto de ley:

Ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.

Título I

Disposiciones generales

Artículo 1º. La libertad de emitir opinión y la de informar constituyen derechos fundamentales de todas las personas. Su ejercicio incluye, por una parte, la más amplia de las libertades intelectuales, consistente en la facultad que tiene toda persona de exteriorizar por cualquier medio y sin coacción lo que piensa y cree y, por la otra, la libertad de acceder a las fuentes de información y de opinión, la libertad de difundir o comunicar lo hallado en tales fuentes o que proviene de ellas, y la libertad de recibir la información. [4]

Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las que señalan esta ley, o la respectiva legislación especial, en el caso de las emisoras de radiodifusión sonora o televisiva.

Igualmente, se reconoce el derecho de las personas a estar debidamente informados sobre las distintas expresiones culturales, sociales o políticas existentes en la sociedad. [5]

Artículo 2°.- Para todos los efectos legales se entenderá por medio de comunicación social: Los medios aptos para (fijar, almacenar, grabar, reproducir,) [6] transmitir, divulgar, difundir o propagar información, palabras, datos, sonidos, imágenes u otros signos dirigidos o destinados al público, tales como los diarios, revistas y periódicos; los servicios informativos; las editoras; las agencias de noticias; las emisoras de radiodifusión sonora o televisiva; la cinematografía; los impresos; los sistemas electrónicos que emitan señales u ondas; los [7] medios radioeléctricos, televisivos, (electrónicos,) [8] magnéticos, ópticos, de sonido, de sonidos sincronizados con imágenes, químicos o mecánicos, (y sus respectivos soportes o fijaciones; los bancos de datos o las redes computacionales;) [9] u otros medios que reúnan dichas características, y que cumplan con los demás requisitos establecidos en esta ley.

Se entenderá por diario toda publicación periódica que habitualmente se edite a lo menos cuatro días en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos en esta ley.

Artículo 3º. Son periodistas las personas que estén en posesión del título profesional universitario de periodista válido legalmente en Chile y aquellas reconocidas como tales en virtud de una ley anterior.

Los corresponsales extranjeros acreditados en Chile podrán ejercer las funciones de periodista y se regirán por las disposiciones de esta ley.

Artículo 4º. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1° y de las atribuciones propias de los medios en materia de contratación y administración, son funciones que corresponden preferentemente a la profesión periodística las de reportear, elaborar y editar habitualmente noticias, informaciones, notas, crónicas, reportajes, pautas y libretos informativos, que se utilicen o difundan en los medios de comunicación social.

Artículo 5º. Es obligación de los propietarios o concesionarios de todo medio de comunicación social mantener un registro público actualizado de las personas que, no siendo periodistas ejerzan, en forma permanente o periódicamente, funciones informativas en el respectivo medio o servicio. A estas personas, mientras ejerzan tales funciones, deberá proporcionárseles una credencial que acredite estas circunstancias.

Toda inscripción o caducidad en los mencionados registros deberá ponerse en conocimiento de las asociaciones representativas de los periodistas en el plazo de 30 días, contado desde la fecha en que una persona comenzó a cumplir las referidas funciones o desde que dejó de ejercerlas.

Artículo 6º. Los periodistas, directores y editores de medios de comunicación social, cuando sean citados a declarar, a propósito de las informaciones (confidenciales) [10] que obtengan o reciban en el desempeño de su profesión o función, no estarán obligados a revelar sus fuentes personales de información ni las fuentes materiales de las que pudiere deducirse quienes son las personas que han facilitado aquella información, ni aun tratándose de delitos (, salvo los contemplados en las leyes que sancionan el tráfico de estupefacientes o sustancias psicotrópicas y las conductas terroristas).[11] Regirá para ellos la disposición del inciso segundo del artículo 171 del Código de Procedimiento Penal y en los que les sea aplicable el número 2° del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal. [12]

Se aplicará también esta norma a las personas que por su oficio o actividad informativa hayan debido estar necesariamente presentes en el momento de recibirse la información confidencial.

No regirá lo dispuesto en el este artículo tratándose de informaciones relativas a los delitos contemplados en las leyes que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y las conductas terroristas. [13]

Artículo 7º. Ningún periodista puede ser obligado a que sus trabajos se presenten identificados con su nombre, cara o voz, como autor, cuando ellos hubieren sido alterados substancialmente por el director o el editor sin su consentimiento. La infracción reiterada de esta disposición, entendiéndose por tal la que ocurra a lo menos dos veces en el lapso de un mes, dará derecho al periodista a poner término a su contrato en las condiciones establecidas en la ley laboral para el caso de incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte del empleador.

Artículo 8°. Gozarán del derecho preferente del artículo 4° los alumnos de los dos últimos años del plan de estudios de las escuelas universitarias de periodismo, cuando estén obligados a realizar prácticas profesionales exigidas por dichos planteles, dentro de los plazos señalados por éstos, y los egresados de las mismas, dentro de los dieciocho meses siguientes a la fecha de su egreso, siempre que no los afecte la inhabilidad señalada en el artículo 44 de este cuerpo legal.

Artículo 9°. El Estado tiene la obligación de garantizar el pluralismo en el sistema informativo, para lo cual habrá de favorecer la coexistencia de diversidad de medios de comunicación social y la libre competencia entre ellos, asegurando la expresión efectiva [14] de las distintas corrientes de opinión, así como la variedad social, cultural y económica de las regiones.

Con el objeto de verificar la garantía señalada en el inciso anterior, el Estado, a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno, destinará anualmente recursos para la realización de estudios sobre el estado y evolución del pluralismo en el sistema informativo. Estos recursos se asignarán, mediante concurso, entre los proyectos presentados por instituciones académicas u otras especializadas en dicha materia.

Para fijar los términos de referencia del concurso y su adjudicación, se constituirá, cada año, un grupo técnico presidido por el Ministro Secretario General de Gobierno, o la persona que él designe, e integrado por cuatro expertos en materias comunicacionales, designados, respectivamente, dos por el Consejo Asesor de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y dos por el Instituto de Chile. Corresponderá a este grupo elaborar las bases técnicas del concurso; organizar el llamado público para la presentación de proyectos y, previo su análisis, elegir aquellos de mayor excelencia que serán financiados.

Completados los estudios, el Ministerio Secretaría General de Gobierno promoverá su más amplia difusión. [15]

Las autoridades pertinentes procurarán que, a lo menos en parte, los fondos que establecen los presupuestos del Estado, de sus organismos y empresas, y de las municipalidades, destinados a avisos, llamados a concursos, propuestas y publicidad, que tengan una clara identificación regional, provincial o comunal, sean destinados a efectuar la correspondiente publicación o difusión en medios de comunicación social regionales, provinciales o comunales.

Para dar cumplimiento a su función de fomentar las expresiones culturales, de cautelar el patrimonio histórico, artístico y cultural de la región, incluidos los monumentos nacionales, y de velar por la protección y el desarrollo de las etnias originarias, los gobiernos regionales estimularán la realización, difusión o edición de programas, suplementos y espacios destinados a servir tales propósitos, procurando que ellos sean publicados o difundidos, preferentemente, en medios de comunicación social de las provincias y comunas pertenecientes a la respectiva región.

Título II

De las formalidades de funcionamiento de los medios de comunicación social.

Artículo 10. El propietario de un medio de comunicación social y el titular de una concesión o permiso de un servicio de radiodifusión sonora, cuando se trate de una persona natural, deberá ser chileno, tener domicilio en el país y no estar procesado ni haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva. Tratándose de personas jurídicas de derecho público o privado, deberán estar constituidas en Chile y tener domicilio en el país. Su presidente, gerente, administradores y representantes legales deberán ser chilenos y no estar procesados ni haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva.

En el domicilio de los medios de comunicación social deberá existir, a disposición de cualquier persona que lo solicite, el nombre e individualización completa de la o las personas naturales o jurídicas propietarias del medio de que se trata, con indicación precisa del porcentaje, monto y modalidades de su participación en la propiedad o en el capital de la empresa, todo esto debidamente actualizado.

Artículo 11. Los medios de comunicación social deben tener un director responsable y una persona, a lo menos, que lo reemplace.

El director y quienes lo reemplacen deberán ser mayores de edad, tener domicilio y residencia en el país, ser personas que no tengan fuero por disposición constitucional, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y no haber sido condenados en los dos últimos años como reincidentes en delitos penados por esta ley.

Artículo 12. Para iniciar el funcionamiento de un medio de comunicación social, deberá cumplirse con las exigencias de los artículos anteriores.

Para la televisión y la radiodifusión se aplicarán, en su caso, las normas establecidas en las leyes sobre telecomunicaciones y del Consejo Nacional de Televisión.

Tratándose de los medios de comunicación social escritos, la iniciación de actividades se hará mediante una presentación firmada ante notario al Intendente Regional que corresponda al domicilio del medio, debiendo adjuntarse copia de ella al Director de la Biblioteca Nacional, en la que se indique lo siguiente:

a) El título del diario, revista o periódico e indicación de los períodos que mediarán entre un número y otro;

b) El nombre completo, profesión, domicilio y cédula nacional de identidad del propietario, si fuere persona natural, o de las personas que tienen la representación legal de la sociedad, si se tratare de una persona jurídica;

c) El nombre completo, domicilio y cédula de identidad del director y de la o las personas que deben substituirlo, con indicación del orden de precedencia en que ellas deben asumir su reemplazo;

d) La ubicación de sus oficinas principales, y

e) Los antecedentes a que se refiere el inciso segundo del artículo 10.

Cualquier cambio que se produzca respecto a las anteriores enunciaciones, será objeto de una nueva declaración hecha en la forma antes establecida y presentada dentro de los cinco días siguientes al cambio producido.

El Director de la Biblioteca Nacional deberá llevar un registro actualizado de los medios escritos de comunicación social existentes en el país, con indicación de los antecedentes señalados en el inciso primero.

Artículo 13. En la primera página o en la página editorial o en la última y en lugar destacado de todo diario, revista o escrito periódico, y al iniciarse y al finalizar las transmisiones diarias de toda emisora de radiodifusión sonora o televisiva, se indicarán el nombre y el domicilio del propietario o concesionario, en su caso, o del representante legal, si se tratare de una persona jurídica. Las mismas menciones deberán hacerse respecto del director responsable.

Artículo 14. Toda persona que tenga a su cargo cualquier tipo de establecimiento impresor, deberá poner un pie de imprenta en cada uno de los ejemplares que publique, el cual deberá especificar el nombre de éstos, el lugar y la fecha de la impresión.

Igual obligación tendrán las personas que tengan a su cargo establecimientos de grabación sonora o de producción audiovisual o de difusión televisiva o cinematográfica.

Artículo 15. Todo responsable de un establecimiento impresor enviará, de los impresos que publique y al tiempo de su publicación, dieciocho ejemplares a la Biblioteca Nacional.

Para el solo efecto de lo establecido en el inciso anterior, se entenderá por impreso toda reproducción del pensamiento humano por medio de la imprenta, o de discos, cintas magnetofónicas, mimeógrafos, material fílmico o audiovisual u otros procedimientos similares, que estén destinados a ofrecerse al público.

Cuando un trabajo de impresión se efectúe en parte en un taller y en parte en otro, será el editor quien deberá cumplir con la obligación indicada en el inciso primero.

Los importadores de alguno de los materiales señalados en este artículo, destinados a circular en el país, deberán enviar dos ejemplares de cada uno de esos títulos u obras a la Biblioteca Nacional, cuando el conjunto internado sea igual o superior a mil anuales.

Los impresos que se envíen a la Biblioteca Nacional serán distribuidos conforme con el reglamento.

Artículo 16. Las estaciones de radiodifusión, las de televisión de libre recepción y las de recepción limitada respecto de sus programas de origen nacional, estarán obligadas a dejar copia o cinta magnetofónica y a conservarla durante 30 días, de toda transmisión de noticias, entrevistas, charlas, comentarios, conferencias, disertaciones, editoriales o discursos.

Artículo 17. La infracción de cualquiera de los requisitos y exigencias señalados en las disposiciones precedentes de este título se sancionará con multa de diez a cincuenta [16] unidades tributarias mensuales.

Del pago de tales multas, en lo que fuere pertinente, aplicadas al director, será solidariamente responsable el propietario o concesionario del medio.

En caso de infracción de los artículos 10, 11 y 12, el tribunal dispondrá, además, la suspensión del medio hasta tanto no se les dé cumplimiento.

Artículo 18.- El conocimiento y fallo de estas causas corresponderá al juez del crimen correspondiente al domicilio del medio de comunicación social.

Artículo 19. La responsabilidad por las infracciones previstas en este título prescribirá en seis meses, contados desde su comisión.

Título III

Del derecho de aclaración y de rectificación.

Artículo 20. Todo medio de comunicación social estará obligado a difundir gratuitamente, de acuerdo con lo que establece el artículo 19, Nº 12, párrafo tercero, de la Constitución Política, la aclaración o la rectificación que le sea dirigida por cualquiera persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por alguna información emitida a través de él.

La misma obligación regirá respecto de la aclaración que presente una persona natural o jurídica que haya sido deliberadamente silenciada con respecto a un hecho u opinión de importancia o trascendencia social. [17]

Lo anterior regirá aun cuando la información que la motiva provenga de una inserción o de declaraciones de terceros. En este caso, el medio podrá cobrar el costo en que haya incurrido por la aclaración o la rectificación a quien haya ordenado la inserción o efectuado la declaración que la motivó.

Las aclaraciones y las rectificaciones deberán circunscribirse, en todo caso, al objeto de la información que las motiva y no podrán tener una extensión superior a la de ésta; pero el director del medio no podrá exigir que aquéllas tengan menos de trescientas palabras, ni el afectado que tenga más de mil. En el caso de la radiodifusión sonora o televisiva, el límite máximo no podrá exceder de dos minutos.

Toda persona tiene derecho a que se corrijan las inexactitudes, omisiones [18] y falsedades de los datos que sobre ella se encuentren registradas en alguna base de datos computacionales, pública o privada, acreditando tal circunstancia a través de medios probatorios suficientes y, hecha la rectificación, a que se le otorgue una certificación en que conste la enmienda. Corregida la información, el administrador o responsable del archivo o base de datos computacional la comunicará a la mayor brevedad a quienes el interesado señale y, en su caso, a aquél que la proporcionó originalmente o sirvió de fuente de la información enmendada.

El administrador o responsable de un archivo de datos que no haya aceptado la corrección solicitada por la persona que se sintiera afectada, podrá ser requerido judicialmente a través del procedimiento establecido en el artículo 23, pudiendo ser obligado a efectuar la rectificación, enmienda o complementación por sentencia judicial, y a indemnizar los perjuicios que hubiere causado.

Artículo 21. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62 de esta ley, todo interesado podrá, a su costa, solicitar directamente de las emisoras de radiodifusión sonora o televisual la entrega de las copias o cintas a que se refiere el artículo 16, las que el medio requerido deberá poner a disposición del peticionario dentro de tercero día.

El requerimiento al medio de comunicación social en que se solicite que se publique o emita una aclaración o una rectificación, deberá dirigirse a su director, o a la persona que deba reemplazarlo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 12, inciso tercero, letra c), dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha de la difusión que las motive.

Los notarios y los receptores judiciales estarán obligados a notificar el requerimiento al director del medio de comunicación social en que hubiere aparecido o se hubiere difundido la información objeto de la aclaración o rectificación, o a quien deba reemplazarlo, a simple solicitud del interesado. La notificación se hará por medio de una cédula que contendrá íntegramente el texto de la respuesta, la que será entregada al director o a la persona que lo reemplace.

Artículo 22. El escrito de aclaración o de rectificación deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página y con los mismos caracteres que la información que los haya provocado.

En el caso de emisoras de radiodifusión sonora o televisiva, la aclaración o la rectificación deberán difundirse en el mismo espacio, horario, programa o audición y con las mismas características de la transmisión que las haya motivado. Si, por cualquiera razón, dicho programa o audición hubiere dejado de transmitirse, la difusión se hará en el mismo día y horario en que aquélla se efectuaba, precedida de una explicación sobre este hecho, emanada de la dirección responsable del medio. Lo anterior regirá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31.

La difusión destinada a rectificar o aclarar se hará, a más tardar, en la primera edición o transmisión que reúna las características indicadas y que se efectúe después de las veinticuatro horas siguientes a la entrega de los originales que la contengan. Si se tratare de una publicación que no aparezca todos los días, la aclaración o la rectificación deberán entregarse con setenta y dos horas de anticipación, por lo menos.

El director del medio de comunicación social no podrá negarse a difundir la aclaración o la rectificación, salvo que ellas no se ajusten a las exigencias del inciso cuarto [19] del artículo 20. Se presumirá su negativa si no difundiere la aclaración o la rectificación en el plazo señalado en el inciso anterior.

Si el medio hiciere nuevos comentarios a la aclaración o a la rectificación, el afectado tendrá derecho a réplica según las reglas anteriores. En todo caso, tales comentarios deberán hacerse en forma tal, que se distingan claramente de dicha aclaración o rectificación.

Artículo 23. La reclamación por las infracciones de los artículos anteriores deberá hacerse al juez del crimen competente, acompañada de los medios de prueba que le sirvan de fundamento.

Artículo 24.- La reclamación será notificada al director o a la persona que lo reemplace y al representante legal del medio, por cédula que contendrá copia íntegra de ella y su proveído. Serán lugares hábiles para practicar esta notificación los domicilios que se hubieren señalado en conformidad con lo dispuesto en las letras b) y c) del inciso tercero del artículo 12.

El tribunal concederá a los emplazados tres días para responder. Vencido este término, hayan o no hayan contestado, resolverá sin más trámite y en forma fundada.

El tribunal, en la resolución que ordene publicar la aclaración o la rectificación, podrá aplicar al director una multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales. Esta resolución será apelable en el solo efecto devolutivo y el recurso será visto de preferencia sin esperar la comparecencia de las partes.

El director que desobedeciere la orden de publicar la aclaración o la rectificación, será sancionado como autor del delito de desacato con la pena del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil y, además, con una nueva multa de doce a veinte unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de decretarse la suspensión inmediata e indefinida del medio de que se trate. Estas últimas serán impuestas de inmediato por el tribunal.

El propietario del órgano en que deba efectuarse la publicación o el concesionario de la estación radiodifusora o televisiva, podrá solicitar se alce la suspensión decretada por el juez, comprometiéndose a insertar o difundir la respuesta en la primera edición o transmisión próximas. Si alzada dicha medida no se insertare o difundiere la respuesta, el tribunal decretará la suspensión inmediata del medio, la que cesará de pleno derecho cuando se produzca la referida publicación.

Cuando por aplicación de las disposiciones de este artículo un medio de comunicación social fuere suspendido temporalmente, su personal percibirá, durante el lapso de la suspensión, todas las remuneraciones a que legal o contractualmente tuviere derecho, en las mismas condiciones como si estuviere en funciones.

Artículo 25.- Toda persona tiene derecho a exigir que los antecedentes, datos o relación de hechos propios de su intimidad o privacidad, amparados por el artículo 19, N° 4°, de la Constitución Política del Estado, sean excluidos de un archivo de datos cuya finalidad sea transferirlos o difundirlos por cualquier medio, a menos que su inclusión tenga un fundamento legal.

Artículo 26. El derecho a que se refiere este título prescribirá dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha de la emisión. Sólo podrá ser ejercido por la persona ofendida o injustamente aludida; por sus familiares, en caso de fallecimiento de ésta, o por su representante, en caso de enfermedad o ausencia.

Para todos los efectos relativos a esta ley, se entenderá por "familia" o "familiares" de una persona el cónyuge, los parientes en la línea recta por consanguinidad o afinidad legítima, los padres e hijos naturales y la descendencia legítima de éstos, los hijos ilegítimos reconocidos y los colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad legítimas.

Título IV

De los delitos.

Párrafo 1º

De los delitos cometidos a través de un medio de comunicación social

Artículo 27. El que a través de algún medio de comunicación social induzca directamente a la comisión de crímenes o simples delitos, será castigado con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 28. El que, por cualquier medio de comunicación social realizare publicaciones o transmisiones que conciten el odio, la hostilidad o el menosprecio respecto de personas o colectividades en razón de su raza, religión o nacionalidad, será penado con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias mensuales. [20]

Artículo 29. La atribución de hechos, noticias o documentos substancialmente falsos, o supuestos, o alterados en forma esencial, o imputados inexactamente a una persona, a través de algún medio de comunicación social, será sancionada con multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales cuando ocasionare grave daño a la seguridad, el orden, la administración, la salud o la economía públicos.

La misma sanción se aplicará cuando la difusión de tales contenidos fuere lesiva a la dignidad, el crédito, la reputación o los intereses de personas naturales y sus familiares o de personas jurídicas.

Artículo 30. En los casos del artículo 29, la rectificación completa y oportuna en el mismo medio de comunicación social será causal extintiva de la responsabilidad penal.

Respecto de la responsabilidad civil, el juez deberá considerar dicha rectificación al resolver sobre la apreciación del daño.

Se entenderá completa y oportuna la rectificación que admita sin reticencias la falsedad de los hechos, noticias o documentos divulgados y que sea hecha antes de la audiencia a que se refieren los artículos 554 y 574 del Código de Procedimiento Penal; o aquella que se efectúe en el formato y oportunidades indicados en el inciso tercero del artículo 22.

La rectificación misma deberá efectuarse con idénticas características a las que hubiere tenido la difusión de las falsedades y le será igualmente aplicable lo prescrito en el inciso final del artículo anteriormente citado.

Artículo 31. El medio de comunicación social que a sabiendas publicare documentos oficiales que tuvieren carácter secreto por disposición de la ley, será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales. Si esta difusión causare alguno de los daños a que se refiere el artículo 29, la multa será de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 32. Los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, serán sancionados con las penas corporales señaladas en los artículos 413; 418, inciso primero, y 419 del Código Penal, y con multas de veinte a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales en los casos del Nº 1 del artículo 413 y del artículo 418; de veinte a cien unidades tributarias mensuales en el caso del Nº 2 del artículo 413 y de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales en el caso del artículo 419.

Artículo 33. Al inculpado de haber causado injuria por algún medio de comunicación social, no le será admitida prueba sobre la verdad de sus expresiones sino cuando hubiere imputado hechos determinados y concurrieren también una o más de las circunstancias siguientes:

a) Que la imputación se produjere con motivo de defender un interés público real.

b) Que el afectado ejerciere funciones públicas y la imputación se refiriere a hechos propios concernientes a tal ejercicio.

c) Que la imputación aludiere a directores o administradores de empresas comerciales, industriales o financieras, que solicitaren públicamente capitales o créditos y versare sobre hechos relativos a su desempeño en tales calidades, o sobre el estado de los negocios de las empresas en cuestión.

d) Que la imputación se dirigiere contra algún testigo en razón de la deposición que hubiere prestado, o de ministros de un culto permitido en la República sobre hechos concernientes al desempeño de su ministerio.

En estos casos, si se probare la verdad de la imputación, el acusado será sobreseído definitivamente o absuelto de la acusación.

No constituirán injurias las apreciaciones que se formularen en artículos de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica o deportiva, salvo que su tenor pusiere de manifiesto el propósito de injuriar, además del de criticar.

Artículo 34. La imputación, a través de un medio de comunicación social, de un hecho o acto falso relativos a la vida privada y pública y a la honra de una persona y de su familia, o que les cause injustificadamente daño o descrédito, será sancionada con la pena de multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de reiteración o de reincidencia.

Al inculpado se le admitirá prueba de verdad de la imputación, a menos que ella constituya por sí misma el delito de injurias a particulares, en los siguientes casos:

a) Si acreditare que el hecho verdadero imputado, aunque perteneciente a la vida privada, posee real importancia respecto del desempeño correcto y eficaz de la función pública, o de la profesión u oficio del afectado, o de alguna actividad de significativa relevancia para la comunidad, o

b) Si el ofendido exigiere prueba de verdad de la imputación contra él dirigida, siempre que dicha prueba no afectare el honor o los legítimos secretos de terceros.

En los casos de las letras a) y b) del inciso anterior, probada la verdad de la imputación, el inculpado quedará exento de pena.

Artículo 35. Será sancionado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y con multa de cien a doscientas unidades tributarias mensuales el que maliciosamente captare palabras o imágenes de otra persona, no destinadas a la publicidad. El que las difundiere, sin el consentimiento del afectado, produciendo a su respecto daño o descrédito, será sancionado con presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

Artículo 36. La difusión de noticias o informaciones emanadas de juicios, procesos o gestiones judiciales pendientes o afinados, no podrá invocarse como eximente o atenuante de responsabilidad civil o penal, si con dicha difusión se cometiere alguno de los delitos sancionados en los artículos 32, 34, 35 y 38.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior las publicaciones jurídicas de carácter especializado, las que no darán lugar a responsabilidad civil ni penal por la difusión de noticias o informaciones de procesos o gestiones judiciales.

Artículo 37. Se prohíbe la divulgación, por cualquier medio de comunicación social, de la identidad de menores de dieciocho años que sean autores, cómplices, encubridores o víctimas de delitos, o de cualquier otro antecedente que, directa o indirectamente, conduzca a ella. La infracción de este artículo será sancionada con multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 38. El que cometiere el delito de ultraje público a las buenas costumbres, a través de algún medio de comunicación social, será castigado con prisión en su grado medio a reclusión menor en su grado mínimo y multa de dos a ochenta unidades tributarias mensuales.

Se considerará en especial que comete ultraje público a las buenas costumbres y será castigado con las penas establecidas en el inciso anterior:

a) El que internare, y el que públicamente vendiere, distribuyere, exhibiere, pusiere en venta, arrendare, donare, ofreciere o difundiere escritos, impresos o no impresos; figuras, estampas, dibujos, grabados, emblemas, videos, material de cine, fonogramas, discos, casetes, o cualquier objeto o imagen pornográficos o contrarios a las buenas costumbres. Si la venta, arriendo, donación, oferta, distribución, exhibición o difusión fueren dirigidos a menores de dieciocho años, serán punibles, aunque no se efectúen públicamente.

La distribución a domicilio de los escritos u objetos enumerados será castigada también con la misma pena; pero el simple hecho de entregarlos al correo o a alguna empresa de transporte o distribución sólo será pesquisable cuando la entrega se hiciere bajo faja o en sobre abierto, y, en todo caso, después de llegar a poder del consignatario.

b) El que profiriere o publicare, a través de cualquier medio de difusión expresiones, hechos, acciones, avisos o correspondencia pornográficos o contrarios a las buenas costumbres.

c) El impresor, editor o productor de medios de difusión, en cuyo taller o estudio se imprimiere o multiplicare material de contenido pornográfico o atentatorio contra la moral o las buenas costumbres.

El editor, el impresor o el productor sólo podrán excusar su responsabilidad probando que los hechos indicados precedentemente han sido ordenados o realizados sin su conocimiento o autorización.

Artículo 39. El ultraje público a las buenas costumbres, en cualquiera de las formas enunciadas en el artículo anterior, cuyo objeto sea la perversión de menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de diez a ciento sesenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 40. Los tribunales sólo podrán suspender la divulgación de informaciones por cualquier medio de comunicación social, en juicios penales en estado de sumario, cuando existan antecedentes inequívocos y revestidos de seriedad de que la divulgación pueda entorpecer gravemente el éxito de la investigación, o atentar contra la seguridad del Estado o contra la garantía constitucional señalada en el artículo 19, N° 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de la República. Quien infrinja dicha suspensión será sancionado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.

La suspensión deberá ser ordenada en resolución fundada y motivada, por un plazo no superior a veinte días, pudiendo recaer sobre la totalidad de las actuaciones del proceso o sólo sobre alguna o algunas de ellas. En todo caso, el tribunal deberá decretar el inmediato término de la medida si dejan de existir las circunstancias que la originaron.

La suspensión regirá desde el momento en que el juez lo determine en su resolución, la que será publicada, en extracto redactado por el secretario del tribunal, gratuitamente en el Diario Oficial y, además, en uno o más diarios y en una o más emisoras de radiodifusión sonora y televisiva que el juez determine, del lugar en que se siguiere la causa o de la cabecera de la provincia o de la capital de la región, si allí no los hubiere. La no publicación de la mencionada resolución, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, será sancionada como delito de desacato con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.

La resolución que ordene la suspensión será apelable en el solo efecto devolutivo y no procederá a su respecto la orden de no innovar. El recurso podrá interponerse por las partes, por los medios afectados o por cualquier persona capaz de parecer en juicio. Deducida la apelación, el tribunal deberá pronunciarse sobre su procedencia dentro de las veinticuatro horas siguientes y elevará los antecedentes de inmediato al tribunal de alzada respectivo. El recurso gozará de preferencia, debiendo verse, en todo caso, el día hábil siguiente de ingresado a la Corte respectiva, en tabla agregada. Sin perjuicio de este recurso, en cualquier momento, las partes, los medios afectados o cualquier persona podrán pedir la revocación de la suspensión. La resolución que recaiga en ella será apelable en los mismos términos.

Artículo 41. Los medios de comunicación social se eximirán de responsabilidad penal respecto de la publicación de las opiniones vertidas por los parlamentarios en los casos señalados en el inciso primero del artículo 58 de la Constitución Política, demostrando su exacta conformidad con lo por ellos expresado.

Tampoco dará lugar a acción penal la difusión de las alegaciones producidas ante los tribunales de justicia.

Párrafo 2º

De los delitos cometidos contra las libertades de opinión y de información.

Artículo 42. La persona que desempeñando funciones públicas impidiere arbitrariamente la libre y legítima publicación de opiniones o informaciones a través de cualquier medio de comunicación social, fuera de los casos previstos por la Constitución o la ley, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 43. En razón de los propósitos del decreto ley Nº 211, de 1973, se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones, que tienden a impedir la libre competencia, los que entraben la producción de informaciones, el transporte, la distribución, la circulación, el avisaje y la comercialización de los medios de comunicación. Quienes los ejecuten o celebren incurrirán en la pena establecida en el artículo 1º, inciso primero, de ese cuerpo legal.

Para los efectos del inciso segundo del artículo 1º de ese decreto ley, se reputarán artículos o servicios esenciales los pertinentes a la operación o mantención de los medios de comunicación social.

Cualquier hecho o acto relevante relativo a la modificación o cambio en la propiedad de un medio de comunicación social deberá ser informado a la respectiva Comisión Preventiva Regional o a la Comisión Preventiva Central, según corresponda, dentro de treinta días de ejecutado.

Para los efectos de lo previsto en este artículo, se aplicarán los procedimientos y sanciones contemplados en dicho decreto ley, con la salvedad de los procesos criminales a que pueda dar lugar, respecto de los cuales regirá lo dispuesto en la letra b) del artículo 52.

Dentro de sus respectivos territorios jurisdiccionales, las Comisiones Preventivas deberán llevar un registro público actualizado de los propietarios de medios de comunicación social. [21]

Título V

De la responsabilidad y del procedimiento.

Artículo 44. La responsabilidad penal por los delitos cometidos en razón del ejercicio abusivo de las libertades de emitir opinión y de informar, a través de algún medio de comunicación social, se determinará según las reglas generales del Código Penal y el inciso segundo del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal.

Se considerará también autores, tratándose de los medios de comunicación social, al director o a quien legalmente lo reemplace al efectuarse la difusión.

Quedarán exentas de responsabilidad penal las personas señaladas en el inciso anterior, cuando acrediten que no hubo culpa de su parte en la difusión delictuosa.

Artículo 45. La acción civil para obtener la indemnización de daños y perjuicios derivada de delitos penados en esta ley se regirá por las reglas generales.

La comisión de los delitos señalados en los artículos 29, 32 y 34 dará derecho a indemnización por el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral.

Si la acción civil fuere ejercida por el ofendido, no podrán ejercerla sus familiares. Si sólo la ejercieren éstos, deberán obrar conjuntamente y constituir un solo mandatario.

El tribunal fijará la cuantía de la indemnización tomando en cuenta los antecedentes que resultaren del proceso sobre la efectividad y gravedad del daño sufrido, las facultades económicas del ofensor, la calidad de las personas, las circunstancias del hecho y las consecuencias de la imputación, difusión o amenaza para el ofendido. En estos casos la prueba se apreciará en conciencia. Todo ello será sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31.

No regirá en estos casos lo dispuesto en el artículo 2331 del Código Civil.

Artículo 46. Si las conductas a que se refieren los artículos 32 y 34 consistieren en la imputación de la comisión de un delito, no habrá lugar a indemnización cuando se probare tal comisión por sentencia ejecutoriada.

Tampoco habrá lugar a acción civil de perjuicios cuando, tratándose de una noticia falsa, en los términos expresados en el artículo 29, el medio de comunicación se limitare a reproducir noticias, informaciones o declaraciones que provinieren de una fuente que, a juicio del tribunal, sea razonablemente confiable o idónea respecto de la materia de que se trate, o que se difundiere en programas, secciones o espacios determinados, transmitidos en directo y abiertos al público, respecto de los cuales se señalare expresamente que lo allí difundido no compromete al medio de comunicación social.

Artículo 47. La justicia ordinaria será siempre competente para conocer de los delitos de cualquier especie, cometidos a través de un medio de comunicación social con motivo del ejercicio de las libertades de opinión e información, así como de las acciones civiles derivadas de aquéllos.

La competencia a que se refiere el inciso anterior no se alterará en razón de la conexidad a que se refiere el artículo 165 del Código Orgánico de Tribunales, ni por la aplicación de las normas sobre concurso ni en virtud del fuero que goce alguna de las partes, el afectado o sus responsables criminal o civilmente, ni por motivo sobreviniente alguno.

Artículo 48. Sin embargo, las causas mencionadas en el inciso primero del artículo anterior, que versen sobre delitos previstos y sancionados en el Código de Justicia Militar o en la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, cometidos exclusivamente por militares, serán de la competencia de los tribunales militares. En tales procesos no se aplicarán, en caso alguno, las normas de extensión establecidas en los artículos 168 y 169 del Código Orgánico de Tribunales, 11 del Código de Justicia Militar e incisos cuarto y quinto del artículo 26 de la ley sobre Seguridad del Estado.

Si en tales causas alguno de los delitos indicados en el inciso precedente o algún delito con ellos conexo hubiere sido cometido conjunta o separadamente por civiles y militares, se juzgará a todos ellos en un solo proceso, cuyo conocimiento corresponderá, en primera instancia, a un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva y, en segunda instancia, a la Corte con excepción de ese ministro; si el tribunal de segunda instancia constare de más de una Sala, conocerá de estas causas la que corresponda, previo sorteo. Esta regla de competencia prevalecerá sobre toda otra.

Artículo 49. Si con motivo de la comisión de distintos delitos y a consecuencia de la aplicación de las reglas establecidas en los artículos precedentes, un mismo agente militar resultare inculpado o procesado en causas substanciadas coetáneamente por la justicia ordinaria y la militar, preferirán las medidas o diligencias decretadas por esta última a las ordenadas por aquélla.

Los tribunales deberán remitirse recíprocamente copias de los autos de procesamiento y de las resoluciones que se dictaren en sus respectivas causas, las que deberán agregarse a los autos.

El tribunal que dictare el último fallo no podrá considerar circunstancias modificatorias de la responsabilidad criminal que, de estar acumulados los procesos, no se hubieren podido tomar en cuenta.

El procesado podrá solicitar del tribunal superior común, dentro del plazo de un año, a contar de la fecha del último fallo, la unificación de las penas cuando ello lo beneficiare.

Artículo 50. De las causas relativas a los delitos previstos y sancionados en el Título IV, así como de las mencionadas en el inciso primero del artículo 47, conocerá el juez del crimen competente según las reglas generales. Sin embargo, cuando se trate de delitos contemplados en la ley No.12.927, sobre Seguridad del Estado, se aplicará siempre la disposición del inciso primero del artículo 26 de dicho cuerpo legal.

Artículo 51. En la tramitación de las causas referentes a los delitos previstos y sancionados en el Título IV, se aplicará el procedimiento sobre faltas del Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Penal, con la sola excepción de los artículos 551, 569, 563 y 568 de dicho cuerpo legal.

Artículo 52. Sin embargo, se seguirá la tramitación establecida en el Libro Segundo del Código de Procedimiento Penal en los casos siguientes:

a) En las causas relativas a los delitos establecidos en los artículos 31 y 35.

b) En los procesos criminales indicados en el artículo 43, pero con las modificaciones contenidas en el título V del decreto ley N° 211, de 1973.

c) En las causas indicadas en el inciso primero del artículo 47, relativas a delitos no sancionados en el Título IV.

Artículo 53. Sin perjuicio de las reglas de los artículos precedentes, regirá la tramitación establecida en el Título VI de la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, en los casos siguientes:

a) Cuando alguna de las causas señaladas en el primer inciso del artículo 47 verse acerca de delitos de la ley de Seguridad del Estado.

b) En el caso contemplado en el inciso segundo del artículo 48.

Artículo 54. Las causas señaladas en el inciso primero del artículo 48, atinentes a delitos del Código de Justicia Militar, se tramitarán según el procedimiento establecido en el Título II del Libro Segundo del Código de Justicia Militar.

Artículo 55. No obstante las disposiciones de los artículos precedentes, los juicios por los delitos de calumnia e injuria, cuando se perpetraren a través de algún medio de comunicación social, se tramitarán en conformidad con el procedimiento establecido en el Título II del Libro Tercero del Código de Procedimiento Penal.

Artículo 56. En todo caso, en los procedimientos señalados en los artículos 51, 52, 53, 54 y 55, cuando las causas versen sobre crímenes o simples delitos, habrá lugar a los recursos de casación, en la forma y en el fondo, y de revisión, conforme con las reglas generales.

Artículo 57. Habrá acción pública para perseguir los delitos penados en esta ley, con excepción de los contemplados en los artículos 29, inciso segundo; 32, 33 y 34, cuyas acciones sólo podrán ser ejercidas por el personalmente ofendido o por sus familiares, en caso de su fallecimiento, enfermedad o ausencia.

Artículo 58. Durante el período probatorio o en la audiencia de prueba, según corresponda, las partes podrán solicitar del tribunal un informe pericial sobre aspectos técnicos de la función periodística que, a su juicio, resulten indispensables para el mejor acierto del fallo. El perito será designado conforme con las normas generales del procedimiento civil o penal, según el caso, y deberá tener una experiencia de trabajo de, a lo menos, diez años en medios de comunicación social.

Las asociaciones gremiales o corporaciones que agrupen a periodistas o a medios de comunicación social podrán proponer a las Cortes de Apelaciones listas de personas idóneas para ejercer como peritos, de acuerdo con lo señalado en este artículo.

Artículo 59. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal, el juez podrá ordenar que se recojan no más de cuatro de los ejemplares o copias que presumiblemente haya servido para cometer alguno de los delitos contemplados en esta ley.

Esta medida podrá hacerse extensiva a todos los ejemplares o copias de la publicación presuntamente abusiva, si se tratare de los delitos contemplados en los artículos 27 y 38.

En la sentencia condenatoria, podrá ordenarse, en todo caso, el comiso o la destrucción total o parcial de los impresos o de las grabaciones sonoras o audiovisuales de cualquier tipo, por medio de las cuales se haya cometido el delito. La sentencia condenatoria por delito de ultraje público a las buenas costumbres ordenará necesariamente dicha destrucción.

Artículo 60. Si la pena aplicada conforme con esta ley fuere sólo de multa, el hecho delictivo será considerado simple delito para todos los efectos legales.

Artículo 61. Tanto la acción penal como la civil provenientes de los delitos previstos en los artículos 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37 y 38 prescribirán en el plazo de seis meses, contado desde la fecha en que hubiere comenzado la difusión abusiva.

Si la difusión se hubiere realizado inicialmente sólo en el extranjero, los plazos de prescripción señalados en el inciso anterior empezarán a correr desde la fecha de su difusión en el territorio nacional.

Respecto de los demás delitos considerados en esta ley, el plazo de prescripción de la acción penal será el que corresponda según lo preceptuado en el artículo 94 del Código Penal y el de la acción civil el señalado en el artículo 2332 del Código Civil, los que comenzarán a correr desde el día de la perpetración del hecho delictivo.

El ejercicio de la acción penal, en cualquiera de sus formas, interrumpirá la prescripción de la acción civil, la que comenzará nuevamente a correr una vez ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio criminal.

Artículo 62. El tribunal del crimen competente, a petición del interesado, motivada en la posible comisión de un delito y a su costa, podrá requerir, de las emisoras de radiodifusión sonora y televisiva, el envío de las copias o cintas a que se refiere el artículo 16, para ponerlas a disposición del solicitante. Dicho envío deberá efectuarse dentro de tercero día de notificada al director responsable o a quien lo reemplace la resolución que acoja la petición.

Artículo 63. Siempre que alguno de los ofendidos lo exigiere, el tribunal de la causa ordenará la difusión, en extracto redactado por el secretario del tribunal, de la sentencia condenatoria recaída en un proceso por alguno de los delitos a que se refiere el párrafo 1º del Título IV, en el medio de comunicación social en que se hubiere cometido la infracción. Tratándose de otros medios de difusión, la publicación se hará en aquél que el juez determine, a costa del ofensor.

El director que desobedeciere dicha orden será sancionado con una multa de seis a diez ingresos mínimos. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal ordenará apercibir, tanto al director como al propietario o concesionario del medio o a quien los represente, para que se efectúe la difusión en la edición o transmisión que el juez determine. Si tal apercibimiento no fuere atendido, el tribunal decretará la suspensión indefinida del medio, la que cesará sólo cuando se produzca la publicación.

Disposiciones varias.

Artículo 64.- Agrégase en el artículo 18 de la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, el siguiente inciso:

“Ninguna persona natural o jurídica que participe en la propiedad de un servicio de televisión de libre recepción podrá participar en la propiedad de otro de igual naturaleza que cubra la misma zona de servicio.”

Artículo 65. Derógase el número 1 del artículo 158 del Código Penal.

Artículo 66. Introdúcense en la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase el artículo 17 por el siguiente:

"Artículo 17.- La responsabilidad penal por los delitos previstos y sancionados en esta ley, cometidos por medio de la prensa escrita, se determinará según las reglas generales del Código Penal y el inciso segundo del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal.

Se considerará también autores al director o a quien legalmente lo reemplace al efectuarse la difusión.

b) Reemplázase el artículo 18 por el siguiente:

"Artículo 18.- Quedarán exentas de responsabilidad penal las personas señaladas en el inciso segundo del artículo precedente cuando acrediten que no hubo culpa de su parte en la difusión delictuosa.

Tratándose de impresiones clandestinas, el impresor o la persona que tuviere a su cargo la imprenta, litografía o taller impresor, responderán en todo caso."

c) Reemplázase el artículo 19 por el siguiente:

"Artículo 19.- La determinación de la responsabilidad por los delitos penados en esta ley, cometidos por medio de la radiodifusión o de la televisión, se sujetará a las reglas señaladas en los artículos 17 y 18, inciso primero."

Artículo 67.- Cuando el Estado otorgue una concesión radial o televisiva en atención a las características especiales del concesionario, éste sólo podrá enajenarla previa autorización de la autoridad respectiva, a menos que el adquirente sea una institución que reúna las mismas características del concesionario que vende.

Artículo 68. Derógase la ley Nº 16.643, sobre Abusos de Publicidad, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1° transitorio.

Artículo 69.- Reemplázase la letra l) del artículo 12 de la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, por la siguiente:

“l) Establecer una franja especial de carácter cultural, dentro del período de alta audiencia, para un día específico de todas las semanas, en que los concesionarios deberán transmitir, simultáneamente, programas culturales. Se entiende que tienen este carácter aquellos que están dedicados a las artes o a las ciencias.”

Artículo 70.- Las organizaciones gremiales que agrupan a los dueños de medios de comunicación y a los periodistas tendrán instancias de regulación de carácter ético respecto de sus afiliados, las que se regirán por sus reglamentos internos. Cualquier ciudadano que se sintiere afectado podrá recurrir antes ellas sin mayor formalidad que la formalización por escrito del requerimiento o denuncia. [22]

Artículos transitorios.

Artículo 1°.- Mientras no se dicte una disposición legal expresa sobre las materias a que se refieren los incisos segundo y tercero del artículo 3º y los artículos 49, 51 y 52, todos de la ley Nº 16.643, continuarán vigentes las mencionadas disposiciones.

La norma del primer inciso del artículo 15 de esta ley se aplicará a todos los impresos.

Artículo 2º. Los jueces militares y las Cortes Marciales, dentro de los quince días siguientes a la publicación de esta ley, deberán remitir a la Corte de Apelaciones respectiva los procesos pendientes sobre delitos cometidos con ocasión del ejercicio de las libertades de opinión e información y que, en virtud de los artículos 47 y 48, inciso segundo, pasen a ser de la competencia de los tribunales ordinarios. La Corte de Apelaciones distribuirá tales causas según las reglas establecidas en los párrafos 5° y 7° del Título VII y artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales, según corresponda.

Si el proceso se encontrare sometido al conocimiento de la Corte Suprema, el plazo establecido en el inciso anterior comenzará a correr desde que la causa sea recibida por el juez militar o la Corte Marcial, según sea el caso.

Artículo 3°. Para la vista y fallo de las causas indicadas en el inciso primero del artículo 46 y segundo del artículo 47, que a la fecha de su entrada en vigencia se encuentren pendientes ante la Corte Suprema, regirá lo prescripto en los artículos 93 y 99 del Código Orgánico de Tribunales."

Continúa de Diputado Informante el señor Zarko Luksic Sandoval.

Sala de la Comisión, a 9 de agosto de 1995.

Acordado en sesiones de fechas 20 de junio, 18 de julio y 9 de agosto de 1995, con la asistencia de los diputados señores Chadwick (Presidente), Aylwin, Bombal, Cardemil, Cornejo, Elgueta, Espina, Ferrada, Luksic, Martínez, don Gutenberg, y Pérez, don Aníbal; señora Pollarolo; señor VieraGallo y señora Wörner.

Adrián Álvarez Álvarez

Secretario de la Comisión

?SEGUNDO INFORME, COMPLEMENTARIO, DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA recaído en el proyecto de ley sobre las libertades de opinión y de información y el ejercicio del periodismo. [1]

Boletín N° 1035-07-3.

_________________________________________________________

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a emitir un segundo informe, complementario del anterior, sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado por Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

Durante el estudio de esta iniciativa legal, en este trámite complementario, concurrieron al seno de vuestra Comisión el Ministro Secretario General de Gobierno, don José Joaquín Brunner; el Subsecretario del Ministerio Secretaría General de Gobierno, don Edgardo Riveros, y el Asesor Jurídico de esa Secretaría de Estado, don Ernesto Galaz.

La decisión de enviar el proyecto a la Comisión para que emitiera un informe complementario, fue adoptada por la Corporación en su sesión 33a., en martes 5 de septiembre de 1995.

Con el objeto de evacuar el cometido que le fuera asignado, vuestra Comisión acordó efectuar una revisión técnica de los artículos 1°, 2°, 9°, 17, 26 y 70, manteniéndose el resto en los mismos términos que se consignan en el segundo informe.

Por razones meramente prácticas, este informe recoge, en todas sus partes, complementándolo en algunos aspectos específicos, el contenido del evacuado en el segundo trámite reglamentario, inserto en el boletín N° 1035072, el que, por la razón indicada, no requiere ser consultado para tener una visión global de esta iniciativa legal.

Para los efectos previstos en el artículo 288 del Reglamento de la Corporación, se hace constar lo siguiente:

1.- De los artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Se encuentran en esta situación los artículos 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, (26) [2] 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 permanentes; 1°, 2° y 3° transitorios.

2°.- De los artículos que deben darse por aprobados reglamentariamente.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 131 del Reglamento de la Corporación, cabe dar por aprobados reglamentariamente los preceptos que no han sido objeto de indicaciones en la discusión del primer informe, ni de modificaciones en el segundo.

Se encuentran en esa situación los preceptos indicados en el número anterior, con la salvedad de los que han sido calificados como normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado, las que por imperativo legal del artículo 30 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, deben aprobarse, en votación particular, primero en general y después en particular, con la mayoría especial requerida en cada caso.

Tales preceptos se individualizan en el párrafo siguiente de este informe.

3° De los artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

Los artículos 9°, inciso final; 18, 23, 40, 47, 48, 49, 50 permanentes y 2° y 3° transitorios, han sido calificados como normas de carácter orgánico constitucional.

Los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 han sido calificados como normas de quórum calificado, en conformidad con lo preceptuado por el artículo 19, N° 12, párrafo primero, de la Constitución, en cuanto dicen relación con los delitos y abusos que se cometen en el ejercicio de las libertades de opinión y de información.

El mismo carácter reviste el nuevo artículo 69, que modifica la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, con arreglo al párrafo sexto del señalado precepto constitucional, en cuanto modifica las atribuciones del referido Consejo.

4° De los artículos suprimidos.

En este trámite reglamentario no se ha suprimido ningún artículo.

5° De los artículos modificados.

Han sido objeto de modificaciones los artículos 1°, 2°, 6°, 9°, 17, 20, 22, 26, 28 y 43.

Artículo 1º

Fija el contenido de la las libertades de opinión y de información y reafirma el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar y mantener medios de comunicación social.

Este artículo ha sido objeto de tres indicaciones.

La primera, junto con resaltar que estas libertades constituyen un derecho fundamental de todas las personas, especifica con mayor precisión cuál es su contenido: libertad de pensamiento, consistente en la facultad de exteriorizar lo que se piensa y cree; libertad de acceder a las fuentes de información y comunicar lo hallado en dichas fuentes, y la libertad de recibir la información.

Recoge la disposición todos los elementos que la doctrina considera inherentes a las libertades de opinión y de información.

La segunda indicación reconoce el derecho de las personas a estar debidamente informadas sobre las distintas expresiones culturales, sociales o políticas existentes en la sociedad, con la finalidad primordial de asegurar el pluralismo informativo y la difusión de las ideas de todos los sectores o grupos sociales de la sociedad, cualquiera sea su poder económico.

Los señores Diputados que han concordado con esta disposición, consideran malo, nefasto para el país, que exista un sector de la comunidad nacional que no pueda expresarse, o que se le silencie, o que sus ideas no tengan acogida en los medios de comunicación social.

La tercera indicación, introducida durante la discusión del proyecto en este trámite complementario, tiene por finalidad agregar un inciso final del siguiente tenor:

“Toda persona tiene derecho a informarse libremente en las fuentes públicas y en las fuentes privadas que por propia voluntad se hayan hecho accesibles a todos. Este derecho tendrá las solas restricciones que se funden en las normas de reserva legalmente vigentes.”

Las dos primeras indicaciones fueron aprobadas por mayoría. La última, por unanimidad.

Artículo 2º

El artículo original contenía un glosario de definiciones que se consideraban necesarias para la determinación precisa de los derechos y deberes que establece el proyecto en relación con las libertades de información y de opinión, así como para la construcción de las diferentes figuras delictivas que en él se contienen, en aras del principio de la tipicidad.

El que vuestra Comisión aprobara en el primer informe, contempla las definiciones de medio de comunicación social y de diario.

La primera, relativa a los medios aptos, cualquiera que sea el soporte que utilicen, para fijar, almacenar, grabar, reproducir, transmitir, divulgar, difundir o propagar información, datos, sonidos o imágenes dirigidos al público, fue sustituida por otra, con el propósito de distinguir entre el medio físico utilizado para la difusión de la información de la información misma y su contenido, que sí es de responsabilidad de los medios de comunicación social que la generan.

Al mismo tiempo, en este trámite complementario, se clarificó que la transmisión, divulgación, difusión o propagación de la información debe ser en forma estable y periódica y que los sistemas electrónicos que emitan señales u ondas deben estar abiertos al público.

Se aprobó por mayoría de votos.

Artículo 6º

Regula el secreto profesional periodístico, equiparándose la situación procesal del periodista con la de otros profesionales, como los abogados y los médicos.

La disposición es aplicable a los periodistas, los directores y editores de medios de comunicación social y a las personas que por su oficio o actividad informativa hayan debido estar presentes, necesariamente, en el momento de recibirse la información confidencial.

Se les permite no revelar sus fuentes personales de información ni las fuentes materiales de las que pudiere deducirse la identidad de las personas que han facilitado la información confidencial.

Se hizo presente durante la discusión que la actual redacción sólo garantizaba el secreto profesional periodístico respecto de la información confidencial, entregada “off the record”, con lo cual, en la práctica, éste se consagra como un derecho relativo, distinto al que se establece respecto de otros profesionales universitarios.

Al mismo tiempo, se resaltó que en ninguna parte se excluía a los periodistas, directores o editores de la obligación de declarar como testigos, precisamente por estar amparados por el secreto profesional.

Con el objeto de resolver ambas situaciones, se aprobó, por mayoría de votos, una indicación sustitutiva, redactada sobre la base del texto anterior, en la cual se elimina la expresión “confidenciales”” y se hace aplicable a estas personas la disposición del número 2° del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal, con lo cual se les libera de la obligación de declarar como testigos. [3]

Por último, se aclara que las normas anteriores no regirán tratándose de informaciones relativas a los delitos contemplados en las leyes sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y conductas terroristas.

Se aprobó por mayoría de votos.

Artículo 9º

Establece una serie de normas de carácter programático destinadas a orientar las decisiones de las autoridades de la administración central, descentralizada, regional y municipal, con el fin de promover un mayor equilibrio, diversidad y pluralismo informativo, así como la libre competencia entre ellos.

Junto con lo anterior, se fijan normas sobre la utilización y reparto de los recursos destinados a avisos, llamados a concursos, propuestas y publicidad.

El inciso final impone a los los gobiernos regionales la obligación de estimular la realización, difusión y edición de programas, suplementos y espacios destinados a fomentar los valores regionales.

Este artículo fue objeto, tanto en el segundo trámite reglamentario como en este complementario, de diversas indicaciones, aprobadas todas por mayoría de votos.

La primera, para sustituir en el inciso primero la expresión “posibilitando la expresión” de las distintas corrientes de opinión, por “asegurando la expresión efectiva” de las mismas, con lo cual se busca fortalecer la obligación del Estado de garantizar el pluralismo en el sistema informativo.

La segunda, para agregar tres incisos, con el fin de establecer un mecanismo que permita verificar el cumplimiento de la disposición que tiende a garantizar el pluralismo informativo.

Con ese propósito, se establece que el Estado, a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno, destinará recursos para la realización de estudios sobre el estado y evolución del pluralismo en el sistema informativo, los cuales se asignarán mediante concurso, entre los proyectos presentados por instituciones académicas u otras especializadas en la materia.

Para fijar los términos de referencia del concurso y para adjudicarlo, se constituye un grupo técnico, que preside el Ministro de esa Cartera de Estado, o la persona que él designe, y cuatro expertos en materias comunicacionales.

La designación de éstos corresponde, por partes iguales, al Consejo Superior de Ciencias del FONDECYT y al Instituto de Chile. [4]

Este grupo elabora las bases técnicas o términos de referencia del concurso, organiza el llamado público para la presentación de proyectos y elige los de mayor excelencia.

Completados los estudios, el Ministerio se encarga de su difusión.

La tercera, reemplaza en el inciso quinto la expresión “procurarán” por “dispondrán”, por estimarse que con la redacción actual la norma era simplemente programática y no imperativa.

Este inciso obliga a las autoridades pertinentes a disponer que, a lo menos en parte, los fondos que establecen los presupuestos del Estado, de sus organismos y empresas, y de las municipalidades, destinados a avisos, llamados a concursos, propuestas o publicidad, con clara identificación regional, provincial o comunal, se utilicen en medios de comunicación social existentes en las localidades respectivas.

La cuarta, que sustituye el inciso final, permite que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional pueda contemplar recursos para financiar la realización, difusión o edición de programas, suplementos y espacios de alto nivel cultural o de interés regional, para ser publicados o difundidos por medios de comunicación social regionales o locales.

Artículo 17

Sanciona la infracción de los requisitos y exigencias establecidos para el funcionamiento de los medios de comunicación social, con multa de dos a ocho unidades tributarias.

Se aprobó, por unanimidad, indicación para elevar la multa, la que fluctuará entre dos y cincuenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 20

Ubicado en el título relativo al derecho de aclaración y rectificación, regula el derecho contemplado en el artículo 19, Nº 12, párrafo tercero, de la Constitución, que a la letra expresa:

“Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida.”

El derecho indicado, conocido como derecho a réplica, constituye uno de los contenidos diferenciados de las libertades de opinión y de información y, como tal, plantea su propia problemática.

Este artículo y los signados con los números 18 y 19, lo desarrollan en los términos siguientes.

La persona que se sienta ofendida o injustamente aludida por alguna información difundida en un medio de comunicación social dirige una aclaración o rectificación al medio, el que está obligada a difundirla, gratuitamente, aun cuando ella provenga de inserciones o de declaraciones de terceros.

Se limita la extensión de la aclaración o rectificación entre 300 y 1000 palabras, si es un medio escrito, o a dos minutos, si se trata de radio o televisión.

El requerimiento al medio de comunicación social se dirige a su director o a la persona que deba reemplazarla, para lo cual existe un plazo de 20 días, contado desde la fecha de la difusión que lo motive.

La notificación del requerimiento se hace por notario o receptor judicial, sin necesidad de orden judicial.

La aclaración debe publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página y con los mismos caracteres que la información que la provocó. Si se trata de un medio sonoro o televisivo, en el mismo espacio, horario, programa o audición.

En cuanto a su oportunidad, debe hacerse en la primera edición o transmisión que reúna las características indicadas, después de veinticuatro horas de entregada la aclaración.

Si no se hace en esa oportunidad, se presume la negativa a practicarla.

En ese caso, o si existe negativa a hacerlo, la parte afectada tiene derecho a reclamar ante el juez del crimen competente, de acuerdo con el procedimiento establecido.

Si el juez lo acoge, puede aplicar al director del medio una multa. De no cumplirse la orden judicial, éste incurre en el delito de desacato y puede ser sancionado, además, con una nueva multa, sin perjuicio de decretarse la suspensión del medio.

La suspensión no priva al personal del medio del pago de sus remuneraciones.

El plazo para ejercer el derecho a réplica es de 20 días, contado desde la fecha de la emisión y sólo puede ser ejercido por el ofendido; sus familiares en caso de que haya fallecido, o por su representante legal, en caso de enfermedad o ausencia.

Respecto de esta normativa, se formuló indicación para modificar el inciso primero del artículo 20, con el fin de intercalar la oración “o deliberadamente silenciada con respecto a un hecho u opinión de importancia o trascendencia social”.

Dicha indicación fue aprobada, por mayoría de votos, pero como inciso segundo, con la siguiente redacción:

“La misma obligación regirá respecto de la aclaración que presente una persona natural o jurídica que haya sido deliberadamente silenciada con respecto a un hecho u opinión de importancia o trascendencia social”.

La disposición fue objeto de un amplio debate, particularmente sobre sus implicancias constitucionales.

Los Diputados que estuvieron de acuerdo con ella, expresaron que la disposición garantizaba el pluralismo informativo y el derecho de las personas a estar debidamente informadas sobre las distintas expresiones culturales, sociales o políticas existentes en la sociedad, con lo cual se asegura la difusión y el conocimiento de las ideas de todos los sectores o grupos sociales de la sociedad, sin exclusiones indebidas.

Los que expresaron ser contrarios a ella, indicaron que ampliaba los casos en los cuales procede el derecho de rectificación o enmienda; que vulneraría el derecho de propiedad, así como la facultad del medio de comunicación social de discriminar lo que para él es noticia y qué no lo es. Además, no existiría, ni constitucional ni legalmente, el deber de los medios de ser pluralistas en su interior. El pluralismo informativo se garantiza mediante la diversidad de medios, criterio que es el que recoge, precisamente, el artículo 9° del proyecto.

Como consecuencia de esta adición, en el inciso cuarto del artículo 22 se ha cambiado la referencia al inciso tercero del artículo 20 por otra a su inciso cuarto.

Este mismo artículo fue objeto de otra indicación, aprobada también por mayoría de votos, a su inciso cuarto, con el objeto de permitir que las personas puedan exigir que se corrijan las “omisiones” que puedan existir en de los datos que sobre ella se encuentren registrados en alguna base de datos computacionales, complementando así el derecho al habeas data.

Artículo 22

Este artículo, que regula la forma en que deberá publicarse el escrito de aclaración o rectificación, fue objeto de una enmienda formal, destinada a reemplazar la referencia al inciso tercero del artículo 20, que se contiene en el artículo 20, por otra al inciso cuarto del mismo precepto.

Es una consecuencia de la adición, en este último artículo, de un inciso segundo nuevo.

Artículo 26

Este artículo se refiere a la prescripción del derecho de aclaración y de rectificación y a su ejercicio.

En este trámite complementario ha sido objeto de dos indicaciones, aprobadas ambas por unanimidad.

La primera, para armonizar su texto con el del artículo 20, inciso segundo. Con ese propósito, se agrega la expresión “o deliberadamente silenciada”, después de la palabra “aludida”.

La segunda, para clarificar el concepto de “familiares”, entendiéndose por tales al cónyuge y a los parientes en la línea recta por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de una persona.

Artículo 28

Este artículo sanciona a los que por cualquier medio de comunicación social realicen publicaciones o transmisiones que conciten el odio, la hostilidad o el menosprecio de personas o colectividades.

Fue objeto de una indicación, aprobada por unanimidad, destinada a aumentar la pena, de veinte a cincuenta unidades tributarias, a cincuenta y hasta cien de dichas unidades. Y la que se consagra en caso de reincidencia, de cien a doscientas.

Artículo 43

Ubicado dentro de los delitos cometidos contra las libertades de opinión y de información, sanciona hechos, actos o convenciones que tiendan a impedir la libre competencia.

Se consideran tales los que entraben la producción de informaciones, el transporte, la distribución, la circulación, el avisaje y la comercialización de los medios de comunicación social.

Quienes los ejecuten incurren en la pena establecida en el artículo 1º del decreto ley Nº 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, que es de presidio menor en cualquiera de sus grados (61 días a 5 años).

Para los efectos de la misma disposición legal, se consideran artículos o servicios esenciales los pertinentes a la operación o mantención de los medios de comunicación social. En este caso, la pena se aumenta en un grado.

Se establece, con el fin de informar al público, que cualquier hecho o acto relevante relativo a la modificación o cambio en la propiedad de un medio de comunicación social debe informarse a la respectiva Comisión Preventiva Regional o a la Comisión Preventiva Central, según corresponda, dentro del plazo de 30 días de producido.

Con la misma finalidad, se ha aprobado, por mayoría de votos, una indicación que obliga a las Comisiones Preventivas a llevar un registro público actualizado de los propietarios de medios de comunicación social.

6° De los artículos nuevos introducidos.

En este trámite reglamentario, se han introducido, como artículos nuevos, los signados con los números 69 y 70.

El artículo 69 modifica la ley del Consejo Nacional de Televisión, con el fin de reemplazar la normativa relativa a la franja cultural que puede imponerse a los concesionarios.

La disposición actual señala que el Consejo podrá “establecer que las concesionarias deberán transmitir una hora de programas culturales a la semana, entendiéndose por tales los dedicados a las artes o a las ciencias. Estas transmisiones deberán hacerse en horas de alta audiencia, quedando a criterio de cada concesionaria determinar el día y la hora dentro de dicho horario”.

En sustitución de ese precepto, se propone otro que señala, como atribución del Consejo “Establecer una franja especial de carácter cultural, dentro del período de alta audiencia, para un día específico de todas las semanas, en que los concesionarios deberán transmitir, simultáneamente, programas culturales. Se entiende que tienen este carácter aquellos que están dedicados a las artes o a las ciencias.”

Las innovaciones más importantes están en la simultaneidad de la franja y en la eliminación del tiempo que debe durar, que actualmente no puede ser inferior a una hora.

Se considera que la simultaneidad redundará en una mayor calidad de la programación, al fomentar una sana competencia entre los canales.

Se aprobó por mayoría de votos.

El artículo 70, nuevo, fue objeto en este trámite complementario, de una simple adecuación formal, consistente en el reemplazo de la palabra “formalidad” por “exigencia”.

Establece que las organizaciones gremiales que agrupan a los dueños de medios de comunicación y a los periodistas tendrán instancias de regulación de carácter ético respecto de sus afiliados, las que se regirán por sus reglamentos internos. Cualquier ciudadano que se sintiere afectado podrá recurrir antes ellas sin mayor formalidad que la formalización por escrito del requerimiento o denuncia.

Respecto de esta disposición, aprobada por mayoría de votos, se hizo presente que en la actualidad se encuentran derogadas todas las disposiciones legales que facultan a los colegios profesionales para conocer y resolver los conflictos que se promuevan entre profesionales, o entre éstos y sus clientes, como consecuencia del ejercicio de la profesión, como, asimismo, aquellas que les permiten conocer y sancionar las infracciones a la ética profesional.

Tal derogación está expresamente establecida en el artículo 3° del decreto ley N° 3.621, de 1981, que fija normas sobre colegios profesionales.

En virtud del artículo 4° del mencionado texto legal, las personas afectadas por un acto desdoroso, abusivo o contrario a la ética, cometido por un profesional en el ejercicio de su profesión, pueden recurrir a los tribunales de justicia en demanda de la aplicación de las sanciones que actualmente contemplen para estos actos la ley orgánica del colegio respectivo o las normas de ética vigentes.

En la medida que la disposición aprobada pudiera importar una modificación tácita a este último precepto, se manifestó que ella debería ser consultada a la Corte Suprema, por tener el carácter de orgánica constitucional.

En contrario, se expresó que la disposición modificaba el artículo 3° del decreto ley N° 3.621, que no es orgánico constitucional, no el 4°, que sigue subsistente y que, por lo demás, sólo consagra una facultad, de libre ejercicio por las personas afectadas. Además, esa disposición, se refiere a los colegios profesionales y no a las organizaciones gremiales indicadas en la disposición, relativas tanto a los propietarios de los medios de comunicación social como a los profesionales de la información.

Nada impediría, a su juicio, la coexistencia de ambas normas, correspondiendo al afectado resolver el camino a seguir, sea ante la asociación gremial, calidad que hoy invisten los colegios profesionales, o ante los tribunales de justicia.

7° De los artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

8° De las indicaciones rechazadas por la Comisión.

El proyecto fue objeto de diversas indicaciones, de las cuales se rechazaron las siguientes:

1) De la señora Pollarolo, para intercalar en el artículo 10, tras la expresión “país” y el punto (.) que le sigue y antes de las expresiones “Su presidente”, la siguiente oración: “En el caso de personas jurídicas con fines de lucro, la mayoría de los socios deberán ser de nacionalidad chilena y en ningún caso más del 30% del capital social podrá pertenecer directa o indirectamente a personas de nacionalidad extranjera.”

2) De los señores Martínez, don Gutenberg, Luksic y Elgueta, para agregar en el párrafo inicial del artículo 27 la frase siguiente: “Sin perjuicio de las penas aplicables al delito si este se ejecutare;”

3) De los señores Aylwin y Elgueta, y de la señora Pollarolo, para intercalar entre los incisos primero y segundo del artículo 43, el siguiente:

“Se reputarán como hechos de la naturaleza de los sancionados en el inciso precedente:

a) En el ámbito de la prensa escrita, el control de más del 30% del mercado informativo nacional en manos de una persona natural o jurídica, sola o asociada con otras u otras; y el control directo o indirecto por una persona natural o jurídica, sola o asociada con otra u otras, de más del 30% de la distribución de los diarios de información general;

b) El control de más del 15% del mercado informativo general por una sola persona natural o jurídica; o de más del 20% del referido mercado por dos o más personas naturales o jurídicas, asociadas;

c) El dominio de dos o más tipos diversos medios de comunicación social en un mismo mercado, por una persona natural o jurídica, sola o asociada con otra u otras.”

4) Del señor Viera-Gallo, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Las nuevas escuelas universitarias de periodismo podrán adscribirse a un sistema de acreditación por parte de las escuelas de periodismo que tengan más de diez años de existencia, para que certifiquen la calidad de la enseñanza impartida.”

Texto del proyecto de ley aprobado.

En mérito de las consideraciones anteriores y por las que os pueda proporcionar en su oportunidad el señor Diputado Informante, vuestra Comisión os recomienda que prestéis aprobación al siguiente:

Proyecto de ley:

Ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.

Título I

Disposiciones generales

Artículo 1º. La libertad de emitir opinión y la de informar constituyen derechos fundamentales de todas las personas. Su ejercicio incluye, por una parte, la más amplia de las libertades intelectuales, consistente en la facultad que tiene toda persona de exteriorizar por cualquier medio y sin coacción lo que piensa y cree y, por la otra, la libertad de acceder a las fuentes de información y de opinión, la libertad de difundir o comunicar lo hallado en tales fuentes o que proviene de ellas, y la libertad de recibir la información. [5]

Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las que señalan esta ley, o la respectiva legislación especial, en el caso de las emisoras de radiodifusión sonora o televisiva.

Igualmente, se reconoce el derecho de las personas a estar debidamente informadas sobre las distintas expresiones culturales, sociales o políticas existentes en la sociedad. [6]

“Toda persona tiene derecho a informarse libremente en las fuentes públicas y en las fuentes privadas que por propia voluntad se hayan hecho accesibles a todos. Este derecho tendrá las solas restricciones que se funden en las normas de reserva legalmente vigentes.” [7]

Artículo 2°.- Para todos los efectos legales se entenderá por medio de comunicación social: Los medios aptos para (fijar, almacenar, grabar, reproducir,) [8] transmitir, divulgar, difundir o propagar en forma estable y periódica, [9] información, palabras, datos, sonidos, imágenes u otros signos dirigidos o destinados al público, tales como los diarios, revistas y periódicos; los servicios informativos; (las editoras;)[10] las agencias de noticias; las emisoras de radiodifusión sonora o televisiva;( la cinematografía; los impresos;)[11] los sistemas electrónicos abiertos al público que emitan señales u ondas; [12] los medios radioeléctricos, televisivos, (electrónicos,) [13] magnéticos, ópticos, de sonido, de sonidos sincronizados con imágenes, químicos o mecánicos, (y sus respectivos soportes o fijaciones; los bancos de datos o las redes computacionales;) [14] u otros medios que reúnan dichas características, y que cumplan con los demás requisitos establecidos en esta ley.

Se entenderá por diario toda publicación periódica que habitualmente se edite a lo menos cuatro días en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos en esta ley.

Artículo 3º. Son periodistas las personas que estén en posesión del título profesional universitario de periodista válido legalmente en Chile y aquellas reconocidas como tales en virtud de una ley anterior.

Los corresponsales extranjeros acreditados en Chile podrán ejercer las funciones de periodista y se regirán por las disposiciones de esta ley.

Artículo 4º. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1° y de las atribuciones propias de los medios en materia de contratación y administración, son funciones que corresponden preferentemente a la profesión periodística las de reportear, elaborar y editar habitualmente noticias, informaciones, notas, crónicas, reportajes, pautas y libretos informativos, que se utilicen o difundan en los medios de comunicación social.

Artículo 5º. Es obligación de los propietarios o concesionarios de todo medio de comunicación social mantener un registro público actualizado de las personas que, no siendo periodistas ejerzan, en forma permanente o periódicamente, funciones informativas en el respectivo medio o servicio. A estas personas, mientras ejerzan tales funciones, deberá proporcionárseles una credencial que acredite estas circunstancias.

Toda inscripción o caducidad en los mencionados registros deberá ponerse en conocimiento de las asociaciones representativas de los periodistas en el plazo de 30 días, contado desde la fecha en que una persona comenzó a cumplir las referidas funciones o desde que dejó de ejercerlas.

Artículo 6º. Los periodistas, directores y editores de medios de comunicación social, cuando sean citados a declarar, a propósito de las informaciones (confidenciales) [15] que obtengan o reciban en el desempeño de su profesión o función, no estarán obligados a revelar sus fuentes personales de información ni las fuentes materiales de las que pudiere deducirse quienes son las personas que han facilitado aquella información, ni aun tratándose de delitos (, salvo los contemplados en las leyes que sancionan el tráfico de estupefacientes o sustancias psicotrópicas y las conductas terroristas). [16] Regirá para ellos la disposición del inciso segundo del artículo 171 del Código de Procedimiento Penal y en los que les sea aplicable el número 2° del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal. [17]

Se aplicará también esta norma a las personas que por su oficio o actividad informativa hayan debido estar necesariamente presentes en el momento de recibirse la información confidencial.

No regirá lo dispuesto en el este artículo tratándose de informaciones relativas a los delitos contemplados en las leyes que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y las conductas terroristas. [18]

Artículo 7º. Ningún periodista puede ser obligado a que sus trabajos se presenten identificados con su nombre, cara o voz, como autor, cuando ellos hubieren sido alterados substancialmente por el director o el editor sin su consentimiento. La infracción reiterada de esta disposición, entendiéndose por tal la que ocurra a lo menos dos veces en el lapso de un mes, dará derecho al periodista a poner término a su contrato en las condiciones establecidas en la ley laboral para el caso de incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte del empleador.

Artículo 8°. Gozarán del derecho preferente del artículo 4° los alumnos de los dos últimos años del plan de estudios de las escuelas universitarias de periodismo, cuando estén obligados a realizar prácticas profesionales exigidas por dichos planteles, dentro de los plazos señalados por éstos, y los egresados de las mismas, dentro de los dieciocho meses siguientes a la fecha de su egreso, siempre que no los afecte la inhabilidad señalada en el artículo 44 de este cuerpo legal.

Artículo 9°. El Estado tiene la obligación de garantizar el pluralismo en el sistema informativo, para lo cual habrá de favorecer la coexistencia de diversidad de medios de comunicación social y la libre competencia entre ellos, asegurando la expresión efectiva [19] de las distintas corrientes de opinión, así como la variedad social, cultural y económica de las regiones.

Con el objeto de verificar la garantía señalada en el inciso anterior, el Estado, a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno, destinará anualmente recursos para la realización de estudios sobre el estado y evolución del pluralismo en el sistema informativo. Estos recursos se asignarán, mediante concurso, entre los proyectos presentados por instituciones académicas u otras especializadas en dicha materia.

Para fijar los términos de referencia del concurso y su adjudicación, se constituirá, cada año, un grupo técnico presidido por el Ministro Secretario General de Gobierno, o la persona que él designe, e integrado por cuatro expertos en materias comunicacionales, designados, respectivamente, dos por el Consejo Superior de Ciencias del FONDECYT y dos por el Instituto de Chile. Corresponderá a este grupo elaborar las bases técnicas del concurso; organizar el llamado público para la presentación de proyectos y, previo su análisis, elegir aquellos de mayor excelencia que serán financiados.

Completados los estudios, el Ministerio Secretaría General de Gobierno promoverá su más amplia difusión. [20]

Las autoridades pertinentes dispondrán [21] que, a lo menos en parte, los fondos que establecen los presupuestos del Estado, de sus organismos y empresas, y de las municipalidades, destinados a avisos, llamados a concursos, propuestas y publicidad, que tengan una clara identificación regional, provincial o comunal, sean destinados a efectuar la correspondiente publicación o difusión en medios de comunicación social regionales, provinciales o comunales.

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional podrá contemplar anualmente los recursos necesarios para financiar la realización, difusión o edición de programas, suplementos y espacios de alto nivel cultural o de interés regional, los que serán publicados o difundidos en medios de comunicación social regionales o locales. La asignación de los recursos se hará por el Consejo de Desarrollo Regional, previo concurso de proyectos y de medios, de acuerdo a las normas legales que regulan el funcionamiento de dichos Consejos. [22]

Título II

De las formalidades de funcionamiento de los medios de comunicación social.

Artículo 10. El propietario de un medio de comunicación social y el titular de una concesión o permiso de un servicio de radiodifusión sonora, cuando se trate de una persona natural, deberá ser chileno, tener domicilio en el país y no estar procesado ni haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva. Tratándose de personas jurídicas de derecho público o privado, deberán estar constituidas en Chile y tener domicilio en el país. Su presidente, gerente, administradores y representantes legales deberán ser chilenos y no estar procesados ni haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva.

En el domicilio de los medios de comunicación social deberá existir, a disposición de cualquier persona que lo solicite, el nombre e individualización completa de la o las personas naturales o jurídicas propietarias del medio de que se trata, con indicación precisa del porcentaje, monto y modalidades de su participación en la propiedad o en el capital de la empresa, todo esto debidamente actualizado.

Artículo 11. Los medios de comunicación social deben tener un director responsable y una persona, a lo menos, que lo reemplace.

El director y quienes lo reemplacen deberán ser mayores de edad, tener domicilio y residencia en el país, ser personas que no tengan fuero por disposición constitucional, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y no haber sido condenados en los dos últimos años como reincidentes en delitos penados por esta ley.

Artículo 12. Para iniciar el funcionamiento de un medio de comunicación social, deberá cumplirse con las exigencias de los artículos anteriores.

Para la televisión y la radiodifusión se aplicarán, en su caso, las normas establecidas en las leyes sobre telecomunicaciones y del Consejo Nacional de Televisión.

Tratándose de los medios de comunicación social escritos, la iniciación de actividades se hará mediante una presentación firmada ante notario al Intendente Regional que corresponda al domicilio del medio, debiendo adjuntarse copia de ella al Director de la Biblioteca Nacional, en la que se indique lo siguiente:

a) El título del diario, revista o periódico e indicación de los períodos que mediarán entre un número y otro;

b) El nombre completo, profesión, domicilio y cédula nacional de identidad del propietario, si fuere persona natural, o de las personas que tienen la representación legal de la sociedad, si se tratare de una persona jurídica;

c) El nombre completo, domicilio y cédula de identidad del director y de la o las personas que deben substituirlo, con indicación del orden de precedencia en que ellas deben asumir su reemplazo;

d) La ubicación de sus oficinas principales, y

e) Los antecedentes a que se refiere el inciso segundo del artículo 10.

Cualquier cambio que se produzca respecto a las anteriores enunciaciones, será objeto de una nueva declaración hecha en la forma antes establecida y presentada dentro de los cinco días siguientes al cambio producido.

El Director de la Biblioteca Nacional deberá llevar un registro actualizado de los medios escritos de comunicación social existentes en el país, con indicación de los antecedentes señalados en el inciso primero.

Artículo 13. En la primera página o en la página editorial o en la última y en lugar destacado de todo diario, revista o escrito periódico, y al iniciarse y al finalizar las transmisiones diarias de toda emisora de radiodifusión sonora o televisiva, se indicarán el nombre y el domicilio del propietario o concesionario, en su caso, o del representante legal, si se tratare de una persona jurídica. Las mismas menciones deberán hacerse respecto del director responsable.

Artículo 14. Toda persona que tenga a su cargo cualquier tipo de establecimiento impresor, deberá poner un pie de imprenta en cada uno de los ejemplares que publique, el cual deberá especificar el nombre de éstos, el lugar y la fecha de la impresión.

Igual obligación tendrán las personas que tengan a su cargo establecimientos de grabación sonora o de producción audiovisual o de difusión televisiva o cinematográfica.

Artículo 15. Todo responsable de un establecimiento impresor enviará, de los impresos que publique y al tiempo de su publicación, dieciocho ejemplares a la Biblioteca Nacional.

Para el solo efecto de lo establecido en el inciso anterior, se entenderá por impreso toda reproducción del pensamiento humano por medio de la imprenta, o de discos, cintas magnetofónicas, mimeógrafos, material fílmico o audiovisual u otros procedimientos similares, que estén destinados a ofrecerse al público.

Cuando un trabajo de impresión se efectúe en parte en un taller y en parte en otro, será el editor quien deberá cumplir con la obligación indicada en el inciso primero.

Los importadores de alguno de los materiales señalados en este artículo, destinados a circular en el país, deberán enviar dos ejemplares de cada uno de esos títulos u obras a la Biblioteca Nacional, cuando el conjunto internado sea igual o superior a mil anuales.

Los impresos que se envíen a la Biblioteca Nacional serán distribuidos conforme con el reglamento.

Artículo 16. Las estaciones de radiodifusión, las de televisión de libre recepción y las de recepción limitada respecto de sus programas de origen nacional, estarán obligadas a dejar copia o cinta magnetofónica y a conservarla durante 30 días, de toda transmisión de noticias, entrevistas, charlas, comentarios, conferencias, disertaciones, editoriales o discursos.

Artículo 17. La infracción de cualquiera de los requisitos y exigencias señalados en las disposiciones precedentes de este título se sancionará con multa de dos a cincuenta [23] unidades tributarias mensuales.

Del pago de tales multas, en lo que fuere pertinente, aplicadas al director, será solidariamente responsable el propietario o concesionario del medio.

En caso de infracción de los artículos 10, 11 y 12, el tribunal dispondrá, además, la suspensión del medio hasta tanto no se les dé cumplimiento.

Artículo 18.- El conocimiento y fallo de estas causas corresponderá al juez del crimen correspondiente al domicilio del medio de comunicación social.

Artículo 19. La responsabilidad por las infracciones previstas en este título prescribirá en seis meses, contados desde su comisión.

Título III

Del derecho de aclaración y de rectificación.

Artículo 20. Todo medio de comunicación social estará obligado a difundir gratuitamente, de acuerdo con lo que establece el artículo 19, Nº 12, párrafo tercero, de la Constitución Política, la aclaración o la rectificación que le sea dirigida por cualquiera persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por alguna información emitida a través de él.

La misma obligación regirá respecto de la aclaración que presente una persona natural o jurídica que haya sido deliberadamente silenciada con respecto a un hecho u opinión de importancia o trascendencia social. [24]

Lo anterior regirá aun cuando la información que la motiva provenga de una inserción o de declaraciones de terceros. En este caso, el medio podrá cobrar el costo en que haya incurrido por la aclaración o la rectificación a quien haya ordenado la inserción o efectuado la declaración que la motivó.

Las aclaraciones y las rectificaciones deberán circunscribirse, en todo caso, al objeto de la información que las motiva y no podrán tener una extensión superior a la de ésta; pero el director del medio no podrá exigir que aquéllas tengan menos de trescientas palabras, ni el afectado que tenga más de mil. En el caso de la radiodifusión sonora o televisiva, el límite máximo no podrá exceder de dos minutos.

Toda persona tiene derecho a que se corrijan las inexactitudes, omisiones [25] y falsedades de los datos que sobre ella se encuentren registradas en alguna base de datos computacionales, pública o privada, acreditando tal circunstancia a través de medios probatorios suficientes y, hecha la rectificación, a que se le otorgue una certificación en que conste la enmienda. Corregida la información, el administrador o responsable del archivo o base de datos computacional la comunicará a la mayor brevedad a quienes el interesado señale y, en su caso, a aquél que la proporcionó originalmente o sirvió de fuente de la información enmendada.

El administrador o responsable de un archivo de datos que no haya aceptado la corrección solicitada por la persona que se sintiera afectada, podrá ser requerido judicialmente a través del procedimiento establecido en el artículo 23, pudiendo ser obligado a efectuar la rectificación, enmienda o complementación por sentencia judicial, y a indemnizar los perjuicios que hubiere causado.

Artículo 21. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62 de esta ley, todo interesado podrá, a su costa, solicitar directamente de las emisoras de radiodifusión sonora o televisual la entrega de las copias o cintas a que se refiere el artículo 16, las que el medio requerido deberá poner a disposición del peticionario dentro de tercero día.

El requerimiento al medio de comunicación social en que se solicite que se publique o emita una aclaración o una rectificación, deberá dirigirse a su director, o a la persona que deba reemplazarlo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 12, inciso tercero, letra c), dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha de la difusión que las motive.

Los notarios y los receptores judiciales estarán obligados a notificar el requerimiento al director del medio de comunicación social en que hubiere aparecido o se hubiere difundido la información objeto de la aclaración o rectificación, o a quien deba reemplazarlo, a simple solicitud del interesado. La notificación se hará por medio de una cédula que contendrá íntegramente el texto de la respuesta, la que será entregada al director o a la persona que lo reemplace.

Artículo 22. El escrito de aclaración o de rectificación deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página y con los mismos caracteres que la información que los haya provocado.

En el caso de emisoras de radiodifusión sonora o televisiva, la aclaración o la rectificación deberán difundirse en el mismo espacio, horario, programa o audición y con las mismas características de la transmisión que las haya motivado. Si, por cualquiera razón, dicho programa o audición hubiere dejado de transmitirse, la difusión se hará en el mismo día y horario en que aquélla se efectuaba, precedida de una explicación sobre este hecho, emanada de la dirección responsable del medio. Lo anterior regirá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31.

La difusión destinada a rectificar o aclarar se hará, a más tardar, en la primera edición o transmisión que reúna las características indicadas y que se efectúe después de las veinticuatro horas siguientes a la entrega de los originales que la contengan. Si se tratare de una publicación que no aparezca todos los días, la aclaración o la rectificación deberán entregarse con setenta y dos horas de anticipación, por lo menos.

El director del medio de comunicación social no podrá negarse a difundir la aclaración o la rectificación, salvo que ellas no se ajusten a las exigencias del inciso cuarto [26] del artículo 20. Se presumirá su negativa si no difundiere la aclaración o la rectificación en el plazo señalado en el inciso anterior.

Si el medio hiciere nuevos comentarios a la aclaración o a la rectificación, el afectado tendrá derecho a réplica según las reglas anteriores. En todo caso, tales comentarios deberán hacerse en forma tal, que se distingan claramente de dicha aclaración o rectificación.

Artículo 23. La reclamación por las infracciones de los artículos anteriores deberá hacerse al juez del crimen competente, acompañada de los medios de prueba que le sirvan de fundamento.

Artículo 24.- La reclamación será notificada al director o a la persona que lo reemplace y al representante legal del medio, por cédula que contendrá copia íntegra de ella y su proveído. Serán lugares hábiles para practicar esta notificación los domicilios que se hubieren señalado en conformidad con lo dispuesto en las letras b) y c) del inciso tercero del artículo 12.

El tribunal concederá a los emplazados tres días para responder. Vencido este término, hayan o no hayan contestado, resolverá sin más trámite y en forma fundada.

El tribunal, en la resolución que ordene publicar la aclaración o la rectificación, podrá aplicar al director una multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales. Esta resolución será apelable en el solo efecto devolutivo y el recurso será visto de preferencia sin esperar la comparecencia de las partes.

El director que desobedeciere la orden de publicar la aclaración o la rectificación, será sancionado como autor del delito de desacato con la pena del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil y, además, con una nueva multa de doce a veinte unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de decretarse la suspensión inmediata e indefinida del medio de que se trate. Estas últimas serán impuestas de inmediato por el tribunal.

El propietario del órgano en que deba efectuarse la publicación o el concesionario de la estación radiodifusora o televisiva, podrá solicitar se alce la suspensión decretada por el juez, comprometiéndose a insertar o difundir la respuesta en la primera edición o transmisión próximas. Si alzada dicha medida no se insertare o difundiere la respuesta, el tribunal decretará la suspensión inmediata del medio, la que cesará de pleno derecho cuando se produzca la referida publicación.

Cuando por aplicación de las disposiciones de este artículo un medio de comunicación social fuere suspendido temporalmente, su personal percibirá, durante el lapso de la suspensión, todas las remuneraciones a que legal o contractualmente tuviere derecho, en las mismas condiciones como si estuviere en funciones.

Artículo 25.- Toda persona tiene derecho a exigir que los antecedentes, datos o relación de hechos propios de su intimidad o privacidad, amparados por el artículo 19, N° 4°, de la Constitución Política del Estado, sean excluidos de un archivo de datos cuya finalidad sea transferirlos o difundirlos por cualquier medio, a menos que su inclusión tenga un fundamento legal.

Artículo 26. El derecho a que se refiere este título prescribirá dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha de la emisión. Sólo podrá ser ejercido por la persona ofendida o injustamente aludida o deliberadamente silenciada; [27] por sus familiares, en caso de fallecimiento de ésta, o por su representante, en caso de enfermedad o ausencia.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por familiares de una persona al cónyuge y a los parientes en la línea recta por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado. [28]

Título IV

De los delitos.

Párrafo 1º

De los delitos cometidos a través de un medio de comunicación social

Artículo 27. El que a través de algún medio de comunicación social induzca directamente a la comisión de crímenes o simples delitos, será castigado con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 28. El que, por cualquier medio de comunicación social realizare publicaciones o transmisiones que conciten el odio, la hostilidad o el menosprecio respecto de personas o colectividades en razón de su raza, religión o nacionalidad, será penado con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias mensuales. [29]

Artículo 29. La atribución de hechos, noticias o documentos substancialmente falsos, o supuestos, o alterados en forma esencial, o imputados inexactamente a una persona, a través de algún medio de comunicación social, será sancionada con multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales cuando ocasionare grave daño a la seguridad, el orden, la administración, la salud o la economía públicos.

La misma sanción se aplicará cuando la difusión de tales contenidos fuere lesiva a la dignidad, el crédito, la reputación o los intereses de personas naturales y sus familiares o de personas jurídicas.

Artículo 30. En los casos del artículo 29, la rectificación completa y oportuna en el mismo medio de comunicación social será causal extintiva de la responsabilidad penal.

Respecto de la responsabilidad civil, el juez deberá considerar dicha rectificación al resolver sobre la apreciación del daño.

Se entenderá completa y oportuna la rectificación que admita sin reticencias la falsedad de los hechos, noticias o documentos divulgados y que sea hecha antes de la audiencia a que se refieren los artículos 554 y 574 del Código de Procedimiento Penal; o aquella que se efectúe en el formato y oportunidades indicados en el inciso tercero del artículo 22.

La rectificación misma deberá efectuarse con idénticas características a las que hubiere tenido la difusión de las falsedades y le será igualmente aplicable lo prescrito en el inciso final del artículo anteriormente citado.

Artículo 31. El medio de comunicación social que a sabiendas publicare documentos oficiales que tuvieren carácter secreto por disposición de la ley, será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales. Si esta difusión causare alguno de los daños a que se refiere el artículo 29, la multa será de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 32. Los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, serán sancionados con las penas corporales señaladas en los artículos 413; 418, inciso primero, y 419 del Código Penal, y con multas de veinte a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales en los casos del Nº 1 del artículo 413 y del artículo 418; de veinte a cien unidades tributarias mensuales en el caso del Nº 2 del artículo 413 y de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales en el caso del artículo 419.

Artículo 33. Al inculpado de haber causado injuria por algún medio de comunicación social, no le será admitida prueba sobre la verdad de sus expresiones sino cuando hubiere imputado hechos determinados y concurrieren también una o más de las circunstancias siguientes:

a) Que la imputación se produjere con motivo de defender un interés público real.

b) Que el afectado ejerciere funciones públicas y la imputación se refiriere a hechos propios concernientes a tal ejercicio.

c) Que la imputación aludiere a directores o administradores de empresas comerciales, industriales o financieras, que solicitaren públicamente capitales o créditos y versare sobre hechos relativos a su desempeño en tales calidades, o sobre el estado de los negocios de las empresas en cuestión.

d) Que la imputación se dirigiere contra algún testigo en razón de la deposición que hubiere prestado, o de ministros de un culto permitido en la República sobre hechos concernientes al desempeño de su ministerio.

En estos casos, si se probare la verdad de la imputación, el acusado será sobreseído definitivamente o absuelto de la acusación.

No constituirán injurias las apreciaciones que se formularen en artículos de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica o deportiva, salvo que su tenor pusiere de manifiesto el propósito de injuriar, además del de criticar.

Artículo 34. La imputación, a través de un medio de comunicación social, de un hecho o acto falso relativos a la vida privada y pública y a la honra de una persona y de su familia, o que les cause injustificadamente daño o descrédito, será sancionada con la pena de multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de reiteración o de reincidencia.

Al inculpado se le admitirá prueba de verdad de la imputación, a menos que ella constituya por sí misma el delito de injurias a particulares, en los siguientes casos:

a) Si acreditare que el hecho verdadero imputado, aunque perteneciente a la vida privada, posee real importancia respecto del desempeño correcto y eficaz de la función pública, o de la profesión u oficio del afectado, o de alguna actividad de significativa relevancia para la comunidad, o

b) Si el ofendido exigiere prueba de verdad de la imputación contra él dirigida, siempre que dicha prueba no afectare el honor o los legítimos secretos de terceros.

En los casos de las letras a) y b) del inciso anterior, probada la verdad de la imputación, el inculpado quedará exento de pena.

Artículo 35. Será sancionado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y con multa de cien a doscientas unidades tributarias mensuales el que maliciosamente captare palabras o imágenes de otra persona, no destinadas a la publicidad. El que las difundiere, sin el consentimiento del afectado, produciendo a su respecto daño o descrédito, será sancionado con presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

Artículo 36. La difusión de noticias o informaciones emanadas de juicios, procesos o gestiones judiciales pendientes o afinados, no podrá invocarse como eximente o atenuante de responsabilidad civil o penal, si con dicha difusión se cometiere alguno de los delitos sancionados en los artículos 32, 34, 35 y 38.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior las publicaciones jurídicas de carácter especializado, las que no darán lugar a responsabilidad civil ni penal por la difusión de noticias o informaciones de procesos o gestiones judiciales.

Artículo 37. Se prohíbe la divulgación, por cualquier medio de comunicación social, de la identidad de menores de dieciocho años que sean autores, cómplices, encubridores o víctimas de delitos, o de cualquier otro antecedente que, directa o indirectamente, conduzca a ella. La infracción de este artículo será sancionada con multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 38. El que cometiere el delito de ultraje público a las buenas costumbres, a través de algún medio de comunicación social, será castigado con prisión en su grado medio a reclusión menor en su grado mínimo y multa de dos a ochenta unidades tributarias mensuales.

Se considerará en especial que comete ultraje público a las buenas costumbres y será castigado con las penas establecidas en el inciso anterior:

a) El que internare, y el que públicamente vendiere, distribuyere, exhibiere, pusiere en venta, arrendare, donare, ofreciere o difundiere escritos, impresos o no impresos; figuras, estampas, dibujos, grabados, emblemas, videos, material de cine, fonogramas, discos, casetes, o cualquier objeto o imagen pornográficos o contrarios a las buenas costumbres. Si la venta, arriendo, donación, oferta, distribución, exhibición o difusión fueren dirigidos a menores de dieciocho años, serán punibles, aunque no se efectúen públicamente.

La distribución a domicilio de los escritos u objetos enumerados será castigada también con la misma pena; pero el simple hecho de entregarlos al correo o a alguna empresa de transporte o distribución sólo será pesquisable cuando la entrega se hiciere bajo faja o en sobre abierto, y, en todo caso, después de llegar a poder del consignatario.

b) El que profiriere o publicare, a través de cualquier medio de difusión expresiones, hechos, acciones, avisos o correspondencia pornográficos o contrarios a las buenas costumbres.

c) El impresor, editor o productor de medios de difusión, en cuyo taller o estudio se imprimiere o multiplicare material de contenido pornográfico o atentatorio contra la moral o las buenas costumbres.

El editor, el impresor o el productor sólo podrán excusar su responsabilidad probando que los hechos indicados precedentemente han sido ordenados o realizados sin su conocimiento o autorización.

Artículo 39. El ultraje público a las buenas costumbres, en cualquiera de las formas enunciadas en el artículo anterior, cuyo objeto sea la perversión de menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de diez a ciento sesenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 40. Los tribunales sólo podrán suspender la divulgación de informaciones por cualquier medio de comunicación social, en juicios penales en estado de sumario, cuando existan antecedentes inequívocos y revestidos de seriedad de que la divulgación pueda entorpecer gravemente el éxito de la investigación, o atentar contra la seguridad del Estado o contra la garantía constitucional señalada en el artículo 19, N° 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de la República. Quien infrinja dicha suspensión será sancionado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.

La suspensión deberá ser ordenada en resolución fundada y motivada, por un plazo no superior a veinte días, pudiendo recaer sobre la totalidad de las actuaciones del proceso o sólo sobre alguna o algunas de ellas. En todo caso, el tribunal deberá decretar el inmediato término de la medida si dejan de existir las circunstancias que la originaron.

La suspensión regirá desde el momento en que el juez lo determine en su resolución, la que será publicada, en extracto redactado por el secretario del tribunal, gratuitamente en el Diario Oficial y, además, en uno o más diarios y en una o más emisoras de radiodifusión sonora y televisiva que el juez determine, del lugar en que se siguiere la causa o de la cabecera de la provincia o de la capital de la región, si allí no los hubiere. La no publicación de la mencionada resolución, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, será sancionada como delito de desacato con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.

La resolución que ordene la suspensión será apelable en el solo efecto devolutivo y no procederá a su respecto la orden de no innovar. El recurso podrá interponerse por las partes, por los medios afectados o por cualquier persona capaz de parecer en juicio. Deducida la apelación, el tribunal deberá pronunciarse sobre su procedencia dentro de las veinticuatro horas siguientes y elevará los antecedentes de inmediato al tribunal de alzada respectivo. El recurso gozará de preferencia, debiendo verse, en todo caso, el día hábil siguiente de ingresado a la Corte respectiva, en tabla agregada. Sin perjuicio de este recurso, en cualquier momento, las partes, los medios afectados o cualquier persona podrán pedir la revocación de la suspensión. La resolución que recaiga en ella será apelable en los mismos términos.

Artículo 41. Los medios de comunicación social se eximirán de responsabilidad penal respecto de la publicación de las opiniones vertidas por los parlamentarios en los casos señalados en el inciso primero del artículo 58 de la Constitución Política, demostrando su exacta conformidad con lo por ellos expresado.

Tampoco dará lugar a acción penal la difusión de las alegaciones producidas ante los tribunales de justicia.

Párrafo 2º

De los delitos cometidos contra las libertades de opinión y de información.

Artículo 42. La persona que desempeñando funciones públicas impidiere arbitrariamente la libre y legítima publicación de opiniones o informaciones a través de cualquier medio de comunicación social, fuera de los casos previstos por la Constitución o la ley, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 43. En razón de los propósitos del decreto ley Nº 211, de 1973, se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones, que tienden a impedir la libre competencia, los que entraben la producción de informaciones, el transporte, la distribución, la circulación, el avisaje y la comercialización de los medios de comunicación. Quienes los ejecuten o celebren incurrirán en la pena establecida en el artículo 1º, inciso primero, de ese cuerpo legal.

Para los efectos del inciso segundo del artículo 1º de ese decreto ley, se reputarán artículos o servicios esenciales los pertinentes a la operación o mantención de los medios de comunicación social.

Cualquier hecho o acto relevante relativo a la modificación o cambio en la propiedad de un medio de comunicación social deberá ser informado a la respectiva Comisión Preventiva Regional o a la Comisión Preventiva Central, según corresponda, dentro de treinta días de ejecutado.

Para los efectos de lo previsto en este artículo, se aplicarán los procedimientos y sanciones contemplados en dicho decreto ley, con la salvedad de los procesos criminales a que pueda dar lugar, respecto de los cuales regirá lo dispuesto en la letra b) del artículo 52.

Dentro de sus respectivos territorios jurisdiccionales, las Comisiones Preventivas deberán llevar un registro público actualizado de los propietarios de medios de comunicación social. [30]

Título V

De la responsabilidad y del procedimiento.

Artículo 44. La responsabilidad penal por los delitos cometidos en razón del ejercicio abusivo de las libertades de emitir opinión y de informar, a través de algún medio de comunicación social, se determinará según las reglas generales del Código Penal y el inciso segundo del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal.

Se considerará también autores, tratándose de los medios de comunicación social, al director o a quien legalmente lo reemplace al efectuarse la difusión.

Quedarán exentas de responsabilidad penal las personas señaladas en el inciso anterior, cuando acrediten que no hubo culpa de su parte en la difusión delictuosa.

Artículo 45. La acción civil para obtener la indemnización de daños y perjuicios derivada de delitos penados en esta ley se regirá por las reglas generales.

La comisión de los delitos señalados en los artículos 29, 32 y 34 dará derecho a indemnización por el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral.

Si la acción civil fuere ejercida por el ofendido, no podrán ejercerla sus familiares. Si sólo la ejercieren éstos, deberán obrar conjuntamente y constituir un solo mandatario.

El tribunal fijará la cuantía de la indemnización tomando en cuenta los antecedentes que resultaren del proceso sobre la efectividad y gravedad del daño sufrido, las facultades económicas del ofensor, la calidad de las personas, las circunstancias del hecho y las consecuencias de la imputación, difusión o amenaza para el ofendido. En estos casos la prueba se apreciará en conciencia. Todo ello será sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31.

No regirá en estos casos lo dispuesto en el artículo 2331 del Código Civil.

Artículo 46. Si las conductas a que se refieren los artículos 32 y 34 consistieren en la imputación de la comisión de un delito, no habrá lugar a indemnización cuando se probare tal comisión por sentencia ejecutoriada.

Tampoco habrá lugar a acción civil de perjuicios cuando, tratándose de una noticia falsa, en los términos expresados en el artículo 29, el medio de comunicación se limitare a reproducir noticias, informaciones o declaraciones que provinieren de una fuente que, a juicio del tribunal, sea razonablemente confiable o idónea respecto de la materia de que se trate, o que se difundiere en programas, secciones o espacios determinados, transmitidos en directo y abiertos al público, respecto de los cuales se señalare expresamente que lo allí difundido no compromete al medio de comunicación social.

Artículo 47. La justicia ordinaria será siempre competente para conocer de los delitos de cualquier especie, cometidos a través de un medio de comunicación social con motivo del ejercicio de las libertades de opinión e información, así como de las acciones civiles derivadas de aquéllos.

La competencia a que se refiere el inciso anterior no se alterará en razón de la conexidad a que se refiere el artículo 165 del Código Orgánico de Tribunales, ni por la aplicación de las normas sobre concurso ni en virtud del fuero que goce alguna de las partes, el afectado o sus responsables criminal o civilmente, ni por motivo sobreviniente alguno.

Artículo 48. Sin embargo, las causas mencionadas en el inciso primero del artículo anterior, que versen sobre delitos previstos y sancionados en el Código de Justicia Militar o en la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, cometidos exclusivamente por militares, serán de la competencia de los tribunales militares. En tales procesos no se aplicarán, en caso alguno, las normas de extensión establecidas en los artículos 168 y 169 del Código Orgánico de Tribunales, 11 del Código de Justicia Militar e incisos cuarto y quinto del artículo 26 de la ley sobre Seguridad del Estado.

Si en tales causas alguno de los delitos indicados en el inciso precedente o algún delito con ellos conexo hubiere sido cometido conjunta o separadamente por civiles y militares, se juzgará a todos ellos en un solo proceso, cuyo conocimiento corresponderá, en primera instancia, a un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva y, en segunda instancia, a la Corte con excepción de ese ministro; si el tribunal de segunda instancia constare de más de una Sala, conocerá de estas causas la que corresponda, previo sorteo. Esta regla de competencia prevalecerá sobre toda otra.

Artículo 49. Si con motivo de la comisión de distintos delitos y a consecuencia de la aplicación de las reglas establecidas en los artículos precedentes, un mismo agente militar resultare inculpado o procesado en causas substanciadas coetáneamente por la justicia ordinaria y la militar, preferirán las medidas o diligencias decretadas por esta última a las ordenadas por aquélla.

Los tribunales deberán remitirse recíprocamente copias de los autos de procesamiento y de las resoluciones que se dictaren en sus respectivas causas, las que deberán agregarse a los autos.

El tribunal que dictare el último fallo no podrá considerar circunstancias modificatorias de la responsabilidad criminal que, de estar acumulados los procesos, no se hubieren podido tomar en cuenta.

El procesado podrá solicitar del tribunal superior común, dentro del plazo de un año, a contar de la fecha del último fallo, la unificación de las penas cuando ello lo beneficiare.

Artículo 50. De las causas relativas a los delitos previstos y sancionados en el Título IV, así como de las mencionadas en el inciso primero del artículo 47, conocerá el juez del crimen competente según las reglas generales. Sin embargo, cuando se trate de delitos contemplados en la ley No.12.927, sobre Seguridad del Estado, se aplicará siempre la disposición del inciso primero del artículo 26 de dicho cuerpo legal.

Artículo 51. En la tramitación de las causas referentes a los delitos previstos y sancionados en el Título IV, se aplicará el procedimiento sobre faltas del Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Penal, con la sola excepción de los artículos 551, 569, 563 y 568 de dicho cuerpo legal.

Artículo 52. Sin embargo, se seguirá la tramitación establecida en el Libro Segundo del Código de Procedimiento Penal en los casos siguientes:

a) En las causas relativas a los delitos establecidos en los artículos 31 y 35.

b) En los procesos criminales indicados en el artículo 43, pero con las modificaciones contenidas en el título V del decreto ley N° 211, de 1973.

c) En las causas indicadas en el inciso primero del artículo 47, relativas a delitos no sancionados en el Título IV.

Artículo 53. Sin perjuicio de las reglas de los artículos precedentes, regirá la tramitación establecida en el Título VI de la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, en los casos siguientes:

a) Cuando alguna de las causas señaladas en el primer inciso del artículo 47 verse acerca de delitos de la ley de Seguridad del Estado.

b) En el caso contemplado en el inciso segundo del artículo 48.

Artículo 54. Las causas señaladas en el inciso primero del artículo 48, atinentes a delitos del Código de Justicia Militar, se tramitarán según el procedimiento establecido en el Título II del Libro Segundo del Código de Justicia Militar.

Artículo 55. No obstante las disposiciones de los artículos precedentes, los juicios por los delitos de calumnia e injuria, cuando se perpetraren a través de algún medio de comunicación social, se tramitarán en conformidad con el procedimiento establecido en el Título II del Libro Tercero del Código de Procedimiento Penal.

Artículo 56. En todo caso, en los procedimientos señalados en los artículos 51, 52, 53, 54 y 55, cuando las causas versen sobre crímenes o simples delitos, habrá lugar a los recursos de casación, en la forma y en el fondo, y de revisión, conforme con las reglas generales.

Artículo 57. Habrá acción pública para perseguir los delitos penados en esta ley, con excepción de los contemplados en los artículos 29, inciso segundo; 32, 33 y 34, cuyas acciones sólo podrán ser ejercidas por el personalmente ofendido o por sus familiares, en caso de su fallecimiento, enfermedad o ausencia.

Artículo 58. Durante el período probatorio o en la audiencia de prueba, según corresponda, las partes podrán solicitar del tribunal un informe pericial sobre aspectos técnicos de la función periodística que, a su juicio, resulten indispensables para el mejor acierto del fallo. El perito será designado conforme con las normas generales del procedimiento civil o penal, según el caso, y deberá tener una experiencia de trabajo de, a lo menos, diez años en medios de comunicación social.

Las asociaciones gremiales o corporaciones que agrupen a periodistas o a medios de comunicación social podrán proponer a las Cortes de Apelaciones listas de personas idóneas para ejercer como peritos, de acuerdo con lo señalado en este artículo.

Artículo 59. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal, el juez podrá ordenar que se recojan no más de cuatro de los ejemplares o copias que presumiblemente haya servido para cometer alguno de los delitos contemplados en esta ley.

Esta medida podrá hacerse extensiva a todos los ejemplares o copias de la publicación presuntamente abusiva, si se tratare de los delitos contemplados en los artículos 27 y 38.

En la sentencia condenatoria, podrá ordenarse, en todo caso, el comiso o la destrucción total o parcial de los impresos o de las grabaciones sonoras o audiovisuales de cualquier tipo, por medio de las cuales se haya cometido el delito. La sentencia condenatoria por delito de ultraje público a las buenas costumbres ordenará necesariamente dicha destrucción.

Artículo 60. Si la pena aplicada conforme con esta ley fuere sólo de multa, el hecho delictivo será considerado simple delito para todos los efectos legales.

Artículo 61. Tanto la acción penal como la civil provenientes de los delitos previstos en los artículos 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37 y 38 prescribirán en el plazo de seis meses, contado desde la fecha en que hubiere comenzado la difusión abusiva.

Si la difusión se hubiere realizado inicialmente sólo en el extranjero, los plazos de prescripción señalados en el inciso anterior empezarán a correr desde la fecha de su difusión en el territorio nacional.

Respecto de los demás delitos considerados en esta ley, el plazo de prescripción de la acción penal será el que corresponda según lo preceptuado en el artículo 94 del Código Penal y el de la acción civil el señalado en el artículo 2332 del Código Civil, los que comenzarán a correr desde el día de la perpetración del hecho delictivo.

El ejercicio de la acción penal, en cualquiera de sus formas, interrumpirá la prescripción de la acción civil, la que comenzará nuevamente a correr una vez ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio criminal.

Artículo 62. El tribunal del crimen competente, a petición del interesado, motivada en la posible comisión de un delito y a su costa, podrá requerir, de las emisoras de radiodifusión sonora y televisiva, el envío de las copias o cintas a que se refiere el artículo 16, para ponerlas a disposición del solicitante. Dicho envío deberá efectuarse dentro de tercero día de notificada al director responsable o a quien lo reemplace la resolución que acoja la petición.

Artículo 63. Siempre que alguno de los ofendidos lo exigiere, el tribunal de la causa ordenará la difusión, en extracto redactado por el secretario del tribunal, de la sentencia condenatoria recaída en un proceso por alguno de los delitos a que se refiere el párrafo 1º del Título IV, en el medio de comunicación social en que se hubiere cometido la infracción. Tratándose de otros medios de difusión, la publicación se hará en aquél que el juez determine, a costa del ofensor.

El director que desobedeciere dicha orden será sancionado con una multa de seis a diez ingresos mínimos. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal ordenará apercibir, tanto al director como al propietario o concesionario del medio o a quien los represente, para que se efectúe la difusión en la edición o transmisión que el juez determine. Si tal apercibimiento no fuere atendido, el tribunal decretará la suspensión indefinida del medio, la que cesará sólo cuando se produzca la publicación.

Disposiciones varias.

Artículo 64.- Agrégase en el artículo 18 de la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, el siguiente inciso:

“Ninguna persona natural o jurídica que participe en la propiedad de un servicio de televisión de libre recepción podrá participar en la propiedad de otro de igual naturaleza que cubra la misma zona de servicio.”

Artículo 65. Derógase el número 1 del artículo 158 del Código Penal.

Artículo 66. Introdúcense en la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase el artículo 17 por el siguiente:

"Artículo 17.- La responsabilidad penal por los delitos previstos y sancionados en esta ley, cometidos por medio de la prensa escrita, se determinará según las reglas generales del Código Penal y el inciso segundo del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal.

Se considerará también autores al director o a quien legalmente lo reemplace al efectuarse la difusión.

b) Reemplázase el artículo 18 por el siguiente:

"Artículo 18.- Quedarán exentas de responsabilidad penal las personas señaladas en el inciso segundo del artículo precedente cuando acrediten que no hubo culpa de su parte en la difusión delictuosa.

Tratándose de impresiones clandestinas, el impresor o la persona que tuviere a su cargo la imprenta, litografía o taller impresor, responderán en todo caso."

c) Reemplázase el artículo 19 por el siguiente:

"Artículo 19.- La determinación de la responsabilidad por los delitos penados en esta ley, cometidos por medio de la radiodifusión o de la televisión, se sujetará a las reglas señaladas en los artículos 17 y 18, inciso primero."

Artículo 67.- Cuando el Estado otorgue una concesión radial o televisiva en atención a las características especiales del concesionario, éste sólo podrá enajenarla previa autorización de la autoridad respectiva, a menos que el adquirente sea una institución que reúna las mismas características del concesionario que vende.

Artículo 68. Derógase la ley Nº 16.643, sobre Abusos de Publicidad, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1° transitorio.

Artículo 69.- Reemplázase la letra l) del artículo 12 de la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, por la siguiente:

“l) Establecer una franja especial de carácter cultural, dentro del período de alta audiencia, para un día específico de todas las semanas, en que los concesionarios deberán transmitir, simultáneamente, programas culturales. Se entiende que tienen este carácter aquellos que están dedicados a las artes o a las ciencias.”

Artículo 70.- Las organizaciones gremiales que agrupan a los dueños de medios de comunicación y a los periodistas tendrán instancias de regulación de carácter ético respecto de sus afiliados, las que se regirán por sus reglamentos internos. Cualquier ciudadano que se sintiere afectado podrá recurrir antes ellas sin mayor exigencia que la formalización por escrito del requerimiento o denuncia. [31]

Artículos transitorios.

Artículo 1°.- Mientras no se dicte una disposición legal expresa sobre las materias a que se refieren los incisos segundo y tercero del artículo 3º y los artículos 49, 51 y 52, todos de la ley Nº 16.643, continuarán vigentes las mencionadas disposiciones.

La norma del primer inciso del artículo 15 de esta ley se aplicará a todos los impresos.

Artículo 2º. Los jueces militares y las Cortes Marciales, dentro de los quince días siguientes a la publicación de esta ley, deberán remitir a la Corte de Apelaciones respectiva los procesos pendientes sobre delitos cometidos con ocasión del ejercicio de las libertades de opinión e información y que, en virtud de los artículos 47 y 48, inciso segundo, pasen a ser de la competencia de los tribunales ordinarios. La Corte de Apelaciones distribuirá tales causas según las reglas establecidas en los párrafos 5° y 7° del Título VII y artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales, según corresponda.

Si el proceso se encontrare sometido al conocimiento de la Corte Suprema, el plazo establecido en el inciso anterior comenzará a correr desde que la causa sea recibida por el juez militar o la Corte Marcial, según sea el caso.

Artículo 3°. Para la vista y fallo de las causas indicadas en el inciso primero del artículo 46 y segundo del artículo 47, que a la fecha de su entrada en vigencia se encuentren pendientes ante la Corte Suprema, regirá lo prescripto en los artículos 93 y 99 del Código Orgánico de Tribunales."

El texto transcrito reemplaza al que figura en el segundo informe reglamentario. En él se han incorporado todas las enmiendas que ha experimentado el proyecto en el segundo informe y en el informe complementario emitido.

Continúa de Diputado Informante el señor Zarko Luksic Sandoval.

Sala de la Comisión, a 5 de septiembre de 1995.

Acordado, el segundo informe, en sesiones de fechas 20 de junio, 18 de julio y 9 de agosto de 1995, con asistencia con asistencia de los diputados señores Chadwick (Presidente), Aylwin, Bombal, Cardemil, Cornejo, Elgueta, Espina, Ferrada, Luksic, Martínez, don Gutenberg; Pérez, don Aníbal; señora Pollarolo; señor Viera-Gallo y señora Wörner.

Acordado, el informe complementario, en sesión de fecha 5 de septiembre de 1995, con asistencia de los mismos señores Diputados, salvo el señor Aylwin y la señora Pollarolo.

Adrián Álvarez Álvarez

Secretario de la Comisión

NUEVA LEY DE PRENSA. Primer trámite constitucional.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto sobre las libertades de opinión y de información y el ejercicio del periodismo, calificado con "suma" urgencia.

Diputado informante del segundo informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Luksic .

Antecedentes:

-Segundo informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, boletín N° 1035-07, sesión 34ª, en 6 de septiembre de 1995. Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Hago presente a la Sala que, a continuación del informe, se votarán los artículos que no han sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, varios de los cuales requieren quórum de ley orgánica constitucional o de quórum calificado para su aprobación. Con posterioridad a la votación, se iniciará el debate del artículo 1°. En su momento veremos si se extiende el tiempo de discusión o los Comités acuerdan un procedimiento para continuarla.

Solicito el acuerdo para que ingrese a la Sala el Subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, señor Edgardo Riveros .

Acordado.

En ausencia del señor Luksic , entregará el informe el Diputado señor Elgueta .

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia me ha encomendado informar el proyecto sobre las libertades de opinión y de información y el ejercicio del periodismo, respecto del cual se emitió un segundo informe complementario.

Desde el punto de vista conceptual, filosófico y doctrinario, esta es una de las iniciativas más importantes analizadas por la Cámara, porque se refiere a una actitud a una conducta del ser humano, a un valor dentro de la sociedad y al ejercicio más genuino de las libertades, por lo que influye sustancialmente en la democracia; en el pluralismo, en la tolerancia, en la participación. Para la comunicación que es propia del ser humano y que algunos dicen que es un derecho natural, espontáneo, derivado del derecho a la vida, que no implica sólo el derecho a vivir, sino también el derecho a vivir en sociedad era menester en nuestro país tener una normativa que no fuera una simple limitación, sanción o prohibición, como actualmente sucede con la denominada Ley de Abusos de Publicidad, la cual tiene un sentido positivo, que es reglar la libertad de expresión.

Hubo épocas en las que filósofos, como Aristóteles, ni siquiera se preocuparon de fundamentar este derecho, ya que existía la espontaneidad en la comunicación entre los hombres; pero hoy la complejidad de los medios técnicos exige que la comunicación se ponga en forma, lo que constituye una acepción semántica de la palabra información. Por lo tanto, la necesidad existencial de comunicarse ha generado el derecho a la información que, actualmente, se entiende que corresponde a todo ser humano.

En este segundo informe, numerosas disposiciones no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones; por lo que, de acuerdo con el artículo 131 del Reglamento, deberán de ellas deben darse por aprobadas. En su oportunidad, el Presidente indicará los artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado. En todo caso, están señalados en él informe.

No hay artículos suprimidos.

Fueron objeto de modificaciones los artículos 1°, 2°, 6°, 9°, 17, 20, 22, 26, 28 y 43, a los cuales me referiré a continuación.

El artículo 1° explícita la garantía constitucional de la libertad de opinión y de expresión sin censura previa. Fue objeto de tres indicaciones. La primera, se refiere a la libertad de pensamiento, consistente en la facultad de exteriorizar lo que se piensa y cree; la segunda, a la libertad de acceder a las fuentes de información y comunicar lo hallado en dichas fuentes, y la tercera, en la libertad de recibir la información.

La primera indicación recoge lo señalado por todos los constitucionalistas y también por los que analizaron el proyecto de nueva Carta Fundamental sobre este derecho esencial del hombre.

La segunda indicación reconoce el derecho de las personas a estar debidamente informadas sobre las distintas expresiones culturales, sociales o políticas existentes en la sociedad, con la finalidad de asegurar el pluralismo informativo y la difusión de las ideas de todos los sectores o grupos sociales, cualquiera que sea su poder económico. Fue objeto de una ardua y compleja polémica al interior de la Comisión y también en los medios de información pública.

Sobre el particular quiero señalar que toda expresión del pensamiento a través de los medios de comunicación tiene una contrapartida, cual es la existencia de personas que reciban esa información, quienes si van a estar insertas en un régimen democrático participativo, deben, a su vez, estar bien informadas. En otros países, por ejemplo España , se habla del derecho a informar verazmente, de tal manera que la opinión pública recibe una información verdadera o lo más cercana a la realidad.

La tercera indicación al artículo 1° es una declaración, y tiene por objeto agregar el siguiente inciso final: "Toda persona tiene derecho a informarse libremente en las fuentes públicas y en las fuentes privadas que por propia voluntad se hayan hecho accesibles a todos. Este derecho tendrá las solas restricciones que se funden en las normas de reserva legalmente vigentes."

Esta disposición formaba parte de otro artículo del texto primitivo del Ejecutivo y se trasladó al artículo 1°, por cuanto es el que describe los aspectos fundamentales de la libertad de expresión, de opinión y de información.

Las dos primeras indicaciones fueron aprobadas por mayoría. La última, por unanimidad.

El artículo 2° también fue motivo de modificaciones para reseñar en una forma bastante simple, clara y ejemplificativa la distinción entre los medios o soportes de la comunicación y lo que podría ser la opinión, la expresión, la información o lo que se denomina el mensaje.

Se expresa que se entenderá por medio de comunicación social los medios aptos, cualquiera que sea el soporte que utilicen, para fijar, almacenar, grabar, reproducir, transmitir, divulgar, difundir o propagar información, datos, sonidos o imágenes dirigidos al público. Se agregó que para que sean verdaderamente un medio de comunicación, tienen que operar en forma estable y periódica, con el objeto de dejar fuera de esta iniciativa a los volantes y propaganda callejera, que no informa sino que hacen publicidad, o se trata de una conducta informativa relativa o accesoria.

El artículo 6° se refiere al secreto profesional periodístico. Se trata de equiparar la actuación del periodista a la de otros profesionales, tales como abogados o médicos.

Esta disposición se aplica a los periodistas, a los directores y editores de medios de comunicación social y a las personas que por su oficio o actividad informativa hayan debido estar presentes necesariamente en el momento de recibirse la información confidencial.

En este punto se planteó que la redacción sólo garantizaba el secreto profesional periodístico respecto de la información confidencial entregada "off the record", con lo cual, en la práctica, éste se consagraba como un derecho relativo, distinto al que están sujetos otros profesionales universitarios.

Por esa razón, se aprobó por mayoría de votos una indicación sustitutiva por la que se elimina la expresión "confidenciales" y se hace aplicable a estas personas la disposición del número 2° del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal, con lo cual se les libera de la obligación de declarar como testigos.

Se aclara que las normas anteriores no regirán tratándose de informaciones relativas a los delitos contemplados en las leyes sobre tráfico ilícito de estupefacientes, substancias sicotrópicas y conductas terroristas que, como es sabido, tienen un tratamiento procesal punitivo distinto a las disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal. Esta modificación se aprobó por mayoría de votos.

El artículo 9° establece una serie de normas de carácter programático y otras de tipo obligatorio, destinadas a orientar las decisiones de las autoridades de la administración central, descentralizada, regional y municipal, con el fin de promover un mayor equilibrio, diversidad y pluralismo informativo, así como la libre competencia. Además, para asentar el periodismo regional se establecen distintas normas para fortalecer estas finalidades. En ese sentido, se cambió la expresión "posibilitando la expresión" por "asegurando la expresión efectiva", con lo cual se busca que el Estado garantice realmente el pluralismo en el sistema informativo.

La segunda modificación contiene tres incisos y establece que el Estado, a través del Ministerio Secretaria General de Gobierno, destinará recursos para la realización de estudios sobre el estado y evolución del pluralismo en el sistema informativo, los cuales se asignarán mediante concurso, entre los proyectos presentados por instituciones académicas u otras especializadas en la materia.

Para fijar los términos de referencia del concurso y adjudicarlo, se constituye un grupo técnico, que preside el Ministro de esa Cartera o la persona que él designe, y cuatro expertos en materias comunicacionales.

La designación de éstos corresponde, por partes iguales, al Consejo Superior de Ciencias del Fondecyt y al Instituto de Chile.

Este estudio sobre pluralismo no es vinculante a los medios de comunicación social. Sólo es un dato que debe conocer la opinión pública para juzgar si en nuestro país existe no un efectivo pluralismo, que garantiza nuestra Carta Fundamental.

La tercera modificación, reemplaza en el inciso quinto, la expresión "procurarán" por "dispondrán", por estimarse que con la redacción actual, la norma es programática y no imperativa.

Este inciso obliga a las autoridades pertinentes a disponer que, a lo menos en parte, los fondos que establecen los presupuestos del Estado, de sus organismos y. sus empresas, y de las municipalidades, destinados a avisos, llamados a concursos, propuestas o publicidad, con clara identificación regional, provincial o comunal, se utilicen en medios de comunicación social existentes en las localidades respectivas. Esta es una petición tanto del Colegio de Periodistas, como de distintos medios regionales, para que el Estado y sus organismos dirijan esos recursos a fortalecer los medios de comunicación regionales.

La cuarta modificación al artículo 9° permite que el Fondo de Desarrollo Regional a través de los gobiernos regionales pueda destinar recursos para financiar la realización, difusión o edición de programas, suplementos y espacios de alto nivel cultural o de interés regional, para ser publicados o difundidos por medios de comunicación social regionales o locales.

El artículo 17 eleva la multa en aquellos casos en que algún medio de comunicación no cumpla con los requisitos y exigencias establecidos para su funcionamiento.

Por unanimidad, la Comisión acordó elevar la multa establecida en el proyecto de dos a ocho unidades tributarias a otra que deberá fluctuar entre dos y cincuenta unidades tributarias mensuales.

El artículo 20 regula el derecho contemplado en el artículo 19, N° 12, párrafo tercero de la Constitución, que es uno de los fundamentales establecidos para los ciudadanos, conocido como "derecho a réplica" o de aclaración y rectificación.

Después de argumentar minuciosamente sobre su procedimiento que ya se dio a conocer en el primer informe se introdujo una modificación para intercalar una oración que amplía el derecho a réplica o de respuesta, y establecer que también puede ejercerlo el que deliberadamente fuere silenciado con respecto a un hecho u opinión de importancia o trascendencia social.

La indicación se aprobó por mayoría de votos y, en definitiva, quedó redactada de la siguiente manera: "La misma obligación regirá respecto de la aclaración que presente una persona natural o jurídica que haya sido deliberadamente silenciada con respecto a un hecho u opinión de importancia o trascendencia social".

Debo aclarar que aun cuando se debatió extensamente, ya que algunos parlamentarios sostuvieron que tenía implicancias constitucionales y otros que era un atentado contra el derecho de propiedad o una confiscación, finalmente se aprobó porque garantiza de mejor forma el pluralismo informativo, que también es un derecho constitucional y, además, porque el ofendido no sólo podría ser una persona víctima de una acción, sino también de una omisión. En consecuencia, se determinó que el precepto con las características y limitaciones de que se trate de un silencio deliberado y de un hecho u opinión de importancia o trascendencia social se encuadraba perfectamente dentro de nuestra Carta Fundamental.

Esta disposición como dijese aprobó por mayoría.

Al artículo 22 se le introdujo una enmienda de carácter formal, con el objeto de contemplar y agregar no sólo a la persona ofendida y a aquella que se considere injustamente aludida, sino también a los que fueren deliberadamente silenciados, para concordar esta disposición con la del artículo 20.

También se hizo concordante el artículo 26, agregando la expresión "o deliberadamente silenciada", después de la palabra "aludida". Además, se introdujo una modificación para clarificar el concepto "familiares", entendiéndose por tales al cónyuge y a los parientes en línea recta por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado. La ley actual y el proyecto que lo reproducía, contemplaban una enorme lista, la que se reduce a lo que se señala mediante esta indicación;

En el artículo 28, que sanciona a los que por cualquier medio de comunicación social realicen publicaciones o transmisiones que conciten el odio, la hostilidad o el menosprecio de personas o. colectividades, se estableció un aumento de pena relativo a las multas, porque esta infracción no amerita pena privativa de libertad. El proyecto fijaba una multa de veinte a cincuenta unidades tributarias, y la indicación la eleva a cincuenta y hasta cien. En el caso de reincidencia, se consagra una sanción de cien a doscientas unidades tributarias.

El artículo 43, ubicado dentro de los delitos cometidos contra las libertades de opinión y de información, sanciona hechos, actos o convenciones que tiendan a impedir la libre competencia. Se considera tales los que entraben la producción de informaciones, el transporte, la distribución, la circulación, el avisaje y la comercialización de los medios de comunicación social.

En consecuencia, se aplica para estas situaciones en cierta manera para regular los medios de comunicación el artículo 1° del decreto ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia y sanciona como delitos los actos que la obstaculicen. Las sanciones a estas conductas ahora se trasladan a las que regulan la propiedad y comercialización de los medios de comunicación social. Como contempla el artículo 1° del decreto ley, constituye un delito, y la pena es de presidio menor en cualquiera de sus grados, o sea, de 61 días a 5 años.

Para los efectos de la misma disposición legal se consideran artículos o servicios esenciales los pertinentes a la operación o mantención de los medios de comunicación social. En este caso, la pena se aumenta en un grado.

En esta norma, también se establece una disposición que constituye un avance muy importante en materia de competencia o de propiedad de los medios de comunicación Actualmente, la transferencia de estos medios es ignorada absolutamente por el público y mediante esta norma se le da transparencia. Establece que, con el fin de informar al público, "Cualquier hecho o acto relevante relativo a la modificación o cambio en la propiedad de un medio de comunicación social deberá ser informado a la respectiva Comisión Preventiva Regional o a la Comisión Preventiva Central, según corresponda, dentro de 30 días de ejecutado."

Con la misma finalidad, se formuló una indicación que obliga a dicha Comisión Preventiva a llevar un registro público actualizado de los propietarios de medios de comunicación social y de los cambios que se observen a través del tiempo.

En el segundo informe reglamentario también se incorporaron los artículos nuevos 69 y 70. El artículo 69 reemplaza la letra I) del artículo 12 de la ley que creó el Consejo Nacional de Televisión, con el objeto de reemplazar la norma relativa a la franja cultural que puede imponerse a los concesionarios. La disposición actual establece que los concesionarios de los canales de televisión deberán transmitir una hora de programas culturales a la semana, entendiéndose por tales los dedicados a las artes o a las ciencias. Estas transmisiones deberán hacerse en horas de alta audiencia, quedando a criterio de cada concesionario determinar el día y la hora, dentro de dichos horarios.

Esta disposición fue materia de un amplio debate, y se acordó sustituirla, argumentándose que no se estaba cumpliendo en forma adecuada, puesto que cada canal decidía cuáles eran las horas de mayor audiencia y los transmitían a horas distintas. Con el objeto de que exista verdaderamente una franja especial de carácter cultural, se optó por el criterio de la simultaneidad. De ahí que se redactara la siguiente letra I):

"I) Establecer una franja especial de carácter cultural, dentro del período de alta audiencia, para un día específico de todas las semanas, en que los concesionarios deberán transmitir, simultáneamente, programas culturales. Se entiende que tienen este carácter aquellos que están dedicados a las artes o a las ciencias."

Esta disposición se aprobó por mayoría de votos.

El artículo 70, nuevo, establece una simple adecuación formal, Dicho artículo disponía: "Las organizaciones gremiales que agrupan a los dueños de medios de comunicación y a los periodistas tendrán instancias de regulación de carácter ético respecto de sus afiliados, las que se regirán por sus reglamentos internos. Cualquier ciudadano que se sintiere afectado podrá recurrir ante ellas sin mayor formalidad que la formalización por escrito del requerimiento o denuncia." En esta redacción se cambió la expresión "formalidad" por "exigencia". Es decir, sin mayor exigencia, cualquier ciudadano podrá reclamar ante estas organizaciones gremiales de cualquier conducta que estime que no corresponde a la ética que deben observar tanto los propietarios como los periodistas en los medios de comunicación.

Respecto de esta disposición, aprobada por mayoría de votos, se hizo presente que en la actualidad no se encuentran vigentes las disposiciones legales que facultan a los colegios profesionales para conocer y resolver los conflictos que se promueve entre profesionales o entre éstos y sus clientes, como consecuencia del ejercicio de la profesión. Actualmente, estas personas pueden recurrir a los tribunales; en consecuencia, existirá una doble instancia: podrán escoger entre recurrir a estas organizaciones gremiales, a través de sus tribunales éticos, o a los tribunales de justicia, en virtud del decreto ley N° 3.621, de 1981, que fija las normas sobre colegios profesionales. Por lo tanto consecuencia, van a coexistir dos normas, y será el afectado quien escoja el camino a seguir.

Estas son las innovaciones y los artículos nuevos introducidos en el segundo informe. Por otra parte, no hubo artículos que debieran ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

Asimismo, se presentaron otras indicaciones, algunas delas cuales fueron rechazadas por la Comisión. La primera de ellas, relativa a la regulación de la propiedad de los medios de comunicación que decía: "En el caso de personas jurídicas con fines de lucro, la mayoría de los socios deberán ser de nacionalidad chilena y en ningún caso más del 30 por ciento del capital social podrá pertenecer directa o indirectamente a personas de nacionalidad extranjera", fue rechazada por mayoría de votos.

Otra indicación, relativa al delito de apología de la violencia o de incitación a ella, que agregaba en el párrafo inicial del artículo 27 la frase: "Sin perjuicio de las penas aplicables al delito si este se ejecutare;", también fue rechazada.

Del mismo modo, se rechazó una que intercalaba entre los incisos primero y segundo del artículo 43, el siguiente:

"Se reputarán como hechos de la naturaleza de los sancionados en el inciso precedente y se enumeraban como atentatorios a la libre competencia los siguientes hechos:

a) En el ámbito de la prensa escrita, el control de más del 30 por ciento del mercado informativo nacional en manos de una persona natural o jurídica, sola o asociada con otra u otras; y el control directo o indirecto por una persona natural o jurídica, sola o asociada con otra u otras, de más del 30 por ciento de la distribución de los diarios de información general;

b) El control de más del 15 por ciento del mercado informativo general por una sola persona natural o jurídica; o de más del 20 por ciento del referido mercado por dos o más personas naturales o jurídicas, asociadas;

c) El dominio de dos o más tipos de diversos medios de comunicación social en un mismo mercado, por una persona natural o jurídica, sola o asociada con otra u otras."

Por último, se presentó una indicación para agregar el siguiente artículo nuevo: "Las nuevas escuelas universitarias de periodismo podrán adscribirse a un sistema de acreditación por parte de las escuelas de periodismo que tengan más de diez años de existencia, para que certifiquen la calidad de la enseñanza impartida".

Fue rechazada, porque se estimó que más bien tenía que ver con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

En consecuencia, la Comisión impetra la aprobación de la iniciativa en la forma en que la aprobó en su segundo trámite reglamentario.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, se declaran aprobados los artículos 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 25, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 permanentes y 1° transitorio.

El señor JOCELYN-HOLT.-

Pido la palabra.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor JOCELYN-HOLT.-

Señor Presidente, ¿es posible pedir que se vote en forma separada el artículo 12?

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, como esos artículos no han sido objeto de modificaciones ni de indicaciones, están aprobados reglamentariamente.

Tampoco fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 18, 23, 40, 47, 48, 49 y 50 permanentes, y el 2° y 3° transitorios que contienen materias de Ley Orgánica Constitucional, y los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39, que revisten carácter de normas de quorum calificado.

Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, dichas disposiciones también deben ser votadas en particular.

El señor VIERA-GALLO.-

Pido la palabra por un problema reglamentario.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, como estos artículos no fueron objeto de modificaciones ni indicaciones y obviamente aprobados en la Comisión por unanimidad quizás usted podría pedir la anuencia de la Sala para aprobarlos, porque no creo que haya ninguna objeción respecto de ellos.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

¿Existe objeción sobre alguno de los artículos que he señalado o intención de votarlos en contra?

El señor LONGUEIRA.-

Pido la palabra.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, sería conveniente conocer la parte del artículo 12 que pidió votar en forma separada el Diputado señor Jocelyn-Holt porque podría solicitar la unanimidad de la Sala al respecto.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, respecto del artículo 12 no corresponde.

El señor LONGUEIRA.-

¿No podría acordarse por la unanimidad de la Sala?

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Por lo tanto, en primer lugar, consulto a la Sala si existe acuerdo unánime para aprobar los artículos que van desde el 29 al 39.

El señor VIERA-GALLO.-

Pido la palabra.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, en la página 3 del informe se dice que son de quorum calificado desde el artículo 27. Quizás, hay un error. De lo contrario, correspondería dar por aprobados desde el 27.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, es lo relativo al quorum, pero respecto del artículo 27 sólo corresponde votación. Debe haber una indicación. Por lo tanto, será tratado con posterioridad. Y el 28 fue modificado.

Ésa es la razón.

Tiene la palabra el Diputado señor Aylwin .

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, entiendo que todavía no estamos dando por aprobado el artículo 43, porque tiene una indicación renovada. Si estuviera aprobado, la renovación de la indicación sería improcedente.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Entiende bien, señor Diputado. No está siendo aprobado ningún artículo con indicación, menos aún si ha sido modificado.

Si le parece a la Sala, ya que no tienen indicaciones, se aprobarán, por unanimidad, los artículos 18, 23, 40, 47, 48, 49 y 50 permanentes y 2° y 3° transitorios, que contienen materias orgánicas constitucionales, y los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39, que revisten carácter de normas de quorum calificado.

Quedan aprobados por los más de 70 señores Diputados presentes de los 116 en ejercicio.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Ahora, corresponde iniciar el debate respecto del artículo 1°.

Hay diversos señores parlamentarios inscritos. Por tanto, si hacen uso de la palabra quienes la han solicitado, el resultado natural será que el debate se iniciará hoy y continuará el martes.

Tiene la palabra el Diputado señor Ferrada .

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, quiero hacer una sugerencia que, probablemente, podría ayudamos en el debate.

La discusión debe ser por artículos. Sin embargo, quienes han revisado el proyecto advertirán que sus disposiciones, siendo diversas, tratan de una misma materia, sobre la cual hay que adoptar una posición que, en el fondo, es más política que jurídica.

En consecuencia, es probable que resulte más fácil que, en lugar de tratar artículo por artículo, cada Diputado ocupe sus diez minutos entiendo que son dos discursos de cinco minutos para referirse a la posición central que está en discusión.

De esa forma, tal vez podamos despachar hoy el proyecto.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn .

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, no es posible lo que plantea el honorable Diputado, entre otras cosas, porque en la discusión particular el tiempo de intervención es por artículo, lo que se considera una discusión en sí misma.

Por lo tanto, hacerlo del modo que se ha sugerido eliminaría una parte importante de la discusión de un tema que amerita aplicar • el Reglamento in extenso y debatir todo lo que sea menester.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Vamos a ir artículo por artículo.

Si el Diputado señor Ferrada estima que para su argumentación es necesario referirse a otros preceptos, la Mesa tendrá amplitud de criterio al respecto.

Hasta el momento, están inscritos los Diputados señores Balbontín , Ferrada , Viera-Gallo , Chadwick , señora Wörner y señor Aylwin .

Daré la palabra en ese orden, pero deseo cerrar la inscripción para poder programar los tiempos. Además, se están inscribiendo los Diputados señores Latorre y Bayo , y también el señor Bombal .

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, no estoy de acuerdo en que se cierre la lista de inscripción, sino en que se aplique el reglamento estrictamente.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Se va a aplicar el Reglamento, pero las personas quedan sujetas a que se pida el cierre del debate.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, solicito que tenga la gentileza de inscribirme en el debate, si es posible.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Muy bien, señor Diputado.

El señor MOREIRA.-

Muchas gracias por darme la palabra, señor Presidente.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Para referirse al artículo primero, tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Balbontín .

El señor BALBÓNTÍN.-

Señor Presidente, en verdad, considero que en el artículo 1° se encuentran los contenidos de carácter doctrinario de mayor importancia la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia señaló que era menester entrar en mayores precisiones, pues se refiere concretamente a la libertad de pensamiento, a la libertad de acceder a las fuentes de información y a la libertad de recibir información.

Lo que diferencia a los seres humanos del resto de los mamíferos es la capacidad de razonamiento, y ese pensamiento y razonamiento deriva, precisamente, de la capacidad del lenguaje, es decir, de la conversación o comunicación con otros. El hombre es básicamente superior. Lo que realizamos con nosotros mismos cuando pensamos, lo hacemos en razón de un lenguaje, cualquiera que éste sea: el de las letras, el matemático o el informático.

De allí que es absolutamente inherente a la libertad del hombre y a la condición humana el que se garantice esta libertad de pensamiento y, por ende, de comunicación.

En la sociedad moderna, en nuestra sociedad, esto está íntimamente ligado con la existencia de los medios de comunicación y, por lo tanto, debemos recordar lo que la literatura ha señalado en reiteradas oportunidades en el "Mundo Feliz", de Huxley, o en "1984", de Orwell, esto es, cuán importante es la capacidad que debemos tener los seres humanos de pensar libremente y cuán terrible es cuando pueden ser conducidos o manipulados a través de los medios de comunicación.

De allí que este elemento, el que considera inherente a la condición humana la libertad de opinión, la información y la competencia de ideas, es clave. El derecho de las personas a estar debidamente informadas sobre las distintas expresiones culturales o sociales de la sociedad, constituye un derecho primordial que es necesario asegurar para que exista el pluralismo al interior de ella. En la difusión de las ideas, para el progreso colectivo de los seres humanos, la variedad y la heterogeneidad son fundamentales.

En tercer lugar, para que toda persona tenga derecho a formarse su criterio, debe informarse libremente en las fuentes públicas y en las fuentes privadas. Para eso, éstas deben ser accesibles a todos. Este derecho tendrá las solas restricciones que se funden en las normas de reserva legalmente vigentes.

Celebro que se haya hecho esta precisión de carácter conceptual en el texto que estamos aprobando y quiero, además, ver su relación con el artículo 9°, pues el Estado tiene la obligación de garantizar el pluralismo en el sistema informativo, para lo cual habrá que fortalecer y favorecer la coexistencia de diversidad de medios de comunicación social y la libre competencia entre ellos, asegurando la expresión efectiva de las distintas corrientes de opinión, así como la variedad social, cultural y económica de las regiones y localidades.

Me parece que el instrumento señalado en la propuesta del Ejecutivo es extraordinariamente pertinente. No basta sólo con asegurar, desde el punto de vista declarativo del derecho, que existe la facultad para el conocimiento plural de lo que acontece en la realidad nacional o internacional. Es imprescindible contar con instrumentos, como los aquí señalados, a través de recursos asignados al Ministerio Secretaría General de Gobierno, en los que participaría el Fondecyt y el Instituto de Chile, para colegir si dicho pluralismo efectivamente existe o no; es decir, para medir frente a la opinión pública el peso relativo de los distintos medios de comunicación y sus contenidos. O sea, mediremos la temperatura de si hay o no manipulación.

Porfío tanto, el artículo 9o me parece indispensable para garantizar lo establecido en el artículo 1° de esta normativa legal.

He reiterado en la Sala una indicación suscrita en la Comisión por los Diputados señores Andrés Aylwin y otros, porque para concretar este pluralismo, me parece imprescindible que en el artículo pertinente haya posibilidad de que la propiedad de los medios de comunicación no sea un elemento conducente a la manipulación.

En Chile, dadas la pequeñez de nuestro medio habitual de comunicación, la escasez de población, la restringida cantidad de personas que habitan en determinadas regiones, se puede llegar a manipular la opinión pública, a través de la radio, la televisión o de un solo medio escrito. Para garantizar que ello no ocurra, es menester introducir correcciones en el acceso a la propiedad de los medios, de modo que, por esa vía, a través de los consejos de los medios de comunicación, del acceso que tiene el medio y de la verticalidad de estos instrumentos en su forma de operación, tampoco se logre conculcar la opinión de las personas.

Por lo tanto, reitero la indicación y la planteo como una exigencia para concretar la disposición.

También celebro que el acceso de los chilenos a una franja cultural, que garantiza el artículo 69, se haga ahora de modo competitivo, es decir, que haya competencia en las capacidades de introducir en la comunicación nuevos elementos de calidad.

Sabemos positivamente que ésta es una de las cuestiones que más nos debe preocupar, sobre todo a aquéllos que durante tanto tiempo han reclamado por el nivel, la deformación o la simplicidad de los contenidos de muchos programas de los canales de televisión y de los medios de comunicación.

La capacidad analítica que estos medios tengan, a través de la competencia en la calidad de lo cultural, me parece de extraordinaria importancia, y que no se dejen espacios de carácter cultural, musical o científico en las horas en que no existe acceso para la opinión pública, en especial para los sectores más populares.

He querido hacer éstas consideraciones para establecer algo que está muy relacionado con lo que aquí se ha señalado. Ello es que hay cierta lógica en los artículos de esta iniciativa.

Celebro que hayamos alcanzado un gran consenso en tomo a ellos y es indispensable que los aprobemos con la mayor celeridad y rapidez para dar un nuevo paso en la cultura de este país.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

El Diputado señor Balbontín ha usado todo su tiempo, lo señalo para que los señores parlamentarios inscritos recuerden que disponen de diez minutos para su intervención.

Tiene la palabra el Diputado señor Luis Valentín Ferrada .

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, el artículo 1° del proyecto, fija la filosofía y extensión del resto de la normativa que el cuerpo legal propone. En consecuencia, es prácticamente imposible referirse a él sin abordar todo el articulado.

A continuación señalaré algunas imperfecciones de lo que entendemos como un muy buen proyecto que, a juicio de nuestra bancada, merecen cierta preocupación. Digo esto, porque en los últimos días, en no pocas publicaciones, se deja entender que estaríamos en presencia de un mal proyecto de ley y que habría que perfeccionarlo bastante. Pienso lo contrario: que tenemos un excelente proyecto, aunque hay que introducirle correcciones.

Es importante destacar que durante largo tiempo hubo un trabajo conjunto y desde todos sus ángulos, de la Secretaría General de Gobierno, a través de sus principales autoridades, de todo el mundo del periodismo nacional y, desde luego, de la Comisión de Constitución, que asumió su rol en forma seria, profesional y honesta.

¿Cuáles son las imperfecciones que desde el punto de vista de la bancada de Renovación Nacional revisten preocupación y gravedad?

En primer lugar, el artículo 9° establece el principio del pluralismo. Tal como ha sido redactado, y haciendo una lectura fina y estricta de él, nos parece que está bien. Sin embargo, a nuestro juicio, podría haber estado aún mucho mejor. El pluralismo al que se refiere es lo que hemos denominado "pluralismo externo", esto es, que en el medio chileno coexistan gran cantidad de distintos medios de expresión. Pero el pluralismo que contempla este artículo y esto lo digo con claridad, para que nadie se llame a engaño no toca al pluralismo interno, del que en la prensa y, seguramente, más tarde se hablará aquí en la Sala. Creo haberlo ya advertido de las palabras del señor Diputado que me precedió.

Si el Consejo que allí se establece para vigilar el pluralismo, en vez de ser la expresión de la explicitación del principio de la libertad absoluta, de la competencia, consagrado por la Ley Antimonopolios y que se explícita aquí para dejarlo más claro y alguien creyera desprender de esta normativa imposiciones a un pluralismo interno, constituiría un abuso qué pondría en grave riesgo garantías constitucionales precisas. Y si el Consejo que se establece creyera que, en virtud de esta norma, puede intervenir en el pluralismo interno, sería la institucionalidad de una suerte de santo oficio inquisidor del Estado, para la libre administración de los editores en los medios de comunicación social.

Los medios estatales, como Televisión Nacional, el diario La Nación, existen, precisamente, como expresión de que el Estado chileno quiere garantizar el pluralismo, y que lo que no publican los privados debe hacerlo el Estado a través de sus medios, dando acogida a todos los ciudadanos. Cosa muy distinta y lamentable es que la historia del periodismo estatal en Chile haya sido perturbada. No hago ninguna acusación particular en contra de nadie, porque todos somos reos de delito de haber permitido que en los últimos 40 ó 50 años haya sido no como la BBC de Londres un periodismo de trinchera de los gobiernos de turno, en lugar de haber sido como un instrumento leal, honesto al servicio del pluralismo, de los que no tenían voz en los medios privados.

Respecto del pluralismo, subsiste, desde nuestro punto de vista, un aspecto no bien resuelto por el proyecto, y es lo que toca al periodismo regional. En esta materia, como en tantas otras, Chile observa desequilibrios muy graves. No es lo mismo hablar de medios de comunicación en la Región Metropolitana qué en el resto del país. Esperábamos que el Gobierno hubiese encontrado una respuesta mucho más decidida, de apoyo satisfactoria para que la cultura regional su historia y sociología tuviera formas reales de cómo expresarse.

Otra imperfección que, a nuestro juicio, puede ser muy grave, es la imposición de la llamada "Franja Cultural" que contempla el artículo. 69.

Los Diputados de Renovación Nacional no creemos en las distintas formas del paternalismo cultural. La cultura no se impone. No puede imponerse, distribuirse, ni difundirse por decretos o por leyes.

Y en lo que toca a la competencia a que se refería el Diputado señor Balbontín , hoy está determinada principalmente por la coexistencia de muchas cadenas de televisión por cable privado sobre las que no pesara esta obligación, lo cual vendrá a constituir una suerte de discriminación para los canales abiertos muy difícil de soportar.

Otro problema es el relativo al secreto. La ley no ha sido perfecta al describir y al proteger el secreto profesional periodístico. Principalmente, porque en su redacción hemos cometido un error o una imprecisión o no hemos llegado al fondo del asunto. El punto central es que hemos asimilado la norma del proyecto al secreto profesional del Código de Procedimiento Penal; o sea, aquel que cubre "el no decir", en circunstancias que los periodistas reclaman para sí uno de una lógica distinta: "el secreto para decir".

En consecuencia, pienso que una mejor redacción de ésa norma, contribuiría a despejar esa duda.

No obstante lo anterior, me voy a referir no a una imperfección sino a una cuestión gravemente inconstitucional que subyace en la indicación al artículo 20 de los Honorables Diputados señores Aylwin y Elgueta . Esto es, la extensión del derecho a réplica frente a la omisión, que se relaciona con el inciso tercero del artículo 1° del proyecto.

Deseo plantear la inconstitucionalidad por si en el futuro esta materia debiese ser dilucidada por el Tribunal Constitucional. Pero no quiero basar mi alegato en la Constitución de 1980, que a algunos aún les merece muchas dudas o reproches, sino fundarla en el Pacto de San José de Costa Rica sobre los Derechos Humanos. Quiero sostener de qué manera este derecho a réplica extendido a la omisión es absolutamente contrario a ese tratado internacional.

De modo que si no basta como argumento la clara norma de la disposición constitucional, al menos que haga pesó en la conciencia de los proponentes y de quienes deben decidir después, la comparación de lo que establece como sentido exacto del derecho a réplica el Pacto de San José y lo que se nos ha propuesto con esta indicación.

Por estas razones y sin perjuicio de que otros Diputados o yo mismo intervengamos después en la discusión en particular para tocar aspectos jurídicos, como bancada, nos opondremos; votaremos en contra las indicaciones a que me he referido, pediremos la división de las normas al momento de votarlas en aquella parte que no haya sido discutida y, desde luego, planteo la cuestión formal de la inconstitucionalidad del inciso tercero del artículo 1° y del artículo 20.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor José Antonio Viera-Gallo .

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, como se ha indicado, el artículo 1° fija el marco conceptual del proyecto. Sin duda, estamos ante una iniciativa que da un paso adelante muy significativo en nuestra legislación para la consagración, defensa y promoción de la libertad de expresión sin ningún tipo de restricciones.

Es importante decir esto en el Parlamento y en esta ocasión, porque en nuestro país, no hace tantos años, esa libertad fue conculcada, impedida y arrebatada a muchos ciudadanos en forma arbitraria. No obstante, en nuestra legislación subsisten dos aspectos en los que todavía se puede advertir una clara amenaza a la libertad de información.

En primer lugar, lo que establece la Constitución de 1980 respecto de la censura previa cinematográfica, tema que nuestra bancada ha tratado de despejar en diversas ocasiones. Sin embargo, sigue habiendo discriminación en la cinematografía y una lesión al derecho de la libertad de expresión.

En segundo lugar, la Ley de Seguridad Interior del Estado jamás fue aplicada por el gobierno del ex Presidente Aylwin ni lo ha por el del Presidente Frei hasta ahora, pero podría ser utilizada el día de mañana en desmedro de la libertad de información.

Es nuestra voluntad que en su momento se proceda a una revisión de esa legislación de excepción, caracterizada por una fuerte connotación autoritaria.

Asimismo, esta libertad de información en nuestro país se encuentra enmarcada dentro de la globalización del proceso de comunicación a nivel mundial. Dicha globalización la condiciona de manera clara, pero a veces desvirtúa o limita esa libertad, porque todos conocemos la enorme concentración de la propiedad en las agencias de noticias a nivel internacional y que son no más de tres o cuatro agencias mundiales las que nos transmiten la información que después se reproduce en los medios locales, tanto en la prensa escrita como en la radiodifusión o en la televisión.

En segundo lugar, porque hay un proceso global, a nivel mundial, de concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Esto también influye en nuestro país. Quiero poner el caso de la televisión de los Estados Unidos. Recientemente se han producido en ese país importantes transacciones comerciales que han determinado la consolidación de cuatro grandes consorcios de comunicación televisiva: la cadena ABC, adquirida por la Walt Disney; la CBS, por la Westinghouse; la NBC y la FOX, a las cuales es necesario agregar la CNN, que se alza como el canal de televisión informativo más importante del mundo.

La integración horizontal de los medios de televisión norteamericana determina que de cada cuatro informaciones que recorren el planeta, tres son generadas por esos medios. De allí, que hay una situación global mundial que afecta, que lesiona el pluralismo informativo.

Sería una ilusión de nuestra parte pensar que vamos a crear una isla de libertad y de pluralismo en nuestra patria cuando, al menos, estamos involucrados en un sistema que es abiertamente injusto. Esto fue además claramente denunciado en la década de los setenta por el informe Me Bride, en la Unesco, que se llamaba "Un mundo, muchas voces", en el cual se hizo un estudio, cuyo diagnóstico no ha hecho otra cosa que agravarse en estos años sobre la profunda distorsión del sistema de comunicaciones internacional. Tan fuerte fue la polémica que ese informe trajo consigo, que el Gobierno de los Estados Unidos se retiró de la Unesco y, además, le quitó los fondos para que pudiera seguir funcionando.

No es mi ánimo traer a colación viejas polémicas, sino señalar que existe esa limitación del mundo global. La otra limitación es que la libertad de información en una sociedad moderna de masas se ejerce básicamente por la habilidad que tienen los ciudadanos para crear medios de comunicación social, con base en su capacidad económica para sostenerlos. Por eso un inciso del artículo 1° dice: "Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las que señala esta ley". Pero lo que está implícito aquí es que todo esto se puede hacer sólo si se tiene dinero; no cualquiera puede crear, fundar, editar o mantener medios de comunicación. Es decir, la propiedad es un filtro para el ejercicio real de la libertad. Eso ocurre en cualquier sociedad de mercado, como es la nuestra, además incorporada en este sistema internacional de comunicación.

Digo esto, que parece una afirmación obvia, porque alguien pudiera llamarse a engaño de que, por la pura proclamación abstracta de la libertad, esa libertad después se puede ejercer en plenitud en la realidad social. Aquí estamos ante la defensa de un principio obviamente importante a nivel constitucional. Sin embargo, después no podemos cerrar los ojos ante las limitantes prácticas que existen, que el propio Diputado señor Valentín Ferrada ha reconocido cuando se ha referido a la prensa regional. Lo mismo podría decirse respecto del monopolio o de la fuerte presencia que tienen en la prensa nacional las cadenas Copesa y la de El Mercurio. Es decir, hay una libertad que está limitada por la propiedad de los medios de comunicación. Para corregir esta situación, se ha introducido una indicación en el inciso que sigue del artículo 1°, que me parece muy importante, el cual establece el derecho a la información y que dice: "Igualmente, se reconoce el derecho de las personas a estar debidamente informadas sobre las distintas expresiones culturales, sociales o políticas existentes en la sociedad."

Este principio justo, que viene a ser una especie de hipoteca social sobre la propiedad de los medios, no tiene ninguna traducción práctica concreta en el proyecto, salvo, quizás, algunas referencias, a las cuales me voy a referir; pero, cuando las enumere, la Sala podrá comprender que son absolutamente insuficientes como para hacer práctico este derecho a la información.

La primera podría ser el artículo 9°, que establece un informe sobre el pluralismo, que haría una agencia externa o el Ministerio Secretaría General de Gobierno. La segunda podría ser una aspiración programática para que el Estado favorezca a los medios regionales de información.

Esta idea o este principio también podría estar señalado o materializado en algunos de los delitos que se tipifican y que sancionan a quienes impidan que se difunda la información. Pero la verdad es que rio hay ningún artículo concreto que haga carne y realidad el derecho que tenemos los chilenos, como aquí se señala, a estar plenamente informados de las distintas expresiones culturales, sociales y políticas existentes en nuestro país, porque ese derecho, a su vez, está mediado por el que tienen los propietarios de los medios de comunicación social a difundir lo que ellos estimen conveniente y les parezca justo.

Para evitar ese problema, los Diputados señores Elgueta y Aylwin han presentado en la Comisión una indicación, que fue aprobada, que trata, al menos, de establecer una rendija, un resquicio, por el cual este principio pueda hacerse efectivo en el sistema de propiedad de los medios de información.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Es una rendija.

El señor VIERA-GALLO.-

En realidad, es una rendija, pero es muy estrecha.

Dicha indicación establece que las personas que han sido víctimas de un silenciamiento deliberado por los propietarios de los medios de comunicación tienen derecho a que sus opiniones se expresen en esos medios, indicación que será discutido en su momento. Pero los Diputados señores Elgueta y Aylwin podrán coincidir conmigo en que, aun cuando la Sala apruebe su indicación, la verdad es que no garantiza que exista en la práctica una plena libertad en el ejercicio de este derecho, por cuanto está limitado y condicionado por el "filtro" de la propiedad, tanto a nivel global como nacional.

¿Cuál puede ser el camino que nos lleve a una situación más equilibrada? Pienso, como una aspiración de esta bancada, que debiera haber un sistema más equilibrado entre medios públicos y privados de comunicación, entendiendo por públicos, no los del Gobierno, sino los del Estado, que entrega pluralísticamente al servicio de la comunidad, sin que esté mediado por la propiedad. El Estado asume como función propia establecer un canal de comunicación de los distintos grupos, entes o instituciones de la sociedad.

Por último, desgraciadamente ése no ha sido el estado de discusión en que nos encontramos, porque el Gobierno lo que ha hecho y tiene razón en hacerlo y ha tenido todo nuestro respaldo al intentarlo es garantizar la libertad en el proyecto. No garantiza la justicia: sólo la libertad, pero ya es un paso. La justicia será un segundo paso que, esperamos, algún día este Gobierno de la Concertación o el próximo pueda implementar.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Todos los señores Diputados han hecho uso exactamente de los diez minutos que les corresponde. Como quedan seis minutos del Orden del Día solicito la unanimidad de la Sala para prorrogarlo por cuatro minutos a fin de que el Diputado señor Chadwick pueda hacer uso de sus diez minutos.

Acordado,

Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick .

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, me remitiré específicamente al artículo 1° que, como se señaló previamente, fija el marco conceptual de aplicación del resto de las normas y que sirve de soporte y de fundamento a muchas de ellas.

A mi juicio, en este artículo 1° comparto casi la totalidad de sus incisos está debidamente garantizada no sólo la libertad de opinión y de expresión, sino también el buen funcionamiento del ejercicio de tales libertades a través de los medios de comunicación.

Me ahorra muchas palabras lo señalado precedentemente en la Sala y comparto plenamente muchas de las expresiones aquí vertidas, de que este artículo 1° resuelve bien y fija un buen marco conceptual a lo que debemos entender como correcta aplicación de la libertades de opinión y de expresión.

Por consiguiente, me referiré sólo a un aspecto de este artículo que me parece extraordinariamente medular: el concepto de ejercicio de las libertades de opinión y expresión que, al mismo tiempo, sirve de fundamento y de base a otras disposiciones. Me refiero al inciso tercero del artículo 1°, que surge de una indicación de los Diputados señores Andrés Aylwin y Sergio Elgueta , y que, a mi modo de ver, cambia un elemento fundamental en lo que debe ser la correcta aplicación de estas libertades.

El referido inciso incorpora un derecho nuevo, que no está dentro de nuestro ordenamiento constitucional ni legal: el derecho de las personas a estar debidamente informadas. No está contemplado en el artículo 19, número 12, de la Constitución y nunca lo ha estado en nuestro ordenamiento legal; tampoco se encuentra en los distintos ordenamientos internacionales relacionados con las libertades de opinión y de expresión. A mi juicio, altera en términos muy profundos lo que debe ser la su correcta concepción de estas libertades.

La Constitución, en su artículo 19, número 12, busca consagrar estas libertades y su buen ejercicio armonizando dos aspectos: la consagración amplia de la libertad de informar y expresar, y el funcionamiento posible y correcto de los medios de comunicación, instrumentos modernos a través de los cuales se ejerce la información.

¿Cómo lo garantiza el número 12 del artículo 19 de la Constitución? Primero, consagrando estos derechos; segundo, estableciendo que deben hacerse sin censura previa; tercero, consignando el libre acceso a la fundación de medios de comunicación social. Esta garantía permite el ejercicio pluralista de los medios de comunicación social.

El Diputado señor Viera-Gallo recién señaló que esta libertad está sujeta al hecho de tener recursos materiales para fundar un medio de comunicación. No es ninguna novedad que alguna libertad o derecho esté condicionado a tener los recursos económicos. El punto es ¿cuál es la alternativa? Si no está condicionada a eso, la única alternativa distinta es que los medios de comunicación provengan de recursos sociales, es decir, de los recursos del Estado, y todos sabemos que, por esa vía, en vez de garantizarse el pluralismo, se termina conculcándolo en forma definitiva.

Un cuarto elemento por el cual se garantiza la armonía entre libertad y funcionamiento está, en el hecho, en la prohibición del Estado de establecer monopolios en medios de comunicación, que es lo que recién se señaló en relación con la garantía de la propiedad sobre ellos y de la libertad.

Finalmente, el constituyente encarga al legislador establecer las sanciones para los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades.

Estas son las distintas disposiciones que nuestra Constitución contempla para garantizar la libertad y, al mismo tiempo, para establecer el buen funcionamiento; pero no contempla el derecho de las personas a estar debidamente informadas. Y no lo hace, por una razón muy profunda, a mi modo de ver. Todos los elementos constitucionales anteriormente señalados son objetivos, es decir, a través de la ley y del ejercicio del recurso de protección se puede reclamar objetivamente de conculcación a la libertad de opinión o de información, de un mal funcionamiento de un medio de comunicación o de un abuso en el ejercicio de estas libertades.

Están establecidas en términos objetivos. Es así como en nuestra legislación y en la que estamos proponiendo, se establece, por ejemplo, que para garantizar el buen funcionamiento se sancionará la falsedad o la mentira en la entrega de una información; pero no puede la Constitución ni puede pensarse que se garantizará la libertad de información o expresión establecer un elemento de carácter subjetivo.

¿Qué es el buen funcionamiento de un medio de comunicación? ¿Qué es el derecho a estar debidamente informado? ¿Puede haber algo más subjetivo que establecer un derecho en esos términos? ¿Qué significa estar debidamente informado?

Y por ser este elemento tan subjetivo, la Constitución, el ordenamiento legal y los tratados internacionales, cuando reglamentan y establecen la libertad de expresión y opinión, no lo consagran, porque, de lo contrario, el efecto práctico de su consagración es mucho más pernicioso para las libertades que estamos tratando de garantizar.

¿Cómo puede funcionar un medio de comunicación que está sujeto a. una acción judicial de cualquier persona que se sienta que no está debidamente informada?

Un ejemplo práctico. ¿Cómo puede desarrollarse un editor, en el ejercicio del periodismo, si su medio de comunicación, frente a cualquier particular que siente que no está debidamente informado, va a estar sujeto a una acción judicial en que se reclamará el ejercicio de este derecho? ¿De qué extensión tendrían que ser las informaciones de prensa? ¿De qué forma deberían elaborarse?

Además, existe una profunda contradicción. El proyecto trata de dignificar el ejercicio de la función periodística, porque se confía en que los periodistas, a través de sus estudios universitarios, están profesionalmente preparados para informar debidamente a la población, a través de los medios de comunicación. Sin embargo, a renglón seguido, establece una profunda contradicción: una acción eventualmente de carácter judicial, porque se establece el derecho de la persona a reclamar de la Indebida información.

Más allá de los aspectos constitucionales y teóricos, quiero llamar la atención en que este derecho, en la forma como se consagra, imposibilita el ejercicio y el funcionamiento de los medios de comunicación. Y como ése es el resultado práctico que muy bien señaló el Diputado señor Viera-Gallo cuando se presentó la indicación en la Comisión, no tenemos otra alternativa que terminar en medios de comunicación de carácter estatal; porque medios de comunicación de carácter privado sujetos a este gravamen o enfrentados al ejercicio de esta acción o a este derecho de la ciudadanía, no pueden funcionar en términos prácticos.

Por consiguiente, el derecho que garantiza el artículo 1° viene a alterar, a mi juicio, en términos muy profundos, el libre ejercicio de la libertad de opinión y expresión, la dignificación del ejercicio periodístico y la libertad de los medios de comunicación.

Se ha señalado que este derecho no tendría efectos prácticos, porque no se contempla una acción judicial para su aplicación. Dos situaciones:

En primer lugar, no podemos establecer derechos si no los acompañamos de acciones prácticas para su ejercicio, porque la ley no es un acto académico y no puede prestarse para ser un acto risible frente a la ciudadanía. En coherencia con ello, si se va a establecer el derecho, establezcamos la acción. Si se quiere establecer un derecho sin acción, no podemos aceptar el bochorno que significa la forma de incorporarlo en el artículo 1°.

En segundo lugar, sí produce un efecto, ya que al incorporarse en el artículo 1°, que es la base conceptual de la libertad de opinión y expresión, inmediatamente sirve de fundamento a otras disposiciones, como señaló el Diputado señor Viera-Gallo y me parece correcto; porque si se incorpora en el aspecto conceptual de la ley, este derecho inmediatamente sirve de soporte y fundamento a otras disposiciones para su aplicación práctica. De hecho, el proyecto así lo hace en los artículos 9| y 20, dos disposiciones que no tendrían sustentación si no estuvieran fundadas en esta norma.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Señor Diputado, han terminado sus 10 minutos. Le ruego que redondee la idea.

El señor CHADWICK.-

El artículo 9o señala que es deber del Estado asegurar la expresión efectiva del pluralismo dentro de la sociedad. ¿De dónde arranca el fundamento de este deber del Estado? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer?

Si mantenemos el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada, en este deber del Estado, que originalmente habíamos consagrado sólo relativo al hecho de que existan diversos medios de comunicación, le estamos dando el fundamento para que sienta que en su cumplimiento puede entrar a examinar y a evaluar el sistema de pluralismo al interior de los medios de comunicación.

De hecho se desprende de los términos, está la existencia o la creación de un organismo que va a evaluar el sistema de pluralismo de los medios de comunicación.

Es decir, el Estado, con un organismo especialmente creado al efecto, va a examinar anualmente si los medios de comunicación están ejerciendo la libertad de opinión y de expresión en los términos que ese organismo disponga que son los adecuados. Esto es una censura, esto es un examen, esto es una revisión por parte del Estado de la forma cómo los medios de comunicación ejercen sus libertades. Esto no corresponde dentro de nuestro ordenamiento constitucional y del sentido amplio de la libertad de expresión y de opinión.

Y el artículo 20 establece una acción con mucho respeto lo señalo absolutamente sorprendente y extraordinariamente original. Los ciudadanos tendrán derecho a replicar a los medios de comunicación por las declaraciones e informaciones cuando son omitidos.

Si mañana doy una conferencia de prensa y un medio de comunicación no la refleja o toma parte de lo que dije, de esta ley surge mi derecho a reclamar que se incorpore lo que expresé en un medio de comunicación.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

No es así, señor Diputado.

El señor CHADWICK.-

Sí, señor Diputado, según los términos señalados en el proyecto.

Esto es una acción que hace imposible el ejercicio de la libertad de opinión y expresión y del periodismo en Chile.

Por consiguiente, del artículo 1°, sobre la base conceptual del derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada, arrancan dos disposiciones del proyecto de ley que, a mi juicio, en vez de garantizar la libertad de información o expresión, terminan limitándola, conculcándola en términos importantes y con un efecto práctico devastador, haciendo imposible el funcionamiento de los medios de comunicación.

Por lo tanto, si la intención fue garantizar en mejor forma la libertad de expresión o información, el remedio que se ha planteado es peor que la enfermedad, porque termina limitando seriamente las libertades consagradas en la Constitución.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Señor Diputado, prorrogó su tiempo en tres minutos y treinta segundos. Lo digo para que se sepa que la Mesa es lo más transparente posible.

Están inscritos para intervenir en la discusión particular del proyecto en la sesión del próximo martes, los siguientes parlamentarios: Diputada señora Martita Wörner, Diputados señores Andrés Aylwin, Carlos Bombal , Sergio Elgueta , Francisco Bayo , Juan Carlos Latorre, Teodoro Ribera, Tomás Jocelyn-Holt, René Manuel García ; Diputada señora Isabel Allende y Diputado señor Alberto Cardemil .

El señor RIBERA.-

Pido la palabra.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, no corresponde que los parlamentarios se inscriban para la próxima sesión, pues se iniciará y se abrirá nuevamente el debate, porque el hecho produce problemas con quienes no se han inscrito y solicitan hacer uso de la palabra. Por eso, aparte de la constancia, no es adecuado que el número sea cerrado y no se permita la participación de otros parlamentarios.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Quiero aclarar que no está cerrada la inscripción. Sólo di a conocer los nombres de los que se han inscrito en el día de hoy, para que intervengan en el mismo orden el próximo martes.

Lo anterior corresponde a los acuerdos que se adoptaron al comienzo de la sesión,

Ha terminado el Orden del Día.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Señor Diputado, prorrogó su tiempo en tres minutos y treinta segundos. Lo digo para que se sepa que la Mesa es lo más transparente posible.

Están inscritos para intervenir en la discusión particular del proyecto en la sesión del próximo martes, los siguientes parlamentarios: Diputada señora Martita Wörner , Diputados señores Andrés Aylwin , Carlos Bombal , Sergio Elgueta , Francisco Bayo , Juan Carlos Latorre , Teodoro Ribera , Tomás Jocelyn-Holt , René Manuel García ; Diputada señora Isabel Allende y Diputado señor Alberto Cardemil .

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Señor Diputado, prorrogó su tiempo en tres minutos y treinta segundos. Lo digo para que se sepa que la Mesa es lo más transparente posible.

Están inscritos para intervenir en la discusión particular del proyecto en la sesión del próximo martes, los siguientes parlamentarios: Diputada señora Martita Wörner , Diputados señores Andrés Aylwin , Carlos Bombal , Sergio Elgueta , Francisco Bayo , Juan Carlos Latorre , Teodoro Ribera , Tomás Jocelyn-Holt , René Manuel García ; Diputada señora Isabel Allende y Diputado señor Alberto Cardemil .

NUEVA LEY DE PRENSA. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. (CONTINUACIÓN).

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Corresponde continuar el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre las libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo.

Hago presente a la Sala que este proyecto tiene urgencia calificada de "suma" y que su plazo de discusión reglamentaria está vencido. Por lo tanto, debe ser despachado hoy. Si llegada la hora de término de la sesión no hubiera terminado el debate, se procederá a la votación del resto del articulado, sin debate. Ojalá lo despacháramos antes, lo que dependerá de la extensión de los discursos.

El artículo 1° se votará después que intervengan los Diputados señores Rocha , Bombal y Gajardo .

El señor LEAY.-

¿Me permite?

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, la Comisión de Gobierno interior va a sesionar simultáneamente con la Sala, porque tiene que despachar un proyecto de "discusión inmediata". Por ello, solicito que sus integrantes sean avisados oportunamente para la votación del articulado en particular.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Con todo gusto, señor Diputado.

Solicito el asentimiento de la Sala para que ingrese el Subsecretario General de Gobierno, señor Edgardo Riveros .

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Rocha .

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, intervengo en este debate con el objeto de hacer un aporte en el común esfuerzo de procurar entregar a la sociedad chilena un instrumento que le permita desenvolverse con justas, claras y definidas normas relativas a la libertad de prensa y de información. Sobre esta base, celebro haber podido compartir el importante debate que se ha promovido con la altura y grandeza que la materia en discusión exige.

Es indudable que hoy estamos en presencia de uno de los proyectos más trascendentales para que nuestra aspiración de fortalecimiento de la democracia discurra por carriles de normalidad y de paz. En este aspecto, la Constitución es certera y asegura la libertad de emitir opiniones y de informar, sin censura previa, con el límite necesario e imprescindible del respeto a la vida pública y privada y a la honra de las personas. Este principio es consecuente con las normas contenidas en textos internacionales que forman parte de nuestra legislación y también con nuestra presencia como nación civilizada. Me refiero a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, etcétera.

Quienes actuamos en la vida pública, conocemos el peso de la importancia de la prensa y del derecho que creemos que nos asiste para informar, y muchas veces notamos, frente a nuestra actitud, el muro de silencio que sigue a nuestras intervenciones. Es posible que ello se debe a la poca importancia de lo que decimos o al hecho de que representamos a provincias alejadas del centro del país y, más concretamente, de Santiago. Entonces, nuestras expresiones no tienen la connotación suficiente como para suscitar el interés de los auditores y lectores.

Pero no olvidemos que a veces el silencio es también un arma para impedir el ejercicio del derecho a opinar y, en algunas ocasiones, sin advertirlo, somos víctimas de una censura impuesta por los medios, terreno siniestro de la antiética periodística y fundamento de la dictadura informativa que pueden imponer los propietarios de esos medios. Imaginemos por un instante la denuncia de una persona cualquiera podría ser incluso un parlamentario, referida a un atentado ecológico, como la evacuación sin tratamiento de los residuos industriales líquidos de una planta de celulosa hecho que he denuncia en mi distrito, los que pueden causar un daño irreversible a la fauna marina, o los desastrosos efectos que provoca en las comunidades aledañas la explotación forestal. Si tenemos presente que los grandes consorcios económicos y los destructores de la naturaleza y del medio ambiente también son dueños de los medios de comunicación social, podremos concluir cuál será el resultado de estas denuncias.

Para justificar el silencio, alguien dirá que quien denuncia no es un especialista. Y tendrá razón. Pero no olvidemos que el mayor derecho a opinar corresponde a quienes, sin ser especialistas, tienen el único título de ser miembros anónimos de la comunidad a la que pertenecen y, por lo mismo, sujetos del derecho de intuir, de avizorar, de predecir y de poner sobre alerta a la sociedad.

Mac Hale nos dice: "La opinión es un juicio de valor sobre un problema formulado por quien, poseyendo conocimiento intermedio entre la ignorancia y la ciencia, se pronuncia ante una audiencia sobre sus posibles causas y soluciones, de manera atendible y plausible. Opina, en consecuencia, aquel que expresa, por cualquier medio y sin distinción de forma, su punto de vista acerca de algo que es dudoso, consciente de que carece de saber suficiente para dictaminar con certeza".

Recuerdo haber oído una frase al actual Presidente del Senado, Senador Gabriel Valdés, que refleja la importancia de la discusión de nuestro pensamiento: "En política decía el Senador, lo que no se sabe no existe. Esta es la importancia de la opinión y también la importancia del silencio".

Asimismo, deseo destacar la relevancia que le asigno al artículo 4°, el cual establece que las funciones periodísticas que ahí se señalan corresponden preferentemente a los periodistas. De esta manera, se zanja una vieja y enconada discusión acerca de si esas funciones debían o no ser ejercidas con exclusividad por dichos profesionales.

Como lo señalé en su oportunidad, imponer la exclusividad habría significado prohibir el acceso a los medios a quienes tienen capacidad de transmitir su pensamiento, de informar, lo que parece, por lo menos, contradictorio, en un país que se ha enorgullecido con la existencia de comunicadores que jamás pisaron la universidad. Además, esa norma habría significado la muerte de los medios de comunicación social más modestos y que tan importante labor cumplen en los sectores pobres y alejados del centro del país.

El establecimiento de la exclusividad, deseado con razón, aunque no con mucha justicia, involucraba la incorporación de una norma antidemocrática, por cuanto privaba a esas comunidades del ejercicio o del justo goce de los derechos fundamentales contenidos en este proyecto que los Diputados del Partido Radical Socialdemócrata votaremos favorablemente.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Carlos Bombal .

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, tal como ha quedado establecida en el artículo 1° que estamos comentando, la expresión "libertad de emitir opinión y de informar", como derechos fundamentales de todas las personas, es la más correcta que se pudo dar al contenido fundamental de esta iniciativa, porque se establece exactamente que su ejercicio incluye, por una parte, la más amplia de las libertades intelectuales, consistente en la facultad de toda persona de exteriorizar, por cualquier medio y sin coacción, lo que piensa y cree y, por la otra, la libertad de acceder a las fuentes de información y de opinión, la libertad de difundir y comunicar lo hallado en tales fuentes o lo que proviene de ella, y la libertad de recibir la información.

Se trata precisamente de garantizar esa libertad en la forma más amplia. A nuestro juicio, así sucede con la redacción que se le ha dado al artículo l2, mejor que la original, puesto que considera más nítidamente el espíritu que encierra la iniciativa.

Comparto en plenitud lo aseverado en la Sala por el Diputado señor Chadwick respecto del proyecto, quien se refirió a sus contenidos en forma extensa y, específicamente, al artículo l2.

Lo que surge como controvertible es la expresión del inciso tercero, en el derecho que se reconoce no ya la libertad que se consagra a las personas de estar debidamente informadas sobre las distintas expresiones culturales y sociales o políticas existentes en la sociedad.

Comprendo perfectamente el alcance de la disposición y la intención de quienes propusieron la indicación, pero ello no pasa de ser una intención que se declara y que se quiere consignar, porque no tiene un sustento legal que permita el ejercicio de ese derecho. En mi opinión, en la expresión "la libertad de recibir la información" está contemplado ese derecho que tiene tanto el medio como la ciudadanía para acceder al ejercicio de esta libertad.

Cuando se señala la libertad de recibir la información, se le deja al medio la posibilidad de recibir de la comunidad todo aquello que ésta quiera expresar. Libertad a los medios para recibir la información supone, en forma inmediata, el derecho que los ciudadanos ejercen para informar, para acceder a las fuentes y entregar su información. Ahora, la difusión que de ella se dé no se le puede garantizar plenamente a la ciudadanía, porque no es papel de la ley ni del Estado entrometerse en los medios de comunicación para decir todo lo que a su parecer debe informarse, en razón de lo que han expresado los particulares. Eso implica claramente una intervención del Estado en los medios de comunicación. Por lo mismo, ni siquiera el recurso de protección contemplaría el resguardo a este derecho, como aquí se ha indicado.

En consecuencia, con la definición establecida en el artículo l2, a nuestro juicio, está garantizado plenamente el derecho de la ciudadanía a entregar su información para que, libremente, sea recibida por los medios. Si se difunde o no, es tema de otra discusión o legislación, porque el Estado no podría imponerle a un particular cualquiera que sea y del signo que sea que difunda de la manera que le exige un determinado particular, que incluso puede ser contrario a su línea editorial o a su forma de pensamiento. En ese sentido, también es preocupante la indicación incorporada al artículo 92, que también apunta en esta dirección, obligando a los medios a publicar in extenso las omisiones cometidas en la receptación de la información.

De ahí, señor Presidente, me parece que, como ha quedado el artículo, garantiza de manera amplia, coherente y lógica sobre todo, su inciso primero la libertad de expresión, tanto para ser ejercida por los medios de comunicación como por la ciudadanía en general.

Ahora, aquí hay un campo ético que no puede recoger el legislador y es que la información recibida y la entregada esté claramente sujeta a la verdad. En esta situación, debe ser el medio de comunicación el que cumpla un papel ético muy importante y la ciudadanía sentirá más o menos adhesión a ese medio, en la medida en que se ajuste a un comportamiento ético con irrestricto apego a la verdad. Ahí, ya estamos en un campo absolutamente ético que no nos es posible evaluar, juzgar y, menos, establecer.

En síntesis, señor Presidente, concurriremos a aprobar el artículo, especialmente su inciso primero, dejando claro que lo establecido en el inciso tercero no es procedente, por cuanto, de alguna forma, implica una restricción al ejercicio de la libertad de información, desde el momento en que la única forma que habría de hacer eficaz este derecho, sería con una intervención del Estado que, naturalmente, terminaría gravitando sobre los medios de comunicación y la libertad de expresión.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Rubén Gajardo .

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, quiero referirme únicamente a la indicación incorporada como inciso primero del artículo l9, en cuya virtud se reconoce el derecho de las personas a estar debidamente informadas sobre las distintas expresiones culturales, sociales o políticas existentes en la sociedad.

De las intervenciones que he escuchado en este debate, he visto que se formula una especie de objeción de carácter constitucional respecto de esta materia, sobre la base de que este derecho no estaría consagrado en la Constitución Política, la cual solamente garantiza el derecho a emitir opinión y de informar, conforme lo dispone el número 12° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En consecuencia, siguiendo con esta objeción, el inciso producto de la indicación, carecería de sustento constitucional. Incluso, en el curso del debate me ha parecido apreciar que algunos señores parlamentarios que apoyan la indicación y, por ende, el inciso, de alguna manera se hacen cargo de esta objeción y tratan de incluir en este número 12° del artículo 19 el derecho de las personas a estar informadas. Dicen que aparece implícito el derecho de las personas a estar debidamente informadas.

No quiero pronunciarme sobre esta interpretación, pero, para analizar el tema, quiero partir de una hipótesis que no sostengo, pero simplemente la coloco como punto de referencia. Es la siguiente: el derecho de las personas a estar debidamente informadas no aparece en la Constitución Política. Parto de eso como hipótesis; repito, no es algo que yo sostenga.

¿Significa eso que la ley no pueda establecer este derecho? He ahí el tema de fondo. A mi juicio, la ley puede hacerlo perfectamente.

En primer lugar, la Constitución Política establece el reconocimiento de los derechos, y su artículo 19 asegura a todas las personas el listado de garantías que allí aparece.

Desde el punto de vista lógico común, más aún lógico jurídico, no significa que los derechos que la Constitución Política no asegure, no existan, sino que simplemente no tienen su amparo, lo cual es diferente.

La posibilidad de que derechos no tengan el amparo constitucional está reconocida en la propia Constitución respecto de los derechos constitucionales, puesto que el recurso de protección no está concebido para todos ellos, sino sólo para algunos.

En consecuencia, hay derechos plenamente garantizados y asegurados por la Constitución que, sin embargo, no gozan de la garantía del recurso de protección. Menciono importantes derechos, como la defensa jurídica, el debido proceso, la presunción de responsabilidad penal, la tipicidad de los delitos, la legalidad de las penas, la protección de la salud, la petición a la autoridad, la admisión a todas las funciones y empleos públicos, la seguridad social, la igual repartición de los tributos. Todos son derechos o garantías constitucionales que no están resguardados por el recurso de protección.

¿Qué sostengo, entonces? Que es perfectamente legítimo que el legislador pueda consagrar derechos, más aun cuando se trata de aquellos que emanan de la propia naturaleza de las cosas, porque es evidente que nadie puede discutir que la ciudadanía tiene derecho a estar informada.

Coincido con muchas de las observaciones que he escuchado, en cuanto a que es muy difícil hacer efectivo un derecho de esa naturaleza, pero no he escuchado a nadie decir que no corresponde establecerlo.

Iré más lejos. Quienes participamos de la idea de que existen derechos naturales, jamás podemos llegar a la conclusión de que un derecho no existe porque el ordenamiento positivo no lo establece.

Si sólo la Constitución Política del Estado fuera la fuente de los derechos, estaríamos reconociendo el más categórico positivismo jurídico: No hay otra fuente de derechos que la ley, la Constitución, y los que el Estado da.

Quienes creemos en los derechos naturales de la persona humana no podemos estar de acuerdo con esta interpretación y entendemos que siempre habrá derechos, en la medida en que la naturaleza humana y racional de las cosas así lo exijan, sin necesidad de que un texto de autoridad lo establezca.

Creo que se está dando un paso importante en esta materia. Desde el punto de vista jurídico, el establecimiento del derecho de la persona a estar informada, naturalmente tiene limitaciones, porque a través de él no se puede coartar el derecho de emitir opiniones, derecho básico consagrado en la Constitución.

Pero todos sabemos que los derechos admiten regulación, y el establecimiento de este inciso regula el derecho a la libertad de información y de opinión que consagra la Constitución Política. En consecuencia, en la medida en que se consagre esta norma por ley y se aplique como una regulación del derecho que no lo anula en su esencia está plenamente de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico. La apoyo porque es importante incorporar un tercer sujeto en este tema del periodismo y de la libertad de opinión, porque aquí siempre se ha analizado el tema entre el Estado y la persona. El derecho a la libertad de opinión es una garantía de la persona frente al poder público, pero por primera vez se incorpora un actor distinto, que es la comunidad en su conjunto, que tiene un derecho, el de estar debidamente informada. Es muy apropiado que nuestra legislación positiva así lo disponga.

Por eso, anuncio mi voto favorable a este artículo y a los demás que corresponde aprobar en esta oportunidad.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick .

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, solicito división de la votación, dejando el inciso tercero para votarlo posteriormente.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Está en su derecho, señor Diputado. ¿Se refiere al inciso que dice "Igualmente, se reconoce el derecho...".

El señor CHADWICK.-

En efecto, señor Presidente.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

¿Hay algún otro inciso para el que se pida votación separada?

Informo a la Sala que el honorable Diputado señor Bayo , en su intervención, solicitó la unanimidad para que en este artículo se tratara una indicación que presentó. Procederá a leerla el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación tiene por finalidad intercalar un inciso segundo al artículo 1°, del siguiente tenor: "Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludido por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que determina esta ley, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida."

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

¿Habría acuerdo?

No lo hay, porque se ha señalado que aparece más adelante.

El Diputado señor Bayo ha planteado un problema de ubicación, pero quizá no es el momento de rectificarlo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, desgraciadamente, en la mañana, mientras hice uso de la palabra, no era tan importante el número de Diputados presentes como en este momento. Era sólo para justificar la incorporación de este inciso.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, no le puedo dar el uso de la palabra. Lo lamento profundamente.

El señor BAYO.-

Más lo lamento yo, señor Presidente, porque queda fuera del espíritu y filosofía del artículo más importante de la ley una materia que sí está considerada en el articulado a posteriori.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En votación el artículo 1°, con excepción del tercer inciso, que se votará por separado.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 48 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel) , Arancibia , Ávila , Aylwin (don Andrés) , Bayo , Bombal , Cornejo , Chadwick , De la Maza , Elgueta , Estévez , Ferrada , Fuentealba , Gajardo , García (don Rene Manuel) , García (don José) , García (don Alejandro) , Gutiérrez , Jocelyn-Holt , Karelovic , León, Letelier ( don Juan Pablo) , Luksic , Martínez (don Gutenberg) , Masferrer , Moreira , Ojeda , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Prokurica , Rebolledo ( doña Romy ), Reyes, Rocha , Sabag , Salas, Seguel , Solís , Urrutia (don Salvador) , Valcarce , Valenzuela , Vargas , Viera-Gallo , Villegas , Villouta y Walker .

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En votación el inciso tercero.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 20 votos. Hubo 1 abstención.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Aprobado el inciso tercero.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel) , Arancibia , Ávila , Aylwin (don Andrés) , Cornejo , De la Maza , Elgueta , Encina , Fuentealba , Gajardo , Gutiérrez , Hernández , Jara , Jocelyn-Holt , Latorre , León, Letelier ( don Juan Pablo) , Luksic , Martínez (don Gutenberg) , Montes, Morales , Ojeda , Palma ( don Andrés) , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don Aníbal) , Rebolledo (doña Romy ), Reyes, Rocha , Sabag , Salas, Seguel , Silva , Sota , Tohá , Tuma , Urrutia (don Salvador) , Valenzuela , Viera-Gallo , Villegas , Villouta , Walker y Zambrano .

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Álvarez-Salamanca , Bayo , Bombal , Chadwick , Ferrada , García (don René Manuel) , García (don José) , García (don Alejandro) , Karelovic , Leay , Masferrer , Moreira , Munizaga , Pérez (don Ramón) , Prokurica , Ribera , Solís , Ulloa , Valcarce y Vargas .

Se abstuvo el Diputado señor Estévez

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

¿Habría acuerdo para aprobar el artículo 2°?

No hay acuerdo.

El señor JOCELYN-HOLT.-

Pido la palabra.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor JOCELYN-HOLT.-

Señor Presidente, quiero hacer una propuesta. En general, hay acuerdo sobre todos los demás artículos, con excepción de tres.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado ese tema ya se discutió. Lamentablemente, no es posible pues hay opiniones muy cruzadas; incluso existen criterios muy diversos dentro de las mismas bancadas.

Por lo tanto, pondré en votación artículo por artículo.

En votación el artículo 2°

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobado.

En votación el artículo 6°

Si le parece a la Sala, se aprobará en la forma que propone la Comisión.

Aprobado.

En votación el artículo 9°.

¿Habría acuerdo de la Sala para aprobarlo?

Hago presente que requiere quorum de ley orgánica constitucional.

El señor VIERA-GALLO.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, este artículo introduce un cambio muy importante, porque al referirse a la obligación del Estado de garantizar el pluralismo en el sistema informativo, dice: "asegurando hace un cambio de verbo la expresión efectiva de las distintas corrientes de opinión." Para lograrlo se establece en los incisos respectivos un sistema de verificación del cumplimiento de su obligación, a través de un informe anual del estado del pluralismo en la prensa y en los medios de comunicación nacional. Evidentemente, tal estudio no tiene carácter obligatorio, sino que es indicativo; su función es orientadora podríamos decir, ética respecto de la importancia de que rija el pluralismo en nuestra prensa.

Este es uno de los aspectos más delicados respecto de los medios de comunicación actualmente existentes en el país, puesto que muchos sectores opinan que hay una inclinación poco equilibrada de la orientación de los medios.

Entonces, quisiéramos que el valor del pluralismo establecido en la Constitución Política y en la ley del Consejo Nacional de Televisión, quedara sancionado una vez más en este proyecto a través de un mecanismo, que puede ser feble, pero que al menos es indicativo para que vaya incrementándose en los medios de comunicación.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Están pidiendo la palabra los Diputados señores Elgueta , Ferrada y Chadwick para intervenir sobre este artículo.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente, pido la palabra por una cuestión de método.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente, el artículo 9° trata tres materias distintas: La primera es, precisamente, el tema del pluralismo; la segunda, establece un mecanismo y la tercera, se refiere a un Fondo Nacional de Desarrollo Regional. De manera que no sé qué tratamiento le dará Su Señoría: si como un solo artículo o como tres materias separadas.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cantero .

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, como todos saben, en este momento estamos votando en la Comisión el proyecto sobre Municipalidades, que tiene urgencia calificada de "discusión inmediata". De manera que debemos estar subiendo y bajando a cada momento para participar en las votaciones.

Por ello, para despacharen forma adecuada el proyecto, le ruego encarecidamente que nos conceda unos 30 minutos sin que tengamos que bajar a votar a la Sala, lapso en el cual podríamos despachar el proyecto mencionado en la Comisión.

Si es pertinente, solicito recabar el acuerdo de la Sala en tal sentido.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Están inscritos para referirse al contenido del artículo 9° los Diputados señores Elgueta , Ferrada , Chadwick , Luksic y Aníbal Pérez . Por lo tanto, lo más probable es que podrá disponer de esos 30 minutos.

El señor CANTERO.-

Gracias, señor Presidente.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Ahora, en respuesta a la consulta del Diputado señor Luksic , el artículo se debate y vota en su conjunto. Cada señor Diputado podrá referirse al aspecto que estime conveniente y, antes de votar, puede solicitar su división. Si alguien lo solicita, puede votarse por incisos.

El señor LUKSIC.-

Sólo lo decía para hacer más rápido el debate.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Es complicado hacerlo más rápido. Los señores Diputados pueden referirse a todo el artículo y en el momento oportuno, pedir votación por incisos.

El señor PALMA (don Andrés).-

¿A qué hora se votará el artículo, señor Presidente?

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Apenas terminen de hablar los Diputados inscritos, que son los señores Elgueta , Ferrada , Chadwick , Luksic , Aníbal Pérez , Bombal , Ribera y Cornejo . En todo caso, un jefe de Comité puede pedir el cierre del debate en cualquier momento.

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta .

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, esta norma, que como bien se ha dicho abarca tres aspectos distintos, es consecuencia de los principios esenciales establecidos en el artículo 1°.

El pluralismo representa el punto culminante de la evolución vivida en las últimas décadas por la civilización occidental; el momento decisivo de un proceso incubado a lo largo de los siglos, en el que los hombres empiezan a creer en el valor de la tolerancia y en el respeto recíproco, en un acto de fe en la capacidad del hombre para discernir metódicamente nuevas y mejores posibilidades de solución a sus problemas. En fin, en una etapa de maduración de la cultura, el pluralismo equivale a la civilización del diálogo.

En ese sentido, esta norma recoge lo dispuesto por la Carta Fundamental en el artículo 19, numeral 15°, cuando señala: "La Constitución Política garantiza el pluralismo político". Eso es lo que hace el inciso primero. Asimismo, como se ha recordado aquí, se ha insertado como principio fundamental en el Consejo Nacional de Televisión.

No se divisa la razón por la cual en la ley del Consejo Nacional de Televisión se contempla la obligación del Estado de garantizar una visión pluralista y, en cambio, no se tenga el mismo resguardo respecto de los otros medios de comunicación. Para ese fin, se elabora este procedimiento en virtud del cual, mediante un concurso, se asignan recursos con el objeto de que año a año se vaya apreciando la evolución del pluralismo en Chile, sin que esta evaluación tenga un valor vinculante, puesto que es solamente para informar a la opinión pública de sus resultados.

La segunda idea es comprometer a las autoridades del Estado para que contribuyan a que los órganos o medios de comunicación de identificación regional, provincial o comunal tengan colaboración de las municipalidades, del Estado, de los organismos y empresas públicas. En consecuencia, se establece la obligación de disponer los recursos cuando se trate de avisos o de otro sistema de publicidad de los órganos estatales.

Por último, se otorga una facultad al Fondo Nacional de Desarrollo Regional para destinar anualmente los recursos necesarios para financiar la realización, difusión o edición de programas, suplementos y espacios de alto nivel cultural o de interés regional, los que serán publicados o difundidos en medios de comunicación social regionales o locales.

Mediante estas ideas se refuerza el principio del pluralismo político que garantiza nuestra Constitución.

Por esto, tal como lo hizo la Comisión, vamos a aprobar este artículo en forma íntegra.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Valentín Ferrada .

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, desde nuestro punto de vista, en este artículo no se plantean tres materias distintas, sino una sola con tres manifestaciones diversas. Esta misma materia es la relativa al pluralismo.

Durante el debate en la Comisión, se dejó de manifiesto la existencia de una suerte de autoengaño en que todos hemos estado durante la discusión del pluralismo, que quiero despejar en esta intervención, a fin de que no movamos a engaño a nadie respecto del contenido exacto de la norma.

En lo que a mí respecta, no me molesta ni me perturba el hecho de que se haya cambiado la expresión "posibilitando" por "asegurando", en el entendido de que lo que en realidad aquí se establece es lo que se ha denominado pluralismo externo en los medios de difusión. Esto es, que hay una coexistencia de diversidad de medios de comunicación social que pueden competir libremente entre ellos.

Al revés de los discursos que hemos escuchado durante esta ya largo debate, este artículo en especial, y el proyecto en general, para nada tocan ni tratan el tema del pluralismo interno dentro de un mismo medio.

Me explico. La ley no ha entrado en el tema de que un mismo medio deba, necesaria y obligatoriamente, contemplar de manera permanente la coexistencia dentro de él de distintas corrientes de opinión culturales, sociales, históricas, filosóficas o políticas. Aquí se trata de garantizar el pluralismo de la coexistencia de diferentes medios, donde cada uno puede, conforme a las normas generales del derecho constitucional, hacer y definir su propia línea.

Ahora bien, desde esta perspectiva, la expresión "asegurando" no es sino una nueva explicitación de lo que es el orden económico general del país, cuya ley antimonopolios o de defensa de la libre competencia consulta para todas las actividades económicas del país, desde hace muchos años, que el Estado, como una cuestión de justicia, de jurisdicción puesto que establece que es un delito atentar contra la libre competencia o expresarse a través de monopolios naturales y, peor todavía, artificiales asegura este mismo derecho de manera general. De modo tal que en este sentido, el proyecto en discusión no establece absolutamente ninguna novedad. Explícita el principio general de que debe haber coexistencia de diversidad de medios.

Al efecto, establece un nuevo organismo, un grupo técnico que velará para que la diversidad y la coexistencia de diversos medios en el sistema informativo llamo la atención sobre la redacción del inciso segundo del artículo efectivamente existan, porque si no habría que ir a la Comisión Antimonopolio para reclamar de la anormalidad o anomalía que se ha producido.

Desde ese punto de vista, en el entendido que he expresado, nuestra bancada apoyará la redacción propuesta.

Y un agregado final. Hay una cuestión de pluralismo que al Diputado señor Aníbal Pérez y al que habla nos preocupa mucho, y quiero tener la oportunidad de compartirla con mis colegas de regiones.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡A todos!

El señor FERRADA.-

Con el Diputado señor Aníbal Pérez fuimos coautores de la indicación que dio lugar a este inciso, aunque agradecemos expresamente creo recordarla unanimidad con que fue acogida. El punto central es el siguiente.

Nosotros, al menos los autores originales de la indicación, entendemos que en materia, de medios de comunicación, como en tantas otras, nuestras regiones presentan un gravísimo desequilibrio respecto de la metrópolis de Santiago.

No es lo mismo legislar sobre medios de comunicación nacionales, como se llaman a sí mismos, aun cuando existen dentro de la Región Metropolitana, que sobre medios de comunicación heroicos, siempre carentes de recursos, que se mantienen con grandes sacrificios de pequeños grupos de personas y que, sin embargo, son expresión de culturas muy ricas de nuestras provincias y de nuestras regiones. Al efecto, la Comisión acordó incluir un inciso nuevo respecto del cual quiero pedir seguramente hará lo mismo el Diputado señor Aníbal Pérez la aprobación y apoyo. Importa, al menos, la sugerencia de que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional considere anualmente los recursos necesarios para, no diré financiar la realización, difusión y edición de programas, sino dar mayor vida a un periodismo regional que mucho lo necesita y que ha estado en los últimos años demasiado abandonado, no de la mano de Dios, sino de la terrible mano del pulpo santiaguiño que, al final, todo procura tomarlo para sí.

He dicho.

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick .

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, el artículo 9° consta de dos partes claramente diferenciables: sus incisos primero al cuarto y el quinto.

Por la forma como quedaron redactados, no logro comprender hacia donde apuntan y cuál será la aplicación de los primeros incisos.

El artículo 9e señala que "El Estado tiene la obligación de garantizar el pluralismo en el sistema informativo", y a renglón seguido establece la forma de hacerlo cuando agrega: "para lo cual habrá de favorecer la coexistencia de diversidad de medios de comunicación social y la libre competencia entre ellos". Hasta ahí está bien. El Estado debe cumplir con esa obligación, a través de los mecanismos que permitan que coexistan medios en una libre competencia, como las normas que regulan la libre competencia o los sistemas antimonopolios. Inmediatamente después, la nueva redacción del artículo 9° señala: "asegurando la expresión efectiva de las distintas corrientes de opinión, así como la variedad social, cultural y económica de las regiones".

Yo me pregunto qué significa "asegurando la expresión efectiva". Hay dos posibilidades: o que el Estado asume la obligación de crear medios de comunicación para aquellas expresiones sociales, culturales o políticas que no tengan acceso a ellos es una alternativa, o que el Estado otra alternativa va a evaluar y a contar con herramientas para introducirse en un medio de comunicación y verificar, asegurar, que las distintas corrientes de opinión participen al interior de ese medio.

No hay más que esas dos posibilidades para entender correctamente el artículo 9° en la expresión "asegurando la expresión efectiva de las distintas corrientes de opinión".

Detengámonos un momento en la primera. Si entendemos, como está redactado, que se asegura la expresión efectiva a través de que el Estado asuma la obligación de entregar o generar medios de comunicación para aquellas corrientes de opinión sociales, culturales, religiosas, políticas, etcétera, que no tengan acceso o que no esté debidamente garantizada su expresión en un medio, significa que estamos aprobando algo absolutamente imposible. Supongo que nadie compartirá la idea de que el Estado, para garantizar esta efectiva protección de pluralismo, asuma la obligación de crear medios para aquellos que no los tienen o que no están debidamente incorporados dentro de los distintos medios de comunicación. Por tanto, la primera hipótesis es impracticable.

Por consiguiente, no nos queda otra alternativa que la segunda. Es decir, asegurar la expresión efectiva significa que el Estado deberá contar con mecanismos o herramientas para introducirse al interior de un medio y ver si el pluralismo está garantizado. Esta segunda hipótesis, la única que queda como posible, es absolutamente atentatoria contra la libertad de expresión e información y el correcto ejercicio de la profesión periodística.

Por consiguiente, en los términos en que está redactado el inciso primero del artículo 9, o bien estamos frente a una acción imposible e impracticable o bien ante una compulsión o una limitación muy severa de la libertad de expresión y de opinión.

Inmediatamente después, en los incisos segundo y tercero, se crea un mecanismo financiado con recursos públicos, de responsabilidad del Estado, con el propósito de verificar la garantía señalada en el inciso anterior. ¿Cuál garantía? La de establecer si existe o no existe pluralismo en el sistema informativo. Y ahí estamos frente a dos alternativas para el cumplimiento de esta situación: o la hacemos en términos absolutamente estrictos, lo cual significa que esa entidad va a verificar si se garantiza la existencia de este pluralismo a través de constatar la existencia de diversos medios, en cuyo caso me pregunto si valdrá la pena crear una comisión especial, dotada de recursos públicos, única y solamente para efectos de verificar si existen diversos medios de comunicación. Para ello bastarían recursos muy menores y no la creación de organismos especiales. Por lo tanto, como ése no puede ser el objeto, porque sería insostenible e incluso ridículo crear un organismo con financiamiento público para verificar la existencia de diversos medios, no queda más alternativa que entender que dicho organismo deberá verificar si los distintos medios de comunicación están desarrollando en su interior diversas formas que permitan garantizar el pluralismo. Como ésta es la única hipótesis posible, nos encontramos nuevamente frente a una acción que entregamos a un organismo del Estado, financiado con recursos públicos, que va a tener ni más ni menos que el deber de evaluar y entregar un informe anual sobre si los medios de comunicación están generando o desarrollando debidamente su ejercicio de la libertad de opinión y expresión. A mi juicio, se trata de una intromisión absolutamente indebida, que atenta contra la libertad de expresión y opinión y nuevamente contra el correcto ejercicio de la profesión periodística.

En consecuencia, en cualquiera de las dos hipótesis, o la entendemos como una garantía del Estado que asegurará que todas las expresiones tengan medios de comunicación lo cual es imposible, o bien como una intromisión del Estado en el ejercicio de la libertad de expresión y opinión al interior del medio, en cuyo caso atenta contra la libertad de expresión y de opinión consagrada en la Constitución.

En ambas hipótesis o imposible o atentatoria contra la libertad, nos opondremos a los cuatro primeros incisos del artículo 9°.

Con respecto al inciso quinto, me sumo a lo señalado por el Diputado señor Ferrada , en cuanto a creer que significa un aporte importante para que los medios de comunicación regionales puedan tener la posibilidad de que informaciones o publicaciones de carácter regional se hagan a través de ellos, lo que les permitirá sobrevivir.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Luksic .

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente, como bien se señaló, este artículo está íntimamente vinculado al 1°, pues dice relación con el efecto propio o deseado de la libertad de opinión y de información: que exista pluralismo. Y no sólo el de carácter político, garantizado en el número 15° del artículo 19 de la Constitución, que establece el derecho de asociarse, sino también el pluralismo desde el punto de vista de la variedad social, cultural y económica, al referirse a las regiones.

Por otra parte, en este mismo artículo se crea un mecanismo destinado a efectuar un estudio sobre el estado y evolución del pluralismo en el sistema informativo.

El Diputado señor Chadwick también señaló que aquí habría una acción imposible e impracticable o, sin o fuere así, atentatoria contra la libertad de opinión. Al respecto, cabe señalar que la facultad que se entrega al Ministerio Secretaría General de Gobierno es sólo para destinar anualmente recursos y llamar, mediante concurso, a la realización de estudios sobre el estado y evolución del pluralismo en el sistema informativo. Las bases y los términos de referencia del concurso y su adjudicación serán fijadas, cada año, por un grupo técnico, presidido por el Ministro Secretario General de Gobierno, e integrado por cuatro expertos en materia comunicacional, designados, respectivamente, dos por el Consejo Superior de Ciencias del Fondecyt y dos por el Instituto de Chile, dos organismos que gozan de la mayor autonomía e independencia de carácter político y que cuentan con la experiencia científica y técnica que le entregan las distintas entidades encargadas de la ciencia.

Por lo tanto, no estamos frente a un mecanismo que va a determinar y a revisar, como si fuera un gendarme, el grado de pluralismo existente en cada diario y en cada radio, cuestión que sería absolutamente imposible, por la cantidad de periódicos, radios y medios de comunicación que existirían en nuestro país, sino que deberá realizar un estudio sobre el estado y evolución del pluralismo en el sistema informativo.

Ahora bien, ¿cuál es la importancia de ese estudio que, por lo demás, no es vinculante? Es muy similar al que realiza la figura del ombudsman, o defensor del pueblo, en otros países, donde el Estado de derecho es efectivo y eficiente desde el punto de vista del respeto a las garantías constitucionales. Se trata de un informe anual, donde se establecerá cuál es el estado y evolución del pluralismo en el sistema informativo. No acusará a ningún diario o radio, sino que sólo establecerá la situación del pluralismo.

Sin lugar a dudas, ello llevará a que los medios de comunicación que de una u otra forma se vean afectados por la falta de pluralismo propugnen porque en su medio haya mayor apertura y no sólo se respete el pluralismo político a que se refiere la Constitución, sino también, como lo dice la norma, el pluralismo cultural y económico de las regiones.

Por otro lado, no es una acción imposible e impracticable, como se ha señalado. Por lo demás, existe experiencia sobre estos informes en Estados Unidos y en países europeos, donde se realizan de manera bastante recurrente estudios sobre distintas materias. Lo importante es que ese estudio será difundido a la opinión pública, porque así como el informe del defensor del pueblo es conocido por la opinión pública y por el Parlamento, nosotros hemos querido que ese informe sobre pluralismo también sea conocido por la opinión pública y por las distintas corrientes y organismos que existen en nuestro país.

La Comisión ha optado por esta modalidad, porque no creemos que la forma de garantizar el pluralismo sea a través de la distribución, concentración y regulación en la propiedad. Este es un método moderno que garantiza la libertad de opinión y de información y, además, protege uno de los aspectos fundamentales del sistema político: el pluralismo.

Es un grupo técnico que no está afectado por tendencias políticas ni por ideologismos y las personas que lo integran son de la mayor excelencia en nuestro país. Por lo tanto, es el mejor sistema para garantizar la existencia del pluralismo que establece nuestra Constitución.

Por último, me quiero referir a las normas enunciativas que se señalan para fomentar la prensa local y regional. Sin lugar a dudas, son un gran avance, porque obligan a las autoridades pertinentes a disponer que, a lo menos en parte, los fondos establecidos en el presupuesto de la Nación sean destinados a avisos, llamados a concursos y propuestas que den fomento, de manera clara, a los medios de comunicación regional, provincial y comunal. También, de manera enunciativa, porque de lo contrario estaríamos frente a una materia que es propia del Ejecutivo y de una ley regional, señala que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional podrá –enunciativo- destinar anualmente recursos necesarios para el financiamiento de difusión o edición de programas de carácter regional, provincial y local.

Señor Presidente, lo importante es que a través del artículo 5° estamos entregando un instrumento moderno, que de ninguna forma viola el derecho de opinión y de información, y sí, de manera clara, garantiza el pluralismo establecido en nuestra Constitución.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Aníbal Pérez .

El señor PÉREZ (don Aníbal).-

Señor Presidente, en relación con el artículo 9°, me voy a referir exclusivamente a los dos últimos incisos, quinto y sexto, relacionados con la publicidad regional y el estímulo a la expresión de las regiones.

No hay duda de que los parlamentarios de regiones presentes en esta Sala, como así también el Gobierno, pensamos en forma inequívoca de que es necesario fortalecer, estimular y promover la expresión de los medios de prensa en las regiones, manifestados en su cultura, en sus valores, en el acontecer social, cultural, económico y político que a diario se vive en las regiones. Sin embargo, hoy, los medios de comunicación regional prensa y radio se encuentran prácticamente en un estado de extinción, debatiéndose entre una agonía y una precaria subsistencia, prácticamente a punto de cerrar sus puertas. Para los medios de prensa regional es prácticamente imposible competir con las grandes cadenas nacionales de prensa, radio y televisión.

Ahora, todo proceso de regionalización, en el cual estamos todos involucrados, requiere de una prensa regional dinámica, activa y descentralizada, que no sólo comente lo que ocurre en La Moneda y en las cuatro manzanas circundantes, sino que promueva los valores regionales.

Por ello, estimo absolutamente pertinente la forma cómo se redactó el inciso quinto de este artículo, puesto que se reemplazó el término "procurar" por "disponer", porque "procurar" sólo contiene una propuesta programática, una simple declaración de buena voluntad, a fin de que las autoridades, si lo estiman pertinente, puedan o no avisar o publicitar en los medios de prensa regionales. En tal sentido, siendo sólo una norma enunciativa, puede o no concretarse.

Por otra parte, desde el punto de vista jurídico y de la formación de la ley, no es propio establecer principios, recomendaciones o meras declaraciones; por el contrario, hay que buscar en cada nivel, en la dictación de una norma reglamentaria, los mecanismos jurídicos para hacer efectivo lo que la norma dispone.

En este sentido, hay que remitirse al artículo l9 de nuestro Código Civil, que señala que la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. La ley no recomienda ni procura, sino que manda, prohíbe o permite.

En segundo lugar, la indicación presentada al inciso final y aprobada por mayoría de votos en la Comisión, busca establecer una forma más precisa y acotada para destinar, a través del Fondo de Desarrollo Regional, recursos a los medios de prensa regional y distribuirlos en forma soberana, como lo establece el propio Consejo Regional. El avisaje o publicidad deben hacerse a través de los medios de prensa regionales, provinciales o locales.

En consecuencia, voy a votar favorablemente este artículo, tal como fue redactado y aprobado por la Comisión.

Señor Presidente, la honorable Diputada señora Martita Wörner me ha solicitado una interrupción, que, con su venia, se la concedo.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la honorable Diputada señora Martita Wörner , quien dispone de 2 minutos y 30 segundos.

La señora WÖRNER (doña Martita).-

Señor Presidente, sólo deseo reiterar lo precisado en mi intervención de la mañana, con el objeto de que se cumpla fielmente lo que persigue el inciso final del artículo 9°, que establece que el Consejo de Desarrollo Regional podrá destinar recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para financiar suplementos o espacios de alto nivel cultural o de interés regional. Debiera decir "de carácter regional", porque ésa es la intención que se ha tenido: facilitar la publicación y difusión en materias o temas de carácter regional. Para eso se recurre a la fuente de recursos regionales.

Entonces, debe tenerse presente si en este momento no puede presentarse una indicación que el espíritu es financiar materias de carácter regional.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Teodoro Ribera .

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, el artículo 9° está íntimamente vinculado al inciso segundo del artículo 20, toda vez que, de una manera u otra, este proyecto avanza en un campo no del todo claro, como es hacer de la libertad de expresión de un derecho social que implica no sólo la capacidad de accionar en ese campo, sino que impone obligaciones a terceros.

Normalmente la libertad de expresión está concebida como un derecho, y lo único que exige de terceros es que no realicen ninguna acción tendiente a eliminarla, evitarla o restringirla.

En resumidas cuentas, la obligación que impone el legislador y el contribuyente para hacer efectiva la libertad de expresión, es la abstención de terceros.

Sin embargo, este proyecto de ley, de una u otra manera, concibe la libertad de expresión no en el sentido ya señalado, que implica para los terceros la abstención de realizar alguna conducta en contrario, sino que como un derecho social que impone a la sociedad o al Estado determinadas conductas para garantizar su libre ejercicio.

En el artículo 9°, el legislador establece, a lo menos, dos obligaciones claras al Estado. Una, favorecer la coexistencia de medios en forma activa; y otra, asegurar la libre expresión efectiva de las distintas corrientes de opinión, así como la variedad social, cultural y económica de las regiones.

En este artículo se abandona la tesis tradicional de la libertad de expresión y pasa a una como derecho social, donde se incorpora no solamente la libertad de hacer uso de la libertad de expresión, sino que se impone el Estado, como representante del cuerpo social, una obligación activa de asegurar, por un lado, la coexistencia de diversidad de medios, pero, por otro, la obligación específica de asegurar la expresión efectiva de las diversas corrientes políticas, sociales, culturales y económicas de las regiones.

Por otro lado, el artículo 20 establece que la obligación de rectificación y aclaración rige también para toda persona natural o jurídica que haya sido deliberadamente silenciada con respecto a un hecho u opinión de importancia o trascendencia social. Lo que se está haciendo, en este caso, es imponer a los medios de comunicación una cierta obligación tendiente a garantizar la libre expresión de las diversas opiniones. Entonces, la pregunta que me formulo es si el Estado puede, en realidad, imponer el pluralismo en lo social, cultural, económico y regional.

En cierta forma, el artículo 20 está diciendo que si una persona se siente menoscabada, porque su opinión no ha sido debidamente considerada por los medios, tendrá acción. ¿Tendrá acción también esa persona cuando el Estado, de una u otra manera, no asegure la expresión efectiva de las diversas corrientes que señala el artículo 9°? ¿Podrá ser el Estado sujeto pasivo en un procedimiento porque no ha dado cumplimiento al artículo 9°?

Creo que este artículo, que es programático, puede traer más problemas que beneficios a futuro. Avanza en un campo no dilucidado por la jurisprudencia ni por la doctrina. En definitiva, es muy difícil imponer, por esta vía, una verdadera libertad de expresión, más pluralista, en un sistema democrático.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Continuando con la discusión del artículo 9°, tiene la palabra el Diputado señor Cornejo .

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente, sólo deseo precisar nuestra opinión acerca del artículo 9° del proyecto.

El Diputado señor Chadwick ha hecho una interpretación que no compartimos, por cuanto esta disposición no pretende no estuvo en el ánimo del debate de la Comisión entregar al Estado la obligación de crear medios de comunicación para suplir, de algún modo, la inexistencia de una determinada corriente de opinión expresada en un medio de comunicación.

Además, el Diputado señor Chadwick señaló que el artículo pretendía imponer, al interior de los medios de comunicación, el pluralismo intramedios, tema que tampoco estuvo presente en la discusión de la Comisión.

Por lo tanto, creer que el artículo 9° permite al Estado, crear medios de comunicación o regular el pluralismo al interior de los medios, me parece un debate artificial.

La gran preocupación que muchos manifestamos durante la discusión del proyecto en la Comisión, era que existiera pluralismo en la información que los distintos medios de comunicación dan a la opinión pública, lo que significaba que se recogieran o pudieran expresar a través de los medios las distintas, ideas, no sólo políticas, sino también culturales sociales o de cualquier otra naturaleza.

De manera que el verdadero sentido del artículo 9° es que nos parece absolutamente necesario y legítimo que el Estado pueda garantizar a la ciudadanía que los medios de comunicación, de algún modo, cumpla con la norma del pluralismo. Tanto es así que en la discusión se barajaron diversas fórmulas para ver de qué modo podíamos hacer un seguimiento y saber si los distintos medios cumplían o no con la norma.

De ahí que concluimos que esta comisión, que no dependerá del Gobierno, será absolutamente independiente y funcionará con recursos del Estado, previo proceso que asegure su transparencia, de algún modo informará, cada cierto período, sobre el estado del pluralismo o de la visión plural a través de los medios de comunicación social.

Ese es el sentido correcto y riguroso de nuestra opinión sobre el artículo 9°.

En tercer lugar, el Diputado señor Ribera planteaba si era posible que la opinión pública pudiera reclamar o recurrir a algún tipo de amparo en el evento de que no hubiera pluralismo.

Con toda franqueza, no entiendo por qué en algunas ocasiones se reconoce que el Estado tiene la obligación de asegurar determinadas libertades a la ciudadanía y no, como lo hace la Constitución de 1980, la garantía del pluralismo político establecida en el N° 15° del artículo 19, que dice textualmente: "La Constitución Política garantiza el pluralismo político".

De manera que cuando el Diputado señor Ribera señala tener dudas de que alguien podrá recurrir a algún tipo de amparo si no se cumple con esta garantía constitucional, personalmente pienso que ese pluralismo está garantizado y, por tanto, si alguien cree que no se cumple cabalmente, puede ejercer los recursos establecidos en la Constitución, particularmente el de protección, que cubre la garantía del N° 15° del artículo 19.

Finalmente, en la argumentación del señor Chadwick me llama la atención que le parezca innecesario que el Estado pueda, de algún modo, garantizar a la opinión pública el pluralismo político. Sin embargo, en lo que me parece una contradicción desde el punto de vista de la concepción del Estado, no tiene reparos para que el inciso penúltimo del artículo 9° entregue al Estado la facultad de disponer que algunos llamados a propuesta sean publicados en determinados diarios. Es decir, me parece una contradicción que, por una parte, se quiere negar al Estado una obligación que me parece natural, cual es garantizar el pluralismo político recogido expresamente en la Constitución del 80, y por otra, no haya reparo alguno para que el Estado disponga determinados fondos para realizar publicaciones en algunos medios de comunicación.

Reitero, el sentido correcto del artículo 9° no ha sido otro que reconocer la garantía del pluralismo político para la ciudadanía.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal .

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, a lo largo de este debate en la Comisión, y a instancias del ajuste que se hizo al inciso primero y a la agregación posterior del inciso tercero, ya tratados en la Sala, el señor Ministro y especialmente algunos parlamentarios, señalaron públicamente desgraciadamente no tengo en este momento el recorte de prensa, pero lo puedo sintetizar que con las indicaciones que se iban presentando se desvirtuaba por completo este proyecto, especialmente con la indicación de los Diputados señores Aylwin y Elgueta al inciso tercero. Se entregó una extensa información, recabada a la salida de la Comisión por algunos medios de prensa, que señalaba que se desvirtuaba por completo el sentido de este proyecto.

Con sorpresa vimos que quienes sostenían eso, al menos el Diputado señor Viera-Gallo , han apoyado la indicación del inciso tercero en la votación que se acaba de realizar. Pero tengo que ser honesto lamentablemente no se encuentra en la Sala, cuando le representé esta contradicción, me expresó: "Te lo digo exactamente igual como lo expresaba Unamuno: "Tengo derecho a contradecirme." Le respeto su derecho, pero lo consigno.

Se ha ido generando a lo largo de este debate una gran discusión acerca de la intromisión del Estado. Tengo la sensación, señor Ministro, de que, a estas alturas, va quedando poco concordado este proyecto de ley, según se me decía en la discusión de la Comisión, con la federación de medios y con los medios, fruto de muchos acuerdos, legítimos naturalmente, porque hemos ido viendo en el debate que se han ido dejando consignadas claramente intromisiones del Estado, abiertas y manifiestas, que limitan, a nuestro juicio, tal como lo señalaba el Diputado señor Chadwick , el ejercicio de la libertad de expresión.

Cómo no va a ser sorprendente que se señale en el inciso segundo del artículo 1° sé que no está en discusión, señor Presidente, pero ya me voy a referir a lo que estamos debatiendo en razón de este inciso, que "Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las que señala esta ley...". Resulta que esta ley está estableciendo, a renglón seguido, que, año a año, quien funde, edite o mantenga un medio de comunicación social, tendrá que someterse al examen del Estado, porque el inciso segundo del artículo que estamos tratando dice: "Con el objeto de verificar la garantía señalada en el inciso anterior es decir, la del pluralismo el Estado, a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno un órgano del Estado destinará anualmente recursos para la realización" de este examen. El mecanismo o el procedimiento que emplea tiene las debidas garantías: concurso y proyectos presentados por instituciones académicas y otras especializadas en la materia; pero lo medular, lo sustantivo, es que quien funde, edite o cree un medio, tendrá que someterse, año a año, al ejercicio de esta revisión que le hará el Estado, a través de uno de sus órganos, sobre si es pluralista o no.

Por más que busquemos connotadas personalidades, lo que queda claro es que son órganos del Estado, como Fondecyt. No quiero pensar que el Instituto de Chile recibe subvención del Estado; no lo sé exactamente. Reconozco que son dos instituciones de mucho prestigio. Por eso quiero aclarar si el Instituto de Chile recibe o no subvención del Estado. Está claro que Fondecyt cuenta con recursos fiscales.

Por lo tanto, no podemos señalar que éste es un examen completamente ajeno al quehacer del Estado, por cuanto él es el que pasará revista a la pluralidad, año a año. Es cierto que no obligará ni generará acciones, pero sí tendrá peso lo que este organismo dictamine sobre determinado medio de comunicación.

Preferiría que fuera la sociedad toda, la comunidad a través de sus distintas expresiones, la que evalúe, juzgue, opine y dictamine acerca del pluralismo de los medios de comunicación, y que sea la sociedad la que prefiera o repudie determinado medio con la aceptación que éste tenga en la sociedad, cualquiera que sea su género.

Me informaron que el proyecto estaba perdónenme la expresión bastante "redondito" y muy concordado. A estas alturas, quisiera preguntar qué queda de esa concordancia, puesto que se han ido incorporando con posterioridad muchísimas indicaciones que señalan claramente la mano del Estado.

Me expresaron que la indicación que presenté al inciso primero habría desencadenado este tipo de intervenciones del Estado. En verdad, ella nada tiene que ver con esto, menos todavía después de la votación del artículo anterior por parte de quienes sustentaron esta posición.

Es preocupante que las autoridades de Gobierno tengan que disponer que, a lo menos parte de los fondos de los organismos del Estado, de sus empresas y de las municipalidades, es decir, estamos hablando de muchos presupuestos, debe destinarse a avisos, lo que es digámoslo de manera abierta claramente un subsidio a determinados medios de comunicación. Y no pongamos la patente de que son regionales o no: la idea es hacerlo con todos, ya sea a través del presupuesto nacional o regional.

Aquí estamos estableciendo implícitamente una regulación económica para ayudar publicitariamente a los medios de comunicación; pero como quien lo está haciendo es el Estado, es fácil deducir que esto pueda coartar la libertad de un medio de comunicación si su publicidad dependerá finalmente de organismos, empresas, municipalidades u otros organismos estatales.

Entiendo que el alcance que se le quiere dar es favorecer al periodismo regional; pero si lo hago depender ahora por ley y con obligatoriedad, como lo explicaba muy bien el Diputado señor Aníbal Pérez , queda claro el significado de ese alcance.

Más todavía, el último inciso de este artículo dispone: "El fondo de desarrollo regional podrá contemplar -la expresión "podrá" se usó para que no se cayera en la inconstitucionalidad de este artículo, reconozcámoslo claramente, porque la intención primera era "contemplará anualmente", lo que era abiertamente inconstitucional- anualmente los recursos necesarios para financiar la realización, difusión o edición de programas, suplementos y espacios de alto nivel cultural...".

Bien sabemos que los medios que emplean son de alto costo, y puede suceder que favorecer a determinado medio de alguna región, aliente a que las autoridades del gobierno regional les destinen recursos, postergando necesidades más urgentes de la comunidad.

Es frecuente ver cómo circula en nuestras oficinas una cantidad de impresos de alto costo, editados por distintas instituciones estatales. Y uno dice: "¡Caramba! ¿Por qué no se destinan estos recursos a otra necesidad más urgente?" Ahora, le estamos dando patente absoluta, diciendo: "Señor, no sólo cuide estos recursos, sino que destine aún más. Hágalo, porque de esta forma estamos subsidiando a la prensa regional." Digámoslo claramente: hay un subsidio a la prensa regional.

Ahora, si esto ha de establecerse, que se haga, pero reconozcámoslo en forma abierta.

En síntesis, quiero señalar que la manifiesta contradicción entre lo que se dijo en su momento en la Comisión y lo que se ha votado ahora, es algo que a mí me parece digno de ser considerado.

Ahora me explico a medias la preocupación que tenía el señor Ministro seguramente se referirá al punto cuando expresaba que se estaba desnaturalizando este proyecto en relación con lo que el Gobierno concordó legítimamente en su momento con distintos medios de comunicación, de suerte que el proyecto tuviese una coherencia total; pero que no se sindique aquí otras responsabilidades a quienes no las tenemos en este asunto.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor BRUNNER (Ministro Secretario General de Gobierno).-

Por tratarse en este caso de una indicación presentada por el Ejecutivo, quiero reiterar algunos conceptos en que ella se fundamenta.

Lo esencial en el artículo 9° es algo que, en realidad, no ha estado en discusión, cual es que este artículo señala que el Estado tiene la obligación de garantizar el pluralismo en el sistema informativo.

¿De dónde nace esta obligación del Estado? Del hecho de que el pluralismo es un bien público, inseparable de las libertades de pensamiento y de expresión, y también del sistema democrático y de su funcionamiento. Por eso, supongo, este principio general no ha sido objetado durante la discusión.

El debate comienza cuando se señala que el Estado, para garantizar el pluralismo, debe ejercer algunos roles. Primero, habrá de favorecerla coexistencia de diversos medios de comunicación social, y segundo, asegurar la libre competencia entre ellos. En consecuencia, se garantiza la expresión efectiva de distintas corrientes de pensamiento y toda la pluralidad de expresiones culturales, sociales e ideológicas que existen en la sociedad, incluida la de sus regiones.

El tema fundamental, de carácter doctrinario, es de la mayor importancia. La pregunta es si se estima que el pluralismo puede quedar asegurado por la operación automática del mercado o si al Estado le cabe un papel en esta materia. A estas alturas es claro, por la experiencia de todas las democracias occidentales, que el mercado es una condición necesaria para la libertad de información, pero no suficiente para que opere el pluralismo.

En primer lugar, se requiere que el Estado, a través de normas que mantengan la posibilidad de crear nuevos medios, asegure el acceso al mercado, como lo establece la Constitución y lo reitera esta iniciativa.

En segundo lugar, se requiere que en este mercado que por su propia naturaleza tiene una tendencia oligopólica se asegure la competencia, lo que hace el proyecto al vincular las normas de la libre competencia a la supervisión de los mecanismos antimonopólicos que contempla la legislación chilena. Se ha obligado, en el caso de este sector económico, a que cualquier acto de relevancia económica, desde el punto de vista de la propiedad de las empresas informativas, sea comunicado a las respectivas comisiones antimonopólicas.

En tercer lugar, se requiere que el mercado sea transparente, a lo menos en dos dimensiones: el de la propiedad de los medios, que hoy funciona con una completa opacidad, al punto que en muchos casos no se sabe efectivamente quiénes son los dueños de algunos, y además, cómo efectivamente el Estado cumple con la obligación de asegurar el pluralismo dentro del sistema informativo.

Para materializar este último punto, la iniciativa crea un mecanismo liviano, no burocrático, que pretende informar al público sobre el estado efectivo del pluralismo en el sistema informativo y su evolución de año en año. Para ese efecto, se ha establecido una instancia que no es supervisora del pluralismo como se ha dicho, sino simplemente un grupo técnico que va a distribuir recursos, como se hace en todo el sistema de investigación en Chile, para que a través de competencias entre distintos grupos académicos, se liciten proyectos de investigación y de estudio, cuyos resultados serán dados a conocer, de modo que el público tenga suficiente información respecto del grado de concentración que se produce en el mercado de medios y de cómo evoluciona tanto la propiedad de ellos como, en general, el respeto al debido pluralismo.

La indicación del Ejecutivo, en este caso, al contrario de constituir una intervención ilegítima en el mercado de los medios, refuerza las condiciones de competencia, por un lado, y, por otro, garantiza la necesaria transparencia del mercado. Oponerse a este sencillo y elemental mecanismo significa suponer que el mercado, por su propio automatismo, sobre todo éste con su naturaleza concentracionista y oligopólica absolutamente evidente donde además es claro que el derecho de la libertad de información queda necesariamente mediatizado por la existencia de empresas informativas producirá, en forma automática, el pluralismo, con el requisito de defenderlo y garantizarlo como un bien público inseparable de la libertad de información y de la democracia.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

La lista original de inscritos estaba cerrada. Sin embargo, han pedido hacer uso de la palabra, además, los Diputados señores Taladriz , Andrés Aylwin y Martínez , a quienes pediría entiendo que se vota a más tardar a las 20 horas y que el Diputado señor Martínez no usará de la palabra que fueran breves en sus intervenciones, porque, de no ser así, tendríamos que votar sin discutir los demás puntos.

Tiene la palabra el Diputado señor Taladriz .

El señor TALADRIZ.-

Señor Presidente, el hecho de que el Estado tenga la obligación de garantizar el pluralismo en el sistema informativo, para lo cual habrá de favorecer la coexistencia de diversidad de medios de comunicación social y la libre competencia entre ellos, es sólo una frase bonita. Es muy difícil que los estudios vayan tan rápido como los intereses, que las teorías vayan tan rápido como la práctica.

Evidentemente, las municipalidades pueden avisar en los medios regionales; pero los que vivimos la experiencia de tener medios periodísticos regionales yo tuve un diario, junto con otras personas valdivianas, dirigido por don Roberto Silva de Bijit , quien hoy es propietario de "El Observador", de Quillota sabemos que incluso teniendo esta ayuda del Estado a veces es muy difícil competir, porque las grandes empresas publicitarias están concentradas en la capital y el aporte de las municipalidades u organismos regionales es muy pequeño.

Es imposible que el Estado asegure de esa manera la coexistencia de diversidad de medios, especialmente periodísticos. Por ejemplo, los diarios que salen todos los días tienen bastantes gastos y éstos se financian con avisaje, básicamente de empresas particulares. Por lo tanto, es muy difícil que esto se traduzca en un apoyo concreto y efectivo y deje de ser una linda declaración con muy buenas intenciones que comparto, pero que en la práctica no son efectivas.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

El Diputado señor Andrés Aylwin se ha inscrito para intervenir en el artículo 20 y, por tanto, se cierra la lista.

El señor CHADWICK.-

Pido la palabra.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Respecto de la división de la votación, tiene la palabra Su Señoría.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, quisiera solicitar división de la votación para el artículo 9°, a fin de votar primero los cuatro incisos iniciales y posteriormente los incisos quinto y sexto.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

¿Habría acuerdo de la Sala sobre los cuatro primeros incisos?

Varios señores DIPUTADOS.-

No.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

No hay acuerdo.

El señor VIERA-GALLO.-

Pido la palabra.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VIERA-GALLO.-

¿Qué quórum se requiere para aprobar los cuatro incisos? ¿Tienen un quorum especial?

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

El último inciso requiere quorum de ley orgánica constitucional; no los cuatro primeros.

En votación los cuatro primeros incisos del artículo 9°, hasta aquel que se inicia con las palabras "Completados los estudios".

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa 14 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Aprobados los cuatro primeros incisos.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Arancibia , Ávila , Aylwin (don Andrés) , Cornejo , De la Maza , Elgueta , Estévez , Fuentealba , Gutiérrez , Hernández , Huenchumilla , Jara , Jocelyn-Holt , Latorre , León, Letelier ( don Juan Pablo) , Luksic , Martínez (don Gutenberg) , Montes, Morales , Muñoz , Ojeda , Ortiz , Pérez (don Aníbal) , Rebolledo (doña Romy ), Reyes, Rocha , Sabag , Salas, Silva , Sota , Tohá , Valenzuela , Viera-Gallo , Villouta , Walker , Wörner ( doña Martita ) y Zambra no .

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Bartolucci , Bombal , Coloma , Correa, Chadwick , García (don René Manuel) , García (don José) , García (don Alejandro) , Jürgensen , Karelovic , Leay , Masferrer , Melero y Ulloa .

Se abstuvieron los Diputados señores:

Errázuriz , Ferrada , Galilea , Pérez (don Ramón) , Solís y Taladriz .

El señor ELIZALDE.-

Pido la palabra.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ELIZALDE.-

Mi voto no apareció en el tablero electrónico.

El señor GAJARDO.-

El mío tampoco, y lo marqué.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Lo siento, pero no podemos alterar la votación una vez efectuada. Esta es una norma establecida.

Vamos a probar el sistema en la siguiente votación.

¿Hay acuerdo para incorporar los votos a favor de los Diputados señores Elizalde y Gajardo ?

El señor MELERO.-

No, señor Presidente.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

No hay acuerdo.

En votación los dos incisos finales.

Para aprobar el inciso quinto basta la simple mayoría. Para el sexto y último, se requieren 66 votos.

Se someterán a votación en conjunto. Si no obtienen el quorum necesario, caería sólo el inciso sexto.

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre , por una cuestión de Reglamento.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, quiero consultar la opinión de Mesa en caso de que el inciso final no se apruebe, porque es una disposición que existe en la actualidad.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, no estoy en condiciones de responderle en forma exhaustiva, pero me parece que efectivamente existe. Por tanto, si no se aprueba, no habrá un cambio real. No lo he estudiado a fondo. Por alguna razón ha sido propuesto. Ha habido un debate al respecto y cada uno se pronunciará a favor o en contra.

Tiene la palabra el Diputado señor Cornejo .

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente, solicito que se divida la votación en los dos últimos incisos, porque son temas absolutamente distintos. Algunos estamos de acuerdo con el último, pero si no se divide, nos obligaría a votar en contra. Uno se refiere a la publicación de avisos en determinados medios, y el otro, al tema del Fondo de Desarrollo Regional.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, efectivamente, son dos materias distintas. Por tanto, estaría en su derecho si lo hubiera solicitado antes. Creo que habrá acuerdo de la Sala para dividir la votación ahora.

Si le parece a la Sala, se dividirá la votación.

Acordado.

En votación el inciso quinto.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

El señor BOMBAL.-

No.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

No hay acuerdo.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel) , Arancibia , Ascencio , Ávila , Aylwin (don Andrés) , Balbontín , Bartolucci , Bayo , Coloma , Correa, Chadwick , De la Maza , Elgueta , Elizalde , Errázuriz , Estévez , Ferrada , Fuentealba , Gajardo , Galilea , García (don Rene Manuel) , García (don José) , García (don Alejandro) , Gutiérrez , Hamuy , Hernández , Huenchumilla , Jara , Jocelyn-Holt , Jürgensen , Karelovic , Latorre , Leay , León, Letelier ( don Juan Pablo) , Luksic , Masferrer , Montes, Morales , Munizaga , Muñoz , Ojeda , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Prokurica , Rebolledo ( doña Romy ), Reyes, Rocha , Sabag , Salas, Seguel , Silva , Solís , Sota , Taladriz , Tohá , Tuma , Ulloa , Valenzuela , Viera-Gallo , Villegas , Villouta , Walker , Wörner ( doña Martita ) y Zambrano .

Se abstuvieron los Diputados señores:

Bombal y Melero .

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En votación el inciso sexto, cuya aprobación requiere 66 votos.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Aprobado con el quorum requerido.

Por lo tanto, queda aprobado el artículo 9°.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel) , Arancibia , Ascencio , Ávila , Aylwin (don Andrés) , Balbontín , Bartolucci , Bayo , Coloma , Cornejo , Correa, Chadwick , De la Maza , Elgueta , Elizalde , Encina , Errázuriz , Estévez , Ferrada , Fuentealba , Gajardo , Galilea , García (don René Manuel) , García (don José) , García (don Alejandro) , Gutiérrez , Hamuy , Hernández , Huenchumilla , Jara , Jocelyn-Holt , Jürgensen , Karelovic , Latorre , Leay , León, Letelier ( don Juan Pablo) , Luksic , Martínez (don Gutenberg) , Masferrer , Montes, Morales , Munizaga , Ojeda , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Prokurica , Rebolledo ( doña Romy ), Reyes, Rocha , Sabag , Salas, Seguel , Silva , Solís , Sota , Taladriz , Tohá , Tuma , Ulloa , Valenzuela , Viera-Gallo , Villegas , Villouta , Walker , Wörner ( doña Martita ) y Zambrano .

Se abstuvieron los Diputados señores:

Bombal y Melero .

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En votación el artículo 10.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

En votación el artículo 17.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobado.

En discusión el artículo 20.

Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick .

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, ¿en qué momento puedo plantear un problema de constitucionalidad del artículo?

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el momento en que lo estime oportuno, señor Diputado.

Se había inscrito el Diputado señor Aylwin , pero si usted va a plantear un problema de constitucionalidad, tiene la palabra Su Señoría.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Aylwin .

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, indudablemente, éste es uno de los artículos más importantes que vamos a debatir y el que ha provocado mayor controversia.

Creo que es absolutamente imposible que la mesa resuelva el problema de constitucionalidad que va a plantear el colega don Andrés Chadwick sin escuchar la totalidad del debate. Sólo considerando las circunstancias de hecho en que está planteado este artículo y conociendo in extenso todas las argumentaciones correspondientes en relación con el significado exacto de la indicación aprobada y la interpretación que han dado constitucionalistas, en cuanto a que la norma se ajusta plenamente a la doctrina constitucional moderna, la Mesa podrá resolver.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, por un problema de tiempo, dejemos que el Diputado señor Chadwick exponga el punto. Naturalmente, la Mesa no va a resolver sin escuchar otras opiniones.

Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick .

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, a mi juicio, estamos frente a una disposición que es meridianamente inconstitucional.

El derecho de rectificación o aclaración en nuestra Constitución está consagrado en el artículo 19°, N° 12°, que señala textualmente: "Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida". ¿Qué expresa el constituyente en términos medulares?

Que a la persona natural o jurídica le nace este derecho de aclaración o rectificación en la medida que sea ofendida o injustamente aludida.

Estas son las dos conductas que constitucionalmente hacen nacer el derecho a la aclaración o rectificación. Son precisas, objetivas y expresamente establecidas en la Constitución: "ofendida o injustamente aludida"; por consiguiente, cualquier otra conducta que no sea expresamente ésta, no da derecho a reclamar de la rectificación o aclaración.

En el inciso segundo del artículo 20 se establece este derecho de aclaración o rectificación, sobre la base de una conducta que no es la descrita en la Constitución. Por lo tanto, por la vía de la ley, se está agregando una tercera causal de un derecho que está consagrado constitucionalmente: "la persona que haya sido deliberadamente silenciada".

En virtud de la supremacía constitucional, el legislador no puede agregar nuevas conductas que generen un derecho. Además, el derecho está expresamente relacionado con conductas señaladas en la disposición constitucional.

Por lo tanto, estamos en presencia de una inconstitucionalidad muy manifiesta, muy objetiva, juicio que fue compartido en forma bastante mayoritaria al interior de la Comisión.

Podrán existir argumentos en favor, como siempre existen en el mundo jurídico, de historias de la ley, de argumento de interpretaciones armónicas, pero está expresamente establecido en el artículo 19, N° 12°, que el derecho nace en virtud de dos conductas precisas. Agregar una tercera, como la indicada, vulnera la disposición constitucional, afecta el principio de la supremacía constitucional.

Por lo expuesto, estaríamos en presencia de una inconstitucionalidad extraordinariamente manifiesta y objetiva.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

De la intervención del Diputado señor Chadwick , concluyo que no ha hecho cuestión de la admisibilidad de la indicación, sino que se ha referido a la constitucionalidad de fondo. Por lo tanto, a la Mesa no le corresponde resolver sobre esa materia, sino, eventualmente, al Tribunal Constitucional.

En consecuencia, Diputado señor Aylwin , no habrá una resolución de la Mesa al respecto, porque aquí entiendo que se ha hecho una reserva de constitucionalidad.

El señor CHADWICK.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, me referí a la inconstitucionalidad, precisamente, para que la Mesa se pronuncie sobre la admisibilidad de la indicación.

Como Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia no me pude pronunciar en su momento respecto de esta materia, porque no estaba presidiendo la sesión cuando se aprobó la indicación. Por eso, hago presente que corresponde a la Mesa pronunciarse acerca de su admisibilidad.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Aylwin .

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Fuentealba .

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Puede usar de la interrupción Su Señoría.

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente, sólo quiero llamar la atención sobre las palabras pronunciadas por el Diputado señor Chadwick .

Ojalá ese mismo predicamento lo tengamos en todas las disposiciones constitucionales, especialmente en la que dice relación con la atribución del Presidente de la República de disponer de los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas. Su ley orgánica constitucional viola precisamente la supremacía constitucional que el Presidente ha querido restablecer.

Muchas gracias.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Con la venia del Diputado señor Aylwin , tiene la palabra Su Señoría.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, sólo quiero señalar al Diputado señor Fuentealba , si tiene tiempo y suficiente precisión para leer la Constitución, que el artículo 32, N° 18°, donde están las atribuciones del Presidente de la República respecto de las Fuerzas Armadas, está relacionado con los artículos 93 y 94.

En ese último precepto expresamente se dispone que se actuará de acuerdo a lo que señala la ley orgánica respectiva. Por consiguiente, allí se establecen las modalidades, condiciones y requisitos para ejercer esa facultad.

Le doy el tiempo suficiente para que lo haga y pueda darse cuenta del error que hay en lo que ha señalado.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Aclaro a los señores Diputados que está en discusión la Ley de Prensa.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Sobre la materia expresada por el Diputado señor Chadwick , la Mesa tiene una opinión que no es precisamente la de él, pero eso es tema de otra ley y en el momento de su discusión se pronunciará.

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Aylwin .

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, entiendo que la Mesa se pronunciará sobre el problema de constitucionalidad después de escuchar todo el debate.

En primer lugar, en cuanto al problema de constitucionalidad, recojo lo expresado por el colega señor Rubén Gajardo hace algunos minutos, en el sentido de que la Constitución Política establece ciertos derechos mínimos, que son derechos humanos fundamentales. Pero hay otros derechos, incluso naturales, como él muy bien explicó, que se pueden, establecen en la ley, ampliando lo preceptuado en la constitución.

De manera que, aun cuando fuera efectiva la argumentación elemental del colega señor Chadwick , en todo caso, como Poder Legislativo, podríamos dictar una ley que estableciera derechos que fueran más allá de la Constitución Política.

Al margen de eso, creo que no hay problema de constitucionalidad por lo que largamente explicamos en la mañana de hoy.

Efectivamente, la Constitución Política en su artículo 19, N° 12°, establece la libertad de expresión, pero ella, como lo demostramos claramente hoy en la mañana, comprende no sólo el derecho a la libertad de expresión, sino también el de la sociedad a estar pluralistamente informada. Este derecho se encuentra establecido como ya se ha señalado aquí por diversas personas, incluso por el señor Ministro también en otras normas constitucionales, de las cuales se deduce que en Chile existe el derecho al pluralismo político y a la participación de todos y en igualdad de condiciones. Indudablemente, ello no tendrá vigencia, si no existe el derecho y la posibilidad para el conjunto de la comunidad a estar adecuadamente informado. Y ello atiende este artículo 20, cuando establece el derecho a la publicación; de la deliberadamente seleccionada.

En la mañana comprobamos que todos los constitucionalistas chilenos establecen claramente que en nuestra Carta Fundamental, la libertad de expresión e información comprende no sólo el de los medios de comunicación a informar, sino también especialmente, el derecho de la comunidad a estar pluralistamente informada. Citamos, a lo menos, cuatro o cinco constitucionalistas, y las opiniones de don Jaime Guzmán y del Senador señor Sergio Diez .

Indudablemente, si este artículo de la Constitución establece dos garantías, corresponderá a la ley ver la forma de conciliarlas y, en definitiva, los tribunales de justicia resolverán frente a la existencia de distintos derechos que, en un momento determinado, pudieran estar en pugna. De acuerdo con lo dicho si se está legislando sobre un derecho establecido en la Constitución no puede haber un problema de constitucionalidad.

Señor Presidente, aquí se plantea una situación extrema. No es la sola omisión como se ha dicho en esta Sala de una opinión o de un hechor, sino silenciamiento, es decir, que un hecho de extraordinaria gravedad en la vida de los pueblos, prácticamente no lo conozca nadie. Tiene que ser, además, un silenciamiento deliberado; o sea, que todos los medios de comunicación se pongan de acuerdo en ello, y debe estar referido a un acontecimiento de trascendencia social. Son pues tres requisitos copulativos. Cuando se produce esa situación, la de que la Constitución Política establece el derecho de la sociedad a estar adecuadamente informada, y lo lógico es que existan instrumentos legales y jurídicos que permitan que este mandato se haga efectivo. ¿Quién resuelve, en definitiva, si no hay acuerdo entre la totalidad de los medios de comunicación y un conglomerado social? Lo harán los tribunales, para conciliar adecuadamente este derecho.

Esta situación se ha producido en distintos países. Un ejemplo muy típico, analizado por los comunicadores sociales en el último tiempo, ha sido lo que sucedió en Chiapas. Allí había pleno conocimiento en la clase política mexicana y en los directores o altos ejecutivos de todos los medios de comunicación, de la situación de extrema marginación de un grupo indígena numeroso; pero este hecho, durante muchos años, fue silenciado deliberadamente. En definitiva, se produjo la situación dramática que todos conocemos.

Pues bien, comunicadores sociales, frente a la situación señalada, no sólo hay responsabilizado a los políticos, sino especialmente a los propios comunicadores, por el hecho de que al difundir no una realidad importante y preocupante en la sociedad mexicana, impidieran que se tomaran medidas en forma oportuna.

Señor Presidente, nuestra indicación tiende a eso. ¿No estará sucediendo en Chile algo parecido en algunos aspectos? Por ejemplo, discutimos a la Cámara de Diputados el proyecto de libertad de opinión y vino aquí el Presidente del Colegio de Periodistas, en presentación de todo el Colegio. Sin embargo, su opinión no es cotizada para nada; no se publicita en ningún medio de comunicación, a pesar de que se trata de una información relacionada directamente con la libertad de expresión y, por consiguiente, con los periodistas. Después, las periodistas entregan una declaración pública que cuenta con la unanimidad de los profesionales de la prensa, pero tampoco se informa sobre el fondo del problema. Frente a realidad como ésta, ¿No estaremos frente a situaciones extremas de silenciamiento de determinados hechos que ameritan que vayamos creando algunos instrumentos para que no se produzcan cuestiones aún más conflictivas en nuestra sociedad?

A eso y no a otra cosa tiende nuestra indicación. Se la ridiculiza cuando se dice que éste es un problema personal de los Diputados que la presentaron o de otros, pues si ellos hacen una declaración sobre un problema de sus regiones y los medios de prensa no la publican, pueden recurrir a los diarios y exigir dicha publicación.

Ello es ridiculizar el artículo. No es ése nuestro ánimo ni lo que establece la indicación. Ella habla de "silenciamiento", y éste se produce cuando un hecho no se nota, no produce ningún ruido, no se percibe absolutamente. Eso es "silenciosamente", según el Diccionario."

En la mitología, el silencio está representado por un joven o una joven que tiene tapada la boca, de manera que su voz no se escucha en ninguna parte. Insistimos: Eso es silenciamiento. Además, debe haber un silenciamiento "deliberado", es decir premeditado, acordado, concertado y sobre un "hecho de trascendencia social". A eso tiende nuestra indicación y creemos que claramente no es inconstitucional cuando en el número 129 del artículo 19 de la Constitución se establece la libertad de expresión que, según todos los constitucionalistas, consagra dos derechos que se deben conciliar: el del comunicador social a informar y, al mismo tiempo, el de la comunidad a estar pluralistamente informada. Creemos que cuando se silencia algo trascendente para la comunidad se atenta contra este último aspecto de la libertad de información.

¿Por qué se plantea hoy la indicación? Porque el Colegio de Periodistas nos ha dicho en la Comisión de Constitución pido a los señores Diputados que piensen; sobre ello que en Chile se está produciendo un problema grave de concentración de la propiedad de los medios de comunicación, como asimismo en el mensaje ideológico por ellos transmitido lo que está poniendo en peligro nuestra democracia, la que podría pasar a tener un carácter meramente formal. Vemos a el silenciamiento de ciertos hechos trascendentes una expresión o posible expresión de falta de pluralismo.

Si esto se hubiera planteado en tiempos de la Unidad Popular, se habría citado a veinte sesiones de esta Cámara para tratar el problema y hecho miles de declaraciones, que habrían salido en la primera página de todos los diarios. Hoy no se le da ninguna importancia.

Creo que los planteamientos del Colegio de Periodistas y de otros profesionales de la prensa, en relación con lo que está sucediendo en nuestro país, ameritan que dictemos disposiciones como ésta, a fin de que en definitiva funcione lo que se llama "pluralismo externo", cual es el que produce a través de todos los medios de comunicación; pero, al mismo tiempo, si la totalidad de los medios de comunicación empiezan a concentrarse en unas pocas manos que se conciertan para no informar, debe regir también el "pluralismo interno" y, por consiguiente, la sociedad tiene el derecho a estar informada de los hechos de relevancia. No puede haber silenciamiento de ellos en la sociedad, porque, de lo contrario, no hay democracia en el país. Con esta indicación, que puede perfeccionarse en el Senado o en una Comisión Mixta, estamos absolutamente convencidos de que planteamos un problema vital para la supervivencia de nuestra democracia.

He dicho.

Aplausos.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

A continuación, están inscritos para hacer uso de la palabra los Diputados señores Ferrada y Elgueta . Después de sus opiniones, la Mesa tomará una resolución al respecto y se procederá a votar el artículo.

Tiene la palabra el Diputado señor Ferrada .

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, esta indicación sobre el proyecto que estamos tratando debe haber sido la más discutida durante su paso por la Comisión. A las razones de inconstitucionalidad, manifestadas por el Diputado señor Chadwick , por mi parte quiero agregar otras consideraciones complementarias.

En primer lugar, ni yo ni mis colegas nos contamos entre quiénes han ridiculizado de manera alguna la indicación de los Diputados señores Andrés Aylwin y Sergio Elgueta . No creemos que, al promover esta discusión, estén detrás de un propósito pequeño o bastardo, sólo por querer aparecer más en la prensa. No lo hemos dicho nunca ni lo hemos sentido jamás. En cambio, quiero ir a la discusión de una cuestión de filosofía que está detrás de la indicación.

El punto es que esta norma puede juzgarse desde dos puntos de vista distintos. Uno, el constitucional formulado por el Diputado señor Chadwick , al que adhiero; y el otro, el de la viabilidad práctica de la norma que nos lleva a otra cuestión constitucional.

Uno se pregunta frente a una norma de esta especie, ¿cómo podrían los medios de comunicación cumplirla si cada uno de los ciudadanos, sintiéndose, con razón, deliberadamente silenciados después de haber hecho muchas tentativas por ver publicitadas sus opiniones, ejercieran este derecho? Faltarían horas del día en televisión respecto de 14 millones de ciudadanos que podrían querer y tener derecho a que sus opiniones, tan importantes como las de cada uno de nosotros, fueran también publicitadas, y se requerirían diarios con toneladas de papel para que cupieran todas esas opiniones, porque, tal como está redactada, la indicación, es un derecho de todos.

En verdad, cuando se coloca como único requisito unos tribunales que siempre han declarado, como doctrina, que su papel es cumplir estrictamente la norma legal, prácticamente sin ninguna interpretación, no hay duda de que el "deliberadamente silenciado" es un derecho para todos los ciudadanos respecto de un hecho u opinión de importancia o trascendencia social, cuestión que solamente quien la emite podría juzgar.

Así, lo que busca esta norma -aquí voy a la cuestión de filosofía constitucional- es imponer a los medios de comunicación, que son privados en la gran mayoría de los casos, una carga social que ciertamente afecta a su derecho de propiedad. Y lo que aquí está puesto en juego es el derecho de propiedad consagrado por la Constitución, el cual garantiza a los editores a usar y disponer de los medios como mejor crean para esa cohabitación en que deben competir libremente en una comunidad. En consecuencia, ellos son quiénes tendrían que disponer de los espacios necesarios para acoger el ejercicio de este derecho; ello son quiénes tendrían que colocar el papel donde publicar esas opiniones. Entonces, nosotros, como legisladores, estamos haciendo justicia pero con bolsillos ajenos: proponemos normas, establecemos derechos, pero en cuenta de propiedades ajenas.

La Constitución establece el principio de que ciertos derechos de dominio, de propiedad, deben cumplir un interés social. En ese caso, la Constitución dice que allí importa una suerte de expropiación que alguien debe indemnizar. Pero aquí no. Aquí concedemos un derecho a 14 millones de chilenos; les decimos que cuando su opinión sea silenciada pueden ir a la justicia para que, a partir de un hecho que estiman sustancial y relevante, de todos modos la televisión o la radio acoja sus opiniones, o el diario o la revista las publiquen, pero nosotros, de manera alguna, habilitamos a esos medios, que son privados, para financiar porque deben hacerlo con recursos propios ese derecho que graciosamente le entregamos a la ciudadanía.

Entonces, además de las razones expresadas por el señor Chadwick , advierto que aquí hay una inconstitucionalidad subyacente muy grave, cual es que estamos cargando con una función, con una carga social, a medios privados, a personas jurídicas o naturales, en circunstancias de que otra norma constitucional establece el principio de que las cargas sociales deben ser siempre impuestas con criterio de igualdad entre todos los ciudadanos y que no es justo, legítimo, ni tiene sentido imponer a unos, en razón del beneficio de la comunidad nacional, una carga como la que he descrito y no hacerlo igualmente respecto de todos los demás.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, cuando escuchaba las palabras sobre el silencio, me venían a la memoria otras palabras como "aprieten filas, guarden silencio" y todas la demás manifestaciones orales que hemos escuchado en estos días. Entonces, uno también recuerda que en determinados períodos de la historia, en el extranjero o en Chile, hubo una especie de división entre los ciudadanos, entre los silenciosos y los silenciados. Por eso, dentro de la ética cristiana, Pío XII dijo en el Primer Congreso Internacional de la Prensa Católica, el 17 de febrero de 1950: "Allí sobre todo donde no apareciere manifestación alguna de la opinión pública, allí donde hubiera que registrar su real inexistencia, sea cual sea la razón con que se explique su mutismo o ausencia, se debería ver un vicio, una enfermedad, un mal de la vida social. Ahogar la voz de los ciudadanos, reducirla al silencio forzado es a lo ojos de todo cristiano un atentado contra el derecho natural del hombre, una violación del orden del mundo, tal como Dios lo ha establecido."

Incluso en la reunión de Puebla, en México, los obispos latinoamericanos señalaron que "la Iglesia era la voz de los que no tenían voz". Esas expresiones también las conocimos en Chile por parte de nuestros pastores.

Entonces, el silencio, que es tan importante en la música, en las artes o en la cultura, tiene también gran importancia dentro del campo de la libertad de expresión. Aquí, cuando no se puede acudir a los principios con esa lógica un poco florentina, se recurre a la práctica: "Sí, podemos aceptar el principio, pero es irrealizable en la práctica."

En la mañana citaba casos en que los derechos a la vida, a la libertad, a la salud y a la educación están contenidos en la Constitución; pero, ¿a quién le caben dudas de que en la práctica no se cumplen? Un maestro español dice respecto de lo que sucede en Inglaterra: "En nuestro país es potestativo del director refiriéndose a las "Cartas al Director" publicarlas o no. En el Reino Unido, el director está obligado a publicarlas, siempre que su contenido sea de interés general, lo que en caso de disentimiento determinaba el órgano de autocontrol o press council, constituido por representantes de la magistratura de las empresas informativas, de los informadores y de la sociedad, es decir, del sujeto universal."

Esa es una forma práctica de como en otros países se ha resuelto este problema.

Aquí se ha sostenido también que esto es algo subjetivo, o sea, cómo vamos a decidir si tiene trascendencia. Eso no es ningún problema para un juez que esté posesionado de su cargo y tenga cierta competencia e idoneidad profesional. Nuestra Constitución habla de la moral, de las buenas costumbres y establece que quien fuere injustamente afectado por un fallo judicial, tiene derecho a una indemnización judicial.

Hace pocas semanas, discutimos en esta misma Sala qué era "injustamente". ¿Puede haber algo más subjetivo que decir que algo es justo o injusto, verdadero o falso, que afecta a la moral, a las buenas costumbres o a la seguridad?

Los fundamentos dados nos demuestran que sólo hay una resistencia de ciertos sectores para que participen los empresarios de los soportes, los cuales no son tampoco el medio de comunicación, constituido por el soporte más el mensaje, que es la creación intelectual del periodista o de las personas que, a través de esos medios, informan. Es una oposición que, en el fondo, permite mantener los mismos medios de comunicación. Muchos de ellos sostienen que el público tiene derecho a que haya una sociedad libre y transparencia.

Los dueños y editores afirman que las personas tienen derecho a saber, pero que se debe guardar en secreto la identidad de las fuentes. Tienen derecho a saber, pero se seleccionan cuidadosamente ciertas informaciones para la gente, y se retienen otras, relativas a cierto tipo de información. Existe el derecho a saber, pero se abstienen, consciente y deliberadamente, de publicar ciertos reportajes o informaciones que obran en su poder. Tienen derecho a saber, pero se omiten nombres en los reportajes y se entregan otros por propia decisión. Tienen derecho a saber, pero todos los días se llenan de papeles las canastas de algunos medios, con reportajes e informaciones que se piensa que el público no debería o no necesita saber. Ese es un juicio subjetivo. Resulta paradójico que el derecho del público a saber se transforme en el derecho del dueño a decidir lo que el público, a su juicio, debe o debería saber. Eso es hablar en doble lenguaje. No se puede invocar el derecho del público a saber si, al mismo tiempo, sólo se le entrega determinadas noticias y se guarda el resto.

Por esas razones, éticas y morales, si fuera efectivo el argumento de que esto no está contenido en las garantías constitucionales, la expresión "ofendido" nos podría llevar a la misma conclusión que estamos defendiendo, porque el ofendido no sólo puede serlo mediante una conducta activa, sino que también por una conducta pasiva.

Al respecto, el profesor Miguel Schweitzer sostiene en sus textos que el delito de injuria o calumnia, especialmente el de injuria, se comete por acción u omisión. Otros textos también señalan lo mismo. De manera que ése no es un argumento. Restablezcamos este precioso derecho.

Cuenta en su libro doña Ángela Vivanco Martínez que, con motivo de una concentración de la Alianza Democrática, pidió que se transmitiera, no la concentración, sino una información sobre ella, que reunió a cientos de miles de chilenos, o que siquiera fuera reseñada en un noticiero de televisión nacional. Si durante el Gobierno Militar sostuvimos que ese hecho fue deliberadamente silenciado y no apareció en las pantallas de televisión, hoy, que estamos en un régimen democrático, lo sostenemos con mucho más fuerza, con mucha más razón y con mucha más justicia.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

El debate está terminado en esta materia.

Antes de proceder a la votación, quiero decir que la Mesa estima que la materia de constitucionalidad presentada es compleja. Por lo tanto, el Presidente no acogerá la petición del Diputado señor Chadwick .

Su argumento, en el sentido de que la Constitución sólo establece el caso de la rectificación, no me parece que impida a la ley establecer otras limitaciones adicionales a ésa. No lo dice exclusiva. Hay muchas cosas que la Constitución no señala, pero que sí pueden agregarse.

El argumento del Diputado señor Ferrada , que si bien entiendo sería imponer una carga o limitación tal que afectaría en lo esencial el derecho de propiedad, tiene peso en esta materia. Aunque naturalmente es difícil precisar en qué medida una carga puede ser tan limitante. Hay diversas restricciones legales al derecho de propiedad que no requieren indemnización. Por ejemplo, la importación de carne argentina bajo ciertas condiciones, no genera de suyo que haya que indemnizar a los productores de carne argentina. La Constitución establece que sólo la ley puede consagrar el modo de adquirir la propiedad de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.

Podría entenderse, más allá de la conveniencia o inconveniencia de la norma legal que se plantea, que sería una limitación derivada de la función social que tiene un medio en este caso. Por tanto, si bien es una materia en la cual existe opinión dividida, no se acogerá la cuestión de constitucionalidad a que se ha referido el Diputado señor Chadwick .

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, obviamente no puedo discutir sus razones sino sólo señalar que el N° 12 del artículo 19 dispone expresamente el derecho de rectificación y de aclaración, sus causales y efectos.

En derecho público y ese carácter tiene el derecho constitucional sólo se puede hacer aquello que está expresamente permitido. Al establecerse un derecho en forma expresa, con sus causales y efectos, no puede el legislador, en virtud del principio de la supremacía constitucional y del principio del derecho público, agregar una nueva causal.

Eso es y perdóneme por señalarlo en esos términos la más fiel y expresa interpretación constitucional, ajena a cualquier problema de carácter político, ideológico partidista. También esto fue considerado por el Ejecutivo, que ha guardado silencio en esta sesión.

Pero como su decisión ya está tomada, manifiesto expresamente que me reservo el derecho a recurrir al Tribunal Constitucional sobre este punto.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Honorable señor Diputado, la Constitución establece en el punto que ha señalado y no quiero entrar a polemizar el derecho de rectificación.

Entiendo que la disposición presentada se refiere más bien al derecho de informar. No es un derecho de rectificación.

Hablan varios señores Diputados a la vez

E1 señor ESTÉVEZ (Presidente).- Es un tema debatible y yo lo entiendo de la otra manera.

Tiene la palabra el Diputado señor Ferrada .

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, respecto de los argumentos que hice valer, quiero dejar constancia de mi discrepancia con la decisión de la Mesa, con la siguiente cita:

"La Constitución permite imponer al dominio ciertas limitaciones y obligaciones, pero ellas no pueden afectar la esencia del Derecho con medidas como privar o reducir gravemente el derecho a uso, del de goce, del de disposición o restringir algunos de ellos con medidas de tal envergadura que el dueño pase a ser un dependiente de la autoridad pública privado de la capacidad de administrar o llegar a la efectiva privación del dominio, o de algunos de sus tres atributos, como consecuencia de actos de autoridad no aceptamos ni consentidos por los propietarios, y que no estaban comprendidos en los bienes jurídicos que conforman la función social del dominio.

"La Constitución del 80 redujo el ámbito en que pueden imponerse por ley limitaciones u obligaciones al dominio. Ellas sólo proceden cuando están en juego, en la situación que el legislador trata de enfrentar, los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salud pública y la conservación del patrimonio ambiental. Todo otro bien jurídico, cualquiera sea su importancia o trascendencia, como la difusión de la propiedad, el interés puramente patrimonial del Estado, el interés social y otros, son muy valiosos y podrán ser cautelados por otros preceptos legales que otorguen a organismos estatales facultades fiscalizadoras de control o de sanción, pero la Constitución sólo ha previsto la procedencia de limitaciones u obligaciones para las muy determinadas expresiones de la función social del dominio que he señalado, y toda otra restricción es inconstitucional."

Este texto, que hago mío en esta intervención, es del profesor de Derecho Constitucional don Enrique Evans.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, se dejará constancia de su reserva de constitucionalidad.

Deduzco que hay petición de votación separada en el inciso segundo.

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo .

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, dentro de la lógica, también habría que votaren forma separada el inciso quinto, que se refiere a las mismas omisiones del inciso segundo.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma .

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, quiero que el Diputado señor Viera-Gallo me aclare si él pide votar en forma separada el inciso quinto completo o sólo la palabra "omisiones", porque puede caer en una contradicción.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, entiendo que es el inciso quinto.

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo .

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, siguiendo su raciocinio y para aclarar la consulta del Diputado señor Palma, primero habría que votar el inciso segundo. Si se aprobara, tiene lógica la expresión "omisiones", pero, si se rechazara, habría que eliminar esa palabra.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se votará primero el inciso segundo, lo que permitirá a la Mesa proceder de acuerdo con el resultado.

En votación el inciso segundo.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 30 votos. Hubo 1 abstención.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel) , Arancibia , Ascencio , Ávila , Aylwin (don Andrés) , Balbontín , De la Maza , Elgueta , Elizalde , Encina , Fuentealba Gajardo , Gutiérrez , Hamuy Hernández , Huenchumilla , Jara , Jocelyn-Holt , Latorre , León, Letelier , Martínez (don Gutenberg) , Montes, Morales , Ojeda , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don Aníbal) , Rebolledo (doña Romy ), Reyes, Rocha , Salas, Seguel , Silva , Sota , Tohá , Tuma , Valenzuela , Villegas , Villouta , Wörner y Zambrano .

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Alvarado , Álvarez , Bartolucci , Bayo , Bombal , Cantero Coloma , Correa, Chadwick , Errázuriz (don Maximiano) , Ferrada , Galilea , García (don René Manuel) , García (don José ) García (don Alejandro) , Hurtado , Jürgensen , Karelovic , Leay , Masferrer , Melero , Moreira , Pérez (don Ramón) , Prokurica , Ribera , Solís , Taladriz , Valcarce , Viera-Gallo y Walker .

Se abstuvo el Diputado señor:

Luksic Zarko .

El señor LATORRE.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, sólo para pedir copia de la votación anterior.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Con todo gusto, señor Diputado.

En votación el resto del artículo 20.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, II votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Ascencio , Ávila , Aylwin (don Andrés) , Balbontín , De la Maza , Elgueta , Elizalde , Encina , Estévez , Fuentealba , Gajardo , Gutiérrez , Hamuy , Hernández , Huenchumilla , Jara , Jocelyn-Holt , Latorre , León, Letelier , Luksic , Martínez (don Gutenberg) , Montes, Morales , Ojeda , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don Aníbal) , Rebolledo (doña Romy ), Reyes, Ribera , Rocha , Salas , Seguel , Silva , Solís , Sota , Tohá , Tuma , Valenzuela , Viera-Gallo , Villegas , Walker y Zambrano .

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Álvarez , Bayo , Coloma , Errázuriz , Ferrada , García (don René Manuel) , Hurtado , Jürgensen , Pérez (don Ramón) , Taladriz y Valcarce .

Se abstuvieron los Diputados señores:

Bombal , Correa y Melero .

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Habiéndose cumplido la hora de término de la sesión, de acuerdo con la urgencia del proyecto, continuaremos votando sin discusión el resto de los artículos.

Debo informar a la Sala que la Mesa ha convocado a sesión especial para mañana: en primera citación, a las 16.30; en segunda, a las 16.45, y en tercera, a las 17, dependiendo de la hora en que terminen los funerales del ex Presidente de la Cámara de Diputados don Jacobo Schaulsohn Numhauser .

La sesión de la tarde es para tratar la Ley Electoral Municipal.

Después de la votación, llamaré a reunión de Comités para ver si hay acuerdo de mantener o suprimir la sesión de la mañana. Por el momento, como es una sesión ordinaria, se requiere la unanimidad de los Comités para suprimirla.

El señor BOMBAL.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, ¿existe la posibilidad de que la sesión citada para mañana en la tarde se postergue para el jueves en la mañana?

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, he consultado largamente a los Comités y ése es el acuerdo que ha reunido más unanimidad.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Pido la palabra.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, creo que no amerita realizar una reunión de Comités para suspender la sesión de la mañana. Estamos hablando de un ex Presidente de la Cámara de Diputados, al cual todos debemos el respeto suficiente y ojalá asista el mayor número de parlamentarios al Cementerio General.

Por eso, le ruego que pida la unanimidad de la Sala inmediatamente, y no perdamos más el tiempo, puesto que todos quiénes han sido Presidentes de la Cámara merecen ese respeto.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, hay un acuerdo de todas las bancadas menos de la suya, por eso llamaré a reunión de Comités.

El señor JOCELYN-HOLT.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor JOCELYN-HOLT.-

Señor Presidente, respecto de la votación de los artículos restantes, tengo la impresión de que sólo hay debate respecto del artículo 43.

Por lo tanto, sugiero despachar los artículos y tener una discusión breve sobre la indicación pendiente replanteada con la firma de los 40 parlamentarios, y así despachar en forma definitiva el proyecto.

He dicho.

El señor ROCHA.-

Pido la palabra.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, sólo para solicitar que en el supuesto de que se acuerde la sesión de la tarde, también se autorice a la Comisión de Obras Públicas para sesionar paralelamente, puesto que mañana comenzaremos el tratamiento de la Ley de Puertos y está invitado el señor Ministro del ramo. Además, hay una moción que debemos resolver con invitados, quiénes, ya han sido citados.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, la sesión de la tarde ya ha sido acordada, porque es facultad de la Mesa convocarla.

Respecto de su petición, no hay acuerdo.

La sesión de mañana en la tarde está convocada para discutir el tema de la elección municipal.

Con los Comités acordaremos si se suprime la sesión de la mañana.

Respecto de lo planteado por el Diputado señor Jocelyn-Holt , no sé si hay acuerdo. Prefiero ir certificando con cada artículo.

En votación el artículo 22.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobado.

En votación el artículo 26.

¿Habría acuerdo?

El señor FERRADA.-

Pido la palabra.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, para ser consecuentes con las votaciones anteriores, el artículo 26 debe ser sometido a votación, porque tiene una indicación que agrega la expresión "deliberadamente silenciada".

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el artículo 26, he consultado si habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad y Su Señoría dice que no la hay.

El señor FERRADA.-

No, señor Presidente.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

No puede haber debate, señor Diputado.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, es un aporte. No comparto la expresión "deliberadamente silenciada", pero me parece que para darle plena validez a lo que opinan aquí los Diputados que sostienen esta tesis, el artículo no está regulado adecuadamente, toda vez que se mide el plazo de 20 días desde la fecha de la emisión. Cuando una persona ha sido "deliberadamente silenciada", hay una omisión. Debería ser "emisión u omisión", pero la emisión se refiere a emitir la noticia, válida sólo cuando una persona haya sido ofendida o injustamente aludida; pero no existe emisión en el caso de haber sido injustificadamente silenciada.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

¿Su Señoría solicita la unanimidad para que se agregue "u omisión"?

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, no compartiendo la redacción, señalo que tiene un problema de técnica legislativa. Sólo la hago presente para que los señores Diputados la consideren.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

¿Habría unanimidad unánime para agregar la expresión "u omisión"?

Algunos señores DIPUTADOS.- No.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

No hay acuerdo.

Está en votación el artículo 26.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel) , Arancibia , Ascencio , Ávila , Aylwin (don Andrés) , Balbontín , De la Maza , Elgueta , Elizalde , Encina , Estévez , Fuentealba , Gajardo , Gutiérrez , Hamuy , Hernández , Huenchumilla , Jara , Jocelyn-Holt , Latorre , León, Letelier , Martínez (don Gutenberg) , Montes, Morales , Navarro , Ojeda , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don Aníbal) , Rebolledo (doña Romy ), Reyes, Sabag , Salas , Seguel , Silva , Sota , Tohá , Tuma , Valenzuela , Viera-Gallo , Villegas , Villouta y Zambrano .

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Alvarado , Álvarez-Salamanca , Bartolucci , Bombal , Coloma , Correa, Chadwick , Ferrada , García (don José) , García (don Alejandro) , Hurtado , Jürgensen , Karelovic , Masferrer , Melero , Pérez , Solís y Valcarce .

Se abstuvieron los Diputados señores:

García (don René Manuel) , Luksic y Walker .

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En votación el artículo 27, que requiere quorum calificado.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló , Alvarado , Allende ( doña Isabel) , Arancibia , Ascencio , Ávila , Aylwin (don Andrés) , Balbontín , Bartolucci , Bombal , Coloma , Correa, Chadwick , De la Maza , Elgueta , Elizalde , Encina , Errázuriz (don Maximiano) , Estévez , Ferrada , Fuentealba , Gajardo , García (don Rene Manuel) , García (don José) , García (don Alejandro) , Gutiérrez , Hamuy , Hernández , Huenchumilla , Jara , Jocelyn-Holt , Karelovic, León , Letelier , Luksic , Martínez (don Gutenberg) , Masferrer , Melero , Montes, Morales , Navarro , Ojeda , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Prokurica , Rebolledo (doña Romy), Reyes, Sabag , Salas, Seguel , Solís , Sota , Taladriz , Tohá , Tuma , Valcarce , Valenzuela , Viera-Gallo , Villegas , Villouta , Walker y Zambrano .

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

El artículo 28 también requiere quorum calificado.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará con la misma votación.

Aprobado.

En el artículo 43 se ha renovado una indicación, que leerá el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación tiene por finalidad intercalar entre sus incisos primero y segundo, el siguiente: "Se reputarán como hechos de la naturaleza de los sancionados en el inciso precedente:

a) En el ámbito de la prensa escrita, el control de más del 30 por ciento del mercado informativo nacional en manos de una persona natural o jurídica, sola o asociada con otra u otras, y el control directo o indirecto por una persona natural o jurídica, sola o asociada con otra u otras, de más del 30 por ciento de la distribución de los diarios de información general.

b) El control de más del 15 por ciento del mercado informativo general, por una sola persona natural o jurídica, o de más del 20 por ciento del referido mercado, por dos o más personas naturales o jurídicas asociadas, y

c) El dominio de dos o más tipos, diversos medios de comunicación social en un mismo mercado, por una persona natural o jurídica, sola o asociada con otra u otras."

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En votación la indicación.

El señor BOMBAL.-

Esta indicación no se vio en la Comisión, Señor Presidente.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Figura en la página 16 del informe, señor Diputado, como indicación rechazada. Ha sido renovado.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 28 votos. No hubo abstenciones.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados

Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel) , Ascencio , Ávila , Aylwin (don Andrés) , Balbontín , De la Maza , Elgueta , Elizalde , Encina , Fuentealba , Gajardo , Gutiérrez , Hernández , Huenchumilla , Jara , Jocelyn-Holt , Latorre , León, Letelier , Montes, Morales , Navarro , Ojeda , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don Aníbal) , Rebolledo (doña Romy ), Reyes, Rocha , Sabag , Salas, Seguel , Silva , Tohá , Tuma , Valenzuela , Villegas , Villouta y Zambrano .

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Alvarado , Álvarez-Salamanca , Bartolucci , Bombal , Coloma , Correa, Chadwick , Errázuriz (don Maximiano) , Estévez , Ferrada , García (don René Manuel) , García (don Alejandro) , Hurtado , Jürgensen , Karelovic , Leay , Luksic , Masferrer , Melero , Pérez (don Ramón) , Prokurica , Ribera , Solís , Sota , Taladriz , Viera-Gallo , Walker y Wörner .

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En votación el resto del artículo 43.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Aprobado el artículo.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Allende ( doña Isabel) , Ascencio , Ávila , Aylwin (don Andrés) , Balbontín , Bartolucci , Correa, Chadwick , De la Maza , Encina , Errázuriz , Estévez , Ferrada , Gajardo , García (don Alejandro) , Gutiérrez , Huenchumilla , Hurtado, Jara , Jocelyn-Holt , Jürgensen, León , Letelier , Luksic , Martínez (don Gutenberg) , Melero , Montes, Morales , Navarro , Ojeda , Palma ( don Andrés) , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Prokurica , Rebolledo (doña Romy), Reyes, Ribera , Rocha , Sabag , Salas, Seguel , Sota , Tohá , Tuma , Villegas , Valenzuela , Viera-Gallo , Villegas , Villouta , Walker , Wörner y Zambrano .

Votó por la negativa el Diputado:

Señor Coloma .

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el artículo 69.

¿Habría acuerdo?

El señor VIERA-GALLO.-

Que se vote, señor Presidente.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En votación el artículo 69, que requiere quorum calificado.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 10 abstenciones.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Por no haberse reunido el quorum, no se aprueba el artículo. Requería 58 votos a favor.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Artículo 70, nuevo.

Si le parece a la Sala, se aprobaría por unanimidad.

Aprobado.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, solicito copia de la votación anterior.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Se le hará llegar, señor Diputado, así como al señor Latorre .

Tiene la palabra el Diputado señor Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, antes de que Su Señoría declare despachado el proyecto, quiero aclarar dos cosas.

En primer lugar, en uno de los artículos aparezco votando en contra, lo cual es un error no subsanable, pero quiero dejar la debida constancia.

En segundo lugar, hago presente la reserva para recurrir de inconstitucionalidad respecto de una indicación formulada por los Diputados señores Elgueta , Aylwin y otros, que fue aprobada. Por ello, antes de despachar el proyecto hago la advertencia pertinente.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Despachado el proyecto de ley.

NUEVA LEY DE PRENSA. Primer trámite constitucional. (Continuación). Acuerdo para celebrar sesión especial.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión, del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre las libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Zarko Luksic .

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Solicito el acuerdo de la Sala para autorizar el ingreso del Subsecretario General de Gobierno, señor Edgardo Riveras , quien acompaña al Ministro señor Joaquín Brunner .

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Aylwin .

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, el artículo 1° establece que la libertad de expresión comprende no sólo la de informar, sino también el derecho de la sociedad a estar pluralistamente informada. Este punto ha merecido algunos reparos.

El concepto de que la comunidad tiene el derecho a la información se encuentra plenamente consagrado por la doctrina constitucional moderna. Sorprende que se discuta el punto, en circunstancias de que la generalidad de los constitucionalistas chilenos también adhieren a esta concepción.

Los profesores Mario Verdugo , Emilio Pfeiffer y Humberto Nogueira expresan que "El derecho a recibir información forma parte integrante de la libertad de expresión porque de otro modo de nada serviría que se reconociera la libertad de informar si no se reconoce que los destinatarios -o sea, la comunidad- tiene mínimamente el legítimo derecho a una información oportuna, veraz y objetiva." Es decir, estos autores van más allá de lo que establecemos en este artículo. Lo mismo sostienen los profesores José Luis Cea y Enrique Evans . Dice este último: "La libertad de expresión tiene una doble cara: el derecho de informar por una parte y por la otra el derecho a recibir la información."

Más aún, todos estos constitucionalistas y otros sostienen categóricamente que el derecho de la comunidad a una información plural se encuentra inequívocamente consagrado en las garantías del N° 12°, del artículo 19 de la Constitución.

Por otra parte, al discutirse la Constitución de 1980, la generalidad de los juristas también expresaron su opinión de que la libertad de información comprende el derecho del pueblo a recibir información en forma veraz, oportuna y objetiva.

Don Jaime Guzmán , adhiriendo a este concepto, dijo: "El derecho de la comunidad a ser informada tiene más sentido y relevancia cuando más progresan los medios de comunicación". Idéntica es la opinión de don Alejandro Silva Bascuñán .

Por su parte, don Sergio Diez expresó: "Concuerdo con el señor Guzmán en que toda persona tiene el derecho a ser informada veraz, oportuna y objetivamente sobre el acontecer nacional."

Es cierto que este concepto no quedó expresado, en la Constitución, pero todos lo consideraron inherente a la libertad de expresión, conforme a lo que ya hemos dicho.

Citamos otra opinión. Doña Ángela Vivanco , profesora de Derecho Constitucional y Presidenta de la Unión de Centro Centro, en su documentado libro sobre la libertad de expresión dedica más de treinta páginas al derecho de la sociedad de estar pluralistamente informada. Hago sólo unas citas: "Los propietarios del derecho a la información somos todos los ciudadanos y no los que tienen por profesión informar". Agrega: "El derecho a la información se asimiló a la libertad de información en la Constitución de 1980, con lo cual se pensó que bastaba dejar esto a la legislación, lo que tampoco se ha hecho."

Es justamente lo que estamos haciendo ahora.

A la doctrina de la Iglesia se referirá el colega señor Elgueta . Cito sólo a Pablo VI, quien dice: "Existe en la sociedad humana el derecho a la información sobre aquellas cosas que convienen a los hombres."

Podríamos citar decenas de autores extranjeros que también sostienen que el derecho de la comunidad a una información pluralista es parte integrante de la libertad de información, como lo establece el artículo que estamos discutiendo. Citemos sólo a los catedráticos españoles Jorge de Esteban y Pedro J. González , qué dicen: "En una democracia el derecho a la información es tan importante como el derecho a voto; es más, sin el primero es imposible el segundo." Y agregan: "Debe ser un derecho que exija una información libre, objetiva, plural y veraz."

En Estados Unidos, donde la jurisprudencia de la Corte Suprema puede ser creadora de ley, se ha dictaminado por este tribunal que "una sociedad democrática no puede funcionar sin una confrontación de ideas". Y se ha dicho también que "el derecho primordial es el de los telespectadores y radioyentes y no el de las emisoras".

En el Libro Verde, sobre comunicaciones de la Comunidad Europea, se sostiene que para dar vida a las convenciones sobre derechos humanos y el pluralismo, "se debe limitar el alcance de la libertad de expresión con el objeto de garantizar al público la diversidad informativa."

Lo mismo se establece en convenciones internacionales, siendo importante señalar que en la Convención sobre el derecho a réplica internacional se establece textualmente: "la responsabilidad de las agencias de información les impone dar cuenta de los hechos sin discriminación y sin separarlos de los elementos conexos."

Por otra parte, el Colegio de Periodistas ha dicho en relación con este artículo: "En el artículo 1° se han introducido indicaciones que propenden al fortalecimiento del derecho de información del conjunto de la población, reconociendo el carácter social de este derecho."

Hago presente que esta declaración del Colegio de Periodistas ha sido sistemáticamente silenciada, por lo que, en alguna medida, pido a los señores Diputados que la tomen en consideración moralmente para saber qué está pasando en Chile en materia de libertad de expresión.

De acuerdo con lo que hemos dicho, queda claramente establecido el principio de que, en Chile, la libertad de expresión comprende expresamente el derecho de la sociedad a ser informada.

Conviene ver en qué contexto es necesario dictar esta ley. Esto ocurre en un contexto en que han desaparecido las revistas "Análisis y Cauce" y el diario " Fortín Mapocho ". A su vez, existen serios problemas económicos en "La Época" y " Apsi ". Esto significa que las grandes mayorías nacionales se están quedando casi sin medios de comunicación escrita y que, de producirse problemas adicionales en La "Época" y en " Apsi ", llegaríamos a una situación de virtual desaparecimiento de pluralismo, base de la libertad de expresión en Chile en medios de comunicación escrita. Ese es el contexto moral en que se está discutiendo esta ley.

Este contexto ético fue expresamente señalado en nuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por don Guillermo Hormazábal , Presidente del Colegio de Periodistas, quien, hablando en representación de éste, dijo: "Siete de los nueve diarios pertenecen a fuertes grupos económicos que representan una clara postura ideológica que, por los demás, no corresponde a la que ha expresado la ciudadanía en las últimas contiendas electorales. Es decir, en la prensa escrita, los grupos mayoritarios casi carecen de expresión propia." También ha dicho el señor Guillermo Hormazábal : "Sobre la base de los hechos analizados precedentemente, el Colegio de Periodistas advierte acerca de una peligrosa concentración de la propiedad de los medios de comunicación social y una grave amenaza al pluralismo." Finalmente, afirmó: "Nos encontramos en una coyuntura histórica muy especial. Tenemos la oportunidad de adoptar las medidas que garanticen el pluralismo o de cerrar los ojos a la realidad y deslizamos por una pendiente sin retorno que derive en una sociedad sectaria en que se exprese una sola postura ideológica. Allí estaremos en presencia de una democracia meramente formal o en la antesala de perderla." Este es el contexto moral, jurídico y político en que se discute esta ley.

Llamo a los señores Diputados a que tomemos todas las medidas pertinentes para defender la libertad de expresión en nuestro país.

Tengo aquí dos extensos estudios de los periodistas señores Marcelo Contreras y Fernando Villagrán e Ismael Yona y Samuel Bello . En ellos se establece que hay en Chile una peligrosa concentración en la propiedad de los medios de comunicación y en el mensaje ideológico transmitido, y que hay una orientación decisiva en la prensa por parte de quienes hacen publicidad, es decir, influencia del dinero. Se señala al mismo tiempo que más del 34 por ciento de los diarios regionales ha caído en manos de una sola empresa de Santiago y que los periodistas no tienen casi ninguna influencia en las pautas ni en la orientación ideológica y política de los diarios.

En síntesis, aquí rige el principio de que "Quien pone la plata, pone la música". Personalmente, aceptamos esa norma para los cabarés, bares o alguna fonda dieciochera, pero no creo que puede ser el criterio que determine la cultura y la orientación política e ideológica de nuestro país.

De acuerdo con lo dicho, el derecho a una información pluralista es el principio general que se halla claramente establecido en el artículo 1°-después analizaremos la forma cómo "aterriza" la aplicación de este principio general-, y sé perfectamente que allí se presentan problemas prácticos o ciertos peligros. Al mismo tiempo, debo señalar que con las indicaciones que hemos hecho más adelante existen peligros objetivos respecto de la libertad de expresión. Actualmente, no existe un peligro, pero por la situación ahora existente es un hecho real que la libertad de expresión en Chile está seriamente amagada.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, ha terminado su tiempo. Tenga la bondad de redondear la idea.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, pido sólo tres minutos para terminar, por una razón muy sencilla: porque nosotros hemos presentado indicaciones; hemos sido tergiversados durante tres meses; se nos ha atacado por diversos medios de comunicación; hemos sido absolutamente silenciados. En consecuencia, llamo a la conciencia moral para que se me den, por lo menos, tres minutos para terminar muy resumidamente mi intervención.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, voy a ser estricto con todas las intervenciones, porque esa es mi obligación.

Efectivamente, usted me había pedido cinco minutos por haber sido aludido en este tema, y sé que no los quiso usar por otras circunstancias que afectan a la persona que se ha referido a usted.

Si le parece a la Sala, se le otorgará tres minutos más al Diputado señor Aylwin , como medida excepcional.

Acordado.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Muchas gracias, señor Presidente.

El problema es si garantizan el pluralismo en una sociedad los propietarios de los medios de comunicación o la ley y los tribunales.

Nos estamos pronunciando, en las indicaciones que vienen después, claramente en favor de la tesis de que esto no debe quedar sólo al criterio de los propietarios, aunque es muy importante el criterio y la moral de ellos, sino que debe haber ciertas normas mínimas establecidas por la ley y que, en definitiva, corresponden aplicar a los tribunales, lo cual no significa que dejemos esta materia en manos del Gobierno de turno, sino que esta situación se rija por las leyes dictadas por este Congreso, las que deben ser aplicadas por los tribunales de justicia.

Es decir, el problema no es que el Gobierno sea el que vaya a manejar a los medios de comunicación, sino que existan ciertas limitaciones legales aplicadas por los tribunales de justicia.

Este problema se ha planteado largamente en Estados Unidos, y allí se ha dicho que ciertos gigantes son dueños de los medios de comunicación, y que por ello, en alguna medida, pasan a ser dueños del país. Muchos han expresado que, frente a esta realidad, lo importante es que los gigantes se porten bien; pero gran cantidad de otros autores en Estados Unidos -hoy la mayoría- están sosteniendo fundadamente que no es corriente que los gigantes se porten bien en la historia, y por consiguiente, más que dejar esto al criterio de los gigantes, debe ser la ley y los tribunales los que garanticen la libertad de expresión, garantía fundamental de la democracia.

Señor Presidente, termino manifestando que antiguamente la libertad de expresión estaba garantizada por la Ley de Imprenta. Ello era posible porque editar periódicos era una tarea muy sencilla y casi artesanal. Yo mismo, antes de los 20 años, fui director de una revista y subdirector de un diario en San Bernardo. Hoy, con los adelantos técnicos, ha llegado a ser prácticamente imposible editar un diario, a menos que se tenga mucho dinero. Esto plantea un gran desafío moral que la Cámara debe resolver: si la modernidad, con todos sus adelantos técnicos, lleva en definitiva a que desaparezca absolutamente la libertad de expresión -como está en peligro en nuestra patria- o si, por el contrario, creamos cauces para que la modernidad sea fuente de progreso, de solidaridad, de libertad y de libre expresión de todos los ciudadanos.

Este es el importante desafío que hoy tiene la Cámara. Llamo a la conciencia de los señores Diputados para que tratemos el proyecto con el máximo de promoción, por lo que está pasando en Chile y por el destino de nuestra democracia.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra la honorable Diputada señora Martita Wörner .

La señora WORNER.-

Señor Presidente, el proyecto sobre libertad de opinión y de información y del ejercicio del periodismo que hoy nos ocupa responde a uno de los compromisos contraídos por el Gobierno de la Concertación, como único camino para garantizar el ejercicio efectivo del derecho establecido en el artículo 19, N° 12, de la Constitución Política del Estado; derecho considerado cimiento de un sistema democrático que sólo es posible limitar por valores trascendentales, como la honra y la privacidad de las personas, o tan superiores como la seguridad nacional.

El artículo 1° del proyecto, que fija su marco conceptual, reconoce el carácter social del derecho a la información al determinar su pertenencia al conjunto de la población. Su larga discusión permite someter a la decisión de esta Corporación un cuerpo que norma acerca de la libertad de opinión, del derecho a la información, completa el estatuto legal de las empresas informativas y de comunicación social -me refiero a la Ley de Telecomunicaciones y a la que creó el Consejo Nacional de Televisión- y fortalece el ejercicio de la profesión periodística.

Tratándose de una materia de tanta trascendencia social, parece lógico que en el artículo 9° se entregue al Estado la obligación de garantizar el pluralismo en el sistema informativo, debiendo buscar mecanismos para facilitar y favorecer la coexistencia de una diversidad de medios de comunicación social y la libre competencia entre ellos.

Recojo el planteamiento del Colegio de Periodistas cuando afirma que "La libertad de expresión no se garantiza sólo con medidas de orden legal y administrativo que la liberen de todo tipo de trabas, porque existen, necesariamente, otras condiciones que deben estar presentes para que ella rija plenamente". Y en nuestro país, donde no es posible negar la concentración de los medios de comunicación social, una de estas condiciones indispensables es que en el Estado recaiga la obligación de resguardar el pluralismo, puesto que no es posible dejar éste a la sola regulación del mercado.

Si bien es cierto que no fue recogida una indicación que pretendió fijar cuotas de mercado como mecanismo para garantizar una diversidad de medios y, a partir de allí, el pluralismo, y compartiendo la argumentación de que ello provoca una limitación a la libertad empresarial y al derecho a la propiedad privada, no es menos cierto que, como lo dijo el Programa de Gobierno del Presidente Frei, "La legislación debe impedir la concentración de medios y garantizar la expresión de la diversidad y pluralidad política, social y cultural, asegurando la transparencia del mercado de las comunicaciones".

De allí que en la Comisión se haya considerado necesario que en el inciso segundo del artículo 9° se establezca un mecanismo de fiscalización del cumplimiento de este postulado, a través de recursos que el Ministerio Secretaría General de Gobierno destinará anualmente para efectuar un estudio sobre "El Estado y la evolución del pluralismo en el sistema informativo".

El control social se ejercerá a través de la publicidad de este estudio, que corresponderá a la misma Secretaría de Estado, según el inciso 4° del mismo artículo, que establece que, completado los estudios, el Ministerio Secretaría General de Gobierno promoverá su más amplia difusión. Así, en un mercado relativamente pequeño, si no se opta por las cuotas del mismo y se renuncia, además, a la existencia de medios estatales, haciendo los existentes autónomos, no basta decir que la regulación y garantía del pluralismo se hará por la vía de la transparencia y la sana competencia y que ellas son suficientes para evitar la constitución de monopolios y la formación de concentraciones excesivas.

Por ello, el artículo 9° establece, además, un criterio para apoyar el financiamiento de medios regionales al determinar que las autoridades pertinentes dispondrán que, a lo menos en parte, los fondos que establecen los presupuestos del Estado, de sus organismos y empresas y de las municipalidades financiarán avisos o publicidad oficial que se contratarán en medios de comunicaciones locales, y que, con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional se pueden financiar programas, suplementos y espacios de alto nivel cultural o de interés regional.

Sin embargo, este último financiamiento debe precisarse, porque se trata de programas, suplementos y espacios de alto interés cultural o de carácter, más que de interés regional. Según la redacción que aprobó la Comisión, pudiera suceder que se financie una cuestión de carácter nacional que tenga interés regional. Por cierto, ése no fue el espíritu de la Comisión.

Como una forma de garantizar debidamente el ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 1°, que, como ya dije, es el marco conceptual de este cuerpo normativo, el artículo 20 establece el derecho de aclaración y de rectificación que podrá ejercer cualquier persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por alguna información. En su inciso segundo, se establece que tendrá igual derecho una persona natural o jurídica que haya sido deliberadamente silenciada con respecto a un hecho u opinión de importancia o trascendencia social.

Este inciso, introducido y aprobado en la Comisión, ha sido fuertemente rechazado por los dueños de los medios de comunicación social. Se ha llegado a decir que no sólo considera una limitación al propio derecho que se pretende proteger, esto es, la libertad de opinión y de información. Estimo que no es así, pero, a mi juicio, tampoco su alcance es el dado por el honorable Diputado señor Chadwick , quien lo ejemplificó como el derecho de una persona que da una conferencia de prensa y no ve publicadas sus declaraciones que estima, por cierto, de importancia o trascendencia social, a exigir su publicación por considerar que ha sido deliberadamente silenciada.

Lo que el texto permite, a mi juicio, es la obligación de los medios de aclarar la posición que determinada persona natural o jurídica pueda tener con respecto a un hecho u opinión de importancia o trascendencia social, cuando deliberadamente se haya silenciado sus declaraciones y lo publicado por ese medio permita deducir, presumir o concluir determinada posición del silenciado.

No entenderlo así nos llevaría al absurdo de pretender exigir la aclaración de algo que se silenció, que, en este caso, equivale a lo no publicado. Admito que todo esto es tremendamente subjetivo y, por cierto, corresponde a quien desea ejercer el derecho probar dos cuestiones que, a mi juicio, deben ser copulativas.

En primer lugar, que fue deliberadamente silenciado, lo que no es equivalente –insisto- a que uno o algunos medios no publiquen o no transmitan determinadas declaraciones del afectado, y que ese silenciamiento tiene consecuencias directas para el afectado.

En segundo lugar, que este silenciamiento ha sido respecto de un hecho o de una opinión con trascendencia social. Por ejemplo, una información entregada por un medio nacional señala qué determinado partido de la Concertación estima que la Ley de Amnistía debe aplicarse restringidamente. Un parlamentario de ese partido da una conferencia de prensa, a la que asiste el medio de comunicación A, y declara, expresa y enfáticamente, que no está de acuerdo con la posición de su partido, por un compromiso y trayectoria personal en el campo de los derechos humanos, y que, por lo tanto, votará en conciencia. No obstante ello, el medio de comunicación A no consigna en su información las declaraciones de este parlamentario. Las silencia deliberadamente, involucrándolo así en la posición oficial de su partido. Entonces, hay un silencia miento deliberado, una opinión de importancia o trascendencia social, un efecto negativo para el silenciado.

Finalmente, no comparto lo aprobado en el artículo 69, que pretende promover la difusión de expresiones culturales a través de imponer una franja obligatoria que deberá ser transmitida, en forma simultánea, por los canales abiertos de televisión.

En primer lugar, porque es una carga discriminatoria en relación con los otros medios; en segundo lugar, porque al establecerla en la forma descrita rompe cualquier posibilidad de competencia entre los canales, lo que atenta contra la calidad de los programas, y en tercer lugar, porque es tremendamente limitativa, ya que circunscribe lo cultural a programas dedicados a las artes o a las ciencias, bastando para cumplir esta exigencia con que se transmitan programas envasados, comprados por series, como conciertos, en circunstancias de que los temas culturales van mucho más allá que eso; y hoy los hay de excelente calidad, provocando verdadera competencia en los rankings, lo que, por cierto, va en beneficio de toda la teleaudiencia.

He dicho.

E1 señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Corresponde hacer uso de la palabra al Diputado señor Bombal , quien no está presente. Por lo tanto, tiene la palabra el honorable Diputado señor Sergio Elgueta .

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, se ha discutido el inciso del artículo 1° que reconoce el derecho de las personas a estar debidamente informadas de las expresiones culturales, sociales o políticas existentes en la sociedad.

Para impugna5r la procedencia de esta norma, se ha invocado la Constitución Política, el irrealismo e, incluso, se ha afirmado que contraría la libertad de los medios de comunicación. Sin embargo, los que así discurren cabalgan, sin equilibrio alguno, sobre dos y hasta tres caballos al mismo tiempo, en una especie de acrobacia ecuestre, propia del Cuadro Verde de Carabineros.

Estas son las garantías constitucionales de la libertad de emitir opinión y de informar, el derecho de propiedad y su realidad, que, al igual que la verdad, es difícil precisar, ya que existe mi realidad y la realidad. Tal vez, deba empezar por la realidad constitucional.

Si la libertad de emitir opinión y de informar es lo real, nada tienen que ver con el derecho de propiedad. Son garantías separadas en nuestra Constitución y diversas en sus concepciones y alcances.

El tratadista español José María Desantes Guanter , de la Universidad de Navarra, dominada por el Opus Dei, cuyas opiniones debieran causar cierto escozor en los discursos de los personeros de Derecha que nos precedieron en el uso de la palabra, señala: "Es errónea la convicción de que la empresa informativa es la propietaria del medio que difunde" en todo el sentido quiritario de la propiedad. Agrega: "El jus utendi y jus abutendi romano y la facultad de disfrutar y de disponer de los modernos códigos civiles no caracterizan el derecho que la empresa informativa tiene sobre el medio".

En palabra de este indiscutido tratadista, lo que el colega Chadwick defendió en la sesión anterior "es la libertad de los empresarios de la información", cuestión absolutamente distinta al derecho a la información, que pertenece al ser humano por el simple hecho de serlo.

Así, se afirma por este maestro: "El libre ejercicio de información no corresponde únicamente a la empresa informativa o al profesional de la información, sino de todos, a cada una de las personas, sin excepción".

Este derecho natural ha sido el fundamento del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. El Concilio Vaticano II, en el famoso decreto " Intermirifica " sobre los medios de comunicación social, afirma: "Existe, pues, en la sociedad humana el derecho a la información sobre aquellas cosas que convienen a los hombres, según las circunstancias de cada cual, tanto particularmente como unidos en sociedad".

Por su parte, nuestro obispos señalaban en el documento "Convivencia nacional", del 25 de marzo de 1977: "La unidad de un pueblo descansa en la posibilidad de que a través de canales de expresión múltiples y operantes, todos los interlocutores válidos puedan decir responsablemente su parecer, concordante o discrepante, cada vez que se trata de tramos decisivos en el itinerario nacional".

Y la tratadista citada por mi colega señor Aylwin , Ángela Vivanco , que reproduce la afirmación de un tratadista español, Martínez Alberto , dice: "Los verdaderos propietarios del derecho a la información son los ciudadanos de una determinada comunidad respecto al marco comunicativo que les afecta políticamente. Los propietarios del derecho a la información, en cuanto ciudadanos de un mundo único e indivisible, somos todos los seres humanos". No hay, pues, ni debe haber confusión entre la garantía de ser informado y el derecho de propiedad de los soportes o instrumentos -bienes muebles- de la comunicación.

La propia historia constitucional chilena, desde el Reglamento de 1812 hasta las constituciones políticas de 1818, de 1823 y de 1833, afirmaban: "Todo hombre tiene derecho o libertad de publicar sus opiniones o sus ideas". Nunca los padres de la patria, ni los constituyentes condicionaron esta libertad de expresar sus ideas de todo ser humano a ser dueño de una imprenta o de otro medio de transmisión.

La Constitución Política de 1925, en su artículo 10, número 3°, proclamaba la garantía a todo chileno: "Todas las corrientes de opinión tendrán derecho a utilizar, en las condiciones de igualdad que determine la ley, los medios de difusión y comunicación social de propiedad o uso particulares".

Este artículo fue uno de aquellos que contemplaba el llamado "Estatuto de Garantías" entre los chilenos. Incluso más, en medio de la dictadura militar no se acogieron las tesis del Diputado señor Chadwick y, por el contrario, en el Acta Constitucional N° 3, de 1976 se aseguraba a los habitantes de la República: "El derecho de recibir la información en forma veraz, oportuna y objetiva sobre el acontecer nacional e internacional."

Comentando la actual garantía, en relación con lo transcrito, don Enrique Evans afirma: "Pensamos que aunque el derecho de recibir la información no se encuentra en la letra de la preceptiva constitucional, forma parte de ella, porque de nada sirven las libertades de opinión y de comunicación garantizadas, si ellas no tienen destinatarios reales, con derecho -¡escúchenme bien, señores Diputados!- a exigir su recepción y conocimiento." Esa es la palabra de un constituyente, compartida por todos los constitucionalistas actuales, añade que se trata de un "derecho social que pertenece a la comunidad toda, mientras que el de emitir opinión es un derecho individual".

Debo recordar que, en la Comisión, el Diputado señor Bombal redactó una indicación en términos muy similares.

Luego, ésta es nuestra realidad constitucional: el derecho social a recibir información está consagrado ética, histórica y jurídicamente; pero, aunque el texto que comentamos implique un derecho difícil de ejercer, ello no le quita su carácter de tal.

En la sesión anterior se dijo que, de aplicarse esta disposición, en la práctica no tendría un seguimiento por los medios de comunicación. Con este razonamiento, ninguna garantía constitucional sería verdaderamente real. La salud, la educación, la vida, la libertad, no deberían estar escritas, pues son difíciles de implementare incluso se podrían tornar contrarias a sus postulados.

Por ejemplo, el hecho de que los militares opinen sobre fallos judiciales, deliberen, realicen manifestaciones, discutan proyectos de ley en tramitación en el Congreso o protesten de los indultos presidenciales, no borra lo escrito en la Constitución sobre sus deberes de ser disciplinados, no deliberantes y dependientes del Ministerio de Defensa, como tampoco lo suprime el hecho de que los medios de comunicación omitan las expresiones de las ideas mayoritarias del país.

Resulta curioso que los mismos que impugnan el carácter obligatorio de la colegiatura de los periodistas se funden en argumentos sobre el derecho a saber del público o la libertad para que cualquier individuo pueda hablar a sus semejantes por el medio que esté a su alcance y estime más idóneo, según lo decía don Arturo Fontaine .

La propia Sociedad Interamericana de Prensa, que tiene entre sus fines "defender la libertad de prensa en toda América y luchar porque se reconozca el derecho del pueblo a estar plenamente informado", cita también en su alegato sobre su oposición a la colegiatura obligatorias don Pedro Ramírez ; quien, a su vez, transcribe las ideas de James Madison :...

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Diputado señor Elgueta , ha terminado el tiempo de sus dos discursos, de diez minutos en total. En consecuencia, le ruego que redondee sus ideas.

El señor ELGUETA.-

La transcripción a que me estaba refiriendo, dice: "Nada resultaría más irracional que el dar al pueblo el poder y, a la vez, privarlo de la información, sin la cual se abusa del poder. Un pueblo que pretende ser su propio amo, deberá armarse del poder que nace del conocimiento. Un gobierno del pueblo sin la información del pueblo es el prólogo de una farsa o de una tragedia, o quizás de ambas cosas, según se cita en el libro "Libertad de Expresión", editado por don Tomás Mac Hale , en un artículo de Fernando Guier sobre colegiatura obligatoria de los periodistas, denominado "La Sociedad Interamericana de Prensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos."

Para terminar, lo real es lo dicho por el Colegio de Periodistas: "Siete de los nueve diarios pertenecen a fuertes grupos económicos que representan una clara postura ideológica que, por lo demás, no corresponde a lo que ha expresado la ciudadanía en las últimas contiendas electorales; es decir, en la prensa escrita, los grupos mayoritarios casi carecen de expresión propia".

En consecuencia, el artículo 1° se encuentra absolutamente fundamentado por las razones éticas, políticas, históricas y jurídicas que hemos señalado.

En su oportunidad, defenderemos las indicaciones a los artículos 9° y 20, que también han sido cuestionadas en anteriores intervenciones en esta Sala.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Francisco Bayo .

El señor BAYO.-

Muchas gracias, señor Presidente. En esta oportunidad me referiré a esta materia en forma muy breve, porque en la sesión anterior lo hizo in extenso el honorable Diputado señor Luis Valentín Ferrada , en la discusión general.

Como miembro no partícipe de la Comisión especializada correspondiente, no concurrí a la discusión de los artículos en particular. Por ello, analizaré sólo el artículo 1° en discusión, porque lo estimo el más importante como en todos los proyectos de ley, ya que fija el ámbito de acción en lo tocante a las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.

A partir de esta premisa, echo de menos en este artículo alguna mención o referencia a los derechos de las personas que hayan sido ofendidas o injustamente aludidas por algún medio de comunicación social. Esta materia no ha sido omitida, sino que fue considerada en otro artículo. Sin embargo, la estimo de tal trascendencia que creo que debemos incorporar, como filosofía, en el más importante de los artículos del proyecto, el derecho que tiene toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida en las condiciones que determina este proyecto, es decir, por el medio de comunicación social en que la información haya sido emitida.

El interés de todos nosotros es que este proyecto sea una muy buena ley. De tal manera que mi intervención apunta a la incorporación si así lo aprueba la Cámara de Diputados por unanimidad- de un inciso- cuyo texto le hago entrega en este minuto, que agregue a este artículo 1° -es el que fija el marco de acción y perfila la filosofía de la ley en su conjunto- una materia contenida en el articulado posterior, y que dice relación con los derechos de las personas que he mencionado. En este artículo 1° se establece que las personas tienen el derecho de informarse libremente y que los medios de comunicación social se lo pueden proporcionar; pero en esta distorsión debería quedar constancia de que esas personas tienen derecho a que su declaración, o la rectificación que necesiten o requieran, sea difundida en los términos que establece la ley.

Es una indicación que se compadece con el espíritu y las ideas matrices del proyecto; es concordante con el articulado posterior, pero se refiere a una materia de suma importancia, no sólo para los periodistas sino para todos los chilenos, en general.

Hago entrega de la indicación que he anunciado.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Gutenberg Martínez .

El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, el artículo en discusión dice relación fundamentalmente con la conceptualización de la libertad de expresión.

Como lo indicaron algunos señores parlamentarios, quienes votamos a favor las indicaciones del colega Bombal y otras que suscribimos un conjunto de Diputados, lo hicimos sobre la base de entender que las palabras "libertad de expresión" cubren tanto las libertades de opinión y de expresión como el derecho a la información. No quiero insistir en la línea de otros colegas, sino sólo recordar que forman parte de una antigua concepción señalada tanto en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que se refiere al derecho de recibir informaciones, como en el Pacto de San José, el cual forma parte de nuestra legislación. De más está recordar a nuestros colegas lo que establece el artículo 5° de la Constitución respecto de la validez de los tratados internacionales en nuestro país y que el mismo Pacto de San José señala la obligatoriedad de los conceptos ahí vertidos. Por lo tanto, a mi juicio, no es válido sostener una discusión sobre la materia, en cuanto no se quiera reconocer que dicha concepción ya está incorporada al derecho nacional. Por supuesto, alguien puede estar en desacuerdo con ella, pero no es verdad que se quiera introducir en nuestra legislación, por cuanto, como se ha reiterado demasiadas veces, es parte de la misma.

Al respecto, sólo daré una suerte de ubicación en términos históricos.

A mi juicio, lo que se denominó en su oportunidad "libertad de prensa" dice relación con tres etapas de entendimiento sobre la materia. La primera es aquella que se denominó así a comienzos del siglo XIX, la cual reconoce como sujeto principal al empresario. Posteriormente, a principios del siglo XX, el sujeto de la libertad pasa a ser fundamentalmente profesional. Son los tiempos de la Sociedad de Redactores o de los estatutos de los periodistas franceses e ingleses. Y la tercera etapa sobre la materia reconoce un sujeto universal que está presente en la Declaración de Derechos Humanos, en el Pacto de San José, en la Declaración de los derechos civiles, políticos y culturales, de Teherán, y en el Acta de Helsinki, de 1975, lo cual supone que existen derechos tanto para el informador como para el informado.

En la ley está establecido que son derechos del informador no ser censurado, investigar, difundir, publicar, accederá fuentes y secreto profesional. Lo importante -ha estado en discusión- es la existencia de los derechos en relación con el informado. Por tanto, hay que citar los derechos a recibir informaciones u opiniones, a relacionar los medios y la información por recibir -esto es, el derecho a un pluralismo informativo-, a ser informado verazmente, a preservar la honra y la intimidad, a requerir la imposición de responsabilidades legales y a rectificación o respuesta.

En consecuencia, hablamos de un derecho a la información que ya fue resaltado, y sólo quiero hacer dos citas.

Una, de los periodistas franceses que en 1973 dijeron que en una sociedad moderna la sola libertad de prensa no garantiza la información de los ciudadanos, ya que hoy se afirma una necesidad nueva, una experiencia contemporánea, el denominado "derecho a la información".

La otra, de una fuente empresarial. El señor Lima , Presidente de la Asociación Brasileña de la Prensa, quien asume que desde el momento en que el concepto de libertad de expresión se quiere entender como importante, no obstante ello, se desea gozar también de determinados privilegios en su ejercicio. Expresa: "La libertad de expresión es un derecho de quien lo utiliza. El derecho a la información alcanza y obliga al público al que se dirige. El derecho a la información no se limita al periodista que lo utiliza, sino también al público que de él se sirve; y es así porque, en relación con el periodista, deja de ser un derecho para convertirse en un deber: el deber de informar. La libertad de expresión es un derecho y no un deber."

Insisto en que ésta es una disposición vigente en el Pacto de San José -a la luz del artículo 5° de nuestra Constitución- y que si alguien discute su existencia, debe propugnar algún intento de modificación que, por lo demás, es difícil, porque está contenida en un tratado internacional.

El otro punto de discusión, tan de fondo como éste, dice relación con el valor del pluralismo y su vigencia en la democracia.

Si entendemos que la democracia constituye el ordenamiento social en función de los derechos humanos, tanto individuales como sociales y económicos, y que éstos son la base sustancial del sistema democrático, también debemos entender que el mismo supone determinadas reglas del juego sobre las cuales se estructura la democracia: aquello que todo miembro de la comunidad debe acatar como garantía de la preservación de la base sustancial antes mencionada.

Así, la democracia se basa en el consenso en torno a los derechos humanos, en las reglas del juego que imperan para todos los miembros de la comunidad y, por último, también se sustenta sobre la discrepancia y el conflicto en torno a los objetivos derivados y los medios para lograrlo.

Dicha discrepancia y conflicto son el motor de desarrollo y consolidación del sistema democrático. Las reglas del juego llevan necesariamente a reconocer esta discrepancia y conflicto, lo que constituye la valoración del pluralismo como base formal fundamental del sistema.

El pluralismo supone, justamente, la existencia de diversas corrientes de pensamiento manifestadas en diferentes expresiones políticas orgánicas o partidos políticos, al igual que en otros canales de socialización del pensamiento, todos con igual calidad y trato dentro del marco del propio sistema.

Generalmente se entiende por pluralismo una realidad social, caracterizada por una multiplicidad emergente de centros de intereses, de fines, de poderes. Desde el punto de vista pluralista, corresponde al Estado el reconocimiento, la garantía y la promoción, dentro de su ámbito, de esta multiplicidad de libres y espontáneas determinaciones.

De este modo, el pluralismo no es sólo parte del ser de un Estado asentado sobre las bases democráticas, sino que también se constituye en parte del deber ser de dicho Estado. Quien ejerce funciones fundamentales, legislativas y de gobierno no sólo debe buscar el reconocimiento y la garantía, sino también la promoción y actuación de dicho pluralismo.

Maritain decía, con razón, que existe una conexión entre pluralismo y la distinción entre comunidad social y Estado. Respecto a los valores permanentes de la comunidad social, el Estado es y debe ser un medio para su actuación.

Hay que recordar que la Constitución, en su artículo 19, N° 15, garantiza el pluralismo político; por lo tanto, además de lo que señalan los tratados internacionales, todos estamos obligados a ello.

En estos días, hemos sido testigos de bochornosos incidentes y declaraciones. De algún modo, hemos vuelto a rememorar los sucesos de hace veintitantos años, pero si de algo atingente con lo que discutimos hoy podemos recordar son los discursos sobre el pluralismo y las defensas encendidas sobre la libertad de expresión.

No quiero citar porque no tengo tiempo tantas declaraciones de dirigentes de la Derecha política, numerosos editoriales de distinguidos medios de comunicación, muchos decires de personas que hoy, cuando saben que las cosas han variado, ya no defienden el mismo pluralismo, no entienden que es un derecho del Estado, una garantía que éste tiene que dar, que la libertad de expresión tenemos que cautelarla como una obligación de la sociedad y olvidan el reclamado derecho a la información.

Creo que estas legislaciones son para que rijan en el tiempo más allá de cualquier contingencia o consideración. El alegato que funda nuestra defensa a la existencia del derecho a la información, a la obligación del Estado de velar por el pluralismo, es el mismo que algunos sostuvimos hace veintitantos años, el mismo por el cual luchamos durante los veintitantos años siguientes, el mismo por el cual hoy queremos que sea práctico en este país. Ojalá que todos pudieran hacer un alegato similar.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Rene Manuel García .

El señor GARCÍA (don Rene Manuel).-

Señor Presidente, aquí se ha hablado mucho de la libertad de expresión. Todos los parlamentarios o cualquier ciudadano la tienen. Si hoy la analizamos, apreciamos que salen declaraciones de uno u otro lado. Por eso es injusto decirle a los medios de comunicación que garanticen o digan qué deben poner en sus editoriales; pero más injusto es que ciertos diarios o personas pauteen al país, a pesar de las opiniones que puedan tener los demás. Por lo tanto, creo que la libertad de expresión está garantizada y que cuando se habla de pluralismo, basta con la existencia de dos opiniones divergentes para entrar en él.

Aquí parece que preocupa, mucho más que la libertad de expresión y el pluralismo, la publicación de las opiniones en los diferentes medios de comunicación y lo que eso involucra.

Señor Presidente, parece que para la prensa hubiera seis Diputados con derecho a expresión, y si analizamos la Sala hoy, ninguno de ellos se encuentra presente. Es decir, este proyecto de ley y lo que hagamos en el futuro siempre estará dirigido hacia las mismas personas que pautan o tienen derecho a decir lo que piensan, mientras que los demás, que somos de provincia, no podemos tener cobertura nacional.

Si analizamos los diarios regionales -cuando se habla del 34 por ciento de ellos- vemos que muchas veces la mayoría está copado por opiniones de parlamentarios de Santiago y no de los regionales, a pesar de tener el mismo juicio. Es decir, los medios de comunicación de las regiones les dan mayor cobertura que los medios de Santiago a los parlamentarios de regiones. Entonces, ¿debiéramos quejarnos de que no tenemos cobertura en los grandes medios nacionales, en la prensa santiaguina? Creo que cada uno debe abrirse un espacio, hacer declaraciones veraces, objetivas, y de esa forma buscar esa cobertura, y no que por ley se garantice un pluralismo, porque toda persona que emite su opinión -en una conferencia de prensa, por ejemplo- cree que es la más importante. Los medios verán si ella concuerda con las necesidades del país apunta hacia los de la gente o es contingente o no respecto de los temas que se discuten.

Los medios existentes quieren aprovechar la cobertura, pero la Constitución Política -y se cita en muchas otras partes- no prohíbe que otra persona pueda abrir un medio de comunicación. Por lo tanto, cualquier persona, sociedad o institución que tenga los medios puede tener prensa escrita. El problema es ganarse la cobertura.

Hoy podemos hablar de muchas cosas. Se habló de la Constitución de 1925, del artículo 19 de la Constitución de 1980, pero ésas son utopías, porque la mejor ley de expresión es la que nunca se dictó, por cuanto en ella garantizaríamos realmente lo que cada uno quiere decir.

Yo pondría más énfasis en que la obligación de la prensa sea decir la verdad y publicar cosas que no ofendan a las personas.

Los grandes temas políticos son discutibles, pero nadie tiene derecho a inmiscuirse en la vida personal de la gente. ¿Qué pasaría si la prensa dijera: Señor, si va a dar una conferencia de prensa, se la exigimos por escrito? Muchos parlamentarios, a veces, cuando meten la pata, como se dice vulgarmente, manifiestan: "El medio de comunicación tergiversó lo que quise decir".

Entonces, también debemos tener la conciencia tranquila, ver cómo abrirnos un espacio propio y aprovechar lo que tenemos. Indudablemente, -y eso es así desde que el mundo es mundo- siempre habrá gente que tendrá más cobertura que otra; pero el Estado, por ley, no puede pautar y decir cuáles son los programas, qué se publicarán y, en definitiva, obligar a comunicar en ese medio de comunicación todas las opiniones divergentes a las por éste difundidas.

Eso no enaltece la noble profesión del periodista, por cuanto no tendrá libertad ni podrá publicar lo que quieran, ya que existirá un periodismo pautado.

Prefiero que haya libertad y pluralismo, que cada uno se abra un espacio y no sea la ley la que dé la cobertura, cuando muchas veces las declaraciones no concuerdan con las realidades que vivimos en el país.

Anuncio mi voto favorable a este artículo.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Tomás Jocelyn-Holt .

El señor JOCELYN-HOLT.-

Señor Presidente, el debate sobre el artículo 1° es la oportunidad para señalar el marco global y el juicio que uno tenga sobre el estado del pluralismo en Chile y el objetivo que persigue el proyecto.

Los dos supuestos en los que ha descansado esta discusión son:

1°. Que en Chile existe una amplia oferta informativa expresada por el número de publicaciones, radios, canales abiertos y por cable existentes en el país, y

2°. Que todo intento de regulación ha sido un factor de limitación de esa oferta informativa y libertad que supuestamente tenemos.

En realidad, no creo en estos dos mitos que se nos ha querido vender. En muchos aspectos, este país está desinformado, con una prensa sesgada que distorsiona los hechos, magnifica personas y eventos, oculta otros, y que tampoco satisface los requerimientos informativos de un país, dado su actual grado de desarrollo y necesidades o, incluso, su grado de diversificación cultural.

Ninguno de los que estamos en esta Sala nos informamos básicamente por estos medios; sus crónicas son repetitivas, están saturadas y, muchas veces, son intrascendentes.

El jueves pasado, el Diputado señor Viera-Gallo afirmaba que este proyecto resolvía el problema de la libertad y dejaba pendiente el de la justicia, al referirse a la influencia oligopólica de los consorcios que dominan el mercado local.

Son cuatro los consorcios existentes en el país que administran influencias, manipulan la información a su antojo y nadie les dice nada, a pesar de recibir fuertes subsidios directos e indirectos de los contribuyentes, que nadie tampoco cuestiona.

En la prensa, el Ministro Brunner cuestiona los subsidios que podría recibir la prensa regional, pero no repara en los enormes subsidios que reciben estos cuatro consorcios, sin los cuales no son viables comercialmente. Condonaciones de deudas para Copesa y El Mercurio; exenciones tributarias en el caso de la Iglesia y sus medios; la contratación de una cuantiosa publicidad fiscal que mantiene dócil, aunque no se crea, a los medios frente al poder público. ¡Para qué decir de La Nación y la "marraqueta" que representa el Diario Oficial!

Para responder al Diputado señor Viera-Gallo , si no solucionamos el problema de la justicia, es decir, el de los consorcios, no resolvemos el de la libertad, porque no hay auténtica libertad de expresión o un mercado informativo transparente en el país, y eso afecta lo que los chilenos podemos decir, hacer o pensar. En el fondo, limita nuestras opciones, según el personal criterio de personas que no tienen por qué responder a algo más que el "people meter".

No se trata de estigmatizar -como lo ha hecho uno de nuestros colegas- a quienes tienen una visión distinta, y decir que son un conjunto de resentidos por quedar al margen de la prensa o atribuirnos un deseo de aumentar el control del gobierno de turno en la expresión dé corrientes de opinión.

Un mercado informativo desregulado puede ser mucho más amenazante para la libertad que uno con normas. No sé por qué eso lo entienden los norteamericanos y europeos, y les es tan difícil de comprender a algunos de nuestros compatriotas.

Esta es una clásica discusión sobre distribución del poder, calidad de la democracia y tipo de pluralismo que queremos tener, no sólo de cómo regulamos una industria de entretención o cómo alguien se cree inteligente estimando que la mejor ley de prensa es aquella que no dice nada.

Yo no pretendo culpar a la prensa por la mala imagen de la política o de los políticos. Pero esa institución influye más que una zapatería, una línea aérea o una empresa de gas. En cierto sentido es, en parte, responsable de la disociación que existe entre el país real que todos vivimos y el ficticio que proyecta.

Por ejemplo, nadie ha reparado en las tendencias de integración entre la prensa y las empresas de telecomunicaciones en Chile; o la misma concentración de la propiedad que se está expresando en la televisión por cable, a pesar del número de señales.

¿Qué ocurrirá con la televisión abierta en el país? De los canales de televisión existentes, dos se comen el mercado. Megavisión intenta hacerlo y los otros tres ni lo podrían soñar.

¿Qué ocurriría cuando un senador decida entrar a comprar y manipular medios para proyectar su propia imagen -a lo Berlusconi- para llegar a la Moneda o permanecer en el Senado? ¿Qué pasará cuando lo haga un narco traficante o secta religiosa con el único afán de concientizar a la gente sobre la base de su agenda de temas, figuras carismáticas y prédica prejuiciosa? ¿Vamos a reclamar a la Comisión Resolutiva Antimonopolios o al Consejo de Defensa del Estado, según la nueva ley del lavado de dinero? ¡Cómo si no existieran conflictos de intereses entre los medios y la prensa!

Estos medios necesitan de una inversión tal para funcionar, que sólo pueden provenir de personas que tengan el capital, paciencia e intencionalidad necesaria para lograr objetivos. Yo no pretendo calificarlos, pero no soy ingenuo frente a ellos y creo que esta iniciativa sí lo es.

¿Qué sucederá cuando los medios pasen a depender de empresas que no estén dedicadas a las comunicaciones, como las eléctricas, las AFP o las empresas telefónicas? Será el momento en que la calidad de la información pasará a depender del marketing si es que eso ya no está ocurriendo en este instante, que será el único parámetro para medir el supuesto pluralismo que nos dejará esta normativa y el único criterio con el que los técnicos contratados para hacer su estudio deberán medir anualmente el impacto de la concentración en el pluralismo nacional; un pluralismo que permite que un director de La Tercera no sólo informe, sino que planifique un hecho político como engañar a parlamentarios para hacerse un examen de orina privado, que posteriormente sale en las portadas de todos los medios nacionales; o al dueño de Megavisión poner, en un programa en vivo, una grabación de una conversación telefónica privada obtenida a través del Ejército, para tumbar las pretensiones presidenciales de quien no le simpatiza.

¿Qué pasa cuando "La Tercera” hace una grosera manipulación de fotografías para dar la imagen de pánico y emergencia militara raíz del caso Letelier?

También hay otro problema. En algunos países los niños ven televisión por más de 40 horas diarias. No tengo por qué decir cómo ello afecta los equilibrios entre realidad y ficción que manejan esos menores y que un destacado liberal, Karl Popper , pudo olfatear antes de morir, sobre todo cuando algunos de esos niños quieren jugar a Robocop con armas reales o, como dijo un obispo, creerse James Bond y terminar matando a dos monjas, como ocurrió en Temuco hace pocos días.

Valoro que en la tramitación de este provecto se hayan desregulado todas aquellas normas sobre ejercicio exclusivo del periodismo, cláusulas de conciencia y del conjunto de sanciones, hasta penales, que se le introdujo al comienzo del trámite legislativo.

Este proyecto es enteramente débil en el tema de la propiedad y de ciertas tendencias que hoy se asoman en nuestro país. Maneja los conceptos de concentración, pretende establecer un registro de propietarios, un informe anual y algunas regulaciones menores, pero no los resuelve bien y es una ingenuidad pensar que esta norma basta para enfrentar algunos de los fenómenos a los que he hecho mención.

Como es dable suponer que en el Senado el proyecto podría sufrir mayores cercenamientos y quedar peor que ahora, estoy convencido de que es necesario una discusión final en una Comisión Mixta para dar una solución adecuada a un tema que sólo está planteado tímidamente en el proyecto que discutimos ahora y que no debe quedar pendiente para otra iniciativa. Por lo demás, este proyecto de ley está a punto de ser despachado, cuando el tema recién empieza a discutirse en nuestra sociedad.

Por lo mismo, concurrí a revivir una indicación rechazada en la Comisión, presentada por los Diputados señores Aylwin , Elgueta y señora Pollarolo , para regular las "cuotas del mercado informativo" en el artículo 43, y que también existe en otras democracias civilizadas para que nadie se escandalice. No es que crea que ésa es la solución ni tampoco la cláusula de silencia miento. Pero necesitamos normas que regulen mejor las fusiones, propiedades cruzadas, las competencias desleal y takeovers hostiles de un medio por otro, sobre todo cuando logran una posición dominante en el mercado. Lo mismo respecto de la concentración multimedial y multisectorial, que se está dando en nuestro medio.

Necesito garantizarla transparencia de la propiedad, el origen de los capitales y el beneficiario final del medio. Quiero saber quiénes son los propietarios finales de estos medios y qué intenciones los animan, mayor y mejor información que resulta fácil burlar del modo en que está planteado. Algunas transferencias de propiedad deberían ser autorizadas y no sólo conocidas por el ente regulador.

Se debería garantizar que no terminemos en manos de quienes quieran limitar el pluralismo o conviertan los medios en una fuente de concientización.

Debería existir un ente regulador eficiente para el mercado de las comunicaciones. Ni la Comisión Antimonopolios ni un conjunto de académicos que quieran elaborar un informe parece ser la mejor institucionalidad.

La mayoría de estos temas han sido descartados por la Comisión y por la Secretaría General de Gobierno como inadecuados para nuestra realidad actual, en franco desuso o contrarios a tendencias desreguladoras de países que los tienen, o incluso discriminatorios contra la entrada de medios más pequeños. Pero, en verdad, esos países las tienen y nosotros no; algunos las necesitan y el tiempo demostrará que nosotros también. Este tema bien merece una nueva discusión.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil .

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, hemos participado en un debate sumamente rico e interesante respecto de cuestiones sustanciales de nuestra organización social, de nuestra democracia y de nuestro futuro, y me alegro por la altura de miras con que se ha llevado a cabo.

Estamos enfrentados a una cuestión de fondo, profunda, respecto de las visiones que podamos tener de la sociedad y del país. A mi juicio, el inciso tercero del artículo 1°, que ha provocado este debate, debe entenderse, en su concreción, en la intención final de quienes lo han defendido, en la forma expresada en la indicación al artículo 17, que establece la idea central de que una persona que haya sido deliberadamente silenciada tendrá derecho a acceder a los medios de comunicación.

En nuestra tradición jurídica hay dos maneras de entender la democracia. Una, a mi juicio, clásica, tiene tres vertientes: la concepción griega, que la define como un sistema de gobierno; la occidental medieval, que plantea la representación popular, es decir, aquella que surge de abajo hacia arriba, enfrentada a una soberanía monárquica que desciende de Dios hacia abajo; y la moderna, a la que abre las puertas Maquiavelo, según la cual la democracia es un mecanismo de toma de decisiones de las mayorías con respecto de las minorías.

Adivino aquí, detrás de las mejores intenciones, otro concepto de la democracia: una que ya no es un medio apto para lograr el bien común, sino ideológica, que se concibe como fin en sí misma para gestar la felicidad de los pueblos y el bien común. En esta materia, quiero dejar constancia de mi decisión y de mi idea.

Hay en la democracia, como método de gobierno al cual todos queremos llegar y defender, un conjunto de principios de conducta, de acción social enmarcada dentro de la ética y de las normas morales porque, al final, la política no es sino una rama de la ética social.

Tenemos que pedir al país que sea justo; tenemos que pedir a los medios de comunicación, dentro de este país justo, que también sean justos; así como tenemos que pedir a la familia, a los padres y a los hijos que cumplan bien sus obligaciones. Pero es extraordinariamente peligroso que en función de esta, democracia ideologizada o de esta idea de la democracia como fin, entremos a definir preceptos legales que defiendan cuestiones, por muy sustanciales que las podamos creer, porque, lisa y llanamente, vamos a recorrer un camino en que lo que al final resolvamos y decidamos será contraproducente respecto de lo que deseamos defender.

Queremos defender la libertad de prensa, la de emitir opiniones y de informar, y el derecho de la sociedad y de la comunidad a estar bien informados. Esto es lo que hace, en forma correcta, el número 12° del artículo 19 de nuestra Constitución, que establece "la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley."

Básicamente, ésa es la consagración doctrinaria de la libertad de emitir opinión. ¿Y cómo se resguarda objetivamente esa libertad? Con el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos en las condiciones que señale la ley. Sólo hasta ahí puede llegar el legislador.

Ahora bien, el derecho a estar bien informado se recoge en una institución clara y precisa establecida en el inciso tercero del N° 12 del artículo 19 de la Constitución: "Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida." Y esto en consonancia con el N° 4 del artículo 19, que establece: "El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia," por el cual se obliga al medio de comunicación social que injustamente hubiere causado daño o descrédito a una persona o familia a responder del delito y a aceptar la sanción que determine la ley, dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Derecho a informar es poder editar libremente los medios de comunicación que la persona u organización crea necesarios. Derecho a estar bien informado es también -en una sociedad civilizada- poder defender la honra, la posibilidad de que se diga la verdad frente a la injusticia de una imputación.

Esto es la correcta disposición y marco jurídico que fija nuestra Constitución y que una ley, como la que estamos discutiendo, debe acoger e interpretar.

Más allá, por muy buenas que sean las intenciones, estaremos creando instituciones que en vez de defender, complican; y que en lugar de establecer derechos y deberes objetivos, abran las compuertas de la inmensa insatisfacción de equis persona, porque cualquiera de nosotros se puede sentir -y de hecho se ha sentido alguna vez- injusta y subjetivamente ignorado, o que sus palabras que uno siempre cree ciertas, importantes y necesarias para la convivencia no ha tenido en los diarios la acogida que se esperaba.

Señor Presidente, nuestra bancada cree y afirma la necesidad de fomentar, protegeré impulsar una democracia concebida como instrumento del bien común que, en definitiva, es el fin de la sociedad; una democracia que no se autoarrogue ni autoerija en una especie de panacea universal para la solución de todos los males, y no una democracia ideologizada que, al final, deba ser defendida a través de movimientos y disposiciones mesiánicas que se creen con ese objeto y que, al final, crean mucho mayor perjuicio que beneficios -por muy bien intencionados que sean- al impulsar ciertas materias de ley.

Nuestra bancada se opone firmemente a este inciso tercero del artículo 1° y a sus indicaciones, por cuanto alteran la concepción que siempre ha tenido en Chile la libertad de prensa y el derecho a estar bien informado.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la honorable Diputada señora Isabel Allende .

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente, éste es un tema esencial y crucial que debe preocupar no sólo a los parlamentarios y a los periodistas que ejercen el periodismo, sino a toda la sociedad.

No puedo sino manifestar que considero errónea -como muchas veces se ha dicho- la apreciación de que la existencia de una diversidad de medios es suficiente para garantizar el pluralismo y la libertad de expresión que, en definitiva, es lo que debemos buscar y garantizar.

Por lo mismo, coincido también con apreciaciones de algunos colegas parlamentarios de la Concertación, quienes han señalado que en nuestra sociedad ese tal pluralismo no pasa de ser más que una aclaración formal que real, y, en alguna medida, desgraciadamente, una falacia.

Un estudio del Colegio de Periodistas, publicado en 1980 con el título: "Un solo mundo, voces múltiples", cita a la Unesco y se refiere al tema en los siguientes términos: "La reivindicación de una democratización de la comunicación tiene múltiples connotaciones, muchas más de las que se pueda creer. Comprende, evidentemente, el suministro de medios más numerosos y más variados a un mayor número de personas, pero no puede reducirse simplemente a unos aspectos cuantitativos y a un suplemento material." Agrega más adelante: "Significa, también, unas posibilidades mayores para las naciones, fuerzas políticas, comunidades culturales, entidades económicas y grupos sociales de intercambiar informaciones en un mayor plano de igualdad, sin una dominación de elementos más débiles y sin discriminación contra nadie."

Creo que estas ideas son extraordinariamente reveladoras y no podemos menos que suscribirlas.

Por eso, cuando se señala -como se ha dicho muchas veces en nuestro país- que teóricamente tenemos garantizado el pluralismo porque existe una amplia diversidad de medios, eso no deja de ser bastante engañoso.

Ya se ha mencionado la situación de los llamados diarios nacionales o de alcance nacional, cinco de los cuales pertenecen a dos grandes consorcios periodísticos; que éstos pertenecen a dos destacados grupos económicos y que la única fuente confiable que realiza mediciones sobre el nivel de lectura, ha establecido que el 90 por ciento es acaparado por los órganos pertenecientes a estos dos grandes consorcios periodísticos. Asimismo, se ha señalado la situación de los diarios regionales.

No deja de ser interesante lo que nos expresan los periodistas Marcelo Contreras y Fernando Villagrán , refiriéndose a la publicidad: "En teoría, en una economía de mercado, como bien sabemos, la existencia de los medios de comunicación y su sobrevivencia está estrechamente ligada a la publicidad que reciben. Debería ser lógico y consecuente que esa decisión de colocar la publicidad, estuviera entregada a apreciaciones de carácter técnico, despojados teóricamente de sesgos ideológicos."

Asimismo, son interesantes algunos ejemplos que nos entregan. Por ejemplo, respecto de la situación de la televisión, dicen: "Durante el régimen militar, el rating de Televisión Nacional era notoriamente inferior al de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica, no obstante que recibía una carga publicitaria claramente superior. Cuando se produce el cambio de régimen, de uno autoritario a uno democrático, el rating de Televisión Nacional aumenta considerablemente y, sin embargo, su publicidad disminuye."

¿Cómo se podría explicar este misterio? ¿Podríamos decir que son decisiones puramente técnicas, sin sesgos ideológicos? En ese sentido, creo fundamental el rol que debe jugar el Estado en cuanto a la regulación en este campo específico. Al hablar de las comunicaciones, no podemos decir que solamente son bienes transables en los mercados.

Aquí se ha dicho muchas veces -incluso parte del Gobierno también lo sostiene- que son difíciles las regulaciones internacionales y, al parecer, también las que se dan, en el mismo plano internacional, en cada uno de los países. Del mismo modo, se ha afirmado que, teóricamente, la tendencia apunta más bien a ir flexibilizándolas.

Sin embargo, si estamos convencidos de que la concentración, como existe en nuestro país, es muy importante y tema sustantivo, porque no garantiza la amplia libertad y el acceso a la información, ¿por qué ignoramos lo que Estados Unidos, Europa y tantos países sostienen?

En materia de prensa escrita, desde 1986, en Francia se prohíbe la adquisición que posibilite a una persona, empresa y grupos de empresas, controlar directa o indirectamente la distribución de más del 30 por ciento de los diarios de información general. Entonces, ¿qué pasaría en Chile si aplicáramos una norma similar, sabiendo, como hemos mencionado, que según los estudios disponibles el 90 por ciento de la lectura de prensa del país pertenece a dos grupos empresariales? Creo que mínimamente debe llamarnos a la reflexionen un país donde todavía poseemos una institución de la cual no podemos sino declararnos contrarios, como es la censura cinematográfica.

Me gustaría que tuviéramos un proyecto más decidido en cuanto a asegurar esa libertad de expresión y el pluralismo. Creo que existen timideces que debiéramos superar, y por eso apoyo las indicaciones presentadas por algunos señores Diputados de la Concertación, no por creer que resuelven definitivamente el tema, sino porque, al menos, tienen la preocupación y audacia de buscar formas de garantizar esa libre expresión del pluralismo, la libertad de acceso a la información, a fin de que no ocurra lo que sucede hoy; que el 90 por ciento de la población debe informarse a través de cadenas monopólicas que, en definitiva, representan un sesgo ideológico muy marcado.

Comparto estas indicaciones, consciente de que con ellas no solucionaremos a cabalidad el problema; pero, como se ha dicho, quizás valga más regular para evitar esa excesiva concentración, y no simplemente dejarla al libre arbitrio de una competencia que no es tal.

He dicho.

El señor ORTIZ (Secretario).-

Señoras y señores Diputados, ha llegado a la Mesa, bajo la firma de un Comité, la petición de cierre del debate.

Están inscritos los Diputados señores Latorre , Rocha , Bombal , Luksic y Gajardo .

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, solicito que la Mesa aclare si el cierre del debate afecta a todos los artículos o solamente al 1°.

En segundo lugar, me gustaría saber si la Mesa puede informarnos qué Comité ha presentado la solicitud.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Señor Diputado, no corresponde, pero, ya que lo está pidiendo le informo que lo firma la jefa del Comité del Partido por la Democracia, Diputada señora Martita Wörner . Como Su Señoría bien sabe, no corresponde hacerlo y no está dentro de las atribuciones de la Mesa. En todo caso, sólo se refiere al artículo 1°.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Rechazada la clausura del debate.

Por la afirmativa votaron los siguientes señores Diputados:

Allende ( doña Isabel) , Ávila , Hamuy , Jara , Jeame Barrueto , Muñoz , Naranjo , Ortiz , Tohá , Valenzuela , Viera-Gallo , Walker y Wörner ( doña Martita ).

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Ascencio , Balbontín , Caminondo , Cornejo , Elgueta , Ferrada , Fuentealba , García (don René Manuel) , Hernández , Hurtado, Jocelyn-Holt , Karelovic , Kuschel , Latorre , Longueira , Luksic , Martínez ( don Gutenberg) , Masferrer , Melero , Munizaga , Palma ( don Andrés) , Pérez (don Ramón) , Prokurica , Reyes, Ribera, Sabag , Salas , Silva y Valcarce .

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados:

Chadwick y Montes.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre .

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, si analizamos las exigencias requeridas para que exista efectivamente libertad de prensa y de recibir información como lo señala uno de los incisos del artículo 1° del presente cuerpo legal y si al mismo tiempo esta norma reconoce el derecho de las personas a estar debidamente informadas sobre las distintas expresiones culturales, sociales o políticas existentes en la sociedad, no cabe ninguna duda de que el rol que juegan los periodistas es de enorme trascendencia para que este artículo y todo el proyecto tengan alguna vigencia real.

Si se considera que la dirección interna de los servicios informativos o medios de comunicación social, o que actividades como reportear, elaborar y editar noticias, informaciones y crónicas habituales, reportajes, pautas, guiones o libretos informativos que se utilicen o difundan en esos medios son realizados, en más del 90 por ciento, por periodistas, según lo reconocen los propios detractores del proyecto, parece débil el argumento que denuncia cierta complacencia con los intereses corporativos de ese gremio.

Hay que considerar que en marzo de 1991 el Gobierno promulgó las reformas a la ley N° 18.962, orgánica constitucional de enseñanza, una de las cuales introdujo la letra p) en el artículo 52, que establece que el título de periodista, licenciado en comunicación social, sólo puede ser entregado por una universidad reconocida por el Estado.

Esta reforma, además de reconocer los cuarenta años de enseñanza universitaria del periodismo en nuestro país, consagró el hecho de que la sociedad delegó la función pública de informar en quienes reconoce como individuos preparados ética y profesionalmente para el desempeño de tan delicada misión.

La iniciativa legal en debate cumple el mandato de esa normativa de rango constitucional, definiendo en esos términos lo que debiera serla función de nuestros periodistas.

En esta discusión general respecto de las exigencias para que efectivamente exista libertad de información, quiero dejar constancia en la versión de esta sesión lo que surgiera como una autocrítica hecha por periodistas en un seminario en que se analizaba su papel y el de los políticos en materia de libertad de información.

En un texto de Juan Carlos Giner , decano de la Universidad de Navarra, en relación con la autocrítica de los periodistas señaló: "Las trampas más usuales de los periodistas consisten en lo siguiente: poner malos procedimientos; poner trampas para que el entrevistado caiga en ellas, utilizar documentos robados, ocultar la identidad de periodistas, inventarse noticias, inventarse declaraciones, inventarse comillas, plagiar el trabajo de otros, actuar con malevolencia, mala fe o falta de respeto a las personas, sesgar intencionadamente las informaciones, hacer de los intereses propios el norte de la actuación informativa, huir de la verdad a costa de publicar lo que se vende, utilizar en beneficio personal o familiar informaciones privilegiadas, vivir informativamente de los escándalos; no preocuparse de confirmar los datos; acusar sin pruebas; aceptar regalos que ablandan o convierten a los informadores en personas trapaceras o en bufones; practicar la mala educación como sistema de trabajo; invadir la vida privada o destrozar la intimidad de las personas; explotar o chantajear las fuentes de información; dejarse chantajear o explotar por las fuentes de información; ser insensibles al dolor o al caos que la información puede dejar tras de sí; no tener corazón ni comportarse como seres humanos; despreciar la virtud del patriotismo; profesar el cinismo, la arrogancia o el descreimiento; no saber digerir las críticas; utilizar micrófonos o cámaras ocultas; jugar con el honor de los contemporáneos; escribir o hablar de lo que no se sabe; comerciar con el dolor; navegar en el descompromiso de las verdades a medias o de la ambigüedad; no rectificar cuando hay que hacerlo; trabajar la información con métodos artesanales; omitir temas o información simplemente porque son difíciles o enrevesados; practicar la ley del silencio; matar historias; prefabricar la realidad; dejarse avasallar por seudos acontecimientos; consentir que los poderes públicos dicten los temas informativos; ser especialmente vulnerables a las modas intelectuales de la Derecha o de la Izquierda; destrozar el lenguaje; practicar la autocensura; no luchar contra los prejuicios y las anteojeras; no tener compasión de la gente; olvidar como se llora."

Esta fue la autocrítica que un gran periodista, don Miguel Torres , editor de "La Nación", de Buenos Aires, nos hizo presente en un seminario realizado hace un par de semanas, relativo al rol de periodistas y políticos.

Cuando hablamos de lo que nos preocupa sobre el futuro de la prensa, tiene sentido hacer notar cómo en la libertad de información y de prensa en todos sus ámbitos, no cabe ninguna duda de que, más allá de los aspectos tocados por algunos colegas, estará siempre presente y jugará un papel fundamental el comportamiento de nuestros periodistas, fieles a sus concepciones éticas que, obviamente, son parte de su proceso de formación.

Todo lo que establezcamos en un cuerpo legal no tendrá sentido, si para ello no contamos con la estrecha colaboración y con el compromiso de los periodistas y de las organizaciones que, junto a ellos, colaboran para que realicen su profesión con ética y de acuerdo con sus principios y valores.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Zarko Luksic .

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, como lo dijeron otros colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, el artículo 1° constituye el núcleo principal o esencial del proyecto en discusión y es la base de todo su articulado.

Sin embargo, en nuestra legislación es tradicional que los artículos primeros establezcan ciertas normas generales. Así, el Título I se denomina precisamente "Disposiciones Generales", y hace mención expresa a la garantía constitucional del artículo 19, número 12, que establece la libertad de emitir opinión y la de informar.

Quiero aclarar que la libertad de emitir opinión y de informar no es lo mismo que el derecho de emitir opinión y de informar. Desde el punto de vista doctrinario, aquí existe una sutileza que diferencia lo que es un derecho de una libertad.

A continuación, el inciso tercero del artículo 1° reconoce el derecho de las personas a estar debidamente informadas sobre las distintas expresiones culturales, sociales o políticas existentes en la sociedad.

Al hacer un estudio de las actas de la Comisión Constituyente, que reflejan el debate habido en su interior, se puede comprobar que algunos de sus miembros quisieron incorporar no solamente la libertad de emitir opinión y de informar, sino que también consideraron que el derecho a estar debidamente informado era consustancial a dicha libertad.

Sin embargo, en la misma discusión se resolvió no incorporar este último, pues algunos sostuvieron que era consustancial a este derecho, y otros que era uno distinto. Lo concreto es que no se incorporó dentro de la garantía constitucional.

Por otra parte, desde el punto de vista de la doctrina –así- lo ha afirmado el constitucionalista señor Enrique Evans , y también don José Luis Cea en su "Tratado de Derecho Constitucional", el derecho a estar informado es parte de la libertad de emitir opinión y de la de informar. No obstante, es necesario decir que la doctrina y las opiniones de los jus publicistas no constituyen necesariamente una norma jurídica vinculante.

Entiendo el inciso tercero del artículo 1° como una norma que establece un deber ser, una aspiración propia de la libertad de emitir opinión y de informar; es lo que se denomina también "norma declarativa". Y desde el momento en que el título sobre derechos y deberes constitucionales tiene la gran importancia de incorporar un instrumento para que estas garantías sean reconocidas y protegidas a través de los tribunales de justicia, que son los órganos encargados de su cumplimiento, se ha creado la figura del recurso o de acción de protección.

Desde mi punto de vista, la libertad de emitir opinión y de informar cualquier acto u omisión arbitraria o ilegal que atente contra la libertad de emitir opinión o de informar -como lo señala el artículo 20- puede ser sujeto de recurso de protección.

Sin embargo, tengo la impresión de que el derecho de las personas a estar debidamente informadas no estaría incorporado dentro del recurso de protección. No obstante, podría estarlo a través de otras acciones entabladas ante los tribunales de justicia, y servir como un elemento más para la buena interpretación que deben llevar a cabo los distintos órganos dedicados a esa labor, como son los propios tribunales de justicia y otros entes.

Asimismo, entiendo la mención del Diputado señor Gutenberg Martínez al Pacto Civil y Político de Costa Rica, y a la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el sentido de que estaría incorporado el derecho a informar. Como lo señala el inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la República, "Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes."

Lo que quiero decir es que la libertad de emitir opinión y de informar es una norma vinculante, en la cual está incorporado y se puede entablar la acción del recurso de protección. Sin embargo, respecto del derecho de las personas a estar debidamente informadas, se podría entablar ante los tribunales una acción judicial ordinaria dentro de lo que establece el mencionado artículo 59; es decir, que los derechos esenciales deben ser respetados por los órganos chilenos, en conformidad con nuestra leyes, así como con los tratados internacionales ratificados por nuestro país.

En cuanto al pluralismo, quiero hacer algunas precisiones.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Señor Diputado, ha terminado el Orden del Día. Por lo tanto, si lo desea, puede redondear la idea.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente, como quiero referirme al tema del pluralismo, cuando analicemos otros artículos relativos a esa materia haré las reflexiones que habría querido hacer hoy.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Estaban inscritos para intervenir sobre el artículo 1° los Diputados señores Jaime Rocha , Carlos Bombal y Rubén Gajardo . En ese orden, harán uso de la palabra en la próxima sesión en que se continúe la tramitación de esta iniciativa.

Queda pendiente la discusión.

Solicito el acuerdo de la Sala para citar a sesión especial hoy en la tarde, a las 16.00 ó 17.00 horas, con el objeto de continuar la discusión de este proyecto.

Acordado.

El señor VALCARCE.-

Pido la palabra por un asunto de Reglamento.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, ¿la sesión de la tarde se empalmará con la de la mañana o se citará a una nueva?

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Si hay acuerdo de la Sala, se citará a una nueva reunión a las 16.00 horas.

Como el proyecto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional, prefiero no empalmar las sesiones, porque al hacerlo que es una facilidad tiende a producir una despreocupación acerca del quorum.

Tiene la palabra el Diputado señor Valenzuela .

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, en tal caso, solicito de inmediato que se autorice a la Comisión de Educación para sesionar simultáneamente con la Sala, porque tenemos numerosas personas citadas.

El señor PALMA (don Andrés).-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, quiero hacer una sugerencia similar a la del Diputado señor Valenzuela . A lo mejor, la sesión podría citarse a partir de las 18 horas, pues, normalmente, las Comisiones funcionan los martes de 16 a 18 horas.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Solicito a los jefes de Comités que se acerquen a la Mesa. Mientras tanto continuaremos con la sesión.

VALPARAISO, 12 de septiembre de 1995

Oficio Nº 793

A S. E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del Mensaje, Informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.

Título I

Disposiciones generales

Artículo 1º. La libertad de emitir opinión y la de informar constituyen derechos fundamentales de todas las personas. Su ejercicio incluye, por una parte, la más amplia de las libertades intelectuales, consistente en la facultad que tiene toda persona de exteriorizar por cualquier medio y sin coacción lo que piensa y cree y, por la otra, la libertad de acceder a las fuentes de información y de opinión, la libertad de difundir o comunicar lo hallado en tales fuentes o que proviene de ellas, y la libertad de recibir la información.

Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las que señalan esta ley, o la respectiva legislación especial, en el caso de las emisoras de radiodifusión sonora o televisiva.

Igualmente, se reconoce el derecho de las personas a estar debidamente informadas sobre las distintas expresiones culturales, sociales o políticas existentes en la sociedad.

Toda persona tiene derecho a informarse libremente en las fuentes públicas y en las fuentes privadas que por propia voluntad se hayan hecho accesibles a todos. Este derecho tendrá las solas restricciones que se funden en las normas de reserva legalmente vigentes.

Artículo 2°.- Para todos los efectos legales se entenderá por medio de comunicación social: Los medios aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar en forma estable y periódica, información, palabras, datos, sonidos, imágenes u otros signos dirigidos o destinados al público, tales como los diarios, revistas y periódicos; los servicios informativos; las agencias de noticias; las emisoras de radiodifusión sonora o televisiva; los sistemas electrónicos abiertos al público que emitan señales u ondas; los medios radioeléctricos, televisivos, magnéticos, ópticos, de sonido, de sonidos sincronizados con imágenes, químicos o mecánicos, u otros medios que reúnan dichas características, y que cumplan con los demás requisitos establecidos en esta ley.

Se entenderá por diario toda publicación periódica que habitualmente se edite a lo menos cuatro días en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos en esta ley.

Artículo 3º. Son periodistas las personas que estén en posesión del título profesional universitario de periodista válido legalmente en Chile y aquellas reconocidas como tales en virtud de una ley anterior.

Los corresponsales extranjeros acreditados en Chile podrán ejercer las funciones de periodista y se regirán por las disposiciones de esta ley.

Artículo 4º. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1° y de las atribuciones propias de los medios en materia de contratación y administración, son funciones que corresponden preferentemente a la profesión periodística las de reportear, elaborar y editar habitualmente noticias, informaciones, notas, crónicas, reportajes, pautas y libretos informativos, que se utilicen o difundan en los medios de comunicación social.

Artículo 5º. Es obligación de los propietarios o concesionarios de todo medio de comunicación social mantener un registro público actualizado de las personas que, no siendo periodistas ejerzan, en forma permanente o periódicamente, funciones informativas en el respectivo medio o servicio. A estas personas, mientras ejerzan tales funciones, deberá proporcionárseles una credencial que acredite estas circunstancias.

Toda inscripción o caducidad en los mencionados registros deberá ponerse en conocimiento de las asociaciones representativas de los periodistas en el plazo de 30 días, contado desde la fecha en que una persona comenzó a cumplir las referidas funciones o desde que dejó de ejercerlas.

Artículo 6º. Los periodistas, directores y editores de medios de comunicación social, cuando sean citados a declarar, a propósito de las informaciones que obtengan o reciban en el desempeño de su profesión o función, no estarán obligados a revelar sus fuentes personales de información ni las fuentes materiales de las que pudiere deducirse quienes son las personas que han facilitado aquella información, ni aun tratándose de delitos. Regirá para ellos la disposición del inciso segundo del artículo 171 del Código de Procedimiento Penal y en lo que les sea aplicable el número 2° del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal.

Se aplicará también esta norma a las personas que por su oficio o actividad informativa hayan debido estar necesariamente presentes en el momento de recibirse la información confidencial.

No regirá lo dispuesto en este artículo tratándose de informaciones relativas a los delitos contemplados en las leyes que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y las conductas terroristas.

Artículo 7º. Ningún periodista puede ser obligado a que sus trabajos se presenten identificados con su nombre, cara o voz, como autor, cuando ellos hubieren sido alterados substancialmente por el director o el editor sin su consentimiento. La infracción reiterada de esta disposición, entendiéndose por tal la que ocurra a lo menos dos veces en el lapso de un mes, dará derecho al periodista a poner término a su contrato en las condiciones establecidas en la ley laboral para el caso de incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte del empleador.

Artículo 8°. Gozarán del derecho preferente del artículo 4° los alumnos de los dos últimos años del plan de estudios de las escuelas universitarias de periodismo, cuando estén obligados a realizar prácticas profesionales exigidas por dichos planteles, dentro de los plazos señalados por éstos, y los egresados de las mismas, dentro de los dieciocho meses siguientes a la fecha de su egreso, siempre que no los afecte la inhabilidad señalada en el artículo 44 de este cuerpo legal.

Artículo 9°. El Estado tiene la obligación de garantizar el pluralismo en el sistema informativo, para lo cual habrá de favorecer la coexistencia de diversidad de medios de comunicación social y la libre competencia entre ellos, asegurando la expresión efectiva de las distintas corrientes de opinión, así como la variedad social, cultural y económica de las regiones.

Con el objeto de verificar la garantía señalada en el inciso anterior, el Estado, a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno, destinará anualmente recursos para la realización de estudios sobre el estado y evolución del pluralismo en el sistema informativo. Estos recursos se asignarán, mediante concurso, entre los proyectos presentados por instituciones académicas u otras especializadas en dicha materia.

Para fijar los términos de referencia del concurso y su adjudicación, se constituirá, cada año, un grupo técnico presidido por el Ministro Secretario General de Gobierno, o la persona que él designe, e integrado por cuatro expertos en materias comunicacionales, designados, respectivamente, dos por el Consejo Superior de Ciencias del FONDECYT y dos por el Instituto de Chile. Corresponderá a este grupo elaborar las bases técnicas del concurso; organizar el llamado público para la presentación de proyectos y, previo su análisis, elegir aquellos de mayor excelencia que serán financiados.

Completados los estudios, el Ministerio Secretaría General de Gobierno promoverá su más amplia difusión.

Las autoridades pertinentes dispondrán que, a lo menos en parte, los fondos que establecen los presupuestos del Estado, de sus organismos y empresas, y de las municipalidades, destinados a avisos, llamados a concursos, propuestas y publicidad, que tengan una clara identificación regional, provincial o comunal, sean destinados a efectuar la correspondiente publicación o difusión en medios de comunicación social regionales, provinciales o comunales.

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional podrá contemplar anualmente los recursos necesarios para financiar la realización, difusión o edición de programas, suplementos y espacios de alto nivel cultural o de interés regional, los que serán publicados o difundidos en medios de comunicación social regionales o locales. La asignación de los recursos se hará por el Consejo de Desarrollo Regional, previo concurso de proyectos y de medios, de acuerdo a las normas legales que regulan el funcionamiento de dichos Consejos.

Título II

De las formalidades de funcionamiento de los medios de comunicación social.

Artículo 10. El propietario de un medio de comunicación social y el titular de una concesión o permiso de un servicio de radiodifusión sonora, cuando se trate de una persona natural, deberá ser chileno, tener domicilio en el país y no estar procesado ni haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva. Tratándose de personas jurídicas de derecho público o privado, deberán estar constituidas en Chile y tener domicilio en el país. Su presidente, gerente, administradores y representantes legales deberán ser chilenos y no estar procesados ni haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva.

En el domicilio de los medios de comunicación social deberá existir, a disposición de cualquier persona que lo solicite, el nombre e individualización completa de la o las personas naturales o jurídicas propietarias del medio de que se trata, con indicación precisa del porcentaje, monto y modalidades de su participación en la propiedad o en el capital de la empresa, todo esto debidamente actualizado.

Artículo 11. Los medios de comunicación social deben tener un director responsable y una persona, a lo menos, que lo reemplace.

El director y quienes lo reemplacen deberán ser mayores de edad, tener domicilio y residencia en el país, ser personas que no tengan fuero por disposición constitucional, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y no haber sido condenados en los dos últimos años como reincidentes en delitos penados por esta ley.

Artículo 12. Para iniciar el funcionamiento de un medio de comunicación social, deberá cumplirse con las exigencias de los artículos anteriores.

Para la televisión y la radiodifusión se aplicarán, en su caso, las normas establecidas en las leyes sobre telecomunicaciones y del Consejo Nacional de Televisión.

Tratándose de los medios de comunicación social escritos, la iniciación de actividades se hará mediante una presentación firmada ante notario al Intendente Regional que corresponda al domicilio del medio, debiendo adjuntarse copia de ella al Director de la Biblioteca Nacional, en la que se indique lo siguiente:

a) El título del diario, revista o periódico e indicación de los períodos que mediarán entre un número y otro;

b) El nombre completo, profesión, domicilio y cédula nacional de identidad del propietario, si fuere persona natural, o de las personas que tienen la representación legal de la sociedad, si se tratare de una persona jurídica;

c) El nombre completo, domicilio y cédula de identidad del director y de la o las personas que deben substituirlo, con indicación del orden de precedencia en que ellas deben asumir su reemplazo;

d) La ubicación de sus oficinas principales, y

e) Los antecedentes a que se refiere el inciso segundo del artículo 10.

Cualquier cambio que se produzca respecto a las anteriores enunciaciones, será objeto de una nueva declaración hecha en la forma antes establecida y presentada dentro de los cinco días siguientes al cambio producido.

El Director de la Biblioteca Nacional deberá llevar un registro actualizado de los medios escritos de comunicación social existentes en el país, con indicación de los antecedentes señalados en el inciso primero.

Artículo 13. En la primera página o en la página editorial o en la última y en lugar destacado de todo diario, revista o escrito periódico, y al iniciarse y al finalizar las transmisiones diarias de toda emisora de radiodifusión sonora o televisiva, se indicarán el nombre y el domicilio del propietario o concesionario, en su caso, o del representante legal, si se tratare de una persona jurídica. Las mismas menciones deberán hacerse respecto del director responsable.

Artículo 14. Toda persona que tenga a su cargo cualquier tipo de establecimiento impresor, deberá poner un pie de imprenta en cada uno de los ejemplares que publique, el cual deberá especificar el nombre de éstos, el lugar y la fecha de la impresión.

Igual obligación tendrán las personas que tengan a su cargo establecimientos de grabación sonora o de producción audiovisual o de difusión televisiva o cinematográfica.

Artículo 15. Todo responsable de un establecimiento impresor enviará, de los impresos que publique y al tiempo de su publicación, dieciocho ejemplares a la Biblioteca Nacional.

Para el solo efecto de lo establecido en el inciso anterior, se entenderá por impreso toda reproducción del pensamiento humano por medio de la imprenta, o de discos, cintas magnetofónicas, mimeógrafos, material fílmico o audiovisual u otros procedimientos similares, que estén destinados a ofrecerse al público.

Cuando un trabajo de impresión se efectúe en parte en un taller y en parte en otro, será el editor quien deberá cumplir con la obligación indicada en el inciso primero.

Los importadores de alguno de los materiales señalados en este artículo, destinados a circular en el país, deberán enviar dos ejemplares de cada uno de esos títulos u obras a la Biblioteca Nacional, cuando el conjunto internado sea igual o superior a mil anuales.

Los impresos que se envíen a la Biblioteca Nacional serán distribuidos conforme con el reglamento.

Artículo 16. Las estaciones de radiodifusión, las de televisión de libre recepción y las de recepción limitada respecto de sus programas de origen nacional, estarán obligadas a dejar copia o cinta magnetofónica y a conservarla durante 30 días, de toda transmisión de noticias, entrevistas, charlas, comentarios, conferencias, disertaciones, editoriales o discursos.

Artículo 17. La infracción de cualquiera de los requisitos y exigencias señalados en las disposiciones precedentes de este título se sancionará con multa de dos a cincuenta unidades tributarias mensuales.

Del pago de tales multas, en lo que fuere pertinente, aplicadas al director, será solidariamente responsable el propietario o concesionario del medio.

En caso de infracción de los artículos 10, 11 y 12, el tribunal dispondrá, además, la suspensión del medio hasta tanto no se les dé cumplimiento.

Artículo 18.- El conocimiento y fallo de estas causas corresponderá al juez del crimen correspondiente al domicilio del medio de comunicación social.

Artículo 19. La responsabilidad por las infracciones previstas en este título prescribirá en seis meses, contados desde su comisión.

Título III

Del derecho de aclaración y de rectificación.

Artículo 20. Todo medio de comunicación social estará obligado a difundir gratuitamente, de acuerdo con lo que establece el artículo 19, Nº 12, párrafo tercero, de la Constitución Política, la aclaración o la rectificación que le sea dirigida por cualquiera persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por alguna información emitida a través de él.

La misma obligación regirá respecto de la aclaración que presente una persona natural o jurídica que haya sido deliberadamente silenciada con respecto a un hecho u opinión de importancia o trascendencia social.

Lo anterior regirá aun cuando la información que la motiva provenga de una inserción o de declaraciones de terceros. En este caso, el medio podrá cobrar el costo en que haya incurrido por la aclaración o la rectificación a quien haya ordenado la inserción o efectuado la declaración que la motivó.

Las aclaraciones y las rectificaciones deberán circunscribirse, en todo caso, al objeto de la información que las motiva y no podrán tener una extensión superior a la de ésta; pero el director del medio no podrá exigir que aquéllas tengan menos de trescientas palabras, ni el afectado que tenga más de mil. En el caso de la radiodifusión sonora o televisiva, el límite máximo no podrá exceder de dos minutos.

Toda persona tiene derecho a que se corrijan las inexactitudes, omisiones y falsedades de los datos que sobre ella se encuentren registradas en alguna base de datos computacionales, pública o privada, acreditando tal circunstancia a través de medios probatorios suficientes y, hecha la rectificación, a que se le otorgue una certificación en que conste la enmienda. Corregida la información, el administrador o responsable del archivo o base de datos computacional la comunicará a la mayor brevedad a quienes el interesado señale y, en su caso, a aquel que la proporcionó originalmente o sirvió de fuente de la información enmendada.

El administrador o responsable de un archivo de datos que no haya aceptado la corrección solicitada por la persona que se sintiera afectada, podrá ser requerido judicialmente a través del procedimiento establecido en el artículo 23, pudiendo ser obligado a efectuar la rectificación, enmienda o complementación por sentencia judicial, y a indemnizar los perjuicios que hubiere causado.

Artículo 21. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62 de esta ley, todo interesado podrá, a su costa, solicitar directamente de las emisoras de radiodifusión sonora o televisual la entrega de las copias o cintas a que se refiere el artículo 16, las que el medio requerido deberá poner a disposición del peticionario dentro de tercero día.

El requerimiento al medio de comunicación social en que se solicite que se publique o emita una aclaración o una rectificación, deberá dirigirse a su director, o a la persona que deba reemplazarlo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 12, inciso tercero, letra c), dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha de la difusión que las motive.

Los notarios y los receptores judiciales estarán obligados a notificar el requerimiento al director del medio de comunicación social en que hubiere aparecido o se hubiere difundido la información objeto de la aclaración o rectificación, o a quien deba reemplazarlo, a simple solicitud del interesado. La notificación se hará por medio de una cédula que contendrá íntegramente el texto de la respuesta, la que será entregada al director o a la persona que lo reemplace.

Artículo 22. El escrito de aclaración o de rectificación deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página y con los mismos caracteres que la información que los haya provocado.

En el caso de emisoras de radiodifusión sonora o televisiva, la aclaración o la rectificación deberán difundirse en el mismo espacio, horario, programa o audición y con las mismas características de la transmisión que las haya motivado. Si, por cualquiera razón, dicho programa o audición hubiere dejado de transmitirse, la difusión se hará en el mismo día y horario en que aquélla se efectuaba, precedida de una explicación sobre este hecho, emanada de la dirección responsable del medio. Lo anterior regirá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31.

La difusión destinada a rectificar o aclarar se hará, a más tardar, en la primera edición o transmisión que reúna las características indicadas y que se efectúe después de las veinticuatro horas siguientes a la entrega de los originales que la contengan. Si se tratare de una publicación que no aparezca todos los días, la aclaración o la rectificación deberán entregarse con setenta y dos horas de anticipación, por lo menos.

El director del medio de comunicación social no podrá negarse a difundir la aclaración o la rectificación, salvo que ellas no se ajusten a las exigencias del inciso cuarto del artículo 20. Se presumirá su negativa si no difundiere la aclaración o la rectificación en el plazo señalado en el inciso anterior.

Si el medio hiciere nuevos comentarios a la aclaración o a la rectificación, el afectado tendrá derecho a réplica según las reglas anteriores. En todo caso, tales comentarios deberán hacerse en forma tal, que se distingan claramente de dicha aclaración o rectificación.

Artículo 23. La reclamación por las infracciones de los artículos anteriores deberá hacerse al juez del crimen competente, acompañada de los medios de prueba que le sirvan de fundamento.

Artículo 24.- La reclamación será notificada al director o a la persona que lo reemplace y al representante legal del medio, por cédula que contendrá copia íntegra de ella y su proveído. Serán lugares hábiles para practicar esta notificación los domicilios que se hubieren señalado en conformidad con lo dispuesto en las letras b) y c) del inciso tercero del artículo 12.

El tribunal concederá a los emplazados tres días para responder. Vencido este término, hayan o no hayan contestado, resolverá sin más trámite y en forma fundada.

El tribunal, en la resolución que ordene publicar la aclaración o la rectificación, podrá aplicar al director una multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales. Esta resolución será apelable en el solo efecto devolutivo y el recurso será visto de preferencia sin esperar la comparecencia de las partes.

El director que desobedeciere la orden de publicar la aclaración o la rectificación, será sancionado como autor del delito de desacato con la pena del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil y, además, con una nueva multa de doce a veinte unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de decretarse la suspensión inmediata e indefinida del medio de que se trate. Estas últimas serán impuestas de inmediato por el tribunal.

El propietario del órgano en que deba efectuarse la publicación o el concesionario de la estación radiodifusora o televisiva, podrá solicitar se alce la suspensión decretada por el juez, comprometiéndose a insertar o difundir la respuesta en la primera edición o transmisión próximas. Si alzada dicha medida no se insertare o difundiere la respuesta, el tribunal decretará la suspensión inmediata del medio, la que cesará de pleno derecho cuando se produzca la referida publicación.

Cuando por aplicación de las disposiciones de este artículo un medio de comunicación social fuere suspendido temporalmente, su personal percibirá, durante el lapso de la suspensión, todas las remuneraciones a que legal o contractualmente tuviere derecho, en las mismas condiciones como si estuviere en funciones.

Artículo 25.- Toda persona tiene derecho a exigir que los antecedentes, datos o relación de hechos propios de su intimidad o privacidad, amparados por el artículo 19, N° 4°, de la Constitución Política del Estado, sean excluidos de un archivo de datos cuya finalidad sea transferirlos o difundirlos por cualquier medio, a menos que su inclusión tenga un fundamento legal.

Artículo 26. El derecho a que se refiere este título prescribirá dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha de la emisión. Sólo podrá ser ejercido por la persona ofendida o injustamente aludida o deliberadamente silenciada; por sus familiares, en caso de fallecimiento de ésta, o por su representante, en caso de enfermedad o ausencia.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por familiares de una persona al cónyuge y a los parientes en la línea recta por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado.

Título IV

De los delitos.

Párrafo 1º

De los delitos cometidos a través de un medio de comunicación social

Artículo 27. El que a través de algún medio de comunicación social induzca directamente a la comisión de crímenes o simples delitos, será castigado con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 28. El que, por cualquier medio de comunicación social realizare publicaciones o transmisiones que conciten el odio, la hostilidad o el menosprecio respecto de personas o colectividades en razón de su raza, religión o nacionalidad, será penado con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias mensuales.

Artículo 29. La atribución de hechos, noticias o documentos substancialmente falsos, o supuestos, o alterados en forma esencial, o imputados inexactamente a una persona, a través de algún medio de comunicación social, será sancionada con multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales cuando ocasionare grave daño a la seguridad, el orden, la administración, la salud o la economía públicos.

La misma sanción se aplicará cuando la difusión de tales contenidos fuere lesiva a la dignidad, el crédito, la reputación o los intereses de personas naturales y sus familiares o de personas jurídicas.

Artículo 30. En los casos del artículo 29, la rectificación completa y oportuna en el mismo medio de comunicación social será causal extintiva de la responsabilidad penal.

Respecto de la responsabilidad civil, el juez deberá considerar dicha rectificación al resolver sobre la apreciación del daño.

Se entenderá completa y oportuna la rectificación que admita sin reticencias la falsedad de los hechos, noticias o documentos divulgados y que sea hecha antes de la audiencia a que se refieren los artículos 554 y 574 del Código de Procedimiento Penal; o aquella que se efectúe en el formato y oportunidades indicados en el inciso tercero del artículo 22.

La rectificación misma deberá efectuarse con idénticas características a las que hubiere tenido la difusión de las falsedades y le será igualmente aplicable lo prescrito en el inciso final del artículo anteriormente citado.

Artículo 31. El medio de comunicación social que a sabiendas publicare documentos oficiales que tuvieren carácter secreto por disposición de la ley, será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales. Si esta difusión causare alguno de los daños a que se refiere el artículo 29, la multa será de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 32. Los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, serán sancionados con las penas corporales señaladas en los artículos 413; 418, inciso primero, y 419 del Código Penal, y con multas de veinte a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales en los casos del Nº 1 del artículo 413 y del artículo 418; de veinte a cien unidades tributarias mensuales en el caso del Nº 2 del artículo 413 y de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales en el caso del artículo 419.

Artículo 33. Al inculpado de haber causado injuria por algún medio de comunicación social, no le será admitida prueba sobre la verdad de sus expresiones sino cuando hubiere imputado hechos determinados y concurrieren también una o más de las circunstancias siguientes:

a) Que la imputación se produjere con motivo de defender un interés público real.

b) Que el afectado ejerciere funciones públicas y la imputación se refiriere a hechos propios concernientes a tal ejercicio.

c) Que la imputación aludiere a directores o administradores de empresas comerciales, industriales o financieras, que solicitaren públicamente capitales o créditos y versare sobre hechos relativos a su desempeño en tales calidades, o sobre el estado de los negocios de las empresas en cuestión.

d) Que la imputación se dirigiere contra algún testigo en razón de la deposición que hubiere prestado, o de ministros de un culto permitido en la República sobre hechos concernientes al desempeño de su ministerio.

En estos casos, si se probare la verdad de la imputación, el acusado será sobreseído definitivamente o absuelto de la acusación.

No constituirán injurias las apreciaciones que se formularen en artículos de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica o deportiva, salvo que su tenor pusiere de manifiesto el propósito de injuriar, además del de criticar.

Artículo 34. La imputación, a través de un medio de comunicación social, de un hecho o acto falso relativos a la vida privada y pública y a la honra de una persona y de su familia, o que les cause injustificadamente daño o descrédito, será sancionada con la pena de multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de reiteración o de reincidencia.

Al inculpado se le admitirá prueba de verdad de la imputación, a menos que ella constituya por sí misma el delito de injurias a particulares, en los siguientes casos:

a) Si acreditare que el hecho verdadero imputado, aunque perteneciente a la vida privada, posee real importancia respecto del desempeño correcto y eficaz de la función pública, o de la profesión u oficio del afectado, o de alguna actividad de significativa relevancia para la comunidad, o

b) Si el ofendido exigiere prueba de verdad de la imputación contra él dirigida, siempre que dicha prueba no afectare el honor o los legítimos secretos de terceros.

En los casos de las letras a) y b) del inciso anterior, probada la verdad de la imputación, el inculpado quedará exento de pena.

Artículo 35. Será sancionado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y con multa de cien a doscientas unidades tributarias mensuales el que maliciosamente captare palabras o imágenes de otra persona, no destinadas a la publicidad. El que las difundiere, sin el consentimiento del afectado, produciendo a su respecto daño o descrédito, será sancionado con presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

Artículo 36. La difusión de noticias o informaciones emanadas de juicios, procesos o gestiones judiciales pendientes o afinados, no podrá invocarse como eximente o atenuante de responsabilidad civil o penal, si con dicha difusión se cometiere alguno de los delitos sancionados en los artículos 32, 34, 35 y 38.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior las publicaciones jurídicas de carácter especializado, las que no darán lugar a responsabilidad civil ni penal por la difusión de noticias o informaciones de procesos o gestiones judiciales.

Artículo 37. Se prohíbe la divulgación, por cualquier medio de comunicación social, de la identidad de menores de dieciocho años que sean autores, cómplices, encubridores o víctimas de delitos, o de cualquier otro antecedente que, directa o indirectamente, conduzca a ella. La infracción de este artículo será sancionada con multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 38. El que cometiere el delito de ultraje público a las buenas costumbres, a través de algún medio de comunicación social, será castigado con prisión en su grado medio a reclusión menor en su grado mínimo y multa de dos a ochenta unidades tributarias mensuales.

Se considerará en especial que comete ultraje público a las buenas costumbres y será castigado con las penas establecidas en el inciso anterior:

a) El que internare, y el que públicamente vendiere, distribuyere, exhibiere, pusiere en venta, arrendare, donare, ofreciere o difundiere escritos, impresos o no impresos; figuras, estampas, dibujos, grabados, emblemas, videos, material de cine, fonogramas, discos, casetes, o cualquier objeto o imagen pornográficos o contrarios a las buenas costumbres. Si la venta, arriendo, donación, oferta, distribución, exhibición o difusión fueren dirigidos a menores de dieciocho años, serán punibles, aunque no se efectúen públicamente.

La distribución a domicilio de los escritos u objetos enumerados será castigada también con la misma pena; pero el simple hecho de entregarlos al correo o a alguna empresa de transporte o distribución sólo será pesquisable cuando la entrega se hiciere bajo faja o en sobre abierto, y, en todo caso, después de llegar a poder del consignatario.

b) El que profiriere o publicare, a través de cualquier medio de difusión expresiones, hechos, acciones, avisos o correspondencia pornográficos o contrarios a las buenas costumbres.

c) El impresor, editor o productor de medios de difusión, en cuyo taller o estudio se imprimiere o multiplicare material de contenido pornográfico o atentatorio contra la moral o las buenas costumbres.

El editor, el impresor o el productor sólo podrán excusar su responsabilidad probando que los hechos indicados precedentemente han sido ordenados o realizados sin su conocimiento o autorización.

Artículo 39. El ultraje público a las buenas costumbres, en cualquiera de las formas enunciadas en el artículo anterior, cuyo objeto sea la perversión de menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de diez a ciento sesenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 40. Los tribunales sólo podrán suspender la divulgación de informaciones por cualquier medio de comunicación social, en juicios penales en estado de sumario, cuando existan antecedentes inequívocos y revestidos de seriedad de que la divulgación pueda entorpecer gravemente el éxito de la investigación, o atentar contra la seguridad del Estado o contra la garantía constitucional señalada en el artículo 19, N° 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de la República. Quien infrinja dicha suspensión será sancionado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.

La suspensión deberá ser ordenada en resolución fundada y motivada, por un plazo no superior a veinte días, pudiendo recaer sobre la totalidad de las actuaciones del proceso o sólo sobre alguna o algunas de ellas. En todo caso, el tribunal deberá decretar el inmediato término de la medida si dejan de existir las circunstancias que la originaron.

La suspensión regirá desde el momento en que el juez lo determine en su resolución, la que será publicada, en extracto redactado por el secretario del tribunal, gratuitamente en el Diario Oficial y, además, en uno o más diarios y en una o más emisoras de radiodifusión sonora y televisiva que el juez determine, del lugar en que se siguiere la causa o de la cabecera de la provincia o de la capital de la región, si allí no los hubiere. La no publicación de la mencionada resolución, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, será sancionada como delito de desacato con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.

La resolución que ordene la suspensión será apelable en el solo efecto devolutivo y no procederá a su respecto la orden de no innovar. El recurso podrá interponerse por las partes, por los medios afectados o por cualquier persona capaz de parecer en juicio. Deducida la apelación, el tribunal deberá pronunciarse sobre su procedencia dentro de las veinticuatro horas siguientes y elevará los antecedentes de inmediato al tribunal de alzada respectivo. El recurso gozará de preferencia, debiendo verse, en todo caso, el día hábil siguiente de ingresado a la Corte respectiva, en tabla agregada. Sin perjuicio de este recurso, en cualquier momento, las partes, los medios afectados o cualquier persona podrán pedir la revocación de la suspensión. La resolución que recaiga en ella será apelable en los mismos términos.

Artículo 41. Los medios de comunicación social se eximirán de responsabilidad penal respecto de la publicación de las opiniones vertidas por los parlamentarios en los casos señalados en el inciso primero del artículo 58 de la Constitución Política, demostrando su exacta conformidad con lo por ellos expresado.

Tampoco dará lugar a acción penal la difusión de las alegaciones producidas ante los tribunales de justicia.

Párrafo 2º

De los delitos cometidos contra las libertades de opinión y de información.

Artículo 42. La persona que desempeñando funciones públicas impidiere arbitrariamente la libre y legítima publicación de opiniones o informaciones a través de cualquier medio de comunicación social, fuera de los casos previstos por la Constitución o la ley, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 43. En razón de los propósitos del decreto ley Nº 211, de 1973, se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones, que tienden a impedir la libre competencia, los que entraben la producción de informaciones, el transporte, la distribución, la circulación, el avisaje y la comercialización de los medios de comunicación. Quienes los ejecuten o celebren incurrirán en la pena establecida en el artículo 1º, inciso primero, de ese cuerpo legal.

Se reputarán como hechos de la naturaleza de los sancionados en el inciso precedente:

a) En el ámbito de la prensa escrita, el control de más del 30% del mercado informativo nacional en manos de una persona natural o jurídica, sola o asociada con otra u otras; y el control directo o indirecto por una persona natural o jurídica, sola o asociada con otra u otras, de más del 30% de la distribución de los diarios de información general.

b) El control de más del 15% del mercado informativo general por una sola persona natural o jurídica; o de más del 20% del referido mercado por dos o más personas naturales o jurídicas, asociadas.

c) El dominio de dos o más tipos diversos de medios de comunicación social en un mismo mercado, por una persona natural o jurídica, sola o asociada con otra u otras.

Para los efectos del inciso segundo del artículo 1º de ese decreto ley, se reputarán artículos o servicios esenciales los pertinentes a la operación o mantención de los medios de comunicación social.

Cualquier hecho o acto relevante relativo a la modificación o cambio en la propiedad de un medio de comunicación social deberá ser informado a la respectiva Comisión Preventiva Regional o a la Comisión Preventiva Central, según corresponda, dentro de treinta días de ejecutado.

Para los efectos de lo previsto en este artículo, se aplicarán los procedimientos y sanciones contemplados en dicho decreto ley, con la salvedad de los procesos criminales a que pueda dar lugar, respecto de los cuales regirá lo dispuesto en la letra b) del artículo 52.

Dentro de sus respectivos territorios jurisdiccionales, las Comisiones Preventivas deberán llevar un registro público actualizado de los propietarios de medios de comunicación social.

Título V

De la responsabilidad y del procedimiento

Artículo 44. La responsabilidad penal por los delitos cometidos en razón del ejercicio abusivo de las libertades de emitir opinión y de informar, a través de algún medio de comunicación social, se determinará según las reglas generales del Código Penal y el inciso segundo del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal.

Se considerará también autores, tratándose de los medios de comunicación social, al director o a quien legalmente lo reemplace al efectuarse la difusión.

Quedarán exentas de responsabilidad penal las personas señaladas en el inciso anterior, cuando acrediten que no hubo culpa de su parte en la difusión delictuosa.

Artículo 45. La acción civil para obtener la indemnización de daños y perjuicios derivada de delitos penados en esta ley se regirá por las reglas generales.

La comisión de los delitos señalados en los artículos 29, 32 y 34 dará derecho a indemnización por el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral.

Si la acción civil fuere ejercida por el ofendido, no podrán ejercerla sus familiares. Si sólo la ejercieren éstos, deberán obrar conjuntamente y constituir un solo mandatario.

El tribunal fijará la cuantía de la indemnización tomando en cuenta los antecedentes que resultaren del proceso sobre la efectividad y gravedad del daño sufrido, las facultades económicas del ofensor, la calidad de las personas, las circunstancias del hecho y las consecuencias de la imputación, difusión o amenaza para el ofendido. En estos casos la prueba se apreciará en conciencia. Todo ello será sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31.

No regirá en estos casos lo dispuesto en el artículo 2331 del Código Civil.

Artículo 46. Si las conductas a que se refieren los artículos 32 y 34 consistieren en la imputación de la comisión de un delito, no habrá lugar a indemnización cuando se probare tal comisión por sentencia ejecutoriada.

Tampoco habrá lugar a acción civil de perjuicios cuando, tratándose de una noticia falsa, en los términos expresados en el artículo 29, el medio de comunicación se limitare a reproducir noticias, informaciones o declaraciones que provinieren de una fuente que, a juicio del tribunal, sea razonablemente confiable o idónea respecto de la materia de que se trate, o que se difundiere en programas, secciones o espacios determinados, transmitidos en directo y abiertos al público, respecto de los cuales se señalare expresamente que lo allí difundido no compromete al medio de comunicación social.

Artículo 47. La justicia ordinaria será siempre competente para conocer de los delitos de cualquier especie, cometidos a través de un medio de comunicación social con motivo del ejercicio de las libertades de opinión e información, así como de las acciones civiles derivadas de aquéllos.

La competencia a que se refiere el inciso anterior no se alterará en razón de la conexidad a que se refiere el artículo 165 del Código Orgánico de Tribunales, ni por la aplicación de las normas sobre concurso ni en virtud del fuero que goce alguna de las partes, el afectado o sus responsables criminal o civilmente, ni por motivo sobreviniente alguno.

Artículo 48. Sin embargo, las causas mencionadas en el inciso primero del artículo anterior, que versen sobre delitos previstos y sancionados en el Código de Justicia Militar o en la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, cometidos exclusivamente por militares, serán de la competencia de los tribunales militares. En tales procesos no se aplicarán, en caso alguno, las normas de extensión establecidas en los artículos 168 y 169 del Código Orgánico de Tribunales, 11 del Código de Justicia Militar e incisos cuarto y quinto del artículo 26 de la ley sobre Seguridad del Estado.

Si en tales causas alguno de los delitos indicados en el inciso precedente o algún delito con ellos conexo hubiere sido cometido conjunta o separadamente por civiles y militares, se juzgará a todos ellos en un solo proceso, cuyo conocimiento corresponderá, en primera instancia, a un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva y, en segunda instancia, a la Corte con excepción de ese ministro; si el tribunal de segunda instancia constare de más de una Sala, conocerá de estas causas la que corresponda, previo sorteo. Esta regla de competencia prevalecerá sobre toda otra.

Artículo 49. Si con motivo de la comisión de distintos delitos y a consecuencia de la aplicación de las reglas establecidas en los artículos precedentes, un mismo agente militar resultare inculpado o procesado en causas substanciadas coetáneamente por la justicia ordinaria y la militar, preferirán las medidas o diligencias decretadas por esta última a las ordenadas por aquélla.

Los tribunales deberán remitirse recíprocamente copias de los autos de procesamiento y de las resoluciones que se dictaren en sus respectivas causas, las que deberán agregarse a los autos.

El tribunal que dictare el último fallo no podrá considerar circunstancias modificatorias de la responsabilidad criminal que, de estar acumulados los procesos, no se hubieren podido tomar en cuenta.

El procesado podrá solicitar del tribunal superior común, dentro del plazo de un año, a contar de la fecha del último fallo, la unificación de las penas cuando ello lo beneficiare.

Artículo 50. De las causas relativas a los delitos previstos y sancionados en el Título IV, así como de las mencionadas en el inciso primero del artículo 47, conocerá el juez del crimen competente según las reglas generales. Sin embargo, cuando se trate de delitos contemplados en la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, se aplicará siempre la disposición del inciso primero del artículo 26 de dicho cuerpo legal.

Artículo 51. En la tramitación de las causas referentes a los delitos previstos y sancionados en el Título IV, se aplicará el procedimiento sobre faltas del Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Penal, con la sola excepción de los artículos 551, 569, 563 y 568 de dicho cuerpo legal.

Artículo 52. Sin embargo, se seguirá la tramitación establecida en el Libro Segundo del Código de Procedimiento Penal en los casos siguientes:

a) En las causas relativas a los delitos establecidos en los artículos 31 y 35.

b) En los procesos criminales indicados en el artículo 43, pero con las modificaciones contenidas en el título V del decreto ley N° 211, de 1973.

c) En las causas indicadas en el inciso primero del artículo 47, relativas a delitos no sancionados en el Título IV.

Artículo 53. Sin perjuicio de las reglas de los artículos precedentes, regirá la tramitación establecida en el Título VI de la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, en los casos siguientes:

a) Cuando alguna de las causas señaladas en el primer inciso del artículo 47 verse acerca de delitos de la ley de Seguridad del Estado.

b) En el caso contemplado en el inciso segundo del artículo 48.

Artículo 54. Las causas señaladas en el inciso primero del artículo 48, atinentes a delitos del Código de Justicia Militar, se tramitarán según el procedimiento establecido en el Título II del Libro Segundo del Código de Justicia Militar.

Artículo 55. No obstante las disposiciones de los artículos precedentes, los juicios por los delitos de calumnia e injuria, cuando se perpetraren a través de algún medio de comunicación social, se tramitarán en conformidad con el procedimiento establecido en el Título II del Libro Tercero del Código de Procedimiento Penal.

Artículo 56. En todo caso, en los procedimientos señalados en los artículos 51, 52, 53, 54 y 55, cuando las causas versen sobre crímenes o simples delitos, habrá lugar a los recursos de casación, en la forma y en el fondo, y de revisión, conforme con las reglas generales.

Artículo 57. Habrá acción pública para perseguir los delitos penados en esta ley, con excepción de los contemplados en los artículos 29, inciso segundo; 32, 33 y 34, cuyas acciones sólo podrán ser ejercidas por el personalmente ofendido o por sus familiares, en caso de su fallecimiento, enfermedad o ausencia.

Artículo 58. Durante el período probatorio o en la audiencia de prueba, según corresponda, las partes podrán solicitar del tribunal un informe pericial sobre aspectos técnicos de la función periodística que, a su juicio, resulten indispensables para el mejor acierto del fallo. El perito será designado conforme con las normas generales del procedimiento civil o penal, según el caso, y deberá tener una experiencia de trabajo de, a lo menos, diez años en medios de comunicación social.

Las asociaciones gremiales o corporaciones que agrupen a periodistas o a medios de comunicación social podrán proponer a las Cortes de Apelaciones listas de personas idóneas para ejercer como peritos, de acuerdo con lo señalado en este artículo.

Artículo 59. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal, el juez podrá ordenar que se recojan no más de cuatro de los ejemplares o copias que presumiblemente haya servido para cometer alguno de los delitos contemplados en esta ley.

Esta medida podrá hacerse extensiva a todos los ejemplares o copias de la publicación presuntamente abusiva, si se tratare de los delitos contemplados en los artículos 27 y 38.

En la sentencia condenatoria, podrá ordenarse, en todo caso, el comiso o la destrucción total o parcial de los impresos o de las grabaciones sonoras o audiovisuales de cualquier tipo, por medio de las cuales se haya cometido el delito. La sentencia condenatoria por delito de ultraje público a las buenas costumbres ordenará necesariamente dicha destrucción.

Artículo 60. Si la pena aplicada conforme con esta ley fuere sólo de multa, el hecho delictivo será considerado simple delito para todos los efectos legales.

Artículo 61. Tanto la acción penal como la civil provenientes de los delitos previstos en los artículos 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37 y 38 prescribirán en el plazo de seis meses, contado desde la fecha en que hubiere comenzado la difusión abusiva.

Si la difusión se hubiere realizado inicialmente sólo en el extranjero, los plazos de prescripción señalados en el inciso anterior empezarán a correr desde la fecha de su difusión en el territorio nacional.

Respecto de los demás delitos considerados en esta ley, el plazo de prescripción de la acción penal será el que corresponda según lo preceptuado en el artículo 94 del Código Penal y el de la acción civil el señalado en el artículo 2332 del Código Civil, los que comenzarán a correr desde el día de la perpetración del hecho delictivo.

El ejercicio de la acción penal, en cualquiera de sus formas, interrumpirá la prescripción de la acción civil, la que comenzará nuevamente a correr una vez ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio criminal.

Artículo 62. El tribunal del crimen competente, a petición del interesado, motivada en la posible comisión de un delito y a su costa, podrá requerir, de las emisoras de radiodifusión sonora y televisiva, el envío de las copias o cintas a que se refiere el artículo 16, para ponerlas a disposición del solicitante. Dicho envío deberá efectuarse dentro de tercero día de notificada al director responsable o a quien lo reemplace la resolución que acoja la petición.

Artículo 63. Siempre que alguno de los ofendidos lo exigiere, el tribunal de la causa ordenará la difusión, en extracto redactado por el secretario del tribunal, de la sentencia condenatoria recaída en un proceso por alguno de los delitos a que se refiere el párrafo 1º del Título IV, en el medio de comunicación social en que se hubiere cometido la infracción. Tratándose de otros medios de difusión, la publicación se hará en aquél que el juez determine, a costa del ofensor.

El director que desobedeciere dicha orden será sancionado con una multa de seis a diez ingresos mínimos. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal ordenará apercibir, tanto al director como al propietario o concesionario del medio o a quien los represente, para que se efectúe la difusión en la edición o transmisión que el juez determine. Si tal apercibimiento no fuere atendido, el tribunal decretará la suspensión indefinida del medio, la que cesará sólo cuando se produzca la publicación.

Disposiciones varias.

Artículo 64.- Agrégase en el artículo 18 de la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, el siguiente inciso:

"Ninguna persona natural o jurídica que participe en la propiedad de un servicio de televisión de libre recepción podrá participar en la propiedad de otro de igual naturaleza que cubra la misma zona de servicio.".

Artículo 65. Derógase el número 1 del artículo 158 del Código Penal.

Artículo 66. Introdúcense en la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase el artículo 17 por el siguiente:

"Artículo 17.- La responsabilidad penal por los delitos previstos y sancionados en esta ley, cometidos por medio de la prensa escrita, se determinará según las reglas generales del Código Penal y el inciso segundo del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal.

Se considerará también autores al director o a quien legalmente lo reemplace al efectuarse la difusión.".

b) Reemplázase el artículo 18 por el siguiente:

"Artículo 18.- Quedarán exentas de responsabilidad penal las personas señaladas en el inciso segundo del artículo precedente cuando acrediten que no hubo culpa de su parte en la difusión delictuosa.

Tratándose de impresiones clandestinas, el impresor o la persona que tuviere a su cargo la imprenta, litografía o taller impresor, responderán en todo caso.".

c) Reemplázase el artículo 19 por el siguiente:

"Artículo 19.- La determinación de la responsabilidad por los delitos penados en esta ley, cometidos por medio de la radiodifusión o de la televisión, se sujetará a las reglas señaladas en los artículos 17 y 18, inciso primero.".

Artículo 67.- Cuando el Estado otorgue una concesión radial o televisiva en atención a las características especiales del concesionario, éste sólo podrá enajenarla previa autorización de la autoridad respectiva, a menos que el adquirente sea una institución que reúna las mismas características del concesionario que vende.

Artículo 68. Derógase la ley Nº 16.643, sobre Abusos de Publicidad, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1° transitorio.

Artículo 69.- Las organizaciones gremiales que agrupan a los dueños de medios de comunicación y a los periodistas tendrán instancias de regulación de carácter ético respecto de sus afiliados, las que se regirán por sus reglamentos internos. Cualquier ciudadano que se sintiere afectado podrá recurrir ante ellas sin mayor exigencia que la formalización por escrito del requerimiento o denuncia.

Artículos transitorios.

Artículo 1°.- Mientras no se dicte una disposición legal expresa sobre las materias a que se refieren los incisos segundo y tercero del artículo 3º y los artículos 49, 51 y 52, todos de la ley Nº 16.643, continuarán vigentes las mencionadas disposiciones.

La norma del primer inciso del artículo 15 de esta ley se aplicará a todos los impresos.

Artículo 2º. Los jueces militares y las Cortes Marciales, dentro de los quince días siguientes a la publicación de esta ley, deberán remitir a la Corte de Apelaciones respectiva los procesos pendientes sobre delitos cometidos con ocasión del ejercicio de las libertades de opinión e información y que, en virtud de los artículos 47 y 48, inciso segundo, pasen a ser de la competencia de los tribunales ordinarios. La Corte de Apelaciones distribuirá tales causas según las reglas establecidas en los párrafos 5° y 7° del Título VII y artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales, según corresponda.

Si el proceso se encontrare sometido al conocimiento de la Corte Suprema, el plazo establecido en el inciso anterior comenzará a correr desde que la causa sea recibida por el juez militar o la Corte Marcial, según sea el caso.

Artículo 3°. Para la vista y fallo de las causas indicadas en el inciso primero del artículo 46 y segundo del artículo 47, que a la fecha de su entrada en vigencia se encuentren pendientes ante la Corte Suprema, regirá lo prescrito en los artículos 93 y 99 del Código Orgánico de Tribunales.".

Hago presente a V.E. que los artículos 9°, inciso final; 18, 23, 40, 47, 48, 49 y 50 permanentes, y 2° y 3° transitorios, fueron aprobados en el carácter de orgánico constitucional con el voto conforme de 81 señores, de 118 en ejercicio, en tanto que en particular por los más de 70 señores Diputados presentes, de 116 en ejercicio, con excepción del inciso final del artículo 9º, que fue aprobado con el voto conforme de 72 señores Diputados, de 115 en ejercicio.

Asimismo, que los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 fueron aprobados en el carácter de quórum calificado con el voto afirmativo de 81 señores Diputados, de 118 en ejercicio, en tanto que en particular por los más de 70 señores Diputados presentes, de 116 en ejercicio, con excepción del artículo 27, que fue aprobado con el voto conforme de 67 señores Diputados, de 115 en ejercicio.

Dios guarde a V.E.

JAIME ESTEVEZ VALENCIA

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario de la Cámara de Diputados

Valparaíso, 3 de octubre de 1995.

N° 9082

A S.E. el Presidente de la Excma. Corte Suprema

Tengo a honra comunicar a V.E. que, en sesión del Senado del día de hoy, se dio cuenta de un Oficio de la H. Cámara de Diputados, con el que comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley relativo a las libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo.

En atención a que algunas normas del referido proyecto dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, el Senado acordó ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, recabando su parecer, en cumplimiento de lo preceptuado por la Constitución Política de la República.

Lo que me permito solicitar a V.E. de conformidad a los artículos 74, inciso segundo, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

Dios guarde a V.E.

RICARDO NUÑEZ MUÑOZ

Presidente del Senado Subrogante

RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRIA

Secretario del Senado

Santiago, 20 de Diciembre de 1995.

Oficio N° 2301

1.- V.S., por oficio N° 9082, de 3 de Octubre último, tuvo a bien comunicar que el H. Senado acordó poner en conocimiento de esta Corte Suprema el proyecto de ley aprobado por la H. Cámara de Diputados relativo a las libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo, recabando el parecer de este Tribunal, de conformidad a los artículos 74, Inciso 2°, de la Carta Fundamental y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

2.Impuesta esta Corte Suprema de dicho proyecto en la sesión plenaria del día 24 de Noviembre último, presidida por el titular, que suscribe, y con asistencia de los Ministros señores Zurita, Faúndez, Béraud, Araya, Valenzuela, Álvarez, Correa, Garrido, Navas y Libedinsky acordó informar al Honorable Senado lo siguiente, que atañe a la organización y atribuciones de los Tribunales, sin perjuicio de reiterar lo expuesto en anteriores informes sobre los inconvenientes de cambiar la competencia de ellos.

3.- En el artículo 21 inciso tercero del proyecto de ley, junto con disponer que “Los notarios y los receptores Judiciales están obligados a notificar el requerimiento al director del medio de comunicación social en que hubiere aparecido o se hubiere difundido la información objeto de la aclaración o rectificación", señala que "La notificación se hará por medio de una cédula que comprenderá íntegramente el texto de la respuesta, la que será entregada al director o a la persona que lo reemplace”. La entrega de la cédula sólo al director o a la persona que lo reemplace ha hecho difícil en la práctica para esos funcionarios efectuarla, motivo por el que, para asegurar y facilitar su ejecución, sería de utilidad agregar al final de dicho Inciso tercero del artículo 21, previo reemplazo del punto final por una coma y de las formas verbales “hubiere”, de futuro imperfecto del verbo haber, por “hubiera" del pretérito imperfecto, lo siguiente: “o en su defecto a cualquiera persona que se encuentre y atienda en el lugar de ubicación de la oficina principal o de las plantas de transmisión u oficina de ella, si fuere una estación radiodifusora o televisiva".

4. En el artículo 23 se expresa que "La reclamación por las infracciones de los artículos anteriores deberá hacerse al juez del crimen competente, acompañada de los medios de prueba que le sirvan de fundamento”.- Para completar y precisar el contenido de este artículo sería conveniente agregar, enseguida de la frase “La reclamación por las infracciones de los artículos anteriores”, esta locución: “referente a la difusión de la aclaración o rectificación,".

5. El artículo 40 inciso 4°, al referirse a la suspensión de la divulgación de informaciones por cualquier medio de comunicación social, en juicios penales en estado de sumario, dispone que el recurso de apelación podrá interponerse por las partes, por los medios afectados o por cualquier persona capaz de parecer en juicio. No se advierte que exista razón valedera para que el recurso pueda interponerlo esta última persona, puesto que procesalmente cabe que lo hagan las partes o los medios afectados.

6. El mismo Inciso 4° del artículo 40, señala que "Deducida la apelación, el tribunal deberá pronunciarse sobre su procedencia”.- Desde el punto de vista procesal y doctrinario, esta situación corresponde a la admisibilidad del recurso, y no a su procedencia.

Los Ministros señores Béraud, Araya, Valenzuela, Bañados, Correa y Navas expresan que se hace un deber en llamar la atención acerca de que los fueros otorgados por la ley a determinadas categorías de personas pueden obstaculizar gravemente la pesquisa de delitos de considerable trascendencia personal y social.

Al Ministro señor Valenzuela le parece, además, lo siguiente, que estima vinculado a las atribuciones de los Tribunales y por atañer a materias relativas a la competencia:

I.- El artículo 6° del proyecto de ley expresa que “Los periodistas, directores y editores de medios de comunicación social, cuando sean citados a declarar, a propósito de las informaciones que obtengan o reciban en el desempeño de su profesión o función, no estarán obligados a revelar sus fuentes personales de información ni las fuentes materiales de las que pudiere deducirse quienes son las personas que han facilitado aquella información, ni aun tratándose de delitos". "Regirá añade para ellos la disposición del inciso segundo del artículo 171 del Código de Procedimiento Penal y en lo que les sea aplicable el número segundo del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal".

II. Cabe recordar que el inciso primero de dicho artículo dispone que "Toda persona que tenga objetos o papeles que puedan servir para la investigación será obligada a exhibirlos y entregarlos”, agregando en su inciso segundo: “Si la persona que los tenga o bajo cuya custodia o autoridad estén, rehusa la exhibición, podrá ser apremiada del mismo modo que el testigo que se niegue a prestar declaración, salvo que fuere de aquéllas a quienes la Ley autoriza a negarse a declarar como testigos”.

Por su parte, el número segundo del artículo 201 del mismo Código dispone que: "No están obligados a declarar ... 2° Aquellas personas que, por su estado, profesión o función legal, como el abogado, médico o confesor, tienen el deber de guardar el secreto, pero únicamente en lo que se refiere a dicho secreto”.

III.- El claro sentido del tenor literal del precedentemente transcrito número 2° evidencia cual es la razón de ser de este precepto: guardar un secreto, pero no un secreto cualquiera, sino uno que ha sido confiado a quien tiene el deber de guardar ese secreto en razón del estado, profesión o función legal en cuya virtud se le ha confiado, y hallándose ligado ese estado, profesión o función legal a un acto vital para la persona que lo confía, y sólo en razón de la persona a quien lo confía, como son la defensa de la vida o de la integridad física de una persona, su honra, su libertad o sus bienes, o el restablecimiento de la salud o la salvación de la vida, o la fe en Dios, en razón de cuyos valores y bienes se ha entregado el secreto a un abogado, a un médico o a un sacerdote.

IV.- Ninguna de las antedichas condiciones esenciales para confiar un secreto concurren respecto de los periodistas, directores y editores de medios de comunicación social, a los que el artículo 6° del proyecto en examen hace regir la citada disposición del número segundo del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal. Y menos todavía si se advierte que el abogado, el médico y el confesor tienen el deber de guardar el secreto que se les haya confiado, exigencia profundamente ética que no concurre en el caso en que ese secreto, por el contrario, no fuera guardado, sino que se ha entregado a la publicidad a través de un medio de comunicación social, lo que no ha podido hacerse tratándose de un secreto, que por esencia y por definición es “lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto”.

V. Menos aceptable, por lo anotado, parece la aplicación del referido artículo 201 del Código de Procedimiento Penal "a las personas que por su oficio o actividad informativa hayan debido estar necesariamente presentes en el momento de recibirse la información confidencial”, como también se propone en el inciso segundo del artículo 6° del proyecto de ley.

VI. El interés público que existe en el esclarecimiento de todo delito, que es el que llevó al legislador a establecer medidas de coacción para, en caso necesario, exigir la concurrencia al llamado judicial, y sanciones para aquellos que se nieguen a declarar, es asimismo otro motivo fundamental para no compartir la idea de eximir de la obligación de declarar, propuesta en el proyecto de ley.

VII. El artículo 29 del proyecto sanciona con multa "la atribución de hechos, noticias o documentos sustancialmente falsos o supuestos, o alterados en forma esencial, o imputados inexactamente a una persona a través de algún medio de comunicación social”. Y el Inciso 2° expresa: “La misma sanción se aplicará cuando la difusión de tales contenidos fuere lesiva a la dignidad, el crédito, la reputación o los intereses de personas naturales y sus familiares o de personas jurídicas. En atención a que esos actos pueden ser constitutivos de delitos de injuria o calumnia o difamación, u otros, parece necesario agregar al artículo 29 del proyecto un inciso 3° que disponga: "Si las atribuciones o difusiones referidas en los dos incisos precedentes fueren constitutivas de otros delitos, de éstos se conocerá en los respectivos procesos".

VIII. En el artículo 30 se expresa que “En los casos del artículo 29, la rectificación completa y oportuna en el mismo medio de comunicación social será causal extintiva de la responsabilidad penal”.- Está fuera de toda duda que la atribución de hechos, noticias o documentos sustancialmente falsos, o supuestos, o alterados en forma esencial, o imputados inexactamente a una persona, a través de algún medio de comunicación social, o cuando la difusión de tales contenidos fuere lesiva a la dignidad, el crédito, la reputación o los intereses de personas naturales y sus familiares o de personas jurídicas, en virtud de la sola rectificación completa y oportuna en el mismo medio de comunicación social no dejará de causar un serio daño a la dignidad, el crédito, la reputación o los intereses de personas naturales y de sus familiares.

IX. Se estima, por lo expuesto, que la rectificación completa y oportuna que el artículo 30 del proyecto contempla como causal extintiva de responsabilidad penal sólo es aceptable “si se probare justa causa de error al hacer la atribución o difusión referidas en el antedicho precepto", condición ésta que debiere agregarse al final del artículo 30 inciso primero, sustituyendo, en tal caso, el punto ahí existente por una coma.

X. El artículo 36 del proyecto dispone que “la difusión de noticias o de informaciones emanadas de juicios, procesos o gestiones judiciales pendientes o afinados, no podrá invocarse como eximente o atenuante de responsabilidad penal, si con dicha difusión se cometiere alguno de los delitos sancionados en los artículos 32, 34, 35 y 38". Pero exceptúa las publicaciones jurídicas de carácter especializado, "las que agrega no darán lugar a responsabilidad civil ni penal por la difusión de noticias o informaciones de procesos o gestiones judiciales". Parece prudente que esta exención, para evitar deshonra de las personas afectadas, sólo quepa cuando esa difusión se refiera a hechos establecidos por sentencia ejecutoriada, o en los casos en que no se mencionen los nombres y/o apellidos de esas personas.

XI. El artículo 41 del proyecto señala que “los medios de comunicación social se eximirán de responsabilidad penal respecto de las publicaciones de las opiniones vertidas por los parlamentarios en los casos señalados en el inciso primero del artículo 58 de la Constitución Política, demostrando su exacta conformidad con lo por ellos expresado”.

Es sabido que el inciso 1° del artículo 58 de la Constitución Política, al prescribir “que los diputados y senadores sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos en sesiones de sala o de comisión”, contempla la inmunidad denominada inviolabilidad parlamentaria, tan extraordinariamente, que sólo se explica y justifica por la naturaleza de las funciones parlamentarias, pues no lo hace ni respecto del Presidente de la República, sus Ministros o los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia. Y al hacerlo, condiciona doblemente la existencia de esa inmunidad: primero, que se trate de opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos; y, segundo, únicamente respecto de opiniones y votos manifestados y emitidos "en sesiones de sala o de comisión”.- En consecuencia, al traspasar esa Inmunidad a los medios de comunicación social como exención de responsabilidad, no concurre ni la justificación histórica, ni la naturaleza de las funciones de los parlamentarios, ni los requisitos en cuya virtud fue establecida para ellos. Se estima, consiguientemente, rechazar el referido inciso 1°.

XII. El mismo artículo 41 Inciso 2° del proyecto prescribe que “tampoco dará lugar a la acción penal la difusión de las alegaciones producidas ante los tribunales de justicia”.- Pudiendo afectarse con esa difusión “el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia”, que es un derecho humano asegurado a todas las personas en el artículo 19 N° 4° de la Constitución Política, debe considerarse legítimo que ella valga sólo en cuanto esa difusión no pueda constituir delitos de calumnia, injurias o difamación. Consiguientemente, cabría eliminar dicho inciso segundo. De mantenerlo, pasaría a ser el único del artículo 41, debido a que el inciso primero cabría también eliminarlo en virtud de las consideraciones expuestas en el precedente párrafo N° 16.Podría quedar redactado así: “No dará lugar a acción penal la difusión de las alegaciones producidas ante los Tribunales de Justicia, salvo en cuanto ella pueda constituir delito de calumnia, injurias o difamación.

XIII.- El inciso segundo del artículo 46 del proyecto dispone que no habrá lugar a la acción civil de perjuicios tratándose de una noticia “que se difundiera en programas, secciones o espacios determinados, transmitidos en directo y abiertos al público, respecto de los cuales se señalare expresamente que lo allí difundido no compromete al medio de comunicación social”. No parece razonable ni justa esa exención de responsabilidad por este simple subterfugio, sin que de parte del medio de comunicación exista una conducta diligente y prudente para prevenir que lo difundido no sea constitutivo de delito, que atente contra la moral, las buenas costumbres, el orden público o el derecho humano del respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia.

Es todo cuanto tengo el honor de informar al H. Senado.

Dios guarde a V.S.

MARCOS ABURTO OCHOA

Presidente

Corte Suprema de Justicia

?INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre libertad de expresión, información y ejercicio del periodismo. BOLETIN Nº 1035-07

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HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros el proyecto de ley de la referencia, que ha tenido su inicio en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

A algunas de las sesiones de la Comisión concurrieron los HH. Senadores señores Sergio Bitar Chacra, Ricardo Hormazábal Sánchez, Jorge Lavandero Illanes e Ignacio Pérez Walker.

Para el estudio de esta iniciativa de ley la Comisión contó con la activa participación del señor Ministro Secretario General de Gobierno, don José Joaquín Brunner Ried; del señor Subsecretario de dicha Cartera, don Edgardo Riveros Marín y del señor Jefe de la División Jurídica de la misma, don Ernesto Galaz Cañas, como asimismo, en una de las sesiones, del asesor de esa Secretaría de Estado don Enrique Rajevic Mosler. Asistió también a algunas sesiones, especialmente invitada, la profesora de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Eliana Rozas Ortúzar.

Concurrieron a expresar sus observaciones respecto del proyecto de ley la Federación de Medios de Comunicación Social, representada por su Presidente en ejercicio, y a la vez Presidente en ejercicio de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) don César Molfino Mendoza, y su Secretario General, don Jaime Herrera Ramírez; la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), a través de su Secretario General, don Fernando Silva Vargas, y su Asesor Legal, don Jaime Martínez Williams; la Asociación Nacional de Televisión, por intermedio de su Secretario General, don Enrique Aimone García, y de su Secretario Ejecutivo, don Álvaro Peralta Artigas; el Colegio de Periodistas de Chile, por su Presidente, don Senén Conejeros Ampuero, el Vicepresidente, don Audénico Barría, el Consejero Nacional don Alejandro Guillier, y su Asesor Legal, don Juan Aguad Kunkar; la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por intermedio de su Directora, doña María Soledad Puente Vergara y la Profesora doña Eliana Rozas Ortúzar; la Carrera de Periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso, por intermedio de su Directora, doña Marianne Peronard Thierry; la Carrera de Periodismo de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, a través del Jefe de Carrera, don Felipe Gascon y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), representada por su Presidente, don Raúl de la Puente Peña, y sus directores, señoras Jeannette Soto Fuculés, Ana Bell Jaras y señor Bernardo Jorquera Rojas. Algunas de las instituciones invitadas dejaron minutas con sus comentarios.

Además, la Comisión tomó conocimiento de los puntos de vista que le hicieron llegar, en respuesta de las peticiones que formuló al efecto, el señor Fiscal Nacional Económico, don Rodrigo Asenjo Zegers; el Consejo Nacional de Televisión, presidido por doña Pilar Armanet Armanet; la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por intermedio de su Decano, don Mario Mosquera Ruiz; el Departamento de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, por intermedio de su Director, señor Jorge Fernández Tornini; la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que lo hizo a través de su Directora, doña Marta CruzCoke Madrid, y de su Subdirector, don Juan Eduardo Donoso Salinas; el Instituto de Ciencias Penales de Chile, a través de su Presidente, don Sergio Yañez Pérez, y del Secretario Ejecutivo, don Juan Carlos Cárcamo Olmos, quienes enviaron dos informes del profesor don Luis Ortiz Quiroga; el Instituto Chileno de Derecho Procesal, a través de su Presidente, don Waldo Ortúzar Latapiat; la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, cuyo Decano es don Marcos Libedinsky Tschorne; los profesores de Derecho Constitucional, don Francisco Cumplido Cereceda, en dos ocasiones, y don José Luis Cea Egaña, y el profesor de Derecho de la Información de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Tomás P. Mac Hale.

En relación con determinados artículos de la iniciativa de ley, se recabó también la opinión de los señores Auditores Generales del Ejército, Brigadier General (J) don Fernando Torres Silva; de la Armada, Contralmirante (JT) don Jaime Harris Fernández, quien asistió, especialmente invitado, a una de las sesiones de la Comisión en compañía del Capitán de Corbeta (JT), don Cristián Araya Escobar, de la Fuerza Aérea, General de Brigada Aérea (J) don Adolfo Celedón Sandoval, y de Carabineros, General (J) don Carlos Pecchi Croce; y de la Asociación Chilena de Municipalidades, a través de su Secretario Ejecutivo, don Giorgio Martelli.

Se tomó debida nota, por otra parte, de presentaciones que efectuaron la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, presidida por don Julián J. Morrison, la Comisión de la Biblioteca Nacional y la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que preside don Bernardo Jorquera Rojas.

Dejamos constancia que, una vez aprobado por la Comisión el texto que proponemos para esta iniciativa legal, se solicitó nuevamente el parecer de la Federación de Medios de Comunicación Social y del Colegio de Periodistas de Chile, quienes hicieron llegar diversas sugerencias. Los documentos en que constan se han agregado a los antecedentes de este proyecto de ley, donde están a disposición de los HH. señores Senadores que deseen consultarlos durante el estudio de las indicaciones que presenten para ser consideradas en el segundo informe.

Con el objeto de que se incluyan en el boletín de indicaciones para el segundo informe, se han incorporado también a los antecedentes diversas indicaciones suscritas por los HH. Senadores señores Gazmuri, Hamilton, Hormazábal y Ominami, que tampoco pudieron ser conocidas por la Comisión en esta oportunidad.

Debido a que el proyecto de ley contiene disposiciones que atañen a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, fue informado en su oportunidad por la Excma. Corte Suprema a la H. Cámara de Diputados mediante oficio Nº 1.587, de 3 de noviembre de 1993. Posteriormente, el H. Senado solicitó la opinión de la Excma. Corte Suprema sobre el texto recibido de la H. Cámara de Diputados mediante oficio N° 9.082/95, de 3 de octubre de 1995, y luego lo hizo esta Comisión en oficio Nº 1.488/96, de 17 de diciembre de 1996. La primera de las solicitudes a ese Excelentísimo Tribunal fue respondida mediante oficio N° 2.301, de 20 de diciembre de 1995, y se encuentra pendiente la respuesta de la segunda.

Os hacemos presente que los artículos 8º, inciso final, 23, 26 y 41 de esta iniciativa de ley son normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 63, inciso segundo, y 74 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, los artículos 29, 30, 31, 33, 34 y 49 recaen sobre materias de quórum calificado, por lo que deben ser aprobados por la mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio, de conformidad a lo señalado en los artículos 19, N° 12, inciso primero, y 63, inciso tercero, de la Carta Fundamental.

También versa sobre una materia de quórum calificado el artículo 44, atendido lo dispuesto en el artículo 19, Nº 12, inciso sexto, de la Constitución Política.

ANTECEDENTES LEGALES

1.- La Constitución Política de la República, que en su artículo 19 enumera el catálogo de los derechos y las libertades. Entre ellos, cabe mencionar los siguientes:

1.1.- El artículo 19, N° 4, que asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia.

En su inciso segundo dispone que la infracción a este precepto, cometida a través de un medio de comunicación social, y que consistiere en la imputación de un hecho o acto falso, o que cause injustificadamente daño o descrédito a una persona o a su familia, será constitutiva de delito y tendrá la sanción que determine la ley. Con todo, agrega la disposición, el medio de comunicación social podrá excepcionarse probando ante el tribunal correspondiente la verdad de la imputación, a menos que ella constituya por sí misma el delito de injuria a particulares. Además, concluye, los propietarios, editores, directores y administradores del medio de comunicación social respectivo serán solidariamente responsables de las indemnizaciones que procedan.

1.2.- El artículo 19, N° 12, que consagra la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.

Por otra parte, prohíbe establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social.

Consulta el derecho de toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, para que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida.

Establece el derecho de toda persona natural o jurídica para fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, en las condiciones que fije la ley, así, como el derecho del Estado, y el de las universidades y personas o entidades que señale la ley, para establecer, operar o mantener estaciones de televisión.

Además, cabe consignar, contempla la existencia de un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de dicho medio de comunicación, cuya organización, funciones y atribuciones estará establecido por una ley de quórum calificado. [1] Por último, establece un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica. [2]

2.- El Código Penal

2.1.- Los artículos 373 y 374, que sancionan los ultrajes públicos a las buenas costumbres.

La primera de estas disposiciones castiga a quienes de cualquier modo ofendieren el pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia, que no estén comprendidos expresamente en otros artículos del Código Penal.

La segunda de ellas, a su vez, sanciona al que vendiere, distribuyere o exhibiere canciones, folletos u otros escritos, impresos o no, figuras o estampas contrarios a las buenas costumbres, y al autor del manuscrito, de la figura o de la estampa o al que los hubiere reproducido por un procedimiento cualquiera que no sea la imprenta.

2.2.- Los artículos 412 a 415, que regulan el delito de calumnia.

El primero de dichos preceptos dispone que es calumnia la imputación de un delito determinado pero falso y que pueda actualmente perseguirse de oficio. Para efectos de su penalidad, los artículos 413 y 414 distinguen si la calumnia es propagada por escrito y con publicidad o si no concurren dichas circunstancias, y si el hecho que se imputare es un crimen o un simple delito. El artículo 415 otorga al acusado de haber cometido este delito la posibilidad de eximirse de pena probando el hecho criminal que hubiere imputado. Además, faculta al ofendido para pedir que se ordene la publicación de la sentencia condenatoria en los periódicos que designe, a costa del calumniante.

2.3.- Los artículos 416 a 420, relativos al delito de injurias.

La primera de estas normas entiende por injuria toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Los artículos 417 a 419 las castigan considerando si se trata de injurias graves o leves, y si fueron cometidas por escrito y con publicidad, o sin estas circunstancias.

Por último, el artículo 420 impide que el inculpado del delito pruebe la verdad de las imputaciones, salvo cuando estén dirigidas contra empleados públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo.

2.4.- El artículo 422, ubicado dentro de las disposiciones comunes a la calumnia y a la injuria.

Esta norma señala que la calumnia y la injuria se reputan hechas por escrito y con publicidad cuando se propagaren por medio de carteles o pasquines fijados en los sitios públicos; por papeles impresos, no sujetos a la ley de imprenta; litografías, grabados o manuscritos comunicados a más de cinco personas, o por alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones reproducidos por medio de la litografía, el grabado, la fotografía u otro procedimiento cualquiera.

3.- El Código Civil.

Su artículo 2.331 excluye la posibilidad de que demande indemnización de perjuicios la persona que ha sido objeto de imputaciones injuriosas contra su honor o crédito, salvo que probare daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero; pero ni aún entonces procede la indemnización si se probare la verdad de la imputación.

4.- El Código de Justicia Militar.

4.1.- El artículo 5°, que enumera los procesos que son de conocimiento de la jurisdicción militar.

Su número 1°, inciso primero, menciona las causas por delitos militares, entendiéndose por tales los contemplados en el mismo Código, con excepción de aquellos a que dieren lugar los delitos cometidos por civiles previstos en los artículos 284 y 417 de dicho cuerpo legal, [3] cuyo conocimiento corresponderá en todo caso a la justicia ordinaria, y de las causas que leyes especiales sometan al conocimiento de los tribunales militares.

4.2.- El artículo 284 castiga al que cometiere los delitos de amenaza, en los términos del artículo 296 del Código Penal, [4] ofensas o injurias de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, respecto de las Fuerzas Armadas, sus unidades, reparticiones, armas, clases o cuerpos determinados, o de uno de sus integrantes con conocimiento de su calidad de miembro de esas instituciones.

4.3.- El artículo 417 sanciona al que amenazare en los términos del artículo 296 del Código Penal, ofendiere o injuriare de palabra, por escrito o por cualquier otro medio a Carabineros, a uno de sus integrantes con conocimiento de su calidad de miembro de esa Institución, a unidades o reparticiones.

5.- La Ley N° 16.643, sobre Abusos de Publicidad.

Las últimas modificaciones de que ha sido objeto se le introdujeron en 1991 por la ley Nº 19.048.

6.- La Ley N° 12.927, sobre Seguridad del Estado, cuyo texto actualizado y refundido fue fijado por decreto N° 890, de Interior, de 1975.

6.1.- Su artículo 16 contempla diversas atribuciones del tribunal competente para el caso de que, por medio de la imprenta, de la radio o de la televisión, se cometiere algún delito contra la seguridad del Estado. Lo autoriza, entre otras medidas, para suspender la publicación o las transmisiones y ordenar el requisamiento de la edición, y concede a los afectados derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva.

6.2.- Los artículos 17 y 18 hacen responsables como autores de los delitos penados por esta ley que se cometieren a través de la prensa a los autores de la publicación; al Director; a falta de ellos, al propietario; y a falta de todos los anteriores, al impresor.

Les permite excusar su responsabilidad a estos tres últimos si se presenta el autor de la publicación y puede ser objeto de procesamiento sin más trámites. No obstante, tratándose de impresiones clandestinas, el impresor responde en todo caso.

6.3.- Los artículos 19 y 20 expresan que la determinación de la responsabilidad por los delitos penados en esa ley, cometidos por medio de la radiodifusión o de la televisión, se sujetará a las reglas generales del Código Penal.

Por otra parte, consultan una pena de multa para los propietarios de empresas periodísticas y los concesionarios de radiodifusoras o de canales de televisión, a través de los cuales se incurra en alguno de los delitos contemplados en dicho cuerpo legal.

7.- La sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional de 30 de octubre de 1995, recaída en los autos rol N° 226, sobre el requerimiento formulado por algunos HH. señores Diputados respecto del proyecto objeto de este informe.

DISCUSION GENERAL

El Mensaje presidencial que dio inicio a este proyecto de ley declara que la plena vigencia de las libertades de opinión e información constituye un requisito de la esencia de la democracia, por lo que al legislador, en cumplimiento de su misión de servicio de la persona humana y respeto y promoción de sus derechos esenciales, le compete mejorar el estatuto de tales libertades, cada vez que el perfeccionamiento del Estado de Derecho así lo demande.

Destaca que el propio constituyente ha adoptado las decisiones cardinales sobre el particular. Así, ha optado por el sistema de la responsabilidad, rechazando toda forma de censura previa a la emisión de opiniones e informaciones, efectuadas de cualquier forma y por cualquier medio. Con el fin de cautelar la veracidad de la información difundida a través de los medios de comunicación social, ha establecido el derecho de aclaración y rectificación, en beneficio de toda persona, natural o jurídica, ofendida o injustamente aludida. Finalmente, con el propósito de regular las eventuales colisiones que pudieran producirse entre las libertades de opinión y de información frente al derecho a la privacidad y a la honra de la persona y de su familia, ha impartido un claro mandato al legislador de sancionar la difamación cometida a través de un medio de comunicación social, sin que ello obste a decisiones legislativas anteriores y vigentes, atinentes a la protección del honor de las personas.

En lo que atañe al proyecto de ley que propone, el Mensaje señala que representa la culminación de una línea de actividad normativa inaugurada con la Ley N° 19.048, del 13 de febrero de 1991, que introdujo modificaciones puntuales a la Ley sobre Abusos de Publicidad, al Código de Justicia Militar y a la Ley N° 18.015. Su elaboración es resultado, en la mayoría de sus disposiciones, del trabajo desarrollado por una comisión que reunió a representantes de las organizaciones empresariales de los medios de comunicación social, del Colegio de Periodistas, de Universidades y del Gobierno. En aquellas normas en las cuales hubo dispersión de pareceres, el Ejecutivo optó por una solución propia que intenta recoger lo acertado de las alternativas ofrecidas y, a la vez, las complejas realidades objeto de las nuevas regulaciones.

Esta iniciativa de ley, prosigue, busca desarrollar y mejorar el marco protector de las referidas libertades, sin preterir la debida consideración de aquellas situaciones que representan un ejercicio abusivo o erróneo de las mismas.

Con vista a esos propósitos, plantea una serie de medidas y la entronización de ciertas instituciones, todas ellas ordenadas a dignificar, facilitar y proteger el ejercicio del periodismo; se sistematizan las normas, especialmente de carácter penal, aplicables al ejercicio de las referidas libertades, limitando la responsabilidad hasta el director del medio de comunicación social; se radica la competencia en los tribunales ordinarios, salvo calificadas excepciones; y se simplifican los procedimientos, ya sean de orden administrativo o judicial.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno, don José Joaquín Brunner, explicó que la iniciativa en estudio se funda en el artículo 19, Nº 12, de la Constitución Política, que consagra la libertad de emitir opinión y la de informar, cuyo núcleo consiste en la posibilidad de actuar sin censura previa y comprende, simultáneamente, la libertad de buscar, transmitir y recibir información. Así lo ha entendido la mayoría de la doctrina y de la legislación contemporáneas, apoyándose en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Puntualizó que son dos los principales asuntos que se discuten contemporáneamente en relación con el ejercicio de esta libertad. Por un lado, su organización social a través de agentes especializados; y por el otro, sus contenidos normativos de responsabilidad.

En cuanto al primer aspecto, cabe reconocer, precisó, que la libertad de información institucionaliza el papel de los medios como agentes sociales del proceso de comunicación. De allí se deriva, necesariamente, una tensión. Pues si bien es cierto que el individuo es universalmente considerado el sujeto primordial del derecho de expresión, no lo es menos que el desarrollo social de este derecho bajo la forma de la libertad de información, se organiza económica y profesionalmente en torno a la empresa informativa y un cuerpo especializado, los periodistas.

De lo anterior se sigue en la práctica, prosiguió, que cualquier normativa destinada a garantizar el ejercicio de este derecho, debe establecer una serie de difíciles equilibrios. Por una parte, ha de asegurar el derecho de toda persona natural o jurídica a crear medios de comunicación, debiendo impedir que se puedan constituir monopolios sobre ellos, sean éstos de naturaleza estatal o privada, y, por otra parte, la ley necesita reconocer la función profesional de los periodistas, inseparable del moderno desarrollo de la comunicación, sin incurrir por ello en limitaciones corporativas que pudieran lesionar el derecho de información.

En cuanto al segundo aspecto, el de la responsabilidad por la información difundida, expresó que nuestra Constitución siguiendo la doctrina comúnmente aceptada establece que la libertad de informar, sin censura previa y por cualquier medio, conlleva la obligación de responder por los delitos y abusos que se cometan en su ejercicio, en conformidad con la ley. Adicionalmente, consagra el derecho de toda persona ofendida o injustamente aludida a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida por el medio infractor.

Asimismo, indicó, nuestra Carta Fundamental asegura a toda persona, en su artículo 19, Nº 4, la garantía al respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de las personas y de su familia, señalando que la infracción a este precepto, cometida a través de un medio de comunicación, que consistiere en la imputación de un hecho o acto falso, o que cause injustificadamente daño o descrédito a una persona o a su familia, será constitutiva de delito. Dicha disposición agrega que el medio puede excepcionarse probando ante el tribunal correspondiente la verdad de la imputación, a menos que ella constituya por sí misma el delito de injuria a particulares. Estamos en presencia del respeto al patrimonio moral de las personas, que debe ser legislado en términos cuidadosos.

Todo lo anterior demuestra la trascendencia del proyecto de ley en estudio para el efectivo ejercicio de una garantía democrática fundamental. Su inspiración última no puede ser otra que afirmar la libertad. Tal es la filosofía que inspira la iniciativa legal y también la posición del Ejecutivo.

Puntualizó, sobre el particular, que se aspira a consagrar la más amplia libertad de información; reconocer los derechos de la profesión periodística sin crear cierres corporativos que pudieran perjudicar la libertad de informar; consagrar un efectivo equilibrio entre los derechos de las personas y las condiciones para el mejor desenvolvimiento de las empresas informativas, y proteger la identidad moral de los individuos sin menoscabo del libre ejercicio de la comunicación social.

A continuación, se refirió a tres aspectos sustanciales atinentes al proyecto de ley en discusión:

El concepto de libertad de información;

El estatuto del pluralismo en un régimen de libertad de información, y

Los contenidos normativos de la responsabilidad informativa.

En cuanto al primer aspecto, recordó que doctrinariamente la libertad de información comprende el derecho a buscar, difundir y recibir información, lo que fue reconocido por el Tribunal Constitucional en su sentencia del 30 de octubre de 1995. [5]

En tal virtud, el Ejecutivo cree que la actual redacción del artículo 1º del proyecto debe entenderse como fundada en la tradicional doctrina de la libertad de expresión y en la moderna doctrina de la “libertad de información”, y no en aquella doctrina alternativa, llamada del “derecho a la información”, que introduce un cambio cualitativo en el tratamiento jurídico de la información, al considerarla como un bien jurídico ligado al “derecho a la verdad” o a “saber la verdad”, ya que en este caso, además de un derecho subjetivo, el derecho de acceso a la información pasa a constituirse en un bien público, que hace necesaria la intervención del Estado para asegurar que la información sea veraz y adecuada a las necesidades de conocimiento del individuo.

De aceptarse tal tesis, puntualizó, ello significaría una profunda revisión de la posición clásica frente a la garantía de la libertad de información, cuyas consecuencias son incompatibles con un régimen de libertades fundamentales en esta materia, al llevar por necesidad a un papel tutelar del Estado en la conducción de la información y a intervenir en sus contenidos para validar su pretensión de verdad.

En lo que respecta al segundo tema, referido al estatuto del pluralismo en un régimen de libertad de información, en el que surge la pregunta sobre cómo garantizar el pluralismo en un orden comunicacional donde la libertad de información se institucionaliza en agentes empresariales que conforman una industria de las comunicaciones, es opinión del Ejecutivo, que, en primer lugar, y para satisfacer la exigencia del pluralismo, es esencial que exista libre acceso al mercado de mensajes informativos, tanto del lado de la creación de nuevos medios como del lado de los individuos que reciben información; en segundo, es imprescindible que dicho mercado sea transparente en cuanto a la propiedad de los medios y competitivo, en el sentido de que exista una diversidad de medios concurrentes que transmiten mensajes informativos; y en tercer lugar, la ley debe velar por las condiciones de pluralismo requeridas para un efectivo ejercicio de esta libertad, comprendido el derecho a recibir información que permite a las personas participar en la esfera pública como un ciudadano libre e informado.

De estas exigencias, el proyecto de ley satisface adecuadamente la primera y segunda, regulando liberalmente el acceso al mercado de medios y generando los necesarios requisitos de transparencia y competencia en su funcionamiento.

En cuanto al último de estos aspectos, el de la competencia, insistió en las ventajas que conlleva remitir los asuntos que pudieran entrabarla a la legislación antimonopólica, ya sea por la vía de informar obligadamente sobre cambios en la propiedad de los medios o por la vía de sancionar los hechos, actos o convenciones que tienden a impedir la libre competencia, cuando corresponda, conforme lo dispone el decreto ley Nº 211, del año 1973.

Consecuente con tal posición, continuó, no se quiere inducir la competencia por la vía de limitar la propiedad salvo cuando existan restricciones objetivas para disponer de los canales de transmisión, como ocurre con el espectro radioeléctrico; o bien, por la vía de establecer “cuotas cuantitativas de mercado”, ya que en ambos casos, además de las enormes dificultades técnicas para arribar a soluciones eficaces, se corre el riesgo de terminar limitando la competencia, en vez de estimularla; de favorecer imprevistamente a los medios ya establecidos; de limitar los incentivos para la creación de nuevos medios o para la convergencia multimedial; de obstaculizar el desarrollo de empresas capaces de hacer frente a los grandes cambios que experimenta la industria de las comunicaciones; o de dar ventajas no buscadas a los conglomerados transnacionales, que bien podrían satisfacerse con “cuotas” menores de mercado pero integradas a nivel internacional.

Sostuvo que el pluralismo, en el ámbito de la libertad de información, se satisface, esencialmente, con los resguardos de acceso al mercado de mensajes informativos, y asegurando una estructura lo más transparente y competitiva posible. A la luz de los datos empíricos disponibles, el mercado informativo chileno reviste en general esas características. En particular, su estructura de oferta no se aparta de la que prevalece en las demás sociedades democráticas, y sólo en el caso de la prensa escrita, Chile muestra un perfil de concentración que supera a la media de los países comparados, asemejándose a los casos de Austria e Irlanda.

Desde el punto de vista de la legislación, agregó, el problema dice relación con la posibilidad de que la ley, complementariamente con asegurar lo esencial, contribuya por otras vías a estimular el pluralismo en la esfera comunicacional de la sociedad.

Al respecto, manifestó, la pretensión del Ejecutivo es crear un mecanismo destinado a hacer más transparente el mercado, mediante la realización y difusión de estudios sobre el estado y la evolución del pluralismo en el sistema informativo, idea que favorecería, de una manera compatible con el régimen de la libertad de información, los principios de transparencia, competencia y autorregulación que inspiran el proyecto de ley en estudio.

En lo que atañe al tercer punto, el de los contenidos normativos de la responsabilidad informativa, señaló que ellos se refieren, básicamente:

a) a que las funciones que conforman el núcleo específico de la actividad periodística corresponden de preferencia, como es natural, a la profesión periodística, sin perjuicio de las atribuciones propias de quienes fundan, editan o mantienen medios de comunicación;

b) a consagrar el secreto de las fuentes informativas, en las circunstancias en que ello sea necesario;

c) a regular el derecho constitucional de aclaración y de rectificación, considerando las características propias de los diversos medios, y

d) a establecer un título referido a los delitos dentro del ámbito de las comunicaciones, tanto a aquéllos cometidos a través de un medio como a aquéllos contra las libertades de opinión e información, entre los cuales se ubica la protección jurídica de la garantía constitucional del artículo 19, Nº 4, sobre el respeto y protección de la intimidad y el honor.

En este último punto, agregó que nada sería más perjudicial para el ejercicio de la libertad de opinar y de informar, que contraponerlo a la intimidad y honra de las personas como si fuesen enemigos irreconciliables. Es cierto que en las sociedades contemporáneas la vulnerabilidad de las personas frente a los medios privados de comunicación, tan grande en ocasiones como su vulnerabilidad frente al Estado, ha llevado a algunos a pensar que sería necesario rodear su vida privada y su reputación de un cerco inexpugnable. Mas no debería perderse de vista que tan destructivas resultan para una sociedad abierta las prácticas comunicacionales que, abusando de la libertad, dañan al individuo, como las disposiciones que, buscando protegerlo, dañan la libre comunicación y lo empujan a vivir en una sociedad cerrada, que coarta la expresión.

Concluyendo su exposición, hizo especial hincapié en la necesidad de concordar en un principio básico, aquel que sostiene que en el terreno de las libertades fundamentales de la comunicación y la cultura, el basamento más sólido es la autorregulación ética, único mecanismo capaz de asegurar en una democracia el debido equilibrio entre los medios y las personas, entre el mercado y las oportunidades de acceso, entre derechos y deberes, y entre la industria y el pluralismo.

Durante la discusión general del proyecto de ley, algunos de los HH. señores Senadores integrantes de la Comisión estimaron necesaria esta iniciativa de ley, porque permitirá establecer un conjunto normativo que recoja las nuevas tendencias que existen en el campo de los medios de comunicaciones, y vele por el desarrollo de las libertades de opinión y de información.

Otros HH. Senadores miembros de la Comisión, en cambio, manifestaron su inquietud en orden a que se justifique este proyecto de ley, toda vez que no se advierten con claridad los beneficios que significaría en relación a la actual legislación, y algunos de los aspectos substanciales que trata les merecen serias reservas.

Puesto en votación, lo hicieron en forma afirmativa los HH. Senadores señores Sule y Hamilton. Se abstuvieron los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero. Repetida la votación, el resultado se mantuvo inalterado, por lo que esta iniciativa resultó aprobada en general, en forma reglamentaria.

Los HH. señores Senadores que se abstuvieron hicieron presente que el contenido que se diese en este primer informe a las diversas disposiciones del proyecto de ley determinará, en definitiva, la posición de aprobación o de rechazo en general que sostendrán en la Sala.

DISCUSION PARTICULAR

El proyecto de ley consta de cinco Títulos y dos acápites, relativos a las disposiciones varias y a los artículos transitorios. El Título I desarrolla las disposiciones generales; el Título II se refiere a las formalidades de funcionamiento de los medios de comunicación social; el Título III regula el derecho de aclaración y rectificación; el Título IV contempla diversos delitos, distinguiendo entre aquellos que se pueden cometer a través de un medio de comunicación social de los que atentan contra las libertades de opinión y de información, y el Título V regula la responsabilidad criminal y la civil derivada de la comisión de los delitos considerados en el proyecto, así como las normas de procedimiento atinentes al conocimiento y fallo de las causas a ellos referidas.

Título I

Disposiciones generales

Artículo 1°

Declara que la libertad de emitir opinión y la de informar constituyen derechos fundamentales de todas las personas. Agrega que su ejercicio incluye, por una parte, la más amplia de las libertades intelectuales, consistente en la facultad que tiene toda persona de exteriorizar por cualquier medio y sin coacción lo que piensa y cree, y, por la otra, la libertad de acceder a las fuentes de información y de opinión, la libertad de difundir o comunicar lo hallado en tales fuentes o que proviene de ellas, y la libertad de recibir información.

Asimismo, consagra los derechos de fundar, editar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las que señala la ley; a estar debidamente informado sobre las distintas expresiones culturales, sociales o políticas existentes en la sociedad; y a informarse libremente en las fuentes públicas y en las fuentes privadas que por propia voluntad se hayan hecho accesibles a todos, con las solas restricciones que se funden en las normas de reserva legalmente vigentes.

En relación con el inciso primero de este artículo, que incluye varias libertades en el ejercicio de la libertad de emitir opinión y la de informar, el señor Ministro Secretario General de Gobierno expresó que la amplia discusión de que ha sido objeto durante su tramitación legislativa lo movía a proponer una redacción substitutiva, que recoge en alguna medida las ideas que sustentaba la disposición propuesta inicialmente por el Ejecutivo, pero con las correcciones necesarias.

La redacción que sugiere, explicó, en su primera parte es similar a la que desarrolla el artículo 19, N° 12, de la Constitución Política, en orden a reconocer como derecho fundamental de todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa; que su ejercicio incluye el derecho de no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones; el de buscar y recibir informaciones, y de difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de la responsabilidad en que se incurra por los delitos y abusos que se cometan, de conformidad a la ley.

Estimó la Comisión que esa fórmula desarrolla adecuadamente el contenido de estas libertades, en cuanto la libertad de opinar importa que la persona no sea objeto de persecución ni discriminación por los conceptos que emita, y en virtud de la libertad de informar se le habilita para buscar y recibir la información, así como tiene la posibilidad de difundirla.

Se concordó entre los integrantes de la Comisión en la conveniencia de incluir el derecho a que la persona no sea discriminada por lo que exprese, ya que de esta forma se otorga un grado de seguridad substancial para que pueda ejercerse plenamente la libertad de opinión.

La búsqueda y la recepción de la información, que es una labor fundamental en toda sociedad democrática, debe realizarse en todo caso a través de medios idóneos, de forma tal de evitar posibles excesos que pudieran llegar a cometerse con la finalidad de obtener la información y de divulgarla.

Por lo mismo, se entendió oportuno que la primera norma de esta ley efectúe una declaración en similares términos a los utilizados por la Constitución Política en su artículo 19, N° 12, inciso primero, de forma de ratificar a nivel legal que la persona que ejerce la libertad para manifestar sus opiniones, o para informar, es responsable por los delitos y abusos que pudiera llegar a cometer en su ejercicio, ya que de esta manera se consagra adecuadamente el derecho y la obligación correlativa que siempre conlleva el ejercicio de éste.

El inciso segundo de la redacción sugerida por el señor Ministro se basa en el inciso cuarto del citado precepto constitucional, que consagra la facultad de toda persona para fundar, editar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las que señala la ley, a los que añade los términos "establecer" y "operar". Si bien puede estimarse que estas actividades están comprendidas en las anteriores, pareció conveniente incluirlas en forma expresa, para evitar cualquier duda de interpretación.

La referencia a “la ley”, por su parte, incluye tanto las disposiciones del cuerpo legal en informe como las demás que sean aplicables, entre las que se cuentan, desde luego, las leyes especiales sobre las emisiones de radiodifusión sonora y televisiva.

En relación con el inciso tercero del proyecto aprobado por la H. Cámara de Diputados, que contempla “el derecho de las personas a estar debidamente informadas sobre las distintas expresiones culturales, sociales o políticas existentes en la sociedad”, cabe observar que el Excmo. Tribunal Constitucional consideró que no atenta contra el texto constitucional, por cuanto puede afirmarse que las libertades de opinar y de informar comprenden también el derecho a recibir informaciones.

Pero su aceptación del precepto advirtió es “solamente en el entendido que el derecho establecido en el proyecto de ley para que las personas reciban información, se refiere a que, proporcionadas por los medios de comunicación, nace el derecho. Ello no significa en ningún caso que se pueda obligar a alguna persona o a algún medio a entregar determinadas informaciones”.

Este derecho agregó tampoco “otorga en ninguna de sus partes una atribución al Estado para exigir que se dé una determinada opinión, noticia o información sobre el acontecer nacional o internacional” (considerandos 20, 21 y 22).

El inciso en cuestión no fue consultado en la propuesta del señor Ministro Secretario General de Gobierno, con quien coincidió la Comisión en que, habiendo reconocido el Excmo. Tribunal Constitucional, que “el derecho a recibir las informaciones... forma parte natural y se encuentra implícito en la libertad de opinión y de informar” (considerando 19), quedaba suficientemente descrito con la mención que de él se hace en el nuevo inciso primero del artículo, que establece que el ejercicio de estas libertades incluye la facultad de “recibir informaciones”. [6]

El último inciso del proyecto de ley aprobado en el primer trámite constitucional, que consulta el derecho de informarse libremente en las fuentes públicas y en las fuentes privadas que por propia voluntad se hayan hecho accesible a todos, tampoco se contempló en la sugerencia del señor Ministro Secretario General de Gobierno.

En virtud de estas consideraciones, la Comisión aprobó este artículo con las enmiendas señaladas, por la unanimidad de sus integrantes, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 2°

Define las nociones de medio de comunicación social y de diario para todos los efectos legales.

Al analizar esta disposición, el señor Ministro Secretario General de Gobierno explicó que la norma original propuesta por el Ejecutivo contemplaba una larga enumeración, que incluía tanto a los medios de comunicación social propiamente tales como a los soportes tecnológicos para la emisión de determinadas señales, la que se intentó simplificar durante la discusión habida en la H. Cámara de Diputados sin lograrlo por completo.

En esa virtud, continuó, se hace aconsejable establecer un concepto simple de lo que debe entenderse como medio de comunicación social en la ley, que incluya los tres géneros de comunicación texto, sonido e imagen, la característica de permanencia y estabilidad del medio, y el hecho de estar orientado al público. Propuso, al efecto, declarar que son tales los aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados al público. Además, se mejoraría la definición de diario, entendiendo por tal todo periódico que se publique a lo menos cuatro días en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos en la ley.

Se compartió en el seno de la Comisión las sugerencias del señor Ministro, porque se estimó conveniente simplificar la definición de medio de comunicación social, y resulta más precisa la noción de diario que la vigente, que se mantuvo durante el primer trámite constitucional.

Se aprobó este artículo, en los términos expuestos, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículos 3°, 4°, 5° y 8°

La Comisión analizó en forma conjunta estas disposiciones que se refieren al ejercicio del periodismo.

La primera de ellas manifiesta que son periodistas las personas que estén en posesión del título profesional universitario de periodista válido legalmente en Chile y aquellas reconocidas como tales en virtud de una ley anterior. Por otra parte, autoriza a los corresponsales extranjeros acreditados en Chile para ejercer las funciones de periodista, señalando que deberán regirse por las disposiciones de esta ley.

La segunda de estas normas consagra las funciones que corresponden preferentemente a la profesión periodística, sin perjuicio de las libertades de emitir opinión y de informar, que son derechos fundamentales de todas las personas, y de las atribuciones propias de los medios en materia de contratación y administración. Las funciones de que se trata son las de reportear, elaborar y editar habitualmente noticias, informaciones, notas, crónicas, reportajes, pautas y libretos informativos, que se utilicen o difundan en los medios de comunicación social.

El tercero de estos preceptos obliga a los propietarios o concesionarios de todo medio de comunicación social a mantener un registro público actualizado de las personas que, no siendo periodistas, ejerzan, en forma permanente o periódica, funciones informativas en el respectivo medio o servicio, a quienes deberá entregárseles una credencial. Además, exige a los medios de comunicación social que pongan en conocimiento de las asociaciones representativas de los periodistas cualquier inscripción o caducidad que se produzca en el mencionado registro.

La última de estas disposiciones reconoce a los alumnos de los dos últimos años de periodismo que deban realizar práctica profesional y a los egresados de dicha carrera el derecho preferente que se reconoce en el artículo 4° para la profesión periodística.

Durante el examen de estas normas, fueron varios los aspectos que merecieron especial atención de la Comisión.

Uno se relacionó con el trabajo que desarrollan en nuestro país los corresponsales extranjeros, especialmente dado que en el proyecto son autorizados para ejercer en Chile la función de periodistas, rigiéndose por las disposiciones legales respectivas.

Sobre el particular, se observó por algunos integrantes de la Comisión que, en la medida en que las personas que se desempeñan como corresponsales de medios de comunicación social extranjeros captan la información que se produce en Chile para ser difundida en el exterior, podría sostenerse que propiamente el ejercicio de las labores periodísticas ocurre fuera del país.

Además, según advirtieron las asociaciones gremiales consultadas, en nuestro país no existe ningún sistema de acreditación de dichos profesionales que les permitan desarrollar las actividades propias de los periodistas, por lo que una norma de esta naturaleza carecería de justificación.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno enfatizó que la actual situación de los corresponsales extranjeros les otorga un resguardo eficaz para el ejercicio de sus funciones. Consideró que estas personas no ejercen el periodismo en el país, ya que no prestan sus servicios en medios de comunicación nacional y, en el caso de que así lo hicieran, requerirían acogerse a las disposiciones generales sobre revalidación de sus títulos profesionales.

La Comisión concluyó que es posible diferenciar dos situaciones: una, la del corresponsal propiamente tal, y otra, la del periodista extranjero que viene al país a desempeñarse en un medio de comunicación nacional. En relación con estos últimos, se compartió el criterio sustentado por el Ejecutivo, en orden a que deben cumplir las exigencias generales que se hacen a toda persona que posee un título profesional otorgado por un país extranjero y desea ejercer su profesión en el país.

Respecto de quienes son propiamente corresponsales, se participó de la idea de que su situación en la actualidad es clara y que, en consecuencia, no requieren de una regulación especial.

Un segundo aspecto que preocupó a la Comisión se refirió a la determinación de las personas que son periodistas, entre las cuales se incluyen las que hayan sido reconocidas como tales en virtud de una ley anterior.

En cuanto a esta declaración contenida en el proyecto, algunos señores integrantes de la Comisión hicieron presente que, en principio, es redundante, por lo que su exclusión no produciría mayores efectos. Explicaron que, por una parte, la obtención de la calidad de periodista está consagrada en disposiciones legales vigentes, [7] y que, por otro lado, tampoco se verá afectada la situación de quienes no cumplen tales requisitos, como ocurre con un número importante de personas que han ejercido funciones de periodista durante varios años sin contar con el correspondiente título profesional.

Sin embargo, la Comisión fue partidaria de aprobar las disposiciones que se comentan, por su íntima vinculación con el precepto que describe las funciones que corresponden preferentemente a la profesión de periodista. Se tuvo presente que, en la generalidad de las profesiones, se requiere del título profesional correspondiente para ejercer las funciones que les son propias. En cambio, no se contempla la exigencia legal de estar en posesión del título profesional de periodista para desempeñar funciones de comunicación social, e incluso se reconoce expresamente la posibilidad de que las efectúen personas que no cumplen tal requisito. Lo anterior, porque las funciones periodísticas, como quizá ninguna otra, consisten, precisamente, en formas concretas de ejercer las libertades constitucionales de opinión y de información.

Un tercer aspecto en que se detuvo la Comisión, estrechamente vinculado con el que se acaba de reseñar, fue el relativo a la enumeración de las funciones que preferentemente corresponden a la profesión de periodista, que surge como un mecanismo de extensión del ejercicio del periodismo respecto de las personas que no posean el título respectivo, o no hayan sido reconocidas por periodistas por ley.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno sostuvo que el criterio utilizado en el proyecto tiene por objeto evitar cualquier interpretación que pudiera llevar a entender que existe una especie de monopolio sobre el particular para los periodistas. De tal forma, se ha establecido en la norma el núcleo de las actividades que corresponden a la profesión periodística, en cuanto se otorga a los periodistas en una suerte de reconocimiento del carácter universitario que tiene la profesión una preferencia para su ejercicio, pero de ninguna manera la exclusividad.

Subrayó que esta regulación es el resultado del acuerdo entre dos posiciones antagónicas, que impedían la existencia de una disposición sobre la materia. Por una parte, se sostenía que la profesión de periodista, al igual que otras, requería de una especie de "cierre corporativo", que determinara las personas que podían ejercer la profesión y las funciones que les correspondían, y por otra parte, se señalaba que el periodismo era una actividad, no una profesión, y que, en consecuencia, podía ser ejercido por cualquier persona, en términos de que los medios de comunicación social debían contar con plena libertad de contratación.

Algunos HH. señores Senadores manifestaron sus dudas acerca de la real aplicación que pudiera producir una disposición de esta naturaleza, si se considera que las reglas jurídicas tienen por objeto regular de manera concreta una determinada situación, a fin de que su ejecución produzca ciertos efectos. En su concepto, una norma que otorgue preferencia para el ejercicio de determinadas actividades carece de relevancia, ya que no afectará la situación de quienes no cumplan con los requisitos habilitantes, por cuanto de igual forma podrán desempeñar las funciones que se describen como de preferencia de la profesión de periodista.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno, con relación a esta observación, estimó que la interpretación de una disposición como la que se propone puede resultar equívoca si ella se centra solamente en la preferencia. Puso de relieve que en nuestro sistema legal existe el reconocimiento de ciertas profesiones y de las funciones que les son específicas, que se define por las características formativas recibidas por quienes obtienen un grado académico de licenciado, el cual los habilita para recibir un título profesional. Sólo a diecisiete actividades que se desarrollan en la sociedad se les ha otorgado, legalmente, este estatuto, con el objeto de destacar que esas funciones se valoran de una manera particular, ya que existen en juego una serie de factores, entre otros la fe pública y el conocimiento de materias de gran complejidad, los que hacen que, en consecuencia, sea de gran envergadura su responsabilidad social.

Dado que los periodistas se encuentran en esta nómina de funciones, parecería de toda lógica declarar, tal cual se hace respecto del abogado o del médico, que sólo ellos pueden desempeñar las funciones que les son propias, de la forma como ha solicitado en nuestro país el gremio.

Sin embargo añadió, en virtud de las dudas existentes a nivel internacional en cuanto a que el periodismo requiera en forma exclusiva de la formación universitaria, como se ha exigido en nuestro país, se estimó oportuna la inclusión de la voz “preferente” como una forma de calificar o adjetivizar el ejercicio de las funciones periodísticas por parte de las personas que tienen la calidad de periodista, de forma tal de permitir su ejercicio también por otras personas que no la tengan.

La Comisión, a la luz de esas explicaciones, se mostró conteste en cuanto a que el alcance de la preferencia que consagra esta norma evita cualquier interpretación restrictiva del ejercicio del periodismo, en orden a que las funciones que normalmente le corresponden sólo pudieran ser ejercidas por quienes poseen el título profesional de periodista. Sin perjuicio de lo anterior, la preferencia implica un grado de reconocimiento hacia quienes son los principales ejecutores de dichas funciones, es decir, los periodistas que poseen el título universitario.

En el sentido que se ha señalado, la norma, además, resulta adecuada, ya que no se afecta la situación de muchos medios de comunicación social regionales, en que la gran mayoría de quienes se desempeñan en ellos no posee el título universitario respectivo.

Hubo acuerdo entre los señores integrantes de la Comisión en cuanto a que la referida preferencia a que se ha hecho mención no debe afectar la igualdad normativa de todas las personas que ejercen las funciones periodísticas. Es decir, los derechos y obligaciones que se consideran en el proyecto han de ser aplicables tanto para quienes ejercen el periodismo estando investidos del título profesional respectivo, como para aquellos que carecen de este último. Tal igualdad, por cierto, se refiere al desempeño de las funciones, y no involucra otros aspectos que escapan del ámbito de esta ley, como, por ejemplo, la exigencia de tener título profesional universitario para optar a un cargo público y para percibir asignación profesional.

Otros aspectos analizados en forma especial por la Comisión fueron el relativo a la existencia de un registro público en los medios de comunicación social, donde figuren todas las personas que le prestan servicios y no poseen la calidad de periodista, y a la obligación de informar a las asociaciones representativas de periodistas de las inscripciones o caducidad de las mismas que se produzcan en tal registro.

Sobre el particular, los señores miembros de la Comisión consideraron de utilidad el registro público y el otorgamiento de credencial respecto de quienes ejercen habitualmente funciones periodísticas, ya que permitiría determinar la aplicación de las normas de esta ley a las personas que se encuentren en esa situación.

En cambio, juzgaron que la obligación de comunicar las inscripciones o cancelaciones en ese registro a asociaciones gremiales determinadas no tiene mayor justificación, precisamente porque la existencia del registro público hace inoficioso este tipo de comunicaciones. Por otra parte, su incumplimiento no acarrea sanción alguna para el infractor, y hace recaer una carga adicional para los propietarios de los medios de comunicación, lo cual puede resultar gravoso para aquellos que cuentan con estructuras pequeñas, como ocurre con la mayoría de los medios locales que circulan o funcionan en las regiones del país.

Agregaron que la obligación de informar a determinadas entidades podría estimarse atentatoria contra la libertad constitucional de asociación, ya que establece beneficios para algunas asociaciones en las cuales es posible que no participe el interesado, afectando con ello el carácter voluntario de la afiliación.

El señor Subsecretario General de Gobierno explicó que la existencia del registro público también surge como un mecanismo para conciliar los intereses en juego, por considerarse una buena fórmula de relación entre el gremio de los periodistas y los propietarios de los medios de comunicación.

En relación con otro aspecto, cual es el de los alumnos de periodismo que deben cumplir prácticas profesionales, tanto mientras cursan sus estudios como una vez que han egresado, se estimó conveniente referirse a ellos en forma genérica, de manera tal que sea comprensiva de las distintas exigencias curriculares que puedan tener las respectivas Universidades.

Al término del debate, la Comisión resolvió dar una nueva redacción a estas disposiciones, que recoge en dos artículos los conceptos vertidos durante la discusión.

El nuevo artículo 3º, en su inciso primero, contempla las normas del actual artículo 4°, es decir, enuncia las funciones que corresponden preferentemente a la profesión de periodista. Como inciso segundo, trata la materia contenida en el actual inciso primero, o sea, las personas que son periodistas.

El artículo 4°, por su parte, reglamenta el otorgamiento de la credencial para quienes, sin ser periodistas, ejercen habitualmente las funciones que les corresponden preferentemente a éstos, y la obligación del propietario o concesionario del medio de comunicación de llevar un registro público en que consten las personas así acreditadas.

Como inciso segundo, se incluyó una cláusula que declara que los derechos y responsabilidades que tienen, tanto estas personas como los alumnos de las escuelas de periodismo que se encuentran realizando sus prácticas profesionales, son los mismos que esta ley considera para los periodistas.

La Comisión aprobó los artículos 3°, 4°, 5° y 8°, por la unanimidad de sus integrantes HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule, con las modificaciones que se han señalado.

Artículo 6°

Consagra el secreto profesional periodístico, concediendo a los periodistas, directores y editores de los medios de comunicación social el derecho, cuando sean citados a declarar respecto de informaciones que obtengan o recojan en el desempeño de su profesión o función, a no revelar sus fuentes personales de información ni las fuentes materiales de las que pudiere deducirse quienes son las personas que han facilitado aquella información, ni aun tratándose de delitos, con excepción de los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y las que constituyen conductas terroristas.

El mismo derecho se otorga a quienes por su oficio o actividad informativa hayan debido estar necesariamente presentes en el momento de recibirse la información confidencial.

En relación con esta norma, el H. Senador señor Otero expresó que existen dos situaciones distintas respecto del ejercicio del periodismo: una, que se refiere al secreto profesional, y otra, al secreto de las fuentes, que corresponde precisamente al derecho que regula este artículo, el que no hace esta diferencia con absoluta claridad, lo que tiene mucha importancia para determinar sus alcances, especialmente los aspectos de índole penal.

Precisó que, en virtud de la primera de tales instituciones, el secreto profesional, el periodista o las personas que ejercen labores periodísticas, tienen la obligación de mantener bajo secreto aquellas informaciones que han recibido bajo el compromiso de no revelarlas, por lo cual, en consecuencia, quedan impedidos de difundirlas en cualquier situación.

Algo absolutamente distinto lo constituye el derecho a la reserva o secreto de la fuente, que tiene el periodista, y que consiste en la facultad que le asiste para no revelar las fuentes de la información que está divulgando.

Propuso a la Comisión, en consecuencia, desarrollar en dos disposiciones distintas ambos institutos. En la primera se consagraría el derecho a la reserva de la fuente informativa para los directores y editores de los medios de comunicación social, y para los periodistas, quienes ejerzan las funciones de tales y los alumnos de las escuelas de periodismo que estén realizando sus prácticas profesionales. Por aplicación de esta garantía, ellos no podrán ser apremiados ni obligados, aun judicialmente, a revelar las referidas fuentes, reserva que se extenderá a los elementos que obren en poder del titular de este derecho y que permitan identificar a la fuente. De hacer uso de esta facultad, a la que pueden renunciar voluntariamente, asumirán en forma personal la responsabilidad por la información difundida.

La otra disposición, por su parte, consagraría, no ya el derecho, sino que la obligación del periodista de no dar a conocer una información que haya sido puesta en su conocimiento bajo el compromiso de mantenerla en secreto. La revelación del secreto sería castigada con las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez sueldos vitales. [8]

El señor Ministro estimó que la sugerencia del H. Senador señor Otero mejora la regulación de estas materias. Hizo saber que son prácticas habituales la del “embargo” de una información, que obliga a no divulgarla hasta un día y hora determinada, y la entrega de información bajo compromiso de no difundirla.

En cuanto a la primera de las normas propuestas por el H. Senador señor Otero, la Comisión compartió por unanimidad la solución planteada.

En cambio, en relación con la segunda de la disposiciones, no estimó conveniente innovar respecto del artículo 247, inciso segundo, del Código Penal. Dejó constancia, no obstante, que el secreto no solamente conlleva la obligación para el periodista que ha obtenido la información de no revelar los antecedentes que bajo tal carácter se le han proporcionado, sino que también el derecho a negarse frente a los requerimientos que se le formulen para revelar la información que se le ha entregado o confiado.

Respecto de la disposición aprobada en el primer trámite constitucional que hace aplicable la reserva de la fuente y el secreto profesional a las personas que, por su oficio o actividad informativa, hayan debido estar necesariamente presentes al recibirse la información confidencial, la Comisión tuvo en consideración que beneficiaría exclusivamente a la televisión, ya que se refiere a la presencia de camarógrafos, sonidistas y demás personal técnico.

Sobre el particular, consideró que, si bien podría estimarse de utilidad ampliar el precepto a estas personas para un mejor resguardo de la fuente, de hacerlo se abriría el camino para que se distorsionara luego el secreto profesional, ya que existirían similares motivos para que le fuera aplicable al personal paramédico y auxiliar respecto de su intervención en funciones que realizan profesionales como médicos y enfermeras.

Por consiguiente, no estuvo de acuerdo con extender estas instituciones a quienes no sean periodistas.

En consecuencia, se aprobó esta disposición en la forma que se ha descrito, por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín y Sule.

Artículo 7°

Prohíbe que se identifiquen los trabajos como de autoría de un periodista determinado cuando hubieren sido alterados substancialmente por el director o el editor sin su consentimiento, y otorga al afectado el derecho de poner término a su contrato de trabajo, por incumplimiento grave de las obligaciones del empleador, cuando la infracción se cometa a lo menos dos veces en el lapso de un mes.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno señaló que esta disposición tiene por finalidad consagrar, como único contenido de la llamada "cláusula de conciencia", y no obstante la amplia recepción que ella tiene en el derecho comparado, la facultad para el periodista de que los artículos difundidos en los medios de comunicación social como de su autoría sean publicados tal cual han sido concebidos, sin que el medio pueda efectuar alteraciones substanciales que no cuenten con su consentimiento. Se declara, además, que la reiteración de esta conducta por parte del medio, dentro de un mismo mes calendario, constituirá incumplimiento grave por parte del empleador a las obligaciones que le impone el contrato de trabajo.

Advirtió que la forma en que se incorpora esta cláusula en nuestro ordenamiento significa que el medio de comunicación social no está obligado a efectuar la aclaración que le solicite el autor de la información o del artículo. Además, agregó, es necesario tener presente, para un correcto entendimiento de esta institución, que sólo excepcionalmente las informaciones o noticias que se difunden en los medios aparecen identificadas como de autoría de una persona determinada, y, en cambio, la regla general la constituye los artículos innominados.

En consecuencia, como la disposición que se está analizando será de excepcional aplicación, creyó preferible considerar una norma que garantice de manera óptima esta facultad, estableciendo el derecho a la aclaración por parte del periodista.

Existió consenso en el seno de la Comisión en la necesidad de enriquecer el contenido que se quiere dar a esta institución, a fin de que consagre el derecho a la autoría del artículo o publicación que tiene todo periodista, en el sentido de que se publique la aclaración cuando se le introduzcan alteraciones sustanciales, porque es insatisfactoria la sola posibilidad que el trabajador ejerza la facultad que le confiere el artículo 171 del Código del Trabajo en orden a poner término al contrato de trabajo y reclamar judicialmente las indemnizaciones que correspondan, ya que importa un rompimiento del interesado con el medio de comunicación social, y, particularmente en el caso de periodistas jóvenes, con pocos años de servicio, no da derecho a percibir una indemnización importante.

Ello, sin embargo, no debe afectar las atribuciones del medio de comunicación social como responsable último de las publicaciones que ahí se difundan, que hacen necesario reconocerle la facultad de alterar el material entregado por el periodista cuando cuente con su consentimiento o exista debido fundamento.

La exigencia del "debido fundamento" para poder efectuar alteraciones al material periodístico fue analizada de manera especial por la Comisión, que coincidió en que no podía reducirse a la mera invocación de cualquier circunstancia, porque siempre existiría algún motivo que podrá darse para realizar un cambio substancial en dicho material. Tendría fundamento, en cambio, si, por ejemplo, existe un error manifiesto en la información que el periodista entrega para su difusión. Es, por consiguiente, una situación de hecho que, en último término, deberá ser determinada judicialmente.

Por otra parte, se consideró que, si bien el lapso de un mes para la reiteración de la infracción que se consagra en el texto de la H. Cámara de Diputados es prudente, de entenderlo como un mes calendario haría posible que se efectuaren cambios substanciales con muy pocos días de diferencia, y sin que constituya reiteración, en la medida que se realicen en diferentes meses calendarios. Después de evaluarse la posibilidad de establecer que debería repetirse la situación por más de dos veces dentro del plazo de treinta días, se prefirió no consagrar elementos rígidos, que se prestan para eludir formalmente la norma, sino que dejarla entregada a la apreciación de los tribunales.

En atención a los razonamientos precedentes, la nueva redacción del artículo declara la prohibición para el medio de comunicación social de efectuar enmiendas sustanciales al material informativo que difunda como de autoría de un periodista determinado, a menos que cuente con su consentimiento o que exista un debido fundamento. El requisito de que las alteraciones sean sustanciales admite la aplicación de las modalidades habituales del trabajo periodístico en cuanto a su revisión por varias personas y a las facultades del editor, en virtud de las cuales podrá reducirse la extensión del material para adaptarlo a las limitaciones de espacio y coordinarlo con el resto del material informativo.

A su vez, con la excepción del debido fundamento se salvaguarda el derecho del medio de comunicación social para poder rectificar las informaciones que contengan errores o inexactitudes.

En caso de que se introduzcan alteraciones sustanciales fuera de los dos casos señalados, el medio será responsable de ellas y deberá efectuar la correspondiente aclaración si así lo solicita el periodista afectado. No pareció necesario fijar un plazo específico para que éste pida la aclaración, porque deberá hacerse con la inmediación que sea propia de cada caso.

De esta forma se consagra, por una parte, la responsabilidad que le corresponde al medio de comunicación social por la alteración que haga del artículo o de la información proporcionada por el periodista, y, por otro lado, el derecho de éste para que se publique la correspondiente aclaración, facultad que sólo podrá ser ejercida cuando la alteración carezca del debido fundamento, o haya sido realizada sin su consentimiento.

Por último, si no se efectúa la aclaración o se reitera la introducción de alteraciones substanciales sin fundamento o sin consentimiento, el medio de comunicación social incurrirá en incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. Aunque, por aplicación de las reglas generales del Código del Trabajo, podría llegarse a la misma conclusión, la calificación legal como incumplimiento grave de esta circunstancia favorece al periodista, quien quedará en condiciones de resolver si, pese a todo, persevera en ese contrato, o hace uso de su derecho a ponerle término y reclamar las indemnizaciones que procedan.

Con estas enmiendas, se aprobó este artículo en la forma que se ha descrito, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 9°

Establece la obligación del Estado de garantizar el pluralismo en el sistema informativo, para lo cual habrá de favorecer la coexistencia de diversidad de medios de comunicación social y la libre competencia entre ellos, asegurando la expresión efectiva de las distintas corrientes de opinión, así como la variedad social, cultural y económica de las regiones.

Prosigue manifestando que, con el objeto de verificar esta garantía, a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno, se destinará anualmente recursos para la realización de estudios sobre el estado y evolución del pluralismo en el sistema informativo, los cuales serán asignados mediante concurso público en los términos que señala.

Dispone además que las autoridades pertinentes destinarán, a lo menos en parte, los fondos para avisos, llamados a concursos, propuestas y publicidad que tengan una clara identificación regional, provincial o comunal, a efectuar la publicación o difusión en medios de comunicación social regionales, provinciales o comunales.

Finalmente, permite que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional contemple anualmente recursos para financiar la realización, difusión o edición de programas, suplementos y espacios de alto nivel cultural o de interés regional, los que serán publicados o difundidos en medios de comunicación social regionales o locales, y entrega al respectivo Consejo de Desarrollo Regional la asignación de dichos recursos.

El inciso primero aprobado por la H. Cámara de Diputados, que declaraba la obligación del Estado de garantizar el pluralismo en el sistema informativo, en la forma que se ha descrito, fue declarado inconstitucional en el fallo del Tribunal Constitucional de 30 de octubre de 1995. [9]

El señor Ministro Secretario General de Gobierno destacó que, en nuestro ordenamiento positivo, se le reconoce una gran importancia al tema del pluralismo en la comunicación social, que llega a proyectarse como un valor preponderante en todo el sistema político. Así, está declarado legalmente que su respeto permanente es parte del correcto funcionamiento de los servicios de televisión.

Continuó señalando que existen dos maneras de enfocarlo: por una parte, a través de la imparcialidad de la información que entregan los medios de comunicación social, lo que suele denominarse el "pluralismo intramedios" que corresponde a la representación en el medio de las diferentes visiones o corrientes de pensamiento, una de cuyas manifestaciones la constituye la "cláusula de conciencia" , y por otra, la que se refiere al pluralismo entre los medios de comunicación social, que ha sido el enfoque seguido en el proyecto de ley en estudio.

Precisó que, en esta última modalidad del pluralismo, hay tres materias que deben ser abordadas.

La primera se refiere al acceso a los medios informativos, que es un derecho de todas las personas reconocido constitucionalmente, cuyas manifestaciones concretas la constituyen la prohibición legal para que el Estado pueda tener el monopolio sobre los medios de comunicación social, y la facultad que le asiste a toda persona para fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos.

Las restantes se relacionan con la propiedad de los medios de comunicación social y con la competencia y transparencia, que en el derecho comparado presentan dos formas de análisis: una, que se podría denominar "europea", tiene tres características fundamentales: limitaciones a la propiedad de los medios, ya sea en cuanto al número o en cuanto al tipo de medios de comunicación de que se trate; cuotas de mercado, y subsidios directos para que ciertas expresiones de la sociedad puedan contar con sus formas de manifestación concreta. La otra, que es la que inspira el proyecto, intenta vincular la legislación de medios de comunicación social con las normas antimonopolios que aseguran la libre competencia. En esta línea la “transparencia” es esencial, porque debe asegurarse a las personas el conocimiento de quienes son los propietarios de los medios de comunicación social, tanto si se trata de una persona natural como si es una persona jurídica, y, en el caso de estas últimas, ha de conocerse sus integrantes y la participación que les corresponde.

En esta perspectiva, resulta necesario el conocimiento acerca del estado en que se encuentra la competencia entre los distintos medios. La solución que se dio en la H. Cámara de Diputados, a proposición del Ejecutivo, fue destinar una cantidad dada de recursos para la realización de estudios sobre el estado y evolución del pluralismo en el sistema informativo, los que deberán ser asignados mediante concurso.

Consultado por la Comisión acerca de la situación que presentan los medios regionales en esta materia, el señor Ministro indicó que ellos están en una clara desventaja en relación a los de carácter nacional, especialmente en lo que respecta a la distribución de la publicidad, que es el principal mecanismo de financiamiento con que cuentan. No obstante, estimó que la solución no es por la vía legal, sino mediante una mejor distribución de recursos publicitarios, tanto de las empresas y servicios estatales como de los entes privados, en especial de estos últimos, ya que el porcentaje de gastos en publicidad del sector público es ínfimo en comparación con el gasto total que se efectúa anualmente por ese concepto en nuestro país. Reconoció la dificultad que ello conlleva, toda vez que los criterios utilizados sobre el particular son los del mercado y no otros de índole diferente, que, sobre todo cuando los fondos son escasos, llevan a preferir el medio de mayor repercusión pública. Por ello, el Gobierno ha estimado preferible estudiar primeramente la realidad de los medios regionales, para identificar los problemas que les afectan, y luego, sobre esa base, buscar fórmulas que puedan contribuir a solucionarlos.

En el seno de la Comisión se estimó de toda claridad que al Estado no le compete regular la forma en que debe manifestarse el pluralismo en el sistema informativo, porque ello conduce a la intervención estatal sobre la forma en que se ejerce el periodismo por los medios de comunicación social, y que la única forma que garantiza el pluralismo es la coexistencia de diversos medios de comunicación social y la libre competencia entre ellos.

En ese sentido, se estableció que el pluralismo en el sistema informativo se garantiza a través de la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, y de la libre competencia entre ellos, con lo cual, en concepto de la Comisión, se favorece la expresión de la diversidad social, cultural, política y regional del país.

En cuanto a la realización de estudios sobre el pluralismo en el sistema informativo, la Comisión la aceptó, siempre que se precisara que ese pluralismo es el resultante de la coexistencia y competencia entre los medios de comunicación social, y que los recursos se distribuyeran mediante concurso público.

Con fecha 2 de julio de 1996, S.E. el Presidente de la República formuló indicación sustitutiva del artículo 9º, en la que se desarrollan los contenidos que se han señalado y se entrega la asignación de los recursos al Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico.

La Comisión estuvo por acogerla, con una ligera modificación de forma, pero no con carácter de sustitutiva del artículo, sino que sólo de sus incisos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto.

En esos términos, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín y Otero.

En relación con el inciso quinto, los HH. Senadores integrantes de la Comisión, señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule, presentaron una indicación que lo modifica parcialmente, con el propósito de aumentar el énfasis que pone el proyecto de ley en la distribución de los recursos que se destinan por el Estado o sus organismos y las municipalidades, a avisos, llamados a concurso, propuestas y publicidad de carácter local, en el sentido de que se destinen “mayoritariamente” y no “a lo menos en parte” a efectuar la correspondiente publicación o difusión en medios de comunicación social regionales, provinciales o comunales. A sugerencia del señor Ministro, se acordó en definitiva emplear el concepto de “preferentemente”, lo que permite la suficiente flexibilidad para ponderar las circunstancias en cada caso.

La indicación fue aprobada en la forma que se ha señalado de manera unánime, por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Por último, cabe consignar que los HH. Senadores señores Bitar, Hormazábal, Hamilton, Ominami y Sule presentaron una indicación, a la cual se adhirió el H. Senador señor Gazmuri, para agregar un inciso final que dispone la obligación de realizar estudios anuales acerca de la distribución de los recursos publicitarios entre los distintos medios de comunicación social, y sobre sus efectos; estableciendo a la vez el deber de los departamentos o unidades comerciales de los medios de comunicación social de facilitar la información necesaria para la realización de los referidos estudios.

Promovida la cuestión de inadmisibilidad a discusión de esta última indicación, por ser contraria a la Constitución Política, fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la Comisión. Fundamentó tal declaración en los artículos 1º, inciso tercero, y 19, Nº 12, inciso primero, de la Carta Fundamental, respecto de los cuales el Tribunal Constitucional, con motivo del requerimiento parlamentario durante la tramitación del proyecto de ley en la H. Cámara de Diputados, declaró expresamente que el derecho a recibir informaciones comprendido en la libertad de opinar y de informar “no significa en ningún caso que se pueda obligar a alguna persona o a algún medio a entregar determinadas informaciones”, porque ello atentaría contra la autonomía de los grupos intermedios (considerando 21).

Título II

De las formalidades de funcionamiento de los medios de comunicación social.

Artículo 10

Indica los requisitos que deben poseer los propietarios de los medios de comunicación social y los titulares de una concesión o permiso de un servicio de radiodifusión sonora, y exige que en el domicilio de los medios de comunicación social se tenga la individualización de los propietarios, con indicación del porcentaje, monto y modalidades de su participación en la propiedad o en el capital de la empresa.

Sobre el particular, el señor Subsecretario General de Gobierno puntualizó que la disposición tiene por objeto fundamental establecer una cierta equiparidad, en lo que respecta a propiedad y funcionamiento de medios de comunicación, entre la prensa escrita y los medios de radiodifusión.

El H. Senador señor Otero, al tiempo de reconocer este propósito de igualar a los diferentes medios de comunicación social, observó que la actual normativa legal que regula la radiodifusión contempla normas especiales que pudieran resultar contradictorias con este precepto, cual es el artículo 21 de la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones. En virtud de este artículo sin perjuicio de las disposiciones transitorias que son aplicables [10] sólo pueden ser titulares de una concesión de servicio de radiodifusión, o hacer uso de ella, personas jurídicas de derecho público o privado, constituidas en Chile y con domicilio en el país. Su Presidente, Directores, Gerentes, Administradores y representantes legales no deberán estar procesados ni haber sido condenados por delitos que merezca pena aflictiva.

Además, subrayó, la radiodifusión tiene un régimen especial derivado de su forma de establecimiento, que supone la expedición de un acto administrativo denominado concesión o permiso, lo que la diferencia de los medios de comunicación escritos. Debe considerarse esta regulación legal, que no permite ser concesionario de un servicio de radiodifusión sonora a una persona natural, por lo que la disposición que se contemple al efecto debería iniciarse señalando “en los casos en que la ley permita que el propietario de un medio de comunicación social sea persona natural”.

La Comisión reparó en que uno de los requisitos para quienes tengan la propiedad de un medio de comunicación social es la nacionalidad chilena, en el caso de las personas naturales, y de los presidentes, administradores y gerentes de las personas jurídicas dueños del medio o titulares de una concesión o permiso.

Se estimó, al respecto, que los requisitos de nacionalidad corresponden a épocas pasadas, y hoy en día, en un contexto de internacionalización creciente de los medios de comunicación social, han perdido sustento y pudieran resultar limitativos para el ejercicio de la libertad de informar. Además, podrían incluso ser negativos para los chilenos que quisieran desempeñarse en los medios de comunicación de otros países.

Estas consideraciones aconsejarían suprimir las normas que establecen requisitos de nacionalidad para los dueños de medios de comunicación social, de modo de contemplar sólo exigencias de índole general. En ese sentido, se estimó adecuado pedir domicilio en el país en caso de que el propietario del medio de difusión sea una persona natural, además de los requisitos de idoneidad moral suficientes, reflejados en el hecho de que no esté procesado ni hubiera sido condenado a pena aflictiva.

Tratándose de una persona jurídica, se creyó necesario exigir que esté constituida en Chile y tenga domicilio en el país. El requisito de la nacionalidad operará, no para ella, sino para quienes actúen en calidad de presidente, administradores o representantes legales de la misma.

De la manera expresada, se diferenciaría entre la propiedad y la administración del medio de comunicación social, en el sentido de que es esta última la que debe estar en manos de chilenos, en lo que respecta al presidente o administrador y al representante legal.

En atención a esas reflexiones, los HH. Senadores señores Fernández y Larraín propusieron eliminar de este precepto la exigencia de nacionalidad respecto de las personas naturales que estén autorizadas para ser propietarios de algún medio de comunicación social, manteniendo dicha exigencia sólo respecto de los representantes legales, administradores o presidente de las personas jurídicas de que se trate, lo cual fue aprobado en forma unánime por la Comisión.

El H. Senador señor Otero, hizo ver que no se señalaba la forma en que surte efectos la inhabilidad que afecta a la persona natural que sea propietaria de un medio de comunicación social, o presidente, administrador o representante del medio cuando el dueño es una persona jurídica, en el caso de que sea procesada por delito que merezca pena aflictiva.

Al efecto, la Comisión decidió aclarar que el auto de procesamiento por delito que merezca pena aflictiva suspende al afectado de cualquiera actividad relacionada con la administración del medio y de toda función periodística.

En lo que se refiere al inciso segundo de este precepto, que contempla la obligación de mantener actualizados los datos sobre los propietarios de un medio de comunicación social o titulares de concesión o permiso, la Comisión distinguió si se trata de personas naturales o jurídicas. Esta diferenciación se fundamentó en el hecho de que, respecto de las personas jurídicas, la información debe proporcionarse en relación con los socios y no con la persona jurídica respectiva.

Por lo anterior, se acordó requerir que se mantenga al día la individualización del propietario o titular de la concesión o permiso, y, en cuanto a las personas jurídicas, el nombre de los socios y el registro de accionistas, según corresponda. A esta información se le dio carácter de pública, debiendo estar a disposición de cualquier persona en el domicilio social.

Por otro lado, los señores integrantes de la Comisión estimaron conveniente incorporar en este precepto una disposición que recoja el principio de la reciprocidad en materia de radiodifusión, en la idea de que los requisitos que se establezcan en el país para operar este medio de comunicación social no sean más gravosos que aquellos que a su vez se exigen a los chilenos en el extranjero.

Con tal propósito, los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule presentaron una indicación que establece que las concesiones para radiodifusión de libre recepción solicitadas por personas jurídicas extranjeras o chilenas, con participación de capital extranjero superior al 10%, sólo se concederán en la medida que se acredite en forma previa que en el país de origen se otorgan a los chilenos derechos y obligaciones similares a las condiciones de que gozarán estos solicitantes en nuestro país. Igual exigencia deberá cumplirse para adquirir una concesión existente. En caso de que no se dé cumplimiento a esta obligación, se producirá la caducidad de pleno derecho de la concesión.

En consecuencia, con las modificaciones señaladas, el artículo fue aprobado en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule, salvo su primer inciso, respecto del cual se registró la abstención del H. Senador señor Sule.

Artículo 11

Exige a los medios de comunicación social contar con un director responsable, y con una persona, a lo menos, que lo reemplace, y establece los requisitos que deberán poseer.

Se planteó en la Comisión la idea de establecer algún resguardo para que las personas nombradas en tal calidad sean las que desempeñen efectivamente ese cargo, para evitar casos como los que ocurrieron en el pasado, en que esa responsabilidad era sólo aparente.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno opinó que no podía asegurarse que una disposición legal constituyera una herramienta eficaz para poner término a una práctica de esta naturaleza. Puntualizó que lo normal es que la función de directores, en los medios que cuentan con una infraestructura de cierta envergadura, sea desempeñado por personas que efectivamente tienen a su cargo esa función, reconociendo que es posible que no siempre suceda así en algunos medios de carácter regional o local.

En el seno de la Comisión se hizo presente también que lo anterior llevaría a detallar las funciones que debe cumplir el director, así como la posibilidad de delegar parte de ellas, en circunstancias que esa reglamentación ni siquiera se ha hecho con las funciones de periodista.

Puesto en votación el inciso primero, que regla esta materia, fue aprobado con un ligero cambio de forma, por cuatro votos a favor y uno en contra. Votaron a favor los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule, y en contra lo hizo el H. Senador señor Larraín.

En lo que se refiere a los requisitos para desempeñarse como director responsable de un medio de comunicación social, el H. Senador señor Fernández propuso seguir la redacción vigente, contenida en la primera parte del inciso cuarto del artículo 5º de la Ley sobre Abusos de Publicidad. Así se acordó por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule, con la sola abstención del H. Senador señor Larraín.

El H. Senador señor Otero estimó oportuno incorporar una disposición que, tal como se hizo en el artículo anterior respecto de las personas con la propiedad o administración del medio de comunicación social, incluya la medida de suspensión, para cualquiera función o actividad relativa a la administración del medio y de toda función periodística, respecto de quienes que son sometidos a proceso por delitos que merezcan pena aflictiva.

Además, sugirió agregar al hecho de que no haya sido condenado como reincidente la circunstancia de no haber incurrido en reiteración de conductas delictuales, toda vez que la razón es la misma, con la salvedad de que, para acreditar la reincidencia, se requiere de una sentencia condenatoria, y en cambio, en el otro caso, basta la comisión de dos o más delitos. De tal manera, quedarían afectados por la inhabilidad de hasta dos años aquellos respecto de los cuales una misma sentencia los condene por dos o más de los delitos previstos en esta ley.

La primera parte de la proposición fue aprobada en forma unánime por los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

La ampliación de la inhabilidad para desempeñar el cargo al caso de reiteración, fue rechazada por tres votos en contra, una abstención y un voto a favor. El voto de mayoría fue sustentado por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Larraín, se abstuvo el H. Senador señor Sule y votó a favor de la misma el H. Senador señor Otero. La abstención del H. Senador señor Sule fue en el entendido de que una disposición de esta naturaleza, por ser una sanción, debería ser estudiada al analizar las disposiciones de este proyecto de ley que establecen penalidades.

En consecuencia, el artículo fue aprobado, con la votación antes señalada.

Artículo 12

Señala que, para iniciar el funcionamiento de un medio de comunicación social, deben cumplirse las exigencias ya descritas en cuanto a propiedad y dirección.

Hace aplicables, respecto de la radio y televisión, las normas que establecen las leyes sobre telecomunicaciones y del Consejo Nacional de Televisión. En lo referente a los medios escritos, dispone que la iniciación de actividades se hará mediante una presentación al Intendente Regional, con copia al Director de la Biblioteca Nacional, la que deberá contener las menciones que expresa. De igual forma se comunicarán los cambios que se produzcan.

Por último, establece que el Director de la Biblioteca Nacional deberá llevar un registro actualizado de los medios escritos de comunicación social existentes en el país.

La Comisión estuvo de acuerdo en considerar, como requisito de orden general para la iniciación de actividades, el cumplimiento de las exigencias relativas a la propiedad del medio de comunicación social y al director responsable, pero puso énfasis en que, una vez satisfechas, el medio puede iniciar sus actividades.

A continuación, acogiendo una sugerencia del H. Senador señor Otero, precisó que la sujeción a la normativa especial que rige a la radio y a la televisión se refiere tanto al otorgamiento de las concesiones o permisos, como a su ejercicio y a la iniciación de actividades.

En seguida, reafirmó el carácter informativo, y no de condición para la iniciación de actividades de los medios escritos, que tiene la presentación que se dirige al Intendente Regional. Para facilitarla, a propuesta del H. Senador señor Fernández, se eliminó la necesidad de que sea firmada ante notario; se incorporó la posibilidad de dirigirla al Gobernador Provincial con lo que no se hace sino mantener la norma vigente, y se dispuso que la copia sea remitida directamente por dicha Intendencia o Gobernación a la Biblioteca Nacional.

La Comisión aclaró, por otro lado, la mención contenida en la letra e), que hacía alusión a “los antecedentes a que se refiere el inciso segundo del artículo 10”, vale decir, a la individualización de los propietarios con indicación de su cuota en la propiedad o en el capital social. Como la individualización del propietario, si es persona natural, ya se exige en la letra b), se consignó en esta letra la mención de los documentos en que consten los socios o accionistas de la persona jurídica que sea la propietaria, así como el porcentaje, monto y modalidades de su participación en la propiedad o en el capital de la empresa.

En cuanto a los cambios que se produzcan en estas menciones, se aumentó el plazo para comunicarlos de cinco a quince días. Se consideró un lapso especial de sesenta días si la modificación se refiriese a los socios o accionistas, propiedad o capital de la persona jurídica dueña del medio de comunicación social, y se liberó de la obligación de efectuar la comunicación cuando se trate de modificaciones en los accionistas o en la participación en el capital de una sociedad anónima abierta, ya que, en este caso, su cumplimiento resulta, en la práctica, imposible. Se tuvo presente, además, que en este tipo de sociedades cualquier persona puede tener conocimiento actualizado de quienes tienen participación en el capital, consultando el registro de accionistas. [11]

Por último, se mantuvo la obligación del Director de la Biblioteca Nacional de llevar un registro actualizado de los medios escritos de comunicación social existentes en el país, con indicación de los antecedentes señalados en este artículo, porque cumple una finalidad importante al poner a disposición del público datos actualizados y fidedignos.

Con estas enmiendas, el precepto fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

A continuación, frente a las sugerencias recibidas en este sentido de los medios de comunicación y del Colegio de Periodistas, la Comisión evaluó la conveniencia de reincorporar la norma contenida en el artículo 13 del proyecto del Ejecutivo, que fue eliminada durante su tramitación en la H. Cámara de Diputados, y que prohibía discriminar arbitrariamente entre los medios de comunicación social. [12]

En concepto de algunos HH. Senadores señores integrantes de la Comisión, ella resulta innecesaria a la luz de lo dispuesto en el N° 22 del artículo 19 de la Constitución Política, que asegura la no discriminación en el trato que en materia económica que debe dar el Estado, que está complementada incluso por la legislación especial de algunos organismos públicos, como ocurre con el Banco Central. [13]

Desecharon a la vez la posibilidad de referir la prohibición a las entidades privadas, porque se podría afectar el derecho a desarrollar actividades económicas que consagra el Nº 21 del mismo artículo 19 y la libertad de contratación entre particulares, y, por otro lado, existen cuerpos legales, como el decreto ley Nº 211, de 1973, sobre libre competencia, y la actual ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, que permiten a los afectados recabar el amparo necesario.

La disposición, entonces, tanto desde el punto de vista jerárquico como de su extensión, es más débil que las normas constitucionales que son aplicables. En ese contexto, una prohibición legal expresa de discriminar, referida sólo a las empresas propietarias de comunicación social, produciría dificultades de interpretación, porque daría a entender que todo el resto de la actividad económica nacional no estaría protegida. Por lo demás, es evidente que resulta innecesario aludir a las concesiones o permisos de radiodifusión o televisión, que están absolutamente regladas en las leyes respectivas.

El H. Senador señor Larraín discrepó de estos razonamientos, por creer que la disposición se justifica debido a que versa sobre un área de actividad específica y muy sensible, en que no es despreciable un esfuerzo por resguardar el principio de no discriminación, aunque resulte adicional o complementario de otras normas que se encuentran vigentes.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno observó que, si la norma tiene sentido, es en relación con el sector privado, en el cual se dan situaciones en que los proveedores son muy pocos, como ocurre con la venta de programas de televisión, y las agencias de noticias, o lo relativo a la publicidad, en que un porcentaje absolutamente mayoritario es desembolsado por los particulares.

En definitiva, la inclusión del referido artículo 13 del texto del Ejecutivo en el proyecto de ley materia de este informe, fue rechazada por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Otero, mientras que el H. Senador señor Larraín se declaró partidario de incorporarlo.

Se analizó en seguida la posibilidad de rescatar de dicho precepto sólo lo relativo a la publicidad, de forma de prohibir a las autoridades de la administración central y municipal, y a los gerentes y administradores de las empresas del Estado, o en las que el Estado tenga más del 50% del capital social, que discriminen de manera arbitraria o ilegal entre empresas propietarias de medios de comunicación social en la publicación de informaciones o de avisos que sean de cargo de los organismos o empresas del Estado o municipales.

Los señores representantes del Ejecutivo fueron de parecer que podrían surgir diversos inconvenientes al limitar la disposición sólo a un segmento de todas aquellas personas que se relacionan con los medios de comunicación social, por lo que sería preferible que se estableciera para todos, o no se contemplara para ninguno.

El H. Senador señor Fernández estimó que una norma de esta naturaleza tendría muy poca posibilidad de recibir aplicación práctica, e hizo hincapié en que el Estado y los particulares deberían estar sometidos a una misma regulación en cuanto desarrollen actividades empresariales.

Puesta en votación esta proposición, se produjo un empate. Por la afirmativa se manifestaron los HH. Senadores señores Larraín y Otero, y en contra lo hicieron los HH. Senadores señores Hamilton y Fernández. Repetida la votación se mantuvo este resultado, por lo que su resolución se dejó para la próxima sesión. En ella, la decisión de la Comisión fue rechazarla por tres votos contra dos. Los votos anteriores se mantuvieron, y se sumó a la negativa el H. Senador señor Sule, quien fundamentó su decisión contraria en que no comparte la idea de establecer un trato diferenciado entre el sector público y el privado para estos efectos, sino que prefería que se aprobase una disposición de esta naturaleza en forma general, como lo hacía el artículo 13 del proyecto del Ejecutivo.

Artículo 13

Ordena que en la primera página, o en la página editorial, o en la última, y en lugar destacado de todo diario, revista o escrito periódico, y al iniciarse y finalizar las transmisiones diarias de las emisoras de radio o televisión, se indique el nombre y domicilio del propietario o concesionario, o del representante legal si se tratare de una persona jurídica, y del director responsable.

La Comisión fue partidaria de referir la ubicación de esta individualización, en el caso de los medios escritos, solamente a un lugar destacado de ellos, por ser suficiente para los efectos de la disposición.

Fue aprobado, con cambios formales, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 14

Obliga a los establecimientos impresores a poner un pie de imprenta en los ejemplares que publiquen, especificando el nombre de éstos, el lugar y la fecha de la impresión, e impone igual deber a los encargados de los establecimientos de grabación sonora, de producción audiovisual o de difusión televisiva o cinematográfica.

Se planteó por el señor Ministro Secretario General de Gobierno que la razón de ser esta norma es que toda producción que se transmita por algún medio de comunicación tenga una persona responsable que sea conocida. Este principio se inserta en una nueva concepción de las comunicaciones, donde lo escrito ha dejado de tener la preeminencia que tenía antiguamente, siendo reemplazado por otros mecanismos de información, por lo que la disposición que al efecto se establezca debe ser general, a fin considerar de manera adecuada esta nueva realidad, que ha superado al denominado "pie de imprenta".

Tuvo presente la Comisión que el artículo 30 de la ley Nº 17.336, sobre propiedad intelectual, obliga al productor cinematográfico a consignar en la película una especie de pie de imprenta, y que también están obligados a ello los canales de televisión, en virtud de la normativa por la que se rigen. Por tal circunstancia, decidió eliminar la mención que hace este precepto a los establecimientos de difusión televisiva o cinematográfica de entre aquellos que deben cumplir con la obligación de colocar el pie de imprenta. Tal determinación fue aprobada por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín y la abstención del H. Senador señor Otero, quien señaló que prefería mantener esa obligación respecto de tales establecimientos, pero con carácter de subsidiaria, esto es, para el caso de que no consten los datos respectivos.

Al mismo tiempo, se aclaró el ámbito de aplicación de este precepto, en el sentido de que el deber de incluir el nombre de la persona o establecimiento responsable en el cual se ejecutó la impresión o producción, así como el lugar y la fecha correspondiente, recae sobre todo impreso, grabación sonora o producción audiovisual que se realice en el país y que esté destinado a ofrecerse comercialmente al público. Esta oferta comercial al público se refiere a aquella que permita a cualquier persona adquirir el impreso, grabación sonora o producción audiovisual, y no meramente conocer el impreso a través de la lectura o recitación por un tercero, o escuchando o viendo la grabación sonora o producción audiovisual, como ocurre en la difusión de los programas que emiten los medios de radiodifusión sonora o televisiva.

Se añadió que ello es sin perjuicio de cumplir los demás requisitos que señale la ley, los cuales, por ejemplo, en el caso de las obras impresas, están indicados en el artículo 55 de la Ley sobre Propiedad Intelectual y, en el caso de las grabaciones sonoras o fonogramas, en el artículo 68 del mismo cuerpo legal.

Con las modificaciones señaladas, el precepto fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín y Otero, salvo la abstención de este último en el punto expresado en su oportunidad.

Artículo 15

Contempla el denominado "depósito legal", ordenando el envío a la Biblioteca Nacional de dieciocho ejemplares de los impresos que publique cualquier establecimiento impresor, entendiendo para estos efectos por impreso toda reproducción del pensamiento humano por medio de la imprenta, o de discos, cintas magnetofónicas, mimeógrafos, material fílmico o audiovisual u otros procedimientos similares, que estén destinados a ofrecerse al público.

Del mismo modo, obliga a los importadores de alguno de los materiales señalados que estén destinados a circular en el país a enviar dos ejemplares de cada uno de ellos, cuando el conjunto internado sea igual o superior a mil anuales.

Consultado el señor Ministro Secretario General de Gobierno sobre el actual funcionamiento del depósito legal, informó a la Comisión que sólo es enviada una parte ínfima del material discográfico, audiovisual o sonoro; que lo fundamental radica en el envío de libros, ya que ello le permite a la Biblioteca Nacional, aún cuando no es el objeto de este depósito, efectuar donaciones a las Bibliotecas regionales; y que, en cuanto a los diarios, el número actual de quince ejemplares resulta exagerado, a la vez que oneroso para los diarios regionales.

Los señores integrantes de la Comisión estimaron excesivo el número de dieciocho ejemplares que establece la H. Cámara de Diputados para efectos del depósito legal, habida consideración a que la actual norma, el artículo 4° de la ley N° 16.643, contempla la obligación de enviar quince, que el proyecto del Ejecutivo había propuesto reducirlos a ocho, y que el señor Ministro Secretario General de Gobierno, luego de evaluar la situación, manifestó a la Comisión que podrían ser suficientes cinco ejemplares.

Sobre el particular, la Comisión tuvo presente las observaciones recibidas de la Asociación Nacional de la Prensa en orden a que esta medida carece de justificación y representa un gravamen de dudosa constitucionalidad, por contravenir la igualdad ante la ley y la igualdad en el trato económico que el Estado debe dar a los particulares, consagrados en los números 2 y 20 del artículo 19 de la Constitución Política. Añadió esta entidad que, como los ejemplares son de costo de los respectivos medios, significa para algunos de ellos, especialmente, los de carácter regional, una carga de cierta magnitud, y subrayó que estos, desde hace algún tiempo, en virtud de un acuerdo con la Biblioteca Nacional, le envían sólo siete ejemplares.

Dicha Asociación hizo notar, por otro lado, que, de conformidad al reglamento respectivo, del total de envíos hechos a la Biblioteca Nacional, cuatro ejemplares quedan en la sección chilena; dos, para atención del público; dos, en reserva; uno, para la Biblioteca del Congreso Nacional, y otro para la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, repartiéndose el resto en las Bibliotecas públicas. A su juicio, esta enumeración es la mejor muestra de lo anacrónico y discrecional de esta disposición, que oculta un subsidio de las empresas periodísticas a entidades estatales de Chile y el extranjero.

En el mismo sentido, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile estimó que la obligación de enviar dieciocho ejemplares es obviamente exagerada y alejada de las necesidades reales de la Biblioteca Nacional.

Por su parte, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos estimó que debía conservarse el número de quince ejemplares, que actualmente contempla la normativa legal, ya que su disminución sería de funestas consecuencias para la Biblioteca Nacional y podría llegar a implicar el cierre de algunas secciones. Con todo, aceptó que el depósito fuese hasta de esa cifra, la que podría disminuirse en el Reglamento, a fin de discriminar, según la naturaleza de la publicación, el número de ejemplares que realmente se requieren por la Biblioteca.

La Comisión de la Biblioteca Nacional, en documento que hizo llegar a esta Comisión, manifestó que “con el depósito legal la Biblioteca Nacional debe mantener dos ejemplares al público (préstamo en Sala), dos ejemplares a la reserva (para las generaciones futuras), un ejemplar a la sección Lectura a Domicilio. Además se debe proveer a las bibliotecas regionales y a través de ellas a las trescientas bibliotecas públicas, distribuidas a lo largo del país, cumplir con los convenios establecidos con las bibliotecas del Congreso de Chile, y con el Congreso de Estados Unidos y mantener el canje internacional con otras instituciones”.

Similares antecedentes proporcionó la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

Razonó la Comisión, sobre el particular, que la carga pública que significa el depósito legal no puede extenderse a satisfacer actividades que la Biblioteca debería financiar con cargo a su propio presupuesto o a fondos especiales, como los que contempla la Ley Nº 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura.

En otro orden de consideraciones, la Comisión juzgó que la definición de impreso que consigna esta norma es de una amplitud tal, que lleva, en la práctica, a que todas las reproducciones del pensamiento humano debiesen ir a depósito, lo que resulta excesivo, y superaría la capacidad real de la Biblioteca Nacional para procesar el material que tendría que recibir.

Existió consenso en su seno, como en los señores representantes del Ejecutivo, que lo que resulta fundamental es el envío de ciertos documentos o publicaciones a la Biblioteca Nacional, como son los libros, periódicos y revistas que se imprimen en el país y que estén destinados a ofrecerse comercialmente al público.

Como la realidad económica y organizacional de las editoriales y los medios de comunicación social escritos existentes en el país hacen aconsejable efectuar, para estos efectos, una regulación diferenciada, se resolvió distinguir si se trata de libros, o de periódicos y revistas. En el caso de los libros, se diferencia según el número de ejemplares que contemple la respectiva edición: si ella es de mil o más, serán diez los ejemplares a enviar al depósito legal; si es de un número inferior, sólo deberán ser remitidos cinco libros. En cuanto a los diarios y revistas, por su parte, la distinción se funda según el ámbito de circulación: si es de carácter nacional, serán diez los ejemplares, y si es regional, provincial o comunal, el número será de cinco.

En segundo término, atendido que el lato concepto vigente de impreso comprende también las grabaciones sonoras o producciones audiovisuales, que hoy están sujetas a la misma obligación de depósito, se estimó pertinente contemplarlas, pero en un número más reducido, de sólo dos ejemplares de cada una de ellas.

En todos estos casos, se especificó que el cumplimiento de la obligación recae sobre la persona o establecimiento responsable de la impresión respecto de los libros, diarios o revistas o producción en caso de las grabaciones sonoras o producciones audiovisuales, haciendo referencia expresa al artículo anterior, con lo que queda de manifiesto, como se señaló con anterioridad, que el depósito legal únicamente está referido a aquellas impresiones o producciones hechas en el país, y destinadas a ofrecerse comercialmente al público, en relación con las cuales encuentra su verdadera razón de ser la misión de la Biblioteca Nacional de asegurar el acopio y la preservación de la “memoria colectiva de la Nación”, como ella misma señala.

No se comprende en él, por consiguiente, otro tipo de impresos ni producciones, lo que excluye, entre otros casos, el del material que se interna al país o que se distribuye gratuitamente.

En consecuencia, y en los términos que se han señalado, se sustituyó este artículo por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Larraín, Hamilton y Sule.

Artículo 16

Establece la obligación de las estaciones de radiodifusión sonora o televisiva de dejar copia, y guardarla por treinta días, de toda transmisión de noticias, entrevistas, charlas, comentarios, conferencias, disertaciones, editoriales o discursos, efectuada en sus programas de origen nacional.

La Comisión se manifestó a favor de esta disposición, pero estimó que el plazo de conservación de la copia es excesivo y más gravoso para los canales de televisión y estaciones de radiodifusión que el vigente de veinte días, que prefirió mantener. Además, observó que la enumeración de programas que se considera no resulta del todo comprensiva de los debates, a los cuales incorporó en forma expresa.

Con esas enmiendas y otras de forma, fue aprobado en forma unánime, por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículos 17, 18 y 19

Contemplan las sanciones por las infracciones a las disposiciones de este título, consistentes en multas expresadas en unidades tributarias mensuales y, en determinados casos, la suspensión del medio; la competencia del juez del crimen del domicilio del medio de comunicación social, y la prescripción en seis meses de las acciones para perseguir las infracciones cometidas.

La Comisión estudió la conveniencia de que el conocimiento de estas materias se entregue al juez de letras en lo civil, a diferencia del texto aprobado en el primer trámite constitucional, que declara competente al juez de letras del crimen que corresponda al domicilio del medio de comunicación social. Tuvo en cuenta que la Excma. Corte Suprema observó que el actual artículo 8° de la Ley de Abusos de Publicidad da competencia al Director de la Biblioteca Nacional, en primera instancia, y al Juzgado de turno de mayor cuantía en lo civil de asiento de Corte de Apelaciones que corresponda, en segunda. Agregó ese alto tribunal que, siendo la materia de carácter netamente administrativo, y no criminal, no advertía la conveniencia de traspasar estos asuntos a la justicia penal, por lo que debería sustituirse el juzgado del crimen por el juzgado civil de turno, que corresponda al domicilio del medio de comunicación social.

Cabe recordar que las infracciones de que se trata son el incumplimiento de los requisitos para la constitución y funcionamiento de los medios de comunicación social entre ellos las exigencias respecto de sus propietarios, presidente, administradores, representantes legales y director responsable, la mantención actualizada de sus datos, la información sobre iniciación de actividades y la comunicación de los cambios que se produzcan, como también las obligaciones de poner en un lugar destacado del medio los datos de su propietario y representante legal, colocar el “pie de imprenta”, observar el depósito legal y conservar copia de determinadas transmisiones.

Después de evaluar la situación, la Comisión optó por entregar competencia para conocer y resolver las denuncias por estas infracciones al juez de letras en lo civil, aceptando de esta forma la sugerencia de la Excma. Corte Suprema.

En lo que se refiere a la sanción aplicable por el incumplimiento de estos requisitos y obligaciones, la Comisión acogió el mínimo aprobado por la H. Cámara de Diputados de dos unidades tributarias mensuales, pero, en cambio, disminuyó el monto máximo de la sanción a treinta unidades tributarias mensuales, en vez de cincuenta. Por otro lado, teniendo en vista especialmente la situación que hoy ocurre con el depósito legal, en que el infractor es ordenado al pago de la multa pero no entrega los ejemplares en la Biblioteca Nacional, contempló la obligación de que el juez, en su sentencia, fije un plazo para que el denunciado de cabal cumplimiento a la norma infringida, si procediere.

Le pareció adecuada, además, la norma contemplada en el inciso cuarto del artículo 7º vigente, que dispone la aplicación de nuevas multas por cada publicación o trasmisión que se haga sin haber cumplido la obligación respectiva, y la incorporó en el nuevo artículo.

Adicionó la disposición, por otro lado, dándole carácter de acción pública a las que tengan por objeto efectuar tales denuncias, sin perjuicio de que, en particular, pueda formularlas el Gobernador Provincial o el Intendente Regional si no se les informa la iniciación de actividades del medio de comunicación social, y el Director de la Biblioteca Nacional tratándose de la misma infracción y de la vulneración del depósito legal.

También resolvió regular en forma especial el procedimiento que aplicará el juzgado civil, procurando conciliar su expedición con la observancia de las reglas básicas de un debido proceso.

Por último, estableció el plazo especial de un año para la prescripción de las acciones para perseguir las infracciones a las obligaciones de colocar el “pie de imprenta” y efectuar el depósito legal. Tuvo en cuenta para ello que, de acuerdo a lo manifestado para este último por la Comisión de la Biblioteca Nacional, el actual plazo de seis meses es insuficiente, “teniendo en cuenta la poca voluntad de los impresores por cumplir con esta disposición y lo largo y extenso del país que dificulta la detección de las publicaciones de las diversas imprentas”.

Desde el punto de vista formal, la Comisión prefirió conformar con estas disposiciones un párrafo especial del Título IV. Este Título desarrolla los delitos que se cometen a través de los medios de comunicación social y los que se perpetran contra la libertad de opinión y de información, pero, por la conveniencia de dar un tratamiento orgánico a todo lo relativo a responsabilidad y sanciones, se decidió ampliarlo también a las infracciones.

Tales acuerdos fueron adoptados en forma unánime por los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Título III

Del derecho de aclaración y de rectificación

Al iniciarse la discusión de este Título, se observó por los señores integrantes de la Comisión que sería apropiado encabezarlo con el concepto del derecho de que se trata, al igual que el artículo 1º desarrolla el contenido de la libertad de emitir opinión y la de informar. Siguiendo también el parámetro de la Constitución Política, se decidió reproducir el inciso tercero del número 12 del artículo 19 del texto fundamental.

En esa idea, se consideró un artículo nuevo que otorga a toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social el derecho para que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida por el mismo medio en que la información hubiera sido emitida, en las condiciones establecidas en este proyecto de ley.

Tal disposición fue aprobada por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín y Sule.

Artículo 20

Dispone la obligación de todo medio de comunicación social de difundir gratuitamente, de acuerdo con lo que establece el artículo 19, N° 12, párrafo tercero, de la Constitución Política, la aclaración o la rectificación que le sea dirigida por cualquiera persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por alguna información emitida a través de él.

Impone asimismo esta obligación respecto de la aclaración que presente una persona natural o jurídica que haya sido deliberadamente silenciada con respecto a un hecho u opinión de importancia o trascendencia social. Cabe hacer presente que este inciso fue declarado inconstitucional en el fallo del Tribunal Constitucional de 30 de octubre de 1995. [14]

Hace aplicable este deber aun cuando la información que la motiva provenga de una inserción o de declaraciones de terceros, caso en el cual el medio podrá cobrar el costo en que haya incurrido por la aclaración o la rectificación a quien haya ordenado la inserción o efectuado la declaración que la motivó.

Advierte que las aclaraciones y las rectificaciones deben circunscribirse al objeto de la información que las motiva y su extensión no será superior a la de ésta; el director del medio no podrá exigir que tengan menos de trescientas palabras, y el afectado que tenga más de mil. Respecto de la televisión y de la radiodifusión sonora, el límite máximo será de dos minutos.

Establece, por otra parte, el derecho de toda persona a que se corrijan las inexactitudes, omisiones o falsedades de los datos que sobre ella se encuentren registrados en alguna base de datos computacionales, pública o privada, acreditando tal circunstancia a través de medios probatorios suficientes y a que se le otorgue la certificación de haberse hecho la enmienda. Regula además el procedimiento aplicable.

Observaron los HH. Senadores integrantes de la Comisión que la extensión del derecho de aclaración y de rectificación para el caso de que la ofensa o alusión injusta provenga de una declaración de terceros diferenciando este caso de la regla general de que haya sido hecha por un medio de comunicación social, resulta de poca claridad y se prestaría para interpretaciones, por lo que se prefirió suprimirla. Lo anterior, al contrario de la inserción contratada por terceros, que es una situación perfectamente determinada, respecto de la cual estuvieron de acuerdo en concederle al medio de comunicación social el derecho para cobrar el costo de la aclaración o rectificación a quien hubiera ordenado la inserción.

Los HH. Senadores señores Bitar y Muñoz Barra formularon indicación para eliminar los incisos segundo y tercero de esta disposición. Fue rechazada, en forma unánime, ya que, el inciso segundo debe entenderse excluido del proyecto, por la declaración de inconstitucionalidad dictada por el Tribunal Constitucional, y el inciso tercero, referido sólo a la procedencia del derecho respecto de las inserciones contratadas por terceros, reproduce la norma vigente y se ajusta al marco constitucional aplicable.

Uno de los aspectos que mereció un especial estudio de la Comisión fue el relativo a la extensión que puede ocupar la aclaración o rectificación en los medios de comunicación social, considerando que la propuesta en algunos casos pudiera ser excesiva y en otros, en cambio, insuficiente, así como que, por regla general, la difusión que la motiva produce efectos de una envergadura mucho mayor, ya sea por razones de tiempo, espacio, ubicación o de otra especie. Le preocupó especialmente la posibilidad que se contempla, en forma implícita en el proyecto, de que el director del medio pueda imponer exigencias respecto de la extensión de la aclaración o rectificación.

Con esta finalidad, se acordó establecer como límite de la aclaración o rectificación mil palabras o, en el caso de la radiodifusión sonora o televisiva, dos minutos, exigiendo siempre que se limiten al objeto de la información que las motiva.

Analizó también la Comisión la duración del plazo de veinte días, contado desde la fecha de la difusión, que se contempla para que se requiera la aclaración o rectificación.

La mayoría de la Comisión integrada por los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, estuvo por mantenerlo, ya que concuerda con el período por el que debe conservarse copia de la transmisión, de acuerdo al artículo 16, que pasa a ser 15 en el texto que proponemos. El H. Senador señor Fernández, en voto disidente, se declaró partidario de reducirlo a la mitad, por considerarlo excesivo atendida la velocidad de las comunicaciones modernas.

Por último, al analizar las normas que regulan el denominado "habeas data" o derecho de corrección de las inexactitudes o errores en los datos personales que figuren en una base de datos, la Comisión coincidió en que esta materia no es propia del proyecto de ley en informe; su inclusión en esta iniciativa podría entenderse en el sentido de que se concede a cualquier persona la posibilidad de acceder a la información de que disponen los medios de comunicación social para desarrollar sus actividades; y está siendo regulada específicamente en otro proyecto de ley. [15] Consecuentemente, decidió su eliminación.

De conformidad a lo anterior, la Comisión aprobó esta disposición con cambios, por la unanimidad de los HH. Senadores integrantes de la Comisión, señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule, con la excepción señalada en su momento.

Artículos 21 y 62.

El artículo 21 establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62, todo interesado podrá solicitar directamente de las emisoras de radiodifusión sonora o televisual la entrega de las copias o cintas de las noticias, entrevistas, charlas, comentarios, conferencias, disertaciones, editoriales o discursos que transmitan, a su costa, para lo cual tendrán un plazo de tres días desde que sean requeridas.

Agrega que el requerimiento al medio de comunicación social en que se solicite que se publique o emita la aclaración o rectificación deberá ser dirigido a su director o a la persona que deba reemplazarlo, dentro del plazo de 20 días, que se cuenta desde la fecha de la difusión que la motive. La notificación del requerimiento a dichas personas deberá hacerse por el notario o receptor judicial, sin necesidad de orden judicial, por medio de una cédula que deberá contener en forma integra el texto de la respuesta.

El artículo 62, a su turno, dispone que el tribunal del crimen competente, a petición del interesado, motivada en la posible comisión de un delito y a su costa, podrá requerir, de las emisoras de radiodifusión sonora y televisiva, el envío de las copias o cintas de las transmisiones aludidas, para ponerlas a disposición del solicitante, dentro de tercero día.

La Comisión observó que los dos últimos incisos del artículo 21 se refieren a la forma en que debe ejercerse el derecho de aclaración o rectificación, por lo que decidió incorporarlos como incisos finales del artículo 20 del texto aprobado en el primer trámite constitucional.

Además de cambios en su redacción, tendentes a hacerla más simple, se acogió la proposición efectuada por la Excma. Corte Suprema, para añadir la posibilidad de que el requerimiento se notifique a cualquier persona que se encuentre y atienda en el lugar de ubicación de la oficina principal o de las plantas de transmisión u oficina de ella, si fuere una estación radiodifusora o televisiva. [16]

En relación con el inciso primero del artículo 21, consideró la Comisión que la expresión “a su costa” que utiliza es amplia, y lleva a entender que incluye todos los gastos en que se incurra para reproducir la cinta en que está grabada la transmisión. En ese sentido, los medios de comunicación social subrayaron que el valor de la reproducción incluye tanto el material empleado, como el uso de equipos y la intervención de personal especializado.

Al respecto, la mayoría de la Comisión, integrada por los HH. Senadores señores Hamilton y Otero, con el voto en contra del H. Senador señor Fernández, resolvió acotar el costo que deberá pagar la persona que desee contar con esa copia, solamente al valor del material que se emplee. Cabe hacer presente que, tanto el Colegio de Periodistas como uno de los especialistas consultados, el profesor Tomás P. Mac Hale, estimaron incluso inadecuado el pago inmediato del material audiovisual que haya que reproducir porque podría hacer inoperante el derecho de aclaración y rectificación.

Por otro lado, se puntualizó que la copia que se entregue de la transmisión debe ser fiel, y, para alterar lo menos posible el funcionamiento ordinario del medio de comunicación social, se aumentó a cinco días el plazo para hacer entrega de ella.

Dichas disposiciones, y el resto del inciso primero, se aprobaron por la unanimidad de los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Otero.

Para una mejor sistematización, el artículo 62, que permite al interesado recurrir a la justicia para requerir la entrega de la copia, se contempló como inciso segundo del artículo 21, toda vez que guarda una correlación lógica con el inciso primero, que se acentuó expresando que la ocurrencia ante el tribunal procederá si el medio no hiciere entrega de la copia dentro de plazo o se negare injustificadamente a hacerlo.

Sin perjuicio de lo anterior, se observó en el seno de la Comisión que la ubicación de estos preceptos no es adecuada, ya que la solicitud de las copias que regula está directamente relacionada con el posterior ejercicio del derecho declaración y rectificación, y por lo tanto, la mención que se hace al interesado en el inciso primero debe hacerse con mayor propiedad al ofendido o injustificadamente aludido por un medio de comunicación social.

Por tal motivo, se estimó oportuno que esta norma, en los términos descritos, se contemple como el primer artículo del Título III. Tal acuerdo fue adoptado por los HH. Senadores señores Hamilton y Otero, contra el parecer del H. Senador señor Fernández.

En la forma que se ha señalado, los artículos 21 y 62 fueron aprobados por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Otero, con las excepciones apuntadas en su momento.

Los HH. Senadores señores Bitar, Hormazábal, Hamilton, Ominami y Sule presentaron una indicación, a la cual adhirió con posterioridad el H. Senador señor Gazmuri, a fin de incorporar un artículo nuevo que obliga al Instituto Nacional de Estadísticas a compendiar anualmente las estadísticas referidas a la venta de la prensa escrita que circule en el país y a la medición de audiencia de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva de libre recepción, nacionales y extranjeros, para lo cual deberá licitar cada cuatro años la confección de las referidas estadísticas. Le encomienda la fiscalización periódica de la ejecución del contrato, y establece que los recursos para el cumplimiento de estas funciones serán consultados anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

El Presidente de la Comisión, H. Senador señor Otero, declaró inadmisible esta indicación por ser inconstitucional, ya que de conformidad al artículo 62, inciso tercero, e inciso cuarto Nº 2º, de la Constitución Política, la iniciativa exclusiva en materias de administración financiera o presupuestaria del Estado y de funciones o atribuciones de los servicios públicos, a las que se refiere la indicación, corresponde al Presidente de la República.

Artículo 22

Regula las características con las que debe publicarse o difundirse la aclaración o la rectificación y la oportunidad en que debe efectuarse; consagra la obligación del director del medio de comunicación de difundirla, salvo que no se ajuste a las exigencias que debe cumplir, presumiendo su negativa en caso de que no se difunda dentro de plazo; y concede al afectado derecho a réplica según las reglas anteriores si el medio hace nuevos comentarios a la aclaración o rectificación.

Los HH. Senadores integrantes de la Comisión notaron que la disposición aprobada por la H. Cámara de Diputados innovó respecto del texto del Ejecutivo, que permitía que la aclaración o rectificación se publicara en un lugar o espacio distinto a aquel en el cual se efectuó la publicación que la motivó, lo que refleja de mejor modo la actual realidad periodística que, muchas veces, no hace posible publicarla en la misma página y con los mismos caracteres que la información observada. Igual cosa ocurre con los canales de televisión, que renuevan periódicamente su programación, de forma que es incierto que las mismas características de un programa concurran en otro.

Los señores representantes del Ejecutivo agregaron que en muchas ocasiones los diarios y revistas contemplan una sección especial en la que aclaran o rectifican informaciones difundidas, cual es la que usualmente se denomina "cartas al director". Sugirieron que la disposición que se contemple sea especialmente cuidadosa para permitir el uso de este mecanismo de reiterada ocurrencia, no sólo en nuestro país, que da al lector un conocimiento real de la rectificación o aclaración.

Existió consenso mayoritario en el seno de la Comisión de regular esta obligación con las características que se han señalado, es decir, permitir que la aclaración o rectificación se difunda con similares características de la información original, y, en el caso de los medios de comunicación social escritos, también en un lugar destacado de la misma sección o de otra destinada especialmente para ello. Así lo acordaron los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Otero, con el voto en contra del H. Senador señor Sule, quien se declaró partidario del texto aprobado en el primer trámite constitucional.

En cuanto a la oportunidad para que el medio cumpla con esta obligación, se estableció un lapso de veinticuatro horas siguientes a la entrega del requerimiento, o la más próxima transmisión del mismo programa, según opte el requirente. En caso de que fuese una publicación que no se difunda todos los días, deberá hacerse en la más próxima edición o transmisión.

Se compartió el criterio sustentado por la H. Cámara de Diputados sobre la responsabilidad del director del medio en orden a difundir la aclaración o rectificación, agregándose la posibilidad de excepcionarse de su cumplimiento, por el hecho de que ella suponga la comisión de un delito.

Finalmente, acogió el derecho a réplica del particular, que procede cuando el medio de comunicación, al publicar la aclaración o rectificación, hiciere nuevos comentarios.

En esa virtud, el artículo fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule.

Artículos 23 y 24

La primera de estas normas entrega al juez del crimen competente el conocimiento de la reclamación por las infracciones a las normas de los artículos anteriores, relativas al ejercicio del derecho de aclaración o de rectificación, solicitud que deberá acompañarse de los medios de prueba que le sirvan de fundamento.

La segunda, a su vez, contempla el procedimiento para el conocimiento y fallo de las reclamaciones a que se refiere el artículo anterior.

Además, faculta al tribunal para imponer al director del medio de comunicación social una multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales, en la misma resolución que ordene publicar la aclaración o la rectificación.

A continuación, castiga al director que desobedeciere la orden de publicar la aclaración o la rectificación como autor del delito de desacato establecido en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, y con una nueva multa de doce a veinte unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de decretarse la suspensión inmediata e indefinida del medio de que se trate. La multa y la suspensión serán impuestas de inmediato por el tribunal.

Sin perjuicio de lo anterior, habilita al propietario del medio de comunicación social o al concesionario de la estación radiodifusora o televisiva para solicitar que se alce la suspensión, bajo compromiso de insertar o difundir la respuesta en la primera edición o transmisión próximas. Si, alzada la medida, no se inserta o difunde la respuesta, se decretará la suspensión inmediata del medio, la que cesará de pleno derecho cuando se produzca la publicación.

Finalmente, dispone que la suspensión del medio de comunicación social no afectará el derecho de su personal para percibir todas las remuneraciones a que legal o contractualmente tuviere derecho, como si estuviere en funciones.

Uno de los aspectos en que centró su análisis la Comisión fue el relativo a las sanciones que se contemplan para el caso de que el director del medio no cumpla la obligación de publicar o emitir la aclaración o rectificación.

Sobre el particular, estimó primeramente la Comisión que era conveniente que el tribunal fijase un plazo dentro del cual deberá realizarse esa actuación, sin perjuicio de mantener la posibilidad de aplicar una multa al director, en caso de que su negativa frente al requerimiento del interesado haya sido injustificada.

Luego de ponderar las medidas a aplicar para el caso de que, vencido el plazo concedido por el tribunal, tampoco se difunda la aclaración, se convino en que, desde el punto de vista de instar por el cumplimiento efectivo de la orden judicial y satisfacer con ello el propósito de fondo de que se difunda la aclaración o rectificación, es suficiente que se aplique una multa más elevada que la que se puede imponer por la simple negativa a aceptar el requerimiento del interesado, y la suspensión inmediata del medio de comunicación social, la que se levantará desde el momento en que se cumpla con esta obligación en forma cabal.

En estrecha vinculación con la suspensión de las publicaciones o transmisiones, que la Comisión consideró la medida más efectiva para obtener que se dé a conocer al público la aclaración o rectificación, se aceptó la norma que persigue proteger a los trabajadores del medio de comunicación social, reconociéndoles el derecho a continuar percibiendo sus remuneraciones, si bien, en estricto derecho, resulta innecesaria. Esto, porque en virtud del artículo 21, inciso segundo, del Código del Trabajo, se entiende que el trabajador esté cumpliendo su jornada de trabajo cuando se encuentra a disposición del empleador sin realizar labor por causas que no le son imputables, como es justamente el caso de que se trata.

Se precisó, por otro lado, la responsabilidad solidaria, en cuanto al pago de las multas, del director y del propietario o concesionario del medio de comunicación social.

En lo que concierne a las materias de orden procesal, se mantuvo la actual competencia del juez de letras en lo criminal, y se prefirió hacer aplicable el mismo procedimiento ya aprobado para conocer y fallar las infracciones al título II de la ley, con sólo dos excepciones, derivadas de la diferente naturaleza de la infracción: la reducción del plazo para presentar los descargos y la omisión del término probatorio.

De esta forma, la Comisión decidió consultar tres artículos. El primero declara la competencia del juez del crimen para el conocimiento de estas materias; el segundo, da normas sobre procedimiento, y, finalmente, el tercero contempla las sanciones aplicables.

Al igual como se señaló con ocasión del análisis de los artículos 17, 18 y 19, estos artículos fueron trasladados al Título IV, con el objeto de dar un tratamiento orgánico a todo lo relativo a responsabilidad y sanciones.

En consecuencia, estos artículos fueron aprobados, con modificaciones, en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 25

Contempla el derecho de toda persona para exigir que los antecedentes, datos o relación de hechos propios de su intimidad o privacidad sean excluidos de un archivo de datos cuya finalidad sea transferirlos o difundirlos por cualquier medio, a menos que su inclusión tenga fundamento legal.

Por las mismas consideraciones que se tuvieron presente al discutir los dos últimos incisos del artículo 20, este precepto fue eliminado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule.

Artículo 26

Fija en veinte días, contados desde la fecha de la emisión, la prescripción del derecho a solicitar la aclaración o la rectificación.

Asimismo, considera como sujeto activo para el ejercicio de este derecho sólo a quien sea ofendido o injustamente aludido o deliberadamente silenciado, o a sus familiares, en caso de que hubiere fallecido, o a su representante en caso de ausencia o enfermedad. Para estos efectos, entiende por familiares de una persona al cónyuge y a los parientes en la línea recta por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado.

La Comisión compartió el tiempo de prescripción fijado en el primer trámite constitucional, pero no los titulares para el ejercicio de esta acción.

Desde luego, debe entenderse eliminada la posibilidad de que este derecho sea ejercido por la persona que hubiere sido "deliberadamente silenciada", toda vez que la norma del artículo 20 que lo establecía fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. [17]

Por otra parte, fue de parecer de que la persona afectada por una información, de conformidad a las reglas generales, tiene dos posibilidades de actuar: una, personalmente, y la otra, a través de sus representantes. Esta última posibilidad no puede estar limitada, como lo hace el proyecto, sólo a la hipótesis de que el afectado se encuentre impedido de hacerlo por enfermedad o ausencia. En consecuencia, lo que debe hacerse en la especie es reconocer la aplicación de la normativa común sobre la representación y el mandato. Esta última modalidad se prefirió contemplarla expresamente, para evitar dudas de interpretación.

Del mismo modo, se entendió necesario considerar una norma supletoria para el caso de fallecimiento de la persona ofendida o injustamente aludida, pero se discrepó de la extensión del parentesco que considera la disposición a los parientes hasta en tercer grado, como así del hecho de definir en una norma especial el concepto de familiares, resolviendo facultar directamente ejercer el derecho, en este caso, a los parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el segundo grado inclusive.

En estos términos se aprobó este artículo por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule.

Seguidamente, la Comisión debatió acerca de la conveniencia de precisar el alcance de derecho de aclaración o rectificación, en el sentido de que no procede respecto de las apreciaciones personales que se formulen en comentarios de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica o deportiva. Ello, sin perjuicio de la sanción a que puedan dar lugar estos artículos o comentarios, si por medio de su difusión se cometiere algún delito.

Una disposición en este sentido la contempla el artículo 15 de la Ley sobre Abusos de Publicidad, y resulta trascendente para el adecuado desempeño de los medios de comunicación social, puesto que podría verse restringida la libertad de opinión a su respecto si se dejasen sujetas tales críticas, que por su naturaleza recaen sobre temas esencialmente discutibles, a la aclaración o rectificación de quienes se sientan ofendidas o injustamente aludidos.

Se analizó en detalle la dificultad que conlleva en la práctica efectuar la distinción entre un análisis científico y lo que constituye una ofensa o alusión injusta. Por ello, se precisó que dichas apreciaciones personales deberían estar contenidas en “comentarios especializados” en algunas de las áreas de pensamiento reseñadas, a fin de equilibrar en mejor manera la libertad de opinión del medio de comunicación social y el derecho del particular a no ser ofendido ni injustamente aludido.

La moción de “comentarios”, a su vez, permite incluir las expresiones orales, que no quedan con propiedad comprendidas dentro del concepto de “artículos” de la ley vigente.

En esa virtud, se aprobó incluir un artículo nuevo, al final de este Título III, en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule, con las modificaciones señaladas.

Título IV

De los delitos

Párrafo 1°

De los delitos cometidos a través de un medio de comunicación social.

Como se anticipó al reseñar la discusión habida sobre los artículos que sancionan las infracciones contempladas en los Títulos II y III de este proyecto, relativos a la iniciación de funciones de los medios de comunicación y el derecho de aclaración y rectificación, respectivamente, dichas disposiciones se trasladaron a este título, ubicadas en dos párrafos especiales.

El nuevo párrafo 1º, que proponemos en el texto que figura más adelante, se denomina “De las infracciones al Título II”, y el párrafo 2º “De las infracciones al Título III”. Consecuentemente, la denominación de este Título IV fue modificada por la de "De las infracciones y de los delitos", y el párrafo 1º cambia de numeración a párrafo 3º.

El acuerdo fue adoptado por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule.

Artículo 27

Sanciona al que, a través de algún medio de comunicación social, induzca directamente a la comisión de crímenes o simples delitos, con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

En el seno de la Comisión se observó que la disposición no describe expresamente la conducta que se está castigando, a diferencia del actual artículo 17 de la Ley de Abusos de Publicidad, que hace referencia a la inducción directa para cometer determinados hechos, específicamente los delitos de homicidio, robo, incendio o estragos. Esa circunstancia la hace susceptible de ser objeto de reparo por inconstitucionalidad, a la luz del inciso final del artículo 19, Nº 3, de la Carta Fundamental.

Sin perjuicio de lo anterior, la inducción directa a la comisión de un crimen o simple delito constituye una forma de autoría, de acuerdo al artículo 15, Nº 2, del Código Penal. En consecuencia, la consagración de esta figura podría significar privilegios o rigores injustificados en cuanto a la pena, dependiendo de aquella que tenga asignada la conducta a que se induzca.

Por otro lado, tuvo en cuenta que, respecto de delitos de particular gravedad como son los que describe la Ley Nº 12.927, de Seguridad del Estado, entre ellos el alzamiento contra el gobierno constituido en el artículo 4º o los atentados contra el orden público en el artículo 6º, se contemplan precisamente como verbos rectores de parte importante de esas conductas los de incitar, inducir, promover o fomentar. Esos delitos contra la seguridad del Estado, de acuerdo al artículo 16 de la referida ley, pueden cometerse también “por medio de la imprenta, de la radio o de la televisión”

De esta manera, la conducta que se desea reprimir mediante esta disposición ya está comprendida tanto en leyes especiales, como la Ley de Seguridad del Estado, como en las normas generales de autoría consignadas en el Código Penal, lo que hace redundante su inclusión, además, en esta iniciativa de ley.

Puesto en votación, el artículo fue rechazado por mayoría de votos. Votaron en contra los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Sule, y lo hizo a favor el H. Senador señor Otero, quien previno que lo hacía sólo porque estimaba que sería útil estudiar la conveniencia de incorporar esta norma en el Código Penal, con los ajustes que fuesen necesarios, en la medida en que la inducción a la comisión de crímenes o simples delitos puede hacerse de múltiples formas, una de las cuales es a través de un medio de comunicación social; añadiendo que estaba de acuerdo en que no era propio incluirla en el proyecto de ley en informe.

El debate que sostuvo la Comisión con motivo de esta disposición la llevó a fijar un criterio general para analizar los demás preceptos del proyecto, que seguidamente se describen, en los que se contemplan diversas figuras penales que se cometen en el ejercicio de las libertades de opinión y de información.

Estimó, al efecto, que, desde un punto de vista jurídico, resulta innecesario describir en esta ley conductas que ya están sancionadas en el Código Penal o en leyes penales especiales, más aún si se piensa que el solo hecho de que se realicen a través de un medio de comunicación social no importa necesariamente que su autor tenga una vinculación con éste sea propietario o concesionario, representante legal, director, periodista, etcétera, puesto que puede tratarse de una tercera persona que lo utilizó como medio de comisión del delito, por ejemplo, solicitando la difusión de una inserción pagada.

Ahora bien, si quien realiza la conducta descrita es una persona que se desempeña en un medio de comunicación social, debería quedar sometida a las reglas que castigan dicha conducta cuando es cometida por cualquier persona, sin perjuicio de las excepciones que contempla el legislador en atención al mayor o menor reproche social que merezca.

Ello guarda concordancia, además, con el hecho de que la obligación constitucional de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar recae sobre todos quienes las ejercen, y no únicamente sobre los que lo hacen a través de un medio de comunicación social.

Esa línea de reflexión es plenamente congruente con lo dispuesto en el artículo 19, N° 12, inciso primero, y en la disposición quinta transitoria, de la Constitución Política. Como se acaba de recordar, la primera de tales normas exige que los delitos y abusos que se cometan con motivo del ejercicio de las libertades de opinión y de opinión estén regulados en ley de quórum calificado. La disposición quinta transitoria, por su parte, establece que se entenderá que las leyes en vigor, a la fecha de entrada en vigencia de la Carta Fundamental, sobre materias que conforme a la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales.

Lo anterior significa que debe entenderse que todas las normas legales vigentes al 11 de marzo de 1981 que tipifican y sancionan delitos y abusos que se cometan con motivo del ejercicio de las libertades de opinión y de información entre ellos, en la parte pertinente, el propio Código Penal y la Ley de Abusos de Publicidad y no son contrarios a la Carta Fundamental, son de quórum calificado y siguen aplicándose “mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales”, o sea, mientras no se modifiquen o deroguen por las leyes que en virtud de la Constitución están llamadas a regular las respectivas materias, las cuales, en esta parte, necesariamente deberán aprobarse con quórum calificado.

Es evidente, por tanto, que el sentido que tiene la disposición quinta transitoria, al hacer referencia a la dictación de “los correspondientes cuerpos legales”, es aludir a los cuerpos legales que procedan de acuerdo a la materia respectiva.

Este sería, por ejemplo, el Código Penal mismo, en lo que respecta a los delitos de injurias y calumnias. El caso de estos delitos es particularmente ilustrativo, porque resulta lógico pensar que el Constituyente quiso mantenerlos en el cuerpo legal en que se encuentran y que es completamente adecuado por su naturaleza punitiva y general, mientras no se dicte un nuevo Código Penal. Sin perjuicio de ello, se entiende que los delitos de injurias y calumnias, cometidos en ejercicio de las libertades de opinión y de información, tienen quórum calificado en virtud de la disposición quinta transitoria.

Por otra parte, si bien la determinación de que un delito se comete o no en ejercicio de tales libertades es una materia que debe dilucidarse caso por caso, parece razonable pensar que no puede atenderse a su sola forma de comisión que se haya ejecutado verbalmente o por escrito con prescindencia de cualquier otra consideración, puesto que no es una mera opinión la de “levantar la voz en sentido subversivo” (como describe el artículo 275 del Código de Justicia Militar el delito de sedición) o, “de palabra o por escrito”... propiciar la incorporación de todo o parte del territorio nacional a un Estado extranjero, conducta que pena el artículo 1º, letra b), de la Ley de Seguridad del Estado.

La Comisión estimó útil, para dejar de manifiesto que la vigencia de las demás disposiciones penales existentes en otros cuerpos legales en relación con el ejercicio de las libertades de opinión y de información no se ve afectada por la aprobación de esta iniciativa de ley, contemplar, junto a la derogación orgánica de la Ley sobre Abusos de Publicidad, una disposición que declara expresamente en vigor las normas legales existentes en materia de libertad de opinión y de información, mientras no sean derogadas o modificadas por una ley de quórum calificado, y en la medida en que no fueren contrarias a la Constitución Política.

El nuevo precepto, como inciso segundo del artículo 49 que proponemos, fue aprobado por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Sule, y la abstención del H. Senador señor Larraín.

Artículo 28

Castiga con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales al que, por cualquier medio de comunicación social, realice publicaciones o transmisiones que conciten el odio, la hostilidad o el menosprecio respecto de personas o colectividades en razón de su raza, religión o nacionalidad. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias mensuales.

Existieron dudas en la Comisión sobre el mérito de aplicar el máximo castigo que contempla la potestad sancionadora del Estado, cual es el penal, respecto de publicaciones de transmisiones que conciten el “menosprecio” de una persona o colectividad en razón de su raza, religión o nacionalidad, por los elementos subjetivos que envuelve ese concepto, si se considera que “menospreciar” consiste en “tener a una cosa o persona en menos de lo que merece”, de acuerdo al Diccionario. Si bien se reconoció que precisamente la labor fundamental de la judicatura es la de determinar el real sentido y alcance de una norma jurídica, y le corresponderá a ella interpretar la ley en cada caso concreto, se estimó discutible que se satisfaciera en la especie la exigencia constitucional de descripción expresa de la conducta punible. Además, en lo que atañe a la televisión abierta y limitada, el rechazo de estos actos esté implícito en el valor que se asigna a la “dignidad de las personas” en el artículo 1º de la ley Nº 18.838, cuya vulneración faculta al Consejo Nacional de Televisión para aplicar las sanciones previstas en dicha ley, de oficio o a petición de un interesado.

En virtud de estas consideraciones, el H. Senador señor Hamilton formuló indicación para eliminar de este artículo la palabra “menosprecio”. Puesta en votación, recibió los votos favorables de su autor y del H. Senador señor Fernández, y las abstenciones de los HH. Senadores señores Otero y Sule. Al repetirse las abstenciones en la segunda votación, se sumaron reglamentariamente a la mayoría, con lo que resultó aprobada la indicación.

El H. Senador señor Otero hizo la prevención de que, tal como apuntó con ocasión del artículo anterior, esta disposición, en la medida que no sanciona al medio de comunicación social, sino que a la persona que se sirve de él para realizar una conducta determinada, debiera considerarse más bien en el Código Penal. En este contexto estaría apropiadamente relacionada con la moción que persigue incorporar a dicho Código el delito de genocidio (Boletín Nº 81907), la que se encuentra cumpliendo su segundo trámite constitucional en la H. Cámara de Diputados, desde 1993.

En los términos expuestos, fue aprobado en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule.

Artículo 29

Sanciona con multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales la atribución de hechos, noticias o documentos substancialmente falsos, o supuestos, o alterados en forma esencial, o imputados inexactamente a una persona, a través de algún medio de comunicación social, cuando ocasionare grave daño a la seguridad, el orden, la administración, la salud o la economía públicos.

Castiga además, con igual pena, la difusión de tales contenidos cuando fuere lesiva a la dignidad, el crédito, la reputación o los intereses de personas naturales y sus familiares o de personas jurídicas.

La Comisión estimó que este artículo merecía diversos reparos. Por una parte, la imprecisa redacción de su primer inciso toda vez que es posible atribuir hechos, pero no noticias ni documentos, y por otra, el hecho de que los atentados a que se refiere el inciso segundo sólo se justificarían en cuanto se afecten los intereses o la reputación de una persona jurídica porque los que se cometan contra personas naturales estarían cubiertos por el tipo general de injuria, lo que puede restringir la libertad de prensa, por el entrabamiento que significaría a la eventual difusión de hechos irregulares llevados a cabo por sociedades o empresas.

El H. Senador señor Fernández agregó que, a su juicio, la disposición ya está contenida, en lo sustancial, en el artículo 4º, letra g), de la Ley de Seguridad del Estado, por lo que resulta superfluo reiterarla.

Al respecto, siguiendo su línea de pensamiento ya expuesta, la Comisión estuvo por dejar entregada la materia a la regulación de la legislación punitiva general, y, en lo pertinente, a los otros tipos penales a que se alude en esta misma iniciativa.

Fue rechazado en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Larraín, y la abstención del H. Senador señor Otero, con lo que se dio por aprobada una indicación de los HH. Senadores señores Bitar y Muñoz Barra para suprimir el inciso segundo de este artículo.

Artículo 30

Contempla, como causal de extinción de la responsabilidad penal del medio de comunicación social, la rectificación completa y oportuna de las situaciones a que se refiere el artículo anterior, la que deberá ser considerada por el juez al apreciar el daño para los efectos de determinar la responsabilidad civil.

Indica, a continuación, las características que debe reunir la rectificación para que se entienda completa y oportuna.

Como consecuencia de haberse suprimido el artículo 29, que sirve de base a esta norma, fue desechada por unanimidad por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Larraín, y la abstención del H. Senador señor Otero.

Artículo 31

Sanciona al medio de comunicación social que, a sabiendas, publique documentos oficiales que tengan carácter secreto por disposición legal, con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales, la que se incrementa de veinte a cien unidades tributarias mensuales, en caso de que ocasione grave daño a la seguridad, el orden, la administración, la salud o economía públicos.

La Comisión fue de parecer de que esta conducta debe castigarse conforme a las reglas punitivas generales.

Se rechazó en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín y Otero.

Artículo 32

Castiga los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, con las penas corporales señaladas en el artículo 413, 418, inciso primero, y 419 del Código Penal, y con multas de veinte a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales en los casos del número 1 del artículo 413 y del artículo 418; de veinte a cien unidades tributarias mensuales en el caso del número 2 del artículo 413 y de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales en el caso del artículo 419.[18]

Este artículo recoge, con el sólo cambio de la unidad de valor en que está expresada la multa de sueldos vitales a unidades tributarias mensuales, el actual inciso primero del artículo 21 de la Ley sobre Abusos de Publicidad.

Respecto del inciso segundo de dicho artículo 21, que consulta el delito de chantaje, la Comisión aceptó el criterio del Instituto de Ciencias Penales, que estimó que la referida supresión no deja en la indefensión a quien sufra una situación semejante, desde que en la mayoría de los casos tales conductas podrán ser captadas por el tipo de amenaza de atentado, previsto y sancionado en los artículos 296 y siguientes del Código Penal.

En cuanto al inciso tercero del mismo artículo 21 de la Ley de Abusos de Publicidad, la Comisión estudió la conveniencia de mantenerlo, a continuación de la sanción de las injurias y no integrando el artículo siguiente, como figura en el proyecto puesto que aclara la naturaleza de éstas, en la medida que establece que no constituyen injurias las apreciaciones que se formulen en los artículos de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica y deportiva, a menos que el tenor de las mismas ponga de manifiesto el propósito de injuriar, además del de criticar.

En definitiva, siguiendo el mismo criterio utilizado con motivo del examen de la norma que se incorporó en el Título III de este proyecto de ley, sobre el derecho de aclaración y rectificación que, valga recordar, impide ejercerlo respecto de las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de cualquiera de las áreas del conocimiento anteriormente enunciadas, se aprobó por mayoría la incorporación, como inciso segundo de este precepto, de una norma de similar tenor, pero referida al delito de injurias. En consecuencia, las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados en dichas materias no constituirán injurias, salvo que su tenor pusiere de manifiesto que existe, además del propósito de criticar, el de injuriar.

En consecuencia, este artículo, que pasa a ser inciso primero, fue aprobado unánimemente por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule, y el inciso segundo, nuevo, por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín y Sule, con el voto en contra del H. Senador señor Otero.

El H. Senador señor Otero fundó su negativa en que el nuevo inciso segundo contradice el criterio básico de la Comisión de someter a las mismas reglas legales el ejercicio de las libertades de opinión y de información cualquiera que sea la persona que lo lleve a cabo.

Artículo 33

Reproduce los actuales incisos cuarto y quinto del artículo 21 de la Ley sobre Abusos de Publicidad, indicando las circunstancias en que se permitirá al inculpado de haber causado injuria por algún medio de comunicación social probar la verdad de sus expresiones, cuando hubiere imputado hechos determinados. En estos casos, si se probare la verdad de la imputación, el acusado será sobreseído definitivamente o absuelto de la acusación.

Repite, además, el actual inciso tercero de la misma disposición, en el sentido de que no constituirán injurias las apreciaciones que se formulen en artículos de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica o deportiva, salvo que su tenor pusiere de manifiesto el propósito de injuriar, además del de criticar.

Con el objeto de que se apliquen las reglas generales también en esta materia, y teniendo presente que ya se ha excluido del ámbito de las injurias a las apreciaciones personales contenidas en comentarios especializados sobre determinados temas, la Comisión estuvo por suprimir el artículo, y, consiguientemente, dar por aprobada una indicación presentada por los HH. Senadores señores Bitar y Muñoz Barra en ese sentido.

Fue rechazado en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 34

Castiga con multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales la que se duplicará en caso de reiteración o reincidencia la imputación, a través de un medio de comunicación social, de un hecho o acto falso relativos a la vida privada y pública y a la honra de una persona y de su familia, o que les cause injustificadamente daño o descrédito.

Sin perjuicio de lo anterior, permite al inculpado demostrar la verdad de la imputación y quedar exento de pena en los casos que señala, a menos que ella constituya por sí misma el delito de injurias a particulares.

La Comisión debatió extensamente los alcances constitucionales y legales de esta norma, habida consideración a que ella viene a dar aplicación al artículo 19, N° 4, inciso segundo, de nuestra Carta Fundamental. [19]

Este precepto encuentra sus antecedentes históricos en la Ley de Abusos de Publicidad originaria del año 1963, de la cual fue suprimido el año 1968, se le restableció en 1984 [20], y por último fue sustituido en 1991, en virtud de la ley N° 19.048, de 13 de febrero de dicho año.

Esta última ley tipificó como delito en el artículo 22 de la Ley sobre Abusos de Publicidad vigente hasta estos momentos, la imputación de hechos determinados, relativos a la vida privada o familiar de una persona, difundida a través de algún medio de comunicación social, efectuada sin su autorización, y que provocare a su respecto daño o algunas formas de descrédito, tales como hostilidad, el menosprecio o el ridículo.

La mayoría de los señores integrantes de la Comisión fueron de parecer de que la tipificación penal de estas conductas podría significar una seria limitación para el ejercicio de las libertades de opinión y de información; que el mecanismo idóneo para dar protección a los bienes jurídicos de que se trata es, en el ámbito penal, los delitos de injuria y de calumnia que ya contempla nuestro ordenamiento, y, en el ámbito civil, además de las acciones indemnizatorias a que dan lugar esos delitos, la aclaración o rectificación que también prevé la Constitución Política; y, por último, que debía revisarse el criterio del constituyente de prever el castigo de estas conductas como delito por parte del legislador.

Sobre el particular, los HH. Senadores señores Fernández y Hamilton comunicaron que presentarían sendas mociones, en concordancia con estos puntos de vista. [21]

Al término del debate, este artículo fue rechazado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

El H. Senador señor Hamilton justificó su voto negativo en la circunstancia de que, en algunas ocasiones para la prensa resulta inevitable caer en excesos, frente a lo cual no existen mecanismos eficaces para poder evitarlo, y el costo social que tendría restringir estas libertades sería muy superior a los beneficios que emanan de permitir su ejercicio en forma amplia.

En respaldo de esta afirmación citó lo expresado por S.S. el Papa Juan Pablo II, en la ciudad de Porto Alegre (Brasil). Exaltando la importancia y rol de los medios de comunicación, señaló que “su poder es tal que da fuerza a aquéllos de los que hablan y empequeñecen a los que calla”. Y agregaba que “pueden tener sus riesgos, como los de la cultura generalizada y, por consiguiente, reducida; de la pasividad y la emotividad y, por lo tanto, del empobrecimiento del sentido crítico; de la manipulación y, por ello, del impulso de la evasión y el hedonismo. Pero estos efectos no están precisamente ligados a la técnica y a sus medios, sino al hombre que se sirve de ellos”. [22]

El H. Senador señor Otero, por su parte, hizo presente que compartía el criterio que dio a conocer a la Comisión el Profesor de Derecho Constitucional y Ministro de Justicia a la época de aprobación de la ley Nº 19.048, don Francisco Cumplido Cereceda, en orden a que, si se produce superposición entre el derecho a la libertad de opinión y de información y el derecho a la intimidad y a la vida privada, la Carta Fundamental se inclina por privilegiar a esta última.

Añadió que su voto a favor de la supresión de la tipificación penal de estas conductas no obstaba a la responsabilidad civil de quienes las realizasen con motivo del ejercicio de estas libertades, y en consecuencia, el deber que les asiste de indemnizar los perjuicios ocasionados. Si bien podría estimarse que la forma normal para hacer efectiva esta responsabilidad sería ejerciendo la acción civil en el procedimiento por injurias, lo cierto es que, en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera resulta efectiva la propia acción penal, ya que los autores se excepcionan alegando la falta de "animus injuriandi".

En este orden de ideas, argumentó, el establecimiento de un sistema de libertad de informar en términos amplios necesariamente conlleva el de responsabilidad, en los mismos términos, por el material que se difunda cuando afecte la vida privada y pública y la honra de una persona y su familia. Y, como la mera aclaración o rectificación que el medio de comunicación social realice a petición del afectado, en numerosas ocasiones no restablece los valores conculcados, la indemnización pecuniaria del daño moral surge como el mecanismo idóneo para resguardarlos. Si no se entendiere así, sostuvo, estaríamos en presencia de la única actividad que estaría impune en Chile, ya que no asumirá responsabilidad por los actos que realice.

Artículo 35

Castiga con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de cien a doscientas unidades tributarias mensuales al que maliciosamente capte palabras o imágenes de otra persona, no destinadas a la publicidad, y con presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias mensuales a quien las difunda, sin el consentimiento del afectado, causándole daño o descrédito.

Durante el análisis que se produjo en el seno de la Comisión, la mayoría de los HH. señores integrantes estuvo por coordinar en mejor forma este artículo con los artículos 161A y 161B del Código Penal. [23]

Resulta oportuno recordar que el primero de dichos preceptos sanciona al que en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado; o sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado, o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Asimismo, pena al que difunda esas conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y hechos.

La segunda de estas normas sanciona al que pretenda obtener la entrega de dinero o bienes o la realización de cualquier conducta que no sea jurídicamente obligatoria, mediante cualquiera de los actos antes señalados, y agrava la pena en caso de que se exija la ejecución de algún acto o hecho que sea constitutivo de delito.

Sobre el particular, después de conocer la sugerencia del H. Senador señor Otero de modificar los artículos 161A y 161B del código Penal, y la proposición de los señores representantes del Ejecutivo de sustituir el artículo 35 en estudio, con el objeto de perfeccionar su redacción y de morigerar el ámbito de aplicación del artículo 161A, la Comisión se inclinó por entrar al análisis de la propuesta del Ejecutivo.

Esta propuesta, en síntesis, sanciona al que clandestinamente intercepte, grabe o reproduzca palabras o imágenes que no estén destinadas a la publicidad, para descubrir los secretos o la intimidad de otros, sin su consentimiento, como también al que difunda tales contenidos, sin consentimiento del afectado y produciendo a su respecto daño o descrédito. Por otra parte, excepciona de la aplicación del artículo 161A del Código a las personas que ejerzan funciones periodísticas y a los medios de comunicación social.

Revisada la proposición del Ejecutivo, se acordó modificarla en los siguientes aspectos:

incorporar la mención de los textos en la enumeración de lo que puede ser grabado, reproducido o interceptado, en el sentido de que comprenden cualquier material escrito, al igual como se entendió al definir a los medios de comunicación social en el artículo 2º del proyecto de ley en informe;

Sustituir la exigencia de clandestinidad con que actúa quien graba, intercepta o reproduce, por la de malicia en su actuar. Respecto de este concepto, el H. Senador señor Otero manifestó que se abstendría, por considerar que es una mera reiteración de la exigencia del dolo en la conducta que se describe, y

Cambiar la referencia a “las personas que ejerzan funciones periodísticas y a los medios de comunicación social” por la del “que actúe en ejercicio de las funciones amparadas por la presente ley”.

Al ser sometida a votación la proposición sustitutiva, resultó aprobada por cuatro votos contra uno. Lo hicieron por la afirmativa los HH. Senadores señores Hamilton, Larraín, Otero quien se abstuvo en lo relativo al uso de la noción de malicia y Sule y en contra lo hizo el H. Senador señor Fernández.

Este último justificó su negativa en su convicción de que lo apropiado en esta materia sería, simplemente, eliminar este precepto de la normativa que se está estudiando. Añadió que, dada su redacción, puede suponerse que quedan incluidas, personas que naturalmente trabajan con documentos privados, como son los historiadores y otros, quienes normalmente, por el tiempo transcurrido, no cuentan con la autorización del supuesto afectado que requiere el precepto para dar a conocer los documentos de que se trata.

Con la votación inversa, se dio por rechazada la indicación que presentaron los HH. Senadores señores Bitar y Muñoz Barra para eliminar el artículo 35 y modificar los artículos 161A y 161B del Código Penal.

Artículo 36

Prohíbe invocar como eximente o atenuante de responsabilidad civil o penal, la difusión de noticias o informaciones emanadas de juicios, procesos o gestiones judiciales pendientes o afinados, si con dicha difusión se cometiere alguno de los delitos que se sancionan en los artículos 32, 34, 35 y 38. Admite como excepción la difusión de noticias o informaciones de procesos o gestiones judiciales que hagan las publicaciones jurídicas de carácter especializado.

La Comisión concordó plenamente con el objetivo que persigue esta disposición, porque zanja la disyuntiva que se presentaba con anterioridad a los tribunales con ocasión del juzgamiento de las situaciones planteadas. La jurisprudencia, en síntesis, se dividía entre la que entendía que el ánimo de informar resulta excluyente del ánimo de injuriar, y la que, en cambio, consideraba que pueden coexistir, y en consecuencia, se ocasiona responsabilidad para el medio de comunicación que, al informar, difunde una injuria. [24]

El artículo que reitera lo señalado en el artículo 23 vigente de la Ley sobre Abusos de Publicidad, consagra esta última interpretación, en la idea de que la difusión, por sí misma, de determinadas informaciones puede ser constitutiva de delito. Existió igualmente consenso en el hecho de que, para demostrar que el medio cometió el delito de que se trate, se requerirá justificar la intención dolosa, que en el caso de la injuria, se concretizará en la presencia del "animus injuriandi".

Para una mayor claridad de la disposición, se prefirió señalar en el inciso primero de este artículo los delitos respectivos, en vez de indicar los artículos que los contemplan, con lo que la referencia quedó hecha a los delitos de calumnia, injuria, y ultraje público a las buenas costumbres.

Por otra parte, en relación con la excepción que contempla la disposición respecto de las publicaciones jurídicas de carácter especializado, se corrigió su redacción, en dos aspectos. En primer lugar, se prefirió utilizar el término que usa el precepto vigente de la Ley de Abusos de Publicidad, que hace procedente la excepción cuando los procesos o gestiones judiciales se encuentran afinados. Ahora bien, si ellos están pendientes, es decir, mientras no se dicte en la causa sentencia ejecutoriada, la excepción será aplicable siempre que no se individualice a los interesados. En esta última parte, la Comisión recogió la observación que formuló en el informe que la Excma. Corte Suprema hizo llegar al Senado el Ministro señor Valenzuela, y que está destinada a evitar la deshonra de las personas afectadas.

Con estas modificaciones fue aprobado en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Urenda, Otero y Sule.

Artículo 37

Prohíbe la divulgación, por cualquier medio de comunicación social, de la identidad de menores de dieciocho años de edad que sean autores, cómplices, encubridores o víctimas de delitos, o de cualquier otro antecedente que directa o indirectamente conduzca a ella, y castiga la infracción de esta prohibición con una multa de veinte a cien unidades tributarias mensuales.

La Comisión revisó, para los efectos de prohibir la divulgación de informaciones respecto de la identidad de personas que se vean relacionadas en algún delito, tanto la calidad como la edad que ellos pudieran tener.

En relación con los menores de edad, estuvo de acuerdo en mantener la prohibición respecto de los partícipes en delitos, sea como autores, cómplices o encubridores.

Eliminó, eso sí, la circunstancia que agrega el texto aprobado en el primer trámite constitucional de que la prohibición se extiende en general, a cualquier antecedente que “directa o indirectamente” conduzca a determinar la identidad, por la incertidumbre que añade a la norma, siendo que su alcance está suficientemente expresado en el concepto de “conducir” a esa finalidad.

Existió consenso, además, en la necesidad de incorporar a quienes tuviesen la calidad de testigos, que actualmente no se contempla, ya que su posible identificación puede afectar de manera importante la comprobación del hecho punible y la determinación de las personas de las partícipes.

Por otra parte, se observó que sería ser positivo que las víctimas menores de 18 años de edad pudieran ser identificadas a través de los medios de comunicación social, ya que ello podría provocar una respuesta social efectiva de reproche al delito en cuestión.

En este punto, se estimó atendible la sugerencia formulada por el Profesor de Derecho de la Información señor Tomás P. Mac Hale, en orden a incluir en la disposición la prohibición de divulgar la identidad respecto de las víctimas, cualquiera sea su edad, de delitos contra el orden de las familias y la moralidad pública, que se encuentran tipificados en el Título VII, del Libro II del Código Penal, como violación, abusos deshonestos y estupro a menos que ellas acepten que se difunda.

Dejó constancia la Comisión que, para este efecto, se requerirá de un consentimiento expreso, y no bastará la mera falta de oposición del afectado para que se dé a conocer su identidad por el medio de comunicación social.

De acuerdo a lo anterior, fue aprobado en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Urenda, Otero y Sule, con las modificaciones que se han señalado.

Artículos 38 y 39

El primero de estos preceptos pena el delito de ultraje público a las buenas costumbres cometido a través de algún medio de comunicación social, con prisión en su grado medio a reclusión menor en su grado mínimo y multa de dos a ochenta unidades tributarias mensuales. Para tal efecto, menciona las conductas que se consideran especialmente constitutivas de este delito.

La segunda de las disposiciones sanciona el ultraje público a las buenas costumbres, en cualquiera de las formas enunciadas en el artículo anterior, cuando su objeto sea la perversión de menores de dieciocho años de edad, con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de diez a ciento sesenta unidades tributarias mensuales.

La discusión de estos preceptos tuvo en consideración los artículos 373 y 374 del Código Penal, que integran el párrafo 8 del Título VII del Libro II, denominado “De los ultrajes públicos a las buenas costumbres”. [25]

Al examinarse los alcances de la primera de tales disposiciones, se concordó en que la incorporación, como elemento del tipo, del grave escándalo o trascendencia de los hechos a través de los cuales se ofende el pudor o las buenas costumbres no importa necesariamente publicidad, ni difusión de ellos a través de algún medio de comunicación social, porque, si bien podría estimarse que la trascendencia hace alusión a esa idea, no ocurre lo mismo en la moción de grave escándalo.

Ese hecho justifica, en opinión de la Comisión, que se aumente la sanción contemplada en los tipos bases del Código Penal, cuando ellos se perpetran a través de algún medio de comunicación social.

Desde otro punto de vista, la Comisión prefirió suprimir la mención de situaciones que, a vía ejemplar, se consideran constitutivas de ultraje público a las buenas costumbres en el artículo 38, para seguir el criterio del Código Penal, que no efectúa tal enumeración, y por estimar que algunos casos son demasiado amplios.

Por otra parte, los HH. Senadores integrantes de la Comisión compartieron la idea de sancionar de manera más severa el ultraje público a las buenas costumbres que tienda a la perversión de menores, caso que se contempla en el artículo 39.

No obstante, desde el punto de vista de la técnica legislativa, en la medida que tal precepto ha de aplicarse con carácter general, y no sólo cuando intervenga un medio de comunicación social, se prefirió incorporarlo como un artículo nuevo del Código Penal, a continuación de los tipos sancionados en los artículos 373 y 374, como nuevo artículo 374A.

Para tal efecto, el artículo 47, Nº 2, del texto que proponemos más adelante consulta la inclusión de ese artículo en el Código Penal.

El nuevo precepto dispone que las penas contempladas para los delitos sancionados en los artículos 373 y 374 se elevarán en un grado, y al doble cuando se trate de las multas, si el ultraje público a las buenas costumbres incitare o promoviere la perversión de menores de edad. En seguida, siguiendo el actual inciso cuarto del artículo 20 de la Ley sobre Abusos de Publicidad, se contempla la presunción legal de que se incita o promueve la perversión de menores cuando se empleen medios de difusión que, por su naturaleza, estén al alcance de los menores o cuando a un menor se ofrezcan, vendan, entreguen o exhiban escritos, figuras, objetos o imágenes pornográficos o contrarios a las buenas costumbres, o cuando el delito se cometiere dentro del radio de doscientos metros de cualquier establecimiento de educación o asilo destinado a niños y jóvenes.

En concordancia con el agravamiento de la pena cuando la conducta se realice a través de un medio de comunicación social, se consideró en el artículo 34 del texto que proponemos un inciso en virtud del cual, si la conducta perpetrada fuese la sancionada en el nuevo artículo 374A que se propone incorporar al Código Penal, la pena se impondrá en su tramo superior, esto es, con exclusión de su grado mínimo, tratándose de la pena privativa de libertad, o de la mitad inferior, tratándose de la multa.

Con estas adecuaciones, fueron aprobados ambos artículos en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule. Por consiguiente, se dieron por rechazadas, también por unanimidad, las indicaciones presentadas por los HH. Senadores señores Bitar y Muñoz Barra para eliminarlos.

Artículo 40

Da normas sobre la facultad que concede a los tribunales de justicia para suspender, hasta por veinte días, la divulgación de informaciones por cualquier medio de comunicación social, en juicios penales en estado de sumario, cuando existan antecedentes inequívocos y revestidos de seriedad de que la divulgación pueda entorpecer gravemente el éxito de la investigación, o atentar contra la seguridad del Estado o contra la garantía constitucional señalada en el artículo 19, N° 4, párrafo primero, de la Constitución Política de la República.

Al analizarse esta norma en la Comisión, se observó por los señores representantes del Ejecutivo que la prohibición de informar constituye una herramienta de ordinaria utilización por los jueces en determinados procesos, y que, de acuerdo a la normativa vigente, es de una amplitud significativa, entre otros motivos porque no hay una obligación expresa de fundarla, no aparece limitada a juicios penales y no está sujeta a una duración máxima determinada. [26] Por ello estimaron conveniente, en caso de que se decida mantener este instituto, regular completamente su ejercicio, toda vez que en muchas ocasiones la decisión judicial no aparece como revestida del debido fundamento.

En este mismo orden de ideas, señalaron que su mantención no parece del todo justificada si existe un respeto categórico y estricto de la institución del secreto del sumario. [27] La prohibición carece también de un sustento doctrinario plausible, como así también de un fundamento práctico, porque los problemas relacionados con el resguardo del orden público y de la seguridad ciudadana no le sirven mayormente como fundamento.

Sostuvieron que el tema que está realmente en juego es el de la correcta administración de justicia y de cómo la libertad de prensa se convierte en una herramienta adecuada para tal propósito. Pero, observaron, en muchas ocasiones, mediante el mecanismo de las prohibiciones, se llega a eliminar, en la práctica, la libertad de información, en circunstancias que, en la actualidad, los Tribunales de Justicia cuentan con los mecanismos idóneos para resguardar el secreto de su investigación, y si así no ocurriera, la vía legislativa para acometer ese objetivo debe ser el Código de Procedimiento Penal y no este proyecto de ley. Todas estas razones, a su juicio, hacen aconsejable en definitiva la supresión de una norma de esta índole, o al menos, que ella quede absolutamente determinada y circunscrita.

El H. Senador señor Fernández afirmó que esta disposición resulta absolutamente contraria a la libertad de opinión y de información, en los términos que la contempla la Constitución Política, y por lo tanto, todo recomienda eliminarla de la normativa que se está estudiando.

Estuvo de acuerdo con que el secreto del sumario debe ser resguardado de manera eficiente, pero sin llegar para ello a prohibir la divulgación de ciertas actuaciones judiciales, ya que la experiencia ha demostrado que impedir la publicación de ciertos hechos no evita su conocimiento. En consecuencia, si el fundamento de este precepto es que el conocimiento de ciertas actuaciones puede entrabar la investigación judicial, ha de reconocerse que ello no se logra. Tal situación resulta de absoluta claridad hoy en día, en que la globalización de las comunicaciones es un fenómeno creciente. Por lo tanto, una prohibición de esta índole irá en directo detrimento sólo de los medios de comunicación social nacionales, pero no impedirá, en definitiva, el conocimiento de la información por otros conductos.

En esa virtud, presentó una indicación proponiendo la eliminación del artículo 40.

A su vez, el H. Senador señor Sule manifestó que el secreto del sumario, tal cual se ha señalado, constituye la herramienta adecuada para salvaguardar el éxito de la investigación y la seguridad pública, y si es necesario perfeccionar las disposiciones que los regulan ha de hacerse en el Código de Procedimiento Penal, por lo que no resulta pertinente la mantención de una institución como la que se analiza.

Distinta opinión sustentaron los HH. Senadores señores Otero y Larraín, quienes estimaron que, en determinadas y precisas circunstancias, resulta aconsejable facultar al juez para prohibir la divulgación de determinadas actuaciones judiciales, a fin de lograr el éxito de la investigación. Expresaron que la determinación de esa medida debe referirse tanto al fondo, es decir, respecto de los hechos a que pueda ser aplicable, como en cuanto al período por el cual pudiera extenderse, de forma tal de terminar con la posibilidad de decretar prohibiciones indefinidas.

En su concepto, la prohibición de informar que pueda llegar a declararse en determinados procesos no debe ser entendida como atentatoria de las libertades de prensa y de información, sino como una medida que coadyuva al objetivo público de investigar adecuadamente los hechos que revisten caracteres de delito, por ejemplo, resguardando el secreto de la identidad de los testigos. Además precisaron ninguna de las diferentes organizaciones gremiales consultadas propugnó la eliminación de esta disposición, sino que solamente su regulación en forma más acotada, limitándola a que se decrete sólo una vez en cada instancia, o a que se precise que solamente procede respecto de un determinado juicio criminal en estado de sumario.

Puesta en votación la indicación supresiva del H. Senador señor Fernández, se produjo un empate, que se repitió al votarse nuevamente, por lo que la decisión quedó pendiente para la próxima sesión. Los HH. Senadores señores Fernández y Sule votaron por aprobarla, y los HH. Senadores señores Larraín y Otero lo hicieron por el rechazo.

En la sesión siguiente, se aprobó la indicación, y con ello la supresión de este artículo, por tres votos contra dos. A los votos por la eliminación de los HH. Senadores señores Fernández y Sule, se agregó el del H. Senador Hamilton. Por la negativa, y la mantención de la disposición, mantuvieron su decisión los HH. Senadores señores Larraín y Otero.

Artículo 41

Exime de responsabilidad penal a los medios de comunicación social respecto de la publicación de las opiniones vertidas por los parlamentarios en los casos señalados en el inciso primero del artículo 58 de la Constitución Política, demostrando su exacta conformidad con lo por ellos expresado. [28]

Del mismo modo, dispone que no habrá tal responsabilidad respecto de la difusión de las alegaciones producidas ante los tribunales de justicia.

La mayoría de la Comisión prefirió suprimir la exigencia de que se demuestre la exacta conformidad de las publicaciones de las opiniones vertidas por parlamentarios, en atención a que restringe injustificadamente el alcance de la exención de responsabilidad penal, puesto que la naturaleza misma de la labor periodística hace casi imposible que exista una conformidad “exacta”.

Por otra parte, introdujo algunos cambios de índole meramente formal, como hablar de “alegatos hechos” en vez de “alegaciones producidas” ante los tribunales de justicia.

Con modificaciones, el artículo fue aprobado por tres votos a favor y una abstención. Lo hicieron por la afirmativa los HH. Senadores señores Fernández, Otero y Sule, y se abstuvo el H. Senador señor Larraín, quien declaró que, en su concepto, la actual disposición, que hace referencia a documentos determinados, recoge de manera más adecuada lo que se pretende regular. [29]

Párrafo 2°

De los delitos cometidos contra las libertades de opinión y de información

En virtud de los cambios introducidos en la estructura de este Título por la incorporación de los nuevos párrafos 2º y 3º, este párrafo pasa a estar ubicado como 4º en el proyecto de ley que proponemos en su oportunidad.

El acuerdo fue adoptado por la unanimidad de la Comisión, integrada por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 42

Sanciona a la persona que, en el desempeño de funciones públicas, impidiere arbitrariamente la libre y legítima publicación de opiniones o informaciones a través de cualquier medio de comunicación social, fuera de los casos previstos por la Constitución [30] o la ley, con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cien unidades tributarias mensuales.

El análisis de este artículo se centró, fundamentalmente, en tres ideas o aspectos.

El primero fue la conveniencia de contemplar en esta legislación un tipo penal como el que se propone, habida consideración de que se encuentra vigente el artículo 158, Nº 1, del Código Penal, que castiga al empleado público que arbitrariamente “impidiere la libre publicación de opiniones por la imprenta en la forma prescrita por la ley”, disposición que el artículo 65 del mismo proyecto propone derogar.

Al respecto, la unanimidad de los integrantes de la Comisión estimó oportuno incluir en este proyecto de ley el tipo penal que se está analizando, porque se inserta de manera más orgánica en la regulación del ejercicio de las libertades de opinión y de información y el ejercicio del periodismo.

El segundo aspecto debatido consistió en precisar el sujeto activo de la conducta de que se sanciona, en cuanto pudiera resultar demasiado restrictivo sancionar únicamente a quien desempeñe funciones públicas.

En esta materia, se planteó por algunos HH. Senadores señores integrantes de la Comisión, y por los representantes del Ejecutivo, la posibilidad de incluir también al particular, afirmando que es perfectamente posible que una persona que no desempeñe una función pública impida el ejercicio legítimo de las libertades de opinión y de información.

A su vez, otros HH. señores Senadores observaron que este artículo reitera la situación que ya se encuentra regulada en nuestro ordenamiento legal, que responde a la idea de castigar solamente a determinados sujetos quienes ejercen funciones públicas, y en la medida que el obstáculo que interponen para ejercer estos derechos constitucionales carece de razón o fundamento jurídico plausible, sino que sólo responde a su voluntad, lo que queda de manifiesto al utilizar, tanto el artículo 158 del Código Penal, como el precepto que se analiza, la voz "arbitrariamente".

En definitiva, se decidió someter a votación la idea de que la norma se refiera sólo a quienes ejercen funciones públicas, la que fue aprobada de esta última por tres votos contra uno, y una abstención. Lo hicieron por la afirmativa, los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero, por la negativa se manifestó el H. Senador señor Hamilton, y se abstuvo el H. Senador señor Sule.

El H. Senador señor Hamilton fundamentó su voto en contra manifestando que cualquier persona, con independencia de las actividades que realice, puede afectar el libre ejercicio de las libertades de opinión y de información, y, existiendo tal posibilidad tanto para el funcionario público como para el particular, ambos deberían estar sometidos a una misma regla prohibitiva y a idéntica sanción.

Los HH. Senadores que conformaron la mayoría expresaron que su voto favorable a la idea de contemplar únicamente al funcionario público como sujeto activo responde al hecho de que la razón de ser de esta disposición es sancionar a quien actúa de manera arbitraria para impedir el ejercicio legítimo de estos derechos, configurando una situación de abuso del cargo público en la que, por su naturaleza, no puede incurrir nunca el particular.

Un tercer aspecto examinado fue el relativo a las sanciones que correspondería establecer, teniendo presente que el artículo 158, Nº 1º, del Código Penal contempla en forma alternativa una pena privativa de libertad y multa, y en cambio el artículo en informe las aplica en forma copulativa.

La Comisión, en forma unánime, fue de parecer de mantener el criterio sustentado por el Código Penal, por lo que contempló en forma alternativa la pena de reclusión menor en su grado mínimo o la de multa de cuarenta a cien unidades tributarias mensuales. Cabe señalar que, de acuerdo al artículo 30 del Código Penal, se aplicará también la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como pena accesoria a la de reclusión menor en su grado mínimo.

Resueltos estos aspectos, la Comisión prefirió individualizar al sujeto activo de la conducta como “el que” la realice, fuera de los casos previstos por la Constitución o la ley y en el ejercicio de funciones públicas, en vez de "la persona que", ya que resulta más acorde con la terminología que utiliza el Código Penal.

Por otra parte, entendió que el vocablo "publicación" podría estimarse limitativo a los medios de comunicación social escritos, por lo que decidió sustituirlo por el concepto de "difusión", que resulta más amplio.

Asimismo, estimó necesario ampliar la conducta punible al caso de que se impida arbitrariamente la libre circulación de los medios de comunicación social.

Con las modificaciones que se han señalado hecha excepción del sujeto activo del tipo penal, materia aprobada por mayoría de votos, según se indicó en su momento, el artículo fue aprobado en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Con ocasión de la discusión del artículo 42, recién examinado, el H. Senador señor Larraín presentó una indicación destinada a establecer el libre acceso a las fuentes públicas de información.

El H. Senador señor Larraín fundó su indicación declarando que nuestro sistema jurídico constitucional encomienda a los órganos del Estado el conocimiento de todos los atentados que se realicen en contra del orden público, tanto de los particulares como de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, pero, por de pronto, parece evidente que, con sus mecanismos tradicionales, Tribunales de Justicia, Contraloría General de la República, Cámara de Diputados en lo que respecta a sus atribuciones fiscalizadoras, el aparato estatal no ha sido lo suficientemente inhibidor para enfrentar con eficacia la lucha contra la corrupción, que, sin ser un fenómeno generalizado en nuestra sociedad, es creciente, como demuestra la experiencia, especialmente en el ámbito público.

Frente a esta situación, puntualizó, le asiste la convicción de que, si se facultara a los particulares, a través de los medios de comunicación social, para conocer todos los documentos asociados a las actuaciones de los funcionarios públicos, salvo aquellos oficiales que tuvieren el carácter de secreto o reservado por disposición de la ley, se impediría que los funcionarios se asilen en la falta de transparencia, ya que el castigo de la opinión pública por ocultar información será siempre superior al beneficio del ocultamiento.

Sostuvo que este mecanismo de fiscalización abierto le permitiría a los medios de comunicación social, en el ejercicio estricto de las libertades de información y de opinión, hacer transparentes todos los procesos que encierran elementos poco claros atribuibles a casos de corrupción. Con ello, la presión social serviría para impedir que los casos de corrupción queden sin sanción. Sin embargo, precisó, debe tenerse claridad que estamos frente a un caso que no puede ser solucionado con la sola dictación de normas jurídicas, sino que se hace necesario que tanto los poderes públicos, como la prensa y los propios privados, converjan en la decisión de combatir el uso corrupto de las atribuciones que la ley otorga a los funcionarios públicos.

La indicación que propuso sanciona a la persona que, desempeñando funciones de responsabilidad en organismos de la Administración Pública, sean dependientes o autónomos, centralizados o descentralizados, así como en empresas públicas y Municipalidades, oculte, niegue el acceso o impida ilegítimamente que los documentos o antecedentes en los que puedan constar acciones constitutivas de infracciones administrativas o delitos, sean investigados, conocidos y difundidos por medios de comunicación social, con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 40 a 100 unidades tributarias mensuales.

Con motivo de tal presentación, se produjo un amplio debate en la Comisión acerca de este tema.

Estimaron algunos HH. señores integrantes que la sanción al funcionario público no sólo debía aplicarse si éste entraba el conocimiento de antecedentes relativos a infracciones administrativas o delitos, sino que, en general, si niega arbitrariamente información en el área de su competencia.

Añadieron que no resultaba propio contemplar como actividad de los medios de comunicación social la de investigar tales infracciones o delitos, puesto que legalmente ello se hace en el correspondiente proceso administrativo disciplinario o juicio penal, según el caso.

El H. Senador señor Larraín acogió ambos planteamientos, incorporándolos en esa indicación.

Los señores representantes del Ejecutivo hicieron presente que esta materia había sido planteada ya en el proyecto presentado por S.E. el Presidente de la República a la H. Cámara de Diputados. En efecto, el artículo 6° de la iniciativa otorgaba el derecho a toda persona para informarse libremente en las fuentes públicas y en las fuentes privadas que se hayan hecho accesibles a todos, ya sea por voluntad propia o por disposición de la ley, derecho que tendría las solas restricciones que se funden en las normas de reserva legalmente vigentes. Tal disposición se complementaba con los artículos 53 y 54 del proyecto. El primero sancionaba de manera especial al funcionario público que arbitraria o ilegalmente negare información en el área de su competencia, fuera de los casos en que exista una norma de reserva legalmente vigente. El artículo restante castigaba al que discriminare o impidiere arbitrariamente el acceso a las referidas fuentes informativas.

Ese principio se incorporó como contenido de las libertades de opinión y de información en el artículo 1° del proyecto aprobado por la H. Cámara de Diputados, que lo recoge en su inciso primero como “la libertad de acceder a las fuentes de información y de opinión”, y lo desarrolla en el inciso final prácticamente en los mismos términos que el artículo 6º del Mensaje. Sin embargo, no se incluyeron las sanciones previstas en los artículos 53 y 54.

En concepto de los señores representantes del Ejecutivo, esta idea central se mantiene en el texto aprobado por esta Comisión para el artículo 1°, el cual dispone que el ejercicio de las libertades de opinión y de información incluye “buscar y recibir informaciones”. Fueron partidarios, al efecto, de reponer en el articulado del proyecto de ley el derecho de libre acceso a las fuentes, conjuntamente con las sanciones destinadas a darle eficacia jurídica.

Fundamentaron esta posición en que la doctrina clásica del derecho a la libre información acepta que su ejercicio incluye la libertad de buscar, difundir y recibir la información. El derecho a buscar la información es esencial, ya que alude al conjunto de actividades previas y absolutamente necesarias para la difusión y recepción de información, o sea, al acceso, a través de las fuentes pertinentes, a la información necesaria para elaborar el mensaje informativo que se desea transmitir. Es decir, constituye un presupuesto lógico y práctico, parte inherente, de la libertad de información, que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra como el derecho “de investigar y recibir informaciones”, y, en esa medida, constituye un derecho esencial para el ejercicio del periodismo, no obstante que su titularidad corresponde a todos los individuos.

Añadieron que el acceso a la información debe garantizarse, por igual, respecto de las fuentes públicas y privadas, porque en ambas con lo que se desea es asegurar la mayor transparencia posible, ideal inseparable de un sistema democrático. El derecho a acceder a las fuentes públicas, salvo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas, es una facultad ciudadana cuyo reconocimiento se remonta a la Suecia del siglo XVIII, y que consagra el proyecto de ley sobre acceso a la información administrativa (Boletín Nº 1511-07), cuyo Mensaje señala que “el control social, imprescindible en la prevención y sanción de la corrupción, podrá ser ejercido adecuadamente en la medida en que la ciudadanía disponga de suficiente información acerca de la gestión pública”. Por su lado, el derecho a acceder a las fuentes privadas que se hayan hecho accesibles a todos es una facultad de la misma envergadura de la anterior, si no mayor. En la medida que los privados amplían su esfera de responsabilidades sociales y asumen crecientemente nuevas funciones públicas en las sociedades democráticas de mercado, ya sea en conexión o por delegación del Estado, su actividad debe sujetarse también a la regla de la transparencia, y su deber de informar aumenta correlativamente.

Por su parte, los HH. Senadores señores Bitar, Hamilton, Hormazábal, Ominami y Sule, formularon indicación, a la cual adhirió con posterioridad el H. Senador señor Gazmuri, con el objeto de establecer, en primer lugar, el derecho de toda persona de recabar información de interés general en las fuentes públicas, facultad que tiene su límite en las disposiciones legales de reserva adoptadas para la defensa del Estado o la preservación de la seguridad.

Para el solo efecto de esta disposición agrega el precepto se entienden asimiladas al estatuto de las fuentes públicas aquellas fuentes privadas cuyo quehacer, actividad o asunto principal, en virtud de una ley o de una convención legalmente celebrada, sea de interés para la comunidad o la economía, tales como los establecimientos educacionales privados reconocidos oficialmente por el Estado; las entidades de derecho privado concesionarias de servicios públicos o delegados por la Administración del Estado para la ejecución de acciones específicas propias de su competencia; las Instituciones de Salud Previsional; las Administradoras de Fondos de Pensiones; las Administradoras de Fondos Mutuos, y los Fondos de Inversión.

Por otro lado, se declara el derecho de toda persona de informarse libremente en las fuentes privadas, que por propia decisión se hayan hecho accesibles a todos. Concluye señalando que el gasto que irrogue a la fuente proporcionar la información solicitada será de cargo del respectivo requirente.

Finalmente, el H. Senador señor Otero presentó una indicación que establece la publicidad de las actuaciones de los órganos del Estado y de los documentos que obren en su poder, sin perjuicio de la reserva o secreto que procedan en caso de que dicha publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de tales órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. Declara el derecho de los medios de comunicación social a obtener libremente la respectiva información.

A continuación, y para el caso de que la información no sea proporcionada libremente, se entrega al medio de comunicación social el derecho a requerirla por escrito del jefe de Servicio respectivo, quien, si no es reservada o secreta, la deberá proporcionar o negarse fundadamente dentro de 48 horas. Vencido el plazo o denegada la petición, el medio de comunicación social estará facultado para recurrir al Juez de letras en lo civil, de acuerdo al procedimiento que contempla este mismo proyecto de ley para conocer de las infracciones. El tribunal, en la resolución que ordene entregar la información, fijará un plazo y podrá aplicar al jefe del servicio una multa. Ejecutoriada la sentencia, si la información no es entregada, el jefe del servicio será sancionado con suspensión de su cargo y multa y, si persistiere en su actitud, se le duplicará la pena.

El H. Senador señor Otero explicó que su indicación, en la parte sustantiva, reproduce el inciso segundo del artículo 8º que la mayoría de la Comisión propuso incorporar a la Constitución Política en el proyecto de informe constitucional contenido en el Boletín Nº 172607, que en definitiva no fue aprobado por el Senado el año recién pasado.

Recordó que, en la discusión de ese proyecto de reforma constitucional, el entonces Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Genaro Arriagada, “enfatizó que el Ejecutivo ha tomado la iniciativa de plantear el principio general de la publicidad de las actuaciones y documentos de los órganos del Estado, lo que representa un significativo avance respecto de la situación existente, pues se busca permitir y promover el conocimiento ciudadano de los fundamentos y procedimientos que sirven de base a la resoluciones adoptadas en ejercicio de la función pública. Hizo notar que esta norma incluye tanto a los documentos originados en los órganos del Estado como a los recibidos por ellos.". [31]

La indicación, además agregó, regula un procedimiento que permitirá recabar formalmente la información, si es preciso, por vía judicial; prevé plazos para entregarla; y únicamente hace procedente la sanción penal en caso de contumacia del jefe de servicio, con lo que se evita el pie forzado en que quedaría un funcionario público si cometiera delito por el solo hecho de no proporcionar de inmediato la información.

En definitiva, la Comisión aprobó en forma unánime, por sus integrantes HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule, la idea del H. Senador señor Larraín de consagrar en un artículo el libre acceso a las fuentes públicas de información.

Como documento de trabajo, siguió el preparado por el H. Senador señor Otero, conviniendo en declarar, en primer lugar, la publicidad de todas las actuaciones del órganos del Estado y de la documentación que obre en su poder, sin perjuicio de la reserva o secreto que rija para determinadas informaciones; en segundo lugar, reconocer el derecho a acceder a la información a cualquier persona, no solamente a los medios de comunicación social, por lo que se omitió la mención expresa de estos últimos; en tercer lugar, permitir que, en caso de negativa a entregar la información, el particular la requiera por escrito del jefe del servicio respectivo, quien deberá proporcionarla dentro del plazo perentorio de 48 horas, o negarse dando las razones que justifican dicha decisión; en cuarto lugar, conceder acción judicial en sede civil para el caso de vencimiento del plazo o negativa injustificada a hacer la referida entrega, y, finalmente, considerar en un precepto independiente, y como delito cometido en contra de las libertades de opinión y de información, la falta de entrega oportuna de la información en la forma que decrete el tribunal.

En lo que se refiere a la información de interés público que proviene de fuentes privadas, la Comisión determinó que el acceso a ella debe hacerse a través de los cauces que el Estado ha considerado al efecto, es decir, por intermedio de los organismos públicos competentes, en especial aquellos a los que legalmente les corresponde supervigilar o fiscalizar a las entidades privadas. En tal virtud, si se desea conocer información de las Administradoras de Fondos de Pensiones e Instituciones de Salud Previsional, Bancos o Compañías de Seguros, por ejemplo, la información deberá ser requerida a la Superintendencia respectiva, la cual la proporcionará si obra en su poder y, en caso de que no sea así, y siempre y cuando sea pertinente para el cumplimiento de sus funciones propias, podrá recabarla a la entidad privada. Con el objeto de dejar claramente precisado este aspecto, y en consecuencia, la naturaleza de la información o documentación que se podrá solicitar, se indicó expresamente en la disposición que la publicidad de los documentos se refiere a aquellos “de cualquier naturaleza u origen que legalmente” obren en poder del Estado.

Acotados de esta forma los alcances de la disposición, el señor Ministro Secretario General de Gobierno manifestó su acuerdo con ellos, y la Comisión centró su análisis en los motivos que pueden fundamentar la negativa del funcionario público a entregar de la información que le ha sido requerida, sobre la base de su carácter de reservada o secreta.

En este punto, se sustentaron en el seno de la Comisión dos posiciones. Por una parte, los HH. Senadores Fernández y Larraín fueron de la idea de que las restricciones del acceso a la información de fuentes públicas debían estar determinadas claramente en la ley o en los reglamentos respectivos, porque no podría quedar confiada a la discreción de la persona que debe cumplir con la obligación respectiva. Las normas legales o reglamentarias podrán definir distintas situaciones que justifiquen la negativa, pero siempre debe existir un parámetro normativo claro. Una disposición que se remita al debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional, simplemente ofrecerá siempre argumentos al funcionario público para denegar la entrega de la información que se le solicite.

Por otra parte, los HH. Senadores Hamilton y Otero observaron que el marco legal y reglamentario podrá no alcanzar la certeza jurídica que se postula alcanzar, si las normas llamadas a fijar el principio de reserva o secreto lo hacen con gran amplitud. En cambio, si, junto con establecer el criterio legal o reglamentario, se añadieran ciertos conceptos de orden general que autorizan limitar la entrega de información, se comprendería casos de actuaciones o documentos cuya naturaleza es secreta o reservada y que no se hubiesen considerado oportunamente dentro de tales excepciones por la ley o el reglamento. En este sentido, nociones tales como el debido cumplimiento de las funciones de los órganos que deben entregar la información, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional resultan satisfactorios, si se piensa que, en caso de negativa, el juez, en el proceso respectivo, entrará a calificar los fundamentos de hecho que las justifiquen. [32]

El señor Ministro Secretario General de Gobierno estimó que, en el orden de lo ideal, lógicamente que sería preferible la mayor amplitud en el acceso a las fuentes informativas públicas. Sin embargo, dada la inexistencia en nuestro ordenamiento jurídico de una norma como la propuesta, la sugerencia de los HH. Senadores señores Hamilton y Otero puede resultar de gran beneficio para lograr los fines perseguidos con la indicación, en la medida que, si se limitara exclusivamente a la ley o al reglamento la determinación de las situaciones que autorizan para negar la entrega de la información, podría generarse una amplitud tal que llevaría a que la ley no se aplicara.

En la medida que todos los HH. señores Senadores coincidieron en que la reserva o secreto puede estar prevista en la ley o en el reglamento, y que el debate recaía sólo sobre si, además de ellos, pudiera justificarse la negativa a entregar información en los derechos de las personas, la seguridad de la nación, el interés nacional o el debido cumplimiento de las funciones de los órganos públicos, se puso en votación esta última posibilidad.

El resultado arrojó un empate entre las posiciones sustentadas por los HH. Senadores señores Fernández y Larraín, en orden a desecharla, y la de los HH. Senadores señores Hamilton y Otero, que fueron partidarios de contemplarla, resultado que se mantuvo al ser repetida la votación. En la sesión siguiente, al ser nuevamente sometida a votación para dirimir la paridad, el H. Senador señor Sule se sumó a la postura sustentada por los HH. Senadores señores Hamilton y Otero, dándose por aprobada, en consecuencia, por tres votos contra dos, la tesis por ellos respaldada.

Desde el punto de vista formal, la Comisión resolvió incluir el artículo dentro del Título I, relativo a las Disposiciones Generales de esta iniciativa.

Por su parte, la falta de entrega oportuna de la información en la forma que decrete el tribunal, constituye una conducta que se tipifica como delito en forma separada, en el párrafo 4° del Título IV de la ley, que contempla los delitos cometidos contra las libertades de opinión y de información.

En esos términos, el H. Senador señor Larraín retiró su indicación; se dio por aprobada con modificaciones la indicación del H. Senador señor Otero, y por rechazada con la abstención de los HH. Senadores señores Hamilton y Sule, la indicación presentada por los HH. Senadores señores Bitar, Hormazábal, Hamilton, Ominami y Sule.

Los acuerdos fueron adoptados por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule, excepción hecha del punto aprobado por la mayoría precedentemente indicada.

Artículo 43

Declara que se consideran como hechos, actos o convenciones que tienden a impedir la libre competencia los que entraben la producción de informaciones, el transporte, la distribución, la circulación, el avisaje, y la comercialización de los medios de comunicación, y sanciona a quienes los cometan con la pena establecida en el artículo 1°, inciso primero, del decreto ley Nº 211, de 1973.

El inciso segundo enumera distintos hechos que se reputan atentatorios contra la libre competencia, disposición que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 30 de octubre de 1995. [33] Por tal motivo, no fue considerada la indicación para suprimirlo que formularon los HH. Senadores señores Bitar y Muñoz Barra.

El inciso tercero establece que se reputarán artículos o servicios esenciales los pertinentes a la operación o mantención de los medios de comunicación social, con lo cual se aumenta en un grado la pena por los delitos contra la libre competencia que recaigan sobre esos bienes.

Los incisos restantes obliga a informar cualquier cambio relevante en la propiedad de un medio de comunicación social a la respectiva Comisión Preventiva Regional o a la Comisión Preventiva Central; hace aplicable por regla general los procedimientos y sanciones del decreto Nº 211, de 1973, e impone a las Comisiones Preventivas el deber de llevar un registro público actualizado de los propietarios de los medios de comunicación social.

La Comisión, al examinar este artículo, tuvo presente el parecer del señor Fiscal Nacional Económico, quien señaló que la inclusión en el proyecto de normas relativas a evitar abusos y anomalías derivadas de situaciones contrarias a la competencia en el desarrollo de las actividades de comunicación social, sería necesaria sólo en la medida en que el legislador no desee librar a la interpretación de los organismos que deben velar por la libre competencia la represión y castigo de tales abusos, ya que en estricto rigor estas actividades no están excluidas de la normativa general que rige la materia y que se contiene en el referido decreto ley Nº 211, cuyo artículo 1° proscribe todo hecho, acto o convención que tienda a impedir la libre competencia dentro del país, sin marginar ninguna actividad económica específica.

Especial relevancia asignó el señor Fiscal Nacional Económico al inciso tercero del artículo 43 en informe, que da carácter de esencial a los artículos y servicios pertinentes a la operación o mantención de los medios de comunicación social, para los efectos de aumentar en un grado la penalidad correspondiente a los delitos contra la competencia que afecten a tales artículos y servicios esenciales, ya que con ello se enfatiza la gravedad que revestirían estas acciones punibles. Pero, precisamente por tratarse de situaciones que afectan a la libre competencia, se declaró partidario de modificar directamente el decreto ley Nº 211, de 1973.

Sobre el particular, el señor Ministro Secretario General de Gobierno puntualizó que este debate también se había producido en la H. Cámara de Diputados. En el derecho comparado, agregó, existen dos posiciones en relación a este tema: una, se sintetiza en la idea de que la competencia entre los diferentes medios de comunicación se regula a través de lo que se llama “posiciones dominantes en el mercado” o “cuotas de mercado”, y la otra, por su parte, pretende regularla de acuerdo a la legislación general antimonopólica existente en cada país.

En definitiva, el sistema adoptado en el proyecto de ley prosiguió es este último, a través del mecanismo de introducir enmiendas al decreto ley N° 211. Explicó que, contra lo que pudiera pensarse, resulta fundamental incorporar en la legislación que va a regular el ejercicio de las libertades de opinión y de información y el ejercicio del periodismo una norma que deje consignado que la concertación en la propiedad de los medios de comunicación social pudiera resultar atentatoria para el funcionamiento del sistema democrático. En ese marco, la norma propuesta por la H. Cámara de Diputados, que declara el carácter de artículos o servicios esenciales de aquellos que sean pertinentes a la operación o mantención de los medios de comunicación social debería ser incorporada directamente en esta iniciativa, ya que ello sería de gran utilidad e importancia para el adecuado funcionamiento de tales medios en el sistema democrático.

Enfatizó que estas ideas recogen algo que debe considerarse parte de la esencia de la libertad de expresión, cual es la pluralidad de medios de comunicación social. En ese mismo sentido, pretender dotar a la actividad que desarrollan los medios de comunicación social de una estructura mínima que regule su propiedad no significa de manera alguna atentar contra el ejercicio de este derecho fundamental para el funcionamiento del sistema democrático, sino que, en el fondo, con una legislación de esta naturaleza, se tiende a evitar la presencia de tendencias oligopólicas, que es un punto en el cual ha existido cierto consenso entre quienes participan, en diversas calidades, en el campo mediocomunicacional.

El H. Senador señor Sule compartió la procedencia de mantener en esta ley la declaración de artículo o servicio esencial respecto de los que sean pertinentes a la operación o mantención de los medios de comunicación social. Sostuvo que es la norma constitucional la que da los parámetros o contenidos mínimos de estos derechos constitucionales, como los de la libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa, y, al asegurar a toda persona natural o jurídica el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos “en las condiciones que señale la ley”, está entregando precisamente a esta ley, que debe regular estas libertades y el ejercicio de la labor informativa, concretada de manera fundamental en los medios de comunicación social, el desarrollo de estas materias.

El H. Senador señor Fernández, aunque compartió el fondo de la argumentación, prefirió, desde el punto de vista de la técnica legislativa, la propuesta formulada por el señor Fiscal Nacional Económico, en cuanto a que sería preferible efectuar dichas modificaciones directamente en la legislación especial respectiva, esto es, en el decreto ley N° 211, de 1973. Estimó que incluir una norma en ese sentido en esta iniciativa produciría el efecto de generar una legislación especial para los medios de comunicación social distinta que aquella que se aplica a las demás actividades económicas. La lógica funcional del sistema protector de la libre competencia opera sobre la base de normas generales de igual aplicación a todos los sectores, y en este caso, nada hace necesario la existencia de una normativa diferente, para los medios de comunicación social.

Por su parte, el H. Senador señor Otero expresó que las disposiciones que obligan a informar a la autoridad los cambios en la propiedad de un medio de comunicación social y a llevar un registro público actualizado de los propietarios ya se encuentran establecidos en esta iniciativa de ley, en el artículo 11 aprobado por la Comisión, por lo que su inclusión en este artículo resultaría redundante.

Por otra parte, y en la idea de definir con claridad que la libertad de emitir opinión sin censura previa constituye un elemento sustantivo y esencial para el funcionamiento de la sociedad y de la democracia, señaló que le parecía pertinente declarar en esta iniciativa de ley que la operación y funcionamiento de los medios de comunicación social constituyen actividades esenciales para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1° del decreto ley N° 211, es decir, que cualquier delito que afecte la libre competencia en cuanto a los artículos o servicios pertinentes deberá recibir una penalidad agravada. En atención a estas argumentaciones, presentó indicación substitutiva del artículo, siguiendo los términos contemplados en su inciso tercero.

Al ser sometida a votación, la indicación sustitutiva resultó aprobada por tres votos contra uno, y una abstención. Lo hicieron por la afirmativa los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule; se abstuvo el H. Senador señor Urenda, y lo hizo en contra el H. Senador señor Fernández.

El H. Senador señor Fernández, al fundamentar su voto, expuso que se está prescindiendo de una legislación que tiene una lógica distinta, y, en consecuencia, una normativa que pretende reiterar sus conceptos, e incluso agravar los resultados prácticos de su aplicación, no tiene ninguna justificación. Agregó que estaba en desacuerdo con la existencia de normas especiales sobre la libre competencia en materia de medios de comunicación social, en la medida en que existe un ordenamiento que es más amplio y regula en forma completa la libre competencia.

Por su parte, el H. Senador señor Urenda manifestó que le asistía la duda de hasta dónde es adecuado el decreto ley Nº 211, de 1973, para resolver los problemas de que se trata, entre otros motivos por la eventual existencia de situaciones particulares que deberían ser consideradas a propósito del ejercicio de estas libertades de opinión y de información.

Título V

De la responsabilidad y del procedimiento

De conformidad a las modificaciones acordadas por la Comisión precedentemente, este Título se considera en el proyecto que proponemos como párrafo 5º del Título IV, con la denominación “De la responsabilidad y del procedimiento aplicables a los delitos de que trata esta ley”.

El acuerdo fue adoptado por la unanimidad de la Comisión, integrada por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 44

Establece que la responsabilidad penal por los delitos cometidos en razón del ejercicio abusivo de las libertades de emitir opinión y de informar, a través de algún medio de comunicación social, se determinará según las reglas generales del Código Penal y el inciso segundo del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal. [34]

Considera también autores, tratándose de los medios de comunicación social, al director o a quien legalmente lo reemplace al efectuarse la difusión, pero los exime de responsabilidad penal si acreditan que no hubo culpa de su parte en la difusión delictuosa.

Le pareció suficiente a la Comisión establecer que la responsabilidad penal que derive de estas conductas debe ser determinada de conformidad a las reglas generales fijadas en el Código Penal y las normas que están contenidas en esta iniciativa de ley, por estimar innecesario hacer mención expresa del referido artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, que también resulta aplicable en esta materia.

Las normas relativas a la responsabilidad en calidad de autor del director o representante legal del medio, y de la exención de responsabilidad en caso de acreditar ausencia de culpa en la publicación, fueron acogidas, con ligeros cambios de redacción.

En esos términos, fue aprobado en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Larraín, Otero y Sule.

Artículos 45 y 46

El primero de estos preceptos declara que la acción civil para obtener la indemnización de daños y perjuicios derivada de delitos penados en esta ley se regirá por las reglas generales. Agrega que la comisión de los delitos señalados en los artículos 29, 32 y 34 dará derecho a indemnización por el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. [35] Considera otras normas procesales respecto del ejercicio de la acción civil y de la determinación de la cuantía de la indemnización por el tribunal.

La segunda de esta disposiciones deniega la indemnización en caso de que la imputación a que se refieren los artículos 32 y 34 consistiere en la comisión de un delito y se probare tal comisión por sentencia ejecutoriada; e igualmente, cuando se reúnan determinadas circunstancias tratándose de una noticia falsa en los términos del artículo 29.

Con motivo del análisis de estos artículos, que se refieren a la acción civil de indemnización de perjuicios, el H. Senador señor Otero presentó una indicación para establecer normas generales sobre la procedencia de indemnizar el daño que pueda derivarse del ejercicio abusivo o doloso de las libertades de opinión y de información, según había adelantado cuando se debatió el artículo 34 de este proyecto de ley.

En tal sentido, la indicación propone que, en los delitos que establece la ley y en los de injuria y de calumnia, el ofendido tenga derecho a la indemnización civil por el daño moral, el daño emergente y el lucro cesante, acción que será conocida por el juez de letras en lo civil, de acuerdo a las normas del juicio sumario y apreciando la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Prosigue diciendo que la publicación o difusión de hechos, noticias o informaciones falsas o distorsionadas que, en razón de ello y sin constituir injuria o calumnia, afecten el honor, la dignidad, crédito o reputación de una persona o de su familia, darán derecho a idéntica indemnización que la señalada precedentemente, sin perjuicio de la facultad de los demandados para acreditar la veracidad e integridad de lo publicado o difundido, en cuyo caso quedarán exentos de responsabilidad. La exención también beneficiará al propietario, director y editor del medio de comunicación social que acreditare, por la naturaleza de la publicación o difusión, que no le fue posible impedirla.

Explicando los alcances de su indicación, el H. Senador señor Otero señaló que la primera parte de ella, es decir, la relativa a la indemnización civil proveniente de los delitos que se sancionan en el proyecto, reproduce con algunas modificaciones formales el criterio que sustenta la actual Ley de Abusos de Publicidad, como también el proyecto aprobado por la H. Cámara de Diputados. A diferencia de esta última, y en vez de declarar que no se aplicará el artículo 2.331 del Código Civil respecto de los delitos de injuria y calumnia, la propuesta declara directamente que respecto de ellos procede indemnización tanto por el daño moral, como por el daño emergente y el lucro cesante [36] .

Ahora bien, continuó, la segunda parte de la indicación se refiere a un aspecto que fue abordado con ocasión del estudio del artículo 34 de este proyecto de ley. Recordó que concurrió al acuerdo de suprimirlo, en el entendido de que ello no obstaba a que se estableciera alguna suerte de responsabilidad para todas aquellas personas que hacen un uso abusivo de las libertades de opinar y de informar, sin que lleguen a cometer delito. Tal principio es el que queda consignado en la indicación que ha propuesto, sin perjuicio de resguardar la posibilidad de excepcionarse de responsabilidad en ciertos casos. Enfatizó que el fundamento de esta propuesta no es otro que reconocer la aplicación del principio general de derecho de que el que cause un daño debe repararlo, con independencia del hecho de que su conducta pueda ser además constitutiva de delito penal.

Por su parte, el señor Ministro Secretario General de Gobierno planteó que la indicación, en su última parte, viene a restablecer una normativa que ha sido suprimida por la Comisión, cuál era la responsabilidad de la persona que, sin tener el ánimo positivo de injuriar o calumniar, causa un daño a otro. Puntualizó que, al analizarse la estructura de las responsabilidades y de los delitos que debían considerarse en este proyecto de ley, en el marco del ejercicio de las libertades de opinión y de información, la idea fue remitir las figuras típicas, básicamente, a la injuria y la calumnia, junto con establecer el derecho a aclaración o rectificación en forma robustecida.

Además, agregó, la indicación es de gran amplitud en cuanto incorpora el elemento de la distorsión, ya que, finalmente, toda información es en cierta forma una distorsión de algo que ha sucedido, por cuanto la realidad, por regla general, no se difunde en forma íntegra. En consecuencia, la propuesta daría lugar a que, en muchos casos en que se ha estado ejerciendo la libertad de informar en forma legítima, fuera procedente la indemnización correspondiente.

Finalmente, consideró que dar derecho a indemnización por el daño causado a la honra de una persona cuando no ha existido delito alguno, como lo propone la indicación que se está analizando, significaría limitar, de manera muy importante, el ejercicio de la libertad de información.

Los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Larraín compartieron estas apreciaciones, estimando que la idea que plantea la indicación conlleva posibilidades ilimitadas de afectar gravemente el ejercicio de la libertad de prensa, junto con recalcar que de la honra de una persona debe entenderse adecuadamente protegida por la vía de la sanción penal proveniente, fundamentalmente, del delito de injurias, y de la indemnización que corresponda, derivada de la comisión de ese delito.

En atención a los fundamentos anteriores, la Comisión rechazó, en esta parte, la indicación del H. Senador señor Otero, por tres votos contra uno. Lo hicieron por el rechazo HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Larraín, en tanto que por la aprobación lo hizo su autor.

A continuación, la Comisión se avocó al estudio de la primera parte de la indicación del H. Senador señor Otero, que se refiere a la indemnización proveniente de los delitos. En esta materia, el H. Senador señor Fernández fue partidario de no innovar en lo relativo a las normas generales que rigen el proceso por indemnización de perjuicios, que indican que debe tramitarse conforme a las reglas del juicio ordinario. En su concepto, si esta norma tiene por objeto perseguir la responsabilidad de los periodistas y de los medios de comunicación social cuando se ha hecho un ejercicio abusivo o delictual de las libertades de opinar y de informar, no debiera alterarse el principio de que la procedencia de la indemnización y el monto a pagar en definitiva sean determinados en un procedimiento de lato conocimiento.

Por su parte, el señor Subsecretario General de Gobierno hizo ver que toda persona que es víctima de un delito tiene dos alternativas o instancias de reparación. Por una parte, puede accionar penalmente, con el objeto de que el ofensor responda por el atentado al bien jurídico, mediante la aplicación de una pena penal. Por otra, le asiste la posibilidad de demandar civilmente la indemnización del daño causado, a fin de que el culpable resarza los perjuicios causados. En la medida en que se establezca un procedimiento expedito para obtener esto último, naturalmente la víctima optará por él. En cambio, si para ello debe iniciar un procedimiento de lata duración, todo hace pensar que preferiría la vía penal y no la civil, con lo cual, lógicamente, el supuesto ofensor, o sus representantes legales en el caso de las personas jurídicas, son los que resultan más perjudicados.

El H. Senador señor Larraín, a su vez, se manifestó partidario de mantener la norma del artículo 45 del proyecto, es decir, que la indemnización de perjuicios provenientes de los delitos sancionados en la ley se someta a las reglas generales, puesto que, si se pretendiera hacer efectiva la responsabilidad de un medio de comunicación social, sería discriminatorio conceder una acción de más rápida tramitación que la habitual.

El H. Senador señor Otero, trayendo a colación lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal, [37] insistió en la conveniencia de que la indemnización de perjuicios se tramite de acuerdo a las reglas del juicio sumario, ya que ello constituirá un importante aliciente para inhibir el ejercicio de las acciones penales en contra de los medios de comunicación social, o de quienes se han servido de ellos para cometer algún delito.

Puesto en votación el inciso primero de la indicación, resultó rechazado por tres votos contra uno. Lo hicieron por la negativa, los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Muñoz Barra. A favor lo hizo el autor de la indicación, el H. Senador señor

Otero.

En seguida la Comisión, con vistas a que se aplique la legislación común en todo lo que se refiera a estas materias, suprimió los incisos tercero y cuarto del artículo 45, relativos a las personas que pueden ejercer la acción civil, a la forma de determinar la cuantía de la indemnización y a la apreciación de la prueba en conciencia.

Eliminó también el inciso final, que declara que no se aplicará el artículo 2331 del Código Civil, ya que su propósito se consigue con el inciso segundo, que concede derecho a indemnización por el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral.

Dicho inciso segundo quedó referido solamente a los delitos de injuria y calumnia, por haberse suprimido de esta iniciativa los otros a que se hace alusión.

En consecuencia, por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Muñoz Barra y Otero salvo las excepciones ya enunciadas, aprobó, en los términos reseñados, el artículo 45 y suprimió el artículo 46.

Artículo 47

Declara competente a la justicia ordinaria para conocer de los delitos de cualquier especie, cometidos a través de un medio de comunicación social con motivo del ejercicio de las libertades de opinión e información, así como de las acciones civiles derivadas de aquéllos, la que no se alterará por las reglas generales sobre conexidad, concurso, fuero ni por motivo sobreviviente alguno.

Para la discusión de este artículo, la Comisión tuvo a la vista las opiniones que le hicieron llegar los señores Auditores Generales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, y contó, en una de las sesiones en que se debatió, con la asistencia del señor Auditor General de la Armada, Contralmirante JT don Jaime Harris Fernández. El Contralmirante señor Harris observó que la redacción de esta disposición pudiera ser entendida, por una incorrecta interpretación, como limitativa de la competencia de los juzgados militares, en la medida que se estimara que conductas que de alguna manera se refieran a las libertades de que se trata, aun cuando fueran delitos sancionados en el Código Justicia Militar, estarían sometidos al conocimiento de la justicia ordinaria por contener aspectos relacionados con las libertades de opinión y de información, o bien, porque el ejercicio de dichas libertades fuera el instrumento para su perpetración.

Explicó que el problema se presenta solamente respecto de aquellas conductas netamente militares, ya que aquellas que no son de esta índole, aun cuando estén incluidas en dicho cuerpo legal, se someten a reglas especiales. En efecto, prosiguió, luego de la reforma introducida al Código de Justicia Militar por la Ley N° 19.047, de 14 de febrero de 1991, quedó definida la situación procesal de los delitos de injuria y de calumnia, y de amenazas en contra de las Fuerzas Armas y Carabineros, ya sea desde el punto de vista institucional, como respecto de sus integrantes. En virtud de dicha modificación legal, prescribe actualmente el artículo 5° del Código que los delitos de injurias y calumnias y de amenaza a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que fueran cometidos por civiles son de competencia de la justicia ordinaria. [38]

Continuó manifestando que, aunque la situación en dichas materias es del todo precisa, no puede sostenerse lo mismo respecto de otros delitos tipificados en el Código de Justicia Militar, como por ejemplo el de sedición impropia, [39] respecto de los cuales podría llegar a sostenerse, en su concepto, y dada la redacción actual este artículo 47, que también se refieren de alguna manera a las referidas libertades y que, en consecuencia, su conocimiento correspondería a la jurisdicción civil, lo cual resulta absolutamente inapropiado.

Además de lo anterior, apuntó que, al dejarse sin aplicación las reglas sobre competencia en el caso de delitos conexos, en que participen civiles y militares, podría llegar a darse una situación en la que militares involucren a civiles para el caso de que, si son descubiertos, puedan desligarse de la jurisdicción militar y ser juzgados por tribunales ordinarios.

En la Comisión existió consenso en que la idea que sustenta el artículo 47, al declarar que la justicia ordinaria será siempre competente para el conocimiento de los delitos que se cometan con ocasión del ejercicio de las libertades de opinión y de información, no importa de manera alguna el propósito de alterar las reglas que da el Código de Justicia Militar para el conocimiento de los delitos de índole militar, que protegen bienes jurídicos de muy distinta naturaleza.

En virtud de las anteriores consideraciones, la Comisión acordó dar una nueva redacción al inciso primero del artículo 47, con el objeto de precisar que la justicia ordinaria será siempre competente para conocer los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de las libertades de opinión y de información, consagradas en el artículo 19, N° 12, inciso primero, de la Constitución Política, en tanto sean “cometidos por civiles”, concepto que es el que utiliza el artículo 5º Nº 1 del Código de Justicia Militar y el artículo 5º de la ley Nº 19.048.

Además, resolvió suprimir el inciso segundo, con el propósito de no afectar la actual competencia de la jurisdicción militar, toda vez que, si se desea revisarla, lo apropiado es hacerlo en un contexto diferente del que rodea a esta iniciativa, como sería un proyecto de ley que apunte determinadamente a modificar las reglas procesales orgánicas que sean aplicables.

Definidos estos aspectos, la Comisión juzgó pertinente incluir un nuevo inciso, que pasa a ser segundo, en el que se dispone que el tribunal ordinario con jurisdicción en materia criminal es el encargado de conocer y juzgar estos delitos, de conformidad a las reglas generales.

El artículo fue aprobado en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule, con las modificaciones que se han señalado.

En atención a que diversos artículos de esta iniciativa señalan a continuación competencias o procedimientos de excepción frente a las reglas generales, la Comisión integrada en la misma forma que se acaba de mencionar decidió que, establecida la regla de que los delitos cometidos por civiles en el ejercicio de las libertades de opinión y de información son de conocimiento de la justicia ordinaria, han de aplicarse en lo demás las disposiciones comunes, lo que guarda armonía con el criterio que observó al pronunciarse sobre las conductas delictivas. Consecuentemente, resolvió contemplar sólo excepcionalmente reglas especiales en estas materias.

Artículo 48

Contempla la competencia de los tribunales militares para conocer las causas que versen sobre delitos previstos y sancionados en el Código de Justicia Militar o en la ley N° 12.927, sobre Seguridad del Estado, cometidos exclusivamente por militares, respecto de las cuales no se aplicarán las normas de extensión que señala.

Establece, además, tribunales especiales para conocer los delitos que hayan sido cometidos conjunta o separadamente por civiles y militares.

Fue rechazado en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule. Con ello se acogió la indicación supresiva presentada por los HH. Senadores señores Bitar y Muñoz Barra.

Artículo 49

Da reglas para el caso de que un mismo agente militar resulte inculpado o procesado en causas substanciadas coetáneamente por la justicia ordinaria y la militar, a consecuencia de las reglas establecidas en los artículos precedentes.

Fue eliminado en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule, quedando aprobada de esta forma la indicación supresiva formulada por los HH. Senadores señores Bitar y Muñoz Barra.

Artículo 50

Entrega jurisdicción al juez del crimen que sea competente según las reglas generales para conocer de los delitos previstos y sancionados en el Título IV de esta ley, con excepción de los delitos contemplados en la ley N° 12.927, sobre Seguridad del Estado, respecto de las cuales se aplicará el inciso primero del artículo 26 de dicho cuerpo legal.

Fue suprimido por unanimidad por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule. En tal virtud, quedó aprobada la indicación de los HH. Senadores señores Bitar y Muñoz Barra que proponía suprimir el segundo párrafo de este artículo.

Artículo 51

Dispone que la tramitación de las causas relativas a los delitos del Título IV se hará conforme al procedimiento sobre faltas del título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Penal, con excepción de lo dispuesto en los artículos 551, 563, 568 y 569.

Fue rechazado en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero, Sule y Urenda.

Artículo 52

Considera la tramitación, conforme a las reglas establecidas para el juicio ordinario por crimen o simple delito en el Código de Procedimiento Penal, respecto de las causas en que se investiguen los delitos establecidos en los artículos 31 y 35; en el artículo 43, a los que se aplicarán las modificaciones contenidas en el título V del decreto ley N° 211, y en el inciso primero del artículo 47, relativas a delitos no sancionados en el Título IV.

Se eliminó por la unanimidad de los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Urenda.

Artículo 53

Consagra, no obstante las reglas dadas en los artículos precedentes, la sujeción al procedimiento establecido en el título VI de la ley N° 12.927, sobre Seguridad del Estado, cuando alguna de las causas señaladas en el inciso primero del artículo 47 de este ley se refiera a delitos de esa ley y cuando se trate de un delito cometido conjuntamente por militares y civiles.

Fue suprimido en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Urenda. Consecuentemente, resultó aprobada la indicación supresiva de los HH. Senadores señores Bitar y Muñoz Barra.

Artículo 54

Establece que las causas señaladas en el inciso primero del artículo 48, relativas a delitos del Código de Justicia Militar se tramitarán según el procedimiento establecido en el Título II del Libro Segundo de dicho Código.

Se eliminó por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule. Con ello quedó aprobada la indicación de los HH. Senadores señores Bitar y Muñoz Barra que proponía su supresión.

Artículo 55

Dispone que los juicios por los delitos de calumnia e injuria, cuando sean perpetrados a través de algún medio de comunicación social, se tramitarán de conformidad a las normas del procedimiento establecido en el Título II del Libro III del Código de Procedimiento Penal.

Fue rechazado en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Urenda.

Artículo 56

Señala que en los procedimientos a que se refieren los artículos 51 a 55, siempre que se trate de crímenes o simples delitos, habrá lugar a los recursos de casación, en la forma y en el fondo, y de revisión, conforme a las reglas generales.

Resultó desechado, en forma unánime, por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 57

Concede la acción pública para perseguir los delitos penados por esta ley, con excepción de los que se sancionan en los artículos 29, inciso segundo, 32, 33 y 34, cuyas acciones sólo podrán ser ejercidas por el personalmente ofendido o por sus familiares, en caso de fallecimiento, enfermedad o ausencia.

Fue eliminado en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 58

Faculta a las partes para solicitar, durante el periodo probatorio, o en la audiencia respectiva, un informe pericial sobre aspectos técnicos de la función periodística que, a su juicio, resulten indispensables para el mejor acierto del fallo. Para este efecto, las asociaciones gremiales o corporaciones que agrupen a periodistas o medios de comunicación social podrán proponer a las Cortes de Apelaciones listados de personas idóneas.

La Comisión estimó suficientes las normas procesales comunes sobre la prueba pericial y la conformación de las listas de peritos.

Se rechazó por la unanimidad de los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 59

Faculta al juez para ordenar que se recojan no más de cuatro de los ejemplares o copias que presumiblemente hayan servido para cometer alguno de los delitos contemplados en esta ley, medida que, en el caso de los delitos tipificados en los artículos 27 y 38, podrá extenderse a todos los ejemplares o copias. En la sentencia condenatoria podrá ordenarse, en todo caso, el comiso o destrucción total o parcial de los impresos o grabaciones sonoras o audiovisuales de cualquier tipo por medio de las cuales se haya cometido el delito, y en el caso de condena por el delito de ultraje público a las buenas costumbres, necesariamente deberá disponerse tal destrucción.

Los primeros dos incisos de esta disposición tienden a evitar que el tribunal, durante la investigación de alguno de los delitos que se sancionan en esta ley, llegue a incautar todo el material que se utilizó, principalmente, por cuanto puede resultar excesivo en determinados casos, especialmente si luego se determina que no se ha cometido delito. No obstante, la Comisión estimó que el tribunal dispone de atribuciones suficientes para ponderar el alcance de la incautación que deba hacerse, por lo que prefirió no incluir normas especiales en esta materia, para hacer aplicables las reglas generales del Código de Procedimiento Penal.

Le pareció útil, sin embargo, contemplar la hipótesis de destrucción del material incautado, toda vez que las disposiciones comunes no resultan adecuadas para la materia de que se trata. En efecto, de conformidad a lo establecido en los artículos 673, inciso segundo, del Código de Procedimiento Penal, y 60, inciso cuarto, del Código Penal, las especies decomisadas deben ser enajenadas en subasta pública, lo cual resulta inconciliable con el hecho de haberse acreditado, por ejemplo, la comisión de un delito de injuria o calumnia o de ultraje público a las buenas costumbres.

Por razones de técnica legislativa, y en atención a que la naturaleza de una norma sobre esta materia excede el ámbito propio de la regulación del ejercicio de las libertades de opinión y de información, la Comisión prefirió considerarla en un artículo especial que modifique el Código de Procedimiento Penal.

El artículo que proponemos más adelante incorpora un inciso nuevo al artículo 504 del Código de Procedimiento Penal. Tal precepto distingue si se trata del delito de ultraje público a las buenas costumbres, o si se está en presencia de otros delitos que pudieran llegar a perpetrarse en el ejercicio de las libertades de opinión y de información. En el primer caso, el juez, en la sentencia condenatoria, estará obligado a ordenar la destrucción parcial o total del material respectivo. En el segundo, quedará facultado para decretar esta medida.

En los términos descritos, se aprobó por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 60

Establece que, si la pena aplicada por los delitos de esta ley fuere sólo de multa, el hecho delictivo se considerará como simple delito para todos los efectos legales.

Se suprimió en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 61

Declara que la acción penal y la civil provenientes de los delitos tipificados en los artículos 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37 y 38 prescribirán en el plazo de seis meses, contado desde la fecha que hubiere comenzado la difusión abusiva. En caso de que la difusión se hubiese realizado inicialmente sólo en el extranjero, este lapso empezará a correr desde la fecha de su difusión en el país.

En cuanto a los demás delitos tipificados en la ley, distingue entre la acción penal y la civil. La primera prescribirá de conformidad a las reglas del artículo 94 del Código Penal [41], y la segunda según lo dispone el artículo 2.332 del Código Civil, [42] y los plazos comenzarán a correr desde el día de la perpetración del hecho delictivo.

Finalmente, señala que el ejercicio de la acción penal, en cualquiera de sus formas, interrumpirá la prescripción de la acción civil, la que comenzará nuevamente a correr una vez ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio criminal.

La Comisión, en primer término, examinó el mérito de fijar un lapso especial de prescripción de estas acciones.

El H. Senador señor Otero sostuvo que, velando por la igualdad ante la ley, deberían sujetarse a los plazos generales de prescripción, y, en todo caso, al de un año, que es el que señala el artículo 431 del Código Penal para las acciones de calumnia o de injuria.

Los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Muñoz Barra compartieron el criterio del señor Ministro Secretario General de Gobierno, en orden a que existe conveniencia de que se consoliden rápidamente las situaciones jurídicas a que pueda dar lugar el ejercicio de las libertades de opinión y de información.

Por tres votos contra uno, emitidos por los señores integrantes de la Comisión que se acaban de mencionar, se resolvió mantener el plazo especial de seis meses para la prescripción de estas acciones.

A continuación, la Comisión, por unanimidad, fue de idea de hacer aplicable el plazo especial de prescripción para las acciones criminales y penales respecto de todos los delitos que se prescriben en esta ley.

En cuanto a la oportunidad en que se inicia el cómputo del plazo, la Comisión prefirió establecer una norma especial para algunos delitos, específicamente para aquellos que se sancionan en los artículos 29, 30, 31, 33 y 34, del proyecto que proponemos, en el mismo sentido que consulta el artículo en comentario; vale decir, respecto de tales conductas el plazo de prescripción se contará desde que hubiere comenzado la difusión abusiva y, si la difusión se hubiere realizado inicialmente sólo en el extranjero, el plazo empezará a correr desde la fecha de la difusión en el territorio nacional.

Finalmente, se mantuvo la regla de que el ejercicio de la acción penal interrumpirá la prescripción de la acción civil, que comenzará nuevamente a correr una vez ejecutoriada la sentencia.

Fue aprobado en forma unánime, con la excepción señalada, por los HH. Senadores señores Fernández, Larraín, Muñoz Barra y Otero.

Artículo 63

Faculta al ofendido por alguno de los delitos cometidos a través de los medios de comunicación social a que se refiere esta ley, para solicitar al tribunal de la causa que ordene la difusión por el medio en que se hubiere cometido la infracción, en extracto, de la sentencia condenatoria respectiva. Tratándose de otros medios de difusión, el juez deberá determinar el medio que debe efectuar tal publicación, la que será a costa del ofensor.

Si el director no cumpliere la orden, se le sancionará con una multa de seis a diez ingresos mínimos, sin perjuicio del apercibimiento judicial para que efectúe la difusión en la edición o transmisión que el juez determine. En caso de que se mantuviera el incumplimiento, se faculta al tribunal para decretar la suspensión indefinida del medio, hasta que se produzca la publicación.

La Comisión efectuó una adecuación de referencia, sustituyendo la que se efectuaba al párrafo 1° del Título IV, por una al párrafo 3° del mismo Título, como consecuencia de los cambios de ubicación acordados en su momento respecto de varias disposiciones.

Por otra parte, por mayoría de votos eliminó la norma que entrega al juez la facultad de determinar el medio de difusión en el que debía publicarse el extracto de la sentencia condenatoria, para radicar la obligación en el medio de comunicación social en el que se hubiere cometido la infracción, a costa del ofensor. Votaron por la supresión del precepto los HH. Senadores señores Larraín y Otero, y por mantenerlo el H. Senador señor Fernández.

Para el evento de que no se publique el extracto dentro de plazo, se optó por hacer aplicables las mismas normas que se dieron para el caso de que el medio de comunicación no publique la aclaración o rectificación solicitada, en orden a aplicar una multa al director responsable y decretarse la suspensión inmediata del medio, la que se alzará cuando se cumpla con la obligación correspondiente; establecer la responsabilidad solidaria del director y el propietario o concesionario, y reafirmar la mantención de las remuneraciones del personal.

Con estas modificaciones, y la excepción apuntada, fue aprobado en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero.

Disposiciones varias

Artículo 64

Agrega un inciso al artículo 18 de la ley N° 18.838, [43] que crea el Consejo Nacional de Televisión, en virtud del cual se prohíbe a toda persona natural o jurídica que participe en la propiedad de un servicio de televisión de libre recepción que participe en la propiedad de otro de igual naturaleza que cubra la misma zona de servicio.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno expresó que, de acuerdo al artículo 15 de la Ley N° 18.838, que es la norma base en materia de concesiones de servicios de radiodifusión televisiva, existen ciertas limitaciones para su otorgamiento o para hacer uso de ellas, en cuya virtud solamente pueden acceder a las mismas las personas jurídicas, y no así las personas naturales. Por otra parte, y ello está en directa relación con el artículo que se está analizando, la misma norma, en su inciso final, establece perentoriamente que no podrá adjudicarse concesión nueva alguna a la persona jurídica que sea titular de una concesión VHF o que controle o administre a otra concesionaria de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción VHF en la misma zona de servicio del país. En consecuencia, explicó, la norma propuesta pareciera redundante, porque esta prohibición está contenida en nuestro ordenamiento jurídico.

Sin embargo, según comprobó personalmente cuando le correspondió ejercer la presidencia del Consejo Nacional de Televisión, la normativa en esta materia contiene una suerte de vacío, ya que si bien es cierto prohíbe la adjudicación de una nueva concesión a quien sea titular de otra en la misma zona de servicios del país, no existe prohibición para que se pueda adquirir una nueva concesión, con lo cual el efecto que se quiere evitar impedir la formación de posibles monopolios no se logra.

En virtud de lo anterior, consideró absolutamente aconsejable incorporar una norma que regule esta situación y que, tal como se hace en caso de adjudicación de una concesión, establezca igual prohibición para la adquisición de la misma.

La Comisión compartió la finalidad de la disposición que se propone, en orden a impedir que existan en una misma zona una misma persona jurídica con más de una concesión, por estimarse que va correctamente orientada en la dirección de garantizar la libre competencia.

Al efecto, aprobó el precepto con una nueva redacción propuesta por el señor Ministro, y, por razones de sistematicidad, lo ubicó como inciso final del artículo 15 de la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión.

Al mismo tiempo, la Comisión concordó el artículo 9º del proyecto que proponemos con el artículo 18 de la Ley del Consejo Nacional de Televisión, en cuanto a no exigir que los directores o gerentes de las personas jurídicas concesionarias de los servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción, sean chilenos, como hace el citado artículo 18. Por tal motivo, se decidió considerar una disposición que elimina de la enumeración que contiene éste último a los directores y a los gerentes, la cual se contempló como letra b) del mismo artículo que ahora, en su letra a), modifica el artículo 15 de dicho cuerpo legal.

En esas condiciones, el artículo fue sustituido por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Larraín, Hamilton y Sule.

La Comisión, con la misma unanimidad, insertó un nuevo artículo, que también persigue guardar concordancia entre el artículo 9º de esta iniciativa, conforme al texto que acompañamos más adelante, con el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones, N° 18.168, en el que se eliminó la palabra "Gerentes", de entre quienes requieren ser chilenos.

Artículo 65

Deroga el número 1) del artículo 158 del Código Penal, que sanciona al empleado público que arbitrariamente impidiere la libre circulación de opiniones por la imprenta en la forma prescrita por la ley con la suspensión del cargo de sesenta y un días a dos años, si gozare de renta, y de reclusión menor de sesenta y uno a quinientos cuarenta días, o multa de once a veinte sueldos vitales, cuando prestare servicios gratuitos.

De acuerdo a lo resuelto por la Comisión al estudiar el artículo 42 del proyecto aprobado por la H. Cámara de Diputados, se aprobó la derogación de esta disposición que se comenta por los motivos que se expresaron en dicha oportunidad. La derogación se consulta como número 1 del artículo 47 del texto que se recomienda más adelante, ya que, por motivos de técnica legislativa, se agruparon todas las modificaciones que se efectúan al Código Penal en un solo artículo.

En esa forma, fue aprobado en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero.

Artículo 66

Introduce tres modificaciones en la ley N° 12.927, sobre Seguridad del Estado.

La letra a) reemplaza el artículo 17, a fin de declarar que la responsabilidad por los delitos previstos y sancionados en esa ley, cometidos por medio de la prensa escrita, se determinará según las reglas generales del Código Penal y el inciso segundo del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal. Considera también autores al director o a quien legalmente lo reemplace al efectuarse la difusión.

Fue aprobada en forma unánime por los HH. Senadores señores Hamilton, Larraín y Otero, con adecuaciones de redacción, y cambiando la referencia al artículo 39 del proyecto, que establece las reglas aplicables para la determinación de la responsabilidad penal por los delitos cometidos en razón del ejercicio abusivo de las libertades de opinión e información.

La letra b) sustituye el artículo 18, con el objeto de establecer la exención de la responsabilidad penal del director, o de quien legalmente lo reemplace al efectuarse la difusión, cuando acrediten que no hubo culpa de su parte en la difusión delictuosa. Respecto de impresiones clandestinas, el impresor o la persona que tuviere a su cargo la imprenta, litografía o taller impresor, responderá en todo caso.

La letra c) reemplaza el artículo 19, para señalar que la responsabilidad por los delitos penados en esta ley, cometidos por medio de la radiodifusión o de la televisión, se sujetará a las reglas señaladas en los artículos anteriores que se modifican.

El contenido de las letras b) y c) quedó considerado en la letra a), en virtud de la remisión genérica que ésta hace al artículo 39 del proyecto de ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.

Por tal razón, estas dos letras se sustituyeron, en forma unánime, por los HH. Senadores señores Hamilton, Larraín y Otero, por otra que deroga los artículos 18 y 19 de la ley Nº 12.927.

Artículo 67

Condiciona a la previa autorización administrativa la enajenación de la concesión radial o televisiva que haya sido otorgada en atención a las características especiales del concesionario, a menos que el adquirente sea una institución que reúna las mismas características del concesionario que vende.

El Consejo Nacional de Televisión hizo presente que las concesiones televisivas se otorgan considerando única y exclusivamente la calidad técnica de los proyectos, y no está permitido tomen en cuenta las características especiales del concesionario, de acuerdo al artículo 15, inciso tercero, de la ley Nº 18.838.

Se eliminó por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Hamilton, Larraín y Otero. En esta virtud quedó acogida, parcialmente, la indicación de los HH. Senadores señores Bitar y Muñoz Barra que proponía eliminar la parte final de la disposición, en la que se contempla la excepción.

Artículo 68

Deroga la ley N° 16.643, sobre abusos de publicidad, con excepción de las normas de los artículos 3°, incisos segundo y tercero, 49, 51 y 52.

El artículo 3º, incisos segundo y tercero, obliga al dueño o adquirente de una imprenta, litografía o taller impresor a declararla al Director de la Biblioteca Nacional, que llevará un registro de todos ellos, y condiciona al cumplimiento de esta exigencia el otorgamiento o renovación de la patente municipal.

La Comisión estimó injustificada la mantención de tales disposiciones, considerando que esta actividad debería estar sometida solamente a las reglas generales de funcionamiento de las actividades comerciales.

El artículo 49 sanciona la publicación y circulación de mapas, cartas o esquemas geográficos que excluyan de los límites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre las cuales éste tuviera reclamaciones pendientes, y señala atribuciones del Instituto Geográfico Militar y del Departamento de Navegación e Hidrografía de la Armada. Es dable señalar que, en cuanto a las atribuciones del Instituto Geográfico Militar, este precepto reproduce las que contempla el decreto con fuerza de ley Nº 2.090, de Guerra, de 1930, en su artículo 5º. Las funciones del Departamento de Navegación e Hidrografía de la Armada pasaron a ser ejercidas por el Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile por mandato del artículo 2º de la ley Nº 16.771, cuya denominación fue sustituida por la de Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, en virtud del artículo único de la ley Nº 19.002.

Sobre el particular, la Comisión prefirió no innovar en la materia, que debe ser estudiada separadamente de esta iniciativa.

El artículo 51 declara de carácter técnico todas las publicaciones ordenadas hacer por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, como las adquisiciones de libros, bibliotecas completas, publicaciones periódicas, documentos históricos o de interés científico, obras de arte, objetos de artes aplicadas, históricos y científicos, que realice el mismo Servicio. A su vez, el artículo 52 concede a dicha Dirección, a los Servicios de su dependencia y al Fondo Histórico y Bibliográfico “José Toribio Medina”, liberación postal y telegráfica.

Al respecto, la Comisión consultó mayores antecedentes a la señora Directora de Bibliotecas, Archivos y Museos, quien hizo saber que el artículo 51 “en la actualidad carece de aplicación práctica”, y que el artículo 52 “habría sido objeto de derogación tácita, a través del artículo 2º del D.L. Nº 1.592 de 1976 y, en la actualidad, no sería justificable su reimplantación”.

En atención a lo anterior, por mayoría de votos la Comisión estimó conveniente dejar vigente solamente el artículo 49 de la ley Nº 16.643, de forma de incluir los demás preceptos a que se acaba de hacer alusión en la derogación de ese cuerpo legal. Votaron a favor los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero, y en contra lo hizo el H. Senador señor Hamilton.

Se incluyó como inciso segundo de este artículo, como se anticipó en su momento, con los votos de los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Sule y la abstención del H. Senador señor Larraín, una norma que declara que las normas actualmente en vigor sobre las referidas libertades, contenidas en otras leyes, seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución Política mientras no se dicte el correspondiente cuerpo legal sobre la materia que en cada caso se regula, sin perjuicio de que se modifiquen o deroguen con anterioridad mediante ley aprobado con quórum calificado cuando procediere, esto es, cuando establezcan delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades.

Con las modificaciones reseñadas, fue aprobado en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 69

Consulta la existencia, en las organizaciones gremiales que agrupan a los medios de comunicación y a los periodistas, de instancias de regulación de carácter ético respecto de sus afiliados, y permite recurrir ante ellos a cualquier ciudadano que se sienta afectado.

La Comisión no fue partidaria de este precepto, en cuanto importaría vulnerar la autonomía de los grupos intermedios de la sociedad y la libertad de asociación.

Fue suprimido por la mayoría de los señores integrantes de la Comisión, al recibir los votos negativos de los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero, y el voto favorable del H. Senador señor Hamilton.

Artículos transitorios

Artículo 1°

Declara la vigencia de los artículos 3°, incisos segundo y tercero, 49, 51 y 52, mientras no se dicte una disposición legal expresa que regule las materias de que tratan.

Asimismo, hace extensiva a todos los impresos la obligación de cumplir con el envío de los ejemplares respectivos, de conformidad al "depósito legal".

En virtud de lo resuelto respecto del artículo 68, sólo subsistirá el artículo 49 de la ley N° 16.643, quedando derogado en todo lo demás el referido cuerpo legal. Ambas materias, por su naturaleza, están apropiadamente contempladas entre las disposiciones permanentes de esta iniciativa.

Por otra parte, el restante inciso de este artículo ha perdido justificación por la nueva regulación del depósito legal que proponemos en el texto que en su oportunidad se señalará.

En consecuencia, se rechazó en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 2°

Obliga a los jueces militares y a las Cortes Marciales a remitir a la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de los quince días siguientes a la publicación de esta ley, los procesos pendientes sobre delitos cometidos con ocasión del ejercicio de las libertades de opinión e información que pasen a ser de competencia de los tribunales ordinarios, para que dicha Corte proceda a distribuirlos. Si el proceso se encuentra en la Corte Suprema, el plazo se contará desde que la causa sea recibida por el juez militar o la Corte Marcial, según sea el caso.

En consideración a los acuerdos adoptados por la Comisión en el sentido de no alterar las normas vigentes sobre competencia de los tribunales, fue eliminado en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule. En esa virtud, quedó desechada la indicación de los HH. Senadores señores Bitar y Muñoz Barra que proponía modificar este artículo.

Artículo 3°

Dispone que, para la vista y fallo de las causas indicadas en el inciso primero del artículo 46 y segundo del artículo 47, que a la fecha de la entrada en vigencia de la ley se encontraren pendientes ante la Corte Suprema, regirá lo prescrito en los artículos 93 y 99 del Código Orgánico de Tribunales. [44]

Fue eliminado, igualmente, en forma unánime por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Larraín.

En mérito a las consideraciones expuestas, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento os propone que aprobéis el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1°

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 1°.- La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley.

Asimismo, comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las señaladas por la ley.".

Artículo 2°

Sustituir el inciso primero por el que se señala a continuación:

"Para todos los efectos legales son medios de comunicación social aquellos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados al público.".

Reemplazar el inciso segundo por el que sigue:

"Se entenderá por diario todo periódico que se publique a lo menos cuatro días en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos en la ley.".

Artículos 3° y 4°

Refundirlos en el que se indica a continuación:

"Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1°, y de las atribuciones de las empresas de comunicación social en materia de contratación y administración, son funciones que corresponden preferentemente a la profesión de periodista las de reportear, elaborar y editar habitualmente noticias, informaciones, notas, crónicas, reportajes, pautas y libretos informativos que se utilicen o difundan en los medios de comunicación social.

Son periodistas las personas en posesión del respectivo título universitario, conferido válidamente en Chile, y aquellas a quienes la ley reconoce como tales.".

Artículos 5° y 8°

Refundirlos en el que se señala en seguida:

"Artículo 4°.- Las personas que, no siendo periodistas, ejerzan habitualmente las funciones que señala el artículo 3° en un medio de comunicación social, recibirán de éste una credencial que acredite dicha circunstancia, por el tiempo que ejerzan tales funciones. El propietario o concesionario del medio deberá disponer un registro público actualizado en que consten las personas así acreditadas.

Estas personas, y los alumnos de las escuelas de periodismo mientras realicen las prácticas profesionales exigidas por dichos planteles, tendrán los derechos y estarán afectos a las responsabilidades que esta ley contempla para los periodistas.".

Artículo 6°

Reemplazarlo por el que sigue:

"Artículo 5°.- Los directores, editores de medios de comunicación social, periodistas y quienes se encuentren en la situación del artículo 4°, tendrán derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa; reserva que se extenderá a los elementos que obren en su poder y que permitan identificarla. No podrán ser apremiados para revelarla, ni obligados a ello, ni siquiera judicialmente.

El que haga uso del derecho establecido en el inciso precedente será personalmente responsable de la información difundida, para todos los efectos legales.".

Artículo 7°

Sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 6°.- El medio de comunicación social que difunda material informativo identificándolo como de autoría de un periodista determinado, con su nombre, cara o voz, no podrá introducirle alteraciones substanciales sin consentimiento de éste o sin debido fundamento; será responsable de dichas alteraciones y, a petición del afectado, deberá efectuar la correspondiente aclaración.

En caso de no efectuarse la aclaración o reiterarse la situación señalada en el inciso anterior, ello constituirá incumplimiento grave del empleador a las obligaciones que impone el contrato de trabajo.".

Artículo 9º

Sustituirlo por el que se señala a continuación:

"Artículo 7°.- El pluralismo en el sistema informativo se garantiza a través de la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social y de la libre competencia entre ellos, favoreciéndose así la expresión de la diversidad social, cultural, política y regional del país.

El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) contemplará, anualmente, los recursos para la realización de estudios sobre el pluralismo en el sistema informativo resultante de la coexistencia y competencia entre los medios de comunicación social, los que serán distribuidos mediante concurso público.

Los fondos que establecen los presupuestos del Estado, de sus organismos y empresas y de las municipalidades, destinados a avisos, llamados a concurso, propuestas y publicidad, que tengan una clara identificación regional, provincial o comunal, deben destinarse preferentemente a efectuar la correspondiente publicación o difusión en medios de comunicación social regionales, provinciales o comunales.".

Agregar el siguiente artículo 8°, nuevo:

"Artículo 8°.- Las actuaciones de los órganos del Estado y los documentos de cualquier naturaleza u origen que legalmente obren en su poder son públicos, sin perjuicio de la reserva o secreto que procedan en conformidad a la ley o a los reglamentos, o en caso de que la publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de tales órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional.

En caso de que la información no sea proporcionada libremente, el interesado tendrá derecho a requerirla por escrito al jefe de Servicio respectivo. Este, salvo que dicha información tenga el carácter de reservada o secreta conforme a lo establecido en el inciso precedente, deberá proporcionarla dentro de las cuarenta y ocho horas de requerida o bien negarse a entregarla dando las razones para ello.

El requirente, vencido el plazo indicado o denegada su petición, tendrá derecho a recurrir al juez de letras en lo civil del domicilio de la autoridad requerida, en amparo a este derecho. El procedimiento se ajustará a lo establecido en el artículo 24 de esta ley, con la salvedad de que la notificación del reclamo se hará por cédula, dejada en la oficina de partes de la repartición pública correspondiente. El tribunal, en la resolución que ordene entregar la información, fijará plazo para ello y, además, podrá aplicar al jefe del Servicio una multa de dos a diez unidades tributarias mensuales.".

Artículo 10

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 9°.- En los casos en que la ley permita que el propietario de un medio de comunicación social sea persona natural, ésta deberá tener domicilio en el país y no estar procesada ni haber sido condenada por delito que merezca pena aflictiva. Tratándose de personas jurídicas, éstas deberán estar constituidas en Chile y tener domicilio en el país. Su presidente, administradores o representantes legales deberán ser chilenos y no estar procesados ni haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva. En ambos casos, el auto de procesamiento por delito que merezca pena aflictiva suspenderá al afectado, de inmediato y por el tiempo que se mantenga, de cualquiera función o actividad relativa a la administración del medio y de toda función periodística.

La individualización del propietario o titular de la concesión o permiso, según el caso, deberá mantenerse estrictamente al día, como también, tratándose de personas jurídicas, los nombres de sus socios y el registro de accionistas, según corresponda. Esta información será pública y deberá estar permanentemente a disposición de cualquier persona en el domicilio social.

Las concesiones para radiodifusión de libre recepción solicitadas por personas jurídicas extranjeras o chilenas, con participación de capital extranjero superior al 10%, sólo podrán otorgarse si se acredita, previamente, que en el país de origen se otorgan a los chilenos derechos y obligaciones similares a las condiciones de que gozarán estos solicitantes en Chile. Igual exigencia deberá cumplirse para adquirir una concesión existente. La infracción al cumplimiento de esta condición significará la caducidad de pleno derecho de la concesión.".

Artículo 11

Sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 10.- Los medios de comunicación social deberán tener un director responsable y, a lo menos, una persona que lo reemplace.

El director y quienes lo reemplacen deberán ser chilenos, tener domicilio y residencia en el país, no tener fuero, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no estar procesados ni haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva y, en los dos últimos años, no haber sido condenados como reincidentes en delitos penados por esta ley. El auto de procesamiento por delito que merezca pena aflictiva suspenderá al afectado, de inmediato y por el tiempo que se mantenga, de cualquiera función o actividad relativa a la administración del medio y de toda función periodística.".

Artículo 12

Reemplazarlo por el que se señala en seguida:

"Artículo 11.- Los medios de comunicación social podrán iniciar sus actividades una vez que hayan cumplido con las exigencias de los artículos anteriores.

Sin perjuicio de las normas de esta ley, el otorgamiento de concesiones o permisos de servicios de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o servicios limitados de televisión, su ejercicio e iniciación de actividades se regirán por las leyes respectivas.

La iniciación de actividades de los medios escritos de comunicación social se informará a la Gobernación Provincial o Intendencia Regional que corresponda al domicilio del medio mediante presentación, de la que esa Gobernación o Intendencia enviará copia al Director de la Biblioteca Nacional. La presentación deberá contener las siguientes enunciaciones:

a) El nombre del diario, revista o periódico, señalando los períodos que mediarán entre un número y otro;

b) El nombre completo, profesión, domicilio y cédula nacional de identidad del propietario, si fuera persona natural, o de las personas que tienen la representación legal de la sociedad, si se tratare de una persona jurídica;

c) El nombre completo, domicilio y cédula nacional de identidad del director y de la o las personas que deban substituirlo, con indicación del orden de precedencia en que ellas deben asumir su reemplazo;

d) La ubicación de sus oficinas principales, y

e) Tratándose de una persona jurídica, los documentos en que consten sus socios o accionistas y el porcentaje, monto y modalidades de su participación en la propiedad o en el capital de la empresa.

Asimismo, cualquier cambio que se produzca en las menciones anteriores deberá ser comunicado de igual forma, dentro de los quince días siguientes, o dentro de sesenta días si afectase a alguna de las expresadas en la letra e). Con todo, no requerirán ser informados los cambios en los accionistas o en la participación en el capital, cuando el propietario del medio de comunicación social sea una sociedad anónima abierta.

El Director de la Biblioteca Nacional deberá llevar un registro actualizado de los medios escritos de comunicación social existentes en el país, con indicación de los antecedentes señalados en este artículo.".

Artículo 13

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 12.- En un lugar destacado de todo diario, revista o escrito periódico, y al inicio y fin de las transmisiones diarias de todo servicio de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o servicio limitado de televisión, se indicarán el nombre y el domicilio del propietario o concesionario en su caso, o del representante legal, si se tratare de una persona jurídica. Las mismas menciones deberán hacerse respecto del director responsable.".

Artículo 14

Reemplazarlo por el que sigue:

"Artículo 13.- Todo impreso, grabación sonora o producción audiovisual realizado en el país y destinado a ofrecerse comercialmente al público deberá incluir el nombre de la persona o establecimiento responsable en el cual se ejecutó la impresión o producción, así como el lugar y la fecha correspondiente, sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos fijados por la ley.".

Artículo 15

Sustituirlo por el que se indica a continuación:

"Artículo 14.- Las personas o establecimientos a que se refiere el artículo anterior deberán enviar a la Biblioteca Nacional el número de ejemplares que a continuación se indica de los libros, periódicos o revistas que impriman: diez del libro que se edite en un número igual o superior a mil ejemplares; cinco del libro que se edite en una cantidad inferior; diez de cada periódico o revista de circulación nacional, y cinco de cada periódico o revista de circulación regional, provincial o comunal.

En el caso de las grabaciones sonoras o producciones audiovisuales, tales personas o establecimientos depositarán dos ejemplares de cada una.".

Artículo 16

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 15.- Los servicios de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión, respecto de sus programas de origen nacional, estarán obligados a dejar copia o cinta magnetofónica, y a conservarla durante veinte días, de toda noticia, entrevista, charla, comentario, conferencia, disertación, editorial, discurso o debate que haya transmitido.".

Artículo 17

Reemplazarlo por el que se indica, precedido del siguiente párrafo, nuevo:

"Párrafo 1°

De las infracciones al Título II

Artículo 22.- Las infracciones al Título II se sancionarán con multa de dos a treinta unidades tributarias mensuales. Además, en su sentencia, el tribunal deberá fijar un plazo para que el denunciado de cabal cumplimiento a la norma infringida, si procediere.

Ejecutoriada que sea la sentencia, el tribunal aplicará una nueva multa por cada publicación aparecida o transmisión efectuada sin que se haya dado cumplimiento a la obligación respectiva. Tratándose de infracción a los artículos 9º, inciso primero, 10 y 11, el tribunal dispondrá, además, la suspensión del medio de comunicación social mientras subsista el incumplimiento.

Serán responsables solidarios del pago de las multas el director y el propietario o concesionario del medio de comunicación social.".

Artículo 18

Sustituirlo por el que se señala a continuación:

"Artículo 23.- El conocimiento y resolución de las denuncias por estas infracciones corresponderá al juez de letras en lo civil del domicilio del medio de comunicación social.

Estas infracciones podrá denunciarlas cualquier persona y, en especial, el Gobernador Provincial o el Intendente Regional respectivo en el caso del artículo 11, y el Director de la Biblioteca Nacional tratándose de infracciones al mismo artículo y al artículo 14.".".

Incorporar el siguiente artículo 24, nuevo:

"Artículo 24.- El procedimiento se sujetará a las reglas siguientes:

a) La denuncia deberá señalar claramente la infracción cometida, los hechos que la configuran y adjuntar los medios de prueba que los acrediten, en su caso.

b) El tribunal dispondrá que ésta sea notificada de conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 18. En igual forma se notificará la sentencia que se dicte.

c) El denunciado deberá presentar sus descargos dentro de quinto día hábil y adjuntar los medios de prueba que acrediten los hechos en que los funda. De no disponer de ellos, expresará esta circunstancia y el tribunal fijará una audiencia, para dentro de quinto día hábil, a fin de recibir la prueba ofertada y no acompañada.

d) La sentencia definitiva se dictará dentro de tercero día de vencido el plazo a que se refiere la letra anterior, sea que el denunciado haya o no presentado descargos. Si el tribunal decretó una audiencia de prueba, este plazo correrá una vez vencido el plazo fijado para ésta.

e) Las resoluciones se dictarán en única instancia y se notificarán por el estado diario.

f) La sentencia definitiva será apelable en ambos efectos. El recurso deberá interponerse en el término fatal de cinco días, contados desde la notificación de la parte que lo entabla, deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan.

Deducida la apelación, el tribunal elevará de inmediato los autos a la Corte de Apelaciones. Esta resolverá en cuenta, sin esperar la comparecencia de ninguna de las partes, dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha de ingreso del expediente a la secretaría del tribunal.".

Artículo 19

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 25.- Las acciones para perseguir las infracciones a los artículos 13 y 14 prescribirán en el plazo de un año, contado desde la fecha en que debió cumplirse la obligación.".

Incorporar el siguiente artículo 16, nuevo, a continuación del epígrafe relativo al título III:

"Artículo 16.- Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que se establecen en los artículos siguientes, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida.".

Artículo 20

Sustituirlo por el que se indica a continuación:

"Artículo 18.- La obligación del medio de comunicación social de difundir gratuitamente la aclaración o la rectificación regirá aun cuando la información que la motiva provenga de una inserción. En este caso, el medio podrá cobrar el costo en que haya incurrido por la aclaración o la rectificación a quien haya ordenado la inserción.

Las aclaraciones y las rectificaciones deberán circunscribirse, en todo caso, al objeto de la información que las motiva y no podrán tener una extensión superior a mil palabras o, en el caso de la radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o servicios limitados de televisión, a dos minutos.

Este requerimiento deberá dirigirse a su director, o a la persona que deba reemplazarlo, dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha de la edición o difusión que lo motive.

Los notarios y los receptores judiciales estarán obligados a notificar el requerimiento a simple solicitud del interesado. La notificación se hará por medio de una cédula que contendrá íntegramente el texto de la aclaración o rectificación, la que será entregada al director o a la persona que lo reemplace, o en su defecto a cualquier persona que se encuentre y atienda en el lugar de ubicación de la oficina principal o de las plantas de transmisión u oficina de ella, si fuere un servicio de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o servicio limitado de televisión.".

Artículos 21 y 62

Refundirlos en el siguiente:

"Artículo 17.- El ofendido o injustamente aludido por un servicio de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o un servicio limitado de televisión podrá, pagando el valor del material empleado para la reproducción, solicitar directamente la entrega de una copia fiel de la transmisión a que se refiere el artículo 15, la que deberá ser puesta a disposición del peticionario dentro de quinto día.

En caso de que el respectivo servicio no hiciere entrega de la copia dentro de plazo o se negare injustificadamente a hacerlo, y el juez de letras en lo criminal la estimara pertinente para acreditar un posible hecho delictivo, a solicitud del interesado y a su costa podrá requerir el envío de la copia, para ponerla a disposición de éste. El director responsable o quien lo reemplace deberá entregar al tribunal la copia fiel de la transmisión dentro de tercero día, contado desde que se le notifique la resolución que ordene enviarla.".

Artículo 22

Sustituirlo por el que se indica a continuación:

"Artículo 19.- El escrito de aclaración o de rectificación deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página y con similares características de la información que lo haya provocado, o en un lugar destacado de la misma sección o de otra, destinada especialmente para ello.

En el caso de servicios de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o servicios limitados de televisión, la aclaración o la rectificación deberá difundirse en el mismo horario y con similares características de la transmisión que la haya motivado.

La rectificación o aclaración se hará, a más tardar, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la entrega del requerimiento, o en la más próxima transmisión del mismo programa, a elección del requirente. Si se tratare de una publicación que no aparezca todos los días, la aclaración o rectificación deberá hacerse en la más próxima edición o transmisión.

El director del medio de comunicación social no podrá negarse a difundir la aclaración o rectificación, salvo que ella no se ajuste a las exigencias del inciso segundo del artículo 18, o suponga la comisión de un delito. Se presumirá su negativa si no se difundiere la aclaración o rectificación en la oportunidad señalada en el inciso anterior.

Si el medio hiciere nuevos comentarios a la aclaración o a la rectificación, el afectado tendrá derecho a réplica según las reglas anteriores. En todo caso, los comentarios deberán hacerse en forma tal, que se distingan claramente de la aclaración o rectificación.".

Artículo 23

Reemplazarlo por el que se señala, precedido del siguiente párrafo, nuevo:

"Párrafo 2°

De las infracciones al Título III

Artículo 26.- El conocimiento y resolución de las denuncias por infracciones al Título III corresponderá al juez de letras en lo criminal del domicilio del medio de comunicación social."

Artículo 24

Sustituirlo por los que se indican a continuación:

"Artículo 27.- El procedimiento se sujetará a las normas establecidas en el artículo 24, con las siguientes modificaciones:

a) El plazo para presentar los descargos será de tres días hábiles, y

b) No habrá término especial de prueba."

“Artículo 28.- El tribunal, en la resolución que ordene publicar o emitir la aclaración o la rectificación, o su corrección, fijará plazo para ello y, además, podrá aplicar al director una multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales.

Ejecutoriada la sentencia condenatoria, si no se publica la aclaración o rectificación dentro del plazo señalado por el tribunal, el director del medio será sancionado con multa de doce a cien unidades tributarias mensuales y se decretará la suspensión inmediata del medio de comunicación social, la que quedará sin efecto desde el momento mismo en que se cumpla cabalmente la obligación impuesta.

Serán responsables solidarios del pago de las multas el director y el propietario o concesionario del medio de comunicación social.

Cuando por aplicación de las disposiciones de este artículo un medio de comunicación social fuere suspendido temporalmente, su personal percibirá, durante el lapso de la suspensión, todas las remuneraciones a que legal o contractualmente tuviere derecho, en las mismas condiciones como si estuviere en funciones.".".

Artículo 25

Eliminarlo.

Artículo 26

Sustituirlo por el que se indica a continuación:

"Artículo 20.- El derecho a que se refiere este título prescribirá dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha de la emisión. Sólo podrá ser ejercido por la persona ofendida o injustamente aludida, o por su mandatario o apoderado, o, en caso de fallecimiento de aquélla, por su cónyuge o por sus parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el segundo grado inclusive.".

Intercalar el siguiente artículo 21, nuevo:

"Artículo 21.- No se podrá ejercer el derecho de aclaración o rectificación con relación a las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica o deportiva, sin perjuicio de la sanción a que pueden dar lugar esos artículos, si por medio de su difusión se cometiere algunos de los delitos penados en esta ley.".

Título IV

De los delitos

Sustituirlo por el que se señala:

"Título IV

De las infracciones y de los delitos”

Párrafo 1°

De los delitos cometidos a través de un medio de comunicación social

Consultarlo como Párrafo 3º.

Artículo 27

Eliminarlo.

Artículo 28

Sustituirlo por el que se indica a continuación:

"Artículo 29.- El que, por cualquier medio de comunicación social, realizare publicaciones o transmisiones que conciten odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, religión o nacionalidad, será penado con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias mensuales.".

Artículos 29, 30 y 31

Eliminarlos.

Artículo 32

Consultarlo como artículo 30, agregándole el siguiente inciso segundo:

"No constituyen injurias las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica y deportiva, salvo que su tenor pusiere de manifiesto el propósito de injuriar, además del de criticar.".

Artículos 33 y 34.

Suprimirlos.

Artículo 35

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 31.- Será sancionado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y con multa de cien a doscientas unidades tributarias mensuales el que maliciosamente intercepte, grabe o reproduzca palabras, imágenes o textos, no destinados a la publicidad, para descubrir los secretos o la intimidad de otros, sin su consentimiento. El que las difundiere, sin consentimiento del o los afectados y produciendo a su respecto daño o descrédito, será sancionado con presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

No se aplicará el artículo 161A del Código Penal al que actúe en ejercicio de las funciones amparadas por la presente ley.".

Artículo 36

Sustituirlo por el que se indica a continuación:

"Artículo 32.- La difusión de noticias o informaciones emanadas de juicios, procesos o gestiones judiciales pendientes o afinados, no podrá invocarse como eximente o atenuante de responsabilidad civil o penal, cuando dicha difusión, por sí misma, sea constitutiva de los delitos de calumnia, injuria o ultraje público a las buenas costumbres.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior las publicaciones jurídicas de carácter especializado, las que no darán lugar a responsabilidad civil ni penal por la difusión de noticias o informaciones de procesos o gestiones judiciales que estuvieren afinados o, si se encontraren pendientes, siempre que no se individualice a los interesados.".

Artículo 37

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 33.- Se prohíbe la divulgación, por cualquier medio de comunicación social, de la identidad de menores de edad que sean autores, cómplices, encubridores o testigos de delitos, o de cualquier otro antecedente que conduzca a ella.

Esta prohibición regirá también respecto de las víctimas de alguno de los delitos contemplados en el Título VII, "Crímenes y simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública", del Libro II del Código Penal, a menos que consientan expresamente en la divulgación.

La infracción a este artículo será sancionada con multa de treinta a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales. En caso de reiteración, la multa se elevará al doble.".

Artículo 38

Sustituirlo por el que se indica a continuación:

"Artículo 34.- El que cometiere alguno de los delitos de ultraje público a las buenas costumbres contemplados en los artículos 373 y 374 del Código Penal, a través de un medio de comunicación social, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de once a ochenta unidades tributarias mensuales.

Si se perpetrase la conducta a que se refiere el artículo 374A del mismo Código, la pena se impondrá con exclusión de su grado mínimo, o de la mitad inferior, según corresponda.".

Artículo 39

Suprimirlo.

Artículo 40

Eliminarlo.

Artículo 41

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 35.- Los medios de comunicación social están exentos de responsabilidad penal respecto de la publicación de las opiniones vertidas por los parlamentarios en los casos señalados en el inciso primero del artículo 58 de la Constitución Política, y de los alegatos hechos por los abogados ante los tribunales de justicia.".

Párrafo 2°

De los delitos cometidos contra las libertades de opinión y de información

Contemplarlo como Párrafo 4°.

Artículo 42

Sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 36.- El que, fuera de los casos previstos por la Constitución o la ley, y en el ejercicio de funciones públicas, impidiere arbitrariamente la libre difusión de opiniones o informaciones a través de cualquier medio de comunicación social, o la libre circulación de éstos, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo o multa de cuarenta a cien unidades tributarias mensuales.".

Incorporar el siguiente artículo 37, nuevo:

"Artículo 37.- La falta de entrega oportuna de la información en la forma que decrete el tribunal, conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 8°, será sancionada con suspensión del cargo de cinco a quince días y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales; y, si el jefe de Servicio persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la pena.".

Artículo 43

Sustituirlo por el que se indica a continuación:

"Artículo 38.- Para los efectos del inciso segundo del artículo 1º del decreto ley Nº 211, de 1973, se reputarán artículos o servicios esenciales los pertinentes a la operación o mantención de los medios de comunicación social.".

Título V

De la responsabilidad y del procedimiento

Sustituirlo por el que se indica a continuación:

"Párrafo 5º

De la responsabilidad y del procedimiento aplicables a los delitos de que trata esta ley.".

Artículo 44

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 39.- La responsabilidad penal por los delitos cometidos en razón del ejercicio abusivo de las libertades de emitir opinión y de informar, a través de un medio de comunicación social, se determinará según las reglas generales del Código Penal y las normas de esta ley.

Se considerará también autor, tratándose de los medios de comunicación social, al director o a quien legalmente lo reemplace al efectuarse la publicación o difusión.

Quedará exenta de responsabilidad penal la persona señalada en el inciso anterior, cuando acredite que no hubo culpa de su parte en la difusión o publicación.".

Artículo 45

Sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 40.- La acción civil para obtener la indemnización de daños y perjuicios derivada de delitos penados en esta ley se regirá por las reglas generales.

La comisión de los delitos de injuria y calumnia a que se refiere el artículo 30, dará derecho a indemnización por el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral.".

Artículo 46

Eliminarlo.

Artículo 47

Sustituirlo por el que se indica a continuación:

"Artículo 41.- La justicia ordinaria será siempre competente para conocer de los delitos cometidos por civiles en el ejercicio de las libertades de opinión y de información consagradas en el artículo 19, N° 12, inciso primero, de la Constitución Política de la República.

De estas causas conocerá el juez del crimen competente según las reglas generales.".

Artículos 48 a 58

Suprimirlos.

Artículo 59

Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 48.- Incorpórase el siguiente inciso final al artículo 504 del Código de Procedimiento Penal:

“La sentencia condenatoria por delitos de ultraje público a las buenas costumbres ordenará la destrucción total o parcial, según proceda, de los impresos o de las grabaciones sonoras o audiovisuales de cualquier tipo que se hayan decomisado durante el proceso. Igual medida podrá decretar, tratándose de delitos cometidos en el ejercicio de las libertades garantizadas en el inciso primero del Nº 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.”.”

Artículo 60.

Eliminarlo.

Artículo 61

Reemplazarlo por el que se señala a continuación:

“Artículo 42.- Tanto la acción penal como la civil provenientes de los delitos previstos en esta ley prescribirán en el lapso de seis meses.

Este plazo, en el caso de los delitos a que se refieren los artículos 29, 30, 31, 33 y 34, se contará desde la fecha en que hubiere comenzado la difusión abusiva. Si ella se hubiere realizado inicialmente sólo en el extranjero, el plazo empezará a correr desde la fecha de la difusión en el territorio nacional.

El ejercicio de la acción penal, en cualquiera de sus formas, interrumpirá la prescripción de la acción civil, la que comenzará nuevamente a correr una vez ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio criminal.”.

Artículo 63

Contemplarlo como artículo 43, con las siguientes modificaciones:

En el inciso primero, reemplazar la frase “párrafo 1°” por “párrafo 3°”; convertir el punto seguido (.) en coma (,), agregando la frase “a contar del ofensor.”; y eliminar la oración “Tratándose de otros medios de difusión, la publicación se hará en aquél que el juez determine, a contar del ofensor.”.

Sustituir su inciso segundo por el siguiente:

"Si no se efectúa la publicación dentro del plazo que señale el tribunal, se aplicará lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo 28.".

Artículo 64

Consultarlo como letra a) del nuevo artículo 44, en los términos que se expresan en seguida.

Intercalar los siguientes artículos 44 y 45, nuevos:

"Artículo 44.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión:

a) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 15:

"Ninguna persona jurídica titular de una concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción podrá adquirir, a ningún título, otra concesión VHF en la misma zona de servicio.",

b) Suprímense, en el inciso primero del artículo 18, las expresiones "directores, gerentes,".".

“Artículo 45.- Suprímense, en el inciso primero del artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones, N° 18.168, las expresiones “Gerentes,” y la frase final, pasando el punto seguido a ser punto aparte.”.

Artículo 65

Contemplarlo como número 1 del nuevo artículo 47, en la forma que se expone en su oportunidad.

Artículo 66

Sustituirlo por el que se indica a continuación:

"Artículo 46.- Introdúcense en la ley 12.927, sobre Seguridad del Estado, las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase el artículo 17 por el siguiente:

"Artículo 17.- La responsabilidad penal por los delitos previstos y sancionados en esta ley, cometidos a través de un medio de comunicación social, se determinará de conformidad a lo previsto en el artículo 39 de la ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.".

b) Deróganse los artículos 18 y 19.".

Artículo 67

Eliminarlo.

Insertar el siguiente artículo 47, nuevo:

"Artículo 47.- Modifícase el Código Penal en el siguiente sentido:

1.- Derógase el número 1º del artículo 158.

2.- Agrégase el siguiente artículo 374A:

"Artículo 374A. Las penas previstas para estos delitos se elevarán en un grado, y al doble tratándose de multas, si el ultraje público a las buenas costumbres incitare o promoviere la perversión de menores de edad.

Se presume que incita o promueve la perversión de menores cuando se empleen medios de difusión que, por su naturaleza, estén al alcance de los menores o cuando a un menor se ofrezcan, vendan, entreguen o exhiban escritos, figuras, objetos o imágenes pornográficos o contrarios a las buenas costumbres, o cuando el delito se cometiere dentro del radio de doscientos metros de una escuela, colegio, instituto o cualquier establecimiento educacional o de asilo destinado a niños y jóvenes.".".

Artículo 68

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 49.- Derógase la ley N° 16.643, sobre Abusos de Publicidad, con excepción de su artículo 49.

Las normas actualmente en vigor sobre la libertad de emitir opinión y la de informar, contenidas en otras leyes, seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución Política mientras no se dicte el correspondiente cuerpo legal sobre la materia que en cada caso se regula, sin perjuicio de que se modifiquen o deroguen con anterioridad mediante ley aprobada con quórum calificado, cuando procediere.".

Artículo 69

Suprimirlo.

Artículos transitorios

Artículos 1º, 2º y 3º

Eliminarlos.

De aprobarse las modificaciones anteriores, el texto del proyecto de ley quedaría como sigue

PROYECTO DE LEY:

"Ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.

Título I

Disposiciones Generales

Artículo 1°.- La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley.

Asimismo, comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las señaladas por la ley.

Artículo 2°.- Para todos los efectos legales son medios de comunicación social aquellos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados al público.

Se entenderá por diario todo periódico que se publique a lo menos cuatro días en cada semana y cumpla con los demás requisitos establecidos en la ley.

Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1°, y de las atribuciones de las empresas de comunicación social en materia de contratación y administración, son funciones que corresponden preferentemente a la profesión de periodista las de reportear, elaborar y editar habitualmente noticias, informaciones, notas, crónicas, reportajes, pautas y libretos informativos que se utilicen o difundan en los medios de comunicación social.

Son periodistas las personas en posesión del respectivo título universitario, conferido válidamente en Chile, y aquellas a quienes la ley reconoce como tales.

Artículo 4°.- Las personas que, no siendo periodistas, ejerzan habitualmente las funciones que señala el artículo 3° en un medio de comunicación social, recibirán de éste una credencial que acredite dicha circunstancia, por el tiempo que ejerzan tales funciones. El propietario o concesionario del medio deberá disponer un registro público actualizado en que consten las personas así acreditadas.

Estas personas, y los alumnos de las escuelas de periodismo mientras realicen las prácticas profesionales exigidas por dichos planteles, tendrán los derechos y estarán afectos a las responsabilidades que esta ley contempla para los periodistas.

Artículo 5°.- Los directores, editores de medios de comunicación social, periodistas y quienes se encuentren en la situación del artículo 4°, tendrán derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa; reserva que se extenderá a los elementos que obren en su poder y que permitan identificarla. No podrán ser apremiados para revelarla, ni obligados a ello, ni siquiera judicialmente.

El que haga uso del derecho establecido en el inciso precedente será personalmente responsable de la información difundida, para todos los efectos legales.

Artículo 6°.- El medio de comunicación social que difunda material informativo identificándolo como de autoría de un periodista determinado, con su nombre, cara o voz, no podrá introducirle alteraciones sustanciales sin consentimiento de éste o sin debido fundamento; será responsable de dichas alteraciones y, a petición del afectado, deberá efectuar la correspondiente aclaración.

En caso de no efectuarse la aclaración o reiterarse la situación señalada en el inciso anterior, ello constituirá incumplimiento grave del empleador a las obligaciones que impone el contrato de trabajo.

Artículo 7°.- El pluralismo en el sistema informativo se garantiza a través de la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social y de la libre competencia entre ellos, favoreciéndose así la expresión de la diversidad social, cultural, política y regional del país.

El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) contemplará, anualmente, los recursos para la realización de estudios sobre el pluralismo en el sistema informativo resultante de la coexistencia y competencia entre los medios de comunicación social, los que serán distribuidos mediante concurso público.

Los fondos que establecen los presupuestos del Estado, de sus organismos y empresas y de las municipalidades, destinados a avisos, llamados a concurso, propuestas y publicidad, que tengan una clara identificación regional, provincial o comunal, deben destinarse preferentemente a efectuar la correspondiente publicación o difusión en medios de comunicación social regionales, provinciales o comunales.

Artículo 8º.- Las actuaciones de los órganos del Estado y los documentos de cualquier naturaleza u origen que legalmente obren en su poder son públicos, sin perjuicio de la reserva o secreto que procedan en conformidad a la ley o a los reglamentos, o en caso de que la publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de tales órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional.

En caso de que la información no sea proporcionada libremente, el interesado tendrá derecho a requerirla por escrito al jefe de Servicio respectivo. Este, salvo que dicha información tenga el carácter de reservada o secreta conforme a lo establecido en el inciso precedente, deberá proporcionarla dentro de las cuarenta y ocho horas de requerida o bien negarse a entregarla dando las razones para ello.

El requirente, vencido el plazo indicado o denegada su petición, tendrá derecho a recurrir al juez de letras en lo civil del domicilio de la autoridad requerida, en amparo a este derecho. El procedimiento se ajustará a lo establecido en el artículo 24 de esta ley, con la salvedad de que la notificación del reclamo se hará por cédula, dejada en la oficina de partes de la repartición pública correspondiente. El tribunal, en la resolución que ordene entregar la información, fijará plazo para ello y, además, podrá aplicar al jefe del Servicio una multa de dos a diez unidades tributarias mensuales.

Título II

De las formalidades de funcionamiento de los medios de comunicación social

Artículo 9°.- En los casos en que la ley permita que el propietario de un medio de comunicación social sea persona natural, ésta deberá tener domicilio en el país y no estar procesada ni haber sido condenada por delito que merezca pena aflictiva. Tratándose de personas jurídicas, éstas deberán estar constituidas en Chile y tener domicilio en el país. Su presidente, administradores o representantes legales deberán ser chilenos y no estar procesados ni haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva. En ambos casos, el auto de procesamiento por delito que merezca pena aflictiva suspenderá al afectado, de inmediato y por el tiempo que se mantenga, de cualquiera función o actividad relativa a la administración del medio y de toda función periodística.

La individualización del propietario o titular de la concesión o permiso, según el caso, deberá mantenerse estrictamente al día, como también, tratándose de personas jurídicas, los nombres de sus socios y el registro de accionistas, según corresponda. Esta información será pública y deberá estar permanentemente a disposición de cualquier persona en el domicilio social.

Las concesiones para radiodifusión de libre recepción solicitadas por personas jurídicas extranjeras o chilenas, con participación de capital extranjero superior al 10%, sólo podrán otorgarse si se acredita, previamente, que en el país de origen se otorgan a los chilenos derechos y obligaciones similares a las condiciones de que gozarán estos solicitantes en Chile. Igual exigencia deberá cumplirse para adquirir una concesión existente. La infracción al cumplimiento de esta condición significará la caducidad de pleno derecho de la concesión.

Artículo 10.- Los medios de comunicación social deberán tener un director responsable y, a lo menos, una persona que lo reemplace.

El director y quienes lo reemplacen deberán ser chilenos, tener domicilio y residencia en el país, no tener fuero, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no estar procesados ni haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva y, en los dos últimos años, no haber sido condenados como reincidentes en delitos penados por esta ley. El auto de procesamiento por delito que merezca pena aflictiva suspenderá al afectado, de inmediato y por el tiempo que se mantenga, de cualquiera función o actividad relativa a la administración del medio y de toda función periodística.

Artículo 11.- Los medios de comunicación social podrán iniciar sus actividades una vez que hayan cumplido con las exigencias de los artículos anteriores.

Sin perjuicio de las normas de esta ley, el otorgamiento de concesiones o permisos de servicios de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o servicios limitados de televisión, su ejercicio e iniciación de actividades se regirán por las leyes respectivas.

La iniciación de actividades de los medios escritos de comunicación social se informará a la Gobernación Provincial o Intendencia Regional que corresponda al domicilio del medio mediante presentación, de la que esa Gobernación o Intendencia enviará copia al Director de la Biblioteca Nacional. La presentación deberá contener las siguientes enunciaciones:

a) El nombre del diario, revista o periódico, señalando los períodos que mediarán entre un número y otro;

b) El nombre completo, profesión, domicilio y cédula nacional de identidad del propietario, si fuera persona natural, o de las personas que tienen la representación legal de la sociedad, si se tratare de una persona jurídica;

c) El nombre completo, domicilio y cédula nacional de identidad del director y de la o las personas que deban substituirlo, con indicación del orden de precedencia en que ellas deben asumir su reemplazo;

d) La ubicación de sus oficinas principales, y

e) Tratándose de una persona jurídica, los documentos en que consten sus socios o accionistas y el porcentaje, monto y modalidades de su participación en la propiedad o en el capital de la empresa.

Asimismo, cualquier cambio que se produzca en las menciones anteriores deberá ser comunicado de igual forma, dentro de los quince días siguientes, o dentro de sesenta días si afectase a alguna de las expresadas en la letra e). Con todo, no requerirán ser informados los cambios en los accionistas o en la participación en el capital, cuando el propietario del medio de comunicación social sea una sociedad anónima abierta.

El Director de la Biblioteca Nacional deberá llevar un registro actualizado de los medios escritos de comunicación social existentes en el país, con indicación de los antecedentes señalados en este artículo.

Artículo 12.- En un lugar destacado de todo diario, revista o escrito periódico, y al inicio y fin de las transmisiones diarias de todo servicio de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o servicio limitado de televisión, se indicarán el nombre y el domicilio del propietario o concesionario en su caso, o del representante legal, si se tratare de una persona jurídica. Las mismas menciones deberán hacerse respecto del director responsable.

Artículo 13.- Todo impreso, grabación sonora o producción audiovisual realizado en el país y destinado a ofrecerse comercialmente al público deberá incluir el nombre de la persona o establecimiento responsable en el cual se ejecutó la impresión o producción, así como el lugar y la fecha correspondiente, sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos fijados por la ley.

Artículo 14.- Las personas o establecimientos a que se refiere el artículo anterior deberán enviar a la Biblioteca Nacional el número de ejemplares que a continuación se indica de los libros, periódicos o revistas que impriman: diez del libro que se edite en un número igual o superior a mil ejemplares; cinco del libro que se edite en una cantidad inferior; diez de cada periódico o revista de circulación nacional, y cinco de cada periódico o revista de circulación regional, provincial o comunal.

En el caso de las grabaciones sonoras o producciones audiovisuales, tales personas o establecimientos depositarán dos ejemplares de cada una.

Artículo 15.- Los servicios de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión, respecto de sus programas de origen nacional, estarán obligados a dejar copia o cinta magnetofónica, y a conservarla durante veinte días, de toda noticia, entrevista, charla, comentario, conferencia, disertación, editorial, discurso o debate que haya transmitido.

Título III

Del derecho de aclaración y de rectificación

Artículo 16.- Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que se establecen en los artículos siguientes, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida.

Artículo 17.- El ofendido o injustamente aludido por un servicio de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o un servicio limitado de televisión podrá, pagando el valor del material empleado para la reproducción, solicitar directamente la entrega de una copia fiel de la transmisión a que se refiere el artículo 15, la que deberá ser puesta a disposición del peticionario dentro de quinto día.

En caso de que el respectivo servicio no hiciere entrega de la copia dentro de plazo o se negare injustificadamente a hacerlo, y el juez de letras en lo criminal la estimara pertinente para acreditar un posible hecho delictivo, a solicitud del interesado y a su costa podrá requerir el envío de la copia, para ponerla a disposición de éste. El director responsable o quien lo reemplace deberá entregar al tribunal la copia fiel de la trasmisión dentro de tercero día, contado desde que se le notifique la resolución que ordene enviarla.

Artículo 18.- La obligación del medio de comunicación social de difundir gratuitamente la aclaración o la rectificación regirá aun cuando la información que la motiva provenga de una inserción. En este caso, el medio podrá cobrar el costo en que haya incurrido por la aclaración o la rectificación a quien haya ordenado la inserción.

Las aclaraciones y las rectificaciones deberán circunscribirse, en todo caso, al objeto de la información que las motiva y no podrán tener una extensión superior a mil palabras o, en el caso de la radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o servicios limitados de televisión, a dos minutos.

Este requerimiento deberá dirigirse a su director, o a la persona que deba reemplazarlo, dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha de la edición o difusión que lo motive.

Los notarios y los receptores judiciales estarán obligados a notificar el requerimiento a simple solicitud del interesado. La notificación se hará por medio de una cédula que contendrá íntegramente el texto de la aclaración o rectificación, la que será entregada al director o a la persona que lo reemplace, o en su defecto a cualquier persona que se encuentre y atienda en el lugar de ubicación de la oficina principal o de las plantas de transmisión u oficina de ella, si fuere un servicio de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o servicio limitado de televisión.

Artículo 19.- El escrito de aclaración o de rectificación deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página y con similares características de la información que lo haya provocado, o en un lugar destacado de la misma sección o de otra, destinada especialmente para ello.

En el caso de servicios de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o servicios limitados de televisión, la aclaración o la rectificación deberá difundirse en el mismo horario y con similares características de la transmisión que la haya motivado.

La rectificación o aclaración se hará, a más tardar, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la entrega del requerimiento, o en la más próxima transmisión del mismo programa, a elección del requirente. Si se tratare de una publicación que no aparezca todos los días, la aclaración o rectificación deberá hacerse en la más próxima edición o transmisión.

El director del medio de comunicación social no podrá negarse a difundir la aclaración o rectificación, salvo que ella no se ajuste a las exigencias del inciso segundo del artículo 18, o suponga la comisión de un delito. Se presumirá su negativa si no se difundiere la aclaración o rectificación en la oportunidad señalada en el inciso anterior.

Si el medio hiciere nuevos comentarios a la aclaración o a la rectificación, el afectado tendrá derecho a réplica según las reglas anteriores. En todo caso, los comentarios deberán hacerse en forma tal, que se distingan claramente de la aclaración o rectificación.

Artículo 20.- El derecho a que se refiere este título prescribirá dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha de la emisión. Sólo podrá ser ejercido por la persona ofendida o injustamente aludida, o por su mandatario o apoderado, o, en caso de fallecimiento de aquélla, por su cónyuge o por sus parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el segundo grado inclusive.

Artículo 21.- No se podrá ejercer el derecho de aclaración o rectificación con relación a las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica y deportiva, sin perjuicio de la sanción a que pueden dar lugar esos artículos, si por medio de su difusión se cometiere algunos de los delitos penados en esta ley.

Título IV

De las infracciones y de los delitos

Párrafo 1°

De las infracciones al Título II

Artículo 22.- Las infracciones al Título II se sancionarán con multa de dos a treinta unidades tributarias mensuales. Además, en su sentencia, el tribunal deberá fijar un plazo para que el denunciado de cabal cumplimiento a la norma infringida, si procediere.

Ejecutoriada que sea la sentencia, el tribunal aplicará una nueva multa por cada publicación aparecida o transmisión efectuada sin que se haya dado cumplimiento a la obligación respectiva. Tratándose de infracción a los artículos 9º, inciso primero, 10 y 11, el tribunal dispondrá, además, la suspensión del medio de comunicación social mientras subsista el incumplimiento.

Serán responsables solidarios del pago de las multas el director y el propietario o concesionario del medio de comunicación social.

Artículo 23.- El conocimiento y resolución de las denuncias por estas infracciones corresponderá al juez de letras en lo civil del domicilio del medio de comunicación social.

Estas infracciones podrá denunciarlas cualquier persona y, en especial, el Gobernador Provincial o el Intendente Regional respectivo en el caso del artículo 11, y el Director de la Biblioteca Nacional tratándose de infracciones al mismo artículo y al artículo 14.

Artículo 24.- El procedimiento se sujetará a las reglas siguientes:

a) La denuncia deberá señalar claramente la infracción cometida, los hechos que la configuran y adjuntar los medios de prueba que los acrediten, en su caso.

b) El tribunal dispondrá que ésta sea notificada de conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 18. En igual forma se notificará la sentencia que se dicte.

c) El denunciado deberá presentar sus descargos dentro de quinto día hábil y adjuntar los medios de prueba que acrediten los hechos en que los funda. De no disponer de ellos, expresará esta circunstancia y el tribunal fijará una audiencia, para dentro de quinto día hábil, a fin de recibir la prueba ofertada y no acompañada.

d) La sentencia definitiva se dictará dentro de tercero día de vencido el plazo a que se refiere la letra anterior, sea que el denunciado haya o no presentado descargos. Si el tribunal decretó una audiencia de prueba, este plazo correrá una vez vencido el plazo fijado para ésta.

e) Las resoluciones se dictarán en única instancia y se notificarán por el estado diario.

f) La sentencia definitiva será apelable en ambos efectos. El recurso deberá interponerse en el término fatal de cinco días, contados desde la notificación de la parte que lo entabla, deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan.

Deducida la apelación, el tribunal elevará de inmediato los autos a la Corte de Apelaciones. Esta resolverá en cuenta, sin esperar la comparecencia de ninguna de las partes, dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha de ingreso del expediente a la secretaría del tribunal.

Artículo 25.- Las acciones para perseguir las infracciones a los artículos 13 y 14 prescribirán en el plazo de un año, contado desde la fecha en que debió cumplirse la obligación.

Párrafo 2°

De las infracciones al Título III

Artículo 26.- El conocimiento y resolución de las denuncias por infracciones al Título III corresponderá al juez de letras en lo criminal del domicilio del medio de comunicación social.

Artículo 27.- El procedimiento se sujetará a las normas establecidas en el artículo 24, con las siguientes modificaciones:

a) El plazo para presentar los descargos será de tres días hábiles, y

b) No habrá término especial de prueba.

Artículo 28.- El tribunal, en la resolución que ordene publicar o emitir la aclaración o la rectificación, o su corrección, fijará plazo para ello y, además, podrá aplicar al director una multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales.

Ejecutoriada la sentencia condenatoria, si no se publica la aclaración o rectificación dentro del plazo señalado por el tribunal, el director del medio será sancionado con multa de doce a cien unidades tributarias mensuales y se decretará la suspensión inmediata del medio de comunicación social, la que quedará sin efecto desde el momento mismo en que se cumpla cabalmente la obligación impuesta.

Serán responsables solidarios del pago de las multas el director y el propietario o concesionario del medio de comunicación social.

Cuando por aplicación de las disposiciones de este artículo un medio de comunicación social fuere suspendido temporalmente, su personal percibirá, durante el lapso de la suspensión, todas las remuneraciones a que legal o contractualmente tuviere derecho, en las mismas condiciones como si estuviere en funciones.

Párrafo 3°

De los delitos cometidos a través de un medio de comunicación social

Artículo 29.- El que, por cualquier medio de comunicación social, realizare publicaciones o transmisiones que conciten odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, religión o nacionalidad, será penado con multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias mensuales.

Artículo 30.- Los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, serán sancionados con las penas corporales señaladas en los artículos 413; 418, inciso primero, y 419 del Código Penal, y con multas de veinte a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales en los casos del N° 1 del artículo 413 y del artículo 418; de veinte a cien unidades tributarias mensuales en el caso del N° 2 del artículo 413 y de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales en el caso del artículo 419.

No constituyen injurias las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica y deportiva, salvo que su tenor pusiere de manifiesto el propósito de injuriar, además del de criticar.

Artículo 31.- Será sancionado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y con multa de cien a doscientas unidades tributarias mensuales el que maliciosamente intercepte, grabe o reproduzca palabras, imágenes o textos, no destinados a la publicidad, para descubrir los secretos o la intimidad de otros, sin su consentimiento. El que las difundiere, sin consentimiento del o los afectados y produciendo a su respecto daño o descrédito, será sancionado con presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

No se aplicará el artículo 161A del Código Penal al que actúe en ejercicio de las funciones amparadas por la presente ley.

Artículo 32.- La difusión de noticias o informaciones emanadas de juicios, procesos o gestiones judiciales pendientes o afinados, no podrá invocarse como eximente o atenuante de responsabilidad civil o penal, cuando dicha difusión, por sí misma, sea constitutiva de los delitos de calumnia, injuria o ultraje público a las buenas costumbres.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior las publicaciones jurídicas de carácter especializado, las que no darán lugar a responsabilidad civil ni penal por la difusión de noticias o informaciones de procesos o gestiones judiciales que estuvieren afinados o, si se encontraren pendientes, siempre que no se individualice a los interesados.

Artículo 33.- Se prohíbe la divulgación, por cualquier medio de comunicación social, de la identidad de menores de edad que sean autores, cómplices, encubridores o testigos de delitos, o de cualquier otro antecedente que conduzca a ella.

Esta prohibición regirá también respecto de las víctimas de alguno de los delitos contemplados en el Título VII, "Crímenes y simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública", del Libro II del Código Penal, a menos que consientan expresamente en la divulgación.

La infracción a este artículo será sancionada con multa de treinta a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales. En caso de reiteración, la multa se elevará al doble.

Artículo 34.- El que cometiere alguno de los delitos de ultraje público a las buenas costumbres contemplados en los artículos 373 y 374 del Código Penal, a través de un medio de comunicación social, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de once a ochenta unidades tributarias mensuales.

Si se perpetrase la conducta a que se refiere el artículo 374A del mismo Código, la pena se impondrá con exclusión de su grado mínimo, o de la mitad inferior, según corresponda.

Artículo 35.- Los medios de comunicación social están exentos de responsabilidad penal respecto de la publicación de las opiniones vertidas por los parlamentarios en los casos señalados en el inciso primero del artículo 58 de la Constitución Política, y de los alegatos hechos por los abogados ante los tribunales de justicia.

Párrafo 4º

De los delitos cometidos contra las libertades de opinión y de información

Artículo 36.- El que, fuera de los casos previstos por la Constitución o la ley, y en el ejercicio de funciones públicas, impidiere arbitrariamente la libre difusión de opiniones o informaciones a través de cualquier medio de comunicación social, o la libre circulación de éstos, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo o multa de cuarenta a cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 37.- La falta de entrega oportuna de la información en la forma que decrete el tribunal, conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 8º, será sancionada con suspensión del cargo de cinco a quince días y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales; y, si el jefe de Servicio persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la pena.

Artículo 38.- Para los efectos del inciso segundo del artículo 1º del decreto ley Nº 211, de 1973, se reputarán artículos o servicios esenciales los pertinentes a la operación o mantención de los medios de comunicación social.

Párrafo 5º

De la responsabilidad y del procedimiento aplicables a los delitos de que trata esta ley

Artículo 39.- La responsabilidad penal por los delitos cometidos en razón del ejercicio abusivo de las libertades de emitir opinión y de informar, a través de un medio de comunicación social, se determinará según las reglas generales del Código Penal y las normas de esta ley.

Se considerará también autor, tratándose de los medios de comunicación social, al director o a quien legalmente lo reemplace al momento de efectuarse la publicación o difusión.

Quedará exenta de responsabilidad penal la persona señalada en el inciso anterior, cuando acredite que no hubo culpa de su parte en la difusión o publicación.

Artículo 40.- La acción civil para obtener la indemnización de daños y perjuicios derivada de delitos penados en esta ley se regirá por las reglas generales.

La comisión de los delitos de injuria y calumnia a que se refiere el artículo 30, dará derecho a indemnización por el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral.

Artículo 41.- La justicia ordinaria será siempre competente para conocer de los delitos cometidos por civiles en el ejercicio de las libertades de opinión y de información consagradas en el artículo 19, Nº 12, inciso primero, de la Constitución Política de la República.

De estas causas conocerá el juez del crimen competente según las reglas generales.

Artículo 42.- Tanto la acción penal como la civil provenientes de los delitos previstos en esta ley prescribirán en el lapso de seis meses.

Este plazo, en el caso de los delitos a que se refieren los artículos 29, 30, 31, 33 y 34, se contará desde la fecha en que hubiere comenzado la difusión abusiva. Si ella se hubiere realizado inicialmente sólo en el extranjero, el plazo empezará a correr desde la fecha de la difusión en el territorio nacional.

El ejercicio de la acción penal, en cualquiera de sus formas, interrumpirá la prescripción de la acción civil, la que comenzará nuevamente a correr una vez ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio criminal.

Artículo 43.- Siempre que alguno de los ofendidos lo exigiere, el tribunal de la causa ordenará la difusión, en extracto redactado por el secretario del tribunal, de la sentencia condenatoria recaída en un proceso por alguno de los delitos a que se refiere el párrafo 3º del Título IV, en el medio de comunicación social en que se hubiere cometido la infracción, a costa del ofensor.

Si no se efectúa la publicación dentro del plazo que señale el tribunal, se aplicará lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo 28.

Disposiciones varias

Artículo 44.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión:

a) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 15:

“Ninguna persona jurídica titular de una concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción podrá adquirir, a ningún título, otra concesión VHF en la misma zona de servicio.”.

b) Suprímense, en el inciso primero del artículo 18, las expresiones "directores, gerentes,".

Artículo 45.- Suprímense, en el inciso primero del artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones, N° 18.168, las expresiones "Gerentes," y la frase final, pasando el punto seguido a ser punto aparte.

Artículo 46.- Introdúcense en la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase el artículo 17 por el siguiente:

"Artículo 17.- La responsabilidad penal por los delitos previstos y sancionados en esta ley, cometidos a través de un medio de comunicación social, se determinará de conformidad a lo previsto en el artículo 39 de la ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.".

b) Deróganse los artículos 18 y 19.

Artículo 47.- Modifícase el Código Penal en el siguiente sentido:

1.- Derógase el número 1º del artículo 158.

2.- Agrégase el siguiente artículo 374A:

"Artículo 374A. Las penas previstas para estos delitos se elevarán en un grado, y al doble tratándose de multas, si el ultraje público a las buenas costumbres incitare o promoviere la perversión de menores de edad.

Se presume que incita o promueve la perversión de menores cuando se empleen medios de difusión que, por su naturaleza, estén al alcance de los menores o cuando a un menor se ofrezcan, vendan, entreguen o exhiban escritos, figuras, objetos o imágenes pornográficos o contrarios a las buenas costumbres, o cuando el delito se cometiere dentro del radio de doscientos metros de una escuela, colegio, instituto o cualquier establecimiento educacional o de asilo destinado a niños y jóvenes.”.

Artículo 48.- Incorpórase el siguiente inciso final al artículo 504 del Código de Procedimiento Penal:

"La sentencia condenatoria por delitos de ultraje público a las buenas costumbres ordenará la destrucción total o parcial, según proceda, de los impresos o de las grabaciones sonoras o audiovisuales de cualquier tipo que se hayan decomisado durante el proceso. Igual medida podrá decretar, tratándose de delitos cometidos en el ejercicio de las libertades garantizadas en el inciso primero del Nº 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.".

Artículo 49.- Derógase la ley N° 16.643, sobre Abusos de Publicidad, con excepción del artículo 49.

Las normas actualmente en vigor sobre la libertad de emitir opinión y la de informar, contenidas en otras leyes, seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución Política mientras no se dicte el correspondiente cuerpo legal sobre la materia que en cada caso se regula, sin perjuicio de que se modifiquen o deroguen con anterioridad mediante ley aprobada con quórum calificado, cuando procediere.

Acordado en sesiones celebradas los días 16 de mayo, 4, 11 y 19 de junio, 3, 10, 17 y 31 de julio, 7 y 13 de agosto, 16, 29 y 30 de octubre, 5, 6, 13 y 20 de noviembre, 3, 10 y 17 de diciembre de 1996, 7 de enero y 4 de marzo de 1997, con la asistencia de los HH. Senadores señores Miguel Otero Lathrop (Presidente), Sergio Fernández Fernández, Hernán Larraín Fernández (Beltrán Urenda Zegers), Juan Hamilton Depassier y Anselmo Sule Candia (Roberto Muñoz Barra).

Sala de la Comisión, a 9 de abril de 1997.

JOSE LUIS ALLIENDE LEIVA

Secretario

RESEÑA

I.BOLETIN Nº: 1035-07

II.MATERIA: Proyecto de ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.

III.ORIGEN: Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

IV.TRAMITE CONSTITUCIONAL: Segundo trámite.

V.APROBACION POR LA CAMARA DE DIPUTADOS: Fue aprobado en general por mayoría de votos (81 HH. señores Diputados de 118).

VI.INICIO TRAMITACION EN EL SENADO: 3 de octubre de 1995.

VII.TRAMITE REGLAMENTARIO: Primer trámite.

VIII.URGENCIA: No tiene.

IX.LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

Entre otras disposiciones, se encuentran las siguientes:

1.- Ley Nº 16.643, de Abusos de Publicidad.

2.- Los artículos 161A, 161B, 373, 374, 412 a 431 del Código Penal.

3.- El artículo 540 del Código de Procedimiento Penal.

4.- El artículo 5º, Nº 1º, del Código de Justicia Militar.

5.- El artículo 2331 del Código Civil.

6.- Los artículos 17 a 20 de la Ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado.

7.- Los artículos 15 y 18 de la Ley Nº 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión.

8.- El artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones, Nº 18.168.

X.ESTRUCTURA DEL PROYECTO PROPUESTO: El proyecto consta de 49 artículos permanentes, los que se contienen en cuatro títulos y en un apartado de disposiciones varias.

XI.PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISION:

El objetivo general del proyecto consiste en dar una nueva regulación para las libertades de opinión y de información y para el ejercicio del periodismo.

a) En cuanto al ejercicio del periodismo, señala las funciones que corresponden preferentemente a la profesión de periodista, y sujeta a los periodistas y a las demás personas que las desarrollan a un mismo estatuto; consagra el derecho a mantener en reserva la fuente informativa, y el derecho de que no se introduzcan alteraciones sustanciales en los trabajos que se identifiquen como de autoría de un periodista determinado, sin su consentimiento o sin debido fundamento.

b) En lo relativo a las libertades de opinión y de información, establece que el pluralismo se garantiza a través de la coexistencia y competencia entre distintos medios de comunicación social, establece el acceso a las fuentes públicas de información; regula el derecho de aclaración y rectificación del ofendido o injustamente aludido por un medio de comunicación social; considera artículos o servicios esenciales los pertinentes a la operación o mantención de los medios de comunicación social, para los efectos de agravar la pena de los delitos contra la libre competencia que los afecten, y, en general, hace aplicable la legislación penal y procesal común a esta actividad, en vez de someterla a normas especiales.

XII.NORMAS DE QUORUM ESPECIAL: Los artículos 8º, inciso final, 23, 26 y 41 son normas orgánicas constitucionales.

Por su parte, los artículos 29, 30, 31, 33, 34, 44 y 49 recaen sobre materias de quórum calificado.

XIII.ACUERDOS:

El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los HH. Senadores integrantes de la Comisión (50), por haberse sumado reglamentariamente las abstenciones (3) a la mayoría (2).

JOSE LUIS ALLIENDE LEIVA

Secretario

Valparaíso, 9 de abril de 1996.

ANTECEDENTES LEGALES…6

DISCUSION GENERAL…14

DISCUSION PARTICULAR…27

TITULO I

Disposiciones generales…27

TITULO II

De las formalidades de funcionamiento de los medios de comunicación social…61

TITULO III

Del derecho de aclaración y de rectificación…90

TITULO IV

De los delitos cometidos a través de un medio de comunicación social…111

TITULO V

De la responsabilidad y del procedimiento…175

DISPOSICIONES VARIAS…202

ARTICULOS TRANSITORIOS…213

MODIFICACIONES QUE SE PROPONEN…215

PROYECTO DE LEY…256

RESEÑA…278

Santiago, 29 de abril de 1997.

OFICIO N° 2172

Ant. : ML 12.371

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL H. SENADO

VALPARAISO.

Dando respuesta a su Oficio N° 1327/96 de 6 de noviembre de 1996 el Tribunal pleno, reunido en sesión del 25 de abril en curso, con la asistencia de los Ministros señores Aburto, Zurita, Faúndez, Dávila, Béraud, Toro, Araya, Valenzuela, Álvarez, Bañados, Carrasco, Correa, Garrido, Navas, Libedinsky y Ortiz, acordó informar que en atención a que en las disposiciones que se pretenden incorporar al proyecto de ley sobre ejercicio de las libertades de opinión y de información no dicen relación con la organización y atribuciones de los Tribunales, no es necesario emitir un pronunciamiento de acuerdo a lo que señala el artículo 74 inciso segundo de la Constitución Política de la República.

Los Ministros señores Valenzuela y Garrido, estimando que la norma que se pretende consagrar en dicho proyecto de ley referente a la tipificación del delito del que desempeñándose en funciones de responsabilidad en organismos de la Administración Pública, oculta, niegue el acceso o impide ilegítimamente el conocimiento de antecedentes en que puedan constar acciones constitutivas de delito o infracciones administrativas, si es de materia a que se refiere la disposición constitucional antes citada y fueron además de opinión de informarla favorablemente.

Saluda atentamente a V.S.,

SERVANDO JORDAN LOPEZ

PRESIDENTE

CARLOS MENESES PIZARRO

SECRETARI0

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, INFORMACIÓN Y EJERCICIO DEL PERIODISMO

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados sobre libertad de expresión, información y ejercicio del periodismo, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

1035-07

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 1ª, en 3 de octubre de 1995.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 42ª, en 16 de abril de 1997.

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Reitero el acuerdo de Comités de la semana pasada, en el sentido de que el proyecto deberá despacharse en general en esta sesión.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LAGOS ( Secretario ).-

La Comisión deja constancia en su informe que la iniciativa contiene diversas disposiciones de ley orgánica constitucional y de quórum calificado; que se ofició a la Corte Suprema, antes que todo, sobre el texto recibido de la Cámara de Diputados, y luego acerca del trabajo efectuado por la propia Comisión, y que ese alto tribunal dio respuesta al primer oficio. (El segundo también fue respondido, como se acaba de informar en la Cuenta de la presente sesión).

Asimismo, menciona que se invitó a la Comisión al señor Ministro Secretario General de Gobierno , al señor Subsecretario de la Cartera y a otros personeros de la misma, y a una profesora de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Luego da a conocer que concurrieron a expresar sus observaciones respecto del proyecto los representantes de la Federación de Medios de Comunicación Social, de la Asociación de Radiodifusores de Chile, de la Asociación Nacional de la Prensa; de la Asociación Nacional de Televisión; del Colegio de Periodistas de Chile; de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile; de la Carrera de Periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso; de la Carrera de Periodismo de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación y de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales.

Señala el informe asimismo que se tomó conocimiento de los puntos de vista que hicieron llegar a la Comisión, en respuesta de las peticiones que se les formuló al efecto, el señor Fiscal Nacional Económico; el Consejo Nacional de Televisión; la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; el Departamento de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile; la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos; el Instituto de Ciencias Penales de Chile; el Instituto Chileno de Derecho Procesal; la Universidad Finis Terrae, y representantes de otras organizaciones.

El objetivo del proyecto consiste en dar una nueva regulación para las libertades de opinión y de información y para el ejercicio del periodismo.

El informe da cuenta de que la Comisión dio su aprobación en general a la iniciativa; y, con motivo de la discusión particular, ella hace una reseña de cada uno de los artículos del proyecto y deja constancia del debate y de los acuerdos adoptados al respecto. Y, en su parte resolutiva, propone aprobar el texto de la Cámara de Diputados con las modificaciones que señala.

El proyecto consta de 49 artículos permanentes, los que se contienen en cuatro títulos y en un apartado de disposiciones varias.

El señor ROMERO (Presidente).-

En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente, el proyecto de ley que discutimos trata de la libertad de expresión y de información y el ejercicio del periodismo. Reemplaza y deroga a la ley Nº 16.643, sobre Abusos de Publicidad.

La suma de ambos textos no es meramente semántica, sino que se refiere a su contenido. La ley vigente apunta, fundamentalmente, a sancionar los delitos que se cometan en el ejercicio de la libertad de expresión. En cambio, el proyecto que la reemplaza tiende, en lo substancial, a asegurar dicha garantía constitucional y el ejercicio de la profesión de periodista.

La iniciativa en debate viene a culminar un proceso que se inició en 1989 con el triunfo del "No" en el plebiscito de ese año y la negociación política que tuvo lugar entre la oposición triunfante y el Gobierno de la época, que luego se desarrolló a partir del establecimiento de la primera Administración democrática encabezada por el Presidente Patricio Aylwin .

Hasta entonces, y prácticamente durante 17 años -aunque con distinta intensidad-, el país conoció las más severas limitaciones a la libertad de expresión de su historia. Los chilenos recordábamos con orgullo que durante la guerra del 1879 a nadie en el país se le ocurrió suspender o restringir la libertad de expresión y de información, y que el desarrollo y conducción de ese conflicto armado fue objeto de análisis y críticas en la opinión pública, en el Congreso Nacional y en los periódicos de la época.

En el informe entregado a la Sociedad Interamericana de la Prensa, en 1987, por su Vicepresidente Regional, el destacado periodista nacional don Emilio Filippi, se describe la situación que sobre el particular vivíamos.

Dicho informe señala: "no sólo la Constitución impone límites a la libertad de prensa. Numerosas leyes han sido dictadas durante este gobierno y otras, que existían antes y que aplicaron otros gobiernos, fueron reformadas, no para suavizarlas, sino para endurecerlas aún más. De los cuerpos legales voy a mencionar sólo algunos: Ley de Abusos de Publicidad, que fue modificada para agravar las penas; Ley de Seguridad del Estado; Ley de Control de Armas ; Ley Antiterrorista; Ley Antiprotestas ; Código de Justicia Militar, que ha extendido el antiguo delito de "ofensas a las Fuerzas Armadas como institución" a "ofensas a los miembros de las Fuerzas Armadas" como personas, subiendo las penas de sesenta días de prisión a diez años de presidio inconmutable. Varias otras leyes completan el cuadro. En total, son treinta y cuatro, si se toma en cuenta que acaba de ser promulgada la ley 18.662, reguladora del artículo octavo de la Constitución y por la cual se establece censura para determinadas informaciones y temas.".

Hasta ahí la cita del señor Filippi .

A través de las modificaciones constitucionales de 1989 -substanciales en el tema- y de la dictación de diversas leyes, especialmente de la N° 19.048, de 1991, se avanzó hasta llegar ahora a la iniciativa que nos preocupa.

Ésta fue producto de un elaborado acuerdo entre el Gobierno, los organismos representativos de los medios de comunicación social, el Colegio de Periodistas y los sectores académicos especializados en la materia. El proyecto, que se inició en mensaje del Ejecutivo, ingresó a la Cámara de Diputados en junio de 1993 y fue despachado por ésta al Senado -previa consulta y decisión del Tribunal Constitucional- en octubre de 1995.

El informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento hace un exhaustivo estudio, que recoge el aporte del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de representantes de todos los sectores involucrados y de los especialistas en los asuntos de que trata el proyecto.

No está demás reiterar, aquí y ahora, que la libertad de opinión y de información que garantiza el numeral 12 del artículo 19 de la Carta Fundamental es parte de la esencia misma de un régimen democrático; a tal punto que uno de los forjadores de la democracia norteamericana, Thomas Jefferson , sostenía que "prefería un país sin gobierno a un gobierno sin prensa libre".

Por su parte, John Stuart Mill , en su ensayo "On Liberty" (1859), sostiene, además, que esa libertad es "garantía en contra de la corrupción y de la tiranía de los gobiernos".

La reciente declaración hemisférica sobre libertad de expresión -la llamada declaración de "Chapultepec"-, suscrita por nuestro Gobierno, señala: "no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable de las personas".

La iniciativa que debatimos representa un progreso sustancial respecto del estatuto legal vigente sobre los medios de comunicación social y un efectivo avance de la libertad de expresión y del desarrollo de la profesión de periodista en nuestro país.

La democracia y la libertad de prensa están indisolublemente ligadas. No existe democracia sin libertad de prensa y ésta no podría subsistir bajo ningún otro régimen político.

Una sociedad libre y pluralista debe admitir la libre expresión de las ideas y opiniones, no como un mal menor, sino como un verdadero bien que le permite estar permanentemente cuestionándose y controlándose. Ella excluye la imposición ideológica o cultural y la reemplaza por la persuasión y el diálogo, que nutren y vitalizan el cuerpo social.

Asimismo y por primera vez en Chile, legislaremos sobre aspectos relevantes de la profesión de periodista, actor fundamental en la recolección y procesamiento de la información que entrega al público, sirviendo al desarrollo de la sociedad. Sin duda, el reconocimiento a dichos profesionales de determinados derechos inherentes a su quehacer, tales como la preferencia para el ejercicio de su actividad, la consagración del secreto periodístico, el libre acceso a las fuentes de información y otros, deberá conllevar una mayor responsabilidad en el ejercicio de tan delicadas tareas.

No sostenemos que el proyecto sea perfecto, sino perfectible y, en todo caso, un avance innegable en materia de una libertad esencial para la sustentación y el desarrollo de la democracia. La aplicación práctica de las normas contenidas en la iniciativa nos irá señalando sus eventuales imperfecciones o vacíos para que sean corregidos a través de la ley, que es el instrumento prevaleciente para todo cambio que se produce en democracia.

El proyecto está dividido en cuatro Títulos y varias normas transitorias.

El Título I contiene las disposiciones generales. Conforme a la norma constitucional, se mantiene el carácter fundamental de las garantías de opinión e información, sin censura previa. Con todo, fue menester introducir en el texto algunos ajustes, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Constitucional, como la supresión del derecho a estar expresamente informado de todas las expresiones existentes en la sociedad.

También incluye el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las señaladas por la ley.

El mismo Título define como periodista a "las personas en posesión del título universitario respectivo, conferido válidamente en Chile, y aquellas a quienes la ley reconoce como tales", y les entrega "preferentemente" las funciones de "reportear, elaborar y editar habitualmente noticias, informaciones, notas, crónicas, reportajes, pautas y libretos informativos que se utilicen o difundan en los medios de comunicación social".

Las personas que, sin ser periodistas, ejerzan habitualmente las funciones de éstos y los alumnos de las escuelas de periodismo, mientras realicen sus prácticas profesionales, "tendrán los derechos y estarán afectos a las responsabilidades que esta ley contempla para los periodistas".

Los directores, editores, periodistas y quienes ejerzan habitualmente sus funciones, tendrán derecho "a mantener reserva sobre su fuente informativa". No podrán, en consecuencia, ser apremiados para revelarla, y dicha reserva se extenderá a los elementos que obren en su poder y permitan identificarla. Como contrapartida, el que haga uso del derecho a reserva sobre la fuente informativa, para todos los efectos legales, será responsable de la información que difunda.

La difusión de material informativo identificada "como de autoría de un periodista determinado, con su nombre, cara o voz" no podrá ser modificada sustancialmente por el medio de comunicación respectivo sin consentimiento del periodista o sin debido fundamento. En caso de reiteración de tal conducta, ella constituirá un incumplimiento grave por parte del empleador de las obligaciones contraídas en el respectivo contrato de trabajo.

Así, junto con establecerse las funciones del periodismo y las calidades para ejercerlas, se consagran expresamente el derecho a la reserva sobre la fuente informativa y el compromiso de mantener la información recibida "off the record", y se protege la autoría del trabajo periodístico.

En el referido Título se contiene un expreso reconocimiento del pluralismo en el sistema informativo, el cual se pretende garantizar a través de la coexistencia de los diversos medios de comunicación social y de la libre competencia entre ellos. Así, se quiere fomentar la expresión de la diversidad social, cultural, política y regional del país.

Finalmente, el Título en comento contiene una norma sobre acceso a las fuentes de información.

En la versión aprobada por la Cámara de Diputados, se establecía el libre acceso a las fuentes públicas y privadas que se hicieran accesibles por su propia voluntad.

Ésta fue una de las materias más discutidas en el seno de la Comisión, la cual, después de un acabado estudio, adoptó un acuerdo ampliamente mayoritario. Por razones de transparencia y de probidad, se estableció que "las actuaciones de los órganos del Estado y los documentos que obren en su poder son públicos, sin perjuicio de la reserva o secreto que procedan en conformidad a la ley o a los reglamentos, o en caso que la publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de tales órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional".

Asimismo, se contemplan los resguardos que demandan los legítimos derechos de la persona o el interés nacional, ya que hay materias que, por razones obvias, deben mantenerse en reserva, como, por ejemplo, la existente en relación con la investigación policial a grupos delictuales, los datos personales que recogen las encuestas CASEN o la información privilegiada del mercado de valores. Ciertamente, es difícil regular estas materias sin que se hayan despachado los proyectos de ley sobre "acceso a la información administrativa" y referente a "protección de la vida privada", iniciativas del Gobierno que actualmente se hallan pendientes de la consideración de la Cámara de Diputados.

La negativa de cualquier autoridad a reconocer ese derecho, puede ser resuelta, en un procedimiento sencillo y breve, por el juez de letras en lo civil del domicilio de la autoridad requerida.

Me parece de justicia destacar que este esfuerzo por hacer transparente la información pública es inédito en nuestra historia republicana y guarda relación con la vocación democrática del Gobierno del Presidente Frei, que, de modo amplio y responsable, está dispuesto a abrirse al control y veredicto de la ciudadanía.

De hecho, la indicación respectiva aprobada por la mayoría de la Comisión refleja fielmente la propuesta que, en la misma materia, planteaba en su oportunidad la reforma constitucional llamada "Frei II".

En relación con las fuentes privadas, cuando éstas tengan interés social, se podrá tener acceso a ellas a través del organismo público o Superintendencia que controle o fiscalice la actividad de que se trate. Ciertamente, nadie ha pretendido que toda la información privada se haga pública, como algunos precipitadamente criticaron. Los secretos industriales, la información privilegiada, el secreto bancario, entre otros, deben ser respetados. No se trata, insisto, de tener acceso a toda la información de fuentes privadas, sino a aquella que sea realmente de interés público.

Los dramáticos efectos de la sequía en el sector oriente de la Región Metropolitana atendidos -o, mejor dicho, desatendidos- por una empresa privada encargada de suministrar los servicios sanitarios, nos dan un ejemplo sobre la materia. ¿No habría sido útil que las organizaciones de los vecinos afectados y sus autoridades comunales hubieran tenido oportuno conocimiento del estado de las inversiones de la empresa respectiva? ¿O acaso hay alguien que piense que el suministro de agua por parte de un ente privado carece de toda relevancia o interés social? La redacción propuesta abre la posibilidad de que los interesados tengan acceso a la documentación e información del sector privado que se entregue a través de la respectiva Superintendencia.

El Título II regula, en términos sencillos, las formalidades para el funcionamiento de los distintos medios de comunicación social.

El Título III, en tanto, norma el derecho de aclaración y rectificación, que reconoce a quien hubiere sido ofendido o injustamente aludido por un determinado medio.

Este derecho es esencial para la protección del honor y buen nombre de las personas cuando ellas estimen que una información difundida les afecta o no se ajusta a la verdad o les causa descrédito.

El sistema que recoge el proyecto en relación con el derecho a la aclaración y rectificación es, sin duda, uno de los más completos en este tipo de legislaciones en el mundo.

Es necesario aclarar que ese derecho no se podrá ejercer en relación con las "apreciaciones personales que se formulen en artículos de crítica literaria, histórica, artística, científica o deportiva".

El Título IV y final se refiere a las infracciones y delitos vinculados con la ley.

Respecto de cada uno de los Títulos anteriores, el proyecto considera las sanciones que el incumplimiento de las respectivas normas acarrea, el procedimiento a que se sujetará el reclamo respectivo y el tribunal llamado a conocer de la materia. Asimismo, establece quienes son responsables y el plazo de prescripción de las respectivas acciones.

En esta parte del proyecto, la Honorable Cámara de Diputados contemplaba el derecho de los tribunales de justicia para prohibir informar en asuntos sometidos a la justicia criminal cuando el proceso estuviera en estado de sumario.

La Comisión, basada en que el sumario es secreto; en que los tribunales deben responsabilizarse de impedir filtraciones, y en que, en el hecho, se ha abusado en muchos casos de esa norma, acordó, por mayoría de votos, proponer simplemente su derogación.

En relación con los delitos que puedan cometerse en el ejercicio de la libertad de expresión y de información -aparte el ultraje público a las buenas costumbres considerado en el Código Penal-, el proyecto se refiere fundamentalmente a los delitos de injuria y de calumnia.

Se ha desestimado expresamente la configuración del delito llamado "de difamación", figura compleja e insuficientemente determinada, que pudiera resultar un verdadero "cheque en blanco" al juez correspondiente y que, sin lugar a dudas, representa un riesgo cierto para las libertades que el proyecto trata de resguardar.

A este respecto, el Honorable señor Fernández ha presentado un proyecto para derogar el artículo 19, en su número 4º, de la Constitución Política, y el Senador que habla ha formulado una moción para eliminar la difamación de la Ley de Seguridad del Estado y cualquier otra figura legal que haga referencia a ella. El Gobierno ha incluido ambas iniciativas en la actual legislatura extraordinaria.

La discusión sobre esta materia es antigua. Ella se planteó durante la Administración del ex Presidente don Jorge Alessandri Rodríguez y su Ministro de Justicia don Enrique Ortúzar , quien logró incorporarla a nuestra legislación. La ley respectiva fue calificada entonces como "Ley Mordaza" y fue derogada por el ex Mandatario don Eduardo Frei Montalva y su Ministro de Justicia don Pedro Jesús Rodríguez .

No obstante, la misma idea resurgió en la Constitución Política de 1980, por participación de las mismas personas anteriormente citadas, que tuvieron una intervención gravitante en la preparación de esa Carta Fundamental. El ex Presidente don Jorge Alessandri dejó estampado el fundamento de su posición respecto de la libertad de prensa. Al respecto, el Acta de la sesión 60 del Consejo de Estado, de 26 de diciembre de 1978, consigna lo siguiente:

"El señor Presidente (don Jorge Alessandri R.) puntualiza" "que la materia relacionada con la libertad de prensa es fundamental. A su juicio, existen tres factores que han provocado la imposibilidad de gobernar a Chile: la falta de responsabilidad de los parlamentarios, la libertad de prensa y la politización de los sindicatos. El concepto de libertad de prensa, tal como emanó de los postulados de la Revolución Francesa, es hoy algo obsoleto y cuya vigencia resulta incompatible con el gobierno de los pueblos y con la tranquilidad pública.".

El problema se plantea entre el derecho a informar sobre las situaciones que afectan a personas, versus el resguardo de la honra, la dignidad y el renombre de quienes pudieran resultar lesionados con su publicidad.

A juicio de la mayoría de la Comisión, este último derecho está clara y suficientemente resguardado con el derecho de aclaración o rectificación y los delitos de injuria y calumnia. Queda entregada a la responsabilidad de los tribunales competentes la eficacia con que esas normas se apliquen en los casos concretos que sean sometidos a su conocimiento.

Admito que se pueden producir -y de hecho ocurren- situaciones en que la versión o presentación de determinadas informaciones puedan, sin llegar a configurar un delito de injuria o calumnia, causar injusto agravio que no resulte adecuadamente reparado con una rectificación. Pero estimamos que quienes desean llegar más lejos en la materia -como en el caso de los partidarios de configurar la difamación- pueden poner en serio riesgo la libertad de expresión y de información.

Madison sostiene que "entre los derechos sagrados que son tenidos por bastiones de la libertad," "ninguno hay cuya importancia está tan profundamente impresa en la mente del pueblo que la libertad de prensa.". Y agrega: "Cierto es que esa libertad a veces ha comportado excesos y a veces ha degenerado en libertinaje, lo cual lamentamos, pero el remedio aún no ha sido descubierto. Quizás es un mal inseparable del bien con el cual está unido; quizás es un retoño que no se puede arrancar del tallo sin dañar la vida misma de la planta." "Pero por muy deseables que sean las medidas que corrijan a la prensa sin esclavizarla, lo cierto es que aún no se han descubierto.".

El Papa Juan Pablo II , exaltando la importancia del rol de los medios de comunicación en un discurso pronunciado en Porto Alegre (Brasil) ante los medios de comunicación, señalaba que "su poder es tal que da fuerza a aquellos de los que hablan y empequeñece a los que calla". Y agregaba: "Pueden tener sus riesgos, como los de la cultura generalizada y, por consiguiente, reducida; de la pasividad y la emotividad y, por lo tanto, el empobrecimiento del sentido crítico; de la manipulación y por ello, del impulso de la evasión y el hedonismo. Pero estos efectos no están precisamente ligados a la técnica y sus medios, sino al hombre que se sirve de ellos.".

Es importante destacar, en relación con esta materia, que los delitos cometidos por civiles en el ejercicio de las libertades que regula el proyecto serán siempre de la competencia de la justicia ordinaria, y el juez del crimen conocerá de las causas respectivas, según las reglas generales.

Por último, se consideran como hechos, actos o acuerdos que tienden a impedir la libre competencia los que entraben la producción, transporte, distribución, avisaje y comercialización de los medios de comunicación, y se sanciona, a quien incurra en esas conductas, con la pena del artículo 2º, inciso primero, del decreto ley Nº 211, de 1973. Al efecto, se consideran artículos y servicios especiales los que se relacionan con el abastecimiento, operación y mantención de los medios de comunicación social, con lo cual se aumenta en un grado la pena para los delitos contra la libre competencia que recaigan sobre esos bienes.

La forma en que los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y algunos otros señores Senadores han abordado o propuesto tratar algunos temas relevantes y de alguna manera conflictivos, durante el trámite que concluyó en el primer informe sometido ahora a la Sala del Senado, no merecía el enjuiciamiento y repudio público que, en cierta ocasión con precipitación y sin antecedentes adecuados, hicieron algunos dirigentes empresariales durante el curso del trámite en dicha Comisión, ejerciendo una presión indebida, la que, felizmente, no tuvo eco. Hago este recuerdo -ingrato para algunos- porque en definitiva se ha demostrado que las aprensiones de esas personas no tenían, en realidad, justificación alguna.

Creo de justicia agregar que, por el contrario, hemos contado permanentemente con el importante aporte de la ANAP, así como el de las asociaciones que la integran, del Colegio de Periodistas, de personalidades del mundo académico vinculadas a las materias de que se trata, del Ministro y del Subsecretario de la Secretaría General de Gobierno y de sus asesores, aportes, todos ellos, que han sido particularmente enriquecedores para el debate en la Comisión y para muchas soluciones alcanzadas, que se detallan en el informe.

Por las consideraciones de que da cuenta el informe de la Comisión y las que formulé en esta ocasión, votaré favorablemente el proyecto en debate, sin perjuicio de que la iniciativa deberá ser corregida y perfeccionada en su estudio en particular en el segundo informe, que recogerá los aportes de los señores Senadores, de los miembros de la Comisión y del propio Gobierno.

En esta forma, creo que habremos avanzado significativamente para garantizar la libertad de expresión e información y facilitar el ejercicio de la profesión de periodista en Chile.

He dicho.

El señor ROMERO ( Presidente ).-

A continuación, tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente, hoy nos encontramos analizando uno de los proyectos de ley de mayor significación e importancia, el cual ha debido ser estudiado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de la cual soy miembro.

Esta normativa versa sobre un tema tan importante como sensible, cual es el de la libertad de expresión e información y el ejercicio del periodismo.

Una ley de este tipo constituye, sin ninguna duda, un avance importante en lo relacionado con la legislación sobre la materia.

Me referiré a algunos aspectos fundamentales del proyecto, los que, en mi opinión, conviene destacar en la discusión general, sin perjuicio de otras materias de mayor detalle que serán producto del debate del segundo informe.

En primer lugar, deseo referirme a un aspecto regulado en el artículo 5º de la iniciativa, que, en relación con el secreto periodístico, establece: "Los directores, editores de medios de comunicación social, periodistas y quienes se encuentren en la situación del artículo 4º," (se refiere a quienes hacen las veces de tales) "tendrán derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa; reserva que se extenderá a los elementos que obren en su poder y que permitan identificarla. No podrán ser apremiados para revelarla, ni obligados a ello, ni siquiera judicialmente.".

A mi juicio, es muy importante hacer resaltar que este secreto profesional queda consagrado en forma clara y explícita en la ley que favorece y beneficia la libertad de información y el ejercicio del periodismo.

Creemos que ello representa un avance y un perfeccionamiento de nuestra legislación que conviene destacar. Como contrapartida, el mismo artículo 5º concluye señalando: "El que haga uso del derecho establecido en el inciso precedente será personalmente responsable de la información difundida, para todos los efectos legales.".

El proyecto, además, en su artículo 7º consagra el pluralismo, que es una de las formas que reviste la libertad de información y de opinión, por cuanto es de la esencia que esta libertad exista, pero igualmente esencial es la posibilidad de que muchas personas simultáneamente la hagan efectiva.

En eso consiste el pluralismo que consagra el artículo 7º: "El pluralismo en el sistema informativo se garantiza a través de la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social y de la libre competencia entre ellos, favoreciéndose así la expresión de la diversidad social, cultural, política y regional del país.".

Es ésa una declaración de principios del mayor valor, y creemos muy conveniente resaltarla en la discusión general.

Dentro del criterio de pluralismo, se añade en la misma norma un concepto vinculado a la regionalización y que atañe a los fondos para ésta: "Los fondos que establecen los presupuestos del Estado, de sus organismos y empresas y de las municipalidades, destinados a avisos, llamados a concurso, propuestas y publicidad, que tengan una clara identificación regional, provincial o comunal, deben destinarse preferentemente a efectuar la correspondiente publicación o difusión en medios de comunicación social regionales, provinciales o comunales.".

Se busca así favorecer a los medios de comunicación regionales con los recursos -no son menores- asignados al efecto en los presupuestos antes individualizados.

Estimamos que una norma como ésa, rectamente aplicada, permitirá fortalecer la existencia, vigencia y pluralismo de los medios de comunicación regionales. Esto, sin perjuicio de la libertad para que aquéllos sigan extendiéndose y para que se formen otros medios.

Conviene, igualmente, destacar la difusión de los actos públicos y el acceso periodístico a ellos, lo cual se consagra en el artículo 8º, que dispone: "Las actuaciones de los órganos del Estado y los documentos de cualquier naturaleza u origen que legalmente obren en su poder son públicos, sin perjuicio de la reserva o secreto que procedan en conformidad a la ley o a los reglamentos, o en caso de que la publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de tales órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional.".

Aquí estamos, a mi parecer, frente a un avance que favorece la libertad de información y de prensa al disponer la divulgación de los actos públicos. Sin embargo, pienso que las excepciones contenidas en el artículo debieran ser revisadas en el segundo informe, pues los derechos de las personas, la seguridad de la nación y el interés nacional son conceptos tan amplios que pueden hacer ilusorio el efecto de la norma, que se halla bien inspirada, y dejarla sin aplicación.

En todo caso, el concepto se encuentra establecido y -repito- constituye un avance muy importante y novedoso en nuestra legislación.

Recogiendo indicaciones de los medios de comunicación, y fundamentalmente de la ARCHI (Asociación de Radiodifusores de Chile), se dispuso en el artículo 9º, inciso tercero, que las concesiones para radiodifusión de libre recepción pedidas por personas jurídicas extranjeras o chilenas con participación de capital foráneo superior al 10 por ciento sólo podrán otorgarse siempre que exista reciprocidad, o sea, únicamente si se acredita en forma previa que en el país de origen se establecen para los chilenos derechos y obligaciones similares a las condiciones de que gozarán dichos solicitantes en Chile.

Ésa es una aspiración muy sentida de los radiodifusores nacionales, y nos parece perfectamente lógica. Chile está en situación de permitir a los extranjeros operar también en el campo de las concesiones para radiodifusión de libre recepción; pero, naturalmente, a nuestros conciudadanos se les debe otorgar igual derecho en el respectivo país de origen.

Otros preceptos dicen relación a distintos aspectos igualmente importantes. Por ejemplo, al derecho de aclaración y rectificación. El artículo 19 señala que "El escrito de aclaración o de rectificación deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página y con similares características de la información que lo haya provocado, o en un lugar destacado de la misma sección o de otra, destinada especialmente para ello.".

La ley en proyecto, por tanto, es muy equilibrada, porque, a la par de permitir el libre ejercicio de la función periodística e informativa, posibilita a las personas defenderse frente a publicaciones que afecten sus derechos, o aclarar conceptos vertidos respecto de ellas o que se les hayan atribuido. Tal derecho es muy relevante; está consagrado constitucionalmente, y la iniciativa lo recoge con mayor precisión.

El artículo 21 consigna sobre la materia una excepción en los siguientes términos: "No se podrá ejercer el derecho de aclaración o rectificación con relación a las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica y deportiva, sin perjuicio de la sanción a que pueden dar lugar esos artículos, si por medio de su difusión se cometiere algunos de los delitos penados en esta ley.".

De otra manera, cualquier apreciación distinta de la que el autor de la información pudiera plantear en un momento dado sería motivo de una rectificación o aclaración, lo cual desvirtuaría por completo el sentido de lo que establece el artículo 19.

Por eso, tratándose de comentarios especializados, la persona no podrá ejercer el mencionado derecho, naturalmente sin perjuicio de que, si mediante ellos se cometen delitos, éstos se sancionen conforme a la legislación ordinaria.

Aparte el contenido del proyecto mismo -no corresponde ahora entrar a conocer el texto con mayor detalle-, me parece necesario detenerse en algunos aspectos de la legislación vigente que la Comisión de Constitución eliminó.

Por ejemplo, se suprimió la facultad que hoy tienen los jueces para prohibir informar acerca de determinado proceso.

Aquí se toca un elemento muy importante para el ejercicio de la profesión periodística y para la libertad de información. Porque, desafortunadamente, sabemos de casos en que las prohibiciones se han extendido por tiempos tan prolongados que virtualmente la opinión pública no ha podido tomar conocimiento de ciertos asuntos. Las razones han sido muy atendibles, pero ello ha atentado contra la libertad de información.

A mi juicio, una prohibición como ésa -la Comisión de Constitución, como dije, la eliminó- resulta ineficaz para alcanzar los objetivos que se aducen para justificarla. Además, es incongruente con la transparencia creciente a que aspira la democracia contemporánea. Es incongruente en particular con las tendencias modernas que buscan fortalecer la transparencia de los sistemas judiciales ante la ciudadanía, así como asegurar mejor las garantías del procesado precisamente por la publicidad de los procedimientos.

Por otro lado, una norma que permite la ya referida prohibición es de muy discutible constitucionalidad y, en definitiva, resulta anacrónica en el mundo actual, donde los medios de comunicación internacionales pueden brindar a las personas toda la información que, por cualquier motivo, no les entregan los nacionales.

Entre las razones para prohibir la información se invocan la preservación del orden público, el resguardo de la seguridad nacional y la necesidad de asegurar el éxito de la investigación judicial.

En cuanto al orden público, por cierto existen otras disposiciones que atienden específicamente a preservarlo, pero no las relativas a la libertad de prensa. Esa normativa especial es, básicamente, la Ley de Seguridad del Estado. Y si ella se estima insuficiente para preservar el orden público, lo razonable será abordar su perfeccionamiento. Pero no es lógico ni corresponde a una buena técnica legislativa perseguir ese objetivo a través de la Ley de Prensa, cuya finalidad es, obviamente, muy distinta. Para el resguardo del orden público existen otras autoridades competentes -no los jueces, cuya función propia no es ésa- y otras normas, que no son ni deben ser las concernientes a la libertad de prensa.

Similares consideraciones invalidan también la invocación a la seguridad nacional como motivo para decretar la prohibición comentada. Si aquélla se estima en riesgo, lo procedente será recurrir a lo que la Carta y la ley orgánica constitucional respectiva disponen en materia de estados de excepción constitucional, que son los únicos que, en virtud del artículo 39 del Texto Fundamental, pueden afectar el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas. Y esos estados precisan, asimismo, de otras autoridades y de otros requisitos para poder ser decretados, pero no de la Ley de Prensa.

En relación con lo anterior, cabe recordar que el artículo 19, número 12º, de la Carta no contempla entre las regulaciones de la libertad de informar ninguna norma donde pueda fundarse la referida prohibición. A su vez, el número 26º del mismo precepto consagra la seguridad de que los preceptos legales que regulen las garantías constitucionales o que "las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones" "o requisitos que impidan su libre ejercicio", requisitos todos que, como es manifiesto, no cumple la ley que faculta a los jueces para prohibir informar. En consecuencia, a lo menos corresponde sostener que, en esa parte, la ley es de muy dudosa constitucionalidad.

En cuanto al resguardo del éxito de la investigación judicial, ello se conseguirá mejorando los instrumentos de que dispone el juez para investigar, sea por el incremento de las facultades judiciales, sea por el perfeccionamiento del aparato técnico en que aquél pueda apoyarse. La prohibición de informar, en cambio, no sólo no contribuye en nada a dicho éxito, sino que priva a la investigación del aporte eventual de información útil y, también, del acicate que conlleva la preocupación pública. Peor aún, dicha prohibición permite que la población pueda relegar al olvido el caso delictivo mismo, favoreciendo con ello la impunidad de los hechores. Incluso es negativa desde la perspectiva institucional, porque transforma al procedimiento judicial en una cuestión remota y secreta, como si la justicia fuese algo ajeno a la ciudadanía y como si a ésta no le incumbiera siquiera tener conocimiento.

En fin, la facultad aludida es enteramente anacrónica en tiempos en que la televisión satelital y por cable, las redes universales de comunicación computacional, así como incontables otras tecnologías de información que emergen cada día, hacen imposible que la prohibición de informar equivalga a otra cosa que a una discriminación contra los medios de comunicación nacionales. Ella resulta tan absurda y contraproducente como el intento -igualmente en curso- de prohibir otras difusiones que normalmente se plantean durante los períodos electorales.

Estoy convencido de que una norma de tal naturaleza es absolutamente innecesaria. Por eso, celebro que la Comisión haya eliminado la facultad respectiva, que, obviamente, no figura en el articulado sometido al conocimiento de la Sala.

Señor Presidente , me referiré en forma sucinta a otras disposiciones que han sido eliminadas.

Se suprimieron numerosos delitos, por estimarse que no correspondía que estuvieran en la ley sobre libertad de prensa o porque ya han sido considerados en otros cuerpos legales. Por ejemplo, el relativo a quien induzca directamente a la comisión de crímenes o simples delitos, que la Comisión rechazó, por estar ya sancionado en otra legislación. Asimismo, se eliminó la norma que sanciona la atribución de hechos, noticias o documentos sustancialmente falsos, o supuestos, o alterados en forma esencial, o imputados inexactamente a una persona, por estar ya contenida en el artículo 4º, letra g), de la Ley de Seguridad del Estado.

En fin, el proyecto en debate elimina numerosos preceptos -en otros casos los reduce a su mínima expresión- de nuestra legislación que establecen sanciones y restringen la libertad de información y el ejercicio del periodismo.

En mi concepto, la eliminación de los delitos pertinentes constituye un avance importante para nuestro ordenamiento legal. Empero, ello no quiere decir que se deje a los particulares indefensos frente a los delitos que se pudieren cometer a través de la prensa, por cuanto siempre queda abierta la posibilidad de, cuando se afecta la honra de las personas, entablar las acciones correspondientes por los delitos de injuria o calumnia, los cuales, naturalmente, deben ser conocidos y sancionados por los tribunales ordinarios de justicia.

Ésos son algunos de los aspectos de la iniciativa en estudio que considero esenciales, señor Presidente.

Anuncio mi voto favorable a la idea de legislar.

El señor ROMERO (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Sule.

El señor SULE.-

Señor Presidente , cuando está por culminar en el Senado el primer trámite reglamentario del proyecto de ley que regula el ejercicio de las libertades de opinión y de información y reglamenta el ejercicio del periodismo, y que a la vez deroga la Ley de Abusos de Publicidad, resulta oportuno destacar los aspectos más novedosos que presenta la denominada Nueva Ley de Prensa, que -adelantémoslo- importará interesantes cambios en la legislación comunicacional chilena.

Antes de entrar cabalmente en el análisis de las nuevas disposiciones que se plantean y de los efectos que ellas provocarán, es conveniente precisar que el proyecto intenta, de manera orgánica, dar aplicación a los dos institutos constitucionales que existen en esta materia y que se encuentran regulados en el artículo 19, número 12º, de la Carta Fundamental.

En primer lugar, reglamenta el ejercicio de la libertad de opinión mediante la consagración de una norma programática de general aplicación, como lo es la establecida en el artículo 1º de la iniciativa de ley en informe, y a través de la tipificación penal de determinadas conductas que se consideran atentatorias contra el ejercicio de dicha libertad, como también de ciertas faltas que pudieran llegar a cometerse en su ejercicio.

En segundo lugar, regula el ejercicio de la libertad de información, que pudiéramos también denominar "libertad de prensa", y que se concretiza, por una parte, en el ejercicio de la libertad de informar -que corresponde de manera preferente a quienes se dedican profesionalmente a dar a conocer los hechos; es decir, los periodistas, principalmente-, y, por otra, en el ejercicio de la profesión de periodista, en cuanto tanto a sus prerrogativas como a sus obligaciones. En esta parte, además, consulta las normas aplicables a los medios de comunicación social para su creación y funcionamiento, y la regulación del derecho a réplica.

Este tratamiento orgánico que efectúa la iniciativa de ley en análisis resulta de una singular trascendencia, ya que, como han afirmado numerosos tratadistas y según lo ha entendido también la jurisprudencia nacional, el pleno respeto del ejercicio de estas libertades constituye una condicio sine qua non para la existencia y subsistencia del sistema democrático, siendo un punto central que informa, por cierto, este proyecto y que debe ser, en última instancia, el que sirva de luz a toda la legislación relativa a dichas garantías.

Nuevas perspectivas para la libertad de comunicación

1.- Entrando en materia, podemos afirmar que el proyecto de ley, a nivel de principios, o sea, en sus aspectos doctrinarios, desarrolla tres puntos de singular importancia: a) el pluralismo informativo; b) el denominado acceso a la información, y c) el estatuto profesional de los periodistas.

a) En cuanto al primer aspecto, la Comisión cambió el criterio sustentado por el Ejecutivo en el mensaje, que sostenía el rol preponderante del Estado en el resguardo de esta garantía -ello fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional-, disponiendo en su reemplazo que el pluralismo en el sistema informativo se garantiza a través de la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, y de la libre competencia entre ellos, favoreciéndose así la expresión de la diversidad social, cultural, política y regional del país.

Con relación a este aspecto, también debe destacarse la norma que regula la distribución de los recursos que destinan el Estado o sus organismos y las municipalidades a avisos, llamados a concurso, propuestas y publicidad de carácter local, en cuanto tales fondos son destinados, en forma mayoritaria, a efectuar la correspondiente publicación o difusión en medios de comunicación social regionales, provinciales o comunales.

b) En lo que respecta al segundo tópico, se prefirió, acertadamente, incluir este derecho de manera implícita, declarando la publicidad de todas las actuaciones de los órganos del Estado y de los documentos de cualquier naturaleza u origen que legalmente obren en su poder. Todo ello, sin perjuicio de la reserva o secreto que proceda legal o reglamentariamente, o que la publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de tales órganos, de los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. La calificación de estas últimas circunstancias, y en consecuencia la posibilidad de denegar la entrega de la información que hubiere sido requerida, se concede al jefe del servicio respectivo, sin perjuicio de la facultad del solicitante para recurrir judicialmente a fin de exigir la entrega de la información, en caso de estimar la no procedencia de las causales invocadas. Debe tenerse presente que, al consagrarse la publicidad de la información estatal, no sólo se limita a los órganos netamente públicos, sino que indirectamente resultan afectados los entes privados que son fiscalizados por órganos públicos, en lo que se refiere a la información que el organismo fiscalizado debe entregar al contralor. Por ejemplo, será accesible aquella información que posea un banco en la medida en que sea remitida a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, toda vez que la información que mantenga dicho instituto tenga el carácter de público. En esta materia, además, se sanciona penalmente al jefe del servicio que, siendo requerido judicialmente para entregar la información, se niega a hacerlo.

Consideramos de gran trascendencia estas disposiciones, a la luz de lo que ha sido la experiencia nacional e internacional. Esta normativa puede constituirse en una herramienta de gran ayuda para evitar los diversos males a los cuales se encuentra afecto lo público, ya que puede permitir el conocimiento efectivo y oportuno de toda aquella información que por su carácter natural no sólo debe importar a quienes se hallan en la Administración, sino que, en general, a toda la comunidad. En síntesis, normas como éstas constituyen, sin perjuicio de las precisiones que se pudieran aplicar, importantes medios para garantizar principios tan deseados como son el de la probidad administrativa y el buen desempeño de la función pública. En última instancia, la normativa que en esta materia ha aprobado la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento puede convertirse en una interesante herramienta para la erradicación de un problema tan urgente para la sana subsistencia del Estado como es el de la corrupción.

Al mismo tiempo, y ello no debe perderse de vista en el análisis que se haga de este instituto, por tener también importantes efectos, se permitirá acceder a cierta información de índole privada tratándose de organismos privados que se encuentren regulados por entes públicos. Decimos que ello tendrá importantes efectos, por cuanto estimamos que la corrupción y la probidad no son sólo privativos de lo público, sino que también se presentan en otras áreas de actividad.

Pero, señor Presidente, dejo hasta aquí mis observaciones respecto de estas materias, para retomarlas posteriormente cuando el Honorable Senado deba pronunciarse acerca de las iniciativas legales que las abordan y las tratan directamente.

c) En cuanto a lo que hemos denominado el estatuto profesional de los periodistas, el proyecto de ley en informe desarrolla, fundamentalmente, tres aspectos:

1) La preferencia para quienes poseen el título de periodista o ejercen funciones de tales en el desempeño de actividades que corresponden a la profesión periodística, en cuanto se les otorga cierto privilegio para su ejercicio. Sobre el particular, cabe destacar que la iniciativa legal, junto con evitar cualquier interpretación restrictiva del ejercicio del periodismo en orden a limitarlo sólo en beneficio de quienes posean el título profesional de periodista, acepta, al mismo tiempo, algún grado de reconocimiento a aquellos que son los principales ejecutores de dichas funciones, es decir, a los periodistas que poseen el título universitario y a quienes la ley les ha otorgado tal calidad;

2) Consagra el secreto profesional periodístico, concediendo a los periodistas, directores y editores de los medios de comunicación social el derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa, no pudiendo ser apremiados ni obligados judicialmente a revelar las referidas fuentes, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad personal que puedan tener acerca de la información difundida; y

3) Declara el derecho de autoría de los periodistas respecto de sus trabajos, con la finalidad de consagrar, como único contenido de la llamada "cláusula de conciencia", la facultad para el periodista de que los artículos difundidos en los medios de comunicación social como de su autoría sean publicados tal cual han sido concebidos, sin poder efectuar, el medio, alteraciones substanciales sin su consentimiento o en caso de no existir un fundamento plausible; este derecho reconoce, a su vez, la facultad del periodista para exigir la publicación de la correspondiente aclaración, y en caso de que ésta no se efectúe o se reitere la alteración substancial sin fundamento o sin consentimiento por más de dos veces dentro del plazo de treinta días, se declara la responsabilidad del medio de comunicación social en cuanto a haber incurrido, por ello, en incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo.

Todas estas disposiciones que consagra el proyecto de ley en resguardo de la profesión y de las funciones que desarrollan los periodistas resultan acertadas. Sin embargo, somos partidarios de una legislación que evolucione más aún en la entrega de instrumentos que aseguren a dichos profesionales el ejercicio de sus actividades propias, reglas que, respetando las normas constitucionales vigentes relativas a la libertad de asociación, favorezcan la creación de organizaciones profesionales que, en cumplimiento de sus atribuciones propias, desarrollen normas equitativas y racionales para el ejercicio del periodismo en nuestro país.

2. La tercera enmienda que merece destacarse dice relación a la nueva concepción delictual que contiene el proyecto. Superando los anteriores criterios, tanto el vigente como el de los proyectos del Ejecutivo y de la Cámara de Diputados, la iniciativa ha optado por el de la simplicidad. Es decir, prefirió eliminar el largo catálogo de delitos considerados en la Ley de Abusos de Publicidad, remplazándolo por una cantidad menor de figuras penales, lo cual, junto con responder a una nueva filosofía legislativa, acorde a los tiempos modernos, importa de algún modo un mejor reconocimiento para el ejercicio real de la libertad de comunicación.

En este ámbito es de real importancia la supresión del delito de difamación, lo cual significa dejar subsistente para la defensa de la honra personal, fundamentalmente, los tipos penales de la injuria y la calumnia.

Como ha sido de público conocimiento, durante la tramitación de este proyecto abundaron los juicios contrarios al establecimiento en nuestra legislación de figuras que tipificaran el delito de difamación, por estimar que su materialización importaría conculcar de manera importante el real ejercicio de las libertades de opinión y de información. La Comisión estimó, en definitiva, que esas inquietudes eran acertadas, habida consideración de que la difamación importaba una ampliación excesiva en la responsabilidad que pudiera derivarse del ejercicio de dichos derechos constitucionales.

En síntesis, aunque la supresión que vengo comentando constituye un avance significativo en el ejercicio de la libertad comunicacional, no deben olvidarse ciertos alcances que es posible efectuar sobre el particular. En efecto, y a la luz de lo que fue el extenso análisis de esta figura delictiva en la Comisión, que recogió un amplio campo de opiniones y de juicios, pudieran surgir ciertas dudas por la vigencia del delito de difamación en la Ley de Seguridad del Estado, que sanciona la difamación de ciertas autoridades públicas, como así también en la norma madre que se encuentra en el N° 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Es del todo deseable que la mantención de las figuras que he señalado no transite en la dirección de evitar, por sus efectos, la crítica ciudadana de las actuaciones públicas que realizamos, ya que el régimen democrático requiere, para su perfeccionamiento y desarrollo, el afianzamiento de criterios de participación a la par que el de representación.

La nueva concepción delictual que venimos comentando, y por la cual se ha inclinado adecuadamente el proyecto de ley en informe, también trae aparejada indisolublemente la necesidad de un ejercicio responsable de las libertades de opinión y de información. Sabido es por todos que, para su sanción, los delitos de injuria y de calumnia requieren la demostración del "animus iniurandi", es decir, la acreditación de que la persona que ha proferido la calumnia o la injuria ha tenido la intención positiva de inferir daño en el honor o en la honra de otra. En caso de no ser ello acreditado en juicio, y así ha sido dictaminado recurrentemente por nuestra jurisprudencia, no puede darse por acreditado el referido delito y, en consecuencia, el daño que se ha originado quedaría sin castigo.

Decíamos que el garantizar un adecuado ejercicio de las libertades de opinar y de informar constituye la base de todo sistema democrático. Pero al mismo tiempo, y en idéntico sentido, debemos entender que el respeto por la honra y el honor de toda persona constituye igualmente elemento clave para el funcionamiento político de toda sociedad. Ello nos debe instar, en consecuencia, a buscar el justo término medio entre el pleno respeto de los mencionados derechos constitucionales y el debido resguardo de la honra y del honor de toda persona. La experiencia ha demostrado que la sanción penal que se efectúa por mandato de la Constitución Política de la República, cuando se ha hecho un ejercicio abusivo de estas libertades, no ha sido, lamentablemente, el mecanismo idóneo para la protección requerida. No lo ha sido tanto para quienes han ejercido la libertad de opinar o de informar, ni tampoco para los que han experimentado el daño de su honor.

Por lo tanto, señor Presidente y estimado colegas, es necesario realizar un esfuerzo singular para concretizar en nuestra legislación las herramientas que efectivamente den un adecuado resguardo a estos tópicos, lo que debe partir -esencial es reconocerlo- por entender que el ejercicio de las libertades exige, ante todo, la responsabilidad compartida de todos los estamentos de la sociedad, tanto de quienes opinan o informan como respecto de quienes son objeto de dichas opiniones o informaciones. En ese sentido, la definición legal a la cual lleguemos será solamente un recurso que permitirá materializar la referida responsabilidad, pero no podemos pretender que la existencia de normas represoras importen la solución de los problemas que se derivan de tal ejercicio.

Por estas consideraciones, y sin perjuicio de que en su oportunidad formularé las indicaciones que tiendan a aclarar algunos aspectos o a reemplazar otros que, de manera somera he señalado en general en mi intervención, votaré a favor la idea de legislar.

He dicho.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Está inscrito a continuación el Honorable señor Larraín.

Tiene la palabra Su Señoría.

-(Manifestaciones en tribunas).

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Se suspende la sesión.

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-Se suspendió a las 17:35.

-Se reanudó a las 17:38.

_______________________

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Consulto al Senado su parecer respecto a la conveniencia de fijar una hora para cerrar este debate y proceder así con la votación del proyecto.

Si le parece la Sala, se cerrará el debate a las 19:30 -salvo que antes de esa hora no haya señores Senadores inscritos para intervenir-, para después continuar con la votación.

Acordado.

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , el proyecto sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, constituye un importante avance en la consolidación de estas libertades en nuestro ordenamiento jurídico. En verdad, más allá de ciertas consideraciones, a las que nos referiremos más adelante, el texto que hoy se somete a la consideración de la Sala, que puede -y en algunos casos, debe- ser objeto de modificaciones, representa un avance con respecto a la legislación vigente y, desde luego, con relación al texto que discutió -y quiso aprobar en algún momento- la Cámara de Diputados.

El objetivo central que procura la iniciativa es asegurar que las garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión e información no se vean entorpecidas bajo ningún concepto en su ejercicio concreto. Ello implica garantizar el ejercicio libre del periodismo, así como asegurar a quienes son dueños de medios de comunicación el respeto a su propiedad y a los derechos que de ello fluyen. No obstante, la perspectiva de esta normativa, por lo que involucra el fenómeno de las comunicaciones, incluye asimismo la consideración de las personas integrantes del cuerpo social, tanto en la necesidad de lograr información veraz y plural, como en el debido resguardo del honor y respeto de las personas, que no puede ser transgredido en nombre de la libertad de expresión e información.

Encontrar el equilibrio que asegure ambos aspectos involucrados en esta cuestión -libertad y responsabilidad- es difícil. Y cuando se olvida una parte de esta dinámica, se incurre con facilidad en errores mayores, que pueden terminar por conculcar el ejercicio de las libertades o el honor y respeto de las personas.

Pienso que el texto en debate logra sortear razonablemente los obstáculos, aun cuando no todo está debidamente resuelto y, peor todavía, aún persisten iniciativas que buscan alterar el equilibrio alcanzado.

En general, el proyecto permite fortalecer el ejercicio de las libertades de información y expresión, al garantizar y simplificar derechos que les son esenciales, como fundar y editar medios de prensa, o asegurar la libre difusión de opiniones e informaciones por su intermedio. De otra parte, el pluralismo y, por ende, la posibilidad de lograr a través del conjunto de medios existentes que se entreguen todas las visiones de la sociedad, se garantizan mediante las libertades mencionadas (fundar, editar y operar medios de comunicación), en cuyo ejercicio se establece la libre competencia entre ellos, lo cual sirve para acoger y permitir la diversidad social, política, cultural y regional del país.

Esta visión, sin embargo, tiene enemigos poderosos. Hay quienes quieren evitar la competencia restringiendo el derecho de propiedad a los medios, o limitando la publicidad que un medio libremente pueda conquistar, e, incluso, los más osados, obligando a que publiquen o transmitan los mensajes que ellos emiten. Estas posturas, de neto corte socialista y contrarias a la genuina libertad de opinión y expresión, han sido rechazadas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, así como por el Tribunal Constitucional. Este último, en la parte que intentaba obligar a los medios a recoger el punto de vista de quienes intervinieran en los debates públicos, lo cual no ha dejado satisfechos a algunos Parlamentarios, que pretenden insistir por la vía de las indicaciones con el objeto de regular restrictivamente la competencia, y así, restringir el pluralismo.

En otro aspecto, el proyecto también es valioso al sancionar a la autoridad que, aplicando torcidamente sus atribuciones e influencias, pretenda impedir el ejercicio de las funciones periodísticas.

Por otra parte, el texto ha recogido una aspiración muy sentida, no sólo del medio periodístico nacional, sino que de vastos sectores sociales, en orden a asegurar el acceso a la información del sector público, obligando a toda autoridad a entregar la correspondiente a su servicio. Esta última norma fue resultado de una proposición que personalmente formulé en la Comisión, convencido de que ella es esencial para una sociedad libre y abierta. En efecto, sólo con la transparencia real de lo que hacen las autoridades públicas, en todos los ámbitos, se podrá conocer la verdad de lo que ocurre en cada instancia pública y de decisión, permitiendo así, además, el necesario control de lo que allí se hace o se deja de hacer.

Esto es fundamental en las sociedades modernas, las que rehúyen el secreto y la reserva desmedida, que impiden que la gente sepa qué hacen sus autoridades. Es, también, ante el incremento de la corrupción, la mejor salvaguardia que la sociedad puede diseñar para detener su extensión y multiplicación, por el solo hecho de la sanción social que tiene: dar a conocer lo que en verdad hacen o pueden estar haciendo sus autoridades.

Nada deben temer nuestros funcionarios públicos, que en Chile tienen tradición de honestidad. Sólo deben temer esta transparencia quienes no pueden enfrentar el juicio de la ciudadanía, el cual sólo es viable si se dispone de la información correspondiente. Por lo demás, toda autoridad es, por definición, pública, lo cual implica que no puede sustraerse a la transparencia de su gestión.

Por estas consideraciones es que -como lo señalé- presenté una indicación en el sentido mencionado, la cual, lamentablemente, tuvo una acogida sólo parcial. La mayoría de la Comisión prefirió restringir el acceso público a la información, al permitir que la autoridad, discrecionalmente, pueda negar el acceso a la de su servicio en circunstancias especiales. Es cierto que se abrió un recurso para revisar el criterio de la autoridad cuando rechaza entregarla, pero ello no sirve para fortalecer este derecho ciudadano, sino para confirmar la debilidad en que él ha quedado.

Espero que con las indicaciones que se formulen durante la discusión particular este derecho se pueda reforzar, y que la Sala nos ayude a dar a la ciudadanía la necesaria transparencia que deben revestir los actos de nuestras autoridades. Ello permitiría avanzar seriamente en la consolidación de nuestras libertades.

En otro aspecto, la iniciativa contempla importantes derechos y garantías para el ejercicio de la labor de los periodistas. Desde luego, la ha declarado actividad preferente para quienes tienen título, lo cual no puede ir más lejos, dadas las restricciones al ejercicio profesional que garantiza nuestra Constitución. Y, además, porque la realidad del periodismo, en numerosos ámbitos del país, quedaría brutalmente imposibilitada, considerando que en regiones la mayoría de los medios puede funcionar gracias a la participación de personas que, sin contar con título, desarrollan actividades periodísticas. Impedirles trabajar constituiría, paradójicamente, una seria limitación a la libertad de información.

El nuevo texto asegura la reserva de la fuente informativa, permitiendo de este modo un ejercicio tranquilo del periodismo, y establece el reconocimiento de autoría a los profesionales en los casos que corresponda, tanto de nombre, cara o voz, impidiendo así la tergiversación de su labor.

Es efectivo que se sancionan las transgresiones que puedan cometer los periodistas en el ejercicio de sus funciones, como ocurre en cualquier actividad. Pero es importante destacar que el espíritu de esta nueva legislación que se propone evita incorporar como medida punitiva normal la privación de la libertad de los profesionales del ramo que incurran en comportamientos ilícitos, concentrándose en sanciones económicas, que se avienen más con la naturaleza de las circunstancias.

Finalmente, desde la perspectiva de la sociedad y de las personas, el proyecto contiene importantes normas que logran lo que -creo- es más difícil, esto es, un debido equilibrio entre la necesidad de no limitar el ejercicio de la libertad de información, y la de proteger, al mismo tiempo, la honra de los ciudadanos. Para ello, el texto fortalece y simplifica el derecho de aclaración y de rectificación para quienes hayan sido ofendidos o aludidos injustamente, limitando el mismo, en el caso de las apreciaciones que se formulen en comentarios especializados, lo cual permite potenciar la libertad de expresión de ideas y opiniones en los temas más variados.

Por otra parte, se contempla un título referido a los delitos que se pueden cometer a través de un medio de comunicación, incluyendo entre ellos los siguientes: prohíbe y sanciona las publicaciones que conciten odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, religión o nacionalidad; sanciona a quienes injurien o calumnien a personas a través de un medio de comunicación; prohíbe y sanciona a quienes maliciosamente intercepten o reproduzcan palabras, imágenes o textos que atenten contra la intimidad de las personas, sin su consentimiento; protege a los menores, al prohibir la divulgación de su identidad, en caso de que tengan participación en delitos; agrava la sanción a quienes promuevan la perversión de menores por medios que se ponen a su alcance o cuando se ofrezcan en la proximidad de establecimientos educacionales.

Este conjunto de delitos permite dar tranquilidad a la sociedad en cuanto a que se tendrán en debida consideración los derechos y la honra de las personas, impidiendo cualquier ilícito que intente protegerse bajo el ropaje de la libertad de información. Ésta debe ejercerse en forma responsable, lo cual se traduce en que no se permite ni facilita la comisión de delitos que están tipificados, para preservar así el debido resguardo personal.

Por las consideraciones anteriores, estimamos que esta iniciativa debe ser aprobada en general. Dentro de sus limitaciones, se avanza -creo- hacia un texto que logre armonizar la debida protección de la libertad de expresión e información; se garantiza el ejercicio del periodismo, y se defiende y asegura el respeto a la honra y al buen nombre de las personas. Se aspira a ejercer responsablemente la libertad, procurando la veracidad de los medios de comunicación en su afán informativo.

Sólo quedan pendientes las inquietudes anotadas, tanto respecto de las amenazas en contra de las libertades de información y expresión que se puedan hacer al restringir equivocadamente el pluralismo de los medios, cuanto del temor a dar acceso real a las fuentes de información pública.

La primera aprensión se ha visto potenciada en estos días, al constatar la censura ejercida por la autoridad a algunos canales de televisión que se negaron a transmitir una campaña referida al SIDA porque atentaba contra su línea editorial. La actitud de la autoridad representó un deliberado propósito de decidir qué se debe emitir por un medio de comunicación, cuestión clara y categóricamente atentatoria contra la libertad de información, sin perjuicio de configurar en este caso, además, un atentado a la libertad de conciencia. Es esencial para la libertad de información que sea el propio medio el que decida qué se publica o qué no se publica. Y el día en que la autoridad pueda obligar a transmitir contenidos publicitarios o informativos, se habrá dado paso, una vez más, a la eterna tentación totalitaria de controlar los medios de comunicación bajo los más variados fundamentos. Es, pues, indispensable reforzar este capítulo, para impedir que se consume el atentado a tales libertades por ésta o por autoridades futuras que se tienten por controlar el ejercicio de la prensa.

Del mismo modo, vemos con preocupación el temor a la transparencia de los actos de la autoridad, al favorecer un acceso limitado a la información de las actuaciones de la autoridad administrativa y pública, en general, sin excepciones. Ello revela miedo a la verdad, desconoce el sentido público en el quehacer de toda autoridad y, en último término, refleja una posición débil para combatir la corrupción. Debemos reforzar las disposiciones pertinentes, a fin de lograr una verdadera modernización de nuestro Estado en estas materias.

He dicho.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, en la página 26 del informe se señala lo siguiente: "Puesto en votación," -el proyecto- "lo hicieron en forma afirmativa los HH. Senadores señores Sule y Hamilton . Se abstuvieron los HH. Senadores señores Fernández , Larraín y Otero .

"Los HH. señores Senadores que se abstuvieron hicieron presente que el contenido que se diese en este primer informe a las diversas disposiciones del proyecto de ley determinará, en definitiva, la posición de aprobación o de rechazo en general que sostendrán en la Sala.".

Señores Senadores, he trabajado intensamente este proyecto, pero debo reconocer -y la Sala ha sido testigo de la expresión de un sector importante de la prensa, como es el de los periodistas, porque entre los manifestantes estaba el Presidente del Colegio de la Orden - que la iniciativa no satisface las aspiraciones de esos profesionales. Sus Señorías encontrarán al final del informe los antecedentes que pedimos tanto a los medios de comunicación social como al Colegio de Periodistas respecto de lo aprobado por la Comisión. Hay una gran cantidad de materias que no están incluidas en la ley en proyecto y que, obviamente, han sido apoyadas por dichos profesionales, en defensa, precisamente, de su propia dignidad y de la libertad de expresión.

A mí me preocupa el proyecto tal cual lo hemos aprobado. Es efectivo que una serie de disposiciones fueron mejoradas. Hay normas que, a no dudar, merecen nuestra aprobación. La pregunta que debemos hacernos es si este texto es realmente necesario, frente a las serias interrogantes que nos crea el articulado final.

La Constitución Política consagra la libertad de expresión y de información sin censura previa como un elemento fundamental para la actuación de las personas, tanto en el campo privado como en el público. Esta libertad no sólo es indispensable en el campo político para el mantenimiento y perfeccionamiento de la democracia, sino que es requerida con igual énfasis para todas las decisiones que diariamente debemos tomar en nuestras distintas actividades. Y agreguemos otra cosa: esta garantía constitucional no se halla establecida sólo en favor de periodistas ni de medios de comunicación social, sino que es para todos los chilenos, sin excepción. Nadie puede apropiarse de ella, porque se encuentra consagrada en la Carta Fundamental como derecho de las personas.

La historia nos demuestra el papel fundamental que juega la libertad de expresión e información en el mantenimiento del Estado de Derecho, de la dignidad del ser humano; en el combate contra el despotismo, la tiranía y la violación a los derechos de las personas; en el cuidado y exigencia de la probidad en la función pública, etcétera. Sin libertad de expresión no hay libertad política, ni libertad económica, ni libertad espiritual, ni libertad cultural.

La propia importancia y los efectos de la libertad de expresión e información obligan a que su ejercicio sea doblemente responsable, a raíz de las serias consecuencias que su uso indebido o negligente causa a la sociedad y a las personas en particular. Para que la información sea tal debe ser veraz, objetiva y pluralista y no tendenciosa. Al mismo tiempo, debe cumplir la esencia misma de su finalidad, permitir decisiones oportunas y razonadas. La información usada con otro propósito desvirtúa la naturaleza de la garantía constitucional.

Es difícil plantear ante el Senado de la República que uno está en desacuerdo con el resultado final del proyecto en análisis, por cuanto no establece una verdadera libertad de prensa, sino que consagra una impunidad para los medios de comunicación social, aun cuando ellos puedan perjudicar gravemente la honra de una persona o la de su familia.

Esto no es nuevo. Me permitiré citar en la Sala no expresiones mías, sino de personas que son reconocidas en el mundo entero por su ecuanimidad. Por ejemplo, mencionaré especialmente a Paul Johnson -historiador y periodista británico-, que en un artículo publicado por el Cuerpo B del diario "El Mercurio", dice: "Los medios de comunicación son necesarios para que la democracia opere, pero con justa razón son temibles el daño y la corrupción que sus defectos infringen a la sociedad". "El poder está ahí, muchas veces enorme y temible, y lo esgrimen a través de la imprenta y las ondas de aire. Sin embargo, con él vienen los deberes que impone el ejercicio del poder.".

En esa nota Paul Johnson identifica las debilidades propias del ejercicio de este poder que requieren corrección, y las denomina "los siete pecados capitales de los medios de comunicación". A saber: El primero, y en algunos aspectos el más importante, "es la distorsión". Ésta, "deliberada e inadvertida", es mucho más común y puede revertir muchas formas. El segundo es "la adoración de imágenes falsas y se aplica especialmente al periodismo televisivo". El tercero es "el hurto de la privacidad". La intrusión en la privacidad es el pecado más pernicioso de nuestro tiempo en los medios de comunicación y parece estar cundiendo. Cada hombre y mujer mortales tienen un derecho inalienable a algún grado de privacidad. El cuarto es "el asesinato de la reputación de una persona". Siempre se ha usado a los medios de comunicación para este inescrupuloso propósito. El quinto es "la explotación del sexo para elevar los "ratings" y la circulación". El sexto es "la contaminación, incluso podríamos decir el envenenamiento de las mentes de los niños a causa de lo que ven, oyen y leen". Y el séptimo, el último, es una síntesis de todos los anteriores: "el abuso del enorme poder que poseen los medios de comunicación".

Tengo a la mano otros planteamientos sobre lo mismo. Corresponden al distinguido autor Tom Clamsey , quien, en un libro bastante importante, donde analiza precisamente la política norteamericana, dice: "Los medios pueden destruir a las personas. Hay recursos contra toda acción impropia en la sociedad americana, pero la prensa tiene tal protección como aquella de que gozaban los reyes y, en la práctica, su profesión está por sobre la ley y trabajan diariamente para que siga así. Admitir un error no es sólo un paso en falso en lo legal, por lo cual se tendría que pagar indemnización económica, sino que se debilita la fe del público en su profesión. Por lo tanto, nunca admiten un error cuando no están obligados a hacerlo y, cuando lo hacen, las rectificaciones casi nunca gozan de la preeminencia de los errores o aseveraciones iniciales.".

Lo anterior nos obliga a analizar y decidir sobre las diferentes facetas de la libertad de prensa, las tentaciones de manipular la información o de establecer algún tipo de censura, el conflicto entre el derecho de información y la vida privada, la situación específica de los hombres públicos, las transgresiones que pueden cometer la prensa, los riesgos de restricciones excesivas y la necesidad de fortalecer la ética y la profesión periodística para alcanzar un periodismo bueno.

El Nº 12º del artículo 19 de la Constitución Política establece "La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley,". El Nº 4º de la misma norma contempla como una de las primeras garantías constitucionales "El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia.". Y el inciso segundo de este numeral dispone: "La infracción de este precepto, cometida a través de un medio de comunicación social, y que consistiere en la imputación de un hecho o acto falso, o que cause injustificadamente daño o descrédito a una persona o a su familia, será constitutiva de delito y tendrá la sanción que determina la ley. Con todo, el medio de comunicación social podrá excepcionarse probando ante el tribunal correspondiente la verdad de la imputación, a menos que ella constituya por sí misma el delito de injuria a particulares. Además, los propietarios, editores, directores y administradores del medio de comunicación social respectivo serán solidariamente responsables de las indemnizaciones que procedan.".

El gran dilema consiste en lo siguiente: ¿Cómo máximizar el bien y minimizar el mal que ocasionan los medios de comunicación social?, ¿Cómo conciliar esta libertad y el enorme poder que conlleva, con la necesidad de impedir las graves consecuencias de todo orden que puede producir un mal ejercicio de este poder, sea en forma deliberada o simplemente irresponsable?

Señores Senadores, la norma constitucional da el camino, y es el que deberíamos haber seguido en la Comisión. Pero, ¿qué ocurrió con esta iniciativa? Fueron eliminados -y con mi voto- muchos de los delitos; sin embargo, no se ha cumplido la disposición constitucional de castigar la difamación. Incluso, en la Comisión, no presioné sobre esta materia, por cuanto no me interesa sancionar a los periodistas, sino que exista la obligación de indemnizar un daño injustificado a una persona o a su familia.

Sobre el particular, deseo recordar que cuando el Congreso Nacional, particularmente la Cámara Alta, se querelló en contra del señor Cuadra, la Corte Suprema no castigó a éste por injuria, sino por difamación, porque esta última figura delictual es objetiva y representa el daño que se genera cuando se produce el descrédito de una persona, sobre todo, cuando se ha incurrido en informaciones falsas o manifiestamente distorsionadas.

Sin embargo, pese a lo anterior, no tuve acogida en la Comisión. Es más, planteé que al menos a aquella persona a la cual se puso en peligro su honra y su vida familiar por una información falsa, distorsionada, tuviera derecho a la indemnización moral que corresponde. Y también eso fue rechazado. Es decir, en el proyecto en debate no hay norma alguna para impedir que los ciudadanos de la República sean objeto de los excesos y abusos que puedan cometer los medios de comunicación social. Se me ha argumentado que para eso está la injuria y la calumnia; pero todos sabemos que para la existencia de injuria se requiere del "animus iniurandi", la intención o el ánimo de injuriar. Y pregunto, señores Senadores, ¿alguna vez un periodista ha tenido el ánimo de injuriar? Examinen los fallos judiciales. Ahí está el ánimo de informar, el ánimo de criticar, el ánimo de corregir.

Por eso, se puede destruir a una persona, pero sin que haya existido la intención de injuriar; sin embargo, sí se ha producido su difamación. En esta iniciativa legal no sólo queda sin sanción de carácter penal, como lo establece la Constitución Política que nos rige, sino que, además, se ha eliminado la posibilidad de que se resarza a la víctima con una indemnización y que se le pague por el daño moral y material causado.

Deseo manifestar que no he encontrado ni un solo periodista que me haya dicho que no es legítimo, cuando se publica una noticia falsa o abiertamente tendenciosa y se daña a una persona, aunque sea en forma involuntaria, indemnizar el mal causado. En Chile, señores Senadores, desde el Estado para abajo, no hay quien pueda provocar un daño, aunque sea involuntariamente, y no se encuentre obligado a indemnizar. Ello no sucede, sin embargo, en relación con el proyecto en debate. En definitiva, los medios de comunicación social no han aceptado ser responsables -y la Comisión ha acogido ese criterio- cuando originan un daño moral por publicar hechos falsos o noticias abiertamente distorsionadas.

No estoy en contra de la libertad de prensa. Al revés. Muchos de los preceptos aplaudidos en intervenciones precedentes han sido redactados, probablemente, por el Senador que habla. Creo en ella como el que más. Pero también creo en el derecho de cada chileno al honor y que la libertad mencionada, que debemos defender con toda nuestra fuerza, conlleva el siguiente principio: a mayor libertad, mayor responsabilidad. No he encontrado a alguien que pueda fundamentar -emplazo a que algún Honorable colega me convenza al respecto- la tesis de que la obligación de pagar el daño moral causado por publicar hechos o noticias falsas atenta contra la libertad de prensa.

He pedido un estudio sobre rectificaciones hechas en un medio de comunicación determinado. De ochenta y tantas cartas rectificatorias en un año, me interesa, como ejemplo, leer dos, fundamentalmente. Una de ellas fue remitida nada menos que por el Arzobispo señor Antonio Moreno , quien puntualizó:

"Como algún reportero (no sé de qué medio) insistía en preguntarme si yo decía que los parlamentarios que defendían la ley de divorcio eran unos inmorales, dije expresamente -queriendo prevenir lo que se veía venir- que "no debían poner como titular de este reportaje que según el Arzobispo de Concepción los parlamentarios eran unos inmorales", porque yo no estaba diciendo eso. Manifiestamente no fue suficiente para evitar lo que parece ser el objetivo más importante de algunos periodistas: causar sensación.

"Además, donde hablé de las consecuencias inevitables de una cultura paganizada que pierde sus raíces cristianas, fue en la conferencia de prensa. No fue en la homilía.".

"Tampoco dije" -agrega- "que caminar 300 metros de rodillas fuese una degeneración del sacrificio cristiano.".

Por su parte, una carta del señor Servando Jordán López, Presidente de la Corte Suprema, expuso:

"En la publicación se dice que "una mayoría notoria estuvo porque se respetara el turno", colocándome en oposición con esa mayoría, lo que es falso, para lo cual basta leer la resolución correspondiente, en donde hubo parecer unánime.

"Ante la reiteración de situaciones similares dejo expresa constancia de que no insistiré en desmentidos, pues lo expuesto es más que revelador para los lectores del diario", etcétera.

Tengo asimismo cartas de ex Presidentes de la República y de distinguidos señores Senadores.

¿Qué demuestra lo ya mencionado, Honorables colegas? Que se pueden cometer errores de buena fe. No quiero que se mande a ningún periodista a la cárcel, pero tampoco que exista una impunidad tal que nunca los medios de comunicación social se hallen obligados a pagar una indemnización cuando causen indebidamente un daño moral.

Es más: se ha presentado un proyecto de reforma constitucional destinado a eliminar la norma que leí, la que nos garantiza a todos nuestro honor, nuestra privacidad, y la de nuestra familia. A su vez, una iniciativa legal pretende derogar la difamación en la Ley de Seguridad del Estado. Sobre el particular, recuerdo que esta Corporación apoyó prácticamente por unanimidad las acciones en contra del ex Ministro señor Cuadra. ¿Y cuál fue el resultado? Se escuchó al Senado y la Corte Suprema acogió la querella respectiva, sobre la base de la difamación. Si son suprimidas las salvaguardias citadas, los límites mínimos para defender los derechos de las personas frente al daño que un medio de comunicación social puede causar aunque sea inadvertidamente, involuntariamente, inocentemente -lo doy de barato-, ¿qué va a ocurrir?

Ése es el dilema, señores Senadores, ante el cual, y sobre la base del resultado de la ley, votaré en contra de la idea de legislar. Porque quiero que el proyecto vaya a Comisión Mixta, para que junto con la Cámara de Diputados se pueda encontrar una normativa que resguarde a los periodistas y a los medios de comunicación social, pero también el sagrado derecho al honor, a la honra y a la privacidad de cada uno de los habitantes de Chile.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Ominami.

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente, a la luz de la discusión que se ha venido desarrollando en el Senado, creo que no cabe más que felicitarse de llevarla a cabo. A mi juicio, ella aporta. Se han entregado y se entregan argumentos de gran significación para enriquecer la legislación sobre la importante materia que nos ocupa.

Pienso que es bueno para el país que se pueda legislar sobre libertad de expresión, sobre libertad de prensa; que se avance en el acceso a las fuentes de información por todos los chilenos. Me parece que en ello se registran progresos relevantes en esta propuesta legislativa.

He seguido con mucha atención lo planteado por el Senador señor Otero . Considero que sus argumentos muestran que nos encontramos en presencia de un tema extremadamente delicado. Comparto con Su Señoría el que el ejercicio de la libertad de expresión entraña, sin lugar a dudas, enormes riesgos; el que existe una gran posibilidad de desvirtuar ese derecho y de que éste sea objeto de un uso ilegítimo, indebido, odioso.

No cabe la menor duda de que los siete pecados capitales de que hablaba el Honorable colega citando a Paul Johnson, son ciertos. Basta revisar la prensa nacional e internacional para darse cuenta de que permanentemente se corre el peligro de que en el ejercicio de la libertad de expresión se incurra en ese tipo de infracciones. No se puede desconocer que es recurrente la lesión a la honra de las personas; que se vulnera, muchas veces, la privacidad.

En lo personal, he sido víctima de ello. Y, desde ese punto de vista, tengo una sensibilidad particular respecto de la argumentación del Senador señor Otero . Pero, por haber reflexionado lo más concienzudamente posible sobre el asunto de que se trata, he concluido que, en definitiva, la eliminación de esos riesgos ciertos de que nos habla Su Señoría sólo se puede lograr por la vía de que se supriman los propios medios, la propia libertad de expresión. Creo que ésa es la cuestión de fondo.

Nos hallamos claramente frente a una situación en que existen derechos en conflicto, derechos que están entrando en contradicción. Y lo que se debe resolver es cuál es la prioridad de cada uno de ellos. Y, con plena conciencia de las implicaciones del punto, tengo la sensación de que es preciso comenzar ordenando nuestra visión de las cosas en este campo, a partir del respeto al derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión; de que ése es el derecho primario, fundamental, y de que las demás consideraciones deberán ser conformadas de modo de garantizar que en el ejercicio de ese derecho, a mi juicio básico, no se lesionen otros. Pero no se pueden plantear las cosas a la inversa, porque se podría terminar conculcando un elemento esencial en cualquier ordenamiento democrático.

Señor Presidente , en la tramitación del proyecto resta todavía un gran trabajo por delante. Votaré favorablemente la idea de legislar -me parece bueno avanzar en la dirección de afirmar la libertad de prensa en el país-; pero estimo que la iniciativa en análisis aún presenta muchos vacíos y resulta muy insuficiente.

Quiero, muy sumariamente, referirme a algunos de esos vacíos. Pero antes deseo hacer una consideración previa.

Es evidente que cuando hablamos de la prensa y de la información, estamos mencionando a un sector de gran significación, el que requiere una regulación específica. Tal concepto debe quedar claramente establecido.

Producir información o comunicar ideas no es lo mismo que producir pastas o zapatos. Se trata de algo particularmente importante y delicado. Se necesita -a mi juicio- una reglamentación especial para preservar la diversidad existente en nuestro país y para garantizar el pluralismo. Ése es el tema de fondo: cómo garantizar, a través de la normativa correspondiente, que el sistema de medios de comunicación funcione en forma pluralista y respetando la libertad de expresión de todos. Siento que este derecho no está plenamente garantizado en Chile, y ésta es una buena ocasión para avanzar en la dirección correcta.

Anteriormente, manifesté que existían vacíos en el cuerpo legal en proyecto. Uno de ellos se refiere a la regulación de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Deseo plantear las cosas con mucha franqueza: el hecho de que prácticamente la totalidad o parte muy importante de los principales medios de comunicación de un país sea controlada por un número muy reducido de personas, constituye de por sí una amenaza al buen funcionamiento del sistema democrático. No cabe la menor duda de que el pluralismo de aquéllos es un elemento básico de la democracia, y así lo han entendido casi todos los países que se han preocupado de estos temas. He revisado tanto las legislaciones de los Estados Unidos y Canadá como las de Europa Occidental, y en todas ellas hay reglamentaciones particularmente estrictas en este campo. Por ejemplo, en Estados Unidos existen normativas muy severas respecto de la concentración monomedial. Es decir, una persona no puede poseer las concesiones de televisión o los diarios que desee. Podrá decirse que ello constituye un terrible obstáculo socialista a la libertad de expresión. No es así. La legislación norteamericana es clara y categórica al respecto.

El señor GAZMURI.-

Entonces, Estados Unidos es socialista.

El señor OMINAMI.-

Probablemente hay resabios socialistas en la legislación norteamericana, pero no me atrevería a llevar la argumentación tan lejos. Sólo quiero llamar la atención sobre la existencia en todos los países desarrollados del mundo de disposiciones particularmente severas en materia de limitación de la concentración. Porque no es posible que los medios de comunicación estén en manos de dos, tres, cuatro o un número muy reducido de personas. Me parece que en una situación así configurada la democracia estaría permanentemente amenazada. Por tanto, soy partidario de discutir seriamente cómo dotar a nuestra legislación de las preceptivas correspondientes en este campo.

La iniciativa remite toda la regulación en materia de concentración al decreto ley Nº 211, sobre defensa de la libre competencia, lo cual es insuficiente. El pluralismo no puede ser reducido a un tema de libertad de competencia. Por consiguiente, existe un importante vacío que deberíamos llenar en instancias posteriores.

Una segunda cuestión es que tenemos que avanzar mucho todavía hacia la mayor transparencia de nuestro sistema de medios de comunicación. Al respecto, deseo mencionar rápidamente dos o tres cosas.

Me parece que ha sido un avance muy importante que en cuanto a la televisión, actualmente sepamos cuál es la audiencia de los canales, cuáles son los noticiarios más vistos y cuál es, en general, la audiencia que generan los distintos programas.

Esto no existe en materia de prensa escrita. Por el contrario, hay una gran oscuridad. Cada uno de estos medios entrega información que no es certificada por ningún organismo competente. Todos sabemos que las cifras en cuanto a la circulación en prensa escrita están manifiestamente abultadas.

Ello tiene una incidencia muy importante, entre otros, en un recurso fundamental: el publicitario. Deberíamos buscar la manera de que sea más transparente el funcionamiento de este sector, sobre la base de criterios objetivos que permitan a la gente saber cuál es la realidad de la circulación de la prensa escrita, para que, entre otras, se tomen decisiones adecuadas en materia de avisaje comercial.

Respecto de este último, es fundamental hacerlo más transparente. Cada empresa tiene el legítimo derecho de avisar donde quiera, pero es importante que la sociedad sepa cómo se distribuye el gasto en publicidad. Los pocos estudios disponibles en Chile al respecto muestran una tendencia a condicionar el avisaje a razones de tipo ideológico. Particularmente en las revistas, éste no se está distribuyendo de acuerdo a su tiraje, por lo que existen fuertes presunciones de la existencia de consideraciones de tipo ideológico en la forma de distribución de la torta publicitaria. Conviene interrogarse sobre este tema tan delicado.

En cuanto a la transparencia, resulta primordial saber quiénes son los dueños de los medios de comunicación y terminar con el sistema de los palos blancos, a fin de contar con información consolidada respecto de quién es quién en este campo, porque este tema es demasiado delicado como para dejar las cosas en esta penumbra, en este claroscuro en el cual nuestro país vive en materia de propiedad de los medios de comunicación.

Además, deberíamos avanzar en la protección del ejercicio de la función periodística. Por ejemplo, habría que ser particularmente severos en el castigo de los delitos que se cometan en contra de periodistas. Quien intente presionar indebidamente a un profesional de la prensa o quien lo prive arbitrariamente de su libertad -como ha ocurrido en otros países, y también en el nuestro- tendría que ser objeto de una sanción particularmente dura. Los periodistas deberían sentirse particularmente protegidos y respaldados en el ejercicio de su importante función.

Otro tema que desgraciadamente no toca este proyecto de ley es el referente a la prensa regional. Quienes somos Parlamentarios nos damos cuenta de las enormes dificultades que ella enfrenta. Son muchas las localidades donde la gente no se informa en los grandes medios de prensa sino en pequeñas radios o periódicos. Es francamente heroica la función que estos medios realizan.

Deberíamos ser capaces de generar mecanismos. Por ejemplo, un fondo concursable, con un consejo pluralista y amplio que permitiera a dichos medios modernizarse, a fin de poder participar en el proceso de desarrollo y modernización tecnológica que está afectando muy significativamente al conjunto de los principales medios de comunicación. Se enriquecería la legislación pertinente si también fuéramos capaces de introducir mecanismos de fomento a la prensa regional.

Por último, señor Presidente , una consideración que no tiene consecuencias desde el punto de vista de la normativa en trámite, pero que estimo fundamental tener en cuenta.

Todo esto se hace en nombre del pluralismo, lo que me parece muy bien, pues todos queremos proteger la libertad de expresión.

Por ello, es importante destacar que, con motivo del golpe militar de 1973, se produjo un serio desequilibrio en la estructura, particularmente, de la prensa escrita en el país. Si no me equivoco, fueron cerrados seis o siete medios escritos, de los cuales, por lo menos, cinco eran diarios. Dichos periódicos no solamente fueron clausurados, sino que sus instalaciones y toda propiedad asociada a ellos fue confiscada. Y todavía, después de casi 24 años, no hemos podido corregir esa gravísima injusticia.

Por ello, estoy de acuerdo en consagrar el pluralismo, la libertad de expresión. Pero también es importante tener presente que en Chile se generó un grave desequilibrio en la configuración del sistema de medios de comunicación (particularmente en lo relativo a la prensa escrita), que es importante corregir, de manera que el pluralismo no sea, como dije al principio, solamente para algunos, sino un derecho del cual pueda disfrutar el conjunto de la sociedad.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente, comienzo anunciando que aprobaré en general el proyecto porque, a mi juicio, constituye un gran avance en cuanto a garantizar la libertad de opinión, que, como aquí se ha expresado, es un elemento central en la construcción de una sociedad y un orden democrático.

Se avanza en derecho de información, en el secreto de las fuentes. Se legisla en otro aspecto, que aún es susceptible de ser perfeccionado, para garantizar la idoneidad de quienes trabajan en la comunicación social y especialmente en la generación de información, es decir, de los periodistas. En fin, se restringen algunas inhibiciones contempladas en nuestra legislación. Por lo tanto, desde el punto de vista de garantizar la libertad de opinión, el proyecto claramente mejora la situación actual. Sin embargo, al igual que el Senador señor Ominami , observo ciertos vacíos.

Si efectivamente queremos asegurar el ejercicio de la libertad de opinión, el derecho de todos los ciudadanos a emitir y recibir información de la mayor calidad posible, debemos estudiar una normativa que garantice que el sistema de medios de comunicación social en el país esté construido de tal forma que ese derecho que afirma la ley, se materialice en la práctica social concreta.

Al analizar la situación que hoy existe en Chile, concluimos que el pluralismo informativo y cultural está severamente limitado. Este fenómeno se advierte con mayor crudeza en la prensa escrita. Sólo dos empresas, que a su vez pertenecen a dos conocidos conglomerados económicos nacionales: el grupo Edwards y el grupo encabezado por Sergio De Castro (que reúne a diversos empresarios, entre quienes está Alvaro Saieh ), controlan el 90 por ciento de la oferta informativa y periodística.

Al margen de la calidad periodística de los distintos diarios de esos grupos, es indudable que en el aspecto valórico y cultural ellos responden, en general, a una de las corrientes que -legítimamente- existen en el país. Para decirlo de modo simple, corresponden más bien a una corriente cultural conservadora y neoliberal, lo que, evidentemente -repito que no pretendo cuestionar la calidad periodística de esos grandes conglomerados-, introduce un factor de distorsión en la pluralidad de la sociedad chilena en lo atinente a la oferta de la prensa escrita.

En el ámbito de la televisión -en estos días ha habido una ardua polémica, a raíz de la negativa de dos de los tres canales más importantes para transmitir información de interés público- la situación es relativamente parecida. Incluso, diría que si no hubiera en Chile un canal de televisión público, que por mandato de la ley debe garantizar el pluralismo, el estado general de los sistemas de comunicación y de la cultura en el país sería extraordinariamente más negativo que el cuadro actual.

Quizás en la radiotelefonía se encuentre una oferta más variada, dado que hay un número mucho mayor de empresas operando en el sistema.

En consecuencia, si del análisis del problema resulta la situación descrita -en mi criterio, difícil de negar-, una normativa que no contempla cómo corregir las anomalías que de hecho se producen, es una legislación incompleta respecto del fin que decimos perseguir, cual es garantizar las libertades de expresión e información y, al mismo tiempo, un sistema donde el pluralismo tenga condiciones reales para expresarse.

Reconozco que quienes estamos insertos en los sectores culturales y políticos desfavorecidos por la distribución, absolutamente asimétrica, de la capacidad de producir información y cultura, somos más sensibles a esta asimetría que las personas que conforman aquellos sectores que, pese a ser minoría en la sociedad chilena, se sienten cómodos con un sistema que definitivamente expresa lo que son sus convicciones, valores, ideas y propuestas.

De lo expuesto se deduce que nos hallamos frente a una discusión muy de fondo: cómo aseguramos efectivamente un régimen de libertades factible de ejercerse en una sociedad concreta como la chilena.

El Senador señor Larraín ha expuesto claramente su pensamiento respecto de este punto. Señaló que eso se garantiza debidamente con dos principios: primero, con la libertad de fundar, crear y operar medios de prensa informativos en el más amplio sentido de la palabra (libertad con la que estoy completamente de acuerdo), y, segundo, mediante la competencia en el mercado, sin ninguna regulación posible.

En Chile y en el mundo está demostrado que, en esta área, la competencia sin regulación posible no genera pluralismo. Y éste es el tema. La acusación de que quienes propician regular esconden algún tipo de ideología o reminiscencia totalitaria, me parece un despropósito. Postular eso respecto de quienes somos partidarios de regular este mercado, particularmente sensible para la construcción de una sociedad culturalmente democrática y moralmente sana, me parece inadmisible.

Por lo demás, en el país no hay mercado alguno que esté completamente desregulado. Y promover la desregulación total en este mercado tan sensible es, a mi juicio, un profundo error conceptual, que además tiene la implicancia de que consolida un estado de cosas en el ámbito de los medios de comunicación, donde vastos sectores de la ciudadanía, que expresan corrientes culturales y políticas muy poderosas, no tienen la posibilidad real de ejercer las libertades establecidas por la Constitución. Y no hay duda de que eso señala los síntomas de una sociedad profundamente defectuosa desde el punto de vista democrático.

Por lo tanto, lo que nos distingue del Senador señor Larraín no es el tema de las libertades. Lo que nos distingue es que la propuesta que nos hacen aquellos que piensan como el Honorable colega -que son muchos y muy poderosos- asegura que, en este plano, la inmensa mayoría de los chilenos no estará debidamente resguardada en sus libertades y derechos.

Reitero el argumento esgrimido por el Senador señor Ominami : en el mundo no hay ninguna democracia sólida donde éste no haya sido un tema de debate muy central, y donde no exista un conjunto de regulaciones acerca de la industria productora de información.

Se regula la concentración monomedia en realidades muy distintas: Alemania, Estados Unidos, España , Francia, Grecia , Italia , Gran Bretaña .

Se regula la concentración multimedia, vale decir, la imposibilidad de tener la propiedad sucesiva de medios distintos. Esto opera en Alemania, Estados Unidos, España , Francia, Italia , Luxemburgo, Portugal , Dinamarca. Creo que nadie discutirá el carácter democrático de estas sociedades ni la existencia, en muchas de ellas, de una prensa, de una televisión y de una radiotelefonía, desde el punto de vista del pluralismo, mucho más desarrolladas que las nuestras.

Se regula la participación de capital en los medios y se propende a su distribución de manera tal de no generar capitalistas accionarios mayoritarios en empresas dedicadas a la producción de información y cultura.

Se regula en muchas naciones, sobre todo europeas, la participación de capitales extranjeros en la operación de medios televisivos y de prensa escrita.

Se regula en todas partes la trasparencia de la propiedad.

Por lo tanto, no me parece digno de una discusión seria decir que, en Chile, precisamente quienes estamos por establecer regulaciones que garanticen el pluralismo somos sospechosos de totalitarismo. Ésa es una afirmación del Senador señor Larraín que, simplemente, no puedo aceptar. Y lamento que Su Señoría no esté en la Sala.

El señor LARRAÍN .-

Llegué, Honorable colega.

El señor GAZMURI .-

Me alegro, señor Senador, aunque se haya perdido parte de mi argumentación.

En los últimos 20 años se produjo en nuestro país, por razones históricas que no es del caso volver a comentar, un terrible retroceso respecto de la situación de pluralismo que había adquirido la vieja democracia chilena. Y esa inmensa desproporción no fue causada por la libertad de competencia, sino por la intervención directa del Estado y de la autoridad política, que, en condiciones excepcionales, rompió -no sé si el equilibrio- el mayor equilibrio que había en la oferta periodística -sobre todo en la escrita- de la sociedad chilena.

Por consiguiente, en este aspecto, Chile está mucho más atrás que hace 30 ó 40 años. Desde esa perspectiva, es una sociedad con menos desarrollo del pluralismo y donde menos chilenos que antes pueden ejercer las libertades reales.

En mi opinión, éste es un asunto que debería preocupar fundamentalmente a la sociedad chilena, a todos aquellos que nos decimos demócratas y al Congreso Nacional, a la hora de legislar.

Varios Senadores socialistas y democratacristianos presentamos en la Comisión un conjunto de indicaciones, las cuales, desgraciadamente, tuvieron muy poco éxito. Muchas de ellas fueron declaradas, a mi juicio de manera apresurada, inadmisibles. Las replantearemos para el segundo informe.

Se trataba de indicaciones -yo diría- moderadas, y hasta modestas, considerando, por una parte, el insuficiente debate que hay en el país sobre la materia, y por otra, la necesidad de discernir regulaciones que tomen en cuenta, además, el carácter extraordinariamente dinámico que tiene el desarrollo de la industria de las comunicaciones, no sólo en Chile, sino también en el resto del mundo.

Todas nuestras proposiciones apuntaban -vamos a insistir en ellas- a temas centrales. Uno, el de garantizar la trasparencia del mercado, entendiendo que, en cualquier situación, la competencia entre medios informativos es parte de un sistema sano. Y, cuando hablo de regulación, no estoy eliminando la competencia; al contrario, me parece que ella es fundamental, pues, en definitiva, los ciudadanos tienen la última palabra en cuanto a qué quieren leer, qué programas desean ver, etcétera. El problema radica en que exista una oferta que efectivamente permita esa libertad de opciones.

Señor Presidente , la verificación de circulación de la prensa escrita es una institución que existe en todos los países desarrollados del orbe. En algunos de ellos, por acuerdo de los propios editores de medios; por tanto, con sistemas privados, pero de aceptación universal.

La verificación de circulación es fundamental en dos aspectos: primero, constituye la información de la opinión pública sobre el alcance real de cada medio, y segundo, es un elemento básico para orientar los gruesos recursos publicitarios precisamente con criterios de mercado y no con criterios ideológicos o de exclusión.

En Chile ha habido una resistencia terrible de las empresas periodísticas propietarias de medios escritos, sobre todo de una de ellas, a establecer sistemas de verificación universalmente aceptados. Y ya que el sector privado de nuestro país no ha sido capaz de realizar lo que se ha hecho en la mayoría de las naciones democráticas del mundo, nos pareció razonable establecer por ley un sistema de verificación pública, pues constituye un elemento fundamental para la trasparencia del mercado, para que éste opere bien, para que opere en función de su propia lógica. Porque si el mercado es monopolizado, si es intervenido por consideraciones que no son propias de él, no funciona. Y si el mercado no funciona, la competencia no se da de manera real.

Para garantizar pluralismo, que es otra dimensión del problema, propusimos indicaciones -desgraciadamente, fueron rechazadas en la Comisión- que apuntaban a la trasparencia de la información sobre el dominio, la propiedad y los traspasos de propiedad de los medios; al establecimiento por ley de estudios sobre el pluralismo en los medios informativos, forma social de control que nos parece fundamental; al estudio de un sistema de límites a la concentración intermedia y multimedia, que -insisto- es una experiencia de todas las democracias desarrolladas del mundo; y, por último, a la fijación, desde el punto de vista del Estado, de políticas de estímulo, básicamente para la prensa regional y local.

Consideramos de interés para la comunidad y el país incentivar un proceso de descentralización de medios independientes a niveles regional y local. Y, atendidas las tendencias monopólicas que se dan en el mercado, el estímulo a una prensa independiente, libre, en los ámbitos regional y local, a través de un fondo concursable, trasparente, etcétera, nos parece una medida que efectivamente contribuiría a que mayor cantidad de chilenos accedieran a las libertades de que hablamos y reforzaría de manera muy importante el proceso de regionalización que el país está viviendo.

Volveremos a plantear todas estas cuestiones durante la discusión particular.

Creemos -y con esto termino- que el proyecto en debate introduce avances importantes. Aplaudimos tanto la iniciativa del Gobierno como el trabajo efectuado por la Comisión para ampliar el campo de nuestras libertades. En tal dimensión, votaremos favorablemente la idea de legislar sin ninguna restricción, sin perjuicio de las observaciones particulares que habrá que hacer en el aspecto señalado. Pero este proyecto, desgraciadamente, parte de un preconcepto que nos parece falso: que no es necesario establecer por ley regulaciones modernas, impersonales, que aseguren la debida competencia y garanticen que el sistema de producción de información y cultura, en su conjunto, permita en los hechos, y no sólo en las palabras, el pluralismo al que todos decimos dar tanta importancia.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, este proyecto de ley es de la mayor importancia y trascendencia. Recae en una de las libertades básicas para el desenvolvimiento democrático del país. En esa perspectiva, debemos darle la mayor relevancia y aprobar normas que hagan realmente operante la libertad de información.

El primer tema que surge como consecuencia del análisis de una iniciativa sobre las libertades de información y de opinión se relaciona con la colisión de ésta y otras garantías reconocidas en nuestra Carta Fundamental.

En primer término, se produce a mi juicio una colisión de la libertad de informar, establecida en el número 12º del artículo 19 de la Constitución Política, con la garantía del respeto y protección a la vida privada de las personas, reconocida en el artículo 19, número 4º. Hay, indudablemente, una colisión, porque el respeto y la protección a la vida privada pueden verse limitados, constreñidos o desconocidos sobre la base de la libertad de información.

En esa perspectiva, opino que el intérprete debería preferir siempre el respeto a la libertad de información, en virtud de que esta garantía es fundamento del derecho de todas las personas, sin perjuicio, por cierto, de que se responda por los delitos de injuria y calumnia que puedan cometerse con motivo del ejercicio de tal libertad.

Me parece que no hay otra solución al respecto. Limitar la libertad de información sobre la base del respeto y protección a la vida privada de todas las personas significaría, lisa y llanamente, desconocer la primera garantía con el pretexto, real o falso, de que se va a lesionar la segunda.

En tal sentido, me inclino por acoger lo planteado en el informe en cuanto a reconocer como limitaciones a la libertad de información o como resguardo al respeto y protección a la vida privada la reafirmación de los delitos de injuria y de calumnia. Incluso, para los efectos de ratificar, confirmar o garantizar la libertad de información, la excepción de verdad, o "exceptio veritatis", que se halla planteada en el proyecto, a mi juicio, debería mantenerse en los términos previstos hoy en la Ley sobre Abusos de Publicidad. La excepción de verdad implica que, si es verdadero lo informado, no se configura el delito de injuria y, en consecuencia, prima ampliamente la libertad de información.

Por otra parte, se ha planteado en la Sala que, para los efectos de garantizar el pluralismo en el sistema informativo, se debería ir más allá de lo que señala el proyecto -esto es, de la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, y de la libre competencia-; llegar a un análisis de los medios comunicacionales, y, sobre la base de una personalidad al parecer angelical o dotada de poder divino, determinar que no existe pluralidad y, en esa dimensión, establecer otro mecanismo.

Francamente, me resulta imposible concebir eso sin la presencia del Estado. Y, en tal sentido, creo que ello sería el comienzo del fin de las libertades de información y de opinión.

Incluso, aquí se ha hecho presente algo que me resulta muy difícil de comprender.

Se señaló que es necesario que haya una información respecto del alcance real de los medios de comunicación, a los efectos de que se respete de verdad el libre mercado. Es decir, hay alguien con un poder tan importante que estima que quienes hacen publicidad -recordemos que la hacen con sus recursos- no tienen suficiente capacidad de discernimiento para saber cuál es el mejor medio para avisar, por lo que es indispensable, a fin de respetar realmente la libre competencia en esta materia, entregar información propia.

Ello me parece muy grave y delicado. No considera que la libertad de información se expresa en la actividad comercial o mercantil justamente a través de la publicidad. La publicidad -y lo reconocen todos los especialistas en la materia- constituye una forma de la libertad de expresión y, además, una forma de la libertad de emprender cualquier actividad económica lícita. Se trata de dos garantías reconocidas expresamente en nuestro ordenamiento jurídico.

Por lo tanto, rechazo de la manera más tajante la posibilidad de que, sobre la base de amparar o reconocer un pluralismo, se intente manipular en los medios de comunicación, y más todavía que, so pretexto de un pretendido respeto al libre mercado, se establezcan normas limitativas a la libertad de las personas para realizar publicidad.

Señor Presidente, hechas esas aclaraciones previas, quiero referirme a aspectos concretos del proyecto, porque cada uno de ellos constituye un fundamento del texto que aprobaremos en general.

En cuanto a los medios de comunicación regionales, el artículo 7º del proyecto señala que "Los fondos que establecen los presupuestos del Estado, de sus organismos y empresas y de las municipalidades, destinados a avisos, llamados a concurso, propuestas y publicidad, que tengan una clara identificación regional, provincial o comunal, deben destinarse preferentemente a efectuar la correspondiente publicación o difusión en medios de comunicación social regionales, provinciales o comunales.".

Opino que esa norma es discutible. Procura, obviamente, favorecer a esos medios, que generalmente tienen graves problemas económicos. Ello resulta muy conveniente. Pero a la vez, en la medida en que es limitativo del derecho que se tiene en esta materia, me asaltan algunas dudas.

En todo caso, deseo aclarar que, cuando el inciso tercero del precepto en comento se refiere a la publicidad de órganos integrantes del Estado, de ninguna manera significa ampliar la posibilidad de éstos para invertir recursos en publicidad. Esto ha sido reconocido por una reiterada jurisprudencia administrativa y se halla establecido en un texto positivo de la Ley de Presupuestos de la Nación, que dispone que los órganos del Estado "no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.". El proyecto que nos ocupa, cuando se refiere al tema, no puede aludir sino a ese tipo de publicidad.

El artículo 8º trata una materia a la que se han referido varios señores Senadores y que también es de la mayor importancia.

El fundamento de dicho precepto es la transparencia de las actuaciones de la Administración. Estoy absolutamente de acuerdo con el establecimiento de ella. Y quiero recordar que la Comisión Nacional de Ética Pública, creada por el Presidente Eduardo Frei en abril de 1994, precisamente se refirió a ese tema y señaló como elemento esencial de la probidad lo que llamó, en el Capítulo VII de su informe, "Control Social".

La referida Comisión expresó sobre ese particular: "El control social supone, en primer lugar, suficiente y oportuna información respecto de lo público. Chile goza de amplia libertad de prensa y expresión. No obstante, nuestro país carece de una legislación que garantice el acceso periodístico a la información relacionada con la gestión pública.".

Más adelante, en otro acápite del mismo informe, se habla de una "Ley de acceso a la información pública". Se señala que "La Comisión considera que sólo los ciudadanos debidamente informados acerca de lo que ocurre en la gestión pública pueden ejercer un control activo a su respecto", agregándose que aquel organismo estima necesario legislar sobre el acceso de la ciudadanía a la información del Estado.

Coincido con ese planteamiento. Sin embargo, considero que la norma propuesta es defectuosa, por distintas razones.

En primer término, al tratar de la información sobre la gestión pública, debe analizarse qué documentos de ella tienen derecho a conocer los medios de comunicación.

A mi parecer, la información de los medios debe referirse a los actos de la Administración. Y los actos de la Administración son los decretos, resoluciones, circulares, etcétera, que, antes de ser tales, sólo son actos preparatorios que, me parece, no pueden tener carácter público, por cuanto se trata de estudios internos de la Administración sobre los cuales no se ha adoptado decisión definitiva.

Otro tema importante -al cual se han referido algunos Senadores- es el relacionado con la opción o posibilidad de que los documentos privados pasen a tener carácter público por el hecho de que la autoridad los conozca. A mi juicio, esto es absolutamente errado. Los hechos y la documentación privados son de tipo reservado por su propia naturaleza y, por ende, no son públicos. Por el contrario, los actos de la Administración sí son públicos, pues ésta se halla al servicio de la comunidad y se financia con recursos aportados por todos los chilenos. En consecuencia, considero que deben ser públicos los actos terminales de la Administración, o sea, decretos, resoluciones, circulares, etcétera. Los actos en trámite, los actos internos -por ejemplo, el informe de un fiscal solicitado por un Ministro o un Subsecretario-, no tienen por qué ser públicos pues, por último, aquel funcionario no tiene una vinculación externa: se trata de un asesor de las autoridades superiores.

Asimismo, es relevante el punto relativo a definir cuáles serían los actos públicos y a quién correspondería determinar el carácter secreto o reservado. Según el proyecto, serán de este último tipo aquellas actuaciones de los órganos del Estado y los documentos a los que la ley haya otorgado dicho rango, lo cual también podrá ser determinado en conformidad a los reglamentos. Al respecto, parece indispensable considerar la legislación vigente, es decir, la ley Nº 18.834 que aprueba el Estatuto Administrativo, la cual en su artículo 55, letra h), estipula como obligación de los funcionarios "Guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de ley, del reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales.". En mi opinión, para tratar el artículo 8º, es necesario examinar lo vigente y, en su caso, modificarlo y precisar con exactitud los actos de la Administración considerados públicos y, a su vez, determinar a quién le corresponde establecer si un acto administrativo es de tipo secreto o reservado por su naturaleza. A mi juicio, tal como hoy se nos propone, se contraviene la legislación vigente. Incluso, la norma respectiva no determina con claridad los actos de carácter público dentro de la Administración, y se permitiría acceder a información de carácter privado que consta en los registros de ésta, información que no tiene por qué revestir carácter público por el solo hecho de hacerse una presentación. Deseo llamar la atención del Senado en el sentido de que existen numerosos actos de nuestro ordenamiento administrativo que hoy requieren contar con la anuencia de la autoridad de los servicios o de los entes públicos. Para pedir tales autorizaciones, debe acompañarse una serie de documentos que son propios de las personas, a los cuales no puede dárseles carácter público por el hecho de haberlos entregado a la autoridad administrativa para los efectos de solicitarle alguna decisión.

En el artículo 10º se dispone que quienes tengan a su cargo medios de comunicación -esto es, los directores- deben tener nacionalidad chilena. Podríamos estimar que la disposición es dudosa, pero, en todo caso, a los medios de comunicación que se expresen en idiomas diferentes del castellano debería permitírseles directores de nacionalidad extranjera.

El artículo 14 modifica una norma vigente de la ley Nº 16.643, sobre Abusos de Publicidad, relativa a la obligación de los medios de comunicación de enviar a la Biblioteca Nacional un número de ejemplares en forma gratuita. Este precepto, que es de origen antiquísimo en nuestra Administración -rige desde 1800 y tantos-, se encuentra vigente en la Ley sobre Abusos de Publicidad y en el proyecto se mantiene con algunas modificaciones. A mi entender, es absolutamente arcaico y de una constitucionalidad más que dudosa, por lo que formulo expresa reserva de constitucionalidad. Porque, ¿en virtud de qué disposición legal el Estado obliga a entregar gratuitamente un cierto número de copias? Tal vez, en medios de comunicación muy poderosos, dicha obligación puede tener efectos económicos irrelevantes, pero en otros que no poseen tal carácter, que son más pequeños o que se encuentran en sus inicios, constituye una exacción carente de fundamento constitucional. De acuerdo con el número 20º del artículo 19 de la Constitución Política, los impuestos deben ingresar a rentas generales y no existen otras formas de contribución. Están expresamente prohibidas en la Carta Fundamental.

En consecuencia, este artículo no debe ser aprobado, carece de todo fundamento, corresponde a una obligación muy antigua que pudo tener alguna justificación en el pasado, pero que hoy no la tiene, y, además, los costos de la Biblioteca Nacional incluyen la adquisición de ejemplares. Pero obligar a una entrega gratuita de ellos carece de justificación y, por lo tanto, este precepto debe ser rechazado.

En el artículo 25 se establece la prescripción de las acciones para perseguir las infracciones a los artículos 13 y 14 del proyecto y dispone que ellas "prescribirán en el plazo de un año, contado desde la fecha en que debió cumplirse la obligación.". La norma legal vigente fija como plazo seis meses. A mi juicio, aumentar este tipo de plazos siempre resulta discutible. Con el paso de los años, pareciera que éstos deben reducirse pero, en ningún caso, ampliarse. Por ello, en este caso resulta clara la inconveniencia de extender los plazos de prescripción. Mientras más breves éstos sean, mayor es la certeza jurídica de las relaciones.

En el artículo 30 del proyecto se contempla el principio de la "exceptio veritatis", o excepción de la verdad, sobre el contenido de las informaciones, tratándose de injurias, y se innova respecto de la norma vigente, lo que, a mi entender, no es adecuado, pues no se han presentado problemas en la aplicación de la excepción de la verdad. Por eso, debería mantenerse en los términos vigentes.

En el artículo 31 se determinan sanciones, entre otras, multas y penas privativas de libertad. Francamente, pienso que las multas son muy elevadas. En cuanto a las penas privativas de libertad, debemos recordar lo que tantas veces ha planteado el Ministerio de Justicia, y que comparto íntegramente, en el sentido de que el Derecho Penal moderno procura, como última "ratio" -tal como dicen los penalistas-, la privación de libertad. A mi entender, la privación de libertad no produce un efecto conveniente en este tipo de delitos; solamente genera conflictos, no constituye -por así decirlo- una persuasión. La limitación a la libertad, como pena privativa, debe quedar reservada solamente para aquellos delitos que la justifiquen.

Finalmente, en el artículo 49 se derogan normas vigentes sobre la materia y se establece una fórmula de muy difícil comprensión. Estimo que deberían derogarse aquellas disposiciones que resulten inconciliables con las que la iniciativa propone y con las establecidas en la ley sobre Abusos de Publicidad. Reitero: el artículo sugerido es de muy difícil comprensión.

Señor Presidente , anuncio mi voto favorable a la iniciativa por las razones que he señalado.

He dicho.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor PÉREZ.-

¿Me permite una interrupción, el señor Senador ?

El señor ERRÁZURIZ.-

Con el mayor gusto, con la venia de la Mesa.

El señor PÉREZ.-

Señor Presidente , ¿la votación empezará a las 19 ó a las 19:30?

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

A las 19:30, señor Senador.

El señor PÉREZ.-

Como ahora hay quórum, sugiero adelantar la votación y que los Honorables colegas que deseen intervenir lo hagan al fundar su voto.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Sólo restan las exposiciones de dos Senadores. La Mesa prefiere respetar el acuerdo ya adoptado por la Sala, puesto que algunos Honorables colegas pueden haberse ausentado confiando en que se votará a las 19:30.

El señor PÉREZ.-

Está bien, señor Presidente . Sólo quise hacer la consulta.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente, sagrado es el derecho a la honra y la privacidad, no sólo personal, sino también el de nuestra familia y la sociedad. Los siete pecados capitales que menciona Paul Johnson y que se han traído a colación en esta oportunidad son pan de cada día en nuestro país.

Personalmente, he sido víctima de ataques infundados a mi honra y a mi prestigio. El afán de algunos de vender más o el insano deseo de otros que se alquilan para desacreditar o para crear imagen no son historias de ciencia ficción. Constituyen atropellos que yo mismo he debido enfrentar con hondo dolor personal y familiar, perpetrados por ciertos seudoperiodistas que nunca recibieron sanción alguna de parte de sus propios medios.

El derecho al buen nombre que recibimos de nuestros padres y que será lo único que con certeza heredarán nuestros hijos no se resguarda con este proyecto; por el contrario, se debilita. Las leyes que castigan la injuria y la calumnia son sólo retórica hipócrita inaceptable. Se pueden publicar libros, por ejemplo, para desacreditar a otros y, aunque exista orden judicial que prohíba su circulación, es posible, en claro desacato, recurrir a imprentas clandestinas para continuar tales campañas. Pero, al final, ni el periodista pagado que alegó cumplir sólo con su deber profesional, ni el banco y los banqueros que financiaron la campaña respondieron nunca por las injurias y calumnias, pues argumentaron que los hombres que actuamos en la vida pública debemos estar sometidos a estos atropellos, que son continuos, a nuestro buen nombre y a nuestra honra.

Páginas completas en portadas de domingo en matutinos de enorme circulación han servido a intereses ocultos en tal campaña de descrédito. Luego ni siquiera se han publicado las respuestas. Es más, se han negado a recibir inserciones pagadas y firmadas responsablemente, si no se aceptaba que fueran sometidas a censuras y recortes.

Este proyecto no subsana ninguno de tales abusos ni atropellos a la libertad. Y si todo lo expuesto, y mucho más, ha ocurrido al Senador que habla, pregunto: ¿cómo se defienden la clase media, los chilenos pobres, el hombre común, de los atropellos a sus derechos constitucionales?

Soy firme partidario de la libertad de expresión. Soy liberal de corazón. Pero el más grave riesgo que corren los esfuerzos para que las libertades prevalezcan y den sus frutos es el temor a decir la verdad, transformando a algunos en reales dictadores, como puede ocurrir con alguna prensa.

Por otra parte, la concentración de los medios de comunicación, como toda concentración y en cualquier actividad, es peligrosa: atenta contra la libertad y la libre competencia. Pero, en el caso de la prensa, el riesgo es aún mayor, pues no existe -pese a nuestra economía abierta- competencia externa alguna en noticias nacionales. Al parecer, la sola mención de estas inquietudes constituye, para algunas personas, sacrilegio.

Este proyecto de ley no es bueno. ¡Facilita la impunidad y no fortalece el pluralismo! ¿Olvidamos ya los diarios "El Clarín" y "Puro Chile"? ¿No recordamos cómo se enlodó la honra, la imagen e, incluso, el buen nombre del Presidente de la República en otros tiempos? ¿Hubiese sido igual la actitud de algunos Senadores si hubiésemos discutido el proyecto en aquel contexto?

La libertad de información está consagrada en el artículo 19, número 12º, de la Constitución. El respeto y protección a la vida privada y pública, y a la honra de la persona y de su familia, se encuentran debidamente garantizados en el número 4º del mismo artículo, cuyos efectos algunos buscan hoy eliminar. Dicha iniciativa, unida al proyecto que hoy debatimos, convierten a los medios de comunicación en una dictadura peligrosísima que terminará por suplantar la soberanía popular, por acallar la voz de sus representantes y por llevar al país a depender de quienes sean los controladores de esos medios, hoy concentrados en pocas manos, no por perversas intenciones -como algunos parecen creer- sino, simplemente, por razones económicas.

¡Qué agradable sería contar con la buena voluntad de ciertos medios, como es el caso de algunos! ¡Qué grave es sufrir sus ataques sibilinos o arteros! ¡Pero cuánto más grave es que la libertad de los medios de comunicación se coarte o se restrinja! Debemos legislar para cuidar la libertad de prensa. Debemos legislar para promoverla y también para fortalecer la libertad de las empresas periodísticas. Debemos legislar para que en Chile exista una ley clara y estricta, que castigue la injuria, la calumnia y la difamación. Mientras tales normas no existan, requisito previo indispensable para avanzar en el estudio de la ley que ahora nos ocupa, el proyecto sometido a consideración del Senado no puede ni debe ser aprobado.

Por esas razones, votaré en contra.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Díez.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente, comprendo la importancia que aparentemente se asigna a este debate; pero creo que, en el fondo, no la tiene. El proyecto que ahora despachamos en general es muy similar a la ley vigente, y diría que en algunas partes es mucho peor.

Los problemas planteados en torno a la libertad de expresión, a la necesidad de permitir el cumplimiento de dos derechos esenciales de las personas -aparentemente en colisión- y a la pluralidad de los medios de comunicación social no aparecen resueltos, ni cerca ni lejos, en la iniciativa que nos encontramos estudiando.

Creo, como lo expresó el Honorable señor Gazmuri , que aquí no hay nadie enemigo de la libertad de prensa y no hay nadie que no entienda que el desenvolvimiento de una democracia recae esencialmente en el funcionamiento de una prensa libre, pluralista, verídica y verdaderamente informativa. De otra manera, el titular de la soberanía no podría resolver.

También, nadie puede negar que el poder fiscalizador en la época contemporánea corresponde fundamentalmente a la prensa, más que a la Cámara de Diputados o más que a los tribunales. Porque, evidentemente, los actores públicos, en un sistema democrático estable, tienen mucho más temor a lo que piense la generalidad de las personas. Y para conocer ese pensamiento, necesitan de la prensa.

Además, cuando decimos que aquí hay dos derechos en colisión, me planteo -acaso por mi formación personal- que entre dos verdades no puede haber contradicción, como dice Santo Tomás .

Quizá, en la sociedad en que estamos viviendo, nuestra preocupación por mantener la libertad como fundamento de la democracia es tan grande, que nos olvidamos de la otra gran función del Estado, que es proteger al débil. Y es indudable que hoy es mucho más débil la persona, inmersa en estas enormes estructuras modernas (económicas, publicitarias y políticas), que los medios de comunicación en sí mismos, que no son atacados por nadie y quieren ser protegidos por todos.

El buscar la pluralidad no tiene, a mi juicio, otro camino que la libertad. El buscarla por otras vías termina por destruir la libertad y por destruir, definitivamente, la pluralidad.

Nosotros, seguramente, no hemos alcanzado aún el grado de pluralidad que deseamos, pero vamos transitando en esa dirección. Y la prueba de ello es que aquí se señala que sólo hay falta de pluralidad en los medios de comunicación escritos, que son, según las encuestas, los que tienen menos importancia en la formación de opinión pública y en el traspaso de la información.

Se dice que no existe transparencia en lo que se refiere al tiraje de los ejemplares de la prensa escrita, y que esto es absolutamente indispensable para la difusión y conocimiento de los factores económicos que inciden en los medios de publicidad. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que sería muy bueno conocer el grado de difusión de la prensa escrita. Pero lo que definitivamente no me gusta en el proyecto de ley es que el estudio de la pluralidad se entregue al Estado, ni tampoco -y esto no es nuevo, porque viene de la legislación antigua, en un artículo prácticamente idéntico- que se obligue a los periódicos a establecer su capital, sus acciones, a dar cuenta del movimiento de las acciones y de las modalidades que rigen a la sociedad.

Ese camino no conduce al pluralismo y creo que, en una sociedad como la nuestra, es erróneo. El camino del pluralismo, indiscutiblemente, es el camino de la libertad.

Por otro lado, está la protección del elemento débil, que es, sin duda, el individuo sometido a estos medios de comunicación tan masivos y tan penetrantes. Recuerdo lo que aprendimos de niños en la literatura española: al rey, la vida y la hacienda se ha de dar, mas no el honor, porque el honor es patrimonio del alma, y el alma sólo es de Dios.

Felizmente, en nuestra sociedad humanista y cristiana éste es un valor esencial, que nosotros debemos proteger. Para algunos, serán esenciales otros valores: los económicos, los políticos, etcétera. Pero es incuestionable que para una sociedad humanista lo más importante es la persona, y dentro de ella, resulta evidente que su honor ocupa un lugar de privilegio en nuestra tradición chilena, que sigue la española.

La pregunta que uno se plantea es: ¿está mejor protegido el honor de las personas en el texto que se nos somete a consideración, que en la legislación anterior? Después de hacer un análisis, se llega a la misma conclusión que el Senador señor Otero , esto es, que las normas del proyecto no significan ningún progreso real. Si sólo se atiende a su texto, nos encontramos con una normativa progresista, con una normativa que da derecho a réplica, que pone plazo, que obliga. Pero todas estas disposiciones, todas, ya están en la ley vigente.

La Constitución Política de la República, aplicada con un criterio interpretativo que permita extraer de ella los principios y las normas que pretende imponer, más la ley vigente, es mucho mejor que la iniciativa que se nos plantea.

Uno tiene que votar en general, no por la idea, sino de acuerdo con el texto que se propone. Y yo no veo en él ninguna solución adecuada al problema de la pluralidad. Al contrario, el proyecto transita por senderos absolutamente contrarios a mi pensamiento, según el cual la libertad es el camino de la pluralidad. No me satisface en modo alguno en cuanto a la seguridad de la defensa de la honra. Confieso con franqueza que las disposiciones de la legislación en vigor relativas a la vida privada de las personas, a su imagen, a sus circunstancias familiares, no se hallan consideradas. Se está protegiendo una honra que no se define; se está protegiendo una vida privada que no se explicita, y en cambio, sí se desarrollan todas las garantías de los medios de comunicación.

El proyecto no es equilibrado. Lo es mucho más la actual legislación, sumada a las disposiciones constitucionales que señalan las bases generales de la garantía de la libertad y de la garantía del respeto a la vida privada y a la honra de las personas. En aquél -estoy seguro de que sin quererlo la Comisión-, se transforman en públicos los papeles privados que los individuos envían a las autoridades por cualquier motivo. Es decir, se está desprivatizando nuestra vida, en circunstancias de que lo que la gente quiere, indiscutiblemente, es una vida mucho más rica, más familiar y más fecunda. Y nosotros debemos defender a las personas.

Porque considero que el proyecto no defiende a las personas y no da solución adecuada a ninguno de los problemas planteados, anuncio que votaré en su contra.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Está inscrito a continuación el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, quisiera expresar de manera gráfica por qué, a pesar de todos los defectos e inconvenientes que advierto en él, voy a votar favorablemente el proyecto. Y diría que es porque no he encontrado un trabajo más ilustrativo de lo que fue la Guerra del Pacífico que los ocho tomos de la obra de don Pascual Ahumada , distinguido profesor que se dedicó durante cinco años o más a recolectar cuanto publicó la prensa de los países beligerantes (Chile, Bolivia y Perú), más algunas otras informaciones de naciones europeas, sobre el conflicto que se estaba desenvolviendo.

Al revisar este material, uno ve cómo era la guerra que les iban pintando a sus respectivos países los medios de comunicación. Y, naturalmente, pintaban una guerra que con seguridad era muy distinta de la que tenía lugar en las trincheras y en los campos de batalla, cada uno según su punto de vista. Sin embargo, la suma de toda esa información expresa, de alguna manera, cómo fue la guerra que -diré- culturalmente vivieron las poblaciones de las naciones en conflicto.

A mí me parece que este proyecto de ley es una oportunidad para cotejar una legislación que, fundamentalmente, se arrastra desde hace 30 años, con la situación actual de Chile.

Tenemos, claramente, como lo expresó -en forma muy acertada, a mi juicio- la Honorable señora Feliú , una colisión de derechos que deben ser armonizados, lo cual no resulta fácil. La Constitución, en esta materia, se remite a lo que establezca la ley. Y esta ley en proyecto tiene, entre otros defectos, el de no resolver la cuestión principal, que consiste en dar cumplimiento armónico a dos instituciones amparadas como garantías fundamentales por la Constitución: el derecho a la honra y a la vida privada y el derecho a la libertad de información. Eso es lo que esta iniciativa de ley debe hacer. A mi juicio, no lo efectúa bien. En todo caso, creo que nos hará bien cotejar la legislación vigente con el proyecto en estudio.

Respeto como el que más a aquellos que, ante los defectos de la iniciativa, han optado por votarla en contra. Personalmente he preferido abrir la oportunidad de llevar a cabo una discusión particular, porque, en mi opinión, en varios aspectos la legislación actual es mejor que la propuesta. Sin embargo, requiere de un "aggiornamento", ajuste o perfeccionamiento, el que podremos llevar a cabo durante el debate en particular. Y, por tratarse de un proyecto complejo, abierto, con muchas disposiciones, y algunas de ellas claramente positivas, me sería muy difícil pronunciarme en general en contra de la iniciativa.

Voto a favor del proyecto.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

De acuerdo con lo que resolvimos al comenzar a discutir esta iniciativa, estamos prácticamente en la hora de iniciar la votación.

Como aún restan algunos señores Senadores inscritos para intervenir, sugiero como procedimiento ofrecerles la palabra a ellos en primer lugar, para fundamentar el voto. Y, a continuación, a los demás, de acuerdo al orden de la lista.

Si le parece a la Sala, así se procederá.

Acordado.

En votación general el proyecto sobre libertad de expresión.

--(Durante la votación).

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , en términos generales, se ha dicho mucho sobre esta materia, y hay numerosos elementos que deberemos analizar después con mayor precaución y detalle con motivo de la discusión en particular.

Sin lugar a dudas, la importancia de la información es creciente en el tiempo. Y si uno revisa en términos muy sucintos la historia, podrá apreciar que el poder ha estado vinculado -más o menos en esta secuencia-, primero, a los recursos naturales; en seguida, al capital (trátese de mano de obra o de fondos), a la energía y, finalmente, al que posee o maneja la información.

Desde este punto de vista, es muy importante asegurar y garantizar la transparencia y el acceso a una información consistente, coherente y verídica, no sólo en la Constitución, sino también en las leyes que rigen a nuestro país. Y, al respecto, cabe recordar las palabras de Sancho Panza: "Cuidado, porque nos enfrentamos ante la Iglesia". Hoy sucede algo parecido ante el poder de la prensa.

Por otro lado, también enfrentamos un mundo sobrecargado de estímulos, particularmente de información. Y en este mundo saturado de información, resulta bastante difícil obtener percepciones consistentes, que nos definan con respecto a este fondo o ruido de fondo. Aquí hay una suerte de leyes de la psicofísica de Weber Fechner en el sentido de que, mientras más estímulos recibimos, las diferenciales no son en línea recta, sino -por así decirlo- logarítmicas, y deben ser mayores para siquiera tener sensaciones. Ello explica el sensacionalismo, la búsqueda de contrastes, la manera de poder hacerse perceptible. Evidentemente, éste es un elemento que está en juego en una normativa de esta naturaleza.

Después está el ejercicio del periodismo y la mediatización de la información. Es obvio que, en este caso, la libertad y el acceso a la información correcta a través de una mediatización se torna bastante difícil. En ese sentido, existen amenazas hasta en el mundo cultural con respecto a la mediatización de la información. No olvidemos el libro de Orwell "1984", la película "Brazil", en fin. Existe una tendencia a manejar el poder mediante una información mediatizada, y que no está claramente garantizada a través del libre ejercicio de la profesión del periodismo, en los términos en que aquí se nos presenta.

Si uno revisa no solamente el derecho a la información, sino la manera como ésta se presenta, particularmente en los noticiarios -el orden en que se entregan los diversos hechos ocurridos, así como la combinación de información en un mismo artículo, con los énfasis que se le puedan dar-, comprueba que se podrá entregar toda la información, pero, una vez analizada como señalé, se nota en forma bastante clara que ella ha sido manipulada y mediatizada. Es evidente que en este mundo de estímulos es difícil advertirla como tal.

Al examinar en particular el proyecto, se echa de menos un texto comparado con la Ley Nº 16.643, sobre Abusos de Publicidad. Porque la verdad es que se han rescatado los elementos de fondo; pero los nuevos que se nos presentan no aparecen tan claramente atractivos ni sintonizados con las declaraciones en general que se han hecho. Creo que ello será particularmente relevante al formular las indicaciones.

En todo caso, no dejan de llamar la atención algunos aspectos positivos en particular, como la necesaria reciprocidad en cuanto a la participación en los medios de publicidad con respecto a otros países. Es algo que se ha incluido en el proyecto. Evidentemente, es positivo que puedan participar extranjeros en nuestros medios de comunicación, en la medida en que sus respectivos países permitan que los nuestros participen en los de ellos. Pero esa reciprocidad debe plantearse en términos reales, por las partes que entran en juego.

En cuanto a la disminución del depósito legal, creo que es perniciosa. En este momento, las empresas editoriales cuentan con los quince ejemplares de libros que se distribuyen a lo largo y ancho del país, y se hacen escasos. Reducirlos aún más, pese a existir una ley de fomento al libro, me parece poco conveniente.

En resumen -dado el tiempo de que disponemos-, creo necesario votar a favor del proyecto en general, con bastante precaución. Y durante la votación en particular debemos rescatar los elementos claves que contiene la iniciativa, teniendo a la vista la Ley sobre Abusos de Publicidad, que en particular, con respecto a la vida íntima del derecho a respuesta, da mejores garantías.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , al fundamentar el voto quisiera suscribir las argumentaciones dadas por el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Honorable señor Otero . Y, al mismo tiempo, celebrar lo que el señor Senador ha hecho durante este tiempo en defensa de los derechos que, según entiendo, se vulneran en este proyecto, por los ataques que desde distintos medios de comunicación ha recibido.

Sin duda, aquí hay valores en juego, y existe una colisión de derechos que debemos armonizar. El derecho al honor es un derecho superior. La libertad de información no se funda sólo en el derecho de propiedad que tiene una persona sobre un medio de comunicación social, para decir lo que desea, sino, principalmente, en el derecho que tiene el pueblo a ser informado de manera verídica, libre y oportuna.

En mi opinión, el proyecto crea, en la colisión de derechos, una suerte de impunidad, por las bajas penas que prescribe para los medios de comunicación y para aquellos comunicadores sociales que incurren en los delitos tipificados en el Código Penal y en otras normas jurídicas, como son la injuria, la calumnia y la difamación.

Hoy en día vivimos en un mundo en donde existe un nuevo negocio de la información: la escandalización de la noticia. Ello lo vemos principalmente en Europa, con desastrosos resultados, en donde los diarios que venden más no son los que mejor informan, sino aquellos que movidos por el morbo escandalizan, exageran, injurian y calumnian con la noticia.

También nosotros nos vemos a diario sometidos a declaraciones que hacemos y que se reproducen, más que marcando el contenido de una noticia, resaltando las aristas que muchas veces, en el dibujo de una información global, representan sesgos que no desea transmitir quien expresa la noticia.

Señor Presidente , considero que hoy en día los medios de comunicación son un poder fiscalizador dentro de la sociedad. Pero que también es importante fiscalizar al fiscalizador y que los medios de comunicación sean capaces de responder por sus excesos. Porque en contrapartida los derechos de las personas a mantener un honor incólume, a no ser víctimas de injurias ni de calumnias -que, a mi modo de ver, es un derecho superior-, no están bien resguardados en el proyecto en análisis, me parece importante entregar una señal en ese sentido con esta votación.

Por lo tanto, por pensar que el derecho al honor está vulnerado en la iniciativa y en espera de que en la Comisión Mixta se subsane tal error, voto en contra.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente, he escuchado con mucha atención el debate. Se han dado argumentos de fundamentación desde una perspectiva que, a lo mejor, uno no comparte, pero que son importantes y que seguramente habrá que tomar en consideración.

Sobre la difamación, no me cabe la menor duda de que es bastante discutido y discutible cómo se puede aplicar un procedimiento para no vulnerar el principio de libertad cuando se defienden otros; cómo provocar el equilibrio entre la defensa de la honra de las personas y la libertad de expresión. En tiempos modernos, los países capaces de establecer una legislación adecuada, han tratado de buscar la forma cómo compatibilizar ambas situaciones.

También soy muy partidario de lo que señalaba el Senador señor Horvath sobre el tema de la disminución de ejemplares y respecto de una serie de disposiciones mínimas; por ejemplo, que a la Biblioteca Nacional se entreguen 10 ejemplares y no 15, o que de los importados se le entreguen 2 ejemplares, etcétera. Debemos revisar este tipo de normas, porque muchas veces se pueden cometer errores que tienen solución.

Sin embargo, no podemos dejar de aprobar la idea de legislar, pues de esa manera dejaríamos de normar materias tan importantes como la libertad de opinión, el ejercicio de la profesión de periodista, los delitos que puedan cometerse, etcétera.

Estimo que la difamación -elemento tan importante que han hecho valer quienes han argumentado en contra-, no puede conducirnos al riesgo de no legislar. Incluso, por cierto desacuerdo en un punto, podríamos quedar empantanados en una materia respecto de la cual el país necesita normas legales. En consecuencia, lo lógico es que el Senado dé paso a la discusión, y así las mayorías existentes en él puedan regular las materias en que se advierten falencias, mediante la discusión de cada una de ellas en detalle y profundidad.

Lo peor que nos puede pasar es que, al rechazar en general el proyecto, quedemos imposibilitados de discutir diversas materias tan relevantes como las relacionadas con las libertades de expresión y de opinión.

Por esa razón, señor Presidente , respetando mucho las posiciones de personas que discrepen conmigo, aquilato y valoro el tema de la difamación, el cual, en mi concepto, debería analizarse. Pero, al mismo tiempo, pido que se me permita, como Senador, en un trámite posterior, enriquecer el primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, corrigiendo las normas que consideremos equivocadas. Hacer lo contrario significa negarnos a legislar sobre una materia en la cual el país espera que se haga.

Por esas razones, señor Presidente, voto que sí.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , he escuchado con mucha atención el debate realizado esta tarde. Estamos frente a un proyecto muy de fondo que dice relación a cuestiones esenciales, las que constituyen el elemento primordial de un régimen democrático.

Estoy de acuerdo en que en nuestro país exista la más plena libertad de expresión, y en que éste es un objetivo central para seguir progresando, particularmente, en el ámbito cultural.

Sin embargo, con muchas sinceridad, deseo mencionar que tengo algunas dudas que no han sido suficientemente bien enfrentadas en el proyecto. Una se refiere al tema de la concentración de la propiedad.

En nuestro país existen tres grupos económicos que manejan prácticamente el 90 por ciento de los medios masivos de comunicación. No estoy en contra de esos grupos económicos -quiero señalarlo claramente-, ni me preocupa su destino económico financiero; pero sí que la concentración de la propiedad de ellos pueda constituirse, obviamente, en un factor limitante de la libertad de expresión.

¡Por favor, este tema ha sido tratado por todos los países, incluso por los Estados Unidos! La mayor parte de las naciones europeas -si uno analiza la legislación comparada que está muy lejos de un ideario totalitario o socializante, en el sentido que se entendía en la Europa Oriental- tienen leyes que impiden, de alguna manera, que los medios de información sean monopolizados por pocas personas o por grupos económicos. En Chile no podemos hacer eso, porque sería atentar contra el principio de la propiedad privada. Nadie está atentando contra ese principio. Estamos advirtiendo el peligro que ello representa para la limitación objetiva de la libertad de expresión.

El segundo tema que me preocupa es el señalado por el Honorable señor Otero ; y me parece que se trata de una materia muy de fondo, porque todos aquí hemos sido víctimas, en algún instante, de la falta de prolijidad moral de algunos medios de prensa para enlodar la dignidad y la honra de muchos de nosotros. Yo he sido una de esas víctimas.

Me preocupa este asunto, porque no estoy, ni mucho menos, por limitar el ejercicio del periodismo. Tengo un gran respeto por los periodistas chilenos y pienso que son los mejores de América Latina. Entiendo que ellos poseen códigos de ética que, en el fondo, no tienen posibilidades de ser aplicados, por distintas razones. Entre otras, debido a que dichos profesionales se han transformado en meros empleados de quienes detentan la propiedad de determinado medio. Y la relación contractual de muchos de ellos hace muy difícil que puedan ejercer plenamente sus derechos y su capacidad profesional, porque enfrentan una situación que les impide desarrollarse con mayor libertad, con mayor dignidad profesional y, por lo tanto, con mayor capacidad de dar a conocer sus ideas sin la cortapisa que implica tal relación contractual con los medios de prensa.

Por lo tanto, sostengo que el tema es muy de fondo, y que debemos discutirlo más.

Participo, entonces, de la opinión del Senador señor Andrés Zaldívar , en el sentido de que rechazar la idea de legislar nos impedirá, a lo menos, entregar opiniones respecto de esas dos materias. Sé que existen otras, como la de que esté siendo cuestionada la profesión de periodista.

Escuché ayer al Presidente del Colegio de Periodistas plantear una dificultad que con certeza existe. Él vinculó su inquietud con un curso que se está realizando en la Universidad de Atacama, a propósito de la posibilidad de algunas personas de acceder al título profesional de periodista.

El tema también es importante, porque -digámoslo francamente- en muchos países no existe la profesión de periodista. Pero, en Chile ya tenemos una tradición en cuanto a que debe haber tal profesión, y ojalá en el más alto nivel. Por consiguiente, sobre esa base, también debemos conversar más detenidamente respecto de estas materias.

Por las razones anteriormente señaladas; porque tengo aprensiones y dudas, y porque me gustaría entregar opiniones más fundadas en relación con éstas y otras materias involucradas en el proyecto que nos ocupa, mi posición es que aprobemos la idea de legislar, a fin de que entreguemos nuestras opiniones en un debate más puntual y de fondo respecto de cada una de ellas.

Voto a favor.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, como se ha señalado, éste ha sido un debate muy interesante, en el cual se han hecho algunas afirmaciones y referencias que me veo en la obligación de precisar, como sobrino de un ex Presidente de la República que ha sido aludido y también como padre de una profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica. Por lo tanto, me encuentro en una situación intermedia.

Aquí se leyó una opinión del ex Presidente Alessandri, que es efectiva. Sin embargo, faltó mencionar una parte de ella, porque él basó su afirmación en que uno de los males que padecía Chile era la libertad de prensa. Y se refería indudablemente a la libertad de prensa exagerada, a los abusos, porque, después de los párrafos a que se dio lectura, señaló: "Los avances logrados en los medios de publicidad han sido extraordinarios; ellos tienen ahora un alcance y una influencia que resultaban inconcebibles hace dos siglos, y ocurre que cualquier individuo puede fundar un órgano informativo y lograr éxito con una receta muy simple: explotar el escándalo y el sensacionalismo". Y después de otras consideraciones, agregó: "En consecuencia, creo indispensable la existencia de una disposición constitucional que permita a las personas naturales o jurídicas ofendidas o perjudicadas con una publicación, exigir que se den a conocer los antecedentes en que se funda esta última, sin que el autor de ella pueda invocar fueros en secretos periodísticos o profesionales. Además", -agregó- "la persona ofendida debe tener acción civil y criminal contra el periodista si éste no logra probar su información.".

Según entiendo, en el proyecto en debate, se suprime esa facultad de probar la veracidad de una afirmación considerada injuriosa o calumniosa. Por lo tanto, ésa es otra de las razones por las cuales estimo que la iniciativa tiene los diversos inconvenientes ya señalados por algunos señores Senadores, como los Honorables colegas Otero , Díez , Errázuriz y otros, cuyas opiniones comparto.

El hecho de rechazar el proyecto no significa que se atente contra la libertad de prensa. La libertad de prensa existe en Chile, y no hay necesidad de crear una ley al respecto. Contamos con la Ley sobre Abusos de Publicidad. La publicidad es libre; y ha existido, y no creo que nadie pueda considerar que en estos años, desde que se restableció el régimen democrático en nuestro país, haya habido falta de libertad de prensa. Creo que nadie se ha visto impedido de manifestar su opinión, por cualquier medio. Por lo tanto, el hecho de que no se apruebe la idea de legislar, en ninguna forma puede afectar la libertad de prensa de que gozamos en la actualidad. Lo que sí objeto con fundamento -basado en los mismos argumentos que he leído- es que una persona, aunque no haya sido injuriada ni calumniada, sino ofendida en su honor por insinuaciones que la perjudican, no tenga el derecho de accionar contra el autor y recibir una compensación monetaria. No se trata de que quien formule una insinuación vaya a la cárcel o que el delito sea penado con prisión, pero sí que, por lo menos, haya una compensación moral para el que ha sido ofendido, para el que ha sido menospreciado, para el que ha perdido su honor o que ha sufrido menoscabo ante la opinión pública, y tenga derecho a una compensación. Y eso es lo que falta aquí. Sin embargo, desgraciadamente, hay incluso proyectos de ley para suprimir la difamación de la Carta Fundamental, lo que me parece altamente inconveniente y peligroso. No es posible que en Chile los ciudadanos queden a merced de lo que pueda decir cualquier persona, a lo mejor en forma bien intencionada o por inadvertencia. No necesariamente puede haber mala fe, sino, tal vez, falta de antecedentes. Pero, sin duda, debe haber al respecto una sanción y cierta protección del ciudadano frente a cualquier ataque en contra de su honra. Por algo el Código Civil pone primero la honra, después la vida, y finalmente los bienes. En ese orden. Para muchos -en todo caso, para mí-, la honra es lo más importante.

Por estar pareado, no podré votar.

El señor ROMERO (Presidente).-

Por requerir el proyecto quórum constitucional, no rigen los pareos, señor Senador.

El señor ALESSANDRI.-

Sin embargo, prefiero abstenerme.

El señor COOPER.-

Señor Presidente , de acuerdo con lo expuesto por varios señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, especialmente por el Presidente de la Comisión , considero que el proyecto contiene aspectos negativos que pueden afectar gravemente tanto el desarrollo de la actividad informativa como el resguardo de un derecho tan importante y fundamental como la libertad de opinión y de información. A mi juicio, las disposiciones de la iniciativa no son mejores que las existentes en la legislación vigente y deja sin respuesta cuestiones de fondo.

Por consiguiente, voto en contra de la idea de legislar.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente, recuerdo una historia en la que un rey le pide a su servidor filósofo que vaya al mercado y le adquiera lo mejor que allí encuentre. Y éste le trajo lengua, para ser servida como entrada y plato de fondo. Y al pedírsele una explicación respondió lo siguiente: "La lengua es lo mejor que existe: con ella se alaba a Dios, se canta al amor, se arrulla al infante, al hijo recién nacido, se difunde la verdad. En otra ocasión, para atender a un amigo del rey, éste llama nuevamente a su servidor y le ordena que traiga lo más malo que haya en el mercado. Y también le trae lengua; y ante la consiguiente solicitud de una explicación dice: "La lengua es lo peor que hay, pues con ella se blasfema, se infama, se denigra, se traiciona, y se ofende a Dios".

Y, a mi juicio, con la prensa sucede lo mismo: puede ser lo más excelso, si difunde la verdad, la cultura, la ciencia, la belleza; y también lo más execrable. Sin embargo, como el proyecto tiende a su perfeccionamiento, creo que los periodistas chilenos van a aportar lo que en el cuento representaba la lengua en su parte positiva, que es lo excelso y lo mejor. Por eso, voto a favor.

El señor ERRÁZURIZ.-

Voto en contra por las razones que ya indiqué.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , por los motivos que ya expuse votaré favorablemente; pero debo llamar la atención hacia la gravedad que implica el hecho de que, si fuera rechazada, el Senado tendría que volver a tratar una iniciativa de tanta trascendencia como ésta, sobre la base del informe de la Comisión Mixta. A mi juicio, es preferible que las observaciones aquí planteadas se traduzcan en indicaciones, para que sean analizadas durante el segundo informe, ocasión en que podrá profundizarse sobre temas de tanta importancia.

Junto con pronunciarme favorablemente, llamo la atención de los señores Senadores acerca de la conveniencia de que, por las razones expuestas, voten por el proyecto.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente , celebro haber escuchado la argumentación de la Senadora que me ha antecedido en el uso de la palabra. Evidentemente, puede haber diferencias de criterios entre nosotros respecto de uno o de varios puntos en un proyecto referente a una materia tan importante como lo es la libertad de expresión y el ejercicio de la profesión del periodismo. Pero no puede haber una negativa a discutirla.

Algunos son partidarios de mantener el delito de difamación, el cual, aunque no esté configurado, representa un cheque en blanco para que el juez resuelva al respecto; pero constituye una limitación a la libertad de expresión. En oposición y en favor de la dignidad y honra de las personas -garantía muy importante, como aquí se ha destacado- se encuentra el derecho de respuesta, el que se amplía, estableciéndose un procedimiento expedito para hacerlo efectivo. Se dice que lo que los tribunales debieran realmente aplicar es el delito de injuria, y no sacarse el problema de encima con el argumento de que no hay "animus iniurandi". Yo he presentado una indicación -deberá verse durante el segundo informe, si es que lo hay-, para que se presuma el ánimo de injuriar cuando se ofenda a través de los medios de comunicación. Está, asimismo, el delito de calumnia, acerca del cual los tribunales tienen que responder. Si no lo hacen, no podemos decir nada.

Cito estos ejemplos, pues sé que se trata de un problema discutible. Si en el Senado hay mayoría para no aprobar la idea de legislar, con mayor razón la habría para aprobar alguna de las indicaciones que han fundamentado la inquietud y preocupación de ciertos señores Senadores. Por lo tanto, si somos consecuentes con la forma como debemos conducirnos en el debate, tenemos que votar en el sentido de aprobar la idea de legislar, y luego recoger, a través de la presentación de indicaciones, las observaciones que se han hecho a distintas partes del articulado, las que se votarán cuando se discuta la iniciativa en particular.

En consecuencia, por las razones que señalé con anterioridad, voto a favor.

El señor HUERTA.-

Señor Presidente , no existiendo el debido equilibrio entre derechos y deberes; no estando debidamente garantizados los derechos de las personas conforme a la Constitución Política, y con la esperanza de que en la Comisión Mixta se encuentre este justo equilibrio, voto que no.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, la discusión que hemos sostenido hoy día ha sido, quizás, demostrativa de las dificultades que presenta una iniciativa de esta naturaleza. Hay en juego distintos aspectos. Por cierto, está presente el tema de las libertades de expresión, de opinión, de información, como elemento muy sustancial. Por otro lado -como se señaló-, se halla el problema de la honra y el honor de las personas, que no pueden ser afectadas por el ejercicio de esas libertades. Y este equilibrio es el que se ha tratado de buscar.

Inicialmente, yo era de los escépticos. Pero, con el trabajo desarrollado, se ha ido construyendo algo que, aunque todavía es perfectible, en lo fundamental resuelve armoniosamente estas cuestiones. Y cuando se escuchan argumentaciones que, por un lado, tratan de señalar que aquí hay demasiada libertad y poco respeto a la honra de las personas, y por el otro, intentan regular esa libertad, defender un pluralismo restringido, limitar la competencia, eso me hace pensar que, en cierto sentido, se ha logrado un equilibrio. Podemos seguir trabajando. Sobre esta materia -como mencioné- tengo muchas inquietudes. Pero, básicamente, las críticas de uno y otro lado demuestran, tal vez, que vamos por el camino correcto.

Hace un rato oímos a un grupo de estudiantes reclamar. En el fondo, pedían la exclusividad del ejercicio del periodismo. También aquí hay otro extremo, explicable en estos estudiantes. Pero, al conocer la realidad de las regiones, si se exigiera esta exclusividad, por lo menos en mi Región, en la circunscripción que represento, no habría personas trabajando en los medios de comunicación, porque no hay periodistas universitarios que ejerzan en radios y diarios de las provincias de Linares o de Cauquenes.

En consecuencia, ahí se ha buscado de nuevo una suerte de equilibrio razonable en el problema de la preferencia, pero no en el de la exclusividad.

En lo personal, fui autor de la iniciativa relativa al acceso a los medios de información pública, que era distinta. No logré el objetivo en forma plena. Pero, por lo menos, ahí lo tenemos. Y me parece fundamental asegurarlo a través de este proyecto. Porque así es como se puede, mediante la prensa, conocer la realidad del ejercicio de este poder.

Y aquí es donde, finalmente, quiero llamar la atención a los señores Senadores que tal vez todavía tengan dudas, y con razón, porque éste es un tema complejo, que reviste cierto carácter técnico.

Desde el punto de vista de la democracia, de quienes queremos construir una sociedad libre, es esencial afirmar las libertades de información y de expresión. Ahí se encuentra la garantía de la subsistencia de esta sociedad libre. Ciertamente, debemos resguardar el honor de las personas. Pienso que éste se encuentra resguardado mejor que en la actual legislación, por medidas más eficaces y más inserto en la legislación penal -como ya se ha indicó-, en sus tendencias modernas.

Por eso mismo, considero indispensable avanzar en el proyecto. En cambio, rechazar esta iniciativa significa retroceder, dejar la cosa en la situación en que hoy día está. Me parece que la mejor garantía para las sociedades libres, y particularmente para las minorías, en democracia, se encuentra en garantizar que la prensa pueda desarrollar con libertad la tarea de informar.

Lo digo hoy día como Oposición. Cuando vemos que la Cámara de Diputados no tiene real capacidad para fiscalizar al Gobierno, porque las mayorías que allí existen lo impiden, la garantía -para quienes queremos fiscalizar al Ejecutivo - se da a través de la libertad de expresión cuando informamos a través de nuestros Diputados. Allí se fiscaliza, se logra el beneficio que la libertad de información garantiza: equilibrar la situación, controlar a la autoridad, evitar los excesos e, incluso, poner coto a la corrupción.

Por ello, creo conveniente avanzar en esta materia y aprobar la idea de legislar, dejando para la discusión particular todo aquello que pueda servir para mejorar la iniciativa.

Voto a favor.

El señor LETELIER .-

Señor Presidente , por las razones que acaba de exponer el Senador señor Larraín, voto a favor de la idea de legislar.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , la libertad de expresión no es un derecho absoluto; vale decir, como todos los derechos y libertades, se ejerce en sociedad, siempre en relación a otros y siempre bajo un importante cúmulo de responsabilidades. El recuerdo del polémico y escandaloso libro del periodista Martorell me hace mucha fuerza para pensar que no sólo estamos legislando para gente razonable y prudente. Ese caso, conocido por todos, originó un interesante fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que, en definitiva, fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema. En otras palabras, así como debemos legislar para autores de reportajes responsables y respetuosos -que lo son muchos, y con ellos mantenemos relaciones a diario-, debemos hacer lo propio para los autores de pasquines que sólo dañan la reputación de las personas.

Digo esto, porque la tendencia frente al reconocimiento de este tipo de libertades, como todas, es pensar que se legisla y se reconocen derechos para seres perfectos y prudentes, que jamás se equivocarán. Debemos tener mucho cuidado cuando estamos legislando. En efecto, y si lo pensamos bien, muchos de los grandes debates planteados a propósito de estas libertades tienen su raíz en las conductas desviadas o erradas de quienes olvidan que la libertad, en todo sistema social centrado en una visión humanista, supone siempre responsabilidad. Puede haber muchos casos como el de "Impunidad Diplomática". Lo importante es que nos preparemos también para ese tipo de abusos.

Varios tratados internacionales sencillamente optan por prohibir la divulgación de cierto tipo de informaciones u opiniones. A este respecto, es interesante tener a la vista el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que, en lo sustancial, ordena a los Estados prohibir por ley toda propaganda en favor de la guerra o toda apología del odio nacional, racial o religioso, que inciten a la discriminación, a la hostilidad o a la violencia. El mismo principio se repite en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En fin, así como no hay democracia para los enemigos de la democracia, tampoco puede haber total libertinaje para los enemigos de la paz y de la tranquilidad. Lo contrario supone, entre otras cosas, pensar que la vida en sociedad se traduce sólo en derechos y nunca en deberes. Nada más equivocado. Así como lo dice el llamado Pacto de San José de Costa Rica, "los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias de bien común, en una sociedad democrática.".

Señor Presidente , considerando, además, las razones que esgrimieron los Senadores señores Otero y Díez , y teniendo presente la posibilidad de que esta materia vaya a Comisión Mixta, voto que no.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , el derecho a informar no conlleva la facultad de publicar impunemente noticias falsas o distorsionadas, causando injustificadamente daño. Es obligación ineludible de todo medio de comunicación social verificar la veracidad de la información que hará pública cuando ésta implica afectar la honra o la vida privada de una persona.

Es por ello que los medios de comunicación social gozan de la facultad de acreditar la veracidad de sus dichos; y si lo hacen, no incurren en delito alguno. Este derecho no lo tiene nadie más en Chile, y se los otorga a los medios de comunicación social nada menos que la norma constitucional que consagra el derecho a la honra y a la privacidad de las personas.

De allí que la prensa no incurra en injuria ni en ningún otro delito cuando publica hechos verdaderos. Por ejemplo, si encargan reo a una persona por estafa y ello se difunde, aunque después esa persona sea absuelta, el medio de comunicación social no ha cometido delito ni falta alguna. Si un detective dice públicamente que alguien es responsable de un delito y la prensa lo da a conocer, tampoco incurre en delito alguno, porque está divulgando un hecho verdadero. El asunto está cuando se publican hechos o noticias falsas o generalmente distorsionadas.

Es por ello que, a la inversa, si se difunden hechos falsos o gravemente distorsionados, el medio debe responder de su irresponsabilidad o de su falta de cuidado e, incluso, del error de buena fe, si con ello ha causado un daño injustificado. Sólo así tiene su razón de ser la ley en proyecto, en la búsqueda de un equilibrio entre dos valores fundamentales. Lamentablemente, no pudo lograrlo. Se privilegió la libertad de prensa por sobre todas las cosas, sin que se haya dado una razón valedera, salvo decir que responder del daño moral es atentar contra esa libertad. Pero nadie me ha podido explicar, ni dentro de la Comisión ni fuera de ella, cómo puede ocurrir eso. Tal situación es, en mi concepto, bastante seria, además de existir otros problemas.

Indiscutiblemente, de rechazarse la idea de legislar, deberá constituirse una Comisión Mixta. Tal como lo aprobó la Comisión, el proyecto es diametralmente opuesto al despachado por la Cámara de Diputados. Y la experiencia nos señala que ésta terminará por rechazar cualquier modificación substancial al proyecto enviado por ella y que apruebe el Senado, por lo que, al igual que si se rechazara la idea de legislar, el proyecto deberá ir a Comisión Mixta.

A mi juicio, es preferible que el Senado dé una señal muy clara de las cosas que está dispuesto a aceptar y de aquellas que es necesario modificar. Y una de éstas es, precisamente, la absoluta impunidad que se consagra por primera vez en la historia de Chile. Nunca quien ha cometido daño ha quedado tan exento de toda responsabilidad penal y civil como aparecen los medios de comunicación social en este proyecto.

Por otra parte, están los problemas de los periodistas y de los alumnos de periodismo. Surgirán dificultades y discusiones en la Comisión Mixta, que estará conformada por los mismos Senadores que han integrado la de Constitución, lo que obligará a buscar una solución aceptable para ambas Cámaras. Luego, la Comisión Mixta es probablemente un paso adelante para darle mayor rapidez y para lograr que la iniciativa pueda ser presentada a la Cámara de Diputados y al Senado como lo que debiera ser: el resguardo absoluto a una libertad de prensa, que defiendo a ultranza, pero respetando, al mismo tiempo, los derechos de los profesionales de la prensa y, fundamentalmente, los que tenemos cada uno de los chilenos a nuestro honor, a nuestra honra, a nuestra vida privada.

Por tales consideraciones, voto en contra de la idea de legislar.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , es indudable que en el proyecto en estudio están en juego dos cosas fundamentales: una, la libertad de expresión, y otra, el derecho a la honra y a la privacidad.

Alguien dijo que no hay democracia sin libertad de expresión. Más aún: para contrastar la forma como se aprecia la libertad de expresión en dos mundos distintos, es bueno recordar, si bien no textualmente, las palabras de los fundadores de dos de las grandes potencias de este mundo: por un lado, Lenin se preguntó alguna vez por qué se iba a permitir a una persona, por el solo hecho de tener una imprenta, difundir libremente sus opiniones, causando daño al Estado y a la sociedad. Y Jefferson, por otra, afirmó que si tuviera que escoger entre un país con libertad política y sin libertad de expresión, o con libertad de expresión y sin libertad política, elegiría, sin dudarlo, el segundo.

En mi opinión, la ley en proyecto pretende -es su intención- fortalecer la libertad de prensa, la libertad de expresión. Comparto absolutamente el criterio enunciado en esta Sala por el Honorable señor Otero , en el sentido de que ambas están bien protegidas en la iniciativa, pero no así el derecho a la honra y a la privacidad de las personas. De hecho, estoy en desacuerdo con lo planteado por el Senador señor Larraín, en cuanto a que se habría logrado un equilibrio. Pienso que estamos lejos de alcanzarlo.

Sin embargo, estimo que la mejor forma de compatibilizar las dos posiciones no es renunciando a legislar, que es lo que debiera ocurrir en el Senado si el proyecto va a Comisión Mixta, en que un selecto grupo de Diputados y Senadores nos va a proponer un paquete frente al cual solamente deberemos decir sí o no. Y deseo reivindicar el derecho, en mi calidad de Senador, a intentar perfeccionarlo, restableciendo un mejor balance entre libertad de expresión y libertad de prensa, por una parte, y la honra y la privacidad de las personas, por la otra.

Por tal razón, votaré favorablemente en general la iniciativa, sin perjuicio de que durante su discusión particular hagamos todos los esfuerzos para corregir este peligroso desequilibrio en la sociedad chilena. Porque no debemos verlo solamente en forma estática. Si se genera una situación de impunidad, ella tenderá a agravarse, porque al haberla, se generan incentivos para que la gente abuse de esos derechos, respecto de lo cual no hay forma alguna de controlar o de castigar cuando corresponda, de acuerdo con la ley.

Finalmente, en relación con algunas expresiones vertidas en la Sala respecto de la concentración de los medios de comunicación, sin duda que es un tema preocupante. En mi concepto, en Chile, medios escasos, como son, por ejemplo, las ondas de televisión, que están entregadas en concesión, presentan limitaciones. En este país, ninguna persona puede acceder a dos señales de televisión; sólo tiene derecho a una, precisamente por tratarse de un bien exiguo. Existe determinado número de frecuencias, muy pocas, y, por lo tanto, es bueno que la legislación se preocupe en ese caso de evitar la concentración.

En los medios de comunicación escrita, la situación es diferente, ya que puede haber tantos medios de esa naturaleza como capacidad para crearlos y generarlos. Al respecto, deseo hacer una reflexión: tal vez la concentración no la deciden las personas que editan o producen los diarios, sino los chilenos al escoger los diarios que compran o leen cada mañana. Y, por lo tanto, en cierto modo, cuando un periódico tiene muchos lectores, eso puede ser, por el contrario, la forma como ellos demuestran cierta satisfacción con él. En consecuencia, lejos de castigar al que vende mucho, habría que preocuparse de por qué los demás venden poco.

Haciendo clara mención a que considero que hay un desequilibrio grave en esta iniciativa, que debe ser corregido en la discusión particular, creo que es más fácil, próspero y fecundo intentar hacerlo en el Senado, que delegar esa facultad a un grupo que, por muy selecto que sea, no representa necesariamente la expresión de la Sala en su totalidad.

Voto favorablemente la idea de legislar.

El señor SINCLAIR.-

Señor Presidente , toda la tarde de hoy la hemos ocupado prácticamente en debatir este proyecto de ley, por cuanto, sin duda alguna, reviste la más honda trascendencia para el Estado. Sin embargo, a las 20:14, el debate está concluyendo, pero sin que se haya agotado. Y es natural que sea así, por la complejidad misma que encierra la iniciativa, y porque, como se dijo, en ella se contrastan deberes tan importantes como procurar cautelar la honra de las personas con el de informar sin censura previa y, al mismo tiempo, sin que la información constituya un elemento agraviante para nadie.

En consecuencia, a esta hora del debate, debemos tomar una decisión: o entregamos el perfeccionamiento del proyecto a una Comisión Mixta, o este propio Senado se aboca a esa tarea, hasta agotar el estudio de cada una de las materias que contiene aquél.

Me quedo con la segunda opción, señor Presidente. En mi concepto, es deber nuestro agotar el estudio y, con motivo del segundo informe, presentar las indicaciones destinadas a perfeccionar la iniciativa de acuerdo a nuestro propio criterio.

Por esa razón, apruebo la idea de legislar.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , a esta hora -tal como lo manifestó el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra- no cabe, quizás, agregar mucho al largo debate que hemos presenciado.

Evidentemente, estamos ante una normativa de suma importancia, donde se encuentran en juego valores muy apreciados.

A mi criterio, este proyecto de ley adolece de graves defectos. Porque, contra lo que se ha sostenido, tal vez no llega al justo equilibrio que permita resguardar la honra, el honor y la privacidad de las personas.

En muchas materias, esta iniciativa es claramente perfectible. Sin embargo, dada la mecánica legislativa, nos hallamos frente a la siguiente disyuntiva: ya fue aprobada por la Cámara de Diputados; por tanto, si la rechazamos en general, la discusión quedará circunscrita a una Comisión Mixta -formada sin duda por muy selectos Parlamentarios- y perderemos la oportunidad, como Senadores en particular y como Corporación en conjunto, de mejorar el articulado para aprovechar todo lo bueno que él contenga y corregir lo que estimemos inadecuado.

Considero que ése es el verdadero camino, el que por lo demás no excluye, si no se produce el acuerdo que deseamos, la posibilidad de que a posteriori intervenga una Comisión Mixta.

No me parece que el Senado deba renunciar a su derecho de discutir en particular la iniciativa y conocer las indicaciones que formulemos, para ver cómo podemos perfeccionar el articulado y, con las ventajas que nos ha brindado este debate, apreciar los aspectos más salientes de la legislación sugerida.

Sin lugar a dudas, en los últimos años hemos ido poniendo cada vez más el acento en los derechos y menos en las obligaciones, a pesar de que incluso tratados internacionales citados en esta Sala -entre ellos, el Pacto de San José de Costa Rica- hablan precisamente de la debida correlación entre deberes y derechos.

Entonces, estimo que en este país debemos colocar más el acento en las obligaciones. Porque nos es fácil pretender ejercer los derechos o creer tenerlos; en cambio, la comodidad nos hace tender a evitar nuestras obligaciones y responsabilidades.

Hay materias muy delicadas que tratar. Y, en mi concepto, el Senado no debe renunciar a la posibilidad de agotar el debate, escuchar el máximo de opiniones y perfeccionar la iniciativa.

Por lo expuesto, y frente a la disyuntiva, apruebo en general el proyecto.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente , si un observador que hubiera escuchado tan sólo el debate de esta tarde, sin conocer la votación, pudiera hacer una adivinanza, a lo mejor concluiría que prácticamente la gran mayoría del Senado estaba en contra del proyecto. Porque unos tenían la sensación de que existía prevalencia a favor de la libertad de expresión y otros tenían una idea diferente respecto del derecho a la honra. Es decir, Parlamentarios que, por distintas razones, criticaban o formulaban observaciones acerca de lo que el proyecto debía contener y no contenía.

En definitiva, ello nos plantea una situación bastante compleja. Porque de lo que se trata hoy día es de encontrar una fórmula de equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho a la honra. Y ésta es una materia que depende de muchas circunstancias, pues, en definitiva, existe lo que se denomina "sensaciones", que son apreciaciones subjetivas de las personas en cuanto a lo que en determinado momento puede haber en una sociedad.

Si uno estuviera hoy en Londres y pudiera leer los diarios de cualquier categoría, de un color o de otro, se espantaría frente a lo que afirman y a las violaciones que cometen con relación al derecho a la honra. Sin embargo, para la sociedad inglesa existe un estado de libertad de expresión y de defensa del derecho a la honra que le satisface.

Es evidente que, en el caso de la sociedad latina, de la sociedad chilena, tenemos una apreciación distinta de los hechos que advertimos. Y ella está dada por nuestra tradición, por el pensamiento que tenemos, e incluso, por nuestras propias costumbres.

Ciertamente, no me puede llamar a escándalo lo que sucede en el periodismo chileno. Y las excepciones notablemente irresponsables no hacen más que confirmar la regla general de que en Chile existe una libertad responsable y de que los medios de comunicación se esfuerzan por seguir esa tradición y tener un comportamiento acorde con las características de nuestra sociedad.

De verdad, estimo que debemos mejorar el proyecto. Hay materias de sumo interés e importancia, y no cabe la menor duda de que el Senado tiene la obligación de usar una lupa adecuada para lograr un texto que pueda normar una relación de equilibrio entre la libertad y el derecho en cuestión.

Se omitieron algunas materias, y probablemente habrá que enriquecer otras. Pero lo que en definitiva no tiene remedio es que la Cámara Alta se niegue a debatir un tema o dé vuelta la espalda a la posibilidad de adoptar una posición.

Me costaría encontrar una explicación para decir en mi casa a mis hijos o para expresar al exterior del Parlamento cuáles fueron las razones del Senado para, simplemente, no tener opinión acerca de una materia tan delicada como la que hoy día estamos analizando.

Me parece que sobre el particular debemos actuar también con responsabilidad, la responsabilidad que a veces echamos de menos en la libertad contenida -a lo mejor malamente- en este proyecto de ley.

A mi juicio, no podemos darnos el lujo de no sustentar una posición y, sencillamente, esperar que en una Comisión Mixta, dependiendo del estado de ánimo de Diputados y Senadores, se resuelva una situación que tiene mucho más contenido y posibilidades. Porque en este Sala hemos escuchado expresiones de todos los sectores que a mí por lo menos me garantizan que intentaremos lograr un extraordinario equilibrio, pues aquí ha habido un compromiso moral de los señores Senadores que han intervenido para decir: "Sí, reconocemos que la ley en proyecto es limitada; sí, adolece de muchas imperfecciones y vacíos. Pero estamos seguros de que para resolver esta situación no es necesario meter la cabeza en la arena, sino enfrentar el hecho, asumir una posición.". Y, frente a ello, no abrigo duda alguna de que se debe aprobar la idea de legislar.

Voto afirmativamente.

La señora CARRERA.-

Señor Presidente, quiero empezar diciendo que el proyecto no me hace nada de feliz. Creo que adolece de muchas deficiencias.

Desde luego, implica avances por los cuales es preciso felicitarse. Pero, en cuanto a la defensa del pluralismo -a lo que ya se ha hecho referencia-, conviene observar que cada uno aprecia las cosas, biológica y psicológicamente, según su propia forma de percibir, de procesar lo percibido y de decidir después. Ello es así en todos los seres humanos.

Precisamente, en lo personal, me provoca mucho problema la concentración del dominio de los medios de comunicación de masas. Estimo que en Chile existe una gran concentración en tal ámbito y que en la iniciativa en estudio no se observa ningún atisbo de salida para ese tipo de cuestiones. Porque el control de la propiedad de los medios de comunicación es, también, el del mensaje. Y, si se busca una sociedad pluralista en que todos puedan tener derecho a ser escuchados -algunos con mayor asiduidad que otros, por cierto-, debe existir un control distinto del mensaje, una forma diferente de poder expresarse en los medios de comunicación de masas.

Me parece que la contradicción más debatida aquí es la que se suscitaría entre la libertad de expresión y la honra y vida privada de las personas. Coincido en que se trata de un asunto muy complejo, que merece ser estudiado a fondo, incluso aunque no sea resuelto, ya que no se logrará nada perfecto en este sentido. Seguramente, se llegará a conclusiones imperfectas; pero será muy sano escuchar lo que se diga al respecto, sobre la base de las distintas posiciones representadas en el Senado, de las distintas personas que lo integran, de las distintas formas de ver el mundo expresadas en su seno. Que se consideren, sí, todas las dimensiones del tema. Resultaría muy poco comprensible que el Senado se negara a debatir, a analizar, a perfeccionar.

Al respecto, me encuentro absolutamente convencida de que mi opinión es por completo minoritaria en este Hemiciclo. Pero por lo menos me gustaría darla, aunque de ninguna manera fueran aprobadas mis indicaciones, que deseo dejar siquiera para la historia.

Quisiera también puntualizar que entre las cosas del proyecto que no me hacen nada feliz se halla la restricción del depósito legal relativo a la Biblioteca Nacional. Constituye algo menor, tal vez, para muchos Honorables colegas. Pero me interesa mucho la cultura de nuestro pueblo y, sobre todo, de la gente sin acceso a los libros, tan caros en el país. De tal manera que para mí resulta muy importante el depósito legal de un número determinado de ejemplares en la Biblioteca Nacional; que ello no sea restringido, como ocurriría en virtud de las disposiciones que nos ocupan.

Señor Presidente , en la esperanza de que en esta Corporación se puedan debatir puntos tan complejos como la contradicción entre la libertad de expresión y la necesidad de honra y vida privada, como también de que se busque alguna respuesta para la cuestión del control de los mensajes y la referente a la Biblioteca Nacional, voto que sí.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente, hemos escuchado esta tarde muchos llamados en orden a que no podemos negarnos a que el proyecto sea aprobado en general y pase a ser estudiado en particular para mejorar los aspectos negativos o aprovechar los positivos.

A mi juicio, el texto en debate envuelve asuntos tremendamente delicados. Y tenemos la experiencia, lamentablemente, de que muchas veces no hemos sido capaces de cambiar normativas abordadas en segunda instancia con la misma intención ya expresada. Y, entonces, se acogen definitivamente aspectos negativos.

En seguida, tocante a las materias tan trascendentes contenidas en el proyecto, pienso que al ser éste aprobado en general se da una imagen equivocada, la que, incluso trabajada por algunos medios de comunicación, se distorsiona ante la opinión pública.

Por ello, voto en contra.

El señor LAGOS ( Secretario ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto por 27 votos contra 11 y una abstención, dejándose constancia de que se cumple con el quórum constitucional exigido.

Votaron a favor los señores Calderón, Cantuarias, Carrera, Díaz, Feliú, Fernández, Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Horvath, Larraín, Letelier, Matta, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Piñera, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sinclair, Sule, Thayer, Urenda, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).

Votaron en contra los señores Cooper, Díez, Errázuriz, Huerta, Larre, Martin, Mc-Intyre, Otero, Pérez, Ríos y Siebert.

Se abstuvo de votar el señor Alessandri.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Corresponde fijar una fecha para la presentación de indicaciones.

¿Le parece conveniente a la Sala determinar el 2 de junio para ese efecto?

El señor ERRÁZURIZ.-

No, señor Presidente . Estimo que el plazo resultaría demasiado corto. El proyecto requiere mayor análisis.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Puede exponer una sugerencia alternativa, señor Senador.

El señor ERRÁZURIZ.-

Aquí proponen el 10 o el 15 de junio.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

El 15 es domingo.

El señor ERRÁZURIZ.-

Entonces, el 16.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Si no hay objeciones, se establecerá el 16 de junio próximo, al mediodía, como límite para formular indicaciones.

--Así se acuerda.

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSION GENERAL DEL PROYECTO DE LEY SOBRE LIBERTAD DE EXPRESION, INFORMACIÓN Y EJERCICIO DEL PERIODISMO. BOLETIN Nº 1035-07 (I)

1. Del H. Senador señor McIntyre, para reemplazar el título del proyecto por el siguiente:

“Ley sobre ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación social.”.

1 bis. Del H. Senador señor McIntyre, en subsidio de la anterior, para suprimir del título del proyecto la frase “y ejercicio del periodismo.”.

ARTICULO 1º

2. Del H. Senador señor McIntyre, para reemplazar el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 1º.- La libertad de emitir opinión y la de informar incluye el derecho a no ser molestado ni discriminado a causa de las propias opiniones, y a buscar, recibir y difundir informaciones por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley.”.

3. De los HH. Senadores señores Gazmuri y Hormazábal, para sustituir la segunda oración del inciso primero por la siguiente: “Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, acceder a las fuentes informativas, con las solas limitaciones establecidas en la ley, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley.”.

4. De los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, para intercalar, en el inciso primero, a continuación de la expresión “propias opiniones,”, la siguiente frase: “acceder a las fuentes informativas,”.

5. Del H. Senador señor Díez, para reemplazar, en el inciso primero, las palabras finales “la ley” por la frase “esta ley y la respectiva legislación especial en su caso”.

6. Del H. Senador señor Fernández, para sustituir, en el inciso segundo, las palabras finales “la ley” por la frase “esta ley o por la respectiva legislación especial en el caso de las emisiones de radiodifusión sonora o televisiva”.

7. Del H. Senador señor Piñera, para reemplazar, en el inciso segundo, las palabras “la ley” por la frase “esta ley o por las respectivas leyes especiales que regulen las emisiones de radiodifusión sonora o televisiva”.

ARTICULO 2º

8. De la H. Senadora señora Feliú, para consultar el siguiente inciso nuevo:

“Se entenderá por fuente informativa todo emisor o soporte de una información.”.

9. Del H. Senador señor Larraín, para consultar el siguiente inciso nuevo:

“Se entenderá por fuente informativa todo emisor, soporte, manipulador o procesador de una información.”.

ARTICULO 3º

10. Del H. Senador señor McIntyre, para intercalar, en el inciso segundo, a continuación de la expresión “Son periodistas”, la frase, entre comas (,), “y por lo tanto pueden utilizar esta denominación”.

11. De los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, para consultar, en el inciso segundo, las siguientes oraciones finales: “Sólo podrán usar la denominación de periodistas las personas que cuenten con los requisitos señalados precedentemente. El que se atribuyera la calidad o denominación de periodista, sin serlo, será sancionado en conformidad a lo señalado en el artículo 213 del Código Penal.”.

ARTICULO 5º

12. Del H. Senador señor Diez, para intercalar, en el inciso primero, después de la palabra “periodistas”, la siguiente frase, entre comas (,): “personas que por su oficio hayan debido conocer la fuente”.

13. De la H. Senadora señora Feliú, para sustituir el inciso segundo por los siguientes:

“Se aplicará también esta norma a las personas que por su oficio o actividad informativa hayan debido estar necesariamente presentes en el momento de recibirse la información confidencial.

Estas personas no tendrán responsabilidad alguna derivada de los delitos cometidos de que se hubieren enterado a través de la fuente que mantengan en reserva y cuya comisión hayan difundido, pero responderán por los delitos que pudieren suponer las informaciones publicadas.”.

14. Del H. Senador señor Piñera, para reemplazar el inciso segundo por los siguientes:

“Se aplicará también esta norma a las personas que por su oficio o actividad informativa hayan debido estar necesariamente presentes en el momento de recibirse la información confidencial.

Estas personas no tendrán responsabilidad alguna derivada de los delitos cometidos de que se hubieren enterado a través de la fuente que mantengan en reserva y cuya comisión hayan difundido, pero responderán por los delitos que pudieren suponer las informaciones publicadas, todo ello en conformidad a las leyes vigentes. Se entenderá por fuente informativa todo emisor o soporte de una información.”.

15. Del H. Senador señor Larraín, para sustituir el inciso segundo por los siguientes:

“Se aplicará también esta norma a las personas que por su oficio o actividad informativa hayan debido estar necesariamente presentes en el momento de recibirse o procesar la información confidencial.

Estas personas no tendrán responsabilidad alguna derivada de los delitos cometidos de que se hubieren enterado a través de la fuente que mantengan en reserva y cuya comisión hayan difundido, pero responderán por los delitos que suponga la respectiva difusión o publicación.”.

ARTICULO 6º

16. De los HH. Senadores señores Gazmuri, Hamilton y Hormazábal, para reemplazar el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 6º.- El medio de comunicación social que difunda material informativo identificándolo como de autoría de un periodista determinado, con su nombre, cara o voz, no podrá introducirle alteraciones substanciales sin el consentimiento de éste; si procediere sin la pertinente autorización, será responsable de dichas alteraciones y, a petición del periodista afectado, deberá efectuar la correspondiente aclaración.”.

17. De la H. Senadora señora Feliú, para sustituir, en el inciso primero, la expresión “periodista determinado” por “periodista o persona determinados”.

18. De los HH. Senadores señor Fernández, 19.- señor Larraín, y 20.- señor Piñera, para suprimir, en el inciso primero, los términos “o sin debido fundamento”.

21. De la H. Senadora señora Feliú, para agregar, al inciso primero, precedida de una coma (,), la siguiente frase final: “la que deberá ser solicitada dentro del plazo de 48 horas”.

22. De los HH. Senadores señor Larraín, y 23.- señor Piñera, para agregar, en el inciso primero, la siguiente frase final: “y ésta deberá ser solicitada dentro de un plazo de 48 horas”.

24. Del H. Senador señor Diez, para agregar, al inciso primero, la siguiente oración final: “Este derecho caducará si no es ejercido dentro de los tres días siguientes.”.

25. De los HH. Senadores señores Gazmuri, Hamilton y Hormazábal, para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“Tanto la omisión de la aclaración, como la reiteración de la situación señalada en el inciso anterior, constituirán incumplimiento grave del empleador a las obligaciones que impone el contrato de trabajo.”.

ARTICULO 7º

26. De los HH. Senadores señores Gazmuri, Hamilton y Hormazábal, para sustituir el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 7º.- El pluralismo en el sistema informativo se garantiza a través de la observancia del principio de la igualdad en la concesión de ondas del espectro radioeléctrico, de la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social y de la implantación y preservación de las condiciones que posibiliten la competencia entre ellos, favoreciéndose así la expresión de la diversidad social, cultural, étnica, política, regional y comunal del país.”.

27. De los HH. Senadores señora Feliú, y 28.- señor Diez, para suprimir el inciso segundo.

29. De los HH. Senadores señores Gazmuri y Hormazábal, para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) contemplará, anualmente, los recursos para la realización de estudios sobre el pluralismo en el sistema informativo nacional, los que serán asignados mediante concurso público.”.

30. De los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, para intercalar, en el inciso segundo, después de la expresión “comunicación social,”, la frase “sobre su circulación y distribución de los recursos publicitarios entre ellos”.

31. De los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, para sustituir, en el inciso segundo, la palabra “distribuidos” por “asignados”.

32. De los HH. Senadores señores Gazmuri y Hormazábal, para intercalar, a continuación del inciso segundo, los siguientes, nuevos:

“Asimismo, se realizarán estudios anuales, tanto sobre la distribución de los recursos publicitarios entre los distintos medios de comunicación social, como sobre sus efectos.

Los departamentos o unidades comerciales de los medios de comunicación social deberán facilitar la información necesaria para la realización de los estudios señalados en el inciso anterior.”.

33. De la H. Senadora señora Feliú, para suprimir el inciso tercero.

34. De los HH. Senadores señor Diez, 35.- señor Fernández, y 36.- señor Piñera, para intercalar, en el inciso tercero, después de la palabra “destinarse”, la expresión “mayoritaria y”.

37.- De los HH. Senadores señores Gazmuri y Hormazábal, para consultar, a continuación del artículo 7º, el siguiente, nuevo:

“Artículo.- El Instituto Nacional de Estadísticas compendiará anualmente las estadísticas atinentes a la venta de la prensa escrita que circule en el país y a la medición de audiencia de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva de libre recepción, nacionales y extranjeros.

Para tal efecto, el Instituto Nacional de Estadísticas licitará públicamente, cada cuatro años, la confección de las referidas estadísticas.

El Instituto Nacional de Estadísticas fiscalizará periódicamente la correcta ejecución del respectivo contrato administrativo; en especial, en todo cuanto concierna al riguroso cumplimiento de las bases técnicas de la licitación que lo haya originado.

La Ley de Presupuestos del Sector Público asignará anualmente recursos suficientes al Instituto Nacional de Estadísticas para la realización y publicación de dichas estadísticas.”.

ARTICULO 8º

38. Del H. Senador señor Diez, para reemplazar el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 8º.- Las actuaciones de los órganos del Estado son públicas, sin perjuicio de la reserva o secreto que proceda en conformidad a la ley, salvo que su publicidad afecte los derechos constitucionales o la seguridad de la Nación.”.

39. De los HH. Senadores señores Gazmuri y Hormazábal, para sustituir el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 8º.- Las actuaciones de los órganos estatales y los documentos de cualquier naturaleza u origen que legalmente obren en su poder son públicos, sin perjuicio de las disposiciones legales de reserva adoptadas para el resguardo de la seguridad interior y la defensa externa del Estado, la preservación del interés nacional, la averiguación de los delitos y la protección de los derechos de las personas.”.

40. De la H. Senadora señora Feliú, para reemplazar, en el inciso primero, la frase “los documentos de cualquier naturaleza u origen que legalmente obren en su poder” por “sus actos administrativos decisorios legalmente tramitados”.

41. Del H. Senador señor McIntyre, para suprimir, en el inciso primero, la expresión “o a los reglamentos”.

42. Del H. Senador señor Larraín, para suprimir, en el inciso primero, las frases “o a los reglamentos, o en caso de que la publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de tales órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional”.

43. De los HH. Senadores señor Fernández, y 44.- señor Piñera, para suprimir, en el inciso primero, las frases “o en caso de que la publicidad afecte el debido cumplimiento de tales órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional”.

45. De los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, para sustituir el inciso segundo por el siguiente:

“En caso de que la información no sea proporcionada libremente, el interesado tendrá derecho a requerirla por escrito al Jefe de Servicio de la administración central o descentralizada, respectivamente. Este deberá proporcionarla dentro de las cuarenta y ocho horas de requerida o bien negarse a entregarla de acuerdo a lo establecido en el inciso precedente.”.

46. De los HH. Senadores señor Larraín, y 47.- señor Piñera, para agregar al inciso segundo la siguiente expresión final: “también por escrito”.

48. De la H. Senadora señora Feliú, para agregar al inciso segundo la siguiente expresión final: “por escrito”.

49. Del H. Senador señor McIntyre, para reemplazar, en el inciso tercero, la frase “ordene entregar la información” por “ordene hacer pública”.

50. Del H. Senador señor McIntyre, para consultar el siguiente inciso nuevo:

“Salvo los casos expresamente determinados por la ley, la facultad de obtener la información sobre las actuaciones y documentos a que se refiere el inciso primero, no comprende el derecho a obtener copia gratuita de ellos, como tampoco el derecho a sacar los documentos del servicio para su copiado. Los órganos del Estado estarán facultados para cobrar al interesado el costo de las copias que puedan sacarse de la información solicitada.”.

51. De los HH. Senadores señores Gazmuri, Hamilton y Hormazábal, para consultar el siguiente inciso nuevo:

“El gasto que irrogue a la fuente, proporcionar la información solicitada, será de cargo del respectivo requirente; en ningún caso podrá derivarse lucro del acto de proporcionar la información sobre que versa esta disposición.”.

52. De los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, para consultar, a continuación del artículo 8º, el siguiente, nuevo:

“Artículo.- Cualquiera sea la naturaleza de la acción deducida y del procedimiento a seguir, en causas que versen sobre la honra privada y pública de las personas, el tribunal deberá abstenerse de arbitrar medidas cautelares cuyos efectos equivalgan a establecer una censura previa a la opinión o información controvertida.”.

De los HH. Senadores señores Gazmuri y Hormazábal, para consultar, a continuación del artículo 8º, los siguientes, nuevos:

53. “Artículo.- Créase un Fondo, el que será provisto de recursos anualmente en la respectiva ley de presupuestos, para la creación, fomento y desarrollo de medios de comunicación social de carácter regional, provincial o local.

Los recursos que posea dicho Fondo estarán destinados al financiamiento de los proyectos que sean aprobados por su Consejo de Administración.

El Consejo de Administración del Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación Social de Carácter Regional, Provincial y Local estará compuesto por:

a) un representante del Presidente de la República, que lo presidirá;

b) un representante de los organismos que agrupan a los propietarios de medios de comunicación social, y

c) un representante del Colegio de Periodistas.

Los integrantes indicados en las letras b) y c) serán designados por el Presidente de la República a proposición de los organismos por ellos representados en el Consejo.”.

54. “Artículo.- Se reputará medios de comunicación social de carácter regional, provincial o local aquéllos que limiten su distribución, en el caso de los de índole escrita, o su alcance, en el caso de los radiales o televisuales, a los ámbitos de una región, una provincia o una comuna, respectivamente.”.

ARTICULO 9º

55. De los HH. Senadores señores Gazmuri, Hamilton y Hormazábal, para reemplazar el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 9º.- En los casos que la ley permita que el propietario de un medio de comunicación social sea una persona natural, ésta deberá tener domicilio en el país y no haber sido condenada por delito que merezca pena aflictiva. Tratándose de personas jurídicas, éstas deberán estar constituidas en Chile y tener domicilio en el país. Su presidente, administradores o representantes legales deberán ser chilenos y no haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva.”.

56. De los HH. Senadores señor Larraín, y 57.- señor Piñera, para suprimir, en el inciso primero, los términos “estar procesada ni”.

58. Del H. Senador señor Diez, para intercalar, en el inciso primero, después de la palabra “constituidas”, la frase “o tener agencia que la autorice para operar”.

59. De los HH. Senadores señor Larraín, y 60.- señor Piñera, para suprimir, en el inciso primero, los términos “estar procesados ni”.

61. De la H. Senadora señora Feliú, para sustituir, en el inciso primero, la oración final por la siguiente: “En ambos casos, la condena a pena aflictiva hará cesar al afectado, de inmediato, en toda función o actividad relativa a la administración del medio de comunicación social.”.

62. De los HH. Senadores señor Larraín, y 63.- señor Piñera, para reemplazar, en el inciso primero, la expresión “el auto de procesamiento” por “la sentencia ejecutoriada”.

64. Del H. Senador señor Diez, para sustituir, en el inciso segundo, la frase “los nombres de sus socios y el registro de accionistas” por la siguiente: “los nombres de sus representantes legales y las copias de los documentos que acrediten su constitución y estatutos, sus modificaciones y los mandatos correspondientes”.

65. De los HH. Senadores señor Fernández, y 66.- señor Piñera, para reemplazar, en el inciso tercero, el término “radiodifusores” por “radiodifusión”.

67. De los HH. Senadores señora Feliú, y 68.- señor Piñera, para suprimir, en el inciso tercero, la expresión “extranjeras o chilenas”.

69. De los HH. Senadores señores Gazmuri, Hamilton y Hormazábal, para consultar el siguiente inciso nuevo:

“Las sociedades en comandita por acciones, cuyo capital esté compuesto por acciones al portador, no podrán ser dueñas de medios de comunicación social.”.

70. De los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, para consultar, a continuación del artículo 9º, el siguiente, nuevo:

“Artículo.- Sin perjuicio de las demás limitaciones que señale la ley, ninguna persona natural o jurídica podrá tener, simultáneamente, la propiedad o la concesión de más de un medio de comunicación social de alcance nacional en el mismo mercado informativo. Para estos efectos, se entenderán como mercados informativos el de la televisión de libre recepción, el de los diarios y el de la radiodifusión sonora, caso este último en que sin embargo, una misma persona puede ser titular de una concesión de amplitud modulada y de una de frecuencia modulada.

Se entenderá que un medio es de alcance nacional cuando su cobertura geográfica comprende por lo menos seis regiones y más de la mitad de la población del país.

Toda persona natural que participe en más del 50% del capital de una sociedad propietaria o concesionaria sujeta a la restricción del inciso anterior estará impedida, asimismo, de participar en otras sociedades que operen en dichos mercados.”.

71. De los HH. Senadores señores Gazmuri y Hormazábal, para consultar, a continuación del artículo 9º, el siguiente, nuevo:

“Artículo ….- Las personas naturales o jurídicas que, solas o asociadas con otras, sean propietarias de un diario o publicación periódica de circulación nacional, de una radio de cobertura nacional y de una concesión de frecuencia televisual de libre recepción de cobertura nacional, podrán acrecentar dicho multimedia accediendo al dominio de un solo medio más, cuando éste tenga exclusivamente circulación o cobertura regional, provincial o local o se trate de la concesión de un servicio limitado de televisión.”.

ARTICULO 10

72. De los HH. Senadores señores Gazmuri, Hamilton y Hormazábal, para sustituir el inciso segundo por el siguiente:

“El director y quienes lo reemplacen deberán ser chilenos, tener domicilio y residencia en el país, carecer de fuero y no haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva.”.

73. Del H. Senador señor McIntyre, para suprimir, en el inciso segundo, la frase “no estar procesados ni haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva”.

74. De los HH. Senadores señor Larraín, y 75.- señor Piñera, para suprimir, en el inciso segundo, la expresión “estar procesados ni”.

76. De los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 77.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para intercalar, en el inciso segundo, entre las expresiones “condenados” y “como reincidentes”, la frase “como autores de delitos reiterados o”.

78. De la H. Senadora señora Feliú, para reemplazar, en el inciso segundo, la oración final por la siguiente: “La condena a pena aflictiva hará cesar al afectado, de inmediato, en toda función o actividad relativa a la administración del medio.”.

79. Del H. Senador señor Larraín, para sustituir, en el inciso segundo, la oración final por la siguiente: “El auto de procesamiento por delito que merezca pena aflictiva suspenderá al afectado de cualquier función o actividad relativa a la administración del medio y de toda función periodística.”.

80. Del H. Senador señor Piñera, para reemplazar, en el inciso segundo, la expresión “El auto de procesamiento” por “La sentencia ejecutoriada”, y para suprimir la frase “, de inmediato y por el tiempo que se mantenga,”.

81. Del H. Senador señor Díez, para consultar el siguiente inciso nuevo:

“La nacionalidad chilena no se exigirá si el medio de comunicación social usare un idioma distinto del castellano.”.

82. De los HH. Senadores señora Feliú, y 83.- señor Piñera, para consultar el siguiente inciso nuevo:

“La exigencia de nacionalidad chilena para el director y para quienes lo reemplacen no se aplicará a los medios de comunicación social que se publiquen dentro del territorio nacional en idiomas diferentes del castellano.”.

ARTICULO 11

84. Del H. Senador señor Diez, para sustituir, en la letra c) del inciso tercero, la expresión “cédula nacional de identidad” por “documentos que acrediten la identidad del propietario,”.

85. De la H. Senadora señora Feliú, para intercalar, en la letra c) del inciso tercero, a continuación de la palabra “identidad”, la frase “o cédula nacional de extranjería, en su caso,”.

86. Del H. Senador señor Piñera, para intercalar, en la letra c) del inciso tercero, a continuación de la palabra “identidad”, la frase “o cédula de extranjería en su caso”.

87. Del H. Senador señor Díez, para reemplazar la letra e) del inciso tercero por la siguiente:

“e) Tratándose de una persona jurídica los documentos constitutivos son los de la apertura de la agencia en su caso, sus estatutos y los mandatos de sus representantes legales.”.

88. De los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, para consultar, en el inciso tercero, la siguiente letra nueva:

“f) Cuando corresponda, la lista de otros medios de comunicación social que posea o en que participe como accionista.”.

89. Del H. Senador señor Díez, para suprimir la oración final del inciso cuarto.

90. De los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, para sustituir, en el inciso final, la expresión “El Director de la Biblioteca Nacional” por “La Comisión Preventiva Central establecida en el decreto ley Nº 211, de 1973,”.

91. Del H. Senador señor McIntyre, para consultar el siguiente inciso nuevo:

“Las disposiciones precedentes no se aplicarán a las publicaciones que se distribuyan internamente en instituciones públicas o privadas.”.

ARTICULO 13

92. De los HH. Senadores señora Feliú, 93.- señor Larraín, y 94.- señor Piñera, para intercalar, a continuación de la palabra “ofrecerse”, la expresión “directa y”.

95. Del H. Senador señor McIntyre, para reemplazar la frase “responsable en el cual se” por la palabra “que”.

96. De los HH. Senadores señora Feliú, 97.- señor Larraín, y 98.- señor Piñera, para intercalar, a continuación de la expresión “de cumplir”, las palabras “en su caso”.

ARTICULO 14

99. De los HH. Senadores señora Feliú, y 100.- señor Piñera, para suprimirlo.

101. De la H. Senadora señora Carrera, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 14.- Las personas o establecimientos a que se refiere el artículo anterior deberán enviar al tiempo de su publicación diez ejemplares a la Biblioteca Nacional.

Para el solo efecto de lo establecido en el inciso anterior, se entenderá por impreso toda reproducción del pensamiento humano por medio de la imprenta, o de discos, cintas magnetofónicas, mimeógrafos, material fílmico o audiovisual u otros procedimientos similares, que estén destinados a ofrecerse al público.

Cuando un trabajo de impresión se efectúe en parte en un taller y en parte en otro, será el editor quien deberá cumplir con la obligación indicada en el inciso primero.

Los importadores de algunos de los materiales señalados en este artículo, destinados a circular en el país, deberán enviar un ejemplar de cada uno de esos títulos u obras a la Biblioteca Nacional.

Los impresos que se envíen a la Biblioteca Nacional serán distribuidos conforme con el reglamento.”.

102. De los HH. Senadores señores Bitar, Muñoz Barra y Sule, y 103.- señor Zaldívar (don Andrés), para reemplazar el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 14.- Las personas o establecimientos a que se refiere el artículo anterior deberán enviar a la Biblioteca Nacional el número de quince ejemplares de los libros, periódicos, revistas u otros.”.

104. Del H. Senador señor McIntyre, para consultar el siguiente inciso nuevo:

“La obligación que establece este artículo deberá cumplirse dentro del plazo de treinta días.”.

105. De los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, para consultar, a continuación del artículo 14, el siguiente, nuevo:

“Artículo.- Los diarios, revistas o escritos periódicos, deberán proporcionar al público información oportuna y veraz sobre el número de los ejemplares que componen su edición y, en la forma y plazos que señale el respectivo reglamento, deberán verificar públicamente su circulación.

Se entenderá cumplida la obligación legal de informar sobre el número de ejemplares que componen la edición, mediante su publicación en el mismo lugar a que se refiere el artículo 12 de la presente ley.”.

ARTICULO 15

106. De los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 107.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para suprimir la coma (,) que sigue a la palabra “magnetofónica”.

108. De los HH. Senadores señora Feliú, 109.- señor Larraín, y 110.- señor Piñera, para sustituir la expresión “veinte días” por “siete días”.

ARTICULO 17

111. De los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 112.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para sustituir, en el inciso primero, desde la frase “podrá, pagando el valor del material empleado para la reproducción”, hasta el final del inciso, por lo siguiente: “tendrá el derecho pagando el valor de la cassette o entregando una apta para ello a requerir directamente la entrega de una copia fiel de la transmisión a que se refiere el artículo 15, la que deberá ser puesta a su disposición dentro de quinto día.”.

113. De los HH. Senadores señora Feliú, 114.- señor Piñera, 115.- señor Díez, y 116.- señor Larraín, para sustituir, en el inciso primero, la frase “valor del material empleado para” por “costo de”.

ARTICULO 18

117. De los HH. Senadores señora Feliú, 118.- señor Larraín, y 119.- señor Piñera, para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“Las aclaraciones y las rectificaciones deberán circunscribirse, en todo caso, a la alusión directa de la información que las motiva y en ningún caso podrán exceder de 600 palabras. En el caso de la radiodifusión sonora o televisiva, el límite máximo no podrá exceder de un minuto.”.

120. De los HH. Senadores señor Larraín, y 121.- señor Piñera, para intercalar, en el inciso cuarto, después de la expresión “a la persona que”, la palabra “legalmente”.

122. De la H. Senadora señora Feliú, para sustituir, en el inciso cuarto, desde “lo reemplace” hasta el final del inciso, por la siguiente: “legalmente lo reemplace, en el domicilio legalmente constituido.”.

123. De los HH. Senadores señor Larraín, y 124.- señor Piñera, para reemplazar “, o en su defecto a cualquier persona” por “en el domicilio legalmente constituido”.

ARTICULO 19

125. De los HH. Senadores señor Núñez, 126.- señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 127.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para suprimir, en el inciso primero, la frase final “o de otra, destinada especialmente para ello”.

128. Del H. Senador señor Díez, para sustituir el inciso tercero por el siguiente:

“La rectificación o aclaración se hará a más tardar, en la primera edición o transmisión que reúna las características indicadas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la entrega del requerimiento, en el caso de una publicación escrita este plazo se empezará a contar desde la medianoche del día de la entrega.

Si la publicación o transmisión no es diaria la aclaración o rectificación deberá hacerse en la publicación más próxima de ella.”.

129. De los HH. Senadores señora Feliú, 130.- señor Larraín, y 131.- señor Piñera, para reemplazar el inciso tercero por el siguiente:

“La difusión destinada a rectificar o aclarar se hará, a más tardar, en la primera edición o transmisión que reúna las características indicadas y que se efectúe después de las veinticuatro horas siguientes a la entrega de los originales que la contengan. Si se tratare de una publicación que no aparezca todos los días, la aclaración o la rectificación deberán entregarse con setenta y dos horas de anticipación, a lo menos.”.

132. De los HH. Senadores señor Núñez, 133.- señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 134.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para sustituir el punto final (.) del inciso cuarto por una coma (,) agregando, a continuación, la siguiente frase final: “o no la publicare o difundiere en los términos establecidos en el inciso primero.”.

ARTICULO 20

135. Del H. Senador señor Díez, para intercalar, a continuación de la palabra “fallecimiento”, la expresión “o ausencia”.

ARTICULO 23

136. De la H. Senadora señora Feliú, para reemplazar, en el inciso segundo, desde “o el Intendente Regional” hasta el final del inciso, por lo siguiente: “o el Intendente Regional o el Director de la Biblioteca Nacional, en el caso del artículo 11.”.

137. De los HH. Senadores señor Larraín, y 138.- señor Piñera, para suprimir, en el inciso segundo, las palabras “y al artículo 14”.

ARTICULO 24

139. Del H. Senador señor McIntyre, para reemplazar, en la letra b) del inciso primero, la frase “de conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 18” por “por cédula”.

140. De los HH. Senadores señora Feliú, y 141.- señor Piñera, para intercalar, en la letra b) del inciso primero, a continuación de la expresión “artículo 18.”, la siguiente oración: “En el caso de no efectuarse la notificación en el plazo de 30 días se entenderá desistida la denuncia.”.

142. De los HH. Senadores señora Feliú, 143.- señor Larraín, y 144.- señor Piñera, para sustituir, en la letra c) del inciso primero, la palabra “ofertada” por “ofrecida”.

ARTICULO 25

145. De los HH. Senadores señora Feliú, 146.- señor Larraín, y 147.- señor Piñera, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 25.- Las acciones para perseguir las infracciones al Título II prescribirán en el plazo de seis meses contados desde su comisión.”.

ARTICULO 26

148. Del H. Senador señor Larraín, para sustituir la palabra “denuncias” por la frase “acciones civiles o criminales”.

149. De los HH. Senadores señora Feliú, 150.- señor Díez, y 151.- señor Piñera, para intercalar entre las palabras “denuncias” y “por infracciones”, la expresión “o querellas”.

ARTICULO 28

152. De los HH. Senadores señora Feliú, 153.- señor Larraín, y 154.- señor Piñera, para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“Ejecutoriada la sentencia condenatoria, si no se publica la aclaración o rectificación dentro del plazo señalado por el tribunal, el director del medio será sancionado con multa de doce a cien unidades tributarias mensuales y se decretará la suspensión inmediata del medio de comunicación social. El tribunal alzará la suspensión decretada cuando el propietario del órgano en que deba efectuarse la publicación o el concesionario de la estación radiodifusora o televisiva se comprometa a insertar o difundir la respuesta en la primera edición o transmisión próximas.”.

155. De los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 156.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para intercalar, en el inciso segundo, a continuación de la palabra “tribunal”, la frase “y en los términos establecidos en los incisos primero y segundo del artículo 19, según el caso”.

157.Del H. Senador señor Díez, para sustituir, en el inciso segundo, la frase “momento mismo en que se cumpla cabalmente la obligación impuesta.” por “momento en que la multa sea pagada y se acompañe declaración jurada en que se obligue a cumplir cabalmente la obligación impuesta en la primera edición o transmisión más próxima.”.

TITULO IV

PARRAFO 3 º

158. De los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 159.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para intercalar en el epígrafe, entre “delitos” y “cometidos”, la expresión “y abusos”.

ARTICULO 29

160. De los HH. Senadores señora Feliú, 161.- señor Larraín, 162.- señor Piñera, y 163.- señor Díez, para intercalar, entre las palabras “realizare” y “publicaciones”, el término “maliciosamente”.

164. De los HH. Senadores señores Muñoz Barra y Ominami, y 165.- señor Urenda, para intercalar, entre las palabras “penado con” y “multa”, la frase “reclusión menor en su grado mínimo y”.

166. De la H. Senadora señora Feliú, para reemplazar las expresiones “cincuenta a cien” por “veinticinco a cincuenta” y “doscientas” por “cien”.

ARTICULO 30

167. De los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 168.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para intercalar, en el inciso primero, a continuación de la expresión “los artículos 413”, las palabras “inciso primero”, precedidas de una coma (,).

169. De los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 170.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para suprimir, en el inciso primero, la expresión “Nº 1 del”.

171. De los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 172.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para suprimir, en el inciso primero, la expresión “y del artículo 418”.

173. De los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 174.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para suprimir, en el inciso primero, la frase “de veinte a cien unidades tributarias mensuales en el caso del Nº 2 del artículo 413 y”.

175. De los HH. Senadores señora Feliú, 176.- señor Larraín, y 177.- señor Piñera, para intercalar, a continuación del inciso primero, los siguientes, nuevos:

“Al inculpado de haber causado injuria por algún medio de comunicación social no le será admitida prueba sobre la verdad de sus expresiones sino cuando hubiere imputado hechos determinados y concurrieren también una o más de las circunstancias siguientes:

a) Que la imputación se produjere con motivo de defender un interés público real.

b) Que el afectado ejerciere funciones públicas y la imputación se refiera a hechos propios concernientes a tal ejercicio.

c) Que la imputación aludiere a directores o administradores de empresas comerciales, industriales o financieras, que solicitaren públicamente capitales o créditos y versare sobre hechos relativos a su desempeño en tales calidades, o sobre el estado de los negocios de las empresas en cuestión.

d) Que la imputación se dirigiere contra algún testigo en razón de la deposición que hubiere prestado, o de ministro de un culto permitido en la República sobre hechos concernientes al desempeño de su ministerio.

En estos casos, si se probare la verdad de la imputación, el acusado será sobreseído definitivamente o absuelto de la acusación.”.

178. De los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 179.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para intercalar, a continuación del inciso primero, el siguiente, nuevo:

“El delito tipificado en el inciso segundo del Nº 4º del artículo 19 de la Constitución Política del Estado será sancionado con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales.”.

180. De los HH. Senadores señor Núñez, 181.- señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 182.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para sustituir, en el inciso segundo, la palabra “injurias” por “delitos”.

183. Del H. Senador señor Núñez, para reemplazar, en el inciso segundo, la palabra “injuriar” por “calumniar e injuriar”.

184. De los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 185.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para sustituir, en el inciso segundo, la palabra “injuriar” por “calumniar, injuriar o difamar”.

186. Del H. Senador señor Hamilton, para agregar, al inciso segundo, la siguiente oración: “En todos los demás casos se presumirá el ánimo de injuriar salvo prueba en contrario.”.

187. De los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 188.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para consultar el siguiente inciso final:

“Los abusos que se cometan en el ejercicio de la garantía constitucional consagrada en el inciso primero del N° 12 del artículo 19 de la Constitución Política, se considerarán como delitos o cuasidelitos civiles.”.

ARTICULO 31

189. De la H. Senadora señora Feliú, para suprimirlo.

190. Del H. Senador señor Piñera, para reemplazar, en el inciso primero, la expresión “cien a doscientas” por “cincuenta a cien”.

191. De los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 192.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para sustituir, en el inciso primero, la palabra “maliciosamente” por “intencionadamente”.

193. De los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 194.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para intercalar, en el inciso primero, a continuación de la palabra “grabe”, los términos “fotografíe, filme o televise”.

195. Del H. Senador señor McIntyre, para reemplazar, en el inciso primero, el término “palabras” por “sonidos”.

196. De los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 197.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para intercalar, en el inciso primero, a continuación de la palabra “textos”, la expresión “de carácter privado”.

198. Del H. Senador señor Díez, para suprimir, en el inciso primero, la frase “para descubrir los secretos o la intimidad de otros, sin su consentimiento”, y la coma (,) que la precede.

199. De los HH. Senadores señor Larraín, y 200.- señor Piñera, para sustituir, en el inciso primero, la expresión “doscientas a cuatrocientas” por “cien a doscientas”.

ARTICULO 32

201. De los HH. Senadores señores Muñoz Barra y Ominami, y 202.- señor Urenda, para reemplazar, en el inciso primero, la frase “a las buenas costumbres” por “al pudor”.

ARTICULO 33

203. De los HH. Senadores señora Feliú, 204.- señor Larraín, y 205.- señor Piñera, para sustituir, en el inciso tercero, la expresión “treinta a ciento cincuenta” por “diez a cincuenta”.

206. Del H. Senador señor McIntyre, para consultar, a continuación del artículo 33, el siguiente, nuevo:

“Artículo...- Los tribunales de justicia podrán prohibir la divulgación por cualquier medio de informaciones concernientes a juicios de que conozcan. Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados con reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales.

La prohibición podrá decretarla el juez sólo cuando la divulgación pueda entorpecer el éxito de la investigación o atentar contra las buenas costumbres, la seguridad del Estado o el orden público, y deberá ser gratuitamente publicada en uno o más diarios, que el juez determine, del lugar donde se sigue la causa, o de la cabecera de provincia o de la capital de la región si allí no lo hay. La no publicación de la referida prohibición dentro del plazo de cuarenta y ocho horas será sancionada como delito de desacato con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.

La resolución que impone la prohibición será apelable en el solo efecto devolutivo. Además de las partes, podrá interponer este recurso cualquiera de las personas a que se refieren los artículos 3° y 4° de esta ley.”.

ARTICULO 34

207. De los HH. Senadores señores Muñoz Barra y Ominami, y 208.- señor Urenda, para reemplazar, en el inciso primero, la frase “a las buenas costumbres” por “al pudor”.

209. De los HH. Senadores señor Martin, y 210.- señor Otero, para reponer el artículo 40 aprobado por la H. Cámara de Diputados, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo...- Los tribunales sólo podrán suspender la divulgación de informaciones por cualquier medio de comunicación social, en juicios penales en estado de sumario, cuando existan antecedentes inequívocos y revestidos de seriedad de que la divulgación pueda entorpecer gravemente el éxito de la investigación, o atentar contra la seguridad del Estado o contra la garantía constitucional señalada en el artículo 19, N° 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de la República. Quien infrinja dicha suspensión será sancionado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.

La suspensión deberá ser ordenada en resolución fundada y motivada, por un plazo no superior a veinte días, pudiendo recaer sobre la totalidad de las actuaciones del proceso o sólo sobre alguna o algunas de ellas. En todo caso, el tribunal deberá decretar el inmediato término de la medida si dejan de existir las circunstancias que la originaron.

La suspensión regirá desde el momento en que el juez lo determine en su resolución, la que será publicada, en extracto redactado por el secretario del tribunal, gratuitamente en el Diario Oficial y, además, en uno o más diarios y en una o más emisoras de radiodifusión sonora y televisiva que el juez determine, del lugar en que se siguiere la causa o de la cabecera de la provincia o de la capital de la región, si allí no los hubiere. La no publicación de la mencionada resolución, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, será sancionada como delito de desacato con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.

La resolución que ordene la suspensión será apelable en el solo efecto devolutivo y no procederá a su respecto la orden de no innovar. El recurso podrá interponerse por las partes, por los medios afectados o por cualquier persona capaz de parecer en juicio. Deducida la apelación, el tribunal deberá pronunciarse sobre su procedencia dentro de las veinticuatro horas siguientes y elevará los antecedentes de inmediato al tribunal de alzada respectivo. El recurso gozará de preferencia, debiendo verse, en todo caso, el día hábil siguiente de ingresado a la Corte respectiva, en tabla agregada. Sin perjuicio de este recurso, en cualquier momento, las partes, los medios afectados o cualquier persona podrán pedir la revocación de la suspensión. La resolución que recaiga en ella será apelable en los mismos términos.”.

211. Del H. Senador señor Otero, para agregar al artículo 40 aprobado por la H. Cámara de Diputados el siguiente inciso final:

“Los magistrados de los tribunales de justicia no podrán emitir opinión o hacer comentario alguno relativo a los procesos que tienen a su cargo, ni aun cuando sean requeridos para ello por los medios de comunicación social.”.

ARTICULO 35

212. Del H. Senador señor Díez, para suprimir la frase final “y de los alegatos hechos por los abogados ante los tribunales de justicia”, y la coma (,) que la precede.

213. De los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 214.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para agregar la siguiente frase final precedida de una coma (,): “sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 32”.

ARTICULO 36

215. De los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, para agregar el siguiente inciso nuevo:

“El particular que incurriere en estas infracciones sufrirá la pena de multa de cuarenta a cien unidades tributarias mensuales.”.

De los HH. Senadores señores Gazmuri y Hormazábal, para consultar, a continuación del artículo 36, los siguientes, nuevos:

216. “Artículo...- El que mate, lesione o prive ilegítimamente de su libertad ambulatoria a un periodista o a quien se desempeñe como colaborador o directivo de un medio de comunicación social, en razón precisa de su condición de tales, será sancionado con la pena asignada al delito cometido, agravada en uno o dos grados.”.

217. “Artículo...- El que intentare imponer o impedir una determinada publicación a un medio de comunicación social bajo amenaza del uso de la fuerza en cualquiera de sus formas, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de ochenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

Si como resultado de una tal ilegítima presión la publicación se hiciere u omitiere, podrán elevarse la pena corporal en uno o dos grados y la multa al duplo.

Si frustrada la coacción se cumpliere la amenaza, se aplicará la pena que corresponda al delito cometido para consumarla, elevada en uno o dos grados y multa de seiscientas a mil unidades tributarias mensuales.”.

218.“Artículo...- El que discriminare o impidiere arbitrariamente el acceso a las fuentes informativas incurrirá en una multa de entre diez y cincuenta unidades tributarias mensuales; y si el culpable fuere funcionario público se le aplicará dicha pena elevada al duplo.”.

De los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, para consultar, a continuación del artículo 36, los siguientes, nuevos:

219. “Artículo...- El que imponga o impida una determinada publicación en un medio de comunicación social bajo amenaza de uso de la fuerza en cualquier forma, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de ochenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.”.

220. “Artículo...- El que provocare lesiones o prive ilegítimamente de su libertad personal a un periodista, a aquéllos que no siéndolo ejerzan habitualmente las funciones señaladas en el artículo 3°, a directores y editores de medios de comunicación social, en el ejercicio de las funciones amparadas por la presente ley, será sancionado con la pena asignada al delito, agravada en uno o dos grados.”.

221.“Artículo...- El que dañe o destruye material o medios utilizados por un periodista o por aquéllos que no siéndolo ejerzan habitualmente las funciones señaladas en el artículo 3°, con el propósito de impedir dicha actividad, serán sancionado con una multa de cincuenta a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales.”.

ARTICULO 37

222. Del H. Senador señor McIntyre, para reemplazar las frases “La falta de entrega oportuna de la información en la forma que decrete el tribunal, conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 8°”, por la siguiente: “El incumplimiento de la orden a que se refiere el inciso tercero del artículo 8°”.

ARTICULO 38

223. De la H. Senadora señora Feliú, para suprimirlo.

224. De los HH. Senadores señores Gazmuri, Hamilton y Hormazábal, para consultar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Agréganse al artículo 11 del decreto ley N° 211, de 1973, los siguientes nuevos incisos segundo, tercero y cuarto:

“La Comisión Preventiva Central llevará un registro público actualizado de las comunidades y personas naturales o jurídicas que sean propietarias de medios de comunicación social o tengan interés en su dominio.

Dentro de los diez días siguientes al inicio de las actividades de un nuevo medio de comunicación social, sus representantes legales harán una relación pormenorizada de la situación de su dominio a la Comisión Preventiva Central. Dicha información comprenderá, en el caso de las sociedades de personas, la individualización de sus socios, así como una indicación de su interés en ellas; en el caso de las comunidades, tanto la individualización de los respectivos comuneros, como una indicación de la cuantía de sus derechos cuotativos; en el caso de las anónimas abiertas o cerradas la identidad de los propietarios del capital accionario con derecho a voto, trátese de personas naturales o jurídicas, en cuyo último caso se indicará además, sea la individualización de los socios, sea la identidad de las personas naturales dueñas del capital de la respectiva sociedad anónima matriz o coligante; y en el caso de las sociedades en comandita por acciones, la individualización de sus socios, gestores y comanditarios y, respecto de estos últimos, una indicación de la cuantía de sus derechos accionarios.

Los representantes legales de los medios de comunicación social deberán informar a la Comisión Preventiva Central, dentro de los diez días siguientes a la fecha de su ocurrencia, de la transferencia total o parcial de su dominio a comunidades o personas naturales o jurídicas, así como también de las subdivisiones y transferencias de acciones tratándose de sociedades anónimas o en comandita por acciones, o del ingreso o retiro de socios en el caso de sociedades de personas. Dicha información comprenderá, en su caso, la individualización precisa de las personas naturales que, a consecuencia de las referidas operaciones, adquirieren intereses en las comunidades o personas jurídicas dueñas de medios de comunicación social.”.”.

224 bis.- De los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, para consultar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Añádanse al artículo 11 del decreto ley N° 211, de 1973, tres nuevos incisos, del siguiente tenor:

“La Comisión Preventiva Central llevará un registro público actualizado de las comunidades y personas naturales o jurídicas que sean propietarias de medios de comunicación social.

Dentro de los diez días siguientes al inicio de las actividades de un nuevo medio de comunicación social, sus representantes legales harán una relación pormenorizada de la situación de su dominio a la Comisión Preventiva Central. Dicha información comprenderá, en el caso de las sociedades de personas, la individualización de sus socios, así como una indicación de sus derechos en ellas; en el caso de las comunidades, tanto la individualización de los respectivos comuneros, como una indicación de la cuantía de sus derechos cuotativos; en el caso de las anónimas, abiertas o cerradas, la identidad de los propietarios del capital accionario con derecho a voto, trátese de personas naturales o jurídicas, en cuyo último caso se indicará además, sea la individualización de los socios, sea la identidad de las personas naturales dueñas del capital de la respectiva sociedad anónima matriz o coligante; y en el caso de las sociedades en comandita por acciones, la individualización de sus socios, gestores y comanditarios y, respecto de estos últimos, una indicación de la cuantía de sus derechos accionarios.

Los representantes legales de los medios de comunicación social deberán informar a la Comisión Preventiva Central, dentro de los diez días siguientes a la fecha de su ocurrencia, de la transferencia total o parcial de su dominio a comunidades o personas naturales o jurídicas, así como también de las subdivisiones y transferencias de acciones, tratándose de sociedades anónimas o en comandita por acciones, o del ingreso o retiro de socios, en el caso de sociedades de personas. Dicha información comprenderá, en su caso, la individualización precisa de las personas naturales que, a consecuencia de las referidas operaciones, adquieran derechos en las comunidades o personas jurídicas dueñas de medios de comunicación social.”.”.

PARRAFO 5°

225. De los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 226.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para intercalar, en el epígrafe, después de la palabra “delitos”, la expresión “y abusos”.

ARTICULO 39

227. De los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 228.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para sustituir el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 39.- La responsabilidad penal y civil por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de las libertades que consagra el inciso primero del N° 12, del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, se determinará por las normas de esta ley y las de los Códigos respectivos.”.

ARTICULO 40

229. De los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y 230.- señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 40.- Los delitos y abusos a que se refiere el párrafo 3° son de acción privada y dan derecho a la acción civil para obtener indemnización de perjuicios por daño moral, daño emergente y lucro cesante. Cuando se ejercite sólo la acción civil, se considerará extinguida por ese hecho la acción penal.

En los delitos de injuria, calumnia y difamación, el imputado tendrá siempre derecho a probar la verdad de lo informado o aseverado, en cuyo caso se extinguirá la responsabilidad penal y civil, a menos que ello constituya por sí mismo el delito de injuria a particulares.

Será competente para conocer de la acción civil, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, el Juez Letrado del domicilio del ofendido o del lugar donde tenga su sede el medio de comunicación social, a elección del primero. La acción se sujetará a las reglas del juicio sumario.”.

231. De los HH. Senadores señora Feliú, 232.- señor Larraín, y 233.- señor Piñera, para intercalar, a continuación del inciso primero, el siguiente, nuevo:

“El tribunal fijará la cuantía de la indemnización tomando en cuenta los antecedentes que resultaren del proceso sobre la efectividad y gravedad del daño sufrido, las facultades económicas del ofensor, la calidad de las personas, las circunstancias del hecho y las consecuencias de la imputación, difusión abusiva en el territorio nacional o amenaza para el ofendido.”.

ARTICULO 41

234. Del H. Senador señor Hamilton, para consultar el siguiente inciso nuevo:

“Si estos delitos, o alguno conexo con ellos, fueren cometidos conjuntamente por civiles y militares, corresponderá su conocimiento, en primera instancia, a un Ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, y, en segunda instancia, a la Corte con excepción de ese Ministro, o a la Sala que corresponda si la Corte funcionare en más de una Sala. Esta regla de competencia prevalecerá sobre toda otra.”.

ARTICULO 42

235. De la H. Senadora señora Feliú, para suprimirlo.

236. De los HH. Senadores señor Larraín, y 237.- señor Piñera, para suprimir el inciso tercero.

ARTICULO 43

238. De los HH. Senadores señora Feliú, y 239.- señor Larraín, para intercalar, en el inciso primero, a continuación de la expresión “secretario del tribunal,”, las frases “que no podrá exceder de seiscientas palabras o de un minuto, si se refiere a un medio escrito o a uno audiovisual, respectivamente,”.

240. Del H. Senador señor Piñera, para intercalar, en el inciso primero, a continuación de la expresión “secretario del tribunal,”, las frases “que no podrá exceder de 600 palabras si se refiere a un medio escrito o cuya difusión no exceda de un minuto para el caso de un medio audiovisual,”.

De los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, para consultar, a continuación del artículo 43, el siguiente Título y artículos nuevos:

241. “TITULO V

Del fomento a los medios de comunicación social de carácter regional, provincial o comunal.”.

242. “Artículo...- Créase un Fondo concursable para la creación, fomento y desarrollo de medios de comunicación social de carácter regional, provincial o comunal.

Dicho Fondo será provisto con recursos contemplados anualmente en la Ley de Presupuestos. Dichos recursos estarán destinados al financiamiento de los proyectos que sean aprobados por el Consejo de Administración del mismo.

El Consejo de Administración estará compuesto por:

a) Un representante del Presidente de la República, quien lo presidirá;

b) Un representante de las asociaciones de propietarios de medios de comunicación social; y

c) Un representante del Colegio de Periodistas.

Los integrantes indicados en las letras b) y c) serán designados por el Presidente de la República a proposición de las entidades que ellos representarán en el Consejo.”.

243. “Artículo...- Se considerarán medios de comunicación social de carácter regional, provincial o comunal, aquéllos que limiten su distribución, en el caso de los de índole escrita, o su alcance, en el caso de los radiales o televisuales, a los ámbitos de una región, una provincia o una comuna respectivamente.”.

ARTICULO 45

244. De los HH. Senadores señora Feliú, y 245.- señor Piñera, para suprimirlo.

ARTICULO 47

246. De los HH. Senadores señores Gazmuri y Hormazábal, para intercalar, a continuación del N° 1, el siguiente, nuevo:

“...- Derógase el artículo 161A.”.

247. De los HH. Senadores señores Muñoz Barra y Ominami, y 248.- señor Urenda, para reemplazar el N° 2.- por el siguiente:

“2.- Reemplázase el epígrafe del Título VII del Libro II por el siguiente:

“CRIMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA EL ORDEN DE LA FAMILIA Y CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL”.”.

249. De los HH. Senadores señores Muñoz Barra y Ominami, y 250.- señor Urenda, para consultar el siguiente número nuevo:

“...- Sustitúyese el epígrafe del párrafo 8° del Título VII por el siguiente: “8. De los ultrajes públicos al pudor”.”.

251. De los HH. Senadores señores Muñoz Barra y Ominami, para consultar el siguiente número nuevo:

“...- Sustitúyese el artículo 373 por el siguiente:

“Artículo 373. El que públicamente ejecutare o hiciere ejecutar a otro actos de exhibiciones obscenas, con grave escándalo, se le impondrá la pena de reclusión menor en su grado mínimo.”.”.

252. Del H. Senador señor Urenda, para consultar el siguiente número nuevo:

“...- Sustitúyese el artículo 373 por el siguiente:

“Artículo 373. El que públicamente ejecutare exhibiciones obscenas con grave escándalo, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo.”.”.

253. De los HH. Senadores señores Muñoz Barra y Ominami, para consultar el siguiente número nuevo:

“...- Sustitúyese el artículo 374 por el siguiente:

“Artículo 374. El que por cualquier medio difundiere, vendiere o exhibiere material pornográfico, se le impondrá la pena de reclusión menor en su grado mínimo.

En las mismas penas incurrirá el autor del material o el que los hubiere reproducido por un procedimiento cualquiera.”.”.

254. Del H. Senador señor Urenda, para consultar el siguiente número nuevo:

“...- Sustitúyese el artículo 374 por el siguiente:

“Artículo 374. El que por cualquier medio difundiere, vendiere o exhibiere material pornográfico, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo.”.”.

255. De los HH. Senadores señores Muñoz Barra y Ominami, para consultar el siguiente número nuevo:

“...- Agrégase el siguiente artículo 374 bis:

“Artículo 374 bis. Las penas previstas para los delitos contemplados en los artículos 373 y 374 serán de reclusión menor en sus grados mínimo a medio, pudiendo la multa elevarse hasta el doble si en el ultraje público al pudor, se emplearen medios de difusión que por su naturaleza estén al alcance de los menores o cuando a un menor se ofrezcan, vendan, entreguen o exhiban escritos, figuras, objetos o imágenes pornográficos, o cuando el delito se cometiere dentro del radio de doscientos metros de una escuela, colegio, instituto o cualquier establecimiento educacional o de asilo destinado a niños y jóvenes.”.”.

256. Del H. Senador señor Urenda, para consultar el siguiente número nuevo:

“...- Agrégase el siguiente artículo 374 bis:

“Artículo 374 bis. Si en el ultraje público al pudor se emplearen medios de difusión que por su naturaleza no estén al alcance de los menores; se le ofrecieren, vendieren, entregaren o exhibieren, figuras, objetos o imágenes pornográficos o el delito se cometiere dentro del radio de doscientos metros de una escuela, colegio, instituto o cualquier establecimiento educacional o de asilo de menores.”.”.

257. De los HH. Senadores señores Muñoz Barra y Ominami, para consultar el siguiente número nuevo:

“...- Sustitúyese el número 5° del artículo 495 por el siguiente:

“5° El que públicamente ejecutare o hiciere ejecutar a otro actos de exhibiciones obscenas.”.”.

258. Del H. Senador señor Urenda, para consultar el siguiente número nuevo:

“...- Sustitúyese el número 5° del artículo 495 por el siguiente:

“5° El que públicamente se exhibiere en forma obscena.”.”.

ARTICULO 48

259. De los HH. Senadores señores Muñoz Barra y Ominami, y 260.- señor Urenda, para reemplazar, en el inciso propuesto, la expresión “a las buenas costumbres” por “al pudor público”.

261. De los HH. Senadores señora Feliú, 262.- señor Larraín, y 263.- señor Piñera, para suprimir la última oración del inciso propuesto.

264. De los HH. Senadores señores Gazmuri, Hamilton y Hormazábal, para consultar, a continuación del artículo 48, el siguiente, nuevo:

“Artículo...- Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta ley, los representantes legales de los medios de comunicación social remitirán a la Comisión Preventiva Central una relación pormenorizada de la situación del dominio del medio que representan.

Si el medio de comunicación social fuere del dominio de una comunidad, se deberá indicar la individualización de los comuneros y la magnitud de su derecho cuotativo; si fuere una sociedad de personas, la individualización de los socios y la magnitud de su interés social; si fuere en comandita por acciones, la individualización de los gestores y de los titulares de su capital accionario, con indicación del porcentaje o cuota del mismo de que fueren éstos dueños; si fuere anónima abierta o cerrada la individualización de los socios, con indicación del porcentaje o cuota del capital accionario, del que fueren dueños.”.

265. De los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, para consultar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta ley, los representantes legales de los medios de comunicación social remitirán a la Comisión Preventiva Central una relación detallada de la situación del dominio del medio que representan.

Si el medio de comunicación social fuere del dominio de una comunidad, se deberá indicar la individualización de los comuneros y la magnitud de su derecho cuotativo; si fuere una sociedad de personas, la individualización de los socios y la magnitud de su interés social; si fuere en comandita por acciones, la individualización de los gestores y de los titulares de su capital accionario, con indicación del porcentaje o cuota del mismo de que fueren dueños; si fuere anónima, abierta o cerrada, la individualización de los socios, con indicación del porcentaje o cuota del capital accionario, del que fueren dueños.

Las sociedades en comandita por acciones, cuyo capital esté compuesto por acciones al portador, no podrán ser dueñas de medios de comunicación social.”.

ARTICULO 49

266. Del H. Senador señor Fernández, para suprimirlo.

267. De la H. Senadora señora Feliú, para suprimir el inciso segundo.

268. De la H. Senadora señora Carrera, para consultar, como artículo transitorio, el siguiente, nuevo:

“Artículo...- Los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 10, 50 y 52 de la ley N° 16.643 se mantendrán vigentes mientras no se dicte una disposición legal que regule expresamente las materias de que tratan.”.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo. BOLETIN Nº 1035-07

________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de presentaros su segundo informe acerca del proyecto de ley de la referencia, que ha tenido su inicio en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

Dejamos constancia de las siguientes materias, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado:

I.- No fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 12, 16, 21, 22, 27, 44 (que pasa a ser 43) y 46 (que pasa a ser 45).

II.- Sólo fueron objeto de indicaciones rechazadas el título del proyecto y los artículos 1°, 2°, 5°, 18, 25, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 43 y 45.

III.- Indicaciones aprobadas: Nºs. 17, 31, 34, 35, 36, 46, 47, 67, 68, 76, 77, 81, 91, 96, 97, 98, 104, 106, 107, 125, 126, 127, 135, 142, 143, 144, 149, 150, 151, 215, 235, 236 y 237.

IV.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: N°s. 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 40, 41, 42, 48, 50, 51, 58, 64, 65, 66, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 95, 111, 112, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 166, 189, 227 y 228.

V.- Indicaciones rechazadas: N°s. 1, 1bis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 45, 49, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 88, 92, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 136, 138, 139, 140, 141, 145, 146, 147, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 238, 239, 240, 244, 245, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 y 268.

VI.- Indicaciones declaradas inadmisibles: N°s. 37, 53, 54, 90, 224, 224 bis, 241, 242, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 y 258.

VII.- Indicaciones retiradas: N°s. 38, 89, 137, 148, 186, 217, 218, 219, 234, 243 y 246.

Deben ser aprobados con quórum de normas orgánicas constitucionales los artículos 8º, incisos primero y tercero, 23, 26 y 41 de esta iniciativa de ley, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 74 de la Constitución Política de la República. El inciso primero del artículo 8° tiene esa calidad en cuanto regula una materia llamada a integrar la organización básica de la Administración Pública, y, en esa medida, modifica tácitamente la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y, en su caso, las leyes orgánicas constitucionales especiales de los órganos que integran esa Administración, señalados en el artículo 1° de dicho cuerpo legal. Las restantes disposiciones otorgan nuevas atribuciones a los tribunales de justicia.

Por su parte, deben ser aprobadas como normas de quórum calificado los artículos 29, 30, 31, 33, 34, 44 (que pasa a ser 43) y 49 (que pasa a ser 48), de conformidad a lo señalado en el artículo 19, N° 12, inciso primero, de la Constitución Política, y el artículo 43 (que pasa a ser 42), atendido lo dispuesto en el mismo artículo 19, N° 12, inciso sexto, de la Carta Fundamental.

A algunas de las sesiones de la Comisión concurrieron los HH. Senadores señores Sergio Díez Urzúa, Jaime Gazmuri Mujica, y Sebastián Piñera Echenique.

Colaboraron en forma permanente con la Comisión el señor Ministro Secretario General de Gobierno, don José Joaquín Brunner Ried; el señor Subsecretario de dicha Cartera, don Claudio Huepe García y el señor Jefe de la División Jurídica de ese Ministerio, don Ernesto Galaz Cañas.

Además, la Comisión conoció los puntos de vista que tienen respecto del proyecto de ley la Federación de Medios de Comunicación Social, representada por el Presidente del Consejo de Ética de la entidad, don Arturo Fontaine Aldunate; el asesor legal de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), don Jaime Martínez Williams y el Profesor de Derecho Penal don Luis Ortiz Quiroga; y el Colegio de Periodistas de Chile, representado por su Presidente, don Senén Conejeros Ampuero; el Vicepresidente, don Audénico Barría Navarro, y el Consejero Nacional don Alejandro Guillier Álvarez.

El H. Senador señor McIntyre formuló dos indicaciones, signadas con los números 1 y 1 bis, con el objeto de reemplazar el título con el cual se individualiza el proyecto de ley (“Ley sobre las libertades de opinión y de información y ejercicio del periodismo”) por otro. En virtud de las primeras de ellas, propone que el proyecto se denomine “Ley sobre ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación social”; y en la segunda, presentada en subsidio de la anterior, sugiere suprimir del título del proyecto la frase “y ejercicio del periodismo.”.

En los fundamentos de sus indicaciones, el referido H. señor Senador expresó que el proyecto contiene principalmente reglas para el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los medios de comunicación social, y no dedica más de tres artículos al ejercicio del periodismo, por lo que no se justifica incluir esta última materia en el título de la ley.

La Comisión tuvo presente que la denominación de una ley no presenta mayor significación que una identificación de las materias que contiene. En este caso particular, prefirió no hacer cambios, en lo relativo a las libertades de opinión y de información porque son los conceptos que utiliza el artículo 19, N° 12, de la Constitución Política y no el de “libertad de expresión” y en cuanto al ejercicio del periodismo, porque es un tema que, antes de la presentación de esta iniciativa y durante toda su tramitación, se ha mostrado como extraordinariamente sensible para todos los sectores involucrados.

En virtud de lo anterior, ambas indicaciones fueron rechazadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín y Otero.

Título I

Disposiciones generales

Artículo 1°

La indicación número 2, del H. Senador señor McIntyre, reemplaza el inciso primero por otro, que dispone que la libertad de emitir opinión y la de informar incluye el derecho a no ser molestado ni discriminado a causa de las propias opiniones, y a buscar, recibir y difundir informaciones por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley.

Las indicaciones números 3 y 4, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Hormazábal, la primera, y de los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, la segunda, tienen por objeto añadir a la enumeración de las facultades incluidas en el ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, la de acceder a las fuentes informativas, con la precisión, en la primera de estas indicaciones, de reconocer las solas limitaciones establecidas en la ley.

La indicación número 5, del H. Senador señor Díez, persigue aclarar que la alusión que se hace al final del inciso primero a la ley, en el marco de la responsabilidad por los delitos y abusos que puedan cometerse en ejercicio de las libertades antes señaladas, se refiere a esta ley y a la respectiva legislación especial que exista, en su caso.

Las indicaciones números 6 y 7, de los HH. Senadores señores Fernández y Piñera, apuntan a precisar, a su vez, al término del inciso segundo, que la ley a la que le corresponde establecer las condiciones para fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social es esta ley y tratándose de la primera de estas indicaciones la respectiva legislación especial en el caso de las emisiones de radiodifusión sonora o televisiva, o tratándose de la segunda indicación las respectivas leyes especiales que regulen las emisiones de radiodifusión sonora o televisiva.

Después de analizar cada una de estas propuestas, el criterio general de la Comisión en relación con ellas fue el de mantener el texto aprobado en el primer informe, por cuanto resulta suficientemente comprensivo de todas las situaciones que se pretender incluir.

En efecto, en relación con el acceso a la información, se compartió la opinión del señor Ministro Secretario General de Gobierno en el sentido de que su contenido ya está consagrado en la disposición de manera adecuada, al declarar la libertad para la búsqueda de la información, la que en todo caso debe realizarse a través de medios idóneos, de forma tal de evitar posibles excesos que pudieran llegar a cometerse con la finalidad de obtener la información. A lo anterior se agrega la regulación especial en el artículo 8° sobre el acceso a la información que obre en poder de fuentes públicas.

Los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero dejaron constancia que, asimismo, pese a que estimaban de la mayor relevancia el derecho a decidir sobre los contenidos de la opinión y de la información, no cabe duda alguna que es de la esencia de estas libertades y constituye la razón de ser del pluralismo que más adelante se garantiza en el artículo 7°, por lo que tampoco les merecía objeción el hecho de que no sea mencionado en forma expresa.

En cuanto al segundo orden de enmiendas propuestas, la Comisión también las consideró innecesarias, toda vez que no cabe dudas que el término “ley” que se utiliza en este artículo abarca tanto las disposiciones del cuerpo legal en informe como todas las demás de la misma jerarquía normativa que sean aplicables, entre las que se cuentan, desde luego, las leyes especiales sobre emisiones de radiodifusión sonora y televisiva.

En virtud de estas consideraciones, la Comisión rechazó todas estas indicaciones. Las signadas con los números 2, 3 y 4 lo fueron por la unanimidad de sus integrantes, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín y Otero; la número 5 también por esa unanimidad, a la que se agregó el H. Senador señor Sule; y, en cambio, los números 6 y 7 con el voto a favor del H. Senador señor Fernández y el voto de rechazo de los otros cuatro señores integrantes de la Comisión.

Artículo 2°

Las indicaciones números 8 y 9, de los HH. Senadores señora Feliú y señor Larraín, respectivamente, proponen agregar un inciso final nuevo, a fin de definir el concepto de fuente informativa. La primera de ellas la define como todo emisor o soporte de una información; y la segunda, como todo emisor, soporte, manipulador o procesador de una información.

El H. Senador señor Larraín explicó que la finalidad de su indicación es precisar el sentido y alcance que debe darse a la fuente informativa, a través de la cual se obtiene la información, en la idea de lograr una cierta amplitud del concepto para protegerla adecuadamente, por ejemplo, cuando se invoque el derecho a mantenerla bajo reserva que contempla el artículo 5°.

La Comisión se manifestó conteste con el espíritu que inspira la proposición, en orden a que la noción de fuente es amplia, y comprende tanto a personas como elementos materiales que dan origen a una información, pero prefirió no definirla legalmente, porque las enunciaciones que se proponen que incluyen algunos términos de dudoso alcance pudiera resultar restrictiva, especialmente para los efectos de lo que se dispone en el artículo 5º del proyecto de ley.

En virtud de tales consideraciones, la Comisión desechó ambas indicaciones por mayoría de votos. Lo hicieron por el rechazo los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, y por la aprobación, los señores Fernández y Larraín.

Artículo 3°

Las indicaciones números 10 y 11, del H. Senador señor McIntyre y de los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, respectivamente, tienen por objeto agregar al inciso segundo, la restricción del uso de la denominación de “periodistas” a quienes ese precepto declara que lo son, vale decir, las personas en posesión del respectivo título universitario, conferido válidamente en Chile, y aquellas a quienes la ley reconoce como tales.

La primera de las indicaciones intercala una oración, a fin de precisar que sólo las personas que son periodistas pueden utilizar dicha denominación.

La segunda de ellas añade la declaración de que sólo podrán usar la denominación de periodistas las personas que cuenten con los requisitos señalados precedentemente en el inciso; y sanciona al que se atribuya la calidad o denominación de periodista, sin serlo, de conformidad a lo señalado en el artículo 213 del Código Penal, que tipifica el delito de ejercicio ilegal de una profesión. [1]

El H. Senador señor McIntyre, en los fundamentos de su indicación, justifica la enmienda que propone en razón de la conveniencia de reservar la denominación de periodistas sólo para aquellas personas a quienes la ley reconoce la calidad de tales, y no a otras, que, aunque desempeñen labores similares, no tienen ese reconocimiento legal.

La Comisión estuvo de acuerdo en que las indicaciones efectúan una declaración que parece lógica, toda vez que sólo las personas que legalmente tienen una determinada calidad profesional se la pueden atribuir.

En ese sentido, la mayoría de la Comisión convino en que, aunque es algo que hasta pudiera resultar obvio, si ello se consagrara constituiría un reconocimiento de la naturaleza de la profesión de periodista, en el sentido de que corresponde a una actividad de orden profesional y que requiere título universitario de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, o, al menos, un anterior reconocimiento legal en tal sentido, y que, por lo tanto, sólo pueden utilizar la denominación de tales las personas que se encuentren en alguna de esas dos situaciones.

Puesta en votación la idea de restringir el uso de esa denominación, fue aceptada por los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, quienes estimaron que nadie puede atribuirse una calidad que no tiene, y si lo hace es sancionado en el artículo 213 del Código Penal, y rechazada por los HH. Senadores señores Fernández y Larraín, quienes estimaron que el artículo era suficientemente explícito y estaba comprendido en el acuerdo en el cual se fundó el envío de este proyecto de ley a tramitación legislativa.

En ese mismo orden de ideas, por la unanimidad de la Comisión, integrada en la forma que se acaba de señalar, no se estimó oportuno incorporar en este cuerpo normativo una sanción, por cuanto esa materia se encuentra regulada en la legislación penal de orden general que se ha señalado, la cual resulta aplicable enteramente en la especie.

Por mayoría, juzgó la Comisión que, en las condiciones anteriores, no presta utilidad la mantención del inciso primero de este artículo, que establece como funciones preferentemente de periodista las de reportear, elaborar y editar, que ha sido objeto de críticas, en circunstancias que constituye una mera declaración, toda vez que no impide a otras personas realizar esas actividades, cuya mención, a su vez, pudiera considerarse restrictiva, o pasar a serlo en el futuro.

A la vez, la Comisión se detuvo en el examen de la situación de los corresponsales extranjeros. Durante el primer informe se acordó eliminar la referencia que se hacía a ellos, especialmente, por entender que dichas personas ejercían más propiamente las actividades de periodista en el extranjero, toda vez que sus artículos o reportajes se publicaban o difundían en medios de comunicación social de tal naturaleza. Sin embargo, como consecuencia de la restricción del uso de la denominación de periodista anteriormente acordada, se estimó conveniente regular en una disposición especial la situación de dichas personas. La solución a la cual llegó vuestra Comisión fue de que esa limitación no se aplique respecto de aquellas personas que solamente presten servicios a medios de comunicación extranjeros, quienes podrán, en consecuencia, usar la denominación para este efecto. Para ello se tuvo en cuenta, precisamente, que el producto de su trabajo reportajes, crónicas, etc., no se publica o difunde en el territorio nacional.

En virtud de las anteriores consideraciones, se aprobaron, con las enmiendas señaladas, ambas indicaciones por mayoría de votos. Por la afirmativa se pronunciaron los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, por la negativa lo hizo el H. Senador señor Fernández, quien se declaró partidario del texto contemplado en el primer informe, y se abstuvo el H. Senador señor Urenda.

Artículo 4°

En relación con las indicaciones aprobadas respecto del artículo 3°, la Comisión estimó indispensable efectuar otras enmiendas en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado, que recaen en el artículo 4°.

Esta disposición, en efecto, contempla en su inciso primero el caso de las personas que, no siendo periodistas, ejerzan habitualmente en un medio de comunicación social las funciones que señale el inciso primero del artículo 3°, que la Comisión acordó suprimir.

El H. Senador señor Larraín manifestó su inquietud porque, si se eliminara el inciso primero del artículo 4°, no habrían normas que protegiesen a las personas que, sin ser periodistas, ejecutan habitualmente algunas de las referidas funciones.

Los HH. Senadores señores Sule y Otero, y el señor Ministro Secretario General de Gobierno, coincidieron en que esa ausencia de disposición legal expresa corresponde a la situación actual, con lo que no se alteraría el ordenamiento vigente, en virtud del cual tales personas están amparadas por las libertades de opinión, de información y de trabajo aseguradas en la Constitución Política, pero con la prohibición de emplear la denominación de periodista, y sin hacerles aplicables los derechos que éstos tienen, tal como el secreto profesional, que sólo corresponde a los profesionales.

Frente al comentario del H. Senador señor Larraín de que preferiría mantener la norma, eliminando solamente la referencia al artículo 3°, replicaron que introduciría un factor de confusión, y equivaldría a entregar subrepticiamente un título, dando todavía mayor énfasis a una situación que el gremio de periodistas considera injusta.

La obligación de proporcionar una credencial y disponer de un registro público acerca de estas personas, por otro lado, constituye una restricción que no se justifica tratándose de una actividad ilícita.

Se puso en votación la supresión del inciso primero y la consecuente adecuación formal en el inciso segundo, en términos de que este artículo únicamente asigne los derechos y responsabilidades de los periodistas a los alumnos en práctica de las escuelas de periodismo.

La modificación resultó aprobada en forma unánime, por los H.H. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero, Sule y Urenda.

Artículo 5°

Las indicaciones números 12, 13, 14 y 15, de los HH. Senadores señor Díez, señora Feliú, señor Piñera y señor Larraín, respectivamente, persiguen como objetivo común extender el derecho a la reserva de la fuente informativa que consagra la disposición. La primera de ellas, a todas aquellas personas que por su oficio o actividad hayan debido conocer la fuente, y las otras, a quienes por su oficio o actividad hayan debido necesariamente estar presentes al momento de recibir la información confidencial.

Estas tres últimas indicaciones, además, prescriben que dichas personas no tendrán responsabilidad alguna derivada de los delitos cometidos de que se hubieren enterado a través de la fuente que mantengan en reserva y cuya comisión hayan difundido, pero responderán por los delitos que pudieren suponer las informaciones publicadas.

En su primer informe, la Comisión confirió este derecho a los directores, editores de medios de comunicación social, periodistas, personas que habitualmente ejercen funciones de periodista referencia esta última que queda suprimida con la eliminación del inciso primero del artículo 4°y estudiantes de periodismo que se encontrasen realizando su práctica profesional.

Explicó el H. Senador señor Díez que, con su indicación, efectivamente amplía el número de personas que se pueden beneficiar del derecho a mantener la reserva de la fuente informativa, pero por una razón que, a su juicio, se justifica en plenitud, ya que es el caso de quienes necesariamente tuvieron que conocer la fuente en virtud de su oficio, o si así se quiere, actividad u ocupación habitual. Precisó que este resguardo atiende a la actuación laboral de la persona, y no al hecho de encontrarse presente por cualquier otra causa en el momento en que se obtiene la información.

Dieron a conocer su opinión favorable los HH. Senadores señores Fernández y Larraín, quienes se manifestaron partidarios de las indicaciones descritas, porque estimaron que refuerzan la garantía de la reserva de la fuente informativa, en el sentido de permitir que queden amparados bajo tal resguardo todas las personas que participan en el proceso informativo porque ejercen labores relativas a tal actividad y que, por lo mismo, toman conocimiento de determinadas informaciones. De este modo, se impide que, por la vía de que se ordene judicialmente interrogarlos a ellos, quede sin aplicación práctica la protección que se pretende dar a la persona que constituye la fuente informativa.

La mayoría de la Comisión, sin embargo, no estimó conveniente ampliar el campo de aplicación de esta norma de excepción, ya que, en la forma en que se encuentra redactada, resulta suficientemente comprensiva de todas las personas que por su actividad toman conocimiento de la fuente de información. Reiteró las consideraciones expuestas en nuestro primer informe, en orden a que, siendo esta una modalidad del secreto profesional, sólo pueden acogerse a ella los profesionales, sin perjuicio de que se adopten por quien corresponda las medidas de protección de la reserva sobre la fuente que estime apropiadas.

Por lo anterior, fueron rechazadas por mayoría de votos. Lo hicieron por el rechazo, los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, y por su aprobación, los HH. Senadores señores Fernández y Larraín.

Artículo 6º

Las indicaciones número 16, de los HH. Senadores señores Gazmuri, Hamilton y Hormazábal, 18, del señor Fernández, 19, del señor Larraín, y 20, del señor Piñera, apuntan a limitar la facultad del medio de comunicación social para efectuar alteraciones substanciales al material informativo que identifica como de autoría de un periodista determinado, en el sentido de que únicamente pueda hacerlo con autorización de éste. De esta forma, se excluye la posibilidad de que el medio las realice, sin su consentimiento, pero con debido fundamento.

La Comisión tuvo presente que este tema fue ampliamente debatido con ocasión del primer informe, en el que se llegó a la redacción de la norma que se ha señalado anteriormente. Sin perjuicio de ello, considerando que en la mayoría de las crónicas y en general del material informativo no aparece identificado su autor o autores, esto es, que la norma se pone en los casos que la práctica demuestra que son de excepción, estimó prudente que la facultad del medio de comunicación social para efectuar modificaciones sustanciales a ese material sólo se admita en caso de que cuente con el consentimiento del autor.

En esa virtud, se aprobaron todas estas indicaciones, en los mismos términos las 18, 19 y 20, y con modificaciones la 16, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

La indicación número 17, de la H. Senadora señora Feliú, propone extender la protección que contempla la norma recién aludida, en general, a los autores del material informativo, sean periodistas u otras personas determinadas.

Fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Las indicaciones números 21, de la H. Senadora señora Feliú, 22, del H. Senador señor Larraín, 23, del H. Senador señor Piñera, y 24, del H.Senador señor Díez, tienen por finalidad establecer un plazo para que el periodista o la persona afectada, en virtud de la indicación N° 17ejerza el derecho que se le concede, en virtud de este artículo, de solicitar del medio de comunicación social que efectúe la respectiva aclaración, cuando éste ha introducido alteraciones sustanciales al material informativo de que es autor.

Las tres primeras recomiendan que se establezca un plazo de 48 horas para pedir que se haga la aclaración. La última propone decir que este derecho caducará si no es ejercido dentro de los tres días siguientes.

La Comisión estuvo conteste en la necesidad de incorporar esta idea, con el objeto de dar certidumbre, tanto al medio de comunicación social, como al autor del material, acerca del lapso disponible para ejercer este derecho. En ese sentido, se manifestó partidaria de la redacción propuesta en esta última indicación, por la mayor precisión jurídica que importa hablar de un plazo de caducidad, pero estimó aconsejable establecerlo en 6 días, el cual, desde luego, se cuenta desde la difusión del material que ha sido objeto de alteración sustancial. Este plazo, si bien no asegura que llegue a efectivo conocimiento del interesado tal difusión, permite suponer razonablemente que lo haya sido, cubriendo hipótesis como su eventual ausencia del lugar en que se difundió.

En virtud de lo señalado precedentemente, se aprobaron con cambios las cuatro indicaciones, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

La indicación número 25, de los HH. Senadores señores Gazmuri, Hamilton y Hormazábal, plantea una nueva redacción para el inciso segundo de este artículo, manteniendo el supuesto de que el medio de comunicación no efectuase la aclaración o volviera a realizar alteraciones substanciales al material informativo de autoría de la misma persona. Al respecto, señala que, tanto la omisión de la aclaración, como la reiteración de aquella situación, constituirán incumplimiento grave del empleador a las obligaciones que impone el contrato de trabajo.

Se suscitó en el seno de la Comisión un intenso debate respecto de los casos en que no es lícito que el medio de comunicación social pretenda imponer sus puntos de vista al periodista, no obstante mediar contrato de trabajo entre ambos.

El H. Senador señor Hamilton sostuvo que pesa sobre los periodistas un doble deber de lealtad, que se manifestó partidario de consignar en forma expresa, porque contribuiría a aclarar las relaciones que existen entre el periodista y el medio para el cual trabajan: una es la lealtad para con el medio, y otra la lealtad para con la ética profesional. Esto es, debe respetar tanto la línea editorial del medio como las normas éticas que guían el ejercicio de su profesión.

El H. Senador Otero estuvo de acuerdo en que el periodista debía observar las normas éticas generalmente aceptadas para el ejercicio de la profesión, y, por lo mismo, convendría establecer que no puede ser obligado a actuar en contravención de éstas. Hizo la salvedad de que ello no importa aceptar la llamada “cláusula de conciencia” en los amplios términos en que se ha planteado durante el estudio de esta iniciativa por algunas personas, porque no resulta congruente con el hecho de que el periodista conoce la línea editorial del medio en que entra a trabajar.

Los HH. Senadores señores Fernández y Larraín observaron que toda profesión debe ser ejercida con arreglo a la ética, y, si se insertara este deber a propósito de los periodistas, daría la impresión que no ocurre lo mismo con las demás profesiones. Si se quiere aludir a las normas aprobadas por el respectivo Colegio Profesional, les pareció evidente que ellas no podrían aplicarse a quienes no estuviesen afiliados. Se declararon contrarios, por ende, a establecer la obligación de lealtad en los términos propuestos por el H. Senador señor Hamilton.

Repusieron los HH. Senadores señores Hamilton y Otero que, en este caso particular, la prohibición de que se obligue al periodista a actuar contra la ética se explica perfectamente porque su vulneración configuraría en forma expresa una infracción grave del empleador a las obligaciones que le impone el contrato de trabajo, que da derecho al periodista a solicitar que se declare terminado el contrato y a reclamar la indemnización correspondiente. Añadieron que la referencia que hacen a la ética es a aquellas normas generalmente aceptadas para el ejercicio de la profesión, de modo que son aplicables a todos los periodistas, con independencia de que estén afiliados o no a algún Colegio Profesional, y que, por la naturaleza misma de su actividad, aunque tengan una base axiológica común, difieren de las que son aplicables a otras profesiones.

Puesta en votación la inclusión de una norma que prohíba obligar al periodista a actuar en contravención a las normas éticas generalmente aceptadas para el ejercicio de su profesión, fue aprobada por los HH. Senadores señores Hamilton, Otero, Sule y Urenda, y rechazada por el H. Senador señor Fernández.

El H. Senador señor Hamilton pidió dejar constancia que ello no se contrapone con el hecho de que el periodista contratado acepta la línea editorial de su medio, como manifestaron a la Comisión el Presidente y el Consejero Nacional del Colegio de Periodistas, señor Senén Conejeros y Alejandro Guillier, en los siguientes términos: “No se trata, por lo mismo, de poner en cuestión el legítimo derecho del medio de comunicación social ni de su propietario a definir la línea editorial. Esta línea editorial es el criterio valórico mediante el cual todo medio de comunicación social selecciona los asuntos o sucesos que estima de interés difundir. Conforme a ellos valora los hechos. Pero una vez definidos esos hechos, la investigación periodística, la construcción del mensaje noticioso y su difusión se debe ajustar a los principios intelectuales y éticos que configuran la identidad profesional del periodismo”.

Por la mayoría expresada, la Comisión resolvió precisar además que el incumplimiento grave del empleador a las obligaciones que impone el contrato de trabajo se producirá cuando se infrinja cualquiera de las obligaciones establecidas en este artículo, si el afectado es un periodista contratado por un medio de comunicación social.

En esos términos, la indicación se acogió con modificaciones, al registrarse los votos favorables de los HH. Senadores señores Hamilton, Otero, Sule y Urenda, y el voto en contra del H. Senador señor Fernández.

Artículo 7°

La indicación número 26, de los HH. Senadores señores Gazmuri, Hamilton y Hormazábal, tiene por finalidad incorporar nuevos elementos como garantía del pluralismo con el sistema informativo. Ella establece que el pluralismo en el sistema informativo se garantiza a través de la observancia del principio de la igualdad en la concesión de ondas del espectro radioeléctrico, de la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social y de la implantación y preservación de las condiciones que posibiliten la competencia entre ellos, favoreciéndose así la expresión de la diversidad social, cultural, étnica, política, regional y comunal del país.

La mayoría de la Comisión, compuesta por los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero, se manifestó partidaria de no introducir cambios en esta materia, por estimar que la regulación de la garantía es adecuada y suficientemente comprensiva de las materias que permiten asegurar un efectivo pluralismo, sin perjuicio de que la igualdad en la concesión de ondas del espectro radioeléctrico se encuentra reglamentada en la Ley General de Telecomunicaciones.

A su vez, la posición de minoría, sustentada por los HH. Senadores señores Hamilton y Sule, estimó que la proposición garantiza en forma más explícita el principio del pluralismo informativo.

Sometida a votación, fue rechazada por mayoría de votos. Emitieron su voto por el rechazo los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero, y por la aprobación lo hicieron los HH. Senadores señores Hamilton y Sule.

Las indicaciones número 27 y 28, de los HH. Senadores señora Feliú y señor Díez, respectivamente, suprimen la obligación establecida en el inciso segundo de contemplar cada año recursos en el FONDECYT para la realización de estudios sobre el pluralismo en el sistema informativo.

El H. Senador Díez explicó que consideraba injustificado que, todos los años, la Ley de Presupuestos del sector público deba consultar recursos para ese objeto.

La Comisión se manifestó partidaria de mantener la disposición, pero los HH. Senadores señores Larraín y Otero advirtieron que condicionaban su posición definitiva a que en la Sala del Senado también se conservara la garantía del pluralismo en los términos aprobados por la Comisión.

Se rechazó la indicación por mayoría de votos. Lo hicieron por el rechazo los HH. Senadores señores Hamilton, Larraín, Otero y Sule, y por la aprobación el H. Senador señor Fernández.

La indicación número 29, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Hormazábal, reemplaza el inciso segundo, para señalar solamente que el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) contemplará, anualmente, los recursos para la realización de estudios sobre el pluralismo en el sistema informativo nacional, los que serán asignados mediante concurso público.

La indicación número 30, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, propone incorporar, entre los aspectos que deben tomar en cuenta esos estudios sobre el pluralismo informativo, la circulación de los medios de comunicación social y la distribución de los recursos publicitarios entre ellos.

Ambas indicaciones fueron rechazadas por mayoría de votos. Se pronunciaron por el rechazo los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero, y por la aprobación los HH. Senadores señores Hamilton y Sule.

La indicación número 31, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, establece que los referidos fondos que otorgará el FONDECYT serán “asignados”, y no “distribuidos”, por concurso público.

La Comisión estimó pertinente esa precisión formal.

Fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

La indicación número 32, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Hormazábal, agrega dos incisos nuevos, que ordenan realizar estudios anuales, tanto sobre la distribución de los recursos publicitarios entre los distintos medios de comunicación social, como sobre sus efectos, para lo cual establece la obligación de los departamentos o unidades comerciales de los medios de comunicación social de facilitar la información necesaria.

Fue rechazada por mayoría de votos. Se pronunciaron por el rechazo los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero y por la aprobación los HH. Senadores señores Hamilton y Sule.

La indicación número 33, de la H. Senadora señora Feliú, tiene por objeto suprimir el inciso tercero, relativo a la destinación preferente que deben tener los fondos estatales y municipales destinados a avisos, llamados a concurso, propuestas o publicidad de clara identificación regional o local.

La Comisión tuvo presente que uno de los aspectos medulares que la guio a aprobar esta materia en el primer informe, fue la necesidad de vincular el desembolso de los recursos públicos que existieran para tales finalidades con su difusión a través de los respectivos medios de comunicación social regionales, provinciales o comunales.

Por lo anterior, se rechazó la indicación por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Las indicaciones números 34, del H. Senador señor Díez, 35, del H. Senador señor Fernández, y 36, del H. Senador señor Piñera, proponen que los montos en cuestión no sólo sean distribuidos en forma preferente para efectuar la difusión de esas informaciones en medios locales, sino que también en forma mayoritaria.

La Comisión juzgó acertado que un porcentaje significativo de los referidos fondos necesariamente se gaste en difusión en los medios de índole regional, provincial o comunal.

Fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

La indicación número 37, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Hormazábal, consulta un artículo nuevo, que establece la obligación del Instituto Nacional de Estadísticas de compendiar anualmente las estadísticas atinentes a la venta de la prensa escrita que circule en el país y a la medición de audiencia de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva de libre recepción, nacionales y extranjeros, para lo cual llamará a licitación cada cuatro años y fiscalizará la correcta ejecución del contrato administrativo. Termina expresando que la Ley de Presupuestos del Sector Público asignará cada año recursos suficientes para la realización y publicación de dichas estadísticas.

El Presidente de la Comisión, H. Senador señor Otero reparó en que la indicación tiene por objeto establecer una nueva función para un servicio público, como es el Instituto Nacional de Estadísticas, lo que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 62, inciso tercero, número 2°, de la Constitución Política de la República, corresponde a una materia de la exclusiva iniciativa del Presidente de la República. En esa virtud, la declaró inadmisible, según prevén los artículos 24, inciso tercero, y 25 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. [2]

Artículo 8º

La Comisión estudió en conjunto las indicaciones 38 a 44, que se formularon en relación con el inciso primero de este artículo, donde se consagra el derecho de acceder a la información que obre en poder de una fuente pública. Ellas apuntan a dos ideas diferentes: por una parte, a precisar el contenido de la referida publicidad, y, por otro lado, a dilucidar los casos de excepción a ese derecho.

La indicación número 38, del H. Senador señor Díez, tiene por objeto señalar que las actuaciones de los órganos del Estado son públicas, sin perjuicio de la reserva o secreto que proceda en conformidad a la ley, salvo que su publicidad afecte los derechos constitucionales o la seguridad de la Nación.

La indicación número 39, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Hormazábal, por su parte, establece que las actuaciones de los órganos estatales y los documentos de cualquier naturaleza u origen que legalmente obren en su poder son públicos, sin perjuicio de las disposiciones legales de reserva adoptadas para el resguardo de la seguridad interior y la defensa externa del Estado, la preservación del interés nacional, la averiguación de los delitos y la protección de los derechos de las personas.

La indicación número 40, de la H. Senadora señora Feliú, propone acotar la publicidad a las actuaciones de los órganos del Estado y a sus actos administrativos decisorios legalmente tramitados.

La indicación número 41, del H. Senador señor McIntyre, restringe la excepción a la publicidad de la información a los casos en que la reserva o secreto que esté determinada legalmente, y a aquellos en que concurre alguna de las causales que enumera el precepto, eliminando la posibilidad de que se agreguen otras por vía reglamentaria.

La indicación número 42, del H. Senador señor Larraín, a su vez, establece como única excepción a la publicidad de la información la reserva o secreto legalmente establecida.

Las indicaciones números 43 y 44, de los HH. Senadores señores Fernández y Piñera, limitan las excepciones a los casos en que la reserva o secreto proceda legal o reglamentariamente, excluyendo las causales que la justificarían adicionalmente.

Durante el examen de estas indicaciones, el H. Senador señor Otero sugirió a la Comisión recoger las ideas que sustentan a varias ellas, dando una formulación nueva a este derecho. En efecto, agregó, pareciera razonable que la publicidad que se consagra en esta disposición no se refiera a todas las actuaciones de los órganos del Estado y a todos los documentos que obren en poder de dichos entes, sino que se centre en las actuaciones de verdadera relevancia.

Ello conduce a darle un carácter documental, esto es, que recaiga sobre instrumentos. En esa idea, le pareció indispensable que comprenda, en primer lugar, aquellas actuaciones de orden jurídico, o sea a los actos administrativos de los órganos del Estado, que debería hacerse extensivo, por su propia naturaleza, a los documentos, cualquiera fuere su origen o naturaleza, que les sirvan de sustento o complemento.

Por otra parte, recordó que, durante la discusión de este precepto durante el primer informe, se dejó constancia de que el acceso a la información privada debía hacerse a través de los cauces que el Estado ha considerado al efecto, es decir, por intermedio de los organismos públicos competentes, en especial aquellos a los que legalmente les corresponde supervigilar o fiscalizar a las entidades privadas, y, con ese propósito, se indicó que la publicidad de los documentos alcanza a aquellos “de cualquier naturaleza u origen que legalmente” obren en poder del Estado.

En esta ocasión, estimó necesario hacer explícita esa finalidad, en términos de establecer que son públicos los informes y antecedentes que las empresas privadas, que presten servicios de utilidad pública, proporcionen a las entidades estatales encargadas de su fiscalización, en la medida que sean de interés público.

Finalmente, sugirió contemplar como excepciones la reserva o secreto que procedan en conformidad a la ley, o los casos en que la publicidad afecte el debido cumplimiento de los funcionarios de los órganos del Estado, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

La Comisión estuvo conteste en regular, en la forma en que se ha señalado, la publicidad de la información proveniente de los órganos estatales.

En cuanto a los motivos que pueden justificar la negativa para proporcionar los antecedentes, se produjo en su seno una disparidad de criterios. El voto de mayoría, de los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, coincidió en mantener los criterios que se establecieron en el primer informe, pero con la salvedad de que la reserva o secreto esté establecida legalmente, o derive de alguna de las causas que se anuncian en el precepto, eliminando así la posibilidad que por vía reglamentaria se establezcan motivos distintos.

De conformidad a lo anterior, el principio de publicidad de los documentos de los órganos públicos en la forma que se ha expresado, reconoce dos órdenes de excepciones. La primera, el caso de que la ley establezca el secreto o reserva; y la segunda, cuando la publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de tales órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

El H. Senador señor Hamilton pidió dejar constancia que se inclinaba por esta posición porque es sabido que, como regla muy general, hoy día no existen disposiciones legales que establezcan la reserva o secreto para ciertos documentos del Estado, por lo que, si se consagrara como única excepción la ley, resultaría que, desde el momento en que entre a regir este cuerpo legal, no habría límites a la publicidad. De allí que estima necesaria la precisión de causas determinadas, plenamente justificadas, que permitan eventualmente al respectivo jefe de servicio excusarse de proporcionar la información. Pero destacó tal negativa no puede ser arbitraria, porque, si las circunstancias de hecho demuestran que es infundada, el interesado podrá acudir al tribunal competente, quien resolverá en definitiva.

El voto de minoría, de los HH. Senadores señores Fernández y Larraín, en cambio, fue partidario de fortalecer el principio de la publicidad de la actuación de los órganos del Estado, obligando a que las limitantes a tal principio se circunscriban solamente a los casos en que el deber de reserva o secreto esté establecido en la ley, la que podría tener en vista, para consagrarlo, razones que consistan en el debido cumplimiento de las funciones de tales órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional, pero, de contemplar separadamente estas causales, se estaría abriendo un espectro que podría hacer ilusoria la aplicación práctica del principio que se desea establecer con la norma.

En los términos expuestos, el H. Senador señor Díez retiró la indicación N° 38, declarando que su idea quedaba contemplada en el texto aprobado por la mayoría de la Comisión.

A su vez, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín Otero y Sule, quedó rechazada la indicación signada con el número 39, y se aprobaron las números 40 y 41, con las enmiendas a que se ha hecho alusión, y 42, sólo en lo que concierne a eliminar la referencia a los reglamentos.

Resultaron rechazadas por mayoría de votos las indicaciones signadas con los números 42 en lo restante, que atañe a suprimir las causas de negativa, 43 y 44. Lo hicieron en tal sentido, los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, en cambio que por la aprobación se pronunciaron los HH. Senadores señores Fernández y Larraín.

La indicación número 45, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, apunta que el Servicio al cual se pide la información puede pertenecer a la administración central o descentralizada, en su caso, y refiere la forma de proporcionarla al inciso precedente, que propusieron sustituir mediante la indicación N° 39.

Consideró la Comisión que la mención a la administración central o descentralizada no agrega ningún elemento nuevo, de conformidad a la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y que, en lo demás, la indicación perdió razón de ser desde el momento en que se rechazó la indicación N° 39.

Fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Las indicaciones números 46, 47 y 48, de los HH. Senadores señor Larraín, señor Piñera y señora Feliú, tienen por objeto puntualizar que la negativa fundada a entregar la información que pronuncie el jefe del Servicio respectivo, debe ser expresada por escrito.

La Comisión estimó apropiado que la decisión de negarse a entregar la información, que tendrá que estar fundada en su carácter de secreta o reservada, emanado directamente de la ley o de alguna de las circunstancias que se han expresado, conste de manera fehaciente, lo cual se logra de mejor manera exigiendo que se emita por escrito.

Fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule, las dos primeras en los mismos términos y la última con modificaciones.

La indicación número 49, del H. Senador señor McIntyre, tiene por objeto precisar en el inciso tercero que la resolución del tribunal que acoja la solicitud del interesado ha de ordenar que se haga pública la información, y no que se entregue al requirente.

La indicación número 50, del mismo H. Senador, incorpora un inciso nuevo, que establece como regla general que la facultad de obtener la información no comprende el derecho a obtener copia gratuita ni a sacar los documentos del servicio para copiarlos, y autoriza a los órganos del Estado para cobrar al interesado el costo de las copias que puedan sacarse de la información solicitada.

Ambas indicaciones, por estar estrechamente relacionadas, se estudiaron en conjunto.

La Comisión no compartió la primera, estimando que el propósito que se tiene en vista no es sólo el de permitir el acceso del particular a la información, sino que, si así lo requiere, el de que se le proporcione copia de ella.

En cuanto a este punto, coincidió en que, efectivamente, la publicidad de la información no conlleva el derecho a obtener gratuitamente copias, ni a retirar del servicio los documentos para esa finalidad. La entrega de la información no debe significar un detrimento económico para el órgano público, puesto que se impondría en definitiva sobre las arcas fiscales la satisfacción de un directo interés individual, que en algunas oportunidades, por el volumen de la información requerida, puede irrogar gastos de considerable magnitud. Tampoco sería congruente con el hecho de que, de acuerdo con lo aprobado en el primer informe en relación con el derecho de aclaración o rectificación, la persona que desee obtener una copia de la transmisión respectiva debe costear el valor del material utilizado en la reproducción.

Le pareció suficiente, sobre el particular, establecer que el costo del material empleado para entregar la información sea siempre de cargo del interesado, salvo las excepciones legales.

En virtud de lo anterior, se rechazó la indicación N° 49, y se aprobó la 50, con enmiendas, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

La indicación número 51, de los HH. Senadores señores Gazmuri, Hamilton y Hormazábal, en ese mismo sentido, declara que el gasto que irrogue a la fuente proporcionar la información solicitada, será de cargo del respectivo requirente, y que en ningún caso podrá derivarse lucro del acto de proporcionar la información pública.

Por estar comprendidas sus ideas dentro de la redacción aprobada para la indicación anterior, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule, con modificaciones.

La indicación número 52, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, consulta, a continuación del artículo 8º, un artículo nuevo, en cuya virtud se dispone que, cualquiera sea la naturaleza de la acción deducida y del procedimiento a seguir, en las causas que versen sobre la honra privada y pública de las personas, el tribunal deberá abstenerse de arbitrar medidas cautelares cuyos efectos equivalgan a establecer una censura previa a la opinión o información controvertida.

La Comisión desestimó esta indicación, por considerar que no se ajusta al artículo 73 de la Carta Fundamental, que entrega a los tribunales de justicia las facultades de conocer y resolver las causas sometidas a su conocimiento, lo que comprende la de disponer este tipo de medidas, como es particularmente evidente en materia de la acción o recurso de protección, que permite adoptar “las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.

En esa virtud, fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Las indicaciones números 53 y 54, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Hormazábal, contemplan otros artículos nuevos. Mediante el primero de ellos, se crea un Fondo, financiado con cargo a la ley de presupuestos, para la creación, fomento y desarrollo de medios de comunicación social de carácter regional, provincial o local, que administrará un Consejo compuesto de tres miembros designados por el Presidente de la República.

El segundo reputa medios de comunicación social de carácter regional, provincial o local aquéllos que limiten su distribución, en el caso de los de índole escrita, o su alcance, en el caso de los radiales o televisuales, a los ámbitos de una región, una provincia o una comuna, respectivamente.

El Presidente de la Comisión, H. Senador señor Otero declaró inadmisible la indicación N° 53, toda vez que incide en la administración financiera y presupuestaria de la Nación y entrega nuevas atribuciones al Presidente de la República, todo lo cual corresponde a materias de la exclusiva iniciativa del Jefe de Estado.

La indicación N° 54 fue desechada en forma unánime por los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 9º

Las indicaciones números 55, de los HH. Senadores señores Gazmuri, Hamilton y Hormazábal, 56 y 59, del H. Senador señor Larraín, y 57 y 60, del H. Senador señor Piñera, tienen por objeto limitar la inhabilidad que afecta a una persona natural para ser propietaria de un medio de comunicación social, o presidente, administrador o representante legal de una persona jurídica que sea dueña de un medio, consistente en que no esté procesada ni condenada por delito que merezca pena aflictiva, sólo al caso de que se encuentre condenada por un delito de tal naturaleza.

La Comisión tuvo presente que, ya con ocasión del primer informe, analizó los padrones de índole ético que deberían establecerse para tener las calidades de que se trata. En ese sentido, las opciones son dos: una, que sólo la condena por delito que merezca pena aflictiva puede colocar a una persona en la situación de imposibilidad de adquirirlas, y la otra, que el hecho de encontrarse procesado por un delito que esté sancionado con dicha pena es condición suficiente para prohibir que asuma alguna de esas calidades.

En beneficio de la primera opción, los HH. Senadores señores Fernández y Larraín estimaron que el hecho de que una persona sea sometida a proceso no es suficiente reproche que justifique inhabilitarla para que adquiera la propiedad de un medio de comunicación social o se desempeñe como presidente, administrador o gerente de la persona jurídica propietaria, ya que sólo la condena reviste la gravedad necesaria, al declarar que la persona afectada es culpable del delito que se le imputó. En esa medida, resulta ilógico que la simple resolución judicial de procesamiento baste para impedirle ejercer tales actividades, lo que es particularmente gravoso si se considera la duración habitual de un proceso criminal en nuestro país.

En cambio, los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule sostuvieron que, en nuestro ordenamiento jurídico penal, el auto de procesamiento está revestido de ciertas características de gravedad, consistentes en la existencia de presunciones fundadas de que la persona en contra de quien se dicta ha tenido algún grado de participación en un delito que se encuentra comprobado, y que, en este caso, se trata de un infracción criminal de envergadura, toda vez que debe tener asignada una pena de carácter aflictiva, esto es, igual o superior a tres años y un día.

Eso explica agregaron que la propia Constitución Política de la República, en su artículo 16, número 2, suspende el ejercicio del derecho de sufragio cuando la persona se encuentra procesada por delito que merezca pena aflictiva, sin perjuicio de que, si más tarde es condenado, pierde la calidad de ciudadano, conforme al artículo 17, número 2°; y que, por otra parte, en el artículo 58, inciso final, también suspende al diputado o senador desde el momento en que se declare haber lugar a la formación de causa en su contra, sin esperar tampoco la dictación de sentencia condenatoria.

Sometidas a votación, fueron rechazadas por mayoría de votos. Lo hicieron por el rechazo los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, y por la aprobación los HH. Senadores señores Fernández y Larraín.

La indicación número 58, del H. Senador señor Díez, agrega en forma alternativa al requisito de que las personas jurídicas que sean propietarias de un medio de comunicación social estén constituidas en Chile, el de que cuenten con agencia que las autorice para operar en nuestro país.

Explicó su autor que la proposición constituye una aclaración, para comprender casos como el de las agencias de sociedades anónimas extranjeras, que pueden operar legítimamente en Chile, cumpliendo los requisitos que establece al efecto la legislación nacional.

La Comisión estimó adecuada esta indicación, toda vez que la exigencia general que contempla la disposición respecto de las personas jurídicas que son propietarias de medios de comunicación social de estar constituidas en Chile pudiera resultar excesivo para las empresas extranjeras, especialmente en la época actual de la internacionalización de las comunicaciones, y es discordante con la facultad que tienen para realizar sus actividades en nuestro país mediante la constitución de una agencia.

En este orden de ideas, se acordó dejar constancia que el término "agencia" que utiliza la indicación se emplea en el mismo sentido en que se usa en la ley de sociedades anónimas.

Fue aprobada con ajustes de forma por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Las indicaciones números 61, de la H. Senadora señora Feliú, 62, del H. Senador señor Larraín, y 63, del H. Senador señor Piñera, persiguen que se aplique al propietario o al presidente, administradores o representantes legales de un medio, según corresponda, la cesación de toda función o actividad relativa a la administración del medio de comunicación social, sólo en caso de condena a pena aflictiva, y no, como prevé la norma, en virtud del auto de procesamiento.

Como consecuencia del rechazo de las indicaciones 55, 56, 57, 59 y 60, fueron desechados por mayoría de votos, con la misma votación que se señaló en esa oportunidad.

La indicación número 64, del H. Senador señor Díez, relativa al inciso segundo, sustituye la obligación de la persona jurídica de mantener al día los nombres de sus socios y el registro de accionistas, por la de mantener al día el nombre de los representantes legales y las copias de los documentos que acrediten su constitución y estatutos, sus modificaciones y los mandatos correspondientes.

Su autor explicó que el sentido de la indicación es eliminar el deber del medio de comunicación social de mantener al día los listados de sus socios o accionistas, aun cuando éstos tengan el carácter de públicos, ya que lo que interesa conocer si el medio está bien constituido y quiénes son los representantes legales respecto de los cuales hay que dirigirse, lo que se logra con la propuesta que formula.

La Comisión coincidió en que el precepto aprobado en el primer informe recoge la importancia que tiene la debida individualización de las personas naturales que sean propietarias de los medios de comunicación social o titulares de las concesiones o permisos, según sea el caso, como así también de quienes, en caso de que el propietario sea una persona jurídica, tengan la calidad de socios de ellas.

El H. Senador señor Fernández advirtió que, dadas las estructuras societarias que existen a nivel internacional, con esa exigencia se produce un problema práctico de difícil solución, ya que, aunque se quiera facilitar el pleno conocimiento de los propietarios de los medios, puede ocurrir que igualmente no sea posible conocer su individualización precisa, en la medida que los socios sean personas jurídicas y éstas, a su vez, estén formadas por otras sociedades, porque la norma sólo obliga a individualizar a los socios de la persona jurídica propietaria. Por otra parte, la obligación de que los registros societarios se mantengan constantemente actualizados presenta igualmente dificultades.

El H. Senador Larraín compartió estas ideas, señalando que entiende que la norma que exige la actualización de los registros de accionistas y el nombre de los socios de la persona jurídica propietaria de un medio cumplirá los objetivos de transparencia de estos aspectos en la medida de lo posible, porque no puede entrar a regir situaciones en que la práctica demuestre que resulta imposible obtener tales datos.

Sin perjuicio de esas prevenciones, la Comisión estimó pertinente que, al igual como se exige la actualización de los datos relativos al propietario persona natural, se formule idéntico requerimiento respecto de los socios de las empresas propietarias de medios. En esa misma perspectiva, entendió igualmente apropiado que se cuente con información actualizada de los documentos que acrediten la constitución de la misma y los estatutos que regulan su funcionamiento, como también de los respectivos mandatos.

Por lo anterior, la Comisión se manifestó conteste con la indicación reseñada, pero en términos de agregar las estipulaciones que considera y no para que reemplacen la mención de los nombres de sus socios y registros de accionistas, que también deberán mantenerse actualizados.

En esa virtud, fue aprobada, con las modificaciones indicadas, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Las indicaciones números 65 y 66, de los HH. Senadores señor Fernández y señor Piñera, proponen introducir al texto una precisión formal que ya se encuentra considerada, cual es el empleo del concepto de “radiodifusión”.

Con todo, a este respecto se estimó útil precisar que se trata de la radiodifusión “sonora” de libre recepción, para evitar equívocos acerca de su exacto alcance, en cuanto a que pudiera comprender también la radiodifusión “televisiva”.

De esa forma, se aprobaron, con modificaciones, por la misma unanimidad recién expresada.

Las indicaciones números 67 y 68, de los HH. Senadores señora Feliú y señor Piñera, proponen suprimir, en el inciso tercero, la expresión “extranjeras o chilenas”, que dice relación con la nacionalidad de las personas jurídicas que soliciten concesiones de radiodifusión de libre recepción.

Resultaron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

La indicación número 69, de los HH. Senadores señores Gazmuri, Hamilton y Hormazábal, tiene por objeto agregar un inciso nuevo a este artículo, en virtud del cual se impide que las sociedades en comandita por acciones, cuyo capital esté compuesto por acciones al portador, sean dueñas de medios de comunicación social.

La Comisión consideró atendible el propósito de la indicación, en el sentido de lograr el mayor grado de conocimiento público acerca de la individualización de las personas que sean propietarias de los medios de comunicación social.

No obstante lo anterior, observó que en Chile no es posible constituir sociedades cuyo capital esté compuesto por acciones al portador, y, entendiendo referida la disposición a sociedades extranjeras, carecería de eficacia, en la medida en que los mecanismos de resguardo que pudieran establecerse quedarían expuestos a ser burladas con facilidad.

A este respecto, le pareció suficientemente idónea la regla del inciso precedente, que obliga a tener actualizados los nombres de los socios y el registro de accionistas, según corresponda.

En definitiva, la indicación fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

La indicación número 70, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, consulta, a continuación del artículo 9º, un nuevo artículo, mediante el cual prohíbe que una misma persona natural o jurídica tenga, simultáneamente, la propiedad o la concesión de más de un medio de comunicación social de alcance nacional en el mismo mercado informativo. Para los efectos de tal prohibición, considera mercados informativos el de la televisión de libre recepción, el de los diarios y el de la radiodifusión sonora. Respecto de este último, permite sin embargo que una misma persona sea titular de una concesión de amplitud modulada y de una de frecuencia modulada.

Entiende que un medio es de alcance nacional cuando su cobertura geográfica comprende por lo menos seis regiones y más de la mitad de la población del país.

Por último, impide que una persona natural que participe en más del 50% del capital de una sociedad propietaria o concesionaria sujeta a la restricción anterior, lo haga también en otras sociedades que operen en dichos mercados.

El Ministro Secretario General de Gobierno, señor Brunner, destacó la conveniencia de contemplar en el mercado informativo nacional la mayor transparencia posible, lo cual va en directa relación con el número de personas que están en condiciones de participar en él. En ese sentido, creyó oportunas las disposiciones de la indicación, que van en la dirección de evitar que se concentre un mismo espectro informativo en un reducido número de personas, porque, en la práctica, la concentración de la propiedad de los medios evita que otras personas se integren al mercado informativo, lo cual pudiera llegar a ser incluso atentatorio para su normal desenvolvimiento. Hizo saber que los países que integran la Comunidad Europea, como también los Estados Unidos de América, poseen normas bastante restrictivas en este tipo de materias.

Sobre este tema, en el seno de la Comisión se plantearon dos argumentaciones.

Una, sustentada por los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero, fue de la idea de que la limitación que plantea la indicación pudiera ser atendible cuando el espectro informativo es por su naturaleza limitado, como ocurre con la radiodifusión sonora y televisiva, ya que en esa situación pudiera resultar lógico contemplar restricciones en las concesiones o permisos. Pero cuando aquél es ilimitado, como es el caso de la prensa, tales restricciones no resultan procedentes, porque siempre pueden fundarse nuevos medios, lo que produce una limitación natural. Por otra parte, el marco jurídico formal en el que cabe analizar con propiedad esta materia es el de la legislación antimonopolios, porque el tema debe ser abordado desde el punto de vista del funcionamiento de las actividades económicas, y no en una iniciativa que regula el ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar y del periodismo, en la que, si se incluyeran normas especiales, se discriminaría respecto de las que se aplican al resto de las actividades económicas, y se afectaría la libertad de las personas para crear medios de comunicación social.

Esta postura también fue sostenida por el H. Senador señor Piñera, quien expresó que la mejor forma de vigilar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social en unas pocas personas es la libertad que tienen los individuos de elegir el de su preferencia y para crear nuevos medios.

Una argumentación diferente sostuvieron los HH. Senadores señores Hamilton y Sule, quienes compartieron la línea de pensamiento del señor Ministro Secretario General de Gobierno, sosteniendo que los razonamientos anteriores olvidan señalar que, de hecho, el control del mercado en nuestro país por una o dos grandes cadenas de medios hace muy difícil la incorporación de nuevos medios de comunicación social.

En esa medida, consideraron que las restricciones que propone la indicación son correctas y tienen por objeto, precisamente, garantizar el pluralismo y la libertad de información.

La indicación fue desechada por mayoría de votos. Se pronunciaron por el rechazo los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero, y por la aprobación los HH. Senadores señores Hamilton y Sule.

La indicación número 71, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Hormazábal, asimismo, propone incorporar un artículo nuevo por el cual faculta a las personas naturales o jurídicas que, solas o asociadas con otras, sean propietarias de un diario o publicación periódica de circulación nacional, de una radio de cobertura nacional y de una concesión de frecuencia televisual de libre recepción de cobertura nacional, para acrecentar dicho multimedia accediendo al dominio de un solo medio más, cuando éste tenga exclusivamente circulación o cobertura regional, provincial o local o se trate de la concesión de un servicio limitado de televisión.

Teniendo en cuenta las mismas razones señaladas respecto de la indicación precedente, fue rechazada con igual votación.

Artículo 10

La indicación número 72, de los HH. Senadores señores Gazmuri, Hamilton y Hormazábal, propone sustituir el inciso segundo, en virtud del cual restringen los requisitos para ser director de un medio de comunicación social, o reemplazarlo, a ser chilenos, tener domicilio y residencia en el país, carecer de fuero y no haber sido condenados por delito que merezca pena aflictiva.

De esta forma, eliminan las exigencias de estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos, no estar procesados por delitos que merezca pena aflictiva y, en los dos últimos años, no haber sido condenados como reincidentes en delitos penados por esta ley.

La supresión del requisito de no estar procesado por delito que merezca pena aflictiva fue ampliamente debatido por la Comisión a propósito de las indicaciones 55, 56, 57 y 59, que proponían lo mismo respecto de los propietarios, presidentes, administradores, y representantes legales de los medios de comunicación social.

Por las mismas razones que se enunciaron al debatir tales indicaciones formuladas al artículo 9º, fue desechada, igualmente, por mayoría de votos. Se inclinaron por el rechazo, los HH. Senadores señores Otero, Hamilton y Sule y votaron por la aprobación los HH. Senadores señores Fernández y Larraín.

La indicación número 73, del H. Senador señor McIntyre, elimina para ejercer el cargo de director las exigencias relativas a no estar procesado ni haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva.

Fue rechazada por mayoría de votos, emitidos por los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, y recibió el voto favorable de los HH. Senadores señores Fernández y Larraín.

Las indicaciones números 74 y 75, de los HH. Senadores señores Larraín y Piñera, respectivamente, suprimen el requisito de no estar procesados por ese tipo de delitos.

Quedaron igualmente rechazadas, con la misma votación indicada anteriormente.

Las indicaciones números 76 y 77, de los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, respectivamente, proponen incluir dentro de las inhabilidades para desempeñar el cargo de director de un medio de comunicación social la circunstancia de haber sido condenados como autores de delitos reiterados.

La Comisión estimó oportuno efectuar esta precisión de índole procesal penal, toda vez que corresponden a situaciones diferentes la reincidencia y la reiteración. En efecto, en el primer caso, existe una condena preexistente por otro delito, y en cambio, en el segundo el autor ha perpetrado dos o más delitos, pero no ha sido antes condenado. Se coincidió en la conveniencia de que en ambos casos opere esta inhabilidad.

Se aprobaron en forma unánime por los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Las indicaciones números 78, de la H. Senadora señora Feliú, 79, del H. Senador señor Larraín, y 80, del H. Senador señor Piñera, tienen por finalidad limitar los efectos del auto de procesamiento por delito que merezca pena aflictiva respecto del director del medio y de quienes lo reemplacen, que consiste en suspenderlos de toda función o actividad relativa a la administración del medio de comunicación social y de toda función periodística. En virtud de la primera y de la última indicación, ese efecto sólo lo produce la sentencia condenatoria ejecutoriada.

Por los mismos fundamentos que se señalaron anteriormente respecto de las indicaciones al artículo 9º, fueron rechazadas por mayoría de votos. Se pronunciaron por el rechazo los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule y por la aprobación los HH. Senadores señores Fernández y Larraín.

Las indicaciones números 81, 82 y 83, de los HH. Senadores señor Díez, señora Feliú, y señor Piñera, respectivamente, sugieren agregar un inciso nuevo, destinado a eximir del cumplimiento de la nacionalidad chilena al director del medio de comunicación social, y a quienes lo reemplacen, en caso de que el medio usare o se publicare en un idioma distinto del castellano.

Creyó razonable la Comisión que la nacionalidad chilena sólo fuere exigible al director de un medio de comunicación social cuando este se publica, o efectúa sus transmisiones, en idioma castellano. Para este efecto, prefirió seguir la redacción propuesta en la indicación N° 81, que es más concisa.

Por lo anterior, resultaron aprobadas en forma unánime por los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule, con la redacción que se ha señalado.

Artículo 11

La indicación número 84, del H. Senador señor Díez, propone reemplazar en la letra c) del inciso tercero que contempla la identificación del director y de las personas que deban sustituirlo entre las menciones que debe reunir la presentación con la que el medio de comunicación social informa la iniciación de actividades la referencia a la cédula nacional de identidad por la de los documentos que acrediten la identidad del propietario.

El sentido de la indicación, según explicó su autor, es hacerse cargo de la posibilidad de que el propietario no sea chileno, caso en el cual la identidad no podrá acreditarse con un documento que sólo se extiende a quienes tiene la nacionalidad chilena. Por lo anterior, creyó adecuado establecer una mayor amplitud, con el objeto de que la persona pueda comprobar su identidad con otro tipo de documentos.

La Comisión estuvo de acuerdo con esa finalidad, pero observó que la alusión a los documentos que acrediten la identidad del propietario debe hacerse en la letra b), que es donde se requiere identificarlo, ya que en la letra c) se hace referencia al director.

En esos términos, se aprobó por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Las indicaciones números 85 y 86, de los HH. Senadores señora Feliú y señor Piñera, en sentido similar a la anterior, añaden en dicha letra c), en forma alternativa a la exigencia de señalar la cédula de identidad del director, la de consignar la cédula nacional de extranjería, en su caso.

Se prefirió en la Comisión, al igual que en el acuerdo anterior, aludir a los documentos que acrediten la identidad, por ser una expresión más amplia.

Se aprobaron de esa forma, con la misma votación que la indicación precedente.

La indicación número 87, del H. Senador señor Díez, reemplaza la letra e) del inciso tercero, para requerir, tratándose de una persona jurídica, los documentos constitutivos de ella, que son los de la apertura de la agencia en su caso, sus estatutos y los mandatos de sus representantes legales.

Por los mismos fundamentos que se expresaron al debatir la indicación número 64, del mismo H. señor Senador, se aprobó la indicación pero como aditiva, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

La indicación número 88, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, consulta añadir, en el inciso tercero, una letra nueva, en cuya virtud se dispone que la presentación de iniciación de actividades del medio de comunicación social deberá contemplar, cuando corresponda, la lista de otros medios de comunicación social que posea o en que se participe como accionista.

Los HH. Senadores señores Larraín y Otero expresaron que ya en una letra anterior se obliga a indicar los socios y su porcentaje de participación, y que esta otra información estará disponible también, como consecuencia de los datos que se exige proporcionar en cada caso respecto de los medios de comunicación social.

Se rechazó por mayoría al recibir los votos negativos de los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero, y los afirmativos de los HH. Senadores señores Hamilton y Sule.

La indicación número 89, del H. Senador señor Díez, suprime la oración final del inciso cuarto, que exime de informar los cambios en los accionistas o en la participación de capital, cuando el propietario del medio de comunicación social sea una sociedad anónima abierta.

Fue retirada por su autor.

La indicación número 90, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, radica en la Comisión Preventiva Central establecida en el decreto ley Nº 211, de 1973, sobre defensa de la libre competencia, la obligación de llevar el registro actualizado de los medios escritos de comunicación social existentes en el país, en reemplazo del Director de la Biblioteca Nacional.

El Presidente de la Comisión, H. Senador señor Otero la declaró inadmisible, en atención a que la indicación tiene por objeto suprimir una atribución de un organismo público y conferirla a otro, lo que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 62, inciso tercero, número 2°, de la Constitución Política de la República, corresponde a una materia de la exclusiva iniciativa del Presidente de la República.

La indicación número 91, del H. Senador señor McIntyre, consulta un inciso nuevo que exime del cumplimiento de la obligación de informar la iniciación de actividades y mantener actualizados los datos que contempla este artículo, a las publicaciones que se distribuyan internamente en instituciones públicas o privadas.

La Comisión compartió la idea que inspira la indicación, por cuanto no resulta necesario aplicar las disposiciones previstas para medios de comunicación social que van a ser difundidos públicamente a aquellos otros de carácter institucional, que sólo tiene difusión en un ámbito determinado.

Fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 13

Las indicaciones números 92, 93 y 94, de los HH. Senadores señora Feliú, señor Larraín, y señor Piñera, precisan que la obligación de poner el “pie de imprenta” en los ejemplares que se difundan, especificando el nombre de la persona o establecimiento responsable en el cual se ejecutó la impresión o producción, y el lugar y fecha, se aplicará sólo respecto de aquellos impresos, grabaciones sonoras o producciones audiovisuales destinados a ofrecerse “directa” y comercialmente al público.

La mayoría de la Comisión estimó clara la disposición, en cuanto hace recaer esta obligación en el material destinado a ofrecerse comercialmente al público, o sea, que éste puede adquirir para sí, y no aquel que simplemente aprecie cuando se difunda, por ejemplo, a través de la radiodifusión sonora o televisiva. Los avisos publicitarios de televisión o radio, por ejemplo, no se ofrecen comercialmente al público. Añadir el concepto de que la oferta sea directa sólo dificultaría la inteligencia de la norma, ya que podría inferirse que la indirecta es la que se hace a través de intermediarios.

Se rechazaron, al recibirse por la negativa los votos de los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, por la afirmativa el del H. Senador señor Fernández, y la abstención del H. Senador señor Larraín.

La indicación número 95, del H. Senador señor McIntyre, efectúa una corrección formal en la norma, en el sentido de hacer mención al establecimiento que ejecutó la impresión o producción, en vez de referirse a ellos como el establecimiento responsable en el cual se ejecutó tal actividad.

La Comisión convino en aludir a la persona responsable o establecimiento que ejecutó la impresión o producción, por estimar más precisos estos conceptos.

Fue aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Las indicaciones números 96, 97 y 98, de los HH. Senadores señora Feliú, señor Larraín y señor Piñera, precisan que el cumplimiento de la obligación de colocar el “pie de imprenta” rige sin perjuicio de cumplir “en su caso” con los demás requisitos fijados por la ley.

La indicación aclara el sentido y alcance del precepto, ya que refuerza la idea de que deben cumplirse otros requisitos, sólo si las leyes especiales aplicables a la obra o producción los contemplan, como, por ejemplo, los que establece la Ley de Propiedad Intelectual.

Quedaron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 14

Las indicaciones números 99 y 100, de los HH. Senadores señora Feliú y señor Piñera, proponen suprimir la obligación de efectuar el denominado “depósito legal”.

Se recordó por los integrantes de la Comisión que este tema fue debatido durante el primer informe con cierta latitud y que la solución a la cual se llegó concilia las necesidades de funcionamiento de los medios de comunicación social con los requerimientos de la Biblioteca Nacional de contar con un número de ejemplares que le permita cumplir sus funciones en forma adecuada.

El H. Senador señor Hamilton pidió dejar constancia de que la señora Directora de Bibliotecas, Archivos y Museos manifestó verbalmente su conformidad con el texto que se propone en el primer informe sobre esta materia.

En esa virtud, resultaron rechazadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

La indicación número 101, de la H. Senadora señora Carrera, propone limitar el depósito legal al envío de diez ejemplares a la Biblioteca Nacional, y, en lo demás, repone las disposiciones aprobadas en su oportunidad por la Cámara de Diputados.

Por las mismas consideraciones que se acaban de expresar, resultó igualmente desechada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Las indicaciones números 102 y 103, de los HH. Senadores señores Bitar, Muñoz Barra y Sule, y señor Zaldívar (don Andrés) respectivamente, fijan en quince ejemplares el depósito legal de los libros, periódicos, revistas u otros.

Fueron también rechazadas, con los votos de los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín y Otero y la abstención del H. Senador señor Sule.

La indicación número 104, del H. Senador señor McIntyre, establece un plazo de 30 días para el cumplimiento de la obligación de enviar los ejemplares a la Biblioteca Nacional.

La Comisión estuvo de acuerdo en la utilidad de fijar ese lapso para el cumplimiento de la obligación del depósito legal, aun cuando es evidente que puede reclamarse mientras no venza el plazo de prescripción de la acción, que se consigna en el artículo 25.

Se acogió por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

La indicación número 105, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, consulta un artículo nuevo, en virtud del cual se obliga a los diarios, revistas o escritos periódicos a proporcionar al público información oportuna y veraz sobre el número de los ejemplares que componen su edición y, en la forma y plazos que señale el respectivo reglamento, a verificar públicamente su circulación. La primera obligación se entiende cumplida mediante la publicación del número de ejemplares en un lugar destacado de aquellos medios.

Al ser sometida a votación, se pronunciaron a favor los HH. Senadores señores Hamilton y Sule; por la negativa los HH. Senadores señores Fernández y Larraín, y se abstuvo el H. Senador señor Otero. Repetida la votación, se mantuvo el mismo resultado, que se conservó luego de aplicar las disposiciones reglamentarias para dirimir los empates, con lo cual se dio la proposición por desechada.

Artículo 15

Las indicaciones números 106 y 107, de los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, respectivamente, suprimen la coma (,) que sigue a la palabra “magnetofónica”.

Fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Las indicaciones números 108, 109 y 110, de los HH. Senadores señora Feliú, señor Larraín y señor Piñera, en su caso, disminuyen de veinte a siete el número de días que los servicios de radiodifusión sonora o televisiva están obligados a conservar la copia o cinta magnetofónica de sus programas de origen nacional que se señalan.

La Comisión juzgó mayoritariamente que el plazo de conservación de las cintas resulta prudente para satisfacer el propósito de permitir el ejercicio del derecho de aclaración y rectificación, para el cual se conceden precisamente los veinte días en el artículo 18.

Debido a lo anterior, se rechazaron por mayoría de votos. Se manifestaron por la negativa los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule, y por la aprobación el H. Senador señor Larraín.

Artículo 17

Las indicaciones números 111 y 112, de los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero y señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, disponen que el derecho del ofendido o injustamente aludido en alguna transmisión sonora o televisa a requerir directamente la entrega de una copia fiel de la transmisión, pagando el valor del material empleado para la reproducción, se ejerza pagando el valor de la cassette o entregando una apta.

El H. Senador señor Otero explicó que la propuesta tiene por objeto hacer más expedito el cumplimiento de esta disposición. Como el "valor del material empleado para la reproducción" puede ser difícil de determinar, la idea es que la persona pague el valor de la cassette o cinta, o bien proporcione una para que sea usada o reemplace la que se utilice.

La Comisión coincidió con esta proposición pero, para darle la suficiente amplitud a la norma, prefirió mantener la referencia al material que se emplee en la reproducción, en vez de señalar un soporte específico, cual es la cassette.

A la vez, puntualizó que, en el evento de que el interesado opte por el pago, deberá costear “sólo” el valor de ese material, para evitar cobros por otro concepto, que puedan debilitar en la práctica el ejercicio del derecho de aclaración o rectificación. En consecuencia, el interesado podrá pagar el valor del material o entregarlo para estos propósitos.

Fue aprobada con esos cambios en forma unánime por los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Las indicaciones números 113, 114, 115 y 116, de los HH. Senadores señora Feliú y señores Larraín, Díez y Piñera, proponen exigir que el ofendido o injustamente aludido pague el costo de la reproducción que está solicitando, en vez del valor del material empleado.

Como consecuencia del acuerdo precedente, y teniendo en cuenta que el “costo” implica añadir al valor del material una serie de conceptos cuya naturaleza y cuantía determinaría el propio medio de comunicación social, se rechazaron por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 18

Las indicaciones números 117, 118 y 119, de los HH. Senadores señora Feliú, señor Larraín, y señor Piñera, proponen reemplazar el inciso segundo, con el objeto de, obligar a que las aclaraciones y las rectificaciones se circunscriban, en todo caso, a la alusión directa de la información que las motiva, y nunca excedan de 600 palabras, o de un minuto, en el caso de la radiodifusión sonora o televisiva.

La mayoría de la Comisión decidió mantener el criterio adoptado en el primer informe, por entender que el número de mil palabras y de dos minutos que se señalan como máximo en la disposición resulta adecuado para los efectos de dar una efectiva garantía al derecho de aclaración y rectificación, en la medida que permite ajustarse a la extensión que pueda haberse dado a la información de que se trate.

Fueron rechazadas por mayoría de votos. Lo hicieron por el rechazo los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, y por la aprobación los HH. Senadores señores Fernández y Larraín, quienes consideraron que el número máximo de palabras y de minutos resulta excesivo para las condiciones de funcionamiento de los medios de comunicación social, especialmente la televisión.

Las indicaciones números 120 y 121, de los HH. Senadores señores Larraín y Piñera, plantean que la persona a la cual debe efectuarse la notificación del requerimiento en que se solicita al medio efectuar la aclaración o la rectificación, en defecto del director, sea la que “legalmente” lo reemplace.

La mayoría de la Comisión discrepó del propósito de la indicación, ya que bastaría no conferir poder a ninguna persona para entrabar el cumplimiento de la norma. Recordó que fue en el informe de la Excma. Corte Suprema que se sugirió facilitar la práctica de la notificación, en términos de que incluso pueda ser efectuada a través de cualquier persona que se encuentre y atienda en el lugar de ubicación de la oficina principal de la entidad. La indicación va en el sentido opuesto al espíritu de la disposición, de establecer facilidades para las personas cuando estén haciendo uso de su derecho a la aclaración o rectificación de determinada información aparecida en los medios de comunicación.

Sometidas a votación, se desecharon con la misma votación señalada para las indicaciones anteriores, es decir, estuvieron por la aprobación los HH. Senadores señores Fernández y Larraín, y por el rechazo los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule.

La indicación número 122, de la H. Senadora señora Feliú, del mismo modo, puntualiza que la única otra persona a la cual puede notificarse el requerimiento, además del director, es quien legalmente lo reemplace, en el domicilio legalmente constituido.

Las indicaciones números 123 y 124, de los HH. Senadores señores Larraín y Piñera, respectivamente, permiten que la notificación se efectúe solamente al director o a la persona que lo reemplace, en el domicilio legalmente constituido.

Estas tres indicaciones fueron rechazadas, por las razones expresadas respecto de las indicaciones 120 y 121, por mayoría de votos. Se pronunciaron por rechazarlas los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, y por aprobarlas los HH. Senadores señores Fernández y Larraín.

Artículo 19

Las indicaciones números 125, 126 y 127, de los HH. Senadores señor Núñez; señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, respectivamente, tienen por objeto eliminar la posibilidad de que el medio de comunicación social destine una sección especial para publicar las aclaraciones o rectificaciones que sean procedentes, de forma tal que perentoriamente deberá hacerlo en la misma página o sección en que se publicó la información.

La mayoría de la Comisión compartió el sentido de esta propuesta, que tiende a evitar que las características con que el medio de comunicación publique la aclaración sean menos destacadas de aquellas en que difundió la información. La práctica demuestra que las secciones destinadas para estos efectos por los medios escritos no permiten que la aclaración tenga el mismo grado de difusión que la información que la origina.

El H. Senador señor Fernández arguyó que la exigencia de publicar la aclaración o rectificar en la misma página y con similares características de la información que las provoca, es prácticamente imposible de cumplir, cuando la información se ha difundido en titulares de primera página, por ejemplo. Por ello, estimó pertinente mantener la disposición en los mismos términos como está propuesta, que recoge la modalidad de publicar las aclaraciones o rectificaciones de las informaciones en una sección especial, que usualmente se denomina “cartas al director”.

En atención a tales razonamientos, las indicaciones fueron aprobadas por cuatro votos contra uno. Lo hicieron por la afirmativa los HH. Senadores señores Hamilton, Larraín, Otero y Sule y en contra lo hizo el H. Senador señor Fernández.

La indicación número 128, del H. Senador señor Díez, sustituye el inciso tercero, que establece la oportunidad en la cual debe hacerse la rectificación o aclaración, con el fin de precisar que ha de hacerse en la primera edición o transmisión que reúna las características indicadas en el inciso primero, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la entrega del requerimiento; plazo que en el caso de una publicación escrita se empezará a contar desde la medianoche del día de la entrega. Agrega que si la publicación o transmisión no es diaria, la aclaración o rectificación deberá hacerse en la publicación más próxima de ella.

Las indicaciones números 129, 130 y 131, de los HH. Senadores señora Feliú, y señores Larraín y Piñera, en su caso, persiguen similares objetivos a la reseñada anteriormente. Establecen que la difusión destinada a rectificar o aclarar se hará, a más tardar, en la primera edición o transmisión que reúna las características indicadas, pero que se efectúe después de las veinticuatro horas siguientes a la entrega de los originales que la contengan. En caso de que se trate una publicación que no aparezca todos los días, fijan un plazo de setenta y dos horas antes de la publicación del respectivo ejemplar para la entrega del escrito de aclaración o rectificación.

En relación con la indicación 128, explicó el H. Senador señor Díez que tiene por finalidad permitir que en la práctica el medio de comunicación social pueda cumplir con la obligación que se le impone en este artículo, y para ello se puntualiza que la aclaración debe efectuarse dentro de las 24 horas desde la entrega del requerimiento, en la primera edición o transmisión que tenga las características señaladas en la ley. Como puede ocurrir que exista una publicación en marcha, en el caso de los medios de comunicación social escritos, se especifica que ese lapso de horas se empezará a contar desde la medianoche del día de la entrega.

La Comisión convino en que esta proposición mejora la idea de que la rectificación se realice con las características y en la oportunidad debida, compatibilizándola con las posibilidades prácticas de difundirla que tienen los medios de comunicación social. En particular, en lo que respecta al inicio del cómputo del plazo para publicar la aclaración o rectificación cuando se trate de una publicación escrita.

Respecto de la indicación 130, el H. Senador Larraín explicó que apunta fundamentalmente a permitir que los medios de comunicación escritos que no se publican todos los días puedan organizar adecuadamente sus ediciones, para lo cual se establece una anticipación mínima de entrega de la aclaración o rectificación de 72 horas.

La Comisión estimó adecuada esta sugerencia, si bien consideró que el plazo de 72 horas, teniendo presente las modalidades de funcionamiento normal de estos medios de comunicación social, es excesivo, por lo que lo fijó en 48 horas.

Las indicaciones fueron aprobadas, con modificaciones, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Las indicaciones números 132, 133 y 134, de los HH. Senadores señor Núñez; señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, proponen agregar en el inciso cuarto, como nueva circunstancia en que se presume la negativa del director a difundir la aclaración o rectificación lo que habilita para accionar ante el juez letrado competente el hecho de no publicarla o difundirla en los términos establecidos en el inciso primero, o sea, íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página y con similares características de la información que la hubiere provocado, o en un lugar destacado de la misma sección.

La Comisión juzgó pertinentes las indicaciones, pero, observando que esas reglas se aplican a los medios de comunicación social escritos, y que para la radio y televisión existen disposiciones especiales, hizo referencia a ambos preceptos, contemplados en los incisos primero y segundo de este artículo.

Resultaron aprobadas en los términos por la unanimidad de sus integrantes presentes, HH. Senadores señores Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 20

La indicación número 135, del H. Senador señor Díez, permite que el derecho de aclaración o rectificación sea ejercido por el cónyuge o los familiares del afectado no sólo si éste ha fallecido, sino que también en caso de ausencia suya.

Fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 23

La indicación número 136, de la H. Senadora señora Feliú, restringe el ejercicio de la acción para denunciar las infracciones al Título II sólo al Gobernador Provincial, excluyendo al Intendente Regional y al Director de la Biblioteca Nacional.

La Comisión consideró que no se justifican tales exclusiones, considerando que una de las infracciones consiste en el incumplimiento de la obligación del medio de comunicación de dar aviso del inicio de actividades y actualizar los datos respectivos, y la otra en el incumplimiento del depósito legal, materias en las cuales cabe intervención precisamente a esos funcionarios. Por lo demás, la eliminación del Director de la Biblioteca Nacional se habría justificado si se hubiese acogido la indicación N° 99, de la misma autora, que proponía suprimir el depósito legal, lo que no ocurrió.

Se rechazó por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Las indicaciones números 137 y 138 de los HH. Senadores señores Larraín y Piñera, eliminan la facultad del Director de la Biblioteca Nacional para interponer la denuncia en caso de incumplimiento del depósito legal.

La primera de ellas fue retirada por su autor, y la segunda fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, HH. Senadores señores Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 24

La indicación número 139, del H. Senador señor McIntyre, obliga a que la denuncia por infracciones a las formalidades establecidas para el funcionamiento de los medios de comunicación social sea notificada necesariamente por cédula.

La Comisión concordó en que la forma de notificación de la denuncia de este tipo de infracciones a que alude la norma la misma que se señala para notificar el requerimiento en que se pide efectuar la aclaración o rectificación resulta más expedita, y resguarda suficientemente el conocimiento efectivo de ella por parte del medio, ya que debe practicarse al director, a la persona que lo reemplace o a quien se encuentra y atiende en el lugar de ubicación de la oficina principal, o de las plantas de transmisión u oficina de ellas.

En esa virtud, fue rechazada por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Las indicaciones números 140 y 141, de los HH. Senadores señora Feliú, y señor Piñera, en su caso, contemplan un plazo de 30 días para efectuar la notificación de la denuncia, pasado el cual se entenderá desistida.

La Comisión no compartió la indicación, ya que mientras no se notifique la denuncia, no produce ningún efecto. Por lo demás, no resulta apropiado tenerla por desistida, estando pendiente los plazos de prescripción de la acción.

Quedaron desechadas por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Las indicaciones números 142, 143 y 144, de los HH. Senadores señora Feliú, y señores Larraín y Piñera, efectúan una modificación de redacción en la letra c) del inciso primero, para sustituir la palabra "ofertada" por "ofrecida".

No obstante que ambas expresiones provienen de la misma raíz latina y son sinónimos, de acuerdo al Diccionario, se estimó por la Comisión que esta última resulta más acorde con la legislación procesal, por lo que resultaron aprobadas en forma unánime por los integrantes presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 25

Las indicaciones números 145, 146 y 147, de los HH. Senadores señora Feliú, y señores Larraín y Piñera, respectivamente, reducen de un año a seis meses el plazo de prescripción de las acciones para perseguir las infracciones por cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título II, y no sólo las de colocar el “pie de imprenta” y de efectuar el “depósito legal”.

La mayoría de la Comisión consideró que no resulta pertinente efectuar cambios en esta materia, habida consideración en especial que hacer referencia a todo el Título II del proyecto de ley donde se regulan las formalidades para el funcionamiento de los medios de comunicación social, importaría que, entre otras materias, la vulneración de los requisitos para ser propietario, presidente, administrador o representante legal de un medio de comunicación social, por ejemplo, sólo podrían ser denunciados dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que asumieran esas calidades, lo que restaría toda eficacia a esas disposiciones.

Por lo anterior, fueron rechazadas por los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, recibiendo el voto por la aprobación del H. Senador señor Larraín.

Artículo 26

La indicación número 148, del H. Senador señor Larraín, tiene por objeto precisar que las denuncias por infracciones a las normas sobre el derecho de aclaración y rectificación, pueden consistir tanto en acciones civiles como criminales, por lo cual reemplaza la palabra “denuncias” por la frase “acciones civiles o criminales”.

Las indicaciones números 149, 150 y 151, de los HH. Senadores señora Feliú, y señores Díez y Piñera, respecto del mismo punto, proponen agregar al concepto de “denuncias” el de “querellas”.

La Comisión creyó más adecuada la propuesta de estas últimas tres indicaciones.

En atención a lo anterior, el H. Senador señor Larraín retiró su indicación, y resultaron aprobadas las restantes por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 28

Las indicaciones números 152, 153, 154 y 157, de los HH. Senadores señora Feliú, y señores Larraín, Piñera y Diez, respectivamente, tienen por objeto precisar el momento en que el tribunal deberá alzar la medida de suspensión del medio de comunicación social ordenada porque éste no publicó la aclaración o rectificación dentro del plazo que le señaló al efecto.

Las tres primeras indicaciones señalan que ello procederá cuando el propietario del órgano en que deba efectuarse la publicación o el concesionario de la estación radiodifusora o televisiva se comprometa a insertar o difundir la respuesta en la primera edición o transmisión próximas. La última de ellas, a su vez, puntualiza que dicho alzamiento será pronunciado desde el momento en que la multa sea pagada y se acompañe declaración jurada en que se obligue a cumplir cabalmente la obligación impuesta en la primera edición o transmisión más próxima.

La Comisión recogió la idea contenida en ambas propuestas de permitir el alzamiento de la suspensión contra el compromiso de difundir en la primera edición o transmisión más próxima la aclaración o rectificación. Desde el punto de vista de la redacción, prefirió seguir la indicación N° 157, que requiere el pago previo de la multa y el otorgamiento de declaración jurada, añadiendo que ello ha de efectuarlo el director del medio, quien es el que desobedeció la orden judicial, sin perjuicio, por cierto, de la responsabilidad solidaria en cuanto al pago de la multa que se consagra más adelante.

Fueron aprobadas con modificaciones por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Las indicaciones números 155 y 156, de los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, recomiendan puntualizar en el mismo inciso segundo que las sanciones de multa y suspensión del medio de comunicación social se decretarán si no se difunde la aclaración o rectificación dentro de plazo “y en los términos establecidos en los incisos primero y segundo del artículo 19, según el caso”, esto es, en la forma en que legalmente debe difundirse.

En atención a que los incisos primero y segundo aludidos se refieren a medios de comunicación social distintos, se estimó pertinente mencionarlos en forma disyuntiva.

Con ese cambio, se aceptaron por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Las indicaciones números 158 y 159, de los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, respectivamente, proponen que en el epígrafe del párrafo 3° se haga mención tanto a los delitos como a los abusos cometidos a través de un medio de comunicación social.

El H. Senador señor Otero explicó que esta indicación tiene por objeto guardar la debida concordancia con el texto constitucional del número 12 del artículo 19, que establece la obligación de todas las personas, entre ellas los medios de comunicación social, de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de las libertades de opinión y de información. Especificó que, como el abuso es diferente del delito, porque se inscribe en el contexto de la responsabilidad civil extracontractual, debe dársele un tratamiento separado. Recordó que, en la intervención que hizo ante la Comisión, con ocasión de este segundo informe, el profesor de Derecho Penal señor Luis Ortiz estimó razonable considerar el abuso como delito o cuasidelito civil.

El H. Senador señor Díez apuntó que siempre debe responderse por los abusos que se cometan a través de un medio de comunicación social, aunque no lo establezca la ley, ya que la responsabilidad tiene su base directa en los preceptos de la Constitución Política.

El H. Senador señor Hamilton y el señor Ministro Secretario General de Gobierno sostuvieron que la modalidad particular que el proyecto de ley contempla para responder por los abusos es a través del ejercicio del derecho de aclaración y de rectificación.

Después de intercambiar otras opiniones, la Comisión decidió pronunciarse al conocer la propuesta de fondo sobre esta materia, contenida en las indicaciones números 187 y 188, las que, en su oportunidad, fueron desechadas.

Consecuentemente, estas indicaciones se dieron por rechazadas con idéntica votación, vale decir, los votos negativos de los HH. Senadores Fernández, Hamilton y Sule y el voto a favor del H. Senador Otero.

Artículo 29

Las indicaciones números 160, 161, 162 y 163, de los HH. Senadores señora Feliú y señores Larraín, Piñera y Díez, precisan que, para que sea sancionada la realización de publicaciones o transmisiones que conciten el odio, la hostilidad o el menosprecio respecto de personas o colectividades en razón de su raza, religión o nacionalidad, esa conducta debe ser ejecutada maliciosamente.

Los HH. Senadores señores Díez y Larraín explicaron que las indicaciones de su autoría tienen por objeto precisar que el castigo de estas conductas requiere de un dolo específico, sin que baste la sola producción del resultado objetivo, consistente en el odio u hostilidad en contra de determinadas personas. Estimaron necesario incorporar esta precisión en el artículo para determinar con exactitud sus alcances.

Por su parte, los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule consideraron que la proposición sólo reitera la exigencia de dolo que es propia de cualquier delito, es decir, la necesidad de que quien incurre en una acción tipificada penalmente lo haga con la voluntad de realizarla, por lo que es redundante.

Sometidas a votación, resultaron rechazadas por mayoría de votos. Se pronunciaron por el rechazo los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, y por la aprobación los HH. Senadores señores Fernández y Larraín.

Las indicaciones números 164 y 165, de los HH. Senadores señores Muñoz Barra y Ominami, y señor Urenda, proponen agregar a la multa, que se establece como sanción para esta conducta, la pena de reclusión menor en su grado mínimo.

La Comisión no fue partidaria de incorporar una pena privativa de libertad, prefiriendo conservar el marco sancionatorio de índole pecuniario que se establece para este delito, por lo que rechazó estas indicaciones por la unanimidad de sus integrantes, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

La indicación número 166, de la H. Senadora señora Feliú, reduce a la mitad el monto mínimo y el máximo de la multa que se considera en esta disposición, que va de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. Hace lo propio con la cuantía máxima establecida para el caso de reiteración, ascendente a 200 unidades tributarias mensuales.

La Comisión coincidió en que su ánimo de no incorporar sanciones privativas de libertad en este orden de materias, se relaciona con la idea de que las penas pecuniarias sean de un monto importante. Sin embargo, en atención al escaso patrimonio con que funcionan ciertos medios de comunicación social en algunas regiones del país, compartió la necesidad de reducir el límite mínimo de penalidad, de suerte que la extensión de la pena vaya desde 25 a 100 unidades tributarias mensuales. Ello, junto con la posibilidad de que en caso de reincidencia la multa se eleve hasta 200 unidades tributarias mensuales, permitirá que el juez determine en cada situación el monto que sea apropiado.

En consideración a lo anterior, se aprobó parcialmente la indicación, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule.

Artículo 30

Castiga los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, con las penas corporales señaladas en el artículo 413, 418, inciso primero, y 419 del Código Penal, y con multas de veinte a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales en los casos del número 1 del artículo 413 y del artículo 418; de veinte a cien unidades tributarias mensuales en el caso del número 2 del artículo 413 y de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales en el caso del artículo 419. [3]

Las indicaciones signadas con los números 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 y 174, de los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, tienen por objeto, en su conjunto, readecuar las sanciones que corresponde aplicar en cada caso.

Así, las indicaciones números 167 y 168 intercalan, a continuación de la expresión “los artículos 413”, las palabras “inciso primero”, precedidas de una coma (,); las números 169 y 170 suprimen la expresión “Nº 1 del”; las números 171 y 172 eliminan la expresión “y del artículo 418”, y, finalmente, las números 173 y 174 suprimen la frase “de veinte a cien unidades tributarias mensuales en el caso del Nº 2 del artículo 413 y”.

Explicó uno de sus autores, el H. Senador señor Otero, que las indicaciones enunciadas se basan en dos ideas: por una parte, que la comisión del delito de calumnias a través de un medio de comunicación social es una situación de gravedad que debe ser sancionada de manera rigurosa, y por otra, que no habría razón para efectuar distinciones, como lo hace el artículo 413 del Código Penal, sobre si lo que se está imputando falsamente es un simple delito o un crimen, toda vez, que ambas situaciones son igualmente graves para la honra personal, e incluso, en ciertas circunstancias puede resultar peor la imputación de un simple delito que la de un crimen.

Los demás integrantes de la Comisión estuvieron en desacuerdo con las ideas que sustentan las indicaciones descritas, porque comparten la lógica que sigue el artículo 413 del Código Penal de establecer penas diversas según sea la naturaleza de la conducta típica imputada, esto es, aceptando que la imputación de un crimen es más grave que la de un simple delito. Por otra parte, consideraron que los delitos de calumnia y de injuria, en la medida que se cometan por escrito y con publicidad, suponen su propagación a través de algún medio de comunicación social, por lo que no justifica el castigo de tales conductas con mayor severidad el hecho de que sean propagadas por alguno de estos medios.

Al ser sometidas a votación, resultaron rechazadas todas por mayoría de votos. Se pronunciaron por el rechazo los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín y Sule y por la aprobación el H. Senador señor Otero.

Las indicaciones números 175, 176 y 177, de los HH. Senadores señora Feliú, y señores Larraín y Piñera, agregan dos nuevos incisos de idéntico tenor al artículo 33 del texto de la Cámara de Diputados, que, reproduce, a su vez, las normas de los dos últimos incisos del artículo 21 de la Ley de Abusos de Publicidad, relativos a las circunstancias que hacen admisible probar la excepción de verdad en el delito de injurias, cuando ha sido cometida a través de algún medio de comunicación social.

El H. Senador señor Larraín aclaró que la indicación tiene por objeto señalar los casos en los cuales el inculpado podrá excepcionarse de responsabilidad en virtud de la demostración de la verdad de los hechos imputados. Destacó que debe concurrir, además, alguna de las circunstancias que se describen, esto es, que la imputación se produjere con motivo de defender un interés público real; que el afectado ejerciere funciones públicas y la imputación se refiera a hechos propios concernientes a tal ejercicio; que la imputación aludiere a directores o administradores de empresas comerciales, industriales o financieras, que solicitaren públicamente capitales o créditos y versare sobre hechos relativos a su desempeño en tales calidades, o sobre el estado de los negocios de las empresas en cuestión; o que la imputación se dirigiere contra algún testigo en razón de la deposición que hubiere prestado, o de un ministro de un culto permitido en la República sobre hechos concernientes al desempeño de su ministerio.

El H. Senador señor Hamilton puso de relieve que los tribunales de justicia, a través de su jurisprudencia mayoritaria, han dado al delito de injurias una interpretación injustificadamente restrictiva, estimando que no se comete si no se acredita el ánimo de injuriar, lo que es equivocado como reconoció ante esta Comisión el Profesor de Derecho Penal don Luis Ortiz Quiroga. Este Profesor dejó en claro que lo que la ley requiere no es más que el dolo, que está constituido en la injuria por la voluntad de querer decir o expresar lo que se manifiesta, con conocimiento de la aptitud ofensiva que tienen los términos que se emplean.

Consideró que, si a esa tendencia jurisprudencial errónea se agregan los preceptos que se proponen las indicaciones, se haría absolutamente ilusorio el castigo de la injuria, al ofrecerse a su autor una serie de otras posibilidades para eximirse de responsabilidad.

Sostuvo, además, que no resulta oportuno modificar las reglas generales del Código Penal lo que, por otro lado, responde al criterio seguido por la Comisión al analizar las diversas disposiciones penales contempladas en el proyecto de ley en estudio mediante la inclusión de normas especiales en una legislación como ésta.

El H. Senador Otero, a su vez, afirmó que los incisos finales del artículo 21 de la Ley de Abusos de Publicidad, que las indicaciones están reponiendo, se sitúan en un contexto distinto del que se ha establecido para esta iniciativa, ya que la referida ley sanciona el delito de difamación, que ahora se ha eliminado.

En el marco de la ley vigente, precisó, se entiende que el imputado de un delito de injurias cometido a través de un medio de comunicación social cuente con mayores posibilidades para excusar su responsabilidad, demostrando la verdad de las aseveraciones que había expresado. En cambio, continuó, en el contexto que se está dando a esta iniciativa legal, lo apropiado es que la responsabilidad que se derive de la comisión de dicho delito se sujete a las normas generales que establece el Código Penal, dentro de los cuales el artículo 420 dispone que al acusado de injuria no se le admitirá prueba sobre la verdad de las imputaciones, sino cuando fueren dirigidas contra empleados públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo, caso en el cual el acusado será absuelto si probare la verdad de las imputaciones.

La mayoría de la Comisión coincidió en la idea de que resulta pertinente aplicar al delito de injurias las normas generales del Código Penal que, salvo el caso recién expresado, impiden excepcionarse probando la verdad de las afirmaciones, por ser consecuente con el criterio de orden general adoptado por la Comisión en el primer informe.

Fueron rechazadas por mayoría de votos. Se pronunciaron por el rechazo los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule y por la aprobación los HH. Senadores señores Fernández y Larraín.

Las indicaciones números 178 y 179, de los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, disponen que la conducta descrita en el inciso segundo del Nº 4 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, será sancionada con multa de una a veinte unidades tributarias mensuales.

El H. Senador señor Otero explicó que las indicaciones tienen por finalidad dar cumplimiento al mandato constitucional que remite a la ley el establecimiento de la sanción que deba aplicarse al delito que comete quien vulnere el respeto y protección de la vida privada y pública y la honra de una persona y de su familia. Agregó que aceptaban que la sanción que se aplique por la imputación de un hecho o acto falso o que cause injustificadamente daño o descrédito, no sea una pena corporal, sino que una multa, incluso de baja cuantía, pero ya de esa forma el legislador da cumplimiento a la Constitución en orden a establecer una sanción para este delito.

Puntualizó que, por otro lado, el principio constitucional de igualdad ante la ley, que inspira todo nuestro ordenamiento jurídico, presenta en este ámbito una clara deficiencia que es necesario resolver, porque la protección de la honra personal del particular ofrece una importante desigualdad con la de las altas autoridades públicas. Respecto de estas últimas, la Ley de Seguridad del Estado declara en su artículo 6°, letra b), que cometen delito contra el orden público los que las “difamen, injurien o calumnien”, sea que la difamación, injuria o calumnia se cometa con motivo o no del ejercicio de las funciones del ofendido, vale decir, otorga un importante ámbito de protección, con varias herramientas para enfrentar este tipo de situaciones, de las que carece el particular.

En este orden de consideraciones, trajo a colación las expresiones vertidas ante la Comisión por el profesor de Derecho Penal, señor Luis Ortiz, quien, si bien sostuvo que en nuestro país el delito de difamación estaría incluido en el de injuria, porque lo que en el derecho comparado se llama difamación no sería otra cosa que la injuria difamatoria, esto es, la injuria que afecta el honor en el sentido de reputación, de crédito personal, se vio en la necesidad de reconocer que el delito de injuria no ha sido correctamente interpretado en nuestro país por la jurisprudencia mayoritaria.

El H. Senador señor Fernández, por su parte, creyó que la materia en análisis corresponde a uno de los aspectos fundamentales del proyecto de ley en estudio.

Discrepó del planteamiento del H. Senador señor Otero, ya que entiende que el mandato constitucional no significa que el legislador se encuentre en la obligación de aprobar una normativa que le de aplicación, sino que debe determinar el momento en que lo hará o si revisará dicho mandato, mediante una reforma constitucional, como lo ha propuesto en la especie. [4] En esa idea, manifestó que el momento actual, en que existen diversos sectores interesados en derogar la norma constitucional, no constituye la oportunidad adecuada para aprobar una regulación legal que la desarrolle.

A su vez, el H. Senador señor Hamilton destacó que en esta materia están en juego dos derechos fundamentales de la persona humana: el de la libre expresión y el de la honra, y, al respecto, la legislación vigente contempla mecanismos idóneos para proteger la honra de la persona humana: la consagración del derecho de aclaración y de rectificación que en esta iniciativa de ley ha sido fortalecido y las sanciones penales por los delitos de injurias y calumnias.

Aunque admitió la dificultad existente para dar cabal aplicación al delito de injuria, por la tendencia jurisprudencial a que se ha referido anteriormente, disintió también de las indicaciones, porque acepta la idea de que los posibles excesos que puedan llegar a cometerse en el ejercicio de la libertad de expresión son inherentes a la misma y que no se ha descubierto la manera adecuada de ponerles término sin que ello implique, de alguna forma, afectar el ejercicio de la referida libertad constitucional.

El H. Senador señor Sule compartió este punto de vista, señalando que reconocía una especie de indefensión en la cual se encuentran las personas, lo que hace necesario diseñar alguna herramienta jurídica que signifique un adecuado resguardo a la honra personal de todo individuo y que no lesione el ejercicio legítimo del derecho a la libre expresión, pero el mecanismo que se propone no resulta ser el más idóneo para equilibrar el correcto ejercicio de ambos derechos en juego.

En virtud de las anteriores consideraciones, fueron rechazadas las indicaciones por mayoría de votos, emitidos por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Sule. Votó por la aprobación el H. Senador señor Otero.

Las indicaciones números 181 y 182, de los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, proponen establecer que las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados sobre diversas áreas, en general no sean constitutivas de delito, en vez de que sólo no sean constitutivas de injurias.

Estimó la Comisión que este cambio se justificaba si se hubiese aceptado la indicación anterior, que resultó rechazada.

Fueron igualmente desechadas por mayoría de votos. Se pronunciaron por el rechazo los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Sule y por la aprobación el H. Senador señor Otero.

Las indicaciones números 180 y 183, del H. Senador señor Núñez, en un sentido similar, persiguen declarar que no constituyen delitos tales comentarios, salvo que su tenor pusiese de manifiesto el propósito de calumniar e injuriar.

La Comisión estimó que, siendo la figura penal de la calumnia absolutamente diferente de la injuria, no resulta apropiado homologar para estos efectos ambos delitos.

En esa virtud, se rechazaron estas indicaciones por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule.

Las indicaciones números 184 y 185, de los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, a su vez, disponen que tales apreciaciones no constituirán calumnia, injurias o difamación.

Fueron rechazadas, al igual que las indicaciones 181 y 182, por mayoría de votos. Se pronunciaron por el rechazo los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Sule y por la aprobación el H. Senador señor Otero.

La indicación número 186, del H. Senador señor Hamilton, propone agregar al inciso segundo una presunción legal de la existencia del ánimo de injuriar, en todos los demás casos, esto es, aquellos en que no se trate de apreciaciones personales formuladas en comentarios especializados de crítica política, literaria, artística, científica, técnica y deportiva.

Fue retirada por su autor, quien manifestó que lo hacía porque lo orienta la idea de aprobar un proyecto de ley que refleje un amplio acuerdo acerca de los diferentes aspectos en discusión, lo cual no se logra en la especie, según advirtió del debate que se suscitó sobre esta propuesta.

Las indicaciones números 187 y 188, de los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, precisan en un inciso final que los abusos que se cometan en el ejercicio de la garantía constitucional consagrada en el inciso primero del N° 12 del artículo 19 de la Constitución Política, se considerarán como delitos o cuasidelitos civiles.

El H. Senador señor Otero explicó que la norma constitucional señalada utiliza las expresiones " responder de los delitos y abusos que se cometan en ejercicio de estas libertades" y que, de acuerdo a los planteamientos que han enunciado en estas materias algunos profesores, como el señor Enrique Barros Bourie, el abuso se inscribe en el campo de la responsabilidad civil extracontractual, y supone la existencia del dolo, o de la culpa civil. Por ello, aunque no implica la misma gravedad del delito penal, es pertinente que se contemple en esta ley, ratificando de esta manera el principio de que todas las personas responden tanto de los delitos como de los abusos que cometan en el ejercicio de las libertades de opinión y de información.

Hizo presente que la indicación no significa ampliar el campo de responsabilidad, ya que la existencia o no de abuso será determinada judicialmente en cada caso, sino que solamente se establece con claridad que el abuso corresponde a una fuente de responsabilidad civil, distinta de la responsabilidad penal derivada de los delitos.

Afirmó que el derecho de aclaración y rectificación no constituye una herramienta suficiente para reparar el daño que se causa a la persona que ha sido ofendida o injustamente aludida a través de un medio de comunicación social. Consideró inadecuado, por otra parte, que estos medios fuesen las únicas personas que no sean responsables de los daños que pueden llegar a cometer con motivo de su funcionamiento, en circunstancias que hasta el Estado responde civilmente por los daños que cause en su actividad lícita, pero lesionando derechos de particulares.

Recordó, finalmente, los juicios pronunciados ante la Comisión por el profesor señor Luis Ortiz, quien expresó, respecto de la propuesta contenida en estas indicaciones, en el sentido de que cualquier abuso que no sea delito, se va a entender como delito o cuasidelito civil, que los efectos de esta disposición no serían tan extensos, porque debe tenerse presente que el cuasidelito civil no es indemnizable por sí mismo, sino sólo en la medida que produzca daño; es preciso atenerse a los límites que el propio Código Civil establece al definir al delito y cuasidelito civil, y además habría que demostrar que el daño es causado por la expresión proferida o la publicación difundida. En esta perspectiva, el profesor Ortiz creyó que, en la medida en que los tribunales de justicia interpreten prudentemente la norma, pudiera ser una solución adecuada.

El H. Senador señor Fernández se pronunció en contra de estas indicaciones, ya que a su juicio resultan ser más amplias que el artículo 19, Nº 12 de la Constitución Política, que, cuando consagra la obligación de responder por los delitos y abusos, está refiriéndose a aquellos que establezcan las leyes que regulen el ejercicio de las libertades de opinión y de información. Por ello, no resulta pertinente señalar que los abusos que se cometan en ejercicio de estas libertades se considerarán como delitos o cuasidelitos civiles.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno sostuvo que, en general, los abusos que se cometen en los medios de comunicación social en ejercicio de las referidas libertades, y que no significan delitos, son corregidos a través del mecanismo de la aclaración y de la rectificación. Añadió que la interpretación más lógica del mandato constitucional es la que se ha efectuado en el proyecto hasta el momento. Es decir, establecer los delitos que pueden cometerse en el ejercicio de estas libertades y consagrar de manera adecuada el derecho de aclaración y rectificación para hacer frente a los abusos en que pudiera llegar a incurrirse. Establecer una normativa distinta podría implicar que las personas que satisfacen su necesidad de resguardo personal a través del derecho de aclaración y de rectificación tenderán a recurrir a los tribunales de justicia para reclamar la existencia de un abuso y demandar la respectiva indemnización, lo que, desde el punto de vista del funcionamiento de los medios de comunicación social, significará un peligro cierto para su normal desenvolvimiento y en ocasiones podría redundar en el cierre de aquellos que no estuviesen en condiciones de afrontar los pagos respectivos.

Insistió en que el medio de comunicación responde por sus actos, y lo hace a través de la forma equivalente a aquella por la cual causó esta especie de daño, es decir, corrigiendo las palabras o imágenes que resultaron lesivas para una persona, que se consigue por medio del derecho de aclaración y de rectificación.

Al ser sometidas a votación las indicaciones en análisis, fueron rechazadas por mayoría de votos. Se pronunciaron por el rechazo los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Sule y por la aprobación el H. Senador señor Otero.

Artículo 31

La indicación número 189, de la H. Senadora señora Feliú, propone suprimirlo.

Este artículo sanciona con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de cien a doscientas unidades tributarias mensuales al que maliciosamente intercepte, grabe o reproduzca palabras, imágenes o textos de otra persona, no destinados a la publicidad, para descubrir los secretos o la intimidad de otros, sin su consentimiento. Castiga también con presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias mensuales a quien las difunda, sin el consentimiento del afectado, produciendo a su respecto daño o descrédito.

El precepto en cuestión contiene una regulación de características similares al artículo 161A, del Código Penal, [5] y sobre la materia se recibieron observaciones de los representantes de la Federación de Medios de Comunicación Social y del Colegio de Periodistas, abogado señor Luis Ortiz y periodista señor Alejandro Guillier, respectivamente.

El señor Ortiz precisó que una de las causales de justificación del Código Penal, así como la legítima defensa, o el estado de necesidad, es el ejercicio legítimo de un derecho, circunstancia que incluye, en este caso, el derecho que le asiste al periodista para informar. Por ello la jurisprudencia alemana, en las causas que se han seguido en contra de periodistas, se ha pronunciado sobre la liberación de responsabilidad según si concurre o no el ejercicio legítimo del derecho. Podría considerarse como un caso de ejercicio ilegítimo del derecho introducirse subrepticiamente en la casa de una persona para instalar una micrófono destinado a captar información.

Para concordar las disposiciones en juego, se manifestó partidario de eliminar el inciso primero del artículo 31, e incorporar el inciso segundo en el artículo 161A, pero precisando que el ejercicio de la profesión debe ser legítimo. De tal forma, se dispondría la no aplicación del artículo 161A del Código Penal a quien actúe en ejercicio legítimo de las funciones amparadas en la ley, con lo que se deja entregada al juez la calificación de la conducta realizada.

El señor Guillier, por su parte, señaló que, desde el punto de vista práctico, en el trabajo de cobertura periodística se presentan una serie de hechos y de consideraciones que están en el campo de la ética. Con mucha frecuencia, en el caso de la televisión, se producen sucesos en que el periodista, que está con un camarógrafo, graba casi intuitivamente y después evalúa junto con el editor las imágenes, seleccionando unas y desechando otras. En el fondo, todo lo que se hace en periodismo tiene una instancia de evaluación ética. En el ejemplo puesto por el Profesor señor Ortiz, consideró que sería gravísimo para un periodista obtener información en forma subrepticia, o, en general, actuar de mala fe, como si graba para perjudicar a alguien o causarle daño.

La Comisión, después de analizar detenidamente esta materia, juzgó que el principio de igualdad ante la ley y la concordancia con su línea de trabajo de someter estas actividades, en general, a la normativa común queda recogido en mejor forma si la descripción de estas conductas se contempla únicamente en el artículo 161A del Código Penal, eliminando en consecuencia el inciso primero del artículo 31, y, por otro lado, se precisa el actual inciso final de esta disposición, en el sentido de que no se aplicará el referido artículo 161A al que actúe en ejercicio “legítimo” de las funciones amparadas por la presente ley.

Se acordó dejar constancia de que no constituye ejercicio legítimo de tales funciones la realización de los actos que señala el artículo 161A del Código Penal con vulneración de las normas éticas aplicables al ejercicio de la profesión de periodista.

En esa virtud, se aprobó la indicación, con modificaciones, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule.

La indicación número 190, del H. Senador señor Piñera, reduce los montos mínimos y máximos de la multa con que se sancionan estas conductas, a cincuenta y cien unidades tributarias mensuales, respectivamente.

Las indicaciones números 191 y 192, de los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, reemplazan el adjetivo calificativo “maliciosamente” por “intencionadamente”.

Las indicaciones números 193 y 194, de los mismos HH. Senadores, agregan dentro de las conductas sancionadas las de fotografiar, filmar o televisar.

La indicación número 195, del H. Senador señor McIntyre, reemplaza, en el inciso primero, el término “palabras” por “sonidos”.

Las indicaciones números 196 y 197, de los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, intercalan, en el inciso primero, a continuación de la palabra “textos”, la expresión “de carácter privado”.

La indicación número 198, del H. Senador señor Díez, suprime, en el inciso primero, la frase “para descubrir los secretos o la intimidad de otros, sin su consentimiento”, y la coma (,) que la precede.

Las indicaciones números 199 y 200, de los HH. Senadores señores Larraín y Piñera, rebajan la multa que va de doscientas a cuatrocientas unidades tributarias mensuales por la cantidad de cien a doscientas.

Como consecuencia de la aprobación de la indicación número 189, todas estas indicaciones se rechazaron por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule.

Artículo 32

Las indicaciones números 201 y 202, de los HH. Senadores señores Muñoz Barra y Ominami, y señor Urenda, reemplazan, en el inciso primero, la mención que se hace del delito de ultraje público a las buenas costumbres por la de ultraje público “al pudor”.

Estas indicaciones guardan relación con las numeradas 247 a 258, presentadas por estos mismos señores Senadores, que proponen cambiar el delito de ultraje público a las buenas costumbres por otro, denominado de ultraje al pudor.

Fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule.

Artículo 33

Las indicaciones números 203, 204 y 205, de los HH. Senadores señora Feliú, y señores Larraín y Piñera, reducen en un tercio los montos mínimo y máximo de la multa con que se sanciona la divulgación, por cualquier medio de comunicación social, de la identidad de menores de edad que sean autores, cómplices, encubridores o testigos de delitos, o de cualquier otro antecedente que directa o indirectamente conduzca a ella; así como de las víctimas de algunos de los delitos contemplados en el Título VII del Libro II del Código Penal, que no consientan expresamente en la divulgación. De esta forma, la extensión de la multa quedaría entre diez a cincuenta unidades tributarias mensuales.

Se tuvo presente por la mayoría de la Comisión que esta norma es de singular importancia, toda vez que tiene por objeto brindar una efectiva protección penal a la reserva de la identidad de personas que son menores de edad, o que han sido víctimas de delitos como violación, estupro, abusos deshonestos, corrupción de menores, trata de personas y otros. En ese sentido, se entendió adecuado mantener el monto de las multas que fue aprobado en el primer informe, sin perjuicio de las amplias facultades que concede al juez el artículo 70 del Código Penal modificado recientemente por la ley N° 19.501, de mayo pasado para ponderar las circunstancias de cada caso.

El H. Senador señor Fernández fue de la idea de acoger la indicación, para rebajar los montos mínimo y máximo de estas multas.

Fueron rechazadas por mayoría de votos. Se pronunciaron por el rechazo los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, y por la aprobación se inclinó el H. Senador señor Fernández.

La indicación número 206, del H. Senador señor McIntyre, consulta, a continuación del artículo 33, un artículo nuevo, que faculta a los tribunales de justicia para prohibir la divulgación, por cualquier medio, de informaciones concernientes a juicios de que conozcan; sanciona la infracción de esta prohibición con reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales; establece los casos en que podrá decretarse la prohibición y la publicidad que deberá dársele, y permite apelar de la resolución que la imponga.

Se desechó, al recibir los votos negativos de los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Sule, y la abstención del H. Senador señor Otero.

Artículo 34

Las indicaciones números 207 y 208, de los HH. Senadores señores Muñoz Barra y Ominami, y Urenda, reemplaza la alusión que se hace al delito de ultraje público a las buenas costumbres por ultraje público “al pudor”.

Al igual que las indicaciones números 201 y 202, fueron rechazadas por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule.

Las indicaciones números 209 y 210, de los HH. Senadores señor Martin y Otero, tienen por objeto reponer el artículo 40 aprobado por la H. Cámara de Diputados, que permite a los tribunales de justicia suspender la divulgación de informaciones por cualquier medio de comunicación social, en juicios penales en estado de sumario, cuando existan antecedentes inequívocos y revestidos de seriedad de que la divulgación pueda entorpecer gravemente el éxito de la investigación, o atentar contra la seguridad del Estado, o contra la garantía constitucional señalada en el artículo 19, N° 4°, inciso primero, de la Constitución Política de la República; y regula el ejercicio de esa facultad.

La mayoría de la Comisión reiteró las consideraciones apuntadas en el primer informe, en el sentido de que permitir a los jueces decretar prohibiciones de informar resulta contrario a la libertad de opinión y de información, en los términos que las contemplan la Constitución Política, y que las normas que consagran el secreto del sumario son las herramientas adecuadas para resguardar el sigilo de que deben estar revestidas ciertas actuaciones del proceso.

La minoría de la Comisión, por su parte, fue de parecer que, en determinadas y precisas circunstancias, resulta aconsejable facultar al juez para prohibir la divulgación de determinadas actuaciones judiciales, a fin de lograr el éxito de la investigación. En su concepto, la prohibición de informar que pueda llegar a declararse en determinados procesos no debe ser entendida como atentatoria de las libertades de opinión y de información, sino como una medida que coadyuva al objetivo público de investigar adecuadamente los hechos que revisten caracteres de delito, por ejemplo, resguardando el secreto de la identidad de los testigos.

Quedaron rechazadas por mayoría de votos. Se pronunciaron por el rechazo los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Sule, y por la aprobación el H. Senador señor Otero.

La indicación número 211, del H. Senador señor Otero, propone agregar al referido artículo 40 de la H. Cámara de Diputados una norma que prohíbe a los magistrados de los tribunales de justicia emitir opinión o hacer comentario relativo a los procesos que tienen a su cargo, aun cuando sean requeridos para ello por los medios de comunicación social.

Como consecuencia del rechazo de las indicaciones precedentes, se desechó, asimismo, por mayoría de votos, correspondientes a los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Sule. Votó por la aprobación el H. Senador señor Otero.

Artículo 35

La indicación número 212, del H. Senador señor Díez, elimina, de la exención de responsabilidad penal que consagra este artículo para los medios de comunicación social, la publicación de los alegatos hechos por los abogados ante los tribunales de justicia.

La Comisión no estimó adecuada esta indicación, ya que no resulta pertinente que, con ocasión de la difusión de determinados alegatos de importancia pública, los medios de comunicación social sean los responsables de los juicios que emitan los respectivos abogados, y que pudieran ser constitutivos de alguno de los delitos que se contemplan en este proyecto de ley.

Por consiguiente, resultó rechazada por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Otero.

Las indicaciones números 213 y 214, de los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, eliminan la exención de responsabilidad por la difusión que hagan los medios de comunicación social de los alegatos de los abogados en los tribunales de justicia, o de los dichos de los parlamentarios protegidos por la inviolabilidad parlamentaria, en caso que las expresiones sean constitutivas, por sí mismas, de los delitos de calumnia, injuria o ultraje público a las buenas costumbres.

La mayoría de la Comisión estuvo en desacuerdo con esta indicación, por cuanto implica que en estos casos, es decir, tratándose de las opiniones de parlamentarios en Sala o en Comisiones o de los alegatos de los abogados, los medios de comunicación social serán los responsables por los posibles delitos que pudieran cometerse, lo que equivale a suprimir este artículo. Consideró que, por el contrario, este precepto debe mantenerse para esos dos casos excepcionales.

Por lo anterior, fueron rechazadas por mayoría, al optar por la negativa los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Otero, y por la aprobación el H. Senador señor Sule.

Artículo 36

La indicación número 215, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, tiene por objeto sancionar al particular que impidiere arbitrariamente la libre difusión de opiniones o informaciones a través de cualquier medio de comunicación social.

La mayoría de la Comisión creyó conveniente que se hiciera extensivo a los particulares este artículo, que castiga a los empleados públicos que impidieren la libre difusión de opiniones e informaciones o la libre circulación de medios de comunicación social.

El H. Senador señor Fernández se declaró contrario a la indicación, porque consideró que esta conducta ya está sancionada en virtud de la aplicación de los tipos penales previstos en la legislación punitiva común.

Se aprobó por mayoría de votos, emitidos por los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, y el voto en contra del H. Senador señor Fernández.

La indicación número 216, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Hormazábal, propone agregar a continuación del artículo 36, un artículo nuevo, en el cual se sanciona al que mate, lesione o prive ilegítimamente de su libertad ambulatoria a un periodista o a quien se desempeñe como colaborador o directivo de un medio de comunicación social, en razón precisa de su condición de tales.

Resultó rechazada por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule.

Las indicaciones números 217 y 218, de los mismos HH. Señores Senadores, sugieren añadir dos nuevos artículos.

El primero penaliza a quien intentare imponer o impedir una determinada publicación a un medio de comunicación social bajo amenaza del uso de la fuerza en cualquiera de sus formas.

El otro castiga a quien discriminare o impidiere arbitrariamente el acceso a las fuentes informativas.

Las dos indicaciones fueron retiradas por uno de sus autores, el H. Senador señor Gazmuri, quien explicó que, en lo medular, su contenido quedó considerado en el artículo 36, al aprobarse la indicación número 215.

La indicación número 219, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, igualmente tiene por objeto consultar una nueva disposición, que sanciona al que imponga o impida una determinada publicación en un medio de comunicación social bajo amenaza de uso de la fuerza en cualquier forma.

El H. Senador señor Gazmuri la retiró, por los mismos motivos por los que adoptó igual decisión respecto de las indicaciones números 217 y 218.

Las indicaciones números 220 y 221, de los mismos autores, proponen agregar dos nuevos artículos.

El primero castiga a quien provoque lesiones o prive ilegítimamente de su libertad personal a un periodista, a aquéllos que no siéndolo ejerzan habitualmente las funciones señaladas en el artículo 3°, a directores y editores de medios de comunicación social, en el ejercicio de las funciones amparadas por la presente ley.

En virtud del artículo restante, se sanciona al que dañe o destruya material o medios utilizados por un periodista o por aquéllos que, no siéndolo, ejerzan habitualmente las funciones señaladas en el artículo 3°, con el propósito de impedir dicha actividad.

Ambas indicaciones se desecharon por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule, por estimar que deberían ser estudiadas en el contexto del Código Penal y no de esta legislación especial.

Artículo 37

La indicación número 222, del H. Senador señor McIntyre, propone que la sanción que contempla esta disposición se aplique en caso de incumplimiento de la orden de hacer pública la información que decrete el tribunal, y no por la falta de la entrega oportuna de la información a que se refiere el inciso tercero del artículo 8°.

La indicación guarda concordancia con la propuesta contenida en la indicación número 49, del mismo autor, que se desechó en su momento.

Fue rechazada por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule.

Artículo 38

La indicación número 223, de la H. Senadora señora Feliú, propone suprimir esta disposición, que reputa artículos o servicios esenciales los pertinentes a la operación o mantención de los medios de comunicación social, para los efectos de agravar la penalidad que reciban los atentados contra la libre competencia.

Se desechó por mayoría de votos, emitidos por los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, y el voto a favor del H. Senador señor Fernández.

La indicación número 224, de los HH. Senadores señores Gazmuri, Hamilton y Hormazábal, propone incorporar un artículo nuevo, en cuya virtud se agregan al artículo 11 del decreto ley N° 211, de 1973, tres nuevos incisos, que establecen la obligación de la Comisión Preventiva Central de llevar un registro público actualizado de las comunidades y personas naturales o jurídicas que sean propietarias de medios de comunicación social o tengan interés en su dominio, regulando al mismo tiempo las obligaciones que deben cumplir los medios de comunicación social para hacer operativa tal exigencia.

La indicación número 224 bis, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, del mismo modo, consulta un nuevo artículo, idéntico al propuesto en la indicación anterior, salvo ligeras alteraciones formales.

Ambas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión, H. Senador señor Otero, por regular materias propias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, según prevén los artículos 62, inciso cuarto, número 2°, de la Constitución Política de la República, y 24, inciso segundo, de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Sin perjuicio de la anterior declaración, el H. Senador señor Gazmuri solicitó al señor Ministro Secretario General de Gobierno, quien se encontraba presente, que el contenido de estas indicaciones fuera considerado por el Ejecutivo, porque considera de gran importancia, especialmente, contemplar a la Comisión Preventiva Central y no a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos como organismo encargado de llevar la información acerca de los medios de comunicación social, atendida la incidencia que tendrán esos antecedentes para el estudio de eventuales conductas monopólicas.

Las indicaciones números 225 y 226, de los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, postulan señalar en la denominación del párrafo 5° que la responsabilidad y procedimiento señalados en la ley se refieren tanto a delitos como a abusos.

El H. Senador señor Otero reiteró los argumentos esgrimidos con ocasión de la discusión de indicaciones precedentes, en orden a que la legislación que regule el ejercicio de las libertades de opinión y de información, en congruencia con el texto constitucional, debería regular la responsabilidad tanto por los delitos como por los abusos en que se incurra con ocasión de tal ejercicio.

La mayoría de la Comisión las rechazó, al recibirse los votos negativos de los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Sule, y de aprobación del H. Senador señor Otero.

Artículo 39

Las indicaciones números 227 y 228, de los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, sustituyen el inciso primero de este artículo, para establecer que la responsabilidad penal y civil por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de las libertades que consagra el inciso primero del N° 12, del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, se determinará por las normas de esta ley y las de los Códigos respectivos.

Explicó el H. Senador señor Otero que esta propuesta responde a la idea de aclarar los estatutos jurídicos que rigen la responsabilidad penal y civil derivada del ejercicio de las libertades de opinión y de información, sin entrar al fondo de esos temas. Ello tiene el mérito, a su juicio, de precisar que los eventuales abusos que se cometan en el ejercicio de las referidas libertades se insertan en el ámbito civil y quedan sometidos por consiguiente a las reglas de la legislación pertinente, y no de la penal.

Los HH. Senadores señores Fernández y Hamilton discreparon de este planteamiento, ya que entendieron que alteraba el criterio de la mayoría de la Comisión, conforme al cual, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil proveniente de la perpetración de delitos, los posibles abusos en que se pudiera incurrir serían corregidos mediante el ejercicio del derecho de aclaración y de rectificación.

Puestas en votación las indicaciones, se registró paridad de votos, que se conservó luego de repetirse la votación. Suscribieron la afirmativa los HH. Senadores señores Otero y Sule, y se inclinaron por la negativa los HH. Senadores señores Fernández y Hamilton.

Al resolverse el empate, quedaron aprobadas por mayoría de votos, con un ligero cambio de forma. Se pronunciaron por la aprobación los HH. Senadores señores Otero, Sule y Urenda y mantuvieron su voto de rechazo los HH. Senadores señores Fernández y Hamilton.

Artículo 40

Las indicaciones número 229 y 230, de los HH. Senadores señores Alessandri, Cooper, Larre, Letelier y Otero, y señores Huerta, Martin, McIntyre, Siebert y Sinclair, reemplazan este artículo, con el objeto de disponer que los delitos y abusos que se cometan a través de los medios de comunicación social son de acción privada y dan derecho a la acción civil para obtener indemnización de perjuicios por daño moral, daño emergente y lucro cesante. Cuando se ejercite sólo la acción civil, se considerará extinguida por ese hecho la acción penal.

Añaden que en los delitos de injuria, calumnia y difamación, el imputado tendrá siempre derecho a probar la verdad de lo informado o aseverado, en cuyo caso se extinguirá la responsabilidad penal y civil, a menos que ello constituya por sí mismo el delito de injuria a particulares.

Por último, entregan competencia para conocer de la acción civil, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, al juez letrado del domicilio del ofendido o del lugar donde tenga su sede el medio de comunicación social, a elección del primero, y sujetan la acción a las reglas del juicio sumario.

Se desecharon por mayoría de votos, emitidos por los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton y Sule. Votó por la aprobación el H. Senador señor Otero.

Las indicaciones números 231, 232 y 233, de los HH. Senadores señora Feliú, y señores Larraín y Piñera, intercalan un inciso segundo, que repone el texto aprobado por la Cámara de Diputados, en relación con los parámetros que el tribunal debe considerar para fijar la cuantía de la indemnización, a saber, la efectividad y gravedad del daño sufrido, las facultades económicas del ofensor, la calidad de las personas, las circunstancias del hecho y las consecuencias de la imputación, difusión abusiva en el territorio nacional o amenaza para el ofendido.

No fueron compartidas por la mayoría de la Comisión, porque alteran el criterio general adoptado durante el análisis de esta iniciativa legal, en orden a no modificar las normas comunes sobre responsabilidad.

Sometidas a votación, fueron rechazadas al recibir los votos en contra de los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, y el voto a favor del H. Senador señor Fernández.

Artículo 41

La indicación número 234, del H. Senador señor Hamilton, agrega un inciso nuevo en virtud del cual se establece que, si los delitos cometidos en el ejercicio de las libertades de opinión y de información, o alguno conexo con ellos, fueren perpetrados conjuntamente por civiles y militares, corresponderá su conocimiento, en primera instancia, a un Ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, y, en segunda instancia, a la Corte con excepción de ese Ministro, o a la Sala que corresponda si la Corte funcionare en más de una Sala; regla de competencia que prevalecerá sobre toda otra.

El H. Senador señor Hamilton retiró la indicación, después del intercambio de opiniones producido en el seno de la Comisión.

Artículo 42

La indicación número 235, de la H. Senadora señora Feliú, propone suprimir este artículo, que establece un plazo de prescripción de seis meses para la acción civil y penal provenientes de los delitos establecidos en esta ley, y da reglas sobre el cómputo de dicho plazo.

La mayoría de la Comisión estimó que la indicación resulta coincidente con la directriz que se ha adoptado, en el sentido de hacer aplicables las disposiciones generales, para que salvo situaciones puntuales el ejercicio de las libertades de opinión y de información no esté sometido a reglas discriminatorias, en sentido adverso ni favorable, en relación con otros derechos y, en la especie, con las normas de prescripción de las acciones penales previstas en la legislación punitiva común.

En virtud de lo anterior, fue aprobada por mayoría de votos. Se pronunciaron por la afirmativa los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, y por la negativa el H. Senador señor Fernández.

Las indicaciones números 236 y 237, de los HH. Senadores señores Larraín y Piñera, proponen suprimir el inciso tercero, que dispone la interrupción de la prescripción de la acción civil por el ejercicio de la acción penal.

En virtud de la resolución adoptada acerca de la indicación anterior, se dieron por aprobadas con la misma votación.

Artículo 43

Las indicaciones números 238 y 239, de los HH. Senadores señora Feliú y señor Larraín, limitan la extensión del extracto de la sentencia recaída en un proceso sobre delitos cometidos a través de algún medio de comunicación social, a seiscientas palabras o a un minuto, dependiendo de si se refiere a un medio escrito o a uno audiovisual, respectivamente.

La indicación número 240, del H. Senador señor Piñera, persigue idéntico propósito, y de similar modo, salvo algunos cambios menores de redacción.

Fueron rechazadas por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule.

Las indicaciones números 241, 242 y 243, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, consultan la incorporación, a continuación del artículo 43, de un nuevo Título, denominado "Del fomento a los medios de comunicación social de carácter regional, provincial o comunal", el que consta de dos artículos.

La indicación 241 contempla la denominación de dicho Título.

La indicación número 242 establece un artículo en virtud del cual se crea un Fondo concursable para la creación, fomento y desarrollo de medios de comunicación social de carácter regional, provincial o comunal, el que será provisto con recursos contemplados anualmente en la Ley de Presupuestos. Con cargo a éstos se financiarán los proyectos que sean aprobados por el Consejo de Administración, cuya integración, asimismo, regula.

La indicación número 243 contiene otro artículo, en el que se entiende por medios de comunicación social de carácter regional, provincial o comunal, aquéllos que limiten su distribución, en el caso de los de índole escrita, o su alcance, en el caso de los radiales o televisuales, a los ámbitos de una región, una provincia o una comuna respectivamente.

Las dos primeras indicaciones fueron declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión, H. Senador señor Otero, en mérito a lo dispuesto en los artículos 62, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, y 24, incisos segundo y tercero, de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ya que se refieren a materias propias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

El H.Senador señor Gazmuri dejó constancia de que solicitaba al Ejecutivo, por intermedio del señor Ministro Secretario General de Gobierno, presente en la sesión, que estudiara la posibilidad de enviar una iniciativa de ley que cree un fondo destinado a los objetivos descritos en las indicaciones.

La última de las indicaciones fue retirada por el H. Senador señor Gazmuri, por haber perdido sus fundamentos en virtud de las declaraciones de inadmisibilidad de las indicaciones precedentes.

Artículo 45

Las indicaciones números 244 y 245, de los HH. Senadores señora Feliú y señor Piñera, tienen por objeto suprimir este precepto, que modifica el inciso primero del artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones, Nº 18.168, para exceptuar a los gerentes de las personas jurídicas concesionarias de servicios de radiodifusión sonora del requisito de nacionalidad chilena.

La Comisión tuvo presente que esta indicación implica que sólo podrían ser gerentes de radios las personas que tengan nacionalidad chilena, en circunstancia que el artículo precedente modifica a la vez la Ley que creó el Consejo Nacional de Televisión, en cuanto a no exigir la nacionalidad chilena para los gerentes y directores de los canales de televisión, y no ha sido objeto de indicaciones, con lo que se produciría una incongruencia en la regulación de ambos medios de comunicación social.

Fueron rechazadas estas indicaciones por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule.

Artículo 47

La indicación número 246, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Hormazábal, tiene por objeto intercalar un numerando nuevo, que deroga el artículo 161A del Código Penal.

Se retiró por uno de sus autores, el H. Senador señor Gazmuri, por corresponder a una materia que ya fue resuelta con ocasión de la indicación número 189.

Las indicaciones números 247 a 258, de los HH. Senadores señores Muñoz Barra y Ominami, y señor Urenda, tienen por objeto reemplazar las normas del Código Penal relacionadas, por una parte, con el delito de ultraje público a las buenas costumbres sustituyendo la denominación del Título respectivo y los artículos 373 y 374 de dicho Código y agregando un artículo 374 bis y, por otro lado, con la falta consistente en la ofensa pública al pudor, reglada en el artículo 495, N° 5°, del mismo cuerpo punitivo.

Fueron declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión, H. Senador señor Otero, de conformidad a los artículos 66 de la Constitución Política y 24 y 25 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, toda vez que no tienen relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto de ley.

Artículo 48

Las indicaciones números 259 y 260 de los HH. Senadores señores Muñoz Barra y Ominami, y señor Urenda, en el mismo sentido de las anteriores, reemplaza, en el inciso propuesto, la referencia al delito de ultraje público “a las buenas costumbres” por ultraje “al pudor público”.

Quedaron desechadas por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule.

Las indicaciones números 261, 262 y 263, de los HH. Senadores señora Feliú, y señores Larraín y Piñera, suprimen la posibilidad de que el tribunal, en la sentencia condenatoria, decrete la medida de destrucción de los impresos o grabaciones decomisadas en procesos seguidos por los delitos cometidos en el ejercicio de las libertades que garantiza el artículo 19, Nº 12, de la Constitución Política.

La Comisión, por mayoría de votos, decidió no alterar el criterio seguido en esta materia, ya que, de acogerse la indicación, por mandato de las reglas generales debería procederse a la subasta de esas especies, lo que resulta contradictorio con el hecho de que sean efectos de delitos tales como la injuria, y, por otro lado, en este caso se trata de una facultad que se otorga al tribunal que conoce de la causa, el que podrá ejercerla o no, de acuerdo a las circunstancias.

Fueron rechazadas por la mayoría, integrada por los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule, y recibieron el voto de aprobación del H. Senador señor Fernández.

La indicación número 264, de los HH. Senadores señores Gazmuri, Hamilton y Hormazábal, consultan, a continuación del artículo 48, un nuevo precepto, en cuya virtud se obliga a los representantes legales de los medios de comunicación social a remitir a la Comisión Preventiva Central, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta ley, una relación pormenorizada de la situación del dominio del medio que representan. Para este efecto, da reglas sobre los datos que deben informarse si el propietario del medio de comunicación social fuere una comunidad o una sociedad de personas, en comandita por acciones o anónima.

La indicación número 265, de los HH. Senadores señores Gazmuri y Ominami, consultan también agregar una disposición similar, con ligeros cambios en su redacción.

El H. Senador señor Gazmuri explicó que estas indicaciones a diferencia de otras que ha presentado, establecen una obligación para los medios de comunicación social, consistente en remitir determinadas informaciones a la Comisión Preventiva Central del decreto ley Nº 211, de 1973, y no asignan nuevas funciones o atribuciones a dicho organismo público, por lo que no se refieren a materias de iniciativa exclusiva presidencial.

El H. Senador señor Fernández puntualizó que estas indicaciones están directamente relacionadas con otras que fueron declaradas inadmisibles, con lo que pierden su sentido, ya que no resulta coherente obligar a los medios de comunicación a remitir información si no se establece la obligación correlativa para la Comisión Preventiva Central de recibirla y procesarla. Agregó que en mayor medida no se justifican, si se piensa que la Comisión ha aprobado como norma permanente el derecho de cualquier persona de obtener este tipo de información en la Biblioteca Nacional o directamente en los respectivos medios.

El H. Senador señor Otero compartió el juicio de que, si no se establece la obligación de la Comisión Preventiva Central para recibir la información que le envíen los medios, las indicaciones carecen de lógica y no surtirán ningún efecto.

Se registró paridad de votos, al inclinarse por la aprobación los HH. Senadores señores Hamilton y Sule y por el rechazo los HH. Senadores señores Fernández y Otero, resultado que se volvió a producir al repetirse la votación.

Al dirimirse el empate, las indicaciones quedaron rechazadas por mayoría de votos. Se pronunciaron por el rechazo los HH. Senadores señores Fernández, Otero y Urenda y por la aprobación los HH. Senadores señores Hamilton y Sule.

Artículo 49

La indicación número 266, del H. Senador señor Fernández, tiene por objeto suprimir este precepto, que, junto con derogar la ley N° 16.643, sobre Abusos de Publicidad con excepción del artículo 49, dispone que las normas actualmente en vigor sobre la libertad de emitir opinión y la de informar, contenidas en otras leyes, seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución Política mientras no se dicte el correspondiente cuerpo legal sobre la materia que en cada caso se regula, sin perjuicio de que se modifiquen o deroguen con anterioridad mediante ley aprobada con quórum calificado, cuando procediere.

La indicación número 267, de la H. Senadora señora Feliú, propone suprimir sólo el inciso segundo, que se refiere a la vigencia de las normas preexistentes sobre libertad de emitir opinión y de informar mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales.

La mayoría de la Comisión fue partidaria de mantener el texto que se había aprobado en el primer informe. Es decir, por una parte, derogar la Ley de Abusos de Publicidad con excepción del artículo 49, que sanciona con multa la publicación y circulación de mapas, cartas o esquemas geográficos que excluyan de los límites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre los cuales éste tuviera reclamaciones pendientes. Por otro lado, aclarar que la entrada en rigor de este cuerpo legal no afecta la vigencia de las normas legales preexistentes que regulen orgánicamente otras materias como la Ley de Seguridad del Estado, pero contengan delitos o abusos que pudieran entenderse cometidos en el ejercicio de las libertades de opinión y de información, y que, de ser así, deberán ser modificados o derogados mediante normas legales aprobadas con quórum calificado.

Sometidas a votación, fueron rechazadas por tres votos contra uno, y una abstención. Lo hicieron por el rechazo los HH. Senadores señores Hamilton, Otero y Sule; en contra, lo hizo el H. Senador señor Fernández y se abstuvo el H. Senador señor Urenda.

La indicación número 268, de la H. Senadora señora Carrera, consulta, como artículo transitorio, un nuevo precepto, en cuya virtud se mantiene la vigencia de los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 10, 50 y 52 de la ley N° 16.643 , sobre Abusos de Publicidad mientras no se dicte una disposición legal que regule expresamente las materias de que tratan.

Fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero, Sule y Urenda, ya que los preceptos legales que propone mantener en vigencia se analizaron detenidamente en su oportunidad, y se resolvió derogarlos.

En mérito a las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento os propone que aprobéis las siguientes modificaciones al proyecto de ley contemplado en el primer informe:

Artículo 3º

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 3°.- La denominación de periodista sólo puede ser usada por quienes estén en posesión del respectivo título universitario, conferido válidamente en Chile, y por aquellos a quienes la ley reconoce como tales. No se aplicará esta norma a quienes presten servicios únicamente a medios de comunicación social extranjeros.". (Mayoría 311).

Artículo 4º

Sustituirlo por el que se señala a continuación:

"Artículo 4°.- Los alumnos de las escuelas de periodismo, mientras realicen las prácticas profesionales exigidas por dichos planteles, tendrán los derechos y estarán afectos a las responsabilidades que esta ley contempla para los periodistas.". (Unanimidad 50).

Artículo 6º

En su inciso primero: