MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE SE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARANCEL TIPO BASICO CONSOLIDADO DE NUESTRO PAIS ANTE LA OMC.

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SANTIAGO, septiembre 6 de 2001

MENSAJE Nº 211-344/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto fundamental aumentar el arancel básico y consolidado de Chile ante la OMC.

El proyecto de ley consta de dos artículos.

I. AUMENTO DE ARANCEL BASICO, CONSOLIDADO

Por un lado, el artículo 1º persigue incorporar a nuestra legislación, la medida establecida por Chile en relación con el arancel tipo básico, consolidado por nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio ("OMC"), para ciertas partidas de la Lista VII (Lista de concesiones arancelarias de Chile ante la OMC) relacionadas con el azúcar, cuya materia prima, la remolacha azucarera, constituye un cultivo de gran impacto en la economía rural en términos de ingresos y empleos.

En efecto, de los 8.000 agricultores que cultivan este rubro, 5.926 son empresas campesinas (73%), cuya producción primaria ocupa aproximadamente 8.500 personas y genera 1.300 puestos de trabajos en el procesamiento industrial de ese producto. En el transporte de la cosecha se demanda, como promedio, 104.000 viajes de camión anuales.

De esta forma, Chile condujo negociaciones y consultas bilaterales con otros países miembros de la OMC, en el marco del artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("GATT 1994"), que establece los procedimientos para modificar o rectificar las listas de concesiones arancelarias hechas por cada país ante esta organización internacional.

Estas negociaciones y consultas, tuvieron como objeto, alzar el arancel tipo básico consolidado por Chile ante la OMC, para el producto azúcar en las posiciones arancelarias 1701.1100, 1701.1200, 1701.9100 y 1701.9900 de la Lista VII. La medida, en lo pertinente y para las posiciones antes señaladas, eleva el arancel desde un treinta y uno coma cinco por ciento (31,5%) a un noventa y ocho por ciento (98%).

Es importante destacar que el Acuerdo de Marrakech, por el cual se estableció la OMC, sus acuerdos y concesiones multilaterales, entre ellos el GATT 1994 y la Lista VII sobre concesiones arancelarias, fueron debidamente incorporados a nuestro ordenamiento jurídico. Dichos acuerdos internacionales fueron aprobados por el Congreso Nacional y promulgados por Decreto Supremo N° 16 de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial el día 17 de mayo de 1995.

El envío de este proyecto se adecua a lo establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia rol 282, de 28.01.1999. Si bien hay aquí un asunto propio de una medida de ejecución, aborda una materia ya legislada, es decir, considerada por los órganos colegisladores como materia de ley, razón que justifica la necesidad de una modificación legal.

II. TOPE ARANCELARIO PARA APLICACIÓN DE LAS BANDAS DE PRECIO.

El artículo 2° propuesto, por su parte, efectúa una precisión a nuestra legislación sobre bandas de precio, establecida por el artículo 12 de la Ley N° 18.525 sobre importación de mercancías al país, publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 1986, en términos que los derechos específicos que resulten de la aplicación de dicho mecanismo, sumados al derecho ad valorem, no sobrepasen el arancel tipo consolidado en la OMC.

En efecto, la aplicación del tipo consolidado ante la Organización Mundial del Comercio, requiere de una determinación precisa de su base de cálculo. Se propone establecer expresamente como base de aplicación, la respectiva operación de importación, esto es, examinando operación por operación, en vez de considerar el promedio de las operaciones de importación.

El proyecto considera que el cumplimiento del arancel consolidado (que incluye el arancel ad valorem más los derechos específicos), corresponde observarlo en cada operación en particular.

De esta manera, en virtud de todo lo anteriormente expuesto y considerando que tanto la medida arancelaria, en lo pertinente, cuanto la precisión de la base de cálculo de los derechos específicos, inciden en preceptos legales vigentes, es que el presente proyecto de ley se presenta a vuestra consideración.

En mérito de lo expuesto, someto a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1.- Modifícase el arancel tipo básico, consolidado por Chile ante la Organización Mundial de Comercio, alzándose de un treinta y uno coma cinco por ciento (31,5%) a un noventa y ocho por ciento (98%), únicamente para las posiciones arancelarias 1701.1100, 1701.1200, 1701.9100 y 1701.9900, en los términos de la Sección I-A de la Parte I de la Lista VII, anexada al Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 1994, GATT 94, promulgado como anexo 1° del Acuerdo de Marrakech, por Decreto Supremo de Relaciones Exteriores N° 16 de 5 de enero de 1995 y publicado en el Diario Oficial el día 17 de mayo de 1995.

Artículo 2.- Agrégase, a continuación del punto final del artículo 12 de la ley Nº 18.525, que pasa a ser punto aparte, el siguiente inciso final nuevo:

"Los derechos específicos que resulten de la aplicación de este artículo, sumados al derecho ad valorem, no podrán sobrepasar el arancel tipo básico, consolidado por Chile ante la Organización Mundial del Comercio para las mercancías a que se refiere este artículo, considerando cada operación de importación individualmente y teniendo como base de cálculo el valor CIF de las mercancías comprendidas en la respectiva operación. Para tal efecto, corresponderá al Servicio Nacional de Aduanas adoptar las medidas conducentes a mantener el límite señalado en esta disposición.".".

Dios guarde a V.E.,

RICARDO LAGOS ESCOBAR

Presidente de la República

NICOLAS EYZAGUIRRE GUZMAN

Ministro de Hacienda

MARIA SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA

Ministra de Relaciones Exteriores

JAIME CAMPOS QUIROGA

Ministro de Agricultura

?Valparaíso, 2 de octubre de 2001.-

BOLETÍN N° 2788-01

El Secretario de Comisiones que suscribe, CERTIFICA:

Que el texto que se transcribe a continuación, corresponde al proyecto de ley originado en un Mensaje, que modifica el arancel básico consolidado de nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio para ciertas partidas relacionadas con el azúcar, con urgencia calificada de “suma”, tal como fue aprobado [1] por la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, en los mismos términos propuestos, en sesión celebrada en el día de hoy:

“Artículo 1.- Modifícase el arancel tipo básico, consolidado por Chile ante la Organización Mundial de Comercio, alzándose de un treinta y uno coma cinco por ciento (31,5%) a un noventa y ocho por ciento (98%), únicamente para las posiciones arancelarias 1701.1100, 1701.1200, 1701.9100 y 1701.9900, en los términos de la Sección I-A de la Parte I de la Lista VII, anexada al Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 1994, GATT 94, promulgado como anexo 1° del Acuerdo de Marrakech, por Decreto Supremo de Relaciones Exteriores N° 16 de 5 de enero de 1995 y publicado en el Diario Oficial el día 17 de mayo de 1995.

Artículo 2.- Agrégase, a continuación del punto final del artículo 12 de la ley Nº 18.525, que pasa a ser punto aparte, el siguiente inciso final nuevo:

“Los derechos específicos que resulten de la aplicación de este artículo, sumados al derecho ad valorem, no podrán sobrepasar el arancel tipo básico, consolidado por Chile ante la Organización Mundial del Comercio para las mercancías a que se refiere este artículo, considerando cada operación de importación individualmente y teniendo como base de cálculo el valor CIF de las mercancías comprendidas en la respectiva operación. Para tal efecto, corresponderá al Servicio Nacional de Aduanas adoptar las medidas conducentes a mantener el límite señalado en esta disposición.”

La Comisión acordó, además, que el informe se emitiera en forma verbal directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor GUILLERMO CERONI FUENTES.

Se hace constar que la Comisión determinó, por unanimidad, que el proyecto no contiene normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado y que, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 220 del Reglamento, este proyecto de ley requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.

MIGUEL CASTILLO JEREZ,

Secretario de la Comisión.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARANCEL TIPO BÁSICO CONSOLIDADO DE NUESTRO PAÍS ANTE LA OMC PARA CIERTAS PARTIDAS RELACIONADAS CON EL AZÚCAR.

BOLETÍN Nº 2.788-01

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

CONSTANCIAS

1.- Origen y urgencias

La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, calificada de “suma” urgencia y de “discusión inmediata”, según el caso.

2.- Quórum especial de aprobación

Los dos artículos del proyecto son de ley simple.

3.- Ninguno de los artículos se aprobó por unanimidad.

* * *

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto el señor Jaime Campos, Ministro de Agricultura; la señora María Eugenia Wagner, Subsecretaria de Hacienda; Juan Araya, Asesor de la misma Cartera; Carlos Furche, Director Nacional de ODEPA del Ministerio de Agricultura y Sebastián Herreros, Jefe del Departamento de la OMC de la Dirección General Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Concurrieron especialmente invitados los señores Javier Gatica, Gerente General de la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes; Francisco Recabarren, Asesor Internacional Asociación Nacional de Importadores; Gregorio Iñiguez, Gerente General de ASIVA; Jorge Guzmán, Presidente FENARE; Patricio Bellolio y Verónica Morales, Gerente de Recursos Humanos y Gerente de Estudios de la Empresa IANSA, respectivamente, y Manuel Riesco, Presidente del Consorcio Agrícola Sur y Vicepresidente de la SNA.

El propósito de la iniciativa consiste en aumentar el arancel básico consolidado de nuestro país ante la Organización Mundial del Comercio, para ciertas partidas relacionadas con el azúcar, del 31,5% al 98% y precisar en la legislación sobre bandas de precios la base de cálculo en términos que los derechos específicos que resulten de la aplicación de dicho mecanismo, sumados al derecho ad valorem no sobrepasen el arancel tipo consolidado en la OMC.

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 1 de octubre de 2001, señala que el proyecto no presenta costo fiscal para el año 2001.

De los antecedentes remitidos a la Comisión destacan las opiniones de la Sociedad Nacional de Agricultura que recomienda la aprobación del proyecto, sin perjuicio de manifestar que la aprobación no significa que este arancel se aplicará en forma permanente. Agrega que varios países han renegociado aranceles consolidados ante la OMC sin deterioro para su imagen. Resalta también la importancia del cultivo de la remolacha como fuente de empleo.

Por su parte, la Sociedad de Fomento Fabril expresa su preocupación por las consecuencias negativas que podría tener la iniciativa en determinados sectores productivos que utilizan el azúcar como insumo y que venden sus artículos en el mercado nacional, afectando su competitividad con el consecuente impacto en la producción y el empleo.

En el debate de la Comisión intervino el señor Gatica quien manifestó que, de aprobarse el proyecto en estudio, se triplicará el arancel consolidado de 31,5% a 98% y se establecerán cuotas de importación equivalentes a 60 mil toneladas, las que podrán ser internadas con cero arancel. Estas cuotas se distribuirían de la siguiente manera: Argentina 21 mil; Guatemala 16 mil 700, Brasil 9 mil 700 y otros 12 mil 600 toneladas.

Afirmó que no se estaría cumpliendo el acuerdo de la mesa agrícola de que las compensaciones, o cuotas, afectarían exclusivamente al sector azucarero y que se consolidará y acentuarán distorsiones de la banda aplicable a estos productos.

Opinó que lo anterior resulta contradictorio con la política de apertura e inserción de Chile en el mundo, la cual ha permitido un gran desarrollo al país en los últimos años.

Aseveró que la empresa IANSA domina el mercado del azúcar en Chile, ya que es el único productor interno, constituye también un monopsonio, controla la oferta global y administra el subsidio.

Indicó que la demanda intermedia, correspondiente a las empresas de bebidas, jugos, confites y galletas, asciende a 300 mil toneladas; lo que representa cerca del 47% de la oferta global. A su vez, la demanda de los consumidores, asciende a 340 mil toneladas, representando, aproximadamente, el 53% de oferta global.

Expresó que es cierto que el mercado internacional del azúcar está protegido y que es excedentario, produciendo volatilidad de precios; sin embargo, ello justificaría estabilizar los precios internos para eliminar la volatilidad, pero no proteger la producción nacional.

Sostuvo que en el largo plazo no se distribuyen los costos y beneficios equitativamente y que los consumidores se verán perjudicados y IANSA beneficiado. El aumento del consolidado de 31,5% a 98% legitima y agudiza esta iniquidad, puntualizó.

El señor Francisco Recabarren opinó que las modificaciones que se proponen al sistema de banda está claramente destinado a un sector de la producción. Dijo que el proyecto de ley en estudio ha sido pensado especialmente para la IANSA.

Sostuvo que el artículo 2° del proyecto consagra una tesis contraria a derecho, esto es, de la necesidad de aprobar una norma adecuatoria, dada la imposibilidad de la aplicación del máximo consolidado a los productos sometidos al sistema de banda de precios. Lo anterior, se fundaría en la necesidad de una norma adecuatoria, como se propone, en que la diferencia en la base de cálculo del Arancel consolidado y de los derechos específicos de la banda de precios, requiere de una norma legal que establezca una base de cálculo precisa que posibilite la aplicación del GATT, al sistema de banda de precios.

Por otra parte, argumentó que el citado artículo contraviene la aprobación del Acuerdo de Marrakech. Señaló que el propósito de la disposición, no es el que se indica en el Mensaje, sino que se procura conferir rango legal a la tesis invocada por el Gobierno en procesos judiciales, para evitar la devolución de derechos pagados en exceso del 31,5%; en tal sentido, se estaría vulnerando las garantías constitucionales del derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a desarrollar una actividad económica, y el derecho de propiedad.

Manifestó que lo anterior es una materia sometida al ámbito jurisdiccional, y como tal, debe ser resuelta por los tribunales.

Finalmente, expresó que el proyecto de ley es altamente inconveniente, pues sienta un precedente grave, en cuanto a que el Ejecutivo puede, contra interpretación expresa dada por el Parlamento a un tratado internacional, excusarse de cumplirlo invocando que se requiere una disposición adecuatoria.

El señor Gregorio Iñiguez hizo presente que la V Región, si bien es una zona del país que no produce remolacha, elabora productos que emplean como materia prima el azúcar. Planteó que no es correcto que los productos que utilizan azúcar deban soportar una sobre tasa y quienes importan productos terminados estén exentos de ella; en consecuencia, si se compensa a los proveedores de azúcar del extranjero, también debiera compensarse a los productores internos de bienes que incorporan azúcar.

El señor Jorge Guzmán precisó que cerca del 63% de los productores de remolacha siembran terrenos de no más de 5 hectáreas. Sostuvo que de no aprobarse el proyecto en estudio, las consecuencias serían nefastas para la VII y VIII Regiones, ya que el 40% de los ingresos que reciben éstas proviene del sector agrícola.

Puso énfasis en que el sistema de banda de precios es aceptado mundialmente y que sirve como una especie de seguro que, en el caso de Chile, ha operado sin mayor problema desde el año 1986. Por último, manifestó que no es cierto que el sistema de banda de precios sólo beneficia a IANSA, pues el 80% del piso de la banda es traspasado a los productores.

La señora Verónica Morales expresó que la renegociación del arancel consolidado del azúcar, ya realizada por el Gobierno de Chile ante la OMC haciendo uso de un derecho establecido en el artículo XXVIII de esta normativa, resulta esencial para la continuidad del mecanismo de banda de precios de este producto, lo cual constituye una política nacional de consenso, toda vez que desde su creación en 1986 ha sido respaldada por todos los Gobiernos. En consecuencia, este proceso es clave para la existencia del sector azucarero.

Señaló que cuando Chile comprometió el referido 31,5% se esperaba que el mercado se liberalizara y que sus precios comenzaran a ser menos distorsionados y volátiles de lo que habían sido; no obstante lo cual, en la práctica, ello no ha ocurrido y el proteccionismo del sector azucarero se mantiene sin variación. Ello explica que los precios del mercado de excedentes puedan alcanzar niveles irrisorios que sólo existen por las protecciones que subsisten en los mercados internos de los países exportadores.

Manifestó que los aranceles consolidados y las medidas de salvaguardia en este mercado confirman los niveles de protección; así por ejemplo, Europa, que representa el 40% de la oferta mundial de azúcar blanca, y Estados Unidos, además de sus consolidados superiores a 150%, tienen salvaguardias automáticas que, en total, alcanzaron el año pasado a 350% y 250% respectivamente. Guatemala tiene un mercado cerrado y consolidó 160%, México 156%, Colombia 117%, etcétera. En el caso de Argentina, se consolidó en 35%, pero al tener una banda mayor a la chilena también está excedido.

Afirmó que, en consecuencia, el nivel de protección que tendrá Chile es inferior a la media en el contexto de este mercado.

Aseguró que el azúcar en Chile sigue teniendo un precio a consumidor que está entre los más bajos del mundo. Al respecto, puntualizó que ha experimentado una evolución con tendencia a la disminución en relación al IPC general, es decir, en relación a la canasta promedio de consumo.

Del intercambio de opiniones que generó el debate en la Comisión es posible identificar algunos puntos que influyeron en la proposición de modificaciones al texto del proyecto, a través de indicaciones que se presentaron en la Comisión y otras que lo serán en la Sala.

Se planteó la conveniencia de incorporar al proyecto una norma que consagre el mecanismo de las cuotas que se ha negociado como elemento de compensación a terceros países y evite que pudiera tener éste un carácter monopólico en su asignación. De igual manera, se incluirá una norma que lo haga lo más transparente posible mediante información al Congreso de los resultados de la asignación.

Se señaló la procedencia que el alza del arancel consolidado propuesto tenga un plazo de vigencia de no más de dos años, para evitar así que se modifique el criterio actual contemplado en la ley de que los derechos específicos no pueden tener más de dicho período de duración.

Se generaron discrepancias en la Comisión respecto al efecto que tendría en el precio interno de la azúcar la no aprobación del proyecto, teniendo presente que a partir del 26 de noviembre dejan de operar los derechos específicos.

La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural dispuso en el certificado correspondiente que esta Comisión conociera los dos artículos del proyecto de ley en informe.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:

En el artículo 1° del proyecto, se modifica el arancel tipo básico, consolidado por Chile ante la Organización Mundial de Comercio, alzándose de un treinta y uno coma cinco por ciento (31,5%) a un noventa y ocho por ciento (98%), únicamente para las posiciones arancelarias 1701.1100, 1701.1200, 1701.9100 y 1701.9900, en los términos de la Sección I-A de la Parte I de la Lista VII, anexada al Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 1994, GATT 94, promulgado como anexo 1° del Acuerdo de Marrakech, por Decreto Supremo de Relaciones Exteriores N° 16 de 5 de enero de 1995 y publicado en el Diario Oficial el día 17 de mayo de 1995.

Los Diputados señores Jocelyn-Holt y Palma, don Andrés, formularon dos indicaciones:

- la primera, para agregar a continuación de la palabra “alzándose” la frase siguiente: “por el período de dos años contados desde la fecha de publicación de la presente ley”.

- la segunda, para agregar el siguiente inciso:

“Al término de los dos años a que se refiere el inciso precedente, el tipo básico consolidado por Chile ante la Organización Mundial de Comercio, será nuevamente un treinta y uno como cinco (31,5%), y se suprimirán las cuotas de importación libre de gravamen concedidas en razón del aumento dispuesto en el inciso precedente.”

Puestas en votación las indicaciones precedentes, se solicitó dejar constancia del voto, siendo rechazadas por 2 votos a favor de los Diputados Jocelyn-Holt y Palma, don Andrés y 7 votos en contra de los Diputados

Señora Prochelle, Alvarez, Dittborn, García, don José, Ortiz, Silva y Tuma.

Sometido a votación el artículo 1° fue aprobado por 7 votos a favor de los Diputados señora Prochelle, Alvarez, Dittborn, García, don José, Ortiz, Silva y Tuma y 2 votos en contra de los Diputados señores Jocelyn-Holt y Palma, don Andrés.

En el artículo 2°, se agrega, a continuación del punto final del artículo 12 de la ley Nº 18.525, que pasa a ser punto aparte (.), el siguiente inciso final:

"Los derechos específicos que resulten de la aplicación de este artículo, sumados al derecho ad valorem, no podrán sobrepasar el arancel tipo básico, consolidado por Chile ante la Organización Mundial del Comercio para las mercancías a que se refiere este artículo, considerando cada operación de importación individualmente y teniendo como base de cálculo el valor CIF de las mercancías comprendidas en la respectiva operación. Para tal efecto, corresponderá al Servicio Nacional de Aduanas adoptar las medidas conducentes a mantener el límite señalado en esta disposición.

Puesto en votación el artículo 2° fue aprobado por 5 votos a favor de los Diputados señora Prochelle, García, don José, Ortiz, Silva y Tuma, 2 votos en contra de los Diputados señores Jocelyn-Holt y Palma, don Andrés, y una abstención del Diputado Dittborn, don Julio.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Hacienda propone a la Sala de esta H. Corporación el siguiente

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- Modifícase el arancel tipo básico, consolidado por Chile ante la Organización Mundial de Comercio, alzándose de un treinta y uno coma cinco por ciento (31,5%) a un noventa y ocho por ciento (98%), únicamente para las posiciones arancelarias 1701.1100, 1701.1200, 1701.9100 y 1701.9900, en los términos de la Sección I-A de la Parte I de la Lista VII, anexada al Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 1994, GATT 94, promulgado como anexo 1° del Acuerdo de Marrakech, por decreto supremo de Relaciones Exteriores N° 16, de 5 de enero de 1995 y publicado en el Diario Oficial el día 17 de mayo de 1995.

Artículo 2°.- Agrégase, a continuación del punto final (.), del artículo 12 de la ley Nº 18.525, que pasa a ser punto aparte (.), el siguiente inciso final:

"Los derechos específicos que resulten de la aplicación de este artículo, sumados al derecho ad valorem, no podrán sobrepasar el arancel tipo básico, consolidado por Chile ante la Organización Mundial del Comercio para las mercancías a que se refiere este artículo, considerando cada operación de importación individualmente y teniendo como base de cálculo el valor CIF de las mercancías comprendidas en la respectiva operación. Para tal efecto, corresponderá al Servicio Nacional de Aduanas adoptar las medidas conducentes a mantener el límite señalado en esta disposición.”.”.

SALA DE LA COMISIÓN, a 9 de octubre de 2001.

Acordado en sesiones de fechas 2, 3 y 9 de octubre de 2001, con la asistencia de los Diputados señores Tuma, don Eugenio (Presidente); Alvarado, don Claudio; Alvarez, don Rodrigo; Dittborn, don Julio; Galilea, don Pablo; García, don José; Jocelyn-Holt, don Tomás (Jiménez, don Jaime); Lorenzini, don Pablo; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Palma, don Andrés; Prochelle, señora Marina, y Silva, don Exequiel.

Se designó Diputado Informante al señor SILVA, don EXEQUIEL.

JAVIER ROSSELOT JARAMILLO

Abogado Secretario de la Comisión

MODIFICACIÓN DEL ARANCEL BÁSICO CONSOLIDADO PARA PARTIDAS RELACIONADAS CON EL AZÚCAR. Primer trámite constitucional.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica el arancel básico consolidado de nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio para ciertas partidas relacionadas con el azúcar.

Diputados informantes de las Comisiones de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y de Hacienda son los señores Guillermo Ceroni y Exequiel Silva , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín Nº 2788-01, sesión 35ª, en 11 de septiembre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 2.

-Certificado de la Comisión de Agricultura e Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nºs 4 y 5, respectivamente.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Agricultura.

El señor CERONI.-

Señor Presidente, a pesar de que el proyecto es extraordinariamente importante para las zonas agrícolas, en especial para los campesinos, voy a tratar de ser lo más breve en aras de lograr su votación en la hora que se ha acordado.

La Comisión de Agricultura informa acerca de este proyecto de ley, en primer trámite constitucional, cuyo objetivo es modificar el arancel básico consolidado de nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio para ciertas partidas relacionadas con el azúcar.

En la Comisión escuchamos al ministro de Agricultura, señor Jaime Campos ; a la subsecretaria de Hacienda, señora María Eugenia Wagner ; al jefe subrogante del Departamento de Políticas Comerciales de la Dirección de Relaciones Económicas de la Cancillería, y a otras personalidades, como al director nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas, Odepa , señor Carlos Furche.

El proyecto modifica el arancel tipo básico, consolidado por Chile ante la Organización Mundial de Comercio, en los términos de la Lista VII, anexada al Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, Gatt 94, promulgado como anexo 1º del Acuerdo de Marrakech, por decreto supremo de Relaciones Exteriores Nº 16, de 5 de enero de 1995, y publicado en el Diario Oficial el 17 de mayo de 1995. Esa lista recoge, en el fondo, todas las concesiones y compromisos arancelarios de Chile, entre los cuales figuran los relacionados con el azúcar y con otros productos afines. Se dispuso que el arancel máximo consolidado para ese tipo de productos es de 31,5 por ciento; pero, por las razones que voy a exponer más adelante, el proyecto de ley sube ese arancel.

Asimismo, el proyecto modifica la ley Nº 18.525 en el sentido de que, en ningún caso, los aranceles o las tasas que se apliquen, para poder manejarse dentro de las bandas de precios, podrán superar el arancel consolidado, específicamente el que vamos a aprobar acá.

La idea matriz del proyecto es permitir que el arancel consolidado sea mayor que el actual, y esto tiene que ver con el funcionamiento de las bandas de precios, las cuales son un sistema estabilizador de los precios internos para ciertos productos agrícolas, como el trigo, las oleaginosas y el azúcar. En la actualidad, existe una tremenda inestabilidad en los precios de estos productos en los mercados internacionales, los cuales presentan variaciones impredecibles debido a factores climáticos que a veces afectan los rendimientos y las políticas de los gobiernos de grandes países productores, que por razones estratégicas transan en el mercado sus excedentes, lo que provoca variaciones abruptas en la oferta y alteraciones en el precio, lo cual no guarda consonancia con lo que debe ser un libre mercado. Además, hay gobiernos que apoyan a sus productores estableciendo subsidios; debido a ello, los precios de los productos importados no corresponden a los de un mercado transparente. Eso, obviamente, conduce a enormes fluctuaciones que inciden en los precios de nuestros productos y, por supuesto, atentan contra el agricultor nacional.

Para evitar el efecto de estas fluctuaciones erráticas y su impacto en el mercado interno, se creó la banda de precios, que establece un piso y un techo dentro de los cuales se mueve el costo de importación. Para fijarla se consideran los precios internacionales promedio mensuales en los mercados relevantes: en el caso del trigo, los últimos cinco años, y para el azúcar, los últimos diez años, y se eliminan los precios más altos. Finalmente, para los valores que quedan se calcula el piso y el techo de la banda respectiva.

La banda opera cuando el costo de importación de un producto está fuera de ella. Si ese costo es inferior al de la banda, se aplica un derecho específico para elevarlo al piso de la banda. Por el contrario, si el costo de importación del producto es superior al techo, se rebajan los aranceles a fin de dejarlos dentro de la banda. La idea es que el precio del producto opere dentro de los márgenes que indica la banda. Por ejemplo, cuando el precio FOB de un producto afecto a la banda es menor que su piso, se aplica un derecho específico para elevar su costo de importación a ese nivel. Si el precio FOB supera el techo, se aplica la rebaja de aranceles correspondiente.

En relación con el proyecto, debo expresar que el arancel consolidado ante la OMC establece un límite para operar dentro de la banda, no pudiendo excederse del 31,5 por ciento. Con este margen tan pequeño de maniobra debido a que los costos de importación son muy bajos y no reflejan un mercado transparente, porque muchas veces son la consecuencia de subsidios o de decisiones de gobiernos que alteran el mercado, no se alcanza a llegar al piso de la banda. Entonces, para enfrentar esta competencia desleal de las importaciones se utilizan las salvaguardias, que es otro mecanismo legítimo para lograr que la banda funcione, las cuales tienen un plazo de duración determinado y, concretamente, la salvaguardia para el azúcar, con la cual hemos podido enfrentar costos de importación tan bajos, termina el 25 de noviembre de 2001. Por eso la aprobación de esta iniciativa de ley es tan importante para el sector productivo, pues permite que la banda de precios opere adecuadamente. Ese es su único objetivo.

De más está decir el tremendo significado social y económico que representa este proyecto, el cual permite que la banda de precios opere con tranquilidad en el futuro. Se da una señal importante a un sector que involucra a gente sencilla, a campesinos, en el sentido de que puede seguir produciendo remolacha. No nos confundamos. Es cierto que acá tenemos la industria Iansa, y todos sabemos qué es, pero el tema es que la terminación de este rubro implica también la desaparición de un inmenso sector de gente sencilla que vive de este cultivo. Estamos hablando de campesinos, especialmente de la Séptima Región hacia el sur.

El proyecto es una de las mayores aspiraciones que tuvimos el año pasado en la mesa agrícola, en la cual solicitamos al Gobierno estudiar el tema porque nos preocupa la suerte de la mayoría de los campesinos que se dedican a este cultivo, por cuanto el 68 por ciento de ellos tiene menos de cinco hectáreas. Solamente el tres por ciento son grandes agricultores que poseen más de 30 hectáreas; la mayoría de la gente que trabaja en el rubro son personas sencillas.

Lo más importante es que esta actividad da mucho trabajo en Chile. Según los estudios que tengo a mano, proporciona empleo a 31.500 personas. De partida, los campesinos dedicados a este rubro son alrededor de siete mil y, de acuerdo con la información de que se dispone, en la industria están empleadas 2.400. Además, hay otros sectores involucrados, como el de transportistas, ligado a esta actividad de una u otra forma, y el de agricultores agrícolas, que son más de 16 mil personas.

En definitiva, el tema incide en que siga adelante o no un rubro productivo de gran incidencia social y económica. Por eso estamos apoyando el proyecto. No nos confundamos, esta iniciativa no se creó para favorecer a una gran empresa, sino para beneficiar a productores chilenos que tienen el legítimo derecho a continuar en el rubro.

Para lograr el arancel consolidado hubo que hacer negociaciones con países que normalmente importan azúcar desde Chile, los que, obviamente, se sentían afectados. A fin de alcanzar ese objetivo, el Gobierno presentó una indicación al proyecto con el propósito de fijarles una cuota de importación anual libre de arancel o sea, el costo lo absorbe el mismo sector, distribuida de la siguiente manera: Argentina, 21 mil toneladas; Guatemala , 16.700 toneladas; Brasil 9.700 toneladas, y otros, en general, 12.600 toneladas.

En definitiva, el artículo 1º del proyecto eleva el arancel consolidado del 31,5 por ciento al 98 por ciento. Esto no quiere decir que ese arancel regirá permanentemente, sino que es el máximo de aplicación de las distintas tasas para que opere la banda de precios.

En su artículo 2º dispone, en forma obligatoria, que cualquier tasa o arancel que se aplique para permitir la fluctuación de la banda de precios no podrá superar, por ningún concepto, el porcentaje de 98 por ciento.

Asimismo, en la indicación del Ejecutivo, que fija las cuotas anuales de importación para los países mencionados, se faculta al Servicio Nacional de Aduanas para establecer las normas aplicables a la administración del procedimiento, y se añade que dicho Servicio deberá informar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, durante el primer trimestre de cada año, sobre el detalle de su utilización.

Eso es, en esencia, lo que puedo informar en nombre de la Comisión, la cual aprobó el proyecto por mayoría de votos y está consciente de su gran significación para el sector productivo.

Finalmente, debo señalar que la Comisión determinó, por unanimidad, que el proyecto no contiene normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado y, en consecuencia, lo aprobó en general y en particular.

He dicho.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Exequiel Silva.

El señor SILVA.-

Señor Presidente, el vasto informe del diputado señor Ceroni me va a ahorrar bastante tiempo.

El proyecto, fundamentalmente, se refiere a dos materias.

En su artículo 1º, aumenta el arancel básico consolidado de nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio, OMC, para ciertas partidas relacionadas con el azúcar, de 31,5 por ciento a 98 por ciento, y en su artículo 2º, precisa la base de cálculo en la legislación sobre bandas de precio, en términos de que los derechos específicos no sobrepasen el arancel consolidado ante la OMC.

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos y revisado por la Comisión de Hacienda, con fecha 1 de octubre de 2001, señala que el proyecto no representa costo fiscal para el año 2001.

El Gobierno de Chile, para llevar a cabo y presentar el proyecto ante el honorable Congreso, realizó un conjunto de negociaciones y consultas bilaterales con los países miembros de la OMC señalados por el diputado informante de la Comisión de Agricultura, en el marco del artículo 28 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, Gatt , que establece los procedimientos para modificar o rectificar las listas de concesiones arancelarias hechas por cada país ante esa organización internacional, que tuvieron por objeto alzar el arancel señalado en el artículo 1º para las producciones de azúcar contempladas en la Lista VII.

La elevación del arancel consolidado, de 31,5 por ciento a 98 por ciento, no significa que operará este último porcentaje, como aquí se ha señalado. No es más que un seguro o resguardo, a raíz de los bajos precios que ha experimentado el azúcar y que han sobrepasado en varias ocasiones durante los meses anteriores el arancel consolidado de 31,5 por ciento. Por lo tanto, es una medida de protección que entrará en aplicación cada vez que el precio del azúcar baje más allá del piso que establece el sistema de banda de precios que opera en el país.

El artículo 2º ratifica que los derechos específicos que resulten de la aplicación del artículo anterior, sumados al derecho ad valorem, no podrán sobrepasar el arancel tipo básico, consolidado por Chile ante la Organización Mundial de Comercio. O sea, es un seguro o un resguardo para quienes crean que por esta vía o norma podemos sobrepasar permanentemente el arancel.

En la Comisión de Hacienda, varios señores diputados plantearon dudas y, además, formularon una serie de indicaciones que fueron rechazadas de manera mayoritaria; pero se llegó al compromiso con el Ejecutivo que cumplió con el envío de las indicaciones que, tomando en cuenta las inquietudes de la Comisión, profundiza respecto de la transparencia de las cuotas y de su uso, en el sentido de no permitir que un solo importador utilice la franquicia con arancel cero, de manera de dar posibilidad de una participación más amplia a más agentes del mercado, al poner el tope de 20 por ciento que, a pesar de las grandes distorsiones de los mercados internacionales, permitirá que las operaciones al interior sean más transparentes.

Hacia eso apunta la indicación al artículo que, reitero, especifica claramente las cuotas.

Por eso, la mayoría de la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto en consideración al impacto en el rubro como señaló el diputado señor Ceroni , en el empleo y en el desarrollo de una actividad productiva de una vasta zona del país, desde la Séptima Región hacia el sur.

He dicho.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

Hago presente a la Sala que hemos acordado votar a las 13 horas en 50 minutos más los proyectos cuyos debates estén cerrados.

El Reglamento establece que cuando la discusión es en general y en particular, los discursos de cada diputado serán de cinco minutos cada uno. En consecuencia, si nos atenemos al artículo 85, no podrán intervenir los siete diputados inscritos.

Tiene la palabra el señor ministro de Agricultura.

El señor CAMPOS (Ministro de Agricultura).-

Señor Presidente, en honor a la premura del tiempo, trataré de ser breve. Además, los informes emitidos por los diputados señores Guillermo Ceroni y Exequiel Silva me ahorrarán algunos comentarios.

El Gobierno envió al Congreso Nacional este proyecto de ley por varias razones. En primer lugar, para dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados con los sectores productivos nacionales de la mesa agrícola, que se desarrolló el año pasado, y con los presidentes de las Comisiones de Agricultura de la Cámara y del Senado, logrados en esa misma oportunidad.

Ello obedece a que, como aquí se ha dicho, el sector remolachero, desde el punto de vista agrícola, tiene vital importancia para el desarrollo de la agricultura nacional. Estamos hablando de la explotación de más de 50 mil hectáreas, que directamente genera sobre los 10 mil empleos, y de manera indirecta, beneficia a una cifra superior a las 35 mil personas.

Es una actividad muy focalizada en las regiones Séptima, Octava y Novena , donde se concentra la agricultura tradicional o la sustitutiva de productos de exportación, la que, además, cumple un importante rol en la rotación de cultivos, proceso fundamental para obtener otros productos.

El sector remolachero es uno de los más dinámicos de la actividad agrícola. El nivel de rendimiento que ha alcanzado en los últimos años es impresionante; incluso sus productores han adquirido el compromiso de transformarse, en cinco años, en los primeros del mundo. La inversión efectuada en el sector, fundamentalmente a través de los programas de riego que implementa el Ministerio de Agricultura, en gran medida se han concentrado en esta actividad.

También hemos tenido presente que detrás de la producción de remolacha existen 8 mil productores, de los cuales 6 mil son empresas campesinas de pequeños propietarios. De manera que con el envío de esta iniciativa, el Gobierno ha tenido presente no sólo las consideraciones económicas, sino también las sociales.

En el fondo, el proyecto pretende generar las condiciones para que en Chile pueda seguir funcionando el sistema de bandas de precios. En este momento, entre otros productos, el trigo, la remolacha y el azúcar tienen como instrumento estabilizador las bandas de precios, y el Gobierno está obligado a respetarlas, porque están consagradas en la ley. Mientras el Congreso Nacional no discuta y establezca la supresión de dichas bandas de precios, el Estado debe respetarlas.

Pues bien, ocurre que en el mercado internacional uno de los productos agrícolas más volátil y con variación de precios más impresionante es precisamente el azúcar. En la práctica, esto significa que, incluso en un mismo año, su precio internacional tiene oscilaciones muy importantes. Esta situación y la existencia del sistema de bandas, a veces nos obliga a disponer sobretasas arancelarias para respetar el precio del piso de la banda establecida por ley, superiores al 31,5 por ciento, que en su momento registramos ante la Organización Mundial de Comercio.

Luego, ¿qué se pretende con este proyecto de ley? Simplemente, sincerar una situación, porque en el rubro del azúcar en reiteradas ocasiones hemos aplicado aranceles superiores al 31,5 por ciento, de manera que el del 98 por ciento que registramos ante la Organización Mundial de Comercio no es un porcentaje arbitrario, sino la consecuencia del estudio que hemos hecho de las fluctuaciones de precios en los últimos años. Tampoco significa que el azúcar estará gravada con ese arancel en forma automática, por cuanto es el margen que tendrá Aduanas, según las variaciones del precio internacional y del piso de la banda.

En consecuencia, con la aprobación de esta iniciativa por el Congreso Nacional se mantiene, en primer lugar, la vigencia de las bandas de precios como instrumento estabilizador para la agricultura nacional y para nuestros productores, a fin de darle sustentabilidad al sector en el mediano y largo plazo. En segundo lugar, se da transparencia y sinceridad a una situación existente.

Algunos han dicho que la aprobación de este proyecto podría implicar para el consumidor nacional un aumento del precio del azúcar. Este debate ya se dio al interior de las Comisiones de Agricultura y de Hacienda, donde demostramos que esa afirmación no es efectiva. Con esta normativa o sin ella, en virtud de la banda, el precio del azúcar se mantendrá en los mismos niveles.

Por otra parte, también se ha señalado que la influencia del insumo azúcar en el cálculo de los costos de algunos productos podría llevar al encarecimiento artificial de ellos. Al respecto, tanto a la Comisión de Hacienda como a la de Agricultura entregamos estadísticas que demuestran que del mismo modo en que el precio internacional y el piso de la banda del azúcar en los últimos años han ido decreciendo lo que en la práctica se traduce en que el precio del azúcar ha ido bajando en forma proporcional, en ese mismo porcentaje ha ido aumentando el precio de algunos productos que tienen como insumo principal el azúcar. De manera que la argumentación dada en ese sentido carece, a nuestro entender, de mayor argumento o solidez.

A raíz de las discusiones surgidas al interior de las Comisiones de Agricultura y de Hacienda de esta honorable Cámara, hoy hicimos llegar indicaciones al proyecto, que no hacen más que recoger situaciones que ya estaban convenidas y registradas en los entes pertinentes.

Me explico. Agregamos un inciso en que se hace referencia a las cuotas, tanto en sus volúmenes generales como en los porcentajes o en las asignaciones respectivas, que les corresponderá a países que son nuestros socios comerciales.

En verdad, esto ya estaba consignado en la Organización Mundial de Comercio. Fue el tema que hubo que negociar con nuestros principales socios comerciales para estos efectos Argentina, Guatemala y Brasil, de manera que incorporarlo en el proyecto no hace nada más que transparentar una situación que desde un punto de vista formal ya existía.

Además, nos ha parecido importante establecer la forma en que se accederá a estas cuotas, fijar algunas limitaciones a los importadores en el sentido de que no pueden hacer uso más que de un porcentaje determinado, con el objeto de que nadie suponga que aquí hay un uso monopólico de las cuotas, lo que beneficiaría a algunos y perjudicaría a otros.

El Gobierno, particularmente el Ministerio de Agricultura, vería con mucha satisfacción que el Congreso Nacional aprobara el proyecto y las indicaciones presentadas, puesto que, de ese modo, no sólo daremos cumplimiento a los compromisos asumidos el año pasado al interior de la mesa agrícola, con participación de todos los actores vinculados a esa actividad, sino que, además, entregaremos una señal que la agricultura chilena necesita: de seguridad y de confianza para que los productores continúen contribuyendo al desarrollo nacional, como lo han hecho a través de toda la historia de Chile y, en este caso específico, por medio de la mantención de la política de bandas de precios. También estamos dando una señal muy especial y significativa a uno de los sectores más dinámicos y modernos, que ha demostrado una capacidad de adaptación a la realidad de los nuevos tiempos mucho más avanzada que otros, como es el de los productores de remolacha de Chile.

Gracias, señor Presidente.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

Quedan 37 minutos y hay 10 diputados inscritos, de manera que quienes tengan interés en aprobar el proyecto pueden hablar hasta tres minutos.

Tiene la palabra el diputado señor Pedro Pablo Álvarez-Salamanca.

El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-

Señor Presidente, entiendo perfectamente las razones del proyecto de ley en discusión. Comparto el artículo 2º, en el sentido de que legitima las bandas de precios como un resguardo necesario para nuestra producción agrícola y como mecanismo estabilizador de precios de algunos de nuestros productos que, sabemos, compiten con importaciones que tienen en sus países de origen subsidios directos a la producción o subsidios indirectos a través de insumos asociados, lo que es más grave, a la subvaloración del trabajo de campesinos o niños que participan en el proceso de producción.

Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con el alza desmesurada del arancel de importación de azúcar, por el solo hecho de que con ello entregaremos, casi eternamente, el monopolio de la producción a la Iansa.

La Iansa es una empresa que no tiene limitaciones para apremiar, desde todo punto de vista, a los agricultores que siembran remolacha. Les cobra intereses casi usurarios, sobreprecio por los insumos que les entrega y les retiene el IVA, con lo cual les causa problemas permanentes en Impuestos Internos. En las cobranzas, no tiene misericordia con la gente y a los pequeños agricultores los deja prácticamente en la calle. Jamás pierde.

En la sequía de 1997, siempre perdieron los agricultores, a pesar de que los informes de los técnicos de Iansa decían que las pérdidas en la producción se debían a falta de agua. Sólo resultaron afectados los agricultores, y la Iansa no reflejó pérdida alguna.

En 1998, la Iansa probó nuevas semillas y nuevas técnicas de riego y de cultivo. Una vez más, los informes de los técnicos dijeron que la baja en la producción de remolacha se debía a que la nueva técnica de riego no fue bien asimilada por el agricultor o que la semilla no funcionó en ese tipo de suelo. Pero eso ni siquiera fue considerado y, una vez más, perdieron los agricultores.

Hoy, la Iansa expresa, como señaló el ministro, que este proyecto es muy importante, porque permite mantener el cultivo de remolacha en Chile, donde 8 mil agricultores se dedican a este rubro.

Al respecto, quiero decir que sólo en la región del Maule 900 agricultores están siendo apremiados por esa industria, muchos de ellos judicialmente, a los cuales ni siquiera se les da alguna solución real. Sus deudas de 1997, sólo en intereses y multas, son enormes. La obligación de una persona, de un millón o un millón y medio de pesos en ese año, hoy asciende a 12 millones o a 13 millones. A un agricultor que en julio debía 5 millones de pesos a la Iansa, se le remató un televisor y una estufa a gas, por lo cual esa empresa obtuvo no más de 12 mil pesos. El costo del remate fue de 50 mil pesos; es decir, hay que agregar a la deuda de esa persona el costo del remate. ¡La Iansa no tiene misericordia con los agricultores!

El proyecto, por muy importante que sea desde el punto de vista del país, carece de resguardos para los sembradores de remolacha. Sigue permitiendo a Iansa ser juez y parte en los análisis de calidad del azúcar para los que no entienden, me estoy refiriendo al grado de contenido de azúcar y de impurezas donde la industria hace lo que quiere, sin ninguna transparencia. Los agricultores, simplemente, deben aceptar lo que la empresa concluye en esta materia.

Este proyecto es un traje a la medida para la Iansa. Fue hecho apresuradamente por un problema de plazos, de vencimientos de compromisos y de alegaciones ante organismos internacionales, pero no cautela para nada los intereses de los agricultores.

Por ello, al menos en mi caso, lo voy a votar en contra.

He dicho.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.

El señor IBÁÑEZ.-

Señor Presidente, aunque no sea un tema de mi especialidad, me parece importante intervenir en este debate, por lo menos para señalar a la opinión pública que, si bien es cierto que los intereses de ciertos sectores agrícolas chilenos son importantes y es trascendente el empleo que se genera en ellos con determinados productos, como la remolacha, también es relevante señalar que sectores industriales se verán gravemente perjudicados si se aprueba la normativa que se discute.

Es el caso de muchas empresas ubicadas en la Quinta Región, que utilizan el azúcar como uno de sus insumos principales, especialmente aquellas que elaboran chocolates, mermeladas y chancaca. Estas industrias deben competir con productos similares importados que tienen un alto contenido de azúcar, pero que no pagan los aranceles que deben enterar las industrias nacionales que usan azúcar, importada o nacional, pero con precios equivalentes.

Por ello, consideramos que la tramitación de este proyecto ha sido demasiado apresurada. Francamente, nos parece un despropósito por no decir una falta de respeto para los productores nacionales que la urgencia de este proyecto haya sido calificada de “discusión inmediata”, lo cual significa dejarlo casi sin discusión y privar a todos los sectores interesados de la posibilidad de hacer llegar sus opiniones e ideas.

Es indispensable analizar la constitucionalidad de esta iniciativa, porque no nos parece que ésta se encuentre enteramente asegurada.

Lo que más me preocupa es la discriminación arbitraria contra industrias que utilizan el azúcar como uno de sus insumos. Ellas deben competir con productos importados, que tienen gran cantidad de azúcar, a los cuales no se les aplica el arancel respectivo.

Por lo tanto, manifiesto mi opinión negativa respecto de este proyecto. Pienso que hay una transferencia, sin razón, de recursos de un sector de chilenos hacia otro, lo que produce un cierto enriquecimiento no justificado. En definitiva, es el consumidor el que paga las cuentas de estas excesivas protecciones que favorecen a un sector de chilenos a costa de la inmensa mayoría. Existe una grave pérdida de competitividad y de crecimiento para nuestra Quinta Región, duramente castigada, con uno de los porcentajes de cesantía más altos en el país. Un proyecto como éste significará más desempleo, o por lo menos impedirá que de alguna manera revirtamos la situación.

Aun cuando mi opinión es contraria a este proyecto, me voy a abstener en la votación por eventuales intereses contrapuestos.

He dicho.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, primero, quiero destacar con mucho entusiasmo y beneplácito que el Gobierno haya dado una señal muy potente en favor de un sector de los agricultores.

El productor lechero vive un drama porque destina grandes porciones de tierra para el cultivo de la remolacha, no solamente para obtener rentabilidad, sino por la necesidad de la rotación de cultivos, a fin de mantener la calidad de la tierra.

Segundo, este proyecto permitirá a miles de agricultores, con sus familias, conservar una fuente de trabajo y una actividad agrícola, por lo menos algo rentable.

Aquí se ha criticado la posición monopólica de la Iansa, pero este proyecto no apunta a resolver y terminar la posición dominante de esta industria, sino a permitir que siga contratando con los pequeños agricultores la producción de la remolacha.

Por mi parte, estoy disponible para trabajar con los parlamentarios que lo deseen, y con el Gobierno, a fin de tratar de solucionar las distorsiones del mercado, con el objeto de evitar que quienes tienen posiciones dominantes no abusen de ello. Lo que hace el proyecto es viabilizar el negocio de la remolacha.

Se dice que los precios de los productos chilenos no pueden competir con los importados por los subsidios existentes en países como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un consolidado superior al 150 por ciento; Europa , cuenta con más del 40 por ciento de la oferta mundial de azúcar blanca y una salvaguardia automática, que en total alcanzó el año pasado entre 350 y 250 por ciento; Guatemala , con un mercado cerrado, consolidó 160 por ciento; México , el 156 por ciento, y Colombia, el 117 por ciento. Y aquí se está objetando que Chile proteja el piso de la banda para que muchos agricultores sigan produciendo.

No es efectivo que la aplicación de este proyecto provocará el alza del precio del azúcar, porque los informes demuestran que en los últimos años ha bajado un 30 por ciento; sin embargo, los industriales a que hacía referencia el diputado señor Ibáñez han alzado el valor de sus productos en 17 por ciento.

En definitiva, este proyecto compatibiliza la producción de la remolacha con el cumplimiento de compromisos contraídos con la Organización Mundial de Comercio, cuyas normas ha respetado nuestro país. Ahora, si hemos puesto salvaguardias a un piso de la banda es por el valor irrisorio al cual se estaba internando.

Las cuotas de importación que se están estableciendo impiden que sólo sea la Iansa la que opere, ya que están limitadas a no más allá de un 20 por ciento por cada importador. Se atomiza la distribución de esta cuota de importación, la que por primera vez entrará con arancel cero.

También en materia de precios se favorecerá al consumidor. Me he destacado por defender los derechos de los consumidores y, en este caso, tengo la convicción de que esta normativa no generará el alza del precio del azúcar; por el contrario, permitirá que muchos más chilenos continúen consumiéndola.

Por otra parte, si miles de agricultores dejan de trabajar y de explotar la tierra, ¿cómo resolveremos el problema de la desocupación? Se trata de un proyecto en pro del empleo y de la justicia, en favor de los agricultores y también de los trabajadores.

He dicho.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, me he visto en la necesidad de intervenir en este debate después de escuchar a mi colega Álvarez-Salamanca, con quien no sólo tengo una amistad ciudadana, sino también una experiencia de diálogo en los tópicos abordados en este proyecto hace muchos años en la Comisión de Agricultura.

Por eso he querido empezar mi intervención señalando que es lamentable que en nuestro país exista tanto ideologismo que impida entender que el Estado puede y debe jugar un papel para proteger a los productores, con el fin, entre otras cosas, de evitar su sobreendeudamiento, esencialmente en el proceso de comercialización de ciertos productos.

La Iansa fue privatizada para fines particulares y viles intereses de grupos económicos sesgados, y dejó de cumplir un rol básico en toda agricultura moderna, que tiene que ver con la protección, no de la producción, sino del equilibrio entre los precios justos de los productos y el acceso a ellos de los usuarios, en forma directa o secundaria. Lo que ha ocurrido con los remolacheros también les ha pasado a los lecheros, a los productores de maíz, a quienes han innovado y se han transformado en semilleros, y a los productores de fruta, que muchas veces están a merced no de una agroindustria cualquiera, sino de las empresas exportadoras y del grupo Penta. Por ello, cuando se discute de economía agrícola, uno debe entender que estamos insertos en un modelo que debería ser revisado, no para eliminar los estímulos de mercado, que son importantes, sino para contar con mecanismos de protección a los productores y garantizar estabilidad y precios competitivos.

Economías que han recorrido un camino similar al nuestro han aprendido, antes que nosotros, que las estructuras públicas o mixtas de estabilización de precios, como los board en Australia y en Nueva Zelanda, son instrumentos útiles.

Mientras no seamos capaces, como país, de avanzar en el debate sin los prejuicios ideológicos del pasado, necesitaremos recurrir a este tipo de mecanismos propios de la economía agrícola, en los cuales se entiende que el poblamiento del territorio y el proceso productivo agrícola tienen un valor en sí, más allá del producto específico. Por ello, comparto no sólo el espíritu del proyecto que se nos ha presentado, sino que lo considero vital para ciertas zonas del país, en especial respecto de las regiones Séptima y Novena, productoras de remolacha y ganaderas, y para bolsones de la Décima Región norte, que tienen una situación similar.

Lo que se pretende es ajustar nuestra legislación a fenómenos futuros, pues si no modificamos nuestro arancel básico consolidado de 31,5 a 98 por ciento, mañana podemos causar un tremendo perjuicio a pequeños agricultores y también a varias comunas y regiones.

A mi juicio, esta norma tiende a prepararnos para la eliminación de ciertas bandas, como la del azúcar, y asegurar que, a través de otros medios, se garanticen precios más estables y adecuados para los productores, algo a lo cual nadie se puede oponer.

Entiendo la inquietud manifiesta respecto de los impactos que esta norma podría tener sobre el precio de los insumos para las industrias gaseosas, de dulces y de galletas, que son bastante exitosas en nuestro país y que incluso están exportando. Sin duda, no sólo deberemos tener cuotas de exportación con arancel cero garantizado para evitar distorsiones de precios en el mercado interno, sino que, además, estar vigilantes para que dichas industrias puedan seguir su proceso de crecimiento, lo que nos interesa a todos.

Hay que estar conscientes de que el azúcar no es el único insumo que usan las industrias transformadoras para endulzar sus productos. Por ello, debemos adecuar el debate y no caer en la distorsión de pensar que la Coca-Cola o la Bilz y Pap usan azúcar para endulzar, pues varias industrias utilizan otros productos.

Entiendo que estas normas deben dar paso a otra visión sobre cómo regular los precios de los productores en nuestra economía abierta, ya que somos un mercado pequeño.

La producción del azúcar a nivel mundial es monumental. Como nuestro aporte a ese mercado es absolutamente marginal, necesitamos tener este parámetro para proteger a productores, comunas, regiones y, por cierto, para facilitar otros procesos productivos asociados, como el ganadero, en el cual la remolacha se usa para mantener los nutrientes de la tierra.

Anuncio que votaremos a favor el proyecto y quiero reconocer el aporte del Ministerio de Agricultura al adelantarse a este debate, antes de que sea tarde.

He dicho.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.

El señor PÉREZ (don José).-

Señor Presidente, si los Ministerios de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Agricultura no se hubiesen abocado, por instrucciones precisas del Gobierno, a la renegociación del arancel consolidado ante la Organización Mundial de Comercio, estaríamos en presencia de la desaparición de la empresa Iansa eso hay que dejarlo claramente establecido, lo cual habría significado cesantía en el mundo rural para muchos miles de compatriotas.

Hay que mirar el mundo social, la agricultura y todo el entorno que funciona alrededor de Iansa. De ahí, entonces, nuestro agradecimiento y reconocimiento al Gobierno por esta preocupación que deja tranquila a dicha empresa, y que permite a los agricultores seguir incursionando en un cultivo que, esperamos, sea cada vez más rentable para ellos.

Sin duda, la fuerza laboral involucrada es de tremenda importancia, porque abarca no sólo a productores, sino también al personal de las industrias y a otros que se preocupan de la comercialización del producto.

Debemos seguir manteniendo las bandas de precios con fuerza y energía para garantizar la viabilidad de muchos cultivos tradicionales del sur de Chile.

Me llama la atención que Iansa, industria que todos apreciamos y que pronto cumplirá 50 años, haya firmado un convenio hace sólo unas semanas, con asistencia del Presidente de la República, en la ciudad de Los Ángeles, para llegar a ser campeones mundiales en rendimiento de remolacha por hectárea. Para mí eso no tiene importancia alguna. Más allá de ser campeones mundiales, debemos preocuparnos de que el negocio que realizará Iansa en Chile permita a los agricultores tener un cultivo rentable. Tal como lo decía el ministro, nos inquieta el alto porcentaje de pequeños campesinos que están tremendamente endeudados por incursionar en dicho cultivo. Hay que reestudiar los intereses, el valor de los insumos y entregar una asistencia técnica más cercana a esa gente para que pueda elevar sus rendimientos y pagar sus deudas a Iansa.

He conversado con ejecutivos de la industria, y veo en ellos buena disposición. Habrá que fiscalizar por parte del ministerio del ramo y del Gobierno que esto se cumpla, porque así como queremos tener Iansa para rato, nos interesa también que a los campesinos endeudados se les busque la manera de que puedan salir adelante para que no sigan en la situación agobiante que arrastran por muchos años. Iansa debe jugar un rol fundamental en este tema, sin efectuar descuentos excesivos por conceptos como impurezas o bajos porcentajes de azúcar, ya que finalmente todo ello afecta el resultado económico de la siembra por hectárea.

Le deseo el mejor de los éxitos a la industria Iansa. Espero que haya mayor preocupación por todos nuestros agricultores, en especial por los campesinos endeudados del sur de Chile, a quienes debemos tender la mano ahora que esa empresa continuará operando en el país.

El Partido Radical Social Demócrata votará a favor el proyecto por considerarlo de la mayor importancia para el país y para nuestra agricultura.

He dicho.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor José García.

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente, estoy convencido de que para lograr crecimiento económico y desarrollo social las reglas del juego para el sector productivo deben ser claras y estables en el tiempo. De lo contrario, no hay desarrollo. Ello es particularmente importante en la agricultura, donde el retorno de las inversiones requiere de varios años de maduración y productividad.

Quiero recordar que los diferentes gobiernos de la Concertación se comprometieron con los agricultores del país en el sistema de bandas de precios de tres productos sensibles: trigo, aceite y azúcar. Así se inscribió en la Organización Mundial de Comercio y así se negoció cuando Chile se asoció al Mercosur.

La banda de precios del trigo continúa funcionando. Sin embargo, la del aceite fue burlada y perforada de manera sistemática a través de la importación de mezclas, razón por la cual terminó siendo letra muerta. Por esa razón, un cultivo tan importante como el raps, que además era rotativo para mejorar el rendimiento del trigo, desapareció de los campos chilenos.

Si no aprobáramos el proyecto, correríamos el grave riesgo de que desapareciera otro cultivo alternativo como la remolacha, lo cual significaría llevar a la indigencia a miles de familias campesinas mapuches que durante años han encontrado en ese cultivo un sustento para ellas mismas.

Repito que las reglas del juego deben ser claras y estables, y que si no aprobamos el proyecto simplemente desaparecerá el cultivo de la remolacha, con el consiguiente desempleo para 50 mil personas.

Hago un llamado a mis colegas a votar forablemente la iniciativa por su profundo contenido social y económico, pues significa mantener el desarrollo en muchas localidades y sectores rurales, en especial en aquellos habitados por campesinos mapuches que, como ya dije, no tienen otra alternativa de cultivo.

Por las razones expuestas, anuncio mi voto favorable al proyecto.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, en primer lugar, lamento que Iansa, empresa del Estado, se haya privatizado y se encuentre en manos de empresarios españoles. Si fuera una empresa nacional, seguramente no tendríamos los problemas que ha mencionado el diputado señor Álvarez-Salamanca.

Deseo señalar que aquí se produce una discusión entre los sectores industrial y rural. Como lo señaló el diputado señor Ibáñez , el sector industrial se opone al proyecto.

Si no aprobamos la iniciativa, se cerrará la empresa Iansa y se perderán 35 mil empleos. En el caso de la provincia de Ñuble, uno de cuyos distritos represento, donde está el 25 por ciento de las 50 mil hectáreas de cultivo de remolacha, es decir, 12.500 hectáreas, ello significará un tremendo retroceso, tal como sucedió en la década de los 80, cuando la empresa estuvo improductiva.

La aprobación del arancel diferenciado permitirá que el Estado cumpla el compromiso adquirido en 1998 por el ministro de Hacienda de la época, en orden a mantener las bandas de precios en los sectores productivos del mundo rural, en especial de las regiones del sur de nuestro país.

Felicito a los ministros de Agricultura, de Relaciones Exteriores y de Hacienda por la propuesta de aumentar de 31,5 a 98 por ciento el arancel básico consolidado de nuestro país ante la OMC.

He dicho.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente, confieso que el proyecto me confunde.

No quisiera estar ausente cuando se trata de beneficiar al agro. Sin duda, el proyecto constituye un “beneficio” para algunos.

Por mi condición de hombre de campo no acostumbro a tomar palco cuando se abordan problemas del sector, sobre todo cuando se trata de la tradicional agricultura campesina de nuestro país, como el sector remolachero, que agrupa a una importante cantidad de productores en la Décima Región.

Quiero aclarar el tema a los honorables diputados que me antecedieron en el uso de la palabra. Cuando se habla del mundo campesino, de los pequeños agricultores, del mundo mapuche de la Novena Región, es evidente que debo creer a mis colegas de esa región; pero debo decir, con dolor, que no ocurre lo mismo en la Décima Región de Los Lagos, donde el monopsonio del azúcar en Chile se aplica tal como es.

Por eso, difícilmente podríamos decir que no al “beneficio” que significa el proyecto para la agricultura tradicional, pero hay que expresar la verdad: el beneficio es sólo para algunos. Me refiero específicamente a la Décima Región de Los Lagos, lugar en el que no hay un solo mediano ni pequeño agricultor que sea productor de remolacha, porque allí los grandes agricultores siembran cantidades de remolacha y ellos monopolizan la cantidad que puede absorber la planta Rapaco de la Décima Región.

Creo que estamos legislando porque no hay otra alternativa, pero el proyecto me parece muy pobre, por cuanto triplicar el arancel consolidado a tres partidas referidas al azúcar y modificar las normas sobre bandas de precios no favorece a la parte más importante y tradicional de nuestra agricultura. Por eso, no termino de entender a algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.

Concuerdo plenamente con el diputado señor Juan Pablo Letelier , en el sentido de que Iansa jamás debió ser privatizada, porque fue creada para los pequeños agricultores, a quienes les daba una opción de vida en lo económico y trabajo. Hoy, no tienen esa opción ni trabajo relacionado con la remolacha.

Cuando hablamos de cultivo tradicional hay que saber a qué nos estamos refiriendo. Reitero que el proyecto no cumple los objetivos señalados por los oradores que me antecedieron en el uso de la palabra, en el sentido de que constituye un tremendo beneficio para el país.

Tengo mis dudas y podría abstenerme en la votación, pero veo que hay buena fe, aspecto que no está en discusión. Empero, con la misma agilidad empleada para ayudar a los remolacheros, deseo que se legisle en forma definitiva en el tema arancelario para la leche y el ganado, que dan vida a la Décima Región de Los Lagos.

Como no hay otra forma de ayudar a la agricultura tradicional ni un proyecto mejor, debo tomar una opción: no me queda otra cosa que aprobarlo, porque, aun cuando no lo considero adecuado, de alguna manera cumple ciertos objetivos y no puedo estar en contra de la agricultura tradicional. Sin embargo, el Ejecutivo y el Ministerio de Agricultura deben ser más cuidadosos al legislar sobre la agricultura chilena tradicional.

He dicho.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, aun cuando está cerrado el debate, solicito el acuerdo de la Sala para intervenir por dos minutos y opinar sobre el proyecto, tan importante para la región de Valparaíso.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

Solicito la unanimidad de la Sala para que el diputado señor Longton pueda hacer uso de la palabra, por dos minutos.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

Corresponde votar el proyecto que modifica el arancel básico consolidado de nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio para ciertas partidas relacionadas con el azúcar.

En votación general.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 9 abstenciones.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Caminondo , Cardemil , Ceroni , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Delmastro , Dittborn , Elgueta , Galilea (don Pablo) , García (don José) , Gutiérrez , Hales , Hernández , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Kuschel , Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Luksic , Martínez ( don Rosauro) , Martínez (don Gutenberg) , Molina , Monge , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don José) , Pérez (don Víctor) , Prochelle (doña Marina) , Recondo , Rincón , Riveros , Saa (doña María Antonieta) , Silva , Soto (doña Laura) , Tuma , Velasco , Venegas , Villouta y Walker (don Patricio) .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alessandri , ÁlvarezSalamanca , Cornejo (don Aldo) , Longton , Pérez ( doña Lily) , Valenzuela y Vega.

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado , Bertolino , Cristi ( doña María Angélica) , Ibáñez , Lorenzini , Montes, Mora , Prokurica y Vargas .

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

El señor Prosecretario va a dar lectura a una indicación del Ejecutivo.

El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-

Indicación al artículo 1º, para agregar los siguientes incisos:

“Asimismo, a la sección IB de la Parte I de la Lista VII señalada en el inciso precedente, establécese para la posición arancelaria 1701.9900 “Los demás”, un contingente arancelario de 60.000 toneladas anuales, libre de derechos de aduana. Dicho contingente se distribuirá de la manera siguiente:

“Argentina, 21.000 toneladas anuales; Guatemala , 16.700 toneladas anuales; Brasil , 9.700 toneladas anuales; otros, 12.600 toneladas anuales.

“Ningún importador podrá, directa o indirectamente, hacer uso de más de un veinte por ciento del contingente a que se refiere el inciso segundo de este artículo.

“Facúltase al Servicio Nacional de Aduanas para establecer las normas aplicables a la administración del referido contingente arancelario. Asimismo, dicho Servicio deberá informar, en el primer trimestre de cada año, a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el detalle de la utilización del contingente.”.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

Aprobado el artículo 1º del proyecto con la indicación.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Bertolino , Caminondo , Cardemil , Ceroni , Coloma , Cristi (doña María Angélica) , Delmastro , Dittborn , Elgueta , García (don José) , Gutiérrez , Hales , Hernández , Huenchumilla , Ibáñez , Jaramillo , Jarpa , Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Luksic , Martínez ( don Rosauro) , Martínez (don Gutenberg) , Monge , Montes, Navarro , Núñez , Ojeda , Ortiz , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don José) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Rincón , Riveros , Saa (doña María Antonieta) , Silva , Soto (doña Laura) , Tuma , Vega , Velasco , Venegas , Vilches , Villouta y Walker (don Patricio) .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Lorenzini , Mora , Olivares y Valenzuela .

Se abstuvieron los diputados señores:

Kuschel y Longton .

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

En votación el artículo 2º.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 5 abstenciones.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-

Aprobado.

Despachado el proyecto.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Ávila , Bertolino , Caminondo , Ceroni , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Delmastro , Elgueta , García (don José) , Gutiérrez , Hales , Hernández , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Letelier (don Juan Pablo) , Luksic , Monge , Mora, Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don José) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Reyes, Riveros , Saa (doña María Antonieta) , Silva , Soto (doña Laura) , Tuma , Vargas , Vega , Venegas , Vilches , Villouta y Walker (don Patricio) .

Votó por la negativa el diputado señor Valenzuela .

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado , Álvarez-Salamanca , Leay , Lorenzini y Montes.

VALPARAISO, 10 de octubre de 2001

Oficio Nº 3548

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO:

Con motivo del Mensaje, Informe, Certificado y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente:

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1.- Modifícase el arancel tipo básico, consolidado por Chile ante la Organización Mundial de Comercio, alzándose de un treinta y uno coma cinco por ciento (31,5%) a un noventa y ocho por ciento (98%), únicamente para las posiciones arancelarias 1701.1100, 1701.1200, 1701.9100 y 1701.9900, en los términos de la Sección I-A de la Parte I de la Lista VII, anexada al Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 1994, GATT 94, promulgado como anexo 1° del Acuerdo de Marrakech, por decreto supremo N° 16, de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial el 17 de mayo de 1995.

Asimismo, en la Sección I-B de la Parte I de la Lista VII señalada en el inciso precedente, establécese para la posición arancelaria 1701.9900 "Los demás", un contingente arancelario de 60.000 toneladas anuales, libre de derechos de aduana. Dicho contingente se distribuirá de la manera siguiente:

Argentina 21.000 toneladas anuales

Guatemala 16.700 toneladas anuales

Brasil 9.700 toneladas anuales

Otros 12.600 toneladas anuales.

Ningún importador podrá, directa o indirectamente, hacer uso de más de un veinte por ciento (20%) del contingente a que se refiere el inciso segundo de este artículo.

Facúltase al Servicio Nacional de Aduanas para establecer las normas aplicables a la administración del referido contingente arancelario. Asimismo, dicho Servicio deberá informar, en el primer trimestre de cada año, a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el detalle de la utilización del contingente.

Artículo 2.- Agrégase, a continuación del punto final del artículo 12 de la ley Nº 18.525, que pasa a ser punto aparte, el siguiente inciso final nuevo:

"Los derechos específicos que resulten de la aplicación de este artículo, sumados al derecho ad valorem, no podrán sobrepasar el arancel tipo básico, consolidado por Chile ante la Organización Mundial de Comercio para las mercancías a que se refiere este artículo, considerando cada operación de importación individualmente y teniendo como base de cálculo el valor CIF de las mercancías comprendidas en la respectiva operación. Para tal efecto, corresponderá al Servicio Nacional de Aduanas adoptar las medidas conducentes a mantener el límite señalado en esta disposición.".".

Dios guarde a V.E.

FELIPE VALENZUELA HERRERA

Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados

ADRIAN ALVAREZ ALVAREZ

Prosecretario de la Cámara de Diputados

?INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el arancel básico consolidado de nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio para ciertas partidas relacionadas con el azúcar.

BOLETÍN Nº 2.788-01

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de informaros el proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, del 6 de septiembre de 2001.

Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del H. Senado en sesión del 10 de octubre de 2001, disponiéndose que fuera estudiada por las Comisiones de Agricultura y Hacienda unidas, y a continuación, por la de Relaciones Exteriores.

Asistieron a la sesión en que se analizó el proyecto de ley en informe, además de sus miembros, los HH. Senadores señores Gazmuri y Larraín, y el H. Diputado Pérez, don Víctor.

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ANTECEDENTES LEGALES

Para un adecuado estudio de esta iniciativa se tuvieron presente las siguientes disposiciones:

1.- Constitución Política de la República, en especial su artículo 50, sobre aprobación de los tratados internacionales y las medidas y acuerdos de cumplimiento del mismo (ejecución).

2.- Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT 1994), cuyo artículo XXVIII establece los procedimientos para modificar o rectificar las listas de concesiones arancelarias hechas por cada país ante la referida organización internacional.

3.- Lista VII, sobre concesiones arancelarias de Chile, ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).

4.- Ley Nº 18.525, publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 1986, sobre importación de mercancías al país.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Mensaje de S.E. el Presidente de la República.- Al fundar la iniciativa, el Ejecutivo señala que el proyecto en estudio tiene por objeto fundamental aumentar el arancel básico y consolidado de Chile ante la Organización Mundial de Comercio (“OMC”), para ciertas partidas relacionadas con el azúcar.

Explica que, el artículo primero persigue incorporar a la legislación nacional, la medida establecida por Chile en relación con el arancel tipo básico consolidado por nuestro país ante la OMC, para ciertas partidas de la Lista VII (Lista de Concesiones Arancelarias de Chile ante la OMC), relacionadas con el azúcar, cuya materia prima -la remolacha azucarera- constituye un cultivo de gran impacto en la economía rural en términos de ingresos y empleos.

Señala que, de los ocho mil (8.000) agricultores que cultivan este rubro, cinco mil novecientos veintiséis (5.926) son empresas campesinas -que representan un 73%-, cuya producción primaria ocupa aproximadamente ocho mil quinientas (8.500) personas y genera mil trescientos (1.300) puestos de trabajos en el procesamiento industrial de ese producto. Agrega que en el transporte de la cosecha se demanda, como promedio, ciento cuatro mil (104.000) viajes de camión anuales.

Indica el Mensaje que, Chile condujo negociaciones y consultas bilaterales con otros países miembros de la OMC, en el marco del artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (“GATT 1994”), que establece los procedimientos para modificar o rectificar las listas de concesiones arancelarias hechas por cada país ante esta organización internacional.

Dichas negociaciones y consultas tuvieron por objeto alzar el arancel tipo básico consolidado por Chile ante la OMC, para el producto azúcar en las posiciones arancelarias 1701.1100, 1701.1200, 1701.9100 y 1701.9900 de la Lista VII. La medida, en lo pertinente y para las posiciones antes señaladas, eleva el arancel desde un treinta y uno coma cinco por ciento (31,5%) a un noventa y ocho por ciento (98%).

Destaca el Mensaje que el Acuerdo de Marrakech, por el cual se estableció la OMC, sus acuerdos y concesiones multilaterales, entre ellos el GATT 1994 y la Lista VII sobre concesiones arancelarias, fueron debidamente incorporados a nuestro ordenamiento jurídico. Añade que dichos acuerdos internacionales fueron aprobados por el Congreso Nacional y promulgados por Decreto Supremo Nº 16 de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial el día 17 de mayo del mismo año.

Explica asimismo el Mensaje, que el envío de este proyecto se adecua a lo establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia rol 282, de fecha 28 de enero de 1999. Si bien hay aquí un asunto propio de una medida de ejecución, aborda una materia de ley, razón que justifica la necesidad de una modificación legal.

En relación al tope arancelario para la aplicación de las bandas de precio, el Mensaje indica que el artículo segundo del proyecto en análisis, efectúa una precisión a nuestra legislación sobre bandas de precio, establecida por el artículo 12 de la Ley Nº 18.525 sobre importación de mercancías al país, publicada en el Diario Oficial el 30 de junio de 1986, en términos que los derechos específicos que resulten de la aplicación de dicho mecanismo, sumados al derecho ad valorem, no sobrepasen el arancel tipo consolidado en la OMC.

Señala que la aplicación del tipo consolidado ante la OMC requiere de una determinación precisa de su base de cálculo, por esto se propone establecer expresamente como base de aplicación, la respectiva operación de importación, esto es, examinando operación por operación, en vez de considerar el promedio de las operaciones de importación.

El proyecto en estudio considera que el cumplimiento del arancel consolidado (que incluye el arancel ad valorem más los derechos específicos), corresponde observarlo en cada operación en particular.

Concluye el Mensaje indicando que, el presente proyecto de ley es sometido a la consideración del Congreso Nacional, en atención a que tanto la medida arancelaria, en lo pertinente, como la precisión de la base de cálculo de los derechos específicos, inciden en preceptos legales actualmente vigentes.

2.- Tramitación ante la H. Cámara de Diputados.- Se dio cuenta del Mensaje Presidencial en sesión de la H. Cámara de Diputados del 11 de septiembre de 2001, disponiéndose su análisis por parte de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y por la Comisión de Hacienda

La Sala de la H. Cámara de Diputados aprobó el proyecto en general y particular, en sesión realizada el día 10 de octubre de 2001.

3.- Descripción del proyecto de ley. El proyecto en comento se encuentra estructurado sobre la base de dos artículos.

El artículo 1 modifica el arancel tipo básico consolidado por Chile ante la OMC, desde un treinta y uno coma cinco por ciento (31,5%) a un noventa y ocho por ciento (98%), para las posiciones arancelarias que indica. Establece, además, un contingente arancelario de 60.000 toneladas anuales, libres de derechos de aduana, distribuidos entre Argentina, Guatemala, Brasil y otros. Agrega que ningún importador podrá, directa o indirectamente, hacer uso de más de un veinte por ciento (20%) de ese cupo libre.

Asimismo, faculta al Servicio Nacional de Aduanas para establecer las normas aplicables a la administración del referido contingente, e informar, en el primer trimestre de cada año, a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, sobre el detalle de la utilización del mismo.

A su vez, el artículo 2 precisa nuestra legislación sobre bandas de precio, establecida por el artículo 12 de la Ley Nº 18.525 sobre importación de mercancías al país, en términos que los derechos específicos que resulten de la aplicación de dicho mecanismo, sumados al derecho ad valorem, no sobrepasen el arancel tipo consolidado en la OMC.

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Previo a la discusión general del proyecto el señor Presidente de la Comisión, H. Senador señor Romero, y el H. Senador señor Valdés plantearon sus dudas respecto a si la Comisión era competente para conocer del proyecto de ley en estudio.

Al respecto, tuvieron presente las siguientes consideraciones:

1) La Constitución Política de la República establece en los dos primeros incisos del artículo 50, Nº 1, lo siguiente:

“Son atribuciones exclusivas del Congreso:

1) Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado se someterá a los trámites de una ley.

Las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley.”.

En consecuencia, se distingue claramente entre un tratado propiamente tal (inciso primero) y las denominadas medidas de ejecución del mismo (inciso segundo).

A su vez, respecto de las medidas de ejecución la regla general es que quedan entregadas a la potestad reglamentaria del Presidente de la República; excepcionalmente, cuando “se trate de materias propias de ley”, requerirán su aprobación por el Congreso, mediante un proyecto de ley.

2) Lo anterior se encuentra plenamente ratificado por la sentencia del Tribunal Constitucional rol 282, de 28 de enero de 1999, relativa a la impugnación del decreto promulgatorio del Décimo Protocolo Adicional y su Anexo, suscritos con Bolivia. En efecto, en sus diversos considerandos nítidamente distingue entre el tratado propiamente tal y la ejecución del mismo.

3) La Carta Fundamental en el artículo 60, Nº 2), establece que sólo son materias de ley, entre otras, “Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley”. Por su parte, el artículo 62 de la Constitución dispone que “las leyes sobre tributos de cualquier naturaleza que sean sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados” y, además, en su Nº 1, que corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para “Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad y progresión”.

Por lo tanto, del análisis de los textos constitucionales antes citados podemos concluir que el arancel al ser considerado un tributo, es materia de ley, de la iniciativa exclusiva de S.E. el Presidente de la República, y de origen en la H. Cámara de Diputados. A la luz de lo expuesto, no cabe duda que está medida de ejecución se ha enviado al Parlamento por ser una “materia propia de ley”, al tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del Nº 1 del artículo 50 de la Constitución. De no haber sido así habría bastado que el Presidente ejerciera su potestad reglamentaria.

4) En el caso que nos ocupa, el proyecto de ley en comento, específicamente su artículo 1º, aumenta el arancel básico y consolidado de Chile ante la OMC, para ciertas partidas relacionadas con el azúcar, desde un treinta y uno coma cinco por ciento (31,5%) a un noventa y ocho por ciento (98%).

Explica el Mensaje, que el artículo primero persigue incorporar a la legislación nacional, dicha medida establecida por Chile en relación con el arancel tipo básico consolidado por nuestro país ante la OMC, para ciertas partidas de la Lista VII (Lista de Concesiones Arancelarias de Chile ante la OMC), relacionadas con el azúcar.

5) El denominado “Acuerdo de Marrakech”, por el cual se estableció la OMC, sus acuerdos y concesiones multilaterales, entre ellos el GATT 1994 y la Lista VII sobre concesiones arancelarias, fueron incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, mediante su aprobación por el Congreso Nacional y su promulgación por Decreto Supremo Nº 16 de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial el día 17 de mayo del mismo año.

6) Dicho tratado en su artículo XXVIII dispone los procedimientos y mecanismos para que una parte contratante modifique o retire una concesión arancelaria, las que a su vez, se encuentran establecidas en anexos.

Dichos procedimientos, fundamentalmente, consisten en negociaciones sólo entre los Estados interesados, no entre todos los Estados partes del tratado.

En consecuencia, con el proyecto en estudio se está adoptando una medida de ejecución. No se está sometiendo a aprobación parlamentaria un nuevo tratado, ni una modificación sustancial al mismo.

7) Corresponde, en consecuencia, determinar si procede que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado se aboque al conocimiento del mismo.

8) El artículo 27 del Reglamento de la Corporación establece diecinueve (19) Comisiones permanentes, consagrando el “principio de la especialidad”, esto es, que cada Comisión estudie la materia entregada a su competencia.

La Comisión de Relaciones Exteriores estudia básicamente Tratados internacionales.

9) El envío que se ha efectuado del proyecto en comento no se aviene con el inciso tercero del citado artículo 27:

“La distribución a las distintas Comisiones de los asuntos de que deban conocer, se efectuará atendiendo a la especialidad de la materia que tratan.”.

10) En efecto, el Proyecto de ley en cuestión modifica un arancel, es decir, una materia económica. En consecuencia, basta su remisión a la Comisión de Hacienda.

11) Su envío a más Comisiones que la pertinente, afecta la economía procesal legislativa.

12) Cabe tener presente que en la H. Cámara de Diputados el proyecto en estudio sólo fue conocido por las Comisiones de Hacienda y Agricultura.

13) A mayor abundamiento, si se estimara que es una modificación a un tratado, hay que tener en cuenta que éstos sólo se aprueban o se desechan. En el presente caso, pueden formularse indicaciones y efectuarse modificaciones, como de hecho aconteció en la H. Cámara de Diputados.

Por su parte, el H. Senador señor Ominami fue de parecer que era de competencia de la Comisión conocer el presente proyecto de ley por los siguientes motivos:

1) El proyecto viene firmado, entre otras autoridades, por la señora Ministra de Relaciones Exteriores.

2) Modifica un tratado internacional, pues su lista Nº 7 es parte integrante del Acuerdo de OMC.

3) Establece un sistema de cuotas libres de derechos de aduana, respecto de Argentina, Guatemala, Brasil y otros.

4) Las implicancias que tiene aprobar esta ley respecto de un país amigo como Brasil, que no esta de acuerdo con la cuota asignada, y las eventuales medidas de represalia comercial que podría adoptar.

Seguidamente, el H. Senador señor Valdés señaló que es un hecho de diaria ocurrencia en materias comerciales los acuerdos de ejecución. Agregó que, en su opinión, las relaciones con Brasil no se verán afectadas.

A su vez, el H. Senador señor Bombal expresó que no le parece que se este modificando un tratado, pues estos se aprueban o se rechazan. Añadió que en el caso en estudio, la H. Cámara de Diputados le introdujo modificaciones.

A continuación, el H. Senador señor Ominami indicó que se estaba renunciando a una facultad de la Comisión. Planteó que no es bueno que en un proyecto de ley se establezcan cuotas por países, en particular, respecto de una nación que no lo está aceptando como Brasil.

Por último, manifestó que la Comisión abdicaba de una facultad que le era propia.

Al respecto, el H. Senador señor Romero rechazó esa interpretación. Añadió que lo que se perseguía era sustancialmente distinto, clarificar las competencias de la misma. Agregó que la conducción de las relaciones internacionales, de acuerdo al artículo 32, Nº 17º, de la Constitución, le corresponde al Presidente de la República.

El H. Senador Larraín agregó que esta materia fue enviada al Congreso sólo porque era materia de ley.

Cerrado el debate, y sometida a votación la declaración de incompetencia, fue aprobada por cuatro (4) votos a favor, de los HH. Senadores señores Bombal, Martínez, Romero y Valdés, y uno (1) en contra, del H. Senador señor Ominami.

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Por las razones reseñadas precedentemente, la Comisión estimó prudente abstenerse de emitir opinión sobre el presente proyecto de ley, por ser una materia de índole aduanera, no sujeta a la competencia de ella.

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Acordado en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2001, con asistencia de los HH. Senadores señores Sergio Romero Pizarro (Presidente), Carlos Bombal Otaegui, Jorge Martínez Busch, Carlos Ominami Pascual y Gabriel Valdés Subercaseaux.

Sala de la Comisión, a 31 de octubre de 2001.

JULIO CÁMARA OYARZO

Secretario

?Valparaíso, 31 de octubre de 2001

CERTIFICADO:

Certifico que el día de hoy, miércoles 31 de octubre, las Comisiones de Hacienda y Agricultura, Unidas, con asistencia de los HH. Senadores señora Evelyn Matthei y señores Sergio Bitar, Edgardo Boeninger, Marco Cariola, Alejandro Foxley (Presidente), Hernán Larraín que, además, reemplazó en la Comisión de Hacienda al H. Senador señor Francisco Prat; Rafael Moreno, Sergio Romero y Hosaín Sabag se reunieron para tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, que modifica el arancel tipo básico consolidado de nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio para ciertas partidas relacionadas con el azúcar. (Boletín Nº 2.788-01)

Se deja constancia que el proyecto fue estudiado y despachado, tanto en general como en particular, en virtud del Acuerdo unánime de los Comités de fecha 17 de octubre de 2001.-

El proyecto fue aprobado en general por nueve votos a favor y una abstención de la H. Senadora señora Matthei.

En su discusión particular fueron rechazadas diversas indicaciones, quedando, en consecuencia, aprobado el texto en los mismos términos que el despachado por la H. Cámara de Diputados.

CÉSAR BERGUÑO BENAVENTE

Secretario de la Comisión

MODIFICACIÓN DE ARANCEL TIPO BÁSICO CONSOLIDADO RESPECTO DE PARTIDAS VINCULADAS CON EL AZÚCAR

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse del proyecto, en segundo trámite, que modifica el arancel tipo básico consolidado de nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio para ciertas partidas relacionadas con el azúcar, con informes de las Comisiones de Hacienda y de Agricultura, unidas, y de Relaciones Exteriores.

--Los antecedentes sobre el proyecto (2788-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 6ª, en 10 de octubre de 2001.

Informes de Comisión:

Hacienda y Agricultura, unidas,(verbal), sesión 11ª, en 31 de octubre de 2001.

Relaciones Exteriores, sesión 11ª, en 31 de octubre de 2001.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Solicito autorización para que ingresen a la Sala el Subsecretario de Agricultura, señor Arturo Barrer; la Subsecretaria de Hacienda, señora María Eugenia Wagner, y la Jefa de Gabinete del Ministro de Hacienda , señora Catalina Bau.

Acordado.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Hago presente que, como se dispondrá de una hora para intervenir y, en consideración a que se han inscrito los Honorables señores inscritos Moreno, Valdés, Boeninger, Larraín, Bitar, Ominami, Romero, Sabag, Cariola y Pérez, corresponderán seis minutos a cada uno.

La Mesa determinará el orden de los oradores, para que exista la debida alternancia.

Luego de la relación del señor Secretario , ofreceré la palabra, por cinco minutos, al Presidente de la Comisión de Hacienda para que haga un informe oral; de igual forma se procederá con el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores , Honorable señor Romero.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto calificándola de "discusión inmediata".

La iniciativa fue analizada primeramente por las Comisiones de Hacienda y de Agricultura, unidas, las que le dieron su aprobación en general por nueve votos a favor -de los Honorables señores Bitar, Boeninger, Cariola, Foxley, Larraín (con dos votos), Moreno, Romero y Sabag- y la abstención de la Senadora señora Matthei.

En cuanto a la discusión particular, las Comisiones unidas rechazaron todas las indicaciones presentadas, tanto las del Ejecutivo como las formuladas por los señores Senadores, quedando, en consecuencia, aprobado el texto despachado, en el primer trámite constitucional, por la Cámara de Diputados.

Por su parte, la Comisión de Relaciones Exteriores, previo a la discusión general del proyecto, efectuó un debate acerca de su competencia para conocerlo y sometió a votación la declaración de incompetencia, la que fue aprobada por cuatro votos a favor -de los Honorables señores Bombal, Martínez, Romero y Valdés- y el voto en contra del Senador señor Ominami.

Finalmente, la Comisión de Relaciones Exteriores señala en su informe que estimó prudente abstenerse de emitir opinión sobre el proyecto por ser una materia de índole aduanera no sujeta a su competencia.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

En discusión general y particular la iniciativa.

Tiene la palabra el Honorable señor Foxley.

El señor FOXLEY.-

Señor Presidente, este proyecto fue analizado en forma conjunta por las Comisiones de Hacienda y de Agricultura del Senado.

A la primera sesión, que se celebró la semana pasada y que fue dedicada enteramente a escuchar a los distintos sectores que deseaban manifestar su opinión sobre la materia, concurrieron los representantes de la Asociación Nacional de Importadores, de ASEXMA, de la Asociación de Bebidas Refrescantes, de la Corporación Nacional de Exportadores, de la Sociedad Nacional de Agricultura, de la Confederación de Dueños de Camiones, de IANSA, y de FENARE (productores de remolacha).

Las Comisiones unidas sesionaron hoy en la mañana para votar el proyecto en general y particular.

El artículo 1º del proyecto tiene por objeto modificar el arancel tipo básico consolidado por Chile ante la Organización Mundial de Comercio, que es de 31,5 por ciento. En el caso del azúcar, fue renegociado para elevarlo a 98 por ciento. Simultáneamente con esto, sobre la base de consultas bilaterales formuladas a los principales países proveedores de azúcar (Argentina, Guatemala y Brasil), se negociaron cuotas de importación libres de arancel aduanero por 60 mil toneladas anuales.

En el inciso segundo del referido artículo se establece que la distribución de cuotas de importación libres de derechos de aduana será la siguiente: Argentina, 21 mil toneladas; Guatemala, 16 mil 700 toneladas, y Brasil, 9 mil 700 toneladas. El resto (12 mil 600 toneladas) quedará libre para otro tipo de exportadores.

Además, se dispone que ningún importador que haga uso de esa cuota podrá sobrepasar el 20 por ciento del total asignado.

Por su parte, el artículo 2º contempla un principio a través del cual se garantiza que no se excederá el arancel máximo de 98 por ciento por la vía de aumentos en los derechos específicos. Éstos, sumados al derecho "ad valorem", deberían sostenerse y acotarse por debajo de ese límite.

Según la discusión habida en las Comisiones de Hacienda y de Agricultura, unidas, el proyecto de ley en análisis se justifica fundamentalmente por la anómala situación que existe en el mercado internacional del azúcar, el cual fue descrito como altamente distorsionado y volátil.

La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería (DIRECON) aportó antecedentes que demuestran que en las décadas de los 60 y 70 la volatilidad observada en los mercados mundiales con relación a los precios del azúcar -vale decir, su fluctuación frecuente- fue cuatro veces mayor que la volatilidad promedio de las materias primas, y que en la década de los 80 ella aumentó de cuatro a siete veces. Es decir, la volatilidad para el azúcar alcanzó a 72 por ciento, mientras que para el resto de las materias primas fue de 11 por ciento.

Además, según datos proporcionados a las Comisiones unidas, se constató que los países desarrollados establecen, especialmente para el azúcar, como también para otros productos agrícolas, sobretasas de aranceles no consolidados en la OMC, que en el caso de la Unión Europea alcanzan a 380 por ciento, y en el de Estados Unidos, a 300 por ciento.

Asimismo, en el debate se hizo presente que el mercado mundial del azúcar se caracteriza porque en general es subsidiado, con alta volatilidad, en el cual hay una serie de acuerdos entre países, o entre productores y consumidores, que establecen precios distintos de los existentes en el comercio mundial. Por lo tanto, sólo el 5 por ciento es un mercado libre de cuotas, excedentario, y a través del cual finalmente se determina el precio del producto.

Ésos son los fundamentos que, a mi juicio, justifican el proyecto presentado por el Ejecutivo.

Ahora bien, los argumentos tendientes a establecer una reserva sobre el texto propuesto se tradujeron en un conjunto de indicaciones que, de por sí, ilustran la naturaleza de las dudas planteadas por algunos señores Senadores con respecto a esta materia. En efecto, se presentaron dos indicaciones que sostenían que, al contemplarse un beneficio como el contenido en el proyecto, era conveniente acotar el plazo en la ley y fijar uno máximo cuya vigencia pudiera ser renovada posteriormente. Una de ellas sugería que éste fuera de tres años, y la otra de diez.

Esta última indicación la presentó el Ejecutivo , que además complementaba la proposición de determinar un plazo máximo de diez años, con el compromiso de no utilizar el mecanismo de salvaguardia para superar el 98 por ciento del arancel consolidado reconocido.

De otro lado, se formularon también observaciones acerca de la necesidad o no de incorporar las cuotas en la ley en proyecto; pero hubo señores Senadores que se manifestaron en contra de esa idea.

Además, el Honorable señor Urenda presentó una indicación para limitar la distribución de las cuotas, con el objeto de evitar que algún importador pudiera disponer de más de un 15 por ciento de ellas. Al mismo tiempo, se formuló otra en el sentido de que toda empresa que produzca más de 60 por ciento del azúcar en el país no podrá acceder a cuota alguna de importación.

Todas esas indicaciones fueron votadas y rechazadas en las Comisiones unidas.

Por último, cabe señalar que el proyecto fue aprobado en general por nueve votos a favor y una abstención, y que no implica costo financiero alguno para el Estado. Por lo tanto, está en condiciones de ser votado en la Sala del Senado.

Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Ofrezco la palabra al Honorable señor Romero para que dé cuenta del informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente , en su oportunidad la Sala acordó remitir también el proyecto a la Comisión de Relaciones Exteriores, que presido. Lo cierto es que dicho órgano técnico, luego de un análisis exhaustivo -que se halla consignado en el informe- acerca de si debía o no entrar a conocerlo, declaró que la materia no era de su competencia.

Es importante que los Honorables colegas lean dicho informe, por los precedentes que pueda sentar el debate desarrollado. La declaración de incompetencia fue aprobada por cuatro votos a favor -de los Senadores señores Bombal , Martínez , Romero y Valdés - y uno en contra del Honorable señor Ominami. Estimo innecesario abundar a este respecto, pero si se quisiere discutir...

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Los señores Senadores lo tienen a mano. Bastará con que se impongan de su contenido.

Dadas las exposiciones anteriores, se reducirá a cinco minutos el tiempo de cada orador.

Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.

El señor MORENO.-

Señor Presidente , la iniciativa que nos ocupa se originó en dos situaciones. Una de hecho: el 27 de noviembre del presente año termina el plazo de las llamadas "salvaguardias". Éstas constituyen un mecanismo de defensa de producciones internas amagadas por importaciones de mercancías subsidiadas en los países de procedencia.

La segunda situación tiene que ver con las conversaciones entre el Gobierno y los distintos actores productivos chilenos, sostenidas a lo largo de este año y materializadas a través de la Mesa de Diálogo Agrícola, que concluyeron en el establecimiento de algunos principios claves desde el punto de vista de la agricultura presente y futura del país.

Con respecto a la manipulación de mercados internacionales mediante subsidios, prácticas monopólicas y dumping ejecutados por otras naciones, el Gobierno se comprometió con los productores, agricultores, campesinos e intermediarios a establecer las protecciones necesarias para defender sus intereses.

El proyecto mantiene la situación vigente, vale decir, no crea ninguna barrera nueva, adicional, sino que, ante un mercado tremendamente intervenido y con diversos elementos de poca transparencia, permite seguir operando tanto a quienes cultivan remolacha como a aquellos que la procesan para elaborar azúcar, ya que crea condiciones de estabilidad para una producción que se inició masivamente en Chile en la década de los 50.

Se ha argumentado aquí que con esto se ampararía la ineficiencia de los productores agrícolas y de la empresa como tal. El Senador que habla no defenderá a esta última, sino a los trabajadores y a los agricultores que se dedican al cultivo de remolacha. ¿Y qué significa esto? Que es preciso demostrar que desde el momento en que ella comenzó a producirse en el país ha existido una transformación del cultivo y una mejoría en su rendimiento y productividad. Además, se ha convertido en una fuente de trabajo y de diversificación de actividades en zonas donde había cultivos tradicionales que no tenían otro destino que el de insistir en inversiones de igual naturaleza.

En consecuencia, no nos parece adecuado ni acertado plantear que la normativa genera una imagen distinta dentro de la economía del país. Desde esa perspectiva, somos partidarios de aprobarla en los mismos términos en que la despachó la Cámara de Diputados, sin introducir plazos. Ello, por una razón muy simple: porque en el Tratado con el MERCOSUR y en sus Protocolos, ratificados por las dos ramas del Parlamento, se establece que la banda de precio del azúcar comenzará a desactivarse en el plazo de seis años, de 2006 al 2011; y la del trigo, en el de ocho, de 2006 al 2014.

Por consiguiente, fijar un período adicional de 2, 3 ó 10 años no sirve para nada. Lo único que se lograría sería mandar una señal de incertidumbre y, en el fondo, de desincentivo de las inversiones a aquellos que requieren seguir con el cultivo de remolacha.

Ahora, quiero dejar establecido lo siguiente:

Primero, Chile produce azúcar en forma eficiente y para la seguridad alimentaria es bueno que existan remolacha y remolacheros en nuestros campos. Quien diga lo contrario se entrega al manejo de un mercado poco transparente que, en definitiva, puede terminar costándonos muy caro desde el punto de vista de la soberanía nacional y del bienestar de la población.

Segundo, se está garantizando el trabajo de la gente en la agricultura y esa señal debe ser estable. Resulta inconveniente seguir mandando señales contradictorias respecto de lo que ocurrirá en un sector que desarrolla su actividad en gran parte del territorio nacional y en torno de la cual viven muchas personas.

Tercero, hubiéramos preferido que no existieran cuotas. Es poco transparente. No nos gusta el sistema, y tampoco que la IANSA sea un monopsonio que a veces realiza con los productores actividades que no son las más adecuadas.

Por eso, en caso de aprobarse el proyecto tal como se propone, una vez transformado en ley propondremos al Gobierno que dicte un reglamento, a través del Ministerio de Hacienda, o envíe al Congreso una iniciativa para crear un Comité de Gestión, público o privado, a fin de que, por un lado, los productores sepan, con transparencia, cuándo, cómo y en qué forma se les pagará el producto que entreguen; y, por otro, los intermediarios y los transportistas conozcan las condiciones en que eso se efectuará.

Por las razones expuestas, votaré a favor del proyecto en los términos en que viene planteado, y rechazaré las indicaciones tendientes a establecer plazos o cortapisas, con el objeto de que esta garantía continúe beneficiando a los remolacheros y, sobre todo, a los campesinos del país.

--(Aplausos en tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Con mucho respeto, advierto a los asistentes que el Reglamento del Senado prohíbe las manifestaciones, sean a favor o en contra. Por lo tanto, de persistirse en ellas me veré en la obligación de ordenar el desalojo de las tribunas.

Como entiendo que su presencia aquí obedece al interés por escuchar el debate, les pido que se comporten de acuerdo con esa exigencia reglamentaria.

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Espero que Su Señoría sea más indulgente con el público, cuya concurrencia se debe a su interés por el proyecto, en el que se encuentra en juego su destino.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

La Mesa tiene el deber de aplicar el Reglamento como corresponde, señor Senador.

El señor LARRAÍN.-

Pero en otras ocasiones lo ha aplicado con distinto espíritu.

Señor Presidente , en el fondo, el proyecto en estudio busca preservar el sistema de bandas de precio, instaurado formalmente en Chile en 1986 y que desde entonces se ha constituido en una política de Estado. Así lo prometió Ricardo Lagos en su campaña presidencial, y lo mismo hizo Joaquín Lavín en la suya. De manera que los intereses políticos convergen en la necesidad de mantener la modalidad de bandas de precio, fijándose no tanto en el mecanismo propiamente tal, sino en conseguir el objetivo que se persigue, cual es el de estabilizar los precios de ciertos productos que, por sus fluctuaciones en el mercado internacional, requieren esta clase de mecanismo.

¿Por qué nos vemos obligados a adoptar la modalidad especial propuesta? Porque en virtud de la firma del Acuerdo de Marrakech, que fijó en 31,5 por ciento el arancel máximo consolidado, Chile no podrá continuar con el sistema que ha venido aplicando hasta la fecha y se vería topado por ese techo de 31,5. Al suscribirlo se pensó que se liberalizaría el mercado en el mundo, lo que no ocurrió. En cambio, otros países fueron más previsores. Por ejemplo, el arancel consolidado en Estados Unidos es de 90 por ciento; en Europa, de 138 por ciento, y en Japón, de 270 por ciento. De modo que, como siempre, los chilenos "somos más papistas que el Papa".

¿Por qué nos interesa preservar el cultivo de remolacha azucarera? Por una razón muy sencilla: porque resulta eficaz y rentable en Chile. Si no fuera por la tremenda distorsión de precios que hay en el mercado internacional, no tendríamos problema. Si hubiera un libre flujo de oferta y demanda en el mundo en esta materia, nuestro país no necesitaría de bandas de precio ni de aranceles máximos de 98 por ciento. La eficiencia de los trabajadores chilenos en este ámbito sería suficiente para competir con cualquier otra nación.

Debe tenerse en cuenta -como ya se señaló- que Chile es muy eficiente en el área de los productores agrícolas, es decir, de los trabajadores del campo, y en la de la fabricación de azúcar. En ambas puede demostrar una óptima operatividad, que en términos de eficiencia lo ubica como primer productor en el mundo en el rubro del azúcar proveniente de remolacha. Tiene bajos costos de producción y muestra eficacia y alto rendimiento, lo que es digno de destacar.

En consecuencia, uno se pregunta, primero, por qué tenemos que legislar en esta materia. Precisamente, por la enorme volatilidad de los precios en el mercado internacional a causa del excesivo proteccionismo existente sobre todo en los países más ricos del mundo.

Pensemos que para ingresar azúcar a Europa hay que pagar un arancel de 350 por ciento; a Estados Unidos, uno de 250 por ciento.

Cabe mencionar también el caso de Brasil, país que, en la búsqueda de alcohol, desarrolló un programa subsidiado de azúcar de caña que, si se dejara entrar a Chile, podría destruir nuestra producción, ya que existe un problema de cultivo: el de la remolacha, de rotación anual, es muy distinto de los cultivos de más largo plazo, como el de la caña de azúcar.

En seguida, uno se pregunta qué persigue este proyecto. Algo muy simple, señor Presidente : mantener las condiciones actuales, que están rigiendo el mercado del azúcar en Chile desde hace muchos años. No pretende introducir innovación alguna. Por lo tanto, nadie será perjudicado. Quienes trabajan hoy día el azúcar serían dañados en caso de que se rechazara esta iniciativa. Porque ésta deja las cosas tal cual están. Y las cosas, tal cual están, se hallan cada día mejor, pues durante los últimos diez años el precio de ese producto al consumidor ha bajado 34 por ciento.

La gente que trabaja en el sector -insisto- es eficiente y eficaz. Por consiguiente, quienes objetan este proyecto no tienen justificación alguna desde el punto de vista de los costos.

Ahora, de terminarse ese cultivo, ello sí que causaría un daño enorme. Hay que pensar que Regiones enteras dependen en alto grado de él. En la que represento, 40 por ciento de los ingresos por cultivos anuales proviene de la remolacha. Y en el país, entre trabajos que se desarrollan en el campo, la industria, el transporte y el comercio, un total aproximado de 50 mil personas viven directa o indirectamente del cultivo de la remolacha.

Por ende, no tiene sentido rechazar un proyecto de esta naturaleza o condicionarlo, pues sólo persigue preservar un cultivo que en el futuro, con visión de Estado, si logramos mejorar las condiciones del libre comercio en este ámbito, nos hará prosperar al permitirnos exportar azúcar sobre la base de duplicar o triplicar la superficie hoy día sembrada.

Si abortáramos esta iniciativa, señor Presidente , estaríamos terminando con la posibilidad de cultivar azúcar en Chile.

Por último, me parece del todo inaceptable la idea de fijar plazos al proyecto. Los plazos únicamente provocan incertidumbre y alejan la inversión. Y ello sería extremadamente malo, porque lo que se está haciendo en el ámbito de la remolacha es invertir, ganar eficiencia y, gracias a eso, bajar el valor del azúcar.

A la luz de tales antecedentes, me parece injusto, inexplicable e inaceptable poner trabas a esta iniciativa, que por supuesto aprobaremos con mucho entusiasmo.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente , en el poco tiempo de que dispongo, quiero enfatizar que el muy intenso debate habido en las Comisiones que analizaron esta iniciativa tuvo que ver con un asunto bastante simple, cual es si continuaremos o no manteniendo como política de Gobierno (y de Estado, diría yo, a estas alturas de la vida) respecto de la agricultura la aplicación de un instrumento que ha sido básico en esa área durante los últimos años y en cuya defensa, además, hemos comprometido al país en todas las negociaciones bilaterales y multilaterales sobre libre comercio: la banda de precios.

La banda es en un mecanismo que permite estabilizar precios en mercados muy imperfectos en el plano internacional y que se caracterizan por ser altamente volátiles. Y eso, porque corresponden a producciones que tienen grados extraordinariamente fuertes de restricciones en los principales centros consumidores del mundo. Tanto en Estados Unidos como en Europa, las trabas al ingreso del azúcar extranjera son exageradamente fuertes. Se trata, además, de países que protegen mucho sus producciones internas: de caña y remolacha en el país del Norte; básicamente, de remolacha en el Viejo Continente.

Por consiguiente, el precio internacional depende bastante no tanto de los costos como de los niveles de cosecha en las principales naciones consumidoras. Si hay una buena cosecha en Estados Unidos y poca necesidad de importación, el precio baja de manera estrepitosa. Viceversa, ante una mala cosecha en los principales centros consumidores, el precio excedentario del mercado correspondiente sube también en forma estrepitosa. Es más volátil -¡mucho más!- que otros mercados.

Respecto de Chile, la situación es asimismo bastante más incierta, por aquellas variaciones. Tenemos productos agrícolas que entran en los otros mercados casi sin restricciones: las hortalizas, con arancel cero en Estados Unidos; nuestros vinos, con aranceles bajos incluso en Europa. Pero la industria de que hablamos no es competitiva a nivel internacional.

Y hay dos modos de defenderse. Uno, el viejo mecanismo de fijar aranceles altos y permanentes (fracasó en Chile y en el resto del mundo, pues tenía el problema de que podían defenderse producciones que en el largo plazo no eran competitivas, lo que dañaba al país y a los consumidores). El segundo es el de la banda de precios, que establece un colchón. La banda sigue la tendencia internacional del precio; no es arbitraria. Si los precios tienden a la baja, la banda hace lo propio, aunque sin aquellas tremendas variaciones, que, en el caso que nos ocupa, imposibilitan establecer cultivos de remolacha e industria remolachera (porque las dos actividades van combinadas: desarrollo agrícola y desarrollo industrial).

Por eso hemos sostenido la banda de precios como una política justa que protege de buena manera a sectores importantes de agricultores chilenos -la remolacha y el trigo son esencialmente las producciones que hoy día se benefician de ella- y que no ampara producciones donde Chile no sea competitivo en el mediano plazo.

Y el ejemplo no es teórico, sino práctico: con banda, nuestras oleaginosas no han podido resistir la competencia internacional; tenemos en el país, desde hace veinte años, miles de hectáreas de raps y de maravilla que ahora son cultivos marginales.

En consecuencia, el argumento de que con este proyecto perjudicaremos en el mediano plazo a sectores urbanos, a otras industrias, etcétera, simplemente, no es atendible. Aquí no estamos perjudicando a consumidores ni a industrias distintas de la azucarera, sino estabilizando una situación. Y, sobre el particular, apuesto a la circunstancia de que los remolacheros de Chile y su industria tienen condiciones de competitividad, con un adecuado resguardo, como es la banda, que no es la protección ineficiente de la antigua modalidad.

Queda todavía una cantidad de problemas por resolver, como el carácter monopólico de la IANSA; la forma de establecer la relación entre monopolios y productores, y cómo se determina el mecanismo de negociación de precios razonables.

Como existen monopsonios, no sólo en el caso del azúcar, sino también en el arroz, donde cuatro telefonazos...

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Perdón, señor Senador, pero terminó su tiempo.

El señor GAZMURI.-

Sólo necesito un minuto, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Lo lamento, Su Señoría: sólo medio minuto.

El señor GAZMURI.-

El problema de la regulación monopólica o monopsónica queda pendiente. Pero no constituye tema del debate de hoy. Lo que discutimos ahora es si vamos a mantener mecanismos que son justos para el país y buenos para la agricultura y, también, para los consumidores.

Por consiguiente, apoyaremos este proyecto tal como lo despachó la Cámara de Diputados.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Valdés.

El señor VALDÉS.-

Señor Presidente , no repetiré todos los argumentos que se han expuesto. Sólo quiero levantar mi voz esta tarde aquí, particularmente como representante del sur profundo, de Valdivia y de Osorno, provincias donde la remolacha constituye un cultivo tradicional excelente y que da trabajo seguro, además de mejorar las condiciones para el cultivo de la tierra.

Me reuní hace pocos días con los productores, quienes me pidieron hablar en nombre de ellos. Lo hago como Senador, por el bien de Chile. Pero el bien de Chile se logra cuando el trabajo generado a través de un cultivo es grande. Aquí estamos en presencia de por lo menos diez mil trabajadores directos y varios miles de indirectos (cerca de 40 mil trabajadores). Y todo eso significa a lo menos 400 mil habitantes de Chile que viven del producto en cuestión, que es noble y respecto del cual nuestro país tiene una enorme ventaja.

Los últimos estudios indican que, en todo el mundo, somos la nación más eficiente en producción de remolacha. No estamos, entonces, protegiendo algo artificial. Se trata de una producción legítima, y Chile está entre los mejores 25 países productores de todo tipo de remolacha, incluida el azúcar obtenida de caña foránea.

Luego, éste es un cultivo que debemos sostener y proteger, porque en torno a él gira un comercio -como se ha dicho- absolutamente irracional que pretende llegar a Chile con precios bajo el costo.

Por otra parte, nuestra nación necesita la banda de precios para protegerse. ¿Pero contra quién?

Tengo a la vista cifras sobre países exportadores de este producto. Hemos de protegernos, por ejemplo, de las naciones de la Unión Europea, la que, a nivel mundial, ofrece 39 por ciento del azúcar refinada; cuenta con un mercado cerrado y subsidiado, y establece una protección de 350 por ciento contra el ingreso de azúcar importada.

En el proyecto que nos ocupa no estamos hablando de un arancel de 95 por ciento, sino de una banda de precios, que de hecho será mucho más baja.

Estados Unidos de América, país que predica el libre comercio, es el cuarto mayor productor mundial; cuenta con un mercado cerrado, y tiene un arancel consolidado equivalente a 150 por ciento, más salvaguardia automática (el año pasado alcanzó a un total de 250 por ciento).

O sea, estamos en inmejorables condiciones frente a tales países.

Otra gran nación productora es Guatemala, que tiene un arancel consolidado de 160 por ciento. Brasil se encuentra en una situación distinta, porque destina 50 por ciento de la caña al alcohol, para lo cual tiene un subsidio -no he podido conseguir las cifras exactas- extremadamente alto: dos veces y media superior al promedio del arancel del resto del mundo.

Y podría seguir citando a otros países.

¿Alguien se extrañará, entonces, de que Chile proteja normalmente, dentro de los tratados en vigor, una producción tan significativa desde los puntos de vista del trabajo y de la tierra?

Plantear que nuestro país debe abrirse en esta materia es, en mi opinión, una actitud de lesa patria.

Además, internacionalmente, estamos frente a un momento económico donde los países tienden a una mayor protección. Se habla mucho de libre comercio, pero el hecho es que las naciones se defienden frente a la crisis.

Acabamos de ver en la prensa que Estados Unidos, el mayor productor mundial de acero, tiene 24 plantas quebradas y prohibió la importación de ese producto.

¡Ésa es la enseñanza que nos dan los países que profesan el libre comercio! ¿Y nosotros no vamos a proteger una actividad tan noble como la de la producción de azúcar? Seguramente, podremos exportar.

Por último, señor Presidente , quiero puntualizar que, a propósito del proyecto que nos ocupa, se ha presentado la idea -muy respetable- de fijar la banda de precios por diez años. El argumento es que esto puede servir de ejemplo, que demuestra que a Chile no le gustan estas cosas, en fin.

No sé por qué tenemos que demostrar que nos portamos bien. Nos portamos bien cuando producimos adecuadamente y barato.

Lo que sucede, señor Presidente , es que si hoy establecemos los 10 años estaremos renunciando a un derecho. ¿A favor de quién? ¿A favor de una doctrina?

Me parece inútil y perjudicial fijar un plazo.

Por lo expuesto, aprobaré con entusiasmo el proyecto tal como lo presentó el Gobierno.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.

El señor BOENINGER.-

Señor Presidente , en primer término, no me cabe ninguna duda de que es indispensable legislar sobre esta materia, porque el 27 de noviembre terminarán las salvaguardias en vigencia, que no pueden renovarse. Si no se legisla, se producirá una caída brusca del precio del azúcar, con el consiguiente desastre para la industria de la remolacha.

En segundo término, el caso del azúcar es bastante especial. El mercado de este producto -como aquí se ha señalado- es el más distorsionado del mundo, con aranceles de 250 por ciento y más.

En tercer lugar -y esto es muy importante-, Chile ha hecho una revolución tecnológica no acometida por otros rubros de su agricultura tradicional, todos los cuales están comprometidos y se verán forzados a una apertura externa, de acuerdo con la política general comercial del país y con los tratados sobre la materia que hemos firmado y que probablemente seguiremos suscribiendo. Desde ya, esto implica un aumento de rendimiento de 5,9 a 10,3 toneladas por hectárea.

Luego, en cuanto a nuestro costo efectivo de producción, comparado internacionalmente, los datos que recibí de IANSA indican que, si bien no es el más bajo del mundo, es competitivo, levemente superior al de España y Francia, pero inferior al promedio de la Unión Europea. O sea, se trata de una industria viable en el largo plazo. Sin embargo, me parece que, en este caso, la viabilidad de la industria en el largo plazo constituye el punto clave.

En consecuencia, pienso que, sin perjuicio de lo que ahora se apruebe, es necesario y conveniente realizar estudios independientes que evalúen estos costos comparativos, naturalmente situados en mercados no distorsionados y con algunas hipótesis de tipo de cambio alternativas.

De otra parte, debo precisar que el proyecto no significa elevar el arancel a 98 por ciento, sino ampliar el piso de la banda, de manera que -y esto sí constituye un aumento de la protección-, en caso de baja de los precios internacionales más allá de cierto límite, aquélla no se traspase al consumidor en un margen más extenso que el actual. Por consiguiente, es una defensa mayor, papel que hasta el momento han desempeñado de hecho las salvaguardias que perderán vigencia el 27 de noviembre.

Desde ese punto de vista, creo que hay mérito suficiente para legislar sobre la materia. Sin embargo, no me cabe duda alguna de, que al romperse por primera vez la política de Chile del arancel consolidado máximo de 31,5 por ciento, se estimulará a otros sectores que no han hecho esta necesaria revolución tecnológica y de competitividad a buscar, no por la vía de la reconversión sino por la de la mayor protección, la salida de mediano y largo plazo a sus problemas. Y pienso que eso sería una mala señal.

La cuestión, entonces, radica en cómo equilibrar ambos tipos de consideraciones: una política a largo plazo para el país en su conjunto y el hecho de que el caso del azúcar es extremadamente particular. Y, en mi concepto, la única manera de hacerlo es estableciendo un plazo de vigencia lo suficientemente largo como para no afectar las inversiones en los próximos años. Por ende, un plazo de dos, tres o cuatro años, claramente, me parecería insuficiente.

Por eso, me declaro partidario de aprobar la ley en proyecto, pero incluyendo al mismo tiempo un plazo de diez años de vigencia y la prevención de que por encima de la aplicación máxima de la nueva banda no puedan colocarse salvaguardias, porque eso sería extremadamente exagerado.

Se ha manifestado, señor Presidente -y con esto termino-, que una de las razones prácticas por las cuales no procede aprobar un plazo de vigencia es la de que al modificarse la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, dadas las circunstancias particulares de la tramitación, aquélla no alcanzaría a despacharla en tercer trámite o existiría el riesgo de una Comisión Mixta y no habría ley antes del 27 de noviembre. Creo que ése no es un buen argumento en términos de procedimiento legislativo, y además la Ley de Presupuestos, que la Cámara debe ver la próxima semana, asegura el quórum para realizar una sesión en esos días.

Para terminar, no me voy a pronunciar sobre el problema de las cuotas, que no me gustan, pero que fueron introducidas, pese a no ser necesarias en la ley -ellas son parte de una negociación internacional-, por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, con el fin de facilitar el trámite de la iniciativa en esa rama del Congreso, no voy a cuestionar su inclusión en el proyecto.

En síntesis, señor Presidente , me parece indispensable legislar sobre la materia, pero, por señales de política comercial, prefiero establecer un plazo, el cual, en mi opinión, debería ser largo. Creo que uno de 10 años sería bastante adecuado.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente , considero que aquí no está en cuestión la existencia de dificultades para la agricultura tradicional chilena, ni tampoco para los productores remolacheros, que hoy se hallan ampliamente representados en las tribunas del Senado. Me parece muy bien que ellos puedan seguir este debate.

Creo que tampoco está en duda el hecho de que el del azúcar es un mercado que funciona de manera particularmente imperfecta. Eso no está en duda; no es ésa la discusión. La verdadera discusión -y me alegro de que la estemos planteando en esta ocasión- tiene que ver con el tipo de solución que debe darse a estos problemas, es decir, con cómo enfrentarlos. Porque, con todo el respeto que tengo por la agricultura tradicional, y por los productores de remolacha en particular, quiero decirles que no son los únicos que pasan por dificultades. Ése es el problema de fondo.

Hay sectores de la industria textil que han hecho un tremendo esfuerzo tecnológico, que han sido puestos en grandes dificultades y que, sin embargo, no han recibido protección especial. La industria del acero, por ejemplo, que es una industria tecnológicamente muy desarrollada, se halla hoy en problemas, porque los mercados internacionales no funcionan adecuadamente. Y lo mismo ocurre con los industriales del cuero. Se podría hacer un listado de diez, veinte o treinta sectores industriales o agrícolas que, pese a estar en dificultades, no han sido objeto de ningún tratamiento especial.

Ése es el fondo de lo que aquí se plantea. Es un problema real, pero al cual, en mi opinión, se le está dando una muy mala solución.

Voy a explicar por qué.

Tengo tres observaciones de mérito a este proyecto.

La primera es que entrega una solución que involucra un grave retroceso de la política comercial chilena de los últimos 25 años. Para hacer corta la historia, el Parlamento se ha pronunciado sobre política comercial en tres ocasiones de manera importante: en 1991, con una rebaja arancelaria del 15 al 11; en 1995, aprobando el Tratado de Marrakech , y en 1998, con una rebaja de aranceles que aún se encuentra vigente. Nadie planteó en esas ocasiones el tema del azúcar. El Honorable señor Gazmuri hablaba de las bandas de precio, y tenía razón. Nuestro país ha manifestado su deseo de contar con bandas de precios, y ésa es la razón por la cual en 1995, en el Tratado de Marrakech, se establecieron dos tipos de producto y dos tipos de arancel. Hay un arancel consolidado general de 25 por ciento para todos los productos y un arancel consolidado de 31,5 por ciento para los productos con banda de precio. El Congreso no olvidó que existían bandas de precios. Se consolidó, en un tratado internacional, un arancel que es 25 por ciento superior al arancel general.

Entonces, es grave que, para resolver los problemas de un sector, por respetable e importante que sea, se retroceda en el conjunto de la política. El Senador señor Moreno hacía ver las dificultades del mercado del azúcar y de otros mercados agrícolas. Eso es cierto, pero, ¡por favor!, seamos coherentes. Lo que discutimos aquí se centra en la apertura unilateral de nuestro país. Lo que Chile por suerte ha hecho -y bien- es abrirse, no obstante las dificultades de los mercados internacionales. Ésa es su estrategia de desarrollo. Con el argumento de que existen dificultades en los mercados internacionales, Chile no se habría abierto y podríamos tener aranceles de 98 por ciento para todos los productos. Ésa es la consecuencia lógica de lo que aquí se ha estado diciendo.

Por eso, señor Presidente, creo que no se está siendo coherente con las definiciones que el propio Parlamento ha adoptado.

Mi segunda observación tiene que ver con lo que sigue. Creo que éste es un precedente negativo para la solución de otros problemas que se nos van a venir encima. Los mercados internacionales funcionan de manera muy imperfecta. Muchos otros productores, frente a sus dificultades, van a pedir el mismo tratamiento del azúcar. Eso va a ocurrir así. Muchos productores que han ido a la quiebra durante estos años se van a preguntar hoy día por qué el azúcar y por qué no ellos, por qué no los textiles, por qué no otros sectores que también se encuentran en dificultades.

La política de Chile, señor Presidente -y esto lo hemos repetido hasta la saciedad-, ha ido en la dirección de un arancel parejo y declinante en el tiempo. Y lo que se hace en el proyecto es exactamente lo contrario: se establece un arancel que se especifica respecto de un producto y que se aumenta en 300 por ciento. Eso no tiene ninguna coherencia y no es consistente con lo que se ha venido haciendo.

Por último, señor Presidente , pienso que esta iniciativa es muy mala para los consumidores. Aquí se ha hablado de los trabajadores que viven de la remolacha. Y yo reitero: respeto mucho su situación, pero aquí están en juego todos los consumidores del país. Voy a dar un solo dato: hoy el precio interno del azúcar está sobre los 400 dólares la tonelada debido a la acción de la banda de precio, en circunstancias de que el precio internacional es de 250 dólares. Los pobres de todas las ciudades, los pobres del norte del país, los pobres de la Región Metropolitana, están pagando un azúcar 70 por ciento más cara que la que podrían adquirir con el precio internacional. Eso no me parece correcto, señor Presidente , ni para los pobres, ni para los trabajadores, que también dependen de las industrias que utilizan el azúcar como insumo.

Aquí, señor Presidente, hay que considerar los intereses del conjunto del país y no los de un solo sector.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente , hace ya 25 años que tuve la oportunidad de colaborar muy directa y estrechamente en la creación del sistema de bandas de precios para la agricultura de mi país. Y lo hice pensando en un mecanismo estabilizador de precios y como contrapartida a los escandalosos subsidios y bonificaciones que de manera permanente las naciones desarrolladas introducen en los mercados internacionales. Creo que hemos tenido éxito en estos 25 años; un éxito relativo, naturalmente, porque no los hay en términos absolutos en esta materia.

Me parece que el principal adversario de las bandas de precios no está en el Senado, sino en la errónea política exterior que puede asumir Chile en las negociaciones a que constantemente se ve obligado debido a la globalización del mundo.

Cuando se inició el sistema, las bandas de precios se aplicaron a tres productos: el trigo, el azúcar y las oleaginosas. Hoy sólo dos de ellos quedan vivos, ya que las oleaginosas fallecieron de muerte natural con motivo de un acuerdo económico con Bolivia.

Quiero advertir a la Sala y al país que los errores en política exterior siempre se pagan. Y tengo la impresión de que la asociación con el MERCOSUR, que también rechacé, va a ser una amenaza continua para los intereses agrícolas chilenos, en particular para el sistema de bandas. Incluso, en una Comisión donde se analizó el tema, ciertos funcionarios -equivocadamente, según mi criterio- señalaron que las bandas de precios tenían sus días contados, pues en el MERCOSUR se había adquirido un compromiso para su virtual derogación en el plazo de desgravación. Es una confusión lamentable, sobre todo si surge de personeros de la burocracia nacional.

A mi juicio, señor Presidente , éste no es un buen proyecto. Estoy a favor de las bandas de precios y voy a apoyarlas, pero -reitero- éste no es un buen proyecto. Estimo que empresas cuyo insumo básico o importante es el azúcar, particularmente aquellas de la Quinta Región, se verán afectadas por la situación planteada en la iniciativa. Además, hay trabajadores chilenos detrás de esas industrias -siete u ocho mil- que elaboran chocolates o caramelos y cuyo insumo fundamental es el azúcar.

Pero cuando se trata de escoger entre lo principal -que es la preservación del sistema de bandas de precios- y otros efectos, jamás he dudado en respaldar aquel mecanismo, el cual se ha demostrado hoy como una política de Estado que todos los sectores han apoyado como tal.

Por lo expuesto, voy a aprobar el proyecto. Sin embargo, me queda la sensación de que su articulado tiene vacíos inexcusables. No me agrada el sistema de cuotas ni el apoyo a determinadas empresas. Creo que la IANSA debe demostrar su eficiencia compitiendo incluso dentro de sus propias divisiones. No estamos legislando respecto del sistema de bandas de precios para favorecer a empresas, sino a productores y trabajadores.

Por último, debe prestarse debida atención a las negociaciones internacionales en curso, como las relativas a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa. No cabe la menor duda de que el precio que se pagaría por una mala negociación puede ser extraordinariamente grave para los intereses agropecuarios chilenos. Y lo digo porque, en el caso de las reuniones técnicas que hasta ahora se han sostenido con Estados Unidos, en alguna medida importante ya se está sacrificando a este sector.

Espero que en esta materia se rectifiquen criterios y que, además, el sistema de bandas de precios tenga vida permanente en el sistema económico chileno.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Cariola.

El señor CARIOLA.-

Señor Presidente , me referiré al tema en debate desde otro ángulo.

Se tiene la percepción de que se está aprobando un proyecto de ley que protege a los agricultores y les da un tratamiento discriminatorio favorable. Ello no es así. Tengo mucho orgullo de representar a una Región que produce remolacha, sector en el que en los últimos años se ha producido una verdadera revolución, por cuanto la productividad y eficiencia han aumentado en términos tales que los productores de remolacha chilenos se cuentan entre los más eficientes del mundo después de los franceses. Y la gracia no está sólo en mejorar la productividad, sino también en hacerlo con costos bajos, como ocurre con los de los productores nacionales, quienes los han mejorado tanto que también se ubican entre los más reducidos del mundo.

Como resultado de esto, si se observa el precio que pagan por el azúcar los consumidores de otros países, podrá apreciarse que el de Chile nuevamente es uno de los más bajos. De modo que el problema no reside en nuestro país, sino, muy por el contrario, en el exterior, donde se otorgan subsidios que generan mercados excedentarios que hacen que el precio del azúcar sea tremendamente volátil. En ese sentido, la banda de precio crea las condiciones para que productores muy eficientes puedan competir con los de otros países que no lo son tanto. O sea, los agricultores chilenos no están pidiendo subsidios ni protección, sino el establecimiento de condiciones leales para competir. Creo que éste es un punto muy importante.

Además, no se está fijando un arancel para la importación de azúcar, sino que se crea un mecanismo que se hace cargo del peor escenario en lo que respecta a los precios internacionales. Por lo tanto, fija un tope máximo que, hasta antes que Chile unilateralmente determinara el compromiso de arancel máximo consolidado con la OMC, no existía. Con motivo de la aplicación de la banda, el arancel podía ser cualquiera y, efectivamente, en algunas oportunidades, llegó a 120 y 130 por ciento.

Considero relevante destacar la eficiencia de los productores nacionales. Y se está defendiendo a una actividad sana. Es posible que otros sectores pretendan aspirar a lo mismo, pero no lo van a lograr, porque no son tan eficientes ni tampoco enfrentan mercados tan distorsionados como los del azúcar. Es decir, el hecho de que productores nacionales eficientes actúen en mercados internacionales tan distorsionados no se da ni se asemeja a ninguna otra actividad del país.

Por último, en cuanto al tema del plazo, estimamos inconveniente fijar uno determinado. Tanto en la agricultura como en las empresas que procesan remolacha las inversiones no son de un día para otro. Los programas de fertilización, de riego y de mecanización, que son los que permiten alcanzar costos tan bajos, representan grandes inversiones, las que, entonces, no se pueden considerar con horizontes de plazos determinados.

Además, fijar plazo no tiene ningún sentido, porque el tope de 98 por ciento que se propone sólo va a operar dentro de la banda, pero no fuera de ella. Por lo tanto, no tiene sentido fijar un plazo para este porcentaje de tope, porque mañana, cuando no haya bandas, tampoco existirá este tope.

El señor LARRAÍN.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador, con la venia de la Mesa?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría por 20 segundos.

El señor LARRAÍN.-

Seré muy breve.

En relación con el comentario del Honorable señor Ominami , en cuanto a que la agricultura era una actividad que estaba siendo privilegiada y que si a este sector se le daba un privilegio muchos otros lo iban a solicitar, debo señalar que el señor Senador no ha entendido un problema clave: en el mundo la única actividad protegida es la agricultura.

En un estudio de "The Economist", que analiza todas las actividades industriales y productivas de bienes y servicios, se establece que en todas ellas los aranceles fluctuaban entre 3 y 4 por ciento.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Ha terminado su tiempo, señor Senador.

El señor LARRAÍN.-

Concluyo de inmediato, señor Presidente.

Pero en el caso de la agricultura el promedio de los aranceles oscila entre 40 y 50 por ciento. De manera que se trata de una situación especial respecto de una actividad que está siendo intervenida en el mundo. No hay otra igual. Por lo tanto, si se quiere tener agricultura, debe enfrentarse la realidad internacional, que perjudica la labor agropecuaria, porque nosotros no la protegemos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.-

Señor Presidente, he escuchado los argumentos que con bastante pasión han planteado los Honorables colegas en favor de elevar el arancel consolidado.

Además, valoro la presencia de los productores en las tribunas. Forma parte de nuestra educación cívica y de nuestra democracia escuchar los argumentos de unos y otros a fin de aprobar lo que es mejor para Chile.

Estoy seguro de que ninguno de nosotros busca dañar los intereses del país. Todos pretendemos defenderlos. De manera que nadie tiene aquí el monopolio de la defensa de los intereses nacionales. En ese sentido, debemos buscar las fórmulas más adecuadas para el conjunto del país, y ello se resuelve oyéndonos y votando.

Recuerdo que intervine en favor de las salvaguardias, por entender que el mercado de la agricultura está distorsionado. Yo procedí en forma coherente; otros actuaron en contra de las salvaguardias, a pesar del efecto negativo que podrían tener sobre la carne o la leche, y hoy, sobre la base de otros principios, votan al revés en el caso de la remolacha. Mas, para mantener una sola posición en esta materia, supone establecer algunas condiciones para los productos de la agricultura, dado el carácter distorsionado de sus mercados.

En la Comisión voté favorablemente la idea de legislar en general y de otorgar un arancel de 98 por ciento. Y también lo voy a hacer ahora, por entender que no se está aprobando un arancel, sino una banda, que se va a mantener. Por eso, votaré a favor de la banda.

Sin embargo, hay un conjunto de factores que ninguno de nosotros puede dejar de considerar.

En primer lugar, en la Región que represento no hay producción remolachera. (Comprendo que los Senadores del sur la defiendan. Es legítimo y así corresponde). Allí se da un mercado esencialmente importador, consumidor, a lo que se añade una relación especial con Bolivia, país exportador de azúcar y oleaginosas, productos sobre los cuales se aplican restricciones que perjudican el desarrollo de la zona norte. Sin embargo, esos factores rara vez se debaten o se defienden con tanta pasión, no obstante representar una parte importante de Chile.

El señor LARRAÍN.-

Nosotros le regalamos la Ley Arica, señor Senador.

El señor BITAR.-

Es cierto que se aprobó, lo cual fue muy útil, pero con plazo. Sobre ese punto me referiré luego.

En consecuencia, primero, en este cuadro es necesario mirar hacia otras Regiones de Chile. Y, segundo, tenemos que aplicar una política coherente. Nosotros vamos en una línea de reducción progresiva de los aranceles; y en algunos casos de transiciones difíciles hemos de efectuar algunas protecciones, pero sin salirnos de esa tendencia y de esa línea. Y, finalmente, también hay que tener en cuenta los argumentos que aquí han expuesto los consumidores.

En tales circunstancias, estimo conveniente votar a favor de la existencia de este arancel consolidado de 98 por ciento, fijándole un plazo de aplicación. Pienso que tres años puede ser corto; pero diez es suficientemente largo como para permitir, entre otras cosas, revaluar la situación, observar los cambios internacionales, ver las modificaciones que se producen en el MERCOSUR, analizar los cambios en las políticas agrícolas de otros países y revisar todo en su conjunto.

Cabe señalar que la Ley Arica -a la cual se refirió el señor Senador que recién me interrumpió- tiene un plazo, el que se ha postergado para evaluar la normativa que favorece a las zonas extremas del norte y del sur del país, y que otorga una compensación a la contratación de mano de obra. Cabe recordar que el Estatuto Automotriz también determinó un límite de tiempo.

En consecuencia, la fijación de un plazo nos permitirá revisar la situación, y es posible que en tres o cuatro años se modifique lo que ahora se aprueba.

Por otra parte, tengo tres observaciones adicionales que permitirán mejorar el proyecto. Primero, debemos eliminar las cuotas, porque no son necesarias. El Gobierno afirmó, hoy en la mañana, que éstas se pueden negociar sin ser necesario que figuren en la ley, pues al establecerlas allí las rigidizamos. Si mañana deseáramos cambiar de opinión y dar, por ejemplo, una cuota a Bolivia, tendríamos que hacer una enmienda legal, y también si pretendiéramos bajar las cuotas otorgadas a los brasileños. Por eso, me parece que se trata de una rigidez innecesaria.

Segundo, en la iniciativa habría que corregir lo relativo al aprovechamiento que de ella puede hacer una sola empresa. Estoy dispuesto a votar a favor de los remolacheros, pero no de IANSA. Pienso que esta empresa no puede intervenir en la importación de azúcar libre de tales cuotas.

En esas condiciones y con los cambios que describí, anuncio mi voto a favor del 98 por ciento, pero presentaré las respectivas indicaciones al proyecto para introducirle correcciones por el bien del país y para contar con una ley mejor que la vigente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Habíamos acordado votar a las 17:30 y ya estamos atrasados en 12 minutos.

De los señores Senadores presentes, quedan inscritos los Honorables señores Ríos y Sabag. Si le parece a la Sala, prorrogaremos la discusión hasta que intervengan Sus Señorías; luego, usará de la palabra el señor Ministro , por cinco minutos, y la señora Subsecretaria, por dos minutos, para hacer una aclaración. Posteriormente, procederemos a votar.

Así se acuerda.

Tiene la palabra el Senador señor Ríos.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , estamos frente a un hecho muy trascendente en materias propias de la política exterior de nuestro país.

En nuestras manos tenemos una responsabilidad muy grande con un grupo importante de personas que trabajan en determinada área de Chile: la agricultura, y dentro de ella, la remolacha. A su vez, existe un mundo que está cambiando: con expectativas de desarrollo económico muy diversas; que estructura sus programas económicos internacionales en torno de hechos reales, concretos. Y cuando haya alguna alternativa propicia, el país establecerá fórmulas arancelarias o de impuestos nacionales adecuadas que favorezcan cierta producción, y no solamente los temas agrícolas, donde -tal como lo señaló el Senador señor Larraín - la totalidad de las naciones del mundo o el 90 por ciento de ellas aplican una protección especial a la agricultura por diversas razones, de carácter geopolítico, económico, y por todo el sistema arancelario extraño que recorre las tierras agrícolas del orbe. También en otras áreas existe una defensa clara y evidente para establecer fórmulas que permitan un crecimiento armónico del país.

Esos objetivos que se tienen a la vista son, desde mi perspectiva, los esenciales para discutir y aprobar -como espero que ocurra- el proyecto en debate, que es importantísimo para el desarrollo de Chile.

Señor Presidente , aquí se ha planteado el tema de los plazos. Sobre el particular, el Senador señor Boeninger señaló que lo prudente son diez años. Sin embargo, es necesario dejar claramente establecido -al respecto, recojo lo manifestado por el Honorable señor Bitar - que es indispensable entregar ciertas libertades al Ejecutivo para que desarrolle en plenitud las acciones propias de su responsabilidad en el comercio exterior.

En un proyecto de tanta trascendencia no es posible determinar plazos. Ello, porque efectivamente, en los próximos años, en este enorme y cambiante mundo financiero internacional -el cual, de pronto, por hechos tan distintos a los problemas de índole económica, más bien del tipo político-terrorista, sufre cambios radicales y giros en 180 grados-, se puede terminar complicando la existencia de una ley que por siete u ocho años debe mantener cierto porcentaje en el arancel.

El peor error que podemos cometer en la aprobación de esta iniciativa es establecer un plazo, aunque sea muy extenso. Porque, en definitiva, tales plazos también están sujetos a contratos internacionales que terminan por comprometer -si esta iniciativa, por distintos motivos, debiera adelantar su término- activos y patrimonios agrícolas, así como los patrimonios del Estado, que son muy delicados.

Por lo tanto, lo importante es tener confianza. Y al aprobar esta iniciativa sin fijar un límite en el tiempo, entregamos al Ejecutivo confianza en que las cosas se realizan de determinada forma y con conocimiento de todos los chilenos. Y esto nos permite pensar que las alternativas de desarrollo son adecuadas.

En segundo término, ¡qué bueno es discutir este tema bajo el alero de la Organización Mundial del Comercio! ¡Qué bueno que en esta materia no exista ningún acuerdo bilateral o multilateral que nos complique! ¡Qué bueno es darse cuenta de que todas las acciones internacionales deberían cobijarse bajo el paraguas de la OMC!

Particularmente -al Senado le consta-, he votado en contra de todos los acuerdos bilaterales que se han suscrito. Creo más en la OMC, pues este organismo macro del mundo nos permite efectivamente, de pronto, contar con un arancel diferenciado sin que se produzca un problema en nuestra relación con él. Entiendo que entre sus miembros se encuentra un conjunto de países que sí requieren aranceles especiales. La misma Organización Mundial del Comercio ha sostenido que cuando dentro de determinado elemento de la economía de una nación, por efecto de una importación o por aranceles bajos, se produce un daño claro y real a dicha economía, ese país tiene derecho, con las notificaciones del caso, a implantar aranceles diferenciados para que exista un desarrollo armónico. Esto, que realiza la OMC, no se aplica en los tratados internacionales bilaterales que Chile ha firmado, y todos han terminado siendo dañinos para nuestra agricultura.

En tercer lugar, algo muy importante. En estos momentos, nosotros debatimos acerca de un área del desarrollo económico que se encuentra entre las cinco mejores del mundo. No existen más de cuatro o cinco naciones donde se pueda hablar de éxitos más evidentes que el de los agricultores chilenos. Sin embargo, este inmenso éxito tecnológico, de trabajo, de desarrollo, de esfuerzo económico y de sacrificio inmensamente grande, queda siempre marginado por otros intereses de carácter industrial o de otro tipo, que terminan desplazando el crecimiento de la agricultura, que es el sector de nuestro país que ocupa más mano de obra.

En consecuencia, anuncio que votaré favorablemente y en plenitud el proyecto, pero advierto que estoy en contra de cualquier indicación que establezca plazos. Por el contrario, manifiesto mi interés por que exista libertad absoluta para ir desarrollando esta iniciativa en tal forma que avancemos adecuadamente.

Estimo que se trata de un primer paso para entender las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio y para el fortalecimiento de un área tan debilitada como la agricultura en Chile, a pesar de sus excelencias técnicas a nivel mundial.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente , la industria azucarera nacional es un patrimonio del país, y ha sido construida sobre la base de un significativo esfuerzo del Estado chileno y de generaciones de profesionales y agricultores de nuestra tierra que han hecho de este cultivo una importante fuente de empleo, alimento y substitución de importaciones.

Chile produce su azúcar de manera competitiva y rentable a nivel mundial. El cultivo de la remolacha azucarera en nuestro país es del orden de las 45 mil hectáreas; casi 8 mil explotaciones agropecuarias. El 30 por ciento de esta superficie corresponde a predios de entre una y 20 hectáreas, con un total de 4 mil 700 pequeños agricultores. Existen alrededor de 300 agricultores de la etnia mapuche. El 91 por ciento de la superficie es de bajo riego. De las tres mil hectáreas que se cultivan en secano, 85 por ciento está en la Décima Región. El 82 por ciento de la superficie total se ubica entre la Séptima y la Octava Regiones. El rendimiento promedio nacional es del orden de las 58 toneladas por hectárea, siendo la Sexta Región la que presenta el más alto promedio del país, con más de 60 toneladas por hectárea. La actividad agrícola de la industria azucarera proporciona unos veinticuatro mil empleos. El sector industrial genera dos mil quinientos puestos de trabajo, y los servicios asociados a la industria azucarera ocupan a otros seis mil trabajadores, todo lo cual implica una operación anual de alrededor de los cincuenta y un millones de dólares. Asimismo, anualmente, el transporte de la cosecha se traduce, en promedio, en ciento cuatro mil viajes de camiones.

La importancia económica y social del cultivo de la remolacha es innegable. El conjunto de ella -agricultores e industria- presenta rendimientos de nivel mundial y, por ello, es competitiva. Cabe destacar que la producción de remolacha es anual, y, en cambio, la de la caña de azúcar puede abarcar cinco años, lo que representa diferencias significativas a la hora de establecer una industria de alto costo, sujeta a precios de suma variabilidad. De ahí la banda de precios: se busca la estabilidad de éstos en correlación con la tendencia internacional de los mismos.

El mercado internacional del azúcar es muy distorsionado, sus precios son de gran volatilidad, y sus volúmenes transados internacionalmente representan sólo una mínima parte del total mundial producido, tanto en azúcar de remolacha como de caña. Más bien, son excedentes de las producciones locales. Únicamente el cuatro por ciento del consumo mundial se realiza en países que no producen azúcar, y alrededor del 80 por ciento del consumo mundial se transa a precios superiores en 50 por ciento a los precios internacionales.

Las políticas seguidas en prácticamente todos los países productores de azúcar del mundo tienden a proteger sus industrias locales: la Unión Europea aplica 378 por ciento adicional; los Estados Unidos, 300 por ciento; México , 200 por ciento. Es decir, todos los países protegen sus industrias.

Quiero hacer presente que en Chile el precio del azúcar al consumidor es de los más bajos del mundo, en contradicción a lo que hace un momento apuntaba el Honorable señor Ominami. En términos absolutos, es del orden de medio dólar el kilogramo. En cambio, en Japón es de 2,40 dólares; en los Estados Unidos y en China, de 1,60; en Alemania y Australia, de un dólar. ¡Para qué seguir hablando sobre esta materia!

Como ya se ha señalado, el país perdió 30 mil hectáreas dedicadas al cultivo de las oleaginosas, raps, debido a las perforaciones experimentadas por las bandas de precios del aceite, terminando así con un cultivo que era la mejor opción de rotación de nuestros suelos. No queremos que lo mismo suceda con nuestra remolacha. Necesitamos defender, apoyar, dar tranquilidad y estabilidad a los agricultores dedicados a este rubro.

Por eso, votaré el proyecto en la misma forma como lo hizo la Comisión, es decir, tal cual lo envió la Cámara de Diputados. No quiero un tercer trámite. Deseo transmitir tranquilidad a los agricultores para que sepan que estamos preocupados por mantener esta actividad tan importante para Chile.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra, por cinco minutos, el señor Ministro.

El señor CAMPOS (Ministro de Agricultura).-

Señor Presidente, el Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional este proyecto de ley que, por varias razones, modifica el arancel consolidado del azúcar.

Primero, la iniciativa corresponde a uno de los acuerdos alcanzados al interior de la Mesa Agrícola, suscrito por Su Excelencia el Presidente de la República. Y el Gobierno del Presidente Lagos cumple y honra sus compromisos.

En segundo lugar, y después de considerar la situación actual del mercado del azúcar, hemos concluido que la fórmula propuesta es el único camino con que contamos para mantener la vigencia de un instrumento estabilizador del precio que, por lo demás, está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico conocido como las "bandas de precios", las que, mientras sean ley de la República, como Gobierno, estamos obligados a respetar y a hacer cumplir.

En tercer término, mediante el proyecto pretendemos transparentar una situación que, de hecho, existe actualmente, cual es la de que, con relación a uno de los productos incluidos en las bandas, no en una sino que en muchas ocasiones, en conformidad con la ley que las regula, Aduanas o el Gobierno de Chile se han visto obligados, en el caso del azúcar, a aplicar aranceles superiores al 31,5 por ciento que en su momento registramos ante la Organización Mundial de Comercio.

Por último, hemos enviado este proyecto porque, en lo que al sector remolachero se refiere, nos encontramos ante uno de los sectores agrícolas más productivos y competitivos del país, que representa diez mil explotaciones, de las cuales siete mil corresponden a pequeños agricultores, que ocupan cerca de cincuenta mil hectáreas de territorio agrícola nacional, desde la Séptima Región al sur. Asimismo, porque este cultivo está inserto dentro del proceso de rotación de los cultivos anuales, y constituye una actividad que genera sobre treinta mil fuentes de trabajo, en la cual no solamente están empeñados los esfuerzos de agricultores, sino que también de la industria, de comerciantes y, básicamente, de los transportistas. En suma, un sector que en los últimos años prácticamente ha hecho una revolución en materia de productividad, ya que de las treinta y cinco, o treinta y ocho toneladas que se producían ayer, hoy día ha sobrepasado con creces las sesenta toneladas por hectárea.

Ahora bien, con relación al debate suscitado esta tarde, permítame, señor Presidente , hacer algunas precisiones.

En primer lugar, este proyecto de ley no afecta el precio al consumidor, como algunos medios de comunicación lo han indicado. Por el contrario, éste seguirá siendo el mismo.

En segundo término, considero una señal equívoca el pretender, por la vía de las indicaciones, establecer plazo a la vigencia del nuevo arancel consolidado que hemos registrado ante la Organización Mundial de Comercio, ya que éste es uno de los sectores que requiere estabilidad y sustentabilidad en el tiempo. Además, la imposición de un plazo en esta ley en proyecto implicaría limitar la capacidad negociadora de nuestra Cancillería frente a futuros acuerdos comerciales que nuestro país eventualmente pudiese suscribir.

En tercer lugar, debo insistir en que esta modificación no significa necesariamente que el arancel del azúcar vaya a ser de 98 por ciento. Ése es el tope de la franja al que puede llegar, y en la práctica, ello dependerá de las variaciones fácticas que tenga el mercado del azúcar internacionalmente.

Por último, quiero referirme a un antecedente al que algunos señores Senadores me han hecho referencia, y también a un aspecto mencionado en esta Sala. Cuando terminen las salvaguardias en noviembre, aun cuando no se apruebe este proyecto, nada va a pasar, y ello por una razón muy simple: la Corte Suprema, en reiterados fallos, ha estimado que la normativa referente a las bandas de precios prima sobre el arancel que tenemos consolidado ante la OMC.

Finalmente, debo decir que el Gobierno no respalda ninguna indicación a este proyecto de ley. Todavía más: personalmente tengo dudas acerca de la constitucionalidad de las mismas, y creo que en la medida en que esta iniciativa sea aprobada en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados, vamos a dar una de las señales que necesita la agricultura chilena para seguir contribuyendo al desarrollo nacional, como lo ha hecho hasta ahora.

El señor BITAR.-

¿Me permite una interrupción, señor Ministro ?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

No caben las interrupciones, señor Senador.

El señor BITAR.-

Sólo para decir que, si es así, ¿por qué el Gobierno presentó indicaciones en la Comisión, y ahora dice que no apoya ninguna, en circunstancias de que son las mismas?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra, por dos minutos, la señora Subsecretaria.

La señora WAGNER ( Subsecretaria de Hacienda ).-

Señor Presidente -como ya se dijo-, dentro de la política de apertura comercial seguida por el Estado en los últimos 25 años, han estado consideradas las bandas como un instrumento estabilizador de precios, dada la distorsión con que operan los mercados internacionales.

Desde 1976, ha existido un compromiso del Gobierno por mantener las bandas de precio vigentes; lo reiteraron Ricardo Lagos y Joaquín Lavín como candidatos presidenciales, y el acuerdo se enmarca dentro de los compromisos adoptados también por la Mesa Agrícola.

De igual forma, debe recordarse que, al aprobarse la ley de rebaja de aranceles, se suscribió un protocolo de entendimiento entre el Ejecutivo y un grupo de Senadores para que, dada "la importancia que tenía para el país legislar una rebaja de la tasa arancelaria, considerando que la misma otorgaría un impulso al sector productivo chileno", y con el fin de minimizar los costos de ajuste, se acordó "para aquellos productos sensibles con banda de precio, mantener el referido mecanismo".

Reconociendo el compromiso de mantener la banda de precio para el azúcar, este proyecto sólo tiene por finalidad asegurar que la banda continúe operando, como lo ha hecho desde 1983 a la fecha de manera consistente con nuestras obligaciones en la OMC.

Lo anterior no significa, sin embargo, que nuestro país esté renunciando a la política de apertura comercial desarrollada en los últimos 10 años. Para continuar con esta política es necesario entender que subsisten prácticas de subsidios a nivel internacional que producen significativas distorsiones en los mercados.

El nuevo arancel consolidado que se consigna en el proyecto no significa que los derechos efectivos vayan a alcanzar tales márgenes; la norma no fija un arancel de 98 por ciento a las importaciones, sino que sólo permite aplicar los derechos específicos que determina la banda de precio en función del piso de la misma; de acuerdo a la regla vigente, es necesario aclarar que ésta no puede ser alterada en una dirección más proteccionista, porque ha sido congelada en los respectivos acuerdos internacionales.

Es también importante consignar que el Ejecutivo presentó dos indicaciones al proyecto en las Comisiones de Hacienda y de Agricultura, unidas, las que limitaban el establecimiento del nuevo consolidado e impedían la aplicación de sobretasas en este período, las que fueron rechazadas por las Comisiones unidas. El Gobierno no insistirá en tales indicaciones; sin embargo, se reserva el derecho de legislar a futuro a fin de perfeccionar la normativa que regula la materia. En el intertanto, dado el nuevo techo arancelario, el Ejecutivo se compromete a que no se aplicará el mecanismo de salvaguardias para estos productos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Ha terminado el debate del proyecto. De acuerdo con las resoluciones adoptadas, procederemos a votarlo en general.

¿Habría acuerdo de la Sala para aprobar en general la iniciativa?

El señor OMINAMI.-

Con mi abstención, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Con la abstención del Senador señor Ominami.

--Se aprueba en general el proyecto, con la abstención del Senador señor Ominami, y la declaración del Senador señor Urenda de no poder votar por encontrarse pareado con el Senador señor Hamilton.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

En votación particular el proyecto.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Indicación suscrita por los Senadores señores Ominami , Bitar , Foxley , Cordero y Martínez , para sustituir el actual inciso tercero del artículo 1º del proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, por el siguiente:

"No podrán acceder a las cuotas de importación de azúcar libres de todo gravamen, esto es, no podrán efectuar importaciones libres de gravamen, directa o indirectamente a través de terceros, aquellas empresas que, por sí o mediante filiales, subsidiarias o acuerdos de distribución y comercialización, representen más del 60 por ciento de mercado mayorista de azúcar refinada del país, o las que realicen procesos de refinación de azúcar en el país.".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Como Presidente del Senado debo declararla inadmisible, en virtud de lo dispuesto en el artículo 62, número 1º de la Constitución, sin perjuicio de que la considero de bastante interés. Creo que el Ejecutivo debiera tomarla en sus manos.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , ¿me permitiría por lo menos explicar su fundamento, para que quede registrado el punto de vista de los Senadores que la suscribimos, que somos más de diez?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

No tendría inconveniente, señor Senador. Pero previamente debo declararla inadmisible.

--Se declara inadmisible.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Bitar.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , acá no existe ninguna discriminación contra una empresa como IANSA. Lo que estamos señalando es que una empresa que produce más del 60 por ciento, que toma más del 60 por ciento del mercado, no tiene derecho a usar las cuotas preferenciales, y así éstas puedan entregarse a otros pequeños o medianos empresarios, a fin de que tengan más competencia en el mercado. De manera que -repito- no hay discriminación contra una empresa. Es una norma de carácter general.

Por eso, consideramos conveniente la indicación.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Yo también suscribiré el oficio, señor Senador.

Las indicaciones se harán llegar al Ejecutivo, a objeto de que pueda prestarles su patrocinio. Estoy de acuerdo con el principio que plantean.

Por lo tanto, se mandará un oficio en tal sentido, en el nombre de Su Señoría y en el mío propio.

El señor ROMERO.-

Y también en el mío, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor BITAR.-

Que el oficio se envíe en nombre del Senado, señor Presidente. Tal vez todos los señores Senadores quieran sumarse a la petición que se hará al Ejecutivo.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , simplemente quiero compartir el criterio de la inadmisibilidad, porque la indicación contiene una materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Asimismo, deseo señalar que lo que busca el proyecto es salvar el cultivo de la remolacha y no la regulación de una actividad industrial determinada. Si hay voluntad para hacerlo -la hay, pues creo que a los productores remolacheros, a los transportistas, les interesa una regulación de la actividad como una empresa de las características que ésta tiene-, debe ser objeto o de entendimiento entre las partes interesadas o de otra iniciativa de ley; pero, confundir una cosa con la otra en esta materia, me parece altamente improcedente.

El señor CHADWICK.-

¡Que el oficio se envíe en nombre del Senado, señor Presidente!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Entonces, si le parece a la Sala, el oficio se mandará en nombre del Senado.

Acordado.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Indicación suscrita por los Senadores señora Matthei y señores Bitar , Foxley , Boeninger y Martínez , para agregar el siguiente artículo 3º, nuevo:

"Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1º precedente, los derechos específicos que resulten de la aplicación del artículo 12 de la ley Nº 18.525, sumados al derecho ad valorem, no podrán sobrepasar, para cada operación de importación, el 31,5 por ciento ad valorem para las posiciones arancelarias 1701.1100, 1701.1200, 1701.9100 y 1701.9900, a partir del 1º de abril de 2011.".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

De acuerdo con la facultad de la Presidencia , declaro inadmisible la indicación, por ser inconstitucional.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , me permite la palabra sobre la materia, porque la otra indicación está vinculada con ésta.

Lo que hicimos algunos Senadores fue renovar una indicación presentada en la Comisión por el Ejecutivo. Tenemos derecho a hacerlo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tendría que haberla renovado el Ejecutivo , porque éste la retiró. Además, ni siquiera es igual al texto original.

El señor BITAR.-

Es exactamente el mismo texto, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

A pesar de ello, el Ejecutivo es el que tendría que renovarla, señor Senador.

El señor BITAR.-

Sería bueno que el Ejecutivo no cambiara de opinión en seis horas. Es muy útil para el manejo del Gobierno.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

El señor Ministro señaló que no haría suya ninguna de las indicaciones. Entonces, para mí, más claro, echarle agua. No puedo ir más allá ni ser más papista que el Papa.

Por lo tanto, declaro inadmisible la indicación.

--Se declara inadmisible.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

La última indicación viene suscrita por los Senadores señora Matthei y señores Bitar , Foxley , Boeninger y Martínez , para incorporar el siguiente artículo primero transitorio:

"Artículo primero transitorio.-

Desde la publicación de la presente ley y hasta la fecha establecida en el artículo 3º de la misma, no podrán adoptarse las medidas establecidas en el artículo 9º de la ley Nº 18.525, a las importaciones de mercancías correspondientes a las posiciones arancelarias 1701.1100, 1701.1200, 1701.9100 y 1701.9900.".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

La Presidencia también la declara inadmisible, por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , ya votamos en general el proyecto. Nos encontramos votándolo en particular. De modo que pido votación separada del inciso tercero del artículo 1º del proyecto. Tengo derecho a solicitarla.

¿Y con qué propósito pido división de la votación? Para que lo relativo a las cuotas preferenciales sea sacado de esta iniciativa. Creo que no conviene que en una ley aparezcan cuotas.

El Ejecutivo tiene la facultad, y eso no afecta para nada al proyecto, pues, como lo aprobamos, siguen teniendo todos las mismas ventajas. Pero, a mi juicio, la cuota rigidiza innecesariamente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Su Señoría tiene derecho a pedir división de la votación.

Tiene la palabra el Senador señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ.-

Señor Presidente , apoyo la petición del Senador señor Bitar , porque el problema es bastante más serio de lo que aparece a primera vista.

En mi opinión, es necesario sacar este tema de la ley en proyecto, por las siguientes razones:

Primero, evidentemente rigidizará la política exterior, por afectar a futuras negociaciones.

Segundo, crea precedentes de referencia que sin la menor duda serán esgrimidos por otros países para exigir igual estabilidad en las normas, las cuales deben ser esencialmente variables en las negociaciones. Tercero, al inmiscuirse en funciones propias del Ejecutivo, resulta inconstitucional, pues pretende resolver problemas de relaciones internacionales, que son facultad privativa de aquél.

Cuarto, de seguirse la línea antedicha, el Presidente de la República estará obligado a vetar, porque no va a aceptar que se entrometan derechamente en su facultad negociadora de la parte económica, a través de Relaciones Exteriores.

Y deseo agregar un quinto aspecto: de no haber reacción, se sentaría un precedente muy negativo. ¿Por qué lo planteo? A mi juicio, la independencia de los Poderes del Estado debe ser celosamente guardada tanto cuando se exige que la respeten, como cuando se defiende la que tiene cada uno de ellos.

Por tales razones, apoyo la petición del Senador señor Bitar.

El señor ZALDÍVAR ( Presidente ).-

Sobre el punto específico, tiene la palabra el Honorable señor Moreno.

El señor MORENO.-

Señor Presidente , el Senador señor Bitar tiene obviamente derecho a pedir división de la votación; pero creo que en este momento separar lo que viene consignado en el artículo contradiría todo lo que hemos escuchado en el debate, en cuanto a que el Gobierno hizo una declaración formal anunciando su disposición a que en el futuro regulará el problema de cuotas y otros mecanismos a través de la legislación. Y eso es lo que corresponde y no venir a generar para el proyecto -puede que ése no sea el propósito- un tercero o cuarto trámite que, en el fondo, significaría llegar al 25 de noviembre sin haber resuelto el problema y condenando a la ruina a los remolacheros. Ése es el punto.

Por lo tanto, votaré en contra de la proposición del Senador señor Bitar , por creer que aunque ése no sea su propósito, en último término, atenta contra el espíritu del proyecto que estamos votando.

El señor BITAR.-

¿Me permite, señor Presidente ? He sido aludido. Quiero señalar que mi petición no atenta contra el espíritu de ningún proyecto.

El señor ZALDÍVAR (Presidente).-

Corresponde el uso de la palabra al Honorable señor Gazmuri.

El señor BITAR.-

No acepto que se hagan imputaciones en cuanto a la intencionalidad de mi petición. Estoy usando la facultad de pedir votación separada.

El señor ZALDÍVAR ( Presidente ).-

Señor Senador , corresponde el uso de la palabra al Honorable señor Gazmuri.

El señor BITAR.-

Es malo que estén las cuotas en el proyecto.

El señor ZALDÍVAR (Presidente).-

No tengo inconveniente en darle la palabra, señor Senador, si la solicita.

Puede intervenir el Senador señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente , considero que este asunto de verdad no tiene mayor importancia, pues estos acuerdos ya están suscritos por el Gobierno; las cuotas están inscritas en la Organización Mundial de Comercio. Podrían no estarlo, pero figuran en el proyecto. Si las sacamos ahora, lo que ocurrirá es que la iniciativa puede no despacharse en la fecha debida. Y eso sí que no es indiferente, además de crear un tremendo problema a un sector importante de agricultores del país.

Entonces, si ya están acordadas e inscritas las cuotas, dejémoslas, y discutamos después si deben o no deben ir en la ley; pero ahora despachemos el proyecto como está.

El señor ZALDÍVAR (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CAMPOS ( Ministro de Agricultura ).-

Señor Presidente , lo dicho por el Senador señor Gazmuri me ahorra la argumentación que quería dar a conocer en esta oportunidad.

En verdad, la sugerencia del Senador señor Bitar no produce ningún efecto práctico, pues Chile ya negoció las cuotas con la Organización Mundial de Comercio y con nuestros socios comerciales. Están registradas. El hecho de que figuren en el proyecto sólo obedece a un propósito de transparencia respecto de lo ya convenido, y su exclusión del mismo no genera efecto práctico alguno.

El señor ZALDÍVAR ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Ya está todo dicho y es suficiente, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.

El señor BOENINGER.-

Señor Presidente , deseo simplemente señalar que no me gusta lo de las cuotas; pero, con los argumentos dados en cuanto a que, por un lado, ya están inscritas ante la Organización Mundial de Comercio; y, por otro, que frente al problema más importante -cual es poner o no poner un plazo- ha quedado decidido con lo aprobado por la Cámara, francamente no me parece suficientemente importante como para generar un tercer trámite. De modo que, a pesar de no gustarme las cuotas, votaré por mantenerlas.

El señor ZALDÍVAR ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Martínez, en su segunda intervención.

El señor MARTÍNEZ.-

Señor Presidente , deseo insistir en una sola cosa y hacer un comentario.

Si al señor Ministro le es indiferente que se creen problemas en las relaciones internacionales referidos a la agricultura, es una decisión de él y la respeto; pero es evidente -y puedo asegurar al Senado que ocurrirá así- que en los próximos meses otros países exigirán que se les fije por ley una cuota, más allá de las conversaciones que realizan los Ministerios. Ese es un elemento claro y preciso.

Por otra parte, esgrimir que so pretexto de sacar apuradamente la ley se deben aceptar estas cosas, lo considero inadmisible. Hemos tenido muchas experiencias en el sentido de que, por discutir apresuradamente un proyecto, se incurre hasta en errores de ortografía, por lo cual, al final, sufrimos un bochorno porque se escribe mal la ley y, a renglón seguido, es necesario rehacerla, cambiando su espíritu o el enfoque. No estoy de acuerdo con eso y deseaba dar mi opinión.

El señor BITAR.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR (Presidente).-

En todo caso, deseo hacer presente que la facultad presidencial sobre el tema de las cuotas se mantiene y en nada se innova al respecto. Esa parte no me preocupa.

Tiene la palabra el Honorable señor Bitar, a quien ruego ser breve.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , reconozco hidalgamente que seré derrotado en una eventual votación; pero no quiero dejar de advertir a Sus Señorías que tengan en cuenta lo siguiente: a lo largo de toda nuestra vida republicana -me tocó ayer comentar un libro sobre la República Parlamentaria-, el peso del centro-sur en la historia de Chile ha sido tan determinante, que quería alegar por más presencia para el norte y sus intereses.

Dicho lo anterior, retiro la indicación, para evitar más discusiones, señor Presidente.

-(Aplausos en la Sala y en las tribunas).

El señor ZALDÍVAR ( Presidente ).-

Ruego guardar silencio y evitar las manifestaciones.

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente , la decisión del Senador señor Bitar me evita expresar la mitad de lo que iba a señalar. No quería derrotarlo y por eso le pedí retirar su proposición.

Además, quiero referirme a lo manifestado por otro señor Senador. Aquí, con cierta frecuencia, se intenta decir que, cuando se busca resolver los temas en forma razonable -a veces, sobre la base de la economía de tiempo- no legislamos con seriedad o que las cosas se hacen apresuradamente.

Debo reconocer que el Senado intenta siempre hacer las cosas bien. Éste ha sido un debate abierto, largo, donde la gente ha opinado e incluso ha venido a escuchar; y la Comisión ha trabajado bien. El hecho de evitar un tercer trámite y resolver rápidamente el tema no significa estar legislando livianamente.

Cada vez que se señala eso se agudiza la imagen que se quiere dar de que el Parlamento no trabaja bien. Reclamo de ello en cada oportunidad que se produce, y lo vuelvo a hacer ahora.

--Queda aprobado en general y particular el proyecto, por haberse declarado inadmisibles las indicaciones y retirado la solicitud de división de la votación.

Valparaíso, 31 de Octubre de 2.001.

Nº 19.116

A S.E. El Presidente de la H. Cámara de Diputados:

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa H. Cámara, el proyecto de ley que modifica el arancel tipo básico consolidado de nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio para ciertas partidas relacionadas con el azúcar, correspondiente al Boletín Nº 2.788-01.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3548, de 10 de Octubre de 2.001.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ANDRES ZALDIVAR LARRAIN

Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS

Secretario del Senado

VALPARAISO, 6 de noviembre de 2001.

Oficio Nº 3568

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1°.- Modifícase el arancel tipo básico, consolidado por Chile ante la Organización Mundial de Comercio, alzándose de un treinta y uno coma cinco por ciento (31,5%) a un noventa y ocho por ciento (98%), únicamente para las posiciones arancelarias 1701.1100, 1701.1200, 1701.9100 y 1701.9900, en los términos de la Sección I-A de la Parte I de la Lista VII, anexada al Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 1994, GATT 94, promulgado como anexo 1° del Acuerdo de Marrakech, por decreto supremo N° 16, de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial el 17 de mayo de 1995.

Asimismo, en la Sección I-B de la Parte I de la Lista VII señalada en el inciso precedente, establécese para la posición arancelaria 1701.9900 "Los demás", un contingente arancelario de 60.000 toneladas anuales, libre de derechos de aduana. Dicho contingente se distribuirá de la manera siguiente:

Argentina 21.000 toneladas anuales

Guatemala 16.700 toneladas anuales

Brasil 9.700 toneladas anuales

Otros 12.600 toneladas anuales.

Ningún importador podrá, directa o indirectamente, hacer uso de más de un veinte por ciento (20%) del contingente a que se refiere el inciso segundo de este artículo.

Facúltase al Servicio Nacional de Aduanas para establecer las normas aplicables a la administración del referido contingente arancelario. Asimismo, dicho Servicio deberá informar, en el primer trimestre de cada año, a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el detalle de la utilización del contingente.

Artículo 2°.- Agrégase, a continuación del punto final del artículo 12 de la ley Nº 18.525, que pasa a ser punto aparte, el siguiente inciso final nuevo:

"Los derechos específicos que resulten de la aplicación de este artículo, sumados al derecho ad valorem, no podrán sobrepasar el arancel tipo básico, consolidado por Chile ante la Organización Mundial de Comercio para las mercancías a que se refiere este artículo, considerando cada operación de importación individualmente y teniendo como base de cálculo el valor CIF de las mercancías comprendidas en la respectiva operación. Para tal efecto, corresponderá al Servicio Nacional de Aduanas adoptar las medidas conducentes a mantener el límite señalado en esta disposición.".".

Dios guarde a V.E.

LUIS PARETO GONZALEZ

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario de la Cámara de Diputados