MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CODIGO DE AGUAS.

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SANTIAGO, diciembre 2 de 1992

MENSAJE Nº 283-325/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

Uno de los desafíos y problemas mayores a que la sociedad chilena se verá enfrentada en los próximos años es el que se relaciona con la disponibilidad de recursos de aguas, en cantidad y calidad apropiadas, para responder a los requerimientos de su desarrollo económico y social, en un proceso que signifique, además, respeto al medio ambiente y a la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

El país se encuentra enfrentado a condiciones generales críticas de escasez y de contaminación acentuadas en las zonas más áridas, que requieren de normas legales eficaces para solucionar esas dificultades.

La actual legislación adolece de excesiva permisividad y pasividad frente a la administración y conservación de este recurso escaso y finito, defectos que deben ser corregidos a la brevedad para evitar situaciones de crisis que, en definitiva, conduzcan a soluciones intempestivas y poco razonadas.

La acumulación de derechos de aguas en forma desmesurada sin que exista un uso actual o futuro previsible, sino únicamente la posibilidad de lucrar con ellos, no obstante su obtención original gratuita, constituye el germen de dificultades muy graves para el desarrollo futuro del país.

La existencia de cauces naturales afectados por contaminación insoportable, implica, asimismo, la semilla de conflictos que afectarán las bases mismas de nuestro medio ambiente y la salud y vida de nuestros compatriotas.

El actual proceso de avance y desarrollo sostenido de los sectores agrícola, hidroeléctrico, industrial, minero y sanitario que en gran medida se sustentan en el uso del agua y que son receptores de grandes inversiones nacionales y extranjeras, exige seguridad jurídica en la utilización de los recursos hídricos. Esa seguridad no se consigue con normas que permiten situaciones abusivas, como las indicadas, sino con disposiciones legales justas y equilibradas, que conduzcan a un acceso equitativo a este preciado recurso natural, y que garanticen al mismo tiempo su utilización racional y su conservación.

Desde sus inicios, este Gobierno ha manifestado una especial preocupación por esta relevante materia. Así, el año 1991 se llamó a un Seminario sobre Política Nacional de Aguas, para escuchar a la comunidad nacional; allí hubo un foro abierto y objetivo donde manifestaron las distintas opiniones sobre la materia.

Producto de ese simposio y de otras reuniones técnicas y científicas, como del apoyo de expertos internacionales de Naciones Unidas, de CEPAL y del esfuerzo de nuestros funcionarios, en particular del Ministerio de Obras Públicas, es el presente proyecto de ley modificatorio del Código de Aguas, que se somete a trámite al H. Congreso Nacional.

Las normas que se proponen constituirán una de las herramientas más efectivas para desarrollar una Política Nacional de Aguas, fundamentada en la equidad y eficiencia, cuyos propósitos están constituidos, básicamente, por el desarrollo máximo y aprovechamiento racional de nuestros recursos de aguas, por su conservación y protección, por una administración integrada de nuestras cuencas hidrográficas sometidas a una presión creciente por sus distintos usuarios y por el establecimiento de normas adecuadas a las características geográficas específicas de algunas zonas de nuestro país.

Metodológicamente se han agrupado las modificaciones propuestas en cuatro grandes grupos.

1) Normas sobre recuperación de la condición de bien nacional de uso público del agua, la justificación de su necesidad y su uso obligatorio.

La legislación vigente, permite la solicitud y la obtención ilimitada de recursos de aguas, en forma gratuita, con la sola condición de cumplir un procedimiento administrativo.

En el hecho, esto ha significado la existencia de una gran cantidad de concesiones traducidas en derechos inscritos que corresponden a un bien nacional de uso público el agua , que no puede ser utilizado en proyectos productivos, salvo entendimiento económico con sus detentadores.

Si se considera que Chile es un país con recursos hídricos limitados, que ellos en gran medida ya se encuentran asignados, y que la contaminación los ha disminuido aún más por su pérdida de calidad, debe concluirse que la extrema liberalidad en la obtención de nuevos derechos de aprovechamiento es injustificable.

Se propone, en consecuencia, establecer límites razonables a la concesión de los derechos de aprovechamiento, límites que, en definitiva, se traducen en la justificación de la necesidad del agua solicitada y en su utilización.

Como en este proyecto de ley se establece un plazo máximo de cinco años dentro del cual las aguas se deben utilizar, y es posible que se formulen proyectos de largo aliento que requieran más de esos cinco años fijados, se prevé la posibilidad de otorgar un plazo mayor y de prorrogar o renovar el plazo correspondiente.

2) Normas sobre conservación y protección de las aguas y cauces.

El análisis de la normativa vigente en Chile permite encontrar distintas e insuficientes normas con enfoques parciales respecto a la conservación y protección de las aguas; no así de los cauces, los que lamentablemente se encuentran entregados a su suerte, por carencia casi total de ellas.

En el caso de las aguas existen algunas normas protectoras, pero todas ellas con visiones parciales. Algunas tratan de impedir su contaminación para proteger la salud, otras para proteger a la agricultura y otras velan por aspectos sanitarios; pero no existen disposiciones cuyo objetivo sea preservar y proteger precisa y exclusivamente a los recursos de aguas del país.

En la práctica, cuando no existe agricultura, ni salud de personas que proteger, las aguas quedan indefensas frente a la depredación, deterioro o contaminación que puedan realizar quienes hagan abuso de ellas.

De allí que se ha estimado conveniente agregar todo un Título X al Libro I del Código de Aguas, que asigna a la Dirección General de Aguas responsabilidades específicas respecto a la protección y conservación de las aguas.

En esencia, se le otorgan facultades par hacer cesar situaciones de contaminación grave y para evitar sus efectos nocivos a terceros.

Se establece también la obligación de respetar, en todo cauce, un caudal ecológico, es decir el mínimo de agua que debe escurrir para mantener la vida en el río, estero, lago o fuente natural de que se trate.

En lo referente a los cauces naturales hoy sin protección alguna , se proponen normas que responsabilizan a la Dirección General de Aguas de su defensa frente a las acciones depredadoras que sobre ellos ejercen terceros sin autorización de ninguna especie, y se centraliza en dicho Servicio la autorización para la extracción de áridos y la función de delimitación de los cauces.

Finalmente, se encarga a ese organismo el desarrollo de una red de estaciones de control de calidad de agua y de la difusión de la información obtenida, que deberá cubrir en el futuro todas las cuencas hidrográficas del país.

3) Normas sobre administración integrada de cuencas y perfeccionamiento de organizaciones de usuarios.

El Código Aguas regula los organismos tradicionales en nuestro país, Asociaciones de Canalistas, Comunidades de Aguas y Juntas de Vigilancia.

Todos ellos están orientados a una función central específica, la distribución de las aguas entre los titulares de derechos de aprovechamiento; además, las comunidades y asociaciones se encargan de la conservación de las obras de extracción, conducción y repartición del recurso.

Sin embargo, los grandes problemas que afectan a las cuencas y a esos mismos usuarios, tales como la erosión y sedimentación consecuente; las sequías que afectan a los ríos en su integridad no obstante su seccionamiento; las inundaciones que azotan su recorrido periódicamente; la contaminación que afecta hoy prácticamente a toda fuente natural de aguas y los procesos de distribución de aguas entre grandes conglomerados de usuarios, con intereses contrapuestos; carecen de una institucionalidad capaz de responder eficazmente los desafíos que ellos representan.

Consciente de ese vacío que en regiones más desarrolladas de nuestro planeta ya ha sido enfrentado con distintos esquemas , se propone un sistema de administración integrada de las cuencas hidrográficas que recoge experiencias europeas adaptadas a nuestra idiosincrasia.

El sistema de administración propuesto se fundamenta en organismos autónomos, situados en el sector privado, sin fines de lucro, denominados Corporaciones Administradoras de Cuencas Hidrográficas, integrados por los usuarios de aguas, los municipios y los organismos públicos vinculados con los problemas indicados, componentes que le dan una base amplia de participación.

Para visualizar su acción en los problemas antes enunciados, es preciso distinguir entre los conflictos que se solucionan mediante acciones acordadas por el conjunto de interesados de los que exigen medidas preventivas, y de aquéllos que requieren de obras físicas que deben constituirse.

Como estos organismos de cuencas tienen radicación regional y será obligatoria en ellos la participación de las autoridades correspondientes, el debate de los problemas sujetos a su competencia permitirá la adopción de medidas o la toma de decisiones en forma ágil y desconcentrada, y la priorización en la ejecución de obras que hoy no han sido evaluadas debidamente en el contexto general de la cuenca hidrográfica.

Materias tales como la forestación de las cuencas, la regularización de las riberas, el ordenamiento de los cauces, la defensa de poblaciones y bienes riberanos, la extracción de aguas lluvias, la prospección de recursos de aguas subterráneas para aliviar a los usuarios en períodos de escasez, y la adopción de medidas de defensa de los cauces frente a acciones ilegítimas sobre ellos o contra procesos de contaminación, tendrán un escenario institucional regional adecuado para ser debatidas con la participación de toda la comunidad que aprovecha los efectos benéficos o sufre los efectos nocivos que se generan en la cuenca hidrográfica.

El financiamiento de estas organizaciones está originalmente fundamentado en las cuotas de quienes las integren, en las donaciones que reciban, y en los aportes o ingresos que la legislación del porvenir les reconozca.

Es factible visualizar un futuro en que las obras que deban ejecutarse puedan ser financiadas sobre la base de una contribución surgida de la propia cuenca, fundamentada en los principios de "contaminador pagador", "usuario pagador" y "beneficiario pagador", contribución que se distribuirá entre quienes deban pagarla en proporción a la magnitud de los beneficios recibidos.

Los aspectos relacionados con la organización interna y funcionamiento de las Corporaciones Administradoras de Cuencas Hidrográficas, se han remitido al reglamento. La supervisión de estos organismos así como el fomento de su creación y desarrollo, han sido entregados a la Dirección General de Aguas.

Un segundo tema que es necesario abordar en materia organizacional, es el que se relaciona con la discriminación legal existente entre las Asociaciones de Canalistas y las Comunidades de Aguas en cuanto al goce de personalidad jurídica. Erróneamente se ha excluido a las segundas de esa característica tan necesaria para su mejor desempeño en la vida jurídica y económica.

La mayor parte de las organizaciones vigentes son comunidades de aguas, que en el derecho tienen iguales funciones y atribuciones que las asociaciones de canalistas; sin embargo, están excluidas de gestiones importantes, especialmente ante los organismos de crédito, por esa carencia de personalidad.

Se propone solucionar esta falencia dotando de personalidad jurídica a las comunidades de aguas.

4) Normas relacionadas con aspectos regionales.

Un hecho singular que se destaca al revisar la legislación de aguas es el que se relaciona con la uniformidad absoluta de su normativa, sin consideración a la extrema longitud del país, que le hace cruzar distintas zonas climáticas, con diferencias extremas.

No obstante que ya don Andrés Bello en el mensaje del Código Civil mencionó esta situación cuando señaló que "... en este punto, como en todo lo que concierne al uso y goce de las aguas, el proyecto, como el Código que le ha servido de guía, se ha ceñido a poco más que sentar las bases, reservando los pormenores a ordenanzas especiales, que probablemente no podrán ser unas mismas para las diferentes localidades", hasta la fecha no se ha aceptado en la ley esta realidad.

Es por ello que se proponen algunas normas especiales para la zona desértica de Chile, desde la cuenca del Río Salado en la Región de Copiapó al Norte; y para la zona austral, desde la cuenca del río Vodudahue en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo al sur.

En el primer caso, dada la escasez de los recursos hídricos se considera conveniente una legislación más rigurosa. Por lo tanto, se propone que toda concesión quede adscrita al uso que la ha hecho necesaria y que para variar esa utilización, se deba requerir una nueva autorización.

Terminada la actividad que originó el uso, el derecho de aprovechamiento se extingue, y quedan nuevamente libres las aguas en el patrimonio público para ser solicitadas por quien las requiera.

No obstante, se otorga una primera opción preferente al antiguo titular para que renueve su derecho en un nuevo uso, opción que deberá ejercitar antes del término del uso original.

Asimismo, se propone la libre disponibilidad de los excedentes o sobrantes, que podrán ser solicitados por terceros en conformidad a las reglas generales.

Se exigirá a todo usuario el tratamiento de las aguas residuales para facilitar su reutilización; y se permitirá el cambio de punto de captación en el caso de las aguas subterráneas, siempre que se trate del mismo acuífero y no se perjudique derechos de terceros.

En el caso de la zona austral, se libera a los solicitantes que usualmente requieren el agua para abrevamiento de ganado, de la obligación de indicar el punto de captación y el modo de extracción del agua. Sólo deberán señalar el sector del cauce en que se efectuará el aprovechamiento del recurso.

Sobre la base de los fundamentos señalados, someto a la consideración del H. Congreso Nacional, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de sesiones, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1º. Modifícase el Código de Aguas en la siguiente forma:

1. Intercálase el siguiente artículo nuevo, a continuación del artículo 26:

"Artículo 26 bis. El derecho de aprovechamiento se extinguirá si el agua no se utiliza en el plazo de cinco años o en el que se haya establecido en la concesión.

La extinción será declarada por el Director General de Aguas, mediante resolución fundada, a solicitud de cualquiera que tenga interés en ello.";

2. Intercálase el siguiente Título, nuevo, al Libro I, a continuación del artículo 129:

"TITULO X DE LA PROTECCION DE LAS AGUAS Y CAUCES

Artículo 129 A. La Dirección General de Aguas podrá adoptar medidas urgentes para evitar o poner término a la contaminación de un cauce o álveo de aguas corrientes o detenidas producida por terceros que carezcan de autorización legal para efectuar vertidos.

Con tal fin podrá, además, modificar temporalmente los sistemas de distribución de aguas en cauces naturales y ordenar el cierre de canales y bocatomas que permitan la captación de las aguas, si esa contaminación fuese peligrosa para las personas, animales o plantas.

Artículo 129 B. La extracción de aguas subterráneas de una cuenca u hoya hidrográfica no podrá efectuarse en perjuicio de los cauces naturales superficiales que se alimenten de ellas.

La recuperación de terrenos húmedos o pantanosos mediante avenamiento o drenaje deberá incluir, en las obras pertinentes, la restitución de las aguas sustraídas al cauce receptor natural de las mismas, si de esos trabajos se siguiere perjuicio a terceros.

Artículo 129 C. La autoridad, al otorgar los derechos de aprovechamiento, deberá respetar la permanencia de un caudal ecológico mínimo en toda fuente natural, que garantice la existencia de la flora y fauna que de ella dependen.

La Dirección General de Aguas deberá determinar en cada caso el caudal mínimo que deberá mantenerse en el cauce.

Artículo 129 D. La Dirección General de Aguas podrá ordenar la inmediata paralización de obras o labores que no cuenten con autorización competente en los álveos de cauces naturales de aguas corrientes o detenidas.

Artículo 129 E. La aprobación de zonas habilitadas y las condiciones para la extracción de áridos desde cauces naturales, corresponderá a la Dirección General de Aguas. Las Municipalidades otorgarán los permisos para la instalación y desarrollo de faenas de extracción dentro de sus territorios jurisdiccionales.

Artículo 129 F. La delimitación de los cauces naturales y el establecimiento de la línea de ribera, se efectuará por la Dirección General de Aguas en conformidad al reglamento.

Artículo 129 G. La Dirección General de Aguas deberá establecer una red de estaciones de control de calidad de aguas superficiales y subterráneas, y proporcionar y publicar la información correspondiente.

3. Modifícase el artículo 140 de la siguiente forma:

a) Intercálase, en el Nº 2, a continuación de la palabra "extraer", la siguiente oración, entre comas (,... ,): "cuya necesidad se justificará explícitamente",

b) Agrégase, en el Nº 3, a continuación de la expresión "de extraerla", la frase "si fuere necesario",

c) Sustitúyese el Nº 5, por el siguiente:

"5. El plazo dentro del cual iniciará el uso de las aguas sobre las que recaerá su derecho, que no será superior a cinco años contados desde la fecha de la resolución de concesión, y los demás antecedentes que exija la naturaleza del derecho que se solicita, que estén relacionados con los requisitos anteriores.",

d) Agrégase el siguiente inciso final:

"Excepcionalmente, cuando la utilización de las aguas requiera la ejecución de obras o proyectos que para su desarrollo exijan un plazo mayor a cinco años, éste podrá solicitarse acompañándose los antecedentes que lo justifiquen.";

4. Reemplázase el Nº 7 del artículo 149, por el siguiente:

"7. Otros antecedentes técnicos relacionados con la naturaleza especial del respectivo derecho, el plazo dentro del cual deberá ejercerse y las demás modalidades que lo afecten, solicitadas o aceptadas por el peticionario. La Dirección General de Aguas, mediante resolución fundada, podrá prorrogar o renovar el plazo fijado para el ejercicio del derecho.";

5. Reemplázase el epígrafe del Título III del Libro I, por el siguiente:

"DE LA ADQUISICION Y PERDIDA DEL DERECHO DE APROVECHAMIENTO";

6. Intercálase, en el Párrafo 2 del Título I del Libro II, a continuación del artículo 172, la siguientes letras, nuevas:

"g) Normas para la zona desértica del norte:

Artículo 172 A. La concesión de un derecho de aprovechamiento desde la cuenca hidrográfica del río Salado en la Región de Atacama hacia el Norte, se vinculará obligatoriamente al uso o destinación original, que deberá expresarse en la solicitud.

Su modificación requerirá la autorización de la Dirección General de Aguas.

Terminada la utilización a que fue vinculado el derecho de aprovechamiento, éste se extinguirá, salvo que, previo el término del uso original, se solicite su continuación a la Dirección General de Aguas. En tal caso, deberá acreditarse la nueva necesidad y uso y el plazo de inicio del ejercicio, en conformidad a las reglas generales.

Artículo 172 B. Toda restitución de aguas sobrantes, en la zona indicada en el artículo anterior, procedente de derechos consuntivos, deberá efectuarse previo tratamiento que asegure que las aguas devueltas tengan una calidad a lo menos similar a la original.

Artículo 172 C. En la zona desértica norte habrá libre disponibilidad por terceros, de acuerdo a las reglas generales, de todo caudal sobrante aún cuando se tratase de derechos consuntivos. En este caso, el titular de los derechos tendrá opción preferente a su reuso, derecho que deberá ejercitar en el plazo máximo de dos años contados desde la fecha de la concesión original.

Artículo 172 D. En la zona desértica norte será procedente la modificación o cambio del punto de captación de aguas subterráneas, siempre que se trate del mismo acuífero y no se ocasionen perjuicios a terceros.

h) Normas para la zona austral:

Artículo 172 E. Las solicitudes de derechos de aprovechamiento en la zona austral, desde la cuenca hidrográfica del río Vodudahue en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo al Sur, referidas a abrevamiento de ganado, no requerirán señalar punto de captación ni modo de extracción, pero indicarán el sector del cauce en que las aguas serán aprovechadas.";

7. Agrégase al artículo 196, el siguiente inciso final:

"Las comunidades de aguas que hayan cumplido con este requisito, gozarán de personalidad jurídica y les serán aplicables las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con excepción de los artículos 560, 562, 563 y 564.";

8. Intercálase el siguiente párrafo, nuevo, al Título III del Libro II, a continuación del artículo 282, pasando el actual Nº 5, a ser 6:

"5. Las Corporaciones Administradoras de Cuencas Hidrográficas.

Artículo 282 A. Las cuencas u hoyas hidrográficas se administrarán integradamente desde su desembocadura en el mar hasta sus nacientes, mediante un organismo denominado Corporación Administradora de la Cuenca Hidrográfica que gozará de personalidad jurídica y se regirá por las normas de este Código y las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con excepción de los artículos 560, 562, 563 y 564.

Un reglamento especial establecerá sus órganos de administración y sus normas de funcionamiento interno.

Podrán establecerse Corporaciones Administrativas de Sub Cuencas Hidrográficas cuando razones técnicas o de administración lo aconsejen, e igualmente todos estos organismos podrán agruparse en confederaciones si fuese conveniente a sus intereses.

Artículo 282 B. Los estatutos y organización de las Corporaciones Administradoras de Cuencas Hidrográficas serán aprobados por Decreto del Ministerio de Obras Públicas, previo informe favorable de la Dirección General de Aguas.

La Dirección General de Aguas podrá asumir la iniciativa para la constitución de estos organismos en las condiciones señaladas en el inciso final del artículo 188.

Artículo 282 C. Las Corporaciones Administradoras de Cuencas Hidrográficas se integrarán con representantes de los usuarios de los recursos de aguas agrupados en sectores, tales como regantes, industriales, mineros, hidroeléctricos, sanitarios y otros. El reglamento establecerá los casos en que, justificadamente, se aceptará la participación individual de los mismos.

Igualmente podrán formar parte de ellas las Municipalidades ribereñas de los cauces que integran la cuenca hidrográfica y los organismos públicos y privados que manifiesten interés en el manejo y administración de la cuenca hidrográfica correspondiente.

Artículo 282 D. Corresponderá a las Corporaciones Administradoras de Cuencas Hidrográficas la adopción de medidas para solucionar, disminuir o controlar problemas relacionados con la utilización de los recursos de aguas entre usuarios de distinta naturaleza, con la contaminación de los recursos hídricos de la cuenca, con la escasez derivada de situaciones climatológicas adversas o extraordinarias, con las inundaciones ocasionadas por eventos meteorológicos extremos o por condiciones defectuosas de los cauces, con la erosión de los suelos que drenan hacia la cuenca y con la extracción de aguas lluvias sobrantes o excesivas dentro de su área jurisdiccional.

Artículo 282 E. El patrimonio de las Corporaciones Administradoras de Cuencas Hidrográficas estará constituido por las cuotas que paguen sus integrantes, por los dineros que recauden por concepto de multas o intereses, por las donaciones entre vivos o por causa de muerte de que sean beneficiarias, y por los subsidios o aportes que pueden obtener de acuerdo a la ley desde entidades públicas o privadas.

Artículo 283 F. Corresponderá a la Dirección General de Aguas la supervigilancia de las Corporaciones Administradoras de Cuencas Hidrográficas.".

Artículo 2º. Derógase en el inciso primero de la letra l) del artículo 13 de la Ley Nº 15.840, cuyo texto refundido es el Decreto Supremo Nº 294, de 27 de septiembre de 1982, del Ministerio de Obras Públicas, la oración que empieza con la expresión "y la supervigilancia" hasta el punto seguido (.). Asimismo, derógase el inciso final de dicha letra.

Artículo 3º. Facúltase al Presidente de la República para que, a través del o los Ministerios respectivos, fije el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código de Aguas.".

Dios guarde a V.E.,

PATRICIO AYLWIN AZOCAR

Presidente de la República

CARLOS HURTADO RUIZ TAGLE

Ministro de Obras Públicas

FRANCISCO CUMPLIDO CERECEDA

Ministro de Justicia

JUAN AGUSTIN FIGUEROA YAVAR

Ministro de Agricultura

JAIME TOHA GONZALEZ

Ministro Presidente Comisión Nacional de Energía

?INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL LEGISLATIVA ENCARGADA DEL ESTUDIO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS AGUAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO DE AGUAS.

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BOLETÍN N° 876-09

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión Especial Legislativa encargada del estudio del régimen jurídico de las aguas pasa a informaros sobre el proyecto de ley, remitido por S.E. el Presidente de la República, que modifica el Código de Aguas.

Para el despacho de las indicaciones a este proyecto de ley, S.E. el Presidente de la República hizo presente la urgencia, calificándola de “simple” en todos sus trámites constitucionales.

En las sesiones que vuestra Comisión dedicó al análisis de esta iniciativa legal, contó con la asistencia del Ministro de Obras Públicas, don Ricardo Lagos Escobar; de la Ministra subrogante Presidente de la Comisión Nacional de Energía, doña Isabel González; de la Directora Nacional de Conama, doña Vivianne Blanlot, y con la colaboración de don Humberto Peña, Director General de Aguas; de don Pablo Jaeger, Jefe del Departamento de Aguas, y de don Gonzalo Arévalo, asesor, de cuyas opiniones se deja expresa constancia en el título V de este informe.

Asimismo, expusieron sus puntos de vista ante la Comisión don Jaime Bauzá, Gerente General de Endesa, y don Fernando Peralta, Presidente de la Confederación Nacional de Canalistas de Chile. Enviaron sus observaciones mediante documentos, la Sociedad de Fomento Fabril, la Confederación de Canalistas de Chile, la Confederación de la Producción y del Comercio, y el Colegio de Ingenieros de Chile A.G.

Cabe señalar que, respecto de las nuevas indicaciones de S.E. el Presidente de la República, que sustituyen íntegramente el texto del proyecto, se acordó enviarlas a la Excma. Corte Suprema, para los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 74 de la Constitución Política y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, por contener disposiciones que inciden en las atribuciones de los tribunales de justicia.

La Excma. Corte Suprema, por oficio Nº 1511, de fecha 10 de diciembre de 1996, tomó conocimiento y se pronunció favorablemente a las materias pertinentes, contenidas en los artículos 129 bis 12, 129 bis 13, 129 bis 14 y 129 bis 15.

I. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y LABOR REALIZADA.

Con motivo de un acuerdo adoptado por la Honorable Cámara de Diputados, en la sesión 30ª de la 325ª legislatura extraordinaria del período legislativo 1990-1994, celebrada el martes 15 de diciembre de 1992, se aprobó, por unanimidad, la creación de una Comisión Especial Legislativa encargada del estudio del régimen jurídico de las aguas.

En la sesión 32ª de la misma legislatura, se dio a conocer su composición. Quedó integrada por los Diputados señores Jara, don Sergio; Álvarez-Salamanca, Campos; García, don René; Jara, don Octavio; Kuzmicic, Latorre; Letelier, don Juan Pablo; Munizaga; Pérez, don Víctor; Pizarro, Rodríguez y Sabag.

Reglamentariamente, la Comisión se constituyó el día 19 de enero de 1993, eligió como su Presidente al Diputado señor Sergio Jara Catalán y se abocó de inmediato al cumplimiento de su cometido.

La Comisión celebró catorce sesiones ordinarias, una especial y cinco reuniones en comité, y aprobó, por unanimidad, la idea de legislar sobre la materia.

Cabe destacar que, durante el primer estudio de esta iniciativa legal, la Comisión contó con la asistencia de las autoridades administrativas de la época, el Ministro de Obras Públicas, don Carlos Hurtado Ruiz-Tagle; el Ministro de Justicia, don Francisco Cumplido Cereceda; el Subsecretario de Obras Públicas, don Enrique Miquel Muñoz; el Director y el Subdirector General de Aguas, don Gustavo Manríquez Lobos y don Andrés Benítez Girón, respectivamente; el abogado jefe del departamento legal de la Dirección General de Aguas, don Gonzalo Arévalo; el jefe del departamento legal de la Dirección General de Aguas, don Gonzalo Acevedo; el Superintendente de Servicios Sanitarios, don Eugenio Celedón Silva; el ingeniero jefe del Departamento de Obras Fluviales de Vialidad, don Roberto Rojas, y el ingeniero subrogante del Departamento de Obras Fluviales de Vialidad don Sergio Honorato.

Asistieron, además, especialmente invitados a exponer en la Comisión, representantes de las instituciones y organizaciones que se mencionan a continuación: la Confederación de Canalistas de Chile, la junta de vigilancia de la primera sección del río Aconcagua, la Asociación de Agricultores de Los Andes, la Asociación de Canalistas de Cogotí, la Asociación de Canalistas de Recoleta, provincia de Limarí; la Asociación de Usuarios y Canalistas del río Maule norte, la Junta de Vigilancia río Ñuble-canal Zañartu, JUNDEP (Juventudes para el Desarrollo), la Asociación de Canalistas de El Laja, provincia de Bío-Bío; la Asociación de Canalistas Bío-Bío Negrete, la Asociación de Canalistas canal Bío-Bío norte, la Asociación de Canalistas canal Bío-Bío sur, la Asociación de Canalistas canal Duqueco-Cuel, SERNATUR (Servicio Nacional de Turismo), la Sociedad Nacional de Agricultura, la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), la empresa eléctrica Colbún-Machicura, el Instituto de Ingenieros de Chile, y la Asociación Provincial de Pesca y Caza de Talca.

Durante la actual administración (1994-1998), con fecha 5 de julio de 1994, la Comisión reinició su trabajo, con la integración de los Diputados señores Acuña (Presidente), Arancibia, Coloma, García García, Girardi, Jara Wolff, Letelier Morel, Munizaga, Pérez Varela, Pizarro, Rodríguez Cataldo, Sabag y Silva. Se celebraron nueve sesiones ordinarias y una reunión en comité. Se cursaron invitaciones a las nuevas autoridades del ramo y se solicitó participación permanente de los representantes de los Ministerios de Obras Públicas, Agricultura, Justicia y Comisión Nacional de Energía. Luego de un acabado análisis del proyecto y conocidas las nuevas políticas del Gobierno relativas a la administración de las aguas, el actual Ministro de Obras Públicas se comprometió a reformular las correspondientes modificaciones del proyecto en análisis.

Consecuentemente con lo señalado, con fecha 19 de octubre de 1994, la Comisión acordó, por unanimidad, suspender sus sesiones en espera de esas nuevas indicaciones de parte del Poder Ejecutivo.

En la sesión de fecha 15 de julio de 1996 de la H. Cámara, se dio cuenta de una indicación del Ejecutivo que sustituye íntegramente el texto del proyecto. En consecuencia, la Comisión reanudó su trabajo, para conocer y estudiar las nuevas indicaciones.

II. IDEAS MATRICES.

La idea matriz que inspiró la proposición de esta iniciativa legal consiste, en primer lugar, en establecer límites razonables a la concesión de los derechos de aprovechamiento de aguas, con objeto de desarrollar una política nacional de aguas, fundada en la equidad y en la eficiencia. En consonancia con este concepto, se busca un aprovechamiento racional del recurso, mediante la protección y la conservación de las aguas y de los cauces, dando énfasis a aspectos regionales.

Fundamentos.

Según se expresó en el mensaje de S.E. el Presidente de la República, uno de los desafíos y problemas mayores a que la sociedad chilena se verá enfrentada en los próximos años es la disponibilidad de aguas, en cantidad y calidad apropiadas para responder a los requerimientos de su desarrollo económico y social, en un proceso que signifique, además, respeto al medio ambiente y a la calidad de vida de los habitantes.

El país se encuentra enfrentado a condiciones generales críticas de escasez y de contaminación acentuadas en las zonas más áridas. Se requiere de normas legales eficaces para solucionar esas dificultades.

La actual legislación adolece de excesiva permisividad y pasividad frente a la administración y a la conservación de este recurso escaso y finito, defectos que deben ser corregidos dentro de la brevedad, para evitar situaciones de crisis que, en definitiva, conduzcan a soluciones intempestivas y poco razonadas.

La acumulación de derechos de aguas en forma desmesurada, sin que exista un uso actual o futuro previsible, sino únicamente la posibilidad de lucrar con ellos, no obstante su obtención original gratuita, constituye el germen de dificultades muy graves para el desarrollo futuro del país.

Por otra parte, la existencia de cauces naturales afectados por contaminación insoportable, implica, asimismo, la semilla de conflictos que afectarán las bases mismas de nuestro medio ambiente y la salud y la vida de nuestros compatriotas.

El actual proceso de avance y desarrollo sostenido de los sectores agrícola, hidroeléctrico, industrial, minero y sanitario, que en gran medida se sustentan en el uso del agua y que son receptores de grandes inversiones nacionales y extranjeras, exige seguridad jurídica en la utilización de los recursos hídricos. Esa seguridad se consigue con disposiciones legales justas y equilibradas, que conduzcan a un acceso equitativo a este preciado recurso natural y que, al mismo tiempo, garanticen su utilización racional y su conservación.

Las normas propuestas constituirán una de las herramientas más efectivas para desarrollar una política nacional de aguas, fundada en la equidad y en la eficiencia, cuyos propósitos están constituidos, básicamente, por el desarrollo máximo y el aprovechamiento racional de nuestras aguas; por su conservación y su protección; por la administración integrada de nuestras cuencas hidrográficas, sometidas a una presión creciente por sus distintos usuarios, y por el establecimiento de normas adecuadas a las características geográficas específicas de algunas zonas del país.

Metodológicamente, se agruparon estas modificaciones en cuatro grandes conceptos:

1) Normas sobre recuperación de la condición de bien nacional de uso público del agua, la justificación de su necesidad y su uso obligatorio.

2) Normas sobre conservación y protección de las aguas y de los cauces.

3) Normas sobre administración integrada de las cuencas y perfeccionamiento de las organizaciones de usuarios.

4) Normas relacionadas con aspectos regionales.

Nuevo estudio de modificaciones.

Con fecha 4 de julio de 1996, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva del proyecto, la que consta de dos artículos permanentes y cuatro disposiciones transitorias, agrupados en seis temas, a saber:

A) Establecimiento del pago de una patente por el no uso de las aguas.

Existe un vacío legal en virtud del cual no se fija costo para la conservación indefinida del derecho de aprovechamiento, lo que incentiva la especulación y el mal uso del recurso. En consecuencia, se propone someter a los titulares de derechos de aprovechamiento, cuyas aguas no estén siendo utilizadas en todo o en parte, al pago de una patente que es diferente en las cuencas hidrográficas del norte, centro y sur del país.

B) Facultades de la autoridad para la concesión de nuevos derechos de aprovechamiento.

Al respecto, se propone establecer límites razonables a la concesión de los derechos de aprovechamiento de aguas, lo que permitirá al Estado asegurarse de que un bien nacional de uso público, extremadamente escaso y valioso, se entregue efectivamente en beneficio de la sociedad.

C) Normas sobre conservación y protección de las aguas y cauces.

En lo referente a los cauces naturales, los que hoy se encuentran sin protección alguna, se proponen normas que facilitan a la Dirección General de Aguas (DGA) su defensa frente a las acciones devastadoras que sobre ellos ejercen terceros que no cuentan con las autorizaciones correspondientes, pudiendo recurrir al auxilio de la fuerza pública para obtener la inmediata paralización de las obras o labores no autorizadas en los cauces naturales. Con ese propósito, se encarga a la DGA el desarrollo de una red de estaciones de calidad de aguas, tanto superficiales como subterráneas, con la obligación de publicar y difundir la información obtenida.

D) Consideración de la interacción de las aguas superficiales y subterráneas en el otorgamiento de derechos de aprovechamiento.

Se impone a la DGA el análisis y la cuantificación de todos los recursos de la cuenca, para determinar si existen las disponibilidades correspondientes en el lugar indicado en la solicitud.

E) Normas que perfeccionan el procedimiento de regulación contenido en el artículo 1º transitorio del Código de Aguas y que establecen las obligaciones a que estarán afectos los Conservadores de Bienes Raíces del país, en relación con el Catastro Público de Aguas.

Se propone modificar el artículo 1º transitorio para establecer, con carácter obligatorio, el informe respectivo de la DGA en el procedimiento de regularización de inscripciones de los derechos que hayan sido inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas, pero que en posteriores transferencias no lo hubieren sido. Por otra parte, la DGA, por mandato del Código de Aguas, debe llevar el Catastro Público de Aguas, en el que debe constar toda la información que tenga relación con ellas.

F) Extensión de la personalidad jurídica de las comunidades de aguas.

Nuestra actual legislación otorga personalidad jurídica a las asociaciones de canalistas que hayan sido formadas de acuerdo a la ley por todos los titulares de derechos involucrados en la organización. En cambio las comunidades de aguas legalmente organizadas no gozan de dicho atributo, lo que impide su desarrollo y el manejo adecuado de sus recursos. Esta deficiencia legal es remediada mediante indicación, otorgándoles personalidad jurídica a las comunidades en las mismas condiciones que a las asociaciones de canalistas.

Las indicaciones propuestas modifican el Código de Aguas en la siguiente forma.

Artículo 1º.

Consta de 18 números.

Por el número 1, se incorpora un inciso final nuevo en el artículo 6º del Código de Aguas, por el cual se señala que el titular podrá renunciar total o parcialmente a su derecho mediante declaración ante la DGA, la que aceptará la renuncia, declarará extinguido el derecho y requerirá del Conservador de Bienes Raíces respectivo las cancelaciones que correspondan.

Por el número 2, se reemplaza el artículo 22, para ordenar la constitución de los derechos de aprovechamiento sobre aguas existentes en fuentes naturales o embalses construidos por el Estado, teniendo en consideración la explotación conjunta de los recursos superficiales y subterráneos de una misma cuenca sin afectar derechos constituidos con anterioridad.

Por el número 3, se modifica el artículo 114, reemplazando sus números 4 y 7 para agregar, dentro de los requisitos, “la renuncia de un derecho de aprovechamiento” e incluir “la declaración de extinción total o parcial de un derecho de aprovechamiento”.

Por el número 4, se intercala un artículo 115 bis nuevo que señala que deberán inscribirse, en los Registros de Hipotecas y Gravámenes relativos a las aguas, las condiciones, prohibiciones y limitaciones que afecten a los derechos de aprovechamiento.

Por el número 5, se agregan dos nuevos incisos al artículo 122, para establecer la obligación de los Conservadores de Bienes Raíces de enviar copia autorizada a la DGA de todas las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que practiquen en el Registro de Aguas. El no cumplimiento de esta obligación ameritará sanciones previstas en el artículo 440 del Código Orgánico de Tribunales.

Por el número 6, se reemplaza el artículo 129, para establecer que el dominio de los derechos de aprovechamiento se extingue por las causas y en las formas establecidas en este Código y en el derecho común.

Por el número 7, se intercalan los Títulos X y XI nuevos, en el Libro Primero, a continuación del artículo 129.

Título X.

De la protección de las aguas y cauces.

Comprende los artículos 129 bis, 129 bis 1, 129 bis 2 y 129 bis 3.

El artículo 129 bis dispone que las aguas provenientes de obras de recuperación de terrenos húmedos o pantanosos deberán restituirse al cauce receptor natural de las mismas si de la ejecución de ellas resultare perjuicio a terceros.

El artículo 129 bis 1 señala que se deberá respetar la permanencia de un caudal ecológico mínimo en toda fuente natural, que garantice la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente.

El artículo 129 bis 2 faculta a la Dirección General de Aguas para ordenar la paralización de las obras o labores que se ejecuten en cauces naturales de aguas corrientes o detenidas que no cuenten con autorización competente, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 138 del Código de Aguas.

El artículo 129 bis 3 autoriza a la DGA para establecer una red de estaciones de control de calidad de las aguas. La información que obtenga deberá ser publicada y proporcionada a quien lo solicite.

Título XI.

Del pago de una patente por la no utilización de las aguas.

Comprende los artículos 129 bis 4 a 129 bis 18.

El artículo 129 bis 4 señala que los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente de beneficio fiscal que deberá regirse por las reglas que indica.

El artículo 129 bis 5 se refiere a los derechos consuntivos permanentes no utilizados total o parcialmente, los que estarán también afectos, en la proporción de sus respectivos caudales, al pago de una patente a beneficio fiscal, regida por las normas que indica.

El artículo 129 bis 6 se refiere a los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual, disponiendo el pago de una patente equivalente a un tercio del valor de los derechos de ejercicio permanente.

El artículo 129 bis 7 fija la fecha en que se deberá efectuar el pago de las patentes, facultando a la DGA para publicar la resolución que contenga la nómina de los derechos sujetos a esta obligación.

El artículo 129 bis 8 dispone que la DGA deberá determinar los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no hayan sido utilizadas.

El artículo 129 bis 9 establece los casos en que se presume que las aguas no han sido utilizadas, total o parcialmente.

El artículo 129 bis 10 dispone que serán aplicables a las resoluciones de la Dirección General de Aguas los recursos contemplados en los artículos 136 y 137 del Código de Aguas.

El artículo 129 bis 11 establece el procedimiento judicial de remate que origina el no pago de la patente. No obstante, se establece que el Presidente de la República, en casos que especifica, podrá decretar la extinción del derecho sin el procedimiento señalado, mediante decreto que deberá publicarse en el Diario Oficial. El afectado podrá reclamar del mismo ante la Corte de Apelaciones respectiva.

El artículo 129 bis 12 fija al Tesorero General de la República el procedimiento para enviar a los juzgados competentes la nómina de los derechos cuya patente no haya sido pagada.

El artículo 129 bis 13 ordena al juez la dictación de una resolución que determine el procedimiento de remate.

El artículo 129 bis 14 indica que los demás procedimientos relativos al remate se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, relativas a la subasta de bienes inmuebles embargados.

El artículo 129 bis 15 otorga atribuciones al juez en caso de falta de postor para algún derecho de aprovechamiento, declarando libres las aguas y ordenando cancelar la correspondiente inscripción en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo.

El artículo 129 bis 16 establece el procedimiento de distribución de patentes por la no utilización de los derechos, y de lo recaudado en los remates, entre las regiones y comunas del país.

El artículo 129 bis 17 señala que el valor de las patentes no se considerará como gasto para los efectos de la primera categoría de la ley sobre Impuesto a la Renta.

El artículo 129 bis 18 fija la tabla para los derechos no consuntivos, determinando el número de años en que puede efectuarse la imputación referifa en el artículo anterior.

Por el número 8, se reemplaza el artículo 140 para establecer los requisitos que deberá contener el derecho de aprovechamiento.

Por el número 9, se elimina el inciso final del artículo 141.

Por el número 10, se reemplaza, en el inciso primero del artículo 142, la expresión “inciso tercero del artículo anterior” por “inciso final del artículo anterior”.

Por el número 11, se intercala un artículo 147 bis, nuevo, que dispone que el derecho de aprovechamiento de aguas se constituirá mediante resolución de la DGA. El Director General podrá, mediante resolución fundada, denegar o limitar las solicitudes en los casos que señala.

Por el número 12, se reemplaza la frase “inciso tercero del artículo 141” por “inciso final del artículo 141”.

Por el número 13, se sustituye el artículo 149 para señalar que la resolución en cuya virtud se constituye el derecho contendrá los requisitos que indica.

Por el número 14, se reemplaza, en el artículo 186, la expresión “canal matriz” por “caudal matriz”.

Por el número 15, se agrega, en el artículo 196, un inciso final nuevo, que señala que “las comunidades de aguas gozarán de personalidad jurídica y les serán aplicables las disposiciones del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, con excepción de los artículos 560, 562, 563 y 564”.

Por el número 16, se reemplaza la letra c) del artículo 299, para establecer la obligación de policía y vigilancia de los cauces naturales de uso público.

Por el número 17, se substituye el texto del artículo 1º transitorio para señalar que “los derechos de aprovechamiento inscritos en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente, podrán regularizarse mediante la inscripción de los títulos correspondientes desde su actual dueño hasta llegar a la inscripción de la cual proceden”.

Por el número 18, se reemplaza, en el inciso primero del artículo 13 transitorio, la frase “artículo 12 del presente Código” por “artículo 112 del presente Código”.

Artículo 2º.

Mediante este artículo, se faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, fije el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código de Aguas.

Disposiciones transitorias.

Se intercalan los artículos 1º a 4º transitorios.

Por el artículo 1º transitorio, se dispone que los derechos de aprovechamiento no consuntivos, que no sean aprovechados parcial o totalmente a contar del 1 de enero del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente que se regirá por las reglas establecidas en el artículo 129 bis 4 del Código de Aguas.

El artículo 2º transitorio se refiere a los derechos de aprovechamiento consuntivos que no sean utilizados parcial o totalmente, los cuales estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente que se regirá por las normas del artículo 129 bis 5 del Código de Aguas.

El artículo 3º transitorio dice relación a los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual, los que estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente que se regirá por la norma establecida en el artículo 129 bis 6 del Código de Aguas.

El artículo 4º transitorio se refiere a las solicitudes de derecho de aprovechamiento que se encuentren pendientes y señala que deberán ajustarse a las disposiciones de esta ley, para lo cual el Director General de Aguas requerirá de los peticionarios los antecedentes e informaciones que fueren necesarios para dicho fin.

III. ANTECEDENTES GENERALES.

Del libro “Estudio de las Aguas en el Derecho Chileno”, de los autores Alberto Guzmán Alcalde y Ernesto Ravera Herrera, se transcriben algunos comentarios en relación con la situación de las aguas en el país.

A) Antecedentes históricos.

Los primeros antecedentes sobre la materia se remontan a la cultura incaica, la cual se extendía hasta las proximidades del río Maule. Las instituciones de la “cocha”, la “mita” y la “mitación” establecían sistemas de turno, a través de los cuales el derecho de cada usuario, en un cauce común o en un embalse primitivo, se organizaba repartiendo las aguas. En algunas partes de nuestro país, aún subsisten estos sistemas.

Luego, con la llegada de los españoles, todo el sistema comenzó a regularse de acuerdo con el derecho español, en el que, como sabemos, había una fuerte mezcla del derecho romano y del derecho musulmán. Mientras el primero era, por naturaleza, privatista, el musulmán era absolutamente opuesto. Esto es fácilmente explicable, habida cuenta del contexto y de las circunstancias que ambas legislaciones debían regular. Mientras en Italia el agua era abundante, en los territorios árabes, ésta era muy escasa y considerada un elemento vital.

Así, la zona de protección, dentro de la cual no se puede cavar otro pozo, tiene su origen en el derecho musulmán. El derogado artículo 945 del Código Civil, hoy reproducido en el artículo 56, inciso primero, del Código de Aguas, que obliga a cegar pozos cavados en suelo propio para la bebida y el uso domésticos, cuando no reportan utilidad comparable con el perjuicio ajeno, tiene como antecedente el Código de las Partidas, el que, a su vez, se inspira en el derecho musulmán.

Nuestro Código Civil, que, de acuerdo con su artículo final, comenzó a regir desde el 1 de enero de 1857, quedando derogadas, aun en la parte en que no fueran contrarias a él, las leyes preexistentes sobre todas las materias que en él se tratan, contempló disposiciones que solucionaban conflictos entre particulares. En esta materia, el texto de Bello se inspiró en el Código de Napoleón, el cual, a su vez, derivó del derecho romano.

Por su parte, en el mensaje del Ejecutivo al Congreso Nacional, en que propone la aprobación del Código Civil, se señala: “en la interesante materia de las servidumbres se ha seguido, se puede decir, paso a paso el Código Civil francés. Para la servidumbre legal de acueducto, nos ha servido principalmente de modelo el Código Civil de Cerdeña, único, creo, de los conocidos que ha sancionado el mismo principio que nuestro memorable decreto de 18 de noviembre de 1819, que ha avasallado a la agricultura tantos terrenos que la naturaleza parecía haber condenado a una esterilidad perpetua. Pero en este punto, como en todo lo que concierne al uso y goce de las aguas, el proyecto, como el Código que le ha servido de guía, se ha ceñido a poco más que sentar las bases; reservando los pormenores a ordenanzas especiales, que probablemente no podrán ser unas mismas para las diferentes localidades.”

Nuestro Código Civil, en su Libro Segundo, denominado “De los bienes, y de su dominio, posesión, uso y goce”, contiene diversas normas que se relacionan con las aguas. En el Título III, denominado “De los Bienes Nacionales”, encontramos los siguientes artículos: 595, 596, 603 y 605.

En el Título XI, denominado “De las Servidumbres”, existen los artículos 822, 823, 828, 833, 841 y 879.

Finalmente, en el Título XIV, denominado “De algunas acciones posesorias especiales”, están los artículos 930, 931 y 941. Algunas de estas disposiciones han sido reproducidas en el Código de Aguas.

Como lo señaló el mensaje del Código Civil, durante la vigencia de estas normas se dictaron otras disposiciones que regulaban diversas situaciones de carácter particular. Entre ellas, podemos mencionar las siguientes:

1) Decreto de 22 de septiembre de 1893, sobre concesiones de aguas naturales en las provincias de Coquimbo al norte, complementado por los decretos Nºs. 2.130, de 3 de agosto de 1905, y 401, de 14 de abril de 1924.

2) Decreto N° 254, de 8 de febrero de 1907, sobre concesiones de aguas para usos industriales en los ríos o esteros de uso público, modificado por el decreto N° 73, de 28 de enero de 1924.

3) Decreto N° 403, de 25 de abril de 1916, sobre concesiones de mercedes de aguas, para riego en corrientes de uso público que atravesaban más de un territorio municipal.

4) Decreto N° 649, de 26 de marzo de 1920, sobre concesión de mercedes de agua en el río Loa y sus afluentes y en las aguadas y vertientes de la provincia de Antofagasta.

5) Decreto ley N° 160, de 18 de diciembre de 1924, sobre concesiones de mercedes de aguas de cualquiera naturaleza, complementado por el decreto ley N° 513, de 9 de marzo de 1925.

6) Decreto N° 917, de 17 de abril de 1928, que señaló el plazo de un año para que los concesionarios de mercedes de agua otorgadas sin plazo, con anterioridad al decreto ley N° 160, que desearen constituir las obras de aprovechamiento, presentaren el proyecto definitivo a la aprobación suprema.

7) Ley N° 4.724, de 21 de diciembre de 1929, que prorrogó por un año el plazo de seis meses, señalado por el decreto ley N° 160, para las inscripciones administrativas de los derechos, mercedes y concesiones de aguas.

8) Ley N° 5.671, de 7 de septiembre de 1935, que concedió el plazo especial de un año para que los propietarios de derechos, concesiones y mercedes de agua que no hubieren dado cumplimiento a lo dispuesto en el decreto ley N° 160, de 18 de diciembre de 1924, procedieran a inscribir sus derechos en el rol de aguas del Departamento de Riego, y que dejó sin efecto los derechos sobre caducidad de derechos de agua dictados en virtud de este decreto ley y de la ley N° 4.724.

9) Decreto con fuerza de ley N° 244, de 15 de mayo de 1931, sobre servicios eléctricos y concesiones de mercedes de agua para producir energía eléctrica, y reglamento de estas concesiones, aprobado por decreto del Ministerio del Interior N° 385, de 30 de enero de 1934.

10) Artículo 79, N° 2, de la ley sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades, cuyo texto definitivo se fijó por decreto N° 1.472, de 17 de abril de 1941, que autorizó a las municipalidades para conceder mercedes de agua en ríos y en esteros de uso público que corrieran exclusivamente dentro del respectivo territorio municipal.

Luego de esta nutrida y variada legislación, el 9 de noviembre de 1908 se dictó la ley N° 2.139, la primera sobre asociaciones de canalistas, que terminó con una larga cadena de discusiones doctrinarias acerca de la naturaleza jurídica de las aguas y reguló problemas relativos a aprovechamientos comunes, en los cuales un grupo de personas aprovechaban aguas desde una misma fuente o cauce.

Ésta fue la ley que reguló el tema hasta 1951, en que se dictó el primer Código de Aguas.

En 1948, se promulgó la ley N° 8.944, que contenía el primer Código de Aguas. Sin embargo, su vigencia fue suspendida hasta el 28 de mayo de 1951, en que se dictó la ley N° 9.909, que contenía el texto definitivo del Código de Aguas, el cual empezó a regir un año después, el 1 de abril de 1952.

Dicho Código se mantuvo sin modificaciones hasta el año 1967.

En 1967, la ley de Reforma Agraria introdujo una gran cantidad de importantes modificaciones en el Código de Aguas.

En 1969, se dictó el decreto N° 162, de Justicia, que contiene el texto sistematizado del Código de Aguas.

Por esta razón, los autores se refieren a este cuerpo legal como al Código del 67-69.

En 1979, el decreto ley N° 2.603, publicado el 23 de abril de 1979, introdujo nuevas modificaciones en la materia, en las cuales se aprecia una visión global, a diferencia de lo que establecía sabiamente el mensaje del Código Civil en lo tocante a la regulación de las aguas.

Al artículo 1º del mencionado decreto ley se le dio rango constitucional, por cuanto modificó el Acta Constitucional N° 3 y estableció: “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad de ellos.” Tal disposición fue recogida en la Constitución Política de la República, en su artículo 19, N° 24, inciso final.

En el artículo 2º de la ley mencionada, se facultó al Presidente de la República para dictar las normas del régimen general de las aguas, reemplazando las que existían en el Código de 1951.

Las demás disposiciones de este cuerpo legal fueron un importante antecedente del Código de Aguas actual.

Actualmente, además del Código de Aguas vigente, existen diversos otros cuerpos legales que regulan estas materias. Entre ellos, debemos mencionar los más importantes:

1) Ley N° 3.133, de 1916, sobre neutralización de los residuos provenientes de establecimientos industriales, y su reglamento.

2) Decreto con fuerza de ley N° 237, de 1931, sobre fuentes termales.

3) Decreto con fuerza de ley N° 1.123, de 1981, que reguló la ejecución de obras de riego por el Estado.

4) Decreto ley N° 3.557, de 1981, que contiene las normas sobre protección de aguas en pro de la agricultura y de la salud de los habitantes.

5) Decreto con fuerza de ley N° 7, de 1983, que fijó el texto refundido del decreto ley N° 1.172, de 1975, que creó la Comisión Nacional de Riego, y su reglamento.

6) Decreto N° 187, de 1983, de Obras Públicas, que contiene el reglamento sobre registro de organizaciones de usuarios.

7) Resolución N° 207, de 1983, de la Dirección General de Aguas, que establece normas sobre exploración y explotación de aguas subterráneas.

8) Ley N° 18.450, de 1985, que fija normas y establece incentivos para el fomento de la inversión privada de obras de riego y drenaje de predios agrícolas, y su reglamento.

B) Decreto N° 1.302, de 1990. Edición oficial del Código de Aguas.

En el diario oficial de 29 de octubre de 1981, se publicó el decreto con fuerza de ley N° 1.122, que contiene el texto del nuevo Código de Aguas.

El artículo 3° de la ley N° 18.373; la ley N° 18.405 y el artículo 97 de la ley N° 18.681 le introdujeron diversas modificaciones, las que se encuentran incorporadas en el texto oficial, aprobado por decreto N° 1.302, de 8 de octubre de 1990, del Ministerio de Justicia.

El actual Código de Aguas consta de tres Libros, con 317 artículos permanentes y 13 disposiciones transitorias:

El Libro Primero se denomina “De las aguas y del derecho de aprovechamiento” (artículos 1º al 129).

El Libro Segundo, denominado “De los procedimientos”, se refiere a los procedimientos administrativos y judiciales, y regula la organización de los usuarios (artículos 130 a 293).

El Libro Tercero contiene dos títulos y un título final:

El Título I reglamenta la construcción de determinadas obras hidráulicas (artículos 294 a 297).

El Título II se refiere a la Dirección General de Aguas (artículos 298 a 307).

El Título Final contiene disposiciones generales (artículos 308 a 317) y disposiciones transitorias (artículos 1° a 13).

Por no contener este Código una definición de “agua”, debemos remitirnos a lo preceptuado en el artículo 20 del Código Civil, que señala: “las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal.”

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, entre otras, contiene la siguiente acepción del término “agua” (del latín “aqua”):

“Sustancia formada por la combinación de un volumen de oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida, en pequeña cantidad incolora y verdosa o azulada en grandes masas. Es el componente más abundante de la superficie terrestre y más o menos puro, forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares; es parte constituyente de todos los organismos vivos y aparece en compuestos naturales; y, como agua de cristalización en muchos cristales.”

C) Clasificación de las aguas.

El artículo 1° del Código de Aguas distingue entre aguas marítimas, terrestres y pluviales. Son pluviales las que proceden inmediatamente de las lluvias, las cuales serán marítimas o terrestres según donde se precipiten.

Es esta la clasificación más importante, por cuanto las disposiciones del Código sólo se aplican a las aguas terrestres.

Las aguas terrestres reguladas por el Código pueden clasificarse en dos tipos: superficiales o subterráneas.

Aguas superficiales son aquellas que se encuentran naturalmente a la vista del hombre.

Aguas subterráneas son las que están ocultas en la tierra y no han sido alumbradas, cuya reglamentación se contiene en el Libro I, Título VI, artículos 56 a 68 del Código de Aguas.

Aguas corrientes son las que escurren por cauces naturales o artificiales.

Aguas detenidas son aquellas que están acumuladas en depósitos naturales o artificiales, tales como lagos, lagunas, pantanos, charcos, aguadas, ciénagas, estanques o embalses.

Álveo. El diccionario de la real academia española lo define como “madre del río o arroyo”. El artículo 30 del Código de Aguas señala al respecto: “álveo o cauce natural de una corriente de uso público es el suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas”.

Cauce. Según el diccionario de la Real Academia, en su primera acepción, significa “lecho de los ríos y arroyos” y, en la segunda, “conducto descubierto o acequia por donde corren las aguas para riegos y otros usos”.

El Título IV del Libro Primero reglamenta los álveos o cauces.

Derrames. Son las aguas que quedan abandonadas después de su uso, a la salida del predio.

Drenajes. Son cauces naturales o artificiales, colectores de aguas que se extraen para recuperar terrenos que se inundan, o desecar terrenos pantanosos o vegosos y deprimir niveles freáticos cercanos a la superficie.

D) Naturaleza jurídica de las aguas.

El artículo 4° del Código de Aguas señala que, atendida su naturaleza, las aguas son cosas muebles, ya que se pueden trasladar de un lugar a otro; pero que destinadas al uso, cultivo o beneficio de un inmueble, se convierten en inmuebles por destinación. 

El artículo 5° del actual Código de Aguas, en concordancia con el artículo 595 del Código Civil, dispone que “las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente Código”.

Si relacionamos esta norma con el artículo 1° del Código, se pueden dividir las aguas en dos clases: aquellas que son susceptibles de dominio y aquellas que no lo son.

Forman parte del primer grupo todas las aguas terrestres. Las aguas no susceptibles de dominio, según lo dispuesto en el artículo 585 del Código Civil, son aquellas que son comunes a todos los hombres, como la alta mar, ya que, por corresponder su uso a la humanidad toda, no admiten la posibilidad de constituir sobre ellas el derecho de propiedad.

Consecuentemente, las aguas situadas dentro del territorio chileno son susceptibles de dominio. Sin embargo, el único titular de ese derecho es el Estado. De este modo, igual que en materia minera, se otorga al Estado el dominio exclusivo de todas las aguas, concediéndose a los particulares sólo el aprovechamiento de ellas.

El hecho de que las aguas sean bienes nacionales de uso público y, por consiguiente, de dominio exclusivo del Estado, no excluye que sobre el derecho real de dominio se pueda constituir otro derecho real, como es el derecho de aprovechamiento.

El artículo 6° del Código de Aguas define el derecho de aprovechamiento como un “derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe este Código”.

“El derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley.”

En este artículo, se pueden distinguir dos derechos: un derecho originario de dominio, del cual su único titular es el Estado (inciso primero), y otro derecho real, el cual es el derecho de aprovechamiento, cuyo titular, como tal, puede usar, gozar y disponer libremente de él en cuanto a la propiedad sobre su derecho de aprovechamiento, pero no sobre las aguas, porque el dominio de las aguas pertenece al Estado, siempre que dicho uso, goce o disposición no sean contrarios a la ley o al derecho ajeno.

Por lo tanto, el titular del derecho de aprovechamiento es también propietario de su derecho de aprovechamiento.

E) Características del derecho de aprovechamiento de aguas.

a) Es un derecho real (artículo 6° del Código de Aguas).

Es un derecho real mueble por naturaleza; pero, si las aguas están destinadas al uso, cultivo o beneficio de un inmueble, se reputarán inmuebles (artículo 4° del Código de Aguas, relacionado con el artículo 580 del Código Civil).

b) Recae sobre un bien nacional de uso público (artículos 5° y 6° del Código de Aguas).

c) Queda gravado de pleno derecho (artículos 214, inciso primero; 258, 267 y 271).

d) Se expresa en volumen por unidad de tiempo (artículos 7º y 239).

e) Impone ciertas cargas y responsabilidades (artículos 9º y 38).

f) Cuando al titular del derecho se lo priva de parte del agua que le corresponde, incluso en caso de que haya declaración de zona de escasez, tiene derecho a ser indemnizado por aquella privación.

g) Es de libre disposición (artículo 15).

h) No es un derecho accesorio.

i) Puede hipotecarse.

j) Es divisible e independiente del predio.

k) Puede ser embargado u objeto de medidas precautorias (artículo 116, N° 4).

l) Su ejercicio no es obligatorio ni está afecto a una finalidad ni cantidad determinadas.

m) Se extingue por las causas y en la forma establecidas en el derecho común (artículo 129).

n) Está amparado por el recurso de protección, por las acciones posesorias y reivindicatorias, y las demás acciones generales del derecho común.

o) Comprende la concesión de los terrenos de dominio público necesarios para hacerlo efectivo (artículo 26).

p) Conlleva la facultad de imponer las servidumbres necesarias para su ejercicio (artículo 25), sin perjuicio de las indemnizaciones correspondientes.

F) Derechos consuntivos y no consuntivos.

I) Consuntivos.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 13 del Código de Aguas, el “derecho de aprovechamiento consuntivo es aquel que faculta a su titular para consumir totalmente las aguas en cualquier actividad”.

Esta disposición, a su vez, debe concordarse con el artículo 313 del Código de Aguas, el cual establece que, para los efectos del artículo 13, se reputan derechos de aprovechamiento consuntivo:

1. Los que emanen de mercedes concedidas por autoridad competente sin obligación de restituir las aguas;

2. Los reconocidos con esta calidad por sentencia ejecutoriada, y

3. Los derechos ejercidos con la calidad de consuntivos durante cinco años, sin contradicciones de terceros.

II) No consuntivos.

El artículo 14 del Código de Aguas dispone: “derecho de aprovechamiento no consuntivo es aquél que permite emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla en la forma que lo determine el acto de adquisición o de constitución del derecho”.

A su vez, el inciso segundo del artículo 14 consagra una norma de protección de los derechos de terceros constituidos sobre las aguas respecto de las cuales se otorgó un derecho de aprovechamiento no consuntivo. Se señala, en este inciso, que “la extracción o restitución de las aguas se hará siempre en forma que no perjudique los derechos de terceros constituidos sobre las mismas aguas, en cuanto a su cantidad, calidad, substancia, oportunidad de uso y demás particularidades”.

El artículo 15 del mismo Código, complementando el artículo 14, estatuye que “el dominio del derecho de aprovechamiento no consuntivo no implica, salvo convención expresa entre las partes, restricción a la libre disposición de los derechos consuntivos”.

G) Situación en el actual Código de Aguas.

Sobre las aguas se otorga a los particulares un derecho real de aprovechamiento, que supone la existencia de un acto administrativo o jurisdiccional, por el cual una persona es constituida legalmente como titular de ese derecho de aprovechamiento. Ahora, este derecho de aprovechamiento sólo le corresponde constituirlo a la nación, a través de sus autoridades administrativas o judiciales, quienes se encuentran especialmente facultadas para ello.

Para que exista un derecho de aprovechamiento, se requerirá siempre de un acto de autoridad que desafecte las aguas de su carácter de bien nacional de uso público.

El artículo 20 del Código de Aguas establece que “el derecho de aprovechamiento se constituye originariamente por acto de autoridad”. Por lo tanto, su nacimiento es exclusivamente de índole administrativa.

El artículo 23 del Código de Aguas fija cuál es el procedimiento de constitución del derecho de aprovechamiento, el cual se encuentra establecido en los artículos 140 a 150 del mismo Código. Por ello, si un particular desea constituir un derecho de aprovechamiento sobre un determinado cauce, deberá someterse a este artículo.

Se concluye, en consecuencia, que no es posible adquirir el derecho de aprovechamiento por un medio que dependa sólo de la voluntad del captador o extractor de las aguas de un cauce natural. La constitución de un derecho de aprovechamiento únicamente puede operar a través de un acto de autoridad.

H) Administración de las aguas.

En el tratamiento que el Código da a la administración de las aguas, se deben distinguir, previamente, dos aspectos. El primero dice relación a la asignación del recurso y el segundo, a la administración propiamente tal de las aguas por los usuarios.

Como el suministro de las aguas ha estado tradicionalmente radicado en un órgano de la administración central del Estado, la administración ha preferido dejarla en manos de los propios interesados.

Con este sistema mixto, el Estado puede proyectar su política de aguas conociendo la calidad, cantidad y ubicación de las mismas; evaluar constantemente las necesidades nacionales en la demanda del vital elemento, otorgar la debida protección tanto a los usuarios como a las aguas mismas y, en general, desarrollar y proyectar una política armónica que permita un aprovechamiento racional del recurso.

El actual Código de Aguas, siguiendo la tendencia de los Códigos anteriores, establece tres tipos de organizaciones de usuarios: las comunidades de aguas, las asociaciones de canalistas y las juntas de vigilancia.

Mientras las dos primeras dicen relación al aprovechamiento de las aguas de un mismo canal o embalse, o al uso en común de la misma obra de captación de aguas subterráneas, la tercera (la junta de vigilancia) se refiere a cauces naturales.

Sin embargo, el Código actual establece una triple innovación, al dar mayor énfasis a la regulación de las comunidades de aguas. En efecto, en primer lugar, a diferencia de los Códigos anteriores, que se preocupaban más de las asociaciones de canalistas, por estar éstas dotadas de personalidad jurídica, el actual Código de Aguas les da a las comunidades de aguas carácter genérico respecto de las organizaciones de usuarios, al remitirse a ellas en caso de que no exista norma expresa que regule la materia.

En segundo lugar, admite la posibilidad de que las personas que constituyan una organización de usuarios lo hagan como una sociedad de cualquier tipo para la consecución de los mismos objetivos de una comunidad de aguas o de una asociación de canalistas.

Finalmente, en tercer lugar, incorpora en el régimen de comunidades de aguas a las comunidades de obras de drenaje (con las especiales circunstancias que las caracterizan y las diferencian de las demás organizaciones de usuarios).

IV. MENCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO-CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

En conformidad con lo establecido en el Nº 2 del artículo 287 del Reglamento interno de la Corporación, corresponde a la Comisión determinar los artículos que, a su juicio, tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado.

Sobre el particular, vuestra Comisión, por unanimidad, estimó que los artículos 129 bis 11, 129 bis 12, 129 bis 13, 129 bis 14 y 129 bis 15, contenidos en el Título XI, nuevo del proyecto, tienen el carácter de normas de rango orgánico-constitucional.

V. PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

Con motivo de las nuevas indicaciones que sustituyen íntegramente el primitivo mensaje del Ejecutivo, la Comisión reinició el estudio de ellas, con la participación de las autoridades administrativas que se indican.

A) Ministerio de Obras Públicas

El señor Ricardo Lagos Escobar, Ministro de Obras Públicas, expresó que, desde el punto de vista del Ejecutivo, las indicaciones tienen como propósito mejorar la situación actual de la legislación chilena. Ellas recogen, en parte, los planteamientos de la Comisión respecto del proyecto del Ejecutivo enviado el año 1992. En este contexto, la situación de los recursos hídricos en el país ha sufrido una disminución de la disponibilidad de agua por habitante en Chile. De Santiago hacia el norte existe una disponibilidad de mil metros cúbicos por habitante al año, que es una situación límite respecto de las posibilidades reales para que una sociedad se pueda desarrollar adecuadamente.

En el proyecto se plantearon tres elementos fundamentales, que apuntan a resolver, en lo sustantivo, el tema. Reconociendo que el mercado puede asignar adecuadamente el uso de las aguas, en la práctica, desde su establecimiento, el mercado de las aguas en Chile ha funcionado de manera muy esporádica, reducido a determinados núcleos, fundamentalmente en torno a las grandes zonas urbanas, en particular de la Región Metropolitana. La idea original del legislador, de suponer un mercado de aguas fluido, a través del cual se realizaría la asignación, en la práctica no ha sucedido. Esto se explica, en parte, porque el derecho de aguas es el único derecho de propiedad consagrado en la legislación chilena cuya mantención no implica costo alguno para su titular. Esto permite pensar que se utiliza como elemento de especulación y no de incentivo al uso. El primer elemento fundamental del proyecto consiste en establecer normas que sometan a los titulares de derechos cuyas aguas no estén siendo utilizadas al pago de una patente. En segundo término, se conceden mayores atribuciones a la Dirección General de Aguas, de modo que los solicitantes deban señalar la razón en virtud de la cual solicitan el derecho. En tercer lugar, se establece un conjunto de normas sobre conservación y protección de las aguas y cauces.

En lo relativo a las patentes, se ha establecido un sistema que busca desincentivar los derechos de aprovechamiento sin uso. Las patentes propuestas son progresivas durante los primeros diez años, distintas según se trate de usos consuntivos o no consuntivos, permanentes o eventuales. En el caso de los usos consuntivos, tienen valores diferenciados según las zonas geográficas. Los fondos recaudados se destinan en el 75% a la zona donde se radica el derecho, el 65% a uso regional y el 10% a uso comunal. Se busca que la asignación de los derechos de aprovechamiento no sea un obstáculo para el desarrollo del país. La lógica del legislador es suponer que las aguas se piden cuando se necesitan. Además, el Código tiene artículos transitorios que permiten reivindicar mercedes de aguas que se dieron años atrás y que se actualizan.

Por otra parte, el sistema no está reglado en un solo catastro de aguas. Cuando es el juez quien otorga el derecho, se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces, pero la información no llega a la DGA. Pone como ejemplo el canal Sandoval en la IX Región. Fue objeto de una merced en 1917 por 25 metros cúbicos por segundo. En la actualidad, este canal usa un metro y medio o dos metros por segundo. Sin embargo, el juez concedió los 25 metros cúbicos y se inscribieron a nombre del solicitante. Esta persona no había usado las aguas desde 1917. En definitiva, la Corte Suprema revirtió la situación. Llama la atención de la Comisión acerca de un sistema legal de aguas donde pueden ocurrir este tipo de situaciones.

El Código de Aguas distingue entre los derechos consuntivos y los no consuntivos, lo que es jurídicamente correcto. Algunas estimaciones técnicas señalan que en un caudal las aguas se consumen cinco veces antes de llegar al mar. Eso permite otorgar derechos de aguas en cantidad mayor a las aguas existentes en un determinado caudal. Las aguas de arriba se usan en riego -uso consuntivo- y vuelven al cauce. Respecto de los no consuntivos, son consuntivos aguas arriba. Cuando se otorgan derechos no consuntivos, el titular se opone a cualquier solicitud aguas arriba de donde él tiene derecho a utilizar los derechos no consuntivos. Del mismo modo, estos derechos son consuntivos en el período durante el cual se pueden usar. El caso más básico es el del embalse “Colbún-Machicura”. La empresa usa las aguas en junio, julio y agosto. Los agricultores las requieren en febrero, marzo y abril. La diferencia que significa para la empresa bajar las aguas del embalse en esa fecha es del 30% de sus utilidades. Esta situación se pretende resolver antes de privatizar la empresa. Las aguas abajo no son consuntivas, pero las aguas arriba son consuntivas.

Informó que una importante empresa eléctrica dispone de más de 6 mil metros cúbicos por segundo. Actualmente, utiliza mil quinientos metros cúbicos para producir electricidad. Sin embargo, ha solicitado derechos de aguas por una cantidad de más del doble -7 mil metros cúbicos por segundo-. Como la DGA no resolvía, recurrió de protección. La Corte Suprema dio un plazo de un mes para resolver. Chile tiene en total 25 mil metros cúbicos por segundo; la empresa tiene solicitadas en el Ministerio una cantidad de 25 mil metros cúbicos; es decir, toda el agua de Chile. Otorgarlos implicaba vulnerar los principios de competencia y, en consecuencia, se denegaron los derechos. La Corte Suprema sostuvo en uno de sus considerandos que el Ministerio tenía facultades para ello si estaba afectada la libre competencia. Con el sistema actual, no existe posibilidad alguna de regular de manera efectiva la utilización de las aguas en el país, dado que no implica costo alguno tener un derecho de propiedad sobre las aguas. Endesa había solicitado los derechos de aguas para establecer una central hidroeléctrica en el río Backer en la comuna de Tortel. Si se concedían esos derechos, en la desembocadura del río, éste quedaba congelado para los agricultores.

Se estudiaron dos mecanismos al respecto: el primero de ellos es el pago de la patente. El segundo, más complejo, era el cobro de una tarifa por la utilización de las aguas. A la larga, se llegará al cobro de tarifas, pero por ahora se prefirió el cobro de una patente por las aguas no utilizadas. Está dentro de los atributos del Estado la facultad de imponer impuestos y patentes. La interpretación que se está dando en algunos sectores, en el sentido de que esta facultad opera sólo respecto de aquellos derechos de propiedad que se constituyan en el futuro, pero no puede operar respecto de los ya constituidos, no es jurídicamente adecuada. Sostener eso significaría, por ejemplo, que no existe la potestad del Estado para modificar el impuesto territorial, porque el respectivo propietario la adquirió bajo otro régimen impositivo. Considera que la discusión real se centrará sobre este punto. Le parece tremendamente grave, porque el grueso de las aguas superficiales, entre la I y la X Regiones, están todas otorgadas. Se establecería el pago de una patente que sería ficticio, porque a la inmensa mayoría de los derechos no se les aplicaría. La situación, desde el punto de vista de las barreras de entrada o de la competitividad de los mercados, sería absolutamente insuficiente. La discusión sobre la retroactividad es inadmisible, porque ella no significa que se obligue a pagar patente hacia atrás, sino que de ahora en adelante todos los derechos deben pagarla, independientemente de su fecha de otorgamiento. Probablemente sea más justo el pago de una tarifa, que opere respecto de todos. En cierto modo, el agricultor paga una tarifa, ya que el avalúo agrícola distingue si se trata de suelos regados o no regados. Desde ese punto de vista, se está discriminando, toda vez que el agricultor tiene una tasación distinta si su predio es regado y paga un impuesto territorial más alto por el uso del agua, a diferencia de las empresas de agua potable, mineras o industriales. Sin embargo, no se quiso abordar este tema, dada su alta complejidad.

La segunda modificación de importancia establece un conjunto de facultades para la DGA, en lo que se refiere a la concesión de nuevos derechos. Su concesión no debe ser automática, sino que deben establecerse límites razonables, para que haya una justificación de la necesidad de las aguas y una debida correspondencia entre la magnitud o cantidad de agua que se solicita y el propósito para el cual se quieren destinar. Se propone dar facultad a la DGA para que pueda analizar si el uso del agua es congruente con la magnitud y las necesidades que el dueño de las mismas está solicitando. Al mismo tiempo, contempla la posibilidad de que pueda influir en las transferencias futuras del recurso, de manera que sea utilizado en la forma más beneficiosa posible. Dentro de estas facultades, la DGA puede negar los derechos cuando haya elementos medioambientales u otros que, a su juicio, hagan recomendable no concederlo. Al mismo tiempo, se establecen determinadas protecciones para los cauces naturales, frente a la acción devastadora de terceros. También existe un conjunto de normas tendientes a perfeccionar el procedimiento de regularización contenido en el artículo 1º transitorio del Código. Además, se legisla acerca de las aguas subterráneas y su interacción con las aguas superficiales. Éste será un elemento de creciente aplicación en el futuro, dado que buena parte de las aguas superficiales se encuentran concedidas.

En suma, las modificaciones apuntan a perfeccionar la legislación actual, no implican un cambio sustancial, en el sentido de seguir entendiendo y estableciendo que el mercado continuará funcionando como un buen asignador de recursos. Al mismo tiempo, se busca determinar los incentivos necesarios para que no haya derechos ociosos o sin utilizar, de manera que aquellos que pidan agua lo hagan en función de las cantidades reales que requieran y que le permita a la DGA tener una planificación y una política de aguas más acorde con las necesidades futuras. Este tema será cada vez más difícil de administrar, por la creciente escasez de agua. El Gobierno confía en una tramitación relativamente expedita del proyecto, por cuanto hay un conjunto de solicitudes de aguas respecto de cuya asignación sería importante que se aplicaran las nuevas modalidades, particularmente en lo que dice relación al pago de la patente. Asimismo, esto permitiría estar mejor preparado para las necesidades crecientes en la materia.

Afirmó que hubo un importante debate en el interior del Gobierno. Se distinguieron dos situaciones. La primera, respecto de los derechos que ya están concedidos. Los márgenes de maniobra son mínimos, porque no procede introducir a posteriori que el no uso conduce a la caducidad. Cuando se otorgó el derecho, no se estableció como condición su uso. Si con posterioridad el legislador establece que, para conservarlo hay que utilizarlo, se afectan derechos adquiridos, lo que implica una expropiación. Se optó por la patente, a pesar de que se sostendrá su inconstitucionalidad. Jurídicamente no tiene asidero, en tanto es consustancial al imperio de un Estado imponer tributos y patentes. El que éstos no existan no es algo que esté incorporado al patrimonio. En segundo término, se analizó respecto de los derechos por conceder si se aplicaba la patente o la caducidad. Ambas juntas no es posible. Se consideró muy fuerte establecer el no uso para unos y la patente para otros. Respecto del mismo derecho de propiedad, uno paga patente y el otro no paga patente, sino que caduca. Se optó por la patente para todos. La diferencia está en las facultades de la DGA.

El segundo debate será que con ellas se está violentando el espíritu del legislador. Actualmente, se piden las aguas y la DGA debe concederlas. Se hace un cambio radical. La solicitud deberá ser acompañada de una memoria explicativa en la cual se justifique la cantidad de agua que se necesita extraer, según el uso o destino que se dará a ella, y de los demás antecedentes que exija la naturaleza del derecho que se solicita, siempre que ellos estén relacionados con los anteriores (artículo 140 Nº 5). El artículo 147 bis establece las causales por las cuales la DGA puede, mediante resolución fundada, denegar o limitar las solicitudes de derechos de aprovechamiento. Junto a ello, se establece la facultad del Director General de Aguas de fijar, en el acto de constitución, especificaciones técnicas, condiciones, plazos, prohibiciones u otras modalidades y limitaciones que afecten el derecho (artículo 149, inciso final).

Este organismo del Estado decide una política de aguas. Se dirá que estas facultades modifican absolutamente el espíritu del Código. No es una buena técnica legislativa disponer que pagan patente los que constituyeron sus derechos antes de determinada fecha y que a los que los constituyeron después se les aplica la caducidad. Resulta más elegante asignar a todos la patente, independientemente de la fecha de constitución. Pero, además, para los que se concedan de ahora en adelante, se amplían las facultades del Director de Aguas. Percibe que el debate se centrará en si se debe o no se debe otorgar a un ente del Estado las facultades que se conceden. Cualquier otro mecanismo se consideraría expropiatorio. Además, permite resolver buena parte de los otros temas. Porque el agua es un bien nacional de uso público se le otorgaron al Director de Aguas estas atribuciones. Se buscó armonizar los compromisos adquiridos, en el sentido de distinguir entre derechos ya concedidos y derechos futuros, entendiendo que era más adecuado el establecimiento de la patente, sumada a las nuevas facultades de la DGA. Si las facultades son rechazadas, se obliga a sancionar el no uso a través de la caducidad.

B) Dirección General de Aguas

El señor Humberto Peña, Director General de Aguas, destacó que el tema de los recursos hídricos es crecientemente conflictivo en el país. Se ve como un desafío, con dos dimensiones distintas: en primer lugar, lo que significa la demanda de los recursos hídricos y, por otro lado, el tema medioambiental. Desde el punto de vista de la demanda de recursos hídricos de carácter permanente y consuntivo, los derechos de aprovechamiento de aguas del río Bío-Bío hacia el norte están prácticamente todos constituidos. Quedan en esta área los derechos eventuales y de carácter subterráneo. La situación actual es de bastante restricción. A eso se agrega que las proyecciones de demanda de aguas que hay en el país nos muestran que en los próximos veinte a veinticinco años, desde el punto de vista de los usos minero, industrial y doméstico, se duplicará la utilización del recurso. En el caso del consumo agrícola, éste se incrementará en el 20% o en el 30%. Desde la perspectiva hidroeléctrica, muy influida por el tema del gas, a mediados del próximo siglo se utilizarán 10 veces más caudales que en la actualidad. Estamos en una situación en que existe restricción de recursos y, por otro lado, demandas que son muy crecientes y muy competitivas, y, por consiguiente, muy conflictivas. A ello se debe agregar el tema medioambiental, presente en el mensaje, el cual significa una demanda no considerada tradicionalmente y que es de gran importancia. Se introducen restricciones al uso del agua subterránea, en lugares tan escasos del recurso como la II Región, desde el punto de vista de la preservación de ecosistemas, bofedales, vegas, etcétera. Las inversiones en el ámbito minero requieren alrededor de un litro por segundo de agua. Hay una presión tremenda sobre el recurso. Esto amerita una preocupación con perspectiva de futuro en la normativa y la evolución de las demandas y en qué medida se satisfacen sin que signifiquen una limitación grave para el desarrollo del país.

Durante el Gobierno pasado, se envió un proyecto modificatorio, en el cual se consideraron cuatro elementos fundamentales: en primer lugar, la preservación de carácter de bien nacional de uso público del recurso hídrico. En segundo término, la protección de cauces y aguas. En tercer lugar, las corporaciones administradoras de cuencas hidrográficas. Finalmente, se introducían algunas restricciones y normativas de carácter regional. A principios del actual Gobierno, se hizo una revisión, y se vio que era positivo seleccionar ciertas áreas, de carácter más urgente, para avanzar más rápidamente, dejando para un futuro proyecto materias más amplias y complejas, respecto de las cuales no había suficiente maduración, como es el caso de las corporaciones administradoras de cuencas hidrográficas. En consecuencia, el actual mensaje se centra en los dos primeros aspectos: el tema de bien nacional de uso público y su relación con el carácter de bien económico del recurso y los problemas que conlleva esta ambivalencia del recurso hídrico y, además, el tema de protección de aguas y cauces. En relación con el primer tema, es necesario señalar que el Gobierno entiende que la actual normativa presenta una serie de ventajas desde el punto de vista de la gestión del recurso hídrico, que es necesario preservar. Por otra parte, existen ciertos aspectos que es necesario perfeccionar. Está fuera de duda que estos recursos requieren de cierta flexibilidad de reasignación. Dado el escenario de demandas crecientes, debe permitirse la transferencia de un sector económico a otro, con bastante libertad, en función del mejor desarrollo económico del país y de la mejor asignación desde la perspectiva económica del recurso. En este sentido, cree que la reasignación de los derechos de aprovechamiento a través del mercado es una herramienta que permite una mejor asignación y, en consecuencia, un mejor aprovechamiento, desde el punto de vista nacional, en aquellas áreas de la economía que lo requieren con mayor urgencia. Actualmente, la constitución original de los derechos de aguas se hace en forma absolutamente gratuita, sobre la base de una simple presentación, sin especificar destino ni justificación ninguna. La Dirección General de Aguas se encuentra en la obligación de constituir el derecho si la presentación es procedente desde el punto de vista formal, no afecta derechos ya constituidos de terceros y existe la disponibilidad del recurso. Este esquema debe ser corregido, en función de que genera un incentivo claro a la especulación, dado que cualquier persona puede adquirir un bien económico de alto valor, sin ninguna obligación ni compensación de ningún tipo. Esta persona puede limitar el acceso a este bien de otros posibles interesados. Este esquema puede impedir, en forma absolutamente unilateral, el desarrollo de regiones enteras y de potencialidades importantes del recurso.

Por ello, en el mensaje que se ha enviado se consideran dos ideas tendientes a corregir esta situación. Por una parte, se establece el pago de patentes por los derechos de aguas constituidos que no están siendo utilizados. Ese pago se establece tanto para los derechos ya constituidos que no se usen, como para los derechos nuevos que no se utilicen. Los elementos que es necesario tener presentes en la definición de los mecanismos propios de la patente, que se tomaron en cuenta en el diseño del articulado, son los siguientes: un sistema que no genere una dificultad para el desarrollo de los estudios y de los trabajos previos al aprovechamiento del recurso. Se diseñó un sistema progresivo en el tiempo, de modo que el usuario tenga la posibilidad de desarrollar estudios y pueda implementar los trabajos sin que le signifique un costo excesivamente oneroso. Después de un período de diez años, se llega a un nivel de cobro de la patente, que se estimó suficiente para desincentivar una acción que tienda a impedir el uso de terceros. Esto supuso un análisis económico del recurso agua, diferenciado en el ámbito consuntivo y en el no consuntivo. Se han definido los valores de manera que, a partir del décimo año, la mantención sin ningún destino sea inconveniente para el posesionario del derecho. En el ámbito de los derechos consuntivos, existen otros niveles de valores, según el tipo de uso, en montos suficientes para no permitir que se obstaculice el uso por terceros. La aplicación de esta patente está concebida tanto para los derechos ya constituidos como para los derechos por constituirse. En su percepción, el cobro de esta patente sólo para los nuevos derechos resultaría ineficaz, puesto que ya existen muchos derechos otorgados sin utilización. Además, existen muchos otros derechos solicitados, sobre los cuales sería discutible la aplicación de la patente. Los derechos ya constituidos o solicitados son alrededor de 40 mil metros cúbicos por segundo, en el ámbito no consuntivo, es decir, hidroeléctrico. Eso significa cuatro veces el caudal medio de todos los ríos de Chile entre Arica y Puerto Montt. Es necesario tener presente que, de no actuarse en esta materia, se establecerían barreras de carácter administrativo para la operación de distintos mercados, tales como el energético y el inmobiliario. El control del agua en una determinada zona significa el control de las posibilidades de inversión. A lo que aspira esta modificación legal es a que este tema se remueva como un obstáculo para el desarrollo de este tipo de inversiones. Lo ideal es que quien tiene un proyecto solicite los derechos de aguas. De lo contrario, que el agua esté disponible para aquél que quiere proponer una iniciativa. En el articulado, se establece un procedimiento que supone una devolución de los pagos de esta patente. Una vez que se inicia el aprovechamiento del agua, se puede descontar del pago de impuesto la patente de los años anteriores. Se cubre el período desde el cual existieron trabajos y la intención cierta de iniciar las obras de aprovechamiento. Otro elemento que se considera es que los derechos eventuales también pagan una patente, con un valor de un tercio menor que el que pagan los derechos permanentes. Es conveniente señalar que, frente a la eventualidad de que no exista pago por parte del poseedor, se considera la posibilidad de remate. En forma excepcional, se ha establecido también la extinción del derecho. Por la vía del remate, se perpetúa el derecho, sólo cambiándolo de dueño. Eso atenta contra el buen uso del recurso.

Un segundo elemento, relativo al carácter de bien nacional de uso público y de bien económico, se refiere a las nuevas solicitudes. Además del pago de patente, se ha considerado también la justificación de las solicitudes de nuevos derechos. En la actualidad, la Dirección General de Aguas no tiene ninguna alternativa, sino constituir el derecho cuando existe el agua y no existe menoscabo del derecho de aprovechamiento. En ese sentido, se presentan, con cierta frecuencia, peticiones que atentan contra el bien común y las posibilidades de desarrollo futuro de las regiones y significan una situación en la cual es conveniente introducir algún tipo de restricción. Por ello, el proyecto establece ciertas causales por las cuales se puede denegar o limitar una nueva solicitud de derechos. Se está pensando en la situación actual de conflictividad del recurso y en la necesidad de tener una visión de mediano y largo plazo en relación con el desarrollo de los recursos hídricos en el país. No es posible suponer y, en la práctica no sucede, que la constitución se reasigne simplemente por el mecanismo de mercado en los casos que la constitución ha sido abiertamente irracional. Por ejemplo, cuando se constituye un derecho de aprovechamiento sobre la desembocadura de un río, existe la posibilidad de solicitar el total de los derechos en ese punto. Ese derecho constituido puede significar el bloqueo completo de todas las nuevas peticiones de la zona. Frente a ello, la autoridad carece de las herramientas y de las alternativas necesarias a fin de hacer algún tipo de reserva para el desarrollo futuro de la región. La mera publicidad de la petición es insuficiente para que se hagan presentes todos los intereses o perspectivas de desarrollo futuro. En la gestión de un recurso, deben tenerse en consideración criterios de ordenamiento general.

Además, se recogen algunas iniciativas ya planteadas anteriormente, relativas a la protección de aguas y cauces. Se plantea el tema de la definición de un caudal ecológico en función de nuevos derechos de aprovechamiento y el tema de dar atribuciones a la Dirección General de Aguas, a fin de cumplir más eficazmente la tareas de policía y vigilancia de aguas y cauces. Actualmente, sólo pueden ejercerse a través de presentaciones a los tribunales, que se traducen en una multa, de monto absolutamente insuficiente para resolver los problemas. También se considera la interacción entre aguas superficiales y subterráneas y el otorgamiento de nuevos derechos de aprovechamiento. Finalmente, se han introducido algunas consideraciones que permiten mejorar el Catastro Público de Aguas. En la actualidad, se pueden regularizar derechos de aprovechamiento de aguas a través de resoluciones judiciales, sin informe de la Dirección y sin que exista ninguna instancia en que pueda hacer presentes los posibles problemas que esa petición ocasionaría. Se establece la obligatoriedad de que exista un informe de la Dirección General de Aguas en estas regularizaciones. Al mismo tiempo, se establece la obligación de publicidad, con el fin de ponerla en la misma condición que otro tipo de regularizaciones, de modo que terceros perjudicados puedan hacer presentes sus derechos. Finalmente, se establece la obligación de comunicar a la Dirección General de Aguas el resultado de los fallos. Se recoge la idea de otorgar personalidad jurídica a las comunidades de aguas, que son los principales usuarios existentes en el país.

Asimismo, el tema de la definición de los derechos es independiente del tipo de aprovechamiento. En la proposición, se ha buscado una definición general, que sea eficiente para evitar las situaciones anómalas. Otro elemento es el tema de la simultaneidad del establecimiento de patentes y de la caducidad, como obligación o carga, por parte de aquel a quien se le asignan los derechos. Se han considerado distintas alternativas: derechos de aguas con fecha de caducidad, sin fecha de caducidad, con patente pero sin caducidad, con patente y caducidad. Se llegó a la conclusión de que debía cobrarse una patente a los derechos antiguos y nuevos, no utilizados, de un monto suficientemente importante y progresivo, para que, en un lapso definido, pudiera cumplir su objetivo. Los análisis de la Comisión Nacional de Energía apuntaron en esa misma dirección.

Por otra parte, existe la inconveniencia de establecer sistemas distintos, en los cuales pudieran superponerse diversos tipos de gravámenes sobre una misma actividad. El pago de una patente y la extinción del derecho, pasado cierto plazo, serían medidas correctivas que apuntan en la misma dirección y que, eventualmente, pudieran significar una superposición de acciones. En ese sentido, se ha preferido un tratamiento uniforme. Otro elemento importante es que los nuevos derechos suponen una justificación. Este tema está desarrollado en el proyecto e implica la posibilidad de evitar situaciones claramente lesivas al interés nacional. El sistema, en la forma propuesta, es efectivo para evitar los temores que existen. Deben considerarse, además, las nuevas atribuciones que se prevén para la Dirección General de Aguas, desde el punto de vista de la justificación de las nuevas peticiones. El diagnóstico apunta a que las patentes sean de un monto suficiente, que desincentive efectivamente la especulación. El segundo tema es el de la justificación, en concordancia con el tema de las patentes.

El señor Pablo Jaeger, Abogado Jefe del Departamento de Aguas, complementó lo expuesto por el Director General de Aguas, aclarando que, originalmente, se incluían ambos instrumentos, la caducidad por el no uso y la patente. En el interior del Ejecutivo, se llegó a la conclusión de que los dos instrumentos eran constitucionalmente incompatibles. Las patentes pretenden amparar a la persona que no está usando las aguas de que, mientras la paga, ese derecho no se le puede quitar. No es posible gravar un mismo hecho jurídico -el no uso- a través de dos mecanismos distintos, la patente y la extinción. Lo ideal es obligar al uso de los derechos; pero, tal como están diseñadas las patentes, puede lograrse el mismo objetivo que si existieran ambos instrumentos. La Comisión Nacional de Energía opina que no se da la posibilidad de alguien que sea capaz de resistir pagarla en esos términos.

Asimismo, la Dirección General de Aguas hizo entrega de dos informes, los que se transcriben a continuación.

I) Situación de los derechos de aprovechamiento no consuntivos

1. Introducción.

El presente informe tiene por objeto efectuar un análisis de los derechos de aprovechamiento de carácter no consuntivo solicitados a la Dirección General de Aguas, y su relación con el resto de los derechos de aprovechamiento no consuntivos solicitados y con la disponibilidad global de recursos hídricos a nivel regional y nacional.

Con este propósito se entregan, con carácter ilustrativo, antecedentes sobre la disponibilidad de recursos hídricos a nivel nacional y estimaciones de la demanda a partir de estudios prospectivos realizados por esta Dirección General; lo anterior permite tener una visión comparativa global de la magnitud de la presión existente sobre el recurso agua a lo largo del país y de la importancia relativa de los derechos de aprovechamiento constituidos o solicitados.

Cabe señalar que los derechos de aprovechamiento de carácter no consuntivo son utilizados en generación hidroeléctrica o en acuicultura. Sin embargo, estos últimos, aunque muy numerosos, representan un caudal comparativamente insignificante en relación al uso hidroeléctrico. De acuerdo a lo anterior, en este informe se asume que todos los derechos no consuntivos se refieren a este último uso.

2. Disponibilidad de recursos hídricos.

A continuación, se presentan a manera informativa los recursos hídricos existentes a nivel regional, resultantes del balance hídrico realizado por la DGA, expresados en término de caudales anuales representativos del promedio de un período estadístico de 30 años.

Los valores indican la disponibilidad, a nivel global, de los recursos generados por cada región; cabe hacer presente que los recursos pueden ser utilizados en forma sucesiva a lo largo de los cauces.

En términos de caudales disponibles, a nivel nacional se alcanza a un valor total de 29.105 m³/sg. Si se excluyen los recursos de la XII Región, la cual desde el punto de vista del abastecimiento de energía no se prevé que desempeñe un papel de importancia en el mediano o largo plazo, se llega a un total de 18.981 m³/seg. Un porcentaje significativo (93,9%) de este último valor se concentra desde la VIII Región a la XI Región.

Por otra parte, cabe hacer presente que un 62,6% de los recursos de la XI Región, equivalente a 6.340 m³/seg., se genera en pequeñas cuencas costeras o en el sector insular del país, resultando de difícil acceso y económicamente inaprovechable. Por esta razón, el caudal medio anual de interés económico, de la Región XI al norte, asciende como máximo a unos 12. 641 m³/seg.

3. Recursos hídricos del país.

La naturaleza no consuntiva de los recursos hídricos utilizados en la generación hidroeléctrica hacen posible el reuso reiterado de los mismos caudales, teóricamente sin ningún tipo de limitación. Sin embargo, el caudal que efectivamente presenta un interés económico para su desarrollo con fines hidroeléctricos tiene límites naturales, definidos tanto por consideraciones técnico-económicas como geográficas. Con este propósito se han realizado inventarios de los recursos hidroeléctricos del país. Es así como, en 1973, Endesa evaluó la potencia total en 18.780 MW, con un aprovechamiento de 15.283 m³/s (caudal de diseño).

Posteriormente se han identificado nuevos recursos por las empresas del área, de modo que en la actualidad se ha estimado el potencial hidroeléctrico total del país en 28.000 MW, lo que pudiere significar un caudal máximo de diseño para efectuar los aprovechamientos de 23.000 m³/s.

Por otra parte, la DGA, con el apoyo de empresas consultoras (“Uso Actual y Futuro de los Recursos Hídricos de Chile, DGA-IPLA, 1995”), realizó una proyección de la demanda para fines hidroeléctricos al año 2017, la cual entregó un caudal medio anual de generación de 14.344 m³/s. Considerando un factor de planta razonable (0,6), dichos aprovechamientos pudieran significar un caudal máximo de extracción de 23.907 m³/s. Cabe hacer presente que la proyección de la demanda realizada no considera las modificaciones recientes en el programa de abastecimiento energético como resultado de la incorporación del gas natural; por lo tanto, los caudales estimados se harán efectivos con retraso en relación a la proyección original, de modo que pudieran resultar más bien representativos de la situación en torno al año 2030.

De acuerdo a los antecedentes anteriores, se estima que los recursos hidroeléctricos efectivamente utilizables del país (de la XI Región al norte) alcanzan como máximo a un caudal del orden de 30.000 m³/s, valor que se usará para fines comparativos en el presente informe.

4. Derechos no consuntivos constituidos y solicitados a la DGA.

En el cuadro Nº 2 se resume la situación de los derechos no consuntivos en el país (hasta XI Región), distinguiendo entre derechos constituidos en uso, constituidos sin uso y solicitados en trámite, teniendo como referencia el total de recursos hidroeléctricos utilizables según la estimación presentada en el punto anterior.

En relación a estos antecedentes, cabe señalar que:

Sólo un 13,2% de los derechos de aprovechamiento constituidos están siendo ejercidos.

El 43,0% de los recursos hídricos utilizables están asignados.

Los derechos solicitados en trámite incluyen un número significativo de duplicidades, lo cual hará inviable en algunos casos la constitución de esos derechos y en otros se deberá llamar a remate entre varias solicitudes que concurren a las mismas aguas, de acuerdo a lo establecido por el Código de Aguas. Además, las solicitudes recientes corresponden frecuentemente a recursos de carácter marginal, no solicitados con anterioridad por su reducida viabilidad técnico-económica. Por esta razón, el caudal solicitado supera ampliamente el máximo utilizable estimado por este Servicio.

El caudal total solicitado más el constituido (51.411 m³/seg.) equivale a utilizar 4,1 veces el caudal de interés económico definido en el punto 2 (12.641 m³/seg).

Como antecedente complementario, en el anexo I se ha entregado un resumen desglosado por regiones de los derechos en ejercicio, constituidos sin uso y solicitados en trámite.

Por otra parte, en el cuadro Nº 3 se ha resumido la información disponible respecto a los derechos de aprovechamiento no consuntivos de las principales empresas hidroeléctricas del país, en especial de Endesa.

Respecto a los antecedentes incluidos en el cuadro Nº 3 conviene destacar los siguientes aspectos:

Endesa tiene constituidos derechos por un caudal de 7.596 m³/seg., de los cuales utiliza 1013 m³/seg. (el 13,3%). Estos derechos representan un 58,9% del caudal total constituido en el país (en ejercicio más constituido sin uso) y el 73,5% del constituido a las principales generadoras. Adicionalmente el caudal ya constituido a Endesa es equivalente a 4,5 veces los derechos actualmente utilizados en generación hidroeléctrica en el país.

Endesa tiene solicitado en trámite un caudal de 16.164 m³/seg., lo cual sumado a lo ya constituido entrega un total de 23.760 m³/seg.

Este valor significa que dicha empresa pudiera llegar a controlar, en el caso hipotético que se le constituyeran directamente o a través de remates todas sus solicitudes, un caudal máximo superior al 80% del total utilizable. Este caudal, a su vez, es equivalente a 13,9 veces los derechos actualmente empleados en generación hidroeléctrica en el país.

Una estimación similar en relación a los derechos de Chilgener indica que su máxima participación posible en el total de los derechos de agua utilizables sería el orden del 30%.

Finalmente, para evaluar la importancia de los derechos de los diversos usuarios se debe necesariamente considerar no solamente la cantidad de los derechos sino su calidad, es decir, la factibilidad técnico-económica de desarrollarlos. En este sentido conviene destacar que en los últimos 3 años se han solicitado derechos por más de 10.000 m³/seg, los cuales en general corresponden a recursos marginales o a caudales sobre los que existen peticiones anteriores. En estas peticiones Endesa presenta una participación muy reducida, de modo que la calidad de sus solicitudes resulta claramente superior al promedio.

En el anexo II se entrega información de las principales empresas hidroeléctricas, desglosada a nivel regional.

II) En relación con diversas observaciones que se han formulado a las indicaciones propuestas al proyecto de modificaciones al Código de Aguas, se inserta el siguiente comentario elaborado por la DGA.

A. Eventual discrecionalidad de la autoridad administrativa en el procedimiento concesional de derechos de aprovechamiento de aguas.

El Nº 11 del proyecto propone incorporar el siguiente artículo 147 bis:

“El derecho de aprovechamiento de aguas se constituirá mediante resolución de la Dirección General de Aguas.

El Director General de Aguas podrá, mediante resolución fundada, denegar o limitar las solicitudes de derechos de aprovechamiento en los siguientes casos:

4. Si se comprometiere gravemente el manejo y desarrollo del recurso de la respectiva cuenca u hoya hidrográfica, y

5. En general, en todos aquellos casos en que por razones de utilidad pública fuere necesario destinar el recurso a fines distintos del solicitado”.

Por otra parte, se propone el siguiente último inciso del artículo 149 (número 13 del proyecto).

“El Director General de Aguas estará facultado para establecer en el acto de constitución, especificaciones técnicas, condiciones, plazos, prohibiciones u otras modalidades y limitaciones que afecten el derecho.”

Estas normas son imprescindibles para que el Estado pueda hacer una administración eficiente y coherente de los recursos hídricos.

En la actualidad, sin normas como las propuestas, se posibilita que se creen situaciones perjudiciales irreversibles o sólo modificables a un altísimo costo, sin que los mecanismos de mercado puedan introducir una corrección efectiva (ejs.: constitución de derechos no consuntivos por la totalidad del caudal de un río en su desembocadura; dificultades de abastecimiento de agua potable, por constitución de derechos de aprovechamiento sobre la totalidad de los recursos hídricos disponibles en la proximidades de asentamientos urbanos).

Las normas actuales consideran exclusivamente la protección de los usos y derechos actuales y no los posibles escenarios futuros, lo que se pretende solucionar con las normas propuestas.

Al respecto, cabe preguntarse si es aceptable que el Estado se encuentre en la obligación de constituir un derecho de aprovechamiento en aquellos casos en que la petición amenace y comprometa gravemente los recursos hídricos de toda una cuenca. ¿No implica ello superponer los intereses de una persona a los de toda una comunidad? ¿No es acaso una finalidad del Estado la de promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece? (artículo 1º de la Constitución Política de la República).

Por otra parte, debe tenerse presente que en todas las legislaciones más importantes sobre las aguas (estados de la costa este de los Estados Unidos, la legislación alemana, española y otras), merece un lugar destacado el requerimiento del uso efectivo y beneficioso de las aguas, por cuanto lo contrario importa la caducidad o la extinción del derecho. Siendo el agua un recurso escaso, no existe razón alguna para permitir que un particular adquiera derechos de agua gratuitamente del Estado y no las use. Esta posibilidad permite la especulación y la posibilidad de obtener un enriquecimiento por el mero transcurso del tiempo, a costa de un bien de dominio público escaso y de demanda ecológica, social y económica. El no requerimiento del uso beneficioso y efectivo de las aguas favorece los monopolios y el manejo del recurso como un instrumento de competencia económica desleal. Así, bloqueando el acceso al recurso, se impide el ingreso de nuevos competidores y la expansión de la oferta de bienes y servicios. Esto es particularmente cierto en el caso de la minería de zonas áridas y en la generación de energía.

Asimismo, las modernas legislaciones en materias ambientales y de recursos naturales parten del supuesto de que los permisos y autorizaciones que deben otorgarse deben enmarcarse dentro de un concepto integrado que comprende el desarrollo sustentable en el mediano y largo plazo y, obviamente, el respeto al medio ambiente.

Por otra parte, debe dejarse claramente establecido que, con las normas que se propone, nunca podría existir arbitrariedad por parte de la autoridad administrativa.

Sobre este punto, debe señalarse que no es lo mismo discrecionalidad que arbitrariedad. Se acostumbra vincular o hacer sinónima la discrecionalidad y la arbitrariedad y suponer que dar determinadas facultades a la autoridad es permitir que se cometan actos arbitrarios. La discrecionalidad debe entenderse como el poder o la facultad de la autoridad administrativa para tomar decisiones, en el marco del respeto a la legalidad. Esto es, la autoridad administrativa no puede apartarse de la legalidad.

En relación con esta materia, también debe tenerse presente lo siguiente:

1. Toda resolución que a este respecto dicte la autoridad deberá ser “fundada”, esto es, dar cuenta de las razones de hecho y derecho que la justifican.

2. Dichas resoluciones estarán sujetas a revisión de legalidad por parte de la Contraloría General dela República, a través del trámite de toma de razón.

3. Quienes se sientan afectados por las resoluciones, podrán hacer uso de los recursos de:

a) Reconsideración (artículo 136 del Código de Aguas ), ante el Director General de Aguas.

b) Reclamación (artículo 137 del Código de Aguas), ante la Corte de Apelaciones respectiva.

B. Determinación del pago de una patente respecto de aquellos derechos de aprovechamiento no utilizados en todo o en parte.

1. Se utilizaron criterios similares para el cálculo de la patente que deberán pagar los derechos consuntivos y no consuntivos.

En efecto, las patentes que se deberán pagar por los derechos no consuntivos aparecen como más elevadas sólo en razón de los grandes caudales de aguas comprometidos.

2. El cálculo de la patente considera de manera preponderante los plazos requeridos para desarrollar los proyectos hidroeléctricos.

La patente incentiva que los derechos de agua sean solicitados cuando exista una decisión de ejecutar el proyecto, ya que si así se hace, las sumas a pagar por concepto de patentes se reducirán a montos que en nada afectarán la factibilidad de los proyectos.

C. Aspectos medioambientales: caudal mínimo ecológico.

1. Nunca podrá existir arbitrariedad por parte de la autoridad administrativa al fijar el caudal ecológico, toda vez que dichas resoluciones siempre deberán cimentarse en consideraciones técnicas.

2. Considerando la normativa medioambiental, la gran mayoría de los proyectos que requieren de agua para su funcionamiento no estarán sujetos a evaluación ambiental, por lo que el establecimiento de un caudal ecológico y su discusión se hace muy necesaria.

3. Cuando se constituye un derecho de aprovechamiento de agua no existe ninguna certeza sobre cuándo se ejecutará el proyecto en que dicha agua será utilizada, por lo que la fijación del caudal ecológico es necesaria para realizar los balances hídricos que determinarán los caudales disponibles, ya que, de no ser así, se mantendría una incertidumbre sobre las disponibilidades reales en los cauces.

4. El establecimiento de caudales ecológicos se encuentra en plena concordancia con la ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Del mismo modo, se encuentra de acuerdo con la conciencia ambiental de la sociedad chilena.

5. La complejidad técnica de la determinación de los caudales ecológicos no hace aconsejable definirlos en el texto de la ley. Sí se fijarán criterios objetivos en instrumentos complementarios.

D. Eventual inconstitucionalidad de aplicar patentes a derechos ya constituidos.

Es perfectamente constitucional imponer el pago de patente a derechos constituidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la modificación propuesta.

1. El artículo 6º del Código de Aguas dispone que “El derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley.” Como se observa, en forma expresa, el Código de Aguas entrega a la ley la posibilidad de establecer algún tipo de regulación sobre el uso, goce o disposición de los derechos de aprovechamiento de aguas.

2. Además, la potestad tributaria general del Estado lo faculta para gravar situaciones previamente no sujetas al pago de tributo. En consecuencia, no es objetable la posibilidad de gravar con el pago de patentes la no utilización del derecho de aprovechamiento de aguas.

3. Por otro lado, la obligación del pago de patentes y la subsecuente posibilidad de rematar el derecho por no pago, constituye una carga o limitación al dominio derivada de su función social, en atención al interés general de la nación, la utilidad pública o la conservación del patrimonio ambiental (artículo 19, Nº 24, inciso segundo de la Constitución Política de la República).

4. También, el derecho de propiedad de los titulares de los derechos de aprovechamiento de aguas se mantiene incólume aun cuando se aprueben las normas en comento. En tal caso, lo que se altera es el contenido del derecho de aprovechamiento, pero no la titularidad de particulares sobre aquél. Al respecto, cabe esgrimir el artículo 12 de la ley sobre efecto retroactivo de las leyes, de acuerdo a la cual la nueva ley se aplica a los goces, cargas y extinción de los derechos reales. En este caso, el proyecto de ley no altera el derecho de propiedad, ni ninguno de sus atributos esenciales, sino que modifica el contenido de un derecho real definido por ley. Negarse a esta posibilidad supone afirmar la intangibilidad de ese derecho real, vulnerando el principio consagrado en el referido artículo 12. Un aspecto similar se debatió en relación al proyecto de ley de deuda subordinada. El fallo del Tribunal Constitucional sobre la materia no aceptó el precepto citado y declaró violatorio del derecho de propiedad la norma que alteraba un elemento de la propiedad de los accionistas sobre sus títulos: la posibilidad de capitalizar dividendos. Sin embargo, el fallo del recurso de protección deducido por el Banco Central no se sumó al criterio del Tribunal Constitucional.

5. Justifica también las proposiciones del Ejecutivo la teoría del abuso del derecho. Abona esta posibilidad el tenor literal del derecho de que se trata, “de aprovechamiento”, definido en el artículo 6º del Código de Aguas. Por ende, el uso y goce racional y enmarcado en la protección del derecho, es el que se traduce precisamente en el aprovechamiento productivo. Por el contrario, abusa de su derecho quien detenta para sí la facultad de uso exclusivo y excluyente de un bien nacional de uso público y no lo destina a un aprovechamiento efectivo y beneficioso para la comunidad. En tal caso, la acción correctiva del Estado tiende a impedir un abuso del derecho por la vía de restar protección jurídica a una situación que contradice el fundamento mismo de la concesión del derecho de aprovechamiento del recurso de agua. Dicho en otras palabras, es inaceptable que un bien nacional de uso público, cuyo dominio pertenece a la nación toda y cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación (artículos 589 y 595 del Código Civil y 5º del Código de Aguas), sobre el cual se concede un derecho de aprovechamiento en forma gratuita, precisamente para el uso y goce de ellos, no sea utilizado, privándose con ello la posibilidad de que otro interesado en este bien escaso, tenga acceso a un derecho de aprovechamiento, en atención a que parte importante de los recursos superficiales existentes en nuestro país ya han sido otorgados.

6. Las legislaciones más importantes y modernas sobre las aguas que existen en el mundo parten del supuesto del uso efectivo y beneficioso de las aguas (Estados Unidos, Alemania, España, etc.). Lo anterior, por cuanto siendo el agua un recurso escaso, no existe razón alguna para permitir que un particular adquiera derechos de agua, gratuitamente del Estado, y no las use.

E. Se objeta la discrecionalidad que tendría el Director General de Aguas para determinar las aguas que no se están utilizando.

Al respecto, cabe manifestar que el artículo 129 bis 9 del proyecto de ley establece diferentes situaciones en las que se presume que el derecho de aprovechamiento no ha sido utilizado total o parcialmente. Es una presunción que podrá ser desvirtuada por el afectado, para lo cual dispone de varios instrumentos. En efecto, el interesado puede solicitar la reconsideración de la resolución de la Dirección General de Aguas que lo incluye en el listado de los derechos de aprovechamiento que no se utilizan en todo o en parte (artículo 129 bis 7 del proyecto y 136 del Código de Aguas). También puede reclamar de dicha resolución ante la Corte de Apelaciones respectiva, de conformidad a lo previsto en el artículo 137 del Código de Aguas. En relación con estos recursos, no debe olvidarse que la resolución que establece el listado de los derechos que no se utilizan debe publicarse en el Diario Oficial y en un diario o periódico de la provincia respectiva. Por otro lado, puede recurrir a la Contraloría General de la República. Por último, puede resentar otros recursos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. En síntesis, la determinación de los derechos no utilizados constituye una materia técnica que el proyecto de ley encomienda a la DGA, estableciendo el mismo proyecto las instancias de reclamación pertinentes, para que aquellas personas que se sientan afectadas con la determinaciones de este Servicio puedan deducirlas.

Además, en la materia que nos ocupa, el proyecto de ley le fija a la autoridad un marco (presunciones legales) dentro del cual la autoridad debe determinar, para los efectos del listado de los derechos que no se utilizan en todo o en parte.

Dichas presunciones son las siguientes:

a) Si no existen las obras de aprovechamiento necesarias para el ejercicio del derecho o éstas estuvieren manifiestamente abandonadas;

b) Si la capacidad de las obras de captación o conducción fueren insuficientes para captar o conducir el total de las aguas sobre las que recae el derecho de aprovechamiento;

c) Si no existieren los cultivos, industrias, instalaciones o establecimientos en que pudiere utilizarse el recurso, y

d) En general, en todos aquellos casos en que el no aprovechamiento de las aguas resulte acreditado mediante los informes técnicos pertinentes.

F. Observación respecto del tema de la modificación al artículo 1º transitorio del Código de Aguas, en que se cuestiona dicha modificación por encontrar que sólo contribuye a hacer más burocrático el procedimiento regularizatorio contenido en la mencionada norma.

Al respecto, se debe señalar lo siguiente:

El artículo 1º transitorio del Código de Aguas establece un procedimiento para regularizar e inscribir aquellos derechos de aprovechamiento que en alguna oportunidad hayan sido inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas respectivo, pero que en posteriores transferencias o transmisiones no lo hubieran sido.

En virtud de dicho procedimiento, el interesado puede recurrir al Conservador de Bienes Raíces respectivo solicitando la inscripción de los títulos correspondientes desde su actual dueño hasta llegar a la inscripción de la cual proceden. En caso de que no pudiere aplicarse lo establecido anteriormente, el interesado puede recurrir al juez competente para que éste ordene la inscripción, debiendo para ello tener a la vista los documentos y antecedentes que dicha norma indica.

Este procedimiento ha dado origen a múltiples problemas, por cuanto en su aplicación se han utilizado diversos criterios por parte de los jueces. Además, al no exigirse un informe de la Dirección General de Aguas, se priva a dicho organismo de tomar conocimiento de la materia, para los efectos de la información que sobre las aguas debe tener por expreso mandato del Código de la especialidad, como también la de dar su opinión fundada sobre el tema y de poner en conocimiento del tribunal antecedentes que permitan una mejor resolución de la materia.

En modo alguno la modificación que se propone tiene por objeto crear nuevos trámites y aumentar la burocracia, sino que, muy por el contrario, tiene por objeto corregir las graves falencias que actualmente tiene la norma, lo que ha permitido aberraciones como las ocurridas en Temuco, donde un juez ordenó inscribir en favor de una persona 25.000 litros por segundo del río Cautín, en circunstancias que la obra de captación de esa persona tenía una capacidad inferior a los 2.000 litros por segundo. Afortunadamente, se pudo obtener la revocación de dicha sentencia por la Excma. Corte Suprema.

G. Comparación entre valores de patentes para derechos consuntivos y no consuntivos.

De acuerdo a la definición de ambas patentes, ellas no resultan directamente comparables si se considera que una depende de los caudales (consuntivos) y la otra del producto entre los caudales y el desnivel o altura de caída (no consuntivos). Por esta razón, para efectuar una comparación, es necesario suponer a priori una altura de caída asociada a los derechos no consuntivos.

En el cuadro adjunto, se ha hecho una evaluación de ambas patentes, para los diferentes períodos de aplicación de la misma, en las distintas regiones del país, suponiendo una altura de caída de 100 metros.

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, los valores de las patentes de derechos no consuntivos son inferiores a las correspondientes a derechos consuntivos, en especial en aquellas zonas donde el recurso es más escaso y el uso consuntivo es de mayor importancia.

Respecto a la posibilidad de no gravar con patente a los derechos de aprovechamiento consuntivos, se debe señalar que no se ve razón valedera para eximir del pago de patente a los derechos de aprovechamiento de carácter consuntivo:

Quienes hoy pagan un impuesto territorial más elevado por terrenos de riego, no se verán obligados a pagar patente si efectivamente usan el agua a la cual tienen derecho. Por el contrario, si no riegan sus campos, deberán pagar patente, pero no pagar contribuciones correspondientes a suelos regados. Por tanto, pagar ambos tributos, contribuciones y patentes, no será legalmente procedente.

Es atentatorio al principio de igualdad ante la ley diferenciar cuáles derechos de aprovechamiento no utilizados pagarán patentes y cuáles no lo harán. Lo gravado es la no utilización de los derechos de aprovechamiento de aguas en todo o en parte, no encontrándose razón que justifique discriminar en favor de los derechos consuntivos.

No gravar con patente a los derechos consuntivos podría conducir a que todo el sistema se desnaturalizara. En efecto, pidiendo derechos de carácter consuntivo, aunque sea para utilizarlos en fines propios de los derechos no consuntivos, se podría evitar el pago de la patente.

La importancia práctica de eximir de pago a los derechos consuntivos, aparte de los problemas que ya se han reseñado, será escasa o nula. Lo anterior, por cuanto hoy la casi totalidad -si no todos- de los derechos consuntivos constituidos en los ríos de alguna importancia en Chile son efectivamente utilizados, por lo cual no debieran pagar patente.

Cabe recordar que antiguamente (antes de 1981) la normativa obligaba a que, previamente a constituir el derecho de aprovechamiento (merced), se hubieran construido las obras que aseguraran la utilización de las aguas. De tal modo que, de acuerdo a las presunciones de no uso que ahora se proponen, dichos derechos no debieran pagar patente. De esta forma, los derechos que pudieran quedar afectos al pago de patente son en la práctica aquellos constituidos con posterioridad a la dictación del actual Código. Es decir, de los aproximadamente 300.000 usuarios agrícolas, sólo unos 10.000 pudieran ser afectados por esta nueva normativa.

C) Endesa.

El señor Jaime Bauzá, Gerente General de Endesa, se refirió a los siguientes puntos: en primer lugar, el desarrollo futuro del sector eléctrico, especialmente del sistema interconectado central (SIC); en segundo término, el potencial hidroeléctrico del país; en tercer lugar, los derechos de agua que tiene Endesa; en cuarto lugar, los aspectos relevantes del proyecto de ley y, finalmente, las conclusiones.

Trató lo relativo al desarrollo futuro del sector eléctrico, especialmente a la proyección de crecimiento del consumo de electricidad en el sistema interconectado central, que va desde Puerto Montt por el sur hasta Taltal en el norte, para lo cual se utilizan las tasas de crecimiento que la Comisión Nacional de Energía emplea en sus estudios (8,4% anual), consistentes con lo que ha venido creciendo el sistema durante los últimos cinco años, junto a un crecimiento promedio de la economía del 5,5% o del 6%. De esta tasa de crecimiento, para un consumo de 20.000 Gwh (equivalente a un millón de kwh) que hubo en el año 1995, al año 2005 se llegaría a un consumo de 45.000 Gwh. Sobre la base del crecimiento del sector eléctrico, debe pensarse que, en un período de diez años, debe duplicar, al menos, las necesidades de energía eléctrica en el sector. Esto implica instalar más de 4.000 Mw en el mismo período, con una inversión superior a los 4.500 millones de dólares.

Para los efectos de los proyectos interesantes desde el punto de vista de los costos, en el cuadro se ven en último lugar (con un menor costo) las centrales hidroeléctricas mayores, tales como Pangue, Ralco y Pehuenche. Luego, aparece el gas natural. Actualmente, existe la posibilidad cierta de llegada de gas natural desde Argentina, que tiene el segundo precio en orden creciente. Respecto de las centrales hidroeléctricas menores, tienen un costo similar al del gas natural. Finalmente, el carbón tradicional tiene los precio más altos. Se considera que, frente a los precios de las centrales hidroeléctricas mayores, lo más conveniente es combinarlas con turbinas a gas natural.

La hidroelectricidad producida con centrales mayores no es sólo la alternativa más barata, sino que también la más conveniente, por las siguientes razones: en primer lugar, las centrales hidroeléctricas proveen energía a Chile con un recurso proveniente del propio país. En segundo término, se trata de energía limpia, que no contamina la atmósfera. En tercer lugar, es renovable. Finalmente, si no se materializan proyectos hidroeléctricos, aumentará la dependencia del gas natural. El país no debe depender exclusivamente del gas natural. Sin hidroelectricidad, al año 2005 más del 50% de la energía del sistema interconectado central dependería del gas natural. Esta fuerte dependencia tendría las siguientes connotaciones: dependencia energética de otro país; precio del gas y, en consecuencia, el de la electricidad, fijado por productores en Neuquén; el suministro de gas para generación eléctrica es interrumpible en Argentina; la eventual construcción de nueve centrales a gas en el período 1998-2005 genera un problema ambiental no cuantificado. Todo ello lleva a concluir que, en lo futuro, el país debe tener un programa mixto de centrales a gas y centrales hidroeléctricas.

En lo relativo al potencial hidroeléctrico del país, estimó que éste es 28.345 Mw, de los cuales solamente hay 3.224 Mw en operación, es decir el 11,3% del total de los recursos hidroeléctricos de que el país dispone. La mayoría de los recursos utilizados se encuentran en la zona central, que abastece el sistema interconectado.

Si, además de los proyectos en operación, se incluyen los que están en construcción, la cifra aumenta a 4.896 Mw. Dentro de ella, se consideran los proyectos Pangue, Ralco, Loma Alta, Rucúe, Mampir y Peuchén, en los planes futuros del sistema interconectado. El 30,2% de los proyectos de la zona central estaría en construcción u operación; el total del país es del 17,3 %.

En conclusión, el país sólo tiene en operación el 11,3% de sus recursos hidroeléctricos y alcanza al 17,3% en el año 2002, con los proyectos que se pondrán en servicio en dicha fecha. En la zona central, que es abastecida por el sistema interconectado central, los recursos en operación son equivalentes al 19,8% del potencial existente en esta zona, que se elevará al 30,2% al año 2002. Las aguas de las cuencas localizadas en Chiloé continental y la zona austral sólo se podrán ocupar en producción hidroeléctrica para abastecer el SIC cuando se copen las capacidades de transporte de gas natural argentino.

En tercer término, los derechos de agua de Endesa son los que se explican en el gráfico siguiente:

En el SIC hay 16.212 Mw en operación; en construcción hay 1.058 Mw, principalmente en Pangue y Ralco. A futuro, hay 311 Mw en tres proyectos menores. Tiene 4.916 Mw en proyectos futuros en la zona austral, lo que, desde el punto de vista del aprovechamiento del recurso futuro, no tendrá una importancia relevante. En definitiva, posee 3.557 Mw en la zona central, es decir, un 21,9 % de los recursos que tiene el país en esta zona. Ello es insuficiente para un equilibrado desarrollo del sector eléctrico chileno. Los recursos de Chiloé continental y de la zona austral (Regiones XI y XII) no son utilizables para abastecer el servicio público dentro de los próximos quince años. Para los efectos de llevar a cabo el estudio de los derechos de agua que tiene otorgados Endesa, la compañía tiene en sus activos US$ 47,6 millones en estudios efectuados sobre proyectos futuros.

En cuarto lugar, los aspectos relevantes del proyecto de ley son los siguientes: discrecionalidad de la autoridad administrativa, pago de patentes, aspectos medioambientales e incertidumbre jurídica.

En lo relativo a la discrecionalidad de la autoridad, se otorga una elevada discrecionalidad a la autoridad administrativa en el proceso de asignación de los derechos, que podría limitar o denegar una solicitud cuando razones de bien público lo justifiquen o si se comprometiere gravemente el manejo y desarrollo del recurso. Además, podría utilizar consideraciones ambientales independientes de la legislación ambiental. Se facultaría al Director de Aguas para establecer condiciones y limitaciones que afecten el derecho.

En cuanto al pago de patentes, se resuelve el problema de otorgamiento indiscriminado de nuevos derechos. Sin embargo, se hace una distinción en los montos de las patentes entre derechos consuntivos y no consuntivos. Se trata con mayor rigurosidad a los derechos no consuntivos, lo que es contrario al uso del recurso. No se tienen en consideración los plazos que se requieren para desarrollar los proyectos hidroeléctricos. Los montos progresivos aplicados a los no consuntivos encarecen significativamente los proyectos hidroeléctricos, disminuyendo su competitividad frente a otros recursos.

La probabilidad de desarrollar un recurso hidroeléctrico es prácticamente imposible. En el gráfico siguiente se explica el plazo de ejecución de los proyectos hidroeléctricos de Endesa (en años).

Los proyectos hidroeléctricos mayores requieren de un extenso plazo, alrededor de doce años, para su identificación y evaluación, es decir, antes de conocer su factibilidad. Durante el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos, se producen tiempos de espera que dependen de terceros.

En el próximo gráfico, se efectúa una simulación del cálculo del costo de las patentes de los proyectos Pangue y Ralco:

Lo relativo a los aspectos medioambientales, especialmente respecto al caudal ecológico, es un tema importante, pero esto dificulta el manejo de los proyectos. La Dirección General de Aguas, antes de otorgar un derecho, consideraría aspectos ambientales, entre los cuales está la definición de caudal ecológico. El proyecto de ley no define criterios para fijar caudal ecológico. Se genera otra opción de discrecionalidad a la instancia administrativa. Hace necesaria una discusión medioambiental anticipada del proyecto, sin eliminar los estudios medioambientales posteriores. Hay riesgo de disminuir significativamente el potencial hidroeléctrico por una definición equivocada.

Finalmente, en cuanto a la incertidumbre jurídica, el proyecto contempla pago de patentes a derechos ya concedidos que aún no se encuentran en operación. Estos derechos fueron concedidos en un régimen legal diferente, sin contemplar dichos gravámenes. Lo anterior afecta derechos ya constituidos, con características de ilegalidad e inconstitucionalidad. Además, las normas que se proponen son declaradas como primer paso en la reforma de la legislación de aguas. En el mensaje se deja entrever que, posteriormente, habrá nuevas reformas en el tema. Considera importante efectuar una sola modificación, con objeto de dar seguridad a los actores del sector.

En conclusión, la capacidad generadora de electricidad en el sistema interconectado central crecerá en unos 4.000 Mw en los próximos diez años, lo que implica más que duplicar la actual. El país sólo ha utilizado el 11,4% de los recursos hidroeléctricos y al año 2002 habrá llegado al 17,3%, siendo ésta la fuente energética más económica y menos contaminante. Ello es especialmente relevante para producir un equilibrio entre fuentes de abastecimiento de energía al sistema interconectado central frente a la llegada del gas natural de Argentina.

Reiteró que el pago de patentes resolvería de mejor manera el problema de acumulación de derechos de agua que el establecimiento de un plazo para su utilización. Sin embargo, considera que la autoridad no debe tener discrecionalidad para otorgar derechos. Darle estas facultades es reconocer que el nuevo Código no cumple con los objetivos planteados. Debe compatibilizarse el uso que se efectúa del recurso agua al definir patentes para uso consuntivo y no consuntivo. Las patentes definidas para derechos no consuntivos no consideran los plazos que efectivamente existen en el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico, desde que se otorga el derecho hasta el inicio de la utilización de las aguas. Los montos de las patentes de derechos no consuntivos deben ser disminuidos, a fin de mantener la competividad de la hidroelectricidad frente al gas natural. El tema del caudal ecológico debe ser definido en conjunto con los otros aspectos del estudio de impacto ambiental que se debe efectuar junto con el inicio de la construcción del proyecto hidroeléctrico. Deben excluirse del pago de patentes los derechos de agua ya otorgados bajo un régimen jurídico diferente.

D) Confederación Nacional de Canalistas de Chile

El señor Fernando Peralta, Presidente de la Confederación Nacional de Canalistas de Chile, señaló, en líneas generales, que les parece muy necesario legislar sobre la materia. Consideró que hay dos puntos que preocupan principalmente al Ejecutivo: el acaparamiento de las aguas y la especulación sobre los derechos de aprovechamiento de las mismas. Éste es el tema central que motiva la indicación, sin perjuicio de otros asuntos, tales como la concesión de la personalidad jurídica a las comunidades de aguas, lo que les parece muy atinente y oportuno.

En primer lugar, como comentario general, les parece que los objetivos no están del todo aquilatados desde el punto de vista de lo que se pretende obtener en la práctica. No está definido con exactitud el problema que se pretende resolver. Tampoco se define cuál es la relación que existe entre el problema y el sistema económico imperante en Chile. Es importante analizar qué parte del esquema de desarrollo económico y social está involucrado dentro del uso de los recursos hidráulicos dentro del tema del derecho de aprovechamiento y, en particular, en el mercado del agua. Hay dos corrientes para la asignación y reasignación de los recursos: una es a través del mercado y otra, mediante un sistema planificado. Lo importante es que, una vez que se ha optado por un sistema, si se quiere modificar, hay que analizar las repercusiones que esa modificación tendría en el resto del sistema económico.

En segundo lugar, no queda claro si existe o no existe un diagnóstico de la situación actual de los derechos legalmente constituidos, de los derechos en uso, pero no inscritos en el conservador de bienes raíces, ni cuál es el uso actual que se hace de los derechos de aguas. Este diagnóstico no existe por parte de la Dirección General de Aguas. Considera muy peligroso legislar sobre algo que no se conoce realmente. Las repercusiones pueden ser impredecibles o bien pueden significar que no se aplique la ley, por motivos prácticos. No se conocen los derechos de aguas y tampoco qué sucede con los ríos que están agotados. Se habla de temas como el establecimiento del caudal ecológico mínimo o las nuevas normas para la concesión de los derechos de aprovechamiento de aguas. Sin embargo, en general, los derechos para la mayoría de las cuencas ya están concedidos. No se entiende que se legisle sobre algo que no tendrá ninguna repercusión.

Un tercer aspecto dice relación al buen diagnóstico de la situación actual de uso, no uso, tenencia o no tenencia de derechos de aprovechamiento. Él permitiría, junto con los objetivos bien calificados por parte del Ejecutivo, una detección de los problemas reales existentes, relativos a los derechos consuntivos, a los no consuntivos, y a las diferentes zonas del país. También debe analizarse en detalle qué se entiende por “especulación” y por “acaparamiento” y qué se quiere evitar, para saber si el nuevo modelo de ley responderá o no responderá a una solución de los problemas. El otro aspecto que hay que analizar es el de la seguridad jurídica del derecho de aguas, toda vez que el derecho de aprovechamiento de aguas sirve de base para la mayoría de las inversiones del país, tanto de bienes productivos como de servicios.

En cuarto lugar, este panorama permitirá el análisis de diversas alternativas de solución para resolver los problemas de acaparamiento y especulación, tanto de los derechos consuntivos como de los no consuntivos.

Un quinto aspecto está relacionado con el funcionamiento de la Dirección General de Aguas. Si se compara la responsabilidad y el trabajo de la Dirección con las atribuciones y con la capacidad real de recursos humanos, financieros y técnicos, se nota un enorme desequilibrio entre lo que debe y lo que puede hacer con los medios a su alcance. A medida que se agudiza la escasez de agua, se hace más patente y evidente la imperiosa necesidad de dotarla de mayores medios. Todo el peso del trabajo para determinar el no uso del recurso recae en ella, que no cuenta con los medios para cumplir con las funciones que le atribuye la ley. Existe gran cantidad de derechos de aprovechamiento en trámite, que no pueden resolverse por falta de medios de la Dirección. Al mismo tiempo, la Dirección no puede cumplir con su papel de conocer e informar los recursos de agua del país, porque carece de los medios suficientes para hacerlo. Se pretende administrar un recurso que no se conoce, lo cual crea graves problemas tanto a la DGA como a quienes hacen uso de los mismos.

Asimismo, se repiten artículos que ya forman parte del Código actual. Hay algunos objetivos que se plantean en el mensaje, pero no se cumplen dentro del articulado. Uno de ellos es la administración del recurso, en que no se resuelve el problema medular. El otro tema es el del caudal ecológico. No basta con dar facultades a la DGA para hacer reserva de caudal ecológico, en circunstancias que todos los derechos de aguas ya están distribuidos y repartidos. En relación con los ríos que no están agotados, tampoco hace falta una ley para reservar el caudal ecológico. Bastaría con que alguna repartición del Ministerio de Obras Públicas solicitara los derechos con fines ecológicos, para que el Estado los tuviera, dentro de la normativa de la ley vigente. Otro aspecto es el referido a la seguridad jurídica del derecho. Respecto de la aplicación misma del articulado propuesto, en lo relativo a los derechos consuntivos, la DGA, basada en ciertos criterios, determinará año a año cuáles son las aguas que se están usando y las que no se están usando. Estas últimas las sacará a remate. Estos criterios quedan al arbitrio de la persona que emita el informe. La mayor cantidad de agua para riego se utiliza entre septiembre y mayo y se usa poco de mayo a septiembre. Desconoce cuál es el criterio en ese caso. Todas estas circunstancias no están contempladas en el criterio de aplicación de la ley.

Otro aspecto de carácter práctico, que también incide sobre la inseguridad jurídica del derecho, es que la mayoría de los usuarios utilizan las aguas a través de un canal común. El mal estado del canal u otra causa podría producir un no uso de las aguas, que sería gravado con patente. Estos son algunos ejemplos de las dificultades de aplicación de la ley. Surge la duda acerca de la necesidad de incluir a los derechos consuntivos dentro del pago de patente, el que sólo interesa en el caso de los no consuntivos, además de apuntar a los reales problemas detectados. Al no especificarse las causales o circunstancias respecto de las cuales se puede determinar el no uso del agua, con el debido respeto a los funcionarios de la Dirección General de Aguas, se puede crear una ventana a la corrupción, por cuanto el poder del funcionario en una región determinada será muy grande. Finalmente, el articulado expresa que la sanción del pago de la patente se hará sobre los derechos ya constituidos. Por éstos se entiende aquellos inscritos en el registro de aguas del conservador de bienes raíces. Sin embargo, la gran mayoría de los derechos no están inscritos. La ley favorece la no inscripción.

En resumen, los puntos tratados tienen que ver con la clasificación de objetivos; la necesidad de un diagnóstico actual de la situación de uso de derechos de aprovechamiento de aguas; la detección de los problemas reales; el análisis de alternativas de solución de estos problemas, y el análisis profundo de la capacidad de la Dirección General de Aguas para cumplir con sus funciones antes de otorgarle otras.

E) Comisión Nacional de Energía.

La señora Isabel González, Ministra subrogante Presidente de la Comisión Nacional de Energía, hizo presente que el ordenamiento jurídico vigente establece que las aguas son un bien nacional de uso público, sobre las cuales los particulares pueden obtener un derecho de aprovechamiento (artículo 5º del Código de Aguas). Según el artículo 6º del mismo Código, éste es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y en conformidad con las reglas de ese cuerpo legal. El inciso segundo del mismo precepto reitera que el derecho de aprovechamiento es de dominio de su titular, quién podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad con la ley.

Su constitución originaria se hace por acto de autoridad y de acuerdo con el procedimiento que contempla el párrafo 2º del Título I del Libro II del Código. Esta normativa no exige que el solicitante invoque un uso determinado para las aguas y menos que demuestre que son necesarias para ese objetivo, de modo que el titular tiene libre disposición sobre su derecho una vez concedido y puede venderlo, arrendarlo, regalarlo o aplicarlo a los usos que desee, o bien abstenerse de utilizarlo.

En consecuencia, cabe la posibilidad de que el titular mantenga el derecho en desuso o lo utilice de manera inconveniente para la sociedad, lo cual puede tener efectos particularmente graves y complejos cuando se trata de derechos que significan una alternativa importante de producción de energía eléctrica. Este riesgo de mal uso del recurso de agua se ve notoriamente acrecentado cuando los derechos están concentrados en pocas manos.

Para entender la gravedad de la acumulación de los derechos de aprovechamiento de aguas con potencial hidroeléctrico, especialmente para los usuarios de energía eléctrica, es conveniente conocer los principios y políticas en que se basa la regulación del sector, los equilibrios actuales de la demanda y oferta de energía eléctrica, como también sus proyecciones futuras, y los aspectos tarifarios que determinan los impactos sobre los usuarios finales.

Explicó el funcionamiento del sector eléctrico, destacando que la capacidad total instalada de generación hidroeléctrica en 1996 en los sistemas de servicio público del país es de 3.175 Mw, lo que equivale al 61% de la capacidad total instalada (5.234 Mw) para servicio público del país. Del total instalado hidroeléctrico el 99% (3.140 Mw) se concentra en el sistema interconectado central (SIC), el cual corresponde al sistema eléctrico más importante del país, que se extiende en una longitud de 2.000 km. En la región central del país, abastece de energía eléctrica desde la III a la X Regiones (Taltal a Puerto Montt), zona en la que habita el 93% de la población. El 65% de la generación del sistema es de origen hidroeléctrico.

El segundo sistema en importancia es el sistema interconectado del norte grande, en el cual, de un total de 1.118 Mw de capacidad instalada, sólo 13 Mw corresponden a desarrollo hidroeléctrico. En esta zona, no existen recursos hídricos de importancia para la producción de electricidad. El 98% del sistema está constituido por centrales térmicas de vapor o carbón.

En Aisén, donde se encuentra ubicado un pequeño sistema eléctrico, consistente de cinco subsistemas, los recursos hídricos no son requeridos para el servicio público, pero sí son fundamentales para el desarrollo de proyectos con procesos productivos que son muy intensivos en uso de electricidad (por ejemplo, refinación de aluminio). En Magallanes, existen tres subsistemas. En ambos casos, se genera la electricidad con gas natural.

Por lo tanto, el desarrollo hidroeléctrico se centra fundamentalmente en el SIC. En este sistema, el crecimiento de la demanda se encuentra altamente correlacionado con el crecimiento global del país (producto interno bruto). Así es como la Comisión Nacional de Energía ha proyectado que, si en los próximos veinte años se tiene un crecimiento promedio del 7% anual, la demanda de energía eléctrica se cuadruplicará. Considerando las alternativas de generación existentes (i.e. gas natural), se puede proyectar una participación porcentual inferior a la existente en la actualidad del parque generador hidroeléctrico, pero no por eso poco significativa. Es posible estimar que se requerirán del orden de 3500 Mw en plantas hidroeléctricas en los próximos veinticinco años (equivalente a 8 centrales tipo Pangue).

De lo anterior se concluye la necesidad de contar con una oferta oportuna y económica de electricidad que permita abastecer los crecientes niveles de demanda de energía eléctrica requeridos para el desarrollo del país. Si no se cuenta con la posibilidad hidroeléctrica, deberán desarrollarse alternativas de generación más caras, como es el caso de centrales termoeléctricas (centrales que emplean carbón o petróleo para producir electricidad), que elevarán de manera sustantiva los costos de producción de energía eléctrica.

Es muy importante señalar que, en el caso particular del gas natural, combustible alternativo para la producción de electricidad, el país no cuenta con reservas propias, con excepción de la región de Magallanes. Por ello, se deberá importar de países vecinos, a un precio que dependerá de las alternativas o substitutivos de que se disponga. Por tanto, si los recursos hidroeléctricos, que son la alternativa más competitiva para el gas natural en la producción de energía eléctrica, no se encuentran disponibles en forma oportuna, probablemente se produzca un aumento en el precio de dicho combustible, con el consiguiente mayor costo para los usuarios. Finalmente, en el contexto de la política de precios señalada por la ley eléctrica, debe analizarse el impacto de la situación antes descrita en las tarifas de los usuarios finales de electricidad.

El marco regulatorio del sector eléctrico está contenido en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de Minería, de 1982, el cual norma todas las actividades relativas a la producción, transporte y distribución de energía eléctrica. El principio regulatorio básico de la ley eléctrica es crear condiciones de competencia en el sector de la producción, que permitan igualdad de oportunidades tanto para los actuales como para potenciales participantes. En el caso de la actividades que revisten condiciones de monopolio natural, como es la distribución de energía eléctrica, se regula la actividad incorporando elementos que incentiven a los agentes participantes hacia un desarrollo eficiente que beneficie a los usuarios.

La importancia de la competencia en la generación eléctrica radica en que los clientes libres, definidos en la ley como aquellos cuyas potencias conectadas superan los 2 Mw, negocian libremente las tarifas con los generadores. Por el contrario, la autoridad fija los precios de generación y transporte de los clientes menores, es decir, de aquellos cuyas potencias conectadas son inferiores a 2 Mw. Una vez que la autoridad, a través de la Comisión Nacional de Energía, ha calculado los precios de nudo -suponiendo una proyección de demanda, el parque generador existente y en construcción y el óptimo requerido para abastecer la demanda de precios de los siguientes diez años, el nivel de precios del combustible, el nivel de la cota del lago laja, etcétera-, se corrigen de acuerdo a la banda de precios libres del sistema. Los precios que determina la autoridad no pueden ser menores o mayores del 10% del promedio de precios libres del sistema. Hay precios libres cuando hay competencia.

Puso como ejemplo el caso del sistema interconectado del norte grande, en el cual los precios de generación de transporte son iguales a los del SIC, en circunstancias que este último tiene costos más bajos. En ello ha influido el ingreso de nuevos actores. En los últimos cinco años, el nivel de precios ha descendido en el 48%. Para que existan nuevos actores, deben tener acceso a los medios de producción. El principal medio de producción para la energía eléctrica es el recurso hidroeléctrico. Con la llegada de gas natural desde Argentina, se ha abierto una posibilidad real de competencia. Pero tampoco se puede depender de esa manera de otro país. De ahí la importancia de que los derechos de aguas estén disponibles para cualquier actor.

Las tres actividades señaladas en el marco regulatorio se caracterizan por el establecimiento de una política que norma la producción de energía eléctrica en base a desarrollar competencia entre los agentes productores actuales y futuros; la regulación de la actividad de transporte de energía, permitiendo el acceso de terceros a las redes de transmisión, mediante sistemas de peajes que faciliten la competencia en generación, y la regulación de la actividad de distribución, reconociendo sus características de monopolio natural, mediante esquemas de concesiones de servicio público y sistemas de precios regulados, que simulan condiciones de competencia e incentivan a las empresas concesionarias a ser eficientes.

Explicó que las empresas ganan menos en el norte. Las tasas de descuento son sustancialmente más bajas. A pesar de que los costos medios de generación son más altos en el norte, los precios son equivalentes. Nuestro país no cuenta con grandes recursos energéticos; más aun, la mayoría de los recursos energéticos que poseemos no son competitivos respecto de los productos importados, ya sea en precios, en calidad o en volúmenes necesarios. Excepción a lo anterior es la hidroelectricidad, que corresponde a la energía extraída del agua (ríos y lagos) mediante centrales generadoras. Dadas las características de nuestro país, esta fuente energética se encuentra principalmente ubicada entre las Regiones V a XII. A continuación, explicó un cuadro de la distribución geográfica del potencial hidroeléctrico del país (1996):

En el cuadro anterior, la segunda columna corresponde al potencial hidroeléctrico total o bruto con que cuenta el país. La tercera columna corresponde a lo que sería el potencial hidroeléctrico neto, es decir, la primera columna multiplica por un factor de utilización del recurso que se sitúa entre el 70 y el 80%. La cuarta columna corresponde al potencial en explotación y la quinta, a la diferencia entre las columnas tercera y cuarta; por lo tanto, a lo que queda por explotar. Por último, la sexta columna corresponde a aquellos proyectos de importancia, es decir, que superan los 50 Mw y que son los que se desarrollarán principalmente. Como se puede apreciar, el país ha ocupado el 25% de su potencial hidroeléctrico total y el 37% del potencial ubicado entre la V y la X Regiones. Cabe señalar, sin embargo, que los recursos indicados son relativos en su posibilidad de explotación, debido a razones económicas y ambientales. La utilización real de estos recursos depende de los requerimientos de demanda de electricidad, de su conveniencia respecto de otras alternativas de producción de energía eléctrica, además de su disponibilidad e intención de uso por parte de los propietarios de los correspondientes derechos de aprovechamiento.

Un objetivo central de la política de precios es reflejar los costos reales de producir, transmitir y distribuir electricidad en condiciones de eficiencia. La ley contiene un sistema de precios a usuarios finales que regula el precio de la electricidad a clientes pequeños (residenciales, comerciales y pequeña industrial) y permite competencia para el abastecimiento a grandes clientes. Así, los precios regulados a los usuarios finales deben reflejar las distintas etapas de producción, transporte y distribución de la electricidad hasta el punto de consumo. Para efectos de determinar la componente de producción y transporte de estos precios (que en el caso de un usuario residencial promedio en Santiago representa alrededor del 62% de la tarifa total), la ley establece que éstos deben estar dentro de una banda establecida en torno a los precios libremente negociados entre las empresas generadoras y los grandes consumidores.

En conclusión, los precios de la electricidad a usuarios finales reflejan, en especial a nivel de producción, las reales alternativas de desarrollo del sistema eléctrico, el grado de competencia de los productores y el nivel de adaptación de la oferta y la demanda de energía. Por lo tanto, cuando no se dispone de recursos hídricos los costos reflejados por las tarifas aumentan. En el evento de que las empresas existentes puedan restringir de manera monopólica la oferta futura de electricidad, controlando los derechos de aprovechamiento de aguas en todas las cuencas en que pueden realizarse los futuros desarrollos hidroeléctricos, afectarán finalmente el precio de la electricidad en desmedro de todos los usuarios. Al no disponerse de la oferta oportuna de electricidad, el precio aumentará y el generador obtendrá un mayor ingreso con la venta de electricidad de sus instalaciones existentes. Si posee una participación importante, esta ganancia será muy significativa.

Por lo tanto, a través de la no utilización oportuna de los derechos de aprovechamiento, ya sea retrasando la construcción de centrales hidroeléctricas, construyéndolas de tamaños subóptimos o impidiendo su instalación por terceros, las empresas con gran participación en el mercado actual de la generación de electricidad podrían obtener ganancias monopólicas, en desmedro de todos los usuarios de energía que verían incrementados los precios por este concepto. A modo de ejemplo, el nivel actual de ventas de las empresas generadoras es para el presente año del orden de 1.000 millones de dólares. El solo retraso de la puesta en servicio de un proyecto hidroeléctrico importante puede significar un aumento de precios del orden de 16% a 22%, lo que significa un incremento del mismo orden en las ventas realizadas con las unidades existentes. El no desarrollo de los proyectos puede llevar a incrementos del precio muchísimo más significativos, alcanzando niveles de hasta el 40%.

Endesa es la principal compañía generadora de electricidad del país, con una capacidad instalada de generación (hidro y termoeléctrica) en la zona central de 2.417 Mw, el 60% del total del SIC, y con 835 Mw en construcción. Esta empresa posee el 67% del total hidroeléctrico en explotación (2.673 de 3.972 Mw) y, además, posee en la actualidad los derechos de aprovechamiento de agua del 35% de la capacidad potencial total por instalar en la zona central (3.760 de los 10.558 Mw). Esta situación es grave, si se considera que entre los derechos de aprovechamiento de agua que posee se encuentra el 77% de los mejores proyectos hidroeléctricos por desarrollar desde hoy al año 2020 (2.485 de 3.225 Mw).

Además de lo anterior, esta empresa tenía solicitados 279 derechos más. De las solicitudes presentadas, la Excma. Corte Suprema ha acogido un recurso de amparo económico presentado por la empresa en contra de la Dirección General de Aguas, que obliga a ésta a pronunciarse en relación a 13 de estos recursos. De ellos, 9 se encuentran ubicados en la zona cubierta por el SIC: la Cuesta (910 Mw), los Coigües (440 Mw), Neltume (400 Mw), Queuco (80 Mw), Espolón (65 Mw), Vallical (140 Mw), Huequecura (360 Mw), Quitramán (400 Mw), Aguas Blancas (660 Mw). Los otros cuatro se encuentran ubicados en Aisén. De los derechos mencionados, tres de ellos ya han sido entregados a Endesa -la Cuesta, Los Coigües y Espolón- y los otros seis están en trámite. Si el resto son obtenidos por Endesa, esta empresa contará con el 55% del potencial hidroeléctrico total de explotar (5.800 de 10.558 Mw) y el 68% de los principales y más convenientes recursos (5.800 de 8.545 Mw). Las consideraciones anteriores, expresadas en términos cuantitativos aumentan si se considera la calidad del recurso agua para potencial hidroeléctrico.

En el cuadro anterior, está indicado en la primera fila que Endesa posee el 67% del recurso hidroeléctrico en explotación en el SIC. En la segunda fila, que está en posesión de Endesa el 35% de los recursos del SIC. En la tercera, que Endesa posee el 44% de los principales recursos hidroeléctricos del SIC. En la cuarta fila, se indica que Endesa tiene el 77% de los recursos por desarrollar desde hoy al año 2020. En las filas quinta y sexta, se compara la situación si Endesa se adjudica los recursos en trámite. Se llega a la conclusión de que Endesa poseerá el 55% de los recursos del SIC; o sea, el 68% de los principales y mejores recursos.

Como conclusiones de la situación anterior, se puede deducir que Endesa dispone del 77% de los derechos más convenientes de desarrollar desde hoy al año 2020 y que si se adjudica los recursos en trámite podrá construir centrales generadoras hasta el año 2025.

Sin perjuicio de la gravedad que tiene para el desarrollo competitivo del sector eléctrico nacional, pues se ha explicado anteriormente que la base de nuestra legislación eléctrica es la competencia a nivel de generación, la posición dominante de recursos energéticos de Endesa también constituye un importante riesgo para el desarrollo del sector eléctrico. Al estar concentrados importantes recursos hídricos justamente en aquella empresa, que hoy día tiene una participación mayoritaria en la actividad de generación de energía eléctrica, esta situación puede dar lugar a que esta empresa ejerza un poder monopólico, pues al operar con una visión de máximo beneficio privado se obtendrían resultados muy diferentes de aquellos que resultan de un criterio de máximo beneficio social.

Considérese, a modo de ejemplo, que la tasa real de descuento es de 10% anual, tasa especificada en la legislación eléctrica; que una empresa como Endesa analiza la puesta en servicio de un proyecto de 200 Mw, con una inversión de US$ 195 millones y cuyos flujos anuales son de US$ 25 millones. De este modo, el VAN del proyecto puro es de aproximadamente US$ 55 millones. Si bien el atraso del proyecto debería significarle una disminución del VAN de US$ 5 millones (55/1,1-55), en realidad no es así. En efecto, la postergación del proyecto implica un aumento en precios de electricidad de al menos el 10%. En consecuencia, si no hay proyectos alternativos, los ingresos asociados al resto de la producción son superiores a los US$ 40 millones. Entonces, al postergar el proyecto, el VAN aumenta desde US$ 55 millones a US$ 90 millones (55/1,1+40); lo que significa un incremento del 60%. Para los otros dos grandes actores del SIC, Chilgener y Colbún, el efecto es menor, pero en el mismo sentido. En el caso de Chilgener, para el mismo ejemplo desarrollado, el VAN se incrementa en el 12%. Para Colbún, este efecto sería del 7%. Los ejemplos anteriores clarifican adecuadamente que la señal privada para los actuales actores del sistema, y en particular para Endesa, apunta a no realizar o a retrasar los proyectos respecto a un inversionista marginal, para el cual existe coincidencia con el óptimo social.

Por lo tanto, se puede afirmar que la actual concentración de derechos de agua por parte de Endesa es sin lugar a dudas una barrera de entrada a nuevos inversionistas y que, además, puede tener un fuerte impacto en la tarifas de la electricidad en el futuro. Si se tramitan los derechos de agua indicados, Endesa tendrá el principal recurso energético con que cuenta el país para los años futuros. Por todo lo expuesto, es posible concluir que la acumulación de derechos de aprovechamiento de aguas por parte de Endesa tiene las siguientes consecuencias: existe una barrera de entrada al sector eléctrico de generación en el principal sistema eléctrico del país; la señal privada es no utilizar los derechos de aguas en la calidad y oportunidad coincidentes con el óptimo social, y existe una acumulación del principal recurso energético del país.

Este proyecto pretende evitar esta acumulación, imponiendo una patente progresiva a la tenencia de derechos sin utilización, que se calcula de la siguiente forma: 0,33 veces Q (caudal contemplado) por H (altura). Es progresiva; del año 1 al 5 se calcula en la forma señalada. Del año 6 al 10 es cinco veces eso. Del año 11 en adelante, se multiplica por 25. Además, cuando se termina el proyecto, se recupera la patente pagada durante los últimos cinco años. Afirma que pueden demostrar que la materialización de un proyecto hidroeléctrico no toma más de seis años. Pone como ejemplos las centrales Peuchén, Mampir y Rucúe.

Explicó, a continuación, que la Comisión Nacional de Energía, de acuerdo a la ley, realiza un plan indicativo de obras de mínimo costo de abastecimiento para el país. Eso significa que, a una proyección de demanda dada, que en el caso del sistema interconectado central es del 8,5% en promedio anual para los próximos diez años, la Comisión evalúa distintas alternativas de abastecimiento, incluyendo los proyectos hidroeléctricos y las centrales de ciclo combinado a gas. El que resulta ser de mínimo costo es el de ciclo combinado a gas, alrededor de 350 dólares el kw instalado, comparado con una central hidroeléctrica, que vale alrededor de 1000 dólares. A éste, además hay que agregarle el sistema de transmisión, el precio del gas en Argentina, el precio de transporte hasta el centro del país y los costos de inversión de las centrales hidroeléctricas de los proyectos disponibles. El plan de mínimo costo es el que incluye siete centrales a gas para el año 2004, algunas hidroeléctricas de tamaño mediano a chico y una megacentral, como es Ralco, para el año 2005. Comparado este plan con uno hidroeléctrico puro, tiene un menor costo para el país de 40 millones de dólares.

Agregó, respecto a la incorporación de los costos ambientales y sociales al plan de la Comisión, que se han ido incorporando algunos de ellos. Por ejemplo, Ralco no incluía una central a pie de presa para la mantención del flujo mínimo. Al revisar los costos de inversión entregados por la empresa, se determinó la necesidad de incluirla. Éste fue uno de los puntos de discordia entre la inversión informada por Endesa y la que en definitiva tomó la Comisión para su plan de obras. De alguna manera, estos costos técnicos, que son evaluables, se han incorporado. Sin embargo, ello es absolutamente insuficiente respecto del problema global. En ningún caso se ha considerado el costo de traslado de familias pehuenches. Ante una observación en el sentido de que las centrales no generan nada ni dejan nada en la región, es un problema que debe solucionarse en lo futuro. La primera fase de modificación del Código de Aguas se cumple imponiendo una patente al no uso. La segunda sería establecer una patente por el uso, de manera que la localidad reciba algún beneficio por entregar el recurso para el bienestar del país. En lo relativo a la propiedad de las líneas de transmisión y la integración vertical existente, manifiesta que ha sido una preocupación permanente de parte del Ejecutivo. En este momento, está a punto de enviarse a trámite a la Contraloría General de la República el Reglamento General de Servicios Eléctricos. La ley es de 1982 y en muchos puntos de la misma se prevé la existencia del reglamento. Han pasado catorce años y sólo ahora se dictará esta normativa, que recoge el tema de los peajes de transmisión. Como no se puede atacar la propiedad, que ya está en manos de la principal generadora, la única vía es efectuar una reglamentación adecuada, que permita el acceso libre y no discriminatorio a cualquier generador para conectarse al sistema de transmisión y a conocer, previamente, el costo del mismo. Añade, en cuanto al fomento de las energías no convencionales, que desde 1991 existe un proyecto de ley para el aprovechamiento de la energía geotérmica, que es muy abundante en el país, por su estructura volcánica. Está extendida a lo largo de todo el país, desde la I a la XII Regiones. Un instituto de cooperación francesa realizó unos sondajes de exploración en la zona de Chillán en conjunto con ENAP y llegó a resultados realmente promisorios. Lamentablemente, los inversionistas interesados en la explotación del recurso se han topado con la ausencia de un marco legal que proteja las inversiones. La Comisión de Energía y Minería del Senado aprobó el proyecto de ley de concesiones geotérmicas. El trámite que sigue es la Comisión Mixta.

Por otra parte, aclaró que no aprueban la participación de generadores eléctricos en el transporte de gas. Sin embargo, la generación eléctrica con gas ha dado la base para la construcción de los proyectos de gasoducto. El Gobierno se ha puesto en este escenario y, en junio de 1995, dictó un reglamento para el otorgamiento de concesiones de gas, amparado en la ley de servicio de gas de 1935. Se ha amparado, también, en el protocolo Nº 2, de interconexión gasífera con Argentina, suscrito en el año 1991 y modificado en 1995, que tiene carácter de tratado internacional. Este reglamento para el otorgamiento de concesiones de transporte de gas exige a los concesionarios el acceso abierto al ducto de transporte. Esto significa que el concesionario, teniendo capacidad de transporte disponible, debe ofrecerla a cualquier interesado, sin discriminación. Si el concesionario no tuviera capacidad de transporte disponible, el propio interesado puede hacer las ampliaciones necesarias a su costo, sin necesidad de hacer un ducto paralelo. El mismo pone las estaciones de compresiones necesarias para permitir el transporte de una capacidad adicional. Esto da alguna garantía de que habrá un acceso abierto, no monopólico. Añade que Transgas era un proyecto alternativo al de Gas Andes. Desde la perspectiva del país, habría sido ideal contar con dos gasoductos. Sin embargo, no es posible por ahora.

El señor Andrés Alonso, Jefe del Área Eléctrica de la Comisión Nacional de Energía, expresó que, como se indicó anteriormente, actualmente se están tramitando cuatro derechos de aprovechamiento de aguas en Aisén: Las Heras (235 Mw), Rosselot (480 Mw), Yeco (600 Mw) y Mañihuales (250 Mw), los que suman en total 1.565 Mw. Si se considera que Endesa ya posee 2.805 Mw en derechos de aguas ya constituidos, es posible construir el siguiente cuadro: “comparación del potencial hidroeléctrico de Aisén respecto de los derechos de agua de Endesa”.

A continuación, se transcribe documento explicativo remitido, a solicitud de la Comisión, por la Comisión Nacional de Energía, por el que da a conocer la forma de cálculo de la patente aplicable a los derechos de agua no consuntivos.

“El ordenamiento jurídico vigente establece que las aguas son un bien nacional de uso público, sobre las cuales los particulares pueden obtener un derechos de aprovechamiento (artículo 5º del Código de Aguas). Según el artículo 6º del mismo Código, éste es un derechos real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y en conformidad con las reglas de ese cuerpo legal. El inciso segundo del mismo precepto reitera que el derechos de aprovechamiento es de dominio de su titular, quién podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad con la ley.

Su constitución originaria se hace por acto de autoridad y de acuerdo con el procedimiento que contempla el párrafo 2º del Título I del Libro ll del Código. Esta normativa no exige que el solicitante invoque un uso determinado para las aguas y menos que son necesarias para ese objetivo, de modo que el titular tiene libre disposición sobre su derecho una vez concedido y puede venderlo, arrendarlo, regalarlo o aplicarlo a los usos que desee o bien abstenerse de utilizarlo.

En consecuencia, cabe la posibilidad que el titular mantenga el derecho en desuso o lo utilice de manera inconveniente para la sociedad, lo cual puede tener efectos particularmente graves y complejos cuando se trata de derechos que significan una alternativa importante de producción de energía eléctrica. Este riesgo de mal uso del recurso de agua se ve notoriamente acrecentado cuando los derechos están concentrados en pocas manos.

Por esta razón, la Comisión Nacional de Energía ha realizado el cálculo de los montos y condiciones de aplicación de una oatente que debiera ser pagada por los poseedores de derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos, es decir, aquellos que se utilizan principalmente para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos; y que no son utilizados. Lo anterior, en la búsqueda de una solución que, por medio de estímulos económicos provoque en el poseedir de un derecho de aprovechamiento de aguas una señal para su utilización o, en su defecto, su disposición a ofrecerlo al mercado o a devolverlo al Estado para su utilización por otro interesado.

En necesario destacar que, para entregar las señales económicas correctas, el cálculo de los montos y la forma de aplicación de las patentes se debía realizar cuidando objetivos fundamentales como:

a. Permitir la realización de estudios por parte de los interesados en la construcción de centrales hidroeléctricas.

b. Estar directamente relacionadas cob el potencial energético del derecho en cuestión.

c. Impedir la acumulación de derechos con fines especulativos o monopólicos.

d. No afectar al inversionista durante el período de construcción.

Para lograr los objetivos anteriores se desarrolló un profundo y largo trabajo en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, en especial con la Dirección General de Aguas, que ha dado origen al proyecto de modificación al Código de Aguas presntado a la H. Cámara de Diputados.

El presente documento describe la forma en que se ha llegado a los montos y condiciones de aplicación de las respectivas patentes.

Método de cálculo.

El método de cálculo utilizado para obtener los montos de las patentes fue el siguiente:

1. Se consideraron proyectos de centrales de diferentes tamaños, desde 100 a 700 Mw.

2. Se obtuvo la anualidad de la inversión de las centrales anteriores, considerando un costo de 1.300 US$/Mw (que incluye costos fijos), y una tasa de descuento del 10%, estipulada en el decreto con fuerza de ley Nº1, de 1982, de Minería, “ley General de Servicios Eléctricos”.

3. Se calculó el flujo anual de cada proyecto, considerando un precio medio de 35 mills/kWh y un factor de carga de 0,67.

4. Se obtuvo el Valor Actual Neto (VAN) de cada proyecto utilizando una tasa de descuento del 10%.

5. Luego se calculó la disminución del VAN de cada proyecto por efecto del atraso en un año de la puesta en marcha respectiva.

6. Se calculó el aumento de precio que significa el atraso en un año de las centrales. Luego se linealizó los porcentajes de aumento respectivos para los proyectos considerados anteriormente.

7. Se calculó la pérdida social que se produce en el excedente del consumidor debido al aumento en el precio por efecto de atrasar la respectiva central.

8. Se calculó la pérdida social neta por los efectos anteriores (7-5).

9. A continuación se tomó en consideración que una empresa no retrasa un proyecto una cantidad indefinida de años, sino que realiza éstos con tasas de descuento mayores. Para calcular el número de años que una empresa -con las características indicadas en los puntos anteriores- retrasará su proyecto respecto al óptimo, se supuso que el atraso se realiza hasta obtener una tasa del 15%.

10. Luego, se calculó el pago anual que se debe cobrar para cada proyecto, tomando en consideración el número de años para su puesta en servicio y el retraso, de forma de hacer el VAN nulo por retraso.

Para hacer una fórmula de pago con caudal Q (m³/s) y altura de caída H (m) se uso la relación 8,5 Q x H = P (kW), y se estableció una correlación lineal para los proyectos de diferente tamaño; llegándose a un monto de patente de 2,1 x Q x H, expresando el valor en UTM/año.

Dado que los proyectos hidroeléctricos tiene un período de estudio largo y, con el fin de no afectar su realización, se decidió escalonar la patente en forma tal que sólo al cabo de once años alcanzará un valor presente igual al de su fecha de puesta en servicio.

Se concluyó que por el no uso de un derecho de aprovechamiento de aguas, su poseedor debe pagar un valor por los primeros 5 años correspondiente a 0,3254 x Q x H UTM/año, y que este valor se incremente por 5 cada 5 años, con un valor tope para 15 años.

11. Dado que los proyectos hidroeléctricos son intensivos en capital y que los inversionistas que hacen sus proyectos no deben ser afectados durante el período de construcción, se calculó el % de la inversión que, por efecto de lucro cesante, impide el retraso de la puesta en marcha de la central respectiva.

Con estos valores y con perfiles típicos de inversión de proyectos hidroeléctricos, se encontró el % del tiempo respecto al período de construcción durante el cual se pagaría la patente respectiva, llegándose a los años en ésta debe ser devuelta y que se muestra en la siguiente tabla:

Sin embargo, como una forma de simplificar el proyecto y no perturbar a los inversionistas durante el tiempo de construcción se decidió la devolución de las patentes cobradas según la siguiente tabla:

F) Comisión Nacional de Medio Ambiente.

La señora Vivianne Blanlot, Directora Ejecutiva de Conama, señaló que la Comisión, en general, tiene una opinión positiva respecto del proyecto, en el sentido de que concuerda con todos los aspectos propuestos en el mismo. En lo relativo al tema propio de su competencia, el caudal mínimo ecológico, expresa que debe establecerse la obligación legal de determinarlo. Éste es el grave problema de varias cuencas de Chile, en que la competencia por el recurso está afectando seriamente el medio ambiente y nuestro patrimonio de recursos naturales. Por otra parte, considera que es necesario desarrollar, con posterioridad al proyecto de ley, una reglamentación respecto de los procedimientos para establecer el caudal mínimo ecológico, toda vez que él configura una norma ambiental particular. Un procedimiento transparente es indispensable, porque hay muchos conflictos económicos de envergadura al respecto.

El señor Javier Vergara, Fiscal de Conama, precisó que la ley de Bases del Medio Ambiente establece criterios similares, en general, respecto de las normas ambientales, de modo que existirá, en la discusión acerca de los caudales mínimos ecológicos, el procedimiento reglado y la transparencia que éstos requieren. Esos procedimientos fueron definidos por la ley en forma muy general. Posteriormente, fueron desarrollados por el reglamento. Puede ser útil, para otorgar transparencia al sistema, definir en cada río y en cada cuenca cuál es el caudal. Además, ello tiene por objeto evitar presiones indebidas.

A continuación, se transcribe informe escrito de CONAMA, solicitado por vuestra Comisión, acerca de la relación entre las modificaciones propuestas por el Ejecutivo respecto al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, contenidas en el Nº 7, que incorpora un Título X, nuevo, al Libro I, y lo dispuesto en los artículos 10 y 70 de la ley 19.300.

“1. El nuevo Título X, denominado “De la protección de las aguas y cauces”, se fundamenta en el hecho de que la creciente demanda sobre los recursos hídricos, los graves problemas de contaminación de las aguas, la valorización social del medio ambiente e incluso las propias exigencias ambientales de la apertura hacia el exterior, hacen urgente una acción decidida en materia de conservación de los recursos hídricos y cauces.

2. En el referido Título X, se otorgan a la Dirección General de Aguas diversas competencias asociadas a la protección del medio ambiente, a saber.

a) Se faculta a dicha autoridad para exigir que las aguas provenientes de obras de recuperación de terrenos húmedos o pantanosos sean restituidas al cauce receptor natural de las mismas, si de la ejecución de dichas obras resulta perjuicio a terceros (artículo 129 bis).

b) A fin de contar con normas que faciliten la consideración de la demanda ambiental en la constitución de derechos de aprovechamiento, se establece la obligación de la autoridad, al otorgar los referidos derechos, de respetar en todos los cauces naturales un caudal ecológico, es decir, el mínimo de agua que debe escurrir para conservar los ecosistemas acuáticos, los recursos escénicos y recreacionales existentes en la fuente natural de que se trate (artículo 129 bis 1).

c) En lo referente a los cauces naturales, los que hoy se encuentran sin protección alguna, se establecen normas que facultan a la Dirección General de Aguas para su defensa frente a las acciones devastadoras que sobre ellos ejercen terceros que no cuentan con las autorizaciones correspondientes (artículo 129 bis 2).

d) Finalmente, se encarga a la Dirección General de Aguas el desarrollo de una red de estaciones de calidad de aguas, tanto superficiales como subterráneas, con la obligación de publicar y difundir la información obtenida (artículo 129 bis 3).

3. En este contexto, el primer punto que debe informarse es el de la relación o compatibilidad entre la exigencia para la Dirección General de Aguas de velar por un caudal ecológico mínimo (artículo 129 bis 1) y las exigencias propias del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), regulado en la ley 19.300.

4. Para ello, es necesario puntualizar que, de acuerdo a la legislación hídrica vigente, la evaluación que debe hacer la autoridad para constituir un derecho de aprovechamiento, y que de acuerdo al texto en análisis debería incluir la consideración del caudal ecológico mínimo, es independiente del proyecto o actividad que podría utilizar dichos derechos.

Así es como la constitución de un derecho de aprovechamiento de aguas no lleva aparejada la obligación de usar el recurso hídrico, ni ejecutar obras de aprovechamiento del mismo.

5. De acuerdo a lo anterior, la evaluación que debe hacer la Dirección General de Aguas, al constituir derechos de aprovechamiento, no se superpone a aquella que debe realizarse dentro del SEIA, ya que en este sistema se avalúan proyectos o actividades específicos y determinados, cosa que no ocurre en la constitución de los derechos de aprovechamiento.

6. Además, el hecho de que la constitución de los referidos derechos no se vincule a proyectos determinados trae como consecuencia necesaria que no se puede establecer ninguna certeza sobre el momento en que se ejecutará el proyecto pertinente.

7. Lo anterior justifica la consideración del caudal ecológico mínimo en el momento de constituir los derechos de aprovechamiento, ya que permite en definitiva realizar los balances hídricos que determinen los caudales disponibles, evitando así la incertidumbre sobre la disponibilidad real en los cauces.

8. Dos consideraciones adicionales justifican la evaluación del caudal ecológico mínimo en el momento de la constitución de los derechos de aprovechamiento y no en el momento de evaluar el impacto ambiental de un proyecto determinado. La primera dice relación al hecho de que no todas las actividades que utilicen agua en su funcionamiento deben someterse al SEIA. La segunda, fundada en la necesaria certeza que debe darse en el tráfico comercial, apunta a que parece más conveniente para todo usuario del agua que todas las limitaciones respecto al recurso hídrico queden determinadas de una vez, y no en momentos distintos, como podría ocurrir cuando se realice la pertinente evaluación de impacto ambiental.

9. El segundo punto por informar es el de la relación o compatibilidad entre las competencias que el nuevo Título X “De la protección de las aguas y cauces”, en análisis, otorga a la Dirección General de Aguas, y las funciones que le competen a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), de acuerdo a los establecido en el artículo 70 de la ley 19.300.

10. Para ello, es necesario señalar que el diseño institucional dado por la referida ley 19.300 a la CONAMA se estructuró en base al reconocimiento de las competencias ambientales de los distintos Ministerios y servicios involucrados en los temas ambientales. De esta forma, ellos mantienen sus competencias ambientales, debiendo ejercerlas en plenitud, sin perjuicio de enmarcarse en el contexto global fijado por la política ambiental, cuya conducción general compete a la CONAMA.

En este sentido, la CONAMA no absorbió las competencias ambientales sectoriales, ni la ley 19.300 derogó orgánicamente las diversas disposiciones sobre la materia. Un reconocimiento legal expreso en este sentido lo constituye el artículo 1º de la referida ley, el que preceptúa que sus disposiciones son sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia.

11. De acuerdo a lo establecido, las facultades ambientales que el nuevo Título X otorga a la Dirección General de Aguas no entran en contradicción con las funciones que la ley 19.300 otorga a la CONAMA. Muy por el contrario, en el esquema institucional vigente en nuestro país, dichas facultades ambientales son complementarias de las potestades establecidas para la CONAMA, a la cual le corresponde, en definitiva, coordinarlas adecuadamente, a fin de evitar duplicidad de esfuerzos y acciones compartimentalizadas y asistémicas.

La referida complementariedad entre la ley 19.300 y el nuevo Título X, en análisis, se verifica también a la luz de preceptos específicos, como el artículo 33 de la referida ley, el que dispone: “los organismos competentes del Estado desarrollarán programas de medición y control de la calidad ambiental del aire, agua y suelo para los efectos de velar por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. Precisamente en cumplimiento de este mandato legal, el artículo 129 bis 3, integrante del referido Título X, en análisis, establece que la Dirección General de Aguas podrá establecer una red de estaciones de control de calidad de las aguas tanto superficiales como subterráneas.”

G) Sociedad de Fomento Fabril.

Se transcribe documento de la Sociedad de Fomento Fabril, que señala:

“I. Razones por las cuales la Sociedad de Fomento Fabril se interesa en este proyecto de ley.

El interés de la Sociedad de Fomento Fabril en este proyecto de ley se debe a que el sector industrial es un gran usuario del recurso agua, tanto en forma directa como indirecta, esta última en forma de energía hidroeléctrica. Un eventual encarecimiento significativo directo e indirecto del uso del agua, irremediablemente repercutirá en un pérdida de competitividad de los productos industriales chilenos y de la economía toda, con claros perjuicios para todo el país y sus habitantes. Por ello, estimamos que el tema es sumamente delicado y trascendente.

II. Principales observaciones al proyecto de ley.

1. El proyecto de ley pretende, como tema importante, evitar el acaparamiento de los derechos de aprovechamiento de agua con fines especulativos, para lo cual propone el pago de una patente a beneficio fiscal por la parte no utilizada de ellos y otorgar amplias facultades al Director General de Aguas para calificar la pertinencia de otorgar o no otorgar derechos de agua, con limitaciones o sin ellas, cuando se los soliciten los interesados.

En opinión de la Sociedad de Fomento Fabril, el riesgo de acaparamiento de derechos de aprovechamiento de aguas con fines especulativos es escaso. En efecto, desde hace más de quince años, la casi totalidad de las aguas superficiales terrestres del río Cautín al norte están asignadas y su uso es cercano al total otorgado.

En materia de derechos no consuntivos, si bien su uso no es cercano al 100% del total otorgado, ello es consecuencia de los precios de la energía existente en el mercado, ya que ellos son los que en definitiva determinan la viabilidad económica de emprender un proyecto de generación hidráulica. Es ésta la razón por la cual una serie de proyectos de generación hidráulica han debido postergar su realización, ya que la llegada del gas natural desde Argentina ha impulsado una caída en el nivel de precios de la energía.

2. En el artículo 129 bis 1 que se propone, se indica que la autoridad, al otorgar los derechos de aprovechamiento, deberá respetar la permanencia de un caudal ecológico mínimo en toda la fuente natural, que garantice la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente, etc. En nuestra opinión, no es labor de la DGA esta materia. La concesión del derecho de aprovechamiento de agua es neutra frente a efectos ambientales. Los efectos ambientales los producen la ejecución de los proyectos que usan esas aguas y no el derecho de aprovechamiento mismo. En consecuencia, no es a la DGA, sino a CONAMA a la cual corresponde pronunciarse sobre el estudio de impacto ambiental de los proyectos que usarán los derechos de aprovechamiento.

La DGA debe, entonces, otorgar los derechos de aprovechamiento sin consideraciones sobre un caudal ecológico mínimo.

3. El Título XI que se propone, establece el pago de una patente de beneficio fiscal por la parte no utilizada de los derechos de aprovechamiento, indicando sus montos según sean los derechos de aprovechamiento consuntivos o no consuntivos, según la ubicación regional de ellos y según si son eventuales o permanentes. Además, faculta a la DGA para determinar el grado de no utilización de las aguas para fijar el monto de las patentes por pagar.

La Sociedad de Fomento Fabril no está de acuerdo con que se aplique un cobro por el no uso de los derechos de agua constituidos, por cuanto no tenemos ningún estudio que compruebe fehacientemente que el sistema normativo vigente haya impedido un mayor uso de esos derechos por razones arbitrarias o especulativas de los propietarios de ellos.

El uso de derechos de aprovechamiento es función de las posibilidades reales existentes en el mercado. Por ejemplo, la demanda por mayor uso de agua en riego agrícola que podría satisfacerse mediante la construcción de nuevos embalses, es consecuencia del potencial de rentabilidad de los cultivos. Si los cultivos agrícolas fuesen de alta rentabilidad, existiría una fuerte demanda por estas obras, a fin de incorporar tierras de secano al régimen de riego.

En el caso hidroeléctrico, el uso de derechos no consuntivos es función del crecimiento en la demanda y de las alternativas tecnológicas para generar energía, tales como las centrales térmicas a carbón y a gas. Hoy en día, inversiones de generación térmica están desplazando a algunos proyectos hidráulicos por razones de rentabilidad.

Desde nuestro punto de vista, cobrar por el no uso de un recurso escaso no constituye una propuesta que en términos económicos sea acertada.

Se podría llegar al absurdo de que un propietario de un derecho de agua la use en exceso (la malgaste), para no pagar la patente por no haberla utilizado toda. Inhibe, en consecuencia, las mejoras tecnológicas para ahorrar agua. La patente propuesta castiga el buen uso del recurso agua en vez de premiarlo, lo que es un absurdo.

El hecho de que un propietario de derechos de agua no los use no significa que necesariamente deja de incurrir en un costo, por cuanto, de existir una actividad económica que justifique su uso, ese derecho adquiere un valor y el no usarlo implica incurrir en un costo equivalente a ese valor.

Pensamos que la legislación vigente resuelve adecuadamente esta preocupación, ya que si un propietario de un derecho de agua no lo utiliza en su totalidad, puede vender su excedente de agua, aunque sea a bajo precio. Si no lo vende, es porque sencillamente no hay demanda por ese excedente y, por lo tanto, el recurso no tiene valor comercial, o bien el propietario de esos derechos tiene en carpeta otro proyecto para ser desarrollado más adelante, en el cual sí le dará uso a esas aguas.

En concordancia con lo recién indicado, la Sociedad de Fomento Fabril no está de acuerdo con el artículo 129 bis 8 del título XI que se propone, que otorga al Director General de Aguas la facultad de determinar la no utilización de las aguas, ni con el artículo 129 bis 9 de ese mismo título, que establece las presunciones de no utilización. La vaguedad de la presunción de no utilización, acreditada según “los informes técnicos pertinentes” (artículo 129 bis 9, letra d), concedería a la Dirección General de Aguas poderes enormes y arbitrarios y la transformaría en la instancia que, en definitiva, sustituiría al mercado como instrumento de asignación del recurso agua entre los usuarios, con los riesgos tanto económicos como éticos que esto implica.

4. El Nº 9 de la proposición elimina el inciso final del artículo 141 vigente, anulando así la forma imperativa que obliga a la DGA a otorgar el derecho de aprovechamiento, si se cumplen los requisitos legales. Queda así a voluntad de la DGA el otorgar los derechos o no otorgarlos. Para la Sociedad de Fomento Fabril, el artículo 141 debe quedar como está y no constituir una facultad discrecional de la DGA, que implicaría otra posibilidad de distorsión en materia de asignación del recurso agua en la economía nacional.

5. El Nº 11 de la proposición, que crea el artículo 147 bis nuevo, faculta al Director General de Aguas a denegar o limitar las solicitudes de derechos de aprovechamiento, bajo distintas causales. La Sociedad de Fomento Fabril se opone a este artículo 147 bis, nuevo, por otorgar a la DGA la máxima discrecionalidad para calificar las solicitudes.

La vaguedad y uso múltiple para justificar cualquier decisión por medio de la quinta causal propuesta, “en general, en todos aquellos casos en que por razones de utilidad pública fuere necesario destinar el recurso a fines distintos del solicitado “, ya sea para denegar o limitar las solicitudes de derechos de aprovechamiento, permitiría las arbitrariedades más grandes.

6. En concordancia con nuestra posición, el nuevo artículo 149 y los cuatro artículos transitorios no tienen sentido.

7. La Sociedad de Fomento Fabril apoya la proposición de extensión de la personalidad jurídica a las comunidades de aguas.

8. Por último, tenemos fundadas dudas sobre la constitucionalidad del proyecto de ley, que atentaría contra el último inciso del Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

III. Opiniones de la Sociedad de Fomento Fabril acerca de la forma de mejorar la asignación de las aguas.

1. Como el agua es un bien escaso y de uso múltiple, la Sociedad de Fomento Fabril estima que su utilización debe, primero, regirse por el respeto del derecho de propiedad y, segundo, que su uso vaya a las actividades que más la valoren económicamente, para lo cual los demandantes tendrán que pagar un precio a los poseedores -público y privado- por los derechos de agua, en competencia con otros interesados en las aguas.

2. Bajo este predicamento, la labor del Estado en esta materia debe ser posibilitar la mayor transparencia y competitividad para que el mercado realmente funcione entre oferentes y demandantes de aguas.

3. Para perfeccionar lo anterior, estimamos de conveniencia nacional que la DGA elabore un catastro de los recursos superficiales y subterráneos de las aguas de las diferentes cuencas y hoyas hidrográficas del país, como información necesaria y pública para el mejor funcionamiento del mercado de las aguas. Este catastro no debe justificar decisiones administrativas de la DGA bajo ningún concepto. Los recursos para estos estudios provendrían del presupuesto anual de la nación.

4. Hay que mejorar los instrumentos de mercado. La actual posibilidad de remate de los derechos de agua, cuando hay oposición de solicitudes, no se practica con la frecuencia deseable. Hay que hacer obligatorio el uso de este instrumento y fijarle un plazo prudente para su realización. Los postulantes, a su vez, deberán constituir garantías de seriedad por montos adecuados, para poder participar en ellos.”

H) Confederación de Canalistas de Chile.

Síntesis de las observaciones formuladas por la Confederación de Canalistas de Chile:

“El proyecto, en lo fundamental, se refiere al régimen de asignación de las aguas terrestres, esto es, a la manera de determinar en qué deben emplearse y quiénes tienen la facultad de extraerlas de sus fuentes naturales.

Al mismo tiempo, otorga al funcionario administrativo la facultad discrecional de determinar cuándo no se usan las aguas, de sancionar con multas este hecho y, por último, para quitar al dueño su derecho de aprovechamiento.

La aplicación de la legislación actual ha permitido que se le reconozca su valor al derecho a sacar agua de los ríos. La ley vigente comenzó a aplicarse en 1981 y lentamente comenzó el proceso de compraventa de ellos. Está demostrado que donde no hay caudales disponibles para constituir nuevos derechos de agua, el que la necesita los compra. Los precios están en constante alza y, por tanto, la tendencia natural será que las aguas se vayan utilizando cada vez mejor.

La certeza jurídica supone el respeto irrestricto a la Constitución Política del Estado, requisito sin el cual no es posible el sistema económico en actual aplicación, todo lo cual, además, es fundamento de una buena convivencia.

Cualquier modificación que se pretenda hacer de la ley debe tener en cuenta lo dicho. Esta confederación reitera que es conveniente hacer una evaluación cuidadosa de los defectos constatados de la ley vigente, para proceder a su perfeccionamiento, pero no al cambio de sus fundamentos.

Para que haya certeza jurídica sobre el derecho de propiedad, el propietario no puede perder la cosa objeto de su dominio sino que por un acto voluntario de él mismo; como consecuencia del ejercicio por un tercero del derecho de prenda general en su contra, y por expropiación en los términos que establece la Constitución. Para expropiar, la ley debe declarar de utilidad pública o de interés nacional el bien de que se trate y se debe proceder a las indemnizaciones en los términos que la misma Constitución establece.

La iniciativa del Ejecutivo faculta al funcionario para rechazar a su arbitrio la petición de un derecho de aprovechamiento aunque haya agua disponible, no se perjudique a terceros, ni haya oposiciones; es decir, si un particular no usa las aguas, aquél dispone la pérdida del derecho, mientras que, por otra parte, impide se usen las que están disponibles. Los abusos a que alude el mensaje deben explicarse y las soluciones no pueden estar en facultades omnímodas, comprobadamente ineficientes en un sistema de mercado.

La iniciativa lleva en sí misma otra contradicción. Se funda en que habría acumulamiento de derechos de aguas en manos de particulares, pero omite tratar el caso de importantes caudales que se mantienen en la propiedad del fisco para obras que es probable que no se hagan nunca.

El proyecto de ley pretende que se determine para qué se usará el agua, con lo cual se restringirá la demanda de compra del derecho de aguas, y por tanto el precio no será el real, distorsionándose la asignación por la vía de mercado. Lo mismo ocurre con la amenaza de sanción por la calificación discrecional de que el dueño del derecho no usa el agua.

Se debe tener presente que, al haberse aprobado la idea de legislar de este proyecto con los defectos tan fundamentales anotados, políticamente se trata de un paso elaborado, querido, buscado, destinado a alejar el país del sistema económico vigente y de abrir la puerta a la economía dirigida por las agencias del Estado, con todo lo ya conocido que ello conlleva.

Como los temas referidos son de tanta envergadura, esta Confederación omite, por ahora, tratar los otros asuntos a que se refiere el proyecto de ley en cuestión, y solicita que se retire por el Ejecutivo ese proyecto, de modo que, con amplia participación, se evalúen los problemas existentes, para que luego se forme una comisión con participación de esta confederación para elaborar soluciones.”

I) Confederación de la Producción y del Comercio.

Se transcribe, en síntesis, documento de la Confederación de la Producción y del Comercio, que señala:

“1. Comentarios a las principales modificaciones propuestas.

a) establecimiento del pago de una patente por la no utilización de las aguas.

Creemos que el establecimiento de una patente por no uso resultaría sumamente perjudicial para el proceso de desarrollo de chile. Los grandes proyectos hidroeléctricos, sanitarios y mineros, que necesitan asegurar con muchos años de anterioridad los derechos de aguas que utilizarán a futuro, incurrirán en un artificial aumento de sus costos, viéndose obligados a traspasar éstos a sus consumidores o usuarios.

b) Facultades de la autoridad para la concesión de nuevos derechos de aprovechamiento.

Estimamos que más que conferir nuevas facultades a la Dirección General de Aguas, debe velarse porque ésta cumpla efectivamente con las funciones que ya tiene, como es el caso de evitar que la coexistencia de derechos consuntivos y no consuntivos de lugar a conflictos.

c) Normas sobre conservación y protección de las aguas y cauces.

Nos parece inconveniente entregar a la DGA facultades en esta materia. En primer lugar, porque ya existen los organismos y la legislación destinadas a la tutela del medio ambiente, que incluye por cierto el ámbito de las aguas y cauces. Entregar facultades análogas a una institución diversa, sólo generará conflictos de competencia y derroche de recursos. En segundo término, porque la Dirección General de Aguas no tiene la idoneidad técnica ni la experiencia como para realizar evaluaciones tan complejas como son las de este tipo.

d) Consideraciones de la interacción de las aguas superficiales y subterráneas en el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento.

Condicionar la concesión de nuevos derechos de aprovechamiento a su factibilidad, comprobada a través de estudios hidrológicos -sumamente complejos, extensos en su duración, de un resultado incierto y de alto costo-, conllevaría, en el mejor de los casos, un retraso en el proceso de constitución de derechos, y su paralización en la peor hipótesis. Desde una perspectiva de análisis costo-beneficio, la introducción de esta nueva limitante a la concesión de derechos de agua, traerá muchos más inconvenientes que ventajas.

e) Extensión de la personalidad jurídica a las comunidades de agua.

Consideramos sumamente positiva esta propuesta, por lo que sugerimos se desglose del resto del proyecto, a fin de que tenga un despacho más expedito.

2. Inconstitucionalidad del proyecto.

Además de todas las objeciones mencionadas, la iniciativa en discusión presenta un defecto aún más grave: es manifiestamente inconstitucional. Atenta principalmente contra las siguientes garantías constitucionales:

- La proporción o justicia tributaria:

Los montos de las patentes contempladas en el proyecto, que tienen sin duda alguna el carácter de tributos, son a todas luces desproporcionados e injustos. Los costos que pueden llegar a significar para ciertas empresas representan un monto excesivamente alto. Más aun, si se considera que las patentes se aplicarán justo en el momento en que el contribuyente no está obteniendo ninguna ventaja económica de su derecho de aprovechamiento.

- El derecho a que no se impongan tributos que impidan el libre ejercicio de los derechos constitucionales:

No hay duda de que el establecimiento de la patente por no uso de las aguas pretende hacer caducar los derechos de agua que no son aprovechados, impidiendo su utilización en lo futuro.

- El derecho a un justo y racional procedimiento:

La facultad del Presidente de la República para decretar que la concesión cuyas patentes se adeuden quede fuera del procedimiento de remate, ordenando la cancelación de la inscripción respectiva; la prohibición del deudor para hacer posturas en la subasta; su obligación de pagar el doble de lo adeudado para recuperar su derecho; la dictación de una resolución que decreta libres las aguas por no haber postores en el remate; y varias otras normas, atentan con notoriedad contra los principios y reglas que inspiran lo que debe ser un justo y racional procedimiento.

- El derecho de propiedad sobre toda clase de bienes.

La Constitución de 1980 dice que: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. El pago de patentes por no uso y las atribuciones excesivas concedidas a la DGA menoscaban las facultades del dominio del titular sobre su derecho de aprovechamiento. En especial, considerando que estas normas se aplicarían no sólo a los derechos por constituirse, sino que también a los ya constituidos.

Otras garantías violentadas por el proyecto son:

- El derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la no discriminación arbitraria en materia económica y la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes.

Además de atentar la iniciativa en comento en contra de las garantías constitucionales antes individualizadas, vulnera uno de los principios fundamentales del Orden Público Económico, cual es la estabilidad jurídica. Ésta, reconocida como indispensable para el desarrollo económico de los países, no sólo es objeto de una amenaza actual e inminente, sino que también de una futura, aunque cierta. Al respecto, dice el mensaje: “... estas modificaciones constituyen un primer paso en la reforma de la legislación de aguas, para abordar en un futuro próximo otras materias sobre las cuales es necesario realizar mayores y mejores estudios y una maduración más profunda de las alternativas de solución posibles”. Cabe preguntarse: primero, por qué no se realizan ahora estos mayores y mejores estudios, así como la maduración más profunda de las diversas alternativas de solución, para no tener que introducir nuevamente cambios legales en el futuro; segundo: cuáles son las materias que serán objeto de tales modificaciones, las que el ejecutivo omite mencionar, y hacia qué objetivos apuntarán las reformas que se insinúan.

3. Conclusiones.

Estimamos que el proyecto de la reforma del Código de Aguas no solucionará los problemas que pretende resolver. Es más, sólo generará mayores inconvenientes, principalmente a causa de otorgar a la DGA un considerable número de facultades arbitrarias y subjetivas.

Consideramos que la solución adecuada está en velar por la efectiva aplicación de la legislación de aguas vigente, en especial el sistema de remates; en reconocer y respetar la propiedad privada de los derechos de aprovechamiento de aguas, y en que la utilización de las aguas a que ellos facultan se destine a las actividades que más la valoren económicamente, para lo cual los demandantes de agua tendrán que pagar un precio a los poseedores de los derechos sobre éstas, en competencia con los otros interesados en ellas.

Bajo este predicamento, debiera ser labor de la DGA posibilitar la mayor transparencia y competitividad del mercado de aguas, para que éste realmente funcione con eficiencia. Para ello, estimamos de conveniencia nacional que la DGA se aboque de lleno a elaborar un catastro de los recursos superficiales y subterráneos de aguas en las diferentes cuencas hidrográficas del país, como información necesaria y pública para el mejor funcionamiento del mercado de las aguas.”

J) Colegio de Ingenieros de Chile A.G.

Se insertan en esta parte las conclusiones del informe ejecutivo del Colegio de Ingenieros sobre las materias principales que contiene del proyecto de ley que modifica el Código de Aguas.

“El proyecto de ley contenido en el mensaje Nº 055-333 del Poder Ejecutivo, en lo principal, aumenta en forma significativa la participación del Estado en la asignación, constitución y control del uso de las aguas terrestres, otorgándole mayores atribuciones cuyo ejercicio puede afectar negativamente las actividades económicas que realizan los privados y que requieren de este recurso natural de uso público.

Las nuevas facultades que se otorgan a la DGA, el establecimiento de un sistema de pago de patente por el no uso de las aguas y la ligazón entre los derechos de aprovechamiento y el uso específico de las aguas parecen atentar a los derechos previstos en la Constitución Política para los titulares de los derechos de aprovechamiento de agua.

Esta situación, unida a la declaración contenida en la fundamentación de este proyecto de ley en cuanto a que constituye un primer paso en la reforma de la legislación de aguas resulta preocupante para los agentes económicos que utilizan las aguas terrestres y por lo tanto afectarían negativamente el desarrollo de estas actividades económicas que requieren de seguridad jurídica sobre sus derechos de aprovechamiento de agua.

En lo particular, nuestra opinión sobre las materias mas relevantes contenidas en el proyecto es la siguiente:

Sobre la cláusula que establece que el derecho de aprovechamiento se otorgará teniendo en consideración la explotación conjunta de los recursos de cada una de las hoyas hidrográficas del país, estimamos que esta idea es impracticable y que la legislación vigente resuelve adecuadamente las situaciones conflictivas que podrían surgir por la explotación conjunta de estos recursos.

La obligación para la autoridad de respetar la permanencia de un caudal ecológico mínimo al otorgar los derechos de aprovechamiento, no parece necesaria ni conveniente, particularmente porque el efecto ambiental lo producen las obras hidráulicas y no el derecho de aprovechamiento en sí y tal efecto debe ser evaluado en concordancia con la legislación ambiental del país por los organismos que corresponde.

Respecto al sistema de pago de una patente por no uso de las aguas, no hemos encontrado razones conceptuales ni prácticas que lo justifiquen. La aplicación de un sistema de patente como el propuesto, afectaría negativamente los proyectos de expansión de las empresas que utilizan el agua como medio de producción.

Creemos que lo adecuado en esta materia, sería establecer un precio del derecho de aprovechamiento de agua que se constituye por primera vez, el que debería ser consecuente con el costo que tiene para el Estado el constituirlo.

En relación con la obligación de justificar la cantidad de agua solicitada en un derecho de aprovechamiento y el uso o destino que se dará a este recurso, creemos que no corresponde a un concepto moderno de la utilización de un recurso escaso con múltiples usuarios, para lo cual se requiere el máximo de movilidad. El progreso tecnológico motiva que algún usuario, al introducir una mejoría en el aprovechamiento del agua, obtenga sobrantes que por los mecanismos del mercado pueden ser destinados a usos más productivos y distintos del original.

La proposición de otorgar nuevas facultades a la DGA en la constitución de los derechos de aprovechamiento de aguas se traduce en proporcionar a dicha institución un poder discrecional que puede producir grandes limitaciones a los privados interesados en desarrollar actividad económica que hacen uso de las aguas.

Por lo expuesto, el Colegio de Ingenieros considera que el contenido general del proyecto en comento resulta inconveniente para el país y recomienda rechazarlo y redefinirlo bajo la perspectiva de respetar en su integridad el derecho de propiedad que establece la Constitución Política chilena sobre los derechos de aprovechamiento de las aguas terrestres y se busque perfeccionar los mecanismos que permitan una operación más eficiente en el manejo de este recurso natural.”

VI. ARTÍCULOS QUE DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

El señor Presidente de la Comisión, con la anuencia de todos los señores Diputados presentes, determinó que los artículos 129 bis 4, 129 bis 5, 129 bis 6, 129 bis 16, 129 bis 17 y 129 bis 18, contenidos en el Título XI, nuevo, deben ser conocido por la Comisión de Hacienda.

VII. APROBACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO.

Durante el debate habido en el seno de vuestra Comisión, sus integrantes consideraron de suyo importante abordar las modificaciones de la legislación sobre aguas, compartiendo la idea de legislar sobre la materia. Sin embargo, por haberse sustituido íntegramente el texto del primitivo proyecto, la Comisión acordó votarlo nuevamente en general y remitir su texto a la Ecxma. Corte Suprema, para los efectos constitucionales y reglamentarios pertinentes. Para ello, se tuvieron en consideración algunas modificaciones en las ideas matrices del mismo.

Sometida a votación general la indicación sustitutiva, resultó aprobada por 7 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.

Constancia.

Se hace constar, expresamente, que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento, se introdujeron en el proyecto de ley algunas correcciones formales, que no es del caso detallar.

VIII. SÍNTESIS DE LAS OPINIONES DE LOS DIPUTADOS CUYO VOTO HUBIERE SIDO DISIDENTE DEL ACUERDO ADOPTADO EN LA VOTACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO.

No hubo opinión disidente manifiesta.

IX. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN.

A) Indicaciones declaradas inadmisibles.

En uso de sus atribuciones reglamentarias, el señor Presidente de la Comisión declaró inadmisibles las siguientes indicaciones:

1. Del Diputado señor Letelier, don Juan Pablo, para eliminar, en el inciso primero del artículo 6º del Código de Aguas, la palabra “real” después de la palabra “derecho”, y para eliminar el inciso segundo.

2. De los Diputados señores Acuña, Álvarez-Salamanca, Arancibia, Elgueta, Gajardo, Gutiérrez, Jara, Sabag y Silva, para reemplazar, en el inciso primero del artículo 129 bis 4 del proyecto, la frase “a beneficio fiscal” que figura a continuación de la palabra “patente”, por “a beneficio del gobierno regional que corresponda”.

3. De los mismos señores Diputados, para introducir el siguiente artículo 129 bis 8, pasando el actual Nº 8 a ser 9, y correlativamente numerar los siguientes, con el siguiente texto:

“El producto de las patentes que se paguen en conformidad a las disposiciones anteriores se incorporará al Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Región donde queda situada la captación de las aguas.

Si esta comprendiere más de una Región, los ingresos se distribuirán entre ellas por partes iguales.

El Servicio de Tesorerías pondrá a disposición de los Gobiernos Regionales los recursos a que se refiere esta disposición dentro del mes subsiguiente al de su recaudación.”

B) Indicaciones rechazadas.

- Del Diputado señor Jara, para eliminar, en el Nº 4 ,la frase: “o la renuncia de un derecho de aprovechamiento”, y para agregar un número 8 nuevo:

“Nº 8.- La resolución de la Dirección General de Aguas que declare extinguido el derecho de aprovechamiento”.

- Sometida a votación, resultó rechazada por mayoría de votos.

X. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR DEL PROYECTO.

A continuación, vuestra Comisión Especial Legislativa encargada del estudio del régimen jurídico de las aguas pasó a estudiar las indicaciones presentadas tendientes a mejorar y complementar esta iniciativa, en consideración a los antecedentes tenidos a la vista durante su discusión en general y a votar cada uno de sus artículos en la forma que se señala.

“Artículo primero.- Modifícase el Código de Aguas en la siguiente forma:

1.- Incorpórase, en el artículo 6º, el siguiente inciso final, nuevo:

“El titular podrá renunciar total o parcialmente a su derecho de aprovechamiento mediante declaración que se presentará ante la Dirección General de Aguas, la cual, si fuere procedente, aceptará la renuncia, declarará extinguido el derecho y requerirá del Conservador de Bienes Raíces respectivo las cancelaciones que correspondan.”

Indicación.

- De los Diputados señores Jara, Arancibia, Álvarez-Salamanca; Letelier, don Juan Pablo; Latorre, Sabag; García, don René; Leay y Acuña, para sustituir la primera parte de la disposición del proyecto por la siguiente:

“Si el titular renunciare total o parcialmente a su derecho de aprovechamiento, deberá hacerlo mediante...”

- Sometida a votación esta indicación, resultó aprobada por unanimidad. Se aprobó, en la misma forma, el número 1 propuesto por el Ejecutivo, conjuntamente con la indicación de los señores Diputados.

2.- Reemplázase el artículo 22.

- Sometido a votación, resultó aprobado por mayoría de votos.

El Diputado señor García, don René, dejó constancia de que su abstención obedecía a que la expresión “cuenca u hoya hidrográfica” otorga una atribución demasiado amplia a la DGA.

3.- Modifícase el artículo 114 de la siguiente forma:

a) Reemplázase su número 4 por el siguiente:

“4. Las escrituras públicas que contengan el acto formal del otorgamiento definitivo o la renuncia de un derecho de aprovechamiento”, y

b) Reemplázase su número 7 por el siguiente:

“7. Las resoluciones judiciales ejecutoriadas que reconozcan la existencia o declaren la extinción total o parcial de un derecho de aprovechamiento.”

Indicación.

- Del Diputado señor Álvarez-Salamanca, para reemplazar, en la letra a), el Nº 4, por el siguiente: “Las escrituras públicas que contengan el acto formal del otorgamiento definitivo, así como la resolución en que conste la renuncia de un derecho de aprovechamiento;”.

- Esta indicación fue aprobada por mayoría de votos. La modificación del Ejecutivo con la indicación incorporada, se aprobó por asentimiento unánime.

4.- Intercálase un artículo 115 bis, nuevo, a continuación de artículo 115:

- Sometido a votación, resultó aprobado por mayoría de votos.

5.- Agréganse incisos tercero y cuarto, nuevos, al artículo 122.

- Sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad.

6.- Reemplázase el artículo 129.

- Sometido a votación, fue aprobado por mayoría de votos.

7.- Intercálanse los Títulos X y XI, nuevos, en el Libro I, a continuación del artículo 129:

“Título X.

De la protección de las aguas y cauces.

Artículo 129 bis.

- Sometido a votación el artículo, resultó aprobado por mayoría de votos.

Artículo 129 bis 1.- La autoridad, al otorgar los derechos de aprovechamiento, deberá respetar la permanencia de un caudal ecológico mínimo en toda la fuente natural, que garantice la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente. En especial, deberá velar por la conservación del ecosistema y de los usos recreacionales y escénicos existentes en la respectiva fuente.”

- En votación dividida, la primera frase del artículo, hasta el punto seguido, resultó aprobada por mayoría de votos.

Indicación.

Del Diputado señor Álvarez-Salamanca para eliminar, en el artículo 129 bis 1, después del punto seguido (.), la oración: “En especial, deberá velar por la conservación del ecosistema y de los usos recreacionales y escénicos existentes en la respectiva fuente.”

- Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por mayoría de votos.

Artículo 129 bis 2.

- Sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad.

Artículo 129 bis 3.

- Sometido a votación, fue aprobado por asentimiento unánime.

Título XI.

Del pago de una patente por la no utilización de las aguas.

Artículos 129 bis 4, 129 bis 5, 129 bis 6, 129 bis 7, 129 bis 8, 129 bis 9, 129 bis 10, 129 bis 11, 129 bis 12, 129 bis 13, 129 bis 14, 129 bis 15, 129 bis 16, 129 bis 17 y 129 bis 18.

- Sometidos a votación en forma sucesiva, fueron aprobados por mayoría de votos.

8.- Reemplázase el artículo 140.

- Sometido a votación, resultó aprobado por mayoría de votos.

9.- Elimínase el inciso final del artículo 141.

- Sometido a votación, fue aprobado por mayoría de votos.

10.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 142, la expresión “inciso 3º del artículo anterior” por “inciso final del artículo anterior”.

- Sometido a votación, resultó aprobado por mayoría de votos.

11.- Intercálase artículo 147 bis, nuevo, a continuación del artículo 147.

- Sometido a votación, se aprobó por mayoría de votos.

12.- Reemplázase, en el artículo 148, la frase “inciso tercero del artículo 141” por “inciso final del artículo 141”.

- Sometido a votación, resultó aprobado por mayoría de votos.

13.- Reemplázase el artículo 149.

- Sometido a votación, se aprobó por mayoría de votos.

14.- Reemplázase en el artículo 186, la expresión “canal matriz” por “caudal matriz”.

- Fue aprobado por mayoría de votos.

15.- Agrégase, al artículo 196, un inciso final, nuevo.

- Sometido a votación, resultó aprobado por mayoría de votos.

16.- Reemplázase la letra c) del artículo 299.

- Sometido a votación, fue aprobado por mayoría de votos.

17. Reemplázase el artículo primero transitorio.

- Sometido a votación, se aprobó por mayoría de votos.

18.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 13 transitorio, la frase “artículo 12 del presente Código” por “artículo 112 del presente Código”.

- Sometido a votación, resultó aprobado por mayoría de votos.

Artículo segundo.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, fije el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código de Aguas.

- Sometido a votación, se aprobó por mayoría de votos.

Disposiciones transitorias

Artículos 1º, 2º, 3º y 4º transitorios.

- Sometidos a votación en forma sucesiva, resultaron aprobados por mayoría de votos.

XI. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISIÓN.

En mérito de las consideraciones anteriormente señaladas y de las que, en su oportunidad, os dará a conocer el señor Diputado Informante, vuestra Comisión Especial Legislativa encargada del estudio del régimen jurídico de las aguas os recomienda prestar vuestra aprobación al siguiente.

PROYECTO DE LEY.

“Artículo primero.- Modifícase el Código de Aguas en la siguiente forma:

1.- Incorpórase, en el artículo 6º, el siguiente inciso final, nuevo:

“Si el titular renunciare total o parcialmente a su derecho de aprovechamiento, deberá hacerlo mediante declaración que se presentará ante la Dirección General de Aguas, la cual, si fuere procedente, aceptará la renuncia, declarará extinguido el derecho y requerirá del Conservador de Bienes Raíces respectivo las cancelaciones que correspondan.”

2.- Reemplázase el artículo 22 por el siguiente:

“Artículo 22.- La autoridad constituirá el derecho de aprovechamiento sobre aguas existentes en fuentes naturales y en embalses construidos por el Estado, no pudiendo perjudicar ni menoscabar derechos de terceros.

El derecho de aprovechamiento se otorgará teniendo en consideración la explotación conjunta de los recursos superficiales y subterráneos de una misma cuenca u hoya hidrográfica y no podrá afectar los derechos constituidos o reconocidos con anterioridad sobre dichos recursos.”

3.- Modifícase el artículo 114 de la siguiente forma:

a) Reemplázase su número 4 por el siguiente:

“4. Las escrituras públicas que contengan el acto formal del otorgamiento definitivo, así como la resolución en que conste la renuncia de un derecho de aprovechamiento;”, y

b) Reemplázase su número 7 por el siguiente:

“7. Las resoluciones judiciales ejecutoriadas que reconozcan la existencia o declaren la extinción total o parcial de un derecho de aprovechamiento.”

4.- Intercálase el siguiente artículo 115 bis, nuevo, a continuación de artículo 115:

“Artículo 115 bis.- Deberán inscribirse en los Registros de Hipotecas y Gravámenes relativos a las aguas las condiciones, prohibiciones y limitaciones que afecten a los derechos de aprovechamiento.”

5.- Agréganse al artículo 122 los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Para los efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes, los Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar copia autorizada a la Dirección General de Aguas, por carta certificada, de todas las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que practiquen en el Registro de Aguas dentro del plazo de treinta días, contado desde la respectiva inscripción, subinscripción o anotación.

Los Conservadores que no cumplan con las obligaciones establecidas en este artículo serán sancionados con las penas previstas en el artículo 440 del Código Orgánico de Tribunales.”

6.- Reemplázase el artículo 129 por el siguiente:

“Artículo 129.- El dominio sobre los derechos de aprovechamiento se extingue por las causas y en las formas establecidas en este Código y en el derecho común.”

7.- Intercálanse los siguientes Títulos X y XI, nuevos, en el Libro I, a continuación del artículo 129:

“Título X.

De la protección de las aguas y cauces.

Artículo 129 bis.- Las aguas provenientes de obras de recuperación de terrenos húmedos o pantanosos deberán ser restituidas al cauce receptor natural de las mismas, si de la ejecución de dichas obras resultare perjuicio a terceros.

Artículo 129 bis 1.- La autoridad, al otorgar los derechos de aprovechamiento, deberá respetar la permanencia de un caudal ecológico mínimo en toda la fuente natural, que garantice la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente.

Artículo 129 bis 2.- La Dirección General de Aguas podrá ordenar la inmediata paralización de las obras o labores que se ejecuten en los cauces naturales de aguas corrientes o detenidas que no cuenten con la autorización competente, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código.

Artículo 129 bis 3.- La Dirección General de Aguas podrá establecer una red de estaciones de control de calidad de las aguas tanto superficiales como subterráneas. La información que se obtenga deberá ser publicada y proporcionada a quien lo solicite.

Título XI.

Del pago de una patente por la no utilización de las aguas.

Artículo 129 bis 4.- Los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente a beneficio fiscal. La patente se regirá por las siguientes reglas:

a) En los primeros cinco años, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente será equivalente, en unidades tributarias mensuales, al valor que resulte de la siguiente operación aritmética:

Valor anual de la patente en UTM=0,33 x Q x H.

El factor Q corresponderá al caudal no utilizado expresado en metros cúbicos por segundo, y el factor H, al desnivel entre los puntos de captación y de restitución expresado en metros.

Si la captación de las aguas se hubiere solicitado realizar a través de un embalse, el valor del factor H corresponderá, en todo caso, al desnivel entre la altura máxima de inundación y el punto de restitución expresado en metros.

En todos aquellos casos en que el desnivel entre los puntos de captación y restitución resulte inferior a 10 metros, el valor del factor H, para los efectos de esa operación, será igual a 10.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 5; y, desde los años undécimo y siguientes al de su constitución o reconocimiento, por el factor 25.

c) Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes por unidad de tiempo sean inferiores a 100 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 500 litros por segundo en el resto de las Regiones.

Artículo 129 bis 5.- Los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente a beneficio fiscal. La patente a que se refiere el inciso anterior se regirá por las siguientes normas:

a) En los primeros cinco años, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley, los derechos de ejercicio permanente, cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, pagarán una patente anual cuyo monto será equivalente a 1,6 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo.

Respecto de los derechos de aprovechamiento cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones VI a IX, ambas inclusive, la patente será equivalente a 0,2 unidades tributarias mensuales por cada litro por segundo y, para las situadas en las Regiones X, XI y XII, ascenderá a 0,1 unidades tributarias mensuales por cada litro por segundo.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 2; y, desde los años undécimo y siguientes, al de su constitución o reconocimiento, por el factor 4.

c) Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes por unidad de tiempo sean inferiores a 10 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 50 litros por segundo en el resto de las Regiones.

Artículo 129 bis 6.- Los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual pagarán, en su caso, un tercio de valor de la patente asignada a los derechos de ejercicio permanente.

Artículo 129 bis 7.- El pago de la patente se efectuará dentro del mes de marzo de cada año, en cualquier banco o institución autorizados para recaudar tributos. La Dirección General de Aguas publicará la resolución que contenga el listado de los derechos sujetos a esta obligación, en las proporciones que correspondan. Esta publicación se efectuará el 15 de enero de cada año o el primer día hábil inmediato si aquél fuere feriado, en el Diario Oficial y en forma destacada en un diario o periódico de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la Región correspondiente.

Esta publicación se considerará como notificación suficiente para los efectos de lo dispuesto en el artículo 129 bis 10.

Artículo 129 bis 8.- Corresponderá al Director General de Aguas determinar los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no hayan sido utilizadas total o parcialmente.

Artículo 129 bis 9.- Se presumirá que las aguas no han sido utilizadas total o parcialmente, en los siguientes casos:

a) Si no existen las obras de aprovechamiento necesarias para el ejercicio del derecho o éstas estuvieren manifiestamente abandonadas;

b) Si la capacidad de las obras de captación o conducción fueren insuficientes para captar o conducir el total de las aguas sobre las que recae el derecho de aprovechamiento;

c) Si no existieren los cultivos, industrias, instalaciones o establecimientos en que pudiere utilizarse el recurso, y

d) En general, en todos aquellos casos en que el no aprovechamiento de las aguas resulte acreditado mediante los informes técnicos pertinentes.

Artículo 129 bis 10.- Serán aplicables a las resoluciones de la Dirección General de Aguas los recursos contemplados en los artículos 136 y 137 de este Código.

Artículo 129 bis 11.- Si el titular del derecho de aprovechamiento no paga la patente dentro del plazo indicado en el artículo 129 bis 7, se iniciará un procedimiento judicial de remate de ese derecho, en la proporción que corresponda.

No obstante, el Presidente de la República, a petición o con informe fundado de la Dirección General de Aguas, podrá, en circunstancias excepcionales en que esté comprometido el adecuado desarrollo de la cuenca, decretar que el derecho de aprovechamiento no sea objeto del procedimiento señalado en el inciso anterior y declarar la extinción, ordenando la cancelación de la inscripción respectiva, en la proporción que corresponda.

El decreto del Presidente de la República que declare la extinción del derecho se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, los días primero o quince de cada mes, o el primer día hábil inmediato si aquéllos fueren feriados. El afectado podrá reclamar de la dictación de dicho decreto ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de su publicación.

Artículo 129 bis 12.- Antes del 1 de junio de cada año, el Tesorero General de la República enviará a los juzgados competentes la nómina de los derechos de aprovechamiento cuya patente no haya sido pagada, especificando a su titular y el monto de lo adeudado. La Dirección General de Aguas estará obligada a velar por el cumplimiento de esta disposición y deberá prestar su colaboración a la Tesorería General de la República.

Será juez competente para conocer del procedimiento de remate el de la comuna donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento.

Artículo 129 bis 13.- El juez dictará una resolución en que señalará día y hora para el remate, la que se publicará junto a la nómina de derechos a subastar por una sola vez en el Diario Oficial los días primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediato si aquéllos fueren feriados, y en forma destacada en un diario o periódico de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la Región correspondiente. La Tesorería General de la República cubrirá estos gastos. El remate no podrá efectuarse antes de los treinta días siguientes a la fecha del último aviso.

Los errores u omisiones en que haya incurrido la Tesorería podrán ser rectificados antes del remate, a solicitud de cualquier persona que tenga interés en ello o de la Dirección General de Aguas. El juez procederá con conocimiento de causa. Las rectificaciones se publicarán en igual forma que las publicaciones originales, y el remate se postergará para una fecha posterior en treinta días, a lo menos, a la última publicación.

El secretario del tribunal pondrá testimonio en los autos de haberse publicado los avisos en la forma y con la anticipación señalada.

El mínimo de la subasta será el valor de las patentes adeudadas y el titular del derecho no será admitido a hacer posturas. Podrá, sin embargo, liberar su derecho pagando el doble del valor adeudado.

Además de pagar el valor de la subasta, el rematante deberá pagar las costas del remate, las que deberán ser tasadas por el secretario del tribunal.

Si el adjudicatario no enterare el precio de la subasta dentro del plazo de quince días, contado desde la fecha del remate, la adjudicación quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley, el juez hará efectiva la garantía a beneficio fiscal y ordenará que los derechos de aprovechamiento sean nuevamente sacados a remate.

Artículo 129 bis 14.- Los demás procedimientos relativos al remate, al acta correspondiente, a la escritura de adjudicación y a su inscripción, se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a la subasta de bienes inmuebles embargados.

Artículo 129 bis 15.- Si no hay postor por algún derecho de aprovechamiento, el juez declarará libres las aguas y ordenará cancelar las correspondientes inscripciones en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Dicha resolución se notificará por el estado diario.

Artículo 129 bis 16.- Una cantidad igual al 75% del producto neto de la patente por no utilización de los derechos de aprovechamiento y de lo recaudado en los remates de estos últimos será distribuida, a contar del ejercicio presupuestario correspondiente al cuarto año posterior al de publicación de esta ley, entre las Regiones y comunas del país en la forma que a continuación se indica:

a) El 65% de dichos producto neto y recaudación por remates se incorporará a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que anualmente le corresponda, en el Presupuesto nacional, a la Región donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento.

b) El 10% restante se distribuirá entre las municipalidades de las comunas donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento.

La proporción de la cantidad señalada en la letra a) anterior, que corresponda a cada Región, se determinará como el cuociente entre el monto recaudado por patentes y remates correspondiente a la Región en donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento y el monto total recaudado por estos conceptos en todas las Regiones del país. Igual criterio se aplicará tratándose de las municipalidades a que se refiere la letra b). En este último caso, si un derecho de aprovechamiento se encuentra situado en el territorio de dos o más comunas, la Dirección General de Aguas determinará la proporción que le corresponderá a cada una de ellas, dividiendo el monto correspondiente a prorrata de la superficie de cada comuna comprendida en la extensión territorial del derecho de aprovechamiento.

La ley de Presupuestos incluirá, en los presupuestos de los Gobiernos Regionales y municipalidades que correspondan, las cantidades que resulten de la aplicación de los incisos anteriores.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por producto neto las cantidades que resulten de restar a la recaudación bruta, obtenida de la aplicación de las patentes que establecen los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5, las sumas imputadas al pago de impuestos fiscales en la forma dispuesta en el artículo 129 bis 17, ambos valores correspondientes al período de doce meses, contado hacia atrás desde el mes de junio del año anterior al de vigencia de la ley de Presupuestos que incluya la distribución que proceda de acuerdo a esta disposición.

Artículo 129 bis 17.- El valor de las patentes no se considerará como gasto para efectos de la primera categoría de la ley sobre Impuesto a la Renta, no siéndole aplicable lo dispuesto en el artículo 21 de dicha ley.

Sin embargo, las cantidades pagadas por concepto de patentes por los titulares de derechos de aprovechamiento durante los años anteriores a aquél en que se inicie la utilización de las aguas, podrán imputarse a cualquier clase de impuesto fiscal de declaración y pago mensual, en la forma que determine el Ministerio de Hacienda mediante decreto. Para estos efectos, dichas cantidades serán reajustadas de acuerdo a la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior a la fecha de ingreso del pago en arcas fiscales y el último día del mes anterior a la fecha de la imputación.

Artículo 129 bis 18.- Respecto a los derechos no consuntivos, se determinará el número de años en que puede efectuarse la imputación referida en el artículo anterior, mediante la siguiente tabla, cuyos tramos se determinan multiplicando el valor del caudal no utilizado, expresado en metros cúbicos por segundo, por el valor de la diferencia de nivel entre los puntos de captación y de restitución expresado en metros:

a) Tres años, si el producto de la multiplicación de dichos factores es inferior a diez mil;

b) Cuatro años, si el producto de la multiplicación resulta entre diez mil y treinta mil, ambas cifras inclusive, y

c) Cinco años, si el producto de la multiplicación resulta en un valor superior a treinta mil.

Respecto a los derechos consuntivos, se considerarán tres años.”

8.- Reemplázase el artículo 140 por el siguiente:

“Artículo 140.- La solicitud para adquirir el derecho de aprovechamiento deberá contener:

1. El nombre del álveo de las aguas que se necesitan aprovechar, su naturaleza, esto es, si son superficiales o subterráneas, corrientes o detenidas, y la provincia en que están ubicadas o que recorren.

En caso de aguas subterráneas, se individualizará la comuna en que se ubicará la captación y el área de protección que se solicita;

2. La cantidad de agua que se necesite extraer, expresada en medidas métricas y de tiempo;

3. El o los puntos donde se desea captar el agua.

En el caso en que la captación se efectúe mediante un embalse o barrera ubicados en el álveo, se entenderá por punto de captación aquel que corresponda a la intersección del nivel de aguas máximas de dicha obra con la corriente natural;

4. Si el derecho es consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado con otras personas.

Las solicitudes para usos no consuntivos indicarán, además, el punto de restitución de las aguas y la distancia y desnivel entre la captación y la restitución, y

5. La solicitud deberá ser acompañada de una memoria explicativa en la cual se justifique la cantidad de agua que se necesita extraer, según el uso o destino que se dará a ella; y de los demás antecedentes que exija la naturaleza del derecho que se solicita, siempre que ellos estén relacionados con los anteriores.”

9.- Elimínase el inciso final del artículo 141.

10.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 142, la expresión “inciso 3º del artículo anterior” por “inciso final del artículo anterior”.

11.- Intercálase el siguiente artículo 147 bis, nuevo, a continuación del artículo 147:

“Artículo 147 bis.- El derecho de aprovechamiento de aguas se constituirá mediante resolución de la Dirección General de Aguas.

El Director General de Aguas podrá, mediante resolución fundada, denegar o limitar las solicitudes de derechos de aprovechamiento, en los siguientes casos:

1. Si no se diere cumplimiento a los requisitos legales o reglamentarios;

2. Si no existiere disponibilidad del recurso;

3. Si no se hubiere justificado la cantidad de agua que se necesita extraer, atendidos los fines invocados por el peticionario;

4. Si se comprometiere gravemente el manejo y desarrollo del recurso de la respectiva cuenca u hoya hidrográfica, y

5. En general, en todos aquellos casos en que por razones de utilidad pública fuere necesario destinar el recurso a fines distintos del solicitado.

Asimismo, el Director General de Aguas podrá, en circunstancias excepcionales y en virtud de condicionantes hidrológicas, constituir el derecho de aprovechamiento de aguas en modalidades distintas de como fue solicitado, y siempre que conste el consentimiento del interesado.”

12.- Reemplázase, en el artículo 148, la frase “inciso tercero del artículo 141” por “inciso final del artículo 141”.

13.- Reemplázase el artículo 149 por el siguiente:

“Artículo 149.- La resolución en cuya virtud se constituye el derecho contendrá:

1. El nombre del adquirente;

2. El nombre del álveo o individualización de la comuna en que se encuentre la captación de las aguas subterráneas que se desea aprovechar y el área de protección;

3. La cantidad de agua que se autoriza extraer, expresada en la forma prevista en el artículo 7º de este Código;

4. El uso o destino que se dará al agua;

5. El o los puntos precisos donde se captará el agua;

6. El desnivel y puntos de restitución de las aguas si se trata de usos no consuntivos, y

7. Si el derecho es consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado con otras personas.

El Director General de Aguas estará facultado para establecer, en el acto de constitución, especificaciones técnicas, condiciones, plazos, prohibiciones u otras modalidades y limitaciones que afecten el derecho.”

14.- Reemplázase, en el artículo 186, la expresión “canal matriz” por “caudal matriz”.

15.- Agrégase al artículo 196 el siguiente inciso final, nuevo:

“Las comunidades de aguas que hayan cumplido con este requisito gozarán de personalidad jurídica y les serán aplicables las disposiciones del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, con excepción de los artículos 560, 562, 563 y 564.”

16.- Reemplázase la letra c) del artículo 299 por la siguiente:

“c) Ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público e impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización previa del servicio o autoridad a quien corresponda aprobar su construcción o autorizar su demolición o modificación; impedirá también que se extraigan aguas de los mismos cauces sin título o en mayor cantidad de lo que corresponda. Para estos efectos, podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código.”

17. Reemplázase el texto del artículo 1º transitorio por el siguiente:

“Artículo 1º.- Los derechos de aprovechamiento inscritos en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente y que en posteriores transferencias o transmisiones no lo hubieren sido, podrán regularizarse mediante la inscripción de los títulos correspondientes desde su actual dueño hasta llegar a la inscripción de la cual proceden.

Si el Conservador rehusare practicar la inscripción solicitada, el interesado ocurrirá al juez de letras competente, quien deberá solicitar informe de la Dirección General de Aguas y, en todo caso, tener a la vista los siguientes documentos: copia autorizada de la inscripción de dominio del inmueble a nombre del interesado, en el cual se aprovechen las aguas, con certificado de vigencia de no más de treinta días de expedido; certificados emanados de la respectiva organización de usuarios en que conste la calidad de miembro activo de ella, y otros documentos que acrediten el uso efectivo del agua. La solicitud respectiva deberá publicarse en la forma y términos previstos en el artículo 131 de este Código y los terceros que se sientan afectados en sus derechos podrán oponerse a dicha presentación dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de la última publicación.”

18.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 13 transitorio, la frase “artículo 12 del presente Código” por “artículo 112 del presente Código”.

Artículo segundo.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, fije el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código de Aguas.

Disposiciones transitorias.

Artículo 1º transitorio.- Los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente, que se regirá por las reglas establecidas en el artículo 129 bis 4 del Código de Aguas.

Artículo 2º transitorio.- Los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente que se regirá por las normas establecidas por el artículo 129 bis 5 del Código de Aguas.

Artículo 3º transitorio.- Los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente, que se regirá por la norma establecida en el artículo 129 bis 6 del Código de Aguas.

Artículo 4º transitorio.- Las solicitudes de derecho de aprovechamiento que se encuentren pendientes deberán ajustarse a las disposiciones de esta ley, para lo cual el Director General de Aguas requerirá de los peticionarios los antecedentes e informaciones que fueren necesarios para dicho fin.”

Se designó Diputado Informante al señor OCTAVIO JARA WOLFF.

SALA DE LA COMISIÓN, a 18 de marzo de 1997.

Acordado en sesiones de fecha 30 de julio; 6, 13 y 27 de agosto; 3 y 10 de septiembre; 1 y 29 de octubre; 5 de noviembre y 17 de diciembre de 1996; y 4, 11 y 18 de marzo de 1997, con la asistencia de los Diputados señores Acuña (Presidente), Álvarez-Salamanca, Arancibia, Coloma; García, don René; Girardi, Jara; Letelier, don Juan Pablo; Munizaga; Pérez, don Víctor; Pizarro, Sabag y Silva.

Asistieron, además, los Diputados no miembros de la Comisión señores Gajardo, Hamuy y Martínez, don Rosauro.

Por la vía del reemplazo, asistieron los Diputados señores Hernández, Latorre, Leay; Letelier, don Felipe; Pollarolo y Vega.

MIGUEL CASTILLO JEREZ,

Secretario de la Comisión.

ÍNDICE

I. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Y LABOR REALIZADA… 2

II. IDEAS MATRICES… 3

A) ESTABLECIMIENTO DEL PAGO DE UNA PATENTE POR EL NO USO DE LAS AGUAS… 5

B) FACULTADES DE LA AUTORIDAD PARA LA CONCESIÓN DE NUEVOS DERECHOS DE APROVECHAMIENTO… 6

C) NORMAS SOBRE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y CAUCES… 6

D) CONSIDERACIÓN DE LA INTERACCIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS EN EL OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO… 6

E) NORMAS QUE PERFECCIONAN EL PROCEDIMIENTO DE REGULACIÓN CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 1º TRANSITORIO DEL CÓDIGO DE AGUAS Y QUE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES A QUE ESTARÁN AFECTOS LOS CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES DEL PAÍS, EN RELACIÓN CON EL CATASTRO PÚBLICO DE AGUAS… 6

F) EXTENSIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS COMUNIDADES DE AGUAS… 7

III. ANTECEDENTES GENERALES… 12

A) ANTECEDENTES HISTÓRICOS… 12

B) DECRETO N° 1.302, DE 1990. EDICIÓN OFICIAL DEL CÓDIGO DE AGUAS… 16

C) CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS… 17

D) NATURALEZA JURÍDICA DE LAS AGUAS… 18

E) CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS… 19

F) DERECHOS CONSUNTIVOS Y NO CONSUNTIVOS… 20

G) SITUACIÓN EN EL ACTUAL CÓDIGO DE AGUAS… 21

H) ADMINISTRACIÓN DE LAS AGUAS… 22

IV. MENCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO-CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO… 23

V. PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN… 23

A) MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS… 23

B) DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS… 27

C) ENDESA… 45

D) CONFEDERACIÓN NACIONAL DE CANALISTAS DE CHILE… 50

E) COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA… 53

F) COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE… 65

G) SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL… 68

H) CONFEDERACIÓN DE CANALISTAS DE CHILE… 72

I) CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO… 74

J) COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G… 77

VI. ARTÍCULOS QUE DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA… 78

VII. APROBACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO… 79

VIII. SÍNTESIS DE LAS OPINIONES DE LOS DIPUTADOS CUYO VOTO HUBIERE SIDO DISIDENTE DEL ACUERDO ADOPTADO EN LA VOTACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO… 79

IX. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN… 79

A) INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES… 79

B) INDICACIONES RECHAZADAS… 80

X. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR DEL PROYECTO… 80

XI. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISIÓN… 85

ÍNDICE… 99

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA? recaído en el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas.

(boletín Nº 876-09)

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Hacienda pasa a informaros el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, calificada de “simple” urgencia para su tramitación legislativa.

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Humberto Peña, Director General de Aguas; Pablo Jaeger, Jefe del Departamento de Aguas de la Dirección de Aguas; Jorge Morales, Abogado de la Subsecretaría de Obras Públicas, y Claudio Juárez, Asesor del Ministerio de Hacienda.

El propósito de la iniciativa, según el Mensaje, consiste en establecer una política nacional de aguas, fundada en la equidad y la eficiencia, que haga más razonable la concesión de los derechos de aprovechamiento de aguas.

En la indicación sustitutiva del proyecto primitivo del Ejecutivo sobre esta materia, de fecha 4 de julio de 1996, se regulan los siguientes aspectos: a) el establecimiento del pago de una patente por el no uso de las aguas; b) las facultades de la autoridad para la concesión de nuevos derechos de aprovechamiento; c) las normas sobre conservación y protección de las aguas y cauces; d) la inscripción de los derechos de aprovechamiento de aguas y el Catastro Público de Aguas, y e) la personalidad jurídica de las Comunidades de Aguas.

En relación con el análisis de la iniciativa, se sostuvo en la Comisión por los representantes del Ejecutivo que en la actualidad la constitución de los derechos de aprovechamiento de aguas se hace en forma absolutamente gratuita sin costo para el interesado, sobre la base de una simple presentación en tal sentido, sin necesidad de especificar el destino que tendrán las aguas solicitadas ni de entregar justificación alguna. Se afirmó por dichos personeros que esta situación debía ser corregida, ya que constituye un incentivo a la especulación con un bien nacional de uso público, puesto que cualquier persona puede adquirir el referido recurso, de un alto valor económico, sin contraer obligaciones correlativas. Aún más, según se señaló, puede limitarse el acceso de otros posibles interesados a la utilización del recurso, impidiéndose el desarrollo de regiones y desaprovechándose potenciales usos del recurso en manos de terceros.

En vista de lo anterior, el Ejecutivo habría optado por establecer el pago de una patente por los derechos de aguas constituidos, que no estuvieren siendo utilizados, como por los derechos nuevos constituidos en un futuro que no se utilicen, consignando en el proyecto un mecanismo distinto según sea el uso de las aguas de carácter consuntivo o no consuntivo.

Se planteó que el sistema que se propone es progresivo en el tiempo, de modo que el usuario tenga la posibilidad de desarrollar estudios e implementar los trabajos necesarios sin que deba distraer recursos importantes en el pago de una patente en esta etapa. Sin embargo, se explicó que después de un período de 10 años se llegaría a un nivel de la patente que sería suficiente para desincentivar cualquier acción que pudiera impedir el uso de los recursos por terceros.

No obstante lo anterior, en el proyecto en informe se contempla un procedimiento que permite la devolución de lo pagado por concepto de patente, una vez que se inicia el aprovechamiento de las aguas.

Los derechos de aprovechamiento de aguas eventuales también estarían afectos a una patente, equivalente a un tercio de la que se pagaría por los derechos de ejercicio permanente.

El debate de la Comisión tuvo presente también las limitaciones normativas de la Dirección General de Aguas para proteger el bien común y evitar que el recurso “agua” se constituya en causa de conflicto para el desarrollo equilibrado de los recursos hídricos en el país.

A propósito de consultas formuladas por los señores Diputados de la Comisión respecto a los eventuales ingresos fiscales derivados de la aplicación del proyecto, por concepto de patente por el no uso de los derechos de aprovechamiento de aguas, la Dirección de Aguas remitió a esta Comisión un análisis de los flujos monetarios originados en el cobro de patente por derechos de aprovechamiento de aguas no utilizados, elaborado por el Departamento de Estudios y Planificación de los Recursos Hídricos en el mes de abril de 1997, que se adjunta como Anexo al presente informe.

También fue objeto de debate en la Comisión la posible inconstitucionalidad que emanaría del mecanismo propuesto para el pago de patente por el no uso del recurso, entregándose diversos fundamentos a favor y en contra de tales opiniones.

Se argumentó en base al derecho comparado que las legislaciones más modernas sobre las aguas de países importantes como Estados Unidos, Alemania, España, etcétera, parten del supuesto del uso efectivo y beneficioso de ellas, por cuanto siendo el agua un recurso escaso, no habría razón alguna para permitir que un particular adquiera derechos de agua gratuitamente del Estado y no las use.

La Comisión Especial encargada del estudio del régimen jurídico de las aguas dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos 129 bis 4, 129 bis 5, 129 bis 6, 129 bis 16, 129 bis 17 y 129 bis 18 del Título XI, nuevo, incorporados por el número 7 del artículo 1º del proyecto. La Comisión de Hacienda acordó incorporar a su estudio los artículos 1º, 2º y 3º transitorios, en conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del Nº 2 del artículo 220 del Reglamento de la Corporación.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:

En el artículo 129 bis 4, se establece una patente a beneficio fiscal por los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales. Para los primeros 5 años se fija una patente en unidades tributarias mensuales sobre la base del caudal no utilizado y el desnivel entre los puntos de captación y de restitución. Para los años sexto a décimo inclusive, la patente inicial se multiplicará por el factor 5, y desde los años undécimo y siguientes, por el factor 25. Se declara exentos del pago los derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes sean inferiores a 100 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 500 litros por segundo en el resto de las Regiones.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por 6 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención.

En el artículo 129 bis 5, se establece una patente a beneficio fiscal por los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente no utilizados, total o parcialmente, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales. En los primeros cinco años, aquéllos que correspondan a las cuencas hidrográficas situadas en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, pagarán una patente anual equivalente a 1,6 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo. De las Regiones VI a IX, ambas inclusive, la patente será equivalente a 0,2 unidades tributarias mensuales por cada litro por segundo y, para las situadas en las Regiones X, XI y XII, ascenderá a 0,1 UTM por cada litro por segundo. Entre los años sexto y décimo inclusive, la patente se multiplicará por el factor 2, y, desde los años undécimo y siguientes, por el factor 4. Se declaran exentos del pago de patente aquellos derechos cuyos volúmenes por unidad de tiempo sean inferiores a 10 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 50 litros por segundo en el resto de las Regiones.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por 6 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención.

En el artículo 129 bis 6, se dispone que los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual pagarán, en su caso, un tercio de valor de la patente asignada a los derechos de ejercicio permanente.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por 6 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención.

En el artículo 129 bis 16, se señala que el 75% del producto neto de la patente por no utilización de los derechos de aprovechamiento y de lo recaudado en los remates de estos últimos será distribuido, a contar del ejercicio presupuestario correspondiente al cuarto año posterior al de publicación del proyecto, entre las Regiones y comunas del país de la siguiente manera: el 65% para la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Región donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces, en cuyo registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento, y el 10% restante, se distribuirá entre las municipalidades de las comunas donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

En los incisos siguientes, se establece el mecanismo de cálculo de las proporciones antes señaladas y se dispone su inclusión en los presupuestos de los Gobiernos Regionales y municipales que correspondan.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por 5 votos a favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones.

En el artículo 129 bis 17, se determina que el valor de las patentes no se considerará como gasto para efectos de la primera categoría de la ley sobre Impuesto a la Renta. Sin embargo, las cantidades pagadas por concepto de patentes durante los años anteriores a aquél en que se inicie la utilización de las aguas, podrán imputarse a cualquier clase de impuesto fiscal de declaración y pago mensual, aplicándoseles la reajustabilidad que señala.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por 5 votos a favor, 1 voto en contra y 4 abstenciones.

En el artículo 129 bis 18, se regula la imputación de los impuestos antes referidos, tratándose de derechos no consuntivos y consuntivos, según el caso.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por 5 votos a favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones.

Los artículos 1º, 2º y 3º transitorios, establecen la fecha desde la cual estarán afectos los derechos de aprovechamiento de aguas al pago de una patente, según se trate de derechos no consuntivos de ejercicio permanente, consuntivos de ejercicio permanente y de ejercicio eventual.

Puestos en votación estos artículos fueron aprobados por 6 votos a favor, 3 votos en contra y una abstención.

Sala de la Comisión, a 5 de mayo de 1997.

Acordado en sesiones de fechas 8, 15, y 30 de abril de 1997, con la asistencia de los Diputados señores Montes, don Carlos (Presidente); Estévez, don Jaime; Galilea, don José Antonio; García, don José; Jocelyn-Holt, don Tomás; Jürgensen, don Harry; Longueira, don Pablo; Makluf, don José; Matthei, señora Evelyn; Ortiz, don José Miguel; Palma, don Andrés; Rebolledo, señora Romy, y Schaulsohn, don Jorge.

Se designó Diputado Informante al señor Makluf, don JOSÉ.

(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO,

Secretario de la Comisión.”

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE AGUAS. Primer trámite constitucional.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Corresponde conocer los informes de las Comisiones Especial y de Hacienda sobre el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas.

Diputado informante de la Comisión Especial es el señor Octavio Jara.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín Nº 876-09, sesión 27ª, en 9 de diciembre de 1992. Documentos de la Cuenta Nº 1.

-Informes de las Comisiones Especial y de Hacienda, boletín Nº 876-09. Documentos de la Cuenta Nºs 1 y 2, de esta sesión.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Solicito el asentimiento de los señores Diputados para que ingresen a la Sala el Subsecretario de Obras Públicas, señor Guillermo Pickering, y el Director General de Aguas , don Humberto Peña.

Acordado.

Tiene la palabra el señor Diputado informante de la Comisión Especial.

El señor JARA.-

Señor Presidente , en mi condición de Diputado informante del proyecto, quiero partir expresando mi reclamo por el acuerdo adoptado por los Comités esta mañana, en el sentido de tratar el proyecto sobre tabla, en forma imprevista, sin cursar las respectivas invitaciones a los Ministros involucrados en el tema, el cual es muy importante tratarlo con la debida cautela y el tiempo necesario para expresar todas las opiniones que haya sobre la materia.

Por mandato de la Comisión Especial encargada del estudio del régimen jurídico de las aguas, paso a informar el proyecto de ley, remitido por su Excelencia el Presidente de la República el 4 de diciembre de 1992, que modifica el Código de Aguas.

La Comisión se constituyó el 19 de enero de 1993, en virtud de un acuerdo adoptado por la Cámara de Diputados durante el período legislativo 1990-1994. En el actual período, la Comisión reinició su trabajo el 5 de julio de 1994.

Para el cumplimiento de su cometido, la Comisión celebró veintitrés sesiones ordinarias, seis reuniones en comités y una especial.

La Comisión inició el estudio del proyecto remitido por el anterior gobierno, el que consideraba cuatro materias.

En primer lugar, la preservación o recuperación del carácter de bien nacional de uso público de las aguas, la justificación de su necesidad y su uso obligatorio.

En segundo término, la protección de cauces y aguas.

En tercer lugar, normas referidas a las corporaciones administradoras de cuencas hidrográficas.

Por último, normativas específicas de carácter regional.

El 30 de septiembre de 1993, el Ejecutivo formuló indicaciones al proyecto, proponiendo, en síntesis, el pago de una patente para los derechos cuyas aguas no hubiesen sido nunca utilizadas.

Durante el actual Gobierno, las nuevas autoridades decidieron reformular el proyecto primitivo, por lo que la Comisión acordó, el 19 de octubre de 1994, suspender sus sesiones a la espera de las indicaciones del Ejecutivo.

Así, en la sesión de 15 de julio de 1996, se dio cuenta en la Cámara de una indicación del Ejecutivo que sustituyó en forma íntegra el proyecto, abocándose la Comisión a su estudio.

Tanto respecto del proyecto primitivo como de la indicación sustitutiva, la Comisión Especial escuchó las exposiciones de las autoridades del anterior y del actual Gobierno involucradas en el proyecto, así como la de los actores sociales y de las principales organizaciones y empresas vinculadas con el uso del recurso.

La relación detallada de sus nombres y cargos, consta en el informe que obra en poder de los señores diputados, y sus opiniones particulares, se consignan en el capítulo V del mismo.

Durante la discusión de la iniciativa, participaron representantes de los Ministerios de Obras Pública, Agricultura, Justicia y Comisión Nacional de Energía.

Por contener disposiciones que inciden en las atribuciones de los tribunales de justicia, y para dar cumplimiento a los artículos 74 de la Constitución y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Excelentísima Corte Suprema tomó conocimiento de las normas del proyecto, y se pronunció favorablemente respecto de ellas.

Antecedentes generales.

El actual Código de Aguas data de 1981. Éste sustituyó el dictado en 1951.

Sus normas sólo se aplican a las aguas terrestres, las que pueden, a su vez, clasificarse en dos tipos: superficiales o subterráneas.

El artículo 5º del actual Código de Aguas, en concordancia con el artículo 595 de nuestro Código Civil, dispone: “Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente Código”. De este modo, al igual que en materia minera, se otorga al Estado el dominio exclusivo de todas las aguas, concediéndose a los particulares sólo el aprovechamiento de ellas.

El artículo 6º del Código de Aguas define el derecho de aprovechamiento como un “derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe el Código.

“El derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él, en conformidad a la ley”. Este derecho está claramente amparado en el inciso final del número 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

En consecuencia, sobre el derecho real de dominio se puede constituir otro derecho real, como es el de aprovechamiento. Existe un derecho originario de dominio, del cual su único titular es el Estado, y otro derecho real, que es el derecho de aprovechamiento, cuyo titular son los particulares, quienes pueden usar, gozar y disponer libremente de él, siempre que no sea contrario a la ley o al derecho ajeno.

Sobre las aguas se otorga a los particulares un derecho real de aprovechamiento, que supone la existencia de un acto administrativo o jurisdiccional, por el cual una persona es constituida legalmente como titular de ese derecho de aprovechamiento. Luego, la constitución de un derecho de aprovechamiento únicamente puede operar a través de un acto de autoridad.

En los derechos de aguas, además, se distinguen los del tipo consuntivos y no consuntivos.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 13 del Código de Aguas, el “Derecho de aprovechamiento consuntivo es aquel que faculta a su titular para consumir totalmente las aguas en cualquier actividad”.

De otro lado, el artículo 14 del Código de Aguas dispone: “Derecho de aprovechamiento no consuntivo es aquel que permite emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla en la forma que lo determine el acto de adquisición o de constitución del derecho”.

Respecto de la administración de las aguas, el Código de Aguas, siguiendo la tendencia de los Códigos anteriores, establece tres tipos de organizaciones de usuarios: las comunidades de aguas, las asociaciones de canalistas y las juntas de vigilancia.

Ideas matrices.

Según se expresó en la Comisión, uno de los desafíos mayores que la sociedad chilena enfrentará en los próximos años será la disponibilidad de aguas, en cantidad y calidad apropiadas para responder a los requerimientos de su desarrollo económico y social, respetando el medio ambiente y a la calidad de vida de los habitantes.

Las proyecciones de demanda de aguas de los usos minero, hidroeléctrico, industrial, agrícola y doméstico indican que en los próximos veinte o veinticinco años se duplicará, a lo menos, la utilización del recurso.

La idea matriz que inspira esta iniciativa legal es regular la concesión de los derechos de aprovechamiento de aguas, con el objeto de desarrollar una política nacional de aguas, fundada en la equidad y en la eficiencia y orientada hacia el aprovechamiento racional del recurso mediante la protección y la conservación de las aguas y de los cauces, dando énfasis a aspectos regionales.

En efecto, nuestra actual legislación adolece de una excesiva permisividad y pasividad frente a la administración y conservación de este recurso escaso y finito.

La acumulación de derechos de agua en forma desmesurada, sin que exista un uso actual o futuro previsible, sino únicamente la posibilidad de lucrar con ella -más aún cuando su obtención original es gratuita-, constituye un germen de dificultades muy graves para el desarrollo futuro del país.

Conforme lo señaló el Director General de Aguas , desde el punto de vista de la demanda de recursos hídricos de carácter permanente y consuntivo, los derechos de aprovechamiento de aguas del río Biobío hacia el norte están prácticamente todos constituidos, sólo quedan en esta área los derechos eventuales y de carácter subterráneo.

Sobre este particular, la Ministra subrogante , Presidenta de la Comisión Nacional de Energía , indicó que Endesa dispone del 77 por ciento de los derechos más convenientes de desarrollar desde hoy al año 2020. Ello representa un grave problema, porque el principio regulatorio básico de la ley eléctrica es crear condiciones de competencia en el sector de la producción, que permita igualdad de oportunidades tanto para los actuales como para los potenciales participantes. En consecuencia, es posible afirmar que la actual concentración de derechos de agua por parte de Endesa es una barrera de entrada a nuevos inversionistas y puede tener un fuerte impacto en las tarifas de electricidad en el futuro.

Si bien se reconoce que el mercado puede asignar adecuadamente el uso de las aguas, en la práctica éste ha funcionado de manera muy esporádica, reducido a determinados núcleos, fundamentalmente en torno a las grandes zonas urbanas, en particular de la Región Metropolitana.

Lo anterior se explica, en parte, porque el derecho de aguas es el único derecho de propiedad consagrado en la legislación chilena, cuya mantención no implica costo alguna para su titular. Esto permite pensar que se utiliza como elemento de especulación y no de incentivar el uso.

No se trata -se dijo- de afectar la seguridad jurídica ni la necesaria flexibilidad en la reasignación del recurso. El desarrollo sostenido de los sectores que, en gran medida, se sustentan en el uso del agua -y que son receptores de grandes inversiones nacionales y extranjeras- exige seguridad jurídica en la utilización de los recursos hídricos. Pero esa seguridad se consigue con disposiciones legales justas y equilibradas que conduzcan a un acceso equitativo a este preciado recurso natural y que, al mismo tiempo, garanticen su utilización racional y conservación.

En este sentido, se dijo que las modificaciones apuntan a perfeccionar la legislación actual y no implican un cambio sustancial, pues se parte del supuesto de que el mercado continuará funcionando como un buen asignador de recursos. Al mismo tiempo, se busca determinar los incentivos necesarios para que no haya derechos ociosos o sin utilizar, de manera que aquellos que pidan agua, lo hagan en función de las cantidades reales que requieran, lo cual permitirá a la Dirección General de Aguas tener una adecuada planificación y una política de agua más acorde con las necesidades futuras.

Discusión y aprobación en general y en particular del proyecto.

Durante el debate habido en la Comisión, casi todos los señores diputados compartimos la idea de legislar sobre la materia. La indicación sustitutiva, se aprobó en general por siete votos a favor, dos en contra y una abstención.

En la discusión y votación en particular de este primer informe, se aprobaron prácticamente las mismas normas propuestas por el Ejecutivo, con correcciones o perfeccionamientos menores.

La indicación sustitutiva del proyecto consta de dos artículos permanentes y cuatro disposiciones transitorias. Metodológicamente, las modificaciones propuestas se han reunido en seis grupos:

Primero, establecimiento del pago de una patente por el no uso de las aguas.

El Código de Aguas establece la libre transferencia de los derechos de aprovechamiento de agua y, por la vía de su comercialización, entrega a las reglas del mercado la reasignación del recurso.

Se reconoce que el mercado es un mecanismo adecuado para lograr, en forma más económica, que el uso y la asignación de las aguas sean más eficientes. Sin embargo, estos efectos no se han producido, al menos significativamente, en razón de que en nuestra legislación de aguas existe un gran vacío que distorsiona precisamente las reglas del mercado. En efecto, la normativa no establece un sistema de precios que permita valorizar la obtención originaria y, sobre todo, la conservación a perpetuidad de los derechos de aprovechamiento.

Este vacío legal, que permite la conservación indefinida del recurso, sin costo alguno y sin estar obligado a usar el agua, incentiva, objetivamente, el acaparamiento, la especulación y su mal uso.

Para corregir esta deficiencia legislativa, se propone establecer un sistema de patentes que grave los derechos de aprovechamiento de aguas no utilizados.

El pago de patente se establece tanto para los derechos ya constituidos como para los derechos nuevos que no se utilicen.

Se definen distintos valores, según se trate de derechos consuntivos o no consuntivos, permanentes o eventuales, considerando el diferente significado económico de unos u otros.

Asimismo, en el caso de los derechos consuntivos, el monto de la patente es diferente en las cuencas hidrográficas del norte, centro y sur del país, en razón de la mayor o menor escasez de agua existente en ellas.

La Dirección General de Aguas señaló que se utilizaron criterios similares para el cálculo de la patente que deberán pagar los derechos consuntivos y no consuntivos, y si bien las patentes que se deberán pagar por los derechos no consuntivos aparecen como más elevadas, ello obedece a los grandes caudales de aguas comprometidos. En efecto, en el caso de los derechos consuntivos el cálculo depende de los caudales y, en los no consuntivos, del producto entre los caudales y el desnivel o altura de caída.

De otro lado, se propone un sistema de aumento progresivo del valor de la patente, según el tiempo que se prolongue la no utilización del recurso.

El proyecto establece un procedimiento judicial para el cobro de la patente, el que puede concluir con el remate del derecho de aprovechamiento.

Los fondos recaudados por concepto de patentes y remates se destinarán, en un 75 por ciento, a la región donde se radica el derecho, de los cuales un 65 por ciento estará orientado a uso regional y un 10 por ciento al uso comunal.

Asimismo, se establece que los derechos eventuales también pagan una patente y su valor será equivalente a un tercio del de los derechos permanentes.

El proyecto de ley fija a la autoridad un marco de presunciones legales para determinar los derechos de aprovechamiento que no sean utilizados en todo o parcialmente.

Ellas son:

1º. No existir las obras de aprovechamiento necesarias para el ejercicio del derecho.

2º. Si éstas estuvieren manifiestamente abandonadas, o bien, si no existieren los cultivos, industrias, instalaciones o establecimientos en que pudiere utilizarse el recurso.

3º. Si la capacidad de las obras de captación o conducción fueren insuficientes y, en general, en aquellos casos en que el no aprovechamiento de las aguas resulte acreditado mediante los informes técnicos pertinentes.

Se establece, además, un procedimiento que supone la devolución de los pagos de la patente una vez que se inicia el aprovechamiento del agua, mediante el descuento del pago de impuesto de la patente de los años anteriores.

Finalmente, se propone una norma de exención para el pago de patentes, según volúmenes básicos o mínimos, tanto para los derechos consuntivos como para los no consuntivos.

El Director General de Aguas explicó que en el diseño del articulado se buscó consagrar un sistema que no genere dificultades para el desarrollo de los estudios y de los trabajos previos al aprovechamiento del recurso y que sea progresivo en el tiempo, de modo que el usuario tenga la posibilidad de desarrollar estudios y pueda implementar los trabajos sin que el pago de la patente le signifique un costo excesivamente oneroso. Después de un período de diez años, se llega a un nivel de cobro de la patente que se estimó suficiente para desincentivar el no uso del recurso, es decir, para que el titular del derecho de aprovechamiento decida usar el recurso o bien vender sus aguas para que otro las use efectivamente.

Esta propuesta para establecer el pago de una patente por el no uso de las aguas fue cuestionada por razones constitucionales. Sostuvo que era inconstitucional imponer el pago de patente a derechos constituidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la modificación legal propuesta, la que sólo debería gravar los derechos de aguas constituidos con posterioridad a la publicación de esta ley.

La Comisión desestimó esta alegación, fundada en las siguientes consideraciones:

1º La postestad tributaria general del Estado lo faculta para gravar situaciones previamente no sujetas al pago de un tributo.

2º El artículo 6º del Código de Aguas establece que el titular de un derecho de aprovechamiento de aguas podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad con la ley. Es decir, se entrega a la ley la posibilidad de establecer cualquier tipo de regulación sobre el uso, goce o disposición de los derechos de aprovechamiento de agua.

3º El establecimiento de una patente no altera para nada la titularidad de los particulares sobre el derecho de aprovechamiento. Lo que se altera es el contenido de un derecho real definido en la ley, pero no la titularidad de los particulares sobre aquél ni sus propiedades, ni ninguno de sus atributos esenciales.

4º El establecimiento de una patente a los derechos de aguas ya constituidos no limita para nada el ejercicio legítimo del derecho, lo que impide es el “abuso del derecho” por cuanto abusa del derecho quien ejerce para sí la facultad de uso exclusivo y excluyente de un bien nacional de uso público y no lo destina a un aprovechamiento efectivo y beneficioso para la comunidad.

5º El no uso del recurso pugna con la naturaleza de acto administrativo a través del cual se concede justamente el derecho de aprovechamiento que el Estado entrega en forma gratuita, precisamente para que el particular lo use y goce en beneficio de todos.

6º Aun respecto de los derechos ya constituidos, el pago de la patente no tendrá efecto retroactivo, ya que sólo a partir de la vigencia de las modificaciones propuestas los derechos de aprovechamiento que no se utilicen deberán pagarla, independientemente de su fecha de otorgamiento.

7º La obligación del pago de patente y la subsecuente posibilidad de rematar el derecho por el no pago constituye una mínima carga o limitación del dominio derivada de su función social, en atención al interés general de la Nación y de utilidad pública.

8º El cobro de esta patente sólo para los nuevos derechos resultaría totalmente ineficaz, puesto que ya existen muchos derechos otorgados sin utilización y lo que se busca es, precisamente, resolver el tema del control del agua cuando signifique un obstáculo para el desarrollo y las nuevas inversiones.

Se cuestionó también la distinción en los montos de las patentes, estimándose que se trata con mayor rigurosidad a los derechos no consuntivos. Los montos progresivos -se indicó- al no ser aplicados a los derechos no consuntivos, encarecen significativamente los proyectos hidroeléctricos disminuyendo su competitividad ante otros recursos, como el gas natural.

En esta materia es importante tener en cuenta lo afirmado en la Comisión por las autoridades de la Dirección General de Aguas y de la Comisión Nacional de Energía.

En primer lugar, se dijo que los criterios propuestos para calcular el valor de las patentes que deberán pagar los derechos consuntivos y no consuntivos son similares. Ambos se calculan en proporción al caudal obtenido. La diferencia consiste en que para los derechos no consuntivos se incorpora también el desnivel o altura de caída, en razón de la importancia económica del recurso. Las patentes por derechos no consuntivo aparecen como más elevadas sólo en función de los grandes caudales comprometidos.

En segundo lugar, se señaló que el cálculo de las patentes propuestas considera los plazos razonables requeridos para desarrollar los proyectos hidroeléctricos. En este sentido, se afirmó que se puede demostrar que el plazo para la materialización de un proyecto hidroeléctrico no debería ser superior a seis años y se pusieron como ejemplos las Centrales Peuchén, Mampil y Rucúe . De lo que se trata es que los derechos de agua sean solicitados cuando exista la decisión de ejecutar el proyecto, ya que, si así se hace, las sumas a pagar por concepto de patente en nada afectarán la factibilidad y competitividad de los proyectos hidroeléctricos.

Finalmente, se objetó la discrecionalidad que tendría el Director de Aguas para determinar cuándo las aguas se están o no utilizando en todo o en parte.

La Comisión desestimó también este reparo por cuanto se trata de una materia técnica que el proyecto precisa de manera objetiva sobre la base de un sistema de claras presunciones legales, las que, en todo caso, pueden ser desvirtuadas por el interesado a través de un procedimiento que contempla todo un sistema de reclamos administrativos y de recursos ante la Contraloría General de la República y los tribunales de justicia. Luego, los derechos de los interesados están debidamente cautelados por nuestro ordenamiento jurídico, en tanto que las resoluciones del Director General de Aguas deben ser fundadas y están expuestas al control y revisión posterior de diversas instancias que garantizan la aplicación irrestricta de la ley.

No debe confundirse discrecionalidad con arbitrariedad. Algunos suponen que dar determinadas facultades a la autoridad es sinónimo de arbitrariedad, lo que, por cierto, es imposible en un estado de derecho democrático.

La segunda reforma dice relación con las facultades de la autoridad para la concesión de nuevos derechos de aprovechamiento.

Al respecto, se propone establecer límites razonables a la concesión de los derechos de aprovechamiento de aguas, lo que permitirá al Estado asegurarse de que un bien nacional de uso público, extremadamente escaso y valioso, se entregue en beneficio de la sociedad. Es decir, se propone que los futuros peticionarios justifiquen la necesidad del agua solicitada, lo que es plenamente coherente con el carácter de bien nacional de uso público y de bien económico del agua.

En la actualidad, los derechos de aguas se otorgan en forma gratuita, pero, además, sobre la base de una simple presentación, sin especificar destino ni justificación ninguna. Pero, aún más, la Dirección General de Aguas se encuentra en la obligación de constituir el derecho si la presentación es procedente desde el punto de vista formal, no afecta derechos ya constituidos de terceros y existe la disponibilidad del recurso.

Este esquema debe ser corregido, pues genera un incentivo claro a la especulación, dado que cualquier persona puede adquirir un bien económico de alto valor, sin obligación ni compensación de ningún tipo, y con ello impedir, en forma absolutamente unilateral, el desarrollo de regiones enteras y de potencialidades importantes del recurso.

Hoy la autoridad carece de las herramientas y de las alternativas necesarias con el fin de hacer algún tipo de reserva para el desarrollo futuro. La mera publicidad de la petición es insuficiente para que se hagan presentes todos los intereses o perspectivas de desarrollo futuro del recurso.

Esta situación es gravemente lesiva para el interés general de la sociedad, ya que considera sólo la protección de los derechos actuales y no los escenarios futuros. De este modo, se crean situaciones irreversibles o modificables a un altísimo costo, sin que los mecanismos de mercado puedan introducir una corrección efectiva. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se piden derechos de aprovechamiento no consuntivos por la totalidad del caudal de un río en su desembocadura, lo que significa bloquear cualquier desarrollo futuro de la cuenca completa, o bien, cuando se han constituido derechos de aprovechamiento sobre la totalidad de los recursos próximos a poblados que después requieren ser abastecidos por agua potable.

Para corregir estas situaciones se propone, en primer lugar, que la solicitud sea acompañada de una memoria explicativa, en la cual se justifique la cantidad de agua que se necesita extraer, según el uso o destino que se dará a ella, y de los demás antecedentes que exija la naturaleza del derecho que se solicita.

Además, se propone facultar expresamente a la autoridad para que, mediante resolución fundada, deniegue o limite las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas en los siguientes casos:

Si no se hubiere justificado la cantidad de agua que se necesita extraer; si se comprometiere gravemente el manejo y desarrollo del recurso de la respectiva cuenca u hoya hidrográfica, y en aquellos casos en que por razones de utilidad pública fuere necesario destinar el recurso a fines distintos del solicitado.

Asimismo, se propone facultar al Director General de Aguas para establecer, en el acto de constitución, especificaciones técnicas, condiciones, plazos, prohibiciones u otras modalidades y limitaciones que afecten el derecho.

Estas propuestas fueron objetadas en la Comisión, en razón de la discrecionalidad que tendría la autoridad administrativa en el procedimiento de concesión de los derechos de aprovechamiento de aguas.

La Comisión aprobó por mayoría de votos estas normas y desestimó los reparos señalados, en atención a las siguientes consideraciones:

En primer lugar, la discrecionalidad de la autoridad administrativa que, como ya hemos señalado, no es sinónimo de arbitrariedad, resulta imprescindible para que el Estado pueda hacer una eficiente y coherente administración de los recursos hídricos como bienes nacionales de uso público.

La discrecionalidad debe entenderse como el poder o la facultad de la autoridad administrativa para tomar decisiones en el marco del respeto a la legalidad.

Esta facultad está debidamente normada y regulada. Las decisiones deben ser fundadas en razones de hecho y de derecho y están sujetas a la revisión de legalidad por parte de la Contraloría General de la República y pueden ser objeto de los recursos de reconsideración ante el propio Director de Aguas , de reclamación ante la Corte de Apelaciones respectiva y de protección ante la Corte Suprema.

En consecuencia, los derechos de los particulares están debida y adecuadamente cautelados, y nadie puede sostener, objetivamente, que alguien podría ser privado del ejercicio de un legítimo derecho en forma arbitraria y abusiva.

La tercera reforma se refiere a normas sobre protección y conservación de las aguas y cauces.

Se propone incorporar un título X, nuevo, al Código de Aguas, en el cual se establecen normas para que la Dirección General de Aguas pueda exigir que las aguas provenientes de obras de recuperación de terrenos húmedos o pantanosos sean restituidas al cauce receptor natural de las mismas si de la ejecución de dichas obras resultan perjuicios a terceros.

En lo referente a los cauces naturales, que hoy se encuentran sin protección alguna, se proponen normas que faciliten a la citada Dirección su defensa frente a las acciones devastadoras que sobre ellos ejercen terceros que no cuentan con las autorizaciones correspondientes, y para recurrir al auxilio de la fuerza pública con el fin de obtener la inmediata paralización de las obras o labores no autorizadas en esos cauces.

Asimismo, se encarga a esa Dirección General el desarrollo de una red de estaciones de calidad de aguas tanto superficiales como subterráneas, con la obligación de publicar y difundir la información obtenida.

Se amplían también las facultades de policía y vigilancia para que dicho organismo pueda efectivamente impedir que de los cauces naturales se extraigan aguas sin título o en mayor cantidad de lo que corresponde.

Se establece que la autoridad, al otorgar los derechos de aprovechamiento, deberá respetar la permanencia de un caudal ecológico mínimo en toda la fuente natural, que garantice la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente. El caudal ecológico no se define en la ley, por cuanto -se dijo- su complejidad técnica hace aconsejable precisarlo con criterios objetivos en instrumentos reglamentarios complementarios.

La Directora Ejecutiva de Conama señaló, respecto del caudal mínimo ecológico, que debe establecerse la obligación legal de determinarlo.

Éste es un grave problema que tienen varias cuencas de Chile, en que la competencia por el uso del recurso está afectando seriamente el medio ambiente y a nuestro patrimonio de recursos naturales. Estima que es necesario desarrollar, con posterioridad al proyecto, una reglamentación sobre los procedimientos para establecer o precisar el caudal mínimo ecológico, toda vez que él configura una normativa ambiental particular.

Precisó que la evaluación que debe hacer la Dirección General de Aguas al constituir derechos de aprovechamiento no se superpone a la que debe realizarse dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, ya que en éste se evalúan proyectos o actividades específicas y determinadas, lo que no ocurre en la constitución de los derechos de aprovechamiento.

Además, el hecho de que la constitución de los referidos derechos no se vincule a proyectos determinados trae como consecuencia necesaria que no pueda establecerse certeza alguna sobre el momento en que se ejecutará el proyecto pertinente.

Lo anterior, precisó, justifica la consideración del caudal ecológico mínimo en el momento de constituir los derechos de aprovechamiento, ya que permite, en definitiva, realizar los balances hídricos que determinen los caudales disponibles, evitando así la incertidumbre sobre la disponibilidad real de los cauces.

Asimismo, dos consideraciones adicionales justifican la evaluación del caudal ecológico mínimo en el momento de la constitución de los derechos de aprovechamiento y no en el de evaluación de impacto ambiental de un proyecto determinado. La primera, dice relación con el hecho de que no todas las actividades que utilicen agua en su funcionamiento deben someterse al sistema de estudio de impacto ambiental. La segunda, fundada en la necesaria certeza que debe darse en el tráfico comercial, apunta a que parece más conveniente para los usuarios del agua que todas las limitaciones respecto al recurso hídrico queden determinadas de una vez, y no en momentos distintos, como podría ocurrir cuando se realice la pertinente evaluación de impacto ambiental de determinado proyecto.

Hizo presente que el diseño institucional dado por la ley Nº 19.300 a la Conama, se estructuró sobre la base del reconocimiento de las competencias ambientales de los distintos ministerios y servicios involucrados en los temas ambientales. De esta forma, ellos mantienen sus competencias ambientales, las que deben ejercer en plenitud, sin perjuicio de enmarcarse en el contexto global fijado por la política ambiental, cuya conducción general compete a la Conama.

El establecimiento de un caudal ecológico también fue objetado, por estimarse que la Dirección General de Aguas no debería tener esta competencia al momento de otorgar los derechos de aprovechamiento, problema que sólo debería ser de competencia de la Conama al evaluar los estudios de impacto ambiental de los proyectos. La Comisión desechó este argumento en consideración a las claras razones expuestas por la Directora Nacional de Conama y que, en síntesis, ya hemos reproducido, aprobándose estas normas por mayoría de votos.

La quinta reforma se refiere a la consideración de la interacción de las aguas superficiales y subterráneas en el otorgamiento de derechos de aprovechamiento.

En la actualidad, se asignan los derechos de aguas sin que exista una referencia al tratamiento conjunto de las explotaciones de aguas superficiales y subterráneas de una misma cuenca. Esta situación provoca conflicto, dada la influencia recíproca de ambos caudales.

Se impone a la Dirección General de Aguas el análisis y la cuantificación de todos los recursos de la cuenca, para determinar si existen las disponibilidades correspondientes en el lugar indicado en la solicitud.

Esta propuesta no fue objeto de mayores reparos, salvo el de la Confederación de la Producción y del Comercio, que advirtió que esta nueva exigencia implicaría un retroceso en el proceso de constitución de los derechos de aprovechamiento.

Finalmente, la sexta reforma dice relación con normas que perfeccionan el procedimiento de regulación de los derechos, contenido en el artículo 1º transitorio del Código de Aguas, que establece las obligaciones a que estarán afectos los Conservadores de Bienes Raíces del país, en relación con el catastro público de aguas.

En la actualidad, se pueden regularizar e inscribir derechos de aprovechamiento de aguas, sin informe y conocimiento de la Dirección General de Aguas. En virtud de dicho procedimiento, el interesado puede recurrir al Conservador de Bienes Raíces respectivo, y solicitar la inscripción de los títulos correspondientes desde su actual dueño hasta llegar a la inscripción de la cual proceden. En caso de que no pudiere aplicarse lo establecido anteriormente, el interesado puede recurrir al juez competente para que éste ordene la inscripción, debiendo para ello tener a la vista los documentos y antecedentes que dicha norma indica.

Este procedimiento ha dado origen a múltiples problemas, por cuanto en su aplicación se han utilizado diversos criterios por parte de los jueces. Además, al no exigirse un informe de la Dirección General de Aguas, se priva a dicho organismo de tomar conocimiento de la materia para los efectos de la información que sobre las aguas debe tener por expreso mandato del Código de la especialidad, como también la de dar su opinión fundada sobre el tema y de poner en conocimiento del tribunal antecedentes que permitan una mejor resolución sobre la materia.

En virtud de estas consideraciones, se propone modificar el artículo 1º transitorio para establecer, con carácter obligatorio, el informe respectivo de la Dirección General de Aguas en el procedimiento de regularización de inscripciones de los derechos que hayan sido inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas , pero que en posteriores transferencias no lo hubieren sido.

Por otra parte, dado que la Dirección General de Aguas, por mandato del Código respectivo, debe llevar el catastro público de aguas, en el que debe constar toda la información relacionada con ellas, se establece que los Conservadores de Bienes Raíces deben enviar a dicho organismo copias autorizadas de todas las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que practiquen en el registro de aguas a su cargo.

Esta propuesta fue objetada porque, se dijo, contribuye a hacer más burocrático el procedimiento regulatorio.

La Comisión desechó la objeción y aprobó por mayoría de votos las propuestas, que tienden a corregir un evidente vacío legal, que priva a la Dirección General de Aguas de tomar conocimiento, entregar información y emitir su opinión en materias que, precisamente, por mandato de la ley, están bajo su tuición.

La última reforma es la relativa a la extensión de la personalidad jurídica de las comunidades de agua.

Nuestra actual legislación otorga personalidad jurídica a las asociaciones de canalistas que hayan sido formadas, de acuerdo con la ley, por todos los titulares de derecho involucrados en la organización. En cambio, las comunidades de agua, legalmente organizadas no gozan de dicho atributo, lo que impide su desarrollo y el manejo adecuado de sus recursos. Esta deficiencia legal que no tiene justificación alguna, es remediada otorgándosele personalidad jurídica a las comunidades en las mismas condiciones que a las asociaciones de canalistas. Así, las comunidades de agua podrán acceder a créditos, postular a beneficios y, en general, integrarse a la vida jurídica.

Cabe destacar que existen alrededor de 2.300 comunidades en nuestro país sin personalidad jurídica, las cuales ven limitadas sus posibilidades de desarrollo.

Afortunadamente, esta propuesta no fue objetada.

He intentado describir con la mayor objetividad el proyecto de reforma al Código de Aguas, con sus fundamentos, y también los cuestionamientos, reparos y observaciones hechas valer en la Comisión, con el propósito de que los señores diputados puedan disponer de todos los elementos de juicio y decidir ilustradamente sobre esta materia.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión Especial Legislativa encargada del estudio del régimen jurídico de las aguas recomienda a los señores diputados aprobar en general el proyecto, sin perjuicio de los perfeccionamientos que deberán hacerse en su estudio en particular.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Hacienda, don José Makluf.

El señor MAKLUF .-

Señor Presidente , por mi intermedio, la Comisión de Hacienda pasa a informar a la honorable Cámara el proyecto de ley mencionado, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de esta Corporación.

Esta iniciativa tiene su origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , calificada con simple urgencia para su tramitación legislativa.

Durante el estudio del proyecto, asistieron a la Comisión de Hacienda los señores Humberto Peña , Director General de Aguas ; Pablo Jaeger , Jefe del Departamento de Aguas de la Dirección de Aguas ; Jorge Morales , abogado de la Subsecretaría de Obras Públicas, y Claudio Juárez , asesor del Ministerio de Hacienda.

Según el mensaje, el propósito de la iniciativa consiste en establecer una política nacional de aguas, fundada en la equidad y la eficiencia, que haga más razonable la concesión de los derechos de aprovechamiento de aguas.

En la indicación sustitutiva del proyecto primitivo del Ejecutivo sobre esta materia, de fecha 4 de julio de 1996, se regulan los siguientes aspectos: a) el establecimiento del pago de una patente por el no uso de las aguas; b) las facultades de la autoridad para la concesión de nuevos derechos de aprovechamiento; c) las normas sobre conservación y protección de las aguas y de los cauces; d) la inscripción de los derechos de aprovechamiento de aguas y el Catastro Público de Aguas, y e) la personalidad jurídica de las comunidades de aguas.

En la actualidad, la constitución de los derechos de aprovechamiento de aguas, según el informe dado a conocer por el Diputado informante de la Comisión Especial Legislativa , se hace en forma absolutamente gratuita, sin costo para el interesado, sobre la base de una simple presentación en tal sentido, sin necesidad de especificar el destino que tendrán las aguas solicitadas, ni justificación alguna.

El propósito de este proyecto es corregir esta situación, para eliminar el incentivo a la especulación con un bien nacional de uso público, puesto que cualquier persona puede adquirir el referido recurso, de un alto valor económico, sin contraer las obligaciones correlativas y limitar el acceso de otros posibles interesados en la utilización del recurso, con lo que se impida el desarrollo de regiones y se desaprovechan potencialidades de uso del recurso en manos de terceros.

En vista de lo anterior, el Ejecutivo propone establecer el pago de una patente por los derechos de aguas constituidos que no estuvieren siendo utilizados, como por los derechos nuevos constituidos en un futuro que no se utilicen, consignando en el proyecto un mecanismo distinto según sea el uso de las aguas de carácter consuntivo o no consuntivo.

El sistema propuesto es progresivo en el tiempo, de modo que el usuario tenga la posibilidad de desarrollar estudios e implementar los trabajos necesarios, sin que deba distraer recursos importantes en el pago de una patente en esta etapa. Sin embargo, se explicó que después de un período de diez años se llegaría a un nivel de la patente que sería suficiente para desincentivar cualquier acción especulativa que pudiere impedir el uso de los recursos por terceros.

No obstante lo anterior, en el proyecto en informe se contempla un procedimiento que permite la devolución de lo pagado por concepto de patente, una vez que se inicia el aprovechamiento de las aguas.

Los derechos de aprovechamiento de aguas eventuales también estarían afectos a una patente, equivalente a un tercio de la que se pagaría por los derechos de ejercicio permanente.

El debate de la Comisión tuvo presente también las limitaciones normativas de la Dirección General de Aguas para proteger el bien común y evitar que el recurso agua se constituya en una causa de conflicto para el desarrollo equilibrado de los recursos hídricos del país.

Respecto de los eventuales ingresos fiscales derivados de la aplicación del proyecto por concepto de pago de patente por el no uso de los derechos de aprovechamiento de agua, la Dirección General de Aguas remitió a esta Comisión un análisis de los flujos monetarios originados en el cobro de esta patente, elaborado por el Departamento de Estudios y Planificación de los Recursos Hídricos, en abril de 1997.

En cuanto a la constitucionalidad del mecanismo propuesto para el pago de patente por el no uso del recurso, se argumentó sobre la base del derecho comparado, en que las legislaciones más modernas sobre las aguas de países importantes como Estados Unidos, Alemania y España, parten del supuesto del uso efectivo y beneficioso de ella, por cuanto, siendo el agua un recurso escaso, no habría razón alguna para permitir que un particular adquiera derechos de agua gratuitamente del Estado y no los use.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar que la Comisión Especial encargada del estudio del régimen jurídico de las aguas dispuso en su informe que esta Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos 129 bis 4, 129 bis 5, 129 bis 6, 129 bis 16, 129 bis 17 y 129 bis 18 del título XI, nuevo, incorporados al Código de Aguas por el Nº 7 del artículo 1º del proyecto de ley.

La Comisión de Hacienda acordó incorporar a este estudio, además, a los artículos 1º, 2º y 3º transitorios, en conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del Nº 2 del artículo 220 del Reglamento de esta Corporación.

El artículo 129 bis 4 establece una patente a beneficio fiscal por los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente que no sean utilizados total o parcialmente, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, para los primeros cinco años, y para los años sexto y décimo, inclusive, en una proporción que en la norma se establece.

El artículo 129 bis 5 establece una patente a beneficio fiscal para los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente no utilizados total o parcialmente, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales para los primeros cinco años, y entre los años sexto y décimo, inclusives, en la proporción señalada en la norma.

El artículo 129 bis 6 dispone que los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual pagarán, en su caso, un tercio del valor de la patente asignada a los derechos de ejercicio permanente.

Los artículos 129 bis 4, 129 bis 5 y 129 bis 6, separadamente, fueron aprobados por 6 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.

El artículo 129 bis 16 señala que el 75 por ciento del producto neto de la patente por no utilización de los derechos de aprovechamiento y de lo recaudado en los remates de estos últimos será distribuido, a contar del ejercicio presupuestario correspondiente al cuarto año posterior al de publicación del proyecto, entre las regiones y comunas del país, de la siguiente manera: el 65 por ciento para la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la región donde tenga su oficio el conservador de bienes raíces en cuyo registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento, y el 10 por ciento restante se distribuirá entre las municipalidades de las comunas donde tenga su oficio el conservador de bienes raíces respectivo.

En los incisos siguientes se establece el mecanismo de cálculo de las proporciones antes señaladas y se dispone su inclusión en los presupuestos de los gobiernos regionales y municipales que correspondan.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por 5 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.

El artículo 129 bis 17 determina que el valor de las patentes no se considerará como gasto para efectos de la primera categoría de la ley sobre Impuesto a la Renta. Sin embargo, las cantidades pagadas por concepto de patentes durante los años anteriores a aquél en que se inicie la utilización de las aguas, podrán imputarse a cualquier clase de impuesto fiscal de declaración y pago mensual, aplicándoseles la reajustabilidad que señala.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por 5 votos a favor, 1 voto en contra y 4 abstenciones.

El artículo 129 bis 18 regula la imputación de los impuestos antes referidos, tratándose de derechos no consuntivos y consuntivos, según el caso.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por 5 votos a favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones.

Los artículos 1°, 2° y 3° transitorios, que la Comisión acordó conocer por su cuenta, establecen la fecha desde la cual estarán afectos los derechos de aprovechamiento de aguas al pago de una patente, según se trate de derechos no consuntivos de ejercicio permanente, consuntivos de ejercicio permanente y de ejercicio eventual.

Puestos en votación estos artículos transitorios, fueron aprobados por 6 votos a favor, 3 votos en contra y 1 abstención.

Finalmente, solicito la aprobación de este proyecto.

Es cuanto puedo informar a esta Sala, señor Presidente.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Quedan escasos minutos para el término del Orden del Día, por lo que debemos tomar la decisión de seguir tratando mañana el proyecto, sin perjuicio de que se vote el martes, pues es la única opción que queda, debido al calendario de proyectos de ley que tiene pendiente la Sala.

Tiene la palabra el Diputado señor Valenzuela.

El señor VALENZUELA .-

Señor Presidente , solicito, si fuera posible, que la Secretaría de la Comisión Especial confeccione para mañana un comparado entre el texto actual y las normas que se están modificando, con el objeto de tener una mejor comprensión de lo que estamos legislando.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

El proyecto tiene urgencia, vence pasado mañana, y como la próxima semana debemos estudiar los proyectos sobre las empresas sanitarias y sobre el tratado de libre comercio con Canadá, desgraciadamente no tenemos otra opción que seguir tratándolo mañana, como estaba previsto por la Mesa y los Comités.

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, tengo una duda formal sobre el proyecto, por lo que deseo que Secretaría nos informe al respecto.

La iniciativa fue conocida por una Comisión Especial que se constituyó en el período pasado.

De acuerdo con el informe, no aparece que esa Comisión se haya constituido de nuevo.

Como aquí existen normas de mucha importancia, puede ocurrir que algunas, sean orgánicas constitucionales o de quórum simple, serán declaradas inconstitucionales por no haber cumplido las formalidades de procedimiento al interior de la Cámara.

Me gustaría saber si la Cámara de Diputados se reunió durante el actual período legislativo para reconstituir la Comisión Especial o si, por el contrario, siguió operando la antigua.

En mi opinión, si no se reconstituyó, debería cumplirse esa formalidad y constituir esta nueva Comisión y, lógicamente, como ya estudiaron el proyecto debería emitir un breve informe para corregir ese defecto, con el propósito de no vernos expuestos a problemas mayores.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Señor diputado , si bien su inquietud es pertinente, está resuelta oportunamente por la Corporación.

Tiene la palabra el señor Secretario para que responda la pregunta formulada por su Señoría.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Me permito señalar a la honorable Cámara que, con fecha 14 de junio de 1994, la Cámara de Diputados, en sesión celebrada ese día, acordó integrar la Comisión Especial legislativa del régimen jurídico de las aguas con los señores diputados que en esa oportunidad determinó.

Con posterioridad, el 5 de julio de 1994, dicha Comisión eligió presidente al Diputado señor Acuña.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente , mi consulta no ha sido absuelta. Pregunto si hay un acuerdo de la Cámara para constituir esa Comisión Especial en este período legislativo.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario .

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Lo que hay, su Señoría, es un informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que dispone que no es necesario volver a constituir comisiones establecidas en un período parlamentario. Así ha ocurrido respecto de otras comisiones tanto investigadoras como especiales.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , es bueno que el Diputado señor Elgueta haya formulado ese planteamiento, con el fin de salvar cualquier problema posterior, no sólo respecto del punto a que ha hecho referencia, sino también porque en su momento, durante el tratamiento del proyecto de ley en la Comisión aludida, tuvimos que discutir la forma que adoptaba cada una de las indicaciones desde el punto de vista formal, de manera que no cayeran en un incidente de nulidad posterior.

En ese sentido, quiero dar por sentado que la Comisión, en el tratamiento y despacho del proyecto, cumplió todos los pasos formales y que cualquier alcance que su contenido merezca, obviamente, sólo puede referirse al fondo y no a la forma.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

La respuesta del señor Secretario aporta una solución a un problema que, por lo demás, tiene un precedente en el caso Codelco, puesto que se procedió en términos similares.

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis por una cuestión reglamentaria.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente , me cuesta entender este debate prácticamente cuando se estaba votando el proyecto, después de que lo hemos discutido tres o cuatro años y se han constituido las comisiones. Presumo que está salvado cualquier problema reglamentario desde el momento en que se ha debatido durante tanto tiempo.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Procede continuar mañana con la discusión del proyecto, sin perjuicio de votarlo el próximo martes.

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE AGUAS. Primer trámite constitucional. (Continuación).

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto que modifica el Código de Aguas.

Tiene la palabra el Ministro de Obras Públicas.

El señor LAGOS ( Ministro de Obras Públicas ).-

Señor Presidente , en primer lugar, pido que se autorice el ingreso a la Sala del Director General de Aguas, señor Humberto Peña, y del asesor jurídico de la Subsecretaría, señor Jorge Morales.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

El señor LAGOS ( Ministro de Obras Públicas ).-

Señor Presidente , el proyecto que el Ejecutivo somete a consideración de la Cámara es, tal vez, uno de los más importantes que considera el Congreso en la presente legislatura.

En definitiva, se trata de modificar el Código de Aguas, a fin de abordar el tema de manera conveniente para los intereses del país.

No nos cabe duda de que el debate será profundo, con altura de miras, sin prejuicios y buscando lo mejor para Chile, no sólo en el Parlamento, sino en toda la sociedad.

El desarrollo futuro indica que el uso del agua será intenso, seguramente más conflictivo que en la actualidad. Se necesita para beber, para regar, para producir energía, para la industria y para la minería. Son muchas las opciones, y su escasez será creciente.

En los próximos 40 años el sector hidroeléctrico va a sextuplicar sus actuales necesidades de agua, creándose más de 100 centrales hidroeléctricas.

En la agricultura los requerimientos se van a duplicar; lo mismo ocurrirá en la industria y en la minería, ni hablar del uso doméstico.

Frente a esta demanda en aumento, nos encontramos con una normativa sobre el uso de los derechos de agua muy especial, que se contrapone con lo que se establece en la inmensa mayoría de las legislaciones comparadas en el mundo.

En nuestro derecho está fuertemente fundada la teoría del libre mercado, donde el agua pierde su naturaleza jurídica de bien nacional de uso público y donde el Estado ve restringida su capacidad para salvaguardar el interés colectivo y el aprovechamiento efectivo del recurso.

En efecto, desde los tiempos de Andrés Bello y del Código Civil -como lo repite el artículo 5º del Código de Aguas- las aguas son bienes nacionales de uso público; esto es, aquéllos cuyo dominio pertenece a la Nación toda y su uso corresponde a todos los habitantes de la Nación. Lo que se concede a los particulares es un derecho de aprovechamiento sobre estas aguas. ¿Qué derechos? El de usar y gozar de ellas. Es decir, está definido como un derecho real, con características similares a las del dominio civil, cuyo titular puede usar, gozar y disponer, pero una vez otorgado pasa a ser protegido como propiedad privada en virtud del número 24 del artículo 19 de la Constitución.

¿Por qué hago esta referencia? Porque son muchos los que piensan que aquí existe una contradicción en su esencia, ya que la libre disposición de un derecho de uso permite indirectamente la comercialización de un bien que, por definición, no es comerciable, por cuanto es un bien nacional de uso público.

En concreto, la actual legislación minimiza hasta casi hacerla desaparecer la naturaleza jurídica de un bien nacional de uso público, como es el caso del agua.

En nuestro país el agua es un bien principal y no accesorio de la tierra o de la industria a las cuales está destinada. En Chile se puede ser propietario de tierra sin agua, y también se puede ser titular de aprovechamiento de aguas sin tierra o industria a la cual el agua está destinada. Ésa es la verdad. Ello llevó a crear para el agua un régimen registral similar al de la propiedad raíz, pero con un elemento fundamental: se es propietario de un derecho de agua para usar y gozar de ella, pero no puede llegarse al extremo de ser propietario de un derecho de agua para no usarla ni gozarla.

Por lo tanto, el sistema actual implica en cierto modo un traspaso anómalo de un bien nacional de uso público a un uso privado, lo que se refleja en la presentación de solicitudes de agua que no guardan relación con las necesidades para las cuales se va a utilizar.

En la actualidad cualquier chileno o chilena puede pedir agua sin decir para qué la quiere y sin que exista ninguna relación entre la cantidad que se solicita y el uso que se le quiere dar. En consecuencia, esto permite que los particulares acumulen derechos de agua sin uso alguno a través de una forma de propiedad, siendo el único derecho de propiedad que existe en la legislación chilena cuya acumulación no significa costo alguno, lo que considero particularmente grave, porque en el sistema nuestro cualquier otro derecho de propiedad implica un costo. Esto significa que tenemos un derecho de propiedad que incita a su acumulación, porque no tiene costo alguno. Nadie que pida agua -si se da el trabajo de pedirla- lo hace por las magnitudes para las cuales se va a necesitar. Se pide por la totalidad de un caudal, aunque sea el más modesto de los esteros. En consecuencia, aquí no están considerados los elementos que dicen relación con lo que puede ser el desarrollo de una región. Como resultado de este hecho, en los mercados se producen distorsiones respecto de las cuales quiero señalar un solo antecedente a esta honorable Cámara.

En la Undécima Región hay tres solicitudes de agua de empresas vinculadas al ámbito eléctrico, que implican el 99,5 por ciento de las aguas, de 3 millones 200 mil hectáreas o de una superficie superior a un país como Bélgica o Israel. De acceder a esas peticiones, que se sostiene que son no consuntivas, de acuerdo con la distinción del Código de Aguas, pueden volver a utilizarse.

Pero la distinción entre aguas consuntivas y no consuntivas es teórica. Consuntiva es aquélla cuyo titular tiene derecho a usar en plenitud; en cambio, la no consuntiva es la que se utiliza para un solo fin y, posteriormente, se devuelve al cauce.

El problema radica en que esta distinción, teóricamente correcta, en la práctica no opera de igual forma. Por ejemplo, cuando un agricultor riega a tajo abierto, el 70 por ciento de ella se devuelve al cauce, no obstante que era un derecho consuntivo. Por lo tanto, el agricultor consume el 30 por ciento y el 70 por ciento restante vuelve al cauce.

Un derecho no consuntivo por excelencia es el que solicitan las empresas hidroeléctricas. Por ejemplo, piden agua, se utiliza a través de la presa o represa, se genera electricidad y se devuelve al cauce. Pero hay dos excepciones: todo derecho de agua no consuntivo pasa a ser consuntivo aguas arriba; todo derecho de agua que se constituye como no consuntivo respecto de la presa o central hidroeléctrica respectiva, cuando se dice “usted tiene derecho a tantos metros cúbicos por segundo”, a partir de ese momento, aguas arriba, la empresa hidroeléctrica se opondrá a cualquiera otra utilización de las mismas, porque se ve afectada en su derecho, y se señala que se ha construido una empresa hidroeléctrica para utilizar equis metros cúbicos de agua por segundo; pero si un agricultor la usa para riego, obviamente llegará menos agua. En consecuencia, aguas arriba los derechos no consuntivos son consuntivos, y la mejor demostración es que cada vez que hay una solicitud en ese sector, viene la oposición y la necesidad de denegarla.

Al respecto, hay solicitudes para aprovechamiento de las aguas en la desembocadura del río Baker, en la caleta de Tortel. Acceder a ellas significaría que el río más caudaloso de Chile pasa a ser propiedad privada, no obstante que se piden derechos no consuntivos.

En la práctica, los derechos son consuntivos, porque hay un momento distinto de utilización. Si se construye una represa, como la de Puclaro, y las aguas se quieren utilizar para regar nuestras tierras, para la agricultura, la presa se utilizará hasta su cota máxima y el nivel de sus aguas bajará en enero, febrero, marzo o abril. Pero cuando la presa se construye con fines hidroeléctricos, las empresas eléctricas obviamente necesitan bajar el nivel de las aguas y generar electricidad en julio y agosto; y a los agricultores no les interesa el agua en esa fecha. Entonces, la relación que existe entre aguas consuntivas y no consuntivas es cierta, devolverá las aguas, pero lo hará en julio y agosto, cuando el agricultor no las necesita.

En consecuencia, la argumentación de que los derechos no consuntivos no consumen las aguas, no es del todo exacta desde un punto de vista del mundo real.

Por lo tanto, acá tenemos un elemento esencial para entender la necesidad de modificar el Código de Aguas. En esas modificaciones, ¿qué es lo primero que se establece? Un costo o patente por la mantención de un derecho cuando no se utiliza.

Queremos que opere el mercado. Hoy quien es titular de un derecho de aguas que las utilizará porque quiere esperar un mejor momento -cinco, diez, quince, veinte o cincuenta años- no paga nada. En la actualidad, determinados personeros están pidiendo las aguas de Chile cuenca por cuenca, todas las aguas, porque tenerlas significa cero peso.

¿Esto es lo que quiso el legislador cuando introdujo el actual sistema de regulación de las aguas? ¿Esto es lo que se buscó?

En el pasado, el titular de un derecho lo mantenía en tanto lo utilizaba, de lo contrario, lo perdía. Por ello, primero se daba una concesión provisoria y después la definitiva; hoy se entrega derechamente. En consecuencia, tenemos un tema mayor.

Al introducir este costo o patente, por cierto estamos distinguiendo entre derechos consuntivos y no consuntivos, y en que el costo o patente es distinto, según se trate de derechos de aguas en el norte, en el centro o en el sur del país, según los caudales disponibles. Asimismo, en la fijación de patentes -no quiero entrar en ese detalle en esta exposición general- distinguimos el mayor valor que se obtiene por una tierra con riego o sin él. En el caso de los derechos no consuntivos es muy importante establecer la ventaja que desde el punto de vista de la rentabilidad social tiene el que se utilicen o no las aguas para la generación de energía eléctrica.

Las empresas que hoy tienen grandes derechos de agua y no los utilizan en las fechas más inmediatas, en definitiva, generan una situación de renta superior. En otras palabras, si una empresa eléctrica tiene aguas y no construye represas hidroeléctricas, a lo mejor podría tener un mayor valor como resultado de las tarifas eléctricas. ¿Qué es más conveniente? ¿Construir la central o cobrar más por las tarifas de hoy? Éste no es un tema menor.

Por eso, en la forma de hacer los cálculos de la tarifa o patente que se debe pagar por un derecho no consuntivo no utilizado, se incluye un elemento que se va incrementando en el tiempo y que después de un período prudencial aumente el pago de la patente, porque, en el fondo, al no utilizar ese derecho se está impidiendo que otras empresas eléctricas usen esas aguas para generar la electricidad que el país requiere.

Digámoslo derechamente. Desde el punto de vista de los derechos no consuntivos de aprovechamiento de las aguas en Chile, el país dispone aproximadamente de 30.000 metros cúbicos por segundo, de los cuales hoy las empresas eléctricas utilizan sólo 1.700.

En la actualidad, las empresa eléctricas ya tienen constituidos 11.200 metros cúbicos por segundo sin utilizar; es decir, hoy existen 1.700 metros cúbicos por segundo que se utilizan en generar la electricidad que requiere Chile, y 11.200 metros cúbicos constituidos que no se utilizan. ¿Alguien podrá decir que no hay suficientes derechos constituidos para que las empresas puedan desarrollar adecuadamente una planificación a largo plazo? De estos 11.200 metros cúbicos constituidos sin utilizar, una sola empresa tiene 6.500 metros cúbicos constituidos; es decir, el 58 por ciento de los derechos constituidos sin utilizar están en manos de una empresa. Sin embargo, esa empresa dice que si no se le constituyen más derechos no podrá programar a largo plazo, en circunstancias de que con los derechos de que hoy dispone puede trabajar hasta el año 2040.

Ahora bien, ¿cuántos derechos están en trámite -repeticiones, derechos sobrepuestos, etcétera- en la Dirección de Aguas? Treinta y ocho mil, entre los cuales se encuentra la referencia al caso de la Undécima Región. Si hoy se entregaran esos derechos no diré que con ello estamos favoreciendo la libre competencia, sino que estamos erigiendo la barrera más grande para proteger un sistema monopólico en el país, porque ¿cómo introducimos la competencia en el sector si hay quienes no tienen derechos de aguas?

En consecuencia, nos parece que, desde el punto de vista del desarrollo agrícola, del interés social y de las fuentes energéticas, el tema es de la máxima importancia y trascendencia. Por lo tanto, el primer paso que tenemos que dar es el establecimiento de un costo por el no uso de las aguas, de manera que cuando el Estado las entrega a un particular, éste las use, y si no lo hace, que pague un costo. El segundo elemento se relaciona con la justificación de solicitudes de nuevos derechos, esto es que haya una relación entre el derecho de agua que se pide -para qué se pide- y la cantidad que se solicita. Si alguien es dueño de tres hectáreas, ¿tiene sentido pedir tres metros cúbicos?

En 1917, un particular pidió 25 metros cúbicos sobre el río Cautín, que en la época estival tiene 52 metros cúbicos. Ese particular que construyó el canal Sandoval -reitero-, pidió 25 metros, en circunstancias de que ese canal tiene apenas un metro y medio. No quiero decir lo que ocurrió posteriormente con ese canal, respecto del cual, utilizándose uno de los resquicios del actual Código de Aguas, se constituyeron los 25 metros cúbicos, no obstante no haberse utilizado desde 1917. Más adelante explicaré qué significa esto.

Por eso, tiene que haber una posibilidad para que la Dirección General de Aguas no sea un órgano ciego, que sólo tenga que comprobar si hay o no hay disponibilidad de agua, y si existe, la conceda.

Esta intervención la iba a hacer ayer. Hoy, me he encontrado con una situación que quiero plantear aquí, porque pertenece al mundo real.

Hace más de 30 años estuve en Domeyko y en esa época allí no había agua. Hoy, tampoco la hay y en ese lugar viven 600 personas. Hay una empresa minera que dispone de 4 litros por segundo, esenciales para desarrollar sus actividades; pero eso tiene un costo: el pueblo sigue sin agua. Me comprometí a que haríamos todos los esfuerzos para dotar de agua a Domeyko. En el pasado la Corfo tuvo allí cinco pozos; sin embargo, por los fenómenos ocurridos en el país, hoy dichos pozos son de propiedad de una empresa privada: la Compañía Minera del Pacífico. Como los pozos no se utilizan, en abril el Ministerio de Obras Públicas pidió los derechos para abastecer de agua potable a Domeyko. La Compañía Minera del Pacífico dijo que esa medida la veía con buenos ojos. Sin embargo, ¿qué hizo hace dos días? Solicitó la inscripción de los derechos de agua a su nombre. Se le dijo: “Si no han usado agua durante años, ¿para qué la necesitan?” Respondió: “A lo mejor, a futuro la compañía va a desarrollar un proyecto agrícola”.

Aquí tenemos dos solicitudes: una, del Director General de Obras Públicas, para que la gente de Domeyko tenga agua para beber, y otra, presentada ayer por esa compañía minera, en vista de que nosotros como Ministerio, también la estábamos pidiendo.

¿Qué puede hacer el Director General de Aguas ? Ambas solicitudes son idénticas; en ninguna de ellas se dice para qué se quiere el agua, porque no es necesario hacerlo. El Director no puede decir -como se hacía antes- que es más importante el agua utilizada para beber que aquella destinada a un proyecto agrícola que -según se nos informó- se desarrollará en el largo plazo. Digámoslo francamente: aquí lo que se busca es inscribir esa agua y vendérsela al Estado, para que éste pueda dar de beber a la localidad de Domeyko.

Se dice: “¿Cómo vamos a aceptar la arbitrariedad del Estado?” Estoy de acuerdo en que el Estado puede ser muy arbitrario; pero, ¿puede haber algo más arbitrario que mediante tres solicitudes una empresa llegue a ser dueña del agua de toda una región de Chile? Es que va a operar el mercado, se argumenta. Claro que va a operar, después que alguien tenga el monopolio del ciento por ciento del agua de esa región. Me parece bien que opere el mercado. Desde el Ministerio estamos planteando una política de participación activa del sector privado; pero me parece que aquí hay un elemento esencial: debemos establecer prioridades en el uso del agua.

Me referí al canal Sandoval. Cuando se planteó la necesidad de hacer un proyecto de riego para Victoria y Traiguén, los propietarios del canal Sandoval dijeron que estaban dispuestos a venderle el agua al Gobierno, a cambio de que mejoráramos dicho canal. Ésa es la verdad.

Entonces, lo que el proyecto busca es que opere el mercado, pero que lo haga de manera que ello no implique la configuración de situaciones monopólicas, en donde la propiedad del agua pase a manos de unos pocos; en donde la propiedad del agua se constituya en una vía de entrada a nuevos competidores al mercado de la generación hidroeléctrica en Chile. El proyecto apunta a que aquellos que tengan la propiedad del agua necesariamente deban pagar, cuando no la usen ni gocen de ella si quieren mantener sus derechos sobre ella.

En el proyecto podemos establecer todo tipo de presunciones de uso y goce. Pero nos parece grave mantener una situación de creciente dificultad como la actual, en donde introducimos otros elementos como la necesidad de entender, en la concesión de los derechos de agua sobre los ríos y vertientes, el concepto de caudal ecológico, que es importante.

Hoy no es posible denegar una solicitud de agua argumentando que determinado río se secará. En tanto existan aguas, éstas se deben entregar. El concepto de caudal ecológico no puede ser esgrimido por el Director General de Aguas .

Por supuesto, a través del mecanismo de patentes se ha establecido su ámbito de aplicación, la presunción de no uso, los criterios económicos, el escalonamiento de los mismos y el destino de su recaudación, que va, en lo esencial, en beneficio de la región de donde proviene el agua. En consecuencia, aquí estamos desincentivando la acumulación de derechos que no se usan y, al contrario de lo que se ha dicho, promoviendo el mercado y planteando un objetivo de fácil aplicación.

Me parece, eso sí, que lo más importante es que el pago de una patente por no uso debe hacerse de inmediato y respecto de todos los derechos. Aquí no hay un problema de irretroactividad de la ley. El Estado concedió el derecho de propiedad para usar y gozar del agua, y si hoy una persona no la usa ni goza de ella, obviamente se puede aplicar el pago de una patente por ese motivo. El que la usa y la goza no paga, pero el que no lo hace, por supuesto que debe pagar.

Digo esto porque se ha señalado que el proyecto plantea dudas constitucionales que afectan el derecho de propiedad. Los parlamentarios tienen atribuciones para aumentar las contribuciones territoriales. ¿Sí o no? Cuando se adquiere un bien raíz se hace dentro de determinado esquema de imposición territorial: se paga el equis por mil de su avalúo. ¿Se puede aumentar? Sí. Entonces, ¿alguien podría decir que se está afectando su derecho de propiedad porque cuando compró la propiedad pagaba el equis por mil, y ahora el Parlamento, soberanamente, aumentará el avalúo? Con ese criterio, nunca se habría podido establecer la contribución de bienes raíces.

Digámoslo derechamente: si se quiere legislar para adelante, estamos haciendo una legislación teórica, porque prácticamente están concedidos todos los derechos de aguas entre la Primera y la Décima regiones, y su inmensa mayoría no se usa. Entonces, el Gobierno, respetando las normas básicas, busca establecer mecanismos de incentivo para utilizar esos derechos.

No quiero cansar a los señores parlamentarios. Pero hemos hecho el cálculo sobre lo que habría significado si estas patentes hubieran existido como mayor costo -por tomar dos centrales de moda- para Pangue y Ralco, porque se dice que esto es muy caro, que tiene un costo elevado. En verdad, depende del momento en que la empresa hace la solicitud de los derechos de agua. Si la efectúa antes de cualquier estudio, antes del de prefactibilidad, el mayor costo habría sido un 6 por ciento; si la hace una vez que dicho estudio está terminado -los de prefactibilidad son muy baratos- y éste indica que una central como Pangue es rentable, a lo mejor habría tenido que pagar un 2 por ciento, porque lo que se quiere establecer es que los derechos no se cobran una vez que la central se empieza a construir.

En otras palabras, por cierto que estamos preocupados de ver las implicancias económicas del establecimiento de este gravamen. Se ha debatido extensamente y, en ese sentido, el trabajo realizado por la Comisión especial legislativa encargada de la modificación del Código de Aguas fue tremendamente acucioso, puesto que presentamos cada una de las distintas alternativas y opciones en el establecimiento de las patentes.

En lo esencial, aquí hemos querido establecer una modalidad para compatibilizar, dentro del sistema actual, la garantía del derecho de propiedad para el uso y goce del agua, pero que efectivamente se use y se goce y no se mantenga simplemente como un capital especulativo que tiene cero costo en su mantención.

En estos 15 años, desde que el Código de Aguas entró en aplicación, el mercado del agua, salvo en algunas localidades muy específicas como áreas cercanas a la ciudad de Santiago y otras regiones urbanas importantes, prácticamente no ha funcionado. En consecuencia, al introducir un costo por el no uso, inducimos a que el mercado funcione, porque en algún momento este costo, que es creciente, obligará al propietario de ese derecho que no se usa a pensar en venderlo o utilizarlo. Por lo tanto, esto induce el funcionamiento del mercado. Lo actual es lo que hace que el mercado no funcione.

El segundo elemento me parece importante, pues al fijar las facultades de la autoridad para la concesión de nuevos derechos se propone establecer límites razonables a la concesión de derechos de aprovechamiento de aguas, los que, en definitiva, se traducen en justificar la necesidad del agua solicitada para los derechos que se constituyan con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley.

Hoy, no hay que dar explicación alguna, y digo esto porque, en definitiva, lo que está en cuestión es si tenemos derecho a decir que es más importante el agua para los habitantes de Domeyko o para un proyecto innominado que no conocemos, de una empresa minera que se quiere dedicar a actividades agrícolas, como la Compañía Minera del Pacífico.

Por cierto, utilizaremos las herramientas legales y, si es necesario expropiar el terreno en el cual están esos pozos, lo expropiaremos. Ésas son nuestras facultades como Ministerio.

El tema es más de fondo. Eso no es posible, so pretexto de que el Estado es arbitrario, se cruza de brazos y cree que los privados son más eficaces en la asignación de este tipo de recursos cuando está de por medio la salud y la vida de la población, en circunstancias de que ése es el sentido del agua para beber.

El proyecto contiene normas sobre conservación y protección de aguas y cauces, tal cual lo establece la Ley de Bases del Medio Ambiente.

Además, considera algo muy importante, que hoy no existe, cual es la interacción entre las aguas superficiales y subterráneas en el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento, porque aquí se impone a la Dirección de Aguas el análisis y cuantificación de todos los recursos de la cuenca, para determinar si existe disponibilidad en el lugar indicado en la solicitud. De esta manera, los usuarios evitan futuros conflictos en el caso de que existan explotaciones de aguas superficiales y subterráneas de una misma cuenca. Pondré un ejemplo que es dramático, pero que corresponde al mundo de hoy: el tema histórico, de muchos años, del agua en la ciudad de Arica.

El SAG solicitó la utilización de la faja fiscal que está en el camino al valle de Lluta para tener pozos subterráneos. El resultado es que hoy estos pozos están produciendo aproximadamente 480 litros por segundo. Si bien es cierto que es agua salina, mediante el contrato que se ha hecho para su tratamiento, podría resolverse el problema y los requerimientos de agua de Arica.

Con toda razón los agricultores que riegan sus tierras con las aguas del Lluta dicen: “¿Y no habrá aquí una relación entre el agua subterránea que extraerá el SAG y la superficial, en poca cantidad, que de vez en cuando tenemos?” Es cierto que en la desembocadura del Lluta están sacando agua, pero eso implica que en su curso medio las aguas superficiales ahora son captadas por la napa En último término, es importante que los ariqueños beban agua, pero tenemos derechos constituidos.

¿Quién tiene la facultad de hacer los estudios hidrológicos necesarios para determinar esto? Estoy poniendo un caso de hoy. Por consiguiente, estamos dando una facultad para que haya interacción entre las aguas superficiales y subterráneas y no como hoy, en que basta constatar que haya aguas subterráneas para otorgar la concesión, y después viene el pleito por las aguas superficiales. De esta manera queremos evitar conflictos futuros cuando existan exploraciones de aguas superficiales y subterráneas en la misma cuenca u hoya hidrográfica. También nos parece indispensable conceder estas atribuciones, como otras.

Como expliqué anteriormente, cuando las aguas son para riego no son ciento por ciento consuntivas. Vuelven al cauce, salvo que una empresa minera las utilice y muchas veces las lleva a otro cauce. Esto sucede hoy, particularmente en el norte.

Un ejemplo. Las aguas del valle de Copiapó se utilizan más de cuatro veces. El Director de Aguas me va a corregir y va a decir cinco. Las empresas mineras compran los predios agrícolas no por el desarrollo agrícola, sino por el minero, lo que nos parece muy bien. No tenemos por qué discriminar si se quiere hacer desarrollo agrícola o minero; ése no es rol del Estado. Pero toman las aguas del valle de Copiapó y las llevan a otro, porque la explotación minera está en otra parte. ¿Y qué ocurre con los propietarios de los derechos de aguas que están aguas abajo de ese caudal que cambió el curso? A la larga, se quedan sin agua.

En otras legislaciones, obviamente para cambiar los derechos de aguas de una cuenca a otra, se requiere el asentimiento de la autoridad.

Hay un famoso juicio que llegó a la Corte Suprema en Estados Unidos, de un pueblo que bebía las aguas de un cauce que una empresa aguas arriba compró, exactamente lo que estoy diciendo. Y ese pueblo se quedó sin agua y llegó el reclamo a la Corte Suprema, la cual reconoció que, en este caso, tenía que dar paso al derecho de una localidad a beber agua y que existía la constitución de un derecho consuetudinario desde el punto de vista de lo que significaba el agua de esa localidad. Claro está que esas son cortes supremas que tienen un concepto peculiar del derecho de propiedad, porque entendieron que era más importante el agua para el pueblo que el derecho de propiedad que había permitido lo anterior.

Digo esto porque creo que es el tema real sobre el cual quiero llamar la atención de los miembros de la honorable Cámara: tratar de desprejuiciarnos un poco y entender su magnitud, a fin de ver si, en definitiva, es posible establecer una gradación en el uso del agua; hacer un análisis objetivo de cómo ha funcionado este mercado en los últimos quince años, y si ha habido un ejemplo de que los derechos no consuntivos se hayan trasladado de una empresa a otra, porque una está más apurada en hacer una central hidroeléctrica. También queremos, por cierto, perfeccionar el procedimiento para regularizar el artículo 1º transitorio del Código de Aguas, relacionado con disposiciones que afectan a los conservadores de bienes raíces respecto de un catastro público de aguas.

El Director General de Aguas tiene que ver si hay o no agua en un río, pero no todos los derechos que se solicitan pasan por sus manos, porque ha habido casos históricos en que respecto de las concesiones de aguas dadas con anterioridad se puede ir directamente donde un juez y éste regularizar el título, sobre la base de una merced otorgada en años pasados.

Es lo que ocurrió con el canal Sandoval. En virtud del actual Código de Aguas, de ese artículo transitorio y de una merced concedida el año 1917, en noviembre de 1993 se presentó una solicitud a un juez acucioso -como deben serlo todos-, de la Novena Región, quien en 48 ó 72 horas concedió la merced y a los 30 días ésta quedó inscrita, después de lo cual, cuando el Estado quiso hacer el canal Victoria-Traiguén, los dueños le dijeron: “Perdónenos, pero somos dueños de la mitad del Cautín”. Por fortuna, la Corte Suprema hizo una revisión y ha ordenado a los conservadores que ahora, antes de proceder a las inscripciones, deben informar a la Dirección General de Aguas.

Queremos que este proceso sea transparente y que exista un catastro único. Si se entiende que la Dirección General de Aguas debe verificar si hay agua o no, que por lo menos disponga de un catastro donde figuren todas las inscripciones y no siga sucediendo, como hasta ahora, que se puede ir directamente al Poder Judicial y al conservador, donde no queda constancia de la existencia de esas aguas, salvo cuando alguien las va a usar.

El proyecto también plantea la necesidad de extender la personalidad jurídica a las comunidades de aguas, más allá de lo que ocurre hoy con las asociaciones de canalistas. En la actualidad, están registradas aproximadamente 2.300 comunidades de aguas, las cuales no cuentan con personalidad jurídica y ven limitadas sus posibilidades de desarrollo.

Digo esto porque ésa es la forma que tiene la comunidad organizada de utilizar de manera adecuada los recursos que le son propios, lo cual nos permite mirar con mayor optimismo el modo en que los usuarios dueños de las aguas pueden colectivamente usarlas. Cuando hay una comunidad, en la práctica esas aguas no pueden ser usadas en forma colectiva, porque se requiere la unanimidad de todos los comuneros, y lo que estamos buscando es asimilarlas a una situación semejante a la de los regímenes de las asociaciones de canalistas, lo que nos parece esencial.

En el Gobierno del Presidente Frei se están entregando a los privados, para su administración, las grandes obras de riego que se hicieron en el pasado, como lo hemos hecho con buena parte de las obras de la Cuarta Región. En otras palabras, hemos planteado la importancia de que el sector privado se organice en lo referente a las aguas, así como no me cabe la menor duda de que, en el largo plazo, el tema, en vez de quedar radicado en la Dirección General de Aguas, deberá estarlo en una administración regional de cuencas, y que el uso y goce de las aguas se determine también a nivel regional. A eso debiéramos apuntar, pero en tanto llegamos a ello, es indispensable establecer un ordenamiento en la administración actual.

Asimismo, esperamos que el esfuerzo que está haciendo el Gobierno no se vea como algo que implica no creer en el funcionamiento del mercado, sino cómo hacemos para que éste funcione, lo cual es distinto, porque un derecho de propiedad cuya mantención tiene costo cero, no induce a que ella, cuando es muy onerosa su mantención, llegue a otros que estén dispuestos a utilizarla.

Si no abordamos el tema ahora -he señalado lo que son las solicitudes que en este instante tiene la Dirección General de Aguas y sobre las cuales debemos resolver-, estaremos agravando un problema y yendo en perjuicio del interés de la inmensa mayoría de los chilenos.

Ésa es la razón por la cual el Gobierno ha solicitado urgencia para este proyecto, y nos parece que cuanto antes estemos en condiciones de resolver el tema de las aguas habremos dado una respuesta más clara a la sequía, tema de largo plazo.

Hace algunos meses, nos invitó la Cámara para que diéramos a conocer lo que ha hecho el Gobierno en materia de la sequía, y expusimos lo que se ha realizado. Podríamos hacer mucho más si tuviéramos las herramientas que, entre otras, otorga este proyecto de ley.

Me gustaría poder decir a los amigos de Domeyko que la situación a que ahora se ven enfrentados, no la tendrán los futuros pobladores de esa ciudad, porque existirán facultades para resolver adecuadamente aquellos asuntos que van en beneficio del interés común.

Esperamos que en el debate el proyecto pueda ser mejorado y perfeccionado, pero hay que entender que es indispensable hacer una modificación como la descrita, porque, a juicio del Gobierno, es la única forma de poder aprovechar adecuadamente este recurso en el futuro.

Muchas gracias.

-Aplausos.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jara.

El señor JARA.-

Señor Presidente, en mi condición de Diputado del Partido Por la Democracia, quiero precisar mi particular opinión sobre el proyecto que pretende modificar algunas normas sobre las aguas.

Esta materia es de la mayor trascendencia. Recientemente, el país ha sido testigo de lo que puede significar la carencia de este vital elemento para el consumo de la población, abastecimiento de energía eléctrica, riego agrícola y requerimientos industriales y mineros.

El agua dulce es un recurso esencial para la población y es un patrimonio ambiental y económico fundamental para el país.

El escenario actual ya es de escasez, pero a futuro lo será mucho más. En los próximos veinte años, la demanda por recursos hídricos para el consumo residencial, minero, industrial, hidroeléctrico y riego agrícola, a lo menos se duplicará. Luego, las perspectivas no sólo son de escasez creciente, sino también de conflictividad creciente del uso del recurso.

Estas consideraciones, que parecen tan obvias y que, por cierto, nadie discute, deberían influir para que el tratamiento legislativo de este tema fuera asumido con la mayor rigurosidad y objetividad, con una visión de país, de bien común y de interés general.

Sin embargo, lamento tener que precisarlo. El debate habido en la Comisión Especial para el estudio del régimen jurídico de las aguas no tuvo esas características. En verdad, no fue objetivo ni estuvo guiado por una mínima racionalidad; por el contrario, estuvo marcado desde el comienzo hasta el final por prejuicios ideológicos, desconfianzas, aprensiones y temores injustificados, y a veces, por marcados sesgos puramente corporativos.

Sin ánimo de confrontación ni de querella, para lo cual no tengo vocación, pero considerando que es necesario ser claro, quiero señalar lo siguiente. Los sectores empresariales y de la Oposición han sido absolutamente incoherentes e inconsecuentes en esta importante materia, aun con lo que dicen son sus propias convicciones.

En primer lugar, han sido políticamente incoherentes e inconsecuentes desde un punto de vista formal, porque este proyecto en su versión original, que era mucho más audaz que la indicación sustitutiva, fue aprobado en general por unanimidad, incluidos los señores diputados de Oposición, en la sesión 14ª, Ordinaria, celebrada el 5 de octubre de 1993. Cabe consignar que ese proyecto primitivo, con su indicación remitida por el Gobierno anterior, no sólo establecía el pago de patente por el no uso, sino también la caducidad. Asimismo, establecía normas sobre protección, vigilancia y policía y normas sobre administración integrada de las cuencas hidrográficas.

Por lo tanto, no se explica por qué los mismos sectores políticos que aprobaron la idea de legislar sobre todas esas materias se hayan opuesto, ahora, a legislar sobre un proyecto nuevo, mucho más restringido que aquel que en su oportunidad aprobaron en general.

En segundo lugar, la Oposición es incoherente e inconsecuente con los propios principios que dice defender, porque las reformas planteadas no constituyen un cambio fundamental al sistema del Código de Aguas, el cual se basa en la propiedad privada de los derechos de aprovechamiento y en el mercado como mecanismo para reasignar el recurso.

Las reformas planteadas reafirman ese sistema por cuanto no se altera para nada la propiedad privada de los derechos de aprovechamiento y el mercado de las aguas. Lo reafirman, porque, sin alterarlos en su base fundamental, propone normas más coherentes, racionales, justas y equilibradas.

Ocurre que la actual legislación de aguas, dictada en 1981, se fundamenta en la más arbitraria y abusiva apropiación privada de las aguas, negando y excluyendo totalmente la dimensión social y ambiental del recurso; relegando al Estado, no a un rol subsidiario, sino al de una simple oficina de registro y otorgamiento de títulos de aprovechamiento. Este esquema no sólo es conceptual y teóricamente incoherente, sino que hace imposible, en la práctica, desplegar una política nacional de aguas que permita optimizar el recurso, conservarlo, protegerlo y dar adecuada solución a la creciente demanda y conflictividad por el uso del agua.

Es conceptual y teóricamente incoherente, porque nadie discute que las aguas son un bien nacional de uso público, es decir, un bien que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres. Este principio lo corrobora nuestro Código Civil, que data de mediados del siglo pasado, que en su artículo 595, dice que son de dominio público todos los ríos y todas las aguas que corren por su cauces naturales.

Pero hay más: lo han establecido todos los Códigos de Aguas anteriores, la propia Constitución del 80 y el actual Código de Aguas. Es decir, las aguas son de propiedad de todos; son propiedad pública.

Pero, ¿qué ocurre en la práctica? Que en nuestro país las aguas son de apropiación enteramente privada. Ello es así, por cuanto el derecho de aprovechamiento que concede el Estado a los particulares sobre las aguas, se otorga a perpetuidad y en forma plena; es decir, con todos los atributos de la propiedad civil. Esto es, uso, goce y disposición, sin ninguna condición o exigencia. Nótese: “ninguna condición o exigencia”.

El derecho de aprovechamiento así concebido, otorga a los particulares no sólo la propiedad absoluta, sino una propiedad arbitraria y abusiva sobre un bien que nos pertenece a todos. El derecho de aprovechamiento es arbitrario y abusivo, porque el particular puede usar o no usar las aguas, venderlas o arrendarlas para cualquier cosa; derrocharlas, botarlas, si quiere, o derivarlas o destinarlas a cualquier parte o cosa.

Pero, además, el Estado está obligado a concederla en forma gratuita. El Estado debe constatar sólo si existen recursos hídricos disponibles y que su concesión no afecte derechos de terceros. Nada más. Si se cumplen estos dos requisitos, la administración está obligada, por ley, a concederlos. Y si se demora mucho, se puede presentar un recurso de protección contra el Director General de Aguas , el Ministro o el Presidente de la República , en su caso.

Así de simple para los particulares, pero no para el Estado, porque la normativa le impone cargas: la obligación de comprobar, por una parte, que el recurso existe y no se afecte el derecho de terceros. Es decir, la administración está obligada a hacer estudios, mediciones, obras de defensa fluvial, etcétera. O sea, para el Estado, puras cargas y ninguna facultad. Para los particulares, sólo derechos y ninguna carga.

Cuando se otorga un derecho sobre un bien nacional de uso público, se imponen cargas y responsabilidades a su titular. ¿Cuáles son las cargas y responsabilidades que tienen los titulares de los derechos de aprovechamiento de aguas? Ninguna. Lo que ocurre es que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas opera en la práctica como un derecho real civil y no como debería ser y es: un derecho real administrativo.

En efecto, es de la esencia de la administración que cuando se otorga un derecho privado sobre un bien nacional de uso público, se hace mediante un acto administrativo y previo el cumplimiento de requisitos y exigencias y bajo determinadas condiciones, que si no se reúnen, permiten caducar esa concesión. Esto es de la esencia de la concesión, permiso o derecho sobre un bien nacional de uso público. Jamás puede concederse un derecho privado sobre un bien nacional de uso público que comprenda el dominio sobre el bien en sí o la cosa objeto del derecho, y jamás un derecho privado sobre un bien nacional de uso público puede impedir el destino natural de la cosa; es decir, su uso público por todos los habitantes de la nación.

El derecho de aprovechamiento, al no condicionar su otorgamiento al uso de las aguas, impide el destino de la cosa y su uso público, y contiene una contradicción. En sí mismo el derecho es de aprovechamiento, o sea, se le concede al particular para que, precisamente, aproveche el recurso y permita su uso público. Si ello no ocurre, la administración debería tener la facultad para caducar esa concesión. Pero aquí no se plantea la caducidad, por lo cual estamos afirmando plenamente la propiedad privada de los derechos de aprovechamiento.

Lo que señalamos es lo menos: el pago de una patente por el no uso de un bien escaso y valioso, que nos pertenece a todos, que se obtiene gratuitamente del Estado, precisamente, para usarlo. Es decir, esto es de una racionalidad mínima. Y aún esto, que es lo mínimo razonable, es objetado por inconstitucional. Incluso, se pretende en esta materia negarle al Estado hasta su potestad tributaria general.

Imponer una patente a los derechos de aprovechamiento de agua que no se utilicen no afecta para nada el derecho de propiedad de los titulares de esos derechos de aprovechamiento. No afecta para nada el legítimo ejercicio del derecho. Lo que se quiere evitar es el abuso del derecho, y abusan del derecho quienes tienen para sí la facultad de uso exclusivo y excluyente de un bien nacional de uso público, cada vez más escaso y valioso, y no lo destinan a un aprovechamiento efectivo y beneficioso para la comunidad.

En suma, el derecho de aprovechamiento de agua no es un derecho real administrativo, sino un derecho real civil. Pero aún más, excede, incluso en cuanto a su arbitrariedad, al concepto de la propiedad civil. En efecto, el derecho sobre la propiedad raíz, que no es un bien nacional de uso público, está sujeto a cargas y a limitaciones. Desde luego, su conservación implica un costo: el impuesto territorial. Además, tanto la propiedad urbana como la rural están sujetas a limitaciones. No se puede hacer lo que se quiera con ella. Todo eso porque se reconoce, aun en la Constitución de 1980, que la propiedad civil debe cumplir una función social.

¿Qué pasa con los derechos de aprovechamiento? Resulta que el derecho sobre las aguas, que constituye un bien nacional de uso público, no está sujeto a ninguna carga o limitación y otorga facultades a sus titulares para hacer lo que quieran con ella. Esto me parece de una incoherencia inaceptable.

Por ello, no es exagerado afirmar que el derecho de aprovechamiento es el más arbitrario y abusivo consagrado en nuestra legislación. Se dice que estas reformas debilitan la necesaria seguridad jurídica de los derechos de aprovechamiento. Ello no es así. Los particulares que usan sus aguas podrán seguir haciéndolo en forma gratuita; los que no las usen tendrán que pagar una patente, cuyo valor durante los primeros diez años de no uso no afectará mayormente los costos de los proyectos. Sólo se pretende que al cabo de diez años de no uso, el costo de la patente induzca al particular a usar sus aguas o a venderlas, para que otro las use efectivamente. Aún más, los particulares pueden descontar, incluso, los valores pagados por la patente de los impuestos que deberán pagar por realizar las actividades que sustenta el recurso.

Luego, el Estado no tiene ninguna injerencia ni facultad en el derecho de aprovechamiento propiamente tal. Los derechos de aprovechamiento siguen siendo plenamente amparados, primero, por la Constitución Política, luego, por las acciones civiles reivindicatorias y posesorias y, por último, por las acciones del derecho común, y se extinguen sólo por las causas y en la forma establecida en el derecho común. Entonces, nadie puede sostener objetivamente que con estas reformas se afecta el derecho de propiedad.

Se dice que los derechos de aprovechamiento no se podrán entregar en garantía a los bancos. ¿Acaso no sucede lo mismo con la propiedad raíz y su impuesto territorial? ¿Se afecta o debilita la propiedad raíz al punto de no servir de garantía por estar sujeta al cobro de las contribuciones?

Creo que la necesaria seguridad jurídica que deben tener los particulares sobre el recurso, por su importancia económica, no se cautela con normas arbitrarias que permitan la especulación y la competencia desleal, sino con normas coherentes, justas y equilibradas.

Las reformas propuestas sólo pretenden recuperar una mínima coherencia entre el carácter de bien nacional de uso público de las aguas y los derechos de los particulares sobre ellas. Pero, aun cuando existieran estas incoherencias conceptuales, se podría sostener que, en la práctica, el sistema funciona bien. Es lo que ha señalado la Oposición y los sectores empresariales. Sostienen que la actual legislación de aguas es adecuada para responder a los problemas presentes y futuros de disponibilidad de los recursos hídricos, en cuanto a la cantidad y calidad requeridas para el desarrollo económico y social, y a los equilibrios ambientales del país. En consecuencia, estas reformas no serían necesarias, sino, a lo más, mínimos perfeccionamientos. Veamos si es cierto. Sólo aplicando el sentido común, lo primero que uno pudiera preguntarse: ¿es posible un mercado de un bien que no tiene precio en su origen y cuya mantención indefinida en el tiempo no tiene costo alguno? ¿No es ésa una contradicción estructural en la lógica de la economía de mercado? ¿Funciona realmente el mercado de las aguas en Chile? ¿Qué sucede en la práctica con el sistema actual? Ocurre que quienes requieren de aguas no las compran en el mercado, sino las solicitan al Estado y, quienes tienen agua de sobra, no la venden porque esperan obtener un mayor precio más adelante. Ello, porque su mantención no les significa ningún costo.

Luego, el mercado no funciona, porque la ley no sólo permite sino que promueve el acaparamiento, la especulación y la competencia desleal, prácticas que, entiendo -y aquí me podrán enseñar los sectores de Oposición- no corresponden a una economía de mercado sana.

Se dice que las reformas propuestas sacan las aguas del mercado. Ello no es así, puesto que en nada alteran la libre disponibilidad y transacción privada del recurso. Por el contrario, las reformas hacen posible el sano y transparente funcionamiento del mercado de las aguas al colocar precio a un bien que es escaso y valioso.

Lo cierto es que la actual normativa sobre las aguas ha permitido el acaparamiento, la especulación y la competencia desleal y, desde luego, no resuelve los variados y complejos problemas actuales y futuros que presenta el uso de este recurso.

Esta normativa ha permitido la acumulación de los derechos de agua en forma desmesurada. Endesa tiene constituidos derechos de aprovechamiento de aguas por un caudal de 7.569 metros cúbicos por segundo, de los cuales sólo utiliza el 13,3 por ciento. Los derechos constituidos por Endesa representan el 58,9 por ciento del caudal total constituido en el país y el 77 por ciento de las aguas como fuentes hidroeléctricas del sistema interconectado central.

Esta realidad no la entrega el Gobierno, sino los organismos e instancias superiores encargados de velar por la libre competencia en Chile. La comisión preventiva antimonopolio señala que esta acumulación de derechos de agua es una clara barrera de entrada al negocio de la generación hidroeléctrica en nuestro país, lo que tiene directa relación con la gente, porque incide en el precio de las tarifas eléctricas.

Asimismo, esta legislación ha incentivado la especulación con un bien nacional de uso público, toda vez que el agua la solicitan no para usarla, sino para impedir que otros la usen y después venderla a un buen precio.

En la actualidad, se puede ser dueño de las aguas sin ser dueño de los terrenos, minas, industrias, instalaciones o proyectos que permitan suponer fundadamente que las aguas se utilizarán en beneficio de la sociedad. En mi provincia de Biobío, y debe darse en todo el país, existen numerosos casos de pequeños agricultores que no pueden utilizar las aguas porque ya han sido concedidas a particulares, que son absolutamente desconocidos y extraños al sector, y de no tener tierras, industrias, establecimientos ni proyectos a los cuales destinar el recurso. Por esta razón, los agricultores se ven impedidos de utilizarlo.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Señor diputado , ha terminado su tiempo, y le agradecería redondear la idea.

El señor JARA.-

Considerando que estamos en la discusión general del proyecto, tengo derecho a dos discursos. ¿Cuánto tiempo me resta?

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Son veinte minutos.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, yo le cedo el tiempo que me corresponde.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Conforme.

Puede continuar Diputado señor Jara.

El señor JARA.-

De la misma manera, esta legislación ha limitado y limita objetivamente las oportunidades de desarrollo productivo del país. La actual normativa no garantiza ni incentiva el uso eficiente y productivo del agua, pero sí ha permitido un alarmante deterioro de su calidad y una creciente contaminación de los recursos hídricos. Hoy no existe la exigencia de un flujo mínimo y tenemos una total carencia de normas protectoras del recurso.

Tampoco existe un mecanismo para resolver los conflictos cada vez más agudos entre los distintos usuarios del recurso. Y si ya se da y se proyecta un uso intensivo y conflictivo del agua, éste es un problema que tenderá a agudizarse.

Por otro lado, se dice que estas normas entregan facultades discrecionales a la autoridad administrativa. Eso es cierto, así es; pero ello nos lleva a otro problema de fondo que tenemos que discutir como país a propósito de esta y de otras materias, cual es si el Estado debe tener o no facultades para administrar los bienes nacionales de uso público. Si la respuesta fuera negativa, entonces, ¿cómo se concilia el carácter de bien nacional de uso público del recurso con el mandato que el propio Código de Aguas entrega a la autoridad para administrar, conservar, proteger y darle un uso eficiente?

Las reformas propuestas en estas materias son sólo aquellas imprescindibles para que la administración -el Estado- pueda cumplir con su obligación. Son facultades discrecionales. ¡Claro!, pero debidamente normadas, y se otorgan para que la autoridad, dentro del marco de la legalidad, decida lo más conveniente para el interés general del país, con pleno y absoluto respeto por los derechos de los particulares. La necesaria discrecionalidad de la autoridad -como lo dije ayer- no significa arbitrariedad. La Oposición no quiere discrecionalidad para la autoridad, pero sí defiende la arbitrariedad para los particulares.

En suma, las reformas propuestas no son un cambio sustancial al sistema establecido en el Código de Aguas, sino simples perfeccionamientos, absolutamente necesarios y urgentes a la legislación vigente que apuntan a superar las incoherencias del sistema actual. Las reformas no limitan ni menos atentan contra el derecho de propiedad pleno y absoluto sobre los derechos de aprovechamiento, sino que, simplemente, tienden a que sean coherentes con su naturaleza; es decir, que el agua se aproveche. Pero, aun más, ni siquiera ese elemento esencial del derecho de aprovechamiento -el uso- lo plantea como obligatorio, sino que se permite tímidamente estimular su uso por medio de un mecanismo propio de una economía de mercado: un costo económico, el pago de una patente que incluso puede ser descontada después que se empiece a utilizar el agua.

Por otro lado, las reformas propuestas tampoco alteran el mecanismo de mercado para la asignación del recurso; al contrario, el mercado se reafirma porque se le pone precio a la conservación de un bien escaso y valioso. Resulta incoherente, desde el punto de vista del funcionamiento del mercado, que la obtención y mantenimiento de un bien escaso y valioso, indefinidamente en el tiempo, sea totalmente gratuito.

Asimismo, las facultades discrecionales que se proponen son indispensables para que la administración pueda cumplir su cometido.

Por todas estas consideraciones, creo que quienes se opusieron -y que seguramente se opondrán a la idea de legislar- a la aprobación general del proyecto, son políticamente incoherentes e inconsecuentes.

Entiendo que la política, y en especial los parlamentarios, debemos articular los distintos intereses que se dan en una sociedad; pero ello no autoriza para que, fundado en esos conceptos, defendamos intereses que, a mi juicio, son ilegítimos. Si alguna crítica podemos hacer al proyecto, es a su exagerada moderación, ya que no avanza en perfeccionamientos mayores que, por cierto, se requieren.

En este sentido, en el mensaje se señala que ésta es una primera reforma, porque es evidente que nuestra legislación de aguas requiere de perfeccionamientos, sobre todo en lo que dice relación con la administración integrada del recurso en las diversas cuencas hidrográficas del país.

Por todas estas consideraciones y por otras que por limitaciones de tiempo no puedo destacar, como el disponer que los recursos que se recauden por concepto de patentes y remates se destinen a las regiones donde pertenecen las aguas, los diputados del Partido Por la Democracia aprobaremos en general este proyecto.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Para evitar precedentes antirreglamentarios, de acuerdo con el inciso sexto del artículo 85 del Reglamento, el diputado que haya hecho uso de sus dos discursos no puede tomar parte en el debate ni aun por cesión del tiempo de otro diputado . Por esta vez, se ha estimado que el Diputado señor Sota ha cedido el tiempo de su segunda intervención, de sólo cinco minutos. Pero, en adelante, ruego a los señores diputados considerar que, de acuerdo con el Reglamento, no corresponde dicha práctica, porque por esa vía un señor diputado podría usar de la palabra durante toda la sesión ocupando los tiempos que le cedieron los diputados de su bancada inscritos para el debate.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, es la segunda vez, en dos días, que me impone limitaciones excesivas.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Señor diputado , no quiero hacerlo, pero el Reglamento, más que centenario de esta Corporación, lo impone.

Tiene la palabra el Diputado señor Álvarez-Salamanca.

El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA .-

Señor Presidente , en primer lugar, y para la tranquilidad del Diputado señor Jara , Renovación Nacional votará favorablemente la idea de legislar en este proyecto, tal como lo hicimos en la Comisión.

En diciembre de 1992, el Ejecutivo envió un proyecto de ley para modificar el Código de Aguas. En esa oportunidad, se pretendía solucionar problemas de acaparamiento y especulación. Entre estos aspectos, la iniciativa contemplaba la extinción de los derechos de aprovechamiento no utilizados en un plazo de 5 años o en el que se hubiere establecido para la concesión.

En septiembre de 1993, a raíz de fuertes críticas, el Ejecutivo envió al Congreso Nacional una proposición modificatoria, que disponía el pago de una patente para el no uso de los derechos de aprovechamiento ya constituidos. En cambio, para las concesiones en trámite y futuras se mantuvo la idea de su extinción por no uso.

En julio de 1996, el Ejecutivo envió una segunda indicación, que sustituyó el proyecto original y que hoy se somete a consideración de esta Sala.

En el mensaje se señala que la actual legislación adolece de excesiva permisividad y pasividad frente a la administración y conservación de este recurso escaso y finito, defectos que deben ser corregidos a la brevedad para evitar una situación de crisis. Destaca que la acumulación de derechos de aguas en forma desmesurada, sin que exista un uso actual o futuro previsible, sino únicamente la posibilidad de lucrar con ellos, no obstante su obtención original gratuita, constituye un germen de dificultades muy graves para el desarrollo futuro del país.

Pretendiendo subsanar estos supuestos inconvenientes, el proyecto propone, en esta última versión, una serie de modificaciones que pueden sintetizarse en los siguientes temas:

Establecimiento del pago de una patente por la no utilización de las aguas; otorgamiento de facultades a la autoridad para la concesión de nuevos derechos de aprovechamiento; precisión de normas sobre conservación y protección de las aguas y cauces; consideración de la interacción de las aguas superficiales y subterráneas en el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento, y extensión de la personalidad jurídica de las comunidades de aguas.

Las cosas que no pertenecen a nadie no se cuidan ni se les da valor. Para que ellas tengan valor y se cuiden, deben incorporarse al patrimonio de las personas.

La aplicación de la legislación actual ha permitido que se le reconozca un valor al derecho de sacar agua de los ríos. La legislación vigente comenzó a aplicarse en 1981 y, lentamente, se inició el proceso de compraventa de ellas, quedando demostrado que donde ya no hay caudales disponibles para constituir nuevos derechos de agua, el que la necesita la compra. Los precios están en constante alza. Por lo tanto, la tendencia natural será que las aguas se utilicen cada vez mejor.

En definitiva, el actual Código, al introducir claridad en el dominio privado de las aguas, hizo que fuera el mercado el principal asignador del recurso, por lo que volver atrás y creer que un burócrata en una oficina sabe más del futuro que diez mil personas en la calle, es un profundo error.

El tema de fondo en esta materia es decidir quién debe asignar las aguas y con qué criterio.

A nuestro juicio, el proyecto crea un área rara, pues indica que es un funcionario dotado, a mi juicio, de extremas atribuciones quien decide cuando su uso es adecuado o inadecuado. Esto significa que el Estado decidirá sobre la factibilidad económica de los proyectos de inversión donde se requiere agua. Como esto no es posible, lo que debemos hacer es perfeccionar el actual mercado de las aguas, a fin de que funcione con prescindencia de la discrecionalidad estatal.

Esto lo digo porque la iniciativa del Ejecutivo faculta a la DGA para rechazar, a su arbitrio, la petición de un derecho de aprovechamiento aunque haya agua disponible, no se perjudique a terceros ni haya oposición, lo cual en el mensaje se justifica cuando se habla de abusos por parte de los privados, debido a que habría acumulación de derechos a extraer agua en manos de particulares. Sin embargo, omite tratar el caso de importantes caudales mantenidos en propiedad del Fisco para obras que, probablemente, jamás se hagan. Pero, en el caso de los privados, el criterio utilizado es exactamente el inverso, es decir, el proyecto pretende que se determine para qué se usará el agua, con lo cual se restringirá la demanda de compra de esos derechos y, por tanto, el precio no será el real, distorsionándose la asignación vía mercado.

Lo mismo ocurre con la amenaza de sanción para la calificación, discrecional, de que el dueño del derecho no use el agua.

En otro orden, y a pesar de todo, estamos dispuestos a considerar el tema del pago de patentes por derechos de aguas como un elemento que incentive su uso en forma más racional y productiva. Sin embargo, no estamos dispuestos a aceptar que la patente sea utilizada como un mecanismo encubierto para la confiscación de los derechos de aprovechamiento que se encuentran en manos privadas. En el caso de los derechos consuntivos, ¿por qué no distribuir las aguas no usadas entre los regantes de la cuenca que las necesitan, evitando así el pago de la patente y la discrecionalidad de la autoridad?

Por último, es necesario precisar que me llama la atención que el Gobierno no haya introducido en esta oportunidad el tema ambiental. Con ello también me refiero al tema de las patentes, pues sólo se ha acotado el pago de patentes a quienes no hacen uso de sus derechos de aguas, en circunstancias de que debería afectar también a quienes las utilizan, las contaminan y no les efectúan ningún tratamiento posterior a su uso. Lo que ocurre es que en este caso se encuentran empresas mineras del Estado y todas las sanitarias estatales que vierten sus desechos a distintos cauces, sin ningún tipo de tratamiento, contaminando la producción agrícola, la zona costera y decenas de ciudades ubicadas aguas abajo de los vertederos de las alcantarillas.

Entonces, así como se pretende colocar una patente al no uso de las aguas, presentaremos indicaciones para que también se grave la evacuación de aguas servidas cuando ellas se viertan a los cauces en cantidades tales que pongan en riesgo el medio ambiente circundante, de manera de obligar a su limpieza para su posterior reutilización.

En resumen, para nosotros es el mercado y no el Estado el que debe asignar el agua. El pago de patentes debe incentivar el uso racional de este recurso natural y distinguir entre aguas con tratamiento posterior a su uso y sin dicho proceso. Sólo en este marco estamos dispuestos a avanzar en la iniciativa, pues nos opondremos a cualquier artilugio que por la vía administrativa interponga discrecionalidad en el uso de los derechos de agua que signifiquen, en definitiva, limitar el derecho de propiedad, debilitar el mercado como asignador del recurso y, más que una patente, establecer un impuesto y sobrefacultar a la Dirección General de Aguas tanto en la reasignación como en la calificación del uso o no uso del recurso para efectos del pago de patentes, lo que además de perder sus efectos económicos, se convierte en un evidente foco de corrupción, tanto para conseguir derechos de aprovechamiento, como para librarse del pago de la patente.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Hago presente que al diputado a quien le corresponde el hacer uso de la palabra no podrá disponer de sus 20 minutos reglamentarios. Por lo tanto, propongo continuar el próximo martes el tratamiento del proyecto

Las diputadas y diputados inscritos son los siguientes: señor Juan Pablo Letelier; señora Fanny Pollarolo, señores José Makluf, Carlos Vilches, Sergio Elgueta, Hosain Sabag, Miguel Hernández, Juan Carlos Latorre, Erick Villegas, Rubén Gajardo, Ignacio Balbontín, Guillermo Ceroni y Carlos Cantero.

Los demás señores diputados que desean intervenir pueden inscribirse en Secretaría.

Tiene la palabra el Ministro de Obras Públicas.

El señor LAGOS ( Ministro de Obras Públicas ).-

Señor Presidente , no quiero dejar pasar las observaciones formuladas en la última intervención, que me mueven a hacer tres breves reflexiones.

Primero, no se están entregando facultades en la forma en que se ha mencionado acá. Se establece expresamente que el Director General de Aguas , para ejercer sus atribuciones requiere, en primer lugar, solicitudes de derechos, las que deben otorgarse mediante resolución fundada. La denegación procede cuando no se diere cumplimiento a los requisitos legales -hoy eso existe-; si no hay disponibilidad del recurso -situación actual-, o si no se hubiere justificado la cantidad de agua que se necesite extraer, atendidos los fines invocados por el peticionario. El elemento importante no es si el Director General de Aguas se abocará a estudiar la rentabilidad de un proyecto, pero si una persona que tiene diez hectáreas solicita diez metros cúbicos de agua, da la impresión de que, atendidos los fines, la petición resulta excesiva. Ésa es la situación que estamos planteando.

Segundo, nos pareció que la posibilidad de exigir el pago de una patente en caso de contaminación de las aguas estaba fuera del ámbito natural del proyecto en estudio. Si a juicio de sus Señorías el tema merece ser tratado, estamos dispuestos a fijar una patente tanto para el otorgamiento como para la contaminación de las aguas.

Tercero, el mercado sigue funcionando a plenitud. Sin embargo, en una situación como la descrita, es necesario discriminar, pues nos parece demasiado grande la diferencia entre una solicitud de agua para consumo humano y otra para un proyecto minero. En consecuencia, la atribución que se está dando es para el ejemplo que puse esta mañana, en que existe una localidad enfrentada exactamente a esa situación.

En este contexto, coincido plenamente con el planteamiento de fondo que ha hecho el señor diputado, pero me parece indispensable recalcar estos puntos, porque no se trata de atribuciones que pueden inducir a corrupción a un funcionario. Con ese mismo criterio, la acumulación indebida de derechos, cuando no tiene costo alguno, es una fuente de corruptela muy superior.

He dicho.

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE AGUAS. Primer trámite constitucional. (Continuación)

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Corresponde seguir ocupándose, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley que modifica el Código de Aguas.

En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra, por 10 minutos, el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente , la modificación del Código de Aguas constituye una necesidad para asegurar que el desarrollo nacional sea equitativo y, sobre todo, equilibrado.

Como se dijo en el debate de la semana anterior, las modificaciones inciden en cuatro criterios: primero, mecanismos para evitar la acumulación indebida de derechos de aguas, para lo cual se propone la creación de una patente; segundo, justificación de las peticiones de los nuevos derechos de agua; tercero, establecimiento de algunas normas sobre conservación y preservación de los recursos hídricos, y, por último, mecanismos que aclaren la interacción entre aguas superficiales y subterráneas.

Lamento las limitaciones políticas que existen para discutir la reforma del Código de Aguas, por cuanto partimos de un rayado de cancha muy estrecho que define la propiedad sobre un recurso, que es de todos los chilenos, como algo sacrosanto, y de una lógica de debate que no considera necesariamente el interés nacional, sino el de algunos particulares que han acumulado gran cantidad de derechos de aguas, producto de la reforma al Código efectuada hace 10 ó 15 años. Por ende, partimos con un debate trunco. En el caso del mundo agrario, por ejemplo, se da el absurdo de que los derechos de uso y goce de las aguas están desvinculados de la propiedad de la tierra. Lo anterior hace necesariamente que este debate se realice en un escenario limitado, reducido y condicionado por poderes económicos y por situaciones de facto producidas con la modificación del Código de Aguas durante el gobierno militar.

También quiero plantear que en este debate, que ha demorado casi cinco años en el Congreso Nacional, hemos sido testigos presenciales de las presiones de los grupos económicos del país. Quiero señalar, muy en particular, el rol de Endesa, la cual, sin duda, por su magnitud, por su tamaño, muchas veces ejerce presiones para defender sus intereses particulares y no el nacional, más allá de la publicidad y los avisos que se hagan al respecto.

Mi intervención se limitará a mencionar tres temas específicos.

En primer lugar, me referiré a la necesidad de implementar medidas para limitar la acumulación indebida de derechos de aguas.

En la sesión anterior, el Ministro de Obras Públicas , don Ricardo Lagos , entregó una serie de criterios sobre cómo se contraponen los intereses de algunas comunidades, como Domeyko, para acceder al agua potable para el consumo humano con los intereses especulativos de empresas mineras, las cuales, debido a que presuntamente quieren invertir a futuro en proyectos agrícolas, solicitan la inscripción de derechos de aguas.

Destaco la situación de Endesa -que tuvo un conflicto con la Dirección General de Aguas a fines del año pasado- en relación con la acumulación de derechos de aguas que ejerce.

En la zona de Aisén es posible explotar 5.926 megawatts, de los cuales Endesa tiene a su haber 2.800. Vale la pena destacar que, en la actualidad, en dicha zona Endesa tiene acumulados más de 2.800 megawatts de derechos posibles de uso, en circunstancias de que a la fecha se utilizan sólo 9 megawatts. El conflicto se produjo porque Endesa quería acumular, adicionalmente, 1.565 megawatts; es decir, controlar en forma monopólica el destino de ríos de la Undécima Región tan importantes como el Yelcho, Las Heras , Mañiguales y Rosselot , y la cuenca del Baker, entre otros.

Al observar la situación del sistema interconectado, se aprecia que hay en explotación un total de 3.972 megawatts, de los cuales Endesa tiene derechos por 3.581 megawatts. O sea, a la fecha tiene en explotación 2.676 megawatts y con derechos, que no están siendo utilizados en el sistema interconectado, por 3.581 megawatts. A pesar de que posee más del doble de derechos no utilizados, está pidiendo, en forma adicional -lo cual originó el conflicto-, más de 2.040 megawatts. Es obvio que aquí estamos frente a un fenómeno que hay que frenar, como es la acumulación monopólica de un recurso de todos los chilenos: el agua.

Estos ejemplos son suficientes para justificar la aplicación de un impuesto a quienes hagan mal uso del recurso hídrico, el más escaso en el planeta, el cual permite desarrollar y garantizar la vida de la especie a futuro.

Por lo tanto, dado que no hemos logrado restablecer para el Estado -la entidad que nos reúne a todos- la facultad de quitar derechos de aguas ya concedidos y de volver a vincularlos a la tierra, lo único que se puede hacer es establecer el mecanismo de una patente, a fin de evitar la acumulación especulativa de derechos de aguas.

Esto va más allá de otras disquisiciones que se pudieran hacer, y de la justa reflexión planteada por el Diputado señor Álvarez-Salamanca -a la cual adhiero-, sobre cómo los intereses rurales y las zonas agrícolas se ven limitados por los derechos de aguas que poseen las empresas eléctricas. La situación de la Sexta y de la Séptima regiones es dramática. En la Sexta Región no se puede extraer agua del río Cachapoal o del río Tinguiririca para resolver problemas de sequía o implementar nuevos proyectos de riego, debido a que Endesa considera que todos los derechos de esos ríos están inscritos a su nombre para utilizarlos en la central hidroeléctrica del lago Rapel. Por lo tanto, reitero la importancia de incorporar un mecanismo para evitar la acumulación monopólica de derechos.

En segundo término, deseo plantear la necesidad de que en las normas de conservación y preservación de recursos hídricos se complemente y aborde un tema que hasta ahora no está bien resuelto y para el cual tampoco tengo una propuesta específica: ¿De quiénes son las aguas tratadas y descontaminadas por las empresas de servicios sanitarios, entre ellas Emos, en el caso de Santiago, que después vuelven a su cauce? Esas empresas sanitarias usan y gozan de esas aguas y los consumidores compramos el derecho al uso de las mismas. ¿Son objeto de nuevas concesiones? ¿ Puede el Estado reasignar los derechos?

Esta materia es muy importante para zonas como las que representan los Diputados señores Sota y Coloma , donde existe un antiguo proyecto de riego muy esperanzador, que permitiría utilizar las aguas del canal de la Prosperidad en el riego de miles de hectáreas en el valle central, el que no ha podido implementarse precisamente por no haber derechos de agua. Por lo tanto, es necesario saber de quiénes son las aguas tratadas, luego devueltas a sus cauces y que están en condiciones de ser usadas en el riego. Esto, que es muy importante para las regiones Quinta y Metropolitana, puede ser aún más relevante para otras zonas del país.

Por último, quiero manifestar mi desaliento por el retiro del tema de la administradora de cuencas de agua del proyecto. Es necesario generar una instancia, con respaldo legal, que obligue a las partes que usen este recurso a ponerse de acuerdo. Es preciso juntar a las empresas mineras, a las eléctricas, a los agricultores, a la asociación de regantes, a los municipios, a las direcciones de agua y a Conaf para administrar las cuencas.

La situación actual es desastrosa por hechos que muchas veces provocan los privados. Al extraer áridos de las cuencas de los ríos algunas empresas obligan al Estado a gastar millones y millones de pesos para reencauzar ríos y construir defensas pluviales, a fin de evitar que se pierdan tierras agrícolas. Este tipo de acciones deberían ser abordadas por los sectores público y privado en administraciones compartidas de cuencas de agua.

En el debate habido en la Comisión, el Director Nacional de Aguas se comprometió a la urgente presentación de un nuevo proyecto de ley para abordar el tema. En ese contexto, accedimos a desglosarlo del proyecto en trámite. Lamento que ese compromiso aún no se haya materializado y, por su intermedio, señor Presidente , pido que el Ejecutivo se pronuncie acerca de cómo se abordará el tema de las administradoras de cuencas de ríos antes de que el Congreso Nacional despache la iniciativa en discusión.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Pollarolo.

La señora POLLAROLO.-

Señor Presidente, este proyecto de ley tiene un gran significado histórico y político, por cuanto constituye una importante expresión de voluntad del Gobierno para enfrentar uno de los principales desafíos que debemos encarar como país, cual es el de resolver la condición general crítica en que se encuentran nuestros recursos hídricos.

Asimismo, me parece especialmente importante destacar la normativa de este proyecto de ley destinado a resguardar un caudal mínimo ecológico, concepto jurídico medioambiental de reciente incorporación a nuestro sistema legal, que permite incorporar criterios de racionalidad en la concesión de los derechos de aprovechamiento de agua, propendiendo a la conservación y protección del recurso.

En igual sentido, me merecen particular valoración las normas de este proyecto que fortalecen las atribuciones e instrumentos de la Dirección General de Aguas para promover la protección de los recursos hídricos, reforzando su capacidad fiscalizadora.

Llamo a enfrentar este desafío con coherencia política e intelectual y con espíritu patriótico que demanda dar solución a una realidad tan crítica como relevante para el futuro de nuestra sociedad, entendiendo, por sobre todo, que el agua es un bien social de múltiples usos, vital para el mantenimiento de la vida individual y colectiva de la población, y cuya adecuada regulación tiene especial importancia en la Segunda y Tercera regiones, donde la disponibilidad del recurso agua es particularmente grave y dramática.

Como Diputada representante de un distrito de la Segunda Región, quiero centrar mi intervención en este aspecto, porque en el Norte Grande se evidencian, de manera dramática, problemas que, en general, aquejan y preocupan hoy a toda la humanidad. Me refiero al agotamiento del recurso hídrico y los graves y crecientes fenómenos de desertificación de las tierras áridas.

Naciones Unidas se ha mostrado alarmada ante los fenómenos de desertificación del planeta, que ya ocupa una extensión de 3.500 millones de hectáreas -equivalentes a las dos Américas-, sobre todo, porque aumenta a un ritmo de 6 millones de hectáreas por año.

En nuestro país, este fenómeno es grave. La desertificación cubre el 32 por ciento del territorio y, para algunos, es el problema ecológico número uno que debemos enfrentar. La Segunda Región, por su aridez característica, es la más vulnerable a los procesos de degradación y de desertificación, cuyos indicadores son muy claros y visibles: deterioro de las zonas cultivadas y de los pastizales; se secan los terrenos agrícolas y los oasis de Calama; han ido desapareciendo las zonas húmedas de los pueblos del interior y los bofedales donde los atacameños llevaban a pastar los animales. Es alarmante la reducción de las aguas superficiales y profundas de la cuenca del Loa. Su degradación y contaminación ha sido evidenciada ante el país al producirse un accidente ambiental reciente, cuya naturaleza aún no está perfectamente clara. La salinización de las zonas regadas, otra forma en que se manifiesta la desertificación, también es un típico fenómeno de la zona de El Loa.

El agua se agota en el mundo, y especialistas aseguran que su escasez será uno de los problemas más acuciantes del siglo XXI.

Por lo tanto, en el debate que hoy desarrollamos es necesario que tomemos clara conciencia de este fenómeno, el cual constituye un desafío a nuestra racionalidad y a nuestro sentido de responsabilidad y de futuro.

Se agota el agua en el mundo, y de manera dramática en la aridez de nuestra Segunda Región. Su uso intensivo en la minería obliga a pensar que, de no plantearnos una política activa de búsqueda de nuevas fuentes y de total aprovechamiento del recurso, y de planificación adecuada, podemos llegar pronto a un punto verdaderamente crítico.

El investigador Roberto Rojas dijo, en 1991, que la demanda de la gran minería puede alcanzar los mil millones de metros cúbicos al año. Las reservas -5 mil millones en el altiplano y 6.400 millones en la pampa- se agotarían en cinco o seis años si se autorizaran las 192 solicitudes para uso en la minería, cuyo número ya debe ser mayor.

Entonces, en el Norte Grande el problema radica, más que en el no uso de los derechos de agua, en la forma en que se utiliza el recurso: sin planificación, sin priorización, sin aseguramiento del caudal hídrico ni protección de la cuenca hidrológica.

No obstante, el agotamiento de los cauces naturales y su degradación y contaminación no es el único problema. Hay que añadir la posibilidad que otorga este Código permisivo para que este bien escaso y tan bien pagado por las grandes empresas mineras en la Segunda Región sea utilizado como instrumento de lucro y de especulación. El Código de Aguas, con su irracionalidad, ha permitido que algunas personas se conviertan en potentados en muy poco tiempo, al comprar derechos de agua a pequeños agricultores o solicitarles directamente para revenderlos con inmensas ganancias, a la gran minería. Hablo de personajes perfectamente conocidos en el distrito que represento. Uno de ellos, por lo demás, fue alcalde en la dictadura.

Queda así en evidencia la necesidad imperiosa de establecer condiciones regionales para el análisis y las normativas que se planteen en el proyecto.

La regulación debe responder necesariamente a la grave situación de disponibilidad y protección en el manejo de este recurso en la Segunda Región. No es posible que para zonas con exceso de lluvias, o para las más desérticas del mundo exista la misma regulación.

Por lo mismo, quiero poner el acento en la conveniencia de estudiar con urgencia y profundidad la manera de que el proyecto y las indicaciones que lo complementen respondan a esta situación tan especial como grave. Es necesario analizar en forma concreta y desideologizada cómo influirá la regulación que se propone en el manejo y protección del recurso agua en zonas que carecen de este elemento. Para ello, a mi juicio, debemos asumir que en las zonas desérticas el mercado no ha sido, no es, ni podrá ser un mecanismo idóneo de asignación del recurso agua para asegurar su adecuado y equitativo aprovechamiento en las múltiples necesidades, porque, tal como lo afirmó en la Comisión el representante de la Sofofa, es posible que sólo se asigne a aquellas demandas económicamente rentables, en perjuicio y postergación de las necesidades de los asentamientos humanos, de la población, del desarrollo social y del medio ambiente. No se trata de problemas de mercado, sino de un juicio sobre la forma en que funciona esta materia en la Segunda Región.

Por ello, en la discusión en particular del proyecto propondré las siguientes indicaciones destinadas a abordar esta grave situación que afecta, en especial, a la Segunda Región, para las cuales solicitaré el patrocinio del Ejecutivo:

1. Para establecer, al menos en las zonas desérticas del país, el sistema de administración integrado de las cuencas, de modo de asegurar la disponibilidad y uso armónico del recurso en favor de las variadas demandas que éste tiene.

2. Para que, en particular en estas zonas, exista un sistema de tarificación que asegure la administración y asignación armoniosa y equitativa del recurso, de modo que quienes más lo demandan, usan y degradan paguen por este elemento, que es altamente rentable, y con lo recaudado se constituya un fondo de desarrollo del agua de las zonas desérticas que permita financiar la búsqueda de nuevas fuentes, investigar y desarrollar formas de desalinización del agua y establecer plantas de tratamiento de aguas servidas y contaminadas.

Para terminar, quiero reafirmar que el agua debe ser considerada, como lo es en casi todos los países del mundo, un bien comunitario que debe ser resguardado y cuya utilización, en especial en regiones desérticas, debe ser necesariamente planificada.

Nuestra responsabilidad con el futuro de Chile y del planeta, así lo exige.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Makluf.

El señor MAKLUF .-

Señor Presidente , es evidente la importancia del proyecto que discutimos en general, en su primer trámite constitucional, para el futuro desarrollo del país y, en particular, para el desarrollo energético, minero, agrícola y habitacional.

El agua, que es un recurso escaso, tiene importancia en todos los aspectos del desarrollo futuro del país. Por eso, ha sido reglamentado por nuestro régimen jurídico desde la fundación de la República.

El Código Civil establece, en sus artículos 585 y 595, la norma básica de las aguas terrestres y marítimas y dispone que ellas son un bien nacional de uso público, por lo tanto, de dominio del Estado, que representa a la Nación toda.

Con posterioridad, la Constitución de 1925 y la reforma constitucional de 1967 establecieron normas novedosas respecto del régimen jurídico de aguas, y el Código de Aguas de 1948, modificado sustancialmente en 1967 por la ley de reforma agraria, consagra un conjunto de disposiciones y de normas que hasta hoy nos rigen, junto con las enmiendas introducidas por el régimen militar en 1981.

El proyecto, caracterizado -en forma positiva por algunos, y negativa por otros-, como la reforma agraria de los 90, tiene varios propósitos fundamentales que cabe estudiar y analizar para votarlo adecuadamente. También adolece de vacíos sobre los cuales es preciso legislar, pues resulta evidente que no contempla todos los aspectos que es necesario modificar en el régimen jurídico de las aguas.

Sus objetivos principales son los siguientes:

1º Establecimiento del pago de una patente por el no uso de las aguas.

2º Facultades a la autoridad para la concesión de nuevos derechos de aprovechamiento.

3º Normas sobre conservación y protección de las aguas y cauces, en especial el establecimiento de los caudales ecológicos.

4º Normas sobre inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas y mantención y mejoramiento del actual catastro público de aguas.

5º Otorgamiento de personalidad jurídica a las comunidades de agua.

Como señalábamos, las aguas situadas dentro del territorio chileno son susceptibles de dominio. Sin embargo, el único titular de ese derecho es el Estado. El hecho de que las aguas sean bienes nacionales de uso público y, por consiguiente, de dominio exclusivo del Estado, no excluye que sobre el derecho real de dominio se pueda constituir otro, como es el de aprovechamiento.

El artículo 6º del Código de Aguas define el derecho de aprovechamiento como un “derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe este Código.”

“El derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley.”

En este artículo se distinguen dos derechos: uno originario, de dominio, del cual su único titular es el Estado, y otro real, de aprovechamiento, cuyo titular, como tal, puede usar, gozar y disponer libremente de él en cuanto a la propiedad sobre su derecho de aprovechamiento, pero no sobre las aguas, porque el dominio de ellas pertenece al Estado, siempre que dicho uso, goce o disposición no sean contrarios a la ley o al derecho ajeno.

El derecho de aprovechamiento de aguas es real, administrativo, recae sobre un bien nacional de uso público y es otorgado por un acto de la autoridad. No es un derecho que corresponde al dominio privado, sino que es entregado por el titular, el Estado, que es la autoridad -en este caso, la Dirección General de Aguas-, para que alguien haga uso, goce y disponga de este derecho de aprovechamiento, con el propósito que las aguas y el bien deben tener.

En el proyecto original del Ejecutivo, presentado en el anterior Gobierno, se incluían dos posibilidades para los efectos de desincentivar el uso o castigar el no aprovechamiento de las aguas por sus titulares: una, la caducidad del derecho con el transcurso del tiempo, y otra, el pago de una patente por el no uso de este derecho por parte de sus titulares. Desde el punto de vista constitucional, ambos instrumentos eran incompatibles y se debía optar por uno u otro.

La opción del Ejecutivo en este período, de aplicar el pago de una patente, fija un camino para que las aguas se usen en fines de desarrollo general y en beneficio del bien común.

En la actualidad, la constitución original de los derechos de agua se hace en forma absolutamente gratuita, sobre la base de una simple presentación, sin especificar destino ni justificación alguna. La Dirección General de Aguas se encuentra en la obligación de constituir el derecho si la presentación es procedente formalmente, no afecta derechos ya constituidos de terceros y si existe disponibilidad del recurso.

Este esquema debe ser corregido, pues genera un incentivo claro a la especulación, dado que cualquier persona puede adquirir un bien económico de alto valor sin obligación ni compensación de ningún tipo, y de este modo limitar el acceso de otros posibles interesados e impedir en forma absolutamente unilateral el desarrollo de regiones y de potencialidades importantes de recursos. El pago de una patente tiene el propósito de desincentivar el afán especulativo que pudiera haber en algunos -de hecho lo hay- para concentrar títulos de agua sin darles la debida y natural aplicación que el legislador y el constituyente desean.

Se ha reclamado sobre la aparente o eventual inconstitucionalidad de esta patente. Creo que esa inconstitucionalidad no existe, porque estamos hablando de derechos de aprovechamiento que no admiten su no utilización. El artículo 595 del Código Civil señala que son de dominio público todos los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales.

En Chile, el uso de los bienes públicos corresponde a todos lo habitantes de la Nación y su desafectación procede sólo en virtud de una ley. Si le diéramos carácter de absoluto al derecho de aprovechamiento de aguas e impidiéramos la eventualidad de colocar cargas al ejercicio de este derecho, estaríamos desafectando y entregando al dominio privado un bien nacional de uso público. Ésa no es la intención del legislador ni del proyecto en estudio. El derecho consiste en el uso y goce de las aguas, elemento del derecho que es parte de la esencia de la institución. Es un derecho-deber, en el cual el otorgamiento del derecho tiene como correlato la obligación de usar la cosa. El propietario no tiene la opción de uso, no puede elegir si usar o no, puesto que el uso y goce efectivo son de la esencia de la institución.

Es evidente que esta legislación abre espacios para solucionar diversos problemas, pero quedan situaciones pendientes que deben discutirse. Por ejemplo, la constitución de corporaciones que administren las cuencas hidrográficas; la posibilidad de establecer una patente o derecho respecto del uso de las aguas; la reglamentación del concepto cauce ecológico, para darle una debida aplicación en la práctica. Las materias pendientes serán objeto de indicaciones en el debate en particular del proyecto; pero, tal como está planteado por el Ejecutivo y con las modificaciones efectuadas al texto original, presentado en el gobierno del ex Presidente Aylwin, merece nuestro total respeto y respaldo.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Solicito la autorización de los señores diputados para permitir que ingresen a la Sala el Director de Aguas, señor Humberto Peña, y el abogado jefe de esa Dirección , señor Pablo Jaeger.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Eugenio Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente , el agua es un recurso escaso y necesario para una diversidad de usos. De hecho, casi no hay actividad humana que pueda prescindir totalmente de ella.

El agua es necesaria para producir cualquier tipo de bien. Esto es evidente en la agricultura, pero también es indispensable en la industria, la minería y hasta en los servicios, puesto que no es posible que funcione, por ejemplo, un banco, si no cuenta con agua para que operen sus oficinas.

Por otra parte, la cantidad total de agua que existe en el mundo es más o menos constante. Tiene un ciclo en que se evapora, se congela, cae en forma de lluvia, se almacena, para luego retomar otros estados, pero continúa siendo una disponibilidad relativamente constante y escasa a nivel global.

En nuestro país, las estadísticas señalan que las lluvias han disminuido en el presente siglo. Es así como en Copiapó se ha registrado una disminución de más del 50 por ciento de las lluvias y, en las Regiones Quinta y Metropolitana, ha llegado a 28 ó 30 por ciento. O sea, se presenta un problema de desertificación que avanza día a día, y las aguas se hacen cada vez más escasas. En consecuencia, en la medida en que aumenta la producción, como ocurre año tras año, el agua debe ser usada cada vez con mayor eficiencia, puesto que producir más con una disponibilidad constante o menor del recurso sólo se puede hacer mejorando su utilización.

El hombre avanza en el campo de la producción, como en muchos otros de la ciencia y de la técnica. Por eso, con una cantidad de recursos naturales, constantes o en disminución, logra cada año una producción mundial superior a la del año anterior, salvo algunas excepciones. Es así como ha ingeniado cada vez mejores técnicas de utilización del agua, entre las que destacan las de riego y tecnologías industriales que redundan, entre otras cosas, en el uso más eficiente del recurso hídrico, así como sistemas para economizar el agua de uso urbano.

Promover los esfuerzos del hombre para una mejor utilización del agua es, entonces, la clave para no sufrir un estancamiento en la producción por una eventual falta de este recurso.

Por otra parte, el agua no alcanza para todos los usos que el hombre quisiera en las cantidades que desearía. Por eso, es necesario decidir constantemente a qué uso se destinará este recurso escaso. La respuesta es compleja, porque no se trata de quedarse con determinados usos y suprimir otros, sino más bien de decidir cuánta agua se destinará a cada uso alternativo, los cuales son innumerables.

Las respuestas que daba la vieja planificación estatal socialista ante todas las preguntas de asignación de recursos eran en extremo toscas y las más de las veces erradas. El mercado, en cambio, por la vía del sistema de precios, entrega respuestas tremendamente precisas a este tipo de cuestiones.

El sistema de mercado y de propiedad privada goza hoy de la mejor reputación entre todos los sistemas que el hombre ha explorado para aumentar la productividad, que no es sino aumentar la capacidad del hombre para aprovechar mejor los recursos de la naturaleza y asignarlos entre los distintos usos alternativos. En cambio, el sistema de planificación estatal se ha desprestigiado con entera justicia en cuanto a su eficacia para estos propósitos. Esto se hizo evidente para el mundo tras el estrepitoso fracaso del sistema socialista, el cual, por no querer aceptar la propiedad privada de los medios de producción ni el sistema de precios de mercado, se vio obligado a intentar los argumentos de la producción y asignación de recursos por la vía de la planificación estatal.

Un tema crucial para que el mercado opere y entregue respuestas adecuadas a este tipo de cuestiones es que los incentivos estén puestos en forma sana. Para ello, el Código de Aguas chileno estableció un régimen de propiedad privada sobre los derechos de uso de las aguas.

En el mundo de hoy existe un amplio consenso en cuanto a la efectividad de la propiedad privada para preservar mejor los recursos. Así, se ha comprendido, en forma cada vez más extendida, que allí donde hay propiedad privada los recursos se cuidan y se aprovechan en mejor forma, mientras que donde no la hay suelen presentarse problemas de agotamiento y hasta de extinción, con todas las consecuencias económicas y ecológicas que de ello derivan. Por ejemplo, es claro que los animales que se poseen en forma privada como ganado no tienen peligro alguno de extinguirse; antes bien, sus dueños se preocupan de mantenerlos e incrementarlos para maximizar el valor económico de su propiedad. En cambio, los animales salvajes, allí donde no tienen dueños, frecuentemente están en vías de extinción, pese a todos los esfuerzos de los gobiernos y grupos ecologistas por evitarlo.

El Código de Aguas ha establecido la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, para permitir que sea el mercado el que asigne los recursos en la forma más eficiente. Al ser un particular el propietario de los derechos de aprovechamiento de aguas, inmediatamente queda incentivado a no malgastarlas. En efecto, en la medida en que adopte tecnologías que le permitan aprovechar mejor las aguas a que tiene derecho, podrá producir más con las mismas disponibilidades o utilizar una cantidad menor para satisfacer sus necesidades; así quedarán liberados los derechos excedentes para venderlos, beneficiándose con su transacción.

Por otra parte, cuando se trata de decidir entre usos alternativos de las aguas, los precios de mercado indican a los propietarios de los derechos de aprovechamiento si sus usos son los más rentables para la sociedad.

Sin duda, este Código de Aguas, como toda obra humana, es mejorable; pero los principios básicos sobre los que está construido -propiedad privada de los derechos de agua y el sistema de precios y de mercado como asignador de este recurso- deben ser preservados y perfeccionados.

Estos principios son necesarios porque permitirán que los chilenos hagan los esfuerzos que convengan para utilizar más eficientemente las aguas, y asegurarán, además, que se destine este recurso a los usos más convenientes para la sociedad.

Hoy nos encontramos nuevamente con una proposición del Gobierno que significa una vuelta atrás en la legislación, especialmente grave en esta oportunidad, pues significa un dardo en el corazón de la propiedad privada y en la economía de mercado.

Ha llegado al Parlamento, ahora impulsado por el Ministro Lagos , el tercer intento de la coalición de Gobierno por reformar de manera profunda la legislación vigente sobre las aguas. No obstante, este proyecto nos permite desenmascarar al Ministro Lagos y, junto con él, a gran parte de la Concertación.

En efecto, la Concertación se ha visto obligada, por la evidencia mundial, a reconocer que el mercado es el mejor asignador de recursos. Sin embargo, no es capaz de aceptar la propiedad privada. No han logrado entender que sin propiedad privada el mercado no funciona.

El Ministro Lagos nos ha dicho: “Me parece bien que el mercado opere.” para luego agregar: “Desde la cartera, planteamos una participación activa del sector privado”.

¿Qué significan estas afirmaciones? Que acepta el mercado, pero sigue creyendo que la propiedad está bien sólo en manos del Estado, dejándole al empresario privado el rol de un simple concesionario.

¿Cómo entiende el señor Ministro la participación del sector privado en la actividad del país? Acepta a la empresa privada cuando le conviene; por ejemplo, cuando aporta recursos en la construcción de un camino, lo que libera al Fisco de ese gasto, sin que el Gobierno proponga la respectiva disminución de impuestos a los usuarios de ese camino.

El Gobierno aduce que la normativa actual sobre las aguas es demasiado permisiva, que impide el funcionamiento del mercado y provoca problemas de acaparamiento, especulación, barreras a la entrada e inseguridad jurídica.

El Ministro Lagos se apoya en situaciones puntuales y en la natural sensibilidad por la situación actual de sequía que vivimos, para aprovechar el momento de legislar con un sentido profundamente estatista.

Con estos pretextos se pretende cambiar la situación actual, en que los tenedores de derechos de agua tienen el dominio a perpetuidad, pueden transar libremente sus derechos y el mercado es el asignador del recurso, por un sistema en que el derecho está ligado a un uso y la acción del mercado es fuertemente restringida, pasando a ser la Dirección General de Aguas el verdadero asignador del recurso.

¿Cómo puede saber un funcionario público cuál es el mejor uso del agua? ¿Quién cree en el desarrollo del país dirigido por funcionarios? Ni siquiera en Rusia es creíble esa estrategia de desarrollo.

La autoridad aprovecha problemas originados por una deficiente aplicación de la normativa vigente, de parte de las autoridades administrativas, para proponer cambios legislativos que tendrán graves consecuencias futuras en la asignación del recurso agua. La Dirección General de Aguas ha sido inoperante. Por ejemplo, no ha utilizado el mecanismo de remate, establecido en el Código de Aguas, para dirimir en aquellos casos en que hay más de un interesado en el recurso.

Con el pretexto de solucionar problemas menores pretende limitar el derecho de propiedad, debilitar al mercado como asignador de recursos, desincentivar la inversión y facilitar la corrupción administrativa.

Recordemos que la legislación vigente ha tenido por cimiento la asignación a perpetuidad de la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas, permitiendo que ellos se transen libremente a precios de mercado, entregando a éste el rol de asignador del recurso.

Se introdujo un incentivo formidable a la mayor eficiencia en el aprovechamiento del recurso. Quien usa el agua con más eficiencia puede beneficiarse, sea dando al agua ahorrada otros usos rentables, o simplemente, vendiendo o arrendando aquella parte de los derechos que no necesita en un mercado transparente que asegura el buen uso del recurso.

La justificación del Ejecutivo

Los problemas que fundamentan la iniciativa legal no se originan en la legislación actual. Tal como se analiza a continuación, en la mayoría de los casos tales problemas no existen y el proyecto de ley del ejecutivo, más que solucionarlos, origina graves distorsiones en la asignación del recurso agua.

Excesiva permisividad que no permite valorizar la obtención originaria y la conservación a perpetuidad de los derechos, sin que el mercado logre una asignación eficiente.

En el régimen jurídico vigente para las aguas, es necesario que el constituyente pague el costo de informar a los posibles interesados respecto de su interés en constituir un derecho de aprovechamiento, y enfrentarlos en un remate, si los hubiera. Por su parte, el costo de mantener la propiedad del derecho sin utilizarlo es el costo de oportunidad o lo que deja de ganar por mantenerlo y no venderlo.

El mercado funciona desde el instante en que un interesado solicita un derecho de aprovechamiento. Si no existen oponentes, significa que no hay escasez, por lo tanto, lo correcto es concederlo gratuitamente.

Si por el contrario aparecen otros interesados, corresponde realizar un remate donde se pagará el valor que el mercado le asigna al recurso.

Una vez concedido el derecho, de haber interesados en obtenerlo y existiendo la libertad de transacción establecida en la ley, existirá un precio de mercado al cual se producirán las transacciones que aseguren usos y asignaciones eficientes del agua.

Lamentablemente, en aquellos casos en que ha habido más de un interesado por el recurso, la Dirección General de Aguas no ha recurrido al mecanismo del remate establecido en la ley, sino, más bien, ha usado mecanismos burocráticos para solucionar dicha escasez, suspendiendo o dilatando la concesión sin dejar que el mercado actúe.

Incluso la dramática situación, que presentó el Ministro Lagos en esta sala, de los 600 habitantes de Domeyko que no cuentan con agua potable tiene una fácil solución, de acuerdo a la normativa actual. La Dirección General de Aguas debe llamar a remate, en el cual participarían los diferentes interesados en el recurso agua. Si los habitantes de Domeyko son personas de escasos recursos, el Estado puede otorgar un subsidio que permita que estos habitantes cuenten con los medios suficientes para adjudicarse el agua necesaria para la bebida. Situaciones como ésta se solucionan con un Estado ejerciendo su rol subsidiario y no cambiando una legislación que asegura una asignación óptima, por otra que le da el rol de asignador de recursos a empleados públicos.

La Dirección General de Aguas no debe asignar prioridades de uso. No es capaz de hacerlo de manera eficiente.

Acaparamiento de derechos de agua con fines especulativos. Se olvida que el mejor estímulo para no acaparar es el precio que se puede obtener al vender los derechos. El tenedor de derechos, obtenidos después de trámites en la Dirección General de Aguas y de financiar publicaciones exigidas por la ley, está continuamente evaluando si le conviene mantener sus derechos o venderlos al precio de mercado.

Especulación

Barreras a la libre entrada de nuevos competidores. Uno de los argumentos más comunes que se han dado para justificar la patente por el no uso de los derechos de agua se basa en que ellos serían una “barrera de entrada” para las futuras empresas postulantes que intenten ingresar al mercado.

Se entiende que existen barreras a la entrada cuando los costos de producir una unidad adicional de un bien es superior para las nuevas empresas que para las empresas ya establecidas, lográndose así detener la entrada.

Se argumenta que actualmente hay empresas que poseen derechos de agua y que no los utilizan y, sin embargo, los recibieron en forma gratuita (costo cero). La tenencia de estos derechos de agua por parte de estas empresas representaría una barrera de entrada para las futuras empresas que quieran entrar al sector y que necesiten comprar dichos derechos a un costo distinto de cero.

El argumento anterior es erróneo, ya que tanto para las empresas entrantes como para las empresas establecidas el costo del derecho de aprovechamiento no es nulo y es el mismo. En efecto, para la empresa entrante el costo es lo que tendría que pagar por conseguirlos y para las empresas establecidas es el costo de oportunidad o lo que deja de ganar por poseer el derecho y no venderlo.

Esta situación es la misma que se produce en el mercado de la tierra: cuando alguien compró un terreno a bajo precio y luego ha subido de valor, esto no contiene una barrera de entrada para otra empresa que quiera usarlo, ya que el costo para la nueva empresa es el mismo que para el propietario del terreno, es decir, un precio de mercado actual.

Inseguridad jurídica

Se plantea que el desarrollo sostenido de los sectores agrícola, hidroeléctrico, industrial, minero y sanitario, que necesitan usar agua y que son receptores de grandes inversiones nacionales y extranjeras, exige seguridad jurídica, que no se consigue con la legislación actual que permite situaciones abusivas como obtener y mantener derechos sin costo.

Tal como se explicó, la legislación actual bien aplicada no permite abusos. El mercado es el asignador de este recurso escaso. El constituyente de derechos debe pagar el costo de informar a los posibles oponentes respecto de su interés en constituir un derecho de aprovechamiento, y enfrentarlos en un remate, si los hubiera, y, luego, el costo de mantener la propiedad del derecho sin utilizarlo está representado por su costo de oportunidad que lo estimula a ser eficiente.

El proyecto, en consecuencia, relativiza el derecho de propiedad, incorporando una limitación a derechos ya adquiridos por sus titulares, que puede derivar en la privación o pérdida de tales derechos.

De esta manera, el derecho de propiedad, cimiento de todo nuestro ordenamiento jurídico, se ve fuertemente debilitado.

Por último.

Si hoy se acepta el pago de una patente por el no uso de las aguas, situación calificada discrecionalmente por un funcionario público, exponiendo al propietario a la pérdida de los correspondientes derechos, puede significar que a futuro, con ese mismo criterio se aplique a otras materias, como lo es el uso de la tierra o las concesiones mineras.

En el caso de la propiedad de la tierra, si se acepta el criterio postulado anteriormente, se podría llegar a privar al titular de su dominio, cuando un funcionario público afirme discrecionalmente que éstas no se usan.

Por otro lado, el pago de patentes a las aguas de riego no corresponde, puesto que la agricultura se encuentra gravada con un impuesto directo a la calidad de la tierra, diferenciando claramente entre aquella de riego y de secano, por la vía del impuesto territorial. Dicho gravamen, para los efectos de aplicarle la tributación legal, separa las distintas categorías de suelos y fundamentalmente les asigna distintos valores a unos y otros.

Así, el cobro por esta patente viene a agravar la crisis que afecta a la agricultura nacional, contrariamente a los esfuerzos que hacen hoy los empresarios del agro por levantar la actividad, y de la preocupación que por el sector ha manifestado públicamente el Gobierno.

Otra modificación que pretende introducirse a la actual legislación sobre aguas, que también evidencia un criterio estatal intervencionista, es la contenida en el artículo 147 bis que el proyecto pretende introducir al Código del ramo, entregando facultades discrecionales al Director General de Aguas durante el procedimiento de constitución de los derechos de aguas. Según el Proyecto, el Director puede incluso denegar las solicitudes de derechos de aprovechamiento, cuando no se hubiere justificado por el peticionario la cantidad de agua que se necesita extraer, atendidos los fines invocados.

Considero esta disposición abiertamente discrecional y que se presta para la calificación arbitraria de la autoridad administrativa, con el consecuente riesgo de corrupción que facultades de este tipo suelen traer.

En cuanto a las otras materias que plantea el Proyecto en votación, en general, éstas ya están resueltas por el actual Código de Aguas, por lo que no se justifica una modificación tan sustancial a un cuerpo legal que, si bien ha presentado algunos inconvenientes en su aplicación, puede perfeccionarse a través de modificaciones específicas que respeten nuestro marco constitucional.

Por lo anterior, señor Presidente, y en especial por lo inconveniente que resulta para el país la proposición del Gobierno, es que mi voto hacia el proyecto es de rechazo.

Señor Presidente , no quiero terminar mi intervención sin señalar que si se acepta el pago de una patente por el no uso de las aguas, como se propone en este proyecto de ley, estaremos entregando a un funcionario público una facultad que podemos calificar de discrecional, con lo que se expone al propietario a la pérdida de los correspondientes derechos. Esto puede significar que, en el futuro, este mismo criterio se aplique a otra materia, como al uso de la tierra o de las concesiones mineras, ya que en el caso de la propiedad de la tierra, si se acepta el criterio postulado en la modificación del Código de Aguas, se podría llegar a privar al titular de su dominio cuando un funcionario público afirme discrecionalmente que ese propietario no la está usando bien.

Por otro lado, no procede el pago de patentes a las aguas de riego, puesto que la agricultura se encuentra gravada con un impuesto directo a la calidad de la tierra, las contribuciones agrícolas, diferenciando claramente entre las tierras de riego y las tierras de secano. Así, el cobro por esta patente viene a agravar la crisis que afecta a la agricultura nacional, contrariamente a los esfuerzos que hacen hoy los empresarios del agro por levantar la actividad y a la preocupación que por el sector ha manifestado públicamente el propio Gobierno.

Señor Presidente, por lo anterior, y en especial por lo inconveniente que resulta para el país la proposición del Gobierno, anuncio mi voto de rechazo a este proyecto.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Elgueta.

El señor ELGUETA .-

Señor Presidente , anuncio que votaré favorablemente este proyecto, por cuanto resulta útil y provechoso para el país que se empleen todos sus recursos, sobre todo por tratarse de un bien tan escaso como el agua.

Cuando el diputado que me antecedió en el uso de la palabra afirmó que éramos estatistas, quizás lo hizo porque no conoce la historia legislativa de nuestro país, ya que también tendría que calificar como tal a don Andrés Bello , quien señaló en el siglo pasado -y así quedó establecido en el Código Civil y en el propio mensaje de ese cuerpo legal- que el agua es un bien nacional de uso público.

Aquí se pueden distinguir tres derechos: primero, el dominio del Estado sobre las aguas, que es el único titular originario; segundo, el derecho real de aprovechamiento para el uso y goce de las aguas terrestres y, tercero, el dominio sobre el derecho real de aprovechamiento.

Cuando se trata este tema se confunden estos tres conceptos, pues se habla del llamado “derecho de propiedad absoluto”, que permitiría en Chile mantener ociosos los sitios eriazos, que hoy son objeto de un impuesto progresivo.

Al respecto, nadie ha pensado -incluso así lo aprobamos en la Cámara cuando reformamos la ley sobre rentas municipales- que el pago de dicho impuesto por el no uso de los sitios eriazos en las comunidades urbanas signifique atropellar el derecho de propiedad, desconocerlo, o expropiar bienes sin indemnización o confiscarlo.

Tampoco nadie se ha atrevido a sostener, como se hace en el informe, que el hecho de que se imponga una patente a un bien que fue concedido cuando el derecho de aprovechamiento era gratuito y no era exigible usarlo, implique una especie de confiscación o algo desorbitado. Por el contrario, todos los años el Estado entrega, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, miles de metros cuadrados, gratuitamente o mediante saneamientos, que permiten su adquisición por el no uso y la posesión notoria de los inmuebles, y nadie ha discutido que el Estado no lo pueda hacer; incluso el decreto ley que lo estableció se dictó durante el gobierno militar. Tampoco se ha puesto en duda que si esos bienes, que se entregaron gratuitamente, después adquieren un valor, queden afectos a tributos.

De tal manera que de todas estas disquisiciones, sobre todo las relativas a la titularidad del dominio del derecho real de aprovechamiento, se desprende que el proyecto no tiene nada de inconstitucional. Por el contrario, son tributos que se pueden aplicar a un bien y que permiten a su titular sólo el uso y goce de las aguas, pero no su disposición, como es en el caso del dominio. Más aún, en la actualidad, cuestión que modifica el proyecto, el derecho real de aprovechamiento se extingue de acuerdo con las reglas del derecho común. ¿Cuáles son estas reglas? En el caso de las aguas, por señalar una regla general, se admite el mismo principio del derecho civil, es decir, se produce por la adquisición del mismo por una persona diferente; o sea, cuando alguien adquiere el derecho, lo pierde quien lo tenía. Por eso, el derecho común señala que la tradición, la llamada transferencia, la sucesión por causa de muerte y la prescripción son los medios para adquirir el derecho de aprovechamiento y, este último, a su vez, para extinguirlo.

Al respecto, el proyecto propone otras formas de extinción. Por ejemplo, la renuncia total o parcial aceptada por la Dirección General de Aguas -en conformidad con el artículo 12 del Código Civil, no está prohibida con tal que sólo mire al interés particular del renunciante- se puede admitir como modo de extinguir tal derecho. Así lo establece el proyecto en su artículo primero, que incorpora un inciso final, nuevo, al artículo 6º del Código de Aguas.

Ésta es la diferencia entre el derecho de dominio y el derecho real de aprovechamiento en cuanto al carácter de perpetuo, es decir, que existe mientras la persona vive o no lo transfiere a otra mediante una expresión de voluntad. En este caso, en la renuncia hay una expresión de voluntad. Incluso en el proyecto se exige que la renuncia sea aceptada por la Dirección General de Aguas. En consecuencia, es legítimo que se pueda extinguir el derecho real de aprovechamiento mediante esta vía. Lo que se estaba extinguiendo aquí para el titular es la reaparición del derecho del Estado para ejercer su dominio en plenitud y, por lo tanto, la posibilidad de entregarlo a otra persona que se interese en usar y gozar de las aguas. Aun más, si no se legislara sobre este punto, de todos modos existiría la posibilidad de renuncia, porque depende de la sola voluntad del renunciante.

En segundo lugar, en el proyecto se establece una nueva forma de extinguir el derecho real de aprovechamiento, que es el remate por el no pago de la patente, de acuerdo con el artículo 129 bis, número 11, para cuyo efecto se regula un procedimiento judicial.

Esta fórmula, aun cuando puede ser criticada -criterio con el que no concordaría-, es perfectamente compatible con nuestro ordenamiento constitucional. Se trata de un fallo judicial que ordena el remate, en que la voluntad del deudor moroso está legalmente representada por el juez para transferir el dominio a un tercero, lo cual está de acuerdo con el número 24º, del artículo 19 de la Constitución.

Quisiera haber comentado otras materias sobre el particular, pero quiero hacer resaltar la situación que se produce con el uso y desuso de las aguas, como se señala en el informe. Por ejemplo, en mi región se están usando 261.600 metros cúbicos de agua por segundo. Sin embargo, 5.103.256 metros cúbicos de agua por segundo están sin uso y constituidos en favor de las empresas.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , terminó su tiempo.

Los Comités han acordado que se puedan insertar en la versión los discursos de los señores diputados que no alcancen a terminar su exposición.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente , termino poniendo de relieve que, en mi opinión, el no uso de las aguas implica un verdadero delito de lesa patria -como señala un colega-, puesto que un recurso tan escaso y apreciado no es aprovechado por todos los chilenos.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Hosain Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente , quiero expresar mi satisfacción porque la Sala por fin conoce este importante proyecto que el Ejecutivo remitió en 1992. Con posterioridad, en julio de 1996, envió una indicación para sustituir una buena parte de él, fundamentalmente la que se refiere al Código de Aguas, y dejó pendiente el tratamiento de las cuencas hidrográficas -otra materia también muy importante-, por considerar que todavía no tenía una opinión técnica acabada al respecto. Por lo tanto, desglosó el proyecto para dar prioridad a la modificación del Código de Aguas.

Como el tema reviste mucha relevancia, participaron todos los sectores interesados, como las empresas hidroeléctricas, las asociaciones de regantes del país y el Instituto de Ingenieros, quienes hicieron aportes muy valiosos que, de alguna manera, hemos recogido.

Pero, ¿por qué la modificación del Código de Aguas? Fundamentalmente, porque se trata de un bien nacional de uso público escaso y que no se ha utilizado de acuerdo con los intereses que nuestro país requiere en la actualidad.

El caso es que para obtener la concesión de un derecho de aguas -trámite absolutamente gratuito- debe cumplirse con pequeñas formalidades: no perjudicar a terceros, que exista el recurso pedido y sólo con esas exigencias la autoridad administrativa está obligada a otorgar la concesión correspondiente. Muchas empresas y particulares en conocimiento de esas facilidades tan grandes han invadido la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas para solicitar derechos de aguas.

Aquí nace nuestra preocupación, porque desde el momento en que se otorga dicha concesión, se transforma en derecho de propiedad, respecto del cual la Constitución y todos estamos de acuerdo en resguardar, porque da estabilidad y permite el desarrollo de la Nación. En consecuencia, nos encontramos con que se han otorgado derechos de propiedad y que no se utilizan las aguas en beneficio del país. ¿Qué hacemos? Luego del estudio de esta iniciativa, hemos llegado a la conclusión de que la única manera sería cobrar una patente a quienes no usen los derechos ya concedidos. No es del interés del Estado ni de los parlamentarios que participamos en la Comisión establecer una nueva fuente de ingresos para el país, sino que sólo presionar o castigar a quien ha obtenido una concesión gratuita y no la usa, lo cual causa un daño grave al país.

Quiero señalar, como ejemplos, que el total potencial de recursos que existen en el país son 29.105 metros cúbicos por segundo, pero si le restamos la Duodécima Región, que cuenta con 10.124 metros cúbicos -digo restémosla, porque nadie pide aguas para ese sector debido a que es muy difícil su aprovechamiento-, nos quedan 19.081 metros cúbicos por segundo de potencial de aguas, de los cuales hay concedidos 1.699 metros cúbicos por segundo y están, como derechos ya constituidos, 11.203 metros cúbicos por segundo. ¿Qué nos queda por otorgar? Sólo 6.179 metros cúbicos por segundo. ¿Cuántas solicitudes pendientes hay hasta este momento? 38.509 metros cúbicos por segundo.

Entonces, para regular el otorgamiento de esos derechos es necesario dar mayor poder al Director General de Aguas y, en general, al Ministerio de Obras Públicas, para que, en la petición de concesión de derechos de aguas se diga para qué se quiere, cuánto tiempo va a hacer uso de ellas; en fin, para determinar si el interesado, a lo mejor con menos cantidad de agua, podría solucionar su problema y, de esa manera, evitar que sólo lo pidan con un fin especulativo, como lamentablemente ha ocurrido con muchos de los derechos ya otorgados.

Lo que pretendemos es que este recurso, de tanta utilidad para el país, se ocupe en beneficio de la Nación y que los derechos de aprovechamiento no se conviertan sólo en acaparamiento o que algunos más despiertos pretendan obtener pingües utilidades, traspasándolos posteriormente.

Por eso, soy ampliamente partidario del proyecto, aunque sé que se han planteado algunas dudas al respecto, fundamentalmente sobre el valor de las patentes. Dicen que éstas pueden ser muy altas. Es posible que lo sean, pero podemos revisarlas. Estoy llano a revisar este aspecto. No se cobran patentes con un fin de ingreso regional o del Estado, sino -como he señalado-, para obligar a ocupar esos derechos en beneficio de la producción y, en definitiva, del país.

Se ha expresado también que las patentes que se van a cobrar por el uso no consuntivo de las aguas, fundamentalmente para las empresas hidroeléctricas, podrían causar daño y también existe una fuerte duda respecto de los derechos consuntivos, especialmente de los agricultores.

Nunca ha sido nuestro interés perjudicar a los agricultores. El que tiene un derecho de aguas y las ocupa, en buena hora para él y para el país; pero, ¿qué pasa si un agricultor, por ejemplo, dispone de 40 metros cúbicos por segundo y sólo ocupa tres en cinco hectáreas de su propiedad, mientras el Estado no puede otorgar derechos a otros solicitantes porque ya están concedidos? ¿Vamos a permitir que él tenga acaparado ese uso que es beneficioso para el interés de la Patria? Ahí, entonces, por supuesto, se entraría a cobrar una patente. Sólo en ese caso. Por eso, hoy, cuando tratamos de legislar sobre la materia, lo hacemos únicamente con un sentido positivo.

Asimismo, quiero señalar que, como consecuencia de las agudas sequías de los últimos años, debemos pensar en soluciones a largo plazo y permanentes, y considerar la construcción de embalses. Afortunadamente, en los últimos seis o siete años se han construido varios, pero tenemos muchos más todavía que construir.

Por ejemplo, el embalse Punilla , en la Octava Región, Comuna de San Fabián de Allico, puede regar 200 mil hectáreas. Creo que tenemos que dar estas concesiones con un doble propósito: para regar y para producir energía eléctrica. De ese modo, las plantas hidroeléctricas se utilizarán en concordancia con el riego, y las termoeléctricas -vinculadas a la producción de gas y de petróleo- durante la época de invierno, a fin de que aprovechemos muy bien el recurso agua tan escaso y necesario para el país.

Estoy de acuerdo con este proyecto de ley.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Carlos Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , no cabe ninguna duda de que cuando hablamos del agua nos referimos a un bien especial, sin el cual la naturaleza no puede desarrollarse y la vida de las personas y los animales podría llegar a su fin. Por eso, tradicionalmente -también en este proyecto- se reiteran algunos conceptos que, en mi opinión, son fundamentales.

El agua es un bien nacional de uso público y no cabe duda de que cualquier política sobre la materia que se desarrolle en nuestro país debe propender a cautelar debidamente este principio. Además, es un recurso vital y escaso que, como tal, debe ser puesto al servicio del interés general del país. Sobre esta idea central se manifestaron de acuerdo todos quienes concurrieron a la Comisión especial que analizó la modificación al Código de Aguas.

Es importante establecer este punto, porque, al parecer, de la intervención del colega Munizaga se desprende que estamos hablando de un bien común y corriente que no tiene una connotación especial. Admito que él, como diputado de una zona con crecimiento ostensible en el país, defienda, por ejemplo, el libre mercado para el desarrollo y la producción de pisco y se oponga tajantemente a que se incorpore el whisky en condiciones tales que afecten su mercado. Pero, no puedo entender que él, como representante de una zona semidesértica, exprese lo que ha dicho aquí respecto del agua. Felizmente, muchos colegas, independientemente de sus posturas políticas, están de acuerdo con que el acceso a los derechos de aprovechamiento del agua deben vincularse con necesidades reales, y su protección, sustentarse fundamentalmente en su ejercicio.

Debe ser preocupación preferente del Estado velar por que el aprovechamiento del agua se realice en forma armónica y eficiente. A fin de garantizar este propósito, debe diseñarse, además, una política educacional que, aplicada a todos los niveles de enseñanza, forme y difunda el conocimiento sobre el recurso, desarrolle destrezas en su utilización y sea apta para inculcar hábitos en los educandos que les permitan conservar y proteger el agua para todos sus usos. El aprovechamiento racional del recurso debería estimularse mediante el establecimiento de incentivos a toda la población.

La discusión sobre estas modificaciones nos ha permitido darnos cuenta de lo que está pasando con los derechos de aguas en nuestro país, por lo que es de capital importancia -no sólo para el agua potable destinada al consumo humano, sino además para la utilizada en regadío o en la producción de energía hidroeléctrica, cuyos derechos aparecen más discutidos, al menos a propósito de esta iniciativa-, que sean referidos a un uso adecuado y racional en que, en primer lugar, esté presente el interés del país y el bien común.

En ese sentido, el proyecto recoge en forma adecuada las inquietudes planteadas por las asociaciones de canalistas y el colegio o instituto de ingenieros, porque, en lo central, cautela el buen uso y aprovechamiento de las aguas en Chile. Sin embargo, hay quienes señalan que afectará derechos constituidos, en particular de empresas hidroeléctricas. Para ser más exacto, parte importante de sus discursos reproducen la preocupación de Endesa.

Quiero recordar a esos colegas que en 1991, Endesa , a través de su gerente general, reconoció la necesidad de que los derechos de agua sean utilizados como es debido y, por propia iniciativa, envió una carta al entonces Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía en la que manifestaba su disposición para que sus derechos de agua, debidamente constituidos, pero no utilizados en forma plena, fueran compartidos con proyectos emprendidos por otros particulares.

Además, en dicha comunicación -que tengo en mi poder- se dijo que Endesa estaba dispuesta a que terceros utilizaran los derechos de aprovechamiento para uso hidroeléctrico, obtenidos o por obtener por dicha empresa, en condiciones explicitadas en el citado documento.

En el planteamiento que en esa oportunidad hizo el gerente general de Endesa -el mismo de la actualidad, don Jaime Bauzá - está el reconocimiento implícito al problema que el Ejecutivo pretende corregir en forma adecuada, no sólo en cuanto a la perspectiva de una empresa, sino del interés del país. Debemos velar por que haya un adecuado aprovechamiento de los recursos hídricos en Chile y, en especial, de los que pueden ser destinados a la generación de energía eléctrica.

No contamos con grandes recursos energéticos y la mayoría de los que poseemos no son competitivos respecto de los importados, ya sea por precio, calidad o volumen. En consecuencia, vale la pena impulsar el acceso a la producción de hidroelectricidad, no sólo de los que en la actualidad tienen derechos, sino de otros que puedan incorporarse al régimen de competencia de producción de energía hidroeléctrica que debiera existir.

La oferta y la demanda de electricidad y las posibilidades de generación hidroeléctrica nos hacen concluir que resulta del todo conveniente para el interés nacional, e incluso para el desarrollo de las empresas que hoy se preocupan de la producción de energía, en particular eléctrica, que se termine con las barreras impuestas como producto de la acumulación excesiva de derechos de determinada empresa.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Señor diputado , le resta sólo un minuto de su tiempo.

El señor LATORRE.-

Cabe hacer notar que cuando se produjo la privatización de Endesa, en el momento en que se evaluaron los recursos hídricos, a los derechos de agua inscritos por esa empresa se les asignó un valor cero. Vale decir, ni en el proceso de privatización se alcanzó a advertir el significado para el desarrollo del país de la acumulación excesiva de recursos: su no utilización plena.

Quiero hacer un llamado a mis colegas de la Oposición, en especial a aquellos que la semana pasada dijeron que votarían a favor el proyecto, para que ese compromiso se traduzca hoy en un hecho y no nos encontremos, una vez más, con que algunos representan el interés de alguna empresa en particular.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ .-

Señor Presidente , el proyecto que nos ocupa y que pretende modificar el actual Código de Aguas se fundamenta en que este recurso natural, de uso público, enfrenta un escenario de mayor escasez y contaminación, producto de condiciones climáticas desfavorables y de un desarrollo económico basado principalmente en la explotación de recursos naturales. Junto con ello, también está el problema de la excesiva permisividad de nuestra actual legislación respecto a la propiedad y uso del recurso. Estos elementos obligan a modificar la legislación existente y a adecuarla al escenario actual.

En el informe presentado por la Comisión especial legislativa, que durante largo tiempo se ha abocado a estudiar este tema, hay algunos aspectos que quiero destacar, especialmente contenidos en dos informes entregados por la Dirección General de Aguas. En ellos se da cuenta que la disponibilidad actual de este recurso es bajísima, ya que gran parte de los derechos de aguas están actualmente constituidos, y los disponibles, casi en su totalidad se encuentran en proceso de adjudicación, producto de solicitudes ya presentadas.

Sólo como dato, menciono dos cifras ya conocidas por la Sala: el 43 por ciento de los recursos hídricos ya están asignados, y sólo un 13 por ciento de estos derechos están siendo debidamente utilizados, es decir, la disponibilidad del recurso es escasa y, lo que es peor, su utilización alcanza un bajísimo porcentaje.

La primera pregunta que me surge es: ¿quiénes son los actuales propietarios del agua en nuestro país? La respuesta también está contenida en estos informes. Endesa actualmente tiene derechos constituidos que representan un 60 por ciento del caudal constituido y, además, solicitudes en trámite que permiten decir que la propiedad de este recurso en sus manos representará el 80 por ciento del total de los recursos hídricos utilizables en nuestro país.

La exposición hecha días atrás por el Ministro de Obras Públicas , don Ricardo Lagos , fue categórica al demostrar la forma de concentración que ha alcanzado la propiedad de este recurso y la importancia de encontrar mecanismos que permitan dar solución al problema.

Más allá de consideraciones técnicas o económicas ligadas al desarrollo, estamos frente a una obligación ética y responsable del futuro que queremos construir.

Los hechos nos demuestran que enfrentamos una situación donde se han cometido y se siguen cometiendo profundas equivocaciones. Por ello, nuestra responsabilidad es inmensa y el tratamiento de este tema debe situarse en su verdadero contexto. Estamos ante el desafío de modificar una legislación contenida en el actual Código de Aguas, que a lo largo de su existencia ha sufrido una serie de modificaciones, que, lejos de perfeccionarlo, han abierto una puerta para que se cometan situaciones de injusticia, falta de equidad y, lo que es peor, se ha privilegiado el derecho individual por sobre el bien común, respecto de un recurso como el agua, cada día más escaso y que nos pertenece a todos.

Después de analizar el informe de la Comisión y de haber escuchado las intervenciones de los diputados que me antecedieron, quisiera resaltar algunos aspectos:

La Comisión escuchó a muchos representantes de las más diversas organizaciones gremiales del sector empresarial y profesional; pero, ¿por qué no se consideró a los campesinos, que sí sufren los efectos de la sequía, y a los mapuches, que teniendo recursos de la Ley Indígena para comprar derechos de aguas, no pueden hacerlo porque ya están agotados? ¿Por qué no se ha escuchado a los pobladores, como los de Domeyko, cuya experiencia nos relatara días atrás el propio Ministro de Obras Públicas?

Es cierto que nuestro rol de legisladores está limitado por el carácter colegislador del Ejecutivo , pero ello no debiera implicar que nosotros mismos cercenemos nuestras facultades y no hagamos participar a la sociedad en su conjunto, a través de sus organizaciones, en un tema tan delicado como la modificación de la legislación actualmente contenida en el Código de Aguas.

Nuestro país tiene una de las legislaciones más débiles del mundo respecto de este tema. En los países verdaderamente desarrollados, aquéllos donde el progreso se ha logrado después de un constante trabajo, el agua es un recurso que se cuida, que debe ser bien utilizado. Son países donde nadie puede actuar a su antojo con un recurso definido como natural de uso público, donde la expresión del bien común está claramente definida en sus textos legales, cuando se está frente a un recurso imprescindible, escaso y necesario para la vida humana.

Es necesario cambiar esta legislación insuficiente, y frente a la propuesta del Ejecutivo nos encontramos con que quienes han representado a estas organizaciones gremiales y profesionales en esta discusión, opinan en contra del proyecto, argumentando inconstitucionalidades, facultades excesivas al Estado y suponiendo actitudes discrecionales de autoridades y funcionarios.

Nos dicen que este proyecto de ley atenta contra el derecho de propiedad. Me pregunto: ¿en qué lugar de su escala de valores estos señores tienen signado el bien común? Nos dicen que entregar facultades discrecionales al Estado distorsiona el mercado y, por supuesto, la libre competencia. ¿Es que no ven que el actualmente existente ha generado una verdadera ley de la selva?

También nos dicen que al entregar mayores facultades al Estado estamos permitiendo la corrupción de sus funcionarios. Pregunto: ¿no es más corrupto tener instrumentos jurídicos que avalen la desigualdad? En mi opinión -es lamentable decirlo-, estamos frente a la situación extrema de quienes no quieren ver más allá de sus narices, de quienes privilegian el derecho individual por sobre el bien común; estamos frente a quienes defienden equivocadamente sus personales y, en muchos casos, mezquinos intereses.

En mi opinión, el proyecto es insuficiente.

No existe país comparable con el nuestro o alguno que nos sirva de ejemplo por tener una legislación tan débil respecto del uso de este recurso. En esos países, el agua es un recurso que se cuida y que debe ser bien utilizado.

Las autoridades de Gobierno han expresado que con este proyecto será posible evitar abusos y distorsiones. No lo creo así. En todo caso, lo votaré favorablemente, como una forma de apoyo al esfuerzo que el Gobierno está haciendo por velar, aunque tangencialmente, por el bien común. Pero reitero que no estamos atacando el tema de fondo.

Lo correcto sería asegurar a la Nación entera, a través de esta modificación legal, el uso adecuado, racional y sustentable de un recurso tan importante como el agua, recurso cada día más escaso y necesario, que en nuestro país, ejemplo para muchos, su uso y propiedad está violentando ferozmente el bien común de la Nación y legitimando una situación de profunda desigualdad.

Confío en que aquellos que no quieren entender que por sobre el interés individual está el de la Nación toda, reflexionen y entiendan que los hombres y mujeres, principalmente los débiles, esperan señales claras de igualdad, de equilibrio y de justicia en la construcción de nuestra patria.

He dicho.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la Diputada señora Evelyn Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , el pasado jueves escuchamos de parte del Ministro de Obras Públicas un discurso dramático sobre la situación del agua. Yo podría agregar muchos otros ejemplos dramáticos sobre la escasez y el mal uso de agua en el país, pero el tema de fondo es: ¿el proyecto del Gobierno soluciona estas situaciones?

Comparto la preocupación de la Izquierda por la pobreza. Sin embargo, tengo claro que las recetas del socialismo, por bien intencionadas que hayan podido ser, han tenido resultados catastróficos dondequiera que se las haya aplicado.

Así como en la pobreza, también en el caso del agua podríamos compartir el diagnóstico, pero queremos que quede absolutamente en claro que no compartimos la receta propuesta por el Gobierno, que dice respetar el sistema de mercado, pero que, en la práctica, lo destruye.

Examinemos los ejemplos que dio el Ministro de Obras Públicas . Refiriéndose a Domeyko, señaló que hay dos solicitudes para la escasa cantidad de agua. Una, en que el Director General de Aguas pide agua para beber; y, otra, de la Compañía Minera del Pacífico, para un eventual desarrollo agrícola. Esto nos conmovió a todos. Pero, ¿cuál es la realidad? Que si existe ese problema es por ineficiencia del Gobierno.

En efecto, el artículo 148 del Código de Aguas -que este proyecto no modifica- establece: “El Presidente de la República podrá, en el caso del inciso tercero del artículo 141 -aplicable a Domeyko-, con informe de la Dirección General de Aguas y por circunstancias excepcionales y de interés general, constituir directamente el derecho de aprovechamiento.” En el caso de Domeyko, basta un informe de la Dirección General de Aguas para que el Presidente de la República otorgue directamente el derecho de aprovechamiento a sus habitantes.

Supongamos por un minuto que el Presidente no desea utilizar la prerrogativa que le concede el citado artículo 148. El Ministro Lagos se preguntaba el otro día: “¿Qué debe hacer el Director General de Aguas ? Ambas solicitudes son idénticas y no puede decidir -como se decía antes- que es más importante el agua para beber o la que se solicita para un proyecto agrícola que, según se nos informó, se desarrollará en el largo plazo”.

Señor Presidente , es muy claro lo que debe hacer el Director General de Aguas . El Código de Aguas establece en sus artículos 142 a 147 que la Dirección General de Aguas deberá llamar a un remate.

Si la compañía quiere invertir en un proyecto agrícola en el largo plazo, cualquier economista dirá que esa empresa no estará dispuesta a pagar ahora un precio muy alto por esa agua que utilizará en el futuro.

¿Qué puede hacer el Estado por los habitantes de Domeyko? Puede rematar esos derechos de agua. No le costará mucho, porque los fondos saldrán de un bolsillo e irán a parar a otro bolsillo del Estado. Esto puede tener un efecto muy saludable: quedaría muy claro el subsidio que el Estado está dispuesto a pagar para que los habitantes de Domeyko tengan agua.

Pongámonos en un caso más extremo aún. Si el proyecto se aprobara, ¿qué cambiaría en el ejemplo de Domeyko? La persona que concede el derecho: el Director de Aguas en vez del Presidente de la República . Además, al eliminarse el remate, se quitaría transparencia al subsidio del agua para el consumo.

El Ministro Lagos expuso también que los derechos no consuntivos no lo son tanto, y dijo: “Cuando una presa se construye con fines hidroeléctricos, las empresas obviamente necesitan bajar el nivel de las aguas y generar electricidad en julio o agosto, pero a los agricultores no les interesa el agua en esa fecha”. ¿Será cierto aquello?

Para contestar, daré lectura al artículo 14 del Código de Aguas, que establece: “Derecho de aprovechamiento no consuntivo es aquel que permite emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla en la forma que lo determine el acto de adquisición o de constitución del derecho.

“La extracción o restitución de las aguas se hará siempre en forma que no perjudique los derechos de terceros constituidos sobre las mismas aguas, en cuanto a su cantidad, calidad, sustancia, oportunidad de uso y demás particularidades.”

En consecuencia, no es cierto que el dueño de derechos no consuntivos pueda devolver el agua en julio o en agosto cuando el agricultor no la necesite, sino que debe entregarla de manera de no perjudicar derechos constituidos en cuanto a su cantidad, calidad, sustancia, oportunidad de uso y demás particularidades.

Pongámonos en el caso de que, habiéndose otorgado derechos no consuntivos, posteriormente aparece un proyecto agrícola o minero que se interesa en acceder a esas aguas río abajo. En ese caso, en el acto de adquisición o de constitución del derecho el interesado deberá estudiar la forma en que la Dirección General de Aguas obliga a esa central hidroeléctrica a restituir el agua. Incluso, si desea, puede construir un embalse y regular el aprovechamiento de esas aguas en forma y épocas distintas de aquélla que obliga a la central hidroeléctrica. Ésta es la manera en que el actual Código resuelve el problema entre derechos consuntivos y no consuntivos. ¿Cómo lo resolvería el proyecto, si se convirtiera en ley? Del mismo modo, con la diferencia de que, al presentarse ambas solicitudes al mismo tiempo, no se permitiría al mercado asignar el recurso agua a través de un remate. Habría de por medio un funcionario con poderes omnímodos y, seamos francos, con todo el potencial de corrupción que ello implica.

¿Qué pasa cuando se quieren constituir derechos consuntivos río arriba, donde ya existen derechos no consuntivos? Es lógico que no pueden otorgarse libremente derechos consuntivos río arriba, porque con la actual ley o con el proyecto presentado por el Gobierno, si alguien utiliza las aguas río arriba y no las devuelve al caudal, el que tiene derechos más abajo del río se ve perjudicado. Eso es obvio. No veo cómo se podría solucionar esa situación a través de este proyecto, puesto que, en realidad, unos derechos afectan a los otros.

El señor Ministro se refirió también al monopolio de algunas empresas generadoras. Yo pregunto: ¿Por qué no se utilizan los mecanismos previstos en la ley antimonopolios? Recordemos que mediante ella se obligó a la CTC a vender Entel . ¿Por qué no se ha recurrido a ella en este caso? ¿Por qué no se ha solicitado a la Comisión Antimonopolios que estudie si una empresa puede seguir acumulando derechos de agua? ¿No se le podría, incluso, obligar a venderlos? Pregunto: ¿Podría alguien sostener realmente que habrá monopolio en la provisión de electricidad cuando en un par de meses más llegue a Chile el gas natural? ¿Cuánto valdrán los derechos de agua de esa empresa eléctrica cuando llegue el gas natural? Es obvio que bajarán enormemente de precio. ¿Es coincidencia que sea justamente esa empresa la que tiene más derechos de aguas constituidos, la que primero se opuso y luego trató de controlar la llegada del gas natural al país? ¿No es cierto que en Chile no será posible la existencia de un monopolio energético en el futuro?

Si se promulgara este proyecto, ¿asegurará un uso eficiente de recursos? Sería tan ineficiente como todas las recetas socialistas.

Supongamos que una persona pide derechos consuntivos para la agricultura, se le conceden, y que al cabo de diez años se descubre oro en la zona, actividad mucho más rentable que la agricultura. ¿Podría el agricultor vender sus derechos de agua al minero para el progreso del país y en su propio beneficio? No, porque le fueron concedidos para la agricultura y al ser para la minería, debe devolverlos a la Dirección General de Aguas. ¿Lo hará el agricultor para que esos mismos derechos le sean concedidos posteriormente a un minero? Debería estar demente para hacerlo, pues él no ganaría nada.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Señora diputada, le queda un minuto de su intervención.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente, voy a seguir interviniendo con cargo al tiempo de otros señores diputados.

¿Ganaría el país con este proyecto? No. El agua se ocuparía, incluso, en proyectos ineficientes, porque mientras uno usa el agua, no paga por ella; no importa si la usa eficiente o ineficientemente.

Alguien podría decir: “El agricultor no devolverá el agua, sino que la Dirección General de Aguas cambiará el destino”. ¡Dios nos libre de la corrupción que ello generaría! ¡Sería algo así como lo que hemos visto en los últimos tiempos, en que se han modificado planos reguladores de una ciudad cuando parientes de altos personeros han comprado grandes extensiones de terreno!

Alguien podría decir que el agua no se usaría ineficientemente, porque la Dirección General velaría por que su uso fuese eficiente y rentable. ¿Estaría alguien dispuesto a invertir en una actividad que necesita agua si después pueden quitarle sus derechos, porque unas cuantas personas estiman que no la usa eficientemente o en forma rentable?

Estas dificultades surgen por un solo hecho. Se dice que este proyecto pretende utilizar las herramientas necesarias para procurar que el mercado funcione bien. La realidad es muy distinta. Este proyecto elimina todo sano funcionamiento del mercado y lo sustituye por la vieja receta socialista: dar prerrogativas omnímodas a un funcionario de gobierno que se supone intachable y desea el bien común.

Nadie puede desconocer que en el tema de las aguas hay problemas, los que se tornan dramáticos cuando existe, como en la actualidad, una prolongada sequía. Sin embargo, el Gobierno puede solucionar muchos de ellos con las facultades que ya tiene, tanto en el Código de Aguas como en otras legislaciones. Sin embargo, hay otros problemas que no se pueden solucionar con el actual Código ni con el proyecto de ley, porque ninguna ley puede revertir una situación de escasez de agua.

Lo más grave es que este proyecto no solucionará ningún problema, sino que creará otros nuevos: aquellos que se observan dondequiera que se hayan aplicado las recetas socialistas: ineficiencia, discrecionalidad, arbitrariedad y corrupción.

Por lo anterior, anuncio nuestro voto negativo a la idea de legislar.

He dicho.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Señora diputada , ha ocupado un minuto 45 segundos del tiempo del Diputado señor Víctor Pérez.

Tiene la palabra el Ministro de Obras Públicas, don Ricardo Lagos.

El señor LAGOS ( Ministro de Obras Públicas ).-

Señor Presidente , para efectos del orden en el debate, debo señalar que el artículo 148 del Código de Aguas dice relación sólo con las aguas superficiales y no con las subterráneas, que es el caso de Domeyko.

En segundo término, respecto de los derechos consuntivos y no consuntivos, en los que sí cambia este proyecto de manera radical, en cuanto a los derechos no consuntivos aguas arriba, es que las empresas respectivas tendrán que pagar una patente, en cuyo caso deberán analizar si les conviene o no continuar con la acumulación de los derechos que hoy tienen para los efectos del pago de una patente. Ésa es la gran diferencia. La vez pasada señalé, a modo de ejemplo, que en la actualidad, con tres solicitudes de derechos en la Undécima Región, todos los ríos, incluido el Baker -el más grande de Chile- quedarían vedados para el desarrollo agrícola, porque como las solicitudes se están haciendo aguas abajo, el río Baker quedaría absolutamente congelado para la agricultura. Por eso, este proyecto establece que si continúa adelante esa proposición, la empresa respectiva deberá pagar.

Además, la Contraloría General de la República ha sostenido en forma reiterada que el artículo 141 del Código de Aguas sólo opera sobre aguas superficiales y no respecto de las subterráneas.

En tercer lugar, en cuanto al tema de la situación monopólica, hemos hecho la consulta a la Corte Suprema, la cual reiteradamente ha señalado que, la Dirección General de Aguas, debería evitar dar derechos en aquellas condiciones.

En suma, lo que hemos hecho es resultado de la experiencia de estos quince años. Cuando aquí se habla del mercado, yo preguntaría cuántas transacciones de aguas han tenido lugar durante ese lapso. ¡Práctica-mente ninguna!

Respecto del complejo tema de en qué medida esto significaría atribuciones exageradas, precisamente lo que aquí se plantea es evitar la acumulación monopólica de un derecho.

Coincido plenamente con lo que aquí se ha dicho de que cuando hay propiedad privada estos recursos se cuidan bien, y se citó el caso de los animales. Para tener animales y cuidarlos, hay que gastar, pues es un derecho de propiedad que requiere incurrir en desembolsos. El problema es que el derecho de propiedad que existe sobre el uso y goce de las aguas es gratuito y, por lo tanto, no hay que incurrir en ningún gasto. Por eso, no se cuida. Es la misma ineficiencia que se le atribuye a otros, la cual permite que las empresas puedan tener “aeternum” derechos de aguas, porque mantenerlas no les representa costo alguno. Ésa es la razón de fondo del proyecto, y esto incide en el mejoramiento del mercado de las aguas.

Finalmente, si se quieren hacer nuevas observaciones jurídicas, entonces hay que mejorar la documentación que se presenta, lo cual me evitará tener que intervenir nuevamente.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente , dentro de los objetivos que persigue el proyecto, lo que más me llama la atención, en forma positiva, es que, por una parte, pretende el uso efectivo de las aguas y, por otro, que dicho uso alcance la mayor eficiencia posible.

Respecto de lo último, se plantea dotar a la Dirección General de Aguas de un conjunto de atribuciones que le permitan desarrollar una política nacional de aguas, que hoy -según los antecedentes entregados durante el debate- no es posible realizar, debido al mecanismo más bien automático de otorgamiento de derechos de agua a que debe ceñirse ese organismo.

En cuanto al uso efectivo de las aguas, a nadie le puede dejar de llamar profundamente la atención el conjunto de antecedentes que figuran en el informe sobre la situación nacional de derechos de aprovechamiento no consuntivos, es decir, la desproporción entre los derechos constituidos y los que se ejercen en forma efectiva. En el debate, en más de alguna oportunidad se han leído las cifras, pero no está de más repetirlas: Derechos constituidos sin uso: 11.203 metros cúbicos por segundo; derechos en ejercicio: 1.699 metros cúbicos por segundo. Es decir, hay una brecha muy relevante entre lo que se utiliza efectivamente y lo que se desaprovecha.

Entonces, surge la gran pregunta: ¿Es posible que un bien, que desde antiguo nuestra legislación califica como un bien nacional de uso público -establecido así en el Código de Aguas-, esté sujeto a un régimen jurídico que provoca este resultado? Es indudable que éste solo antecedente debe preocuparnos enormemente y reafirmar en cada uno de nosotros la urgente necesidad de legislar al respecto, con el objeto de revertir la situación.

En cuanto al uso efectivo de las aguas, se ha planteado el establecimiento del pago de una patente por los titulares de los derechos de aprovechamiento durante el tiempo que no las utilicen.

En el informe preparado por la Comisión, se plantean objeciones de constitucionalidad, relacionadas con la potestad que se entrega al Estado para establecer una patente por el no uso de las aguas. Sin embargo, quienes formulan esas observaciones olvidan que la propia Constitución establece limitaciones al derecho de dominio. El artículo 19, número 24º, consigna que la ley puede fijar, al derecho de dominio, “las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.” Es decir, la propia Constitución Política dispone que, más allá del dominio privado, existe una consideración general, cual es la función social, que legitima toda limitación que se pueda establecer en relación con el derecho, siempre que no lo desnaturalice. La misma Carta Fundamental expresa que esta función social “comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental”.

Es evidente que, tratándose de un bien escaso, que constituye, por propia declaración del legislador, un bien nacional de uso público, los poderes públicos deben preocuparse de su correcta utilización, para lo cual están plenamente facultados por la Constitución que nos rige, a fin de que establezcan mecanismos que incentiven su utilización.

No hay duda de que muchos hubiéramos querido -lo hemos escuchado en el debate- una reforma más radical del régimen de aguas. Personalmente, soy partidario de volver al antiguo concepto de derecho real administrativo de las aguas y no al de dominio con que está consagrado en nuestra Constitución Política el derecho de aprovechamiento de ellas. La diferencia radica en que cuando se establece el concepto de derecho real administrativo, ello implica una serie de condiciones para su ejercicio y, en consecuencia, de situaciones que llevan a la caducidad del derecho cuando no se cumplen adecuadamente las condiciones establecidas.

Por eso, pretendiendo ir más a fondo en este tema, hace algunos años, con el Diputado señor Mario Acuña y con los ex diputados señores Sergio Pizarro y Luis Le Blanc , presentamos a la consideración de la Cámara un proyecto de reforma constitucional para modificar el inciso final del número 24° del artículo 19 de la Constitución Política, con el objeto de posibilitar una reforma más radical de la legislación de aguas, porque no hay duda de que aquí ha habido un claro condicionamiento constitucional para avanzar en forma más profunda en la reforma propuesta por el Gobierno.

En esa oportunidad, propusimos la sustitución del inciso final del número 24° del artículo 19 por el siguiente: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre los mismos, con excepción del régimen que establezca la ley para el aprovechamiento de las aguas situadas al norte del río Salado, ubicado en la Tercera Región”. La razón es muy simple: no es lo mismo la disponibilidad del recurso en la zona centro-sur del país que en la zona norte. Con esa propuesta de reforma constitucional aspirábamos a abrir las puertas a una modificación de la legislación de aguas que consagrara un régimen especial de aguas para las zonas desérticas, mediante la incorporación de un nuevo Título X al Código de Aguas. Se establecía allí un régimen que lleva aparejado al dominio la finalidad del uso para el cual el derecho de aprovechamiento fue concedido y su uso efectivo. Por eso, entre otras normas, proponíamos incorporar al Código de Aguas un artículo 129 F, que permitiera caducar el derecho de aprovechamiento, total o parcialmente, en los siguientes casos: si no se utilizaren las aguas durante tres años consecutivos; si se da a las aguas una utilización diversa de la señalada en la concesión, o si se cede el derecho de aprovechamiento con infracción a la autorización, que en otras normas se establecía, que debería otorgar, como condición previa, la Dirección General de Aguas.

Ese proyecto está a la espera de contar con el patrocinio correspondiente, con el objeto de que sea tratado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en la cual está radicado.

Por último, respecto del tema de las patentes, también insistimos en la indicación, de varios diputados y que -tengo entendido- hicieron suya todos los miembros de la Comisión Especial de Aguas, para establecer un mecanismo más profundo de regionalización de las patentes. Por razones de tiempo, sobre el particular, pediré la inserción de un escrito que complemente mi intervención.

He dicho

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cantero.

El señor CANTERO .-

Señor Presidente , junto con señalar que hablo a título personal, anuncio mi voto favorable a la idea de legislar, aun cuando hay aspectos muy importantes del proyecto con los cuales discrepo.

Quiero manifestar a las bancadas del oficialismo, particularmente a las de Izquierda, que me parece un contrasentido llamar a hacer un análisis objetivo, a pedir altura de miras y seriedad para pasar inmediatamente a hacer descalificaciones, basadas en cuestiones de orden ideológico y político o, simplemente, por animosidad.

Esta materia es de la mayor importancia y trascendencia para el país, puesto que el futuro implicará un alto nivel de demanda por el desarrollo eléctrico, industrial, minero, agrícola y de consumo, lo que, por cierto, acarreará altos niveles de conflictividad y una escasez creciente del recurso hídrico.

Como criterio previo, señalo que a dicho recurso le asigno no sólo el carácter de un ente económico, sino también un rol social y, particularmente, ecológico-ambiental.

Me parece que el proyecto debe respetar la institucionalidad, es decir, los derechos y deberes que establece nuestra Constitución. Pienso que debe estar en el marco del sistema económico; o sea, respetar la propiedad privada de los derechos de aprovechamiento de aguas que consigna el respectivo Código. Efectivamente, debe ser el mercado el que actúe como asignador de recursos; sin embargo -quiero enfatizar este aspecto-, el Estado no debe renunciar a su rol subsidiario y regulador, cautelando siempre el bien nacional por sobre el particular. Un bien nacional de uso público gratuito, que tiene costo cero de mantención, y que se asume como un capital especulativo, no puede ser administrado en la forma en que hoy se hace.

En Chile se requiere una política nacional de aguas que tienda a optimizar, conservar y proteger; que responda adecuadamente a las demandas de solución, por el requerimiento presente y futuro, y por la conflictividad a la cual me referiré.

Asimismo, creo que se hace necesario establecer en Chile el criterio de la administración integrada de cuencas hidrográficas. Valido y hago resaltar el concepto de caudal ecológico. Aunque parezca increíble, en la zona que represento, el río Loa -el más relevante de la zona- tiene tramos muy importantes de su cauce que están completamente secos, debido, precisamente, a que se está efectuando un aprovechamiento irracional de sus aguas. No es ajena a él la autoridad pública, porque la regulación de esas aguas corre por cuenta de instancias estatales.

En relación con el derecho de aprovechamiento de aguas, soy partidario de aplicar un criterio distinto del que plantea el proyecto del Gobierno. En mi opinión, la lógica que debe existir en esta materia es exactamente la misma que se aplica a la propiedad minera. Pienso que resulta absurdo exigir una patente a quienes no utilizan el derecho de aprovechamiento y, sin embargo, dejar exentos de pago a los que lucran con el aprovechamiento del recurso. Creo que un bien nacional de uso público debe redituar beneficios para todos los chilenos. Se dice que cualquier chileno puede acceder a un derecho de aprovechamiento de aguas, lo cual es una verdad a medias, porque debe concurrir otro elemento: el recurso económico o el poder adquisitivo para, efectivamente, hacer uso de ese derecho; si no, no se puede ejercer.

Entonces, repito, en mi opinión, el pago de patente debe seguir la lógica de la patente minera y aplicarse a todo aquel que tenga un derecho de aprovechamiento. Creo que son pamplinas eso de que es inconstitucional. No soy abogado, pero creo que esa afirmación carece de fundamento.

Por cierto, el valor de la patente no debe estar asociado al patrimonio del proyecto de que se trate, ni a la rentabilidad económica ni social, porque, obviamente, constituiría un tributo, un impuesto. Debe estar asociado, simplemente, a la cantidad por la unidad de tiempo, metros cúbicos o litros por segundo, según corresponda, para que, efectivamente, tenga ese concepto de patente. Además, debe tener un valor diferencial, según se trate de derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos o no consuntivos. En el evento de que sean consuntivos, si no se utilizan, las aguas deben volver al cauce y ser aprovechadas en el curso inferior. Asimismo, en los derechos consuntivos, la patente debe ser más cara que en los no consuntivos, porque de esa forma se estimula a un aprovechamiento más racional de las aguas que se sacan del cauce. Al ser más cara, se estimula, por esta vía, el avanzar en procesos de tratamiento. Se logra efectivamente el propósito del proyecto: la eficiencia en la utilización de este recurso.

Incluso, podría acogerse la idea de establecer una sobretasa para aquellos que no utilicen ese recurso; sean derechos consuntivos o no consuntivos, porque este criterio seguiría la lógica que ya ha aplicado la Cámara, por ejemplo, respecto del bien raíz o de la propiedad privada, cuando establece impuestos territoriales a los sitios eriazos, porque asume que son una externalidad negativa para la sociedad y, en consecuencia, el Parlamento tiene el deber de aplicar una sobretasa.

Quiero enfatizar que el recurso proveniente de la patente por derechos de aprovechamiento de aguas, también haría justicia al impacto ecológico, a la externalidad negativa que representa el sacar las aguas de un cauce, con su impacto ambiental -repito- en una zona geográfica. Por esa razón, este beneficio debe ser estrictamente de carácter regional.

En cuanto a la caducidad de un derecho de aprovechamiento de aguas, estimo que en cualquiera de los casos debe hacerse con parámetros objetivos, es decir, operar cuando no se paga una patente o no se cumplen las normas reguladoras establecidas por el Estado, sean de materia ambiental u otras. Además, debe haber cierta gradualidad. Primero, aplicar una multa, y si se reincide en ello, caducar el derecho.

Referente a la administración integral de cuencas, debe haber una política más clara y definida para la protección, vigilancia y control que debe ejercerse sobre las cuencas; si no, remitámonos al dramático y vergonzoso episodio que vive Chile por la contaminación del río Loa, en relación con la cual, las principales empresas estatales, que son las que están envenenando a la Segunda Región, se excusan públicamente y viven clamando por que no se les impute responsabilidad por la contaminación. Son las que realizan los exámenes e inducen a un intendente a cometer graves errores. ¿Por qué? Porque no existe una instancia donde hacer efectiva esa vigilancia y protección.

Finalmente, debe haber un catastro nacional, un registro similar al de la propiedad raíz o al de la propiedad minera, que verifique la disponibilidad del recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo, con una visión integral porque, efectivamente, el uso de uno afecta al otro.

Respecto del caudal ecológico, felicito y aplaudo esta iniciativa. Hay que cautelar para que exista un mínimo caudal ecológico; de lo contrario, se provocaría un grave daño. En resumen, que el mercado asigne los recursos, pero aquel que haga uso de éstos, reditúe un beneficio a la comunidad nacional. No estoy a favor de las acciones o facultades discrecionales de ningún organismo ni funcionario público. Sí creo que deben establecerse criterios objetivos y también soy partidario de que el Estado cumpla su función subsidiaria y reguladora, roles que son muy mal entendidos y, a veces, hay inconsecuencia en la interpretación del modelo.

De manera que votaré a favor de la idea de legislar, pero -repito- dejando claramente establecido que deben cambiarse aspectos muy importantes del proyecto, y llamo al Gobierno a que asuma esta misma línea.

He dicho.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Balbontín.

El señor BALBONTÍN .-

Señor Presidente , es bueno fijar los términos del debate en torno a lo sustancial, porque lo demás tendrá que ser observado cuando analicemos pormenorizadamente el proyecto.

A mi juicio, lo que estamos debatiendo es si dejamos -en términos de permanencia- el Código de Aguas dictado el 29 de octubre de 1981, durante el gobierno del general Pinochet, o lo cambiamos, en razón del interés común; si transformamos en sacrosanto este principio de la propiedad privada sobre -en este caso- las aguas o si transformamos el derecho de aguas, básicamente, en un bien común regulable para el interés de todos los chilenos.

Me pronuncio a favor del proyecto del Ejecutivo porque, a mi juicio, hay varias cuestiones que se atacan a fondo y que es necesario hacerlo así. No sólo se trata de una concentración de derechos de aguas que se concedieron, básicamente, a través de un procedimiento que ni la opinión pública ni Congreso alguno pudieron cautelar, porque al adquirir el sector privado las posesiones de Endesa a la tercera parte de su valor real, no se hizo bajo la supervigilancia de los chilenos, ni de la voluntad popular, sino por la voluntad autoritaria de un régimen que, poco a poco, fue constituyendo el que la sacrosanta propiedad privada de algunos, y no de todos los chilenos, tuviera más posibilidades que la representación del Estado y mucha más expresión que la capacidad de todos los chilenos.

Por eso, muchas veces he recordado en esta Cámara que se podían reír, a través de su vocero oficial, “El Mercurio”, cuando esos sectores decían: ¿Qué importancia tiene que cambie el Poder del Estado? ¿Qué importancia tiene que cambie el régimen político, si poseemos hasta tal punto una propiedad privada que nos permite dominar en los términos en que lo hacemos? ¿Qué ocurre? Se ha señalado varias veces, pero quiero repetirlo para que se grabe en la mente de los chilenos. El total utilizable estimado es de 30 mil metros cúbicos por segundo; sin embargo, los derechos solicitados son 38.509; es decir, el 128 por ciento.

Es cierto que el agua, muchas veces, se puede utilizar para distintos usos, siempre que no se consuma, pero también lo es que cuando se inscriben derechos de propiedad mucho más allá de lo susceptible de ser controlado por los chilenos, se produce una enorme concentración y un uso indebido de un recurso que nos pertenece a todos, en beneficios de carácter particular y ni siquiera del desarrollo de la propia empresa privada.

Por eso, comparto el concepto de que se pague una tasa determinada de derechos para el uso de este bien, a fin de garantizar que la persona que no usa lo que ha inscrito tenga una sanción, porque ello agilizará y dará mayor envergadura al mercado. Desde ese punto de vista, creo necesario que los chilenos tomemos conciencia de que no sólo dependemos de las reservas que tiene la naturaleza. Pero -caso curioso-, desde el punto de vista geográfico, Chile es uno de los pocos países que tiene reservas permanentes en su cordillera que no usa en forma eficiente, precisamente, porque no hay una adecuada regulación de estos bienes que nos entrega la naturaleza.

Es bueno que nos preguntemos si son suficientemente adecuadas las tecnologías que se emplean en nuestro país para usar los hielos eternos de la cordillera, o si estamos aplicando tecnologías que derivan de conocimientos científicos de otros países y no de nuestra propia realidad.

Es cierto que hay una desertificación mayor y progresiva. Es cierto que el agua ha disminuido en un 50 por ciento en el norte, y en alrededor de un 30 por ciento en la zona central. Entonces, si son ciertas estas condiciones, me pregunto si no tendremos que hacer un esfuerzo de civilización, no para santificar ni sacralizar un derecho en términos de que no pague patentes, sino, por el contrario, para hacerlo útil y beneficioso tanto para los empresarios como para la gente, tanto para los que beben el agua como para aquellos que la usan para objetivos de carácter mineral o de cualquiera otra naturaleza.

El bien colectivo tiene un sentido: la propiedad social debe estar presente. No sólo lo dijeron los Papas que originalmente hablaron de la doctrina social de la Iglesia, sino que hasta Juan Pablo II ha debido recordar a qué lleva el mal uso de esta especie de mercado absolutamente salvaje al cual estamos sometidos. Entonces, ¿por qué subordinar un recurso tan escaso como el agua al criterio de un mercado no regulable?

Por eso, el principio de que exista una patente es absolutamente claro: evitar que por la vía del uso y goce se pase al uso abusivo, a través del dominio privado de un bien que tiene una característica tan extraordinariamente importante para la vida humana. De allí la necesidad de que haya un uso adecuado y regulable a través de las patentes y, además, que no sólo haya conciencia a través del derecho, sino que es indispensable que no exclusivamente a través de la educación -como lo recordó un señor diputado -, sino también de los medios de comunicación, se cree una cultura y una civilización adecuadas para el uso del agua en nuestro país, para que sepamos cómo producir mejor y mayor cantidad de agua usando nuestra naturaleza. En definitiva, para que Chile tenga garantías de desarrollarse es indispensable que fijemos claramente el criterio.

Se trata de que los chilenos, en el uso de un recurso que es escaso, nos sometamos a la voluntad de quienes, en momentos determinados y bajo circunstancias de coerción, se autotransfirieron determinado tipo de recursos en beneficio privado, o si vamos a someternos, de una vez por todas, a que sea de utilidad para todos los chilenos. Ésa es la cuestión. Por eso, discrepo profundamente de lo dicho por algunos diputados y diputadas de la bancada de la Derecha. El punto central es saber entonces si estamos dispuestos a cambiar o a dejar las cosas en su mismo sitio.

Creo necesario también regular, en mejor forma, algunas de las cuestiones planteadas en el proyecto. Por ejemplo, usar mecanismos de mercado en la compra de territorios aledaños a las ciudades para hacer uso indebido de vertientes, quebradas, esteros y ríos ha pasado a ser un excelente negocio para un determinado grupo del sector privado.

Este tipo de hechos, entre otras cosas, son los que han ocurrido en la Empresa de Agua Potable Lo Castillo S.A.

Pues bien, comparto el principio general, como lo señalaba Andrés Bello, de que las aguas son un bien nacional de uso público, que debe ser regulado a través de patentes.

He dicho.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Guillermo Ceroni .

El señor CERONI .-

Señor Presidente , he querido intervenir para expresar, en representación de un distrito eminentemente rural, la profunda satisfacción que siento por un proyecto de esta naturaleza.

Contrariamente a lo expresado por un señor parlamentario, el proyecto de ley es extremadamente positivo para la agricultura, toda vez que el recurso agua permite un verdadero cambio en los cultivos con dificultades. Sería ideal que el agua llegara a todos los propietarios.

El proyecto pretende que el agua se use efectivamente. Es lamentable que la iniciativa, en mi opinión, haya llegado un poco tarde. La normativa vigente del Código ha propiciado y avalado una injusticia tremenda al permitir la acumulación, por unos pocos, de este recurso tan limitado, en lugar de hacerlo útil a la comunidad y al país entero.

Hoy vemos cómo dicho recurso, desde el punto de vista de la acumulación tanto de derechos consuntivos como no consuntivos, está quedando en muy pocas manos, impidiendo que muchos lo utilicen en forma efectiva en beneficio de su desarrollo y de su comunidad.

El proyecto reconoce la concentración del recurso en algunas manos y propicia su uso, con el objeto de aumentar los titulares del derecho, a fin de llevar a cabo el bien común.

Me parece muy importante el rol que se le asigna a la Dirección General de Aguas respecto del mecanismo que existe en nuestro Código para regularizar la duplicidad de inscripciones en el conservador de bienes raíces, lo cual genera serios conflictos en nuestros juzgados.

Ahora, la intervención de la Dirección General de Aguas, en caso de informar a un tribunal, será un gran aporte para evitar la duplicidad de inscripciones.

También considero muy importante la creación del concepto “caudal ecológico”. Lamentablemente, también se trata de una figura que se establece en forma tardía, puesto que los derechos de muchos caudales ya han sido concedidos. Aunque no hay duda de que es buena la figura creada, será difícil ponerla en práctica.

Tampoco puedo dejar de destacar la exigencia de los requisitos para conceder los derechos de aprovechamiento de agua por parte de la Dirección. Es conveniente la exigencia de esta memoria explicativa a quien quiera optar por un derecho, pues, permitirá velar por que lo utilice en beneficio de todos.

El proyecto pretende remediar, en parte, la brutalidad del Código de Aguas vigente, que permite el enriquecimiento -no puedo decir ilícito porque lo respalda una ley- indebido y poco ético de unos pocos, al otorgarle la inscripción de aguas, bien que debe tener una finalidad de beneficio común, sin el propósito de utilizarlas.

Por tanto, el proyecto merece todo el apoyo, por cuanto trae una solución a este tema tan complejo.

He dicho.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el señor Víctor Pérez .

El señor PÉREZ (don Víctor).-

Señor Presidente , lamentaría mucho que el Ministro de Obras Públicas se molestara si se plantean ciertos criterios jurídicos que él no considera válidos. En el debate se pueden emitir opiniones, sobre todo si se trata de una materia tan importante, como es la que modifica el Código de Aguas.

En primer lugar, haré una afirmación, que no es de carácter jurídico, diciendo que el agua -tema sobre el cual hemos hablado tanto en la mañana y sobre el que se dramatizó el jueves pasado- es un elemento esencial para el desarrollo del país. Si se observa en la perspectiva de los últimos años cómo se ha desarrollado el país en las áreas mineras, industriales, productivas, agrícolas, hidroeléctricas y de las empresas sanitarias, vemos que el agua ha sido fundamental para el crecimiento que cada una de esas áreas ha tenido en el país.

Entonces, ¿cómo es posible que el país se haya desarrollado en los últimos años a tasas sobre el 7 por ciento con este Código de Aguas que ha permitido tanta arbitrariedad, especulación y acumulación? La realidad del país va por un camino absolutamente distinto, porque el Código de Aguas, modificado en 1981 -que, por cierto, necesita y requiere perfeccionamiento- ha permitido adecuadamente a los sectores más dinámicos de la economía crecer a tasas excepcionales en un país latinoamericano como el nuestro. Si esperamos seguir creciendo a estas tasas, se requiere un uso extraordinariamente eficiente de las aguas.

El punto está en que los perfeccionamientos que requiere este cuerpo legal no van por el camino de las proposiciones del proyecto de ley. Al respecto, me sumo a las expresiones de la Diputada señora Matthei , en el sentido de que la falta de una aplicación concreta y eficiente del actual Código de Aguas genera una serie de dificultades que hace que hoy nos veamos enfrentados a esta normativa. Ella planteaba la disposición absolutamente clara y nítida del artículo 14 del Código de Aguas frente a lo que son los derechos no consuntivos. También se refería al artículo 148, respecto del cual conocemos algunos dictámenes de la Contraloría. Tampoco podemos desconocer que los artículos 56, 57 y siguientes del Código de Aguas, sobre aguas subterráneas, establecen mecanismos adecuados que podrían haberse utilizado en el caso tan dramático que señaló el Ministro de Obras Públicas en la localidad de Domeyko.

El Código de Aguas establece un sistema para otorgar los derechos de aprovechamiento, que comprende la solicitud y las publicaciones. Si no hay oponente, de acuerdo con las normas del inciso final del artículo 141, se debe otorgar a quien los solicite. Cuando hay más de dos solicitantes, el Código establece el llamado a remate, porque será el mercado el que determinará, a través del precio, qué solicitante tiene el proyecto con mayor rentabilidad tanto económica como social. Pero la Dirección General de Aguas, una vez más, no aplica las normas del Código para resolver adecuadamente el problema, cuando existen dos o más interesados.

Tengo una información que el propio Director General me ha remitido con fecha 24 de abril, respondiéndome la siguiente pregunta: Entre 1991 y 1997, ¿cuántas veces la Dirección General de Aguas había llamado a remate, es decir, aplicaba las normas del Código para resolver los problemas que se presentan en los derechos de aprovechamiento? Me señaló que en este período se llevó a efecto sólo un remate de derecho de agua. Aquí alguien dijo que había que restar a la Undécima Región, porque en esa zona nadie estaba interesado en los derechos de aprovechamiento de agua. No obstante, el único remate se hizo en dicha región.

Por lo tanto, la falta de aplicación de las normas del actual Código de Aguas ha generado dificultades o las generará en el futuro.

Además de la falta de aplicación adecua-da de las normas del Código de Aguas, el Ministerio de Obras Públicas nos presenta, en discursos llenos de retórica, a unos monstruos, que son las empresas hidroeléctricas, que quieren perjudicar abiertamente a los chilenos comunes y corrientes, lo cual no se da en los hechos.

Quiero expresar públicamente cómo, en un acuerdo bastante secreto, llevado adelante el 8 de enero entre la Dirección de Riego, que actúa en representación del Ministro de Obras Públicas , y Endesa , empresa que tiene connotaciones negativas, se le permitió a esta última empresa intervenir en los 500 millones de metros cúbicos de agua que garantizan los derechos de riego de los agricultores de la provincia de Biobío a un precio bastante módico. Más aún, si los regantes se ven perjudicados el día de mañana por este acuerdo del Ministerio de Obras Públicas con Endesa, en el mismo convenio se señala que no pueden recurrir ante los tribunales de justicia, sino que deben formular sus reparos ante el Ministerio de Obras Públicas. O sea, esa Secretaría de Estado, a través de la Dirección de Riego, asume la defensa de la empresa, la cual es muy atacada en los discursos, pero en los hechos, al parecer, se le beneficia algo más. Por lo tanto, deberíamos dejar de lado la retórica para ver cómo resolvemos los problemas del Código de Aguas.

Quiero referirme a un tema que, a mi juicio, también deja absolutamente desfasada una afirmación que ha sido reiterada por el Ministro de Obras Públicas , en cuanto a que el objetivo es que opere el mercado, porque hoy no lo hace. Sin embargo, en estas materias uno debe remitirse a las opiniones jurídicas, que espero compartir con el Ministro .

¿Qué nos propone el Gobierno? En el número 4 del artículo 149 se determina el uso y destino del agua, lo cual elimina al mercado como reasignador del recurso. Tal como lo planteó la Diputada señora Matthei , si a uno le han asignado el recurso para utilizarlo en la agricultura y mañana aparece un buen negocio relacionado con la industria, las sanitarias o la minería, no puedo venderlo ni arrendarlo a esa industria, porque mi derecho está destinado a la agricultura. Por lo tanto, lo mantengo y establezco una barrera de entrada para dicho mejor negocio, o lo devuelvo a la Dirección General de Aguas para que, si lo tiene a bien, se lo asigne a ese negocio.

En algunos foros me han dicho que esta norma sirve para que la Dirección General de Aguas tenga algún grado de información. Si así fuese, a lo mejor no sería tan grave el problema, pero no entiendo que se dicten normas que no produzcan efectos; y si fuese sólo para información, quiere decir que yo podría cambiar a mi arbitrio el número 5 del artículo 149, referido a los puntos precisos para sacar el agua, o también modificar el número 3, que fija la cantidad de agua que se me otorga. Repito, las normas se dictan para que surtan efecto, pero aquí estoy sacando al mercado como reasignador del recurso agua. Por lo tanto, o genero barreras de entrada u obligo al poseedor original a devolver el derecho de aprovechamiento.

Por otro lado, cuando el Ministro dice que este artículo tiene por objeto hacer operativo el mercado, yo pienso que es para sacarlo, por cuanto el inciso final entrega al Director General de Aguas la facultad privativa para establecer en el acto de constitución, especificaciones técnicas, condiciones, plazos, prohibiciones, modalidades y limitaciones que afecten el derecho, las cuales quedan consignadas en el Conservador de Bienes Raíces.

Por lo tanto, estas facultades, como las que se otorgan al Director General en otros artículos, sacan el derecho del mercado. Si eso es lo que queremos, digámoslo derechamente, pero no adornemos y usemos la retórica para expresar que deseamos que el mercado funcione, cuando, en la práctica, fijamos una modalidad absolutamente distinta.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LAGOS ( Ministro de Obras Públicas ).-

Señor Presidente , la expresión “uso doméstico”, contenida en el artículo 56, se refiere a que una persona pueda cavar un pozo en su propiedad para uso doméstico y no destinado a una localidad como Domeyko.

Ahora, es efectivo que ha habido sólo uno o dos remates en todos estos años, lo cual nada tiene que ver con el buen o mal funcionamiento del Ministerio. Durante los años 1981 a 1990, hubo un solo remate, si no me equivoco.

La razón es muy simple. Cuando una empresa hidroeléctrica solicita derechos no consuntivos de aprovechamiento, y hace las publicaciones del caso, ¿el campesino aguas arriba tiene conocimiento de eso, se opone a ello? Evidentemente, no. Esa sería la situación particular para que pudiera efectuarse el remate. No ha habido mayor número, porque simplemente no se han producido más situaciones, lo cual es una buena demostración de lo que estamos diciendo: que el Código no está funcionando en este aspecto. Ojalá hubiera habido más remates, pero no ha existido posibilidad.

Por su parte, el convenio con Endesa es la mejor demostración de nuestro ánimo. No estamos en contra de nadie. La Comisión Nacional de Energía, en razón de la sequía que vive el país, nos hizo ver que si no se hacía aprovechamiento de las aguas del Laja, íbamos a tener racionamiento eléctrico; y, precisamente, como un convenio de esta naturaleza era complejo, solicitamos a la Universidad Católica que estableciera las modalidades de precios. Afortunadamente, la eventualidad de que fueran perjudicados los agricultores, situación que, como le consta al señor diputado , no deseábamos, ahora con las lluvias no va a ocurrir.

Quiero hacer una última reflexión sobre la expresión “El uso o destino que se dará al agua”, contenida en el Nº 4 del artículo 149. Recordará el señor diputado que en las reuniones que hubo en la Comisión, este Ministerio estuvo acorde en utilizar cualquiera otra redacción, y si mal no recuerdo, su Señoría propuso presentar una nueva, que hasta el momento no ha entregado, a fin de evitar la situación a la cual hizo referencia.

De igual manera, la facultad que se otorga en el inciso final del citado artículo al Director General de Aguas para establecer, en el acto de constitución, especificaciones técnicas, condiciones, plazos, prohibiciones u otras modalidades y limitaciones que afecten al derecho, es de criterio amplio, precisamente porque, por no existir hoy esta disposición, muchas veces la Dirección tiene que denegar derechos de agua, por cuanto no está en condiciones de determinar estas especificaciones técnicas o condiciones.

En la Comisión se indicó que esto tiene por objeto aumentar los derechos de agua y no restringirlos. En este instante tenemos 3 ó 4 empresas mineras que están solicitando derechos y, por no existir esta disposición, estamos obligados a decirles que no. En cambio, si pudiéramos conceder el derecho con determinado tipo de especificaciones, sería posible decirles que sí. Esto lo explicamos -es un tema técnico- en la Comisión y me veo en la obligación de aclararlo, para que los diputados tengan extrema claridad sobre lo que están votando.

En todo caso, si estos problemas inducen a sus Señorías a votar que no, estamos abiertos a recibir sus indicaciones para que, de esa manera, puedan votar que sí.

Gracias.

El señor PÉREZ (don Víctor) .-

Señor Presidente , las indicaciones están presentadas.

El señor LAGOS ( Ministro de Obras Públicas ).-

Si son adecuadas, serán aprobadas.

Gracias.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.

El señor URRUTIA (don Salvador).-

Señor Presidente , es indudable que el tema del agua se está transformando en un problema creciente en el país. Estamos viviendo un largo período se sequía, el cual nos ha hecho ver cómo se está desertificando nuestro territorio y cómo las condiciones de aridez van en aumento desde el norte, clásicamente desierto, hasta la zona Metropolitana, y de ahí hacia el sur.

Ante esta realidad, los gobernantes y los legisladores deben tomar medidas que no sólo solucionen los problemas actuales, sino también los futuros, en el cual avizoramos claramente una escasez cada vez mayor de agua para todo tipo de actividades.

En las modificaciones al actual Código de Aguas propuestas por el Gobierno, quiero destacar el tema de las aguas subterráneas, que me parece clave. La gran mayoría de los derechos de aguas superficiales, de los ríos de Chile, de las vertientes, están totalmente en manos de los privados, y sólo están las aguas subterráneas para las futuras necesidades de la población. Aquí hay un punto importantísimo que trata el proyecto de ley modificatorio del Código de Aguas, por cuanto se protege el manejo futuro de las aguas subterráneas, fundamentales tanto para el posterior consumo de la población como para la agricultura y las empresas mineras industriales que se creen.

Deseo destacar que en el artículo 22 propuesto, se incorpora un inciso mediante el cual se obliga a la Dirección General de Aguas a considerar la interrelación entre aguas superficiales y subterráneas, a fin de otorgar derechos de aprovechamiento. Ese inciso permitirá la protección de la hoya hidrográfica que, como se sabe, no sólo depende de la extracción de agua superficial, sino también de los acuíferos profundos, que a su vez, se alimentan de las aguas superficiales. Con esta norma, se impone un control efectivo ante una posible extracción excesiva de aguas subterráneas que, a futuro, puede agotar el recurso superficial, lo cual provocaría graves daños, desertificación y sequía en la zona superficial de la hoya hidrográfica.

Esta situación es claramente visible en el norte, en especial en la hoya hidrográfica del río San José de Azapa, en Arica, que ha sido explotada en forma sistemática y excesiva, provocando un paulatino desecamiento del valle de Azapa. El problema ha sido compensado con la utilización de las aguas provenientes del canal del río Lauca -que arrastra 700 litros por segundo-, procedimiento que ha impedido la desertificación de ese valle, conservando sus características de vergel. Sin embargo, si no se toman medidas adecuadas tanto en este valle como en otras hoyas hidrográficas, a fin de que las aguas extraídas no superen la cantidad de recarga, dichas hoyas se irán secando paulatinamente, debido a que la recarga del acuífero no superará la extracción.

El proyecto propone soluciones a este problema, pero, a mi juicio, todavía se encuentran en una etapa inicial, lo que hace necesario reforzarlas, por cuanto, como ya expresé, el agua subterránea es el único recurso real que existe en Chile a futuro, en especial para la población.

En consideración a lo anterior, he formulado algunas indicaciones, con el objeto de velar por que las aguas subterráneas estén disponibles en el futuro para el bien común. En tal sentido, presenté una indicación para dar una nueva redacción al artículo 129 bis 3, con el objeto de que la Dirección General de Aguas pueda establecer una red de estaciones de control de calidad, cantidad y niveles de agua, tanto superficiales como subterráneas, de cada cuenca u hoya hidrográfica. Esto permitirá contar con información actualizada de estos índices a lo largo de todo el país, de modo que los interesados puedan exigir al Gobierno o a la comunidad de aguas respectiva, medidas para que la hoya en cuestión no sufra deterioro en su equilibrio hidrológico.

Asimismo, formulé indicación para agregar un inciso al artículo 129 bis 1, a fin de que el caudal ecológico mínimo, a que se refiere el inciso anterior, se defina tanto para las aguas superficiales y subterráneas como para las aguas corrientes y detenidas, y que en el uso de los acuíferos de cada cuenca u hoya hidrográfica sea obligación de la Dirección General de Aguas determinar el nivel de extracción máxima de agua compatible con la recarga de equilibrio del acuífero, sin conceder derechos sobre ese nivel, con lo cual se evita extraer más agua de la que permite el equilibrio hidrológico de esa hoya.

En el mismo espíritu de defender las aguas subterráneas para el bien común, sobre todo para el consumo humano, propongo agregar un número 6 al artículo 147 bis, que diga que los derechos de aprovechamiento de las aguas subterráneas, a contar de la promulgación de esta ley, quedan reservados en un 50 por ciento del nivel máximo de extracción para las necesidades de consumo humano de agua potable y se faculta a la Dirección General de Aguas para constituir derechos de aprovechamiento temporales para otros fines, en tanto las necesidades de agua potable no requieran ocupar el total de su reserva.

Si bien hoy puede extraerse agua de un acuífero para fines industriales o mineros, es necesario que cuando la población cercana a esa hoya hidrográfica necesite más agua para consumo humano -en 10, 15 ó 20 años-, la Dirección General de Aguas tenga el imperio legal de cambiar el destino de aprovechamiento, basado en esta ley, dado que otorgar derechos perpetuos de aprovechamiento de un acuífero que a futuro puede ser necesario para el consumo humano, a mi juicio es atentatorio al bien común. Por lo tanto, la Dirección General de Aguas debe estar facultada para reservar parte del agua subterránea de Chile al consumo humano y para otorgar derechos temporales de aprovechamiento a otro tipo de actividades.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente , el proyecto que hoy se somete a consideración de la Sala, que modifica el Código de Aguas vigente en nuestro país desde 1981, contiene disposiciones basadas en un rol preponderante del actuar estatal, que violentan seriamente los principios de libertad y propiedad, sustento de nuestro ordenamiento jurídico en general y, en particular, del relativo al régimen de las aguas.

El criterio de intervención estatal se manifiesta, por una parte, en la facultad discrecional que el proyecto entrega al Director General de Aguas para determinar cuándo no se usan las aguas por quienes tienen derechos constituidos sobre ellas.

En efecto, la iniciativa pretende incorporar un nuevo artículo 129 bis 5 al Código de Aguas, que dispone: “Los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente a beneficio fiscal.”

La disposición citada establece el pago de una patente por los derechos de agua no utilizados totalmente por su titular, condición que no fue establecida cuando se otorgaron esos derechos. El funcionario facultado para calificar el no uso de estos derechos será, según el nuevo artículo 129 bis 8, el Director General de Aguas .

De este modo, el no pago de las referidas patentes puede devenir en la privación de los correspondientes derechos de agua para su titular, a través de procedimientos judiciales de remates que allí se contemplan.

Esta situación preocupa sobremanera en regiones como las de Coquimbo y Atacama, ya que, por ser una zona de permanente escasez de agua, los agricultores, para asegurar el riego de sus predios, deben tener más derechos que las cantidades que se estiman normales por hectárea, dado que por falta de agua en los caudales, generalmente no se reparten los derechos que corresponden.

La disposición en comento pone en peligro la seguridad de riego que hoy tienen esos agricultores, pues faculta de manera indirecta a la autoridad administrativa a través del pago de patentes, a privar de dichos derechos a sus titulares.

Con el fin de dar solución legal a problemas operativos de la propia Dirección de Aguas, la nueva proposición del Ejecutivo retrocede, al devolver a la autoridad administrativa el rol de asignador del recurso agua y limitar la acción impersonal del mercado como asignador más eficiente.

En lo principal el proyecto pretende:

En primer lugar, modificar los requisitos de las futuras solicitudes de derecho, al establecer la exigencia de justificar la necesidad de agua solicitada, el uso o destino que se le dará y otros antecedentes que por la naturaleza del derecho se soliciten. Además, se establece la posibilidad de renuncia y extinción del derecho.

En segundo lugar, otorgar amplias facultades a la Dirección General de Aguas para, mediante resolución fundada, denegar o limitar las solicitudes de derecho en múltiples casos, entregándole así un gran poder discrecional. Además, estará facultada para establecer en el acto de la constitución especificaciones técnicas, condiciones, plazos, prohibiciones y otras modalidades y limitaciones que afectan al derecho.

En tercer lugar, establecer una patente de alto valor, con el fin de obligar al uso del derecho o, si ello no es posible, a su devolución. Esta patente gravaría sólo a los derechos existentes o futuros cuyas aguas no estén siendo utilizadas en todo o parte del derecho. La patente aumenta de manera progresiva, según el tiempo por el cual se prolongue la no utilización de las aguas, y se considera un procedimiento de recuperación parcial de los pagos efectuados una vez desarrolladas las obras de aprovechamiento del recurso. El Director General de Aguas determinará los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no han sido utilizadas total o parcialmente, de acuerdo con los informes técnicos pertinentes.

La propuesta modificatoria presenta los siguientes problemas que dificultarán la óptima asignación del escaso recurso agua:

En primer lugar, limita el derecho de propiedad y debilita al mercado como asignador de recursos. Se restringe la concesión del derecho al condicionarla a la justificación de su necesidad vinculada a un uso o destino, y al otorgar a la autoridad facultades para denegar o limitar las solicitudes de derecho, en los casos en que se compromete el manejo o el desarrollo del recurso, y en todos los casos en que razones de utilidad pública así lo aconsejen.

Las transacciones de derechos se dificultan al estar vinculadas a un uso que restringe el derecho de propiedad y, por lo tanto, debilitan el incentivo a la eficiencia que garantiza la legislación actual. Además, se fomenta la devolución de los derechos a la Dirección General de Aguas.

En segundo lugar, la patente propuesta está mal concebida. No corresponde a una patente destinada a cubrir los gastos sociales requeridos para cumplir la normativa legal, sino, más bien, constituye un impuesto al no uso del agua, o, como han dicho otros, a una verdadera multa, que sirve de instrumento a la autoridad administrativa para obligar a la utilización del derecho o a la renuncia del mismo. Se olvida, además, que los propietarios agrícolas de tierra de riego ya pagan impuesto por el agua que ocupan, a través de las contribuciones de bienes raíces, ya que el valor de los predios regados es mayor que el de los de secano, bajo las mismas condiciones. Ésta es una verdad manifiesta.

Recordemos también que el principal fundamento de la reforma agraria fue, precisamente, que algunos propietarios agrícolas “no utilizaban bien su tierra”.

¿Nos encontramos frente al inicio de una nueva reforma a la propiedad? ¿Ahora empezamos por el agua? Son preguntas que flotan en el ambiente.

En tercer lugar, el pago de la patente representa una barrera a la entrada al mercado. En efecto, las empresas que en la actualidad usan los derechos de aprovechamiento de aguas no tendrán que pagar patente; pero las que deseen entrar al mercado tendrán que hacerlo en caso de que compren los derechos y no les den un uso inmediato.

En cuarto lugar, es un foco y un fomento a la corrupción. Al eliminar el mercado como asignador de los derechos de aprovechamiento y dejar a la Dirección General de Aguas como único agente responsable de su provisión, se incentiva a ser aliado del regulador, de manera de obtener los derechos de aprovechamiento de aguas necesarios y liberarse del pago de patente.

La autoridad otorga derechos, decide quién paga patente y califica si el agua se utiliza o no.

En quinto lugar, desincentiva la inversión y estimula la devolución de las aguas.

La patente propuesta por el Ejecutivo , que es más bien un impuesto al no uso del agua, que se adiciona al pago de contribuciones por hectárea de riego, que no se considera gasto y que se aplicará sobre derechos ya constituidos y cuyo titular se encuentra a la espera de la oportunidad de utilizar, producirá la devolución de las aguas a la Dirección General de Aguas, subirá el costo de los nuevos proyectos y frenará la inversión.

El nuevo proyecto del Ejecutivo provoca inseguridad jurídica para los inversionistas al señalar que “estas modificaciones constituyen un primer paso en la reforma de la legislación de aguas para abordar, en un futuro próximo, otras materias sobre las cuales es necesario realizar mayores y mejores estudios y una maduración más profunda de las alternativas de solución posibles.”

El proyecto que modifica el Código de Aguas, entonces, alejará del óptimo uso económico y social al recurso, sin que existan razones de peso para tales modificaciones.

Para concordar los principios esenciales, se podría diseñar un sistema que permita un uso más eficiente del recurso, tanto desde el punto de vista privado como del interés de la comunidad. Para ello, podría complementarse el actual sistema del Código de Aguas con una patente que afectara a todos los derechos, con el fin de sólo cubrir los costos sociales atribuibles al sistema e incentivar el uso y las transacciones de derechos.

Asimismo, deberían mejorarse los elementos débiles de la situación actual, empezando por establecer dispositivos de control a la propia Dirección de Aguas, para que, de una vez por todas, cumpla con sus deberes.

Por último, en la discusión de una iniciativa que se aplicará en todo el territorio nacional, habría que considerar las diferencias que existen en el tratamiento de las aguas en el norte, en el centro y en el sur del país. En el norte, el manejo de las aguas subterráneas es fundamental para el desarrollo de las regiones y para la asignación del recurso.

Estimo que las modificaciones introducidas en el proyecto son incompletas y que en su debate debemos avanzar para incluir las indicaciones que reflejen la realidad del norte, del centro y del sur del país.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Leay.

El señor LEAY.-

Señor Presidente , debido al poco tiempo de que dispongo, me referiré sólo a tres puntos y a la intervención del Ministro señor Lagos en la sesión pasada.

Algo se ha dicho en la Sala sobre el primer punto, relacionado con los permisos no consuntivos aguas arriba. El Ministro señaló que el proyecto resuelve el punto básicamente con el pago de la patente. Concuerdo con él en que se trata de un problema serio. No siempre se da que la concesión esté en la barra, como sucede con el ejemplo que dio en el caso del Baker.

En verdad, la mayoría de estas concesiones y los grandes proyectos hidroeléctricos se realizan más cerca de la cordillera, donde no afecta intereses agrícolas, sobre todo en la zona centro-sur del país.

Pero la solución técnica es muy compleja, y lo planteado aquí por el Ministro no es simple. Él dice que cuando una empresa generadora elabora un proyecto para producir cierta cantidad de megavatios, requiere determinada cantidad de agua. Agrega que la solución está en pagar una patente, lo que encarece el proyecto y, en definitiva, se traduce en alzas de tarifas al consumidor, o bien, en devolver el agua y, por lo tanto, achicar el proyecto. Técnicamente, la solución que propone el proyecto no es buena desde el punto de vista beneficio-país.

El señor Ministro manifestó como segundo punto que las empresas, al tener derechos sobre las diversas cuencas para la generación hidroeléctrica, pueden manejar las tarifas. En verdad, no sé en qué se basa el señor Ministro para hacer una afirmación así. Desde que fue privatizada la Endesa o con la participación de otras empresas, como Chilgener o Colbún, la situación ha sido diametralmente distinta. Hasta la fecha, estas empresas han adelantado los proyectos. De hecho, Pangue y Ralco están contemplados en la Comisión de Energía para el 2002, pero las propias empresas los han acelerado, porque, obviamente, aquí hay un problema de mercado, ya que, en la actualidad, la generación eléctrica no se basa exclusivamente en los recursos hídricos. No es el elemento vital para hacerlo; es uno de los elementos, porque hay que tener presente que está llegando el gas natural. En consecuencia, si retraso la puesta en marcha de un proyecto porque quiero lograr un alza de tarifas, lo que me pasará como empresa es que en el intertanto se instalará una compañía de gas y, por lo tanto, me dejará sin mi proyecto.

Es necesario conocer el mercado. Me extraña que el Ministro señor Lagos, quien ha visto el desarrollo del mercado energético en este país y la competencia que se ha producido en él, pueda afirmar -y por eso pregunto en qué basa esa afirmación- que esto va a generar o ha generado un alza de tarifas, porque los hechos hoy nos demuestran lo contrario.

También nos ha dicho el señor Ministro que la acumulación de derechos de agua en manos de las empresas generadoras, que son parte del sistema interconectado central del país, impide la competencia; es una acción monopólica. Sin embargo, quedan muchos derechos por ser solicitados aún. Además, he investigado y no existe ninguna empresa ajena al actual sistema que haya elaborado proyectos serios para la generación eléctrica y no haya podido concretarlos porque no tiene derechos de agua. Eso no se ha producido hasta la fecha.

En segundo lugar, considero que aquí existe un tema tremendamente delicado, que dice relación con los derechos de agua. La mayoría, por no decir la totalidad, de los que tienen las empresas generadoras, las cuales están asociadas a los cauces y, por cierto, al sistema interconectado, están en operación o restan algunas pocas obras para ocuparlos totalmente. Por lo tanto, el sistema interconectado está ocupando casi la totalidad de sus derechos de agua, salvo los de Chiloé continental y los de la Undécima Región, que ha mencionado el Ministro Lagos .

De acuerdo con algunas estimaciones, se cree que aproximadamente en el 2010, fecha en que va a ingresar activamente el gas natural de Argentina, la generación hidroeléctrica que se transportará por el sistema interconectado central será inferior al 50 por ciento del total. Entonces, si existe una competencia activa, ¿de qué monopolio estamos hablando? Por otra parte, lo que sí me preocupa es que el sistema interconectado de este país dependa en más del 50 por ciento del gas natural que proviene de Argentina, porque, el día de mañana, Dios no lo quiera, se podrían producir situaciones adversas con nuestros vecinos.

Por eso considero que los derechos de aprovechamiento de aguas que hoy tienen las empresas generadoras es una herramienta positiva para el mercado y no especulativa. Por lo tanto, es garantía de que en ese mercado de competencia puedan desarrollarse los proyectos hidroeléctricos.

No soy técnico en la materia, pero hay cifras que difieren del costo del pago de la patente en el proyecto. El señor Ministro ha dicho en la Sala que podría bordear entre un 2 y un 6 por ciento, con o sin estudio de prefactibilidad; pero he recogido antecedentes de las empresas generadoras que señalan que puede representar el 12 por ciento del costo total No voy a decir cuál de los dos tiene la razón, porque no tengo los elementos técnicos para ello, pero es abismante la diferencia entre lo que señala el señor Ministro y lo que indican las empresas generadoras.

Me preocupa el contenido del proyecto, porque puede afectar al mercado de la generación hidroeléctrica, que es importante desde la perspectiva de la energía y también de la seguridad del país, dada la relevancia del abastecimiento que cubre el sector eléctrico, que permite el desarrollo productivo del país.

El proyecto que se nos propone, a mi juicio, va en una dirección equívoca respecto de lo señalado por el señor Ministro . Estoy de acuerdo en que el mercado no es perfecto; pero no se nos propone cómo mejorarlo, sino cómo cambiamos el rol asignador y, sin lugar a dudas, con todas sus imperfecciones, el mercado sigue siendo mejor de lo que puede ser el rol de dos o tres funcionarios que nos entreguen evaluaciones, con la mejor de las intenciones, respecto de qué proyecto es mejor o peor desde el punto de vista del beneficio-país. La interacción de los agentes que produce el mercado, la participación de miles de cabezas en él, sin duda lo convierten en el mejor agente asignador.

Es necesario establecer otro tipo de patente. De hecho, presentamos un proyecto alternativo en la Comisión. Lo asimilamos al concepto de la patente minera, que me parece importante porque, con ese costo, el Estado puede manejar una serie de herramientas que contribuyan a la formación de un catastro minero, a orientar los recursos del Estado y a distribuirlos en la forma más eficiente posible.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Perdón, señor diputado . Ha terminado su tiempo.

El señor LEAY.-

Termino en seguida, señor Presidente.

Es muy importante tener un catastro de agua, y concuerdo con algunos elementos del mensaje en cuanto a que para la Dirección de Aguas hoy es imposible tenerlo.

Asimismo, me parece relevante que se estudie el comportamiento de las aguas subterráneas, a que se refirió el señor Ministro, del cual hay muy poco conocimiento en Chile.

También me parece interesante el tema de los caudales ecológicos.

Por eso, me parece que el establecimiento de una patente de esa naturaleza, no expropiatoria ni que afecte al mercado asignador, sino que permita que el Estado cumpla su función regulatoria, va en una buena dirección; pero tal como está concebido el proyecto, a mi juicio, va a afectar seriamente al mercado y, por lo tanto, al país, por lo cual voy a votarlo en contra.

He dicho.

El señor LAGOS (Ministro de Obras Públicas).-

Pido la palabra.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LAGOS ( Ministro de Obras Públicas ).-

Señor Presidente , excúseme por volver a intervenir en la Sala, pero me parece que cuando se hacen afirmaciones que no se sustentan, la obligación del Ministro que está presente y que las escucha, es refutarlas.

En primer lugar, me referiré a lo dicho por el Diputado señor Vilches.

Efectivamente, en la zona que él representa hay solicitudes de agua y concesiones de derechos de agua por una cantidad cinco veces superior a la que puede contener la red de canales que hoy existe. En consecuencia, es absolutamente imposible acceder a ello y para eso está la presunción de que las aguas se están usando. Por lo tanto, es absolutamente imposible suponer que por esa vía se podrían conculcar derechos ya otorgados. Este tipo de argumentos no los puedo aceptar.

En segundo lugar, se ha dicho que el pago de la patente supone una barrera a la entrada al mercado energético, en circunstancias de que la mayor barrera es la de los derechos constituidos. Por eso, algunos personeros de una muy importante empresa eléctrica están absolutamente acordes con la obligación de pago de patentes que establece el proyecto a otras empresas que tienen más derechos de los que necesitan, porque por esta vía pretenden tener mejores posibilidades de entrar al mercado, con las cuales hoy no cuentan porque no tienen agua. Ése es el punto fundamental. Por eso la iniciativa dispone la obligación de usar el agua, a través del pago de una patente.

Respecto del tema de las rentas, me remito a lo que señala la Comisión Nacional de Energía, la cual ha dicho que los precios de la electricidad a usuarios finales reflejan, en especial a nivel de producción, las reales alternativas de desarrollo del sistema eléctrico, el grado de competencia de los productores y el nivel de adaptación de la oferta y demanda de energía. Por lo tanto, cuando no se dispone de recursos hídricos los costos reflejados por las tarifas aumentan. En el evento de que las empresas existentes puedan restringir de manera monopólica la oferta futura de electricidad, controlando los derechos de aprovechamiento de aguas en todas las cuencas en que puedan realizarse los futuros desarrollos hidroeléctricos, afectarán finalmente el precio de la electricidad, en desmedro de todos los usuarios.

En cuanto al tema del gas, señala que cuando la entrada del gas natural agrega un elemento muy destacable de competencia en el mercado eléctrico, las evaluaciones desarrolladas por las propias generadoras establecen la competencia económica de instalar, entre los años 2005 y 2015, 6 mil megawatts en centrales hidráulicas. En consecuencia, es de sumo interés para el país que la propiedad sobre los derechos de aguas no perjudique la deseable competencia que se debe dar en el mercado de la generación hidroeléctrica.

Al respecto, el jueves pasado señalé en esta Sala que de los 6 mil litros por segundo que tienen las empresas eléctricas, una sola de ellas está usando apenas 1.100 litros por segundo. Por lo tanto, el problema no es que les falten derechos para seguir acumulando agua. Me parecería grave no hacer nada, pues fomentaríamos la principal barrera de entrada al mercado: la propiedad de las aguas. Eso es lo que ocurre en la actualidad.

Es muy simple la respuesta a la pregunta que nos han hecho respecto de qué programas no se han concretado por falta de aguas. Eso ha ocurrido porque cuando algunas de esas empresas han dicho, ante cada proyecto específico que se presente, que están dispuestas a entregar las aguas y les hemos consultado si lo harían en forma gratuita, dado que han recibido las aguas en esa forma, su respuesta ha sido negativa.

¿De qué estamos hablando? Si no se quiere hacer nada ni legislar al respecto, estaremos configurando la principal barrera de entrada al mercado energético; todo lo demás serían meros discursos, porque si hay una empresa que tiene el 70 por ciento de los derechos sobre las aguas en Chile, que es lo que ha ocurrido, no se podría hablar de un mercado competitivo, más aún si para esa empresa las aguas no tienen costo, ya que son gratuitas. En consecuencia, cómo se puede decir aquí que el mercado va a funcionar si no se dispone del principal elemento para la generación hidroeléctrica: el derecho de uso y goce de las aguas.

Finalmente, estaríamos abiertos a discutir si el mayor costo que implica el pago de la patente es de 6 ó 12 por ciento. Sin embargo, eso depende exclusivamente del momento en que se solicita el derecho de aprovechamiento de aguas: al terminar el estudio de factibilidad, el de prefactibilidad o el de ingeniería. Mientras más cerca esté la solicitud de aprovechamiento de las aguas del momento en que se inicia la construcción de la represa, menor es el pago que se debe efectuar por el uso de la patente, pues no se paga patente cuando se comienzan a usar las aguas.

Me parece increíble que en este debate haya parlamentarios que piensen que obligar a usar el agua mediante el pago de un instrumento de mercado, como una patente, es algo que conspira contra el mercado. No existe otro derecho de propiedad cuyo titular lo tenga gratuitamente. Aquí se quiere preservar un derecho de propiedad gratuito, lo cual, me parece, es un elemento muy difícil de conciliar, porque, de no legislarse sobre la materia, tendríamos una situación monopólica de impredecibles consecuencias para el futuro.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Señor Presidente , honorable Cámara, el Código de Aguas, dictado en 1981, modificó las disposiciones legales vigentes hasta esa fecha. Así, a partir de la dictación de dicha ley, permitió que los interesados en constituir derechos de aprovechamiento pudieran hacerlo en forma separada, es decir, tanto para regar como para aprovechar el potencial de las aguas en la producción hidroeléctrica, creando derechos consuntivos y no consuntivos.

Sin embargo, la decisión anterior dio origen a todo tipo de abusos y atropellos al derecho de propiedad de los agricultores. Además, creó una barrera de entrada en la actividad relacionada con la producción de energía, permitiendo la acumulación, sin costo alguno para el peticionario, de derechos de agua que pueden no ocupar, reservándolos para eventuales futuros proyectos hidroeléctricos.

Desde hace ya muchos años, los agricultores vienen clamando por justicia y una pronta solución al problema, pues, al revés de lo que algunos afirman, sus derechos han sido simplemente usurpados por compañías hidroeléctricas que han malinterpretado el Código de Aguas.

En efecto, diversas empresas productoras de energía han solicitado al Estado la concesión -en algunos casos, incluso las han obtenido- de derechos de aprovechamiento no consuntivos, es decir, destinados a la producción de energía, pasando por sobre los derechos de aprovechamiento de aguas de propiedad de los agricultores con más de cien años de vigencia. Es más, dichas empresas han creído que el Código de 1981 les permite constituir derechos no consuntivos, interpretando sus disposiciones legales como expropiatorias de derechos y afirmando que, a partir de 1981, éstos sólo han conservado derechos de aprovechamiento consuntivos destinados al riego, lo que constituye, simplemente, un grave disparate.

La división entre derechos consuntivos para riego y derechos no consuntivos o para generar energía eléctrica a que hace referencia el Código de Aguas, de forma alguna significó expropiar a sus dueños parte de sus derechos a fin de permitir que terceros constituyeran por sobre aquéllos, nuevos derechos de propiedad, como lo han pretendido ciertas empresas eléctricas.

El Código de 1981 simplemente hizo posible que en caso de haber derechos de agua disponibles en alguna cuenca, esos excesos pudieran ser constituidos separadamente, luego de reconocer los derechos de propiedad de los agricultores -consuntivos y no consuntivos-, permitiendo que tales derechos excedentes pudieran ser destinados, a voluntad de sus dueños, tanto para regar como para producir energía hidroeléctrica.

Jamás el Código de Aguas autorizó despojar a los agricultores de los derechos de que han hecho uso desde tiempos inmemoriales. Es tan clara mi afirmación, que en sus artículos transitorios estableció expresamente la forma de regularizar esos derechos para inscribirlos en los registros de agua correspondientes.

Por lo tanto, una de las más importantes modificaciones que requiere el Código de Aguas consiste precisamente en dejar en claro que si las empresas hidroeléctricas desean usar los derechos de aprovechamiento ajenos, tanto consuntivos como no consuntivos, deben arrendarlos o adquirirlos, pagando por ellos a sus verdaderos dueños, los agricultores, quienes podrían destinar esos dineros al mejoramiento de sus propias actividades o para aminorar el elevado endeudamiento que agobia a sus producciones, impidiéndoles enfrentar de manera adecuada la reconversión en un mundo cada vez más competitivo, tanto a causa del Mercosur como de otros tratados internacionales que el país viene suscribiendo.

Los abusos han llegado a ser tan graves que prácticamente todas las empresas hidroeléctricas han constituido derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos que no ocupan y por los cuales ni siquiera pagan patente, pero que reservan para futuros y eventuales proyectos de producción de energía.

Pero eso no les ha bastado. Dichas compañías se han puesto de acuerdo para ir desarrollando lentamente nuevas centrales hidroeléctricas, a fin de no aumentar la oferta de energía más allá del crecimiento de la demanda. Todo ello en forma sibilina, destinada a mantener elevados los precios de la energía en nuestro país.

Chile, por su conformación geográfica, y dado el enorme receptáculo de hielos, nieves y lluvias que significa la cordillera de los Andes, debiera ser el país del mundo que mantuviese los más bajos costos para su energía eléctrica, con todas las ventajas que ello lleva implícito para el desarrollo industrial, para agregar valor a nuestras exportaciones y con ello aumentar los salarios de los trabajadores. Pero nunca he escuchado alzarse ni una sola voz de los organismos empresariales para protestar por este virtual monopolio de quienes se ponen de acuerdo para regular la oferta, impidiendo la baja en los precios de los bienes que generan, como ocurre en el caso de la energía eléctrica, ante la tolerancia de los organismos estatales y tribunales de la libre competencia, encargados de impedir estos conciertos monopólicos. La situación de grave sequía que ha sufrido Chile este año es consecuencia de estos monopolios. Si quienes han inscrito a su nombre derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos los hubiesen usado oportunamente para generar energía, Chile no habría tenido ningún riesgo de racionamiento. El racionamiento es la consecuencia de que la oferta y la demanda se han encontrado permanentemente equilibradas por las empresas productoras de energía. Por eso, la inesperada sequía dejó transparentemente claro el problema, que deriva de la capacidad productora de energía de nuestro país, muy inferior a nuestra real demanda ante cualquier evento o coyuntura desfavorable.

Pero la constitución de derechos consuntivos o para producir energía se ha prestado también para todo tipo de atropellos. Así, por ejemplo, en la región del Maule, que genera aproximadamente el 50 por ciento de la energía que Chile consume, el Estado capturó los recursos de agua de propiedad de los agricultores desde hace más de cien años. Dicha captación, que afecta aguas arriba de la bocatoma de Almerillo, permitió a empresas estatales -hoy privatizadas- generar energía con el agua de los agricultores. Es más, después el mismo Estado reguló la devolución de tales aguas para entregarlas a los agricultores a destiempo, impidiéndoles, incluso, el uso consuntivo de las mismas en la forma en que su derecho original de propiedad se lo permitía.

Una situación similar se ha producido recientemente para los regantes del río Laja. En un acuerdo suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y Endesa, 500 millones de metros cúbicos de agua destinados a la reserva ecológica o al llamado “colchón del lago Laja”, que asegura el abastecimiento de los derechos de agua de los agricultores –constituidos también hace más de un siglo a su favor en la bocatoma de Tucapel-, se han puesto en riesgo, de manera que es posible que todo el valle de Los Ángeles sufra graves problemas de abastecimiento en el año venidero.

A su vez, con la venta de las aguas a Endesa se transformó en letra muerta la posibilidad real de efectuar el proyecto Laja-Diguillín, con el cual el Presidente Frei había anunciado que regaría más de 90 mil hectáreas de nuevos terrenos para incorporarlos a la producción agrícola. El acuerdo firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y Endesa favorece notablemente a dicha empresa privada, la que, gracias a esos 500 millones de metros cúbicos que no le pertenecen, pues son propiedad de los agricultores, se ha evitado comprar energía termoeléctrica para cumplir con sus compromisos.

Los absurdos del texto legal en actual vigencia llegan al extremo de permitir que cualquier interesado acumule aguas con el propósito de especular, pese a tratarse de un recurso escaso e indispensable para la producción. No se le cobra patente ni nada por mantener esos recursos que hacen falta para competir a otros agricultores o generadores eléctricos.

A través del Código de Aguas, de 1981, se instauró una virtual barrera para la entrada de la actividad productora de energía, la que sólo quedó abierta para las generadoras termoeléctricas. Sin embargo, con posterioridad, a raíz de la competencia entre el Gasoducto Trasandino y Gas Andes, terminaron todas las productoras hidroeléctricas acordando promover sólo este último gasoducto. Con ello, en la práctica, se monopolizó también la producción de energía termoeléctrica derivada de centrales de ciclo combinado alimentadas por gas.

Un solo ejemplo basta para demostrar los graves errores contenidos en el actual Código de Aguas: cualquier interesado podría pedir la constitución del derecho de aprovechamiento no consuntivo -es decir, para la producción de energía- en la desembocadura de cualquier río en el mar. Esa simple petición impediría a cualquier interesado aguas arriba constituir derechos de aprovechamiento consuntivos -es decir, para el regadío-, pues los peticionarios aguas abajo reclamarían que se está afectando su propio derecho de aprovechamiento no consuntivo, que tendería a desaparecer.

Chile ha tenido suerte de que un empresario norteamericano no haya constituido, también a partir de 1981, propiedad sobre todas las aguas del país, ya sea por razones ecológicas u otras oscuras motivaciones como las que han sido públicamente denunciadas. De haber sido así, no sólo el problema de la sequía sería permanente y continuo, sino que, además, con seguridad, Chile se habría quedado a oscuras, como dice la publicidad de las empresas generadoras eléctricas.

En mi región, la Sexta, la situación ha llegado a extremos inaceptables. Endesa, que construyó en 1970 la central Rapel y se ha creído dueña de las aguas de los ríos Tinguiririca y Cachapoal, y de sus afluentes, esteros y quebradas, ha impedido a los agricultores constituir derechos de aprovechamiento para el regadío de sus cultivos.

Hoy Endesa alega que todos los que llama sobrantes de aguas son de su propiedad y, por lo tanto, encontrándose aguas abajo, prácticamente en la desembocadura del río Rapel en el Pacífico, impide -confirmando así lo que he dicho- que los agricultores puedan regar nuevos cultivos y constituir derechos consuntivos al efecto.

Por lo tanto, y sin perjuicio de las diversas indicaciones que oportunamente formularé en la Comisión, anuncio mi voto favorable a la idea de legislar del proyecto.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Escalona.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente , vale la pena haber realizado esta extensa discusión, por cuanto permite clarificar que la propuesta del Ejecutivo es bastante importante para el país, pues aborda un tema de dimensión nacional, de alcance altamente significativo para el futuro de nuestra Nación.

Desde 1992 a la fecha, han transcurrido cinco años, lapso extenso en que probablemente fue necesario aprobar la idea de legislar en un plazo menor. De todas maneras, el atraso no invalida la necesidad de proceder a llevarla adelante. En tal sentido, lamento profundamente que los argumentos presentados por la bancada de la Unión Demócrata Independiente no alcancen la entidad como para justificar el rechazo de la idea de legislar. En realidad, todas las críticas formuladas podrían haber sido absorbidas en una discusión en particular, produciéndose lo que es natural en el trámite legislativo: el examen artículo por artículo, de la iniciativa. Pero ninguna de ellas -insisto- alcanza la entidad para desconocer la necesidad de abordar la legislación relacionada con el Código de Aguas y atender la exigencias que ha generado el desarrollo del país.

El desarrollo de una política nacional de aguas que permita avanzar con equidad y eficiencia, hacer un aprovechamiento racional del recurso y proteger la conservación de nuestras aguas y cauces, como señala el proyecto del Ejecutivo , es una necesidad nacional indesmentible.

Al mismo tiempo, la discusión ha permitido despejar absolutamente que este tema es de interés para el país, está vigente desde el punto de vista económico, representa una urgencia social y lo pide el desarrollo energético de la Nación. Es una necesidad absolutamente real. En consecuencia, la tentación que hubo en el curso de la discusión de desplazar el debate hacia querellas de carácter ideológico, quedó completamente descartada. La intención de ideologizar o mal politizar el debate no se justificó de ninguna manera y la discusión fue elocuente en esta materia. Hay un conjunto de razones científicas, técnicas, económicas, sociales, nacionales, culturales que hacen indispensable aprobar la idea de legislar, y el hecho de intentar reponer un trasnochado debate de carácter ideológico quedó completamente desestimado. En tal sentido, quiero ratificar que aprobaremos la idea de legislar.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Corresponde votar en general el proyecto a las 15 horas.

Se suspende la sesión.

-Se suspendió la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Continúa la sesión.

El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-

Pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA .-

Señor Presidente , para evitar pedir votos fundados, quiero establecer una reserva de constitucionalidad que nos han recomendado los abogados asesores de Renovación Nacional, por cuanto estiman que el proyecto transgrede los números 2, 20, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Vilches.

El señor VILCHES .-

Señor Presidente , quiero saber si se han presentado indicaciones y si después de la votación, el proyecto vuelve a Comisión.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , se han presentado varias indicaciones. En consecuencia, debe volver a Comisión.

Cerrado el debate.

Corresponde, primero, votar en general el proyecto y, en seguida, las disposiciones que requieren quórum de ley orgánica constitucional. Como son cinco los artículos en esa situación -relacionados con el procedimiento de reclamación-, la Mesa sugiere realizar una sola votación.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 16 abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Aprobado en general el proyecto.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Cantero, Ceroni, Cornejo, Dupré, Elgueta, Encina, Escalona, Estévez, Fuentealba, Gajardo, García-Huidobro, Girardi, Hernández, Jara, Jocelyn-Holt, Latorre, León, Letelier ( don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Martínez ( don Gutenberg), Montes, Morales, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pizarro, Pollarolo (doña Fanny), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Seguel, Silva, Sota, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker, Wörner (doña Martita) y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Alvarado, Allamand, Bartolucci, Bombal, Cardemil, Coloma, Correa, Cristi (doña María Angélica), Chadwick (don Andrés), Espina, Fantuzzi, García (don José), Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Longueira, Martínez ( don Rosauro), Masferrer, Matthei (doña Evelyn), Melero, Moreira, Munizaga, Orpis, Paya, Pérez (don Víctor), Ribera, Taladriz, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Vega y Vilches.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Álvarez-Salamanca, Bayo, Caminondo, Errázuriz, Ferrada, Galilea, García (don René Manuel), Hurtado, Longton, Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Prokuriça, Rodríguez, Solís, Valcarce y Vargas.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

De acuerdo a lo acordado, corresponde votar los números 11, 12, 13, 14 y 15 del artículo 129 bis, contenido en el título XI, nuevo, que requieren quórum de ley orgánica constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 15 abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Por no haberse reunido el quórum necesario, se rechazan las normas de ley orgánica constitucional.

Despachado el proyecto.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Arancibia, Ascencio, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Ceroni, Cornejo, Dupré, Elgueta, Encina, Escalona, Estévez, Fuentealba, Gajardo, Girardi, Hernández, Jara, Jocelyn-Holt, Latorre, León, Letelier ( don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Martínez ( don Gutenberg), Montes, Morales, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma ( don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pizarro, Pollarolo ( doña Fanny), Rebolledo ( doña Romy), Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Seguel, Silva, Sota, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Villegas, Villouta, Walker, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Alvarado, Allamand, Bartolucci, Bombal, Coloma, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Chadwick (don Andrés), Espina, Fantuzzi, García (don René Manuel), Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Longueira, Martínez ( don Rosauro), Masferrer, Matthei ( doña Evelyn), Melero, Moreira, Munizaga, Orpis, Paya, Pérez (don Víctor), Prokuriça Ribera, Taladriz, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Vega y Vilches.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Álvarez-Salamanca, Bayo, Caminondo, Errázuriz, Ferrada, Galilea, García (don José), Hurtado, Longton, Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Rodríguez, Solís, Valcarce y Vargas.

-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:

Artículo primero

Número 1

1. Del Diputado señor Elgueta, para sustituir el inciso final, nuevo, propuesto para el artículo 6º, por el siguiente:

“Si el dueño renunciare total o parcialmente a su derecho de aprovechamiento, deberá hacerlo mediante declaración escrita que se presentará ante la Dirección General de Aguas, la cual, si aceptare la renuncia, declarará mediante resolución extinguido el derecho y requerirá del Conservador de Bienes Raíces respectivo las cancelaciones que correspondan.”.

Número 3

2. Del Diputado señor Elgueta para reemplazar el número 4 propuesto por su letra a), por el siguiente:

“4) Las escrituras públicas que contengan el acto formal del otorgamiento definitivo, así como la resolución mencionada en el inciso final del artículo 6º.”.

Número 4

3. Del Diputado señor Elgueta, para intercalar, en el artículo propuesto, a continuación del término “Gravámenes”, la frase “y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar”.

Número nuevo

4. Del Diputado señor Elgueta, para incorporar el siguiente número nuevo:

“...- Deróganse los números 2 y 4 del artículo 116.”.

Número 7

5. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn, señores Álvarez-Salamanca, García, don René, Leay, Melero, Moreira, Orpis y Pérez, don Víctor, para eliminar el nuevo “Título X. De la protección de las aguas y cauces.”, contenido en este número.

6. Del Diputado señor Elgueta, al artículo 129 bis 1, propuesto, para sustituir su punto final(.) por una coma (,) y agregar la siguiente oración : “para lo cual pedirá informe al Consejo Nacional de Medio Ambiente ”.

7. Del Diputado señor Urrutia, don Salvador, para agregar al artículo 129 bis 1 propuesto, el siguiente inciso segundo:

“El caudal ecológico mínimo se definirá tanto para las aguas superficiales como para las subterráneas, tanto para las aguas corrientes como para las detenidas y, en el caso de los acuíferos de cada cuenca u hoya hidrográfica la Dirección General de Aguas deberá determinar la extracción máxima de agua compatible con la recarga de equilibrio del acuífero y no concederá derechos de aprovechamiento por sobre esa extracción máxima.”.

8. Del Diputado señor Urrutia, don Salvador, para reemplazar el artículo 129 bis 3, propuesto, por el siguiente:

“ Artículo 129 bis 3.- La Dirección General de Aguas deberá establecer una red de estaciones de control de la calidad, de la cantidad y niveles de las aguas tanto superficiales como subterráneas en cada cuenca u hoya hidrográfica. La información que se obtenga deberá ser publicada y proporcionada a quien lo solicite.”.

9. Del Diputado señor Urrutia, don Salvador, para intercalar en el artículo 129 bis 3 propuesto, a continuación del término “calidad”, una coma (,) seguida de los vocablos “cantidad y niveles”.

10. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn, señores Álvarez-Salamanca, García, don René, Melero, Moreira, Orpis y Pérez, don Víctor, para suprimir el nuevo “Título XI. Del pago de una patente por la no utilización de las aguas.”, contenido en este número.

11. Del Diputado señor Elgueta, para sustituir el punto final (.) con que termina el inciso final del artículo 129 bis 12, propuesto, por un punto seguido (.) agregando a continuación la siguiente oración: “Si hubiere más de uno, el de turno al tiempo de la recepción de la nómina a que se refiere el inciso primero.”.

Número 8

12. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn, señores Álvarez-Salamanca, García, don René, Melero, Moreira, Orpis y Pérez, don Víctor, para cambiar en el número 5 del artículo 140 propuesto, los vocablos “memoria explicativa en la cual se justifique” por la expresión “memoria técnica en la cual se explique”.

Número 9

13. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn, señores Álvarez-Salamanca, García, don René, Melero, Moreira, Orpis y Pérez, don Víctor, para suprimir este número 9.

Número 10

14. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn, señores Álvarez-Salamanca, García, don René, Melero, Moreira, Orpis y Pérez, don Víctor, para eliminar este número 10.

Número 11

15. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn, señores Álvarez-Salamanca, García, don René, Melero, Moreira, Orpis y Pérez, don Víctor, en el inciso segundo del artículo 147 bis, propuesto, para sustituir su número 3 por el siguiente:

“3. Si no se hubiere presentado la memoria técnica a que se refiere el Nº5 del artículo 140;”.

16. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn, señores Álvarez-Salamanca, García, don René, Melero, Moreira, Orpis y Pérez, don Víctor, en el inciso segundo del artículo 147 bis, propuesto, para suprimir el número 5; sustituir la coma (,) y la conjunción “y” con la cual termina el número 4, por un punto final(.) y reemplazar el punto y coma (;) con que finaliza el número 3 por una coma (,) seguida de la conjunción “y”.

17. Del Diputado señor Urrutia, don Salvador, para agregar al artículo 147 bis, propuesto, el siguiente Nº6, sustituyendo la coma (,) y la conjunción “y” con que termina el número 4 por un punto y coma (;) y reemplazando el punto aparte (.) con que termina el número 5 por una coma (,) seguida de la conjunción “y”:

“6. Los derechos de aprovechamiento de las aguas subterráneas, a contar de la promulgación de esta ley, quedan reservados, en un 50% del nivel máximo de extracción, para las necesidades de consumo humano de agua potable y se faculta a la Dirección General de Aguas para constituir derechos de aprovechamiento temporales para otros fines, en tanto las necesidades de agua potable no requieran ocupar el total de su reserva.”.

Número 12

18. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn, señores Álvarez-Salamanca, García, don René, Melero, Orpis y Pérez, don Víctor, para eliminar este número.

Número 13

19. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn, señores Álvarez-Salamanca, García, don René, Melero, Orpis y Pérez, don Víctor, para reemplazar el número 4, del artículo 149 propuesto, por el siguiente:

“4. El uso o destino inicial que se dará al agua;”.

Artículo segundo

20. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn, señores Álvarez-Salamanca, García, don René, Melero, Orpis y Pérez, don Víctor, para agregar el siguiente inciso segundo:

“En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la República no podrá, tratándose de artículos que contengan preceptos de rango orgánico constitucional o de quórum calificado, alterar su redacción; sólo se limitará a establecer o concordar la numeración de los artículos según el orden correlativo que corresponde.”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero

21. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn, señores Álvarez-Salamanca, García, don René, Leay, Melero, Moreira, Orpis y Pérez, don Víctor, para substituir el vocablo “siguiente” por “subsiguiente”.

Artículo segundo

22. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn, señores Álvarez-Salamanca, García, don René, Leay, Melero, Moreira, Orpis y Pérez, don Víctor, para reemplazar el vocablo “siguiente” por “subsiguiente”.

Artículo tercero

23. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn, señores Álvarez-Salamanca, García, don René, Leay, Melero, Moreira, Orpis y Pérez, don Víctor, para substituir el término “siguiente” por “subsiguiente”.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL LEGISLATIVA ENCARGADA DEL ESTUDIO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS AGUAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO DE AGUAS.

______________________________________________________________

BOLETÍN Nº 876-09 (2)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión Especial Legislativa Encargada del Estudio del Régimen Jurídico de las Aguas pasa a emitiros su segundo informe reglamentario acerca del proyecto de ley, originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, que modifica el Código de Aguas.

En el estudio realizado en este segundo trámite reglamentario, vuestra Comisión contó con la asistencia y la participación del señor Humberto Peña, Director General de Aguas; de don Pablo Jaeger, Jefe del Departamento de Aguas, y con la asistencia de don Gustavo Molina, asesor del Ministerio de Justicia.

Por acuerdo unánime de los señores Diputados presentes, se autorizó el ingreso a una sesión de la Comisión a las siguientes personas: doña María Elena Toro y don Héctor Bravo, periodistas de Radio Agricultura de Los Ángeles; don Sergio Clunes, periodista de Radio Chilena; don Patricio Mardones, periodista de Radio Angelina; don Mario Palma y don Luis Herrera, periodistas de Radio Llacolén, y don Juvenal Rivera, periodista del Diario “La Tribuna” de Los Ángeles.

Para el despacho de las indicaciones a este proyecto de ley, S.E. el Presidente de la República hizo presente la urgencia, calificándola de “simple” en todos sus trámites constitucionales. Con posterioridad, se hizo presente la urgencia en carácter de “suma”, la que, en definitiva, fue retirada por el Ejecutivo. En sesión de fecha 5 de agosto de 1997, S.E. el Presidente de la República hizo nuevamente presente la urgencia, en el carácter de “suma”.

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 130, 268 y 288 del Reglamento de la Corporación, este informe ha de versar sobre el proyecto aprobado en general por esa Honorable Cámara en su sesión de fecha 18 de marzo de 1997, con todas las indicaciones admitidas a discusión en la Sala, sin perjuicio de las modificaciones que la Comisión acordare introducirle con ocasión de este segundo trámite reglamentario. Como es de vuestro conocimiento, este informe debe referirse, expresamente, a las materias que se indican en seguida.

I. ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES.

Se encuentran en esta situación, en el artículo 1º, los siguientes números: 2, 5 (6), 6 (7), 14 (15), 15 (16), 16 (17), 17 (18) y 18 (19), y el artículo 4º transitorio del proyecto.

II. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO-CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

La Comisión, por unanimidad, determinó que los artículos 129 bis 11, 129 bis 12, 129 bis 13, 129 bis 14 y 129 bis 15 de este proyecto requieren ser votados con el carácter de orgánicos constitucionales.

III. ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.

No los hay.

IV. ARTÍCULOS O NÚMEROS MODIFICADOS.

Artículo primero.

Número 1.

1. Indicación del Diputado señor Elgueta, para sustituir el inciso final, nuevo, propuesto para el artículo 6º, por el siguiente:

"Si el dueño renunciare total o parcialmente a su derecho de aprovechamiento, deberá hacerlo mediante declaración escrita que se presentará ante la Dirección General de Aguas, la cual, si aceptare la renuncia, declarará, mediante resolución, extinguido el derecho y requerirá del Conservador de Bienes Raíces respectivo las cancelaciones que correspondan."

La Comisión acordó, por unanimidad, substituir la palabra “dueño” por “titular”.

- La indicación, modificada de esta forma, fue aprobada por unanimidad.

Número 3.

*. Indicación de los Diputados señores Pérez, don Víctor; García, don René; Letelier, don Juan Pablo; Jara, Munizaga, Pizarro y Sabag, para reemplazar, en la letra a), el número 4 por el siguiente:

“4) Las escrituras públicas que contengan el acto formal del otorgamiento definitivo de un derecho de aprovechamiento, así como la resolución en que conste su renuncia.”

- Fue aprobada por unanimidad.

Número 4.

3. Indicación del Diputado señor Elgueta, para intercalar, en el artículo propuesto, a continuación del término "Gravámenes", la frase "y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar".

- Fue aprobada por asentimiento unánime.

Número 5 nuevo.

4. Indicación del Diputado señor Elgueta, para incorporar el siguiente número nuevo:

...- Deróganse los números 2 y 4 del artículo 116."

- Fue aprobada por asentimiento unánime.

Número 7 (8).

*. Indicación de los Diputados señores Letelier, don Juan Pablo, y Jara, para agregar al artículo 129 bis 1, después de “medioambiente”, la siguiente oración: “y, en especial, deberá velar por la conservación del ecosistema y de los usos recreacionales y escénicos existentes en la respectiva fuente.”

- Se aprobó por mayoría de votos.

8. Indicación del Diputado señor Urrutia, don Salvador, para reemplazar el artículo 129 bis 3, propuesto, por el siguiente:

"Artículo 129 bis 3.- La Dirección General de Aguas deberá establecer una red de estaciones de control de la calidad, de la cantidad y niveles de las aguas tanto superficiales como subterráneas en cada cuenca u hoya hidrográfica. La información que se obtenga deberá ser publicada y proporcionada a quien lo solicite."

- Fue aprobada por mayoría de votos.

*. Indicación del Ejecutivo, para intercalar, en su número 7.- (8), a continuación del artículo 129 bis 10, los artículos 129 bis 11, 129 bis 12, 129 bis 13, 129 bis 14 y 129 bis 15, nuevos.

S.E. el Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales, formuló indicación, durante el estudio de este segundo informe, para reponer los señalados artículos, que fueron rechazados por no reunir el quórum requerido para su aprobación en la Sala.

Cabe hacer presente que, durante la señalada votación general del proyecto, se aprobó la idea de legislar por 61 votos a favor, 32 en contra y 16 abstenciones. A continuación, fueron sometidas a votación las disposiciones de quórum orgánico constitucional, con el siguiente resultado: 57 votos a favor, 32 en contra y 15 abstenciones.

A juicio del representante del Ejecutivo, la discusión en general de un proyecto de ley tiene por objeto admitir o desechar en su totalidad el proyecto, tomando en cuenta sus ideas matrices. Según el Tribunal Constitucional, para saber cuál es la idea matriz de un proyecto, habrá de estarse al análisis de su propio texto y a las justificaciones o comentarios contenidos en el mensaje o moción, como también en la discusión general del proyecto y de todo antecedente legislativo en que aquella se deduzca.

Una de las ideas matrices del proyecto es establecer el pago de una patente por el no uso de los derechos de aprovechamiento. La votación de la referida idea matriz se separó de las normas accesorias que establecían el procedimiento de cobro, por tratarse estas últimas de normas que necesitaban de un quórum distinto de votación, aplicándose lo que dispone el artículo 30 de la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Por lo anterior, es perfectamente posible que el Ejecutivo presente una indicación que contenga el mencionado procedimiento de cobro y que en la Sala no alcance el quórum suficiente, por tratarse de materias que están dentro de la idea matriz de establecer una patente por el no uso de los derechos de aprovechamiento, la cual fue aprobada por la Sala.

Lo anterior cumple con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, según el cual una indicación que reponga artículos no aprobados por falta de quórum debe encontrarse inserta dentro de las ideas matrices del proyecto, no contrariar la Carta Fundamental y, finalmente, ser presentada por el Presidente de la República, si es de su iniciativa exclusiva.

Por su parte, el Diputado señor Víctor Pérez Varela, expresó dudas en relación con la reposición de los artículos que no alcanzaron el quórum de votación en la Sala, por cuanto considera que en todos los proyectos se vota, separadamente, la idea de legislar de las normas de quórum simple y la idea de legislar de las normas de quórum especial, según lo señalado en el artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Por lo tanto, al no haber alcanzado el quórum correspondiente, de acuerdo al inciso final del artículo 30 antes citado, se suponen también rechazadas las demás que sean consecuencia de aquéllas. En este caso, en conformidad al artículo 65 de la Constitución Política de la República, sólo podrían ser repuestas luego de transcurrido un año. Al respecto, deja expresa constancia de la inconstitucionalidad de esta reposición.

El Presidente de la Comisión, en uso de sus atribuciones, procedió a someter a votación la presente indicación.

- Fue aprobada por mayoría de votos.

11. Del Diputado señor Elgueta, para sustituir el punto final (.) con que termina el inciso final del artículo 129 bis 12, propuesto, por un punto seguido (.) y agregar a continuación la siguiente oración: "Si hubiere más de uno, el de turno al tiempo de la recepción de la nómina a que se refiere el inciso primero."

- Fue aprobada por mayoría de votos.

Número 13 (14).

19. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn, señores Álvarez-Salamanca, García, don René, Melero, Orpis y Pérez, don Víctor, para reemplazar el número 4, del artículo 149 propuesto, por el siguiente:

"4. El uso o destino inicial que se dará al agua;"

- Se aprobó por mayoría de votos.

Artículo segundo.

20. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn; señores Álvarez-Salamanca; García, don René; Melero, Orpis y Pérez, don Víctor, para agregar el siguiente inciso segundo:

"En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República no podrá, tratándose de artículos que contengan preceptos de rango orgánico constitucional o de quórum calificado, alterar su redacción; sólo se limitará a establecer o concordar la numeración de los artículos según el orden correlativo que corresponde."

- Fue aprobada por unanimidad.

V. ARTÍCULOS O NÚMEROS NUEVOS INTRODUCIDOS.

Mediante indicación del Diputado señor Elgueta, se introdujo un número 5, nuevo.

VI. ARTÍCULOS QUE DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

En relación con lo preceptuado en el artículo 220 del Reglamento, el Presidente de la Comisión, en uso de sus atribuciones reglamentarias y con el asentimiento unánime de la misma, determinó que este proyecto de ley no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.

VII. INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.

Vuestra Comisión rechazó las siguientes indicaciones, en la forma que se señala.

Artículo primero.

Número 3.

2. Del Diputado señor Elgueta para reemplazar, en la letra a), el número 4 propuesto.

- Fue rechazada por unanimidad.

Número 7 (8).

5. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn; señores Álvarez-Salamanca; García, don René; Leay, Melero, Moreira, Orpis y Pérez, don Víctor, para eliminar el nuevo "Título X. De la protección de las aguas y cauces."

- Fue rechazada por mayoría de votos.

6. Del Diputado señor Elgueta, al artículo 129 bis 1, propuesto, para sustituir su punto final (.) por una coma (,) y agregar la siguiente oración: "para lo cual pedirá informe al Consejo Nacional de Medio Ambiente".

- Fue rechazada por unanimidad.

7. Del Diputado señor Urrutia, don Salvador, para agregar al artículo 129 bis 1, propuesto, un inciso segundo, del siguiente tenor:

"El caudal ecológico mínimo se definirá tanto para las aguas superficiales como para las subterráneas, tanto para las aguas corrientes como para las detenidas y, en el caso de los acuíferos de cada cuenca u hoya hidrográfica la Dirección General de Aguas deberá determinar la extracción máxima de agua compatible con la recarga de equilibrio del acuífero y no concederá derechos de aprovechamiento por sobre esa extracción máxima."

- Fue rechazada por unanimidad.

9. Del Diputado señor Urrutia, don Salvador, para intercalar, en el artículo 129 bis 3, propuesto, a continuación del término "calidad", una coma (,), seguida de los vocablos "cantidad y niveles".

- Fue rechazada por unanimidad.

10. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn; señores Álvarez-Salamanca; García, don René; Melero, Moreira, Orpis y Pérez, don Víctor, para suprimir el nuevo "Título XI. Del pago de una patente por la no utilización de las aguas.", contenido en este número.

- Fue rechazada por mayoría de votos.

* Del Diputado señor Álvarez-Salamanca para reemplazar el artículo 129 bis 4.

“Los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, estarán afectos al pago de una patente a beneficio fiscal. La patente se regirá por las siguientes reglas:

a) La patente será equivalente, en unidades tributarias mensuales, al valor que resulte de la siguiente operación aritmética: ...

Se eliminan las letras b) y c).”

- Fue rechazada por mayoría de votos.

* Del Diputado señor Álvarez-Salamanca, para reemplazar el artículo 129 bis 5.

“Los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, con excepción de aquellos que se usan en la agricultura, estarán afectos al pago de una patente a beneficio fiscal. La patente a que se refiere el inciso anterior se regirá por las siguientes normas:

a) Los derechos de ejercicio permanente, cuyas aguas ...

Se eliminan las letras b) y c).”

- Fue rechazada por mayoría de votos.

Número 8 (9).

12. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn; señores Álvarez-Salamanca; García, don René; Melero, Moreira, Orpis y Pérez, don Víctor, para cambiar, en el número 5 del artículo 140 propuesto, los vocablos "memoria explicativa en la cual se justifique" por la expresión "memoria técnica en la cual se explique".

- Fue rechazada por mayoría de votos.

Número 9 (10).

13. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn; señores Álvarez-Salamanca; García, don René; Melero, Moreira, Orpis y Pérez, don Víctor, para suprimir este número 9 (10).

- Fue rechazada por mayoría de votos.

Número 10 (11).

14. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn; señores Álvarez-Salamanca; García, don René; Melero, Moreira, Orpis y Pérez, don Víctor, para eliminar este número 10.

- Fue rechazada por mayoría de votos.

Número 11 (12).

15. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn; señores Álvarez-Salamanca; García, don René; Melero, Moreira, Orpis y Pérez, don Víctor, para sustituir el número 3, en el inciso segundo del artículo 147 bis, propuesto, por el siguiente:

"3. Si no se hubiere presentado la memoria técnica a que se refiere el Nº 5 del artículo 140;"

El Diputado señor Pérez, don Víctor, deja constancia expresa de que, en su oportunidad, el artículo 147 bis debió ser votado con el carácter de ley de quórum calificado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19, Nº 23, de la Constitución Política de la República, por cuanto establece requisitos o limitaciones para la adquisición del dominio de este tipo de bienes.

El representante del Ejecutivo precisa que la facultad del Director General de Aguas consiste en denegar o limitar las solicitudes de derechos de aprovechamiento, sin afectar el derecho propiamente tal, porque éste se constituye a través de una resolución. En todo caso, la intención del Ejecutivo es establecer algunas limitaciones a la solicitud del derecho y no al derecho real de aprovechamiento una vez constituido.

- Sometida a votación la indicación, fue rechazada por mayoría de votos.

16. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn; señores Álvarez-Salamanca; García, don René; Melero, Moreira, Orpis y Pérez, don Víctor, para suprimir el número 5 en el inciso segundo del artículo 147 bis, propuesto.

- Fue rechazada por mayoría de votos.

17. Del Diputado señor Urrutia, don Salvador, para agregar al artículo 147 bis un Nº 6, nuevo.

"6. Los derechos de aprovechamiento de las aguas subterráneas, a contar de la promulgación de esta ley, quedan reservados, en un 50% del nivel máximo de extracción, para las necesidades de consumo humano de agua potable y se faculta a la Dirección General de Aguas para constituir derechos de aprovechamiento temporales para otros fines, en tanto las necesidades de agua potable no requieran ocupar el total de su reserva."

- Se rechazó por mayoría de votos.

Número 12 (13).

18. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn; señores Álvarez-Salamanca; García, don René; Melero, Orpis y Pérez, don Víctor, para eliminar este número.

- Fue rechazada por mayoría de votos.

Disposiciones transitorias.

Artículo primero.

21. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn; señores Álvarez-Salamanca; García, don René; Leay, Melero, Moreira, Orpis y Pérez, don Víctor, para substituir el vocablo "siguiente" por "subsiguiente".

- Fue rechazada por mayoría de votos.

Artículo segundo.

22. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn; señores Álvarez-Salamanca; García, don René; Leay, Melero, Moreira, Orpis y Pérez, don Víctor, para reemplazar el vocablo "siguiente" por "subsiguiente".

- Se rechazó por mayoría de votos.

Artículo tercero.

23. De los Diputados señora Matthei, doña Evelyn; señores Álvarez-Salamanca; García, don René; Leay, Melero, Moreira, Orpis y Pérez, don Víctor, para substituir el término "siguiente" por "subsiguiente".

- Fue rechazada por mayoría de votos.

Constancia

Se hace constar que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento, se introdujeron en el proyecto de ley algunas correcciones formales, que no es del caso detallar.

VIII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISIÓN.

En mérito de las consideraciones anteriores y por las que, en su oportunidad, os podrá añadir el señor Diputado informante, vuestra Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca os recomienda aprobar el siguiente

PROYECTO DE LEY.

"Artículo 1º.- Modifícase el Código de Aguas en la siguiente forma:

1.- Incorpórase, en el artículo 6º, el siguiente inciso final, nuevo:

“Si el titular renunciare total o parcialmente a su derecho de aprovechamiento, deberá hacerlo mediante declaración escrita que se presentará ante la Dirección General de Aguas, la cual, si aceptare la renuncia, declarará, mediante resolución, extinguido el derecho y requerirá del Conservador de Bienes Raíces respectivo las cancelaciones que correspondan.”

2.- Reemplázase el artículo 22 por el siguiente:

“Artículo 22.- La autoridad constituirá el derecho de aprovechamiento sobre aguas existentes en fuentes naturales y en embalses construidos por el Estado, no pudiendo perjudicar ni menoscabar derechos de terceros.

El derecho de aprovechamiento se otorgará teniendo en consideración la explotación conjunta de los recursos superficiales y subterráneos de una misma cuenca u hoya hidrográfica y no podrá afectar los derechos constituidos o reconocidos con anterioridad sobre dichos recursos.”

3.- Modifícase el artículo 114 de la siguiente forma:

a) Reemplázase su número 4 por el siguiente:

“4. Las escrituras públicas que contengan el acto formal del otorgamiento definitivo de un derecho de aprovechamiento, así como la resolución en que conste su renuncia;”, y

b) Reemplázase su número 7 por el siguiente:

“7. Las resoluciones judiciales ejecutoriadas que reconozcan la existencia o declaren la extinción total o parcial de un derecho de aprovechamiento.”

4.- Intercálase el siguiente artículo 115 bis, nuevo, a continuación de artículo 115:

“Artículo 115 bis.- Deberán inscribirse en los Registros de Hipotecas y Gravámenes y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar relativos a las aguas las condiciones, prohibiciones y limitaciones que afecten a los derechos de aprovechamiento.”

5.- Deróganse los números 2 y 4 del artículo 116.

6.- Agréganse al artículo 122 los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Para los efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes, los Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar copia autorizada a la Dirección General de Aguas, por carta certificada, de todas las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que practiquen en el Registro de Aguas dentro del plazo de treinta días, contado desde la respectiva inscripción, subinscripción o anotación.

Los Conservadores que no cumplan con las obligaciones establecidas en este artículo serán sancionados con las penas previstas en el artículo 440 del Código Orgánico de Tribunales.”

7.- Reemplázase el artículo 129 por el siguiente:

“Artículo 129.- El dominio sobre los derechos de aprovechamiento se extingue por las causas y en las formas establecidas en este Código y en el derecho común.”

8.- Intercálanse los siguientes Títulos X y XI, nuevos, en el Libro I, a continuación del artículo 129:

“TITULO X.

DE LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y CAUCES.

Artículo 129 bis.- Las aguas provenientes de obras de recuperación de terrenos húmedos o pantanosos deberán ser restituidas al cauce receptor natural de las mismas, si de la ejecución de dichas obras resultare perjuicio a terceros.

Artículo 129 bis 1.- La autoridad, al otorgar los derechos de aprovechamiento, deberá respetar la permanencia de un caudal ecológico mínimo en toda la fuente natural, que garantice la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente y, en especial, deberá velar por la conservación del ecosistema y de los usos recreacionales y escénicos existentes en la respectiva fuente.

Artículo 129 bis 2.- La Dirección General de Aguas podrá ordenar la inmediata paralización de las obras o labores que se ejecuten en los cauces naturales de aguas corrientes o detenidas que no cuenten con la autorización competente, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código.

Artículo 129 bis 3.- La Dirección General de Aguas deberá establecer una red de estaciones de control de calidad, cantidad y niveles de las aguas tanto superficiales como subterráneas en cada cuenca u hoya hidrográfica. La información que se obtenga deberá ser publicada y proporcionada a quien lo solicite.

TITULO XI.

DEL PAGO DE UNA PATENTE POR LA NO UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS.

Artículo 129 bis 4.- Los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente a beneficio fiscal. La patente se regirá por las siguientes reglas:

a) En los primeros cinco años, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente será equivalente, en unidades tributarias mensuales, al valor que resulte de la siguiente operación aritmética:

Valor anual de la patente en UTM=0,33xQxH.

El factor Q corresponderá al caudal no utilizado expresado en metros cúbicos por segundo, y el factor H, al desnivel entre los puntos de captación y de restitución expresado en metros.

Si la captación de la aguas se hubiere solicitado realizar a través de un embalse, el valor del factor H corresponderá, en todo caso, al desnivel entre la altura máxima de inundación y el punto de restitución expresado en metros.

En todos aquellos casos en que el desnivel entre los puntos de captación y restitución resulte inferior a 10 metros, el valor del factor H, para los efectos de esa operación, será igual a 10.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 5; y, desde los años undécimo y siguientes al de su constitución o reconocimiento, por el factor 25.

c) Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes por unidad de tiempo sean inferiores a 100 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 500 litros por segundo en el resto de las Regiones.

Artículo 129 bis 5.- Los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente a beneficio fiscal. La patente a que se refiere el inciso anterior se regirá por las siguientes normas:

a) En los primeros cinco años, contados desde que se hayan constituido o reconocido en conformidad a la ley, los derechos de ejercicio permanente, cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, pagarán una patente anual cuyo monto será equivalente a 1,6 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo.

Respecto de los derechos de aprovechamiento cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones VI a IX, ambas inclusive, la patente será equivalente a 0,2 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo, y para las situadas en las Regiones X, XI y XII, ascenderá a 0,1 unidad tributaria mensual por cada litro por segundo.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 2; y, desde los años undécimo y siguientes al de su constitución o reconocimiento, por el factor 4.

c) Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes por unidad de tiempo sean inferiores a 10 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 50 litros por segundo en el resto de las Regiones.

Artículo 129 bis 6.- Los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual pagarán, en su caso, un tercio de valor de la patente asignada a los derechos de ejercicio permanente.

Artículo 129 bis 7.- El pago de la patente se efectuará dentro del mes de marzo de cada año, en cualquier banco e institución autorizados para recaudar tributos. La Dirección General de Aguas publicará la resolución que contenga el listado de los derechos sujetos a esta obligación, en las proporciones que correspondan. Esta publicación se efectuará el 15 de enero de cada año o el primer día hábil inmediato si aquél fuere feriado, en el Diario Oficial y en forma destacada en un diario o periódico de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la Región correspondiente.

Esta publicación se considerará como notificación suficiente para los efectos de lo dispuesto en el artículo 129 bis 10.

Artículo 129 bis 8.- Corresponderá al Director General de Aguas determinar los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no hayan sido utilizadas total o parcialmente.

Artículo 129 bis 9.- Se presumirá que las aguas no han sido utilizadas total o parcialmente, en los siguientes casos:

a) Si no existen las obras de aprovechamiento necesarias para el ejercicio del derecho o éstas estuvieren manifiestamente abandonadas;

b) Si la capacidad de las obras de captación o conducción fueren insuficientes para captar o conducir el total de las aguas sobre las que recae el derecho de aprovechamiento;

c) Si no existieren los cultivos, industrias, instalaciones o establecimientos en que pudiere utilizarse el recurso, y

d) En general, en todos aquellos casos en que el no aprovechamiento de las aguas resulte acreditado mediante los informes técnicos pertinentes.

Artículo 129 bis 10.- Serán aplicables a las resoluciones de la Dirección General de Aguas los recursos contemplados en los artículos 136 y 137 de este Código.

Artículo 129 bis 11.- Si el titular del derecho de aprovechamiento no paga la patente dentro del plazo indicado en el artículo 129 bis 7, se iniciará un procedimiento judicial de remate de ese derecho, en la proporción que corresponda.

No obstante, el Presidente de la República, a petición o con informe fundado de la Dirección General de Aguas, podrá, en circunstancias excepcionales en que esté comprometido el adecuado desarrollo de la cuenca, decretar que el derecho de aprovechamiento no sea objeto del procedimiento señalado en el inciso anterior y declarar la extinción, ordenando la cancelación de la inscripción respectiva, en la proporción que corresponda.

El decreto del Presidente de la República que declare la extinción del derecho se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, los días primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediato si aquéllos fueren feriados. El afectado podrá reclamar de la dictación de dicho decreto ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de su publicación.

Artículos 129 bis 12.- Antes del 1 de junio de cada año, el Tesorero General de la República enviará a los juzgados competentes la nómina de los derechos de aprovechamiento cuya patente no haya sido pagada, especificando a su titular y el monto de lo adeudado. La Dirección General de Aguas estará obligada a velar por el cumplimiento de esta disposición y deberá prestar su colaboración a la Tesorería General de la República.

Será juez competente para conocer del procedimiento de remate el de la comuna donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento. Si hubiere más de uno, el de turno al tiempo de la recepción de la nómina a que se refiere el inciso primero.

Artículo 129 bis 13.- El juez dictará una resolución señalando día y hora para el remate, la que se publicará junto a la nómina de derechos a subastar por una sola vez en el Diario Oficial los días primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediato si aquellos fueren feriados, y en forma destacada en un diario o periódico de la provincia respectiva y si no lo hubiere, en uno de la capital de la Región correspondiente. La Tesorería General de la República cubrirá estos gastos. El remate no podrá efectuarse antes de los treinta días siguientes a la fecha del último aviso.

Los errores u omisiones en que haya incurrido la Tesorería podrán ser rectificados antes del remate, a solicitud de cualquier persona que tenga interés en ello o de la Dirección General de Aguas. El juez procederá con conocimiento de causa. Las rectificaciones se publicarán en igual forma que las publicaciones originales, y el remate se postergará para una fecha posterior en treinta días, a lo menos, a la última publicación.

El secretario del tribunal pondrá testimonio en los autos de haberse publicado los avisos en la forma y con la anticipación señalada.

El mínimo de la subasta será el valor de las patentes adeudadas y el titular del derecho no será admitido a hacer posturas. Podrá, sin embargo, liberar su derecho pagando el doble del valor adeudado.

Además de pagar el valor de la subasta, el rematante deberá pagar las costas del remate, las que deberán ser tasadas por el secretario del tribunal.

Si el adjudicatario no enterare el precio de la subasta dentro del plazo de quince días contado desde la fecha del remate, la adjudicación quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley, el juez hará efectiva la garantía a beneficio fiscal y ordenará que los derechos de aprovechamiento sean nuevamente sacados a remate.

Artículo 129 bis 14.- Los demás procedimientos relativos al remate, al acta correspondiente, a la escritura de adjudicación y a su inscripción, se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a la subasta de bienes inmuebles embargados.

Artículo 129 bis 15.- Si no hay postor por algún derecho de aprovechamiento, el juez declarará libres las aguas y ordenará cancelar las correspondientes inscripciones en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Dicha resolución se notificará por el estado diario.

Artículo 129 bis 16.- Una cantidad igual al 75% del producto neto de la patentes por no utilización de los derechos de aprovechamiento y de lo recaudado en los remates de estos últimos, será distribuida, a contar del ejercicio presupuestario correspondiente al cuarto año posterior al de publicación de esta ley, entre las Regiones y comunas del país en la forma que a continuación se indica:

a) El 65% de dichos producto neto y recaudación por remates se incorporará a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que anualmente le corresponda, en el Presupuesto nacional, a la Región donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento.

b) El 10% restante se distribuirá entre las municipalidades de las comunas donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento.

La proporción de la cantidad señalada en la letra a) anterior, que corresponda a cada Región, se determinará como el cuociente entre el monto recaudado por patentes y remates correspondiente a la Región en donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento y el monto total recaudado por estos conceptos en todas las Regiones del país. Igual criterio se aplicará tratándose de las municipalidades a que se refiere la letra b). En este último caso, si un derecho de aprovechamiento se encuentra situado en el territorio de dos o más comunas, la Dirección General de Aguas determinará la proporción que le corresponderá a cada una de ellas, dividiendo el monto correspondiente a prorrata de la superficie de cada comuna comprendida en la extensión territorial del derecho de aprovechamiento.

La ley de Presupuestos incluirá, en los presupuestos de los Gobiernos Regionales y municipalidades que correspondan, las cantidades que resulten de la aplicación de los incisos anteriores.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por producto neto las cantidades que resulten de restar a la recaudación bruta, obtenida de la aplicación de las patentes que establecen los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5, las sumas imputadas al pago de impuestos fiscales en la forma dispuesta en el artículo 129 bis 17, ambos valores correspondientes al período de doce meses, contado hacia atrás desde el mes de junio del año anterior al de vigencia de la ley de Presupuestos que incluya la distribución que proceda de acuerdo a esta disposición.

Artículo 129 bis 17.- El valor de las patentes no se considerará como gasto para efectos de la Primera Categoría de la ley sobre Impuesto a la Renta, no siéndole aplicable lo dispuesto en el artículo 21 de dicha ley.

Sin embargo, las cantidades pagadas por concepto de patentes por los titulares de derechos de aprovechamiento durante los años anteriores a aquel en que se inicie la utilización de las aguas, podrán imputarse a cualquier clase de impuesto fiscal de declaración y pago mensual, en la forma que determine el Ministerio de Hacienda mediante decreto. Para estos efectos, dichas cantidades serán reajustadas de acuerdo a la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior a la fecha de ingreso del pago en arcas fiscales y el último día del mes anterior a la fecha de la imputación.

Artículo 129 bis 18.- Respecto a los derechos no consuntivos, se determinará el número de años en que puede efectuarse la imputación referida en el artículo anterior, mediante la siguiente tabla, cuyos tramos se determinan multiplicando el valor del caudal no utilizado, expresado en metros cúbicos por segundo, por el valor de la diferencia de nivel entre los puntos de captación y de restitución expresada en metros:

a) Tres años, si el producto de la multiplicación de dichos factores es inferior a diez mil;

b) Cuatro años, si el producto de la multiplicación resulta entre diez mil y treinta mil, ambas cifras inclusive, y

c) Cinco años, si el producto de la multiplicación resulta en un valor superior a treinta mil.

Respecto a los derechos consuntivos, se consideran tres años.”

9.- Reemplázase el artículo 140 por el siguiente:

“Artículo 140.- La solicitud para adquirir el derecho de aprovechamiento deberá contener:

1. El nombre del álveo de las aguas que se necesitan aprovechar, su naturaleza, esto es, si son superficiales o subterráneas, corrientes o detenidas y la provincia en que estén ubicadas o que recorran.

En caso de aguas subterráneas, se individualizará la comuna en que se ubicará la captación y el área de protección que se solicita;

2. La cantidad de agua que se necesita extraer, expresada en medidas métricas y de tiempo;

3. El o los puntos donde se desea captar el agua.

En el caso en que la captación se efectúe mediante un embalse o barrera ubicados en el álveo, se entenderá por punto de captación aquel que corresponda a la intersección del nivel de aguas máximas de dicha obra con la corriente natural;

4. Si el derecho es consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado con otras personas.

Las solicitudes para usos no consuntivos indicarán, además, el punto de restitución de las aguas y la distancia y desnivel entre la captación y la restitución, y

5. La solicitud deberá ser acompañada de una memoria explicativa en la cual se justifique la cantidad de agua que se necesitará extraer, según el uso o destino que se dará a ella; y de los demás antecedentes que exija la naturaleza del derecho que se solicita, siempre que ellos estén relacionados con los anteriores.”

10.- Elimínase el inciso final del artículo 141.

11.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 142, la expresión “inciso 3º del artículo anterior” por “inciso final del artículo anterior”.

12.- Intercálase el siguiente artículo 147 bis, nuevo, a continuación del artículo 147:

“Artículo 147 bis.- El derecho de aprovechamiento de aguas se constituirá mediante resolución de la Dirección General de Aguas.

El Director General de Aguas podrá, mediante resolución fundada, denegar o limitar las solicitudes de derechos de aprovechamiento, en los siguientes casos:

1. Si no se diere cumplimiento a los requisitos legales o reglamentarios;

2. Si no existiere disponibilidad del recurso;

3. Si no se hubiere justificado la cantidad de agua que se necesita extraer atendidos los fines invocados por el peticionario;

4. Si se comprometiere gravemente el manejo y desarrollo del recurso de la respectiva cuenca u hoya hidrográfica, y

5. En general, en todos aquellos casos en que por razones de utilidad pública fuere necesario destinar el recurso a fines distintos del solicitado.

Asimismo, el Director General de Aguas podrá, en circunstancias excepcionales y en virtud de condicionantes hidrológicas, constituir el derecho de aprovechamiento de aguas en modalidades distintas de como fue solicitado, y siempre que conste el consentimiento del interesado.”

13.- Reemplázase, en el artículo 148, la frase “inciso tercero del artículo 141” por “inciso final del artículo 141”.

14.- Reemplázase el artículo 149 por el siguiente:

“Artículo 149.- La resolución en cuya virtud se constituye el derecho contendrá:

1. El nombre del adquirente;

2. El nombre del álveo o individualización de la comuna en que se encuentre la captación de las aguas subterráneas que se desea aprovechar y el área de protección;

3. La cantidad de agua que se autoriza extraer, expresada en la forma prevista en el artículo 7º de este Código;

4. El uso o destino inicial que se dará al agua;

5. El o los puntos precisos donde se captará el agua;

6. El desnivel y puntos de restitución de las aguas si se trata de usos no consuntivos, y

7. Si el derecho es consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado con otras personas.

El Director General de Aguas estará facultado para establecer, en el acto de constitución, especificaciones técnicas, condiciones, plazos, prohibiciones u otras modalidades y limitaciones que afecten el derecho.”

15.- Reemplázase, en el artículo 186, la expresión “canal matriz” por “caudal matriz”.

16.- Agrégase al artículo 196 el siguiente inciso final, nuevo:

“Las comunidades de aguas que hayan cumplido con este requisito gozarán de personalidad jurídica y les serán aplicables las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con excepción de los artículos 560, 562, 563 y 564.”

17.- Reemplázase la letra c) del artículo 299 por la siguiente:

“c) Ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público e impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización previa del servicio o autoridad a quien corresponda aprobar su construcción o autorizar su demolición o modificación; impedirá también que se extraigan aguas de los mismos cauces sin título o en mayor cantidad de lo que corresponda. Para estos efectos, podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código.”

18.- Reemplázase el texto del artículo 1º transitorio por el siguiente:

“Artículo 1º transitorio.- Los derechos de aprovechamiento inscritos en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente y que en posteriores transferencias o transmisiones no lo hubieren sido, podrán regularizarse mediante la inscripción de los títulos correspondientes desde su actual dueño hasta llegar a la inscripción de la cual proceden.

Si el Conservador rehusare practicar la inscripción solicitada, el interesado ocurrirá al juez de letras competente, quien deberá solicitar informe de la Dirección General de Aguas y, en todo caso, tener a la vista los siguientes documentos: copia autorizada de la inscripción de dominio del inmueble a nombre del interesado, en el cual se aprovechen las aguas, con certificado de vigencia de no más de treinta días de expedido; certificados emanados de la respectiva organización de usuarios en que conste la calidad de miembro activo de ella, y otros documentos que acrediten el uso efectivo del agua. La solicitud respectiva deberá publicarse en la forma y términos previstos en el artículo 131 de este Código y los terceros que se sientan afectados en sus derechos podrán oponerse a dicha presentación dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de la última publicación.”

19.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 13 transitorio, la frase “artículo 12 del presente Código” por “artículo 112 del presente Código”.

Artículo 2º.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, fije el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código de Aguas.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República no podrá, tratándose de artículos que contengan preceptos de rango orgánico constitucional o de quórum calificado, alterar su redacción; sólo se limitará a establecer o concordar la numeración de los artículos según el orden correlativo que corresponda.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

Artículo 1º transitorio.- Los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente, que se regirá por las reglas establecidas en el artículo 129 bis 4 del Código de Aguas.

Artículo 2º transitorio.- Los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente que se regirá por las normas establecidas por el artículo 129 bis 5 del Código de Aguas.

Artículo 3º transitorio.- Los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente, que se regirá por la norma establecida en el artículo 129 bis 6 del Código de Aguas.

Artículo 4º transitorio.- Las solicitudes de derecho de aprovechamiento que se encuentren pendientes, deberán ajustarse a las disposiciones de esta ley, para lo cual el Director General de Aguas requerirá de los peticionarios los antecedentes e informaciones que fueren necesarios para dicho fin.”

Se designó Diputado Informante al señor OCTAVIO JARA WOLFF.

SALA DE LA COMISIÓN, a 15 de julio de 1997.

Acordado en sesiones de fechas 3 de junio y 1 y 15 de julio de 1997, con la asistencia de los Diputados señores Acuña (Presidente), Álvarez-Salamanca, Arancibia, Coloma; García, don René; Jara; Letelier, don Juan Pablo; Munizaga; Pérez, don Víctor; Pizarro, Sabag y Silva.

A las sesiones que vuestra Comisión dedicó al análisis de esta iniciativa legal asistieron, además de sus integrantes, los Diputados señores Elgueta, Pollarollo y Vilches, y por la vía del reemplazo, el Diputado señor Leay.

MIGUEL CASTILLO JEREZ,

Secretario de la Comisión.

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE AGUAS. Primer trámite constitucional.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que modifica el Código de Aguas.

Diputado informante de la Comisión Especial Legislativa encargada del estudio del régimen jurídico de las aguas es el señor Octavio Jara.

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión Especial de Aguas, boletín Nº 876-09, sesión 30ª, en 7 de agosto de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 11.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Solicito autorización para que ingresen a la Sala el Subsecretario de Obras Públicas, señor Guillermo Pickering de la Fuente; el Director General de Aguas , señor Humberto Peña Torrealba, y los asesores legales señores Pablo Jaeger y Jorge Morales.

Acordado.

Tiene la palabra el señor Diputado informante.

El señor JARA.-

Señor Presidente , por mandato de la Comisión Especial encargada del régimen jurídico de las aguas, paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas.

La discusión particular de la iniciativa se llevó a cabo sobre la base del texto del proyecto aprobado por esta honorable Cámara en sesión de 18 de marzo pasado y a las indicaciones presentadas, tanto en la Sala como en la propia Comisión durante el curso del debate.

La estructura del texto aprobado en general por la Sala se mantuvo, en cuanto a que el proyecto aprobado en particular consta de dos artículos permanentes y cuatro transitorios.

El artículo 1º, que contiene las ideas matrices del proyecto, quedó constituido, en definitiva, por 19 numerales.

Algunas indicaciones incorporadas a los siete primeros numerales dicen relación con simples modificaciones formales y precisiones de texto, tal como consta en el informe que los diputados tienen en su poder. Además, fueron aprobadas por unanimidad por lo que no requieren mayores explicaciones.

El actual número 8 del artículo 1º -originalmente, número 7- se refiere a los Títulos X y XI nuevos que se propone incorporar al Libro I del Código de Aguas, a continuación del actual artículo 129 del mismo Código.

El Título X “De protección de las aguas y cauces”, contiene cuatro artículos.

El artículo 129 bis 1, que se refiere al establecimiento de un caudal ecológico mínimo, se modificó en cuanto a precisar que, al otorgar un derecho de aprovechamiento, la autoridad también deberá velar en especial, por la conservación del ecosistema y de los usos recreacionales y escénicos existentes en la respectiva fuente. La indicación es de los Diputados Juan Pablo Letelier y del que habla, y fue aprobada.

Asimismo, se acogió una indicación del Diputado señor Salvador Urrutia para reemplazar el artículo 129 bis 3 propuesto, por el siguiente: “La Dirección General de Aguas deberá establecer una red de estaciones de control de la calidad, de la cantidad y niveles de las aguas tanto superficiales como subterráneas en cada cuenca u hoya hidrográfica. La información que se obtenga deberá ser publicada y proporcionada a quien lo solicite.”

En el Título XI “Del pago de una patente por la no utilización de las aguas”, no se alteraron los artículos 129 bis 4, 129 bis 5, 129 bis 6, 129 bis 7, 129 bis 8, 129 bis 9 y 129 bis 10.

Mediante indicación del Ejecutivo, se repusieron los artículos 129 bis 11, 129 bis 12, 129 bis 13, 129 bis 14 y 129 bis 15, nuevos, que fueron rechazados en la Sala en la discusión en general, por no reunirse los quórum de normas de ley orgánica-constitucional requeridos.

El Diputado señor Víctor Pérez objetó la constitucionalidad de la indicación, argumentando que, rechazada por la Sala la idea de legislar por falta de quórum, esas normas sólo pueden ser repuestas, según el artículo 65 de la Constitución Política, después de transcurrido un año.

Se sostuvo, en contrario, que dichos artículos se refieren a procedimientos de cobro en caso de no pago de la patente por el no uso de las aguas. En tal virtud, tales normas son accesorias a la idea principal: el pago de una patente por el no uso de las aguas, y por ello forman parte de la idea matriz del proyecto que, por cierto, fue aprobada. Por lo tanto -se dijo-, la indicación es perfectamente constitucional y cumple con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, según el cual se pueden reponer los artículos no aprobados por falta de quórum, siempre que se refieran a las ideas matrices del proyecto.

En uso de sus atribuciones, el Presidente de la Comisión procedió a someter a votación la indicación, la que fue aprobada por mayoría de votos, conjuntamente con otra del Diputado señor Elgueta , que precisó en mejor forma el artículo 129 bis 12.

Asimismo, la Comisión acogió la indicación presentada por la Diputada señora Matthei y otros relativa a precisar, en el Nº 4 del artículo 149 propuesto, que lo que se debe consignar en la resolución es el uso o destino “inicial” que se dará al agua.

Finalmente, la Comisión también aprobó agregar un inciso segundo al artículo segundo permanente, mediante el cual se precisa la facultad otorgada al Presidente de la República para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código de Aguas.

Las indicaciones rechazadas figuran en el informe que los diputados tienen en su poder.

La Comisión estimó que el proyecto no contiene materias que deban ser consideradas por la Comisión de Hacienda, y que los artículos 129 bis 11, 129 bis 12, 129 bis 13, 129 bis 14 y 129 bis 15 requieren quórum de Ley Orgánica Constitucional.

En virtud de estas consideraciones, la Comisión Especial encargada de estudiar el régimen jurídico de las aguas recomienda a la Sala aprobar en particular el texto propuesto.

Es todo lo que puedo informar.

He dicho.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Iniciando el debate, tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez.

El señor PÉREZ (don Víctor).-

Señor Presidente , tal como lo informó el Diputado señor Jara , entramos a analizar, en primer trámite constitucional, el proyecto enviado por el Ejecutivo , que introduce importantes modificaciones al Código de Aguas.

En lo sustancial, se refiere a dos aspectos fundamentales íntimamente relacionados entre sí: por un lado, limita el derecho de aprovechamiento de las aguas y, por otro, establece una patente por el no uso de un derecho de aprovechamiento, contemplando originalmente un sistema de remate judicial en caso de no pago.

Pues bien, en la medida en que las normas relativas a procedimientos de remate por el no pago de patentes afectan a los tribunales de justicia, son materias de Ley Orgánica Constitucional, según lo establece el artículo 74 de la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, al contener el proyecto normas de diferente quórum, esto es, orgánico constitucional y simple, procede aplicar lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cuyo inciso primero prescribe: “Las diversas disposiciones de un mismo proyecto que para su aprobación necesiten mayorías distintas a la de los miembros presentes, se aprobarán en votación separada, primero en general y después en particular, con la mayoría especial requerida en cada caso.” De esa manera, la idea de legislar se resuelve separadamente, por categorías de normas, corriendo cada una de ellas la suerte que indique la respectiva votación.

Sin embargo, el inciso final del mismo artículo agrega: “El rechazo de una disposición que requiera mayoría especial de aprobación importará también el rechazo de las demás que sean consecuencia de aquélla.” En otras palabras, las normas de quórum simple que están lógicamente ligadas con otras que requieren quórum especial, se entienden rechazadas conjuntamente con éstas, aun en el caso de que resultaren aprobadas después de sometidas a votación en forma separada.

En la sesión de 13 de mayo del año en curso, la Cámara procedió a votar en general el proyecto que modifica el Código de Aguas y en cumplimiento del artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, sometió a votación separada las disposiciones que se refieren al remate por no pago de la patente.

Quiero recordar que, en esa oportunidad, los preceptos propios de la Ley Orgánica Constitucional no obtuvieron la mayoría requerida por la Constitución. En consecuencia, se entienden jurídicamente rechazados en general -no se aprobó la idea de legislar-, y su contenido, de acuerdo con el artículo 65 de la Constitución, no puede volver a proponerse antes de un año. Por su parte, los demás preceptos habrían resultado formalmente aprobados en general, por cuanto obtuvieron el voto favorable de la mayoría de los diputados presentes.

Por lo tanto, debe entenderse que las normas relativas al establecimiento de una patente por el no uso del derecho de aprovechamiento han sido rechazadas en general, no obstante haber sido aprobadas formalmente con quórum de ley simple, toda vez que su contenido está lógica e íntimamente unido a las normas de quórum orgánico constitucional sobre remate por no pago, que fueron -repito- rechazadas.

Es decir, precisamente en este caso debe aplicarse el inciso final del referido artículo 30, que liga la suerte de las disposiciones y determina que todas deben estimarse rechazadas, por cuanto no es posible que unas sobrevivan sin las otras. Tanto es así, que el Gobierno -me referiré a ello más adelante- presentó una indicación sustitutiva.

Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto, solicito a la Mesa que elimine de la discusión en particular los artículos 129 bis 4 y 129 bis 10, propuestos por el Ejecutivo , por cuanto deben considerarse jurídicamente rechazados en general, al rechazarse la idea de legislar sobre remates por no pago de patentes, de conformidad con el artículo 30 de la ley N° 18.918.

Deseamos dejar claramente establecido que si la Mesa no acoge este planteamiento, recurriremos al Tribunal Constitucional, por lo que hacemos reserva expresa de esta materia.

Asimismo, el proyecto presentado por el Ejecutivo introduce limitaciones y requisitos para la adquisición del dominio de un derecho real, como el de aprovechamiento, los cuales deben ser aprobados por ley de quórum calificado, como lo establece claramente el inciso final del número 23 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Las limitaciones y requisitos consisten en exigir la justificación de un uso inicial, en este caso, como también una destinación exclusiva de ese uso.

En la votación general del proyecto dichas modificaciones fueron aprobadas con quórum de ley simple, infringiéndose claramente el artículo 19, número 23, de la Constitución, que exige quórum calificado.

Por lo tanto, también solicitamos a la Mesa un pronunciamiento sobre esta materia, puesto que, de no resolverse adecuadamente, ese solo hecho justifica la interposición de una acción ante el Tribunal Constitucional.

Por último, en materia de procedimiento, el Presidente de la República presentó una indicación ante la Comisión Especial, tendiente a reponer los artículos 129 bis 11 a 129 bis 15, a pesar de que la idea de legislar al respecto fue rechazada en la Sala, como lo hemos expresado.

El argumento empleado por el Gobierno -además acompañó una minuta que defiende la presentación de la indicación- es que la Constitución permite presentar cualquiera indicación que tenga relación con la idea matriz del proyecto, y sólo podrán ser declaradas inadmisibles aquellas que no la tengan. Como las normas sobre remate por no pago de la patente tienen estricta relación con el establecimiento de la misma, no podrían ser declaradas inadmisibles, de acuerdo con la argumentación del Gobierno.

Por supuesto, las normas sobre remate por no pago de la patente tienen estricta relación con la idea matriz, siendo muy positivo que el Ejecutivo así lo sostenga, porque ello facilitaría rechazar también la idea de legislar sobre las primeras, precisamente por la relación inseparable que hay entre ambas.

Lo que acontece aquí no es un problema de admisibilidad de la indicación, donde el criterio para resolver es la relación con la idea matriz del proyecto. El problema es otro. La idea de legislar fue rechazada y, por expreso mandato constitucional, no puede ser renovada antes de un año. Por lo tanto, la indicación es improcedente, debido a que la Constitución prohíbe legislar durante un año en ese sentido, tenga o no relación el punto con la idea matriz del proyecto.

Por ende, la Mesa debe declarar improcedente. por inconstitucional, la indicación sustitutiva que el Ejecutivo hizo llegar a la Comisión especial encargada del estudio del Código de Aguas, la cual la aprobó, por mayoría de votos, sin fundamentar las razones por las cuales la declaró proce-dente.

Reiteramos en este punto, al igual como en los dos anteriores, que si la Mesa no resuelve adecuadamente, tanto de acuerdo con las normas de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional como de la Constitución, nos reservamos el derecho de recurrir al Tribunal Constitucional.

Por lo tanto, solicitamos expresamente que la Mesa se pronuncie, ojalá de inmediato, respecto de esas tres objeciones sobre materias procedimentales.

He dicho.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

La Mesa ha tomado conocimiento de su planteamiento, que es importante, y en el transcurso de la sesión emitirá opinión al respecto.

Tiene la palabra el Diputado señor Pedro Álvarez-Salamanca.

El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-

Señor Presidente , me referiré a la Constitución Política y al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas.

La Comisión redactora de la Constitución Política de 1980, dada la importancia del agua para la vida nacional, estimó necesario y conveniente contemplar un precepto de carácter fundamental relativo a su dominio. De esta forma, se incluyó una norma que establece que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorga su propiedad a los titulares de ellos. La Constitución Política de 1980 es clara sobre la materia y les garantiza el derecho de aprovechamiento.

Pero en la Carta Fundamental existe, además, un orden público económico general, válido para toda actividad económica, que garantiza el libre desenvolvimiento de sus agentes, el cual se manifiesta mediante derechos que permiten la libre iniciativa económica: la igualdad de trato económico empresarial, la libre apropiabilidad de los bienes, la garantía de que éstos, una vez apropiados, pueden mantenerse bajo titularidad privada; su libre traspaso a terceros y una protección frente a cualquier autoridad por los posibles ataques a la esencia de tales derechos, por la imposición de condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.

Uno de los derechos de mayor significación que asegura la Constitución es el de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Los derechos de aprovechamiento sobre las aguas están protegidos por el derecho de propiedad, resguardando su traspaso y asegurando su conservación.

En este contexto, es obvio que la proposición legislativa que modifica el Código de Aguas no está en armonía con los principios constitucionales en cuanto no respeta el dominio, afecta la esencia del derecho de aprovechamiento e impone una condición al uso que incide en su libre ejercicio.

Entonces, ¿cuáles son las inconstitucionalidades del proyecto del Ejecutivo?

En primer lugar, contiene infracciones al derecho de propiedad. En esta materia, el número 24º del artículo 19 de la Carta Fundamental garantiza el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, facultad que es absoluta, perpetua e inviolable. Sus atributos esenciales, sin los cuales no puede existir la propiedad, a riesgo de desnaturalizarse, son el uso -en virtud del cual el propietario puede utilizar el bien de su dominio de modo exclusivo y excluyente de la manera que desee, transformarlo, modificarlo, etcétera-, el goce -que permite a sus dueños adquirir para sí los frutos o rentas que produzca el bien de su dominio- y la disposición, que lo habilita a su arbitrio, según su propia y particular voluntad, para transferirlo a título oneroso o gratuito.

De acuerdo con la norma constitucional, sólo la ley puede establecer el modo de adquirir, usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social, lo que constituye un mandato exclusivo y excluyente del legislador, y, por lo mismo, una prohibición expresa a la autoridad administrativa para regular estas materias.

Ahora bien, las limitaciones y obligaciones que derivan de la función social de la propiedad comprenden, según la norma constitucional, los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

La función social, por otra parte, habilita al legislador sólo para establecer limitaciones y obligaciones, pero en ningún caso está autorizado para privar, total o parcialmente, del dominio o de alguno de sus atributos esenciales, situación que sólo puede tener lugar mediante el procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, así declarada por el legislador, y previo pago de indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado.

Esta prohibición impuesta al legislador significa que, si no media expropiación, el titular del dominio jamás podrá ser privado de él, sea total o parcialmente, como tampoco del bien corporal sobre el que recae el derecho, ni de los atributos de perpetuidad, exclusividad y razonable arbitrio, o de las facultades de usar, administrar, gozar y disponer del mismo, por lo que toda decisión legislativa que importe desconocer este derecho en términos tan claramente asegurados, los afectaría en su esencia y, por igual circunstancia, los dejaría en manifiesta oposición al ordenamiento constitucional.

De acuerdo con lo expuesto, el pago de las patentes por el no uso del agua y las excesivas atribuciones concedidas a la Dirección General de Aguas, menoscaban las facultades del dominio del titular sobre su derecho de aprovechamiento. Especial mención debe hacerse de que no sólo se aplicarán en los derechos por constituirse, sino también a los ya constituidos, concedidos en un régimen legal diferente, sin contemplar dichos gravámenes.

Se restringe la concesión del derecho al condicionarla a un uso o destino y a otorgar a las autoridades facultades para denegar o limitar las solicitudes de derecho en los casos en que se compromete el manejo o desarrollo del recurso, y en todos los casos en que razones de utilidad pública así lo aconsejen.

Las transacciones de derechos se dificultan al estar éstos vinculados a un uso que restringe el derecho a la propiedad y, por lo tanto, debilita el incentivo a la eficiencia que garantiza la legislación actual. Se fomenta, además, la devolución del derecho a la Dirección de Aguas.

Para que exista la indispensable certeza jurídica, no puede establecerse en la ley la pérdida de derechos garantizados constitucionalmente por actos ajenos a la voluntad del titular, que no sea el ejercicio del derecho general de prenda o de la expropiación.

Para expropiar, la ley debe declarar la utilidad pública o el interés nacional del derecho y debe proceder a las indemnizaciones en los términos que establece la Constitución.

En segundo lugar, la modificación contiene infracciones al derecho de desarrollar cualquier actividad económica. En este caso, el Nº 21º del artículo 19 de la Constitución Política consagra “El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.”, garantía que se inserta en la moderna concepción que el constituyente de 1980 quiso imprimir a la Carta Fundamental, en cuanto a la protección de la iniciativa particular como una forma eficiente de desarrollar las potencialidades del país.

El Tribunal Constitucional ha dicho que el derecho, consagrado en el Nº 21º del artículo 19 es una expresión de los contenidos filosófico-jurídicos del capítulo I de la Constitución Política y viene a ser una consecuencia del principio de subsidiariedad, como también del deber del Estado de resguardar el derecho de las personas de participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Agrega que, al tenor de la norma, quienes desarrollen una actividad económica deben someterse a las normas legales que la regulen. Infiere el tribunal que sujetar una actividad a regulación significa establecer la forma o normas conforme a las cuales debe realizarse, pero en caso alguno puede ser que, bajo este pretexto de regular, se llegue a impedir el ejercicio de una actividad.

Las actividades minera, agrícola, hidroeléctrica o de servicios sanitarios son, ciertamente, actividades económicas reguladas por disposiciones legales. Son actividades lícitas que no se oponen a la moral, al orden público ni a la seguridad nacional.

El reconocimiento que de este derecho hace el texto constitucional a toda persona, sea que emprenda actividades económicas en forma individual o asociada, impone la obligación, tanto para el Estado como para cualquier particular, de respetar a su titular en el ejercicio legítimo del mismo, absteniéndose de cualquier conducta que importe desconocerlo, entrabarlo o perturbarlo en cualquier forma.

Por la razón anterior, la existencia de la patente atenta contra la libre iniciativa en el plano económico, en cuanto representa una barrera a la entrada.

En efecto, las empresas que actualmente usan los derechos de aprovechamiento no tendrán que pagar patentes, pero las nuevas empresas que quieran entrar al mercado, tendrán que pagarlas en el caso de que adquieran derechos de aprovechamiento y no les den uso inmediato, como ocurre con frecuencia con proyectos mineros, hidroeléctricos y sanitarios.

En tercer lugar, el proyecto contiene infracciones a la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

El Nº 2º del artículo 19 de la Carta Fundamental asegura a todas las personas la igualdad ante la ley y prohíbe, tanto a la ley como a las autoridades, establecer diferencias arbitrarias, es decir, que no tengan justificación racional o razonable.

La actividad económica que tiene por finalidad la explotación de los recursos de agua, debe ajustarse a las leyes que la regulan, las cuales determinan los resguardos y las limitaciones que correspondan en el orden de la protección de los recursos naturales. Su desarrollo corresponde a un derecho que la Carta Fundamental asegura a toda persona, en términos de permitir a su titular determinar con libertad la forma en que la desarrollará, el tipo de uso que hará y el momento de la explotación conforme a su conveniencia.

La patente que establece el proyecto de ley es distinta tratándose de derechos consuntivos y no consuntivos, siendo más rigurosa con estos últimos, lo que es contrario al uso del recurso sin tenerse en consideración elementos de hecho como son los plazos requeridos para desarrollar proyectos sanitarios, mineros o hidroeléctricos. Los montos progresivos encarecen significativamente este tipo de proyectos, disminuyendo su competitividad frente a otros recursos y obligando a traspasar el mayor costo a los usuarios. Estableciendo montos distintos para las patentes, el legislador está estableciendo una discriminación arbitraria, que vulnera el derecho fundamental de igualdad ante la ley en contra de los propietarios de derechos de aprovechamiento no consuntivos.

En cuarto lugar, el proyecto contiene infracciones a la garantía constitucional de no discriminación arbitraria. La Carta Fundamental, en el Nº 22º de su artículo 19, dispone “La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.” Esta norma es una extensión de la igualdad ante la ley que se analizó precedentemente y que el constituyente especificó a propósito del reconocimiento del derecho a desarrollar cualquier clase de actividad económica, completando así lo que denominó orden público económico.

En virtud de esta disposición, y en directa relación con aquella que garantiza el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, el Estado y sus organismos deben dispensar a los particulares un trato igualitario; esto es, sin diferencias arbitrarias.

El constituyente reafirma el principio de permitir de manera excepcional, sólo mediante una ley y en el entendido de que ello no importará una discriminación arbitraria, autorizar el establecimiento de ciertos beneficios, directos o indirectos, en favor de algún sector, actividad o zonas geográficas, o bien la imposición de ciertos gravámenes especiales que afecten a unos y a otros.

Tal norma excepcional no resulta aplicable a las regulaciones del proyecto, por cuanto las categorías en las que se coloca la norma constitucional son excedidas por las divisiones que propone el proyecto, ya que pueden ser aplicables en un mismo sector, actividad o zona geográfica.

Así, de la misma forma que tratándose de la infracción de la garantía de igualdad ante la ley, la existencia de la patente atenta contra la libre iniciativa en el plano económico, en cuanto a que las empresas que actualmente usan derechos de aprovechamiento no tendrán que pagar patentes; pero las nuevas empresas que quieran entrar al mercado tendrán que hacerlo en el caso de que no les den uso inmediato, como ocurre con frecuencia con proyectos -repito- mineros, hidroeléctricos y sanitarios.

En quinto lugar, el proyecto presenta infracciones a las bases constitucionales del derecho tributario. El número 20º del artículo 19 de la Carta Fundamental asegura a todas las personas naturales o jurídicas la igual repartición de los tributos y demás cargas públicas, la legalidad de su establecimiento y la prohibición de que ellos sean manifiestamente injustos o desproporcionados, además de la no afectación específica de los mismos.

Estos principios constitucionales son la base de nuestro derecho tributario, que el legislador debe necesariamente respetar, y que el proyecto infringe, como sucede con el principio de justicia o no confiscatoriedad y legalidad de su establecimiento.

Si bien el proyecto plantea la existencia de una patente, las disposiciones que la establecen no permiten concluir que corresponden a una patente para cubrir los gastos sociales requeridos para cumplir la normativa legal, sino, más bien, son un impuesto que establece la autoridad administrativa, dado que es la Dirección General de Aguas la que decide cuáles son los recursos no usados que dan origen al pago, para obligar a la utilización del derecho o a la renuncia del mismo.

En este sentido, se infringe el principio de legalidad, en cuanto a que no es el legislador, sino el administrador -en este caso la Dirección General de Aguas- quien fija la base imponible, es decir, determina el agua no utilizada sobre la cual se calculan los montos por pagar.

Tratándose del principio de justicia o no confiscatoriedad, la Constitución asegura a todas las personas, sin excepción ni distingos, que la ley no podrá establecer, en caso alguno, tributos manifiestamente desproporcionados o injustos, y aquellos que afectan la esencia del derecho de propiedad lo son, porque impiden el desarrollo de una actividad empresarial lícita, tornan ineficiente llevarla a cabo o la desincentivan, estorban o la vuelven económicamente aventurada por la drástica reducción de los márgenes de utilidad legítima, coartan la libertad de trabajo o sustraen del patrimonio del contribuyente una porción sustancial de la utilidad, renta o capital gravado, al punto de constituirse en confiscatorios.

La patente que establece el proyecto de ley, de carácter progresivo, castiga a los proyectos de largo plazo durante los períodos en que éstos no reportan utilidad alguna, haciéndose más gravosa su situación.

La patente, que constituye un impuesto al no uso de aguas, que se adiciona al pago de contribuciones por hectárea de riego, que no se considera gasto, que se aplicará sobre los derechos ya constituidos, respecto de los cuales su titular se encuentra a la espera de la oportunidad de utilizar, y que producirá la devolución de las aguas a la Dirección General respectiva, es claramente inconstitucional, a la luz de lo dispuesto en el número 20º del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por último, el proyecto también establece infracciones a la garantía constitucional que protege los derechos en su esencia. En efecto, la Constitución Política garantiza, además, la seguridad de que los preceptos legales que regulen o complementen las garantías que se establecen o las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requerimientos que impidan su libre ejercicio.

Un derecho que se ve afectado en su esencia, cuando se le priva de aquello que le es consubstancial, de manera que deja de ser concebible -me estoy refiriendo a una sentencia del Tribunal Constitucional, del 24 de febrero de 1987-, no garantiza el que toda persona se pueda incorporar a una actividad, en circunstancias de que la Constitución le ha encomendado solamente regular ciertos derechos o complementarlos, como también cuando le ha autorizado limitarlos, no se exceda en términos de desconocer el derecho mismo, es decir, que su titular se vea impedido de ejercerlo en los términos en que está reconocido por la Constitución.

El legislador excede, en este caso, el mandato constitucional cuando liga la mantención del derecho a un determinado uso, cuando entrega a la autoridad administrativa la determinación del impuesto -que es el caso de la patente- y cuando este impuesto es -como lo he indicado- discriminatorio.

Por lo expuesto, Renovación Nacional va a rechazar, una vez más, las modificaciones al Código de Aguas propuestas por el Ejecutivo.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.

El señor URRUTIA (don Salvador).-

Señor Presidente, deseo referirme a las aguas subterráneas que protegerá el Código en favor del bien común, de los consumidores de agua potable.

En general, los derechos de agua potable extraída del curso superficial ya están concedidos en su totalidad en prácticamente todo el país, de manera que cuando se desea aumentar su cantidad para consumo humano, nos enfrentamos a la necesidad de buscarla en otras fuentes, especialmente en la zona norte. En particular en Arica, nos hemos encontrado con la sorpresa de que los derechos de aguas subterráneas otorgados copan el flujo de equilibrio de los acuíferos.

Ello hace que cada vez que en una ciudad como Arica se necesita agua, deba buscarse en fuentes cada vez más lejanas y a mayores costos. El agua de bajo costo queda para los particulares que obtuvieron derechos de aguas subterráneas con mucha anterioridad, beneficio que, en algunos casos, no correspondería si se destinaran al bien común.

En el norte, actualmente se está tratando de obtener el aprovisionamiento de agua de las ciudades a partir de plantas desalinizadoras. Es una tecnología muy moderna, pero a la larga va a significar un agua cara para la población de escasos recursos y económica para quienes desarrollen proyectos productivos con los derechos de aguas subterráneas obtenidos, como la minería, la agricultura, la industria, etcétera.

Dado que esta situación se irá repitiendo en el país, presenté una indicación -desgra-ciadamente, fue rechazada en la Comisión por mayoría de votos- para reservar el 50 por ciento de los derechos de aprovechamiento de las aguas subterráneas para el consumo humano y facultar a la Dirección General de Aguas para constituir derechos de aprovechamiento temporal para otros fines, en tanto las necesidades de agua potable no requirieran ese porcentaje reservado por ley.

A mi juicio, fue un error rechazar dicha indicación y, por lo tanto, insistiré ante el Ejecutivo y en el Senado, a fin de que se modifique una decisión que considero muy equivocada, por cuanto, en Chile, el agua subterránea es la única de dominio fiscal y, paulatinamente, los particulares continuarán pidiendo derechos hasta copar la cantidad de equilibrio del acuífero y, en definitiva, las ciudades tendrán que ser abastecidas con agua cara, obtenida mediante tecnologías cada vez más complejas y costosas, mientras que -repito- los particulares la obtendrán a bajo precio, debido a que podrán extraerla con facilidad de los acuíferos existentes a lo largo del país.

Es de la mayor importancia prever la situación y reservar, por lo menos, el 50 por ciento del acuífero para el uso humano. Para que el recurso no se pierda, habría que conceder autorizaciones temporales de utilización a particulares, mientras no sea necesaria para el consumo de la población.

En ese mismo sentido, destaco que se haya aprobado en la Comisión una modificación al artículo 129 bis, que obliga a la Dirección General de Aguas a establecer una red de estaciones de control de la calidad, de la cantidad y niveles de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, en cada cuenca u hoya hidrográfica. Esa información deberá ser publicada y proporcionada a quien lo solicite.

Esta modificación es clave, porque apunta en el sentido de lo que planteaba recién, es decir, que cada hoya hidrográfica tenga información precisa de su capacidad hídrica en relación con el consumo, para permitir que se tomen las medidas de prevención, de protección y de cuidado que eviten sorpresas por el agotamiento de un acuífero debido a una explotación más allá de lo tolerable.

Sabemos perfectamente que todo acuífero tiene el llamado flujo de equilibrio. Es decir, la extracción debe ser similar a la cantidad de litros por segundo, o de metros cúbicos por hora -según se quiera medir-, que ingresan a él.

Al respecto, quiero señalar el gran problema de un acuífero que estaba a 14 metros de la superficie. Debido a su explotación exacerbada por muchas industrias, pesqueras, manufactureras y agrícolas, y también para agua potable, en 20 años, bajó a 70 metros, y cada vez se extrae menos agua del valle de Azapa. Se secaron las vertientes y se ha producido una desertificación mayor de la que existía.

La aplicación de nuevas tecnologías de riego por goteo permite aminorarla, pero el hecho ha significado la pérdida de muchas áreas agrícolas, debido a que el flujo de recarga -lo calculó hace poco la Dirección de Aguas en 700 litros por segundo- fue superado en muchos cientos de litros.

Debemos evitar que eso ocurra. Para ello, la modificación al artículo 129 bis obliga a la Dirección General de Aguas a mantener un monitoreo constante sobre cada hoya hidrográfica o cuenca de río, para evitar el desequilibrio que se produjo en Azapa y que en otras partes del país se sufra un proceso de desecamiento.

Se ha dado un paso grande para proteger los acuíferos, el medio ambiente y la calidad de vida de quienes dependen de la cantidad de agua de las cuencas hidrográficas para desarrollar sus actividades.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente , la modificación al Código de Aguas es de real importancia para el país.

El Ministro señor Lagos hizo una amplia exposición en el primer trámite constitucional. Muchos de los artículos que señaló, posteriormente fueron rechazados por no alcanzar el quórum requerido para su aprobación.

En la forma expuesta por el Ejecutivo , quedó claramente establecido para las minorías que representamos en esta Sala que no existe voluntad para modificar el Código de Aguas, lo cual no es un problema menor, de acuerdo con el debate de esta mañana.

Como Oposición, hemos planteado un problema de constitucionalidad, que es real, donde se centra la discusión del proyecto. Hay muchas cosas de fondo que no se han señalado en el debate, una de las cuales es el principio de propiedad, establecido en la Constitución Política e involucrado en estas modificaciones, el que, lamentablemente, es atropellado por esta iniciativa.

Para que la opinión pública lo entienda, es necesario señalar en forma simple lo que está en juego hoy.

En este sentido, haremos una presentación al Tribunal Constitucional para que se declaren inadmisibles las indicaciones presentadas por el Ejecutivo , después de haber sido rechazadas por la Sala. Se ha dicho en forma clara que, constitucionalmente, todas las indicaciones relacionadas con las ideas matrices de un proyecto y que han sido rechazadas, no pueden renovarse sino hasta después de un año.

Llamo la atención sobre el punto y solicito al Ministro señor Ricardo Lagos que resolvamos este problema, porque quienes estamos llamados a legislar dentro de la normativa vigente, no podemos atropellar la Constitución que rige para todos los chilenos. Por eso, hemos rechazado las indicaciones que el Diputado señor Jara ha calificado como “normas accesorias” en relación con la nueva normativa que se quiere implantar para establecer el pago de una patente por el no uso de los derechos de aguas, o sea, por los caudales que no se utilicen, lo cual es un concepto de fondo que está en juego.

Hago hincapié al señor Ministro en que esto no resuelve el problema, por lo cual estamos tratando de encontrar una solución.

En efecto, hay derechos de agua muy antiguos, pero las situaciones que se producen no se resuelven por la vía de castigar o de multar los derechos no utilizados, como señalé en la primera discusión del proyecto en esta Sala, porque puede ocurrir que se usen malamente, con lo cual se pasaría por encima de cualquier disposición que se estableciera sobre la materia. Dicho en forma fácil, si una persona tiene derechos sobre cien litros de agua para un predio y usa sólo cincuenta, el resto puede ser mal utilizado, mediante contratos, subarriendos y muchas otras maneras destinadas a sacarle el cuerpo al pago de esta patente, lo que significará un foco de corrupción de alto nivel, lo que me lleva a reiterar que el proyecto no resuelve esta materia.

Por lo tanto, la inadmisibilidad que alegamos en esta oportunidad tiene directa relación con la voluntad de la Cámara para legislar, la cual, como se ha demostrado, no existe, ya que no es posible insistir en la aprobación de normas con indicaciones, sobre cuya admisibilidad debe pronunciarse el señor Presidente. No debemos cometer errores de tamaña magnitud.

Por eso, solicito a su Señoría que, en el análisis de ellas, tengamos la frialdad e inteligencia suficientes para recoger los alegatos y la presentación hecha por los Diputados señores Víctor Pérez y Pedro Pablo Álvarez-Salamanca para que la Mesa se pronuncie, repito, por la inadmisibilidad de esas indicaciones, con lo cual caería la forma de operar y todo el procedimiento que significaría imponer una patente a los derechos de agua no utilizados.

No voy a insistir en esta materia, aunque creo que quedan muchos otros asuntos de fondo, como la diferente realidad que existe entre los derechos de agua del norte, del centro y del sur del país, lo que debe quedar absolutamente reflejado y normado en una modificación al Código de Aguas, ya que, de no ser así, no vamos a avanzar para que Chile siga desarrollándose; al contrario, estas enmiendas representarán una traba para el desarrollo del país, en vez de ser una herramienta que le permita crecer.

Por eso, señor Presidente, quiero consultarle derechamente en qué momento la Mesa se va a pronunciar sobre estas indicaciones, porque sería la forma adecuada de continuar el debate.

He dicho.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Señor diputado, la Mesa va a emitir su opinión antes de la votación, porque en este momento está elaborando su informe.

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente , quiero referirme a lo que han expresado los Diputados señores Vilches y Víctor Pérez en relación con la presunta inadmisibilidad de las indicaciones propuestas por el Ejecutivo a los artículos 129 bis 11 a 129 bis 15, que se relacionan con los procedimientos judiciales para cobrar las patentes no pagadas.

Mirándolo desde un punto de vista genérico, a lo mejor ni siquiera son necesarias estas normas, puesto que toda deuda u obligación genera un crédito a la contraparte, y ésta puede cobrarla de acuerdo con las normas generales del derecho: efectuar embargos y remates respecto de distintos bienes.

Aquí se trata de establecer un procedimiento específico, de acuerdo con las características determinadas y precisas del Código de Aguas.

Respecto de esta materia, creo que esa indicación está adecuada a la Constitución Política. Todo proyecto de ley, salvo que se trate de una iniciativa que conste de un solo artículo, está compuesto por varias normas. A veces se puede señalar que cada artículo es una ley y, lógicamente, en el caso a que nos estamos refiriendo, el proyecto contiene numerosas disposiciones e ideas matrices que modifican el actual Código de Aguas.

El artículo 65 de la Constitución Política señala: “El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año.” Claramente, se está refiriendo al proyecto, o sea, al conjunto de disposiciones que integran la propuesta del Ejecutivo. En consecuencia, si no existieran otras normas, según ese artículo debería desestimarse la argumentación de los Diputados señores Víctor Pérez y Vilches , de que la renovación de estas indicaciones debieran ser declaradas inadmisibles.

El artículo 23 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional señala: “Los proyectos, en cada Cámara, podrán tener discusión general y particular u otras modalidades que determine el reglamento.

“Se entenderá por discusión general la que diga relación sólo con las ideas matrices o fundamentales del proyecto y tenga por objeto admitirlo o desecharlo en su totalidad.”, lo cual no ha ocurrido en este caso, ya que, por el contrario, se acogió prácticamente en un 90 por ciento. En consecuencia, no cabe invocar el artículo 65 de la Carta Fundamental sin caer en la contradicción de que no habiéndose obtenido el quórum para una parcialidad, deba entenderse que todo el proyecto está rechazado. En este punto existe una contradicción fundamental y esa sola razón bastaría para desechar esta propuesta.

Por otro lado, el artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional señala: “Las diversas disposiciones de un mismo proyecto que para su aprobación necesiten mayorías distintas a la de los miembros presentes, se aprobarán en votación separada, primero en general y después en particular,...”. Aquí se alude a las diversas disposiciones y no al proyecto.

En consecuencia, en esta materia priman los artículos 65 de la Constitución y 23 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, puesto que se requiere rechazar el proyecto en su totalidad.

Por otra parte, el artículo 12 del Reglamento de la Cámara dispone: “Los artículos de todo proyecto de ley”. Es decir -vuelvo a mi razonamiento inicial-, todo proyecto contiene varias normas y disposiciones distintas.

Por su parte, el artículo 129 del Reglamento señala: “La discusión general tiene por objeto:

“a) Admitir o desechar en su totalidad el proyecto, considerando sus ideas fundamentales o matrices entendiendo por tales las contenidas en el Mensaje o Moción, según corresponda.”

De modo que, de acuerdo con la Carta Fundamental, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y el Reglamento, la propuesta de los Diputados señores Víctor Pérez y Vilches carece de toda base constitucional, legal y reglamentaria. Además, se trata de una interpretación arbitraria, injusta e ilegítima. Como ha dicho el Tribunal Constitucional en tantas oportunidades, la interpretación de la Carta Fundamental debe ser armónica y no literal, de modo que las normas contenidas en ella produzcan efectos y no obstáculos que tiendan a impedir la tramitación de los proyectos.

Por último, termino expresando que el Ejecutivo puede, constitucional, legal y reglamentariamente, renovar estas indicaciones que fueron rechazadas en la discusión general por falta de quórum.

Esto es lo que quería manifestar para rebatir los argumentos de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.

He dicho.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Se suspende la sesión hasta las 15 horas.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Se reanuda la sesión.

Durante el debate del proyecto que modifica el Código de Aguas, los Diputados señores Víctor Pérez y Carlos Vilches solicitaron el pronunciamiento de la Mesa respecto de los quórum de aprobación que requieren determinadas normas; de la implicancia que tendría el hecho de que otras disposiciones no alcanzaron el quórum necesario en la votación en general, y de interpretaciones en cuanto a que determinadas disposiciones del proyecto en cuestión, que no obtuvieron el quórum en la votación en general, deberían ser rechazadas.

En cuanto a la primera cuestión planteada, esto es, que algunos artículos del proyecto no habrían sido aprobados como normas de quórum calificado, en circunstancias de que requerían ese quórum, atendido el hecho de que podrían establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes, en este caso, del aprovechamiento de aguas -planteamiento hecho por el Diputado señor Víctor Pérez-, cabe hacer presente que el proyecto en debate fue aprobado en general con el voto afirmativo de 61 diputados, de los 120 en ejercicio, con lo que se ha dado cumplimiento a lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 63, si así fuese interpretado que se requiriese. Como consecuencia de ello, a juicio de la Mesa, quedaron aprobadas con el quórum exigido, las normas que inciden en esa materia interpuesta por los diputados antes mencionados.

En segundo lugar, respecto del planteamiento de que, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional, el hecho de no haberse alcanzado el quórum de ley orgánica para determinadas disposiciones, también debería importar la eliminación de otras que sean consecuencia de aquéllas, queremos hacer presente que, con relación a las disposiciones que requerían quórum de Ley Orgánica Constitucional, esto es, los ya discutidos artículos 129 bis al 129 bis 15, que en la votación general, aun cuando contaron con el voto mayoritario, no alcanzaron el requerido -baste decir que se refieren, por una parte, al procedimiento para el cobro de las patentes por el no uso de las aguas y, por la otra, a la competencia que se entrega a los tribunales para conocer de determinadas materias-, aquí se aprobaron unas y otras no alcanzaron el quórum.

Se ha afirmado que los preceptos que consagran el pago de una patente por el no uso de las aguas son derivaciones de las disposiciones que no alcanzaron el quórum de aprobación. Estimamos absolutamente lo contrario, atendido que la norma sustantiva es la que establece la patente, no la que señala los procedimientos de cobro de la misma. Dado que la primera, la sustantiva o principal, fue aprobada con el quórum requerido, a nuestro juicio, ésta subsiste.

Por último, hay que tener presentes las tradicionales normas de aplicación respecto de que lo accesorio es lo que sigue la suerte de lo principal y no viceversa, y que el quórum que se requiera para aprobar lo uno o lo otro no guarda relación con qué es lo principal y qué lo accesorio.

A mayor abundamiento, y como una forma de reafirmar el carácter accesorio de la norma cuestionada, cabe señalar que, de no aprobarse el procedimiento establecido en la ley y la competencia consagrada en ella, regirían los artículos 177 y 178 del Código de Aguas, que disponen que todas las cuestiones relacionadas con la constitución, ejercicio y pérdida de los derechos de aprovechamiento de aguas, que no tengan procedimiento especial, se tramitarán conforme al procedimiento sumario establecido en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil, siendo competente para conocer de estos juicios el juez de letras que corresponda, de acuerdo con las normas sobre competencia establecidas en el Código Orgánico de Tribunales.

Por tanto, esto deja claramente determinado que el establecimiento del pago de una patente por el no aprovechamiento de las aguas constituye la idea matriz que puede subsistir por sí sola; en cambio, de no haberse aprobado ésta, las normas de procedimiento habrían quedado sin sustento y deberían haber seguido la suerte de lo eventualmente principal.

En tercer lugar, los diputados antes señalados plantearon que se ha cuestionado la reposición que el Ejecutivo habría hecho, mediante indicaciones, del contenido de los artículos del proyecto que en la votación en general no obtuvieron el quórum exigido, en la interpretación de que las normas dispondrían que en ese caso no se podría colocar nuevamente un proyecto en discusión o reponer indicaciones por el transcurso de un año. Hay que precisar que el artículo 65 de la Constitución señala que “El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año”.

Es necesario recalcar que el precepto transcrito alude al proyecto que se desecha en general y no al rechazo de una parte de él ni de determinadas ideas. Hasta el momento, el comportamiento de esta Mesa -preten-demos que siga igual- en todas las interpretaciones de la Carta Fundamental o de la Ley Orgánica Constitucional, ha sido que, por tratarse de normas de derecho público y de carácter estricto, deben ser siempre restrictivas. Por consiguiente, no cabe enviar a trámite legislativo, antes de transcurrido un año, el proyecto que hubiese sido rechazado en general; pero en ningún caso privar a los legisladores de la facultad de presentar indicaciones, respecto de las cuales sólo se exige que digan relación con las ideas matrices del proyecto.

Hemos dicho que no se ha discutido que las indicaciones, sí, dicen relación con las ideas matrices. En consecuencia, lo único que ha estado en discusión es si existiría o no la posibilidad de reponerlas por el hecho de no haberse reunido el quórum indicado en la votación en general.

Debe puntualizarse que, en virtud de lo previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional, los artículos 129 bis 11 y 129 bis 15 debieron votarse separadamente, por contener materias propias de Ley Orgánica Constitucional. Por esta razón, la prohibición consignada en el artículo 65 de la Carta Fundamental no puede extenderse a las referidas normas, por cuanto ellas no constituyen un proyecto separado, sino tan sólo preceptos accesorios a la idea matriz original.

Como conclusión, la Mesa considera posible reponer tales preceptos en el trámite reglamentario en que se encuentra el proyecto y, por lo tanto, entiende que son admisibles. En todo caso, respecto del pronunciamiento que se nos ha solicitado, no está de acuerdo en declarar su inadmisibilidad.

Éste es nuestro pronunciamiento, sin perjuicio de las reservas que con todo derecho han hecho algunos señores diputados para eventuales acciones futuras, de acuerdo con lo que la Constitución o la ley orgánica permite.

Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez.

El señor PÉREZ (don Víctor).-

Señor Presidente , sólo quiero decir que no compartimos el análisis que la Mesa ha hecho de cada una de las objeciones que realizamos en el transcurso de la mañana y, por lo tanto, tal como su Señoría lo ha expresado, nos reservamos el derecho de concurrir al Tribunal Constitucional para que resuelva en definitiva.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , la Mesa expresa la esperanza de que varíen su posición, la cual puede estar equivocada.

Corresponde votar.

En primer lugar, se declaran aprobados, por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, los números 2, 6, 7, 15, 16, 17, 18 y 19 del artículo 1º y el artículo 4º transitorio.

¿Habría acuerdo para proceder a votar todo el resto del articulado de una sola vez? Quiero evitar alrededor de quince o veinte votaciones. Si hubiese solicitudes de votar por separado algunos artículos, podríamos acceder a todas de inmediato.

El señor PÉREZ (don Víctor).-

Pido la palabra.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez.

El señor PÉREZ (don Víctor).-

Señor Presidente , pido votar en forma separada el número 14, referente al artículo 149.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Se ha solicitado votar en forma separada el Nº 14, que reemplaza el artículo 149 por el que se indica.

¿Alguien más desea pedir votación separada?

Por tanto, ¿habría acuerdo de la Sala para despachar por unanimidad el resto del articulado?

Acordado.

Se procederá a votar el resto de los artículos, dejando pendiente el Nº 14 para votarlo en forma separada.

En votación los artículos 1º, Nºs. 1, 3, 4, 5 nuevo, 8, 9, 10, 11, 12 y 13; 2º y 1º, 2º y 3º transitorios.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 28 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Aprobadas las normas simples.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Allende ( doña Isabel), Ascencio, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Ceroni, De la Maza, Elgueta, Escalona, Estévez, Fuentealba, Gajardo, Girardi, Hernández, Jara, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez (don Gutenberg), Montes, Morales, Naranjo, Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma ( don Andrés), Pérez (don Aníbal), Pizarro, Pollarolo ( doña Fanny), Rebolledo ( doña Romy), Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Schaulsohn, Silva, Solís, Soria, Sota, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Viera-Gallo, Villouta, Walker, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Álvarez-Salamanca, Bartolucci, Bayo, Caminondo, Coloma, Correa, Chadwick, Fantuzzi, Ferrada, García (don René Manuel), Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Longueira, Martínez ( don Rosauro), Matthei (doña Evelyn), Melero, Moreira, Orpis, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Rodríguez, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Vega y Vilches.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Galilea, García (don José), García-Huidobro y Prochelle (doña Marina).

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Las normas que requerían quórum constitucional calificado de ley orgánica no lo alcanzaron.

El señor PÉREZ (don Víctor).-

Señor Presidente , ¿podría señalar cuáles son las normas de quórum especial que quedan desechadas?

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Por ser normas de ley orgánica, quedan desechados los artículos 129 bis 11, 129 bis 12, 129 bis 13, 129 bis 14 y 129 bis 15 inclusive. En definitiva, las mismas normas que estaban en cuestión y que fueron repuestas.

El señor PÉREZ (don Víctor).-

Me gustaría saber cómo califica la Mesa, porque cuando su Señoría desechó nuestras objeciones, planteó que las normas contenidas en los artículos 147 bis y 149 también requerían quórum especial, y ahora las somete a votación como de quórum simple.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Seguramente, me expliqué mal al respecto, señor diputado.

En su tiempo, la Comisión no informó que estos artículos, a su juicio, requerían de quórum especial. Los calificó de quórum simple.

Sin perjuicio de ello, a propósito de la argumentación formulada por su Señoría y el Diputado señor Vilches , manifesté la necesidad de recordar que, en todo caso, estos artículos se aprobaron en su oportunidad por 61 votos; es decir, con el requisito de quórum calificado.

En consecuencia, tanto en la apreciación de la Comisión y de la Mesa -que son de quórum simple- como en el fundamento de los diputados que alegaban la cuestión, estaban cumplidos ambos requisitos.

En este caso, los señores diputados tienen todo el derecho a mantener su reserva para los efectos de hacer las presentaciones donde correspondiere, de acuerdo con la Constitución.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente , para saber si entendí bien. Los artículos que no han reunido el quórum son del bis 11 en adelante, lo mismo que en la ocasión anterior; pero sí lo han reunido los que corresponden al título X, del 129 bis y siguientes. ¿Correcto?

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

No le entiendo, señor diputado.

EL señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Es decir, hay dos procedimientos: uno, que define el título X, “De la protección de aguas y cauces”, y que entiendo que fue aprobado; pero no el procedimiento especial sobre el cobro de las patentes.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Exacto.

Lo que no se ha aprobado es lo comprendido entre el artículo 129 bis al 129 bis 15.

Corresponde votar separadamente el Nº 14, según lo solicitó el Diputado señor Víctor Pérez.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Aprobado el Nº 14.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allende ( doña Isabel), Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Caminondo, Ceroni, Coloma, Cornejo, Correa, Chadwick, De la Maza, Elgueta, Escalona, Estévez, Ferrada, Fuentealba, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), Girardi, Hernández, Hurtado, Jara, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Jürgensen, Karelovic, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Luksic, Martínez ( don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Matthei (doña Evelyn), Melero, Montes, Morales, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Paya, Pérez ( don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Pizarro, Pollarolo ( doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Rebolledo ( doña Romy), Reyes, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Silva, Solís, Soria, Sota, Taladriz, Tohá, Tuma, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Vega, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villouta, Walker, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

García (don José), García-Huidobro y Leay.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Despachado el proyecto.

VALPARAISO, 19 de agosto de 1997

Oficio Nº 1658

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del Mensaje, Informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1º.- Modifícase el Código de Aguas en la siguiente forma:

1.- Incorpórase, en el artículo 6º, el siguiente inciso final, nuevo:

"Si el titular renunciare total o parcialmente a su derecho de aprovechamiento, deberá hacerlo mediante declaración escrita que se presentará ante la Dirección General de Aguas, la cual, si aceptare la renuncia, declarará, mediante resolución, extinguido el derecho y requerirá del Conservador de Bienes Raíces respectivo las cancelaciones que correspondan.".

2.- Reemplázase el artículo 22 por el siguiente:

"Artículo 22.- La autoridad constituirá el derecho de aprovechamiento sobre aguas existentes en fuentes naturales y en embalses construidos por el Estado, no pudiendo perjudicar ni menoscabar derechos de terceros.

El derecho de aprovechamiento se otorgará teniendo en consideración la explotación conjunta de los recursos superficiales y subterráneos de una misma cuenca u hoya hidrográfica y no podrá afectar los derechos constituidos o reconocidos con anterioridad sobre dichos recursos.".

3.- Modifícase el artículo 114 de la siguiente forma:

a) Reemplázase el número 4 por el siguiente:

"4. Las escrituras públicas que contengan el acto formal del otorgamiento definitivo de un derecho de aprovechamiento, así como la resolución en que conste su renuncia;", y

b) Reemplázase el número 7 por el siguiente:

"7. Las resoluciones judiciales ejecutoriadas que reconozcan la existencia o declaren la extinción total o parcial de un derecho de aprovechamiento.".

4.- Intercálase el siguiente artículo 115 bis, nuevo, a continuación del artículo 115:

"Artículo 115 bis.- Deberán inscribirse en los Registros de Hipotecas y Gravámenes y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar relativos a las aguas las condiciones, prohibiciones y limitaciones que afecten a los derechos de aprovechamiento.".

5.- Deróganse los números 2 y 4 del artículo 116.

6.- Agréganse al artículo 122 los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

"Para los efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes, los Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar copia autorizada a la Dirección General de Aguas, por carta certificada, de todas las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que practiquen en el Registro de Aguas dentro del plazo de treinta días, contado desde la respectiva inscripción, subinscripción o anotación.

Los Conservadores que no cumplan con las obligaciones establecidas en este artículo serán sancionados con las penas previstas en el artículo 440 del Código Orgánico de Tribunales.".

7.- Reemplázase el artículo 129 por el siguiente:

"Artículo 129.- El dominio sobre los derechos de aprovechamiento se extingue por las causas y en las formas establecidas en este Código y en el derecho común.".

8.- Intercálanse los siguientes Títulos X y XI, nuevos, en el Libro I, a continuación del artículo 129:

"TITULO X DE LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y CAUCES

Artículo 129 bis.- Las aguas provenientes de obras de recuperación de terrenos húmedos o pantanosos deberán ser restituidas al cauce receptor natural de las mismas, si de la ejecución de dichas obras resultare perjuicio a terceros.

Artículo 129 bis 1.- La autoridad, al otorgar los derechos de aprovechamiento, deberá respetar la permanencia de un caudal ecológico mínimo en toda la fuente natural, que garantice la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente y, en especial, deberá velar por la conservación del ecosistema y de los usos recreacionales y escénicos existentes en la respectiva fuente.

Artículo 129 bis 2.- La Dirección General de Aguas podrá ordenar la inmediata paralización de las obras o labores que se ejecuten en los cauces naturales de aguas corrientes o detenidas que no cuenten con la autorización competente, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código.

Artículo 129 bis 3.- La Dirección General de Aguas deberá establecer una red de estaciones de control de calidad, cantidad y niveles de las aguas tanto superficiales como subterráneas en cada cuenca u hoya hidrográfica. La información que se obtenga deberá ser publicada y proporcionada a quien lo solicite.

TITULO XI DEL PAGO DE UNA PATENTE POR LA NO UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS

Artículo 129 bis 4.- Los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente a beneficio fiscal. La patente se regirá por las siguientes reglas:

a) En los primeros cinco años, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente será equivalente, en unidades tributarias mensuales, al valor que resulte de la siguiente operación aritmética:

Valor anual de la patente en UTM=0,33xQxH.

El factor Q corresponderá al caudal no utilizado expresado en metros cúbicos por segundo, y el factor H, al desnivel entre los puntos de captación y de restitución expresado en metros.

Si la captación de las aguas se hubiere solicitado realizar a través de un embalse, el valor del factor H corresponderá, en todo caso, al desnivel entre la altura máxima de inundación y el punto de restitución expresado en metros.

En todos aquellos casos en que el desnivel entre los puntos de captación y restitución resulte inferior a 10 metros, el valor del factor H, para los efectos de esa operación, será igual a 10.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 5; y, desde los años undécimo y siguientes al de su constitución o reconocimiento, por el factor 25.

c) Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes por unidad de tiempo sean inferiores a 100 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 500 litros por segundo en el resto de las Regiones.

Artículo 129 bis 5.- Los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente a beneficio fiscal. La patente a que se refiere el inciso anterior se regirá por las siguientes normas:

a) En los primeros cinco años, contados desde que se hayan constituido o reconocido en conformidad a la ley, los derechos de ejercicio permanente, cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, pagarán una patente anual cuyo monto será equivalente a 1,6 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo.

Respecto de los derechos de aprovechamiento cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones VI a IX, ambas inclusive, la patente será equivalente a 0,2 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo, y para las situadas en las Regiones X, XI y XII, ascenderá a 0,1 unidad tributaria mensual por cada litro por segundo.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 2; y, desde los años undécimo y siguientes al de su constitución o reconocimiento, por el factor 4.

c) Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes por unidad de tiempo sean inferiores a 10 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 50 litros por segundo en el resto de las Regiones.

Artículo 129 bis 6.- Los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual pagarán, en su caso, un tercio de valor de la patente asignada a los derechos de ejercicio permanente.

Artículo 129 bis 7.- El pago de la patente se efectuará dentro del mes de marzo de cada año, en cualquier banco o institución autorizados para recaudar tributos. La Dirección General de Aguas publicará la resolución que contenga el listado de los derechos sujetos a esta obligación, en las proporciones que correspondan. Esta publicación se efectuará el 15 de enero de cada año o el primer día hábil inmediato si aquél fuere feriado, en el Diario Oficial y en forma destacada en un diario o periódico de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la Región correspondiente.

Esta publicación se considerará como notificación suficiente para los efectos de lo dispuesto en el artículo 129 bis 10.

Artículo 129 bis 8.- Corresponderá al Director General de Aguas determinar los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no hayan sido utilizadas total o parcialmente.

Artículo 129 bis 9.- Se presumirá que las aguas no han sido utilizadas total o parcialmente, en los siguientes casos:

a) Si no existen las obras de aprovechamiento necesarias para el ejercicio del derecho o éstas estuvieren manifiestamente abandonadas;

b) Si la capacidad de las obras de captación o conducción fueren insuficientes para captar o conducir el total de las aguas sobre las que recae el derecho de aprovechamiento;

c) Si no existieren los cultivos, industrias, instalaciones o establecimientos en que pudiere utilizarse el recurso, y

d) En general, en todos aquellos casos en que el no aprovechamiento de las aguas resulte acreditado mediante los informes técnicos pertinentes.

Artículo 129 bis 10.- Serán aplicables a las resoluciones de la Dirección General de Aguas los recursos contemplados en los artículos 136 y 137 de este Código.

Artículo 129 bis 11.- Una cantidad igual al 75% del producto neto de las patentes por no utilización de los derechos de aprovechamiento y de lo recaudado en los remates de estos últimos, será distribuida, a contar del ejercicio presupuestario correspondiente al cuarto año posterior al de publicación de esta ley, entre las regiones y comunas del país en la forma que a continuación se indica:

a) El 65% de dichos producto neto y recaudación por remates se incorporará a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que anualmente le corresponda, en el Presupuesto Nacional, a la Región donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento.

b) El 10% restante se distribuirá entre las municipalidades de las comunas donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento.

La proporción de la cantidad señalada en la letra a) anterior, que corresponda a cada Región, se determinará como el cuociente entre el monto recaudado por patentes y remates correspondiente a la Región en donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento y el monto total recaudado por estos conceptos en todas las Regiones del país. Igual criterio se aplicará tratándose de las municipalidades a que se refiere la letra b). En este último caso, si un derecho de aprovechamiento se encuentra situado en el territorio de dos o más comunas, la Dirección General de Aguas determinará la proporción que le corresponderá a cada una de ellas, dividiendo el monto correspondiente a prorrata de la superficie de cada comuna comprendida en la extensión territorial del derecho de aprovechamiento.

La Ley de Presupuestos incluirá, en los presupuestos de los Gobiernos Regionales y municipalidades que correspondan, las cantidades que resulten de la aplicación de los incisos anteriores.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por producto neto las cantidades que resulten de restar a la recaudación bruta, obtenida de la aplicación de las patentes que establecen los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5, las sumas imputadas al pago de impuestos fiscales en la forma dispuesta en el artículo 129 bis 12, ambos valores correspondientes al período de doce meses, contado hacia atrás desde el mes de junio del año anterior al de vigencia de la Ley de Presupuestos que incluya la distribución que proceda de acuerdo a esta disposición.

Artículo 129 bis 12.- El valor de las patentes no se considerará como gasto para efectos de la Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, no siéndole aplicable lo dispuesto en el artículo 21 de dicha ley.

Sin embargo, las cantidades pagadas por concepto de patentes por los titulares de derechos de aprovechamiento durante los años anteriores a aquel en que se inicie la utilización de las aguas, podrán imputarse a cualquier clase de impuesto fiscal de declaración y pago mensual, en la forma que determine el Ministerio de Hacienda mediante decreto. Para estos efectos, dichas cantidades serán reajustadas de acuerdo a la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior a la fecha de ingreso del pago en arcas fiscales y el último día del mes anterior a la fecha de la imputación.

Artículo 129 bis 13.- Respecto a los derechos no consuntivos, se determinará el número de años en que puede efectuarse la imputación referida en el artículo anterior, mediante la siguiente tabla, cuyos tramos se determinan multiplicando el valor del caudal no utilizado, expresado en metros cúbicos por segundo, por el valor de la diferencia de nivel entre los puntos de captación y de restitución expresada en metros:

a) Tres años, si el producto de la multiplicación de dichos factores es inferior a diez mil;

b) Cuatro años, si el producto de la multiplicación resulta entre diez mil y treinta mil, ambas cifras inclusive, y

c) Cinco años, si el producto de la multiplicación resulta en un valor superior a treinta mil.

Respecto a los derechos consuntivos, se consideran tres años.".

9.- Reemplázase el artículo 140 por el siguiente:

"Artículo 140.- La solicitud para adquirir el derecho de aprovechamiento deberá contener:

1. El nombre del álveo de las aguas que se necesitan aprovechar, su naturaleza, esto es, si son superficiales o subterráneas, corrientes o detenidas y la provincia en que estén ubicadas o que recorran.

En caso de aguas subterráneas, se individualizará la comuna en que se ubicará la captación y el área de protección que se solicita;

2. La cantidad de agua que se necesita extraer, expresada en medidas métricas y de tiempo;

3. El o los puntos donde se desea captar el agua.

En el caso en que la captación se efectúe mediante un embalse o barrera ubicados en el álveo, se entenderá por punto de captación aquel que corresponda a la intersección del nivel de aguas máximas de dicha obra con la corriente natural;

4. Si el derecho es consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado con otras personas.

Las solicitudes para usos no consuntivos indicarán, además, el punto de restitución de las aguas y la distancia y desnivel entre la captación y la restitución, y

5. La solicitud deberá ser acompañada de una memoria explicativa en la cual se justifique la cantidad de agua que se necesitará extraer, según el uso o destino que se dará a ella; y de los demás antecedentes que exija la naturaleza del derecho que se solicita, siempre que ellos estén relacionados con los anteriores.".

10.- Elimínase el inciso final del artículo 141.

11.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 142, la expresión "inciso 3º del artículo anterior" por "inciso final del artículo anterior".

12.- Intercálase el siguiente artículo 147 bis, nuevo, a continuación del artículo 147:

"Artículo 147 bis.- El derecho de aprovechamiento de aguas se constituirá mediante resolución de la Dirección General de Aguas.

El Director General de Aguas podrá, mediante resolución fundada, denegar o limitar las solicitudes de derechos de aprovechamiento, en los siguientes casos:

1. Si no se diere cumplimiento a los requisitos legales o reglamentarios;

2. Si no existiere disponibilidad del recurso;

3. Si no se hubiere justificado la cantidad de agua que se necesita extraer atendidos los fines invocados por el peticionario;

4. Si se comprometiere gravemente el manejo y desarrollo del recurso de la respectiva cuenca u hoya hidrográfica, y

5. En general, en todos aquellos casos en que por razones de utilidad pública fuere necesario destinar el recurso a fines distintos del solicitado.

Asimismo, el Director General de Aguas podrá, en circunstancias excepcionales y en virtud de condicionantes hidrológicas, constituir el derecho de aprovechamiento de aguas en modalidades distintas de como fue solicitado, y siempre que conste el consentimiento del interesado.".

13.- Reemplázase, en el artículo 148, la frase "inciso tercero del artículo 141" por "inciso final del artículo 141".

14.- Reemplázase el artículo 149 por el siguiente:

"Artículo 149.- La resolución en cuya virtud se constituye el derecho contendrá:

1. El nombre del adquirente;

2. El nombre del álveo o individualización de la comuna en que se encuentre la captación de las aguas subterráneas que se desea aprovechar y el área de protección;

3. La cantidad de agua que se autoriza extraer, expresada en la forma prevista en el artículo 7º de este Código;

4. El uso o destino inicial que se dará al agua;

5. El o los puntos precisos donde se captará el agua;

6. El desnivel y puntos de restitución de las aguas si se trata de usos no consuntivos, y

7. Si el derecho es consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado con otras personas.

El Director General de Aguas estará facultado para establecer, en el acto de constitución, especificaciones técnicas, condiciones, plazos, prohibiciones u otras modalidades y limitaciones que afecten el derecho.".

15.- Reemplázase, en el artículo 186, la expresión "canal matriz" por "caudal matriz".

16.- Agrégase al artículo 196 el siguiente inciso final, nuevo:

"Las comunidades de aguas que hayan cumplido con este requisito gozarán de personalidad jurídica y les serán aplicables las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con excepción de los artículos 560, 562, 563 y 564.".

17.- Reemplázase la letra c) del artículo 299 por la siguiente:

"c) Ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público e impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización previa del servicio o autoridad a quien corresponda aprobar su construcción o autorizar su demolición o modificación; impedirá también que se extraigan aguas de los mismos cauces sin título o en mayor cantidad de lo que corresponda. Para estos efectos, podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código.".

18.- Reemplázase el artículo 1º transitorio por el siguiente:

"Artículo 1º transitorio.- Los derechos de aprovechamiento inscritos en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente y que en posteriores transferencias o transmisiones no lo hubieren sido, podrán regularizarse mediante la inscripción de los títulos correspondientes desde su actual dueño hasta llegar a la inscripción de la cual proceden.

Si el Conservador rehusare practicar la inscripción solicitada, el interesado ocurrirá al juez de letras competente, quien deberá solicitar informe de la Dirección General de Aguas y, en todo caso, tener a la vista los siguientes documentos: copia autorizada de la inscripción de dominio del inmueble a nombre del interesado, en el cual se aprovechen las aguas, con certificado de vigencia de no más de treinta días de expedido; certificados emanados de la respectiva organización de usuarios en que conste la calidad de miembro activo de ella, y otros documentos que acrediten el uso efectivo del agua. La solicitud respectiva deberá publicarse en la forma y términos previstos en el artículo 131 de este Código y los terceros que se sientan afectados en sus derechos podrán oponerse a dicha presentación dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de la última publicación.".

19.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 13 transitorio, la frase "artículo 12 del presente Código" por "artículo 112 del presente Código".

Artículo 2º.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, fije el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código de Aguas.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República no podrá, tratándose de artículos que contengan preceptos de rango orgánico constitucional o de quórum calificado, alterar su redacción; sólo se limitará a establecer o concordar la numeración de los artículos según el orden correlativo que corresponda.

Artículos transitorios

Artículo 1º.- Los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente, que se regirá por las reglas establecidas en el artículo 129 bis 4 del Código de Aguas.

Artículo 2º.- Los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente que se regirá por las normas establecidas por el artículo 129 bis 5 del Código de Aguas.

Artículo 3º.- Los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente, que se regirá por la norma establecida en el artículo 129 bis 6 del Código de Aguas.

Artículo 4º.- Las solicitudes de derecho de aprovechamiento que se encuentren pendientes, deberán ajustarse a las disposiciones de esta ley, para lo cual el Director General de Aguas requerirá de los peticionarios los antecedentes e informaciones que fueren necesarios para dicho fin.".

Dios guarde a V.E.

GUTENBERG MARTINEZ OCAMICA

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario de la Cámara de Diputados

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, recaído en el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados, que modifica el Código de Aguas.

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?BOLETÍN Nº 876-09

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Obras Públicas tiene el honor de informaros el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, enunciado en el rubro, originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

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Hacemos presente que, durante el estudio de esta iniciativa legal, vuestra Comisión, a indicación del Ejecutivo, intercaló, en el numeral 8, del artículo 1º, a continuación del artículo 129 bis 10, los artículos 129 bis 11, 129 bis 12, 129 bis 13, 129 bis 14 y 129 bis 15, artículos que reponen las normas relativas al procedimiento de remate por no pago de la patente, que no fueron aprobadas en la H. Cámara de Diputados por falta de quórum.

Dichas normas habían sido consultadas, durante el primer trámite constitucional por la H. Cámara de Diputados, a la Excma. Corte Suprema, de conformidad con los artículos 74, inciso segundo, de la Constitución Política, y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, por cuanto se relacionan con la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia.

La Excma. Corte Suprema tomó conocimiento y se pronunció sobre estos preceptos, mediante oficio Nº 1511, de fecha 10 de Diciembre de 1996, durante el primer trámite constitucional.

Por lo tanto, para los efectos constitucionales y reglamentarios pertinentes al quórum, dejamos constancia que dichos artículos números 129 bis 11, 129 bis 12, 129 bis 13, 129 bis 14 y 129 bis 15, contenidos en el numeral 8 del artículo 1º del proyecto de ley en estudio, deben ser votados, de acuerdo con el artículo 63 de nuestra Carta Fundamental, con quórum de ley orgánica constitucional.

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Vuestra Comisión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de esta Corporación designó como Senador Informante, al H. Senador señor Jorge Pizarro.

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Hacemos presente que, además de los miembros integrantes de la Comisión, concurrió a una de las sesiones en que se consideró este proyecto de ley, el H. Senador señor Mario Ríos.

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Durante el estudio de esta iniciativa legal, vuestra Comisión contó con la colaboración y participación del señor Ministro de Obras Públicas, don Jaime Tohá; del señor Director General de Aguas, don Humberto Peña; del señor Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de Aguas, don Pablo Jaeger; de la señora Asesora del Ministro de Obras Públicas, doña Pía Gutiérrez; del señor Asesor Jurídico del señor ex Subsecretario de Obras Públicas, don Jorge Morales; del señor Asesor del actual señor Subsecretario de Obras Públicas, don Rodrigo Weisner y del señor Abogado, don Gonzalo Arévalo.

Concurrieron, especialmente invitados a una de las sesiones de vuestra Comisión, las siguientes personas:

1.- Los señores Ministro Presidente y Asesor Jurídico de la Comisión Nacional de Energía (CONAE), don Oscar Landerretche y don Enrique Sepúlveda, respectivamente.

2.- La señora Superintendente y el señor Asesor de Servicios Sanitarios, doña Magaly Espinoza y don Michael Hantke, respectivamente.

3.- El señor Secretario General de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), don Luis Quiroga.

4.- Los señores Presidente y Abogado de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), don Hernán Hochcshild y don Cristián Letelier, respectivamente.

5.- El señor Director Regional de Valparaíso del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), don Luis Spoerer.

6.- Los señores Gerente División de Energía y Fiscal de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA), don Juan Eduardo Vásquez y don Carlos Martín, respectivamente.

7.- Los señores Gerente General y Gerente de Desarrollo de Obras Sanitarias de Valparaíso (ESVAL), don Dante Bacigalupo y don Francisco Ottone, respectivamente.

8.- El señor Presidente de la Confederación de Canalistas de Chile, don Fernando Peralta.

9.- Los señores Gerente Administrador y Abogado de la Asociación de Canalistas del Laja, don Héctor Sanhueza y don Pablo Palacios, respectivamente.

Las opiniones emitidas por las personas señaladas anteriormente, las que fueron acompañadas por escrito, se encuentran en la Secretaría de la Comisión, a disposición de los señores Senadores.

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ANTECEDENTES

El actual Código de Aguas se dictó el 29 de Agosto del año 1981.

Desde su vigencia ha tenido modificaciones menores.

En el año 1990 se llevó a efecto un análisis completo y exhaustivo de la legislación de aguas, sin que de ese análisis se evidenciara la necesidad de cambios radicales.

En definitiva, se concluyó en que solamente en un área específica, la tenencia de derechos de aprovechamiento no consuntivos se requería de una reforma para solucionar dificultades que se venían produciendo en el proceso de aplicación de la ley.

Dichas dificultades se referían a que por la gratuidad de la concesión, y de la misma gratuidad en la mantención en el patrimonio de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, se apreciaba la acumulación o acaparamiento de derechos de aprovechamiento en algunos pocos titulares, sin un interés real en su uso efectivo inmediato, y en otros, la solicitud y obtención de tales derechos por personas, naturales o jurídicas, que carecían de toda posibilidad o expectativa de uso de ellos.

En otros aspectos de la legislación, se apreció la necesidad de complementar y mejorar algunas regulaciones, e incluso de modernizar la administración de las aguas.

De allí surgieron ideas respecto a la administración integrada de cuencas hidrográficas, sobre el mejoramiento del estatuto jurídico de las comunidades de aguas, la importancia de reconocer las diferencias regionales, y en el plano ambiental, la necesidad de combatir la contaminación, la necesidad de proteger los cauces y las aguas, y finalmente, la necesidad de mantener caudales ecológicos para evitar el secamiento total de los ríos.

El resultado de toda esta actividad fue la presentación de un proyecto de ley sobre reformas al Código de Aguas, que con fecha 2 de Diciembre de 1992, fue remitido a la H. Cámara de Diputados como Mensaje Nº 283-325.

En este Mensaje se proponía, para solucionar el problema de la acumulación y no uso de los derechos de aprovechamiento la declaración de caducidad de éstos, si transcurrían más de cinco años sin ser utilizados.

Esta proposición motivó inquietud, lo que llevó a reestudiar la modificación propuesta y se concluyó luego de numerosas conversaciones en un sistema de aplicación de patentes, similares a las mineras, a los derechos de aprovechamiento no utilizados, sistema que se propuso a la H. Cámara de Diputados modificando, la iniciativa original por el Mensaje Nº 79-327, de 30 de Septiembre de 1993, en el que además se corrigieron algunos aspectos de la normativa propuesta.

Luego, el cambio de gobierno, en el año 1994, trajo también consigo un cambio en las políticas y estrategias, pese a ser un nuevo gobierno de la misma línea política al precedente.

En el tema del agua se procedió a reestudiar el proyecto de ley.

Con fecha 4 de Julio de 1996, el Ejecutivo envió mediante el Mensaje Nº 005-333, una indicación sustitutiva la cual excluyó algunos temas, mantuvo otros y agregó nuevos aspectos.

Este proyecto fue aprobado el 18 de Agosto de 1997 en la H. Cámara de Diputados, en su primer trámite constitucional, por 61 votos a favor, 32 votos en contra y 16 abstenciones.

Sin embargo, con fecha 16 de Septiembre de 1997, 30 señores Diputados, que representan más de la cuarta parte de esa Corporación, presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional en contra de determinados preceptos de este proyecto de ley solicitando que se declararan inconstitucionales, por vicios de forma.

El 13 de Octubre de 1997, el Tribunal Constitucional, por oficio Nº 1325, remitió copia autorizada de la sentencia dictada por dicho Tribunal, en los autos Rol Nº 260, determinando su rechazo.

Finalmente, cabe hacer presente que este proyecto ingresó al Senado el día 26 de Agosto de 1997, para primer informe de Comisión Especial, y de la de Hacienda, en su caso. Posteriormente con fecha 10 de Noviembre de 1998, la Sala modifica el trámite del proyecto ante la Comisión Especial, acordando que sea informado en primer término por la Comisión de Obras Públicas y después por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

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ANTECEDENTES JURIDICOS

Para el estudio del presente proyecto de ley se han tenido a la vista, entre otros, los antecedentes que se indican a continuación:

Constitución Política

De la Carta Fundamental merecen destacarse las siguientes disposiciones, por su incidencia en esta iniciativa:

a) Artículo 19, Nº 2 que establece la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

b) Artículo 19, Nº 20 que preceptúa la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas.

Su inciso tercero señala que los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado.

c) Artículo 19, Nº 22, que establece la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

Su inciso segundo preceptúa que sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos.

d) Artículo 19, Nº 23, que dispone la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución.

Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes.

e) Artículo 19, Nº 24 que establece el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

Su inciso final señala que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos.

- Código Civil.- Su Libro Segundo, denominado “De los bienes, y de su dominio, posesión, uso y goce” contiene diversas normas que se relacionan con las aguas. En el Título III, denominado “De los Bienes Nacionales”, destacamos los artículos 595, 596, 603 y 605

Asimismo son atinentes al proyecto de ley en comento, el Título XI, “De las Servidumbres”, artículos 822, 823, 828, 833, 341 y 879

- Decreto con Fuerza del Ley Nº 1.122, de 29 de Agosto de 1981, que fija el texto del Código de Aguas.

- Decreto Ley Nº 2.603, publicado el 23 de Abril de 1979.

Su artículo 1º modificó el Acta Constitucional Nº 3 y estableció: “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad de ellos.” Tal disposición fue recogida en la Constitución Política de la República, en su artículo 19 Nº 24, inciso final.

Su artículo 2º faculta al Presidente de la República para dictar las normas del régimen general de las aguas, reemplazando las que existían en el Código de 1951.

- Decreto con Fuerza de Ley N° 237, de 1931, sobre fuentes termales.

- Decreto con Fuerza de Ley N° 1.123, de 1981, que reguló la ejecución de obras de riego por el Estado.

- Decreto Ley N° 3.557, de 1981, que contiene las normas sobre protección de aguas en pro de la agricultura y de la salud de los habitantes.

- Decreto con Fuerza de Ley N° 7, de 1983, que fijó el texto refundido del decreto ley N° 1.172, de 1975, que creó la Comisión Nacional de Riego, y su reglamento.

- Decreto Ley Nº 824, artículo 21, de 31 de Diciembre de 1974, aprueba texto que indica de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

- Ley Nº 3.133, de 1916, sobre neutralización de los residuos provenientes de establecimientos industriales, y su reglamento.

- Ley N° 18.450, de 1985, que fija normas y establece incentivos para el fomento de la inversión privada de obras de riego y drenaje de predios agrícolas, y su reglamento.

- Ley Nº 19.143 relativa a la distribución de lo recaudado por concepto de las patentes mineras y remates de las concesiones mineras.

- Ley Nº 19.145, de 25 de Junio de 1992, conforme a la cual se limitaron las posibilidades de exploración y explotación de recursos hídricos subterráneos en las zonas correspondientes a las llamadas vegas y bofedales en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, las que previamente deberá identificar y delimitar la Dirección General de Aguas.

- Ley Nº 19.253, de 5 de Octubre de 1993, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

- Ley Nº 19.300, de 9 de Marzo de 1994, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

- Decreto N° 187, de 1983, de Obras Públicas, que contiene el reglamento sobre registro de organizaciones de usuarios.

- Resolución N° 207, de 1983, de la Dirección General de Aguas, que establece normas sobre exploración y explotación de aguas subterráneas.

INFORMES EN DERECHO

Como se señaló en la parte inicial de este informe, este proyecto de ley estuvo radicado anteriormente en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Dicha Comisión solicitó tres informes en derecho respecto del proyecto de ley en informe, a los señores Gustavo Manríquez Lobos, Profesor de Derecho de Aguas de la Universidad de Chile; Gonzalo Muñoz Escudero, Profesor de Derecho de Aguas e Investigador del Instituto de Minas y Aguas de la Unversidad de Atacama y Alberto Tala Japaz, Profesor de Derecho de Aguas de la Universidad Católica del Norte, los cuales contienen diversas observaciones sobre la iniciativa legal en estudio.

Estos informes en derecho se encuentran en la Secretaría de la Comisión, a disposición de los señores Senadores.

COMENTARIOS DEL EJECUTIVO A LOS INFORMES EN DERECHO

A su vez, el Ejecutivo, al tomar conocimiento de estos informes en derecho, presentó a vuestra Comisión un documento en que se consignan los principales comentarios respecto de ellos.

Como prevención general, el Ejecutivo hace presente que los tres informes en derecho tenidos a la vista por vuestra Comisión fueron elaborados con anterioridad a la presentación, con fecha 18 de diciembre de 1998, de una indicación del Ejecutivo, la cual se hace cargo de las principales objeciones contenidas en los mencionados informes.

Finalmente, hacemos presente que este documento al igual que los anteriores se encuentra en la Secretaría de la Comisión a disposición de los señores Senadores.

REQUERIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Con fecha 16 de Septiembre de 1997, 30 señores Diputados, que representan más de la cuarta parte de esa Corporación, presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional solicitando que se declaren inconstitucionales, por vicios de forma, los artículos que se refieren a la adquisición del derecho de aprovechamiento de aguas, pues estiman que estas normas debieron votarse como ley de quórum calificado, ya que constituyen limitaciones a la adquisición del derecho de aprovechamiento de aguas, de conformidad con lo prescrito en el artículo 19 Nº 23 de la Constitución Política de la República.

Este documento se encuentra en la Secretaría de la Comisión, a disposición de los señores Senadores.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

- Por oficio Nº 1325, de 13 de Octubre de 1997, el Tribunal Constitucional remitió copia autorizada de la sentencia dictada por dicho Tribunal, en los autos Rol Nº 260, referidos al requerimiento formulado en contra de determinados preceptos del proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, por no haber sido aprobados como normas de quórum calificado.

El requerimiento fue rechazado por las razones que se indican en el fallo.

Su texto se encuentra en la Secretaría de la Comisión a disposición de los señores Senadores.

ANTECEDENTES TECNICOS

Durante la discusión del establecimiento del pago de la patente, vuestra Comisión solicitó a la Dirección General de Aguas un estudio comparado entre las patentes mineras y la patente que establece el proyecto de ley en estudio.

Asimismo, solicitó a la citada Dirección la siguiente información:

- Procedimiento de cálculo de la patente de los derechos consuntivos y no consuntivos.

- Situación de los derechos no consuntivos y consuntivos otorgados, utilizados y disponibles

- Estimación de los flujos monetarios originados en cobro de patente por derechos de aprovechamiento no utilizados.

Finalmente, solicitó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios el valor del litro por segundo del agua cruda en las distintas Regiones del país.

Los documentos citados se encuentran en la Secretaría de la Comisión a disposición de los señores Senadores.

Sin perjuicio de lo anterior, hacemos presente, que nos referiremos en la parte pertinente de la discusión particular a cada uno de ellos.

OTROS ANTECEDENTES

Durante el estudio de este proyecto de ley, vuestra Comisión tuvo a la vista, además, los siguientes antecedentes:

- Informe de la Comisión de Minería recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre establecimiento de normas para el otorgamiento de concesiones de exploración y explotación de la energía geotérmica.

Este proyecto se encuentra pendiente actualmente en el Congreso.

- Informe de la Comisión de Minería recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre modificación del artículo 163 del Código del ramo.

Este proyecto de ley dio origen a la ley Nº 19.143 que estableció una distribución de ingresos provenientes de las patentes de amparo, y en su artículo único señaló que “las patentes de amparo de las concesiones mineras, a que se refieren los Párrafos 1º y 2º del Título X del Código de Minería, no constituyen tributos y son de beneficio fiscal.

FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

S.E. el Presidente de la República, a través de los Mensajes en que dio origen a este proyecto de ley y el que lo reemplazó mediante indicación sustitutiva, señala entre las razones para proponer estas modificaciones al Código de Aguas, lo siguiente:

Que uno de los desafíos y problemas mayores a que la sociedad chilena se verá enfrentada en los próximos años se relaciona con la disponibilidad de los recursos hídricos.

Que la actual legislación adolece de excesiva permisividad y pasividad frente a la administración y conservación de este recurso.

Que la acumulación de derechos de aguas en forma desmesurada constituye el germen de dificultades muy graves para el desarrollo futuro del país.

Que el actual proceso de avance y desarrollo sostenido de los sectores agrícola, hidroeléctrico, industrial, minero y sanitario, exige seguridad jurídica.

Que las normas que se proponen constituyen reformas necesarias y urgentes, sobre las cuales existe un amplio consenso.

Que metodológicamente se han agrupado las modificaciones propuestas en seis grandes grupos:

I.- Establecimiento del pago de una patente por la no utilización de las aguas.

II.- Facultades de la autoridad para la concesión de nuevos derechos de aprovechamiento.

III.- Normas sobre conservación y protección de las aguas y cauces.

IV.- Consideración de la interacción de las aguas superficiales y subterráneas en el otorgamiento de derechos de aprovechamiento.

V.- Normas que permiten perfeccionar el procedimiento de regularización contenido en el artículo 1º transitorio del Código de Aguas y que establecen obligaciones a que estarán afectos los Conservadores de Bienes Raíces del país, en relación con el Catastro Público de Aguas.

VI.- Extensión de la personalidad jurídica a las comunidades de aguas.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El proyecto de ley en informe aprobado por la H. Cámara de Diputados, se encuentra estructurado sobre la base de dos artículos permanentes y cuatro artículos transitorios.

El ARTÍCULO 1º, mediante diecinueve numerales, modifica el Código de Aguas, en la siguiente forma:

El numeral 1, agrega al artículo 6º, un inciso final, por el cual se contempla la renuncia total o parcial del derecho de aprovechamiento, la que deberá hacerse mediante declaración escrita que se presentará ante la Dirección General de Aguas, la cual, si aceptare la renuncia, declarará, mediante resolución, extinguido el derecho y requerirá del Conservador de Bienes Raíces respectivo las cancelaciones que correspondan.

El numeral 2, reemplaza el artículo 22 e indica que la autoridad constituirá el derecho de aprovechamiento sobre aguas existentes en fuentes naturales y en embalses construidos por el Estado, no pudiendo perjudicar ni menoscabar derechos de terceros.

Agrega, este numeral 2, en un inciso segundo, que el derecho de aprovechamiento se otorgará teniendo en consideración la explotación conjunta de los recursos superficiales y subterráneos de una misma cuenca u hoya hidrográfica y no podrá afectar los derechos constituidos o reconocidos con anterioridad sobre dichos recursos.

El numeral 3, introduce dos modificaciones al artículo 114, que establece las inscripciones que deberán hacerse en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces. La primera de ellas, al N° 4 que consiste en agregar a este numeral la inscripción de la resolución en que conste la renuncia de un derecho de aprovechamiento. La segunda enmienda, al N° 7, consiste en agregar la inscripción de las resoluciones judiciales ejecutoriadas que declaren la extinción total o parcial de un derecho de aprovechamiento.

El numeral 4, intercala un artículo 115 bis, nuevo, a continuación del artículo 115, que preceptúa que deberán inscribirse en los Registros de Hipotecas y Gravámenes y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar relativos a las aguas las condiciones, prohibiciones y limitaciones que afecten a los derechos de aprovechamiento.

El numeral 5, deroga los N°s. 2 y 4 del artículo 116. Dicho artículo señala que podrán inscribirse en los Registros de Hipotecas y Gravámenes y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar, relativos a las aguas, según el caso: "2.- Toda condición suspensiva o resolutoria del dominio de los derechos de aprovechamiento o de otros derechos reales constituidos sobre ellos;" y "4.- Todo impedimento o prohibición referente a derechos de aprovechamiento, sea convencional, legal o judicial, que embarace o limite, de cualquier modo, el libre ejercicio de la facultad de enajenarlos.

El numeral 6, agrega un inciso tercero y cuarto nuevo al artículo 122, que trata del Catástro Público de Aguas, que deberá llevar la Dirección General de Aguas, en el que constará toda la información que tenga relación con ellas. En dicho catástro, que estará constituido por los archivos, registros e inventarios que el reglamento establezca, se consignarán todos los datos, actos y antecedentes que digan relación con el recurso, con las obras de desarrollo del mismo, con los derechos de aprovechamiento, con los derechos reales constituidos sobre éstos y con las obras construidas o que se construyan para ejercerlos. El nuevo inciso tercero estipula que para los efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes, los Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar copia autorizada a la Dirección General de Aguas, por carta certificada, de todas las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que practiquen en el Registro de Aguas dentro del plazo de treinta días, contado desde la respectiva inscripción, subinscripción o anotación. A su vez el inciso cuarto, nuevo, dispone que los Conservadores que no cumplan con las obligaciones establecidas en este artículo serán sancionados con las penas previstas en el artículo 440 del Código Orgánico de Tribunales.

El numeral 7, reemplaza el artículo 129 para establecer que el dominio sobre los derechos de aprovechamiento se extingue por las causas y en las formas establecidas en este Código y en el derecho común.

El numeral 8, intercala dos Títulos nuevos, en el Libro Primero, a continuación del artículo 129.

El Título X “De la protección de las aguas y cauces” comprende los artículos 129 bis, 129 bis 1, 129 bis 2 y 129 bis 3.

El artículo 129 bis, señala que las aguas provenientes de obras de recuperación de terrenos húmedos o pantanosos deberán ser restituidas al cauce receptor natural de las mismas, si de la ejecución de dichas obras resultare perjuicio a terceros.

El artículo 129 bis 1, dispone que la autoridad, al otorgar los derechos de aprovechamiento, deberá respetar la permanencia de un caudal ecológico mínimo en toda la fuente natural, que garantice la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente y, en especial, deberá velar por la conservación del ecosistema y de los usos recreacionales y escénicos existentes en la respectiva fuente.

El artículo 129 bis 2, faculta a la Dirección General de Aguas para ordenar la inmediata paralización de las obras o labores que se ejecuten en los cauces naturales de aguas corrientes o detenidas que no cuenten con la autorización competente, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código.

El artículo 129 bis 3, dispone que la Dirección General de Aguas deberá establecer una red de estaciones de control de calidad, cantidad y niveles de las aguas tanto superficiales como subterráneas en cada cuenca u hoya hidrográfica. La información que se obtenga deberá ser publicada y proporcionada a quien lo solicite.

El Título XI “Del pago de una patente por la no utilización de las aguas” comprende los artículos 129 bis 4 a 129 bis 13.

El artículo 129 bis 4, .preceptúa que los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente a beneficio fiscal, la que se regirá por las reglas que indica.

El artículo 129 bis 5, establece que los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente a beneficio fiscal, la que se regirá por las reglas que indica.

El artículo 129 bis 6, dispone que los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual pagarán, en su caso, un tercio de valor de la patente asignada a los derechos de ejercicio permanente.

El artículo 129 bis 7, fija la fecha de pago de las patentes, establece que la Dirección General de Aguas publicará la resolución que contenga el listado de los derechos sujetos a esta obligación, indica cómo se efectuará esta publicación y, finalmente, preceptúa que esta publicación se considerará como notificación.

El artículo 129 bis 8, indica que corresponderá al Director General de Aguas determinar los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no hayan sido utilizadas total o parcialmente.

El artículo 129 bis 9, establece cuatro casos en que se presume la no utilización total o parcial de las aguas.

El artículo 129 bis 10, establece que serán aplicables a las resoluciones de la Dirección General de Aguas los recursos contemplados en los artículos 136 y 137 de este Código.

El artículo 129 bis 11, indica que el 75% del producto neto de las patentes y de lo recaudado en los remates de los derechos de aprovechamiento, será distribuido entre las regiones y comunas del país, a contar del ejercicio presupuestario correspondiente al cuarto año posterior de la publicación de esta ley, en la forma que se indica.

El artículo 129 bis 12, señala que el valor de las patentes no se considerará como gasto para efectos de la Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta

El artículo 129 bis 13, fija la tabla para los derechos no consuntivos, determinando el número de años en que puede efectuarse la imputación referida en el artículo anterior.

El numeral 9, reemplaza el artículo 140, por otro que establece los nuevos requisitos que deberá contener la solicitud para adquirir el derecho de aprovechamiento.

El numeral 10, elimina el inciso final del artículo 141, relativo a la presentación de no oposición a las solicitudes para adquirir el derecho de aprovechamiento dentro del plazo, en cuyo caso se constituirá el derecho mediante resolución de la Dirección General de Aguas, siempre que exista disponibilidad del recurso y fuere legalmente procedente. En caso contrario denegará la solicitud.

El numeral 11, reemplaza, en el inciso primero del artículo 142, la expresión "inciso 3º del artículo anterior" por "inciso final del artículo anterior".

El numeral 12, intercala un artículo 147 bis, nuevo, que indica que el derecho de aprovechamiento de aguas se constituirá mediante resolución de la Dirección General de Aguas y que el Director General podrá, mediante resolución fundada, denegar o limitar las solicitudes en los casos que señala.

El numeral 13, reemplaza en el artículo 148, la siguiente referencia: “inciso 3º del artículo 141” por “inciso final del artículo 141”.

El numeral 14, sustituye el artículo 149, por otro que indica los requisitos que contendrá la resolución en cuya virtud se constituye el derecho.

El numeral 15, sustituye en el artículo 186, la expresión "canal matriz" por "caudal matriz".

El numeral 16, agrega un inciso final al artículo 196, que establece que las comunidades de aguas que hayan cumplido con el requisito de su registro en la Dirección General de Aguas gozarán de personalidad jurídica y les serán aplicables las disposiciones pertinentes del Código Civil, con las excepciones que señala.

El numeral 17, reemplaza la letra c) del artículo 299, que establece que la Dirección General de Aguas tendrá las atribuciones y funciones que el Código de Aguas indica, además de las que señala, entre ellas, agrega la de impedir que se extraigan aguas de los mismos cauces sin título o en mayor cantidad de lo que corresponda. Para estos efectos, podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código.

El numeral 18, reemplaza el artículo 1º transitorio, sobre regularización de los derechos de aprovechamiento inscritos estableciendo el procedimiento aplicable.

El numeral 19, sustituye en el inciso primero del artículo 13 transitorio, la frase "artículo 12 del presente Código" por "artículo 112 del presente Código".

El ARTÍCULO 2º, faculta al Presidente de la República para que dentro del plazo de un año, fije el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código de Aguas.

LOS ARTICULOS 1º, 2º y 3º TRANSITORIOS, señalan la fecha a contar de la cual estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente, los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, consuntivos de ejercicio permanente, y de ejercicio eventual, respectivamente, y el ARTICULO 4º TRANSITORIO, regula la situación de las solicitudes de derecho de aprovechamiento que se encuentren pendientes.

DISCUSION GENERAL

Durante la discusión general del proyecto de ley en estudio, la Comisión escuchó al señor Ministro de Obras Públicas, don José Tohá, quien reiteró los planteamientos del Mensaje.

El señor Ministro resumió la situación del problema del agua en Chile y se refirió al presente proyecto de ley, en los siguientes términos:

1.1. Chile es un país con escasez de recursos hídricos, de acuerdo a los siguientes antecedentes:

- De Santiago al Norte la disponibilidad de agua por habitante es menor a mil metros cúbicos año, umbral que se considera mundialmente como un severo limitante para el desarrollo

- El nivel de extracción de agua por habitante en Chile es muy alto en comparación con USA. (1.850m3/háb/año)

- De la Octava Región hacia el Norte casi la totalidad de los recursos hídricos están asignados (con la excepción de algunos recursos eventuales y aguas subterráneas)

1.2. Desafío de la demanda.

Los usos domésticos, mineros e industriales, se duplicarán en los próximos 20 años.

El uso agrícola aumentará en un 20% (principalmente de Santiago al Sur)

El uso hidroeléctrico pudiera ser 10 veces el actual a mediados del próximo siglo.

1.3. El desafío del medio ambiente, plantea los siguientes problemas:

- Descontaminación

- Requerimiento de caudales para fines ambientales (300 acuíferos que alimentan vegas y bofedales en la Primera y Segunda Regiones; entre 500 y 1.000 metros cúbicos/año en el Sur del País por caudales ecológicos.

Dentro de este esquema, las principales características de la legislación de aguas vigente en Chile, según el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1.122, de 29 de Octubre de 1981, conocido normalmente como “Código de Aguas del año 1981, establece lo siguiente:

1º.- Que las aguas son bienes nacionales de uso público, esto es, de aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda, y su uso corresponde a todos los habitantes de la nación (artículo 589 Código Civil), se concede a los particulares un derecho de aprovechamiento sobre esas aguas (derecho a usar y gozar de las aguas), derecho que es definido como un derecho real con características similares a las del dominio civil cuyo titular puede usar, gozar y disponer de él como de cualquier otro bien susceptible de apropiación privada. Así, una vez otorgado, dicho derecho de aprovechamiento pasa a ser protegido como propiedad privada, según lo dispone el artículo 19 N°24 inciso final de la Constitución Política.

2º.- Que el agua es un bien principal y ya no accesorio de la tierra o industria para las cuales hubieran estado destinadas. Hoy en Chile se puede ser dueño de tierras sin agua, y de derechos de aprovechamiento de aguas sin tierra o industria a las cuales destinarlos.

Lo anterior implica que para el agua se ha establecido un régimen registral similar al de la propiedad raíz.

3º- Que no existe obligación de usar los derechos de aprovechamiento de aguas. Su no uso no trae aparejada ninguna sanción.

4º.- Que no existe, a diferencia de la legislación anterior, un orden de preferencia en relación con los diversos usos del agua para decidir el otorgamiento de los derechos en caso de presentarse varias solicitudes sobre las mismas aguas. Antes la preferencia era la siguiente:

En la actualidad, si se presentan varias solicitudes sobre las mismas aguas y no existen recursos para satisfacer todos los requerimientos, su otorgamiento se resolverá por remate al mejor postor (arts. 142 y sgtes. Código de Aguas).

5º.- Que los derechos de aprovechamiento son otorgados gratuitamente por el Estado a los particulares que los solicitan. Por otra parte, como ya se ha dicho, la conservación de estos derechos a lo largo del tiempo, se utilicen o no en forma productiva, no tiene para su titular costo real alguno (salvo el de oportunidad que en verdad no es tal).

6º.- Que no se establece como requisito para la obtención de nuevos derechos de aprovechamiento especificar el uso que se dará a las aguas, como tampoco justificar la cantidad de agua pedida; y, por otra parte, el cambio de uso del agua queda entregado al exclusivo arbitrio del titular del derecho.

El señor Ministro realizó un diagnóstico del funcionamiento de la actual legislación de aguas, destacando entre los aspectos positivos, los siguientes:

a) Existe seguridad jurídica para los dueños de derechos de aprovechamiento de agua. Lo anterior incentiva la inversión privada, tanto nacional como internacional, en proyectos que requieren contar con recursos hídricos seguros.

b) Existe flexibilidad y movilidad en el cambio de uso de las aguas. Lo anterior permite dar al recurso el destino más eficiente y productivo que pueda encontrar el dueño del derecho de aprovechamiento.

c) Existe libertad en la transacción y transferencia de los derechos de agua, lo que obviamente tiende a la optimización en el uso del recurso.

En general, la libre transacción de los derechos de aprovechamiento, a juicio del Gobierno, constituye un mecanismo adecuado para la reasignación de los recursos concedidos, que ha permitido en algunas cuencas solucionar problemas, como la transferencia de derechos para el uso doméstico, sin intervención del Estado.

En seguida, el señor Ministro destacó, como aspectos negativos, los siguientes:

- Presentación de solicitudes sin relación con las necesidades (V. gr.: usos no consuntivos solicitados 40 mil M3/seg, esto es, cuatro veces el caudal total entre Arica y Puerto Montt; recursos que no serán utilizados en los próximos cincuenta años).

- Traspaso anómalo de un bien de uso público para un uso privado (inequidad en la asignación que favorece a los informados).

- Acumulación de derechos sin uso, con fines especulativos.

- Limitaciones al desarrollo regional (ejemplos: mapas IX Región; tres peticiones en la Xl R. comprometen el 99,6% de los recursos disponibles en un área de 3.200.000.- há, equivalente a Belgica e Israel).

- Compromete la soberanía nacional (caso Xl región).

Indicó que las soluciones previstas en la legislación no siempre operan.

Que la alternativa de remate no opera en la práctica (sólo en un 1 por mil de los casos se ha dado la situación de remate).

Que frecuentemente la reasignación por el mercado no opera.

En seguida, el señor Ministro reiteró las principales materias del proyecto modificatorio del Código de Aguas.

1.- Establecimiento del pago de una patente por la no utilización de las aguas. (artículos 129 bis 4 a 129 bis 13)

2.- Facultades de la autoridad para la concesión de nuevos derechos de aprovechamiento. (artículos 140, 147 bis y 149)

3.- Normas sobre conservación y protección de las aguas y cauces. (artículos 129 bis a 129 bis 3)

4.- Consideración de la interacción de las aguas superficiales y subterráneas en el otorgamiento de derechos de aprovechamiento. (artículo 22)

5.- Normas que permiten perfeccionar el procedimiento de regularización contenido en el artículo 1° transitorio del Código de Aguas y que establecen obligaciones a que estarán afectos los Conservadores de Bienes Raíces del país, en relación con el Catastro Público de Aguas.

6.- Extensión de la personalidad jurídica a las comunidades de aguas. (artículo 196)

Finalmente, el señor Ministro explicó las indicaciones presentadas por el Gobierno el 18 de diciembre de 1998, al proyecto de ley aprobado por la H. Cámara de Diputados, en los siguientes térmios:

1. Se sustituye el art. 129 bis 9, reemplazándose las actuales presunciones de no uso del derecho por una sola presunción, simplemente legal de uso de las aguas, que se limita a la existencia de las obras de captación de las mismas y en el caso de derechos no consuntivos también a las de restitución. Dichas obras deberán estar debidamente aprobadas por la DGA cuando sea pertinente.

2. Se introduce los artículos 129 bis 11, 12, 13, 14 y 15, que tienen por objeto reponer las normas relativas al procedimiento de remate por no pago de la patente, que no alcanzaron en la Cámara de Diputados el quórum de Ley Orgánica Constitucional requerido.

3. Se modifica el art. 147 bis, con el objeto de acotar y definir las atribuciones del Director general de Aguas para denegar o delimitar solicitudes de aprovechamiento, de manera de reducir las posibilidades de un proceder arbitrario de la Administración.

4. En el art. 149, se elimina la obligación de que la resolución constitutiva del derecho de aprovechamiento consigne "el uso o destino inicial que se le dará al agua", para evitar cualquier posible duda acerca de que esta norma pudiere importar una restricción a la libre transferencia de los derechos.

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Luego de escuchar la exposición del señor Ministro de Obras Públicas, don José Tohá, vuestra Comisión recibió en audiencia a las empresas, instituciones y personas individualizadas en la parte inicial de este informe, que tuvieron a bien acoger la invitación que se les cursó para exponer sus puntos de vista sobre esta iniciativa legal.

Las opiniones emitidas por los representantes de las empresas, instituciones y personas que fueron acompañadas por escrito, se encuentran en la Secretaría de la Comisión a disposición de los señores Senadores, y fueron tenidas a la vista por vuestra Comisión durante la discusión de este proyecto de ley.

Finalmente, vuestra Comisión solicitó la opinión del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, don Oscar Landerretche, cuyos planteamientos pueden sintetizarse de la siguiente manera:

1. Las condiciones de aprovechamiento del recurso hídrico y las normas que las regulan constituye una de las preocupaciones permanentes de la Comisión Nacional de Energía.

2. La relevancia del agua en nuestro sistema eléctrico queda de manifiesto en el racionamiento de electricidad que la población ha tenido que soportar últimamente.

3. Cuando suceden situaciones como ésta los ciudadanos, con justa razón miran hacia el Estado preguntándose qué está pasando con nuestros recursos naturales y cuál es el uso al que se destinan los bienes que, como el agua, pertenecen a la nación toda.

4. Por eso, a propósito de esta situación, se ha puesto en el centro del debate público, la concepción que como país debemos asumir respecto del uso del recurso hídrico.

5. La CNE ha emitido en varias ocasiones su opinión técnica respecto del uso del agua en general y para el sector eléctrico en particular. En tal sentido ha venido participando de los estudios realizados al interior del Gobierno en torno al presente proyecto de ley y, en otros casos, ha requerido el pronunciamiento de los órganos antimonopolios o ha debido comparecer a los tribunales para la defensa de un uso adecuado del recurso en beneficio del interés público.

6. Respecto a los recursos hídricos y desarrollo hidroeléctrico, señaló que nuestro país no cuenta con grandes recursos energéticos; más aún, la mayoría de los recursos energéticos que poseemos no son competitivos respecto de los productos importados, ya sea por precios, calidad o volúmenes necesarios. Excepción a lo anterior es la hidroelectricidad.

Señaló que considerando cifras generales, del año 1996, y basándose en fuentes de la DGA, la CNE. y ENDESA:

•El potencial hidroeléctrico total o bruto con que cuenta el país corresponde a 28.345 MW

•El potencial hidroeléctrico neto, es decir, la cifra anterior multiplicada por un factor de utilización del recurso que se sitúa entre el 70 al 80 %, sería de 20.665 MW

•El potencial en explotación es de 4.016 MW y

•Lo que queda por explotar es del orden de los 16.649 MW

•Los proyectos de importancia, es decir, que superan los 50 MW y que son los que se desarrollarían principalmente representan 14.636 MW

Manifestó que el país ha ocupado un 25% de su potencial hidroeléctrico total y un 37 % del potencial ubicado entre la V a X Región. Sin embargo, señaló, los recursos indicados son relativos en su posibilidad de explotación debido a razones económicas y ambientales.

La utilización real de estos recursos depende de los requerimientos de demanda de electricidad, de su conveniencia respecto de otras alternativas de producción de energía eléctrica, además de su disponibilidad e intención de uso por parte de los propietarios de los correspondientes derechos de aprovechamiento.

7. En cuanto a la oferta y demanda de electricidad señaló que la capacidad total instalada de generación hidroeléctrica en 1996 en los sistemas de servicio público del país era de 3175 MW, lo que equivale a un 61% de la capacidad total instalada (5234 MW).

Del total instalado hidroeléctrico un 99% (3140 MW) se concentra en el Sistema Interconectado Central (SIC), el más importante del país, que se extiende en una longitud de 2000 km., abasteciendo de energía eléctrica desde la lII a la X región, zona en la que habita el 93% de la población.

A pesar de que normalmente, en el Sistema Interconectado Central la hidroelectricidad es de un 75 a 90% de la generación total, en las condiciones actuales, fines de 1998 inicios 1999, sólo está aportando un 40% y el resto lo aporta la generación térmica.

De bastante menor incidencia es el uso del agua en el Sistema Interconectado del Norte Grande donde de un total de 1.118 MW de capacidad instalada, sólo 13 MW corresponden a desarrollo hidroeléctrico como asimismo en Aysén, en cuyo sistema eléctrico, los recursos hídricos no son requeridos para el servicio público, si no fundamentalmente para procesos productivos muy intensivos en uso de electricidad.

Por lo tanto, el desarrollo hidroeléctrico se centra fundamentalmente en el SIC. En este sistema, el crecimiento de la demanda se encuentra altamente correlacionado con el crecimiento global del país (Producto Interno Bruto), es así como la Comisión Nacional de Energía había proyectado que si en los próximos 20 años se tiene un crecimiento promedio de 7% anual, la demanda de energía eléctrica se cuadriplicará.

Es posible estimar que para el SIC se requerirán del orden de 3500 MW en plantas hidroeléctricas en los próximos 25 años (equivalente a 8 centrales tipo Pangue).

De lo anterior se concluye la necesidad de contar con una oferta oportuna y económica de electricidad que permita abastecer los crecientes niveles de demanda de energía eléctrica requeridos para el desarrollo del país. Si no se cuenta con la posibilidad hidroeléctrica, deberán desarrollarse alternativas de generación más caras, como es el caso de centrales termoeléctricas (centrales que emplean carbón o petróleo para producir electricidad), que elevarán de manera sustantiva los costos de producción de energía eléctrica.

8. Refiriéndose a la política de precios manifestó que la legislación eléctrica establece como principio que el precio de la electricidad debe reflejar los costos reales de producir, transmitir y distribuir electricidad en condiciones de eficiencia

En el evento que las empresas existentes puedan restringir de manera monopólica la oferta futura de electricidad, controlando los derechos de aprovechamiento de aguas en todas las cuencas en que pueden realizarse los futuros desarrollos hidroeléctricos, afectarán finalmente el precio de la electricidad en desmedro de todos los usuarios.

Al no disponerse de la oferta oportuna de electricidad el precio aumentará y el generador obtendrá un mayor ingreso con la venta de electricidad de sus instalaciones existentes. Si posee una participación importante esta ganancia es muy significativa.

A modo de ejemplo el nivel actual de ventas de las empresas generadoras es para el año 97 del orden de 1.000 millones de dólares. El solo retraso de la puesta en servicio de un proyecto hidroeléctrico importante puede significar un aumento de precios del orden de 16% a 22% lo que significa un incremento del mismo orden en las ventas realizadas con las unidades existentes. El no desarrollo de los proyectos puede llevar a incrementos del precio mucho más significativos, alcanzando niveles de hasta un 40%.

Finalmente, al referirse concretamente a este proyecto de ley, señaló lo siguiente:

1. El proyecto de ley y las indicaciones presentadas por el Ejecutivo constituyen un cuerpo de normas tanto sustantivas como de procedimiento que de modo coherente determinan un nuevo régimen jurídico caracterizado por las restricciones a la no utilización de las aguas y que persigue evitar que los derechos de aprovechamiento se conviertan en derechos de no aprovechamiento.

2. Se vincula a los derechos otorgados con el respeto a derechos de terceros y a la explotación conjunta de la cuenca u hoya hidrográfica así como la protección al caudal ecológico mínimo v conservación del ecosistema.

3. El mecanismo coercitivo contra la no utilización de los derechos concedidos viene representado por el pago de una patente en proporción creciente al período de no uso de los derechos y a tal efecto se establece una presunción de uso por la existencia de obras de captación de las aguas y, en el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, por la existencia, además, de las obras necesarias para la restitución de las aguas.

4. Para la eficacia de la recaudación se establece un procedimiento judicial de apremio y la eventual declaración de extinción como potestad del Presidente de la República.

5. Por otra parte y para evitar que proyectos asociados a los derechos de aprovechamiento y que son de ejecución prolongada, como los hidroeléctricos, se vean injustamente encarecidos por el pago de la patente durante su fase de construcción, se establece un mecanismo tributario de imputación de lo pagado a cualquier tributo de pago mensual.

6. Concordante con este nuevo régimen jurídico se establecen las correspondientes normas que vienen a fortalecer la fé pública registral de los derechos de aprovechamiento, en tanto derecho real administrativo en lo que se refiere tanto a la titularidad del derecho como las restricciones y gravámenes que le afecten.

7. Asimismo, se adaptan los procedimientos administrativos para la adquisición del derecho de aprovechamiento con justificación del uso o destino que se le dará, radicándose en la DGA la potestad de resolver las solicitudes mediante otorgamiento, denegación o limitación del aprovechamiento en función de cumplimiento de requisitos legales, la disponibilidad del recurso, la justificación de la cantidad de agua a extraer según los fines, o por consideración de reserva para el suministro de la población o actividades productivas previa audiencia del Consejo Regional y, finalmente, se fortalecen las atribuciones de policía administrativa de la DGA.

Terminó su exposición el señor Ministro Landerretche, llegando a las siguientes conclusiones:

1. En lo que al sector eléctrico respecta, el proyecto de ley implica el establecimiento de un mecanismo que introduce mayor transparencia en la competencia sectorial.

2. Desincentiva el establecimiento de barreras artificiales para la entrada de nuevos operadores al sector, y

3. Permitirá un uso racional y eficiente del recurso fundamental para la producción energética.

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La Comisión, luego de escuchada la intervención del señor Ministro de Obras Públicas, don José Tohá, de las personas individualizadas en la parte inicial de este informe y del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, don Oscar Landerretche, se abocó al análisis y estudio que se desprenden tanto de los planteamientos aportados por las personas que concurrieron a sus audiencias como de los informes y antecedentes jurídicos y técnicos que tuvo a la vista.

También, dentro del acucioso y detenido estudio realizado por la Comisión, ésta acordó solicitar antecedentes técnicos en relación con la determinación del valor del litro por segundo de agua cruda en las distintas Regiones del país, para el cálculo de la patente de los derechos de aprovechamiento de agua consuntivos, información que fue solicitada a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Asimismo, solicitó a la Dirección General de Aguas proporcionara, los siguientes antecedentes:

- Efectuar un estudio comparado entre las patentes mineras y la patente que se establecen en el proyecto de ley en estudio.

- Efectuar el cálculo de los flujos monetarios que se deducen de la aplicación del proyecto de ley sobre un número de probables escenarios alternativos, de tal modo que se permita un análisis de sensibilidad respecto de los costos financiero así como de los ingresos netos de fondos al Estado. Es decir, un análisis de flujos monetarios originados en cobro de patente por derechos de aprovechamiento no utilizados.

- Asimismo, se le solicitó un documento explicativo a la Comisión Nacional de Energía, en que da a conocer la forma de cálculo de la patente aplicable a los derechos de agua no consuntivos.

A mayor abundamiento, la Comisión, además de solicitar los antecedentes anteriormente reseñados, tuvo a la vista tres informes en derecho, el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, la sentencia de dicho organismo al requerimiento, la respuesta del Ejecutivo a los planteamientos de los informes en derecho y los documentos de que se da cuenta al inicio de este informe.

Finalmente, la Comisión, después de un detenido y extenso debate acerca de las materias ya reseñadas y teniendo presente los antecedentes verbales, legales y técnicos anteriormente señalados, aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda, la idea de legislar.

DISCUSION PARTICULAR

El proyecto de ley en informe se encuentra estructurado sobre la base de dos artículos permanente y cuatro artículos transitorios.

El artículo 1º, mediante diecinueve numerales, modifica el Código de Aguas, en la forma que se indicará en su oportunidad.

El artículo 2º, faculta al Presidente de la República para que fije el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código de Aguas.

A su vez, los artículos 1º, 2º y 3º transitorios, señalan la fecha a contar de la cual estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente, los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, consuntivos de ejercicio permanente, y de ejercicio eventual, respectivamente, y el artículo 4º transitorio regula la situación de las solicitudes de derecho de aprovechamiento que se encuentren pendientes.

Las disposiciones anteriores se pasan a analizar a continuación, en forma detallada, siguiendo el mismo orden en que aparecen en el proyecto de la H. Cámara de Diputados, efectuando para ello una breve descripción del contenido de cada una de ellas, de las principales observaciones formuladas por los miembros de la Comisión sobre el particular, y de los acuerdos adoptados a su respecto.

ARTICULO 1º

Nº 1

Artículo 6º

Este numeral 1, agrega al artículo 6º, un inciso final, por el cual se contempla la renuncia total o parcial del derecho de aprovechamiento, la que deberá hacerse mediante declaración escrita que se presentará ante la Dirección General de Aguas, la cual, si aceptare la renuncia, declarará, mediante resolución, extinguido el derecho y requerirá del Conservador de Bienes Raíces respectivo las cancelaciones que correspondan.

Durante la discusión de esta norma vuestra Comisión consultó, a los representantes del Ejecutivo, acerca de las siguientes observaciones que se formularon a este precepto:

- Que esta enmienda al Código de Aguas es innecesaria por cuanto sería una simple repetición del artículo 12 del Código Civil conforme al cual “Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia”.

Los representantes del Gobierno manifestaron que la norma propuesta tiene por objeto el establecimiento de un procedimiento general, a la vez que especial, para la renuncia de los derechos de agua y que no sería la única vez que se contempla en una ley especial la institución de la renuncia, como ha ocurrido con la renuncia de las concesiones mineras, contenida en el Título X del Código de Minería.

- Que la renuncia debiera someterse al sistema de publicidad de los artículos 130 y siguientes del Código de Aguas, toda vez que la renuncia de un derecho de aguas podría perjudicar a terceros, como ocurriría cuando un “titular de un derecho de aprovechamiento no consuntivo renuncie a éste, para que sobre el caudal respectivo le sea constituído posteriormente un derecho consuntivo”.

En relación a esta materia el Ejecutivo sostuvo que el dueño de un derecho de aprovechamiento, al renunciar a él, lo que hace es aumentar el caudal disponible en la fuente natural sobre la que se ejercía el derecho renunciado, de manera que, al contrario de un perjuicio, es un beneficio para todo aquél que desee solicitar un derecho de aprovechamiento sobre esas aguas.

- Que la renuncia debería someterse, si el renunciante es persona natural, a los trámites de la insinuación.

A este respecto, los representantes del Ejecutivo señalaron que, como consecuencia del régimen general contemplado en el artículo 12 del Código Civil, la renuncia de un derecho de aprovechamiento de aguas no debiera tener reglas especiales frente a los otros tipos de renuncia, más que las estrictamente indispensables atendida la naturaleza de dicho derecho. De esa manera, y si la renuncia en general de los derechos no se encuentra sometida al trámite de insinuación, no existe razón para que este derecho real sí se someta a dicho trámite.

- Que es necesario arbitrar algún mecanismo de publicidad de la renuncia, que franquee a terceros interesados alguna oportunidad para impedir la renuncia en fraude o perjuicio de sus derechos.

Frente a este planteamiento, se señaló que el artículo 466 del Código Penal castiga al “deudor no dedicado al comercio que se alzare con sus bienes en perjuicio de sus acreedores o que se constituya en insolvencia por ocultación, dilapidación o enajenación maliciosa de esos bienes”. La renuncia, es un tipo de enajenación e incluso una forma de dilapidar, llegado el caso, de manera que no existe duda alguna sobre la aplicabilidad de dicha norma.

- Que existirían contradicciones entre el proyecto de ley en informe y la renuncia contenida en el artículo 15 de la Resolución Nº 186 de la Dirección General de Aguas, sobre exploración y explotación de aguas subterráneas.

En relación con esta materia se indicó que no pueden existir contradicciones, por cuanto las normas se refieren a materias distintas, a saber: la primera, a la renuncia de un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas y, la segunda, a una renuncia de la autorización para explorar aguas subterráneas.

- Que esta norma suscita dudas sobre si se aplica o no a peticiones en trámite.

En cuanto a esta duda, los representantes del Ejecutivo, manifestaron que de su sola lectura, se desprende que dicho artículo sólo se aplica a los derechos de aprovechamiento, y no a las peticiones de los mismos. Además, recordaron que, conforme lo ha resuelto el Tribunal Constitucional, mientras no se constituya el derecho de aprovechamiento por parte de la autoridad, dicho derecho no ha nacido a la vida jurídica, de manera que no se puede renunciar a algo que no existe. Otra cosa es la renuncia o desestimiento de la solicitud de constitución del derecho de aprovechamiento, posibilidad que siempre ha existido, pero se encuentra sometido a las reglas de toda petición a la autoridad.

Se dejó constancia de que la Dirección General de Aguas hace un análisis exclusivamente de tipo formal de la renuncia, verificando, entre otros, que el renunciante es titular de un derecho de aprovechamiento y que tiene la facultad para renunciar, dictando a continuación la resolución correspondiente.

Se destacó que esta disposición está íntimamente relacionada con el pago de la patente, ya que de acuerdo al actual Código de Aguas se podía mantener un derecho de aprovechamiento de agua sin usarlo, sin construir obras y sin que le significara ningún costo a su propietario que le hiciera pensar en venderlo o en renunciar a él. Esta norma da la posibilidad de que alguien que no está en condiciones de pagar la patente y no encuentre comprador, pueda renunciar a su derecho de aprovechamiento de agua.

Finalmente, vuestra Comisión acordó, recogiendo algunas observaciones a esta proposición en lo relacionado con ciertas formalidades e inscripciones, reemplazar el inciso propuesto por la H. Cámara de Diputados, por el siguiente:

“Si el titular renunciare total o parcialmente a su derecho de aprovechamiento, deberá hacerlo mediante declaración escrita que se presentará ante la Dirección General de Aguas, la cual, si aceptare la renuncia, declarará, mediante resolución, extinguido el derecho y ordenará las cancelaciones o subinscripciones que correspondan. Dicha resolución se reducirá a escritura pública que suscribirá el funcionario que se designe al efecto y una copia de ella deberá inscribirse en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente, en la forma que señala el número 4 del artículo 114.”

Sometido a votación este inciso, en los términos anteriormente transcrito, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

Nº 2

Artículo 22

El número 2, reemplaza el artículo 22 e indica que la autoridad constituirá el derecho de aprovechamiento sobre aguas existentes en fuentes naturales y en embalses construidos por el Estado, no pudiendo perjudicar ni menoscabar derechos de terceros.

Agrega, este numeral 2, en un inciso segundo, que el derecho de aprovechamiento se otorgará teniendo en consideración la explotación conjunta de los recursos superficiales y subterráneos de una misma cuenca u hoya hidrográfica y no podrá afectar los derechos constituidos o reconocidos con anterioridad sobre dichos recursos.

Sometido a discusión este numeral, vuestra Comisión consultó acerca de si la norma propuesta limitaría o no la constitución de derechos de agua sobre obras estatales que modifiquen la disponibilidad estacional del recurso, como ocurriría con los acuíferos recargados artificialmente.

Al respecto los representantes del Ejecutivo señalaron que la norma propuesta no modifica en nada la situación hasta hoy existente, toda vez que un acuífero, aunque sea recargado artificialmente, no pierde su calidad de “fuente natural”, de manera que siempre es posible constituir un derecho sobre dichas formaciones geológicas.

Agregaron que nunca es posible constituir derechos de aprovechamiento en canales o cauces artificiales -como lo es el Canal Laja-Diguillín-, toda vez que los derechos de aprovechamiento de aguas son constituidos sólo en fuentes naturales.

Ahora bien, respecto al inciso segundo de la norma en reseña, el Ejecutivo sostiene que la frase “explotación conjunta de los recursos superficiales y subterráneos”, no hace más que aplicar un principio ya contenido en el actual artículo 3º del Código de Aguas, el que establece el principio de la “unidad de la cuenca hidrográfica”, en cuya virtud, todos los recursos hídricos de una misma cuenca, deben ser administrados en forma armónica, de manera que no haya interferencias perjudiciales entre ellos, como ocurre con las aguas subterráneas y las aguas superficiales.

Sin perjuicio de lo anterior, señalaron que en la legislación vigente no existe una referencia explícita al tratamiento conjunto de las explotaciones de aguas superficia¬les y subterráneas de una misma cuenca u hoya hidrográfica.

Manifestaron que esta situación es fuente de conflictos dada la influencia recíproca de ambos cau¬da¬les, lo que genera interferencias en el ejercicio de los respectivos derechos.

Para evitar esta anomalía, se impone a la Dirección General de Aguas el análisis y cuantificación de todos los recursos de la cuenca, para determinar si existen las disponibilidades correspondientes en el lugar indicado en la solicitud de derechos de agua.

Por otra parte, agregaron, la norma propuesta no regula “la utilización simultánea del agua superficial y subterránea” por una sola persona, sino que reafirma la necesidad hidrológica de considerar las interdependencias que ambos tipos de recursos hídricos tienen entre sí.

Concretamente, se señaló, en relación con la sustitución que se propone en el inciso primero, de reemplazar la expresión “obras estatales de desarrollo del recurso” por la de “embalses construidos por el Estado”, que esta modificación tiene por objeto precisar y limitar el concepto señalando que las obras estatales de uso del recurso se refieren explícitamente a los embalses construidos por el Estado, ya que siempre se discutió acerca de cuáles eran las obras estatales de desarrollo del recurso.

Respecto del inciso segundo que se agrega también tiene por objeto precisar que los derechos superficiales y los subterráneos tienen que ser ambos tomados en cuenta al momento de otorgarse un derecho de aprovechamiento teniendo en consideración las relaciones entre las aguas superficiales y las subterráneas, evitándose así contiendas ante los Tribunales de Justicia. Es necesario determinar cómo, cuándo y cuánto se afecta con la explotación del agua subterránea el agua superficial y viceversa.

En votación este numeral, fue aprobado en los mismos términos que venía formulado por la H. Cámara de Diputados, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Sabag y Urenda.

Nº 3

Artículo 114

El número 3, introduce dos modificaciones al artículo 114, que establece las inscripciones que deberán hacerse en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces.

La primera de ellas, al Nº 4 que consiste en agregar a este numeral la inscripción de la resolución en que conste la renuncia de un derecho de aprovechamiento.

La segunda enmienda, al Nº 7, consiste en agregar la inscripción de las resoluciones judiciales ejecutoriadas que declaren la extinción total o parcial de un derecho de aprovechamiento.

Durante la discusión de estas enmiendas se señaló que ellas tienen por objeto adecuar la antigua redacción a las nuevas modificaciones que se están introduciendo.

En discusión la primera enmienda al Nº 4 de este artículo se señaló que no cabe duda acerca de la conveniencia y necesidad que de la renuncia quede constancia en los Registros Conservatorios pertinentes siendo posible cumplir así, en esta materia, con al menos dos de las finalidades para las cuales esos Registros fueron creados: publicidad hacia los terceros y mantención de la historia de la propiedad, en este caso, sobre los derechos de aprovechamiento de aguas.

Respecto a la necesidad de dejar constancia de la renuncia al margen de la inscripción de dominio del derecho de aprovechamiento, los representantes del Gobierno señalaron que, desde el momento que se cancele la inscripción del derecho que ha sido renunciado, ya no habrá inscripción vigente, de manera que resultaría inoficioso hacer una anotación al margen de una inscripción cancelada. La observación sí pudiera ser atendible si el derecho sólo fuere renunciado parcialmente.

Cerrado el debate, y con el objeto de concordar esta proposición de modificación con el artículo 6, ya aprobado, vuestra Comisión acordó mejorar la redacción para este artículo 114 N°4, en la siguiente forma:

“4. Las escrituras públicas que contengan el acto formal del otorgamiento definitivo de un derecho de aprovechamiento, así como la escritura pública que contenga la resolución que acepte la renuncia del derecho de aprovechamiento y ordene su cancelación o subinscripción”.

En votación el Nº 4, anteriormente transcrito, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

En cuanto a la enmienda al Nº 7) relativa a la inscripción en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente de las resoluciones judiciales ejecutoriadas que declaren la extinción total o parcial de un derecho de aprovechamiento, esta disposición está estrechamente vinculada con los artículos relativos al procedimiento de remate que se verán más adelante.

En efecto, de acuerdo con el artículo 129 bis 15 si no hay postor por algún derecho de aprovechamniento, el juez declarará libres las aguas y ordenará cancelar la correspondiente inscripción en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo.

Otro caso de extinción total o parcial de un derecho de aprovechamiento de inscripción obligatoria, es aquél en que se le otorga al Presidente de la República para que, en circunstancias excepcionales en que esté comprometido el adecuado desarrollo de la cuenca, no se lleve a efecto el procedimiento de remate.

Por lo anteriormente expuesto, si no se incluye la modificación propuesta, en el Nº 7 del artículo 114 del Código de Aguas en vigor, entre los títulos que deben inscribirse, la sentencia judicial que declare la extinción total o parcial de un derecho de aprovechamiento, no requerirá obligadamente dicha inscripción, lo que, a todas luces, parece incorrecto.

Sometida a votación la enmienda al Nº 7, fue aprobada en los mismos términos que lo hizo la H. Cámara de Diputados, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

Nº 4

Artículo 115 bis, nuevo

El número 4, intercala un artículo 115 bis, nuevo, a continuación del artículo 115, que preceptúa que deberán inscribirse en los Registros de Hipotecas y Gravámenes y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar relativos a las aguas las condiciones, prohibiciones y limitaciones que afecten a los derechos de aprovechamiento.

En discusión esta enmienda, se señaló que ella está íntimamente vinculada con el inciso final del artículo 149 que dice que el Director General de Aguas estará facultado para establecer, en el acto de constitución, especificaciones técnicas, condiciones, plazos, prohibiciones u otras modalidades y limitaciones que afecten el derecho.

En consecuencia, la idea es que esas especificaciones técnicas, condiciones, plazos, prohibiciones u otras modalidades y limitaciones que afecten el derecho de aprovechamiento de aguas se inscriban en el Registro pertinente con el objeto de que terceras personas interesadas en adquirir estos derechos sepan la situación en que se encuentran, dándose publicidad y transparencia al mercado del agua.

La modificación propuesta transforma inscripciones que hasta la fecha son facultativas en obligatorias, lo que redundará en una mayor publicidad de todas las limitaciones que afectan a los derechos de aprovechamiento.

En votación este numeral, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Sabag y Urenda, en los mismos términos que venía formulado.

Nº 5

Artículo 116

El número 5, deroga los Nºs. 2 y 4 del artículo 116.

Dicho artículo señala que podrán inscribirse en los Registros de Hipotecas y Gravámenes y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar, relativos a las aguas, según el caso: “2.- Toda condición suspensiva o resolutoria del dominio de los derechos de aprovechamiento o de otros derechos reales constituidos sobre ellos;” y “4.- Todo impedimento o prohibición referente a derechos de aprovechamiento, sea convencional, legal o judicial, que embarace o limite, de cualquier modo, el libre ejercicio de la facultad de enajenarlos.

Esta enmienda está íntimamente relacionada con la anterior que agrega un nuevo artículo 115 bis que establece la inscripción obligatoria, razón por la cual se derogarían los Nºs. 2 y 4 de este artículo 116.

En efecto, inscripciones que antes eran voluntarias, ahora pasarían a ser obligatorias, con lo cual, nuevamente, se consigue una mayor publicidad hacia los terceros.

Además, con la modificación en análisis se ampliaría el espectro de gravámenes que tendrían que inscribirse, toda vez que, desde este punto de vista, es más genérica la redacción propuesta para el artículo 115 bis que la actualmente contenida en los Nº s 2 y 4 del artículo 116.

Sometido a votación este numeral fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Sabag y Urenda, en los mismos términos que lo hizo la H. Cámara de Diputados.

Nº 6

Artículo 122

El número 6, agrega un inciso tercero y cuarto nuevo al artículo 122, que trata del Catástro Público de Aguas, que deberá llevar la Dirección General de Aguas, en el que constará toda la información que tenga relación con ellas. En dicho catástro, que estará constituido por los archivos, registros e inventarios que el reglamento establezca, se consignarán todos los datos, actos y antecedentes que digan relación con el recurso, con las obras de desarrollo del mismo, con los derechos de aprovechamiento, con los derechos reales constituidos sobre éstos y con las obras construidas o que se construyan para ejercerlos.

El nuevo inciso tercero estipula que para los efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes, los Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar copia autorizada a la Dirección General de Aguas, por carta certificada, de todas las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que practiquen en el Registro de Aguas dentro del plazo de treinta días, contado desde la respectiva inscripción, subinscripción o anotación.

A su vez el inciso cuarto, nuevo, dispone que los Conservadores que no cumplan con las obligaciones establecidas en este artículo serán sancionados con las penas previstas en el artículo 440 del Código Orgánico de Tribunales.

En discusión este numeral se señaló que la función que se pretende incorporar a los Conservadores de Bienes Raíces, sólo tiene por objeto el establecimiento de un mecanismo expedito para un mejor cumplimiento de la obligación que el artículo 122 en vigor, impone a la Dirección General de Aguas, esto es, la de llevar un “Catastro Público de Aguas”, en el que conste “toda la información que tenga relación con ellas”.

Con la incorporación de estos dos incisos se pretende, por un lado, cumplir con una de las principales finalidades para la cual fue creado el catástro público de aguas, cual es, reunir en él toda la información relativa al recurso hídrico, en este caso, la de carácter legal referente a los derechos de aprovechamiento de aguas y, por otro lado, cumplir de manera eficiente con el rol que el ordenamiento jurídico le ha asegurado a la Dirección General de Aguas, esto es, el de administrar de manera eficiente los recursos hídricos de nuestro país, y otorgar seguridad jurídica a aquellos derechos de aprovechamiento que no han sido formalizados de conformidad a los procedimientos establecidos en la ley.

Se señaló que el catastro público de aguas es esencial para el buen funcionamiento de la Dirección General de Aguas, ya que este organismo no siempre tiene acceso a la información correspondiente, en atención a que los Conservadores no se la proporcionan, teniendo por objeto esta disposición obligarlos a enviar copia autorizada a esa Dirección de todas las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que practiquen en el Registro de Aguas.

Se informó que una parte importante de los derechos de aprovechamiento de aguas existentes en Chile son usos inmemoriales que no están reconocidos y que el Código de Aguas contempla procedimientos de regularización. Se destacó que mediante dichos procedimientos se pueden regularizar estos usos inmemoriales pero ni los Jueces ni los Conservadores envian la información a la Dirección General de Aguas no pudiendo saberse en definitiva si se acogieron o no a regularización. Con este sistema se mantendría actualizado el catastro.

Se debe tener presente al respecto que, con fecha 25 de julio de 1998, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo (MOP) N°1220, que fijo el texto del Reglamento del Catastro Público de Aguas, cumpliendo así con lo dispuesto en el señalado artículo 122 del Código de Aguas.

Se destacó que dentro de estos registros existe una gama grande de materias las cuales van desde aspectos de jurisprudencia, de información técnica como caudales de los ríos, de calidad de aguas, de restricciones por carácter ambiental, etc. Asimismo se destacó que no todos los derechos de aguas están inscritos y que la ley tampoco ha señalado un plazo para hacerlo.

Se informó que la Dirección General de Aguas a través de un sistema computacional tiene una base de datos, la que se encuentra en línea a lo largo de todas las sedes de este organismo, en donde lleva la información de las cuencas, ríos, canales, estaciones de medición, caudales, datos estadísticos, calidad del agua, bocatomas existentes, etc. las que, ya sea en forma digital o gráfica, se pueden visualizar en el computador. Esto permitirá saber quiénes no están usando los derechos de agua otorgados.

Se señaló que las técnicas satelitales para transmitir información están siendo usadas para obtener información hidrológica. Existe una red de caudales. Existen 35 estaciones que funcionan vía satélite y que permite tener una información instantánea del registro diario de los caudales en los ríos principales de Chile. Esta información la puede obtener cualquier particular.

Sometido a votación este numeral fue aprobado en los mismos términos que lo hizo la H. Cámara de Diputados por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Sabag y Urenda.

Nº 7

Artículo 129

El numeral 7 propone agregar al artículo 129 que el dominio sobre los derechos de aprovechamiento se extinguiría, además de las causas establecidas en el derecho común, por las causas y en las formas establecidas en este Código.

En efecto, de acuerdo con el artículo 129 bis 11 y siguientes del proyecto de ley en estudio, se establecen las siguientes causales de extinción.

Primera, la adjudicación del derecho de aprovechamiento en un procedimiento judicial de remate de ese derecho, en la proporción que corresponda, si su titular no paga la patente dentro del plazo indicado. La escritura de adjudicación y su inscripción, se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a la subasta de bienes embargados.

Segunda, mediante decreto del Presidente de la República quien podrá en circunstancias excepcionales en que esté comprometido el adecuado desarrollo de la cuenca, decretar que el derecho de aprovechamiento no sea objeto del procedimiento señalado y declarará la extinción y ordenará la cancelación de la inscripción respectiva en la proporción que corresponda

Tercera, si no hay postor por algún derecho de aprovechamiento el juez declarará libres las aguas y ordenará cancelar las correspondientes inscripciones en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo.

Finalmente, la resolución de la Dirección General de Aguas que acepte la renuncia.

Como se señaló anteriormente esta enmienda tiene por objetivo establecer causales de extinción del dominio sobre los derechos de aprovechamiento distintas de aquellas propias del derecho común, armonizando esta norma con las relativas al establecimiento de la patente y el procedimiento de remate por el no pago de ésta, de manera de hacerlas coherentes dentro del contexto del proyecto.

Sometido a votación este numeral fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Sabag y Urenda, en los mismos términos que viene formulado.

Nº 8

Intercala los siguientes Títulos X y XI, nuevos, en el Libro I, a continuación del artículo 129:

"TITULO X

DE LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y CAUCES

Artículo 129 bis

Establece que las aguas provenientes de obras de recuperación de terrenos húmedos o pantanosos deberán ser restituidas al cauce receptor natural de las mismas, si de la ejecución de dichas obras resultare perjuicio a terceros.

La finalidad de esta norma es obligar, en el caso de desecación de terrenos húmedos, a restituir las aguas obtenidas en el proceso correspondiente al cauce receptor natural de las mismas, es decir al cauce natural colector de esas aguas y no al vecino.

Se explicó que se trata de establecer la obligación para quien hace una obra de recuperación de terreno que tenga la preocupación de hacer llegar las aguas obtenidas al cauce natural receptor de las aguas. Cabe la posibilidad de que alguien ejecute una obra de drenaje y dirija el agua a la acequia o al alcantarillado. Por ello se dice que si de la ejecución de dichas obras resultare perjuicio a terceros.

Vuestra Comisión estimó adecuada esta norma toda vez que pretende salvaguardar debidamente los derechos de terceros.

En votación este numeral, vuestra Comisión la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Cordero, Sabag y Urenda, en los mismos términos que venía formulada.

Artículo 129 bis 1

Esta norma establece que la autoridad, al otorgar los derechos de aprovechamiento, deberá respetar la permanencia de un caudal ecológico mínimo en toda la fuente natural, que garantice la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente y, en especial, deberá velar por la conservación del ecosistema y de los usos recreacionales y escénicos existentes en la respectiva fuente.

La finalidad de esta norma es evitar que un cauce con vida natural desaparezca como eco-sistema por efecto de la extracción absoluta del agua, y su establecimiento significará que en los cauces, no se concederá el total del agua puesto que una parte de ella deberá mantenerse escurriendo para sostener la vida natural ligada al río correspondiente.

Se señaló que este artículo complementa el artículo 42 de la Ley de Bases del Medio Ambiente que dice que el organismo público encargado por ley de regular el uso o aprovechamiento de los recursos naturales en un área determinada, exigirá, de acuerdo con la normativa vigente, la presentación y cumplimiento de planes de manejo de los mismos, a fin de asegurar su conservación.

Añade el mismo precepto legal que los planes de manejo a que él alude, incluirán, entre otras, las siguientes consideraciones ambientales: a) Mantención de caudales de aguas y conservación de suelos;”.

Finaliza la norma legal antes citada, señalando que lo dispuesto en ella es sin perjuicio de lo establecido en otros cuerpos legales, sobre planes de manejo de recursos naturales renovables, cual sería el caso, en el evento que el artículo 129 bis 1 de este proyecto en estudio se convirtiera en definitiva en ley.

De manera que el artículo 129 bis 1 está complementando el artículo 42 de la Ley de Bases de Medio Ambiente señalando que el organismo público encargado de otorgar los derechos de aprovechamiento que será la Dirección General de Aguas deberá, durante el procedimiento de constitución de dichos derechos, exigir la presentación y cumplimiento de planes de manejo de los mismos, respetando la mantención de caudales de aguas.

La disposición propuesta permite restricciones en el otorgamiento de los derechos de agua que hoy día no existen. Al constituirse un nuevo derecho de aprovechamiento de aguas deberá respetarse la permanencia de un caudal ecológico mínimo en toda la fuente natural que garantice la conservación del ecosistema y los recursos recreacionales y escénicos existentes en la respectiva fuente.

Se destacó que existen diversas instituciones relacionadas con el tema de las aguas pero no por ello van a ser consultadas o va a ser necesario crear un organismo colegiado para que resuelva acerca del caudal ecológico mínimo y al otorgamiento de los derechos de aprovechamiento de aguas. Con la incorporación de esta norma, se insertaría dentro de la normativa general contenida en la Ley de Bases del Medio Ambiente, como una cuestión inherente a la Dirección General de Aguas, la posibilidad de constituir nuevos derechos de aguas respetando en toda la fuente natural un caudal ecológico mínimo.

Respecto de la fijación del caudal ecológico mínimo se señaló que éste depende de la Región y de las características del agua. Hay algunas legislaciones que establecen porcentajes fijos lo que constituye una ventaja y también una desventaja ya que se restringen las posibilidades de optimizar los recursos hídricos que realmente tiene un país y, por otro lado, si las normas acerca del tema son excesivamente rígidas de alguna manera se conspira con el desarrollo tecnológico.

La Comisión durante el debate de esta norma tuvo a la vista los informes en derecho presentados y las inquietudes generalizadas de los invitados quienes emitieron opinión sobre la conveniencia de determinar el caudal ecológico mínimo y en base a los distintos planteamientos formulados al respecto acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Cordero, Sabag y Urenda, agregar un inciso segundo a este artículo que establece que la forma de determinar el caudal ecológico estará señalada en el Reglamento.

Al incorporarse este inciso se privilegió el criterio de dejar la determinación del caudal ecológico al Reglamento, de manera que no se desperdicien recursos que pudieran estar disponibles, y de establecer en éste los requisitos o criterios o estándares mínimos o los marcos en el cual moverse para los efectos de determinar el caudal ecológico, ya que en una ley sería imposible contemplar cada uno de los casos. Cada río tiene un caudal ecológico mínimo diferente.

En votación este artículo, se aprobó con la enmienda señalada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Sabag y Urenda.

Artículo 129 bis 2

Señala que la Dirección General de Aguas podrá ordenar la inmediata paralización de las obras o labores que se ejecuten en los cauces naturales de aguas corrientes o detenidas que no cuenten con la autorización competente, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código.

Durante la discusión de esta disposición se observó que sería casi idéntico al artículo 299 letra c) y que, en todo caso, correspondería ubicar esta norma incorporándola al artículo 138 de este Código.

Al respecto se señaló que efectivamente el artículo 299, letra c), del Código de Aguas, otorga a la Dirección General de Aguas la facultad de policía y vigilancia en los cauces naturales de uso público para impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin las autorizaciones de los organismos competentes.

Sin embargo, dicha norma no le da a la Dirección General de Aguas la posibilidad de recurrir al auxilio de la fuerza pública en caso de que estén efectivamente haciendo obras en los álveos. Se explicó que en la práctica la Dirección General de Aguas dicta una resolución ordenando la suspensión de la ejecución de obras o labores en un álveo determinado y no tiene como apercibir su cumplimiento. Dichas obras a veces impiden el libre escurrimiento de las aguas, a veces importan situaciones de peligro al desviar cauces para un lado , etc.

La idea es darle a la Dirección General de Aguas la facultad de recurrir al auxilio de la fuerza pública en los términos que establece el artículo 138, esto es, recurrir a la autoridad política correspondiente, al Gobernador o al Intendente, con el objeto de que con el auxilio de la fuerza pública ponga término a obras que se estén ejecutando en los álveos, sin las autorizaciones correspondientes.

Es un artículo práctico que pretende el cumplimiento de las resoluciones de la Dirección General de Aguas que actualmente no se respetan. De ahí que sea importante requerir el auxilio de la fuerza pública para hacer operativa y aplicable efectivamente la norma.

En votación este artículo fue aprobado por las razones señaladas anteriormente, en los mismos términos que venía formulado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Sabag y Urenda.

Artículo 129 bis 3

Señala que la Dirección General de Aguas deberá establecer una red de estaciones de control de calidad, cantidad y niveles de las aguas tanto superficiales como subterráneas en cada cuenca u hoya hidrográfica. La información que se obtenga deberá ser publicada y proporcionada a quien lo solicite.

Durante la discusión de esta norma se manifestó que sería una repetición del artículo 299 letra b) Nº 1 del Código de Aguas que señala dentro de las atribuciones de la Dirección General de Aguas la de investigar y medir el recurso. Para ello deberá mantener y operar el servicio hidrométrico nacional y proporcionar y publicar la información correspondiente.

Esta norma es más bien un complemento del artículo 299 letra b) Nº 1, a fin de determinar y especificar en qué consiste el servicio hidrométrico nacional.

Se indicó que el objetivo de esta disposición es señalar cuál es el ámbito de este servicio hidrométrico nacional relacionándolo con el control de calidad, cantidad y niveles de las aguas tanto superficiales como subterráneas de cada cuenca u hoya hidrográfica.

Se informó que existían dudas respecto de a quién corresponde llevar los registros de calidad de aguas, ya que el artículo 299 es genérico. Esta disposición, desde un punto de vista práctico, obligaría a que los funcionarios de la Dirección General de Aguas, al menos una vez dentro del mes, recorran todos los ríos de Chile desde Arica a Tierra del Fuego tomando muestras del caudal de los ríos, mediciones que permitirían determinar el caudal y la calidad del agua.

En votación este artículo fue aprobado en los mismos términos que venía formulado, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Sabag y Urenda.

TITULO XI

DEL PAGO DE UNA PATENTE POR LA NO UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS

Artículo 129 bis 4

Establece que los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente a beneficio fiscal. La patente se regirá por las siguientes reglas:

a) En los primeros cinco años, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente será equivalente, en unidades tributarias mensuales, al valor que resulte de la siguiente operación aritmética:

Valor anual de la patente en UTM=0,33xQxH.

El factor Q corresponderá al caudal no utilizado expresado en metros cúbicos por segundo, y el factor H, al desnivel entre los puntos de captación y de restitución expresado en metros.

Si la captación de las aguas se hubiere solicitado realizar a través de un embalse, el valor del factor H corresponderá, en todo caso, al desnivel entre la altura máxima de inundación y el punto de restitución expresado en metros.

En todos aquellos casos en que el desnivel entre los puntos de captación y restitución resulte inferior a 10 metros, el valor del factor H, para los efectos de esa operación, será igual a 10.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 5; y, desde los años undécimo y siguientes al de su constitución o reconocimiento, por el factor 25.

c) Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes por unidad de tiempo sean inferiores a 100 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 500 litros por segundo en el resto de las Regiones.

Vuestra Comisión debatió el encabezamiento de este artículo en lo que dice relación con el establecimiento del pago de una patente por la no utilización de las aguas, materia que constituye el objetivo fundamental de este proyecto de ley.

Al respecto, los representantes del Ejecutivo reiteraron los fundamentos contenidos en el Mensaje y los planteamientos señalados durante la discusión general.

Hicieron hincapié en que existe un vacío legal en virtud del cual no se fija costo para la conservación indefinida del derecho de aprovechamiento, lo que incentiva la especulación y el mal uso del recurso. En consecuencia, se consideró necesario establecer e implementar un sistema de patentes que grave los derechos de aprovechamiento de agua no utilizados en todo o en parte.

Respecto a la determinación de no utilización total o parcial de los caudales se indicó que el artículo 129 bis 9 estableció una presunción legal de uso de las aguas, total o parcial, si existen las obras de captación de las mismas y de restitución, si se trata de derechos no consuntivos.

En efecto, con la finalidad de lograr una mayor transparencia y claridad acerca de determinar cuándo no se está usando o usando el agua el Ejecutivo reemplazo, mediante una indicación sustitutiva, las 4 presunciones de no uso de las aguas que contemplaba el artículo 129 bis 9, aprobado por la H. Cámara de Diputados, por una sola presunción simplemente legal de uso de las aguas: existencia de las obras de captación de las aguas y las correspondientes obras de restitución, en el caso de los derechos no consuntivos.

Esta presunción se aplicará en proporción al caudal correspondiente a la capacidad de captación o restitución de tales obras.

En votación, el encabezamiento de este artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Lavandero y Sabag, en los mismos términos que venía formulado.

En seguida, vuestra Comisión sometió a discusión las letras a), b) y c) de este artículo.

Las letras a) y b) de este artículo, que se refiere a los derechos de aprovechamiento no consuntivos, proponen distintos valores y un escalonamiento cada cinco años en el valor de las patentes llegando hasta el año undécimo y siguientes, contados desde que se haya constituido o reconocido el derecho, según la fórmula matemática que se indica.

A su vez, la letra c) establece la exención del pago de la patente para aquellos derechos cuyos volúmenes sean inferiores a 100 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana y de 500 litros por segundo en el resto de las Regiones.

El debate se centró en considerar si la patente se debería pagar desde el momento en que se otorga el derecho de aprovechamiento de agua o se debería pagar desde el momento en que se empiezan a ejecutar las obras hasta que la planta hidroeléctrica inicia su operación.

Se informó que los plazos promedios generales para concretar un proyecto, según informe proporcionado por Endesa, serían los siguientes: la etapa de identificación del proyecto, de un año; la de evaluación, de 2 años; el anteproyecto, 2 años; el diseño básico, medio año; la licitación de contratos, un año y medio y la construcción, 5 años.

Los representantes del Ejecutivo señalaron, además, que los porcentajes de la inversión de estas grandes obras que corresponden a la primera fase, es decir, a la inversión acumulada hasta antes de la construcción de la obra reflejan un 4% de la inversión total, o sea, la identificación y la evaluación no alcanzan a un 2% de la obra total, lo que es similar en cualquier negocio, en sus fases preliminares.

Por lo tanto, en opinión del Ejecutivo las empresas deberían hacer sus análisis e identificar sus proyectos sin necesidad de tener el derecho de aprovechamiento y sin excluir a otras empresas para que estudien y participen en este proceso.

De manera que las empresas deberían solicitar el derecho de aprovechamiento solamente cuando adopten la decisión de hacer la inversión. Esto permite la competencia por un mismo derecho por parte de varias empresas.

En consecuencia, en opinión del Gobierno, una empresa que acumula derecho de agua sin efectuar obras de electrificación no sólo impide que otras generen electricidad, sino que además ella decide cuándo proporcionar el servicio, controlando, de esta manera el precio de venta de la electricidad al público.

Además, se informó que para la determinación de los plazos contemplados se analizaron alrededor de 15 centrales hidroeléctricas en Chile.

En relación con el sistema de la patente éste está pensado en términos progresivos de 5 en 5 años, devolviéndose de acuerdo a la magnitud del proyecto. En el caso de las grandes centrales, de más de 300 MW de potencia se devuelve el valor de los últimos 5 años. Si el proyecto es de menos de 300 MW, se devuelven los últimos 3 años, una vez que entra en funcionamiento el proyecto. Quedan exentos de pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes sean inferiores a 100 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, y a 500 litros por segundo en el resto de las Regiones.

En cuanto al método de cálculo utilizado para obtener los montos de las patentes, el señor Director General de Aguas, señaló que era el siguiente:

1. Se consideraron proyectos de centrales de diferentes tamaños, desde 100 a 700 Mw.

2. Se obtuvo la anualidad de la inversión de las centrales anteriores, considerando un costo de 1.300 US$/Mw (que incluye costos fijos), y una tasa de descuento del 10%, estipulada en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, de Minería, “Ley General de Servicios Eléctricos”.

3. Se calculó el flujo anual de cada proyecto, considerando un precio medio de 35 mills/kWh y un factor de carga de 0,67.

4. Se obtuvo el valor actual neto (VAN) de cada proyecto utilizando una tasa de descuento del 10%.

5. Luego se calculó la disminución del VAN de cada proyecto por efecto del atraso en un año de la puesta en marcha respectiva.

6. Se calculó el aumento de precio que significa el atraso en un año de las centrales. Luego se linealizó los porcentajes de aumento respectivos para los proyectos considerados anteriormente.

7. Se calculó la pérdida social que se produce en el excedente del consumidor debido al aumento en el precio por efecto de atrasar la respectiva central.

8. Se calculó la pérdida social neta por los efectos anteriores (7-5).

9. A continuación se tomó en consideración que una empresa no retrasa un proyecto una cantidad indefinida de años, sino que realiza éstos con tasas de descuento mayores. Para calcular el número de años que una empresa -con las características indicadas en los puntos anteriores- retrasará su proyecto respecto al óptimo, se supuso que el atraso se realiza hasta obtener una tasa del 15%.

10. Luego, se calculó el pago anual que se debe cobrar para cada proyecto, tomando en consideración el número de años para su puesta en servicio y el retraso, de forma de hacer el VAN nulo por retraso.

Para hacer una fórmula de pago con caudal Q (m³/s) y altura de caída H (m) se uso la relación 8,5 Q x H = P (kW), y se estableció una correlación lineal para los proyectos de diferente tamaño; llegándose a un monto de patente de 2,1 x Q x H, expresando el valor en UTM/año.

Dado que los proyectos hidroeléctricos tienen un período de estudio largo y, con el fin de no afectar su realización, se decidió escalonar la patente en forma tal que sólo al cabo de once años alcanzará un valor presente igual al de su fecha de puesta en servicio.

Se concluyó que por el no uso de un derecho de aprovechamiento de aguas, su poseedor debe pagar un valor por los primeros 5 años correspondiente a 0,3254 x Q x H UTM/año, y que este valor se incremente por 5 cada 5 años, con un valor tope para 15 años.

11. Dado que los proyectos hidroeléctricos son intensivos en capital y que los inversionistas que hacen sus proyectos no deben ser afectados durante el período de construcción, se calculó el % de la inversión que, por efecto de lucro cesante, impide el retraso de la puesta en marcha de la central respectiva.

Con estos valores y con perfiles típicos de inversión de proyectos hidroeléctricos, se encontró el % del tiempo respecto al período de construcción durante el cual se pagaría la patente respectiva, llegándose a los años en que ésta debe ser devuelta y que se muestra en la siguiente tabla:

Sin embargo, como una forma de simplificar el proyecto y no perturbar a los inversionistas durante el tiempo de construcción se decidió la devolución de las patentes cobradas según la siguiente tabla:

__________________

En seguida, vuestra Comisión, con el objeto de tener mayor claridad sobre esta materia consultó al señor Director General de Aguas acerca de la situación de los derechos no consuntivos y consuntivos otorgados, utilizados y disponibles, es decir, a la Comisión le interesaba saber si los derechos de aprovechamiento entregados constituyen el total de las aguas disponibles, si queda algún margen, si lo que se está solicitando tiene alguna posibilidad de otorgarse o no.

El señor Director General de Aguas hizo entrega de un informe fechado en Agosto de 1996, en respuesta a esta consulta, que se transcribe a continuación:

I) Situación de los derechos de aprovechamiento no consuntivos

1. Introducción.

El presente informe tiene por objeto efectuar un análisis de los derechos de aprovechamiento de carácter no consuntivo solicitados a la Dirección General de Aguas, y su relación con el resto de los derechos de aprovechamiento no consuntivos solicitados y con la disponibilidad global de recursos hídricos a nivel regional y nacional.

Con este propósito se entregan, con carácter ilustrativo, antecedentes sobre la disponibilidad de recursos hídricos a nivel nacional y estimaciones de la demanda a partir de estudios prospectivos realizados por esta Dirección General ; lo anterior permite tener una visión comparativa global de la magnitud de la presión existente sobre el recurso agua a lo largo del país y de la importancia relativa de los derechos de aprovechamiento constituidos o solicitados.

Cabe señalar que los derechos de aprovechamiento de carácter no consuntivo son utilizados en generación hidroeléctrica o en acuicultura. Sin embargo, estos últimos, aunque muy numerosos, representan un caudal comparativamente insignificante en relación al uso hidroeléctrico. De acuerdo a lo anterior, en este informe se asume que todos los derechos no consuntivos se refieren a este último uso.

2. Disponibilidad de recursos hídricos.

A continuación, se presentan a manera informativa los recursos hídricos existentes a nivel regional, resultantes del balance hídrico realizado por la DGA, expresados en término de caudales anuales representativos del promedio de un período estadístico de 30 años.

Los valores indican la disponibilidad, a nivel global, de los recursos generados por cada Región; cabe hacer presente que los recursos pueden ser utilizados en forma sucesiva a lo largo de los cauces.

En términos de caudales disponibles, a nivel nacional se alcanza a un valor total de 29.105 m³/sg. Si se excluyen los recursos de la XII Región, la cual desde el punto de vista del abastecimiento de energía no se prevé que desempeñe un papel de importancia en el mediano o largo plazo, se llega a un total de 18.981 m³/seg. Un porcentaje significativo (93,9%) de este último valor se concentra desde la VIII Región a la XI Región.

Por otra parte, cabe hacer presente que un 62,6% de los recursos de la XI Región, equivalente a 6.340 m³/seg., se genera en pequeñas cuencas costeras o en el sector insular del país, resultando de difícil acceso y económicamente inaprovechable. Por esta razón, el caudal medio anual de interés económico, de la Región XI al norte, asciende como máximo a unos 12. 641 m³/seg.

3. Recursos hídricos del país.

La naturaleza no consuntiva de los recursos hídricos utilizados en la generación hidroeléctrica hacen posible el reuso reiterado de los mismos caudales, teóricamente sin ningún tipo de limitación. Sin embargo, el caudal que efectivamente presenta un interés económico para su desarrollo con fines hidroeléctricos tiene límites naturales, definidos tanto por consideraciones técnico-económicas como geográficas. Con este propósito se han realizado inventarios de los recursos hidroeléctricos del país. Es así como, en 1973, Endesa evaluó la potencia total en 18.780 MW, con un aprovechamiento de 15.283 m³/s (caudal de diseño).

Posteriormente se han identificado nuevos recursos por las empresas del área, de modo que en la actualidad se ha estimado el potencial hidroeléctrico total del país en 28.000 MW, lo que pudiere significar un caudal máximo de diseño para efectuar los aprovechamiento de 23.000 m³/s.

Por otra parte, la DGA, con el apoyo de empresas consultoras (“Uso Actual y Futuro de los Recursos Hídricos de Chile, DGA-IPLA, 1995”), realizó una proyección de la demanda para fines hidroeléctricos al año 2017, la cual entregó un caudal medio anual de generación de 14.344 m³/s. Considerando un factor de planta razonable (0,6), dichos aprovechamientos pudieran significar un caudal máximo de extracción de 23.907 m³/s. Cabe hacer presente que la proyección de la demanda realizada no considera las modificaciones recientes en el programa de abastecimiento energético como resultado de la incorporación del gas natural; por lo tanto, los caudales estimados se harán efectivos con retraso en relación a la proyección original, de modo que pudieran resultar más bien representativos de la situación en torno al año 2030.

De acuerdo a los antecedentes anteriores, se estima que los recursos hidroeléctricos efectivamente utilizables del país (de la XI Región al norte) alcanzan como máximo a un caudal del orden de 30.000 m³/s, valor que se usará para fines comparativos en el presente informe.

4. Derechos no consuntivos constituidos y solicitados a la DGA.

En el cuadro Nº 2 se resume la situación de los derechos no consuntivos en el país (hasta XI Región), distinguiendo entre derechos constituidos en uso, constituidos sin uso y solicitados en trámite, teniendo como referencia el total de recursos hidroeléctricos utilizables según la estimación presentada en el punto anterior.

En relación a estos antecedentes, cabe señalar que:

Sólo un 13,2% de los derechos de aprovechamiento constituidos están siendo ejercidos.

El 43,0% de los recursos hídricos utilizables están asignados.

Los derechos solicitados en trámite incluyen un número significativo de duplicidades, lo cual hará inviable en algunos casos la constitución de esos derechos y en otros se deberá llamar a remate entre varias solicitudes que concurren a las mismas aguas, de acuerdo a lo establecido por el Código de Aguas. Además, las solicitudes recientes corresponden frecuentemente a recursos de carácter marginal, no solicitados con anterioridad por su reducida viabilidad técnico-económica. Por esta razón, el caudal solicitado supera ampliamente el máximo utilizable estimado por este Servicio.

El caudal total solicitado más el constituido (51.411 m³/seg.) equivale a utilizar 4,1 veces el caudal de interés económico definido en el punto 2 (12.641 m³/seg).

Como antecedente complementario, en el anexo I se ha entregado un resumen desglosado por regiones de los derechos en ejercicio, constituidos sin uso y solicitados en trámite.

Por otra parte, en el cuadro Nº 3 se ha resumido la información disponible respecto a los derechos de aprovechamiento no consuntivos de las principales empresas hidroeléctricas del país, en especial de Endesa.

Respecto a los antecedentes incluidos en el cuadro Nº 3 conviene destacar los siguientes aspectos:

Endesa tiene constituidos derechos por un caudal de 7.596 m³/seg., de los cuales utiliza 1013 m³/seg. (el 13,3%). Estos derechos representan un 58,9% del caudal total constituido en el país (en ejercicio más constituido sin uso) y el 73,5% del constituido a las principales generadoras. Adicionalmente el caudal ya constituido a Endesa es equivalente a 4,5 veces los derechos actualmente utilizados en generación hidroeléctrica en el país.

Endesa tiene solicitado en trámite un caudal de 16.164 m³/seg., lo cual sumado a lo ya constituido entrega un total de 23.760 m³/seg.

Este valor significa que dicha empresa pudiera llegar a controlar, en el caso hipotético que se le constituyeran directamente o a través de remates todas sus solicitudes, un caudal máximo superior al 80% del total utilizable. Este caudal, a su vez, es equivalente a 13,9 veces los derechos actualmente empleados en generación hidroeléctrica en el país.

Una estimación similar en relación a los derechos de Chilgener indica que su máxima participación posible en el total de los derechos de agua utilizables sería del orden del 30%.

Finalmente, para evaluar la importancia de los derechos de los diversos usuarios se debe necesariamente considerar no solamente la cantidad de los derechos sino su calidad, es decir, la factibilidad técnico-económica de desarrollarlos. En este sentido conviene destacar que en los últimos 3 años se han solicitado derechos por más de 10.000 m³/seg, los cuales en general corresponden a recursos marginales o a caudales sobre los que existen peticiones anteriores. En estas peticiones Endesa presenta una participación muy reducida, de modo que la calidad de sus solicitudes resulta claramente superior al promedio.

En el anexo II se entrega información de las principales empresas hidroeléctricas, desglosada a nivel regional.

________________

Se reiteró, finalmente, que todas las obras tienen un tiempo de ejecución, el que está cubierto por la devolución a posteriori de los pagos por concepto de patente: 3 años para los derechos consuntivos y 5 años para los no consuntivos.

Se consultó acerca de cómo la empresa va a tener la seguridad de que va a poder disponer del recurso.

La respuesta fue que la legislación prevee la situación de remate de ese derecho de aprovechamiento de aguas si hay otro interesado, debiendo dicha empresa evaluar su postura teniendo en consideración los costos efectuados y los beneficios que le generará el proyecto y cuándo lo pondrá en práctica, cuestión esta última determinante por el pago de la patente y su devolución.

De manera que el mecanismo de remate del derecho de aprovechamiento de agua garantiza, en opinión del Gobierno, la obtención del recurso, para el que tiene verdadero interés en desarrollar un proyecto.

El H. Senador señor Prat manifestó sus dudas acerca de la constitucionalidad del objetivo disuasivo que fundamenta esta norma y solicitó un estudio paralelo entre las patentes mineras y las patentes por el no uso de las aguas.

Al respecto, se señaló que las patentes mineras son fijas y son proporcionales a la cantidad de hectáreas que se explotan y no se devuelven.

La patente por no uso del agua se devuelve por un periódo fijo, de acuerdo a la magnitud del derecho en cuestión, devolución que se lleva a efecto una vez que se ejercita el derecho. Se devuelven los 5 ó 3 últimos años. Esta progresión se relaciona directamente con los valores que se estiman que de alguna manera son los problemas que generan para el resto de las sociedades este tipo de situaciones.

A mayor abundamiento, la Dirección General de Aguas hizo entrega de un documento sobre esta materia, el que la Comisión tuvo a la vista durante la discusión de este artículo y que se encuentra en la Secretaría de la Comisión a disposición de los señores Senadores, del cual transcribimos una síntesis:

LAS PATENTES MINERAS

Como marco referencial, debemos recordar que, conforme lo dispone el artículo 19, N° 24, inciso 6° de la Constitución Política de la República, "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas", y es el mismo Estado, a través de una decisión emanada de los Tribunales de Justicia, el que otorga una concesión para explorar y explotar aquellas minas que la propia ley señala.

En consecuencia, los particulares, en uso de un derecho real, como lo es la concesión minera -art. 2° del Código de Minería-, pueden aprovechar las sustancias minerales, con la respectiva obligación de amparo.

LAS PATENTES POR EL NO USO DE LAS AGUAS

Al igual como lo hiciéramos respecto de las patentes mineras como marco referencial, debemos tener presente que todas las aguas, sin excepción alguna, son bienes nacionales de uso público, y la autoridad otorga un derecho real de aprovechamiento que recae sobre ellas, para usarlas y gozarlas en conformidad a la Ley.

Definición y características del amparo.

Se puede definir como "la obligación que la ley impone al titular de derechos mineros, para mantenerlos vigentes y dentro de su patrimonio". Por esa razón, el artículo 142 del Código de Minería señala que "la concesión minera debe ser amparada mediante el pago de una patente anual cuyo monto....".

Como consecuencia de lo anterior, y las disposiciones legales vigentes, el incumplimiento de la obligación del amparo da origen al "desamparo de la concesión minera", el que se define como "un acontecimiento futuro e incierto, de carácter negativo, que puede provocar la transferencia de esos derechos a un tercero e, incluso, su extinción".

El régimen de amparo vigente en nuestro país, denominado "amparo por patente o canon", consiste en el pago periódico al Estado de una cantidad de dinero que la ley fija en consideración a la extensión cubierta por los derechos mineros. Este sistema, descansa en el supuesto básico de que el monto de la patente es proporcionado a la capacidad económica general, de manera que represente un gravamen de cierta consideración para quién no realice una actividad económica en el yacimiento.

Fundado en tales principios, el D.L. N° 1.759, de 1977, sentó las bases del régimen de amparo contemplado en el actual ordenamiento jurídico, con el claro propósito de estimular la actividad minera, impidiendo con ello la acumulación de concesiones mineras improductivas. Para tales fines, se adoptaron ciertas medidas: a) se aumentó en forma drástica el monto de las patentes mineras existentes en la anterior legislación, -en un 1.700% para las concesiones mineras metálicas-; b) la patente se objetivó, aplicando ciertos porcentajes de U.T.M., y c) se permitió en forma condicionada la imputación del pago de las patentes de explotación, al impuesto a la renta que se genera por tal explotación.

Dicho principio, fue posteriormente reconocido de manera expresa en el artículo 19, N° 24, inciso 7° de la Constitución Política de la República, el que señala:

"(...) La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha Ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. (...)".

Definición y características de la patente por el no uso de las aguas.

Conforme se desprende de las normas contenidas en este Proyecto de Ley de reforma del Código de Aguas de 1981, en adelante, Proyecto de Ley, se puede definir como "la obligación que la ley impone al dueño de un derecho de aprovechamiento que no utiliza las aguas, de pagar una determinada cantidad de dinero en la proporción que señala la misma Ley.

El régimen de amparo en el Código de Minería de 1983.

El inciso 1º, del artículo 12 de la Ley N° 18.097, de 1982, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, define la naturaleza y características del amparo, al establecer que el régimen de amparo a que alude la Constitución consiste en el "pago anual y anticipado de una patente a beneficio fiscal, en la forma y por el monto que determine el Código".

Comienzo de la obligación del pago de la patente minera:

La obligación de amparo, la que recae en el concesionario, y cuyo régimen se encuentra contenido en los artículos 142 y siguientes del Código de Minería, comienza al solicitarse la sentencia constitutiva de la concesión de exploración minera, o bien, al solicitarse la mensura de la pertenencia, es decir, en ambos casos, antes de estar constituida la concesión minera.

Dicho pago es anticipado y se efectúa dentro del curso del mes de marzo de cada año.

El régimen de patentes contemplado en el Proyecto de Ley.

Se pretende incorporar un sistema de pago de patentes por el no uso total o parcial de los derechos de aprovechamiento, regulado desde el artículo 129 bis 4 al artículo 129 bis 13.

El artículo 129 bis 4 del Proyecto de Ley, señala que "Los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente a beneficio fiscal". El mismo tenor es utilizado en el artículo 129 bis 5 para los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente.

Comienzo de la obligación del pago de la patente del proyecto:

Antes de examinar los mecanismos específicos del pago de la patente, es necesario recalcar que, a diferencia del régimen de amparo minero, la obligación del pago de estas patentes se origina solo si el derecho de aprovechamiento no es utilizado, de manera que, si el titular usa su derecho, no se encuentra afecto a ningún pago por dicho concepto. El artículo 129 bis 8 del Proyecto de Ley, le otorga la facultad al Director General de Aguas para determinar los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no están siendo utilizadas, facultad que se encuentra limitada por la presunción de uso contenida en el artículo 129 bis 9. del texto de la indicación del Ejecutivo de 18 de diciembre de 1998.

Ahora bien, determinado que sea por el Director General de Aguas el hecho del no uso de las aguas del derecho de aprovechamiento, la obligación del pago de la patente comienza desde que se constituye el derecho de aprovechamiento.

Dicho pago es anual y se efectúa dentro del curso del mes de marzo de cada año.

Monto de la patente minera:

b.1) Primera patente: El monto de la primera patente de la concesión para explorar es aquella fracción del monto que le correspondería como patente anual, que sea proporcional al lapso que medie entre la fecha de la solicitud de la sentencia constitutiva y el último día del mes de febrero siguiente. Por su parte, el monto de la primera patente de la concesión de explotación, o pertenencia, es aquella fracción del monto que le correspondería como patente anual, que sea proporcional al tiempo que medie entre la fecha de la solicitud de mensura y el último día del mes de febrero siguiente.

B. 1) Monto de la patente anual, en trámite o ya constituida: en el caso de las pertenencias, la regla general consiste en el pago equivalente en pesos a un décimo (1/10) de unidad tributaria mensual por cada hectárea completa que ella comprenda, salvo, en el caso de las sustancias no metálicas, placeres metalíferos y salares, cuyo monto disminuye por tratarse de las especiales características geológicas y económicas de dichas sustancias. En el caso de las concesiones de exploración, el pago de la patente equivale en pesos a un quincuagésimo (1/50) de unidad tributaria mensual por cada hectárea completa.

Monto de la patente del proyecto de ley:

Para todos los casos que analizaremos, la patente a pagar guarda estricta relación con la "proporción no utilizada de los respectivos caudales".

b. 1) Derechos no consuntivos:

En los primeros cinco años contados desde que se constituye el derecho, el monto de la patente será equivalente, en unidades tributarias mensuales, al valor que resulte de la siguiente operación aritmética:

Valor anual de la patente en UTM=0,33 x Q x H, donde Q representa el caudal no utilizado expresado en metros cúbicos por segundo, y el factor H, al desnivel entre los puntos de captación y de restitución expresado en metros. El mismo artículo efectúa correcciones respecto de los desniveles que pueden ocurrir en ciertos casos.

B.2.) Derechos Consuntivos:

En los primeros cinco años contados desde que se constituye el derecho, el monto de la patente varía según la cuenca hidrográfica donde se encuentre ubicado el punto de captación del derecho.

Así, en aquellas cuencas ubicadas en las Regiones I a Metropolitana, el monto de la patente anual será equivalente a 1,6 unidades tributarias mensuales por cada litro por segundo no utilizado.

Respecto de los derechos de aprovechamiento cuyas aguas pertenezcan a cuencas situadas entre las regiones VI a IX, el monto de la patente anual será equivalente a 0,2 unidades tributarias mensuales por cada litro por segundo no utilizado, y para las regiones X, XII y XII, la patente ascenderá a 0,1 unidad tributaria mensual.

Entre los años sexto y décimo, la patente anual, calculada de la forma antes descrita, se multiplicará por el factor dos, y desde los años undécimo y siguientes de su constitución, se multiplicará por el factor 4.

Al igual que los derechos no consuntivos, el Proyecto de Ley contempla ciertas exenciones de pago de patente, respecto de derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes no sean significativos o de poca importancia para el sector donde estén constituidos.

Efectos tributarios del pago de la patente minera.

El valor de las patentes mineras no se considera como gasto para los fines tributarios. Sin embargo, tratándose de mineros o empresas mineras que declaren su renta efectiva afecta al impuesto de Primera Categoría, sobre la base de contabilidad fidedigna, las cantidades pagadas a título de patente minera por la pertenencia o concesión para explorar que haya precedido a ésta, durante los cinco años inmediatamente anteriores a aquél en que se inicie la explotación de la pertenencia, serán consideradas para los fines tributarios como gastos de organización de aquellos que se refiere el artículo 31 número 9 de la Ley de la Renta [1], y, en su calidad de tales deben ser amortizadas en la forma indicada en dicho precepto, debidamente actualizadas.

Asimismo, el Código de Minería establece que, a contar del año en que la pertenencia comience a ser explotada por su propietario o terceros, las cantidades pagadas en el mes de marzo a título de patente minera tienen el carácter de un pago provisional voluntario de aquellos a que se refiere el articulo 88 de la Ley de la Renta, pagos que pueden ser imputados en forma exclusiva a las obligaciones tributarias de origen minero que indica el artículo 164 del Código de Minería. Para tales efectos, el Código de Minería establece una serie de presunciones de explotación de las minas.

Efectos tributarios del pago de la patente por el no uso de las aguas (art. 129 bis 12 del Proyecto de Ley).

El valor de las patentes en reseña no se considera como gasto para los fines tributarios. Sin embargo, las cantidades pagadas por concepto de patentes por los titulares de derechos de aprovechamiento durante los años anteriores a aquel en que si inicie la utilización de las aguas, podrán imputarse a cualquier clase de impuesto fiscal de declaración y pago mensual, en la forma que determine el Ministerio de Hacienda mediante decreto.

Para tales efectos, el artículo 129 bis 13 establece una tabla progresiva para que opere el mecanismo de imputación tributaria antes descrito, respecto de los derechos de aprovechamiento no consuntivos.

El valor de las patentes en reseña no se considera como gasto para los fines tributarios. Sin embargo, las cantidades pagadas por concepto de patentes por los titulares de derechos de aprovechamiento durante los años anteriores a aquel en que si inicie la utilización de las aguas, podrán imputarse a cualquier clase de impuesto fiscal de declaración y pago mensual, en la forma que determine el Ministerio de Hacienda mediante decreto.

Para tales efectos, el artículo 129 bis 13 establece una tabla progresiva para que opere el mecanismo de imputación tributaria antes descrito, respecto de los derechos de aprovechamiento no consuntivos.

Incumplimiento del pago de la patente minera: el desamparo.

Tal como lo señaláramos anteriormente, el incumplimiento del pago de la patente minera trae consigo que la concesión minera sea desamparada, es decir, se produce la transferencia obligatoria de la concesión respectiva, si se produce un remate, o se declara la extinción de la concesión minera.

Ahora bien, para los efectos del cobro de una patente minera, el Código del ramo dispone un procedimiento judicial contencioso, de carácter ejecutivo y con normas especiales.

En síntesis, podemos señalar que el procedimiento se inicia cuando el Tesorero General de la República envía al tribunal competente, en el plazo que la misma Ley señala, la nómina de las concesiones mineras cuya patente no haya sido pagada.

Una vez recibida la nómina, el juez competente debe señalar día y hora para el remate, y ordenar que esta resolución y esa nómina sean publicados en la forma y plazos que señala la Ley.

El dueño de la concesión no puede ser admitido a hacer posturas por el remate de ella, pero puede eliminar su concesión de la subasta, pagando el doble del valor de lo adeudado. Con esta institución, se pretende que el titular moroso en el pago, no espere hasta el último momento para pagar la deuda, originando con ello trámites y gastos innecesarios de tiempo y recursos fiscales.

Si no existe postor para adjudicarse la concesión, y el titular de ésta no paga el doble de lo adeudado, el Tribunal deberá declarar "franco el terreno" y ordenar la cancelación de la inscripción de la concesión minera, del Conservador de Minas donde dicho derecho real se encuentre inscrito.

Finalmente, debemos recordar que conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 146 del Código de Minería, la obligación de pagar la patente sólo se puede perseguir sobre la respectiva concesión, de manera que dicha obligación no puede perseguirse sobre el patrimonio del titular de la concesión, excluyéndose con ello el derecho de prenda general de los acreedores consagrado en el artículo 2465 del Código Civil.

Incumplimiento del pago de la patente del proyecto de ley (arts. 129 bis 11 a 129 bis 15 de la Indicación del Ejecutivo del 18 de diciembre de 1998).

El incumplimiento del pago de la patente por el no uso de las aguas, da origen a un procedimiento judicial contencioso, de carácter ejecutivo y con normas especiales, con el objeto de obtener el cumplimiento forzado del pago de la patente mediante el remate del derecho, en la proporción que corresponda, es decir, respecto de aquella parte del derecho de aprovechamiento que no ha sido utilizado.

En síntesis, podemos señalar que el procedimiento se inicia cuando el Tesorero General de la República envía al tribunal competente, en el plazo que la misma Ley señala, la nómina de los derechos de aprovechamiento cuya patente no haya sido pagada.

Una vez recibida la nómina, el juez competente debe señalar día y hora para el remate, y ordenar que esta resolución y esa nómina sean publicados en la forma y plazos que señala la Ley.

El dueño del derecho de aprovechamiento no puede ser admitido a hacer posturas por el remate del mismo, pero puede eliminar su derecho de la subasta, pagando el doble del valor de lo adeudado. Con esta institución, se pretende que el titular moroso en el pago, no espere hasta el último momento para pagar la deuda, originando con ello trámites y gastos innecesarios de tiempo y recursos fiscales.

Si no existe postor para adjudicarse la concesión, y el titular de ésta no paga el doble de lo adeudado, el Tribunal deberá declarar "libres las aguas" y ordenar la cancelación de la inscripción en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo.

Finalmente, debemos recordar que del tenor del artículo 129 bis 4 [2], la obligación de pagar la patente sólo se puede perseguir sobre el respectivo derecho de aprovechamiento, de manera que dicha obligación no puede perseguirse sobre el patrimonio del titular de la concesión, excluyéndose con ello el derecho de prenda general de los acreedores consagrado en el artículo 2465 del Código Civil.

Refuerza tal idea, el hecho que se ha incorporado un procedimiento ejecutivo, especialmente y en forma exclusiva, concebido para el remate del derecho de aprovechamiento.

Las concesiones mineras constituidas con anterioridad a la Constitución de 1980.

Según lo dispuso el inciso segundo de la disposición transitoria 2a de la Constitución, los derechos mineros a que se refiere dicha norma -sustancias concesibles- subsistirán bajo el imperio del nuevo Código de Minería, pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las normas del nuevo Código, principio reconocido muchos años antes en el artículo 12 de la Ley Sobre Efecto Retroactivo de las Leyes. De esa manera, no quedó duda alguna sobre la vigencia de las antiguas concesiones mineras, pero ellas debían, para ejercerse, cumplir con las cargas que la Ley les asignaría, entre otras, el de pagar las nuevas patentes contempladas en el Código de Minería de 1983 .

En ese orden de ideas, es interesante destacar que el artículo 7° Transitorio del Código de Minería dispuso la subsistencia de las concesiones mineras de explotación vigentes sobre nitratos y sales análogas, pertenencias que se encontraban exentas del pago de la patente. Sin embargo, dicha disposición transitoria, conjuntamente con la declaración de subsistencia indicada, sometió a esas pertenencias mineras al régimen de amparo, a contar del 1° de marzo de 1989 Es decir, los titulares de estas concesiones de explotación que gozaban de la exención señalada, con el nuevo ordenamiento jurídico minero de 1983, debían efectuar tales pagos.

Situación de los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos con anterioridad a la vigencia de las modificaciones en reseña.

Según lo señalan los artículos transitorios 1° y 2° del Proyecto de Ley, los derechos de aprovechamiento que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1° de enero del año siguiente al de la entrada en vigencia de las modificaciones, estarán afectos al pago de la patente en la proporción no utilizada, en conformidad a las reglas generales que acabamos de mencionar.

Tal disposición, se basa en el principio reconocido muchos años antes en el artículo 12 de la Ley Sobre Efecto Retroactivo de las Leyes de 1861, el que dispone: "Todo derecho real -como lo es el derecho de aprovechamiento de aguas- adquirido bajo una Ley y en conformidad a ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a sus goces y cargas -como lo son las patentes en comento- y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva Ley, sin perjuicio de lo que respecto de mayorazgos o vinculaciones se hubiese ordenado o se ordenare por leyes especiales".

1.- SEMEJANZAS EN CUANTO AL OBJETIVO O FINALIDAD DE LA PATENTE.

A través de las patentes en reseña, se pretende satisfacer "el interés publico que justifica el otorgamiento" de ambos derechos reales [3].

En el caso de las patentes por el no uso de las aguas contenidas en el Proyecto de Ley, tal finalidad aparece con mucho mayor nitidez, por cuanto, recordemos, el derecho de aprovechamiento se encuentra afecto a esa patente sí, y solo sí, las aguas no son utilizadas, afección que sólo grava el volumen no utilizado.

Esta diferencia con las patentes mineras tiene por finalidad el hecho de reflejar no sólo el interés público antes indicado, sino que, además, la de dejar de manifiesto el alto costo que tiene para la sociedad la circunstancia de haberse otorgado en forma gratuita un permiso exclusivo y excluyente para aprovechar un cierto volumen de aguas, y que dicho vital elemento no sea utilizado por el titular del derecho.

2.- SEMEJANZAS EN CUANTO A LA FORMA DE DISTRIBUIR EL MONTO DE LO RECAUDADO POR CONCEPTO DE PATENTES Y REMATES.

El artículo 129 bis 11 del proyecto de Ley contiene una serie de normas de distribución de tales recaudaciones, a favor del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de las municipalidades respectivas, en una forma prácticamente igual de la manera que el artículo único de la Ley N° 19.143 hace respecto de las patentes mineras y remates de las concesiones mineras.

3.- SEMEJANZAS EN CUANTO A LA IMPUTABILIDAD TRIBUTARIA DE LAS PATENTES.

Los artículos 163 y 164 del Código de Minería y 129 bis 12 del Proyecto de Ley, permiten la imputación de lo pagado por concepto de patente, a los impuestos fiscales de declaración y pago mensual a que se refieren los artículos 84 y 88 de la Ley de la Renta.

4.- SEMEJANZAS EN CUANTO AL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE AMBAS PATENTES.

En este punto, encontramos varias e iguales consecuencias, a saber:

a) Como hemos señalado, el cumplimiento forzado de la obligación del pago de ambas patentes, sólo pueden hacerse efectivas en el respectivo derecho real, más no, en el patrimonio del titular del mismo.

b) Ambas tienen concebido un procedimiento ejecutivo especial para su cobro, con plazos y trámites propios que regulan el cumplimiento compulsivo.

c) En los dos procedimientos especiales, no se admite al titular del derecho para hacer posturas el día del remate del derecho real respectivo. Sin embargo, se le permite salvar el remate pagando el doble de lo adeudado.

d) En ambos casos, si no existe postor en el remate, y el titular no paga el doble de lo adeudado por concepto de patentes, el juez de la causa debe declarar "franco el terreno" y ordenar la cancelación de la inscripción de la concesión minera, en un caso, y en el otro, declarar "libres las aguas" y ordenar la cancelación de la inscripción del derecho de aprovechamiento.

5.- SEMEJANZAS EN CUANTO A LA REGULACION DE DERECHOS CONSTITUIDOS CON ANTERIORIDAD A LA LEY.

En ambos casos, la ley que establece y regula las patentes, rige "in actum". En el caso del amparo minero, se aumentó el valor de las patentes mineras constituidas con anterioridad a la Ley -en un 1.700% en el caso de las minas metálicas-; se sometió a la obligación de pagar patente a aquellas concesiones que otrora no lo hacían, como fue el caso de las pertenencias sobre nitratos u otras sales análogas, y se les sometió a nuevas causales de extinción.

Respecto de las patentes por el no uso del derecho de aprovechamiento de aguas, se les aplicará a los derechos de aprovechamiento ya constituidos, a los que se encuentren en trámite y, naturalmente, a los que a futuro se constituyan.

Ambas situaciones, tal como señaláramos en su oportunidad, emanan de la aplicación del principio general consagrado en el artículo 12 de la Ley Sobre Efecto Retroactivo de las Leyes.

_______________

En seguida, vuestra Comisión solicitó información en relación con los posibles flujos monetarios que se originarían por concepto de cobro de patente por derechos de aprovechamiento no utilizados.

La Dirección General de Aguas hizo entrega del siguiente documento que transcribimos a continuación, sobre esta materia:

1. INTRODUCCION

La determinación de los pagos de una patente de estas características es altamente hipotética, ya que de resultar plenamente efectiva deberán generarse incentivos para el uso de los recursos hídricos por los actuales dueños o por otros interesados que pudieran adquirirlos para desarrollar proyectos productivos. En este sentido, lo normal pudiera resultar que en el largo plazo los derechos de aprovechamiento se constituyan cuando existe el ánimo efectivo de desarrollar proyectos de aprovechamiento. De este modo los pagos por concepto de patente tenderían a ser nulos.

No obstante lo anterior, y con el único propósito de disponer de un marco de referencia que incluye escenarios alternativos a objeto de permitir un análisis de sensibilidad respecto de los montos que involucrarían el pago de patentes, se ha efectuado un análisis respecto de los flujos monetarios considerando por una parte aspectos financieros así como una estimación de ingresos netos de fondos al Estado.

2. DERECHOS NO CONSUNTIVOS (HIDROELECTRICOS).

a.) Pago de Patentes. Flujos monetarios al Estado.

- Proyección de la demanda hidroeléctrica.

Se ha considerado un crecimiento de la oferta hidroeléctrica a una tasa de 7% anual, para un período de análisis que alcanza hasta el año 2015. Dicha tasa de crecimiento implica la incorporación de 6000 MW entre el año 2006 y el 2015. Esta proyección es similar a la efectuada por ENDESA.

- Estimación de los períodos de no uso.

La existencia de un costo por la mantención de derechos de aprovechamiento hacen suponer que los particulares estarán interesados en dichos derechos sólo en la medida que tengan proyectos concretos de desarrollo en un plazo razonable, y que devolverán aquellos que no se encuentran en dicha situación; se han estimado dos escenarios alternativos, los cuales corresponden a un período de no uso del derecho debido al desarrollo del proyecto de 5 y 8 años respectivamente. Ambos casos consideran un rango similar a los valores promedios de desarrollo de proyectos medianos y de gran envergadura.

A continuación se entregan antecedentes que respaldan dichos períodos de no uso.

ANEXO A

Plazos de desarrollo de proyectos hidroeléctricos

Sobre la base de la información relativa a fechas de constitución de derechos de aprovechamiento y de inicio de operación de distintos proyectos hidroeléctricos se ha procedido a estimar plazos de desarrollo sobre la base de las siguientes consideraciones:

- Se ha considerado una clasificación por tamaño de centrales, clasificando como proyectos hidroeléctricos grandes aquellos cuya potencia instalada es mayor o igual a 300 MW.

- A partir de los antecedentes de constitución de derechos de aguas o de la adquisición de estos para la operación de centrales, se establece la fecha (año) correspondiente a la tenencia del derecho de aprovechamiento.

- Se han considerado 13 casos de centrales hidroeléctricas, que se consideran representativos de las diversas alternativas, para los cuales se presenta en el gráfico adjunto el plazo que existe entre la disponibilidad del derecho y el inicio de la operación.

- El ciclo de desarrollo de un proyecto contempla las fases de identificación, evaluación, anteproyecto, licitación y construcción.

A partir de lo anterior se desprende que para proyectos medianos y pequeños el promedio histórico del plazo que media entre la constitución (adquisición) del derecho e inicio de operación es de seis años. Cabe consignar, sin embargo, que existe una cantidad significativa de proyectos con plazos menores o iguales a cinco años.

Para el caso de grandes centrales se obtiene un valor promedio histórico de 9 años, observándose una alta dispersión con valores que oscilan entre 2 y 15 años. Esto indica que no existe una clara correlación entre la necesidad de contar con los derechos en un tiempo muy prolongado antes de iniciar la operación de las obras o al menos hasta desarrollar la fase de diseño o ingeniería básica.

Para explicarse la situación anterior es necesario indicar cuales son los plazos de ejecución de las distintas etapas de desarrollo de un proyecto hidroeléctrico en caso de proyectos mayores. En dichos proyectos las fases de identificación y evaluación representan un 25% del plazo total y al incluir la etapa de factibilidad el plazo acumulado alcanza al 40%. Por su parte la fase de construcción por sí sola alcanza a un 40% del plazo total de ejecución.

- Sin embargo, en términos de inversión, la identificación y evaluación representa un porcentaje muy menor del total de la inversión, estimado en un 1,7%. Adicionalmente la etapa de anteproyecto representa sólo un 1,8 % del total, teniéndose acumulado, en esta primeras fases de desarrollo, un 3,5 % del total de la inversión. Por su parte desde el punto de vista de la inversión la fase de construcción en estos proyectos representa el 96% del monto total de inversión.

Esta distribución de las inversiones, similar a otros proyectos de infraestructura, indica que no existen razones económicas que hagan necesario disponer de los derechos de aprovechamiento desde las fases iniciales del proyecto lo cual se refleja en los antecedentes empíricos entregados.

En consecuencia se ha estimado razonable utilizar para los efectos de cálculo un plazo entre cinco y ocho años.

La evaluación de los ingresos considera la aplicación de los cobros de acuerdo con el proyecto de ley considerando que se restituyen los últimos cinco años de pago.

- Simulación de cobros.

En seguida se entrega el cálculo detallado que resulta de la aplicación de la patente según el proyecto de ley y de acuerdo a las hipótesis anteriores para el período 2006 al 2015, de modo que dicha estimación corresponda a un período regular, sin el efecto puntual producido por la incorporación del gas natural y la puesta en marcha de la ley. Evidentemente en el período previo al señalado se debieran generar pagos sustantivamente inferiores.

Un resumen de estos cálculos se presenta en el siguiente cuadro.

ANEXO B

ESTIMACION DE INGRESOS FISCALES POR CONCEPTO DE COBRO DE PATENTE SOBRE DERECHOS NO CONSUNTIVOS

b.) Costo para los proyectos por pago de patentes incluyendo costos financieros.

Respecto de los costos financieros involucrados se ha considerado el análisis de dos proyectos hidroeléctricos mayores, Pangue y Ralco, cuyos plazos de ejecución total incluido los períodos intra-etapas ó "en espera", son de 13 y 14 años respectivamente. En el ejercicio se ha sensibilizado la fecha de constitución del derecho al inicio de cada etapa del proyecto, considerando en cada caso como costo total la suma de, los flujos de pago de patente no recuperable y el costo financiero de los últimos 5 años de pago en el período de desembolso, que al igual que en el caso a) son restituidos según el proyecto de ley. El costo del capital utilizado en la evaluación es de un 6%.

Los resultados obtenidos se resumen en los siguientes cuadros:

A continuación se entrega un gráfico que refleja el impacto financiero de la patente en la inversión total del proyecto, y en el Anexo C el detalle de los cálculos y los antecedentes considerados.

ANEXO C

ESTIMACION COSTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE COBRO DE PATENTE SOBRE DERECHOS NO CONSUNTIVOS.

PROYECTO HIDROELÉCTRICOS MAYORES.

3. DERECHOS CONSUNTIVOS

A partir de antecedentes existentes a nivel nacional de derechos sin uso se ha procedido a estimar los caudales de derechos no usados. En esta estimación no se incluyen los derechos pertenecientes al Fisco, por cuanto los flujos de fondos corresponden sólo a transferencias internas dentro del Estado.

- Para las zonas norte, centro y sur del país los antecedentes de derechos no utilizados se estiman en forma preliminar de acuerdo con lo siguiente.

- Identificación de escenarios de cálculo.

Se ha considerado dos escenarios para estimar los ingresos efectivos que recibe el Estado, teniendo en cuenta que son deducibles los últimos tres años de pago de patentes.

El primer escenario considera que los titulares de derechos no los devuelven y están dispuestos a pagar la totalidad del caudal constituido, implementando las respectivas obras de aprovechamiento en un plazo entre 5 y 8 años.

El segundo se evalúa considerando una estimación de crecimiento regional de la demanda hídrica, basada en las proyecciones de demanda de uso doméstico, industrial y minero, lo que supone que pagan aquellos derechos requeridos para satisfacer la demanda, los cuales se mantienen en poder de sus dueños entre 5 y 8 años, siendo el resto devuelto al Estado.

No se han considerado las proyecciones correspondientes al sector agrícola, por cuanto los desarrollos de los proyectos privados tienen plazos inferiores a tres años, no implicando ingresos netos al Estado por concepto de patentes. Por otra parte los principales desarrollos de riego son realizados por el propio Fisco, en consecuencia la aplicación de patentes sólo genera transferencias.

- Estimación de ingresos al Fisco

Para el primer escenario de análisis los resultados que se obtienen se presentan en la tabla siguiente:

El segundo escenario contempla que para satisfacer la creciente demanda por derechos consuntivos existen tres mecanismos: a) Transferencias de derechos vigentes de uso agrícola; b) Desarrollo de aguas subterráneas, que no genera pago de patentes y c) Nuevos derechos de aguas superficiales. De estas tres alternativas solamente la última pudiera generar el pago de patentes.

Considerando la situación efectiva de disponibilidad de recursos hídricos superficiales para abastecer las nuevas demandas se ha establecido un factor de ponderación que reduce el incremento de demanda prevista y que corresponden a los nuevos derechos superficiales requeridos. Cabe señalar que, el ingreso neto considera el descuento de los últimos tres años pagados, en consecuencia aquellos desarrollos que requieren de tres o menos años no generan ingresos netos a las arcas fiscales. La tasa de crecimiento de la demanda se ha obtenido de proyecciones efectuadas en estudios realizados por la DGA.

A partir de lo indicado se obtienen los siguientes valores:

En anexo D, se detallan los flujos de ingresos anuales de ambos escenarios.

ANEXO D

ESCENARIO I

ESCENARIO II

Finalmente, el señor Director General de Aguas destacó la calidad de bien nacional de uso público del agua sobre el cual se constituye un derecho que, justamente, como su nombre lo indica, es un derecho de “aprovechamiento” del recurso.

Expresó que el fallo del Tribunal Constitucional, que se pronunció frente al requerimiento de constitucionalidad planteado por varios Diputados, fuera de pronunciarse acerca del tema de los quórum, se pronunció también sobre ciertos aspectos de fondo que dicen relación con la calidad de bien nacional de uso público del derecho de aprovechamiento de aguas que se constituye para un uso privativo de un particular. Dicho traspaso se hace con un fin específico “el aprovechamiento para usar y gozar”. Hay una vinculación entre ese derecho de aprovechamiento y la razón por la cual el Estado optó por sacarlo del ámbito público.

Se trata de corregir un abuso o una deformación que se hace de un derecho que se está dando gratuitamente para usar y gozar, que es un bien nacional de uso público y que es un derecho de “aprovechamiento”. De manera que el proyecto de ley corrige esto para que la constitución de un derecho de aprovechamiento se cumpla.

El proyecto pretende desarrollar el principio constitucional subsidario del Estado para que tenga un mecanismo de salvaguardias frente a estas situaciones

Finalmente el señor Director General de Aguas hizo presente a la Comisión que por razones de carácter administrativo, para hacer operativo el sistema, era necesario iniciar el cómputo de los 5 años, a contar del año subsiguiente al del otorgamiento del derecho.

Agregó, respecto a la fecha en que se empezaría a aplicar la patente, que los artículos transitorios reglamentan este tema.

En mérito a lo anteriormente expuesto vuestra Comisión acordó como forma de aplicación de la patente, que ésta se aplique a contar del 1º de Enero del año subsiguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, enmienda que se tendrá presente al discutirse los artículos 1º, 2º y 3º transitorios.

Finalmente, los representantes del Ejecutivo, dejaron constancia para la historia de la ley, del sentido y espíritu de la norma propuesta. Al respecto manifestaron que el agua es un recurso que se entrega gratuitamente a los particulares quienes lo mantienen en el tiempo en su patrimonio, también en forma gratuita, sin darle ningún destino productivo, no existiendo ningún incentivo para hacer funcionar lo que se ha llamado a nivel internacional el “mercado de derechos de agua” que existe en Chile. No existe en el derecho comparado una legislación de aguas como la nuestra.

Terminada la discusión de estas letras a), b) y c) de este artículo 129 bis 4, fueron aprobadas en los mismos términos que venían formuladas por 3 votos a favor, uno en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag, por la negativa el H. Senador señor Prat y se abstuvo el H. Senador señor Stange.

El H. Senador señor Prat dejó constancia de su voto negativo respecto de estas letras a) y siguientes. Su opinión está referida a la política y a la doctrina que hay en este artículo. A su juicio esta fórmula de patente progresiva tiene un objetivo inequívoco, cual es, producir la imposibilidad de la mantención de los derechos de propiedad respecto de las aguas en estado distinto al de ser utilizadas.

Señaló que, a su juicio, esto es inconveniente, lleva a un estado de desorden en la industria, que en definitiva atentará contra los consumidores. Cree que por la vía de este artículo se impide el tener derechos para futuros proyectos, porque la forma en que se establece, involucra un costo que lo hace imposible. Agregó que algunos se abstendrán de desarrollar proyectos por no tener en su mano derechos de agua para poder proyectarlos con certeza, y otros harán anticipadamente proyectos de inversión y eso es dilapidar recursos. Porque los recursos en el tiempo tienen un valor y, por lo tanto, adelantar inversiones cohersionados por la existencia de una patente representa dilapidar recursos y eso va en contra de la sociedad en su conjunto y, naturalmente, de los consumidores.

Por lo tanto, a su juicio, estas letras son parte de un mecanismo que lleva a la situación descrita que considera inconveniente. Además cree que es inconstitucional porque en los hechos hace imposible el ejercicio de un derecho, como es el derecho de propiedad sobre los derechos de agua de que se disponen, que termina siendo contrario a la norma constitucional. Por eso vota en contra.

Artículo 129 bis 5

Señala que los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente a beneficio fiscal. La patente a que se refiere el inciso anterior se regirá por las siguientes normas:

a) En los primeros cinco años, contados desde que se hayan constituido o reconocido en conformidad a la ley, los derechos de ejercicio permanente, cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, pagarán una patente anual cuyo monto será equivalente a 1,6 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo.

Respecto de los derechos de aprovechamiento cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones VI a IX, ambas inclusive, la patente será equivalente a 0,2 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo, y para las situadas en las Regiones X, XI y XII, ascenderá a 0,1 unidad tributaria mensual por cada litro por segundo.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 2; y, desde los años undécimo y siguientes al de su constitución o reconocimiento, por el factor 4.

c) Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes por unidad de tiempo sean inferiores a 10 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 50 litros por segundo en el resto de las Regiones.

En discusión este artículo, vuestra Comisión analizó cómo se aplica la patente, porqué en el Norte un factor y porqué en otras partes otro factor, es decir, debatió la forma de evaluación de la patente de los derechos consuntivos.

El señor Director General de Aguas señaló, en relación con la determinación del valor de la patente de los derechos de aprovechamiento consuntivos que conviene tener presente:

Que la variable más representativa desde el punto de vista económico es el caudal.

Que en este caso es posible considerar el costo de oportunidad del recurso, y a partir de dicho valor evaluar la patente en forma similar al cobro de las contribuciones de bienes raíces como un porcentaje del avalúo fiscal del bien.

Que consistentemente con lo indicado anteriormente es necesario distinguir distintas zonas geográficas del país, de acuerdo al grado de escasez y consecuentemente del valor económico del recurso.

En relación con el costo de la oportunidad del agua, expresó que en teoría, suponiendo la existencia de mercados competitivos, este valor está determinado por el mercado; sin embargo, éste en el caso del agua funciona con algunas dificultades, principalmente por la existencia de costos de transacción importantes, externalidades y por el carácter específico y no homogéneo del recurso.

Indicó que los estudios realizados para evaluar el comportamiento del mercado del agua, muestran situaciones muy distintas entre una cuenca y otra. En general, no existe un volumen importante de transacciones y las que hay, están asociadas a la venta de la tierra y presentan variaciones significativas en el precio del recurso, en una misma cuenca. En consecuencia, obtener el valor económico del agua, en base a las señales de mercado es poco confiable.

Manifestó que una alternativa a este tipo de valorización, es el cálculo del precio implícito del agua en el valor de la tierra de uso agrícola; el precio se puede obtener de la diferencia que se produce entre el valor de la tierra de secano versus la tierra de riego.

Indicó que la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para determinar las tarifas de agua cruda, sin tratar, utiliza este procedimiento y los valores que se obtienen de un estudio reciente nos permiten obtener una aproximación al precio del recurso para las regiones I a IX.

Agregó que como se trata de un precio de referencia que deberá ser utilizado para el cálculo de una patente generalizada, es conveniente distinguir grandes zonas del país, de acuerdo a la escasez del recurso.

Señaló que se propone agrupar a todas las regiones entre la I y la Región Metropolitana, donde la escasez del agua es mayor y existe una mayor competencia entre los usos agrícola, minero, doméstico, industrial.

Luego está la zona central, conformada por las regiones VI, VII, VIII y IX, en que hay más abundancia del recurso, y la competencia es menor entre los usos agrícolas, de consumo humano e industrial.

Por último en la zona sur, es decir X, XI, XII Región, donde por ahora existe abundancia del recurso y la metodología del cálculo presenta resultados muy cercanos a cero o cero, dado que el desarrollo de la agricultura de riego, es muy incipiente.

Expresó que si promediamos los valores del agua calculado con el procedimiento anterior, tanto para aguas superficiales como subterráneas, para las dos zonas obtenemos los siguientes resultados:

Manifestó que a partir de esta información, el valor inicial de la patente se obtiene, como un 2% del precio/litro/segundo, igual que el valor del pago de contribuciones por bienes raíces, que calcula el monto a pagar como un 2% sobre el valor del avalúo fiscal de la propiedad.

Indicó que con respecto a las regiones X, XI, XII, de todas maneras el agua tiene algún grado de escasez, especialmente si miramos hacia el futuro, considerando la generación hidroeléctrica. Por ello se propone establecer una patente equivalente a la mitad de la que se aplicaría en las regiones de la zona central y sur, lo que evitaría la petición de derechos de aprovechamiento consuntivos con fines de generación hidroeléctrica.

En definitiva, los valores a pagar por la posesión de derechos de aprovechamiento permanentes no utilizados, tanto para aguas superficiales como subterránea serían los siguientes:

El señor Director General de Aguas expresó que en este caso, se ha considerado pertinente establecer un escalonamiento en el valor de la patente de modo que después de un período suficiente de años el valor de la patente corresponda a la rentabilidad que debiera esperarse de dicho bien. Con ese propósito se ha incrementado el valor de la patente entre los años sexto y décimo multiplicándola por un factor 2.0. A partir del año 11 el valor de la patente se duplicaría nuevamente alcanzando un cobro equivalente al 8% del valor del activo.

Finalmente manifestó en relación a la recuperación del valor de la patente durante el período de construcción que se ha estimado una duración de la construcción de 3 años para cualquier proyecto, independientemente de su magnitud.

En seguida, vuestra Comisión, con el objeto de tener mayor claridad para el cálculo del pago de la patente solicitó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios el valor del litro por segundo del agua cruda en las distintas Regiones del país.

Al respecto dicha Superintendencia proporcionó los valores de agua cruda por litro segundo utilizados en el proceso tarifario de 1995, que fueron calculados por el método de valor implícito en el precio de la tierra, información que transcribimos, a continuación:

Finalmente se señaló que el criterio que se utiliza para la fijación de la patente es establecer una patente mayor para aquellos que no usen esos derechos en las Regiones en donde el agua es más escasa y una patente menor donde el agua es más abundante y se insistió en que esta patente sólo grava aquellos derechos que no están siendo aprovechados entendiéndose que no lo están si no existen las obras de captación.

Cerrado el debate, vuestra Comisión acordó por la unanimidad de sus miembros, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Prat, Sabag y Stange, corregir en el encabezamiento de este artículo la referencia “el inciso anterior” por “este artículo”.

En votación este artículo, con la enmienda anteriormente señalada, fue aprobado por tres votos a favor, uno en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag, por la negativa el H. Senador señor Prat y se abstuvo el H. Senador señor Stange.

Artículo 129 bis 6

Dispone que los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual pagarán, en su caso, un tercio del valor de la patente asignada a los derechos de ejercicio permanente.

Durante la discusión de este artículo se recordó que de conformidad con la definición contenida en el artículo 18 inciso primero del Código de Aguas, "Los derechos de ejercicio eventual sólo facultan para usar el agua en las épocas en que el caudal matriz tenga un sobrante después de abastecidos los derechos de ejercicio permanente".

De acuerdo con tal conceptualización legal, se tiene, entonces, que, tratándose de un derecho de aprovechamiento de ejercicio eventual, la utilización del recurso hídrico por parte del titular de tal derecho queda sujeta a una condición que, en la realidad de los hechos, rara vez se cumple: Que previamente hayan sido abastecidos en su totalidad los derechos de ejercicio permanente.

En consecuencia, en los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual la regla general es, por su propia esencia, el no uso; en tanto que su uso es la excepción.

Desde esa perspectiva, podría estimarse contrario a la naturaleza misma de las cosas, la aplicación de una patente por no uso de los derechos eventuales.

Frente a estas objeciones los representantes del Ejecutivo manifestaron que sobre esta materia se percibe una confusión entre utilización de las aguas y posesión de derechos de aprovechamiento de aguas. En efecto, la legislación chilena en la materia señala que las aguas son bienes nacionales de uso público, sobre los cuales no es posible la apropiación privada (Código Civil, artículo 595 y Código de Aguas, artículo 5), y que es posible conceder a los particulares un derecho de aprovechamiento sobre esas aguas (derecho a usar y gozar de las aguas), el cual es definido como un derecho real con características similares a las del dominio civil, cuyo titular puede usar, gozar y disponer de él.

Así, en el caso que nos ocupa, es posible que los derechos de aprovechamiento de aguas de ejercicio eventual sólo ocasionalmente puedan ser abastecidos, no obstante que el derecho de propiedad sobre dicho derecho de aprovechamiento no estará en cuestión por esa circunstancia climática. Por tanto, la existencia de un derecho eventual necesariamente significará que la disponibilidad jurídica del recurso hídrico se vea disminuida en esa misma magnitud, cuestión similar a la que acontece con los derechos de agua de cualquier naturaleza. Por lo demás, la posibilidad de embalsar derechos de ejercicio eventual les otorga un amplio grado de certeza.

Por todo lo dicho, y considerando que la patente se aplicará a los derechos de agua no utilizados en todo o en parte, lo trascendente será que aquel titular que pudiendo hacer uso de las aguas a las cuales tiene derecho, no lo haga por propia decisión, lo cual se hace patente al no tener obras que le permitan captar el recurso. En el caso de los derechos de ejercicio eventual, si no se tienen las obras para captar las aguas “después de abastecidos los derechos de ejercicio permanente”, será igualmente justo y conveniente que se pague patente.

Finalmente se explicó que se aplica una patente a los derechos eventuales que es un tercio de lo que se les aplica a los derechos consuntivos.

En votación este artículo fue aprobado por tres votos a favor, uno en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag, votó en contra el H. Senador señor Prat y se abstuvo el H. Senador señor Stange.

Artículo 129 bis 7

Fija la fecha de pago de las patentes dentro del mes de marzo de cada año, establece que la Dirección General de Aguas publicará la resolución que contenga el listado de los derechos sujetos a esta obligación, indica cómo se efectuará esta publicación y, finalmente, preceptúa que esta publicación se considerará como notificación.

Durante la discusión de este artículo se señaló que, con miras siempre a una mayor seguridad de los administrados titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, era conveniente explicitar, si la resolución de la Dirección General de Aguas que va a fijar cuáles son los derechos que quedarían sujetos a patente, se encontrará sujeta al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República o si, por el contrario, será exenta de dicho tramite.

En mérito a lo anteriormente expuesto vuestra Comisión acordó, por la unanimidad de sus miembros, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Prat, Sabag y Urenda, agregar, en el inciso primero de este artículo, a continuación de la palabra "correspondan", sustituyendo el punto (.) por una coma (,), la siguiente oración: ", la cual estará sujeta al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.".

En votación este artículo, con la enmienda anteriormente señala, fue aprobado por 4 votos a favor y una abstención. Votaron por su aprobación los HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda y se abstuvo el H. Senador señor Prat.

Artículo 129 bis 8

Indica que corresponderá al Director General de Aguas determinar los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no hayan sido utilizadas total o parcialmente.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que esta disposición está destinada a regular lo que en derecho tributario se llama la verificación del hecho gravado, es decir, desde cuándo empieza a regir el hecho gravado que, en este caso, es la no utilización de los derechos de aprovechamiento de aguas.

Señalaron que no queda absolutamente claro desde cuándo y hasta cuándo se considerarían los derechos de agua como no gravados cada año. Por lo tanto, sería conveniente reemplazar la redacción de esta norma por la siguiente:

"Artículo 129 bis 8.- Corresponderá al Director General de Aguas determinar los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no se encuentren total o parcialmente utilizadas al 31 de Agosto de cada año."

Con la redacción anterior se pone una fecha de cierre al análisis de cada año de los derechos de agua que no están siendo utilizados.

De manera que la secuencia sería la siguiente: 31 de Agosto, fecha de cierre para la determinación de los derechos de aprovechamiento no utilizados total o parcialmente; toma de razón por la Contraloría General de la República de la resolución; 15 de Enero o el día hábil siguiente, etapa de publicación de la resolución que determina cuáles son los derechos que al 31 de Agosto no están siendo utilizados y, finalmente, en el mes de marzo siguiente tendría que pagarse la patente.

En mérito a lo anteriormente señalado vuestra Comisión acordó, por la unanimidad de sus miembros, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Prat, Sabag y Urenda, reemplazar la redacción de este artículo en la forma anteriormente señalada.

Artículo 129 bis 9

Establece cuatro casos en que se presume la no utilización total o parcial de las aguas: 1) Si no existen las obras de aprovechamiento necesarias para el ejercicio del derecho o éstas estuvieren manifiestamente abandonadas; 2) Si la capacidad de las obras de captación o conducción fueren insuficientes para captar o conducir el total de las aguas sobre las que recae el derecho de aprovechamiento; 3) Si no existieren los cultivos, industrias, instalaciones o establecimientos en que pudiere utilizarse el recurso y 4) En general, en todos aquellos casos en que el no aprovechamiento de las aguas resulte acreditado mediante los informes técnicos pertinentes.

El Ejecutivo presentó indicación para sustituir este artículo, reemplazándose las actuales presunciones de no uso del derecho por una sola presunción, simplemente legal de uso de las aguas, que se limita a la existencia de las obras de captación de las mismas y en el caso de derechos no consuntivos también a las de restitución. Dichas obras deberán estar debidamente aprobadas por la Dirección General de Aguas cuando sea pertinente.

Los representantes del Ejecutivo informaron a la Comisión que la nueva redacción de este artículo fue concordada con la Sociedad Nacional de Agricultura, y es del siguiente tenor:

“Artículo 129 bis 9.- Se presumirá que las aguas están siendo utilizadas total o parcialmente, si existen las obras de captación de las mismas. Cuando ello sea procedente, estas obras deberán estar debidamente aprobadas según lo dispuesto en el artículo 157 inciso primero de este Código. En el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, deberán existir también las obras necesarias para la restitución de las aguas.

La presunción a que se refiere el inciso anterior se aplicará en proporción al caudal correspondiente a la capacidad de captación y/o restitución de tales obras.”.

Una de las mayores críticas que se formulaban a la antigua redacción de este artículo era la discrecionalidad administrativa que se entregaba a través de la presunción de no uso en aquellos casos en que el no aprovechamiento de las aguas resultaba acreditado mediante los informes técnicos pertinentes.

La nueva redacción dada a esta norma atiende solamente a un dato absolutamente objetivo: si están o no las obras para captar las aguas y para restrituirlas en el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos. Con esto se superan las objeciones que se habían formulado en el sentido de ser normas no lo suficientemente precisas y que, por tanto, pudieran prestarse para equívocos.

En votación la indicación fue aprobada, en los mismos términos que venía formulada, por la unanimidad de los miembros de vuestra Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Prat, Sabag y Urenda.

Artículo 129 bis 10

Establece que serán aplicables a las resoluciones de la Dirección General de Aguas los recursos contemplados en los artículos 136 y 137 de este Código.

En discusión este artículo se estimó que esta declaración es innecesaria pues tales normas hacen aplicables esos recursos a toda resolución del Director General de Aguas o sus delegados.

Sin embargo, se estimó conveniente complementar su redacción intercalanado, entre la palabra “Aguas” y el artículo “los”, la siguiente frase antecedida por una coma (,): “, dictadas en conformidad con lo dispuesto en el presente Título,”.

Esta enmienda tuvo por objetivo precisar y clarificar a qué resoluciones se refiere, ya que de lo contrario sería muy amplia su aplicación y podría estimarse que se aplican para todo el Código.

En votación este artículo, con la enmienda anteriormente señalada, vuestra Comisión acordó aprobarlo, por la unanimidad de sus miembros, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Prat, Sabag y Urenda.

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En seguida vuestra Comisión pasó a ocuparse de la indicación del Ejecutivo que intercala a continuación del artículo 129 bis 10, como artículos 129 bis 11, 129 bis 12, 129 bis 13, 129 bis 14 y 129 bis 15, los siguientes nuevos:

Artículo 129 bis 11

Dispone que si el titular del derecho de aprovechamiento no paga la patente dentro del plazo indicado en el artículo 129 bis 7, se iniciará un procedimiento judicial de remate de ese derecho, en la proporción que corresponda.

No obstante, el Presidente de la República a petición o con informe fundado de la Dirección General de Aguas, podrá, en circunstancias excepcionales en que esté comprometido el adecuado desarrollo de la cuenca, decretar que el derecho de aprovechamiento no sea objeto del procedimiento señalado en el inciso anterior. En tal caso, declarará la extinción, y ordenará la cancelación de la inscripción respectiva en la proporción que corresponda.

El decreto del Presidente de la República que declare la extinción del derecho se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, los días primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediato si aquéllos fueren feriados.

El afectado podrá reclamar de la dictación de dicho decreto ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de su publicación.

En discusión este artículo se recordó que la indicación del Ejecutivo que contempla esta norma y las cuatro siguientes tiene por objeto reponer los preceptos relativos al procedimiento de remate por no pago de la patente que no alcanzaron en la Cámara de Diputados a aprobarse por no reunirse el quórum de ley orgánica constitucional requerido.

Se explicó que este artículo faculta excepcionalmente al Presidente de la República para no sacar a remate por el valor que corresponda a lo no pagado el derecho de aprovechamiento de aguas sino a extinguir el derecho restituyéndolo a su estado de bien nacional de uso público para que la Dirección General de Aguas lo pueda reasignar a quien lo solicite.

Se señaló que de no aprobarse este artículo y los siguientes que fijan un procedimiento especial de remate por no pago de la patente, la patente tendría que ser cobrada de acuerdo a los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 35, del D.L. Nº 1.263, que contiene la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, que a la letra dispone:

“El Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y créditos del sector público, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los respectivos Servicios.

Para tal efecto, aplicará, cualquiera que sea la naturaleza del crédito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el Cobro de los impuestos morosos”.

Las normas del Código Tributario, a las cuales se remite la Ley sobre Administración Financiera del Estado, corresponden a aquellas previstas en el Título V, del Libro Tercero del Código Tributario, que radica en el Servicio de Tesorerías, la cobranza administrativa y judicial de las obligaciones tributarias.

Finalmente, se señaló que hay que tener presente que, la norma se reitera en similares términos, ahora en la Ley Orgánica del Servicio de Tesorerías, contenida en el D.F.L. Nº 1, de 1994, que en su artículo 2º, letra d), modificado por el artículo 8º, letra a), de la Ley Nº 19.506, de 1997, que junto con entregar la cobranza de todo crédito del sector público a dicho órgano recaudador, prevé la posibilidad de celebrar convenios de pago por las deudas morosas de los mismos.

En votación este artículo fue aprobado en los mismos términos que venía formulado en la indicación, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

Artículos 129 bis 12

Señala que antes del 1° de junio de cada año, el Tesorero General de la República enviará a los juzgados competentes la nómina de los derechos de aprovechamiento cuya patente no haya sido pagada, especificando a su titular y el monto de lo adeudado. La Dirección General de Aguas estará obligada a velar por el cumplimiento de esta disposición y deberá prestar su colaboración a la Tesorería General de la República.

Será juez competente para conocer del procedimiento de remate, el de la comuna donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento. Si hubiere más de uno, el de turno al tiempo de la recepción de la nómina a que se refiere el inciso primero.

En discusión este artículo vuestra Comisión lo aprobó en los mismos términos que venía formulado en la indicación del Ejecutivo, por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

Artículo 129 bis 13

Establece que el juez dictará una resolución señalando día y hora para el remate, la que se publicará, junto a la nómina de derechos a subastar, por una sola vez en el Diario Oficial los días primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediato si aquellos fueren feriados, y en forma destacada en un diario o periódico de la provincia respectiva y si no lo hubiere, en uno de la capital de la Región correspondiente. La Tesorería General de la República cubrirá estos gastos de publicación.

El remate no podrá efectuarse antes de los treinta días siguientes a la fecha del último aviso.

Los errores u omisiones en que haya incurrido la Tesorería, podrán ser rectificados antes del remate, a solicitud de cualquier persona que tenga interés en ello o de la Dirección General de Aguas. El juez procederá con conocimiento de causa. Las rectificaciones se publicarán en igual forma que las publicaciones originales, y el remate se postergará para una fecha posterior en treinta días, a lo menos, a la última publicación.

El secretario del tribunal pondrá testimonio en los autos de haberse publicado los avisos en la forma y con la anticipación señalada.

El mínimo de la subasta será el valor de las patentes adeudadas y el titular del derecho no será admitido a hacer posturas. Podrá, sin embargo, liberar su derecho pagando el doble del valor adeudado.

Además de pagar el valor de la subasta, el rematante deberá pagar las costas del remate, las que deberán ser tasadas por el secretario del tribunal.

Todo postor, para tomar parte en el remate, deberá rendir caución suficiente a beneficio fiscal, calificada por el Tribunal, sin ulterior recurso, para responder de que se llevará a efecto la compra de los derechos de aprovechamiento rematados. La garantía será equivalente al diez por ciento de las patentes adeudadas y subsistirá hasta que se otorgue la escritura definitiva de compraventa.

Si el adjudicatario no enterare el precio de la subasta dentro del plazo de quince días contado desde la fecha del remate, la adjudicación quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley, el juez hará efectiva la garantía a beneficio fiscal y ordenará que los derechos de aprovechamiento sean nuevamente sacados a remate.

Durante la discusión de este artículo se hizo presente que el procedimiento establecido es el mismo que establece el Código de Procedimiento Civil para los remates.

En votación este artículo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag, en los mismos términos que venía formulado en la indicación del Ejecutivo.

Artículo 129 bis 14

Indica que los demás procedimientos relativos al remate, al acta correspondiente, a la escritura de adjudicación y a su inscripción, se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a la subasta de bienes inmuebles embargados.

Vuestra Comisión, sin mayor debate, aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag este artículo, en los mismos términos que venía formulado en la indicación.

Artículo 129 bis 15

Establece que si no hay postor por algún derecho de aprovechamiento, el juez declarará libres las aguas y ordenará cancelar las correspondientes inscripciones en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Dicha resolución se notificará por el estado diario.

Con la misma votación anterior y en los mismos términos que venía formulado en la indicación, fue aprobado este artículo.

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Artículo 129 bis 11

Ha pasado a ser artículo 129 bis 16.

Señala que el 75% del producto neto de las patentes y de lo recaudado en los remates de los derechos de aprovechamiento, será distribuida entre las regiones y comunas del país, a contar del ejercicio presupuestario correspondiente al cuarto año posterior de la publicación de esta ley, en la forma que se indica.

a. El 65% de dichos producto neto y recaudación por remates se incorporará a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que anualmente le corresponda, en el Presupuesto Nacional, a la Región donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento.

b. El 10% restante se distribuirá entre las municipalidades de las comunas donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento.

La proporción de la cantidad señalada en la letra a) anterior, que corresponda a cada Región, se determinará como el cuociente entre el monto recaudado por patentes y remates correspondiente a la Región en donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento y el monto total recaudado por estos conceptos en todas las Regiones del país. Igual criterio se aplicará tratándose de las municipalidades a que se refiere la letra b). En este último caso, si un derecho de aprovechamiento se encuentra situado en el territorio de dos o más comunas, la Dirección General de Aguas determinará la proporción que le corresponderá a cada una de ellas, dividiendo el monto correspondiente a prorrata de la superficie de cada comuna comprendida en la extensión territorial del derecho de aprovechamiento.

La Ley de Presupuestos incluirá, en los presupuestos de los Gobiernos Regionales y municipalidades que correspondan, las cantidades que resulten de la aplicación de los incisos anteriores.

Para los efectos de lo estatuido en dicho artículo, se entenderá por producto neto las cantidades que resulten de restar a la recaudación bruta, obtenida de la aplicación de las patentes que establecen los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5, las sumas imputadas al pago de impuestos fiscales en la forma dispuesta en el artículo 129 bis 12, ambos valores correspondientes al período de doce meses, contado hacia atrás desde el mes de junio del año anterior al de vigencia de la Ley de Presupuestos que incluya la distribución que proceda de acuerdo a esta disposición.

Durante la discusión de este artículo los representantes del Ejecutivo señalaron que el inciso tercero del Nº 20, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, dispone que los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio general de la administración.

Con todo, el inciso siguiente de la norma citada, admite expresamente que el legislador puede autorizar que determinados tributos “...que gravan actividades o bienes, que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo”.

De manera que, el proyecto se armoniza con el texto constitucional, al estimar que el derecho de aprovechamiento de las aguas, en razón de su emplazamiento geográfico definido, tiene una clara identificación local, que el texto singulariza a través de la ubicación del Oficio del Conservador de Bienes Raíces, en cuyo registro se encuentran inscritos tales derechos.

Lo dicho se confirma al constatar que este artículo del proyecto de Ley, contiene normas de distribución de tales recaudaciones, a favor del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de las municipalidades respectivas, prácticamente iguales que aquellas contempladas en el artículo único de la Ley Nº 19.143, referida a la distribución de lo recaudado por concepto de las patentes mineras y remates de las concesiones mineras.

Terminada la discusión de este artículo vuestra Comisión acordó reemplazar, en su inciso cuarto, las referencias "artículos 129 bis 4 y 129 bis 5" por "artículos 129 bis 4, 129 bis 5 y 129 bis 6" y "artículo 129 bis 12" por "artículo 129 bis 17".

En votación este artículo, con la enmienda anteriormente señalada, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

Artículo 129 bis 12

Ha pasado a ser artículo 129 bis 17.

Señala que el valor de las patentes no se considerará como gasto para efectos de la Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Sin embargo, las cantidades pagadas por concepto de patentes por los titulares de derechos de aprovechamiento durante los años anteriores a aquel en que se inicie la utilización de las aguas, podrán imputarse a cualquier clase de impuesto fiscal de declaración y pago mensual, en la forma que determine el Ministerio de Hacienda mediante decreto. Para estos efectos, dichas cantidades serán reajustadas de acuerdo a la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior a la fecha de ingreso del pago en arcas fiscales y el último día del mes anterior a la fecha de la imputación.

En discusión este artículo se señaló que se estarían aplicando, nuevamente, las mismas normas de las patentes mineras y, finalmente, que la idea es que se pueda rebajar de cualquier clase de impuesto fiscal de declaración y pago mensual.

En votación este artículo fue aprobado, sin enmiendas, en los mismos términos que venía formulado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

Artículo 129 bis 13

Ha pasado a ser artículo 129 bis 18.

Fija la tabla para los derechos no consuntivos, determinando el número de años en que puede efectuarse la imputación referida en el artículo anterior, mediante la siguiente tabla, cuyos tramos se determinan multiplicando el valor del caudal no utilizado, expresado en metros cúbicos por segundo, por el valor de la diferencia de nivel entre los puntos de captación y de restitución expresada en metros:

a) Tres años, si el producto de la multiplicación de dichos factores es inferior a diez mil;

b) Cuatro años, si el producto de la multiplicación resulta entre diez mil y treinta mil, ambas cifras inclusive, y

c) Cinco años, si el producto de la multiplicación resulta en un valor superior a treinta mil.

Respecto a los derechos consuntivos, se consideran tres años.".

El Ejecutivo presentó una indicación con el objeto de sustituir en el inciso primero la frase "puede efectuarse la imputación referida en el artículo anterior," por "se ha pagado la patente y que podrán imputarse en la forma señalada en el artículo anterior,”.

La enmienda propuesta tiene por objeto aclarar el número de años en que se ha pagado la patente.

Asimismo se propuso, con el mismo objetivo anterior, agregar, en el inciso primero, después de la frase "expresada en metros:" sustituyendo los dos puntos (:), por una coma, la siguiente oración: ", siendo aplicable a este respecto lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto de la letra a) del artículo 129 bis 4:".

En votación este artículo con las dos enmiendas anteriormente señaladas, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

Nº 9

Artículo 140

Establece que la solicitud para adquirir el derecho de aprovechamiento deberá contener los siguientes requisitos:

1. El nombre del álveo de las aguas que se necesitan aprovechar, su naturaleza, esto es, si son superficiales o subterráneas, corrientes o detenidas y la provincia en que estén ubicadas o que recorren.

En caso de aguas subterráneas, se individualizará la comuna en que se ubicará la captación y el área de protección que se solicita;

2. La cantidad de agua que se necesita extraer, expresada en medidas métricas y de tiempo;

3. El o los puntos donde se desea captar el agua.

En el caso en que la captación se efectúe mediante un embalse o barrera ubicados en el álveo, se entenderá por punto de captación aquél que corresponda a la intersección del nivel de aguas máximas de dicha obra con la corriente natural;

4. Si el derecho es consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado con otras personas.

Las solicitudes para usos no consuntivos indicarán, además, el punto de restitución de las aguas y la distancia y desnivel entre la captación y la restitución, y

5. La solicitud deberá ser acompañada de una memoria explicativa en la cual se justifique la cantidad de agua que se necesitará extraer, según el uso o destino que se dará a ella; y de los demás antecedentes que exija la naturaleza del derecho que se solicita, siempre que ellos estén relacionados con los anteriores.".

En discusión este artículo se señaló que éste propone establecer límites razonables a la concesión de los derechos de aprovechamiento de aguas, los que, en definitiva, se traducen en la justificación de la cantidad de agua solicitada, de acuerdo a los fines que establece el peticionario.

Los representantes del Ejecutivo manifestaron, respecto de la obligación que se establece en este artículo de justificar la cantidad de agua solicitada para los nuevos derechos, que resulta de la más elemental prudencia que la autorización a un particular para usar con exclusividad un recurso como el agua, legalmente definido como un bien nacional de uso público, se realice con la razonable convicción de que la solicitud corresponde a una necesidad real, y que de su otorgamiento no se va a derivar un perjuicio para la sociedad.

Advirtieron que la propuesta del Ejecutivo establece la obligación de justificar la cantidad de agua que se solicita, de tal forma que exista concordancia entre los caudales y los fines invocados por el propio peticionario, lo que será regulado por un reglamento, pero no se trata de justificar el destino que el privado desea dar al agua. Como se puede apreciar, no se pretende que la autoridad defina en qué se usará el agua que se le solicite.

Ahora bien, respecto de la objeción que señala: “¿Qué razón hay para pedir tal justificación (de la cantidad de agua) si después se puede vender o donar total o parcialmente el derecho obtenido, y a quién adquiera nadie le preguntará sobre su destino?”, los representantes del Ejecutivo señalaron lo siguiente:

La sola necesidad de tener que acompañar una “memoria explicativa en la cual se justifique la cantidad de agua que se necesitará extraer, según el uso o destino que se dará a ella (…)”, obligará a los peticionarios a actuar con responsabilidad a la hora de determinar los caudales solicitados, toda vez que la autoridad publica, Dirección General de Aguas, durante el procedimiento de constitución del derecho, deberá cerciorarse de que los antecedentes proporcionados en la memoria sean sustentables y serios. Por otra parte, la presentación de documentos viciosos o de mala fe, puede dar pié a una posterior acción de nulidad del procedimiento por el cual se constituyó un determinado derecho de aprovechamiento.

Terminada la discusión de este artículo vuestra Comisión acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag, sustituir en el primer párrafo del número 1, la palabra "recorran" por "recorren"-

En votación este artículo, con la enmienda anteriormente señalada, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

Nº 10

Artículo 141

Elimina el inciso final del artículo 141, que señala que si no se presentaren oposiciones dentro del plazo se constituirá el derecho mediante resolución de la Dirección General de Aguas, siempre que exista disponibilidad del recurso y fuere legalmente procedente. En caso contrario denegará la solicitud.

La eliminación de esta norma tiene por finalidad concordar este artículo con el artículo 147 bis, que se refiere a la constitución del derecho de aprovechamiento de aguas.

En votación esta norma vuestra Comisión acordó aprobar la eliminación del inciso final del artículo 141, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

Nº 11

Artículo 142

El numeral 11, reemplaza, en el inciso primero del artículo 142, la expresión "inciso 3º del artículo anterior" por "inciso final del artículo anterior".

Vuestra Comisión aprobó este numeral, sin mayor debate, por la unanimidad de los miembros presentes, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

Nº 12

Artículo 147 bis

El numeral 12, intercala un artículo 147 bis, nuevo, a continuación del artículo 147, que indica que el derecho de aprovechamiento de aguas se constituirá mediante resolución de la Dirección General de Aguas y que el Director General podrá, mediante resolución fundada, denegar o limitar las solicitudes en los casos que señala.

El Ejecutivo presentó una indicación que tiene por objeto sustituir el artículo 147 bis nuevo, por el siguiente:

Artículo 147 bis.- El derecho de aprovechamiento de aguas se constituirá mediante resolución de la Dirección General de Aguas.

El Director General de Aguas podrá, mediante resolución fundada, denegar o limitar las solicitudes de derecho de aprovechamiento, en los siguientes casos:

1. Si no se diese cumplimiento a los requisitos legales o reglamentarios;

2. Si no existiere disponibilidad del recurso;

3. Si no se hubiese justificado la cantidad de agua que se necesita extraer atendidos los fines invocados por el peticionario.

Para la aplicación de esta causal, será necesario que previamente se dicte un reglamento, que establezca relaciones técnicas objetivas entre usos de agua y caudales requeridos.

4. Si previa proposición de la Dirección General de Aguas, el Consejo Regional correspondiente al lugar donde se solicita captar las aguas, resolviere que el derecho de aprovechamiento debe ser denegado o limitado, por ser necesario reservar el recurso al abastecimiento de la población o a determinadas actividades productivas que se califiquen como relevantes para la estrategia de desarrollo regional, por no existir otras alternativas de abastecimiento posibles. El pronunciamiento del Consejo Regional deberá emitirse dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde su notificación. Si así no ocurriere, se entenderá que se aprueba la proposición de la Dirección General de Aguas.

Finalmente, el Director General de Aguas podrá, en circunstancias excepcionales y en virtud de condicionantes hidrológicas, constituir el derecho de aprovechamiento en modalidades distintas a como fue solicitado siempre, que conste el consentimiento del interesado.”

Se señaló que se modifica el artículo 147 bis, con el objeto de acotar y definir las atribuciones del Director General de Aguas para denegar o delimitar solicitudes de aprovechamiento, de manera de reducir las posibilidades de un proceder arbitrario de la Administración.

Con el propósito anterior, se establece la necesidad de dictar un reglamento que establezca relaciones técnicas objetivas entre usos de agua y caudales requeridos, como así también se define una instancia de validación regional para casos calificados en que se recomiende denegar los derechos de agua solicitados.

Sin perjuicio de lo anterior, las nuevas facultades que se proponen en el proyecto para la Administración, están destinadas básicamente a dotarla de atribuciones para denegar o limitar solicitudes de derechos de agua en casos excepcionales y muy calificados, como son, el que sea “necesario reservar el recurso al abastecimiento de la población o a determinadas actividades productivas que se califiquen (en ambos casos, por los Consejos Regionales respectivos) como relevantes para la estrategia de desarrollo regional, por no existir otras alternativas de abastecimiento posible”. Es decir, se trata de evitar que por la simple petición de un particular se pueda ver afectado el futuro de una población o de una región del país.

Respecto del último inciso de este artículo, los representantes del Ejecutivo señalaron que era conveniente tener presente lo que sigue: para los particulares es prácticamente imposible conocer a cabalidad las condiciones de disponibilidad del recurso hídrico en las fuentes naturales y/o en las obras estatales de desarrollo del recurso, información con la que sí cuenta la Dirección General de Aguas. Lo anterior hace que muy habitualmente las solicitudes de derechos de agua se alejen de las posibilidades reales, lo que, en principio haría que las mismas fueran denegadas pura y simplemente. Ahora bien, esto no ocurre en la práctica toda vez que, a través de un procedimiento que ha sido plenamente validado por la Contraloría General de la República, la Dirección ofrece a los solicitantes constituirles el derecho en condiciones distintas a como fue originalmente pedido, ello en “virtud de condicionantes hidrológicas”. Pues bien, la norma que ahora se propone no hace más que ratificar legalmente una práctica que se ha demostrado beneficiosa para los usuarios de aguas en el país.

En discusión el inciso primero de este artículo se hizo presente que era necesario cambiar su redacción para el efecto que comprenda la constitución originaria del derecho de aprovechamiento por el Presidente de la República. En efecto, el Presidente de la República podrá, en el caso del inciso tercero del artículo 141, con informe de la Dirección General de Aguas y por circunstancias excepcionales y de interés general, constituir directamente el derecho de aprovechamiento.

En mérito a lo anteriormente expuesto vuestra Comisión acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag, reemplazar el inciso primero de la indicación, por el siguiente:

"Artículo 147 bis.- El derecho de aprovechamiento de aguas se constituirá mediante resolución de la Dirección General de Aguas; o bien, mediante Decreto Supremo del Presidente de la República, en el caso previsto en el artículo siguiente.".

En seguida, vuestra Comisión sometió a discusión el número 4 que contempla el caso en que el Consejo Regional correspondiente al lugar donde se solicita captar las aguas resolviere que el derecho de aprovechamiento debe ser denegado o limitado por ser necesario reservar el recurso al abastecimiento de la población o a determinadas actividades productivas que se califiquen como relevantes para la estrategia de desarrollo regional, por no existir otras alternativas de abastecimiento posible.

Vuestra Comisión acordó, reemplazar en este número 4, la palabra "posibles" por "técnica y económicamente factibles", con el objeto de precisar el concepto, ya que la palabra "posibles" resultaba demasiado amplia y podría generar conflictos de interpretación.

En votación esta enmienda fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

Finalmente, vuestra Comisión debatió si era o no conveniente que los Consejos Regionales emitan su opinión respecto a la denegación o limitación del derecho en los casos que se señala.

El H. Senador señor Sabag dejó constancia de su voto en contra, en atención a que estima que traspasar a los Consejos Regionales la consulta no sería conveniente por cuanto éstos carecen de antecedentes suficientes para poder adoptar una decisión técnica y fundamentada al respecto, transformándose la consulta en un trámite burocrático que aplazaría la decisión. Además, agregó, varias de las personas que acudieron a la audiencia opinaron en el mismo sentido.

En votación el artículo contenido en la indicación del Ejecutivo, con las enmiendas señaladas anteriormente, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda, excepto el Nº 4 que fue aprobado con el voto en contra del H. Senador señor Sabag.

Nº 13

Artículo 148

El numeral 13, reemplaza en el artículo 148, la siguiente referencia: “inciso 3º del artículo 141” por “inciso final del artículo 141”.

Vuestra Comisión, sin mayor debate, por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda, aprobó este numeral.

Nº 14

Artículo 149

El numeral 14, sustituye el artículo 149, por otro que indica que la resolución en cuya virtud se constituye el derecho contendrá:

1. El nombre del adquirente;

2. El nombre del álveo o individualización de la comuna en que se encuentre la captación de las aguas subterráneas que se desea aprovechar y el área de protección;

3. La cantidad de agua que se autoriza extraer, expresada en la forma prevista en el artículo 7º de este Código;

4. El uso o destino inicial que se dará al agua.

5 El o los puntos precisos donde se captará el agua;

6. El desnivel y puntos de restitución de las aguas si se trata de usos no consuntivos, y

7. Si el derecho es consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado con otras personas.

El Director General de Aguas estará facultado para establecer, en el acto de constitución, especificaciones técnicas, condiciones, plazos, prohibiciones u otras modalidades y limitaciones que afecten el derecho.".

Durante la discusión de este artículo vuestra Comisión debatió la indicación del Ejecutivo que propone eliminar su número 4: el uso o destino inicial que se dará al agua..

Según se señaló, se elimina la obligación de que en la resolución que constituya el derecho de aprovechamiento se consigne “el uso o destino inicial que se dará al agua”, aclarando de esta forma que se mantiene sin ninguna restricción la libre transferencia de los derechos de agua, una vez constituidos por la autoridad.

Se hizo presente que nunca estuvo en el espíritu del Ejecutivo afectar la libre comerciabilidad de los derechos de agua.

Finalmente, los representantes del Ejecutivo manifestaron que, en especial, el último inciso de este artículo está destinado a regular situaciones que se dan a diario en el quehacer de la Dirección General de Aguas. En efecto, las crecientes complejidades técnicas en la administración de los recursos hídricos, así como la obligación de cautelar los intereses de terceros y del medio ambiente, hacen recomendable dotar a la autoridad pública responsable de constituir los derechos de agua, de facultades suficientes para que estos usos de agua nazcan a la vida del derecho en armonía con dichas consideraciones. Ejemplos clásicos de aplicación de este artículo, son la fijación de cotas mínimas de niveles a respetar; obligación de recargas artificiales, etc.

En votación este artículo, vuestra Comisión en forma previa adoptó los siguientes acuerdos:

---En el encabezamiento de este artículo, reemplazar la palabra "resolución" por "acto administrativo", de tal forma que también comprenda el caso de los Decretos Supremos.

---En el número 2, sustituir la palabra "desea" por "necesita", para hacerlo coherente con los números 2 y 5 del artículo 140.

Durante la discusión de esta enmienda el H. Senador señor Urenda dejó constancia para la historia de la ley de que el reglamento, contemplado en el artículo 147 bis que establecerá las relaciones técnicas objetivas entre usos de agua y caudales requeridos constituirá el marco dentro del cual la Dirección General de Agua se va a mover para los efectos de las peticiones que se hagan.

---Eliminar su número 4, pasando los números 5, 6 y 7 a ser 4, 5 y 6, respectivamente, por las razones anteriormente señaladas.

Sometido a votación este artículo, con las enmiendas anteriormente señaladas, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

Nº 15

Artículo 186

El numeral 15, sustituye en el artículo 186, la expresión "canal matriz" por "caudal matriz".

En discusión este numeral se señaló que la enmienda tiene por objetivo corregir un error de transcripción.

En votación este numeral vuestra Comisión acordó aprobarlo por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

Nº 16

Artículo 196

El numeral 16, agrega un inciso final al artículo 196, que establece que las comunidades de aguas que hayan cumplido con el requisito de su registro en la Dirección General de Aguas gozarán de personalidad jurídica y les serán aplicables las disposiciones pertinentes del Código Civil, con las excepciones que señala.

Durante la discusión de este artículo se señaló que nuestra actual legislación otorga personalidad jurídica a las asociaciones de canalistas, que hayan sido formadas de acuerdo a la ley por todos los titulares de derechos involucrados en la organización.

En cambio, las comunidades de aguas legalmente organizadas, no gozan de dicho atributo, lo que impide su desarrollo y el manejo adecuado de sus recursos. En efecto, con mayores atribuciones, las comunidades podrán tener acceso a créditos, convenios, postulación a beneficios derivados de la cooperación internacional y en síntesis, una plena integración a la vida jurídica. Cabe destacar que existen registradas alrededor de 2.300 comunidades de aguas, las cuales sin personalidad jurídica, ven limitadas sus posibilidades de acción.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que esta deficiencia legal, que no tiene fundamento alguno, es remediada con esta enmienda al artículo 196, mediante el otorgamiento de personalidad jurídica a las comunidades en las mismas condiciones que a las asociaciones de canalistas.

En mérito a lo anteriormente expuesto vuestra Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda, aprobaron en los mismos términos que venía formulado este artículo.

Nº 17

Artículo 299

letra c)

El numeral 17, reemplaza la letra c) del artículo 299, que establece que la Dirección General de Aguas tendrá las atribuciones y funciones que el Código de Aguas indica, además de las que señala, entre ellas, agrega la de impedir que se extraigan aguas de los mismos cauces sin título o en mayor cantidad de lo que corresponda. Para estos efectos, podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código.

Durante la discusión de este numeral se explicó que hoy día la Dirección General de Aguas no puede impedir que alguien extraiga agua sin título o en mayor cantidad de lo que corresponda. De ahí que sea necesario contar con la facultad de poder requerir el auxilio de la fuerza pública.

En votación este numeral fue aprobado en los mismos términos que venía formulado, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

Nº 18

Artículo 1º transitorio

El numeral 18, reemplaza el artículo 1º transitorio, sobre regularización de los derechos de aprovechamiento inscritos estableciendo el procedimiento aplicable.

En discusión este artículo se señaló que establece un procedimiento para regularizar e inscribir aquellos derechos de aprovechamiento que en alguna oportunidad hayan sido inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas respectivo, pero que en posteriores transferencias o transmisiones no lo hubieran sido.

En virtud de dicho procedimiento, el interesado puede recurrir al Conservador de Bienes Raíces respectivo solicitando la inscripción de los títulos correspondientes desde su actual dueño hasta llegar a la inscripción de la cual proceden.

En caso que no pudiere aplicarse lo establecido anteriormente, el interesado puede recurrir al juez competente para que éste ordene la inscripción, debiendo para ello tener a la vista los documentos y antecedentes que dicha norma indica.

Se señaló que este procedimiento ha dado origen a múltiples problemas, por cuanto en su aplicación se han utilizado diversos criterios por parte de los jueces. Además, al no exigirse un informe de la Dirección General de Aguas, se priva a dicho organismo de tomar conocimiento de la materia, para los efectos de la información que sobre las aguas debe tener por expreso mandato del Código de la especialidad, como también la de dar su opinión fundada sobre el tema y de poner en conocimiento del Tribunal los antecedentes que permitan una mejor resolución de la materia.

En consecuencia, se propone modificar dicho artículo en el sentido de establecer con carácter de obligatorio, el informe respectivo de la Dirección General de Aguas, estableciéndose además, la obligatoriedad de publicar la solicitud respectiva en el caso del procedimiento judicial, previsto en el inciso segundo de la norma que se propone.

Finalmente, se explicó que la obligación de publicar la solicitud respectiva y la consecuente posibilidad de oposición por parte de otros interesados, evitará que con este procedimiento se sorprenda a la autoridad o a dichos particulares, logrando la regularización de derechos de agua de discutible vigencia legal.

En atención a lo anteriormente expuesto vuestra Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda, aprobó este numeral, en los mismos términos que venía formulado.

Nº 19

Artículo 13 transitorio

El numeral 19, sustituye en el inciso primero del artículo 13 transitorio, la frase "artículo 12 del presente Código" por "artículo 112 del presente Código".

Durante la discusión de este numeral se expresó que corresponde a un error tipográfica en la escritura original del Código, de modo que no es relevante y es razonable corregirlo.

Vuestra Comisión, aprobó este numeral, por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

ARTICULO 2º

Faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, fije el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código de Aguas.

Vuestra Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda, aprobó este artículo en los mismos términos que venía formulado.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º

Señala que los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente, que se regirá por las reglas establecidas en el artículo 129 bis 4 del Código de Aguas.

Durante la discusión de los artículos que establecen el pago de la patente y la determinación de la época a contar de la cual se iniciará su pago, vuestra Comisión acordó, por razones de tipo administrativo, que dicho plazo se inicie a contar del año subsiguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley.

En mérito a lo anteriormente expuesto vuestra Comisión acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda sustituir en este artículo la palabra "siguiente" por "subsiguiente".

Artículo 2º

Indica que los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente que se regirá por las normas establecidas por el artículo 129 bis 5 del Código de Aguas.

Vuestra Comisión, con la misma votación anterior, y por las razones anteriormente señaladas acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda, sustituir la palabra "siguiente" por "subsiguiente".

Artículo 3º

Preceptúa que los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente, que se regirá por la norma establecida en el artículo 129 bis 6 del Código de Aguas.

Vuestra Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda acordó reemplazar en este artículo la palabra "siguiente" por "subsiguiente", por las razones anteriormente señaladas.

Artículo 4º

Establece que las solicitudes de derecho de aprovechamiento que se encuentren pendientes, deberán ajustarse a las disposiciones de esta ley, para lo cual el Director General de Aguas requerirá de los peticionarios los antecedentes e informaciones que fueren necesarios para dicho fin.

Vuestra Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda, aprobaron esta disposición en los mismos términos que venía formulada.

- - - - - - - - -

En mérito de las consideraciones anteriores vuestra Comisión de Obras Públicas os propone aprobar el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados, con las siguientes modificaciones:

ARTÍCULO 1º

Nº 1

Artículo 6º

- - - Sustituir el inciso final, nuevo, de este artículo, por el siguiente:

“Si el titular renunciare total o parcialmente a su derecho de aprovechamiento, deberá hacerlo mediante declaración escrita que se presentará ante la Dirección General de Aguas, la cual, si aceptare la renuncia, declarará, mediante resolución, extinguido el derecho y ordenará las cancelaciones o subinscripciones que correspondan. Dicha resolución se reducirá a escritura pública que suscribirá el funcionario que se designe al efecto y una copia de ella deberá inscribirse en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente, en la forma que señala el número 4 del artículo 114.”

Nº 3

Artículo 114

- - - Reemplazar el número 4 por el siguiente

“4. Las escrituras públicas que contengan el acto formal del otorgamiento definitivo de un derecho de aprovechamiento, así como la escritura pública que contenga la resolución que acepte la renuncia del derecho de aprovechamiento y ordene su cancelación o subinscripción; “, y

Nº 8

Artículo 129 bis 1

- - - Agregar como inciso segundo, nuevo, el siguiente:

“La forma de determinar el caudal ecológico estará señalada en el Reglamento.”.

Artículo 129 bis 5

- - - Sustituir, en el encabezamiento de este artículo, la referencia “el inciso anterior” por “este artículo”.

Artículo 129 bis 7

- - - Agregar, en el inciso primero de este artículo, a continuación de la palabra “correspondan”, sustituyendo el punto (.) por una coma (,), la siguiente oración: “, la cual estará sujeta al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.”.

Artículo 129 bis 8

- - - Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 129 bis 8.- Corresponderá al Director General de Aguas determinar los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no se encuentren total o parcialmente utilizadas al 31 de Agosto de cada año.”.

Artículo 129 bis 9

- - - Sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 129 bis 9.- Se presumirá que las aguas están siendo utilizadas total o parcialmente, si existen las obras de captación de las mismas. Cuando ello sea procedente, estas obras deberán estar debidamente aprobadas según lo dispuesto en el artículo 157 inciso primero de este Código. En el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, deberán existir también las obras necesarias para la restitución de las aguas.

La presunción a que se refiere el inciso anterior se aplicará en proporción al caudal correspondiente a la capacidad de captación y/o restitución de tales obras.”.

Artículo 129 bis 10

- - - Intercalar, entre la palabra “Aguas” y el artículo “los”, la siguiente frase antecedida por una coma (,): “, dictadas en conformidad con lo dispuesto en el presente Título,”

- - - - - -

Intercalar, a continuación del artículo 129 bis 10, como artículos 129 bis 11, 129 bis 12, 129 bis 13, 129 bis 14 y 129 bis 15, los siguientes nuevos:

“Artículo 129 bis 11.- Si el titular del derecho de aprovechamiento no paga la patente dentro del plazo indicado en el artículo 129 bis 7, se iniciará un procedimiento judicial de remate de ese derecho, en la proporción que corresponda.

No obstante, el Presidente de la República a petición o con informe fundado de la Dirección General de Aguas, podrá, en circunstancias excepcionales en que esté comprometido el adecuado desarrollo de la cuenca, decretar que el derecho de aprovechamiento no sea objeto del procedimiento señalado en el inciso anterior. En tal caso, declarará la extinción, y ordenará la cancelación de la inscripción respectiva en la proporción que corresponda.

El decreto del Presidente de la República que declare la extinción del derecho se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, los días primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediato si aquéllos fueren feriados.

El afectado podrá reclamar de la dictación de dicho decreto ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de su publicación.

Artículos 129 bis 12.- Antes del 1° de junio de cada año, el Tesorero General de la República enviará a los juzgados competentes la nómina de los derechos de aprovechamiento cuya patente no haya sido pagada, especificando a su titular y el monto de lo adeudado. La Dirección General de Aguas estará obligada a velar por el cumplimiento de esta disposición y deberá prestar su colaboración a la Tesorería General de la República.

Será juez competente para conocer del procedimiento de remate, el de la comuna donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento. Si hubiere más de uno, el de turno al tiempo de la recepción de la nómina a que se refiere el inciso primero.

Artículo 129 bis 13.- El juez dictará una resolución señalando día y hora para el remate, la que se publicará, junto a la nómina de derechos a subastar, por una sola vez en el Diario Oficial los días primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediato si aquellos fueren feriados, y en forma destacada en un diario o periódico de la provincia respectiva y si no lo hubiere, en uno de la capital de la Región correspondiente. La Tesorería General de la República cubrirá estos gastos de publicación.

El remate no podrá efectuarse antes de los treinta días siguientes a la fecha del último aviso.

Los errores u omisiones en que haya incurrido la Tesorería, podrán ser rectificados antes del remate, a solicitud de cualquier persona que tenga interés en ello o de la Dirección General de Aguas. El juez procederá con conocimiento de causa. Las rectificaciones se publicarán en igual forma que las publicaciones originales, y el remate se postergará para una fecha posterior en treinta días, a lo menos, a la última publicación.

El secretario del tribunal pondrá testimonio en los autos de haberse publicado los avisos en la forma y con la anticipación señalada.

El mínimo de la subasta será el valor de las patentes adeudadas y el titular del derecho no será admitido a hacer posturas. Podrá, sin embargo, liberar su derecho pagando el doble del valor adeudado.

Además de pagar el valor de la subasta, el rematante deberá pagar las costas del remate, las que deberán ser tasadas por el secretario del tribunal.

Todo postor, para tomar parte en el remate, deberá rendir caución suficiente a beneficio fiscal, calificada por el Tribunal, sin ulterior recurso, para responder de que se llevará a efecto la compra de los derechos de aprovechamiento rematados. La garantía será equivalente al diez por ciento de las patentes adeudadas y subsistirá hasta que se otorgue la escritura definitiva de compra venta.

Si el adjudicatario no enterare el precio de la subasta dentro del plazo de quince días contado desde la fecha del remate, la adjudicación quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley, el juez hará efectiva la garantía a beneficio fiscal y ordenará que los derechos de aprovechamiento sean nuevamente sacados a remate.

Artículo 129 bis 14.- Los demás procedimientos relativos al remate, al acta correspondiente, a la escritura de adjudicación y a su inscripción, se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a la subasta de bienes inmuebles embargados.

Artículo 129 bis 15.- Si no hay postor por algún derecho de aprovechamiento, el juez declarará libres las aguas y ordenará cancelar las correspondientes inscripciones en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Dicha resolución se notificará por el estado diario.”.

- - - - - - -

Artículo 129 bis 11

Ha pasado a ser artículo 129 bis 16.

- - - En su inciso cuarto reemplazar las referencias “artículos 129 bis 4 y 129 bis 5” por “artículos 129 bis 4, 129 bis 5 y 129 bis 6” y “artículo 129 bis 12” por “artículo 129 bis 17”.

Artículo 129 bis 12

Ha pasado a ser artículo 129 bis 17, sin enmiendas.

Artículo 129 bis 13

Ha pasado a ser artículo 129 bis 18.

- - - Sustituir en el inciso primero la frase “puede efectuarse la imputación referida en el artículo anterior” por “se ha pagado la patente y que podrán imputarse en la forma señalada en el artículo anterior,“.

- - - Agregar, en el inciso primero, después de la frase "expresada en metros:" sustituyendo los dos puntos (:), por una coma, la siguiente oración: ", siendo aplicable a este respecto lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto de la letra a) del artículo 129 bis 4:".

Nº 9

Artículo 140

- - - En el primer párrafo del número 1, sustituir la palabra "recorran" por "recorren".

Nº 12

Artículo 147 bis

- - - Reemplazar el artículo 147 bis, nuevo, por el siguiente:

"Artículo 147 bis.- El derecho de aprovechamiento de aguas se constituirá mediante resolución de la Dirección General de Aguas; o bien, mediante Decreto Supremo del Presidente de la República, en el caso previsto en el artículo siguiente.

El Director General de Aguas podrá, mediante resolución fundada, denegar o limitar las solicitudes de derecho de aprovechamiento, en los siguientes casos:

1. Si no se diese cumplimiento a los requisitos legales o reglamentarios;

2. Si no existiere disponibilidad del recurso;

3. Si no se hubiese justificado la cantidad de agua que se necesita extraer atendidos los fines invocados por el peticionario.

Para la aplicación de esta causal, será necesario que previamente se dicte un reglamento, que establezca relaciones técnicas objetivas entre usos de agua y caudales requeridos.

4. Si previa proposición de la Dirección General de Aguas, el Consejo Regional correspondiente al lugar donde se solicita captar las aguas, resolviere que el derecho de aprovechamiento debe ser denegado o limitado, por ser necesario reservar el recurso al abastecimiento de la población o a determinadas actividades productivas que se califiquen como relevantes para la estrategia de desarrollo regional, por no existir otras alternativas de abastecimiento técnica y económicamente factibles. El pronunciamiento del Consejo Regional deberá emitirse dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde su notificación. Si así no ocurriere, se entenderá que se aprueba la proposición de la Dirección General de Aguas.

Finalmente, el Director General de Aguas podrá, en circunstancias excepcionales y en virtud de condicionantes hidrológicas, constituir el derecho de aprovechamiento en modalidades distintas a como fue solicitado siempre, que conste el consentimiento del interesado.”.

Nº 14

Artículo 149

- - - En el encabezamiento de este artículo, reemplazar la palabra "resolución" por "acto administrativo".

- - - En el número 2 , sustituir la palabra "desea" por "necesita".

- - - Eliminar su número 4, pasando los números 5, 6 y 7 a ser 4, 5 y 6, respectivamente.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º

- - - Reemplazar la palabra "siguiente" por "subsiguiente".

Artículo 2º

- - - Sustituir la palabra "siguiente" por "subsiguiente".

Artículo 3º

- - - Reemplazar la palabra "siguiente" por "subsiguiente".

- - - - - - -

Como consecuencia de las modificaciones anteriores, el texto del proyecto de ley que os propone aprobar vuestra Comisión de Obras Públicas queda como sigue:

“PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1º.- Modifícase el Código de Aguas en la siguiente forma:

1.- Incorpórase, en el artículo 6º, el siguiente inciso final, nuevo:

“Si el titular renunciare total o parcialmente a su derecho de aprovechamiento, deberá hacerlo mediante declaración escrita que se presentará ante la Dirección General de Aguas, la cual, si aceptare la renuncia, declarará, mediante resolución, extinguido el derecho y ordenará las cancelaciones o subinscripciones que correspondan. Dicha resolución se reducirá a escritura pública que suscribirá el funcionario que se designe al efecto y una copia de ella deberá inscribirse en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente, en la forma que señala el número 4 del artículo 114.”.

2.- Reemplázase el artículo 22 por el siguiente:

"Artículo 22.- La autoridad constituirá el derecho de aprovechamiento sobre aguas existentes en fuentes naturales y en embalses construidos por el Estado, no pudiendo perjudicar ni menoscabar derechos de terceros.

El derecho de aprovechamiento se otorgará teniendo en consideración la explotación conjunta de los recursos superficiales y subterráneos de una misma cuenca u hoya hidrográfica y no podrá afectar los derechos constituidos o reconocidos con anterioridad sobre dichos recursos.".

3.- Modifícase el artículo 114 de la siguiente forma:

a) Reemplázase el número 4 por el siguiente:

“4. Las escrituras públicas que contengan el acto formal del otorgamiento definitivo de un derecho de aprovechamiento, así como la escritura pública que contenga la resolución que acepte la renuncia del derecho de aprovechamiento y ordene su cancelación o subinscripción;”, y

b) Reemplázase el número 7 por el siguiente:

"7. Las resoluciones judiciales ejecutoriadas que reconozcan la existencia o declaren la extinción total o parcial de un derecho de aprovechamiento.".

4.- Intercálase el siguiente artículo 115 bis, nuevo, a continuación del artículo 115:

"Artículo 115 bis.- Deberán inscribirse en los Registros de Hipotecas y Gravámenes y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar relativos a las aguas las condiciones, prohibiciones y limitaciones que afecten a los derechos de aprovechamiento.".

5.- Deróganse los números 2 y 4 del artículo 116.

6.- Agréganse al artículo 122 los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

"Para los efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes, los Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar copia autorizada a la Dirección General de Aguas, por carta certificada, de todas las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que practiquen en el Registro de Aguas dentro del plazo de treinta días, contado desde la respectiva inscripción, subinscripción o anotación.

Los Conservadores que no cumplan con las obligaciones establecidas en este artículo serán sancionados con las penas previstas en el artículo 440 del Código Orgánico de Tribunales.".

7.- Reemplázase el artículo 129 por el siguiente:

"Artículo 129.- El dominio sobre los derechos de aprovechamiento se extingue por las causas y en las formas establecidas en este Código y en el derecho común.".

8.- Intercálanse los siguientes Títulos X y XI, nuevos, en el Libro I, a continuación del artículo 129:

"TITULO X

DE LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y CAUCES

Artículo 129 bis.- Las aguas provenientes de obras de recuperación de terrenos húmedos o pantanosos deberán ser restituidas al cauce receptor natural de las mismas, si de la ejecución de dichas obras resultare perjuicio a terceros.

Artículo 129 bis 1.- La autoridad, al otorgar los derechos de aprovechamiento, deberá respetar la permanencia de un caudal ecológico mínimo en toda la fuente natural, que garantice la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente y, en especial, deberá velar por la conservación del ecosistema y de los usos recreacionales y escénicos existentes en la respectiva fuente.

La forma de determinar el caudal ecológico estará señalada en el Reglamento.

Artículo 129 bis 2.- La Dirección General de Aguas podrá ordenar la inmediata paralización de las obras o labores que se ejecuten en los cauces naturales de aguas corrientes o detenidas que no cuenten con la autorización competente, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código.

Artículo 129 bis 3.- La Dirección General de Aguas deberá establecer una red de estaciones de control de calidad, cantidad y niveles de las aguas tanto superficiales como subterráneas en cada cuenca u hoya hidrográfica. La información que se obtenga deberá ser publicada y proporcionada a quien lo solicite.

TITULO XI

DEL PAGO DE UNA PATENTE POR LA NO UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS

Artículo 129 bis 4.- Los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente a beneficio fiscal. La patente se regirá por las siguientes reglas:

a) En los primeros cinco años, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente será equivalente, en unidades tributarias mensuales, al valor que resulte de la siguiente operación aritmética:

Valor anual de la patente en UTM=0,33xQxH.

El factor Q corresponderá al caudal no utilizado expresado en metros cúbicos por segundo, y el factor H, al desnivel entre los puntos de captación y de restitución expresado en metros.

Si la captación de las aguas se hubiere solicitado realizar a través de un embalse, el valor del factor H corresponderá, en todo caso, al desnivel entre la altura máxima de inundación y el punto de restitución expresado en metros.

En todos aquellos casos en que el desnivel entre los puntos de captación y restitución resulte inferior a 10 metros, el valor del factor H, para los efectos de esa operación, será igual a 10.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 5; y, desde los años undécimo y siguientes al de su constitución o reconocimiento, por el factor 25.

c) Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes por unidad de tiempo sean inferiores a 100 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 500 litros por segundo en el resto de las Regiones.

Artículo 129 bis 5.- Los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente a beneficio fiscal. La patente a que se refiere este artículo se regirá por las siguientes normas:

a) En los primeros cinco años, contados desde que se hayan constituido o reconocido en conformidad a la ley, los derechos de ejercicio permanente, cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, pagarán una patente anual cuyo monto será equivalente a 1,6 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo.

Respecto de los derechos de aprovechamiento cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones VI a IX, ambas inclusive, la patente será equivalente a 0,2 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo, y para las situadas en las Regiones X, XI y XII, ascenderá a 0,1 unidad tributaria mensual por cada litro por segundo.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 2; y, desde los años undécimo y siguientes al de su constitución o reconocimiento, por el factor 4.

c) Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes por unidad de tiempo sean inferiores a 10 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 50 litros por segundo en el resto de las Regiones.

Artículo 129 bis 6.- Los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual pagarán, en su caso, un tercio de valor de la patente asignada a los derechos de ejercicio permanente.

Artículo 129 bis 7.- El pago de la patente se efectuará dentro del mes de marzo de cada año, en cualquier banco o institución autorizados para recaudar tributos. La Dirección General de Aguas publicará la resolución que contenga el listado de los derechos sujetos a esta obligación, en las proporciones que correspondan, la cual estará sujeta al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Esta publicación se efectuará el 15 de enero de cada año o el primer día hábil inmediato si aquél fuere feriado, en el Diario Oficial y en forma destacada en un diario o periódico de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la Región correspondiente.

Esta publicación se considerará como notificación suficiente para los efectos de lo dispuesto en el artículo 129 bis 10.

Artículo 129 bis 8.- Corresponderá al Director General de Aguas determinar los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no se encuentren total o parcialmente utilizadas al 31 de Agosto de cada año.

Artículo 129 bis 9.- Se presumirá que las aguas están siendo utilizadas total o parcialmente, si existen las obras de captación de las mismas. Cuando ello sea procedente, estas obras deberán estar debidamente aprobadas según lo dispuesto en el artículo 157 inciso primero de este Código. En el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, deberán existir también las obras necesarias para la restitución de las aguas.

La presunción a que se refiere el inciso anterior se aplicará en proporción al caudal correspondiente a la capacidad de captación y/o restitución de tales obras.

Artículo 129 bis 10.- Serán aplicables a las resoluciones de la Dirección General de Aguas, dictadas en conformidad con lo dispuesto en el presente Título, los recursos contemplados en los artículos 136 y 137 de este Código.

Artículo 129 bis 11.- Si el titular del derecho de aprovechamiento no paga la patente dentro del plazo indicado en el artículo 129 bis 7, se iniciará un procedimiento judicial de remate de ese derecho, en la proporción que corresponda.

No obstante, el Presidente de la República a petición o con informe fundado de la Dirección General de Aguas, podrá, en circunstancias excepcionales en que esté comprometido el adecuado desarrollo de la cuenca, decretar que el derecho de aprovechamiento no sea objeto del procedimiento señalado en el inciso anterior. En tal caso, declarará la extinción, y ordenará la cancelación de la inscripción respectiva en la proporción que corresponda.

El decreto del Presidente de la República que declare la extinción del derecho se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, los días primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediato si aquéllos fueren feriados.

El afectado podrá reclamar de la dictación de dicho decreto ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de su publicación.

Artículos 129 bis 12.- Antes del 1° de junio de cada año, el Tesorero General de la República enviará a los juzgados competentes la nómina de los derechos de aprovechamiento cuya patente no haya sido pagada, especificando a su titular y el monto de lo adeudado. La Dirección General de Aguas estará obligada a velar por el cumplimiento de esta disposición y deberá prestar su colaboración a la Tesorería General de la República.

Será juez competente para conocer del procedimiento de remate, el de la comuna donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento. Si hubiere más de uno, el de turno al tiempo de la recepción de la nómina a que se refiere el inciso primero.

Artículo 129 bis 13.- El juez dictará una resolución señalando día y hora para el remate, la que se publicará, junto a la nómina de derechos a subastar, por una sola vez en el Diario Oficial los días primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediato si aquellos fueren feriados, y en forma destacada en un diario o periódico de la provincia respectiva y si no lo hubiere, en uno de la capital de la Región correspondiente. La Tesorería General de la República cubrirá estos gastos de publicación.

El remate no podrá efectuarse antes de los treinta días siguientes a la fecha del último aviso.

Los errores u omisiones en que haya incurrido la Tesorería, podrán ser rectificados antes del remate, a solicitud de cualquier persona que tenga interés en ello o de la Dirección General de Aguas. El juez procederá con conocimiento de causa. Las rectificaciones se publicarán en igual forma que las publicaciones originales, y el remate se postergará para una fecha posterior en treinta días, a lo menos, a la última publicación.

El secretario del tribunal pondrá testimonio en los autos de haberse publicado los avisos en la forma y con la anticipación señalada.

El mínimo de la subasta será el valor de las patentes adeudadas y el titular del derecho no será admitido a hacer posturas. Podrá, sin embargo, liberar su derecho pagando el doble del valor adeudado.

Además de pagar el valor de la subasta, el rematante deberá pagar las costas del remate, las que deberán ser tasadas por el secretario del tribunal.

Todo postor, para tomar parte en el remate, deberá rendir caución suficiente a beneficio fiscal, calificada por el Tribunal, sin ulterior recurso, para responder de que se llevará a efecto la compra de los derechos de aprovechamiento rematados. La garantía será equivalente al diez por ciento de las patentes adeudadas y subsistirá hasta que se otorgue la escritura definitiva de compra venta.

Si el adjudicatario no enterare el precio de la subasta dentro del plazo de quince días contado desde la fecha del remate, la adjudicación quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley, el juez hará efectiva la garantía a beneficio fiscal y ordenará que los derechos de aprovechamiento sean nuevamente sacados a remate.

Artículo 129 bis 14.- Los demás procedimientos relativos al remate, al acta correspondiente, a la escritura de adjudicación y a su inscripción, se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a la subasta de bienes inmuebles embargados.

Artículo 129 bis 15.- Si no hay postor por algún derecho de aprovechamiento, el juez declarará libres las aguas y ordenará cancelar las correspondientes inscripciones en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Dicha resolución se notificará por el estado diario.

Artículo 129 bis 16.- Una cantidad igual al 75% del producto neto de las patentes por no utilización de los derechos de aprovechamiento y de lo recaudado en los remates de estos últimos, será distribuida, a contar del ejercicio presupuestario correspondiente al cuarto año posterior al de publicación de esta ley, entre las regiones y comunas del país en la forma que a continuación se indica:

a) El 65% de dichos producto neto y recaudación por remates se incorporará a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que anualmente le corresponda, en el Presupuesto Nacional, a la Región donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento.

b) El 10% restante se distribuirá entre las municipalidades de las comunas donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento.

La proporción de la cantidad señalada en la letra a) anterior, que corresponda a cada Región, se determinará como el cuociente entre el monto recaudado por patentes y remates correspondiente a la Región en donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento y el monto total recaudado por estos conceptos en todas las Regiones del país. Igual criterio se aplicará tratándose de las municipalidades a que se refiere la letra b). En este último caso, si un derecho de aprovechamiento se encuentra situado en el territorio de dos o más comunas, la Dirección General de Aguas determinará la proporción que le corresponderá a cada una de ellas, dividiendo el monto correspondiente a prorrata de la superficie de cada comuna comprendida en la extensión territorial del derecho de aprovechamiento.

La Ley de Presupuestos incluirá, en los presupuestos de los Gobiernos Regionales y municipalidades que correspondan, las cantidades que resulten de la aplicación de los incisos anteriores.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por producto neto las cantidades que resulten de restar a la recaudación bruta, obtenida de la aplicación de las patentes que establecen los artículos 129 bis 4, 129 bis 5 y 129 bis 6, las sumas imputadas al pago de impuestos fiscales en la forma dispuesta en el artículo 129 bis 17, ambos valores correspondientes al período de doce meses, contado hacia atrás desde el mes de junio del año anterior al de vigencia de la Ley de Presupuestos que incluya la distribución que proceda de acuerdo a esta disposición.

Artículo 129 bis 17.- El valor de las patentes no se considerará como gasto para efectos de la Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, no siéndole aplicable lo dispuesto en el artículo 21 de dicha ley.

Sin embargo, las cantidades pagadas por concepto de patentes por los titulares de derechos de aprovechamiento durante los años anteriores a aquel en que se inicie la utilización de las aguas, podrán imputarse a cualquier clase de impuesto fiscal de declaración y pago mensual, en la forma que determine el Ministerio de Hacienda mediante decreto. Para estos efectos, dichas cantidades serán reajustadas de acuerdo a la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior a la fecha de ingreso del pago en arcas fiscales y el último día del mes anterior a la fecha de la imputación.

Artículo 129 bis 18 - Respecto a los derechos no consuntivos, se determinará el número de años en que se ha pagado la patente y que podrán imputarse en la forma señalada en el artículo anterior, mediante la siguiente tabla, cuyos tramos se determinan multiplicando el valor del caudal no utilizado, expresado en metros cúbicos por segundo, por el valor de la diferencia de nivel entre los puntos de captación y de restitución expresada en metros, siendo aplicable a este respecto lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto de la letra a) del artículo 129 bis 4:

a) Tres años, si el producto de la multiplicación de dichos factores es inferior a diez mil;

b) Cuatro años, si el producto de la multiplicación resulta entre diez mil y treinta mil, ambas cifras inclusive, y

c) Cinco años, si el producto de la multiplicación resulta en un valor superior a treinta mil.

Respecto a los derechos consuntivos, se consideran tres años.".

9.- Reemplázase el artículo 140 por el siguiente:

"Artículo 140.- La solicitud para adquirir el derecho de aprovechamiento deberá contener:

1. El nombre del álveo de las aguas que se necesitan aprovechar, su naturaleza, esto es, si son superficiales o subterráneas, corrientes o detenidas y la provincia en que estén ubicadas o que recorren.

En caso de aguas subterráneas, se individualizará la comuna en que se ubicará la captación y el área de protección que se solicita;

2. La cantidad de agua que se necesita extraer, expresada en medidas métricas y de tiempo;

3. El o los puntos donde se desea captar el agua.

En el caso en que la captación se efectúe mediante un embalse o barrera ubicados en el álveo, se entenderá por punto de captación aquel que corresponda a la intersección del nivel de aguas máximas de dicha obra con la corriente natural;

4. Si el derecho es consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado con otras personas.

Las solicitudes para usos no consuntivos indicarán, además, el punto de restitución de las aguas y la distancia y desnivel entre la captación y la restitución, y

5. La solicitud deberá ser acompañada de una memoria explicativa en la cual se justifique la cantidad de agua que se necesitará extraer, según el uso o destino que se dará a ella; y de los demás antecedentes que exija la naturaleza del derecho que se solicita, siempre que ellos estén relacionados con los anteriores.".

10.- Elimínase el inciso final del artículo 141.

11.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 142, la expresión "inciso 3º del artículo anterior" por "inciso final del artículo anterior".

12.- Intercálase el siguiente artículo 147 bis, nuevo, a continuación del artículo 147:

"Artículo 147 bis.- El derecho de aprovechamiento de aguas se constituirá mediante resolución de la Dirección General de Aguas; o bien, mediante Decreto Supremo del Presidente de la República, en el caso previsto en el artículo siguiente.

El Director General de Aguas podrá, mediante resolución fundada, denegar o limitar las solicitudes de derecho de aprovechamiento, en los siguientes casos:

1. Si no se diese cumplimiento a los requisitos legales o reglamentarios;

2. Si no existiere disponibilidad del recurso;

3. Si no se hubiese justificado la cantidad de agua que se necesita extraer atendidos los fines invocados por el peticionario.

Para la aplicación de esta causal, será necesario que previamente se dicte un reglamento, que establezca relaciones técnicas objetivas entre usos de agua y caudales requeridos.

4. Si previa proposición de la Dirección General de Aguas, el Consejo Regional correspondiente al lugar donde se solicita captar las aguas, resolviere que el derecho de aprovechamiento debe ser denegado o limitado, por ser necesario reservar el recurso al abastecimiento de la población o a determinadas actividades productivas que se califiquen como relevantes para la estrategia de desarrollo regional, por no existir otras alternativas de abastecimiento técnica y económicamente factibles. El pronunciamiento del Consejo Regional deberá emitirse dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde su notificación. Si así no ocurriere, se entenderá que se aprueba la proposición de la Dirección General de Aguas.

Finalmente, el Director General de Aguas podrá, en circunstancias excepcionales y en virtud de condicionantes hidrológicas, constituir el derecho de aprovechamiento en modalidades distintas a como fue solicitado siempre, que conste el consentimiento del interesado.”.

13.- Reemplázase, en el artículo 148, la frase "inciso tercero del artículo 141" por "inciso final del artículo 141".

14.- Reemplázase el artículo 149 por el siguiente:

"Artículo 149.- El acto administrativo en cuya virtud se constituye el derecho contendrá:

1. El nombre del adquirente;

2. El nombre del álveo o individualización de la comuna en que se encuentre la captación de las aguas subterráneas que se necesita aprovechar y el área de protección;

3. La cantidad de agua que se autoriza extraer, expresada en la forma prevista en el artículo 7º de este Código;

4. El o los puntos precisos donde se captará el agua;

5. El desnivel y puntos de restitución de las aguas si se trata de usos no consuntivos, y

6. Si el derecho es consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado con otras personas.

El Director General de Aguas estará facultado para establecer, en el acto de constitución, especificaciones técnicas, condiciones, plazos, prohibiciones u otras modalidades y limitaciones que afecten el derecho.".

15.- Reemplázase, en el artículo 186, la expresión "canal matriz" por "caudal matriz".

16.- Agrégase al artículo 196 el siguiente inciso final, nuevo:

"Las comunidades de aguas que hayan cumplido con este requisito gozarán de personalidad jurídica y les serán aplicables las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con excepción de los artículos 560, 562, 563 y 564.".

17.- Reemplázase la letra c) del artículo 299 por la siguiente:

"c) Ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público e impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización previa del servicio o autoridad a quien corresponda aprobar su construcción o autorizar su demolición o modificación; impedirá también que se extraigan aguas de los mismos cauces sin título o en mayor cantidad de lo que corresponda. Para estos efectos, podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código.".

18.- Reemplázase el artículo 1º transitorio por el siguiente:

"Artículo 1º transitorio.- Los derechos de aprovechamiento inscritos en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente y que en posteriores transferencias o transmisiones no lo hubieren sido, podrán regularizarse mediante la inscripción de los títulos correspondientes desde su actual dueño hasta llegar a la inscripción de la cual proceden.

Si el Conservador rehusare practicar la inscripción solicitada, el interesado ocurrirá al juez de letras competente, quien deberá solicitar informe de la Dirección General de Aguas y, en todo caso, tener a la vista los siguientes documentos: copia autorizada de la inscripción de dominio del inmueble a nombre del interesado, en el cual se aprovechen las aguas, con certificado de vigencia de no más de treinta días de expedido; certificados emanados de la respectiva organización de usuarios en que conste la calidad de miembro activo de ella, y otros documentos que acrediten el uso efectivo del agua. La solicitud respectiva deberá publicarse en la forma y términos previstos en el artículo 131 de este Código y los terceros que se sientan afectados en sus derechos podrán oponerse a dicha presentación dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de la última publicación.".

19.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 13 transitorio, la frase "artículo 12 del presente Código" por "artículo 112 del presente Código".

Artículo 2º.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, fije el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código de Aguas.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República no podrá, tratándose de artículos que contengan preceptos de rango orgánico constitucional o de quórum calificado, alterar su redacción; sólo se limitará a establecer o concordar la numeración de los artículos según el orden correlativo que corresponda.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º.- Los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año subsiguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente, que se regirá por las reglas establecidas en el artículo 129 bis 4 del Código de Aguas.

Artículo 2º.- Los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año subsiguiente al de la entrada en vigencia de esta ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente que se regirá por las normas establecidas por el artículo 129 bis 5 del Código de Aguas.

Artículo 3º.- Los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año subsiguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente, que se regirá por la norma establecida en el artículo 129 bis 6 del Código de Aguas.

Artículo 4º.- Las solicitudes de derecho de aprovechamiento que se encuentren pendientes, deberán ajustarse a las disposiciones de esta ley, para lo cual el Director General de Aguas requerirá de los peticionarios los antecedentes e informaciones que fueren necesarios para dicho fin.".

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Acordado en sesiones celebradas los días 5, 12 y 19 de Enero, 3, 9 y 16 de Marzo, 6 y 20 de Abril y 4 de Mayo de 1999, con asistencia de sus miembros, HH. Senadores señores Pizarro (Presidente), Cantero (Prat), Cordero, Sabag (Lavandero) y Urenda (Stange).

Sala de la Comisión, a 11 de Mayo de 1999.

ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA

Secretario Abogado de la Comisión

RESEÑA

I. BOLETÍN Nº: 876-09a.

II. MATERIA:Proyecto de ley que modifica el Código de Aguas.

III. ORIGEN: Mensaje.

IV. TRAMITE CONSTITUCIONAL: Segundo Trámite.

V. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: Aprobado en general con 61 votos afirmativos, 32 negativos y 16 abstenciones.

VI. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 26 de Agosto de 1997.

VII. TRAMITE REGLAMENTARIO: Primer Informe.

VIII. URGENCIA: En sesión de fecha 11 de Mayo de 1999 el Ejecutivo hizo presente la urgencia calificándola de “suma” para este proyecto de ley.

IX. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: Constitución Política: artículo 19 Nºs 2, 20, 22, 23 y 24; Código Civil: artículos 595, 596, 603, 605, 822, 823, etc.; D.F.L.

Nº 1.122 de 1981, fija texto Código de Aguas; Leyes Nºs 18.450, 19.143, 19.145, 19.253 y 19.300.

X. ESTRUCTURA DEL PROYECTO PROPUESTO: Dos artículos permanentes y cuatro artículos transitorios.

XI. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Los principales objetivos que persigue esta iniciativa de ley, son los siguientes:

1.- Establecimiento del pago de una patente por la no utilización de las aguas y de un procedimiento judicial de remate del derecho por no pago de la patente.

2.- Facultades de la autoridad para la concesión de nuevos derechos de aprovechamiento.

3.- Normas sobre conservación y protección de las aguas y cauces.

4.- Consideración de la interacción de las aguas superficiales y subterráneas en el otorgamiento de derechos de aprovechamiento.

5.- Normas que permiten perfeccionar el procedimiento de regularización contenido en el artículo 1º transitorio del Código de Aguas y que establecen obligaciones a que estarán afectos los Conservadores de Bienes Raíces del país, en relación con el Catastro Público de Aguas.

6.- Extensión de la personalidad jurídica a las comunidades de aguas.

XII. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Los artículos 129 bis 11, 129 bis 12, 129 bis 13, 129 bis 14 y 129 bis 15, contenidos en el numeral 8 del artículo 1º deberán ser aprobados con quórum de Ley Orgánica Constitucional, por cuanto se relacionan con la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia, de acuerdo con el artículo 74, inciso segundo, de la Carta Fundamental.

XIII. ACUERDOS: Aprobación General: Unanimidad miembros presentes (4x0) HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

ARTÍCULO 1º

Número 1, artículo 6º, unanimidad miembros presentes (4x0)

HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag. y Urenda.

Número 2, artículo 22, unanimidad miembros presentes (3x0)

HH. Senadores señores Cordero, Sabag y Urenda.

Número 3, artículo 114, Nº 4 unanimidad miembros presentes (4x0)

HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda. Nº 7 unanimidad miembros presentes (4x0) HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda

Número 4, artículo 115 bis, unanimidad miembros presentes (3x0)

HH. Senadores señores Cordero, Sabag y Urenda.

Número 5, artículo 116, unanimidad miembros presentes (3x0)

HH. Senadores señores Cordero, Sabag y Urenda.

Número 6, artículo 122, unanimidad miembros presentes (3x0)

HH. Senadores señores Cordero, Sabag y Urenda.

Número 7, artículo 129, unanimidad miembros presentes (3x0)

HH. Senadores señores Cordero, Sabag y Urenda.

Número 8, Título X, artículo 129 bis, unanimidad miembros presentes (3x0)

HH. Senadores señores Cordero, Sabag y Urenda.

- Artículo 129 bis 1, unanimidad miembros presentes (3x0)

HH Senadores señores Cordero, Sabag y Urenda.

- Artículo 129 bis 2, unanimidad miembros presentes (3x0)

HH Senadores señores Cordero, Sabag y Urenda.

- Artículo 129 bis 3, unanimidad miembros presentes (3x0)

HH Senadores señores Cordero, Sabag y Urenda.

Número 8, Título XI, artículo 129 bis 4. Encabezamiento del artículo: unanimidad miembros presentes (3x0) HH. Senadores señores Cordero, Lavandero y Sabag.

Letras a), b) y c) mayoría de votos, 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

Por la afirmativa HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

En contra H. Senador señor Prat. Se abstiene H. Senador señor Stange.

- Artículo 129 bis 5, mayoría de votos, 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

Por la afirmativa HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

En contra H. Senador señor Prat. Se abstiene H. Senador señor Stange.

- Artículo 129 bis 6, mayoría de votos, 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

Por la afirmativa HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag

En contra H. Senador señor Prat. Se abstiene H. Senador señor Stange.

- Artículo 129 bis 7, mayoría de votos (4x1)

Por la afirmativa HH Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda. Se abstiene H. Senador señor Prat.

- Artículo 129 bis 8, unanimidad (5x0)

HH Senadores señores Cordero, Pizarro, Prat, Sabag y Urenda.

- Artículo 129 bis 9, unanimidad (5x0)

HH Senadores señores Cordero, Pizarro, Prat, Sabag y Urenda.

- Artículo 129 bis 10, unanimidad (5x0)

HH Senadores señores Cordero, Pizarro, Prat, Sabag y Urenda.

- Artículo 129 bis 11, unanimidad miembros presentes (3x0)

HH Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

- Artículo 129 bis 12, unanimidad miembros presentes (3x0)

HH Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

- Artículo 129 bis 13, unanimidad miembros presentes (3x0)

HH Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

- Artículo 129 bis 14, unanimidad miembros presentes (3x0)

HH Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

- Artículo 129 bis 15, unanimidad miembros presentes (3x0)

HH Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

- Artículo 129 bis 16, unanimidad miembros presentes (3x0)

HH Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

- Artículo 129 bis 17, unanimidad miembros presentes (3x0)

HH Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

- Artículo 129 bis 18, unanimidad miembros presentes (3x0)

HH Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

Número 9, artículo 140, unanimidad miembros presentes (3x0)

HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

Número 10, artículo 141, unanimidad miembros presentes (3x0)

HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

Número 11, artículo 142, unanimidad miembros presentes (3x0)

HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Sabag.

Número 12, artículo 147 bis, unanimidad miembros presentes (4x0)

HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

Nº 4, mayoría de votos (4x1), HH. Senadores señores Cordero, Pizarro y Urenda y en contra H. Senador señor Sabag.

Número 13, artículo 148, unanimidad miembros presentes (4x0)

HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

Número 14, artículo 149, unanimidad miembros presentes (4x0)

HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

Número 15, artículo 186, unanimidad miembros presentes (4x0)

HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

Número 16, artículo 196, unanimidad miembros presentes (4x0)

HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

Número 17, artículo 299, unanimidad miembros presentes (4x0)

HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

Número 18, artículo 1º transitorio, unanimidad miembros presentes (4x0)

HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

Número 19, artículo 13 transitorio, unanimidad miembros presentes (4x0)

HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

ARTÍCULO 2º, unanimidad miembros presentes (4x0)

HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º transitorio, unanimidad miembros presentes (4x0)

HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

Artículo 2º transitorio, unanimidad miembros presentes (4x0)

HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

Artículo 3º transitorio, unanimidad miembros presentes (4x0)

HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

Artículo 4º transitorio, unanimidad miembros presentes (4x0)

HH. Senadores señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda.

ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA

Secretario Abogado de la Comisión

INDICE

- Normas de ley orgánica constitucional… 1

- Senador Informante… 2

- Invitados… 2

- Antecedentes… 3

- Antecedentes jurídicos… 5

- Informes en Derecho… 8

- Comentarios Ejecutivo a Informes en Derecho… 8

- Requerimiento ante el Tribunal Constitucional… 8

- Sentencia del Tribunal Constitucional… 9

- Antecedentes Técnicos… 9

- Otros Antecedentes… 10

- Fundamentos y objetivos del proyecto… 10

- Estructura del Proyecto… 11

- Discusión General… 16

Opinión Ministro de Obras Públicas… 20

Opinión Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía… 25

Votación… 26

- Discusión Particular… 26

ARTÍCULO 1º

Nº 1, artículo 6º… 26

Nº 2, artículo 22… 29

Nº 3, artículo 114… 31

Nº 4, artículo 115 bis, nuevo… 33

Nº 5, artículo 116… 33

Nº 6, artículo 122… 34

Nº 7, artículo 129… 36

Nº 8, artículo 129 bis… 37

Artículo 129 bis 1… 38

Artículo 129 bis 2… 40

Artículo 129 bis 3… 41

Artículo 129 bis 4… 42

- método de cálculo… 45

- situación derechos de aprovechamiento no consuntivos… 47

- paralelo patentes minera con patente del proyecto… 53

- flujos monetarios… 63

- votación… 86

Artículo 129 bis 5… 86

- método de cálculo… 88

- valor litro por segundo del agua cruda… 90

Artículo 129 bis 6… 100

Artículo 129 bis 7… 101

Artículo 129 bis 8… 102

Artículo 129 bis 9… 103

Artículo 129 bis 10… 104

Artículo 129 bis 11… 105

Artículo 129 bis 12… 106

Artículo 129 bis 13… 107

Artículo 129 bis 14… 108

Artículo 129 bis 15… 108

Artículo 129 bis 16… 109

Artículo 129 bis 17… 111

Artículo 129 bis 18… 111

Nº 9, artículo 140… 112

Nº 10, artículo 141… 114

Nº 11, artículo 142… 114

Nº 12, artículo 147 bis… 115

Nº 13, artículo 148… 118

Nº 14, artículo 149… 118

Nº 15, artículo 186… 120

Nº 16, artículo 196… 120

Nº 17, artículo 299… 121

Nº 18, artículo 1º transitorio… 121

Nº 19, artículo 13 transitorio… 122

ARTÍCULO 2º… 123

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º… 123

Artículo 2º… 124

Artículo 3º… 124

Artículo 4º… 124

- Modificaciones… 125

- Texto… 131

- Reseña… 145

- Indice… 150

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?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados que modifica el Código de Aguas.

BOLETIN Nº 876-09

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados que modifica el Código de Aguas.

La referida iniciativa se originó en mensaje del Presidente de la República, de diciembre de 1992. En primer trámite, la Cámara de Diputados la aprobó en el mes agosto de 1997.

En segundo trámite constitucional, el Senado dispuso que fuese estudiada, en primer lugar, por la Comisión de Obras Públicas; luego, por esta Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y, si fuere procedente, por la de Hacienda.

En cumplimiento de un acuerdo adoptado por los Comités el 11 de agosto de 1999, ratificado por la Sala en sesión de la misma fecha, vuestra Comisión se pronunciará sobre el proyecto en estudio, en este primer informe, tanto en general como en particular.

A las sesiones en que se consideró esta materia asistieron, especialmente invitados, el Ministro de Obras Públicas, don Jaime Tohá; el Subsecretario de esa Cartera, don Juan Carlos Latorre; el Director General de Aguas, don Humberto Peña; el Jefe del Departamento Legal de esa Dirección, don Pablo Jaeger, y el abogado del señalado Ministerio, don Rodrigo Weisner.

A una de las sesiones dedicadas al tema concurrieron el Ministro de Agricultura, don Miguel Angel Sartori, y el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía (S), don Cristián Nicolai.

Cabe hacer presente que, al concluir el estudio del proyecto, la Comisión, por unanimidad, acordó dirigir oficio a la Excma. Corte Suprema consultándole su opinión sobre los numerales 8 -artículos 129 bis 9 al 129 bis 17, ambos inclusive-, 9 y 19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política.

Es dable señalar, asimismo, que la Comisión acordó expresaros que los artículos 129 bis 9 al 129 bis 17, ambos inclusive, del numeral 8, así como el número 4 del artículo 147 bis, contenido en el numeral 13 del proyecto, inciden en materias propias de las leyes orgánicas constitucionales a que se refieren los artículos 74 y 102 de la Ley Suprema, debiendo, en consecuencia, aprobarse por las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio.

Debemos anotar, además, que, de acuerdo a lo resuelto por el Senado al darse cuenta del ingreso de esta iniciativa a la Corporación, ella pasará a la Comisión de Hacienda a fin de que ésta se pronuncie acerca de las disposiciones que inciden en materia presupuestaria y financiera del Estado. Se trata de los artículos 129 bis 4 al 129 bis 8, ambos inclusive, y 129 bis 18 al 129 bis 20, también inclusive, del Título XI, nuevo, que se agrega al Libro I del Código de Aguas.

Durante su estudio, la Comisión destinó una de sus reuniones a conocer los planteamientos de distintas entidades involucradas en el tema. En dicha ocasión, estuvieron representadas la Sociedad Nacional de Agricultura; la Sociedad Nacional de Minería; la Confederación de Canalistas de Chile; la Asociación de Canalistas del Laja y la Junta de Vigilancia del Río Maule. Participaron, asimismo, los profesores de Derecho de Aguas don Gustavo Manríquez, don Gonzalo Muñoz y don Alberto Tala, y un representante del Instituto Libertad y Desarrollo.

Finalmente, la Comisión escuchó las opiniones que sobre el proyecto expresaron los profesores señores José Luis Cea y Miguel Solanes, especialistas en Derecho Constitucional y en Derecho Comparado de Aguas, respectivamente.

ANTECEDENTES

Mensaje

En su oficio, el Primer Mandatario explica que uno de los desafíos que enfrentará la sociedad chilena en un futuro próximo se relaciona con la disponibilidad de recursos hídricos en cantidad y calidad apropiadas para responder a los requerimientos del desarrollo.

Señala que la actual legislación adolece de excesiva pasividad frente a la administración y conservación de este recurso que es escaso y finito, defecto que debe corregirse a la brevedad para evitar situaciones de crisis.

Sostiene que la acumulación de derechos de aguas en forma desmesurada sin que exista un uso actual o futuro previsible, sino únicamente la posibilidad de lucrar con ellos -no obstante su obtención original gratuita-, constituye el germen de dificultades graves para el desarrollo del país.

Advierte que el actual proceso de avance de los sectores agrícola, hidroeléctrico, industrial, minero y sanitario, que en gran medida se sustentan en el uso del agua y que son receptores de considerables inversiones, exige seguridad jurídica, la que no se consigue con normas que permiten situaciones abusivas como las señaladas, sino con disposiciones legales justas que garanticen al mismo tiempo su utilización racional y su conservación.

Indica que las normas que propone constituyen reformas necesarias y urgentes, esperándose que ellas permitan obtener en un breve plazo una mejoría significativa en la administración de los recursos hídricos existentes en el territorio nacional. Al respecto, hace presente que estas modificaciones constituyen un primer paso en la reforma de la legislación de aguas, anunciando que posteriormente abordará otras materias.

Luego, explica las modificaciones incluidas en el proyecto, agrupándolas en los siguientes rubros:

I.- Establecimiento del pago de una patente por la no utilización de las aguas.

Señala que el Código de Aguas reconoce la libre transferencia de los derechos de aprovechamiento de aguas y, por la vía de la enajenación y comercialización de éstos, entrega a las reglas del mercado la reasignación del recurso agua, que es un bien nacional de uso público.

En su opinión, este sistema constituye, en general, un mecanismo adecuado para lograr usos y asignaciones de las aguas económicamente eficientes. Sin embargo, los efectos buscados con la aplicación de los mecanismos de mercado en la práctica no se han producido, al menos significativamente, por deficiencia de la normativa jurídica, toda vez que éste no contempla un sistema de precios que permita valorizar la obtención originaria y posibilita la conservación a perpetuidad de los derechos de aprovechamiento.

Tal deficiencia legislativa permite mantener gratuitamente a lo largo del tiempo el derecho de aprovechamiento en poder de su titular originario, quien no está obligado a usar el agua en los fines para los cuales requirió primitivamente un determinado caudal o a darle usos alternativos.

Ese vacío legal, en virtud del cual no existe costo para la conservación indefinida del derecho de aprovechamiento, incentiva la especulación y el mal uso del recurso.

Adicionalmente, la posesión de derechos de agua puede distorsionar gravemente el mercado de la energía en el país, al introducir barreras a la libre concurrencia de nuevos competidores.

Con el objeto de corregir esta situación, lograr una mayor fluidez en las transacciones y evitar la acumulación de derechos en forma desmesurada, se propone un sistema de patentes que grave los derechos de aprovechamiento de agua no utilizados.

El Gobierno estima que éste constituye un primer paso para implementar en el corto plazo una política de tarificación del uso del recurso -que ya es ampliamente aplicada en diversos países-, establecer un precio para este bien y, además, propender a la activación del mercado de derechos de aprovechamiento y a su uso eficiente.

En consecuencia, propone someter a los titulares de derechos de aprovechamiento cuyas aguas no estén siendo utilizadas en todo o parte al pago de una patente, cuyo monto, en el caso de los derechos consuntivos, difiere entre las cuencas hidrográficas del norte, centro y sur del país, en razón de la cantidad de agua existente en ellas.

Se definen distintos valores según se trate de derechos consuntivos y no consuntivos o permanentes y eventuales; considerando el diferente significado económico de unos y otros.

Para hacer efectivo el incentivo económico de la patente, se adopta un sistema de aumento progresivo de su valor según el tiempo por el cual se prolongue la no utilización de las aguas y un procedimiento judicial para su cobro en caso de que el interesado no la pague dentro de plazo, que puede concluir con el remate de todo o parte del derecho. Se establece, además, la posibilidad de renuncia y extinción del mismo.

Una vez desarrolladas las obras de aprovechamiento, se considera la posibilidad de recuperar parte de los pagos efectuados con anterioridad, como una forma de no encarecer innecesariamente los proyectos, manteniendo simultáneamente la eficacia del cobro de la patente como incentivo al uso efectivo de los recursos hídricos.

La normativa propuesta consulta vías de reclamo para que los afectados ocurran ante la propia autoridad administrativa y los tribunales ordinarios, en defensa de sus intereses.

Se establece, además, que una cantidad igual al 75% del producto neto de las patentes se distribuirá entre las regiones y comunas del país en la forma que se indica.

II.- Facultades de la autoridad para la concesión de nuevos derechos de aprovechamiento.

Consecuentemente con lo anterior, se propone modificar los requisitos que deben contener las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas y las resoluciones que los constituyan. Al efecto, se sugieren límites razonables a la concesión de tales derechos sobre la base de la justificación de la necesidad del agua solicitada.

Se explica que, en la actualidad, la autoridad está obligada a constituir el derecho a un solicitante si la petición es legalmente procedente, si existe disponibilidad del recurso y si no se afectan derechos de terceros. Este procedimiento eventualmente lesiona el interés de la sociedad, ya que considera exclusivamente la protección de los usos y derechos actuales y no los escenarios futuros. De este modo, se crean situaciones irreversibles o sólo modificables a un altísimo costo, sin que los mecanismos de mercado puedan introducir correcciones efectivas. Por ejemplo, en este caso se encuentra la constitución de derechos no consuntivos por la totalidad del caudal de un río en su desembocadura, lo que significa bloquear cualquier desarrollo futuro de la cuenca completa, o las dificultades que se han presentado en el norte para el abastecimiento de agua potable a las poblaciones, al haberse constituido derechos de aprovechamiento sobre la totalidad de los recursos ubicados en sus proximidades. A fin de corregir lo anterior, se faculta a la autoridad para limitar o denegar las solicitudes cuando razones de bien público lo justifiquen.

III.- Normas sobre conservación y protección de aguas y cauces.

A este respecto, el Primer Mandatario señala que la creciente demanda sobre los recursos hídricos, los graves problemas de contaminación, la valorización social del medio ambiente e, incluso, las propias exigencias ambientales de la apertura hacia el exterior, hacen urgente una acción decidida en materia de conservación de los recursos hídricos.

Por otra parte, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente establece la necesidad de conservar los ecosistemas acuáticos y los recursos escénicos y recreacionales, acorde con las crecientes demandas de mejoramiento de la calidad de vida de la población y la valorización social del medio ambiente.

De ahí que se proponga la obligación para la autoridad, al otorgar un derecho de aprovechamiento de aguas, de respetar en todos los cauces naturales un caudal ecológico, es decir, el mínimo de agua que debe escurrir para conservar los ecosistemas acuáticos existentes en la respectiva fuente natural.

Se establecen también normas para que la Dirección General de Aguas pueda exigir que las aguas provenientes de obras de recuperación de terrenos húmedos o pantanosos sean restituidas al cauce receptor natural de las mismas, si de la ejecución de dichas obras resulta perjuicio a terceros.

En lo referente a los cauces naturales, que hoy se encuentran sin protección, se proponen normas que facultan a la Dirección General de Aguas para defenderlos frente a acciones devastadoras de terceros, pudiendo recurrirse al auxilio de la fuerza pública para obtener la inmediata paralización de las respectivas obras.

Asimismo, se fortalecen las funciones de policía y vigilancia de la Dirección General de Aguas, a objeto de que ella pueda impedir que de los cauces naturales se extraigan aguas sin título o en mayor cantidad de la que corresponda.

Finalmente, se encarga a esta misma entidad el desarrollo de una red de estaciones de calidad de aguas superficiales y subterráneas, exigiéndole difundir la información obtenida.

IV.- Consideración de la interacción de aguas superficiales y subterráneas en el otorgamiento de derechos de aprovechamiento.

De acuerdo a la normativa vigente, se constituyen los derechos de aprovechamiento sin que exista una referencia explícita al tratamiento conjunto de la explotaciones de aguas superficiales y subterráneas de una misma cuenca u hoya hidrográfica.

Ello genera interferencias en el ejercicio de los respectivos derechos, dada la influencia recíproca entre ambos tipos de caudales.

Para evitar esta anomalía, se encomiendan a la Dirección General de Aguas los análisis y estimaciones necesarios para cautelar la disponibilidad del recurso.

V.- Normas que permiten perfeccionar el procedimiento de regularización de inscripciones de derechos de aguas y la mantención del Catastro Público de Aguas.

El artículo 1º transitorio del Código de Aguas establece un procedimiento para regularizar e inscribir aquellos derechos de aprovechamiento que en alguna oportunidad hayan sido inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas, cuyas posteriores transferencias o transmisiones no lo hubieren sido.

En virtud de dicho procedimiento, el interesado puede recurrir al Conservador de Bienes Raíces respectivo solicitando la inscripción de los títulos correspondientes desde el actual propietario hasta llegar a la inscripción inicial.

En caso que no pudiere aplicarse lo establecido anteriormente, el interesado puede recurrir al juez competente para que éste ordene la inscripción, teniendo para ello a la vista los documentos y antecedentes del caso.

Este procedimiento ha dado origen a múltiples problemas, por cuanto en su aplicación se han utilizado diversos criterios por parte de los jueces. Además, al no exigirse informe de la Dirección General de Aguas, se le priva de tomar conocimiento de la materia, para los efectos de la información que sobre las aguas debe tener por expreso mandato del Código, y de dar su opinión fundada sobre el tema.

En consecuencia, se propone modificar dicho artículo en el sentido de establecer con carácter de obligatorio el informe de la Dirección General de Aguas y la publicación de la solicitud respectiva en el caso del procedimiento judicial.

Por otra parte, la Dirección General de Aguas debe llevar el Catastro Público de Aguas. Sin embargo, dicho Servicio carece de los medios necesarios para exigir que la información le sea remitida.

Por esta razón, se proponen normas que obligan a los Conservadores de Bienes Raíces a enviar a la Dirección General de Aguas copia autorizada de todas las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que practiquen en los Registros de Aguas a su cargo.

VI.- Extensión de la personalidad jurídica a las comunidades de aguas.

Finalmente, se recuerda que la actual legislación otorga personalidad jurídica a las asociaciones de canalistas. En cambio, las comunidades de aguas legalmente organizadas no gozan de dicho atributo, lo que impide su desarrollo y el manejo adecuado de sus recursos.

En efecto, con mayores atribuciones, las comunidades –de las cuales existen alrededor de 2.300-, podrían acceder a créditos, convenios, beneficios derivados de la cooperación internacional y, en síntesis, a una plena integración a la vida jurídica.

Tal deficiencia legal se soluciona mediante el otorgamiento de personalidad jurídica a las comunidades, en las mismas condiciones exigidas a las asociaciones de canalistas.

Exposición del Ministro de Obras Públicas, don Jaime Tohá González

El mencionado Secretario de Estado señaló, como cuestión previa, que el Ejecutivo solicitó al profesor José Luis Cea su opinión sobre el proyecto desde el punto de vista constitucional, de la cual se dejará constancia en el presente informe.

Iniciando su exposición, manifestó que no sólo en Chile, sino que a nivel mundial, el agua se está constituyendo en el elemento más significativo que incidirá positiva o negativamente en el desarrollo económico y social del planeta en las próximas décadas.

Explicó que distintos informes de la Organización de Naciones Unidas coinciden en que el actual régimen de utilización del agua a nivel mundial no es sustentable, lo que quiere decir que si no se introducen cambios, tanto desde el punto de vista de las cantidades como de la calidad del agua en sus distintas expresiones, este recurso puede tender a hacer insostenible el desarrollo humano. Agregó que ello se verifica a la luz de elementos muy significativos, como es el hecho que en el presente siglo el agua ha subido en su índice de consumo más de dos veces lo que ha sido el aumento de la población. En este momento, dijo, de acuerdo a los referidos informes de Naciones Unidas, respecto de un tercio de la población mundial el agua constituye un elemento que inhibe tanto el desarrollo social como el económico. Las mismas fuentes coinciden en que hacia el año 2025, de acuerdo a las tendencias actuales, dos tercios la población mundial estarán sometidos a la misma situación en que hoy se encuentra el tercio restante, o sea, el año 2025, los señalados dos tercios de la población mundial estarán fuertemente limitados en su actividad social y económica como fruto de la actual tendencia en el uso de las aguas.

Indicó que esta situación tiene dos vertientes. Por un lado, deriva de la insuficiencia del recurso para determinados segmentos de la población y, por otro, dice relación con un problema de calidad. Son dos factores combinados, a saber, un uso desatado del agua frente a disponibilidades que no son suficientes, unido a crecientes niveles de deterioro de su calidad. Junto a ellos, se produce un perjuicio que es antiguo pero sobre el cual hay una conciencia más reciente, que es el daño ambiental que el mal tratamiento del agua significa para el debido equilibrio ecológico y la mantención de la vida. El tema de la preservación de los caudales ecológicos constituye un aspecto nuevo que, sin duda, está en la estructura misma de la viabilidad que las opciones de desarrollo de los distintos países puedan tener a futuro.

Igualmente, está claro, dijo, de acuerdo a las informaciones existentes a nivel internacional, que la escasez o mala calidad del agua está estrictamente vinculada con los segmentos más pobres de la población. En este momento, un 20% de la población carece de agua potable y de sistemas de saneamiento. En el caso de la población de los países en desarrollo, la mitad de ella sufre permanentemente enfermedades de distinta naturaleza, ocasionadas por la calidad del agua o de los alimentos. Es decir, en un promedio de los países en desarrollo, permanentemente la mitad de sus habitantes está sufriendo algún tipo de afección.

A continuación, proporcionó algunos antecedentes generales sobre el tema del agua y su vinculación con la sequía en Chile. Sobre el particular, dijo que puede afirmarse que hoy nuestro país está en el umbral de ser una nación con escasez del recurso. La disponibilidad de agua hoy es menor a 1.000 m3 por año por habitante en la mayor parte del territorio. Por otro lado, existe un alto nivel de extracción comparado con otros países, que no se compadece con los índices de desarrollo. En promedio, el nivel de extracción en Chile es de 1.850 m3 por habitante.

Explicó que otra característica fundamental consiste en que, en un balance general, casi todos los derechos de agua están asignados. Por ello, hay muy poca movilidad desde el punto de vista de contar con reservas significativas que no estén actualmente asignadas a personas naturales o jurídicas. Además, connotó que existe una situación de demanda creciente. Estimaciones que maneja ese Ministerio indican que en el presente siglo, en los próximos cincuenta años, el uso doméstico se debería duplicar; la utilización agrícola aumentará en un 20% y el uso para fines hidroeléctricos debería multiplicarse por diez, cifras que calificó de impactantes desde el punto de vista de las perspectivas de desarrollo del país.

En cuanto al medio ambiente, manifestó que existen severos problemas de contaminación y de resguardo de los caudales ecológicos. A este respecto, hizo algunos comentarios en torno a la legislación comparada. Chile, de acuerdo a sus informaciones, es el único país en el mundo que tiene un estatuto de uso del agua en que los derechos se otorgan en forma incondicional y desvinculada de todo tipo de restricción.

Indicó que, en general, en los sistemas existentes se verifican dos rasgos fundamentales: uno, la estructura del régimen que regula la utilización del agua, caracterizada por la estabilidad respecto a los usos consuetudinarios y la posibilidad de efectuar transferencias de dichos derechos. Por otro lado, se observan fuertes tendencias a cautelar el medio ambiente y a corregir los efectos negativos que se producen sobre el mismo. Citó como ejemplos los casos de Alemania, Francia, China, Inglaterra, España y México, en que el otorgamiento de los derechos está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones y respecto del cual, además, hay sistemas de control, de manera que, si éstas no se dan, se produce la caducidad.

En el caso de Estados Unidos, resaltó, en las zonas más áridas, como Colorado, Kansas, Dakota y Arizona, se obliga a un uso efectivo y beneficioso del agua, a la no especulación y al no desperdicio, al amparo de la caducidad de los derechos si las condiciones no se materializan.

A continuación, formuló algunas breves consideraciones sobre nuestra legislación.

Ella, destacó, concibe el agua como un bien nacional de uso público, lo que le otorga, dijo, una clara connotación de orden social. Al mismo tiempo, establece que se trata de un derecho real de aprovechamiento de carácter perpetuo.

Tales son los dos rasgos esenciales que definen el tratamiento de los derechos de aguas en el país.

Por otra parte, el actual ordenamiento dispone que el agua es un bien principal y, por tanto, no está vinculado ni a la tierra ni a la industria. En consecuencia, puede existir la posesión de la tierra sin agua o viceversa.

Puso de relieve que la actual legislación, que data de 1981, puso término al concepto de concesión provisional y consagró la concesión definitiva. Recordó que la concesión provisional significaba que el derecho se entregaba sujeto al cumplimiento o al inicio de las obras para las cuales se concedía y que, mientras ese hecho se producía, el derecho se entendía como provisional. Esa concepción se modificó por la actualmente vigente, que confiere el derecho de una sola vez y para siempre, independientemente de que éste realmente se ejerza.

Indicó que en estas circunstancias el Estado no tiene la posibilidad de planificar el manejo de los recursos acuíferos. A éste, hoy en día, sólo le compete tramitar las solicitudes de concesión y otorgarlas cuando hay disponibilidad del recurso y la petición se ha hecho dentro de los marcos legales y reglamentarios vigentes. Si se cumplen los requisitos anotados, el Estado tiene la obligación de otorgarlas, careciendo de toda otra prerrogativa o función.

Evaluando la aplicación de la legislación en los últimos 18 años, señaló que ella manifiesta virtudes evidentes en determinados sectores, fundamentalmente en la agricultura y en la minería, áreas en las cuales ha incentivado la inversión, las transferencias y los cambios de uso de las aguas.

Resaltó que los defectos del actual sistema radican en que la asignación original de derechos no se vincula a ninguna condición o evento posterior, lo que, en muchos casos, ha significado la consolidación de posiciones monopólicas, la existencia de caudales ociosos, la creación de barreras de entrada para distintas esferas de la actividad económica y el casi nulo resguardo del medio ambiente.

Finalmente, en cuanto al proyecto de ley en estudio, connotó que la Secretaría de Estado a su cargo intentó ser cuidadosa y prudente y que lo que se somete a conocimiento del Congreso Nacional constituye más bien un perfeccionamiento del Código de Aguas y en ningún caso un reemplazo de ese cuerpo jurídico. Traduciéndolo a porcentajes, señaló que del 100% del Código tal vez se esté modificando un 15%, aun cuando las enmiendas propuestas deben apreciarse en forma más bien cualitativa que cuantitativamente. En todo caso, aseveró, una parte muy importante del Código se mantiene íntegramente como hasta ahora.

Opinión del Ministro de Agricultura, don Miguel Angel Sartori

El mencionado señor Ministro expresó su coincidencia con los planteamientos expuestos por el Ministro de Obras Públicas. No obstante ello, destacó que para esa Secretaría de Estado resulta de particular importancia precaver la existencia de este recurso, de manera de contar con un abastecimiento suficiente para la agricultura y, en especial, para el debido desarrollo de obras de riego, que hasta ahora no ha sido posible.

Desde otro punto de vista, destacó las bondades del proyecto en cuanto a la posibilidad de que las comunidades de aguas accedan a la personalidad jurídica, lo que, estima, mejorará su gestión y su visión respecto del derecho de aguas y del desarrollo agrícola.

Intervención del Ministro Presidente de la

Comisión Nacional de Energía (S), don Cristián Nicolai

Connotó, en primer lugar, la importancia que esta iniciativa tiene para el sector de la energía, estimando que la demanda del sector eléctrico crecerá a un ritmo promedio de 8,3% anual en los próximos 10 años, esto es, se duplicará cada 9 años. Explicó que interesa mantener las cualidades del actual régimen, que, básicamente, consisten en proporcionar seguridad jurídica para incentivar la inversión; flexibilidad y movilidad para el uso del recurso y libertad en las transacciones y transferencias. Sin perjuicio de lo anterior, señaló que deben perfeccionarse algunos aspectos que, desde el punto de vista de las posibles inversiones, resultan extremadamente importantes.

Estos se refieren básicamente a las peticiones de derechos de aguas que se efectúan hoy en día, que no dicen relación con las necesidades reales del recurso. Informó que según las estimaciones, hay solicitudes que podrían impedir que algunos recursos se utilicen dentro de los próximos cincuenta años.

Manifestó que la acumulación de derechos en forma especulativa es una barrera de entrada a la inversión y podría, eventualmente, incidir en el aumento de los precios de la energía en el largo plazo y traducirse en limitaciones a la puesta en marcha de proyectos. En relación a lo último, señaló que en nuestro territorio existen zonas en las cuales aún no hay desarrollos hidroeléctricos importantes y, sin embargo, no existen recursos acuíferos disponibles. Es el caso de la XI Región, que, en conjunto con la IX, comprometen el 99,6% de los derechos, con lo cual lo que quedaría para otros agentes que deseen entrar es un margen extremadamente estrecho.

Puntualizó que es clara la importancia que en nuestro medio tiene la generación hidroeléctrica y que son conocidos los efectos de la crisis eléctrica provocada por la sequía desde noviembre del pasado año. Desde ese punto de vista, dijo, es importante incorporar nuevos desarrollos hidráulicos en zonas con regímenes distintos a los que hay en las cuencas normalmente en uso (entre las Regiones VI y X), para lo cual cree que deben darse los incentivos necesarios y la posibilidad de que efectivamente esos proyectos se lleven a cabo por los inversionistas que están interesados en hacerlo.

Indicó que la Comisión Nacional de Energía ha participado activamente en generar condiciones para que los proyectos hidráulicos puedan materializarse en la forma y plazos que el desarrollo del mercado eléctrico lo requiere, lo que ha significado, incluso, realizar algunas presentaciones ante el organismo antimonopolios.

Otro elemento importante, expresó, es que, hoy día, en la matriz energética de Chile el principal recurso que se encuentra disponible es el hidroeléctrico. Las restantes formas de generación eléctrica, así como gran parte del uso industrial, dependen de combustibles como el petróleo, el carbón y el gas natural, todos ellos importados, lo cual crea un tipo de dependencia del mercado externo y de situaciones ocasionales que se registran en éste, como es el caso de una crisis de baja temperatura que se presentó en el Gran Buenos Aires o la sequía producida en las cuencas del sur del país vecino, que hicieron que el consumo de gas natural se elevara considerablemente y se insinuara la adopción de medidas especiales de protección de los intereses argentinos frente a las exportaciones de gas natural a otras naciones.

Luego, proporcionó algunas cifras que permiten dimensionar la situación. Indicó que el potencial hidroeléctrico bruto con que se cuenta actualmente en el país es de unos 28.000 a 28.500 megawatts, encontrándose en explotación alrededor de 4.000 megawatts. El potencial neto, dado el régimen de los ríos y los cambios estacionales, se ubica a un 70 u 80% de estas cifras, lo que sitúa el potencial explotable en torno a los 18.000 megawatts. La capacidad instalada hoy día en todos los sistemas, incluyendo los sistemas interconectado central e interconectado del Norte Grande, alcanza a alrededor de 8.800 megawatts y, en enero del año 2000, básicamente por una ampliación del sistema interconectado del Norte Grande, llegará a los 10.500 megawatts.

Es decir, la cifra global del potencial explotable supera lo que actualmente se está utilizando. Parte importante de esos recursos se encuentra en la XI Región, en las cuencas de los ríos Baker, Pascua y Palena, donde una empresa ha adquirido prácticamente el 90% de los derechos de agua, con todo lo que ello significa en términos de barreras de entrada.

Otro elemento que la Comisión Nacional de Energía considera relevante es abrir el acceso a los derechos de agua a terceros interesados en hacer inversiones.

Al respecto, informó que el nivel de ventas de la empresa generadora en el año 1997 fue del orden de los 1.000 millones de dólares y que el retraso de un proyecto importante del sector eléctrico puede significar aumentos de precio del orden del 10% de acuerdo a las estimaciones disponibles, con lo cual se incrementan las ventas a las empresas y, desde el punto de vista del precio nudo, que es el que finalmente se aplica a las compañías distribuidoras, se produce un alza sólo por este hecho que se traspasa a los consumidores finales.

Manifestó que el detener los proyectos más significativos de desarrollo hidráulico representaría una medida extrema, agregando que las estimaciones de ese organismo hacen pensar que incluso podría llegarse a alzas de precios del orden del 30 o el 40% si no hay tecnología alternativa que reemplace el recurso hidráulico no utilizado. Por lo tanto, interesa sobremanera que los derechos de aguas estén disponibles para cualquier actor que presente proyectos concretos y que verdaderamente desee llevar adelante. De manera que es importante que ello se incorpore en la disponibilidad para los planes de inversión, ya que no contar con una oferta oportuna de electricidad puede afectar en forma significativa el precio del servicio.

Indicó que hoy día existe una empresa que presenta una concentración muy alta de derechos de agua, lo cual deriva de antiguas situaciones. Esto constituye un obstáculo para el acceso de nuevos inversionistas, quienes han puesto de manifiesto el caso en forma reiterada ante la Comisión Nacional de Energía. Estimó que algunos de estos casos se solucionarán por la vía de la licitación o el remate de los derechos de aguas, pero que hay otros en que sencillamente no será posible aplicar esas fórmulas.

Desde ese punto de vista, opinó que es imprescindible incorporar un régimen legal que asegure que los derechos de aguas solicitados y, en particular, los hidroeléctricos, que son no consuntivos, se utilicen dentro de un plazo determinado o bien que se tenga que pagar, de modo que exista un incentivo para que los proyectos se materialicen.

Concluyó diciendo que esa es la razón por la cual la Comisión Nacional de Energía ha concordado con la idea de establecer patentes por el no uso de los recursos y de darles carácter progresivo en la medida en que la implementación de las respectivas inversiones se atrase.

Posición de la Sociedad Nacional de Agricultura

El Secretario General de esa Sociedad manifestó que el tema en análisis tiene una relevante gravitación en ese sector. Por este motivo, ha analizado con especial detenimiento el proyecto y ha participado en las diferentes etapas de su tramitación legislativa.

Luego, expuso los principales aspectos que contiene la posición de la Sociedad Nacional de Agricultura, fijados por su Consejo Directivo el 19 de enero de 1998.

La entidad considera que el marco jurídico regulatorio de las aguas, entre otros objetivos, debe contemplar el libre acceso originario a las mismas; consagrar el derecho de dominio pleno sobre ellas consultando su debida protección; propender a su más eficiente utilización; facilitar la existencia y operación de un mercado del recurso; minimizar la intervención de la autoridad administrativa; evitar la discrecionalidad funcionaria y considerar adecuadamente la particular situación de la actividad agropecuaria, dado que ella no es viable si no cuenta con agua.

Sostuvo que los mencionados objetivos estaban contemplados, con mayor o menor acierto, en el proyecto original, no obstante que otros eran totalmente ignorados o gravemente comprometidos.

Así, aun cuando el proyecto respetaba el derecho de propiedad sobre las aguas, generaba a su respecto una total incertidumbre a través del régimen de patente por no uso que establecía.

Expresó que provocar en la totalidad de los derechos de aprovechamiento existentes una situación de inestabilidad resultaba absolutamente injustificado e innecesario, si se considera que en su inmensa mayoría –y sin excepción en el sector agrícola- ellos están siendo adecuadamente utilizados.

Hizo ver que si bien se entiende el propósito oficial de procurar una mejor utilización de las aguas, el régimen de patentes que se patrocinaba resultaba ostensiblemente malogrado por la vaguedad de sus disposiciones y, particularmente, por las amplias posibilidades que abría a la discrecionalidad funcionaria.

En estas circunstancias, la Sociedad Nacional de Agricultura planteó sus pareceres al Ministerio de Obras Públicas, con el propósito de explorar la posibilidad de que, en definitiva, la iniciativa legal los incorporara.

Reconoció que se produjo un positivo avance en aspectos relevantes, citando, entre éstos, la normativa relacionada con el pago de las patentes por la no utilización de las aguas; las presunciones relativas al uso del agua y ciertas modificaciones a las facultades discrecionales que se otorgaban a la autoridad. Explicó que ellas fueron recogidas por la indicación sustitutiva que el Ejecutivo presentó al proyecto original.

Advirtió que, sin embargo, esa organización mantiene reservas en torno al artículo 129 bis 9 del proyecto, referido a la presunción sobre la utilización total o parcial de las aguas.

Al respecto, estiman que debería presumirse de derecho que las aguas están siendo utilizadas si existen las obras de captación correspondientes.

Por otra parte, ponen de manifiesto que la exigencia de que las referidas obras deban ser aprobadas por la Dirección General de Aguas origina demoras y gastos innecesarios para los agricultores, amén de dar lugar a eventuales discrecionalidades administrativas.

A juicio de la entidad, debiera ser suficiente la presentación en la citada Dirección de un certificado emanado del profesional encargado de proyectar y ejecutar las obras de captación, en la forma establecida para otro tipo de actividades.

Finalmente, a juicio de la Sociedad Nacional de Agricultura, el proyecto aprobado por la Comisión de Obras Públicas del Senado no ofrece reparos de constitucionalidad.

Opinión de la Sociedad Nacional de Minería

La señalada entidad dio a conocer su opinión en torno al proyecto en estudio a través de las intervenciones de su Presidente, don Hernán Hochschild, y del abogado don Cristián Letelier, quienes lo abordaron desde el punto de vista constitucional y, luego, formularon una serie de observaciones generales, connotando su incidencia respecto del sector minero.

En el ámbito constitucional, se refirieron, en primer lugar, al establecimiento de una patente por el no uso total o parcial del agua.

Sobre este particular, hicieron notar que el texto aprobado por la Comisión de Obras Públicas del Senado incorpora un Título XI, nuevo, referido al pago de una patente a beneficio fiscal respecto de aquellos derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente que no sean utilizados total o parcialmente, agregando que se fundamenta su constitucionalidad en la existencia de la patente minera, con la cual se pretende analogar el nuevo gravamen.

Al respecto, desestimaron que estas dos instituciones compartan la misma naturaleza.

Explicaron que el régimen de amparo es tradicional y exclusivo de la legislación minera y que uno de los sistemas que contempla la doctrina es el de la patente o canon, que consiste, como es sabido, en la obligación de pagar periódicamente al Estado una cantidad de dinero que el Código del ramo determina en atención a la clase de sustancias que se extraerán, a la naturaleza de los derechos mineros y a la extensión cubierta por ellos.

Ahora bien, la patente minera constituye la expresión material de la obligación de amparo y su pago representa el ánimo de conservar la concesión en el patrimonio de su titular. Es, por ende, dijeron, una institución cuya naturaleza no admite parangón. Estiman que es sui generis porque no es una patente propiamente tal, dado que su pago no se exige como requisito para ejercer una profesión o industria. Tampoco es una tasa o derecho, como lo sería, por ejemplo, la estampilla de correos, puesto que éstos suponen la existencia de una contraprestación por parte del Estado. Y, finalmente, no es un impuesto o contribución, ya que su finalidad principal no es otorgar recursos al erario nacional y su falta de pago no compromete todos los bienes del deudor, sino que solamente la concesión desamparada.

Refiriéndose a la función que cumple la patente minera, reiteraron que es la traducción práctica del régimen de amparo que la propia Constitución consagra, señalando que éste debe tender directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de la obligación constitucional de todo concesionario minero en orden a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justificó su otorgamiento.

De esta manera, la patente minera presenta peculiaridades que la hacen sustancialmente distinta a la patente por el no uso de las aguas. Ellas son las siguientes:

1) Es de origen constitucional, puesto que el artículo 19, número 24º, al establecer un régimen de amparo a la propiedad minera, señala que éste será establecido por la ley, lo que constituye un claro mandato constitucional que la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, en su artículo 12º, recoge y consagra.

La patente que se pretende imponer en el Código de Aguas por el no uso del recurso, en cambio, carece de origen constitucional porque en ninguna parte la Carta Fundamental se refiere a ella.

2) Se aplica a recursos naturales no renovables; en cambio, la patente sobre el no uso de las aguas afecta a recursos esencialmente renovables, más aún si se aplica a los derechos de aguas no consuntivos.

3) Su naturaleza jurídica es sui generis y se usa el vocablo “patente” porque la historia de la legislación minera siempre ha utilizado esta voz. Pero si en rigor se quisiera otorgarle un nombre más apropiado a este régimen de amparo, debería denominársele “canon”.

Por su parte, la patente por el no uso de las aguas es una sanción al propietario por no usarlas, lo que atenta contra el derecho de propiedad que el titular tiene sobre sus derechos de aprovechamiento.

4) En el informe de la Comisión de Obras Públicas se sostiene que las minas y las aguas serían bienes jurídicos de igual naturaleza, en tanto ambos presentan un interés público comprometido.

Sin embargo, advirtieron que mientras las aguas son bienes nacionales de uso público y, en consecuencia, su propiedad pertenece a la nación toda, las minas son exclusivamente del Estado, situación patrimonial de carácter constitucional que es muy importante connotar para profundizar acerca de la inconstitucionalidad de la patente que se pretende instaurar en el proyecto en estudio.

En efecto, agregaron, mientras el Estado, como dueño de todas las minas en conformidad a lo dispuesto en el artículo 19, número 24º, de la Constitución Política, puede conceder la exploración o explotación de ellas y jamás, por tanto, puede transferir su dominio a los particulares, en materia de aguas las situación es distinta, puesto que, constituyendo éstas bienes nacionales de uso público, su dominio corresponde a toda la nación y su administración y gestión al Estado, el que ejerce estas facultades a través de los organismos correspondientes y otorga, por mandato de la Constitución y la ley, derechos de aprovechamiento a los particulares.

Siguiendo esta línea de razonamiento, puntualizaron que era necesario considerar que la Carta Fundamental, en el párrafo final del artículo 19, número 24º, señala expresamente que “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos;”.

De este texto, concluyen que la Constitución protege a los titulares de los derechos de aprovechamiento de aguas, siempre que los hayan adquirido conforme a la ley, en cualquier tiempo.

Recordaron que durante la discusión del tema, la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución dejó expresa constancia de que su espíritu era amparar y dar esta jerarquía a todos los derechos de aguas, cualquiera hubiera sido el régimen legal bajo el cual se constituyeron.

De manera que, a su juicio, aparece meridianamente claro que a los derechos de aprovechamiento de aguas se aplican las mismas disposiciones constitucionales que amparan el derecho de propiedad en sus diversas especies. Así, sería manifiestamente inconstitucional instaurar una patente por el no uso de las aguas, porque el propietario, en ejercicio de sus facultades de usar, gozar y disponer, puede usarlas o no usarlas. En consecuencia, no se le puede imponer un castigo por el no uso como sería el pago de una patente, el que, de no cumplirse, acarrearía, eventualmente, la pérdida de los derechos.

Afirmaron que eso sería una verdadera expropiación sin indemnización. Más aún, estimaron que la consagración de esta patente pugna claramente con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 19, número 24º, de la Constitución Política.

Por estas razones, la consagración de una patente por el no uso de las aguas es, en opinión de la Sociedad Nacional de Minería, contraria a la Constitución.

Abundando sobre este punto, expresaron que el Título XI del proyecto de ley también es inconstitucional porque contraría lo dispuesto en el artículo 19, número 26, que señala que los preceptos legales que regulan o complementan las garantías constitucionales o que las limitan en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.

Explicaron que al establecerse una patente por el no uso del derecho de aguas se está afectando el derecho de propiedad en su esencia, puesto que se impide su libre ejercicio, el cual comprende no sólo usar la cosa sino que también no hacerlo. Al respecto, recordaron que el Tribunal Constitucional definió que un derecho es afectado en su esencia cuando se le priva de aquello que le es consustancial, de manera tal que deja de ser reconocible, y que se impide el libre ejercicio en aquellos casos en que el legislador lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable, lo entraban más allá de lo razonable o lo privan de tutela jurídica.

Por estas razones, propusieron a la Comisión declarar la inconstitucionalidad de la iniciativa.

Luego, hicieron presente que la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, en su artículo 8º, y el Código de Minería, en su artículo 10, otorgan al propietario minero los derechos de aprovechamiento de aguas que se encuentren en las labores de su pertenencia en la medida en que tales aguas sean necesarias para las faenas extractivas.

Se preguntaron, entonces, qué pasaría en las faenas mineras que se paralizan –lo que hoy ocurre masivamente-, con las aguas sin uso, que, por el solo ministerio de la ley, pertenecen al concesionario minero. ¿Deberá éste pagar la patente que el proyecto establece por el no uso de dichas aguas?

Les parece que ello no debiera ocurrir porque la norma establecida en la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, por ser especial, tiene preeminencia sobre la del proyecto. Sin embargo, dijeron, la Sociedad Nacional de Minería estima conveniente que el Senado considere el punto planteado y establezca expresamente en la modificación al Código de Aguas que el referido Título XI no se aplicará a las aguas a que se refieren los aludidos artículos.

Por otra parte, el número 5 del artículo 140 del proyecto les parece de dudosa constitucionalidad, pues pugnaría con los numerandos 4º y 5º del artículo 19 de la Constitución Política, que consagran como garantías el respeto y protección a la vida privada y la inviolabilidad de toda comunicación privada, amparando también a las personas jurídicas.

Así, exigir al solicitante una memoria explicativa de su proyecto que justifique el recurso hídrico solicitado impidiendo la mantención de la necesaria reserva, parece claramente atentatorio de dichos derechos constitucionales, asunto que tiene especial relevancia en el ámbito de los proyectos de inversión minera.

Por ello, sugirieron ponderar la armonía entre el artículo 19, números 4º y 5º, de la Constitución y la citada norma de la iniciativa, declarándola inconstitucional, o readecuar la información que deberá entregarse al Director de Aguas al solicitar derechos de aguas.

Adicionalmente, la Sociedad Nacional de Minería formuló otros planteamientos.

Refiriéndose a los principios que rigen el marco global de protección otorgado a los derechos de aprovechamiento de aguas, connotaron que el sector minero ha tenido en los últimos quince años un crecimiento espectacular, lo que prueba el hecho de que la minería aporta el 47% del total de las exportaciones del país. Ello, dijeron, se debe fundamentalmente a la estabilidad que ha caracterizado las normas que rigen esa área, entre las cuales se encuentran las que regulan la propiedad de las aguas.

En la minería, agregaron, el sistema de mercado del agua ha actuado perfectamente y su precio en el norte del país es alto, debido precisamente a la gran demanda de la minería. Para los proyectos mineros que implican varios millones de dólares, afirmaron, el agua representa un ítem razonable en cuanto a su precio.

Explicaron que el recurso hídrico no ha constituido inconveniente alguno para la minería y que, muy por el contrario, ese sector lo ha utilizado responsablemente; en consecuencia, la institucionalidad que lo regula ha funcionado adecuadamente a los requerimientos de la industria. Por ello les sorprende que se quiera modificar el Código de Aguas, alterando sustancialmente el sistema en vigencia.

Además, bajo nobles propósitos como la racionalización en el uso del agua, dijeron, se amplían las facultades de los organismos estatales, debilitando el derecho de propiedad e imponiendo un tributo claramente confiscatorio, con lo cual se introduce la incertidumbre en la minería, lo que es particularmente inoportuno en atención a la difícil coyuntura que presenta la economía y, en particular, ese sector, por el bajo precio del cobre.

Enseguida, manifestaron que el sector minero observa con preocupación otras disposiciones del proyecto.

En materia de protección de las aguas y sus cauces, el artículo 129 bis 1, que formaliza la institución del “caudal ecológico mínimo” en el proceso de constitución del derecho de aprovechamiento, presenta vacíos y defectos que estiman necesario reparar.

En efecto, la norma no aclara si el hecho de garantizar la preservación de la naturaleza y el medio ambiente requerirá de un estudio de impacto especial o si la determinación de los niveles del caudal ecológico mínimo se hará conforme a los mecanismos previstos en la ley Nº 19.300, sobre Bases del Medio Ambiente, lo que habría que precisar.

A su vez, el artículo 147 bis, sobre la facultad del Director General de Aguas para denegar o limitar las solicitudes de aprovechamiento, podría prestarse para arbitrariedades cuando en su numeral 3 se refiere a la justificación de la cantidad de agua solicitada en relación con los fines invocados por el peticionario. Estiman que la seguridad jurídica sería mayor si se establecieran en la propia ley las causas técnicas objetivas que permiten al referido funcionario denegar la solicitud.

Finalmente, indicaron que el proyecto, junto a los reparos de constitucionalidad que les merece, constituye un retroceso y un medio no idóneo para arreglar los problemas que presenta la aplicación del Código de Aguas. Estimaron que tales inconvenientes se solucionarían con una idea de legislar absolutamente distinta a la que impulsa el actual proyecto.

Por lo expuesto, sugirieron estudiar cuidadosamente la iniciativa, relacionándola con el difícil momento que vive la economía y, en definitiva, acoger sólo aquello que efectivamente perfeccione la normativa existente, rechazando lo que atente contra el derecho de propiedad, que consideran esencial para otorgar seguridad a las empresas y permitir el crecimiento económico del país.

Opinión del Instituto Libertad y Desarrollo

El representante del mencionado Instituto, señor Axel Buchheister, recordó, en primer término, que la legislación vigente establece que ante la solicitud de un particular para que se le otorgue un derecho de aprovechamiento de aguas, la Dirección General de Aguas debe necesariamente constituirlo mientras haya disponibilidad del recurso en la fuente y no se menoscaben los derechos de terceros. El proyecto, por el contrario, dijo, establece que los derechos sólo se concederán en cuanto la autoridad juzgue pertinente el uso que se hará del agua y, en tal caso, los derechos se constituirán exclusivamente para aquél. Además, se pretende garantizar que se utilice efectivamente el agua estableciendo una patente por el no uso, que crece progresivamente en el tiempo.

Hizo presente que, a juicio de este Instituto, las modificaciones que se pretende introducir al Código de Aguas en el sentido anotado son inconstitucionales, por las razones que a continuación expuso.

Primeramente, afirmó que el proyecto termina con el régimen de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de las aguas.

Sobre el particular, manifestó que la Carta Fundamental garantiza el derecho de propiedad en términos amplios, lo que supone proteger la facultad de usar, gozar y disponer del bien sobre que recae, y que nadie puede ser privado de aquélla o de sus atributos o facultades esenciales sin una indemnización, que debe ser pagada al contado y en dinero efectivo. Connotó que este concepto se aplica a los derechos de aprovechamiento de aguas, no sólo por ser bienes incorporales, sino porque en forma expresa y específica la Constitución ha dicho que tales derechos otorgan propiedad al titular.

Agregó que un proyecto de ley que contemple un sistema de afectación del derecho de aprovechamiento a un uso determinado y que establezca su vigencia mientras tal uso subsista, es contrario a la Ley Suprema.

En efecto, reiteró que de acuerdo con la norma constitucional y como siempre se ha entendido en la doctrina y en nuestro medio jurídico, el derecho de propiedad autoriza al propietario a usar, gozar y disponer libremente del bien sobre el cual recae. La Carta Fundamental, además, expresamente establece que los derechos de aprovechamiento de aguas estarán sometidos a un régimen de “propiedad”.

En consecuencia, estimó que existe un mandato constitucional que dispone que la ley debe contemplar un régimen de propiedad sobre los derechos de aguas, que, por tanto, comprenderá las facultades del titular de usar, gozar y disponer libremente de éstos.

Ahora bien, aseveró, el proyecto establece condicionantes a la adquisición y al ejercicio del derecho de aprovechamiento manteniendo la apariencia de un dominio sobre ellos, que en realidad no es tal. Por una parte, se consagra la facultad de otorgar el derecho condicionado a ciertos usos y, por otra, se priva del derecho mediante un tributo a quien no use el recurso, en circunstancias en que la facultad de usar libremente de un bien importa sin lugar a dudas el derecho a no hacerlo.

Aseveró que constitucionalmente no existe la facultad de la autoridad o del legislador de obligar al titular de un bien a usarlo. Entonces, obligar a alguien a usar un bien es privarlo de una de las facultades inherentes al dominio, lo que obliga a indemnizar el daño causado. Agregó que sólo en un caso nuestro ordenamiento ha establecido la necesidad de hacer productivo un bien para mantenerlo, que es el de las concesiones mineras, para lo cual establece un régimen de amparo. Pero ello es una excepción al derecho de propiedad y hubo, por tanto, de establecerlo la propia Constitución; por lo mismo, no cabe entender que tal régimen de amparo se pueda extender.

Además, consideró que la normativa propuesta afecta la facultad de disposición inherente al dominio. En efecto, dijo, si se concede el derecho para un uso específico, el titular ya no podrá enajenarlo independientemente del mismo, porque el tercero adquirente no podrá darle un uso distinto a aquél para el cual fue concedido. Así, por ejemplo, un agricultor que obtuvo el derecho para efectos de riego no podrá enajenarlo a una empresa de generación hidroeléctrica; incluso no está claro si podrá venderlo a otro agricultor para fines de riego, porque ya no será mismo riego que se aprobó.

En este mismo orden de ideas, consideró que el proyecto impide entregar el derecho de aprovechamiento en garantía hipotecaria, porque ninguna institución financiera estará dispuesta a aceptarlo si éste es susceptible de remate por el no uso. Es menester recordar, aseveró, que la facultad de disposición entendida un sentido amplio abarca no sólo la facultad de enajenar, sino también la de gravar.

Se lesiona, además, la facultad de gozar, añadió, porque la afectación del uso impedirá también arrendar o entregar en usufructo.

Le parece, entonces, que el derecho de aprovechamiento se torna precario y sin atributos inherentes al dominio. Por lo mismo, señaló que una normativa de esta naturaleza sólo podría aprobarse si previamente se reformara el inciso final del artículo 19, número 24º, de la Constitución, que consagra un sistema de propiedad sobre los derechos de aguas.

Enseguida, afirmó que el proyecto establece un tributo que considera confiscatorio.

Aludiendo a los números 20º y 26º del artículo 19 de la Carta Fundamental, manifestó que de ellos fluye con nitidez que nuestra Constitución autoriza a la ley para establecer tributos, pero éstos no pueden ser manifiestamente injustos o desproporcionados ni utilizarse como una forma de afectar la esencia de un derecho o impedir su libre ejercicio.

Esta patente, dijo, es un tributo, pues responde a todas las características propias de aquél. En efecto, obliga a su titular a entregar una suma de dinero al Fisco en razón de un hecho gravado y tiene una tasa y una base imponible para determinarlo.

Consideró que, en este caso, el tributo resulta manifiestamente injusto y desproporcionado porque su nivel de impacto económico llega a ser tal, particularmente en el caso de los derechos consuntivos, que al titular de un derecho de aprovechamiento no usado en definitiva no le queda otra alternativa que renunciar a él para no seguir soportando su costo. De hecho, añadió, parece sintomático que el proyecto contemple normas sobre renuncia al derecho, situación inédita en nuestra legislación en materia de derechos reales. Recordó que si bien éstos son renunciables conforme al artículo 12 de Código Civil, nunca se ha regulado la forma de hacerlo en el caso de derechos de esta naturaleza por cuanto sería muy extraño que alguien renunciara a un bien existente en su patrimonio.

A continuación, indicó que lo injusto y desproporcionado de la patente por no uso del derecho de aprovechamiento queda claro si se analizan ejemplos concretos, en especial de derechos no consuntivos en que el impuesto crece progresivamente a través de los años de no uso y se incrementa, además, según el desnivel entre el lugar de captación y el de restitución de las aguas, situación en la que el tributo puede crecer exponencialmente.

Al efecto, tomó como ejemplos los derechos de aguas necesarios para el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas de Rapel y Pehuenche, a fin de calcular cual sería el costo para su propietario si tales centrales no existieran o estuvieran detenidas por largo tiempo. Considerados los valores a los cuales ascenderían las correspondientes patentes por no uso, en moneda del año 1996, así como el monto de las utilidades, en igual año, de Endesa, su propietaria, concluyó que el tributo anual por derechos de agua que sirven únicamente a una sola central, si no estuvieran en uso, llegaría al 10% de las utilidades del ejercicio de la señalada empresa.

Según sus antecedentes, Endesa utiliza actualmente un tercio de los derechos que posee, con lo que el tributo por no uso podría alcanzar sumas siderales, lo que hace manifiestamente desproporcionado e injusto su monto, vulnerándose claramente el número 20º del artículo 19 de la Constitución.

Pero, además, dijo, el proyecto en estudio demostraría que el objeto del tributo es que el titular en definitiva se deshaga o pierda los derechos que no usa. En este sentido, el tributo afectaría el derecho de dominio en su esencia e impediría su libre ejercicio, lo cual está expresamente prohibido por el número 26º del referido artículo 19 de nuestra Carta Fundamental.

En último término, hizo presente que, a juicio del Instituto que representa, la patente propuesta viola la garantía de igualdad ante la ley. Explicó que ella tiene un método de cálculo distinto para los derechos consuntivos y los no consuntivos. Para los primeros se contempla una tasa fija en unidades tributarias en función del caudal, que se incrementa con el paso de los años sin uso. Para los segundos, el impuesto varía además en función del desnivel del lugar de captación o el punto más elevado del embalse y el punto de restitución. De esta manera, la patente que afecta a los derechos no consuntivos es muy superior -para un mismo caudal- a la que grava los consuntivos.

Desde luego, manifestó, parece extraño que quien tiene derecho a consumir el agua pague considerablemente menos que aquél que sólo la usa sin consumirla. La razón de hecho, agregó, sería gravar con un tributo más alto a las empresas generadoras de electricidad, habitualmente titulares de derechos no consuntivos, que, por definición, aprovechan las diferencias de cota entre los puntos de captación y restitución.

Debe agregarse a lo anterior la exención de patente para ciertos caudales, la cual determinará que, en la práctica, los afectados por la patente sean sólo los poseedores de derechos de cierta magnitud.

Además, adujo, establecer una patente que afectará especialmente a una actividad como es la generación hidroeléctrica, constituye un tratamiento desigual ante la ley, particularmente en materia de repartición de la carga tributaria, además de una discriminación arbitraria, todo lo cual atenta contra las disposiciones constitucionales. Y con mayor razón es así, finalizó diciendo, si el establecimiento de exenciones determinará que el tributo, en el hecho, sólo se aplique a algunas empresas.

Exposición del Presidente de la Confederación de Canalistas de Chile, don Fernando Peralta Toro

Hizo presente que esa Confederación ha participado en la tramitación del proyecto en estudio desde su inicio. Agregó que el texto aprobado por la Comisión de Obras Públicas del Senado incorporó una serie de precisiones y alcances que, unidos a los de la Cámara de Diputados, lo han mejorado.

No obstante lo anterior, manifestó que es necesario continuar el análisis de sus normas para avanzar en la solución de los problemas existentes, que no sólo son legales, sino de orden administrativo, de claridad de conceptos y de voluntad de actuación.

Entre éstos se encuentra la asignación de un caudal ecológico a cada río; el tratamiento de las aguas subterráneas y superficiales como un todo; las consideraciones sobre preservación de la naturaleza y protección del medio ambiente; la conservación del ecosistema; el respeto por los usos recreacionales y escénicos y la obligación de la Dirección General de Aguas de medir el recurso y publicar sus resultados.

Explicó que el caudal ecológico, los aspectos medioambientales y los usos recreacionales y escénicos constituyen una demanda de agua en que el usuario es el país en general, por lo tanto, cualquier organismo del Estado podría solicitar derechos de acuerdo con el actual Código de Aguas, aun cuando esto no se haya hecho hasta el momento.

En cuanto al uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas en una cuenca, señaló que el actual Código y la práctica derivada del otorgamiento de derechos de aprovechamiento ya lo consideran. En todo caso, estimó que el proyecto soslaya una definición más clara de este criterio, atendiendo a la enorme diferencia entre un recurso y otro, a pesar de su unidad integral.

Luego, se refirió una de las disposiciones del proyecto en virtud de la cual se otorgan atribuciones a los Consejos Regionales para discernir sobre la denegación de un derecho de aprovechamiento por razones de “estrategia de desarrollo regional”. Al respecto, expresó que se debería entender, entonces, que dichos Consejos establecerán tales estrategias o adoptarán la de algún otro organismo estatal o gubernamental. En consecuencia, sólo se podrá solicitar derechos de aprovechamiento de agua para actividades que se enmarquen dentro de una planificación. Es fácil comprender, dijo, que esto le resta agilidad y entorpece el funcionamiento del esquema de economía social de mercado.

El establecimiento de una patente por el no uso, aparte de las observaciones de constitucionalidad que pueda suscitar, tiene un componente de carácter práctico, sobre el cual manifestó que valía la pena insistir. Es, a su juicio, imposible en el día de hoy que el organismo encargado de su aplicación tenga la capacidad para determinar en todo el ámbito nacional quienes están usando o no sus derechos.

Además, resaltó otra situación especial en cuanto a que en Chile no existe un registro oficial de derechos de aprovechamiento de aguas.

Por otra parte, puso de manifiesto que el no uso temporal de un derecho de agua no siempre se debe a motivos reprochables, aspecto ampliamente analizado en discusiones anteriores. Ello puede traducirse, dijo, en un sinnúmero de procesos judiciales y, finalmente, en la inoperancia del sistema. Ahora bien, si este mecanismo apunta a la situación actual de algunas empresas hidroeléctricas, allí el sistema puede operar en forma inmediata; sin embargo, se dejará un cuerpo legal con plena vigencia que puede afectar la seguridad del derecho de aprovechamiento de aguas en cualquier región y circunstancia del país.

Expresó que entiende la preocupación del Poder Ejecutivo por la existencia de problemas puntuales; no obstante, cree que la solución adoptada no es la más sana.

Finalmente, sostuvo que esa Confederación, desde el inicio de la discusión, ha planteado como alternativa el establecimiento de un impuesto por el derecho de aprovechamiento de agua, lo que sí estaría en consonancia con nuestro sistema tributario.

Opinión del Presidente de la Asociación de Canalistas del Laja, don Pablo Nemo Barrueto

En primer término, expresó la coincidencia de la organización que representa con la mayoría de los aspectos que se han indicado como situaciones indeseables, particularmente en lo relacionado con la tenencia de los derechos con fines puramente especulativos.

También compartió la necesidad de regular materias que hoy no lo están, tales como el establecimiento de caudales ecológicos, la interacción de las aguas superficiales y subterráneas y el otorgamiento de personalidad jurídica a las comunidades de aguas.

No obstante lo anterior, explicó que al analizar las proposiciones específicas para subsanar cada uno de los aspectos diagnosticados como deficientes, dejó de existir la coincidencia ya aludida, por cuanto, en su parecer, el proyecto pretende corregirlas concediendo mayores y excesivas atribuciones a la autoridad central, lo que debilita aún más la participación de los niveles locales de decisión y acrecienta la indefensión de los particulares, especialmente de los pequeños tenedores de derechos de aprovechamiento.

Agregó que especial preocupación suscita la fijación de una patente por el no uso de las aguas, específicamente por la discrecionalidad que, en último término, tendría la autoridad para establecerla. Estimó que tanta capacidad de decisión respecto del uso o del no uso del recurso puede llevar a extremos inimaginables según sea la doctrina económica y política que en determinado momento impere.

Luego, señaló que ve con satisfacción que el texto indicativo del Ejecutivo del 18 de diciembre de 1998, corrige en gran medida esta situación tan extrema, aminorando la posibilidad de que se adopten decisiones abusivas. Consideró que los fines que con esta modificación se pretende alcanzar son absolutamente coincidentes con los que se obtendrían con una tarificación del recurso, lo cual, además, incorporaría un elemento de justicia a la actual situación, donde el uso del recurso es absolutamente gratuito, con la sola excepción de su utilización agrícola, en que, por la vía del impuesto territorial diferenciado entre el suelo de riego y de secano, se impone una mayor carga impositiva a la tenencia de derechos de agua.

Indicó que existen importantes sectores económicos que, con el uso de las aguas, motivan grandes flujos de utilidades, como es el caso de la generación hidroeléctrica, sin que ello les importe costo alguno, a pesar de que en su proceso se reste importante valor al recurso, tanto por la pérdida de altura como por los condicionamientos para otros usos.

Hizo ver su preocupación por las atribuciones que se pretende reservar a la decisión de la autoridad, que consideró excesivas y susceptibles de resolverse por las reglas el mercado.

En cuanto a las proposiciones tendientes a la conservación y protección de las aguas, las consideró válidas y legítimas, al igual que el reconocimiento de la interacción entre las aguas superficiales y las subterráneas. Sin embargo, puntualizó que conoce la pretensión de la autoridad de promover la existencia de organizaciones descentralizadas que actúen en la administración de las cuencas hidrográficas, iniciativa que le parece interesante en la modernización del manejo de los recursos naturales, pero que, al tenor de las nuevas facultades que se pretende entregar a los organismos estatales, muy poco espacio dejan a estas nuevas entidades, condenándolas desde su origen a un papel secundario e intrascendente.

No le pareció tan necesaria la modificación del artículo 1º transitorio. Por el contrario, creyó que impondrá una carga burocrática que atentará contra su mayor virtud actual, cual es su rapidez y sencillez en la solución de los problemas que justifican su existencia.

Luego, sostuvo que el otorgamiento de personalidad jurídica a las comunidades de aguas vendría a solucionar una gran deficiencia de la legislación actual y potenciaría, por lo tanto, la conformación de este tipo de organizaciones. Compartió también la conveniencia de relacionar administrativamente el rol de los Conservadores de Bienes Raíces y la Dirección General de Aguas en lo relativo al catastro de usuarios de las aguas, pues en dicha materia en la actualidad existe un grave déficit de información, lo que resta transparencia al sistema posesorio de los derechos.

Dentro de este punto, dijo que planteó la pretensión de incorporar modificaciones que no fueron incluidas en el proyecto del Ejecutivo. Especial urgencia, en este sentido, tendría corregir el alcance de las disposiciones contempladas en los artículos 41; 171 y 172 actualmente vigentes, que dicen relación con la obligación de contar con la aprobación de la Dirección General de Aguas para la realización de cualquier obra en cauces naturales y artificiales. Estas reglas, dijo, han sido interpretadas por ese organismo al extremo de que las organizaciones de usuarios, para cualquier trabajo que realicen dentro de la red bajo su administración, deben, previamente, enviarle los proyectos respectivos y esperar su aprobación. Estimó que esta facultad tan extrema resta autonomía a las organizaciones innecesariamente, toda vez que la propia legislación permite a los usuarios que pudieren sentirse afectados, recurrir primero dentro de la propia organización y, posteriormente, a la autoridad administrativa o a los tribunales de justicia.

Asimismo, informó que aspira a que los asuntos que importan a las organizaciones y a sus usuarios, especialmente lo relacionado con el cobro judicial de las cuotas impagas, se sustancien ante los juzgados de policía local y no como ocurre en la actualidad, ante la justicia ordinaria, donde la falta de agilidad en los procesos quita toda efectividad a la acción.

Luego, agregó ciertos planteamientos específicos.

Las modificaciones contenidas entre los números 1 al 7 le parecen convenientes, puesto que su existencia perfecciona la redacción actual del Código de Aguas.

Respecto del nuevo Título X, sobre protección de las aguas y cauces, compartió la necesidad de incorporarlo a la legislación. Sin embargo, creyó conveniente establecer ciertos límites a la fijación de los caudales ecológicos, en términos de un porcentaje del caudal normal en época estival, de tal forma de evitar excesivas restricciones al uso de las aguas como consecuencia de posiciones ecologistas extremas.

En cuanto al nuevo Título XI, sobre pago de una patente por la no utilización de la aguas, opina que debiera eliminarse. Al respecto, manifestó que le asiste la convicción de que en el fondo pueda transgredir disposiciones constitucionales al propiciar la privación de la propiedad mediante un procedimiento distinto de la expropiación por causa de utilidad pública.

Además, indicó, este mecanismo favorece el uso de las aguas sin que ello necesariamente se vincule a la real necesidad de utilizarlas y sólo con el objeto de evitar las sanciones que allí se contemplan.

Agregó que si bien el texto del Ejecutivo de diciembre de 1998 mejoró la excesiva facultad originalmente entregada a la Dirección General de Aguas para establecer el “no uso”, continúa la indefensión de los particulares pues sólo pueden deducir recurso de reconsideración ante el mismo órgano, que sería juez y parte en el proceso, o de reclamación ante la Corte de Apelaciones respectiva, también válida contra el decreto presidencial que ordena la extinción del derecho, sin trámite de remate judicial. En este último caso, en aquellos lugares en que no existe este alto tribunal, se produce una verdadera denegación de justicia, pues la mayoría de las personas no puede reclamar por problemas de distancia, falta de tiempo o por los altos costos que ello impone.

Estimó que, de mantenerse estas disposiciones, la notificación al interesado debería ser personal; de lo contrario, es muy difícil que éste se entere. Además, el tribunal donde se puede reclamar debería ser aquél del lugar donde el derecho está inscrito.

Por último, expresó que el pago de una patente por el no uso de derechos eventuales resulta confuso, pues, como ellos sólo pueden ser ejercidos cuando existe disponibilidad, es muy probable que durante gran parte del tiempo no se utilicen, con el contrasentido de que igual debe cancelarse la correspondiente patente.

Respecto a las modificaciones relativas a la constitución de los derechos de aprovechamiento, hizo notar que se incorpora el requisito de justificar la cantidad de agua solicitada mediante una memoria explicativa, lo que le parece conveniente, en el bien entendido de que ello no signifique una exigencia desmesurada en relación a la magnitud del caudal solicitado.

Agregó que la facultad de denegar el otorgamiento del derecho solicitado en base a las causas establecidas se moderó con la nueva redacción del texto indicativo del Ejecutivo. Al respecto, la fijación de relaciones técnicas entre cantidad de agua y uso que se fijaría en el reglamento especial debiera incluir consideraciones de territorialidad, específicamente en lo relacionado con el uso agrícola, donde las tasas de riego son distintas según la zona.

En cuanto a la participación del Consejo Regional para establecer prioridades extremas que justifiquen la denegación de un derecho de aprovechamiento, estimó que ella viene a corregir la idea original de hacer recaer esta facultad exclusivamente en la Dirección General de Aguas.

La eliminación de un uso inicial específico en la resolución que otorga un derecho que se pretendía incorporar y que se corrige en el texto indicativo, le pareció adecuada, pues mantiene la naturaleza del agua como un recurso de uso alternativo.

Coincidió con el otorgamiento de personalidad jurídica a las comunidades de agua, pues con ello se entrega una herramienta eficaz para el buen desarrollo de sus funciones.

Tocante a la ampliación de las facultades de la Dirección General de Aguas para impedir la extracción de aguas sin título o cantidades, opinó que se aclara una materia que siempre se entendió que existía pero que no estaba expresamente dicha. Al respecto, aspira a que se controle el caso de las mercedes de aguas concedidas sobre esteros que esa asociación utiliza para conducir aguas que previamente vacia a ellos, donde los poseedores de las mercedes usan las aguas sin control alguno y sin ajustarse a las disponibilidades propias de la fuente. Agregó que dichos esteros sólo tienen caudales propios hasta el inicio de la temporada estival; sin embargo, sus usuarios, utilizando las aguas de los regantes que él representa, se benefician de ellas sin contribuir al financiamiento institucional. Este tipo de situaciones debiera resolverse con las nuevas atribuciones que se pretende entregar a la Dirección General de Aguas.

La modificación que hace obligatorio el informe de la Dirección General de Aguas y los procedimientos sobre publicación de las solicitudes le parece burocrática.

Como comentario final, hizo presente que la Asociación de Canalistas del Laja fue creada en el año 1916; que actualmente riega una superficie de 60.000 hectáreas y que obtiene sus aguas del Río Laja en un caudal de 55 metros cúbicos por segundo, con un registro de 1.650 usuarios. Aclaró que las opiniones vertidas en esta oportunidad son el resultado de estudios realizados en la perspectiva de la experiencia acumulada durante la existencia de la entidad y de situaciones particulares que han debido enfrentar, que hoy constituyen su mayor inquietud, específicamente por la imposición de decisiones centralistas, como es el caso de la construcción del Canal Laja Diguillín y, en los últimos dos años, la transferencia de aguas del Lago Laja para la generación hidroeléctrica. Todo ello, dijo, va en desmedro de los derechos de los regantes, al extremo que, en la actualidad, éstos arriesgan seriamente sus cultivos por el agotamiento prematuro de este embalse natural.

Opinión del Profesor don Gustavo Manríquez

Hizo presente, en primer lugar, que ha participado en el estudio del proyecto desde su inicio, por cuanto, en esa época, ejercía el cargo de Director General de Aguas. A la sazón, informó, se celebró un seminario con el objeto de analizar lo que ocurría con el tema de las aguas y su legislación en nuestro país. A éste concurrieron representantes del sector público, del sector privado, así como otros participantes reconocidos internacionalmente. Como resultado del encuentro, se identificaron cuatro objetivos concretos con relación a la legislación de aguas, que, a juicio de quienes estuvieron allí, debían ser reordenados.

En primer término, en ese instante se vivía un problema diferente al que existe hoy en relación con las empresas hidroeléctricas, ya que se constataba una fuerte acumulación de derechos de aprovechamiento por parte de una de ellas. Se pensaba, entonces, que la tenencia de esos derechos en manos de un solo interesado podía significar -atendido el sistema de fijación de las tarifas, basado en las necesidades energéticas-, que para el tenedor de esos derechos fuera más conveniente disponer de ellos para no usar el agua que para utilizar dicho recurso.

En segundo lugar, se planteó que también era necesario comprender la diversidad regional que existe en el país, el cual no puede ser considerado como uno todo exacto ni igual, en circunstancias en que existe una gran variabilidad geográfica y climática entre el norte del territorio y el sur y que las formas de presentación del agua también son diversas. Por ello, parecía que un único tipo de normativa podía presentar dificultades.

El tercer tema fue la protección de los cauces y de las aguas, que, a juicio de los participantes, eran atropellados impunemente, con los consecuentes problemas de contaminación.

También se consideraron otras modificaciones legales como, por ejemplo, la entrega de personalidad jurídica a las comunidades de agua, y un último punto básico, referido al establecimiento de un sistema de administración de cuencas.

El proyecto original así estructurado se sometió, por el año 1992, al estudio del Parlamento. En la Cámara de Diputados sufrió variaciones. Posteriormente, el Ejecutivo lo modificó. En relación al nuevo texto que llegó al Senado, expresó que contiene enmiendas que le parecen adecuadas y otras con las cuales está en desacuerdo.

Connotó que el tema más conflictivo es el de la patente, orientada no solamente a los derechos no consuntivos que pudieran estar acumulados, sino que a los derechos consuntivos. Dentro de éstos, se extiende incluso a los derechos eventuales, que pueden existir o no. Por otra parte, se establece que de la patente se obtendrán fondos o financiamientos que irán a determinadas destinaciones, materia que jamás se consideró en el proyecto original, ya que éste no procuraba la consecución de fondos, sino que más bien el mejor uso y manejo de las aguas.

Enseguida, hizo presente que prácticamente ya no hay aguas disponibles en el país y que cuando se solicita un derecho de aprovechamiento en cualquier cauce, ello suscita oposición de diversos interesados, lo que confirma que el recurso está agotado.

Sostuvo que si bien en otro momento el conflicto de fondo era la tenencia de derechos no consuntivos que podían usarse de manera inadecuada o incluso no utilizarse, hoy estamos apuntando a una cosa distinta, que consiste en resolver el problema de escasez de agua sobre la base de eventuales existencias de derechos consuntivos que pueden no estar siendo aprovechados, sin que existan reglas al respecto.

Agregó que, sin embargo, el punto más importante radica en que se estaría legislando sobre una materia que en la práctica no podrá tener aplicación, porque actualmente sólo quedan aguas subterráneas. En consecuencia, el problema a resolver es la forma en que se reasignarán los recursos, en atención a que la economía chilena es bastante ágil y lo que hoy está destinado a la agricultura, mañana podría dedicarse a usos habitacionales. Frente a ese tema, manifestó, el dilema básico es definir si se confiará en los mecanismos propios del mercado o se establecerá la reasignación del agua.

Desde otro punto de vista, se refirió a las nuevas modalidades que se establecen para otorgar los derechos. En virtud de una de ellas, se deberá declarar la cantidad de agua que se requiere para garantizar la seriedad de la correspondiente solicitud. Al respecto, destacó que el mecanismo de publicidad previsto permitirá evitar problemas, ya que cualquiera que tenga interés en la misma agua podrá plantear su oposición, a consecuencia de la cual, si no hay agua suficiente para todos los interesados, se realizará un remate y seguramente aquél que tenga el mejor proyecto –sea del sector público o privado-, se adjudicará los derechos.

Entre los aspectos del proyecto que podrían acarrear dificultades, se refirió a las normas relativas al propósito de proteger las aguas y los cauces. En virtud de ellas, dijo, la obligación de restituir éstas al cauce original podría vulnerar disposiciones establecidas de manera mucho más amplia, según las cuales cualquier persona puede proceder a sanear un terreno que esté excesivamente humedecido, formándose, en ese caso, una comunidad entre el dueño del terreno y quien recoge las aguas, en que ambas partes se benefician y contribuyen, a la vez, a la mantención del sistema.

En último término, teniendo presente la escasez de agua en nuestro medio, puntualizó que este problema debe estudiarse también desde el punto de vista técnico. Indicó que si bien es cierto desde La Serena hacia el norte ya no hay recursos que utilizar; existe el mar, cuyas aguas podrían extraerse y desalinizarse. La dificultad, advirtió, es que no se cuenta con ninguna norma que regule esta materia.

Por ello, habría que preocuparse de este aspecto y de otros tales como la construcción de embalses y la posibilidad de reciclar aguas servidas. Sobre este particular, informó que a lo largo de la zona costera y desértica se advierte que la forma normal de tratamiento de las aguas servidas consiste simplemente en introducirlas a grandes ductos que desembocan en el mar, en circunstancias en que podrían ser tratadas y aprovechadas después en la agricultura o la minería.

Estos temas, aseveró, son materias que no se consideran en esta oportunidad y que es menester comenzar a abordar.

Informe del Profesor don Miguel Solanes

El mencionado profesional, especialista en Derecho Comparado de Aguas, señaló, en primer término, que el desafío más grande en materia de legislación de aguas es cómo articular regímenes jurídicos que sean capaces de balancear, en forma integral, los tres elementos básicos que se observan en este ámbito.

Dichos elementos son los siguientes: el agua es un bien económico y, por lo tanto, requiere de certidumbre, de seguridad jurídica en los títulos y de flexibilidad en el sistema de asignación. En segundo lugar, constituye un bien social; primero, porque está en la base de todos los sistemas de servicios públicos masivos, fundamentalmente de energía y agua potable, y, además, porque es esencial para la vida. En tercer término se trata de un elemento ambiental sin el cual no podrían existir recursos naturales tales como pantanos, glaciares, pesca y fauna, entre muchos otros.

Manifestó que el resultado de estos tres tipos de intereses contrapuestos o sistémicos, que no se dan en otros bienes pero sí en el agua, ha exigido armar sistemas legales que puedan satisfacer los tres roles ya mencionados, lo que se advierte prácticamente desde la época del derecho romano.

Informó que en el derecho moderno, la generalidad de las legislaciones garantiza la seguridad y la certeza de los derechos de aguas. Expresó que incluso la legislación de China comunista consagra principios muy fuertes en materia de derechos adquiridos y su protección y que los países que no han puesto énfasis en la seguridad legal de los derechos de aguas, han llegado a tener problemas para promover inversiones en relación con este recurso, porque es difícil que alguien invierta en riego, en hidroelectricidad y tanto menos en agua potable, si no existe seguridad acerca de la titularidad jurídica sobre los respectivos derechos.

Al mismo tiempo, sostuvo que debido a la dimensión social del agua, que es tremendamente importante, rápidamente se ha ido adquiriendo la convicción de que un derecho de agua no puede ser otorgado en forma simple, lisa, llana y sin condicionalidades. De hecho, informó que en los estudios que ha realizado ha encontrado que el único país del mundo que otorga derechos de agua en esta forma es Chile, ya que en el resto del mundo el agua se entrega sujeta a condiciones, según el sistema conocido como “use or loose”. Este implica dar al recurso un uso efectivo y beneficioso, de manera que si, pasado un cierto tiempo, el derecho de aguas solicitado no ha sido usado, procede la declaración de caducidad.

Agregó que el segundo elemento que se encuentra cada vez con más frecuencia en las legislaciones de otras naciones, es el cobro por los derechos de aguas. En Estados Unidos, por ejemplo, los derechos sobre aguas federales que son utilizadas por empresas privadas para la generación de energía son cobrados, porque se utiliza un bien que es de dominio público, que no puede aprovecharse en forma absolutamente gratuita. Igual cosa ocurre en Brasil, México y España.

Explicó que las razones fundamentales de este cobro son las siguientes. Primero, sin él no hay un incentivo para el uso eficiente. Segundo, el tema del manejo y la administración del agua es complejo y cuesta dinero; en efecto, sin información no es posible asignar este recurso adecuadamente ni saber cómo se utiliza después, lo cual implica gastos que es necesario cobrar. El tercer elemento es que han empezado a presentarse circunstancias ambientales que es necesario atender. Por ejemplo, en Francia un derecho de aguas puede ser modificado o revocado por producir un impacto negativo en el medio ambiente. Los norteamericanos, por su parte, admitieron, hace unos quince años, que cuando el ejercicio de los derechos de aguas afecta recursos naturales o ecológicos fundamentales, podrá ser regulado, lo que no quiere decir que será eliminado, sino que modificado marginalmente, de manera tal de dejar agua libre para la función ambiental.

En cuanto al tema del uso efectivo, señaló que vale la pena tener presente la obra “Agua y derechos de agua”, en su edición de 1991, que es uno de los tratados más importantes relativo al derecho de aguas interno de los Estados Unidos, cuyos criterios pueden ser ilustrativos en la discusión relativa a las precauciones a tomar al asignar los derechos.

Al respecto, indicó cuatro ideas que son útiles para entender de qué manera se confiere un derecho de aguas. Primero, el agua incluida en el derecho se debe usar; es decir, no debe ser obtenida ni para especulación ni para dejarla correr con desperdicio. Segundo, su uso final debe ser reconocido y aceptado socialmente. Tercero, el agua no se debe usar en forma ineficiente. Cuarto, el agua debe ser utilizada de una manera razonable.

Explicó que una idea común subyacente a las precauciones en la manera de entregar los derechos de agua consiste en que la cantidad a entregar no debe ser superior a la cantidad necesitada. Al respecto, aseveró que las preocupaciones más importantes siguen siendo impedir la formación de un monopolio absoluto en un solo individuo y también prevenir la especulación y la creación de barreras de entrada.

Estas aprensiones respondían a la necesidad de evitar que las empresas privadas que prestaban servicios públicos, al no tener la obligación de usar efectivamente las aguas ni de pagarlas, cayeran en la tentación de pedirlas solamente para bloquear la competencia en la prestación de los respectivos servicios, creando, a la vez, barreras de entrada y consolidando monopolios.

Indicó que lo anterior es prácticamente la base de todo el sistema de uso de aguas tanto en el derecho norteamericano como en el español, el mexicano, el brasileño y el argentino. Podría decirse, agregó, que las preocupaciones de los norteamericanos no fueron objeto de verificación empírica hasta que en Chile empezaron a producirse conflictos con el agua y la electricidad, ya que es verdaderamente difícil encontrar un país que conceda estos derechos sin costos ni condiciones.

Luego, hizo presente que la existencia de estas condicionalidades no ha sido un factor que haya inhibido los mercados de derechos de aguas en Estados Unidos, que son sumamente dinámicos. De hecho, informó, son los más activos del mundo y en ellos los estudios económicos han comprobado que la existencia del principio de la obligación de usar o perder el derecho es un factor que promueve el trabajo del mercado, pues incentiva a la persona que sabe que no usará sus derechos a venderlos. De modo que el mercado no se afecta, sino que, por el contrario, se agiliza.

Recapituló lo dicho expresando que es imposible pensar en un mercado de aguas sin ciertas regulaciones, lo que sería lo mismo que visualizar un mercado de medicamentos sin regulaciones mínimas. En ambos casos, indicó, el potencial para el beneficio o para el daño es tan grande que hay ciertos elementos que no pueden dejar de tomarse en cuenta.

Reiteró que el principio conocido por los norteamericanos como el “use o pierda” no sólo es la piedra angular del derecho de aguas, sino que también tiene una proyección de gran relevancia en relación al tema de los servicios públicos. En efecto, sin la presencia de este principio, las barreras de entrada, los problemas de información, la creación de monopolios -con todas sus secuelas de altos precios, poco desarrollo y otros-, se vuelven una realidad más próxima que en los sistemas donde el señalado principio se aplica.

Finalmente, informó que el cobro por el agua es un criterio que está siendo auspiciado por todos los bancos de desarrollo. Esto parece ser lógico, manifestó, en función de que lo que se obtiene gratis se usa sin mayor eficiencia y sin incentivos. Ello está presente en la generalidad de las leyes de agua y, sobretodo, en vinculación con los servicios públicos. Por ejemplo, cuando establecieron su sistema de concesión de agua potable y saneamiento, los ingleses tuvieron especial cuidado de incorporar una disposición en virtud de la cual las empresas tendrían que pagar por el recurso agua, en consideración a su carácter de bien público.

Informe del Profesor don José Luis Cea Egaña

En el marco de los antecedentes y consideraciones propias del proyecto de ley en estudio, el profesor informante procedió a absolver las principales dudas de constitucionalidad que éste ha suscitado.

La primera deriva de si el establecimiento de una patente por no uso de las aguas respeta el derecho de propiedad que la Constitución asegura a todas las personas en su artículo 19, número 24º, o, por el contrario, si lo lesiona en su núcleo esencial.

El dictaminante inició su respuesta a tal consulta puntualizando que ha sido aclarado ya que la normativa en análisis no cercena el dominio en ninguna de sus facultades y atributos esenciales, porque lo que hace es regular su ejercicio para que sea legítimo y no abusivo, al importar una carga tributaria derivada de la función social. Se trata, en efecto y con precisión, dijo, de una obligación originada en los intereses generales de la Nación, la utilidad pública y la conservación del patrimonio ambiental, triple y copulativa causalidad prevista en el texto expreso, con el carácter de intrínseca o inherente a aquella función.

Indicó que las razones que llevan al legislador a proyectar la normativa sobre patentes, constan en los anales fidedignos de las normas respectivas. De ellos fluyen también, con cualidad inequívoca, la proporcionalidad del gravamen en relación con el fin lícito perseguido con ella. Resulta, entonces, que estos preceptos en gestación contienen una obligación impuesta al ejercicio de la propiedad, fundada en su función social, dominio que subsiste incólume en su núcleo esencial, como está ya dicho.

Efectivamente, indicó, el derecho de propiedad se integra no sólo con atributos y facultades esenciales vinculadas a su ejercicio, sino que también conlleva deberes para que aquél sea legítimo y no abusivo. La jurisprudencia y la doctrina así lo dejan establecido.

Explicó que a la luz de la Carta Fundamental, la ley es la única especie de norma jurídica que puede imponer limitaciones y obligaciones al dominio, siempre que deriven de su función social. Y no debe olvidarse que ésta comprende, entre otras materias, cuanto exija el interés general de la Nación, la utilidad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Estos tres conceptos integran dicha función, son parte inseparable de ella y jamás pueden concebirse desvinculados de las obligaciones y limitaciones referidos. Por eso es que, objetivamente, reducen a menores límites el ámbito normal de disfrute de la propiedad, armonizando el interés del titular con el bien común o progreso colectivo.

Agregó que de lo expuesto sigue, además, que no es la potestad reglamentaria de ejecución la que configura e impone la patente, sino que ello ocurre en virtud de la ley. Esta se halla, asimismo, pormenorizada en todos los elementos configurativos del estatuto respectivo, incluyendo los de la obligación tributaria. Nada sustancial, por ende, queda delegado en aquella potestad, la cual se ve así encuadrada en los roles de complementación y ejecución que le son característicos.

Puede reputarse cualitativamente razonable y moderada en su cuantía la obligación comentada. Además, es nítido que ella responde a criterios y parámetros técnicos y objetivos, sustentados en la experiencia, así como en datos, documentos, estudios e informaciones confiables y numerosos. Nada hay tampoco que se deje entregado a la discrecionalidad administrativa. La finalidad de la proporción es, por último, incuestionablemente legítima como consta de los textos en que ella ha sido expresamente descrita.

Aseguró que no puede cuestionarse, por ende, la constitucionalidad del proyecto en tal sentido. Es por completo sostenible ante el Código Político, dijo, que se imponga la patente a todos los derechos de aprovechamiento, sean consuntivos o no, eventuales o permanentes, puesto que el tributo no se impone al derecho, de lo cual se sigue que su naturaleza diversa es irrelevante, sino que recae sobre el uso que de ese derecho haga el titular. Más todavía, añadió, si dicho uso existe, entonces no hay gravamen. Es el desuso, es decir, el desaprovechamiento de las aguas lo que causa y justifica la obligación referida.

Por consiguiente, la obligación que pesa sobre el titular de un derecho de aprovechamiento consuntivo en orden a restituir las aguas que utilice, lo exime del pago de la patente por su utilización, con independencia de la obligación de devolver. Empero, si no usa las aguas, aunque sea parcialmente, debe pagar la patente, puesto que la eventualidad de la devolución no se vincula con la carga tributaria, sino que con el derecho de aprovechamiento en sí mismo.

Observó también que el proyecto distingue, para la determinación de la tasa impositiva, entre derechos consuntivos, no consuntivos y eventuales o permanentes. Dijo que tal diferenciación resulta razonable, puesto que la naturaleza disímil de aquellos derechos hace necesario trazar esa diferencia legítima. Pero, reiteró, nada habilita para eximir a unos derechos y no a otros de dicho pago, pues lo que la patente grava es el desuso o desaprovechamiento de las aguas concedidas, independientemente de la naturaleza del derecho real pertinente en sí mismo. Este no se pierde por aquel desaprovechamiento, salvo que su titular lo desampare al no pagar la patente y culminar el subsecuente procedimiento ejecutivo.

En suma, al profesor dictaminante le asiste la convicción de que el establecimiento de una patente por ley a raíz del desuso de las aguas concedidas respeta la Constitución, pues impone una obligación sobre la base de antecedentes razonables, objetivos y técnicos, fundada en tres elementos intrínsecos de la función social del dominio, sin afectar en su esencia este derecho, el bien sobre el cual se ejerce, ni los atributos y facultades esenciales del mismo.

En segundo lugar, se refirió a la consulta relativa a si la patente puede imponerse a los derechos de aprovechamiento constituidos con anterioridad a la reforma y actualmente vigentes.

Una vez más, estimó que la respuesta a dicha interrogante debe ser afirmativa, puesto que no existe norma constitucional o legal alguna que prohiba al legislador imponer tributos a bienes o actividades que existan con anterioridad a la ley que los crea o prosigan desarrollándose al momento de quedar legalmente gravados.

Dijo que es lógica y jurídicamente absurdo sostener que existe un derecho adquirido que quede libre de cargas tributarias porque la legislación no las había aún previsto. Más contrario al buen juicio, inseparable del raciocinio jurídico, le pareció argüir que tal liberación de obligaciones pecuniarias se funda en que es legítimo desaprovechar los bienes que han sido concedidos para que se haga de ellos el uso legítimo. Por último, menos atendible todavía es ante la Constitución y las leyes aducir que aquélla y éstas facultan para abandonar el aprovechamiento referido, olvidando que el dominio sobre derechos emanados de la concesión obliga a usarlos para el destino que su función social indica y exige.

Por ende, sostuvo, no hay razón atendible para sostener que los derechos de aprovechamiento de aguas o cualquier otro bien o actividad legítima, no puedan ser gravados tributariamente, sino que sólo aquellos que existan, nazcan o se desarrollen con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la respectiva ley tributaria. Con ello, se cercenaría la potestad impositiva del Estado, se atropellaría la función social del dominio y quedaría sin vigencia lo dispuesto en los artículos 19, número 20º, y 62, inciso cuarto, número 1º, de la Constitución, salvo para gravar bienes o actividades sólo desde que se emprendan o comience a llevárselas a destino.

Agregó que nunca debe olvidarse que, aún antes que la idea de función social fuera incorporada a la Carta Fundamental de 1925, ya el Código Civil definió, en su artículo 592, el dominio en términos no absolutos, sino que restringidos por la ley y el derecho ajeno, incluido el de la comunidad nacional a su bienestar colectivo. Y tampoco cabe ignorar lo prescrito, desde 1861, en la Ley Sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, en cuyo artículo 12º se lee que todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad a ella, subsiste bajo el imperio de otra, pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley.

Lo que el legislador tributario no puede hacer, connotó, es gravar bienes o actividades con efecto retroactivo, esto es, someterlos al pago de esas obligaciones por actividades o hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia de la norma. Pero es perfectamente constitucional que bienes o actividades en curso no gravados con anterioridad, lo sean a partir de un momento en que, razonablemente, se determine la nueva carga impositiva. El plazo que el proyecto contempla en este sentido, corrobora, a su juicio, la sensatez con que ha sido concebido.

Indicó que, en la especie, efectivamente el legislador proyecta, conforme a los artículos transitorios, un lapso holgado para que entre en vigor la norma impositiva que establece, permitiendo a sus destinatarios efectuar las adecuaciones y adoptar las decisiones que les resulten más convenientes o necesarias.

Inatendible se torna, igualmente, continuó expresando, decir que la norma proyectada es inconstitucional porque el no pago de la patente conlleva la pérdida del derecho de aprovechamiento y que, como es correcto, las causales de caducidad sólo pueden hallarse previstas con anterioridad en el título respectivo. Puesto que el procedimiento de remate, previsto y regulado en la ley que se gesta, no es una causal de caducidad, sino que la sanción por el incumplimiento de la obligación tributaria, por el desamparo del derecho de aprovechamiento, al punto que el interesado puede enervar dicho procedimiento pagando el tributo adeudado, más una cantidad similar a título de multa por la obligación impositiva que no ha cumplido.

En suma, hizo presente que le asiste la convicción que, al establecer la patente respecto de todos los derechos de aprovechamiento por el no uso de las aguas, incluso aquellos constituidos u otorgados con anterioridad a la nueva ley, el proyecto no sólo es sustantivamente justo, sino que también coherente con la Constitución, puesto que nada impide al legislador obrar así. Por el contrario, es su deber contribuir al bien común. Lo contrario sería configurar una discriminación odiosa, de favor o beneficio injustificado para quienes han obtenido la condición respectiva, deferencia arbitraria que está vedada por el artículo 19, números 2º y 22º, del Código Político.

En tercer lugar, abordó la consulta de si la afectación específica con que se caracteriza a la patente por no uso de las aguas se ajusta lo dispuesto en el artículo 19, número 20º, de la Constitución, especialmente, en sus incisos tercero y cuarto.

Sobre este particular, comenzó diciendo que, al tenor de lo preceptuado por el artículo 129 bis 16 de la iniciativa, resulta evidente para el dictaminante que, en la especie, concurren todos los requisitos contemplados en el artículo 19, número 20º, inciso cuarto, de la Constitución, por cuanto el legislador ha decidido afectar, en su mayor parte, el tributo proveniente del cobro de la patente por no uso de las aguas a la región y comuna respectiva.

Con el objeto de evitar confusiones y por razones de certeza jurídica, el elemento referencial que emplea el legislador es el Conservador de Bienes Raíces donde se hayan inscrito los derechos de aguas de que se trate.

Señaló que la evidente vinculación o afectación entre la patente por no uso de las aguas o el producto del remate del derecho por incumplimiento de la obligación tributaria, de un lado, con el lugar donde se encuentran esas aguas, de otro, torna incuestionable la facultad del legislador para afectar, específicamente, a la región y comuna correspondientes el producto de la obligación pecuniaria o el del subsecuente y eventual remate.

Debe entenderse entonces, aseveró, que el legislador puede no afectar el tributo, destinando los recursos a rentas generales de la Nación, pues nada lo obliga a obrar como consta en el proyecto. Empero, ha decidido autorizar la aplicación del mismo por su clara identificación regional o local, cumpliendo para ello lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 20º del artículo 19 de la Constitución. En el caso que nos ocupa, agregó, se cumplen dichas exigencias porque se trata de una de las excepciones allí previstas al principio de inafectación de los tributos a destinos específicos.

En síntesis, recapituló, es facultad del legislador afectar o no un tributo cuando existe una clara identificación regional o local. En el proyecto en examen así lo ha hecho con la patente por no uso de las aguas, conforme a los criterios objetivos que constan, especialmente, en el artículo 129 bis 16 de la iniciativa.

Enseguida, atendió a la última consulta que le fuera formulada. Ella cuestiona si las atribuciones que en el proyecto se confieren a la autoridad administrativa, especialmente a la Dirección General de Aguas, respetan o no el principio constitucional de legalidad.

El profesor informante respondió que dicho proyecto no vulnera el principio aludido, porque se atiene a la competencia asignada en la Carta Fundamental tanto al legislador cuanto a los demás órganos encargados de normar y aplicar la ley.

Imperativo es tener presente, expresó, que el respeto del principio constitucional de legalidad no puede significar el absurdo de pretender que todo proceso económico, hasta en sus detalles ínfimos, sea regulado, de modo directo e inmediato, por la ley misma. Ello importaría, desde luego, excluir a las demás autoridades competentes dentro del Estado de Derecho, quebrantando con ello el principio de separación de órganos y funciones contemplado en el articulado del Código Político. Pero, todavía más, arguyó, la tesis del legalismo extremo, por la rigidez que imprime a los textos legislativos, desemboca en la imposibilidad de ejecutar la ley y, por ende, de cumplir lo ordenado en la Carta Fundamental. Obviamente, toda hermenéutica que lleve a tan absurda secuela tiene que ser desestimada de plano. La jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional así lo ha sostenido, agregó.

Debe reconocerse, por ende, manifestó, que el proyecto de ley regula en términos completos y suficientes cuanto debe ser nombrado por la ley. El legislador, en efecto, ha sido cuidadoso al habilitar, expresa y específicamente, a la autoridad administrativa, especialmente a la Dirección General de Aguas, para cumplir las atribuciones que allí se le confieren.

Más todavía, continuó explicando, con las últimas indicaciones del Presidente de la República se acota aún más la competencia de esa Dirección en las decisiones que suscitaban temor por la discrecionalidad administrativa, contemplándose ahora la dictación previa de reglamentos supremos para que puedan ser aplicadas. Entendiendo bien las cosas, estimó que no se trata de que esa autoridad establezca los requisitos y limitaciones que juzgue, discrecionalmente, convenientes o necesarios para el cumplimiento de un fin determinado en una sede administrativa. Por el contrario, la competencia de ese órgano es específica; se refiere a asuntos concretos y bien determinados en el proyecto de ley mismo; opera sobre la base de los supuestos y dentro de los parámetros fijados por el legislador; se encuadra en el marco de la legislación orgánica de la Dirección y, por ende, bajo el imperio de los órganos jurisdiccionales que hacen respetar el Derecho, y se configuran recursos judiciales y administrativos, especialmente concebidos al efecto, deducibles sin perjuicio de los demás ya previstos en nuestro sistema jurídico.

Añadió que se torna sensatamente inconcebible, por consiguiente, sostener que el proyecto no regula, como debe hacerlo, los asuntos que debe considerar. Antes bien, lo que el proyecto omite, cumpliendo su obligación constitucional de así hacerlo, es entrar en la casuística circunstanciada, congelante de la ley, que la convierte en impracticable y perecedera. Eso no es cumplir lo ordenado en el artículo 60 número 20º de la Carta Fundamental, o sea, que la ley se limite a trazar los principios y normas básicas del estatuto jurídico respectivo, fijando su finalidad, los sujetos activos y destinatarios de ella, los requisitos y procedimientos sustanciales que ha previsto y otros asuntos de semejante densidad dispositiva.

Opinó que la reserva legal no es jamás, ni siquiera en casos aislados y extremos, absoluta o total. Por fuerte que sea ella, siempre la reserva legal tendrá, inevitablemente, algún grado de relatividad.

Tanto es así, agregó, que incluso en los ámbitos donde la reserva de ley es más intensa, como ocurre en materia penal o tributaria, quedan espacios para la ejecución, al tenor del artículo 19 números 3º, inciso octavo, y 20º del mismo artículo.

Con mayor razón debe comprenderse, dijo, que ello tiene que ser así en el ámbito de las actividades económicas, cuya infinita gama de casos y circunstancias, de procesos y maniobras, de requisitos y anomalías, de cambios y opacidades, presentes o presuntas, suceden con reconocida frecuencia.

Estimó, en consecuencia, que el proyecto de ley, en cuanto dice relación con las atribuciones que confiere a la autoridad administrativa para los propósitos acotados que en el mismo se indican, cumple cabalmente con el principio constitucional de legalidad.

Finalizado su análisis, el profesor informante formuló las siguientes conclusiones:

El establecimiento de una patente por el uso de las aguas respeta la Constitución, pues impone una obligación sobre la base de antecedentes razonables, proporcionados al fin y objetivos en su acreditación, fundada en la función social del dominio, sin afectar el núcleo esencial de este derecho, el bien sobre el cual se ejerce ni los atributos y facultades esenciales del mismo.

Tal función abarca los tres elementos, al menos, que fundamentan la constitucionalidad de la obligación pecuniaria referida, haciéndola inobjetable en su legitimidad.

Al establecerse tal patente respecto de todos los derechos de aprovechamiento, incluso aquéllos constituidos u otorgados con anterioridad a la vigencia de la nueva ley, se respeta la Constitución, puesto que nada impide al legislador obrar así. Lo contrario sería configurar una discriminación odiosa e inconciliable, además, con los principios generales del derecho que rigen en Chile, articulados en el Código Civil y en la Ley Sobre Efecto Retroactivo de las Leyes.

El legislador puede afectar un tributo cuando considere, fundamentalmente, que existe una clara identificación regional o local. Así lo hace, manifestó, con la patente por no uso de las aguas, conforme a los criterios objetivos que constan, especialmente, en los anales fidedignos del artículo 129 bis 16 de la reforma en tramitación.

En fin, el proyecto de ley, en cuanto dice relación con las atribuciones que confiere a la autoridad administrativa, da cumplimiento al principio constitucional de legalidad y se ajusta, además y plenamente, al principio de reserva reglamentaria contemplado también en nuestra Carta Fundamental.

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DISCUSIÓN GENERAL

Iniciada la discusión general del proyecto, el H. Senador señor Aburto manifestó que le inquieta fundamentalmente un punto, que consiste en determinar en qué medida el sistema de patentes que se propone puede llegar a limitar o, incluso, a desconocer el dominio que se tiene sobre los derechos de aprovechamiento de las aguas.

Agregó que, a su juicio, un monto excesivamente alto puede afectar la propiedad en su esencia y vulnerar, por tanto, las disposiciones del número 26º del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Sin perjuicio de lo anterior, en la perspectiva de que esta aprensión pueda debatirse y, en definitiva, solucionarse adecuadamente en la discusión particular de la iniciativa, se pronunció favorablemente en relación a la idea de legislar.

Los HH. Senadores señores Díez y Larraín hicieron presente algunas dudas relacionadas con la constitucionalidad de ciertas disposiciones del proyecto.

En primer término, se refirieron al cobro de una patente por el no uso del derecho de aprovechamiento de las aguas. Pusieron de manifiesto que este mecanismo, en la forma en que se plantea en el proyecto, podría, en alguna medida, comprometer la garantía constitucional del número 24º del artículo 19 de la Ley Suprema.

En segundo lugar, consideraron necesario dilucidar si la referida patente, atendida su entidad, podría llegar a importar el establecimiento de un tributo manifiestamente desproporcionado o injusto y, en consecuencia, lesionar el número 20º de la referida disposición constitucional.

Otro aspecto que ameritaría un estudio más acucioso, dijeron, es el respeto a la garantía de igualdad ante la ley, habida consideración de que se pretende establecer gravámenes distintos por el no uso del derecho de aprovechamiento de aguas, de modo que habría una discriminación entre los derechos consuntivos y los no consuntivos.

Finalmente, también cuestionaron la entrega a la autoridad administrativa de nuevas atribuciones, como es el caso de la aceptación de la renuncia a un derecho de aprovechamiento por parte de la Dirección General de Aguas.

Señalaron que funciones de esa índole no corresponden a la naturaleza del derecho de propiedad que el titular tiene sobre el aprovechamiento de las aguas.

Por estas razones, ambos se abstuvieron.

Por su parte, los HH. Senadores señores Hamilton y Viera-Gallo concordaron con las ideas matrices del proyecto y con la necesidad de solucionar los problemas planteados por el Primer Mandatario al presentarlo a tramitación legislativa. Por estas razones, expresaron su parecer favorable en torno a la idea de legislar.

En consecuencia, la iniciativa fue aprobada en general por tres votos a favor y dos abstenciones.

Estuvieron por la aprobación los HH. Senadores señores Aburto, Hamilton y Viera-Gallo. Se abstuvieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

DISCUSION PARTICULAR

Vuestra Comisión efectuó el debate particular teniendo como base el texto del proyecto despachado por la Comisión de Obras Públicas de esta Corporación.

ARTÍCULO 1º

Número 1

Este número incorpora un inciso final, nuevo, en el artículo 6º del Código de Aguas.

La referida disposición forma parte del Título II, Del Dominio y Aprovechamiento de las Aguas, del Libro Primero de este Código, referido a Las Aguas y El Derecho de Aprovechamiento. Caracteriza el aprovechamiento como un derecho real que recae sobre las aguas, que consiste en el uso y goce de ellas con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe el mismo Código.

Su inciso segundo agrega que el derecho de aprovechamiento es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley.

El texto propuesto por la Comisión de Obras Públicas para el nuevo inciso final, es el siguiente:

“Si el titular renunciare total o parcialmente a su derecho de aprovechamiento, deberá hacerlo mediante declaración escrita que se presentará ante la Dirección General de Aguas, la cual, si aceptare la renuncia, declarará, mediante resolución, extinguido el derecho y ordenará las cancelaciones o subinscripciones que correspondan. Dicha resolución se reducirá a escritura pública que suscribirá el funcionario que se designe al efecto y una copia de ella deberá inscribirse en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente, en la forma que señala el número 4 del artículo 114.”.

En relación con este precepto, los representantes de la Dirección General de Aguas explicaron que existe la necesidad de contar con la información que permita a esa entidad consignar ordenadamente la historia de la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas y, por otra parte, conocer los derechos que quedan disponibles a raíz de estas renuncias, para los efectos de resolver adecuadamente su futura reasignación.

Añadieron que mediante el procedimiento que se describe en el nuevo inciso será posible, además, dar cumplimiento a la obligación que impone a ese organismo el artículo 122 del Código, en orden a llevar el “Registro Público de Aguas”, donde debe constar -de acuerdo a esa norma- “toda la información que tenga relación con ellas”.

La Comisión, en primer lugar, consideró que, dada la naturaleza jurídica del derecho de aprovechamiento, no procede entregar el perfeccionamiento de la renuncia al mismo a la autoridad administrativa, de modo que prefirió suprimir la aceptación de ésta por parte de la Dirección General de Aguas.

Asimismo, estimó que el procedimiento propuesto es innecesariamente engorroso si se considera que el objetivo central que se persigue, como se ha dicho, es mantener la historia de la propiedad.

Para este efecto, sostuvo, la forma idónea para hacerlo es mediante el otorgamiento de una escritura pública que se inscribirá o anotará, según corresponda, en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente, en quien quedará radicada la obligación de comunicar estos actos de disposición a la Dirección General de Aguas.

Se puso de manifiesto que tal obligación debe cumplirse cabal y oportunamente, porque de ello dependerá que el Registro esté actualizado y completo y que el particular que ha renunciado a sus derechos se desvincule completamente de sus efectos, como es el eventual pago de la respectiva patente.

La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores, Aburto, Díez y Larraín, acordó aprobar este numeral, recogiendo en su texto los criterios antes referidos.

Número 2

Este número reemplaza el artículo 22.

La señalada disposición forma parte del Título III del Libro I del Código de Aguas, sobre Adquisición del Derecho de Aprovechamiento. Encarga a la autoridad la constitución de derechos de aprovechamiento sobre aguas existentes en fuentes naturales y en obras estatales de desarrollo del recurso. Prohibe, asimismo, perjudicar o menoscabar derechos de terceros.

A ella, se le introdujeron, en lo sustancial, dos enmiendas. La primera establece que la autoridad constituirá derechos de aprovechamiento sobre aguas existentes en “embalses construidos por el Estado” en lugar de aludir a obras estatales de desarrollo del recurso.

La segunda agrega un inciso segundo nuevo, que busca preservar los recursos superficiales y subterráneos existentes en una misma cuenca u hoya hidrográfica, para lo cual los derechos de aprovechamiento respectivos se otorgarán teniendo en consideración la explotación conjunta de los mismos.

Luego de escuchar las explicaciones que los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas dieron sobre estas enmiendas, la Comisión coincidió con ellas, formulando, sin embargo, dos observaciones.

Una, para precisar que los embalses a que alude esta disposición son aquéllos de dominio del Estado al momento de otorgarse el derecho de aprovechamiento, independientemente de quien los haya construido.

Otra, para establecer, en el inciso segundo, que los derechos de aprovechamiento que se otorguen no podrán afectar los derechos existentes, como tampoco aquéllos constituidos o reconocidos con anterioridad sobre las mismas aguas.

En relación con este último punto, se estimó de especial interés hacer una mención expresa a los “derechos existentes”, por cuanto son diversas las situaciones en que un derecho existe sin necesidad de haberse constituido de acuerdo a los procedimientos que regula el Código. Es el caso de las situaciones que regula el inciso segundo del artículo 20.

La Comisión, por la misma unanimidad aprobó este numeral, introduciéndole las modificaciones antes referidas. Votaron a favor los HH. Senadores señores Aburto, Díez y Larraín.

Números 3, 4 y 5

La Comisión resolvió tratar conjuntamente estos tres numerales, ya que se refieren a una misma materia.

Ellos versan sobre los artículos 114 y 116 del Código de Aguas e intercalan, además, un artículo 115 bis, nuevo.

Estas disposiciones forman parte del Título VIII del Libro I del Código de Aguas, referido al Registro de Aguas, la Inscripción de los Derechos de Aprovechamiento y el Inventario del Recurso.

El artículo 114 enumera los títulos que deben imperativamente inscribirse en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces, mencionando, en su número 4, las escrituras públicas que contengan el acto formal del otorgamiento definitivo de un derecho de aprovechamiento y, en su número 7, las resoluciones judiciales ejecutoriadas que reconozcan la existencia de un derecho de aprovechamiento.

El artículo 116, por su parte, consigna los títulos que podrán inscribirse en los registros de Hipotecas y Gravámenes y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar, relativos a las aguas. Faculta, en su número 2, para inscribir toda condición suspensiva o resolutoria del dominio de los derechos de aprovechamiento o de otros derechos reales constituidos sobre ellos. En su número 4 permite inscribir todo impedimento o prohibición referente a derechos de aprovechamiento, sea convencional, legal o judicial, que embarace o límite de cualquier modo el libre ejercicio de la facultad de enajenarlos.

Las enmiendas propuestas en el número 3 reemplazan los números 4 y 7 del artículo 114, por los siguientes:

“4. Las escrituras públicas que contengan el acto formal del otorgamiento definitivo de un derecho de aprovechamiento, así como la escritura pública que contenga la resolución que acepte la renuncia del derecho de aprovechamiento y ordene su cancelación o subinscripción;”, y

"7. Las resoluciones judiciales ejecutoriadas que reconozcan la existencia o declaren la extinción total o parcial de un derecho de aprovechamiento.".

El número 4 del proyecto intercala un artículo 115 bis, nuevo, del siguiente tenor:

"Artículo 115 bis.- Deberán inscribirse en los Registros de Hipotecas y Gravámenes y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar relativos a las aguas las condiciones, prohibiciones y limitaciones que afecten a los derechos de aprovechamiento.".

El número 5 propone derogar los números 2 y 4 del artículo 116.

La Comisión analizó estas disposiciones así como las enmiendas propuestas, concluyendo que si bien estas últimas son adecuadas, ameritan algunos ajustes.

Primeramente, hizo notar la conveniencia de adaptar el contenido del número 4 del artículo 114 a lo resuelto precedentemente en relación al artículo 6º del Código, sobre las escrituras públicas referidas a la renuncia de derechos de aprovechamiento.

Por otra parte, resolvió reordenar los distintos tipos de títulos relativos a los gravámenes y otras limitaciones que se mencionan en los artículos 115 bis, que se incorpora, y 116, en función del grado de obligatoriedad de las correspondientes inscripciones. Para estos fines, se acordó agrupar en el artículo 115 bis las inscripciones que tienen el carácter de obligatorias y en el artículo 116, conservar las que son facultativas.

La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes aprobó este numeral, con las modificaciones antes explicadas. Votaron a favor los HH. Senadores señores Aburto, Díez y Larraín.

Número 6

El número 6 se refiere al artículo 122 del Código de Aguas.

Este precepto -que pertenece al mismo Título VIII ya mencionado- establece, en su inciso primero, que la Dirección General de Aguas llevará un Catastro Público de Aguas en el que constará toda la información que diga relación con ellas.

Su inciso segundo prescribe que en dicho catastro -que estará constituido por los archivos, registros e inventarios que el reglamento indique- se consignarán todos aquellos datos, actos y antecedentes relativos al recurso y a las obras de desarrollo del mismo.

El numeral en análisis plantea agregar los siguientes dos incisos nuevos, como incisos tercero y cuarto:

"Para los efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes, los Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar copia autorizada a la Dirección General de Aguas, por carta certificada, de todas las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que practiquen en el Registro de Aguas dentro del plazo de treinta días, contado desde la respectiva inscripción, subinscripción o anotación.

Los Conservadores que no cumplan con las obligaciones establecidas en este artículo serán sancionados con las penas previstas en el artículo 440 del Código Orgánico de Tribunales.".

La Comisión consideró convenientes las modificaciones propuestas e hizo notar que el inciso tercero, nuevo, que se agrega, reafirma la obligación que el inciso final del artículo 6º del Código consagra para el Conservador de Bienes Raíces en relación con la comunicación que éste debe enviar a la Dirección General de Aguas acerca de las escrituras públicas que dan cuenta de renuncias a derechos de aprovechamiento.

Por lo anterior, lo aprobó con una enmienda menor de redacción, por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Aburto, Díez y Larraín.

Número 7

Este número se refiere al artículo 129.

Dicho precepto forma parte del Título IX, relativo a las Acciones Posesorias sobre Aguas y Extinción del Derecho de Aprovechamiento.

Prescribe que el dominio sobre derechos de aprovechamiento se extingue por las causas y en la forma establecidas en el derecho común.

El número 7 del artículo 1º del proyecto propone agregar que los referidos derechos también se extinguirán por las causas y en las formas establecidas por el Código de Aguas.

La Comisión coincidió con esta enmienda por cuanto el proyecto incorpora al Código de Aguas formas específicas de extinción de estos derechos.

Tal es el caso de la facultad del Primer Mandatario de declararla en determinadas circunstancias, según se propone en una de las disposiciones del nuevo Título XI.

Por esta razón, la aprobó sin modificaciones, por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Aburto, Díez y Larraín.

Número 8

Agrega dos Títulos -X y XI, nuevos- en el Libro I del Código de Aguas, a continuación del artículo 129.

El Título X, denominado “De La Protección De Las Aguas y Cauces”, está formado por los artículos 129 bis, 129 bis 1, 129 bis 2 y 129 bis 3. Por su parte, el Título XI, “Del Pago de una Patente por la No Utilización de las Aguas”, consta de quince artículos, que van desde el 129 bis 4 al 129 bis 18.

La Comisión procedió a estudiar primeramente los preceptos que componen el Título X.

TITULO X

DE LA PROTECCION DE LAS AGUAS Y CAUCES

Artículo 129 bis

Es del siguiente tenor:

“Artículo 129 bis. Las aguas provenientes de obras de recuperación de terrenos húmedos o pantanosos deberán ser restituidas al cauce receptor natural de las mismas, si de la ejecución de dichas obras resultare perjuicio a terceros.”.

Sobre el particular, el Director General de Aguas explicó que hoy en día se observa un vacío en nuestro ordenamiento respecto del destino que debe darse a las aguas que se recuperan desde terrenos húmedos o pantanosos y que tampoco se prevé una solución a los perjuicios a terceros que podrían seguirse de un proceso de drenaje.

Los HH. Senadores señores Díez y Larraín pusieron de manifiesto que no siempre es fácil saber cuál es el cauce natural al que deberían restituirse las aguas recuperadas de esta forma. Por otra parte, plantearon que debería ser posible devolverlas tanto al cauce receptor natural como a cualquier otro que pudiera ser más útil. Por tanto, expresaron que no divisaban la razón de esta destinación obligatoria.

Agregaron que lo fundamental en esta situación es evitar que se ocasione perjuicios a terceros y que si ello ocurre, la norma debe contemplar las correspondientes vías de resarcimiento.

Se estimó conveniente, asimismo, precisar que tratándose de cauces artificiales debe recabarse el permiso de su propietario y, en caso de otros cauces naturales, el de la Dirección General de Aguas.

En consecuencia, se acordó sustituir el texto de esta norma con el objeto de incorporar a ella los criterios explicados.

El acuerdo anterior lo adoptó la unanimidad de sus miembros presentes de la Comisión, HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri y Larraín.

Artículo 129 bis 1

El texto propuesto es el que sigue:

“Artículo 129 bis 1. La autoridad, al otorgar los derechos de aprovechamiento, deberá respetar la permanencia de un caudal ecológico mínimo en toda la fuente natural, que garantice la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente y, en especial, deberá velar por la conservación del ecosistema y de los usos recreacionales y escénicos existentes en la respectiva fuente.

La forma de determinar el caudal ecológico estará señalada en el Reglamento.”.

El Director General de Aguas explicó que esta disposición obedece a los criterios fijados por la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente en materia de preservación de la naturaleza, la cual, en este aspecto, encarga al Código del ramo la correspondiente regulación. Hizo saber que esa Dirección dispone de estudios de impacto ambiental encaminados a fijar criterios en relación a la determinación de los caudales ecológicos que informarán el reglamento, cuya dictación se contempla en el inciso segundo.

El H. Senador señor Díez formuló dos observaciones sobre esta norma. Enfatizó que, a su juicio, el objetivo principal de la disposición es establecer la obligación de la autoridad de garantizar la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente, para cuyo efecto el inciso primero podría finalizar con la expresión “…protección del medio ambiente”.

Esta sugerencia fue compartida por la Comisión, en el entendido de que la obligación de preservar la naturaleza excede a aspectos puntuales tales como la determinación de caudales ecológicos o el cuidado de los usos recreacionales o escénicos.

En segundo lugar, el H. Senador señor Díez planteó que la disposición importa, en el fondo, regular un modo de adquirir el dominio, por cuanto la adquisición de un derecho de aprovechamiento de aguas queda sujeta a la fijación del respectivo caudal ecológico que la autoridad administrativa efectúe, en los términos del inciso segundo de esta norma. Consideró que, por su naturaleza, dicha materia debe ser regulada por ley y no quedar entregada a la Administración. En consecuencia, sugirió fijar el caudal máximo en la propia disposición legal en análisis, sin perjuicio de facultar, también en ella, al Presidente de la República para que, en casos calificados y mediante decreto fundado, lo altere.

La Comisión compartió estas proposiciones, acordando incorporarlas al texto de la disposición.

En esta forma, fue aprobada por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri y Larraín.

Artículo 129 bis 2

Su texto es el siguiente:

“Artículo 129 bis 2. La Dirección General de Aguas podrá ordenar la inmediata paralización de las obras o labores que se ejecuten en los cauces naturales de aguas corrientes o detenidas que no cuenten con la autorización competente, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código.”.

La Comisión expresó aprensiones en relación a la posibilidad de que la Dirección General de Aguas pueda requerir directamente de la Administración el auxilio de la fuerza pública, por lo que propuso que, en forma previa, se requiriera la autorización del juez de letras competente. Además, hizo presente que no se consideran los daños que una decisión de esta naturaleza podría acarrear a los interesados.

El Jefe del Departamento Legal de la mencionada Dirección aclaró que, frente a tal decisión, el afectado dispone de diversos recursos como son la reconsideración ante el mismo organismo, la reclamación ante la Corte de Apelaciones y las demás vías judiciales ordinarias.

Precisó, asimismo, que en esta situación se está frente a un caso de responsabilidad objetiva, de manera que los eventuales perjuicios carecerían de relevancia.

Este precepto fue aprobado, por la unanimidad de los presentes, HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri y Larraín, con enmiendas relativas a los dos aspectos abordados.

Artículo 129 bis 3

Su tenor es el siguiente:

“Artículo 129 bis 3. La Dirección General de Aguas deberá establecer una red de estaciones de control de calidad, cantidad y niveles de las aguas tanto superficiales como subterráneas en cada cuenca u hoya hidrográfica. La información que se obtenga deberá ser publicada y proporcionada a quien lo solicite.”.

La Comisión consideró que lo esencial en esta disposición es que la información recogida sea pública -y no publicada- y que se proporcione a cualquier interesado.

Se dejó constancia de que, en todo caso, los costos de la reproducción de los antecedentes serán de cargo de quien los solicite.

La Comisión aprobó unánimemente este precepto, enmendando la redacción de su oración final con el objeto de incorporar los criterios reseñados. Votaron a favor los HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri y Larraín.

Enseguida, la Comisión se dedicó al análisis del nuevo Título XI que se propone agregar.

TÍTULO XI

DEL PAGO DE UNA PATENTE POR LA NO UTILIZACION DE LAS AGUAS

Artículo 129 bis 4

Esta disposición reza así:

“Artículo 129 bis 4. Los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente a beneficio fiscal. La patente se regirá por las siguientes reglas:

a) En los primeros cinco años, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente será equivalente, en unidades tributarias mensuales, al valor que resulte de la siguiente operación aritmética:

Valor anual de la patente en UTM=0,33xQxH.

El factor Q corresponderá al caudal no utilizado expresado en metros cúbicos por segundo, y el factor H, al desnivel entre los puntos de captación y de restitución expresado en metros.

Si la captación de las aguas se hubiere solicitado realizar a través de un embalse, el valor del factor H corresponderá, en todo caso, al desnivel entre la altura máxima de inundación y el punto de restitución expresado en metros.

En todos aquellos casos en que el desnivel entre los puntos de captación y restitución resulte inferior a 10 metros, el valor del factor H, para los efectos de esa operación, será igual a 10.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 5; y, desde los años undécimo y siguientes al de su constitución o reconocimiento, por el factor 25.

c) Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes por unidad de tiempo sean inferiores a 100 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 500 litros por segundo en el resto de las Regiones.”.

Iniciada la discusión de esta norma, el señor Director General de Aguas connotó que, al elaborarse el proyecto de ley en estudio, se aplicaron enfoques distintos para el cálculo de las patentes que gravarían la no utilización de los derechos de aprovechamiento no consuntivos y consuntivos.

En estos últimos -como se explicará al abordar la disposición siguiente- el criterio rector para la fijación de la patente fue la distinción de tres zonas geográficas del país, a partir del grado de disponibilidad del agua.

En el caso de los no consuntivos, indicó que el elemento decisorio se refiere a la posibilidad de generar energía, factor que carece de connotación regional o geográfica, como ocurre con los derechos consuntivos. Por ello, se propone un valor parejo para todo el territorio.

En segundo lugar, se consideró que el bien económico que está en juego no es solamente el caudal, sino que también la altura en la que se encuentra el agua, que determina el costo de producción de la energía eléctrica. Por lo tanto, el parámetro de definición de la patente en este caso, será la conjunción de los factores caudal-desnivel. De esa manera, dijo, se buscó reflejar en una forma más fidedigna el verdadero bien que está involucrado y evitar, así, distorsiones en los montos que se pudieren fijar.

Agregó que, en su inicio, el proyecto se refería exclusivamente al caudal, incorporándose posteriormente el elemento altura.

Ahora bien, el criterio para determinar el monto de la patente por no aprovechamiento de un derecho no consuntivo tuvo en cuenta las ganancias que origina el atraso en incorporar una central hidroeléctrica al sistema. Explicó que si una gran central se retrasa en incorporarse al sistema interconectado, se produce un aumento en el valor de la energía. Pero, por otro lado, el atraso en la utilización de las aguas se castigará con la patente en estudio, de manera que este instrumento haga irrelevante la decisión de jugar con los plazos.

El señor Ministro de Obras Públicas abundó sobre el punto, aclarando que, permanentemente, las empresas hidroeléctricas, dentro de su ejercicio legítimo, están calculando año a año el momento que más les conviene para iniciar el funcionamiento de una central, porque, por un lado, en cuanto funcione comienza a generar ingresos; pero, por otro, si dilata su entrada en operaciones se produce un efecto en las tarifas, toda vez que mientras menos centrales estén en construcción o en vísperas de entrar al sistema, más altas serán éstas. En esto, dijo, consiste el esquema: si entro el año 2003, mejoro mis ingresos; si entro el 2004, mejoro mis tarifas. Entonces, se trató de que la patente tendiera a anular el efecto que para una empresa tiene retrasar la puesta en funcionamiento de una planta.

Complementó su explicación añadiendo que las patentes así calculadas se incrementarían progresivamente en tanto se demore la puesta en marcha del respectivo proyecto. A este efecto, se fijó como factor una tasa de crecimiento de las patentes por derechos no consuntivos, de modo tal que, transcurridos los primeros cinco años de no uso, el valor de la patente se multiplicará por cinco entre los años sexto al décimo y por 25, desde el año undécimo en adelante.

Informó que para estos cálculos se desarrollaron diversas simulaciones, de las cuales se dejó constancia en las páginas 45 y siguientes del informe de la Comisión de Obras Públicas. Las simulaciones, anotó, consideraron diversas variables, tales como distintos tipos de centrales; valor actual neto de cada proyecto; plazos; tasas de descuento de las inversiones, etc. Sobre esa base, se estableció el valor de la patente en la forma en que se propone en el proyecto, remitiéndose, en lo demás, a los antecedentes complementarios contenidos en el aludido informe.

Los HH. Senadores señores Díez y Larraín formularon diversos alcances sobre este particular. Hicieron notar que en los cálculos, tanto de los valores de la patente como de los períodos en que se aplicarán los distintos tramos de ésta, debería considerarse, también, que existen aguas que, por razones de geografía u otras condiciones, son más difíciles de explotar que las que se usan actualmente.

Agregaron que es perfectamente posible que una empresa adquiera derechos de aprovechamiento para inversiones que realizará más adelante, sin que deba incorporarse inmediatamente al sistema. Así, les parece razonable que los empresarios del área, que saben que tendrán una mayor demanda de energía, preparen con anticipación su oferta y no esperen 5, 10 o más años para solicitar tales derechos, pues arriesgarían quedar sin ellos.

Los representantes del Ejecutivo manifestaron que desde el punto de vista estrictamente técnico y de la conveniencia del país, lo más claro es que las empresas soliciten los derechos cuando ya cuentan con los estudios de factibilidad correspondientes y están en condiciones de proponer un plan concreto. Enfatizaron que el sistema está pensado para que las empresas que tienen interés en desarrollar proyectos hidroeléctricos compitan por el recurso. Ello significa que cuando éste exista, lo obtendrá la empresa mejor preparada o el proyecto que se encuentre en una etapa más avanzada. El que tenga un plan menos desarrollado tendrá que evaluar de qué manera se pone al día para competir por el mismo recurso con el otro inversionista.

En definitiva, resumieron, el sistema favorece la competencia y los inversionistas podrán tener la certeza de que las reglas del juego serán las mismas para todos.

Sin embargo, resaltaron, en la actualidad sucede que se han solicitado prácticamente todos los derechos disponibles sin proyectos que respalden esas peticiones. Este tema lo han discutido con las empresas hidroeléctricas, las que reconocen que el principal incentivo para pedir los derechos de agua está, justamente, en que cualquiera pueda solicitarlos sin el proyecto correspondiente.

En seguida, el señor Ministro de Obras Públicas hizo presente que los criterios explicados reflejan las proposiciones que hasta el momento han concitado consenso. Sin embargo, hizo presente la disposición del Gobierno para reestudiarlas y, eventualmente, flexibilizar sus términos.

Explicó que, luego de un nuevo análisis efectuado conjuntamente con la Comisión Nacional de Energía y de una actualización de los antecedentes pertinentes, han estimado que sería viable una disminución de la tasa de incremento de las patentes por derechos no consuntivos. Al efecto, planteó que los factores de crecimiento de 5 y 25, contemplados en la letra b, precedentemente transcrita, podrían rebajarse a 3 y 9, respectivamente.

Destacó que esta nueva proposición permitirá, además, aminorar la diferencia entre los gravámenes aplicables a los derechos consuntivos y a los no consuntivos.

Por vía ejemplar, señaló que, aplicando estos nuevos factores a casos concretos, se obtendrían los siguientes resultados: una central como Rapel, que tiene un caudal de 300 m3/seg. y un desnivel de 76 metros, en los primeros 5 años pagaría, según el texto aprobado por la Comisión de Obras Públicas, una cifra de US$390.000, cada año; entre los años sexto a décimo, pagaría US$1.900.000 anuales, y a partir del año 11º, pagaría US$9.800.000 anuales. Con la reducción que se ha sugerido, a partir del año 11º la misma central pagaría una cifra del orden de US$3.000.000 al año.

En el caso de una central más grande, como Pehuenche, de un caudal de 245 m3/seg. y un desnivel de 206 metros, continuó, las cifras son, según el texto ya aprobado, de US $870.000, los primeros cinco años; de US$ 4.300.000, del año 6º al 10º y, a partir del año 11º, de US $21.800.000. En consecuencia, la primera de estas cifras se mantendría; la segunda disminuiría en un 30% y la tercera en un 60%.

Finalmente, el Secretario de Estado sostuvo que aún con la mencionada reducción, la patente mantiene su carácter disuasivo frente a la posibilidad de acaparar derechos de aguas. Si bien mientras más alta sea la patente el desincentivo será mayor, enfatizó que los valores que se proponen mediante la indicación mantienen el propósito inicial, pero permiten satisfacer las críticas formuladas en torno a los montos que se proponían y aminorar las consecuentes resistencias. Al mismo tiempo, acotó, prácticamente quedan igualados con los de las patentes que gravan los derechos consuntivos, con lo cual se elimina la posible discriminación que pudiere haber existido entre ambos tipos de derechos.

Puesto en votación el artículo 129 bis 4 con las enmiendas propuestas por el Ejecutivo –consistentes en reemplazar en su letra b) los guarismos “5” y “25” por los números “3” y “9”, respectivamente, fue aprobado por tres votos a favor y dos en contra. Además, se acordó precisar en su texto que la patente es de carácter anual y que los volúmenes y caudales a que alude esta norma son “medios”. Complementariamente, por consideraciones de técnica legislativa, se resolvió desglosar la letra b) en dos literales -b) y c)-, refiriéndose el primero al tramo que va desde el año sexto al décimo, y el segundo al tramo que se inicia el año undécimo. Del mismo modo, se acordó dejar la regla de la letra c) como inciso final.

Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

El H. Senador señor Larraín dejó constancia de que , aun cuando rechazó la norma, estima que la indicación subsana, en alguna medida, una de las cuestiones de constitucionalidad que se han invocado frente al proyecto, que consiste en la desproporción que subyacía bajo los montos de las patentes. Expresó que todavía insistirá en revisar lo concerniente a las patentes sobre derechos consuntivos –que se verán en el artículo siguiente-, que le parecen una carga excesiva para los agricultores, quienes normalmente utilizan sus aguas y, de no hacerlo, es por características propias de la actividad agrícola o por las dificultades que afectan al sector.

Artículo 129 bis 5

Su texto es el siguiente:

“Artículo 129 bis 5. Los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente a beneficio fiscal. La patente a que se refiere este artículo se regirá por las siguientes normas:

a) En los primeros cinco años, contados desde que se hayan constituido o reconocido en conformidad a la ley, los derechos de ejercicio permanente, cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, pagarán una patente anual cuyo monto será equivalente a 1,6 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo.

Respecto de los derechos de aprovechamiento cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones VI a IX, ambas inclusive, la patente será equivalente a 0,2 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo, y para las situadas en las Regiones X, XI y XII, ascenderá a 0,1 unidad tributaria mensual por cada litro por segundo.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 2; y, desde los años undécimo y siguientes al de su constitución o reconocimiento, por el factor 4.

c) Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes por unidad de tiempo sean inferiores a 10 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 50 litros por segundo en el resto de las Regiones.”.

Puesta en discusión esta disposición, los HH. Senadores señores Díez y Larraín manifestaron extrañeza, estimando que ella establece un gravamen sobre aguas que se utilizan, que no existen en abundancia y, todavía más, que se necesitarían en un volumen aún mayor, especialmente en áreas como la agricultura y la minería.

El Director General de Aguas explicó que el precepto obedece al propósito de corregir algunas graves distorsiones que se observan en este ámbito a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código de Aguas, de 1981. Este, al no establecer ningún límite a las solicitudes de derechos de aprovechamiento ni obligación ni carga al respecto, generó, objetivamente, una situación que estimuló la presentación de peticiones de los recursos hídricos que se desearan, incluso sin tener proyectos concretos. De esta forma, en la práctica, se solicitaron derechos sobre el total de los caudales de los ríos.

Hizo saber que análoga situación se advierte en los derechos no consuntivos porque los elementos que generan el problema están presentes en un caso y en el otro. En el caso de los derechos consuntivos, si bien es cierto que en los ríos de riego tradicional efectivamente los derechos de agua permanentes están todos constituidos desde hace muchos años y, por las presunciones que se han establecido, el pago de patentes no va a aplicarse, recordó que efectivamente hay disponibilidad para solicitar derechos de carácter eventual. Agregó que se han solicitado en distintas regiones derechos eventuales por muchos millones de metros cúbicos, que corresponderían a toda el agua que puede pasar eventualmente durante el período de invierno. La situación actual, reiteró, incita a que se pidan todos esos volúmenes sin asumir ningún compromiso ni cumplir condición alguna.

Además, dijo, existe agua para constituir derechos permanentes en sectores en los cuales el riego no ha sido parte del desarrollo económico tradicional y, en consecuencia, hay, respecto de ellos, una gran cantidad de solicitudes. Desde la VIII Región hacia el sur se presentan alrededor de 500 solicitudes al año, de las cuales la gran mayoría se refiere a derechos consuntivos. Todas se hacen con el criterio señalado anteriormente, esto es, que si se puede, se solicita el total del caudal que existe en un determinado cauce y no lo que realmente se necesita utilizar.

Refiriéndose al norte del país, señaló que algo semejante ocurre con el agua subterránea, con la agravante de que en los últimos cinco años se han identificado unos diez importantes acuíferos en los cuales no se pueden constituir nuevos derechos. Es el caso de Azapa, Pampa del Tamarugal, ciertos salares de la I Región, Copiapó y Lagunillas.

Idéntica situación se presenta, continuó explicando, con las reservas destinadas a fines domésticos. En Casablanca, en Petorca-La Ligua, en Santiago Norte, hay solicitudes en trámite en este momento que no prosperarán. Todas estas son áreas en que existen derechos de aprovechamiento de agua constituidos que no están siendo utilizados y respecto de los cuales no existe ningún tipo de obras.

Todavía más, abundó, en algunos casos es muy crítica la situación puesto que, incluso, de los pozos de agua subterránea sobre los cuales existen derechos, un 30% no se utiliza en la actualidad.

En definitiva, los incentivos para que se produzcan tales distorsiones están presentes tanto en el caso de los derechos consuntivos como en los no consuntivos. Lo que el proyecto busca con la patente, enfatizó, es que quienes tienen derechos valoricen el recurso de que disponen y que, si quieren preservarlos en función de proyectos que tienen hacia el futuro, los paguen o, de lo contrario, los dejen disponibles.

Agregó que se discutió en su oportunidad, en la Cámara de Diputados, el tema de la natural situación de equidad que tiene que haber entre los distintos tipos de derechos y se vio que si quedaran derechos consuntivos sin pago de patentes, por esta vía se generarían los mismos problemas detectados en el caso de los derechos no consuntivos.

Atendiendo a algunas observaciones de los miembros de la Comisión referidas a la aplicación de las disposiciones en estudio para el sector agrario, informó que ello fue revisado con la Sociedad Nacional de Agricultura, con la cual quedó claro que, de acuerdo con los criterios que inspiran el proyecto, no habrá ninguna posibilidad de que un agricultor que riega pueda quedar afecto al pago de la patente. Desde otro punto de vista, para el caso de agricultores que necesitan dejar en barbecho algunos potreros y, por lo tanto, no los regarán, explicó que si ellos han realizado las obras de captación no pagarán patente, porque ella está concebida para quienes no tienen las obras de captación de las aguas a las cuales tienen derecho. Aclaró que en dichas obras se entienden comprendidos los pozos de emergencia que se usan solamente cuando las aguas superficiales, en períodos de escasez, no llegan, así como los pozos destinados a casos de incendio, que existen en muchos lugares. Todo ello siempre que estén debidamente habilitadas las respectivas obras.

Es decir, los agricultores pagarían patente sólo si no disponen de las obras necesarias para captar el agua a la cual tienen derecho, entendiendo por tales aquéllas a que se refiere el artículo 36 del Código.

En relación al tiempo que debe transcurrir para que la presunción referida a las obras de captación sea aplicable, manifestó que ello ocurrirá al año subsiguiente de la entrada en vigencia de la ley, de manera que se dispondrá de un año entero para poder materializarlas.

A continuación, el H. Senador señor Larraín planteó la conveniencia de tratar el tema desde la perspectiva de la actividad minera. Hizo presente que este sector ha sido un fuerte detractor del sistema de patentes propuesto, puesto que las empresas mineras son normalmente titulares de derechos consuntivos sobre aguas particularmente escasas. Agregó que, tratándose de empresas cuyo desarrollo futuro está ligado estrechamente a la capacidad de tener derechos de agua inscritos, aunque no estén en uso, estas normas constituyen una severa limitación.

Los representantes del Ministerio de Obras Públicas sostuvieron que las nuevas normas no imponen limitaciones ni riesgos para el desarrollo de esa actividad, considerando, por una parte, que el valor del agua en la minería es extremadamente alto, en circunstancias en que los valores considerados en el proyecto son los que tiene el agua en el área agrícola, por tratarse del uso más generalizado en esta clase de derechos, y, por otro lado, porque el pago de la patente resguarda la mantención del correspondiente derecho de aprovechamiento.

Añadieron que nunca han entendido plenamente los reparos de la SONAMI, puesto que los mineros que tienen derechos de agua que no van a utilizar podrían verse obligados a desprenderse de ellos comercializándolos a valores muy convenientes o a iniciar nuevos proyectos en los cuales utilizar el agua. Los que sí se verán afectados por el pago de patente son quienes han constituido y acopiado derechos en forma gratuita con el sólo objeto de venderlos posteriormente a las empresas mineras, manteniéndolos entretanto como un activo inmovilizado. Pero incluso en esta situación, resaltaron, las empresas mineras que desarrollan efectivamente labores productivas se verán beneficiadas, pues podrán acceder al agua que hoy en día les falta. Estimaron improbable que los mineros que tengan derechos que efectivamente van a utilizar se interesen por desprenderse de ellos. Acotaron, finalmente, que, por regla general, en la minería se han realizado las obras necesarias para captar el agua.

Explicaron que en este sector las presunciones sobre uso del agua son las generales y son iguales para los derechos consuntivos y no consuntivos, sólo que en el caso de estos últimos deben existir las obras necesarias para la restitución de las aguas.

Terminaron diciendo que, en este mismo ámbito, el valor de la patente depende de la naturaleza de consuntivos o no consuntivos de los derechos y no del uso que se dará a las aguas, sea éste doméstico, minero o agrícola.

El Director General de Aguas se refirió a continuación al sistema de cálculo de las patentes contemplado en esta disposición.

De acuerdo a lo señalado en la letra a) del artículo en estudio -129 bis 5-, el territorio nacional se divide en tres grandes áreas: una, que abarca desde la I Región hasta la Metropolitana. En ésta, la escasez es extremadamente grave ya que hay menos de 1.000 metros cúbicos por habitante/año. La segunda va desde la VI hasta la IX Región y la tercera, desde la IX Región hacia el sur. Entre estas áreas hay diferencias importantes en el valor del agua, determinadas por su mayor o menor nivel de escasez.

Advirtió que en este esquema hay un cierto grado de simplificación, agregando, a título ejemplar, que en una misma área el valor del litro por segundo en el río Mapocho en Santiago difiere sustantivamente del precio del litro por segundo en el mismo río en Santo Domingo, debido a la relación demanda-disponibilidad.

Para los efectos de determinar la tasa de cobro, se definieron las tres áreas que se señalaron anteriormente, estableciéndose que en la primera se pagará 1,6 unidades tributarias mensuales; en la segunda 0,2 y en la tercera, 0,1.

Informó que los valores de 1,6 y 0,2 provienen del estudio efectuado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios al determinar el valor del agua cruda para fijar las tarifas de las empresas sanitarias.

Añadió que una vez determinado el valor económico del recurso hídrico, se estableció que el monto de la patente correspondiente a los primeros cinco años equivaldría a un 2% de ese valor, el cual es equivalente al que se cobra por concepto de impuesto territorial. Como se trata, prosiguió, de derechos de agua que no están siendo utilizados, pareció razonable que el monto fijado fuera equivalente al que se pagaría como contribución de bienes raíces, o sea, el 2% del avalúo de ese activo. En los segundos cinco años ese valor aumenta al doble (4%), y, a partir del año 11, se llega a un valor que es nuevamente el doble del anterior, o sea, un 8% de este avalúo.

El elemento decisivo, enfatizó, es la construcción de las obras que permitan el debido aprovechamiento de las aguas, de manera que pagará la patente quien tiene un derecho de aprovechamiento sin que haya ejecutado aún las obras para aprovecharlas, en tanto no las construya.

Contestando las críticas formuladas al proyecto en el sentido de que el valor de las patentes sería desproporcionado, reiteró, en primer lugar, que al Gobierno le parece razonable el 2% del valor comercial de las aguas.

En segundo lugar, aclaró que en el caso del suelo agrícola que paga contribuciones a los bienes raíces en su condición de terreno regado, la patente está incorporada en el mayor valor de ese impuesto. Agregó que si el propietario decide no usar el agua que califica su terreno como “regado”, deberá pedir al Servicio de Impuestos Internos el cambio de calificación de aquél a “no regado”, con lo cual dejará de pagar el mayor valor.

Finalmente, informó que la letra c) del artículo en estudio exime del pago de patentes en un caudal de 10 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, y de 50 litros por segundo para el resto del país, distinción que tiene una relación directa con el nivel de escasez del recurso hídrico a lo largo del país.

Puesto en votación, este precepto fue aprobado por tres votos a favor y dos en contra, con las enmiendas de precisar que la patente es de carácter anual y que los caudales y volúmenes a que se refiere la disposición son “medios”. Complementariamente, por consideraciones de técnica legislativa, se resolvió desglosar la letra b) en dos literales -b) y c)-, refiriéndose el primero al tramo que va desde el año sexto al décimo, y el segundo al tramo que se inicia el año undécimo. Del mismo modo, se acordó dejar la regla de la letra c) como inciso final.

Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra, lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

Artículo 129 bis 6

Su texto es el siguiente:

“Artículo 129 bis 6. Los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual pagarán, en su caso, un tercio de valor de la patente asignada a los derechos de ejercicio permanente.”.

Puesto en discusión este precepto, el H. Senador señor Díez se manifestó contrario al mismo, estimando incoherente el cobro de una patente con la naturaleza de este tipo de derechos. En efecto, dijo, su propietario no sabe si tendrá la posibilidad de ejercerlos o no, si contará con los recursos o no; por lo tanto, no cabe cobrarle una patente por el no uso. Sólo cuando las aguas existen se pueden utilizar, afirmó, de manera que no ve una concordancia lógica en la disposición.

Agregó que, según su parecer, habría dos tipos de derechos eventuales: unos provenientes de la regulación de los cauces de los ríos, que supondrían la construcción de obras de captación, y otros que están ligados a derechos permanentes, que se piden para aprovechar las aguas sobrantes que puedan quedar después de usarse los primeros.

El precepto en discusión, concluyó, es una norma de carácter general, no obstante que no siempre se presentará el supuesto que justifica su dictación. Es decir, en este contexto, el cobro de la patente muchas veces carecerá de causa.

El H. Senador señor Larraín también observó cierta falta de lógica entre este precepto y el proyecto. Aseguró que éste último parte de la base de castigar a quien teniendo un derecho de aprovechamiento y disponiendo de aguas para ejercerlo, no lo hace. En cambio, esta disposición castiga a quien teniendo un derecho no puede ejercerlo por no existir las aguas. Connotó que los derechos eventuales son, por definición, inciertos; en consecuencia, constituyen posibilidades de ejercer el derecho y, con esta norma, se castiga el no uso de un derecho que es imposible de ejercer. Reiteró que ello vulnera la lógica del proyecto.

Hizo presente que, de esta manera, además, se confunde la prueba del derecho con el ejercicio del derecho mismo, que son cosas absolutamente distintas. En efecto, explicó, no es razonable exigir obras permanentes para el aprovechamiento de derechos eventuales, máxime si la tecnología existente permite utilizar -cuando se dan las condiciones para ejercitar el derecho- métodos de extracción o acopio que se usan únicamente cuando se requieren.

Ante estas observaciones, los funcionarios de la Dirección General de Aguas estimaron necesario proporcionar ciertas explicaciones de carácter general acerca de la naturaleza de los derechos eventuales y de la norma propuesta.

Los derechos eventuales, dijeron, hoy día tienen una gran importancia porque son los que dan origen especialmente a la regulación de los ríos y de los embalses. Debe entenderse, entonces, que el recurso va a estar todos los años y que, en consecuencia, lo que se persigue es que se construyan las obras necesarias para aprovecharlo.

Señalaron que se han presentado peticiones de volúmenes de aguas para embalses que alcanzan hasta 500 millones de m3 en la VII Región, y que también ha ocurrido algo semejante en la VIII. En estas circunstancias, en caso de no existir ningún tipo de patente, se presentaría el mismo problema que se observa tratándose de derechos permanentes, ya que quien tiene derechos eventuales podría impedir que otros construyan obras o embalses para aprovechar las aguas.

Luego, explicaron la forma en que el Código de Aguas concibe los derechos de ejercicio permanente y los de ejercicio eventual, refiriéndose, al efecto, a la actuación de la Dirección General de Aguas en esta materia.

Informaron que cuando esa entidad evalúa la disponibilidad del recurso que hay en los cauces, lo que hace es estimar una probabilidad de excedencia. Por ejemplo, si fija esa probabilidad en un 85%, significa que, de cada 100 años, ese caudal se dará realmente en 85 de ellos.

Por otra parte, explicaron que si en un río el caudal habitual es de 100 m3/seg, ese será su caudal permanente. Ahora bien, si en algunos años se producen crecidas especiales o ciertas circunstancias climáticas excepcionales que hacen subir esos 100 a 120, los 20 que exceden son extraordinarios y el Código los denomina “eventuales”.

La Dirección de Aguas, prosiguieron, constituye derechos con carácter de eventuales en aquellos caudales respecto de los cuales no siempre se tiene seguridad de que existirán y sólo cuando se han agotado los respectivos derechos de ejercicio permanente.

El orden en que estos derechos eventuales se ejercen lo determina la fecha de su constitución, de manera que si cinco titulares tienen derechos eventuales por el excedente de 20 y, en la práctica, ese excedente alcanza a 10, utilizarán el agua quienes hayan constituido primero su derecho, según el orden de precedencia.

Aclarado esto, precisaron que luego de constituir derechos eventuales aguas arriba, aunque éstos no se ejerciten, la Dirección de Aguas no puede constituir derechos eventuales aguas abajo. No se debe confundir, insistieron, la eventualidad del ejercicio del derecho con la circunstancia de que tal derecho esté permanentemente en el patrimonio de su titular.

Ahora bien, puntualizaron que si no se cuenta con las obras de captación para ejercer el derecho eventual cuando el agua exista, en definitiva tampoco se podrá ejercer el derecho y, a la vez, se impedirá a otro que aproveche esas aguas. La lógica de la disposición, concluyeron, es que quien tiene un derecho eventual esté en condiciones de embalsar o acopiar las aguas cuando ellas lleguen.

Contestando una pregunta formulada por el H. Senador señor Parra acerca de si existen límites para constituir derechos eventuales, sostuvieron que, efectivamente, los hay. Explicaron que los volúmenes de embalse son extremadamente importantes. Aseveraron que hoy en día existe interés en construir embalses o regular las aguas en los ríos Maipo, Mataquito y muchos otros y, como ejemplo concreto, informaron que en uno de estos ríos se han pedido 500 millones de m3 para embalsar. Afirmaron que si ese solicitante quedara con un derecho de esa magnitud en su poder y no lo aprovecha, impedirá que cualquier otro lo pueda hacer. Para estos casos, el proyecto exige que las obras correspondientes tengan la capacidad de aprovechar las aguas, aunque sean eventuales. Además, la norma prescribe que se pagará sólo un tercio de lo que corresponde al mismo volumen tratándose de derechos de carácter permanente.

Lo que se trata de evitar, añadieron, es el bloqueo que se genera en los derechos de agua por parte de quienes teniéndolos, no los ejercen, ya que ninguna norma los incentiva a ejecutar las obras, aunque se trate de derechos eventuales.

Enseguida, el H. Senador señor Parra preguntó si no existe el riesgo de que se desaliente la constitución de derechos eventuales en razón de las inversiones que deben realizarse, que pueden quedar muertas en ciertos años, y si, por lo mismo, no se desvirtía el sentido del proyecto, que busca el buen uso y ejercicio de los derechos, es decir, que las aguas disponibles se utilicen adecuadamente.

También consultó si el correcto sentido de este precepto es que el gravamen opere sólo cuando exista el recurso, de modo que pudiendo ejercerse el derecho, no se ejerza.

El señor Director de Aguas sostuvo que el pago y las presunciones de uso están vinculadas a la existencia de las obras; si se les relacionara con la existencia del recurso, el sistema se haría impracticable. Seguramente, en algunos años en que pudiera haber muchísima agua sería clara la figura, pero, en caso contrario, las discusiones serían interminables, dijo. Por ello, no estima prudente fijar la atención, en el caso de estos derechos eventuales, en que haya o no agua. La lógica del proyecto es que si uno tiene un derecho de agua, ya sea permanente o eventual, debe contar con los medios para aprovecharla y, en la medida en que eso no sea así, se dará la figura de no uso y del consecuente pago.

Agregó que se debe ser muy cuidadoso en la regulación relativa a las obras que asegurarán que el derecho eventual se ejerza si existe el agua, materia que se evaluará oportunamente en el reglamento correspondiente, el cual tomará en cuenta el hecho de que este tipo de derechos no necesariamente se ejercerán.

El H. Senador señor Hamilton consideró que el proyecto es coherente y consecuente si lo que se busca es evitar que se pidan derechos eventuales simplemente para no usarlos. La norma en análisis, expresó, intenta garantizar el uso del agua mediante la existencia de las obras necesarias, caso en el cual no se paga la multa.

Entiende que esa es la interpretación que debe darse al proyecto y, en consecuencia, es partidario de que exista la patente, considerando adecuado que se disminuya a un tercio para el caso en que se pidan derechos eventuales.

El H. Senador señor Larraín planteó que la ejecución de obras no debería ser la única manera de probar la utilización de las aguas en el caso de estos derechos; sostuvo que en esta situación también resulta lógico permitir soluciones transitorias, tales como el arriendo de equipos o bombas extractoras cuando ellas existan.

Los representantes de la Dirección de Aguas reiteraron que el criterio es tener una obra de captación, cualquiera que ella sea, de manera que cuando exista el agua se la pueda usar efectivamente.

El H. Senador señor Díez reiteró que le resulta difícil aceptar lógicamente un impuesto no eventual sobre derechos eventuales. Por otra parte, considerando que hay localidades o ríos de muy distinta naturaleza en nuestro territorio, sugirió clasificar los derechos eventuales según su naturaleza y su respectiva zona, ya que no parece justo englobar situaciones tan disímiles en una misma norma general.

Justificando la idea matriz del precepto en análisis, el H. Senador señor Hamilton planteó el tema en una forma distinta, preguntándose de qué manera la ley previene que alguien, para impedir que otros usen este producto tan escaso y esencial que es el agua, solicita los derechos eventuales y, al momento de llegar el agua, no la capte por no haber construido las respectivas obras. Aparentemente, dijo, no habría ninguna sanción.

Luego, el H. Senador señor Parra consultó si el Código fija un plazo para la ejecución de las obras, es decir, desde cuando empezaría a operar el gravamen, y si para su realización puede utilizarse el subsidio para obras de regadío.

Respondiendo las preguntas, el Director General de Aguas informó que en la actualidad no se otorga el subsidio para obras de regadío para el caso de los derechos eventuales, ya que, justamente, la legislación propende a que no se constituyan derechos eventuales pudiéndose constituir permanentes. En cuanto al plazo para ejecutar las obras, hizo notar que otra de las disposiciones del proyecto prevé términos de tres años para los derechos consuntivos y de tres a cinco años para los no consuntivos.

Finalizado el debate y puesto en votación el artículo 129 bis 6, fue rechazado por dos votos a favor y tres en contra. Votaron favorablemente los HH. Senadores señores Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Aburto, Díez y Larraín.

El H. Senador señor Aburto fundó su rechazo en la circunstancia de que la disposición incurriría en una falta de equidad y configuraría una obligación sin causa, toda vez que si no hay aguas disponibles no se puede ejercer el derecho de aprovechamiento eventual.

El H. Senador señor Larraín insistió en su planteamiento acerca de la dudosa constitucionalidad de los preceptos relativos a la patente para el ejercicio de los derechos permanentes y resaltó que, en lo concerniente a los eventuales, se incurre en un error aún mayor puesto que se permite la aplicación de una patente referida al ejercicio de un derecho que, por su esencia, no podrá disfrutarse permanentemente. En otras palabras dijo, se estaría creando una obligación imposible de cumplir.

Artículo 129 bis 7

Su texto es el siguiente:

“Artículo 129 bis 7.- El pago de la patente se efectuará dentro del mes de marzo de cada año, en cualquier banco o institución autorizados para recaudar tributos. La Dirección General de Aguas publicará la resolución que contenga el listado de los derechos sujetos a esta obligación, en las proporciones que correspondan, la cual estará sujeta al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Esta publicación se efectuará el 15 de enero de cada año o el primer día hábil inmediato si aquél fuere feriado, en el Diario Oficial y en forma destacada en un diario o periódico de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la Región correspondiente.

Esta publicación se considerará como notificación suficiente para los efectos de lo dispuesto en el artículo 129 bis 10.”

El H. Senador señor Díez consultó sobre la posibilidad de reclamar por parte de las personas que no estén de acuerdo con esta lista o a las que se les pretende cobrar una patente que no aparece en la publicación.

Los representantes de la Dirección General de Aguas le informaron que, a este respecto, son aplicables los dos recursos clásicos del Derecho de Aguas, contemplados en los artículos 136 y 137 del Código, que son la reconsideración ante la autoridad máxima del Servicio –el Director General de Aguas- y el subsidiario del anterior, que también puede ser ejercido independientemente, que es el de reclamación ante la Corte de Apelaciones respectiva. Agregaron, por último, que, en caso de no efectuarse la publicación, el procedimiento adolecería de nulidad y, en consecuencia, no procederá el pago.

Puesto en votación, este precepto fue aprobado, sin modificaciones, por tres votos a favor y dos en contra.

Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra, lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

Artículos 129 bis 8 y 129 bis 9

Por tratarse de disposiciones estrechamente vinculadas, la Comisión resolvió considerarlas conjuntamente.

Son del siguiente tenor:

“Artículo 129 bis 8.- Corresponderá al Director General de Aguas determinar los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no se encuentren total o parcialmente utilizadas al 31 de Agosto de cada año.

Artículo 129 bis 9.- Se presumirá que las aguas están siendo utilizadas total o parcialmente, si existen las obras de captación de las mismas. Cuando ello sea procedente, estas obras deberán estar debidamente aprobadas según lo dispuesto en el artículo 157 inciso primero de este Código. En el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, deberán existir también las obras necesarias para la restitución de las aguas.

La presunción a que se refiere el inciso anterior se aplicará en proporción al caudal correspondiente a la capacidad de captación y/o restitución de tales obras.”.

El H. Senador señor Larraín hizo notar una vez más que la existencia de las obras de captación o restitución, según el caso, no debería ser la única forma de probar la utilización de las aguas. Agregó que bien podría haber otros medios y que la labor de la Dirección General de Aguas debería consistir en declarar, pero no presumir, que si no hay obras de captación no se están aprovechando las aguas.

El Jefe del Departamento Legal de la Dirección General de Aguas informó que en el trámite legislativo anterior la norma correspondiente discurría en base a una lógica diferente y que, antes de llegar al Senado, se consideró conveniente buscar una fórmula lo más objetiva posible, que, en definitiva, corresponde a lo que se plantea en esta ocasión. Es decir, si existen las obras necesarias para el aprovechamiento de las aguas, éstas se presumirán utilizadas. Sin embargo, no se desecha que el interesado se valga de otros medios de prueba para acreditar dicha utilización.

Por su parte, el Director General de Aguas explicó que la fecha propuesta para efectuar la determinación a que se refiere el artículo 129 bis 8 está relacionada con la fecha que marca el inicio del proceso de cobranza de las patentes -15 de enero-, destacando que entre ambas debe existir un lapso suficiente para preparar dicho procedimiento de cobro.

El H. Senador señor Aburto enfatizó que la redacción de estas normas no excluye que pueda recurrirse a otros medios de prueba.

Habiéndose planteado en la discusión el tema de la naturaleza de la presunción contemplada en el artículo 129 bis 9, el H. Senador señor Hamilton recordó que en nuestro ordenamiento las presunciones son de derecho, simplemente legales o judiciales, haciendo presente que las de derecho son escasísimas porque están orientadas a velar por bienes jurídicos considerados superiores, como es el caso de la paternidad.

En el ámbito del proyecto en estudio, consideró más apropiado consagrar la presunción sólo con carácter de legal, de manera que pueda, en determinadas circunstancias, invertirse el peso de la prueba en contra de la Administración y en beneficio del usuario.

Agregó que ocurre ordinariamente que los ríos cambian de curso, inutilizando las obras construidas, por lo cual, para la defensa de los intereses de los que los construyen, es suficiente una presunción simplemente legal.

El H. Senador señor Aburto concordó con el H. Senador señor Hamilton en que una presunción de derecho sería una exageración ya que éstas son absolutamente excepcionales, de manera que ello implantaría una rigidez excesiva en nuestro sistema de medios de prueba. Por lo anterior, estuvo de acuerdo en dar a la presunción el carácter de simplemente legal.

Los representantes del Ministerio de Obras Públicas sostuvieron que el mecanismo propuesto es consistente con el procedimiento de concesión de derechos de aguas con que se operó hasta el año 1981, cuando la Administración tomaba la precaución de otorgar, primeramente, mercedes provisorias y transformarlas en definitivas sólo una vez que comprobaba la existencia de obras, otorgándolas por los caudales que se pudiera captar mediante ellas. Hasta allí llegaba su función. La diferencia con el sistema propuesto radica en que antes se preveía la caducidad como sanción a la no ejecución de las obras. Ahora, en cambio, no existirá caducidad pero sí el pago de la patente que se propone establecer.

El H. Senador señor Díez llamó la atención acerca de que no todas las obras de captación son permanentes y que en muchos casos, por razones geográficas y de comportamiento de los caudales, es más conveniente construir obras transitorias o estacionales. Por esta razón, sugirió incorporarlas en el texto del artículo 129 bis 9, precisando que se considerarán obras de captación las que se hicieren temporalmente por exigencias de la naturaleza, el clima u otros factores de ese tipo.

Finalizado el debate, la mayoría de los miembros de la Comisión acordó aprobar estas disposiciones, enmendando su redacción y, en el caso del artículo 129 bis 9, eliminando el trámite de aprobación de las obras e incorporando aquéllas de naturaleza temporal.

Puestos en votación, estos preceptos fueron aprobados por tres votos a favor y dos en contra. Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra, lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

Artículo 129 bis 10

Su texto es el siguiente:

“Artículo 129 bis 10.- Serán aplicables a las resoluciones de la Dirección General de Aguas, dictadas en conformidad con lo dispuesto en el presente Título, los recursos contemplados en los artículos 136 y 137 de este Código.”.

Como se señalara anteriormente, contra las resoluciones de la Dirección General de Aguas proceden los recursos de reconsideración, que los interesados pueden presentar ante el propio Director del Servicio, y de reclamación ante la Corte de Apelaciones respectiva.

La Comisión aprobó este número por tres votos a favor y dos en contra, sin modificaciones.

Estuvieron a favor los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra, votaron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

Durante el análisis de este precepto, se hizo notar la conveniencia de aclarar el artículo 137, para precisar, por una parte, el tribunal competente para conocer de las reclamaciones y, por otra, el procedimiento aplicable a estos recursos.

En cuanto a lo primero, se recordó que la expresión “Corte de Apelaciones respectiva” que usa el inciso primero de este precepto, fue entendida como referida en forma exclusiva a la Corte de Santiago, en atención a que en esta ciudad tiene su domicilio el Director General de Aguas, con todos los consecuentes problemas.

Actualmente, en cambio, la jurisprudencia señala que esa expresión se refiere a la Corte competente en el lugar en que se dicta la resolución impugnada, lo que la Comisión estimó razonable, acordando, por la misma mayoría, recoger este criterio en la norma.

Tocante a la tramitación del recurso de reclamación, se puso de relieve la necesidad de señalar con claridad las normas aplicables a la misma, resolviéndose, en definitiva, por idéntica votación, agregar un inciso nuevo con el fin de establecer que en esta materia serán aplicables las normas relativas a la tramitación del recurso de apelación en segunda instancia, contenidas en el Título XVIII del Libro I del Código de Procedimiento Civil, y se recabará, además, informe de la Dirección General de Aguas.

Artículo 129 bis 11

Esta disposición es del siguiente tenor:

“Artículo 129 bis 11.- Si el titular del derecho de aprovechamiento no paga la patente dentro del plazo indicado en el artículo 129 bis 7, se iniciará un procedimiento judicial de remate de ese derecho, en la proporción que corresponda.

No obstante, el Presidente de la República a petición o con informe fundado de la Dirección General de Aguas, podrá, en circunstancias excepcionales en que esté comprometido el adecuado desarrollo de la cuenca, decretar que el derecho de aprovechamiento no sea objeto del procedimiento señalado en el inciso anterior. En tal caso, declarará la extinción, y ordenará la cancelación de la inscripción respectiva en la proporción que corresponda.

El decreto del Presidente de la República que declare la extinción del derecho se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, los días primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediato si aquéllos fueren feriados.

El afectado podrá reclamar de la dictación de dicho decreto ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de su publicación.”.

El Director General de Aguas explicó las ideas matrices de esta disposición.

Señaló, en primer término, la necesidad de contar con una norma expresa que resuelva la situación que se presenta cuando el titular de un derecho de aprovechamiento no paga la patente. En su parecer, no resulta adecuado dejar entregada esta situación a las normas generales que nuestro ordenamiento proporciona.

Por otra parte, puso de relieve que esta oportunidad -la morosidad- permite corregir una práctica que refleja una desnaturalización del sentido de la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas, cual es que ciertos interesados obtienen en forma gratuita muy importantes volúmenes de agua, que posteriormente no utilizan, con los consecuentes perjuicios para la comunidad.

En efecto, explicó, este mecanismo posibilitará que los derechos de aguas sean reasignados y, además, permite que el Presidente de la República, ante situaciones excepcionales, exima de este procedimiento determinados derechos por razones de interés general.

Asimismo, indicó que, siguiendo los criterios de la legislación minera, se estimó que la responsabilidad por el pago de la patente debe circunscribirse solamente al derecho involucrado y no afectar la totalidad del patrimonio de su titular.

El H. Senador señor Díez formuló reserva de constitucionalidad respecto de esta disposición por cuanto le parece que ella, en la práctica, ampara una suerte de expropiación, agravada por el hecho de no contemplar ningún tipo de indemnización, requisito ineludible en situaciones de esta naturaleza, en conformidad a la normativa constitucional sobre dominio.

Sostuvo que, en cualquier caso, la indemnización debe contemplarse y compensar el daño patrimonial efectivamente causado.

Los representantes del Ministerio de Obras Públicas sostuvieron que era improcedente pagar indemnización toda vez que los derechos afectados fueron adquiridos en forma gratuita y que sus titulares no hicieron uso de las aguas.

El H. Senador señor Larraín replicó que era innegable que durante el lapso que corrió desde la adquisición de los derechos ellos han adquirido un valor y que éste se ha incorporado al patrimonio del titular.

En otro orden de consideraciones, llamó la atención de los mencionados funcionarios que el texto no refleja lo expresado en cuanto a que la responsabilidad por el no pago solamente afectaría el derecho en cuestión. Por otra parte, hizo notar la falta de una norma que disponga el destino del remanente que pudiere producirse, el que, a su juicio, debiera entregarse al titular.

El H. Senador señor Aburto coincidió con las apreciaciones precedentes, observando, además, que la norma vulneraría la garantía del debido proceso, en cuanto a que no parece nítido que el deudor tenga la oportunidad de ser oído.

Destacó que el proyecto omite reglas sobre un procedimiento de cobro previo al remate y estimó necesario incorporarlas, proponiendo, al efecto, utilizar una fórmula ejecutiva y simplificada.

En atención a lo anterior, la Comisión convino en reformular este precepto, con el objeto de acoger las observaciones precedentes. Al efecto, se acordó lo siguiente:

a) Incorporar el derecho a ser indemnizado en caso que el Primer Mandatario disponga, sin juicio previo, la extinción de un derecho de aprovechamiento;

b) Fijar la indemnización sobre la base del daño patrimonial efectivamente causado;

c) Establecer en forma expresa que la ejecución de la obligación sólo podrá afectar el respectivo derecho, y

d) Que el remanente que pudiere producirse, será entregado al ejecutado.

Además, se acordó agregar al proyecto disposiciones que regulen un procedimiento de cobranza judicial;

Dichos acuerdos se adoptaron por tres votos a favor y dos en contra. Votaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra, lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

Artículo 129 bis 12

Su texto es el siguiente:

“Artículo 129 bis 12.- Antes del 1° de junio de cada año, el Tesorero General de la República enviará a los juzgados competentes la nómina de los derechos de aprovechamiento cuya patente no haya sido pagada, especificando a su titular y el monto de lo adeudado. La Dirección General de Aguas estará obligada a velar por el cumplimiento de esta disposición y deberá prestar su colaboración a la Tesorería General de la República.

Será juez competente para conocer del procedimiento de remate, el de la comuna donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento. Si hubiere más de uno, el de turno al tiempo de la recepción de la nómina a que se refiere el inciso primero.”

La Comisión consideró esta disposición y, en mérito de lo discutido anteriormente en cuanto a la conveniencia de establecer un procedimiento de cobro ágil y simplificado, acordó dar mérito ejecutivo a la nómina de los derechos de aprovechamiento cuya patente esté impaga.

Con esta enmienda, aparte de otras de carácter formal, se aprobó este artículo 129 bis 12, por tres votos a favor y dos en contra. Votaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. Por la negativa lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

Artículo 129 bis 13

Es del siguiente tenor:

“Artículo 129 bis 13.- El juez dictará una resolución señalando día y hora para el remate, la que se publicará, junto a la nómina de derechos a subastar, por una sola vez en el Diario Oficial los días primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediato si aquellos fueren feriados, y en forma destacada en un diario o periódico de la provincia respectiva y si no lo hubiere, en uno de la capital de la Región correspondiente. La Tesorería General de la República cubrirá estos gastos de publicación.

El remate no podrá efectuarse antes de los treinta días siguientes a la fecha del último aviso.

Los errores u omisiones en que haya incurrido la Tesorería, podrán ser rectificados antes del remate, a solicitud de cualquier persona que tenga interés en ello o de la Dirección General de Aguas. El juez procederá con conocimiento de causa. Las rectificaciones se publicarán en igual forma que las publicaciones originales, y el remate se postergará para una fecha posterior en treinta días, a lo menos, a la última publicación.

El secretario del tribunal pondrá testimonio en los autos de haberse publicado los avisos en la forma y con la anticipación señalada.

El mínimo de la subasta será el valor de las patentes adeudadas y el titular del derecho no será admitido a hacer posturas. Podrá, sin embargo, liberar su derecho pagando el doble del valor adeudado.

Además de pagar el valor de la subasta, el rematante deberá pagar las costas del remate, las que deberán ser tasadas por el secretario del tribunal.

Todo postor, para tomar parte en el remate, deberá rendir caución suficiente a beneficio fiscal, calificada por el Tribunal, sin ulterior recurso, para responder de que se llevará a efecto la compra de los derechos de aprovechamiento rematados. La garantía será equivalente al diez por ciento de las patentes adeudadas y subsistirá hasta que se otorgue la escritura definitiva de compra venta.

Si el adjudicatario no enterare el precio de la subasta dentro del plazo de quince días contado desde la fecha del remate, la adjudicación quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley, el juez hará efectiva la garantía a beneficio fiscal y ordenará que los derechos de aprovechamiento sean nuevamente sacados a remate.”

Los HH. Senadores señores Aburto y Larraín formularon reparo, en primer lugar, a que el deudor no sea admitido a hacer posturas en la subasta y que, sin embargo, pueda liberar su derecho pagando el doble de lo adeudado, lo que consideraron excesivo.

Los representantes del Ejecutivo coincidieron con estas observaciones, acordándose, en definitiva, permitir al deudor participar en el remate y, además, liberar del mismo su derecho, pagando, en este caso, su valor aumentado en un cincuenta por ciento.

Con esta modificación y otras meramente de forma, se aprobó este artículo 129 bis 13, por tres votos a favor y dos en contra. Votaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. Por la negativa lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

Artículo 129 bis 14

Esta norma hace aplicable las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a la subasta de bienes inmuebles embargados a los demás procedimientos relativos al remate, al acta correspondiente, a la escritura de adjudicación y a su inscripción.

La Comisión aprobó esta disposición por tres votos a favor, de los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton, y dos en contra, de los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

Artículo 129 bis 15

Este precepto dispone que si no hay postor por algún derecho de aprovechamiento, el juez declarará libres las aguas y ordenará cancelar las correspondientes inscripciones en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces, resolución que se notificará por el estado diario.

La Comisión estimó pertinente reemplazar la oración “declarará libres las aguas” por “lo declarará extinguido”, toda vez que el procedimiento, en último término, culmina con la extinción del derecho.

Con esta modificación y otra de redacción, votaron favorablemente el precepto los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

Artículo 129 bis 16

Su texto es el que a continuación se transcribe:

“Artículo 129 bis 16.- Una cantidad igual al 75% del producto neto de las patentes por no utilización de los derechos de aprovechamiento y de lo recaudado en los remates de estos últimos, será distribuida, a contar del ejercicio presupuestario correspondiente al cuarto año posterior al de publicación de esta ley, entre las regiones y comunas del país en la forma que a continuación se indica:

a) El 65% de dichos producto neto y recaudación por remates se incorporará a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que anualmente le corresponda, en el Presupuesto Nacional, a la Región donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento.

b) El 10% restante se distribuirá entre las municipalidades de las comunas donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento.

La proporción de la cantidad señalada en la letra a) anterior, que corresponda a cada Región, se determinará como el cuociente entre el monto recaudado por patentes y remates correspondiente a la Región en donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento y el monto total recaudado por estos conceptos en todas las Regiones del país. Igual criterio se aplicará tratándose de las municipalidades a que se refiere la letra b). En este último caso, si un derecho de aprovechamiento se encuentra situado en el territorio de dos o más comunas, la Dirección General de Aguas determinará la proporción que le corresponderá a cada una de ellas, dividiendo el monto correspondiente a prorrata de la superficie de cada comuna comprendida en la extensión territorial del derecho de aprovechamiento.

La Ley de Presupuestos incluirá, en los presupuestos de los Gobiernos Regionales y municipalidades que correspondan, las cantidades que resulten de la aplicación de los incisos anteriores.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por producto neto las cantidades que resulten de restar a la recaudación bruta, obtenida de la aplicación de las patentes que establecen los artículos 129 bis 4, 129 bis 5 y 129 bis 6, las sumas imputadas al pago de impuestos fiscales en la forma dispuesta en el artículo 129 bis 17, ambos valores correspondientes al período de doce meses, contado hacia atrás desde el mes de junio del año anterior al de vigencia de la Ley de Presupuestos que incluya la distribución que proceda de acuerdo a esta disposición.”

El señor Director de Aguas explicó que esta disposición es análoga a la que regula la distribución de los fondos que se recaudan por concepto de patentes mineras. Afirmó que tal mecanismo ha probado ser adecuado y ajustado a las disposiciones constitucionales.

La Comisión aprobó la norma con algunos ajustes de redacción y concordancia, por la mayoría de sus miembros, HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra, se pronunciaron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

Artículo 129 bis 17

Su texto es el siguiente:

“Artículo 129 bis 17.- El valor de las patentes no se considerará como gasto para efectos de la Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, no siéndole aplicable lo dispuesto en el artículo 21 de dicha ley.

Sin embargo, las cantidades pagadas por concepto de patentes por los titulares de derechos de aprovechamiento durante los años anteriores a aquel en que se inicie la utilización de las aguas, podrán imputarse a cualquier clase de impuesto fiscal de declaración y pago mensual, en la forma que determine el Ministerio de Hacienda mediante decreto. Para estos efectos, dichas cantidades serán reajustadas de acuerdo a la variación que haya experimentado el Indice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior a la fecha de ingreso del pago en arcas fiscales y el último día del mes anterior a la fecha de la imputación.”

Respondiendo una consulta del H. Senador señor Hamilton, los personeros de Gobierno explicaron que esta redacción fue sugerida por el Ministerio de Hacienda, el que, a su turno, tuvo como base la norma correspondiente de la legislación minera.

El mismo señor Senador precisó que la potestad reglamentaria está entregada al Presidente de la República, por lo que debe ajustarse la redacción del precepto en el sentido de precisar que el decreto a que alude el inciso segundo se dicta por el señalado Ministerio, por orden del Primer Mandatario.

Con esta enmienda, el precepto fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión, HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra, se pronunciaron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

Artículo 129 bis 18

Este artículo reza así:

“Artículo 129 bis 18. Respecto a los derechos no consuntivos, se determinará el número de años en que se ha pagado la patente y que podrán imputarse en la forma señalada en el artículo anterior, mediante la siguiente tabla, cuyos tramos se determinan multiplicando el valor del caudal no utilizado, expresado en metros cúbicos por segundo, por el valor de la diferencia de nivel entre los puntos de captación y de restitución expresada en metros, siendo aplicable a este respecto lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto de la letra a) del artículo 129 bis 4:

a) Tres años, si el producto de la multiplicación de dichos factores es inferior a diez mil;

b) Cuatro años, si el producto de la multiplicación resulta entre diez mil y treinta mil, ambas cifras inclusive, y

c) Cinco años, si el producto de la multiplicación resulta en un valor superior a treinta mil.

Respecto a los derechos consuntivos, se consideran tres años.”.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que esta norma regula lo prescrito por la disposición precedente. Explicaron que los montos a devolver serán aquéllos pagados en la cantidad de años anteriores al inicio del aprovechamiento de las aguas, para lo cual se aplica la tabla que este mismo precepto contempla.

La fijación de los tramos se efectúa mediante operaciones que consideran el valor del caudal no utilizado y el valor del desnivel entre los puntos de captación y de restitución de las aguas. Lo anterior, continuaron, obedece a lo que en definitiva determina la potencia de una central hidroeléctrica es la altura de caída del agua multiplicada por el total de agua que cae.

De acuerdo a estos elementos, si el producto de la correspondiente operación resulta inferior a 10.000, la imputación podrá hacerse por las sumas pagadas por patentes en los últimos tres años, y así sucesivamente.

Todo lo anterior, afirmaron, parte de una distinción según la capacidad de los respectivos proyectos, de manera de dar un plazo más amplio a los de mayor envergadura. Así, por ejemplo, dijeron que el tramo de cinco años corresponde a una central de hasta 500 mega watts.

A continuación, pusieron en conocimiento de la Comisión que las centrales que se pretende construir en la XI Región -por los caudales comprometidos y las correspondientes diferencias de altura- podrían ser de hasta 800 mega watts y necesitar para su construcción y, por tanto, para empezar a aprovechar el agua, un plazo superior a cinco años. En estas circunstancias, les parece adecuado considerar estos nuevos proyectos y agregar a la norma dos nuevos tramos, uno de los cuales será de seis años y otro de siete, éste último destinado a centrales de más de 700 mega watts.

Como ejemplo, expusieron el caso de una central de aquéllas que corresponden a la letra c). En esa situación, si estamos en el año 2000 y recién se inicia el funcionamiento de la central el año 2010, se podrá recuperar lo pagado por patente solamente en los últimos 5 años, es decir, no se recupera todo, sino que lo pagado en un período determinado, señalado por la norma para cada caso. Concluyeron sosteniendo que este es una especie de período de gracia porque, si bien se paga la patente, luego se recupera. Pero si no se construye y no se utilizan las aguas, no procede la devolución.

Acogiendo la proposición de incorporar los referidos dos nuevos tramos, esta norma fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión, HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra, votaron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

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Número 9

Este número 9 reemplaza el artículo 140 del Código de Aguas por el siguiente:

"Artículo 140.- La solicitud para adquirir el derecho de aprovechamiento deberá contener:

1. El nombre del álveo de las aguas que se necesitan aprovechar, su naturaleza, esto es, si son superficiales o subterráneas, corrientes o detenidas y la provincia en que estén ubicadas o que recorren.

En caso de aguas subterráneas, se individualizará la comuna en que se ubicará la captación y el área de protección que se solicita;

2. La cantidad de agua que se necesita extraer, expresada en medidas métricas y de tiempo;

3. El o los puntos donde se desea captar el agua.

En el caso en que la captación se efectúe mediante un embalse o barrera ubicados en el álveo, se entenderá por punto de captación aquel que corresponda a la intersección del nivel de aguas máximas de dicha obra con la corriente natural;

4. Si el derecho es consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado con otras personas.

Las solicitudes para usos no consuntivos indicarán, además, el punto de restitución de las aguas y la distancia y desnivel entre la captación y la restitución, y

5. La solicitud deberá ser acompañada de una memoria explicativa en la cual se justifique la cantidad de agua que se necesitará extraer, según el uso o destino que se dará a ella; y de los demás antecedentes que exija la naturaleza del derecho que se solicita, siempre que ellos estén relacionados con los anteriores.".

El Jefe del Departamento Legal de la Dirección de Aguas destacó que las modificaciones que se proponen a esta disposición reflejan una de las ideas centrales del proyecto en orden a evitar que las aguas sobre las que se constituyen derechos sean desaprovechadas.

Para estos efectos, informó, se reemplaza en este precepto el enfoque con que se concibe la petición de derechos de aprovechamiento de manera que el interesado no pida más que los que efectivamente necesita y fundamente, por tanto, técnicamente su petición.

Se agrega, por ello, como exigencia adicional a la solicitud una memoria explicativa que justifique adecuadamente la cantidad de agua pedida.

El H. Senador señor Viera-Gallo propuso mantener en el nuevo precepto la mención al modo de extraer las aguas, que el proyecto omite, lo que fue acogido.

En esta forma, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros, HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri, Hamilton y Larraín, aprobó la disposición, introduciéndole, adicionalmente, algunas enmiendas de redacción.

Número 10

Este numeral elimina el inciso final del artículo 141.

Dicho inciso menciona los presupuestos básicos para que se constituya un derecho de aprovechamiento de aguas.

Como se ha explicado, el proyecto cambia sustancialmente tanto el procedimiento como los requisitos para constituir estos derechos, materia de la cual se ocuparán otras disposiciones que se proponen más adelante. Por esta razón, este inciso queda sin objeto.

Este número fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión, HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra, se pronunció el H. Senador señor Díez. El H. Senador señor Larraín se abstuvo.

Número 11

Reemplaza, en el inciso primero del artículo 142, la expresión "inciso 3º del artículo anterior" por "inciso final del artículo anterior".

Tratándose ésta de una enmienda de concordancia respecto de las modificaciones anteriores, la Comisión la aprobó con la misma votación del numeral anterior.

Número 12

El mencionado número intercala un artículo 147 bis, nuevo, a continuación del artículo 147, del siguiente tenor:

"Artículo 147 bis.- El derecho de aprovechamiento de aguas se constituirá mediante resolución de la Dirección General de Aguas; o bien, mediante Decreto Supremo del Presidente de la República, en el caso previsto en el artículo siguiente.

El Director General de Aguas podrá, mediante resolución fundada, denegar o limitar las solicitudes de derecho de aprovechamiento, en los siguientes casos:

1. Si no se diese cumplimiento a los requisitos legales o reglamentarios;

2. Si no existiere disponibilidad del recurso;

3. Si no se hubiese justificado la cantidad de agua que se necesita extraer atendidos los fines invocados por el peticionario.

Para la aplicación de esta causal, será necesario que previamente se dicte un reglamento, que establezca relaciones técnicas objetivas entre usos de agua y caudales requeridos, y

4. Si previa proposición de la Dirección General de Aguas, el Consejo Regional correspondiente al lugar donde se solicita captar las aguas, resolviere que el derecho de aprovechamiento debe ser denegado o limitado, por ser necesario reservar el recurso al abastecimiento de la población o a determinadas actividades productivas que se califiquen como relevantes para la estrategia de desarrollo regional, por no existir otras alternativas de abastecimiento técnica y económicamente factibles. El pronunciamiento del Consejo Regional deberá emitirse dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde su notificación. Si así no ocurriere, se entenderá que se aprueba la proposición de la Dirección General de Aguas.

Finalmente, el Director General de Aguas podrá, en circunstancias excepcionales y en virtud de condicionantes hidrológicas, constituir el derecho de aprovechamiento en modalidades distintas a como fue solicitado siempre, que conste el consentimiento del interesado.”.

El H. Senador señor Larraín expresó preocupación en relación a la participación que se concede al Consejo Regional para denegar o limitar derechos en determinadas circunstancias. En efecto, agregó, la amplitud de los términos en que se consagra la atribución podría dar lugar, en su opinión, a eventuales arbitrariedades.

El Jefe del Departamento Legal de la Dirección de Aguas contestó señalando que la redacción de esta norma obedece a la realidad observada en la práctica en cuanto a que la autoridad regional carece de atribuciones para solucionar problemas de tanta importancia como es garantizar el abastecimiento de agua a la comunidad. Por otra parte, hizo notar que la propia Carta Fundamental encomienda a los Gobiernos Regionales la aprobación de los planes de desarrollo regional.

Planteó que estableciendo un quórum calificado para adoptar esta decisión se evita el riesgo de la arbitrariedad que se ha advertido.

En cuanto al inciso final, explicó que, simplemente, evita dudas acerca del alcance de las facultades de la Dirección General de Aguas, puesto que recoge criterios que la propia Contraloría General de la República ha emitido a este respecto.

El H. Senador señor Hamilton expuso que le parece muy razonable la atribución que se entrega al Consejo Regional, al tiempo que da equilibrio a las facultades de la Dirección General de Aguas.

Este número fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión, HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra, se pronunció el H. Senador señor Díez. El H. Senador señor Larraín se abstuvo.

Número 13

Este número reemplaza, en el artículo 148, la frase "inciso tercero del artículo 141" por "inciso final del artículo 141".

Siendo la presente una modificación de mera concordancia, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión, HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra, se pronunció el H. Senador señor Díez. El H. Senador señor Larraín se abstuvo.

Número 14

El mencionado numeral sustituye el artículo 149 del Código de Aguas, por el siguiente:

"Artículo 149.- El acto administrativo en cuya virtud se constituye el derecho contendrá:

1. El nombre del adquirente;

2. El nombre del álveo o individualización de la comuna en que se encuentre la captación de las aguas subterráneas que se necesita aprovechar y el área de protección;

3. La cantidad de agua que se autoriza extraer, expresada en la forma prevista en el artículo 7º de este Código;

4. El o los puntos precisos donde se captará el agua;

5. El desnivel y puntos de restitución de las aguas si se trata de usos no consuntivos, y

6. Si el derecho es consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado con otras personas.

El Director General de Aguas estará facultado para establecer, en el acto de constitución, especificaciones técnicas, condiciones, plazos, prohibiciones u otras modalidades y limitaciones que afecten el derecho.".

El H. Senador señor Larraín observó, en primer lugar, la conveniencia de mantener la mención al modo de extraer las aguas que la disposición vigente exige consignar en la resolución que constituye el derecho.

En segundo término, reparó la facultad conferida al Director General de Aguas para constituir derechos sujetos a limitaciones o condiciones distintas a las solicitadas, porque ello podría desnaturalizar el derecho solicitado.

El H. Senador señor Aburto coincidió con el planteamiento anterior.

El señor Subsecretario de Obras Públicas expresó comprender las señaladas aprensiones pero, al mismo tiempo, enfatizó la conveniencia de mantener el objetivo de la norma.

Lo anterior, añadió, sin perjuicio de precisar que esta atribución la ejercerá el Director General de Aguas a fin de conservar el medio el ambiente o proteger derechos de terceros.

Acogiendo la incorporación de los referidos criterios, esta norma fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri, Hamilton y Larraín.

Número 15

Reemplaza, en el artículo 186, la expresión "canal matriz" por "caudal matriz".

Esta modificación fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri, Hamilton y Larraín.

Número 16

Este número propone agregar al artículo 196 un inciso final, nuevo.

El artículo 196 forma parte del Título III del Libro II referido a las organizaciones de usuarios de aguas.

Su inciso primero establece que las comunidades se entenderán organizadas por su registro en la Dirección General de Aguas.

Los incisos segundo y tercero regulan algunos efectos del registro.

El texto del nuevo inciso que se propone agregar es del siguiente tenor:

"Las comunidades de aguas que hayan cumplido con este requisito gozarán de personalidad jurídica y les serán aplicables las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con excepción de los artículos 560, 562, 563 y 564.".

El H. Senador señor Larraín dejó constancia de su inquietud en cuanto a que los términos utilizados en este precepto pueden llevar a confusiones, toda vez que la denominación “comunidad” es utilizada en nuestro ordenamiento general para referirse precisamente a entidades que carecen de personalidad jurídica.

Sobre el particular, el Director General de Aguas hizo presente que en el ámbito del Derecho de Aguas la comunidad es un tipo de organización tradicional, que ha tenido un amplio desarrollo, cuya existencia no perjudica ni se confunde con las funciones de las asociaciones de canalistas ni las de las juntas de vigilancia, como tampoco con las de otro tipo de entidades de Derecho Civil.

Agregó que dotar de personalidad jurídica a estas comunidades responde a una larga aspiración de sus miembros y a una comprensible necesidad, ya que contar con este instrumento les permitirá, entre otras cosas, acceder a beneficios de especial importancia para ellas.

Con la explicación anterior, este número fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri, Hamilton y Larraín.

Número 17

Reemplaza la letra c) del artículo 299.

El señalado artículo enumera las atribuciones y funciones especiales de la Dirección General de Aguas.

Su letra c) la faculta para ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público e impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización previa del servicio o autoridad a quien corresponda aprobar su construcción o autorizar su demolición o modificación.

A ella, el texto aprobado por la Comisión de Obras Públicas agrega la atribución de impedir que se extraigan aguas de los mismos cauces sin título o en mayor cantidad de lo que corresponda, prescribiendo que podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 del Código.

La Comisión aprobó este número acordando, sin embargo, desglosar en dos literales las facultades contenidas en esta letra, de manera que el recurso a la fuerza pública proceda solamente para impedir la extracción ilegal de agua.

Como consecuencia de lo anterior, la actual letra d) del artículo 299 pasaría a ser letra e), reemplazándose en ésta la expresión “juntas de vigilancia” por “organizaciones de usuarios”, en coherencia con otras modificaciones introducidas por el proyecto.

La aprobación contó con la unanimidad de los miembros de la Comisión, HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri, Hamilton y Larraín.

Número 18

Este número sustituye el artículo 1º transitorio del Código de Aguas, por el siguiente:

"Artículo 1º transitorio.- Los derechos de aprovechamiento inscritos en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente y que en posteriores transferencias o transmisiones no lo hubieren sido, podrán regularizarse mediante la inscripción de los títulos correspondientes desde su actual dueño hasta llegar a la inscripción de la cual proceden.

Si el Conservador rehusare practicar la inscripción solicitada, el interesado ocurrirá al juez de letras competente, quien deberá solicitar informe de la Dirección General de Aguas y, en todo caso, tener a la vista los siguientes documentos: copia autorizada de la inscripción de dominio del inmueble a nombre del interesado, en el cual se aprovechen las aguas, con certificado de vigencia de no más de treinta días de expedido; certificados emanados de la respectiva organización de usuarios en que conste la calidad de miembro activo de ella, y otros documentos que acrediten el uso efectivo del agua. La solicitud respectiva deberá publicarse en la forma y términos previstos en el artículo 131 de este Código y los terceros que se sientan afectados en sus derechos podrán oponerse a dicha presentación dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de la última publicación.".

La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri, Hamilton y Larraín, aprobó este número con diversas enmiendas menores de redacción.

Número 19

Reemplaza, en el inciso primero del artículo 13 transitorio, la frase "artículo 12 del presente Código" por "artículo 112 del presente Código".

Este número fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri, Hamilton y Larraín.

ARTÍCULO 2º

El artículo 2º del proyecto faculta, en su inciso primero, al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, fije el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código de Aguas.

Su inciso segundo prevé que, en el ejercicio de esta facultad, el Primer Mandatario no podrá alterar la redacción de artículos que contengan preceptos de rango orgánico constitucional o de quórum calificado, sino que sólo se limitará a establecer o concordar la numeración de los artículos según el orden correlativo que corresponda.

Este artículo fue aprobado unánimemente por los miembros de la Comisión, HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri, Hamilton y Larraín.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º

Establece que los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año subsiguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente, que se regirá por las reglas establecidas en el artículo 129 bis 4 del Código de Aguas.

Acogiendo una sugerencia del Director General de Aguas, la Comisión acordó reemplazar la frase “subsiguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley” por el guarismo “2001”.

Este artículo, enmendado en la forma descrita, fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión, HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra votaron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

Artículo 2º

Este precepto dispone que los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año subsiguiente al de la entrada en vigencia de esta ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de la patente que se ha descrito anteriormente.

El Director General de Aguas propuso introducir en este artículo la misma modificación efectuada a la norma anterior.

La Comisión aprobó esta norma en la forma sugerida, por la mayoría de sus miembros, HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra votaron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

Artículo 3º

Esta norma estatuye que los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año subsiguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente, que se regirá por la norma establecida en el artículo 129 bis 6 del proyecto.

Consecuentemente con las razones expresadas por la mayoría a propósito del señalado artículo 129 bis 6, también referido a los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual, que fuera rechazado, se desechó esta disposición. Votaron a favor los HH. Senadores señores Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Aburto, Díez y Larraín.

Artículo 4º

Este artículo dispone que las solicitudes de derechos de aprovechamiento que se encuentren pendientes, deberán ajustarse a las disposiciones de esta ley, para lo cual el Director General de Aguas requerirá de los peticionarios los antecedentes e informaciones que fueren necesarios.

El H. Senador señor Aburto advirtió que este precepto puede dar lugar a situaciones injustas, ya que las solicitudes que se encuentren en curso deben resolverse según las normas vigentes al momento en que ellas fueron presentadas. El H. Senador señor Díez, coincidiendo con el planteamiento anterior, agregó que el estatuto que regía la concesión de derechos de aprovechamiento en la oportunidad en que se inició la tramitación de la solicitud se entiende incorporado al patrimonio del solicitante. En consecuencia, en su parecer, las modificaciones posteriores a dicha normativa no le son aplicables.

El H. Senador señor Larraín indicó que la situación de las solicitudes pendientes debe quedar entregada a las normas generales que regulan la entrada en vigencia de las leyes procesales y que, en consecuencia, podría eliminarse este artículo.

Puesto en votación, ésta arrojó el siguiente resultado: dos votos a favor, dos en contra y una abstención. Votaron a favor los HH. Senadores señores Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín. Se abstuvo el H. Senador señor Aburto. Repetida la votación en virtud de lo dispuesto por el artículo 182 del Reglamento de la Corporación, la norma fue rechazada por dos votos a favor y tres en contra. Por la afirmativa estuvieron los HH. Senadores señores Gazmuri y Hamilton. En contra votaron los HH. Senadores señores Aburto, Díez y Larraín.

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Terminada la discusión particular del proyecto, como una forma de agilizar su despacho y precaver dudas en cuanto a la iniciativa de las modificaciones propuestas, el señor Ministro de Obras Públicas sugirió recogerlas en un mensaje de indicaciones del Ejecutivo.

Conocidas éstas, vuestra Comisión las aprobó, efectuando enmiendas formales en el texto de los artículos 129 bis; 129 bis 2; 129 bis 4; 129 bis 5; 129 bis 8; 129 bis 10 y 129 bis 15, contenidos en el número 8, y 147 bis, contenido en el número 12. Asimismo, introdujo sendas precisiones en los textos propuestos para los números 9, nuevo; 18 y 19. Este documento excluyó los acuerdos adoptados respecto a los artículos 129 bis 6 y 3º y 4º transitorios, con los cuales el Gobierno no coincidió.

MODIFICACIONES PROPUESTAS

En conformidad a los acuerdos precedentemente consignados, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento os propone aprobar el proyecto despachado por la Comisión de Obras Públicas del Senado, con las siguientes enmiendas:

ARTÍCULO 1º

Número 1

Reemplazar el inciso final, nuevo, propuesto para el artículo 6º, por el siguiente:

“Si el titular renunciare total o parcialmente a su derecho de aprovechamiento, deberá hacerlo mediante escritura pública que se inscribirá o anotará, según corresponda, en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente. El Conservador de Bienes Raíces informará de lo anterior a la Dirección General de Aguas, en los términos previstos por el artículo 122.”.

Número 2

Introducir las siguientes enmiendas en el texto propuesto para el artículo 22:

a) En el inciso primero, reemplazar la expresión “construidos por el Estado” por “estatales”, y

b) En el inciso segundo, intercalar la palabra “existentes,”, seguida de una coma (,) entre los vocablos “derechos” y “constituidos”.

Número 3

Reemplazar su letra a) , por la siguiente:

“a) Reemplázase el número 4 por el siguiente:

“4. Las escrituras públicas que contengan el acto formal del otorgamiento definitivo de un derecho de aprovechamiento, así como las que contengan la renuncia a tales derechos;”.”.

Número 4

Reemplazar el texto del artículo 115 bis por el siguiente:

"Artículo 115 bis. Deberán inscribirse en los Registros de Hipotecas y Gravámenes y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar relativos a las aguas, las condiciones suspensivas o resolutorias del dominio de los derechos de aprovechamiento o de otros derechos reales constituidos sobre ellos, así como todo impedimento o prohibición referente a derechos de aprovechamiento, sea convencional, legal o judicial que embarace o limite, de cualquier modo, el libre ejercicio de la facultad de enajenarlos.".

Número 6

Sustituir en el inciso tercero, nuevo, que se propone para el artículo 122, la expresión “el Registro de Aguas” por “los Registros de Aguas correspondientes”.

Número 8

Intercalar en los Títulos X y XI, nuevos, las siguientes enmiendas:

Título X

De la Protección de las Aguas y Cauces

Artículo 129 bis

Sustituir su texto por el siguiente:

“Artículo 129 bis. Las aguas provenientes de obras de recuperación de terrenos húmedos o pantanosos deberán ser vertidas al cauce receptor natural de las mismas, si de la ejecución de dichas obras resultare perjuicio para terceros. De no ser posible lo anterior, ellas serán vertidas a cauces artificiales, con autorización de sus propietarios, o a otros cauces naturales. En este último caso, deberá obtenerse autorización de la Dirección General de Aguas en conformidad al Párrafo 1º del Título I del Libro II de este Código.”.

Artículo 129 bis 1

Reemplazarlo por el que sigue:

“Artículo 129 bis 1. Al constituir los derechos de aprovechamiento de aguas, la Dirección General de Aguas garantizará la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente, debiendo, en especial, asegurar un caudal ecológico mínimo.

El caudal ecológico mínimo no podrá ser superior al veinte por ciento del caudal medio anual de la respectiva fuente superficial. El Presidente de la República reglamentará la forma de precisarlo.

En casos calificados, el Presidente de la República podrá, mediante decreto fundado, fijar caudales ecológicos mínimos diferentes, sin atenerse a la limitación establecida en el inciso anterior.”.

Artículo 129 bis 2

Sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 129 bis 2. La Dirección General de Aguas podrá ordenar la inmediata paralización de las obras o labores que se ejecuten en los cauces naturales de aguas corrientes o detenidas que no cuenten con la autorización competente y que pudieren ocasionar perjuicios a terceros, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código, previa autorización del juez de letras competente en el lugar en que se realicen dichas obras.”.

Artículo 129 bis 3

Reemplazar su oración final por la siguiente:

“La información que se obtenga será pública y deberá proporcionarse a quien la solicite.”.

Título XI

Del Pago de una Patente por la No Utilización de las Aguas

Artículo 129 bis 4

Introducirle las siguientes enmiendas:

a) Intercalar, en su párrafo primero, la palabra “anual” entre los términos “patente” y “a beneficio”;

b) Intercalar en el párrafo tercero de su letra a) el vocablo “medio” entre los términos “caudal” y “no utilizado”;

c) Dividir su letra b) en los literales b) y c), cuyo tenor es el siguiente:

“b) Entre los años sexto y décimo inclusive, contados desde que se haya constituido o reconocido el derecho en conformidad a la ley, la patente calculada de acuerdo con la letra anterior se multiplicará por el factor 3, y

c) Desde el año undécimo de su constitución o reconocimiento en adelante, se multiplicará por el factor 9.”, y

d) Mantener el texto del actual literal c) como inciso final, intercalando el vocablo “medios” entre los términos “volúmenes” y “por unidad de tiempo”.

Artículo 129 bis 5

Introducirle las siguientes modificaciones:

a) Intercalar, en su párrafo primero, la palabra “medios” entre el término “caudales” y la coma (,) que la sigue y la voz “anual” entre los vocablos “patente” y “a beneficio”;

b) Dividir su letra b) en los literales b) y c), cuyo tenor es el siguiente:

“b) Entre los años sexto y décimo inclusive, contados desde que se haya constituido o reconocido el derecho en conformidad a la ley, la patente calculada de acuerdo con la letra anterior se multiplicará por el factor 2, y

c) Desde el año undécimo de su constitución o reconocimiento en adelante, se multiplicará por el factor 4.”, y

c) Mantener el texto del actual literal c) como inciso final, intercalando el vocablo “medios” entre los términos “volúmenes” y “por unidad de tiempo”.

Artículo 129 bis 6

Suprimirlo, pasando el siguiente a ser 129 bis 6 y así sucesivamente.

Artículo 129 bis 7

Ha pasado a ser artículo 129 bis 6, sin enmiendas.

Artículo 129 bis 8

Ha pasado a ser artículo 129 bis 7, reemplazándose su texto por el siguiente:

“Artículo 129 bis 7. Corresponderá al Director General de Aguas determinar los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no se encuentren total o parcialmente utilizadas. Tal determinación se efectuará en base a la información disponible al 31 de agosto de cada año.”.

Artículo 129 bis 9

Ha pasado a ser artículo 129 bis 8, sustituyéndose su texto por el que sigue:

“Artículo 129 bis 8. Se presumirá que las aguas están siendo utilizadas total o parcialmente si existen las obras de captación de las mismas. En el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, deberán existir también las obras necesarias para su restitución.

La presunción a que se refiere el inciso anterior se aplicará en proporción al caudal correspondiente a la capacidad de captación o de restitución de tales obras.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por obras de captación en corrientes naturales aquéllas que permitan incorporar las aguas a los canales o a otras obras de conducción, aun cuando tales obras sean de carácter temporal y se renueven periódicamente.”.

Artículo 129 bis 10

Ha pasado a ser artículo 129 bis 9, sin modificaciones.

Artículo 129 bis 11

Ha pasado a ser artículo 129 bis 10, reemplazándose su texto por el que sigue:

“Artículo 129 bis 10. Si el titular del derecho de aprovechamiento no pagare la patente dentro del plazo indicado en el artículo 129 bis 6, se iniciará un procedimiento judicial para su cobro.

La ejecución de la obligación de pagar la patente sólo podrá hacerse efectiva sobre el respectivo derecho de aprovechamiento.

No obstante, el Presidente de la República, a petición fundada de la Dirección General de Aguas, podrá, en circunstancias excepcionales y de interés general, disponer que el derecho de aprovechamiento, en todo o en parte, no sea objeto del procedimiento señalado en el inciso primero. En tal caso, declarará su extinción y ordenará la cancelación de las inscripciones respectivas en la proporción que corresponda.

El decreto del Presidente de la República que declare la extinción del derecho se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, el día primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediatamente siguiente si aquéllos fueren feriados.

El afectado podrá reclamar de dicho decreto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de su publicación.

Una vez que el decreto correspondiente se encuentre firme, el juez competente según lo señalado en el inciso segundo del artículo siguiente, determinará la indemnización que el Fisco deba pagar al titular del derecho de aprovechamiento extinguido, descontando, en todo caso, el valor de la patente adeudada. Al resolver sobre esta indemnización, el juez deberá considerar el daño patrimonial efectivamente causado.”.

Artículo 129 bis 12

Ha pasado a ser artículo 129 bis 11, sustituyéndose su texto por el que sigue:

“Artículo 129 bis 11. Antes del 1 de junio de cada año, el Tesorero General de la República enviará a los juzgados competentes la nómina de los derechos de aprovechamiento de aguas cuyas patentes no hayan sido pagadas, especificando su titular y el monto adeudado. La Dirección General de Aguas velará por el cumplimiento de esta disposición y prestará su colaboración a la Tesorería General de la República. Esta nómina constituirá título ejecutivo.

Será juez competente para conocer del procedimiento de remate el de la comuna donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento. Si hubiere más de uno, lo será el que estuviere de turno al tiempo de la recepción de la nómina a que se refiere el inciso anterior.”.

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Artículos 129 bis 12,

129 bis 13 y 129 bis 14, nuevos

Incorporar los siguientes artículos 129 bis 12, 129 bis 13 y 129 bis 14, nuevos, a continuación del artículo 129 bis 11, pasando los actuales a ser artículos 129 bis 15, 129 bis 16 y 129 bis 17, respectivamente:

“Artículo 129 bis 12. El juez despachará el mandamiento de ejecución y embargo mediante una providencia que estampará en la nómina indicada en el artículo anterior.

Este podrá dirigirse contra todos los deudores a la vez y no será susceptible de recurso alguno.

El embargo sólo podrá recaer en el derecho de aprovechamiento objeto de las patentes adeudadas.

Artículo 129 bis 13. La notificación de encontrarse en mora, así como el requerimiento de pago, se harán a la persona que figure como propietaria del derecho de aprovechamiento en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo y podrán dirigirse contra uno o varios deudores a la vez.

La notificación y el requerimiento señalados en el inciso anterior se entenderán realizados por la publicación de la resolución que contenga el requerimiento de pago en el Diario Oficial el día primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediatamente siguiente si aquéllos fueren feriados, y, en forma destacada, en un diario o periódico de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la región correspondiente. El costo de esta publicación será de cargo de la Tesorería General de la República.

El derecho de aprovechamiento objeto de la patente adeudada se entenderá embargado por el solo ministerio de la ley, desde el momento en que se efectúe el requerimiento de pago.

Artículo 129 bis 14. El deudor podrá oponerse a la ejecución dentro del plazo de diez días contado desde la fecha de las publicaciones señaladas en el artículo anterior.

La oposición sólo será admisible cuando se funde en alguna de las siguientes excepciones:

1º Pago de la deuda, siempre que conste por escrito;

2º Prescripción de la deuda;

3º Remisión de la deuda, o

4º Cosa juzgada.

El tribunal deberá pronunciarse dentro de tercero día de deducida la oposición. El recurso de apelación que se interponga en contra de la resolución que rechace las excepciones se concederá en el solo efecto devolutivo. El tribunal de segunda instancia sólo podrá ordenar la suspensión de la ejecución cuando la oposición se funde en el pago de la deuda que conste en un antecedente escrito. La apelación que se interponga en contra de la resolución que acoja las excepciones, se concederá en ambos efectos.

Si se acogieren parcialmente las excepciones, proseguirá la ejecución por el monto que determine el tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente.”.

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Artículo 129 bis 13

Ha pasado a ser artículo 129 bis 15.

Reemplazarlo por el que sigue:

“Artículo 129 bis 15. Si transcurriere el plazo que el deudor tiene para oponerse a la ejecución sin que lo hubiere hecho o, habiendo deducido oposición, ésta fuere rechazada, el juez dictará una resolución señalando día y hora para el remate, la que se publicará, junto a la nómina de derechos a subastar, por una sola vez en un diario o periódico de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la región correspondiente. El costo de esta publicación será de cargo de la Tesorería General de la República.

El remate no podrá efectuarse antes de los treinta días siguientes a la fecha del aviso.

Los errores u omisiones en la publicación señalada en el inciso primero podrán ser rectificados antes del remate, a solicitud de cualquiera que tenga interés en ello o de la Dirección General de Aguas. El juez resolverá con conocimiento de causa. Las rectificaciones se publicarán en igual forma que la publicación original y el remate se postergará para una fecha posterior en treinta días, a lo menos, a la última publicación.

El secretario del tribunal pondrá testimonio en los autos de haberse publicado los avisos en la forma y oportunidad señaladas.

El mínimo de la subasta será el valor de las patentes adeudadas y el titular del derecho podrá liberarlo pagando dicho valor más un cincuenta por ciento del mismo.

Todo postor, para tomar parte en el remate, deberá rendir caución suficiente a beneficio fiscal, calificada por el tribunal, sin ulterior recurso, para responder que se llevará a efecto el pago de los derechos de aprovechamiento rematados. La garantía será equivalente al diez por ciento de la suma adeudada y subsistirá hasta que se otorgue la escritura definitiva de adjudicación.

Si el adjudicatario no enterare el precio de la subasta dentro del plazo de quince días contado desde la fecha del remate, la adjudicación quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley y el juez hará efectiva la garantía a beneficio fiscal, ordenando que los derechos de aprovechamiento sean nuevamente sacados a remate.

Si el producido excediere lo adeudado por concepto de patentes, gastos y costas, el remanente será entregado al ejecutado.”.

Artículo 129 bis 14

Ha pasado a ser artículo 129 bis 16, sin enmiendas.

Artículo 129 bis 15

Ha pasado a ser artículo 129 bis 17.

Sustituir la frase “declarará libres las aguas” por “lo declarará extinguido” y eliminar el vocablo “respectivo”.

Artículo 129 bis 16

Ha pasado a ser artículo 129 bis 18.

Introducirle las siguientes modificaciones:

a) Reemplazar en su letra b) la expresión ”tenga su oficio” por “sea competente”, y

b) Sustituir, en el párrafo cuarto de su letra b) la expresión “129 bis 4, 129 bis 5 y 129 bis 6,” por “129 bis 4 y 129 bis 5,” y “129 bis 17” por “siguiente”.

Artículo 129 bis 17

Ha pasado a ser artículo 129 bis 19.

Reemplazar su inciso segundo por el siguiente:

“Sin embargo, las cantidades pagadas por concepto de patentes por los titulares de derechos de aprovechamiento durante los años anteriores a aquél en que se inicie la utilización de las aguas, podrán imputarse a cualquier clase de impuesto fiscal de declaración y pago mensual, en conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente, en la forma que determine el Ministerio de Hacienda mediante decreto supremo expedido por orden del Presidente de la República. Para estos efectos, dichas cantidades serán reajustadas de acuerdo a la variación que haya experimentado el Indice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior a la fecha de ingreso del pago en arcas fiscales y el último día del mes anterior a la fecha de la imputación.”.

Artículo 129 bis 18

Ha pasado a ser artículo 129 bis 20.

Sustituir su texto por el siguiente:

“Artículo 129 bis 20. Respecto a los derechos no consuntivos, se determinará el número de años cuyos pagos podrán imputarse en los términos del artículo anterior, mediante la siguiente tabla, cuyos tramos se determinan multiplicando el valor del caudal no utilizado, expresado en metros cúbicos por segundo, por el valor de la diferencia de nivel entre los puntos de captación y de restitución expresada en metros, siendo aplicable a este respecto lo dispuesto en los párrafos cuarto y quinto de la letra a) del artículo 129 bis 4:

a) Tres años, si el producto de la multiplicación de dichos factores es inferior a diez mil;

b) Cuatro años, si el producto de la multiplicación resulta entre diez mil y treinta mil, ambas cifras inclusive;

c) Cinco años, si el producto de la multiplicación resulta entre más de treinta mil y menos de cincuenta mil;

d) Seis años, si el producto de la multiplicación resulta entre cincuenta mil y setenta mil, ambas cifras inclusive, y

e) Siete años, si el producto de la multiplicación resulta superior a setenta mil.

Respecto a los derechos consuntivos, podrán imputarse los pagos efectuados durante los tres años anteriores a aquél en que se inicie la utilización de las aguas.".

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Número 9, nuevo

Incorporar un numeral 9, nuevo, al artículo 1º del proyecto, pasando el actual número 9 a ser 10, y así sucesivamente. Su tenor es el siguiente:

“9.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 137 del Código de Aguas:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la palabra “respectiva,” seguida de una coma (,) por la expresión “del lugar en que se dictó la resolución que se impugna,” seguida de una coma (,), y

b) Agrégase, como inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero, el siguiente:

“Serán aplicables a la tramitación del recurso de reclamación, en lo pertinente, las normas contenidas en el Titulo XVIII del Libro I del Código de Procedimiento Civil, relativas a la tramitación del recurso de apelación en segunda instancia, debiendo, en todo caso, requerirse informe a la Dirección General de Aguas.”.”.

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Número 9

Ha pasado a ser número 10.

Reemplázase el texto del artículo 140, por el que sigue:

"Artículo 140. La solicitud para adquirir el derecho de aprovechamiento deberá contener:

1. El nombre del álveo de las aguas que se necesita aprovechar, su naturaleza, esto es, si son superficiales o subterráneas, corrientes o detenidas, y la provincia en que estén ubicadas o que recorren.

Tratándose de aguas subterráneas, se precisará la comuna en que se ubicará la captación y el área de protección que se solicita;

2. La cantidad de agua que se necesita extraer, expresada en medidas métricas y de tiempo;

3. El o los puntos donde se desea captar el agua.

Si la captación se efectúa mediante un embalse o barrera ubicado en el álveo, se entenderá por punto de captación aquél que corresponda a la intersección del nivel de aguas máximas de dicha obra con la corriente natural.

En el caso de los derechos no consuntivos, se indicará, además, el punto de restitución de las aguas y la distancia y desnivel entre la captación y la restitución;

4. El modo de extraer las aguas;

5. La naturaleza del derecho que se solicita, esto es, si es consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado con otras personas, y

6. Una memoria explicativa en la cual se justifique la cantidad de agua que se necesita extraer, según el uso o destino que se le dará, y se proporcionen los demás antecedentes que exija la naturaleza del derecho solicitado.".

Número 10

Ha pasado a ser número 11, sin enmiendas.

Número 11

Ha pasado a ser número 12, sin modificaciones.

Número 12

Ha pasado a ser número 13.

Reemplázase el texto del artículo 147 bis, nuevo, por el siguiente:

"Artículo 147 bis. El derecho de aprovechamiento de aguas se constituirá mediante resolución de la Dirección General de Aguas, o bien, mediante decreto supremo del Presidente de la República, en el caso previsto en el artículo siguiente.

El Director General de Aguas podrá, mediante resolución fundada, denegar o limitar las solicitudes de derechos de aprovechamiento, en los siguientes casos:

1. Si no se cumplieren los requisitos legales o reglamentarios;

2. Si no existiere disponibilidad del recurso;

3. Si no se hubiere justificado la cantidad de agua que se necesita extraer atendidos los fines invocados por el peticionario.

Para la aplicación de esta causal, será necesario que previamente se dicte un reglamento, que establezca relaciones técnicas objetivas entre usos del agua y caudales requeridos, y

4. Si, previa proposición de la Dirección General de Aguas, el Consejo Regional correspondiente al lugar donde se solicita captar las aguas resolviere, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros, que el derecho de aprovechamiento debe ser denegado o limitado, por ser necesario reservar el recurso para el abastecimiento de la población o para determinadas actividades productivas que se califiquen como relevantes para la estrategia de desarrollo regional, por no existir otras alternativas de abastecimiento técnica y económicamente factibles. El pronunciamiento del Consejo Regional deberá emitirse dentro del plazo de sesenta días hábiles contado desde su notificación. Si así no ocurriere, se entenderá que se aprueba la proposición de la Dirección General de Aguas.

Si en razón de la disponibilidad de agua no es posible constituir el derecho de aprovechamiento en las condiciones solicitadas, el Director General de Aguas podrá hacerlo en cantidad o con características diferentes, siempre que conste el consentimiento del interesado. Así, por ejemplo, será posible constituirlo en calidad de eventual o discontinuo, habiendo sido solicitado como permanente o continuo.”.

Número 13

Ha pasado a ser número 14, sin enmiendas.

Número 14

Ha pasado a ser número 15.

Introdúcense las siguientes modificaciones al texto del artículo 149 propuesto:

a) En el número 4, agregar, al final, antes del punto y coma (;) la expresión “y el modo de extraerla”, y

b) Reemplazar su inciso final por el siguiente:

“En el acto de constitución, el Director General de Aguas podrá establecer especificaciones técnicas, condiciones, limitaciones u otras modalidades que afecten el ejercicio del derecho, con el objeto de conservar el medio ambiente o proteger derechos de terceros.".

Número 15

Ha pasado a ser número 16, sin enmiendas.

Número 16

Ha pasado a ser número 17, sin modificaciones.

Número 17

Ha pasado a ser número 18.

Sustitúyese este número por el siguiente:

“18.- Reemplázanse las letras c) y d) del artículo 299, por las siguientes letras c), d) y e):

"c) Ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público e impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización previa del servicio o autoridad a quien corresponda aprobar su construcción o autorizar su demolición o modificación;

d) Impedir que se extraigan aguas de los mismos cauces sin título o en mayor cantidad de lo que corresponda. Para estos efectos, podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código, y

e) Supervigilar el funcionamiento de las organizaciones de usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en este Código.”.”.

Número 18

Ha pasado a ser número 19.

Reemplázase el texto del artículo 1º transitorio del Código de Aguas, por el siguiente:

"Artículo 1º transitorio. Los derechos de aprovechamiento inscritos en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente, cuyas posteriores transferencias o transmisiones no lo hubieren sido, podrán regularizarse mediante la inscripción de los títulos correspondientes desde su actual propietario hasta llegar a la inscripción de la cual proceden.

Si el Conservador rehusare practicar la inscripción solicitada, el interesado ocurrirá ante el juez de letras competente, quien solicitará informe a la Dirección General de Aguas y, además, tendrá a la vista copia autorizada de la inscripción de dominio a nombre del interesado del inmueble en el cual se aprovechen las aguas; certificado de vigencia del mismo; certificado de la respectiva organización de usuarios en que conste la calidad del solicitante como miembro activo de ella, así como otros documentos que acrediten el uso efectivo del agua. La solicitud deberá publicarse en la forma prevista en el artículo 131 de este Código y los terceros que se sientan afectados podrán oponerse dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de la última publicación.".

Número 19

Ha pasado a ser número 20, sin modificaciones.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º transitorio

Sustitúyese la frase “subsiguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley “ por el guarismo “2001”.

Artículo 2º transitorio

Reemplázase la frase “subsiguiente al de la entrada en vigencia de esta ley “ por el guarismo “2001”.

Artículo 3º transitorio

Se suprime.

Artículo 4º transitorio

Se elimina.

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Como consecuencia de las modificaciones precedentemente señaladas, el texto de la iniciativa quedaría como sigue

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1º.- Modifícase el Código de Aguas en la siguiente forma:

1.- Incorpórase, en el artículo 6º, el siguiente inciso final, nuevo:

“Si el titular renunciare total o parcialmente a su derecho de aprovechamiento, deberá hacerlo mediante escritura pública que se inscribirá o anotará, según corresponda, en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente. El Conservador de Bienes Raíces informará de lo anterior a la Dirección General de Aguas, en los términos previstos por el artículo 122.”.

2.- Reemplázase el artículo 22 por el siguiente:

"Artículo 22. La autoridad constituirá el derecho de aprovechamiento sobre aguas existentes en fuentes naturales y en embalses estatales, no pudiendo perjudicar ni menoscabar derechos de terceros.

El derecho de aprovechamiento se otorgará teniendo en consideración la explotación conjunta de los recursos superficiales y subterráneos de una misma cuenca u hoya hidrográfica y no podrá afectar los derechos existentes, constituidos o reconocidos con anterioridad sobre dichos recursos.".

3.- Modifícase el artículo 114 de la siguiente forma:

a) Reemplázase el número 4 por el siguiente:

“4. Las escrituras públicas que contengan el acto formal del otorgamiento definitivo de un derecho de aprovechamiento, así como las que contengan la renuncia a tales derechos;”, y

b) Reemplázase el número 7 por el siguiente:

"7. Las resoluciones judiciales ejecutoriadas que reconozcan la existencia o declaren la extinción total o parcial de un derecho de aprovechamiento.".

4.- Intercálase el siguiente artículo 115 bis, nuevo, a continuación del artículo 115:

"Artículo 115 bis. Deberán inscribirse en los Registros de Hipotecas y Gravámenes y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar relativos a las aguas, las condiciones suspensivas o resolutorias del dominio de los derechos de aprovechamiento o de otros derechos reales constituidos sobre ellos, así como todo impedimento o prohibición referente a derechos de aprovechamiento, sea convencional, legal o judicial que embarace o limite, de cualquier modo, el libre ejercicio de la facultad de enajenarlos.".

5.- Deróganse los números 2 y 4 del artículo 116.

6.- Agréganse al artículo 122 los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

"Para los efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes, los Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar copia autorizada a la Dirección General de Aguas, por carta certificada, de todas las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que practiquen en los Registros de Aguas correspondientes dentro del plazo de treinta días, contado desde la respectiva inscripción, subinscripción o anotación.

Los Conservadores que no cumplan con las obligaciones establecidas en este artículo serán sancionados con las penas previstas en el artículo 440 del Código Orgánico de Tribunales.".

7.- Reemplázase el artículo 129 por el siguiente:

"Artículo 129. El dominio sobre los derechos de aprovechamiento se extingue por las causas y en las formas establecidas en este Código y en el derecho común.".

8.- Intercálanse los siguientes Títulos X y XI, nuevos, en el Libro I, a continuación del artículo 129:

"TITULO X

DE LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y CAUCES

Artículo 129 bis.- Las aguas provenientes de obras de recuperación de terrenos húmedos o pantanosos deberán ser vertidas al cauce receptor natural de las mismas, si de la ejecución de dichas obras resultare perjuicio a terceros. De no ser posible lo anterior, ellas serán vertidas a cauces artificiales, con autorización de sus propietarios, o a otros cauces naturales. En este último caso, deberá obtenerse autorización de la Dirección General de Aguas en conformidad al Párrafo 1º del Título I del Libro II de este Código.

Artículo 129 bis 1. Al constituir los derechos de aprovechamiento de aguas, la Dirección General de Aguas garantizará la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente, debiendo, en especial, asegurar un caudal ecológico mínimo.

El caudal ecológico mínimo no podrá ser superior al veinte por ciento del caudal medio anual de la respectiva fuente superficial. El Presidente de la República reglamentará la forma de precisarlo.

En casos calificados, el Presidente de la República podrá, mediante decreto fundado, fijar caudales ecológicos mínimos diferentes, sin atenerse a la limitación establecida en el inciso anterior.

Artículo 129 bis 2. La Dirección General de Aguas podrá ordenar la inmediata paralización de las obras o labores que se ejecuten en los cauces naturales de aguas corrientes o detenidas que no cuenten con la autorización competente y que pudieren ocasionar perjuicios a terceros, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código, previa autorización del juez de letras competente en el lugar en que se realicen dichas obras.

Artículo 129 bis 3. La Dirección General de Aguas deberá establecer una red de estaciones de control de calidad, cantidad y niveles de las aguas tanto superficiales como subterráneas en cada cuenca u hoya hidrográfica. La información que se obtenga será pública y deberá proporcionarse a quien la solicite.

TITULO XI

DEL PAGO DE UNA PATENTE POR LA NO UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS

Artículo 129 bis 4. Los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente anual a beneficio fiscal. La patente se regirá por las siguientes reglas:

a) En los primeros cinco años, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente será equivalente, en unidades tributarias mensuales, al valor que resulte de la siguiente operación aritmética:

Valor anual de la patente en UTM=0,33xQxH.

El factor Q corresponderá al caudal medio no utilizado expresado en metros cúbicos por segundo, y el factor H, al desnivel entre los puntos de captación y de restitución expresado en metros.

Si la captación de las aguas se hubiere solicitado realizar a través de un embalse, el valor del factor H corresponderá, en todo caso, al desnivel entre la altura máxima de inundación y el punto de restitución expresado en metros.

En todos aquellos casos en que el desnivel entre los puntos de captación y restitución resulte inferior a 10 metros, el valor del factor H, para los efectos de esa operación, será igual a 10.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 3, y

c) Desde el año undécimo de su constitución o reconocimiento en adelante, se multiplicará por el factor 9.

Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo sean inferiores a 100 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 500 litros por segundo en el resto de las regiones.

Artículo 129 bis 5. Los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales medios, al pago de una patente anual a beneficio fiscal. La patente a que se refiere este artículo se regirá por las siguientes normas:

a) En los primeros cinco años, contados desde que se hayan constituido o reconocido en conformidad a la ley, los derechos de ejercicio permanente, cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, pagarán una patente anual cuyo monto será equivalente a 1,6 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo.

Respecto de los derechos de aprovechamiento cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones VI a IX, ambas inclusive, la patente será equivalente a 0,2 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo, y para las situadas en las Regiones X, XI y XII, ascenderá a 0,1 unidad tributaria mensual por cada litro por segundo.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, contados desde que se haya constituido o reconocido en conformidad a la ley el derecho, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 2, y

c) Desde el año undécimo de su constitución o reconocimiento en adelante, se multiplicará por el factor 4.

Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo sean inferiores a 10 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 50 litros por segundo en el resto de las regiones.

Artículo 129 bis 6. El pago de la patente se efectuará dentro del mes de marzo de cada año, en cualquier banco o institución autorizados para recaudar tributos. La Dirección General de Aguas publicará la resolución que contenga el listado de los derechos sujetos a esta obligación, en las proporciones que correspondan, la cual estará sujeta al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Esta publicación se efectuará el 15 de enero de cada año o el primer día hábil inmediato si aquél fuere feriado, en el Diario Oficial y en forma destacada en un diario o periódico de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la región correspondiente.

Esta publicación se considerará como notificación suficiente para los efectos de lo dispuesto en el artículo 129 bis 10.

Artículo 129 bis 7. Corresponderá al Director General de Aguas determinar los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no se encuentren total o parcialmente utilizadas. Tal determinación se efectuará en base a la información disponible al 31 de agosto de cada año.

Artículo 129 bis 8. Se presumirá que las aguas están siendo utilizadas total o parcialmente, si existen las obras de captación de las mismas. En el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, deberán existir también las obras necesarias para su restitución.

La presunción a que se refiere el inciso anterior se aplicará en proporción al caudal correspondiente a la capacidad de captación o de restitución de tales obras.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por obras de captación en corrientes naturales aquéllas que permitan incorporar las aguas a los canales o a otras obras de conducción, aun cuando tales obras sean de carácter temporal y se renueven periódicamente.

Artículo 129 bis 9. Serán aplicables a las resoluciones de la Dirección General de Aguas, dictadas en conformidad con lo dispuesto en el presente Título, los recursos contemplados en los artículos 136 y 137 de este Código.

Artículo 129 bis 10. Si el titular del derecho de aprovechamiento no pagare la patente dentro del plazo indicado en el artículo 129 bis 6, se iniciará un procedimiento judicial para su cobro.

La ejecución de la obligación de pagar la patente sólo podrá hacerse efectiva sobre el respectivo derecho de aprovechamiento.

No obstante, el Presidente de la República, a petición fundada de la Dirección General de Aguas, podrá, en circunstancias excepcionales y de interés general, disponer que el derecho de aprovechamiento, en todo o en parte, no sea objeto del procedimiento señalado en el inciso primero. En tal caso, declarará su extinción y ordenará la cancelación de las inscripciones respectivas en la proporción que corresponda.

El decreto del Presidente de la República que declare la extinción del derecho se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, el día primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediatamente siguiente si aquéllos fueren feriados.

El afectado podrá reclamar de dicho decreto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de su publicación.

Una vez que el decreto correspondiente se encuentre firme, el juez competente según lo señalado en el inciso segundo del artículo siguiente, determinará la indemnización que el Fisco deba pagar al titular del derecho de aprovechamiento extinguido, descontando, en todo caso, el valor de la patente adeudada. Al resolver sobre esta indemnización, el juez deberá considerar el daño patrimonial efectivamente causado.

Artículos 129 bis 11. Antes del 1 de junio de cada año, el Tesorero General de la República enviará a los juzgados competentes la nómina de los derechos de aprovechamiento de aguas cuyas patentes no hayan sido pagadas, especificando su titular y el monto adeudado. La Dirección General de Aguas velará por el cumplimiento de esta disposición y prestará su colaboración a la Tesorería General de la República. Esta nómina constituirá título ejecutivo.

Será juez competente para conocer del procedimiento de remate el de la comuna donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento. Si hubiere más de uno, lo será el que estuviere de turno al tiempo de la recepción de la nómina a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 129 bis 12. El juez despachará el mandamiento de ejecución y embargo mediante una providencia que estampará en la nómina indicada en el artículo anterior.

Este podrá dirigirse contra todos los deudores a la vez y no será susceptible de recurso alguno.

El embargo sólo podrá recaer en el derecho de aprovechamiento objeto de las patentes adeudadas.

Artículo 129 bis 13. La notificación de encontrarse en mora, así como el requerimiento de pago, se harán a la persona que figure como propietaria del derecho de aprovechamiento en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo y podrán dirigirse contra uno o varios deudores a la vez.

La notificación y el requerimiento señalados en el inciso anterior se entenderán realizados por la publicación de la resolución que contenga el requerimiento de pago en el Diario Oficial el día primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediatamente siguiente si aquéllos fueren feriados, y, en forma destacada, en un diario o periódico de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la región correspondiente. El costo de esta publicación será de cargo de la Tesorería General de la República.

El derecho de aprovechamiento objeto de la patente adeudada se entenderá embargado por el solo ministerio de la ley, desde el momento en que se efectúe el requerimiento de pago.

Artículo 129 bis 14. El deudor podrá oponerse a la ejecución dentro del plazo de diez días contado desde la fecha de las publicaciones señaladas en el artículo anterior.

La oposición sólo será admisible cuando se funde en alguna de las siguientes excepciones:

1º Pago de la deuda, siempre que conste por escrito;

2º Prescripción de la deuda;

3º Remisión de la deuda, o

4º Cosa juzgada.

El tribunal deberá pronunciarse dentro de tercero día de deducida la oposición. El recurso de apelación que se interponga en contra de la resolución que rechace las excepciones se concederá en el solo efecto devolutivo. El tribunal de segunda instancia sólo podrá ordenar la suspensión de la ejecución cuando la oposición se funde en el pago de la deuda que conste en un antecedente escrito. La apelación que se interponga en contra de la resolución que acoja las excepciones, se concederá en ambos efectos.

Si se acogieren parcialmente las excepciones, proseguirá la ejecución por el monto que determine el tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 129 bis 15. Si transcurriere el plazo que el deudor tiene para oponerse a la ejecución sin que lo hubiere hecho o, habiendo deducido oposición, ésta fuere rechazada, el juez dictará una resolución señalando día y hora para el remate, la que se publicará, junto a la nómina de derechos a subastar, por una sola vez en un diario o periódico de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la región correspondiente. El costo de esta publicación será de cargo de la Tesorería General de la República.

El remate no podrá efectuarse antes de los treinta días siguientes a la fecha del aviso.

Los errores u omisiones en la publicación señalada en el inciso primero podrán ser rectificados antes del remate, a solicitud de cualquiera que tenga interés en ello o de la Dirección General de Aguas. El juez resolverá con conocimiento de causa. Las rectificaciones se publicarán en igual forma que la publicación original y el remate se postergará para una fecha posterior en treinta días, a lo menos, a la última publicación.

El secretario del tribunal pondrá testimonio en los autos de haberse publicado los avisos en la forma y oportunidad señaladas.

El mínimo de la subasta será el valor de las patentes adeudadas y el titular del derecho podrá liberarlo pagando dicho valor más un cincuenta por ciento del mismo.

Todo postor, para tomar parte en el remate, deberá rendir caución suficiente a beneficio fiscal, calificada por el tribunal, sin ulterior recurso, para responder que se llevará a efecto el pago de los derechos de aprovechamiento rematados. La garantía será equivalente al diez por ciento de la suma adeudada y subsistirá hasta que se otorgue la escritura definitiva de adjudicación.

Si el adjudicatario no enterare el precio de la subasta dentro del plazo de quince días contado desde la fecha del remate, la adjudicación quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley y el juez hará efectiva la garantía a beneficio fiscal, ordenando que los derechos de aprovechamiento sean nuevamente sacados a remate.

Si el producido excediere lo adeudado por concepto de patentes, gastos y costas, el remanente será entregado al ejecutado.

Artículo 129 bis 16. Los demás procedimientos relativos al remate, al acta correspondiente, a la escritura de adjudicación y a su inscripción, se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a la subasta de bienes inmuebles embargados.

Artículo 129 bis 17. Si no hay postor por algún derecho de aprovechamiento, el juez lo declarará extinguido y ordenará cancelar las correspondientes inscripciones en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces. Dicha resolución se notificará por el estado diario.

Artículo 129 bis 18. Una cantidad igual al 75% del producto neto de las patentes por no utilización de los derechos de aprovechamiento y de lo recaudado en los remates de estos últimos, será distribuida, a contar del ejercicio presupuestario correspondiente al cuarto año posterior al de publicación de esta ley, entre las regiones y comunas del país en la forma que a continuación se indica:

a) El 65% de dichos producto neto y recaudación por remates se incorporará a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que anualmente le corresponda, en el Presupuesto Nacional, a la región donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento.

b) El 10% restante se distribuirá entre las municipalidades de las comunas donde sea competente el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento.

La proporción de la cantidad señalada en la letra a) anterior, que corresponda a cada región, se determinará como el cuociente entre el monto recaudado por patentes y remates correspondiente a la región en donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento y el monto total recaudado por estos conceptos en todas las regiones del país. Igual criterio se aplicará tratándose de las municipalidades a que se refiere la letra b). En este último caso, si un derecho de aprovechamiento se encuentra situado en el territorio de dos o más comunas, la Dirección General de Aguas determinará la proporción que le corresponderá a cada una de ellas, dividiendo el monto correspondiente a prorrata de la superficie de cada comuna comprendida en la extensión territorial del derecho de aprovechamiento.

La Ley de Presupuestos incluirá, en los presupuestos de los Gobiernos Regionales y municipalidades que correspondan, las cantidades que resulten de la aplicación de los incisos anteriores.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por producto neto las cantidades que resulten de restar a la recaudación bruta, obtenida de la aplicación de las patentes que establecen los artículos 129 bis 4 y 129 bis 5, las sumas imputadas al pago de impuestos fiscales en la forma dispuesta en el artículo siguiente, ambos valores correspondientes al período de doce meses, contado hacia atrás desde el mes de junio del año anterior al de vigencia de la Ley de Presupuestos que incluya la distribución que proceda de acuerdo a esta disposición.

Artículo 129 bis 19. El valor de las patentes no se considerará como gasto para efectos de la Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, no siéndole aplicable lo dispuesto en el artículo 21 de dicha ley.

Sin embargo, las cantidades pagadas por concepto de patentes por los titulares de derechos de aprovechamiento durante los años anteriores a aquél en que se inicie la utilización de las aguas, podrán imputarse a cualquier clase de impuesto fiscal de declaración y pago mensual, en conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente, en la forma que determine el Ministerio de Hacienda mediante decreto supremo expedido por orden del Presidente de la República. Para estos efectos, dichas cantidades serán reajustadas de acuerdo a la variación que haya experimentado el Indice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior a la fecha de ingreso del pago en arcas fiscales y el último día del mes anterior a la fecha de la imputación.

Artículo 129 bis 20. Respecto a los derechos no consuntivos, se determinará el número de años cuyos pagos podrán imputarse en los términos del artículo anterior, mediante la siguiente tabla, cuyos tramos se determinan multiplicando el valor del caudal no utilizado, expresado en metros cúbicos por segundo, por el valor de la diferencia de nivel entre los puntos de captación y de restitución expresada en metros, siendo aplicable a este respecto lo dispuesto en los párrafos cuarto y quinto de la letra a) del artículo 129 bis 4:

a) Tres años, si el producto de la multiplicación de dichos factores es inferior a diez mil;

b) Cuatro años, si el producto de la multiplicación resulta entre diez mil y treinta mil, ambas cifras inclusive;

c) Cinco años, si el producto de la multiplicación resulta entre más de treinta mil y menos de cincuenta mil;

d) Seis años, si el producto de la multiplicación resulta entre cincuenta mil y setenta mil, ambas cifras inclusive, y

e) Siete años, si el producto de la multiplicación resulta superior a setenta mil.

Respecto a los derechos consuntivos, podrán imputarse los pagos efectuados durante los tres años anteriores a aquél en que se inicie la utilización de las aguas.”.

9.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 137 del Código de Aguas:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la palabra “respectiva,” seguida de una coma (,) por la expresión “del lugar en que se dictó la resolución que se impugna,” seguida de una coma (,), y

b) Agrégase, como inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero, el siguiente:

“Serán aplicables a la tramitación del recurso de reclamación, en lo pertinente, las normas contenidas en el Título XVIII del Libro I del Código de Procedimiento Civil, relativas a la tramitación del recurso de apelación en segunda instancia, debiendo, en todo caso, requerirse informe a la Dirección General de Aguas.”.

10.- Reemplázase el artículo 140 por el siguiente:

"Artículo 140. La solicitud para adquirir el derecho de aprovechamiento deberá contener:

1. El nombre del álveo de las aguas que se necesita aprovechar, su naturaleza, esto es, si son superficiales o subterráneas, corrientes o detenidas, y la provincia en que estén ubicadas o que recorren.

Tratándose de aguas subterráneas, se precisará la comuna en que se ubicará la captación y el área de protección que se solicita;

2. La cantidad de agua que se necesita extraer, expresada en medidas métricas y de tiempo;

3. El o los puntos donde se desea captar el agua.

Si la captación se efectúa mediante un embalse o barrera ubicado en el álveo, se entenderá por punto de captación aquél que corresponda a la intersección del nivel de aguas máximas de dicha obra con la corriente natural.

En el caso de los derechos no consuntivos, se indicará, además, el punto de restitución de las aguas y la distancia y desnivel entre la captación y la restitución;

4. El modo de extraer las aguas;

5. La naturaleza del derecho que se solicita, esto es, si es consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado con otras personas, y

6. Una memoria explicativa en la cual se justifique la cantidad de agua que se necesita extraer, según el uso o destino que se le dará, y se proporcionen los demás antecedentes que exija la naturaleza del derecho solicitado.”.

11.- Elimínase el inciso final del artículo 141.

12.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 142, la expresión "inciso 3º del artículo anterior" por "inciso final del artículo anterior".

13.- Intercálase el siguiente artículo 147 bis, nuevo, a continuación del artículo 147:

"Artículo 147 bis. El derecho de aprovechamiento de aguas se constituirá mediante resolución de la Dirección General de Aguas, o bien, mediante decreto supremo del Presidente de la República, en el caso previsto en el artículo siguiente.

El Director General de Aguas podrá, mediante resolución fundada, denegar o limitar las solicitudes de derechos de aprovechamiento, en los siguientes casos:

1. Si no se cumplieren los requisitos legales o reglamentarios;

2. Si no existiere disponibilidad del recurso;

3. Si no se hubiere justificado la cantidad de agua que se necesita extraer atendidos los fines invocados por el peticionario.

Para la aplicación de esta causal, será necesario que previamente se dicte un reglamento, que establezca relaciones técnicas objetivas entre usos del agua y caudales requeridos, y

4. Si, previa proposición de la Dirección General de Aguas, el Consejo Regional correspondiente al lugar donde se solicita captar las aguas resolviere, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros, que el derecho de aprovechamiento debe ser denegado o limitado, por ser necesario reservar el recurso para el abastecimiento de la población o para determinadas actividades productivas que se califiquen como relevantes para la estrategia de desarrollo regional, por no existir otras alternativas de abastecimiento técnica y económicamente factibles. El pronunciamiento del Consejo Regional deberá emitirse dentro del plazo de sesenta días hábiles contado desde su notificación. Si así no ocurriere, se entenderá que se aprueba la proposición de la Dirección General de Aguas.

Si en razón de la disponibilidad de agua no es posible constituir el derecho de aprovechamiento en las condiciones solicitadas, el Director General de Aguas podrá hacerlo en cantidad o con características diferentes, siempre que conste el consentimiento del interesado. Así, por ejemplo, será posible constituirlo en calidad de eventual o discontinuo, habiendo sido solicitado como permanente o continuo.”.

14.- Reemplázase, en el artículo 148, la frase "inciso tercero del artículo 141" por "inciso final del artículo 141".

15.- Reemplázase el artículo 149 por el siguiente:

"Artículo 149. El acto administrativo en cuya virtud se constituye el derecho contendrá:

1. El nombre del adquirente;

2. El nombre del álveo o individualización de la comuna en que se encuentre la captación de las aguas subterráneas que se necesita aprovechar y el área de protección;

3. La cantidad de agua que se autoriza extraer, expresada en la forma prevista en el artículo 7º de este Código;

4. El o los puntos precisos donde se captará el agua y el modo de extraerla;

5. El desnivel y puntos de restitución de las aguas si se trata de usos no consuntivos, y

6. Si el derecho es consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado con otras personas.

En el acto de constitución, el Director General de Aguas podrá establecer especificaciones técnicas, condiciones, limitaciones u otras modalidades que afecten el ejercicio del derecho, con el objeto de conservar el medio ambiente o proteger derechos de terceros.".

16.- Reemplázase, en el artículo 186, la expresión "canal matriz" por "caudal matriz".

17.- Agrégase al artículo 196 el siguiente inciso final, nuevo:

"Las comunidades de aguas que hayan cumplido con este requisito gozarán de personalidad jurídica y les serán aplicables las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con excepción de los artículos 560, 562, 563 y 564.".

18.- Reemplázanse las letras c) y d) del artículo 299, por las siguientes letras c), d) y e):

"c) Ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público e impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización previa del servicio o autoridad a quien corresponda aprobar su construcción o autorizar su demolición o modificación;

d) Impedir que se extraigan aguas de los mismos cauces sin título o en mayor cantidad de lo que corresponda. Para estos efectos, podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código, y

e) Supervigilar el funcionamiento de las organizaciones de usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en este Código.”.

19.- Reemplázase el artículo 1º transitorio por el siguiente:

"Artículo 1º transitorio. Los derechos de aprovechamiento inscritos en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente cuyas posteriores transferencias o transmisiones no lo hubieren sido, podrán regularizarse mediante la inscripción de los títulos correspondientes desde su actual propietario hasta llegar a la inscripción de la cual proceden.

Si el Conservador rehusare practicar la inscripción solicitada, el interesado ocurrirá ante el juez de letras competente, quien solicitará informe a la Dirección General de Aguas y, además, tendrá a la vista copia autorizada de la inscripción de dominio a nombre del interesado del inmueble en el cual se aprovechen las aguas; certificado de vigencia del mismo; certificado de la respectiva organización de usuarios en que conste la calidad del solicitante como miembro activo de ella, así como otros documentos que acrediten el uso efectivo del agua. La solicitud deberá publicarse en la forma prevista en el artículo 131 de este Código y los terceros que se sientan afectados podrán oponerse dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de la última publicación.".

20.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 13 transitorio, la frase "artículo 12 del presente Código" por "artículo 112 del presente Código".

Artículo 2º. Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, fije el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código de Aguas.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República no podrá, tratándose de artículos que contengan preceptos de rango orgánico constitucional o de quórum calificado, alterar su redacción; sólo se limitará a establecer o concordar la numeración de los artículos según el orden correlativo que corresponda.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º. Los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año 2001, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente, que se regirá por las reglas establecidas en el artículo 129 bis 4 del Código de Aguas.

Artículo 2º. Los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente a contar del 1 de enero del año 2001, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente que se regirá por las normas establecidas por el artículo 129 bis 5 del Código de Aguas.”.

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Acordado en sesiones celebradas los días 2, 9 y 23 de junio, 14 de julio, 11 y 18 de agosto, 1 de septiembre, 6, 13 y 20 de octubre, 3 y 10 de noviembre de 1999, y 25 de enero de 2000, con asistencia de sus miembros HH. Senadores señores Hernán Larraín Fernández (Presidente) (Sergio Fernández Fernández), Marcos Aburto Ochoa, Sergio Díez Urzúa (Sergio Fernández Fernández), Juan Hamilton Depassier (Edgardo Böeninger Kausel, Hosain Sabag Castillo), y José Antonio Viera-Gallo Quesney (Jaime Gazmuri Mujica y Augusto Parra Muñoz).

Sala de la Comisión, a 25 de enero de 2000.

NORA VILLAVICENCIO GONZALEZ

Secretario

RESEÑA

I. BOLETÍN Nº: 876-09.

II. MATERIA: Proyecto de ley que modifica el Código de Aguas.

III. ORIGEN: Mensaje.

IV. TRAMITE CONSTITUCIONAL: Segundo trámite.

V. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: Aprobado en general con 61 votos a favor, 32 en contra y 16 abstenciones.

VI. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 26 de agosto de 1997.

VII. TRAMITE REGLAMENTARIO: Primer informe.(Este proyecto ya cuenta con un primer informe de la Comisión de Obras Públicas. A continuación, pasará a la Comisión de Hacienda para igual fin.)

VIII. URGENCIA: Simple, a contar del 9 de noviembre de 1999.

IX. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: Constitución Política: artículo 19 Nºs 23 y 24; Código Civil: Título XXXIII del Libro I y D.F.L.Nº 1.122, de 1981, que fijó el texto Código de Aguas.

X. ESTRUCTURA DEL PROYECTO PROPUESTO: Dos artículos permanentes y dos transitorios. El artículo 1º permanente se compone de veinte numerales.

XI. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

1.- Establecer el pago de una patente por la no utilización de las aguas y un procedimiento judicial de cobranza de las mismas.

2.- Modificar el sistema de concesión de derechos de aprovechamiento.

3.- Fortalecer el sistema de conservación y protección de aguas y cauces.

4.- Considerar la relación entre aguas superficiales y subterráneas en el otorgamiento de derechos de aprovechamiento.

5.- Perfeccionar el procedimiento de regularización de títulos contenido en el artículo 1º transitorio del Código de Aguas.

6.- Establecer obligaciones a los Conservadores de Bienes Raíces en relación con el Catastro Público de Aguas.

7.- Conceder personalidad jurídica a las comunidades de aguas.

XII. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Los artículos 129 bis 9 al 129 bis 17, ambos inclusive, del numeral 8, así como el número 4 del artículo 147 bis, contenido en el numeral 13 del proyecto son de rango orgánico constitucional, por incidir en las leyes orgánicas constitucionales contempladas en los artículos 74 y 102 de la Constitución Política.

XIII. ACUERDOS:

Aprobación en general: 3 votos a favor y dos abstenciones. Votaron favorablemente los HH. Senadores Aburto, Hamilton y Viera-Gallo. Se abstuvieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

Aprobación en particular:

ARTÍCULO 1º

Número 1: Aprobado por la unanimidad de los miembros presentes, HH. Senadores señores, Aburto, Díez y Larraín. (3 x 0).

Número 2: Aprobado por la unanimidad de los miembros presentes, HH. Senadores señores, Aburto, Díez y Larraín. (3 x 0).

Número 3: Aprobado por la unanimidad de los miembros presentes, HH. Senadores señores, Aburto, Díez y Larraín. (3 x 0).

Número 4: Aprobado por la unanimidad de los miembros presentes, HH. Senadores señores, Aburto, Díez y Larraín. (3 x 0).

Número 5: Aprobado por la unanimidad de los miembros presentes, HH. Senadores señores, Aburto, Díez y Larraín. (3 x 0).

Número 6: Aprobado por la unanimidad de los miembros presentes, HH. Senadores señores, Aburto, Díez y Larraín. (3 x 0).

Número 7: Aprobado por la unanimidad de los miembros presentes, HH. Senadores señores, Aburto, Díez y Larraín. (3 x 0).

Número 8:

Título X

- Artículo 129 bis: Aprobado por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri y Larraín. (4 x 0).

- Artículo 129 bis 1: Aprobado por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri y Larraín. (4 x 0).

- Artículo 129 bis 2: Aprobado por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri y Larraín. (4 x 0).

- Artículo 129 bis 3: Aprobado por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri y Larraín. (4 x 0).

Título XI

- Artículo 129 bis 4: Aprobado por mayoría (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

- Artículo 129 bis 5: Aprobado por mayoría (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

- Artículo 129 bis 6: Rechazado por mayoría (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Aburto, Díez y Larraín.

- Artículo 129 bis 7 (Pasó a ser artículo 129 bis 6): Aprobado por mayoría (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

- Artículo 129 bis 8 (Pasó a ser artículo 129 bis 7): Aprobado por mayoría (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

- Artículo 129 bis 9 (Pasó a ser artículo 129 bis 8): Aprobado por mayoría (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

- Artículo 129 bis 10 (Pasó a ser artículo 129 bis 9): Aprobado por mayoría (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

- Artículo 129 bis 11 (Pasó a ser artículo 129 bis 10): Aprobado por mayoría (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

- Artículo 129 bis 12 (Pasó a ser artículo 129 bis 11): Aprobado por mayoría (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

Artículos 129 bis 12, 129 bis 13 y 129 bis 14, nuevos

Aprobados por mayoría (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

- Artículo 129 bis 13 (Pasó a ser artículo 129 bis 15): Aprobado por mayoría (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

- Artículo 129 bis 14 (Pasó a ser artículo 129 bis 16): Aprobado por mayoría (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

- Artículo 129 bis 15 (Pasó a ser artículo 129 bis 17): Aprobado por mayoría (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

- Artículo 129 bis 16 (Pasó a ser artículo 129 bis 18): Aprobado por mayoría (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

- Artículo 129 bis 17 (Pasó a ser artículo 129 bis 19): Aprobado por mayoría (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

- Artículo 129 bis 18 (Pasó a ser artículo 129 bis 20): Aprobado por mayoría (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

Número 9, nuevo

Aprobado por mayoría. (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

Número 9 (Pasó a ser número 10): Aprobado por unanimidad. Votaron los HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri, Hamilton y Larraín.

Número 10 (Pasó a ser número 11): Aprobado por mayoría. (3 x 1 x 1 abstención). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hizo el H. Senador señor Díez. Se abstuvo el H. Senador señor Larraín.

Número 11 (Pasó a ser número 12): Aprobado por mayoría. (3 x 1 x 1 abstención). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hizo el H. Senador señor Díez. Se abstuvo el H. Senador señor Larraín.

Número 12 (Pasó a ser número 13): Aprobado por mayoría. (3 x 1 x 1 abstención). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hizo el H. Senador señor Díez. Se abstuvo el H. Senador señor Larraín.

Número 13 (Pasó a ser número 14): Aprobado por mayoría. (3 x 1 x 1 abstención). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hizo el H. Senador señor Díez. Se abstuvo el H. Senador señor Larraín.

Número 14 (Pasó a ser número 15): Aprobado por unanimidad. (5 x 0). Votaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri, Hamilton y Larraín.

Número 15 (Pasó a ser número 16): Aprobado por unanimidad. (5 x 0). Votaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri, Hamilton y Larraín.

Número 16 (Pasó a ser número 17): Aprobado por unanimidad. (5 x 0). Votaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri, Hamilton y Larraín.

Número 17 (Pasó a ser número 18): Aprobado por unanimidad. (5 x 0). Votaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri, Hamilton y Larraín.

Número 18 (Pasó a ser número 19): Aprobado por unanimidad. (5 x 0). Votaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri, Hamilton y Larraín.

Número 19 (Pasó a ser número 20): Aprobado por unanimidad. (5 x 0). Votaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri, Hamilton y Larraín.

ARTÍCULO 2º

Aprobado por unanimidad. (5 x 0). Votaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Díez, Gazmuri, Hamilton y Larraín.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º transitorio: Aprobado por mayoría. (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

Artículo 2º transitorio: Aprobado por mayoría. (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Aburto, Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Díez y Larraín.

Artículo 3º transitorio: Rechazado por mayoría. (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Aburto, Díez y Larraín.

Artículo 4º transitorio: Rechazado por mayoría. (3 x 2). Se pronunciaron favorablemente los HH. Senadores señores Gazmuri y Hamilton. En contra lo hicieron los HH. Senadores señores Aburto, Díez y Larraín.

NORA VILLAVICENCIO GONZALEZ

Secretario

INDICE

Constancias reglamentarias… 1

Antecedentes… 2

Discusión general… 43

Aprobación en general… 45

Discusión particular… 45

Modificaciones propuestas… 92

Texto del proyecto propuesto a la Sala… 107

Reseña… 123

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA recaído en el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados que modifica el Código de Aguas.

BOLETIN Nº 876-09

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HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de informaros el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados que modifica el Código de Aguas.

Esta iniciativa legal originada en un Mensaje enviado por el Ejecutivo a la H. Cámara de Diputados, con fecha 2 de diciembre de 1992, después de un largo estudio, fue aprobada el 18 de agosto de 1997, en su primer trámite constitucional, por 61 votos a favor, 32 en contra y 16 abstenciones.

Ingresó al Senado el 26 de agosto de 1997, disponiendo la Sala que fuera despachado en primer informe por una Comisión Especial y luego por la de Hacienda. Posteriormente, el 10 de noviembre de 1998, la misma Sala modificó el trámite del proyecto, disponiendo que fuera informado, en primer término, por la Comisión de Obras Públicas; después, por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y luego, por la de Hacienda.

La Comisión de Obras Públicas despachó este proyecto de ley después de estudiarlo a través de nueve sesiones realizadas entre los meses de enero y mayo de 1999.

En cumplimiento de un acuerdo adoptado por los Comités, el 11 de agosto de 1999, ratificado por la Sala en sesión de la misma fecha, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento consideró esta iniciativa legal a lo largo de trece sesiones celebradas durante los meses de junio a noviembre de 1999 y enero de 2000.

Ahora bien, a las sesiones en que la Comisión de Hacienda consideró esta materia asistieron, especialmente invitados, el Ministro de Obras Públicas, don Carlos Cruz; el Subsecretario de Obras Públicas, don Juan Carlos Latorre; el asesor del Ministerio de Obras Públicas, don Rodrigo Weisner; el Jefe de Gabinete del Ministro, señor Rodrigo Pizarro; el Director General de Aguas, don Humberto Peña; el asesor jurídico de esa Dirección, don Pablo Jaeger; la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, doña Vivianne Blanlot; el asesor del Ministerio de Hacienda, don Claudio Juárez; y el Director del Programa Fundación Chile 21, don Oscar Landerretche.

Durante su estudio, la Comisión destinó tiempo para conocer los planteamientos de la Sociedad Nacional de Minería, representada por su Presidente don Hernán Hochschild y por los ejecutivos señores Jorge Riesco y Francisco Javier Leturia. Además, la Comisión escuchó a la economista señora Mercedes Cifuentes, de Libertad y Desarrollo.

NORMAS DE QUORUM ESPECIAL

Se previene que los artículos 129 bis 10 al 129 bis 18, ambos inclusive (según numeración de la Comisión de Hacienda) del numeral 8 y los incisos tercero y cuarto del artículo 147 bis nuevo que se intercala mediante el numeral 13, deben ser aprobados con quórum de ley orgánica constitucional por incidir en la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política de la República en relación con el artículo 63, inciso segundo, de la Carta Fundamental.

Debe hacerse presente que la Comisión dirigió oficio Nº H/26-2000, de 5 de septiembre del año en curso, a la Excma. Corte Suprema consultándole su opinión acerca de los nuevos incisos tercero y cuarto que se incorporaron al artículo 147 bis contenido en el número 13 del proyecto, que establecen un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago para reclamar en contra del decreto del Presidente de la República que disponga la denegación total o parcial de una solicitud de aprovechamiento de aguas.

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Se deja constancia que la Comisión acordó solicitar a la Sala del Senado, que dispusiera, para el segundo informe, que el proyecto fuera enviado a las Comisiones de Hacienda y Obras Públicas, Unidas.

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ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El proyecto está estructurado sobre la base de dos artículos permanentes y dos transitorios (inicialmente eran cuatro transitorios pero los dos últimos fueron eliminados en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado).

El artículo 1º, mediante veinte numerales, contiene las modificaciones propiamente tales al Código de Aguas relacionadas con la renuncia al derecho de aprovechamiento; las formalidades de inscripción de dichos derechos; las obligaciones de los Conservadores de Bienes Raíces en esta materia; la protección de las aguas y cauces; el pago de una patente por la no utilización de las aguas, la forma de cobro y la sanción por incumplimiento y de los requisitos que deben cumplir las comunidades de aguas para obtener la personalidad jurídica.

El artículo 2º faculta al Presidente de la República para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código de Aguas.

Los artículos 1º y 2º transitorios señalan la fecha a contar de la cual estarán afectos al pago de una patente en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente y los consuntivos de ejercicio permanente.

FUNDAMENTACION DEL PROYECTO

El Ejecutivo resumió la situación del problema del agua en Chile y la necesidad de la modificación del DFL Nº 1.122, de 29 de octubre de 1981, que fijó el texto del Código de Aguas, en los siguientes términos:

1.- Escasez de recursos hídricos: Uno de los desafíos y problemas mayores a que se verá enfrentada la sociedad chilena en los próximos años se relaciona con la disponibilidad de los recursos hídricos, de acuerdo a los siguientes antecedentes que se mencionan en forma esquemática:

1.1. De Santiago al Norte, la disponibilidad de agua por habitante es menor a mil metros cúbicos al año, umbral considerado mundialmente como un severo límite al desarrollo.

1.2 El nivel de extracción de agua por habitante en Chile es muy alto comparado con USA (1.850 m3/hab/año).

1.3 De la Octava Región hacia el Norte, casi la totalidad de los recursos hídricos están asignados, con la excepción de algunos recursos eventuales y aguas subterráneas.

1.4 En la actualidad, hay del orden de 350.000 derechos de agua constituidos.

2.- Desafíos de la demanda

2.1 Se estima que los usos domésticos, mineros e industriales se duplicarán en los próximos 20 años.

2.2 Se considera que el uso agrícola aumentará en un 20% en igual período.

2.3 Se calcula que el uso hidroeléctrico puede llegar a ser diez veces el actual a mediados del próximo siglo.

3.- Principales desafíos del medio ambiente:

3.1 Lucha contra la contaminación.

3.2 Requerimiento de caudales para fines ambientales.

4.- Situación actual:

4.1 La legislación actual adolece, a juicio del Ejecutivo, de excesiva permisividad y pasividad frente a la administración y conservación de esta recurso. En 1981 se pasó de un sistema relativamente restringido a un sistema excesivamente liberal, que permite solicitar derechos de agua sin ningún tipo de restricción ni proyectos. En efecto, el Estado tiene la obligación de conceder los derechos de agua en la cantidad y en las condiciones que se pidan, si existe disponibilidad de ellos, no se afecta el derecho de terceros y la solicitud ha cumplido los requisitos legales.

Las actuales dificultades pueden ser debidamente evaluadas, por ejemplo, considerando el número de solicitudes en curso aprobadas y en tramitación de derechos consuntivos, que ascienden a 50.000 metros cúbicos por segundo, comparado con lo que es posible asignar considerando el total disponible en el país, que son 30.000 metros cúbicos por segundo.

4.2 La acumulación de derechos de aguas en forma desmesurada constituye el germen de dificultades muy graves para el desarrollo futuro del país. La mayor parte de los derechos actualmente constituidos lo han sido por una sola empresa; de esta manera, se podría llegar a que, en la práctica, una sola empresa podría controlar casi el 80% de los derechos de agua no consuntivos disponibles.

4.3 Se están generando fuertes barreras a la entrada al ejercicio de algunos negocios relevantes para el desarrollo económico del país, originadas en aquellos derechos de aprovechamiento que no se utilizan y para los cuales no se prevé un uso productivo ni siquiera en el largo plazo y que impiden que otros interesados en utilizar dichas aguas puedan hacerlo.

OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

1.- Establecer el pago de una patente por la no utilización de las aguas y un procedimiento judicial de cobranza de las mismas:

El proyecto originalmente sancionaba la no utlilización del recurso (se entienden utilizados aquellos derechos que cuenten con obras de captación de aguas) con la caducidad del derecho de agua. Durante la discusión en la H. Cámara de Diputados, se propuso que en vez de caducar el derecho, se cobrara por el no uso, asimilándose más o menos a lo que sucede en la minería. El proyecto gravaba también la no utilización de los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual, lo que fue suprimido en la Constitución de Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

Hay un caudal mínimo a partir del cual se cobra la patente; están exentos de ésta aquellos derechos de aprovechamiento no consuntivos cuyos volúmenes por unidad de tiempo sean inferiores a 100 litros por segundo, en las regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 500 litros por segundo en el resto de las Regiones. En el caso de derechos consuntivos, la exención es para los derechos cuyos volúmenes por unidad de tiempo sean inferiores a 10 litros por segundo en las Regiones I a Metropolitana y a 50 litros por segundo en el resto de las Regiones. El pago se inicia a partir de la constitución del derecho pero a posteriori se devuelve éste si el proyecto entra en funcionamiento dentro de ciertos plazos.

De esta manera, la iniciativa legal pretende incentivar el uso de los recursos hídricos por quienes realmente los requieren para fines productivos, incorporando un costo a los actuales tenedores. De este modo, se verán obligados a evaluar la conveniencia económica de mantener los derechos sin uso, pagando patente; darle un uso productivo o, finalmente, desprenderse de los mismos, por renuncia o transacción con terceros.

El Gobierno estima que los derechos que podrían quedar afectos a patente por no uso constituyen una fracción muy pequeña de los derechos de agua existentes en el país. Sin embargo, debido a su caudal, ellos tienen gran trascendencia para el desarrollo. Con respecto a la abrumadora mayoría de los derechos, el proyecto es neutro. El grupo objetivo de la patente constituye, aproximadamente, una proporción igual al 1% del total de los 350.000 derechos existentes.

2.- Modificar el sistema de concesión de derechos de aprovechamiento.

El proyecto genera mecanismos que incentivan a solicitar derechos de aguas cuando existan proyectos productivos y faculta a la Dirección General de Aguas a denegarlos en todo o en parte cuando no se justifique la cantidad de agua pedida.

Asimismo, la iniciativa establecía que el Consejo Regional correspondiente al lugar donde se solicita captar las aguas, a proposición de la Dirección General de Aguas, podrá resolver, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros, que el derecho de aprovechamiento debe ser denegado o limitado, por ser necesario reservar el recurso para abastecer a la población o llevar a cabo determinadas actividades productivas calificadas como relevantes para la estrategia de desarrollo regional, por no existir otras alternativas de abastecimiento técnica y económicamente factibles. (Esta norma fue suprimida mediante una indicación del Ejecutivo en respuesta a observaciones hechas por miembros de la Comisión de Hacienda).

3.- Fortalecer el sistema de conservación y protección de aguas y cauces:

Ello mediante la creación de la figura del caudal ecológico mínimo, el establecimiento de redes de estaciones de control de calidad, cantidad y niveles de las aguas y la facultad que se entrega a la Dirección General de Aguas para ordenar la inmediata paralización de las obras o labores que se ejecuten en los cauces naturales de aguas corrientes o detenidas que no cuenten con la autorización competente.

4.- Considerar la relación entre aguas superficiales y subterráneas para otorgar derechos de aprovechamiento.

5.- Perfeccionar el procedimiento de regularización de títulos contenido en el artículo 1º transitorio del Código de Aguas.

6.- Establecer obligaciones a los Conservadores de Bienes raíces en relación con el Catastro Público de Aguas:

Entre otras, la de enviar copia autorizada a la Dirección General de Aguas, por carta certificada, de todas las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que practiquen en el Registro de Aguas dentro del plazo de treinta días, contado desde la respectiva inscripción, subinscripción o anotación.

7.- Conceder personalidad jurídica a las comunidades de aguas:

El proyecto contempla que las comunidades de aguas que hayan cumplido con el requisito de registro en la Dirección General de Aguas, gozarán de personalidad jurídica.

ASPECTOS CONTROVERTIDOS DEL PROYECTO

ANALISIS ECONOMICO

Como se ha dicho anteriormente, la iniciativa legal en comento tiene entre sus principales objetivos, solucionar el problema existente de acaparamiento de derechos de agua sin uso y de demanda de derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos muy superior a la disponibilidad del recurso. El proyecto pretende, además, dotar a las autoridades de los instrumentos suficientes para enfrentar el futuro en que se pronostica que este bien nacional de uso público será cada día más escaso y, por lo tanto, fuente de serios conflictos y situaciones que podrían afectar gravemente el desarrollo económico del país.

Existe consenso en el seno de la Comisión de Hacienda de la necesidad de legislar sobre el tema, pero también está claro que la solución a los problemas debe lograrse con los instrumentos más adecuados, con una perspectiva de futuro y teniendo en cuenta los efectos que en la economía del país generarán las nuevas disposiciones legales.

Por ello, antes de entrar a estudiar el Título XI materia de la competencia específica de la Comisión, los HH. Senadores miembros analizaron el proyecto desde el punto de vista económico.

La primera duda se produce respecto a la filosofía misma del proyecto: si ella obedece a una intención de dar facultades a la Dirección General de Aguas para, de alguna manera, planificar el uso del recurso a lo largo del país, en lugar de entregar al mercado la decisión principal respecto al uso que debe darse a este importante recurso y sobre quién debe poseer el derecho de aprovechamiento de aguas. La posición de jerarquizar el rol del mercado en la asignación de estos recursos es la que sostienen los integrantes de la Comisión. Por su parte, el Ejecutivo ha sostenido que el proyecto en nada afectará el funcionamiento del mercado en esta materia y que, por el contrario, el mismo colaborará decisivamente a hacerlo más dinámico y eficiente.

Así el Gobierno ha dicho que su intención es privilegiar el mercado mediante los instrumentos que propone en el proyecto y que no pretende que la Dirección General de Aguas planifique centralizadamente el uso de este recurso que, por lo demás, en su gran mayoría, ya está otorgado y las exigencias de justificar el cuanto y para qué de la solicitud de aprovechamiento son solamente para los nuevos derechos.

Respecto al cobro de una patente por no uso del agua, se cuestiona si tiene lógica económica cobrar por no usar un bien y se dice que este cobro constituiría un incentivo al mal uso del elemento. Se ha pensado que tal vez es mejor cobrar una patente por el solo hecho de ser titular de un derecho de agua, sin distinguir entre su uso o no uso. Los académicos de la Universidad de Chile señores Andrés Gómez - Lobo y Ricardo Paredes, en estudio entregado a la Comisión, señalan que ante el caso de que una empresa concentrara los derechos de aprovechamiento y no accediera a su venta, restringiendo la oferta de algún producto en un mercado paralelo y generando ineficiencias en dicho mercado y una mala asignación de recursos en general, la respuesta natural es que sean las instituciones antimonopolios las encargadas de resolver problemas vinculados a un poder de mercado excesivo, pues son ellas quienes determinan si efectivamente se producen abusos asociados a este poder. Termina el documento de estos académicos expresando que cobrar por el derecho, independientemente de si se usa o no, tiene el mérito de no inducir a mal uso del derecho, lo que sí ocurre en el caso de patentes por no uso.

Para el Gobierno esta proposición de pago por el solo hecho de ser titular de un derecho de agua, es sumamente atractiva y compartida para el desarrollo futuro de los recursos hídricos del país. Más aún, esta es una iniciativa que se viene estudiando hace ya tiempo en la Dirección General de Aguas, es actualmente motivo de estudios en convenios con universidades, y está incorporada su evaluación en la Política de Aguas propuesta. Además, en el pasado han existido esfuerzos fallidos en este sentido; sin embargo, ella presenta dificultades significativas lo que explica su no concreción hasta la fecha.

En el sentido anterior, para el Ejecutivo es imprescindible tener presente algunos de los elementos que dificultan la fácil o próxima implementación de esta medida, a saber:

Afectaría a la totalidad de los titulares de derechos de agua existentes en el país, que se estiman en aproximadamente 350 mil, los cuales, además, pertenecen a distintos sectores usuarios (v. gr.: agricultura, minería, hidroenergía, agua potable), con la esperable reacción de los interesados.

Supone la valorización económica detallada de todos los recursos de agua del país (para determinar el cobro por ellos). A este respecto se debe tener presente que la información sobre mercados de aguas, que reflejen el precio del bien, es casi inexistente en la gran parte del territorio nacional. Por lo demás, la complejidad técnica de llegar a determinar el valor asociado al agua es enorme, sobre todo considerando la gran segregación de este mercado, que muestra diferencias de valor notables en lugares ubicados geográficamente muy próximos. En este escenario resulta evidente que el tema de la determinación del valor del agua supera largamente las observaciones realizadas con respecto a la supuesta discrecionalidad de la aplicación de la presunción de no uso incorporado al proyecto actual.

Será necesario resolver previamente cómo se compatibiliza el cobro por los derechos de agua con los sistemas tarifarios existentes vinculados a sectores productivos que hacen uso del recurso, como por ejemplo hidroelectricidad y empresas sanitarias.

Será imprescindible contar previamente con un completo rol o catastro de los titulares individuales de derechos de agua. En la actualidad, sólo una parte menor de los usuarios de agua tiene debidamente regularizados sus títulos. Cabe destacar que los constituidos a contar del año 1981 lo han sido por resolución de la Dirección General de Aguas y están registrados computacionalmente, no presentando problemas de identificación.

En el sentido anterior, se deberán considerar los costos asociados a la implementación del cobro, los cuales pudieran ser muy significativos dada la caracterización de la situación existente. Esta situación ha desincentivado el interés por efectuar este extraordinario esfuerzo administrativo en el pasado.

Se hará necesario separar en el avalúo fiscal de los bienes raíces, el valor de la tierra del valor del agua, cuestión que ya en el año 1979 no fue posible de llevar a efecto por el Gobierno de la época (DFL Nº 2603/79).

Se deberá definir previamente el destino de los fondos recaudados con este cobro.

En conclusión, para el Gobierno las iniciativas de patente por la no utilización de los derechos de agua y el cobro por la tenencia de derechos de agua son instrumentos compatibles y complementarios, no obstante que sus objetivos, urgencias y plazos de concreción son muy divergentes. En efecto, la patente por no utilización es de urgente y relativamente sencilla implementación, y pretende corregir la distorsión introducida por el Código de Aguas de 1981 en la constitución de derechos y, por el contrario, el cobro por la tenencia es una iniciativa a largo plazo, de muy compleja definición y busca, a través de la explicitación del valor económico del recurso hídrico, mejorar su eficiencia de uso.

Los HH. Senadores integrantes de la Comisión recibieron un memorándum con el cálculo del valor de las patentes por no uso en el caso de derechos no consuntivos, el cual fue consultado a las autoridades de la Dirección General de Aguas. Este organismo entregó un informe en que corrige los cálculos del mencionado memorándum. Sobre el mismo tema, en la Comisión se planteó el caso de que un inversionista necesite obtener los derechos de aprovechamiento de agua no consuntivos con una anticipación mayor que la que se supone técnicamente, situación que tiene que ver con el armado del paquete de financiamiento, el que en las grandes inversiones, es necesario hacer con bastante anticipación.

Ahora bien, la cantidad acumulada de peticiones de derechos de agua en trámite alcanza a los 39.509 m3/seg., a lo cual habría que agregar 1.699 m3/seg. por derechos en ejercicio y 11.203 m3/seg. por derechos constituidos sin uso, lo que da un total de 51.411 m3/seg., los que desbordan los 30.000 m3/seg. que constituyen el total utilizable estimado.

También se argumenta que la exigencia de la Dirección General de Aguas que dice que tiene que haber una relación entre caudal y uso, conlleva el problema de los coeficientes técnicos. En la Comisión se han recibido documentos que sostienen que ello requiere una tecnología constante, algo así como una matriz de insumo-producto, y que esto es algo que se rigidiza en el tiempo. Apoyando esta visión estaría el hecho de que el avance tecnológico es tan rápido que todos estos coeficientes de uso de agua van a estar variando en forma imposible de predecir de parte de la autoridad y, por lo tanto, habrá muchas equivocaciones además de generar una enorme burocracia. Se teme que esto signifique sumar más instancias regulatorias de autorización para el derecho de hacer actividades emprendedoras, lo que puede terminar ahogando muchas iniciativas. El documento antes mencionado de Paredes y Gómez-Lobo, expresa que exigir a quienes soliciten derechos que definan su uso, la tecnología y otros, constituye un componente muy negativo del proyecto, toda vez que amarra a futuro y hace mucho menos transable el derecho.

Al respecto, el Ejecutivo ha hecho presente que la relación entre caudales y usos de agua es una realidad en todo el mundo y que establecerla no reviste ninguna complejidad técnica. Señala que el objetivo buscado por el proyecto no es otro que evitar que se pidan todas las aguas disponibles, en ocasiones ríos completos, sin que ello tenga relación alguna con el proyecto que se desea ejecutar. Argumenta que, en todo caso, siempre estará vigente la vía del mercado para aquellos que deseen ampliar sus proyectos originales y requieran más agua.

Por su parte, don Oscar Landerretche ha señalado a este respecto que en su opinión “lo que se pretende es que se soliciten los caudales que efectivamente se necesiten para abordar los proyectos, lo que se consigue indicando en la solicitud de derecho el caudal requerido, atendidos los fines invocados por el peticionario. Desde el punto de vista de la ingeniería, esto es muy simple y se realiza en el común de los países: determinar cuánta agua se necesita para cada uso. Por otra parte, una vez constituido el derecho de agua por la autoridad, éste podrá ser transado libremente, para cualquier uso. Ello se confirma con que en la resolución de constitución no se mencionará ningún uso de las aguas, tal como ocurre hoy en día.”.

Los HH. Senadores integrantes de la Comisión consultaron al Director General de Aguas sobre si al adquirir un derecho de aprovechamiento de agua vinculado a la presentación de un proyecto y la consecuente realización de éste, al vender ese derecho se debiera también incluir obligatoriamente dicho proyecto. Esto es, si las aguas quedarán para siempre unidas a proyectos específicos. La respuesta fue que no existe tal vinculación. El Gobierno insistió en que la presentación de memorias explicativas de proyectos para solicitar derechos de aprovechamiento es solamente y, por supuesto, para los nuevos derechos y que, por lo tanto, en gran parte del país, donde prácticamente no quedan derechos por otorgar, este requisito no tendrá aplicación. El Ejecutivo pregunta si se quiere mantener un sistema en el cual una persona puede pedir cualquier caudal y sostiene, a continuación, que los coeficientes técnicos no afectan para nada las características de la naturaleza del derecho, puesto que ellos están solamente para definir hasta cuanta agua se puede pedir, lo cual es un criterio mínimo para establecer razonablemente que lo que se está sustrayendo del uso público es una cantidad razonable.

Asimismo, la Comisión conoció un memorándum de la Sociedad Nacional de Agricultura que expresa, entre otras cosas, que se le están entregando a la Dirección General de Aguas atribuciones propias de las Juntas de Vigilancia, señalando como ejemplo, la facultad que le concede el artículo 18, letra d), agregado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado para "impedir que se extraigan aguas de los mismos cauces sin título o en mayor cantidad de lo que corresponde". El memorándum se refiere también a la necesidad de establecer que el valor del caudal ecológico mínimo (artículo 129 bis 1 del proyecto) sea inferior a los recursos permanentes y consuntivos disponibles en el cauce, debiendo la ley establecer la forma precisa de calcularlo. Sobre el mismo tema, la Comisión analizó el problema de que si el caudal ecológico se fija sobre el nivel del caudal de aguas disponible en un río determinado, este caudal obligue a lo imposible. Tendrían que afectarse derechos adquiridos o, al menos, no dejar sobrante para adjudicar nuevos derechos. El problema es cómo se logra cumplir con la necesidad de mantener este caudal ecológico mínimo, pero evitando arbitrariedades. Finalmente, el documento de la Sociedad Nacional de Agricultura señala que su Comité “se pronunció por la conveniencia de establecer el cobro de una patente por el no uso de las aguas correspondientes a los derechos consuntivos y no consuntivos, vinculada a la existencia de la presunción de derecho sobre el uso de las aguas.”.

En una minuta de 25 de agosto del 2000, el Ejecutivo se refiere a dos temas mencionados en el párrafo anterior. Con respecto a la posible confusión entre las atribuciones de las Juntas de Vigilancia y las de la Dirección General de Aguas, manifiesta que el principio es que la autoridad pública debe tener una intervención subsidiaria, esto es, cuando los propios usuarios no han sido capaces de resolver los problemas. Por lo anterior, habrá que ser cuidadosos en que la Dirección General de Aguas sólo pueda intervenir cuando no existan Juntas de Vigilancia. En lo relativo al caudal ecológico mínimo señala que siempre ha sido claro que el caudal ecológico sólo se fijará en los derechos de agua que se constituyan una vez que esté vigente la modificación al Código propuesta y en aquellos cauces donde existan recursos hídricos disponibles. En cuanto a la determinación del caudal ecológico, sostiene que ello se cumple íntegramente en el proyecto aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, donde se establece qué magnitud podrá tener y la necesidad de dictar un reglamento que determine la forma de precisarlo.

Los HH. Senadores integrantes de la Comisión han insistido en que se debe aprovechar la ocasión para crear un sistema de premios y castigos que promuevan la formación de un catastro y registro completo de los derechos de agua otorgados en el país, ya que consideran que el sistema de incentivos y castigos para estimular la inscripción contemplado en las últimas indicaciones del Ejecutivo podría fortalecerse aún más. También estiman que es necesario profundizar y aclarar en mejor forma en el proyecto las relaciones entre aguas superficiales y subterráneas.

En la sesión de la Comisión celebrada el 30 de agosto, el Gobierno retiró las indicaciones anteriormente presentadas y entregó otras nuevas destinadas a incentivar la formación del Catastro Público de Aguas en el cual existirá un Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, para lo cual los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar a la Dirección General de Aguas, por carta certificada, copias autorizadas de las escrituras públicas, inscripciones y demás actos que se relaciones con derechos de aprovechamiento de aguas y organizaciones de usuarios de agua. Existirá también un Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Agua No Inscritos. Las indicaciones contienen también normas de cálculo de la patente por no uso de los derechos de aprovechamiento consuntivos y no consuntivos de ejercicio permanente y de los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual. También en ellas se establece que será el Presidente de la República el que, mediante decreto fundado y con informe de la Dirección General de Aguas disponga la denegación total o parcial de una solicitud de derecho de aprovechamiento. Anteriormente el proyecto entregaba la facultad de denegación por consideraciones de utilidad pública o desarrollo estratégico de la región a la Dirección General de Aguas, con informe favorable de los 2/3 del Consejo Regional correspondiente.

En la sesión de la Comisión a que asistió el economista señor Oscar Landerretche, éste realizó un comentario sobre el mercado de los derechos de aprovechamiento de aguas en el país y como serán afectados de acuerdo al proyecto. El señor Landerretche manifestó que el mercado de derechos de agua es extremadamente complejo y no sujeto a simplificaciones. No se trata, dijo, de que exista un solo mercado de derechos de agua, lo que hay son localizaciones e industrias o usos que, a su vez, pueden relocalizarse y, en consecuencia, podrían estar optando a derechos en distintas cuencas y en distintas localizaciones y tendrían al frente distintas ofertas. Señaló que en el caso del desarrollo residencial en un lugar determinado y de la actividad agrícola o minera, la acción se reduce a una sola cuenca. Por lo tanto, para el señor Landerretche modelar el comportamiento de un mercado de derechos de agua a través de una fórmula de oferta y demanda sencilla es una tremenda simplificación. Según él, una forma más adecuada de pensar el mercado de derechos de agua es concebirlo como un conjunto de muchos mercados localizados en los cuales, frecuentemente, no se presentan varios oferentes y varios demandantes, sino que se presenta alguien que desea un derecho de agua localizado en un lugar determinado, en una cuenca en que existen, por el sistema de la cuenca, restricciones aguas arriba y aguas abajo, o sea, los derechos ya otorgados se relacionan de una manera bien determinada, y al enfrentar esa necesidad de disponibilidad del recurso tiene al frente un conjunto de opciones muy pequeñas y en muchos casos un solo oferente posible. En su concepto, las situaciones monopólicas son las más frecuentes; incluso se da la situación de negociación de monopolio bilateral. Sostiene que con un análisis más realista, se llega a la conclusión que la forma más adecuada de mantención de una oferta disponible de derechos de agua en el país, es su disponibilidad abierta, para evitar que la distorsión que provoca la presencia de condiciones monopólicas en un caso particular resulte en un uso no óptimo del recurso.

El señor Landerretche continuó diciendo que argumentar que el uso económico del agua, ya sea para proveer agua potable o para una actividad agrícola o minera, no es necesariamente el objetivo de los derechos; asimismo, afirmar que la posibilidad de atesorar agua puede ser en sí misma una alternativa aceptable, es superponer a la legislación ambiental existente una fórmula distinta para preservar caudales o cursos de agua. Se preguntó en seguida ¿qué hubiera ocurrido si cuando este marco legal se introdujo, hubiéramos tenido algún intento de un conjunto de ambientalistas que desde una posición extrema hubieran inscrito cuanto derecho de agua estuviera disponible?. Comentó que, en ese caso, habríamos tenido una política ambiental no transparente, no discutida, sino simplemente el bloqueo de todo el desarrollo del país. Más adelante, afirmó que la mejor forma de mantener una disponibilidad de agua parece ser la de que se otorguen aquellos derechos que efectivamente van a ser utilizados. Luego señaló que la historia del uso de los derechos de agua es la historia de que al ir apareciendo necesidades productivas o de carácter urbano se van solicitando los derechos, y, en la medida que se van otorgando, se va produciendo una estructura de uso, la que no es siempre la óptima porque puede aparecer después una nueva actividad productiva que no hubiese sido considerada y que fuera más rentable, pero esa historia en cada momento va incorporando marginalmente las actividades más productivas o más rentables. Continuó su comentario diciendo que, en su opinión, el proyecto lo que hace es reponer una situación que había sido eficiente en la legislación anterior a la de 1981; es corregir un conjunto de situaciones intermedias que quedaron en este período, y reponer una condición esencial del mercado de derechos de agua que es la disponibilidad del recurso, para que sea el libre juego de la oferta y la demanda el que vaya decidiendo como se utilice. Por último, enfatizó que el proyecto crea mercado, fomenta la circulación de los derechos de agua no utilizados, o sea la oferta y la demanda, que es la mejor alternativa. En efecto la mejor alternativa no es pagar la patente sino usar el derecho o ponerlo en el mercado.

ARTICULOS DE COMPETENCIA DE LA COMISION DE HACIENDA

La Comisión consideró de su competencia y se pronunció acerca de los artículos 129 bis 4 a 129 bis 8 y 129 bis 18 a 129 bis 20 contenidos en el artículo 1º del proyecto. Además, estudió los artículos 1º y 2º transitorios.

El artículo 129 bis 4 señala que Los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente que no sean utilizados, estarán afectos al pago de una patente anual, a beneficio fiscal

El artículo 129 bis 5 indica que los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente que no sean utilizados, estarán afectos al pago de una patente anual, a beneficio fiscal.

El artículo 129 bis 6 prescribe que el pago de la patente se efectuará dentro del mes de marzo de cada año.

El artículo 129 bis 7 establece que el Director General de Aguas determinará los derechos de aprovechamiento de aguas que no se encuentren total o parcialmente utilizadas.

El artículo 129 bis 8 dice que se presumirá que las aguas están siendo utilizadas si existen las obras de captación de las mismas. En el caso de los derechos de aprovechamiento no consultivos, deberán existir también las obras necesarias para su restitución. Esta presunción se aplicará en proporción al caudal correspondiente a la capacidad de captación o de restitución de tales obras.

El artículo 129 bis 18 indica que una cantidad igual al 75% del producto neto de las patentes por no utilización de los derechos de aprovechamiento y de lo recaudado en los remates de estos últimos, será distribuida, a contar del ejercicio presupuestario del cuarto año posterior al de la publicación de esta ley, entre las regiones y comunas del país, en la forma que indica.

El artículo 129 bis 19 establece que el valor de las patentes no se considerará como gasto para efectos de la primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, no siéndole aplicable el artículo 21 de dicha ley. Pero las cantidades pagadas por concepto de patentes por los titulares de derechos de aprovechamiento durante los años anteriores a aquél en que se inicie la utilización de las aguas, podrán imputarse a cualquier clase de impuesto fiscal de declaración y pago mensual, en la forma que determine el Ministerio de Hacienda mediante decreto supremo.

El artículo 129 bis 20 señala que respecto a los derechos no consuntivos, se determinará el número de años cuyos pagos podrán imputarse en los términos del artículo anterior, mediante la tabla que indica.

El artículo 1º transitorio prescribe que los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente que no sean utilizados a contar del 1 de enero de 2001, estarán afectos, en la proporción no utilizada de los respectivos caudales, al pago de una patente que se regirá por las reglas establecidas en el artículo 129 bis 4 del Código de Aguas.

El artículo 2º transitorio establece la misma norma del artículo anterior pero para los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente.

Por otra parte, la Comisión también estudió las indicaciones presentadas por el Ejecutivo contenidas en el mensaje Nº 179-342, de 25 de agosto de 2000, en el cual, junto con retirar las anteriores hechas llegar a la Comisión el 5 de abril de 2000 y recogiendo algunas de las observaciones hechas por los HH. Senadores miembros de ésta, proponía lo siguiente:

Nº 8

1) sustituir el texto del artículo 129 bis 4 nuevo, por el siguiente:

"Artículo 129 bis 4. Los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente anual a beneficio fiscal. La patente se regirá por las siguientes reglas:

a) En los primeros cinco años, la patente será equivalente, en unidades tributarias mensuales, al valor que resulte de la siguiente operación aritmética:

Valor anual de la patente en UTM = 0,33 x Q x H

El factor Q corresponderá al caudal medio no utilizado expresado en metros cúbicos por segundo, y el factor H, al desnivel entre los puntos de captación y restitución expresado en metros.

Si la captación de las aguas se hubiere solicitado realizar a través de un embalse, el factor H corresponderá, en todo caso, al desnivel entre la altura máxima de inundación y el punto de restitución expresado en metros.

En todos aquellos casos en que el desnivel entre los puntos de captación y restitución resulte inferior a 10 metros, el valor del factor H, para los efectos de esa operación, será igual a 10.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 3, y

c) Desde el año undécimo en adelante, se multiplicará por el factor 9.

Para los efectos de la contabilización de los plazos de no utilización de las aguas, éstos comenzarán a regir desde día 1° de enero del año 2001. En el caso de derechos de aprovechamiento que se constituyan o reconozcan con posterioridad a tal fecha, los plazos se computarán desde la fecha de su constitución o reconocimiento.

Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 100 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 500 litros por segundo en el resto de las regiones.".

2) Sustituir el texto del artículo 129 bis 5 nuevo, por el siguiente:

"Artículo 129 bis 5. Los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales medios, al pago de una patente anual a beneficio fiscal.

La patente a que se refiere este artículo se regirá por las siguientes normas:

a) En los primeros cinco años, los derechos de ejercicio permanente, cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, pagarán una patente anual cuyo monto será equivalente a 1,6 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo.

Respecto de los derechos de aprovechamiento cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones VI a IX, ambas inclusive, la patente será equivalente a 0,2 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo, y para las situadas en las Regiones X, XI y XII, ascenderán a 0,1 unidad tributaria mensual por cada litro por segundo.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 2, y

c) Desde el año undécimo en adelante, se multiplicará por el factor 4.

Para los efectos de la contabilización de los plazos de no utilización de las aguas, éstos comenzarán a regir desde día 1° de enero del año 2001. En el caso de derechos de aprovechamiento que se constituyan o reconozcan con posterioridad a tal fecha, los plazos se computarán desde la fecha de su constitución o reconocimiento.

Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 10 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 50 litros por segundo en el resto de las regiones."

3) Intercalar el siguiente artículo 129 bis 6 nuevo:

"Artículo 129 bis 6.- Los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual, que no sean utilizados total o parcialmente, pagarán un tercio del valor de la patente asignada a los derechos de ejercicio permanente.

Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio eventual cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 300 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 1500 litros por segundo en el resto de las regiones.

Asimismo, estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio eventual cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 30 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 150 litros por segundo en el resto de las regiones.

Para los efectos de la contabilización de los plazos de no utilización de las aguas, éstos comenzarán a regir desde día 1° de enero del año 2001. En el caso de derechos de aprovechamiento que se constituyan o reconozcan con posterioridad a tal fecha, los plazos se computarán desde la fecha de su constitución o reconocimiento.".

4) Reemplazar, en el inciso segundo del artículo 129 bis 6, actual, que pasaría a ser 129 bis 7, el guarismo "10" por "11".

5) Introducir las siguientes modificaciones al artículo 129 bis 8, propuesto:

a) Eliminar en el inciso segundo las palabras "o de restitución";

b) Incorporar el siguiente inciso cuarto, nuevo:

"La forma de determinar la capacidad de captación de las obras que permitan presumir la utilización de las aguas, será objeto de un reglamento que deberá dictar el Presidente de la República.".

6) Intercalar en el inciso cuarto del artículo 129 bis 18, que pasará a ser 129 bis 19, a continuación de la expresión "129 bis 5", la frase "y 129 bis 6", reemplazando la conjunción "y" por una coma (,).

Nº 13

7) Introducir las siguientes modificaciones al artículo 147 bis, nuevo:

a) Sustituir, en el párrafo segundo del número 3, la conjunción "y" final y la coma (,) que la antecede, por un punto aparte (.).

b) Eliminar su número 4;

c) Intercalar los siguientes incisos tercero y cuarto, pasando el actual inciso tercero, a ser quinto:

"Asimismo, el Presidente de la República podrá mediante decreto fundado, con informe de la Dirección General de Aguas y por circunstancias excepcionales y de interés general, disponer la denegación total o parcial de una solicitud de derecho de aprovechamiento. Este decreto se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, el día primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediatamente siguiente si aquellos fueren feriados.

El afectado podrá reclamar de dicho decreto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de su publicación.".

ARTICULOS TRANSITORIOS

8) Sustituir el actual artículo 1º transitorio, por el siguiente:

"Artículo 1.- Las solicitudes de derecho de aprovechamiento que se encuentran pendientes, deberán ajustarse a las disposiciones de esta ley, para lo cual el Director General de Aguas requerirá de los peticionarios los antecedentes e informaciones que fueren necesarios para dicho fin.", y

9) Suprimir el artículo 2° transitorio.

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Se hace presente que la Comisión no consideró las indicaciones del Ejecutivo que proponían modificaciones a los artículos 65 y 122 del Código de Aguas, por no ser de su competencia, las que deberán ser resueltas oportunamente en la Comisión Técnica.

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VOTACIÓN DE LOS PRECEPTOS E INDICACIONES CONSIDERADOS

Después del exhaustivo análisis del proyecto tanto desde el punto de vista económico como de los preceptos propios de la competencia de esta Comisión y de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en la cual se recogieron algunas observaciones que realizaron los señores Senadores, quedó de manifiesto que se mantienen posiciones muy divergentes respecto del fondo de esta iniciativa legal, razón por la cual, a petición del H. Senador señor Edgardo Boeninger, la Comisión acordó votar en bloque los artículos 129 bis 4 a 129 bis 8 y 129 bis 18 a 129 bis 20 (en numeración de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento) además de las indicaciones del Ejecutivo (salvo las recaídas en los artículos 65 y 122 del Código de Aguas, por no ser de su competencia), con el propósito de no demorar más esta iniciativa y realizar entonces en la Sala del Senado un completo y riguroso análisis de toda esta materia.

- La Comisión aprobó los referidos preceptos e indicaciones del Ejecutivo, en una sola votación, por tres votos a favor, de los HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Carlos Ominami y Hosain Sabag, y dos votos en contra, de los HH. Senadores señora Evelyn Matthei y señor Francisco Prat.

- Al mismo tiempo, la Comisión acordó solicitar en su oportunidad a la Sala del Senado, que dispusiera, para el segundo informe, que el proyecto fuera enviado a las Comisiones de Hacienda y Obras Públicas, Unidas.

FINANCIAMIENTO

Según el informe financiero preparado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, la iniciativa legal en estudio no representa costo fiscal para el presente año, por cuanto las funciones que se encomiendan a diversos servicios públicos ( Dirección General de Aguas, Tesorería General de la República) deben entenderse financiadas con los recursos que se han considerado en el Presupuesto del Sector Público actualmente vigente.

En consecuencia, esta Comisión ha despachado el proyecto de ley en estudio debidamente financiado en los términos antes referidos, por lo cual sus normas no producirán desequilibrios presupuestarios.

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MODIFICACIONES

En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto de ley despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

Número 8.-

Artículo 129 bis 4

Sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 129 bis 4.- Los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente anual a beneficio fiscal. La patente se regirá por las siguientes reglas:

a) En los primeros cinco años, la patente será equivalente, en unidades tributarias mensuales, al valor que resulte de la siguiente operación aritmética:

Valor anual de la patente en UTM=0,33xQxH.

El factor Q corresponderá al caudal medio no utilizado expresado en metros cúbicos por segundo, y el factor H, al desnivel entre los puntos de captación y de restitución expresado en metros.

Si la captación de las aguas se hubiere solicitado realizar a través de un embalse, el valor del factor H corresponderá, en todo caso, al desnivel entre la altura máxima de inundación y el punto de restitución expresado en metros.

En todos aquellos casos en que el desnivel entre los puntos de captación y restitución resulte inferior a 10 metros, el valor del factor H, para los efectos de esa operación, será igual a 10.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 3, y

c) Desde el año undécimo en adelante, se multiplicará por el factor 9.

Para los efectos de la contabilización de los plazos de no utilización de las aguas, éstos comenzarán a regir desde el día 1º de enero del año 2001. En el caso de derechos de aprovechamiento que se constituyan o reconozcan con posterioridad a tal fecha, los plazos se computarán desde la fecha de su constitución o reconocimiento.

Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 100 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 500 litros por segundo en el resto de las regiones.”.

Artículo 129 bis 5

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 129 bis 5.- Los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales medios, al pago de una patente anual a beneficio fiscal.

La patente a que se refiere este artículo se regirá por las siguientes normas:

a) En los primeros cinco años, los derechos de ejercicio permanente, cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, pagarán una patente anual cuyo monto será equivalente a 1,6 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo.

Respecto de los derechos de aprovechamiento cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones VI a IX, ambas inclusive, la patente será equivalente a 0,2 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo, y para las situadas en las Regiones X, XI y XII, ascenderá a 0,1 unidad tributaria mensual por cada litro por segundo.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 2, y

c) Desde el año undécimo en adelante, se multiplicará por el factor 4.

Para los efectos de la contabilización de los plazos de no utilización de las aguas, éstos comenzarán a regir desde el día 1º de enero del año 2001. En el caso de derechos de aprovechamiento que se constituyan o reconozcan con posterioridad a tal fecha, los plazos se computarán desde la fecha de su constitución o reconocimiento.

Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 10 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 50 litros por segundo en el resto de las regiones.".

- - -

En seguida, intercalar el siguiente artículo 129 bis 6, nuevo:

“Artículo 129 bis 6.- Los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual, que no sean utilizados total o parcialmente, pagarán un tercio del valor de la patente asignada a los derechos de ejercicio permanente.

Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio eventual cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 300 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 1.500 litros por segundo en el resto de las regiones.

Asimismo, estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio eventual cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 30 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 150 litros por segundo en el resto de las regiones.

Para los efectos de la contabilización de los plazos de no utilización de las aguas, éstos comenzarán a regir desde el día 1º de enero del año 2001. En el caso de derechos de aprovechamiento que se constituyan o reconozcan con posterioridad a tal fecha, los plazos se computarán desde la fecha de su constitución o reconocimiento.”.

- - -

Artículo 129 bis 6

Ha pasado a ser artículo 129 bis 7.

Reemplazar, en su inciso segundo, el guarismo “10” por “11”.

Artículo 129 bis 7

Ha pasado a ser artículo 129 bis 8, sin otra enmienda.

Artículo 129 bis 8

Ha pasado a ser artículo 129 bis 9.

Suprimir, en su inciso segundo, la expresión “o de restitución”.

Luego, agregar como inciso cuarto, nuevo, el siguiente:

“La forma de determinar la capacidad de captación de las obras que permitan presumir la utilización de las aguas, será objeto de un reglamento que deberá dictar el Presidente de la República.”.

Artículo 129 bis 9

Ha pasado a ser artículo 129 bis 10, sin modificaciones.

Artículo 129 bis 10

Ha pasado a ser artículo 129 bis 11.

Reemplazar, en su inciso primero, la expresión "artículo 129 bis 6" por esta otra: "artículo 126 bis 7".

Artículos 129 bis 11 a 129 bis 17

Han pasado a ser artículos 129 bis 12 a 129 bis 18, respectivamente, sin otra modificación.

Artículo 129 bis 18

Ha pasado a ser 129 bis 19.

En su inciso final, sustituir por una coma (,), la conjunción copulativa "y" que sigue a la expresión 129 bis 4; suprimir la coma (,) colocada después de "129 bis 5" y agregar a continuación la expresión "y 129 bis 6".

Artículos 129 bis 19 y 129 bis 20

Han pasado a ser artículos 129 bis 20 y 129 bis 21, respectivamente, sin otra modificación.

Número 13.-

Artículo 147 bis nuevo

Sustituir en el inciso segundo del número 3, la conjunción copulativa “y” final y la coma (,) que la antecede, por un punto aparte (.).

Eliminar el número 4.

Luego, intercalar los siguientes incisos tercero y cuarto:

“Asimismo, el Presidente de la República podrá mediante decreto fundado, con informe de la Dirección General de Aguas y por circunstancias excepcionales y de interés general, disponer la denegación total o parcial de una solicitud de derecho de aprovechamiento. Este decreto se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, el día primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediatamente siguiente si aquellos fueren feriados.

El afectado podrá reclamar de dicho decreto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de su publicación.”.

Inciso tercero

Ha pasado a ser inciso quinto, sin otra enmienda.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Reemplazar este epígrafe por el siguiente: "ARTICULO TRANSITORIO".

Artículo 1º

Sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1º.- Las solicitudes de derecho de aprovechamiento que se encuentran pendientes, deberán ajustarse a las disposiciones de esta ley, para lo cual el Director General de Aguas requerirá de los peticionarios los antecedentes e informaciones que fueren necesarios para dicho fin.”.

Artículo 2º

Suprimirlo.

- - -

Como consecuencia de las modificaciones precedentemente señaladas, el texto de la iniciativa legal en informe despachado por la Comisión, queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1º.- Modifícase el Código de Aguas en la siguiente forma:

1.- Incorpórase, en el artículo 6º, el siguiente inciso final, nuevo:

“Si el titular renunciare total o parcialmente a su derecho de aprovechamiento, deberá hacerlo mediante escritura pública que se inscribirá o anotará, según corresponda, en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente. El Conservador de Bienes Raíces informará de lo anterior a la Dirección General de Aguas, en los términos previstos por el artículo 122.”.

2.- Reemplázase el artículo 22 por el siguiente:

"Artículo 22. La autoridad constituirá el derecho de aprovechamiento sobre aguas existentes en fuentes naturales y en embalses estatales, no pudiendo perjudicar ni menoscabar derechos de terceros.

El derecho de aprovechamiento se otorgará teniendo en consideración la explotación conjunta de los recursos superficiales y subterráneos de una misma cuenca u hoya hidrográfica y no podrá afectar los derechos existentes, constituidos o reconocidos con anterioridad sobre dichos recursos.".

3.- Modifícase el artículo 114 de la siguiente forma:

a) Reemplázase el número 4 por el siguiente:

“4. Las escrituras públicas que contengan el acto formal del otorgamiento definitivo de un derecho de aprovechamiento, así como las que contengan la renuncia a tales derechos;”, y

b) Reemplázase el número 7 por el siguiente:

"7. Las resoluciones judiciales ejecutoriadas que reconozcan la existencia o declaren la extinción total o parcial de un derecho de aprovechamiento.".

4.- Intercálase el siguiente artículo 115 bis, nuevo, a continuación del artículo 115:

"Artículo 115 bis.- Deberán inscribirse en los Registros de Hipotecas y Gravámenes y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar relativos a las aguas, las condiciones suspensivas o resolutorias del dominio de los derechos de aprovechamiento o de otros derechos reales constituidos sobre ellos, así como todo impedimento o prohibición referente a derechos de aprovechamiento, sea convencional, legal o judicial que embarace o limite, de cualquier modo, el libre ejercicio de la facultad de enajenarlos.".

5.- Deróganse los números 2 y 4 del artículo 116.

6.- Agréganse al artículo 122 los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

"Para los efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes, los Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar copia autorizada a la Dirección General de Aguas, por carta certificada, de todas las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que practiquen en los Registros de Aguas correspondientes dentro del plazo de treinta días, contado desde la respectiva inscripción, subinscripción o anotación.

Los Conservadores que no cumplan con las obligaciones establecidas en este artículo serán sancionados con las penas previstas en el artículo 440 del Código Orgánico de Tribunales."

7.- Reemplázase el artículo 129 por el siguiente:

"Artículo 129. El dominio sobre los derechos de aprovechamiento se extingue por las causas y en las formas establecidas en este Código y en el derecho común.".

8.- Intercálanse los siguientes Títulos X y XI, nuevos, en el Libro I, a continuación del artículo 129:

"TITULO X

DE LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y CAUCES

Artículo 129 bis.- Las aguas provenientes de obras de recuperación de terrenos húmedos o pantanosos deberán ser vertidas al cauce receptor natural de las mismas, si de la ejecución de dichas obras resultare perjuicio a terceros. De no ser posible lo anterior, ellas serán vertidas a cauces artificiales, con autorización de sus propietarios, o a otros cauces naturales. En este último caso, deberá obtenerse autorización de la Dirección General de Aguas en conformidad al Párrafo 1º del Título I del Libro II de este Código.

Artículo 129 bis 1.- Al constituir los derechos de aprovechamiento de aguas, la Dirección General de Aguas garantizará la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente, debiendo, en especial, asegurar un caudal ecológico mínimo.

El caudal ecológico mínimo no podrá ser superior al veinte por ciento del caudal medio anual de la respectiva fuente superficial. El Presidente de la República reglamentará la forma de precisarlo.

En casos calificados, el Presidente de la República podrá, mediante decreto fundado, fijar caudales ecológicos mínimos diferentes, sin atenerse a la limitación establecida en el inciso anterior.

Artículo 129 bis 2.- La Dirección General de Aguas podrá ordenar la inmediata paralización de las obras o labores que se ejecuten en los cauces naturales de aguas corrientes o detenidas que no cuenten con la autorización competente y que pudieren ocasionar perjuicios a terceros, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código, previa autorización del juez de letras competente en el lugar en que se realicen dichas obras.

Artículo 129 bis 3.- La Dirección General de Aguas deberá establecer una red de estaciones de control de calidad, cantidad y niveles de las aguas tanto superficiales como subterráneas en cada cuenca u hoya hidrográfica. La información que se obtenga será pública y deberá proporcionarse a quien la solicite.

TITULO XI

DEL PAGO DE UNA PATENTE POR LA NO UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS

Artículo 129 bis 4.- Los derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente anual a beneficio fiscal. La patente se regirá por las siguientes reglas:

a) En los primeros cinco años, la patente será equivalente, en unidades tributarias mensuales, al valor que resulte de la siguiente operación aritmética:

Valor anual de la patente en UTM=0,33xQxH.

El factor Q corresponderá al caudal medio no utilizado expresado en metros cúbicos por segundo, y el factor H, al desnivel entre los puntos de captación y de restitución expresado en metros.

Si la captación de las aguas se hubiere solicitado realizar a través de un embalse, el valor del factor H corresponderá, en todo caso, al desnivel entre la altura máxima de inundación y el punto de restitución expresado en metros.

En todos aquellos casos en que el desnivel entre los puntos de captación y restitución resulte inferior a 10 metros, el valor del factor H, para los efectos de esa operación, será igual a 10.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 3, y

c) Desde el año undécimo en adelante, se multiplicará por el factor 9.

Para los efectos de la contabilización de los plazos de no utilización de las aguas, éstos comenzarán a regir desde el día 1º de enero del año 2001. En el caso de derechos de aprovechamiento que se constituyan o reconozcan con posterioridad a tal fecha, los plazos se computarán desde la fecha de su constitución o reconocimiento.

Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 100 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 500 litros por segundo en el resto de las regiones.

Artículo 129 bis 5.- Los derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente, que no sean utilizados total o parcialmente, estarán afectos, en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales medios, al pago de una patente anual a beneficio fiscal.

La patente a que se refiere este artículo se regirá por las siguientes normas:

a) En los primeros cinco años, los derechos de ejercicio permanente, cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, pagarán una patente anual cuyo monto será equivalente a 1,6 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo.

Respecto de los derechos de aprovechamiento cuyas aguas pertenezcan a cuencas hidrográficas situadas en las Regiones VI a IX, ambas inclusive, la patente será equivalente a 0,2 unidades tributarias mensuales, por cada litro por segundo, y para las situadas en las Regiones X, XI y XII, ascenderá a 0,1 unidad tributaria mensual por cada litro por segundo.

b) Entre los años sexto y décimo inclusive, la patente calculada de conformidad con la letra anterior se multiplicará por el factor 2, y

c) Desde el año undécimo en adelante, se multiplicará por el factor 4.

Para los efectos de la contabilización de los plazos de no utilización de las aguas, éstos comenzarán a regir desde el día 1º de enero del año 2001. En el caso de derechos de aprovechamiento que se constituyan o reconozcan con posterioridad a tal fecha, los plazos se computarán desde la fecha de su constitución o reconocimiento.

Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 10 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 50 litros por segundo en el resto de las regiones.

Artículo 129 bis 6.- Los derechos de aprovechamiento de ejercicio eventual, que no sean utilizados total o parcialmente, pagarán un tercio del valor de la patente asignada a los derechos de ejercicio permanente.

Estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento no consuntivos de ejercicio eventual cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 300 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 1.500 litros por segundo en el resto de las regiones.

Asimismo, estarán exentos del pago de patente aquellos derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio eventual cuyos volúmenes medios por unidad de tiempo, expresados en el acto de constitución original, sean inferiores a 30 litros por segundo, en las Regiones I a Metropolitana, ambas inclusive, y a 150 litros por segundo en el resto de las regiones.

Para los efectos de la contabilización de los plazos de no utilización de las aguas, éstos comenzarán a regir desde el día 1º de enero del año 2001. En el caso de derechos de aprovechamiento que se constituyan o reconozcan con posterioridad a tal fecha, los plazos se computarán desde la fecha de su constitución o reconocimiento.

Artículo 129 bis 7.- El pago de la patente se efectuará dentro del mes de marzo de cada año, en cualquier banco o institución autorizados para recaudar tributos. La Dirección General de Aguas publicará la resolución que contenga el listado de los derechos sujetos a esta obligación, en las proporciones que correspondan, la cual estará sujeta al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Esta publicación se efectuará el 15 de enero de cada año o el primer día hábil inmediato si aquél fuere feriado, en el Diario Oficial y en forma destacada en un diario o periódico de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la región correspondiente.

Esta publicación se considerará como notificación suficiente para los efectos de lo dispuesto en el artículo 129 bis 11.

Artículo 129 bis 8.- Corresponderá al Director General de Aguas determinar los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no se encuentren total o parcialmente utilizadas. Tal determinación se efectuará en base a la información disponible al 31 de agosto de cada año.

Artículo 129 bis 9.-. Se presumirá que las aguas están siendo utilizadas total o parcialmente, si existen las obras de captación de las mismas. En el caso de los derechos de aprovechamiento no consuntivos, deberán existir también las obras necesarias para su restitución.

La presunción a que se refiere el inciso anterior se aplicará en proporción al caudal correspondiente a la capacidad de captación de tales obras.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por obras de captación en corrientes naturales aquéllas que permitan incorporar las aguas a los canales o a otras obras de conducción, aun cuando tales obras sean de carácter temporal y se renueven periódicamente.

La forma de determinar la capacidad de captación de las obras que permitan presumir la utilización de las aguas, será objeto de un reglamento que deberá dictar el Presidente de la República.

Artículo 129 bis 10.-. Serán aplicables a las resoluciones de la Dirección General de Aguas, dictadas en conformidad con lo dispuesto en el presente Título, los recursos contemplados en los artículos 136 y 137 de este Código.

Artículo 129 bis 11.-. Si el titular del derecho de aprovechamiento no pagare la patente dentro del plazo indicado en el artículo 129 bis 7, se iniciará un procedimiento judicial para su cobro.

La ejecución de la obligación de pagar la patente sólo podrá hacerse efectiva sobre el respectivo derecho de aprovechamiento.

No obstante, el Presidente de la República, a petición fundada de la Dirección General de Aguas, podrá, en circunstancias excepcionales y de interés general, disponer que el derecho de aprovechamiento, en todo o en parte, no sea objeto del procedimiento señalado en el inciso primero. En tal caso, declarará su extinción y ordenará la cancelación de las inscripciones respectivas en la proporción que corresponda.

El decreto del Presidente de la República que declare la extinción del derecho se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, el día primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediatamente siguiente si aquéllos fueren feriados.

El afectado podrá reclamar de dicho decreto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de su publicación.

Una vez que el decreto correspondiente se encuentre firme, el juez competente según lo señalado en el inciso segundo del artículo siguiente, determinará la indemnización que el Fisco deba pagar al titular del derecho de aprovechamiento extinguido, descontando, en todo caso, el valor de la patente adeudada. Al resolver sobre esta indemnización, el juez deberá considerar el daño patrimonial efectivamente causado.

Artículos 129 bis 12.-. Antes del 1 de junio de cada año, el Tesorero General de la República enviará a los juzgados competentes la nómina de los derechos de aprovechamiento de aguas cuyas patentes no hayan sido pagadas, especificando su titular y el monto adeudado. La Dirección General de Aguas velará por el cumplimiento de esta disposición y prestará su colaboración a la Tesorería General de la República. Esta nómina constituirá título ejecutivo.

Será juez competente para conocer del procedimiento de remate el de la comuna donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento. Si hubiere más de uno, lo será el que estuviere de turno al tiempo de la recepción de la nómina a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 129 bis 13.- El juez despachará el mandamiento de ejecución y embargo mediante una providencia que estampará en la nómina indicada en el artículo anterior.

Este podrá dirigirse contra todos los deudores a la vez y no será susceptible de recurso alguno.

El embargo sólo podrá recaer en el derecho de aprovechamiento objeto de las patentes adeudadas.

Artículo 129 bis 14.- La notificación de encontrarse en mora, así como el requerimiento de pago, se harán a la persona que figure como propietaria del derecho de aprovechamiento en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo y podrán dirigirse contra uno o varios deudores a la vez.

La notificación y el requerimiento señalados en el inciso anterior se entenderán realizados por la publicación de la resolución que contenga el requerimiento de pago en el Diario Oficial el día primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediatamente siguiente si aquéllos fueren feriados, y, en forma destacada, en un diario o periódico de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la región correspondiente. El costo de esta publicación será de cargo de la Tesorería General de la República.

El derecho de aprovechamiento objeto de la patente adeudada se entenderá embargado por el solo ministerio de la ley, desde el momento en que se efectúe el requerimiento de pago.

Artículo 129 bis 15.- El deudor podrá oponerse a la ejecución dentro del plazo de diez días contado desde la fecha de las publicaciones señaladas en el artículo anterior.

La oposición sólo será admisible cuando se funde en alguna de las siguientes excepciones:

1º Pago de la deuda, siempre que conste por escrito;

2º Prescripción de la deuda;

3º Remisión de la deuda, o

4º Cosa juzgada.

El tribunal deberá pronunciarse dentro de tercero día de deducida la oposición. El recurso de apelación que se interponga en contra de la resolución que rechace las excepciones se concederá en el solo efecto devolutivo. El tribunal de segunda instancia sólo podrá ordenar la suspensión de la ejecución cuando la oposición se funde en el pago de la deuda que conste en un antecedente escrito. La apelación que se interponga en contra de la resolución que acoja las excepciones, se concederá en ambos efectos.

Si se acogieren parcialmente las excepciones, proseguirá la ejecución por el monto que determine el tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 129 bis 16.- Si transcurriere el plazo que el deudor tiene para oponerse a la ejecución sin que lo hubiere hecho o, habiendo deducido oposición, ésta fuere rechazada, el juez dictará una resolución señalando día y hora para el remate, la que se publicará, junto a la nómina de derechos a subastar, por una sola vez en un diario o periódico de la provincia respectiva y, si no lo hubiere, en uno de la capital de la región correspondiente. El costo de esta publicación será de cargo de la Tesorería General de la República.

El remate no podrá efectuarse antes de los treinta días siguientes a la fecha del aviso.

Los errores u omisiones en la publicación señalada en el inciso primero podrán ser rectificados antes del remate, a solicitud de cualquiera que tenga interés en ello o de la Dirección General de Aguas. El juez resolverá con conocimiento de causa. Las rectificaciones se publicarán en igual forma que la publicación original y el remate se postergará para una fecha posterior en treinta días, a lo menos, a la última publicación.

El secretario del tribunal pondrá testimonio en los autos de haberse publicado los avisos en la forma y oportunidad señaladas.

El mínimo de la subasta será el valor de las patentes adeudadas y el titular del derecho podrá liberarlo pagando dicho valor más un cincuenta por ciento del mismo.

Todo postor, para tomar parte en el remate, deberá rendir caución suficiente a beneficio fiscal, calificada por el tribunal, sin ulterior recurso, para responder que se llevará a efecto el pago de los derechos de aprovechamiento rematados. La garantía será equivalente al diez por ciento de la suma adeudada y subsistirá hasta que se otorgue la escritura definitiva de adjudicación.

Si el adjudicatario no enterare el precio de la subasta dentro del plazo de quince días contado desde la fecha del remate, la adjudicación quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley y el juez hará efectiva la garantía a beneficio fiscal, ordenando que los derechos de aprovechamiento sean nuevamente sacados a remate.

Si el producido excediere lo adeudado por concepto de patentes, gastos y costas, el remanente será entregado al ejecutado.

Artículo 129 bis 17.- Los demás procedimientos relativos al remate, al acta correspondiente, a la escritura de adjudicación y a su inscripción, se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a la subasta de bienes inmuebles embargados.

Artículo 129 bis 18.- Si no hay postor por algún derecho de aprovechamiento, el juez lo declarará extinguido y ordenará cancelar las correspondientes inscripciones en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces. Dicha resolución se notificará por el estado diario.

Artículo 129 bis 19.- Una cantidad igual al 75% del producto neto de las patentes por no utilización de los derechos de aprovechamiento y de lo recaudado en los remates de estos últimos, será distribuida, a contar del ejercicio presupuestario correspondiente al cuarto año posterior al de publicación de esta ley, entre las regiones y comunas del país en la forma que a continuación se indica:

a) El 65% de dichos producto neto y recaudación por remates se incorporará a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que anualmente le corresponda, en el Presupuesto Nacional, a la región donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento.

b) El 10% restante se distribuirá entre las municipalidades de las comunas donde sea competente el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento.

La proporción de la cantidad señalada en la letra a) anterior, que corresponda a cada región, se determinará como el cuociente entre el monto recaudado por patentes y remates correspondiente a la región en donde tenga su oficio el Conservador de Bienes Raíces en cuyo Registro se encuentren inscritos los derechos de aprovechamiento y el monto total recaudado por estos conceptos en todas las regiones del país. Igual criterio se aplicará tratándose de las municipalidades a que se refiere la letra b). En este último caso, si un derecho de aprovechamiento se encuentra situado en el territorio de dos o más comunas, la Dirección General de Aguas determinará la proporción que le corresponderá a cada una de ellas, dividiendo el monto correspondiente a prorrata de la superficie de cada comuna comprendida en la extensión territorial del derecho de aprovechamiento.

La Ley de Presupuestos incluirá, en los presupuestos de los Gobiernos Regionales y municipalidades que correspondan, las cantidades que resulten de la aplicación de los incisos anteriores.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por producto neto las cantidades que resulten de restar a la recaudación bruta, obtenida de la aplicación de las patentes que establecen los artículos 129 bis 4, 129 bis 5 y 129 bis 6, las sumas imputadas al pago de impuestos fiscales en la forma dispuesta en el artículo siguiente, ambos valores correspondientes al período de doce meses, contado hacia atrás desde el mes de junio del año anterior al de vigencia de la Ley de Presupuestos que incluya la distribución que proceda de acuerdo a esta disposición.

Artículo 129 bis 20.- El valor de las patentes no se considerará como gasto para efectos de la Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, no siéndole aplicable lo dispuesto en el artículo 21 de dicha ley.

Sin embargo, las cantidades pagadas por concepto de patentes por los titulares de derechos de aprovechamiento durante los años anteriores a aquél en que se inicie la utilización de las aguas, podrán imputarse a cualquier clase de impuesto fiscal de declaración y pago mensual, en conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente, en la forma que determine el Ministerio de Hacienda mediante decreto supremo expedido por orden del Presidente de la República. Para estos efectos, dichas cantidades serán reajustadas de acuerdo a la variación que haya experimentado el Indice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior a la fecha de ingreso del pago en arcas fiscales y el último día del mes anterior a la fecha de la imputación.

Artículo 129 bis 21.- Respecto a los derechos no consuntivos, se determinará el número de años cuyos pagos podrán imputarse en los términos del artículo anterior, mediante la siguiente tabla, cuyos tramos se determinan multiplicando el valor del caudal no utilizado, expresado en metros cúbicos por segundo, por el valor de la diferencia de nivel entre los puntos de captación y de restitución expresada en metros, siendo aplicable a este respecto lo dispuesto en los párrafos cuarto y quinto de la letra a) del artículo 129 bis 4:

a) Tres años, si el producto de la multiplicación de dichos factores es inferior a diez mil;

b) Cuatro años, si el producto de la multiplicación resulta entre diez mil y treinta mil, ambas cifras inclusive;

c) Cinco años, si el producto de la multiplicación resulta entre más de treinta mil y menos de cincuenta mil;

d) Seis años, si el producto de la multiplicación resulta entre cincuenta mil y setenta mil, ambas cifras inclusive, y

e) Siete años, si el producto de la multiplicación resulta superior a setenta mil.

Respecto a los derechos consuntivos, podrán imputarse los pagos efectuados durante los tres años anteriores a aquél en que se inicie la utilización de las aguas.”.

9.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 137 del Código de Aguas:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la palabra “respectiva,” seguida de una coma (,) por la expresión “del lugar en que se dictó la resolución que se impugna,” seguida de una coma (,), y

b) Agrégase, como inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero, el siguiente:

“Serán aplicables a la tramitación del recurso de reclamación, en lo pertinente, las normas contenidas en el Título XVIII del Libro I del Código de Procedimiento Civil, relativas a la tramitación del recurso de apelación en segunda instancia, debiendo, en todo caso, requerirse informe a la Dirección General de Aguas.”.

10.- Reemplázase el artículo 140 por el siguiente:

"Artículo 140. La solicitud para adquirir el derecho de aprovechamiento deberá contener:

1. El nombre del álveo de las aguas que se necesita aprovechar, su naturaleza, esto es, si son superficiales o subterráneas, corrientes o detenidas, y la provincia en que estén ubicadas o que recorren.

Tratándose de aguas subterráneas, se precisará la comuna en que se ubicará la captación y el área de protección que se solicita;

2. La cantidad de agua que se necesita extraer, expresada en medidas métricas y de tiempo;

3. El o los puntos donde se desea captar el agua.

Si la captación se efectúa mediante un embalse o barrera ubicado en el álveo, se entenderá por punto de captación aquél que corresponda a la intersección del nivel de aguas máximas de dicha obra con la corriente natural.

En el caso de los derechos no consuntivos, se indicará, además, el punto de restitución de las aguas y la distancia y desnivel entre la captación y la restitución;

4. El modo de extraer las aguas;

5. La naturaleza del derecho que se solicita, esto es, si es consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado con otras personas, y

6. Una memoria explicativa en la cual se justifique la cantidad de agua que se necesita extraer, según el uso o destino que se le dará, y se proporcionen los demás antecedentes que exija la naturaleza del derecho solicitado.”.

11.- Elimínase el inciso final del artículo 141.

12.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 142, la expresión "inciso 3º del artículo anterior" por "inciso final del artículo anterior".

13.- Intercálase el siguiente artículo 147 bis, nuevo, a continuación del artículo 147:

"Artículo 147 bis. El derecho de aprovechamiento de aguas se constituirá mediante resolución de la Dirección General de Aguas, o bien, mediante decreto supremo del Presidente de la República, en el caso previsto en el artículo siguiente.

El Director General de Aguas podrá, mediante resolución fundada, denegar o limitar las solicitudes de derechos de aprovechamiento, en los siguientes casos:

1. Si no se cumplieren los requisitos legales o reglamentarios;

2. Si no existiere disponibilidad del recurso;

3. Si no se hubiere justificado la cantidad de agua que se necesita extraer atendidos los fines invocados por el peticionario.

Para la aplicación de esta causal, será necesario que previamente se dicte un reglamento, que establezca relaciones técnicas objetivas entre usos del agua y caudales requeridos.

Asimismo, el Presidente de la República podrá mediante decreto fundado, con informe de la Dirección General de Aguas y por circunstancias excepcionales y de interés general, disponer la denegación total o parcial de una solicitud de derecho de aprovechamiento. Este decreto se publicará por una sola vez en el Diario Oficial, el día primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediatamente siguiente si aquellos fueren feriados.

El afectado podrá reclamar de dicho decreto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de su publicación.

Si en razón de la disponibilidad de agua no es posible constituir el derecho de aprovechamiento en las condiciones solicitadas, el Director General de Aguas podrá hacerlo en cantidad o con características diferentes, siempre que conste el consentimiento del interesado. Así, por ejemplo, será posible constituirlo en calidad de eventual o discontinuo, habiendo sido solicitado como permanente o continuo.".

14.- Reemplázase, en el artículo 148, la frase "inciso tercero del artículo 141" por "inciso final del artículo 141".

5.- Reemplázase el artículo 149 por el siguiente:

"Artículo 149. El acto administrativo en cuya virtud se constituye el derecho contendrá:

1. El nombre del adquirente;

2. El nombre del álveo o individualización de la comuna en que se encuentre la captación de las aguas subterráneas que se necesita aprovechar y el área de protección;

3. La cantidad de agua que se autoriza extraer, expresada en la forma prevista en el artículo 7º de este Código;

4. El o los puntos precisos donde se captará el agua y el modo de extraerla;

5. El desnivel y puntos de restitución de las aguas si se trata de usos no consuntivos, y

6. Si el derecho es consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, continuo o discontinuo o alternado con otras personas.

En el acto de constitución, el Director General de Aguas podrá establecer especificaciones técnicas, condiciones, limitaciones u otras modalidades que afecten el ejercicio del derecho, con el objeto de conservar el medio ambiente o proteger derechos de terceros.".

16.- Reemplázase, en el artículo 186, la expresión "canal matriz" por "caudal matriz".

17.- Agrégase al artículo 196 el siguiente inciso final, nuevo:

"Las comunidades de aguas que hayan cumplido con este requisito gozarán de personalidad jurídica y les serán aplicables las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con excepción de los artículos 560, 562, 563 y 564.".

18.- Reemplázanse las letras c) y d) del artículo 299, por las siguientes letras c), d) y e):

"c) Ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público e impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización previa del servicio o autoridad a quien corresponda aprobar su construcción o autorizar su demolición o modificación;

d) Impedir que se extraigan aguas de los mismos cauces sin título o en mayor cantidad de lo que corresponda. Para estos efectos, podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código, y

e) Supervigilar el funcionamiento de las organizaciones de usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en este Código.”.

19.- Reemplázase el artículo 1º transitorio por el siguiente:

"Artículo 1º transitorio.- Los derechos de aprovechamiento inscritos en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente cuyas posteriores transferencias o transmisiones no lo hubieren sido, podrán regularizarse mediante la inscripción de los títulos correspondientes desde su actual propietario hasta llegar a la inscripción de la cual proceden.

Si el Conservador rehusare practicar la inscripción solicitada, el interesado ocurrirá ante el juez de letras competente, quien solicitará informe a la Dirección General de Aguas y, además, tendrá a la vista copia autorizada de la inscripción de dominio a nombre del interesado del inmueble en el cual se aprovechen las aguas; certificado de vigencia del mismo; certificado de la respectiva organización de usuarios en que conste la calidad del solicitante como miembro activo de ella, así como otros documentos que acrediten el uso efectivo del agua. La solicitud deberá publicarse en la forma prevista en el artículo 131 de este Código y los terceros que se sientan afectados podrán oponerse dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha de la última publicación.".

20.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 13 transitorio, la frase "artículo 12 del presente Código" por "artículo 112 del presente Código".

Artículo 2º.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, fije el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código de Aguas.

En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República no podrá, tratándose de artículos que contengan preceptos de rango orgánico constitucional o de quórum calificado, alterar su redacción; sólo se limitará a establecer o concordar la numeración de los artículos según el orden correlativo que corresponda.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Artículo 1º.- Las solicitudes de derecho de aprovechamiento que se encuentran pendientes, deberán ajustarse a las disposiciones de esta ley, para lo cual el Director General de Aguas requerirá de los peticionarios los antecedentes e informaciones que fueren necesarios para dicho fin.”.

- - - - -

Acordado en sesiones celebradas los días 12 y 19 de abril; 3 de mayo; 9 y 30 de agosto y 5 de septiembre de 2000, con asistencia de los HH. Senadores señor Carlos Ominami (Presidente), señora Evelyn Matthei y señores Alejandro Foxley (Hosain Sabag), Edgardo Boeninger y Francisco Prat.

Sala de la Comisión, a 15 septiembre de 2000.

CESAR BERGUÑO BENAVENTE

Secretario de la Comisión

RESEÑA

I. BOLETÍN Nº: 876-09.

II. MATERIA: Proyecto de ley que modifica el Código de Aguas.

III.ORIGEN: Mensaje.

IV. TRAMITE CONSTITUCIONAL: Segundo trámite.

V. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: Aprobado en general con 61 votos a favor, 32 en contra y 16 abstenciones.

VI. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 26 de agosto de 1997.

VII. TRAMITE REGLAMENTARIO: Primer informe.(Este proyecto cuenta con un primer informe de la Comisión de Obras Públicas y uno de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento).

VIII. URGENCIA: No tiene.

IX. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: Constitución Política: artículo 19 Nºs 23 y 24; Código Civil: Título XXXIII del Libro I y D.F.L.Nº 1.122, de 1981, que fijó el texto Código de Aguas.

X. ESTRUCTURA DEL PROYECTO PROPUESTO: Dos artículos permanentes y uno transitorio. El artículo 1º permanente se compone de veinte numerales.

XI. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

1.- Establecer el pago de una patente por la no utilización de las aguas y un procedimiento judicial de cobranza de las mismas.

2.- Modificar el sistema de concesión de derechos de aprovechamiento.

3.- Fortalecer el sistema de conservación y protección de aguas y cauces.

4.- Considerar la relación entre aguas superficiales y subterráneas en el otorgamiento de derechos de aprovechamiento.

5.- Perfeccionar el procedimiento de regularización de títulos contenido en el artículo 1º transitorio del Código de Aguas.

6.- Establecer obligaciones a los Conservadores de Bienes Raíces en relación con el Catastro Público de Aguas.

7.- Conceder personalidad jurídica a las comunidades de aguas.

XII. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Los artículos 129 bis 10 al 129 bis 18, ambos inclusive (según numeración de la Comisión de Hacienda) del numeral 8 y los incisos tercero y cuarto del artículo 147 bis nuevo que se intercala mediante el numeral 13, deben ser aprobados con quórum de ley orgánica constitucional por incidir en la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política de la República en relación con el artículo 63, inciso segundo, de la Carta Fundamental.

XIII. ACUERDOS:

La Comisión aprobó los artículos 129 bis 4 a 129 bis 9 y 129 bis 19 a 129 bis 21 (según numeración de la Comisión de Hacienda), además de las indicaciones del Ejecutivo, en una sola votación, por tres votos a favor, de los HH. Senadores señores Edgardo Boeninger, Carlos Ominami y Hosain Sabag, y dos votos en contra, de los HH. Senadores señora Evelyn Matthei y señor Francisco Prat.

Se deja constancia que las indicaciones del Ejecutivo recaídas en los artículos 65 y 122 del Código de Aguas quedaron para ser resueltas por la Comisión Técnica, en su segundo informe, ya que no son de competencia de la Comisión de Hacienda.

CESAR BERGUÑO BENAVENTE

Secretario de la Comisión

INDICE

Normas de Quórum Especial… 2

Estructura del Proyecto… 3

Fundamentación… 3

Objetivos Fundamentales… 5

Aspectos controvertidos. Análisis Económico… 7

Artículos de competencia de la Comisión de Hacienda e indicaciones del Ejecutivo consideradas… 14

Votación de los preceptos e indicaciones considerados… 20

Financiamiento… 20

Modificaciones propuestas… 21

Texto del proyecto propuesto a la Sala… 26

Reseña… 44

MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE AGUAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

En seguida, corresponde tratar el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que modifica el Código de Aguas, con informes de las Comisiones de Obras Públicas, de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda.

Como ya estaba acordado, se autoriza el ingreso a la Sala de los señores Subsecretario de Obras Públicas y Director de Aguas.

--Los antecedentes sobre el proyecto (876-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 26ª, en 26 de agosto de 1997.

Informes de Comisión:

Obras Públicas, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.

Constitución, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.

Hacienda, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Las Comisiones ya mencionadas hacen constar en sus informes que los principales objetivos de la iniciativa son los siguientes: 1) Establecer el pago de una patente por la no utilización de las aguas y un procedimiento judicial de cobranza de las mismas; 2) Modificar el sistema de concesión de derechos de aprovechamiento; 3) Fortalecer el sistema de conservación y protección de aguas y cauces; 4) Considerar la relación entre aguas superficiales y subterráneas en el otorgamiento de derechos de aprovechamiento; 5) Perfeccionar el procedimiento de regularización de títulos contenido en el artículo 1º transitorio del Código de Aguas; 6) Establecer obligaciones a los Conservadores de Bienes Raíces con relación al Catastro Público de Aguas , y 7) Conceder personalidad jurídica a las comunidades de aguas.

La Comisión de Obras Públicas detalla los antecedentes considerados durante el análisis del proyecto, resume la discusión habida en ella y señala que lo aprobó en general por la unanimidad de sus miembros presentes, los Honorables señores Cordero, Pizarro, Sabag y Urenda, con modificaciones respecto del texto despachado por la Cámara de Diputados.

Por su parte, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento expresa en su informe que, en cumplimiento de un acuerdo adoptado por los Comités el 11 de agosto del pasado año, ratificado por la Sala en sesión celebrada en esa misma fecha, se pronunció sobre la iniciativa tanto en general como en particular. La aprobación en general fue por tres votos a favor (Honorables señores Aburto, Hamilton y Viera-Gallo) y dos abstenciones (Senadores señores Díez y Larraín). La aprobación en particular contó con la unanimidad de los miembros presentes, salvo en los casos de los artículos y numerales descritos en las páginas 125 a 128 del informe. En consecuencia, la Comisión propone la aprobación del proyecto despachado por la Comisión de Obras Públicas, con algunas modificaciones.

A su vez, la Comisión de Hacienda expresa en su informe que se abocó al estudio de las materias de su competencia, contenidas en los artículos 129 bis 4 a 129 bis 8 y 129 bis 18 a 129 bis 20, todos del artículo 1º del proyecto, analizando, además, los artículos 1º y 2º transitorios.

En lo referente al financiamiento, señala que la iniciativa no representa costo fiscal para el presente año.

Asimismo, deja constancia que por tres votos a favor (Honorables señores Boeninger, Ominami y Sabag) y dos en contra (Senadores señora Matthei y señor Prat) acogió, con las enmiendas que figuran en las páginas 21 a 26, el texto de las citadas normas propuestas en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Por último, cabe destacar que la Comisión de Hacienda acordó solicitar a la Sala disponer, para el segundo informe, que el proyecto sea enviado a las Comisiones de Hacienda y de Obras Públicas, unidas.

Corresponde tener presente que diversas normas de la iniciativa deben ser aprobadas con quórum de ley orgánica constitucional, esto es, con el voto favorable de los cuatro séptimos de los señores Senadores en ejercicio, en virtud de los dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política. En consecuencia, su aprobación en general requiere del voto conforme de 27 señores Senadores.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente , el agua es un recurso escaso y precioso. En efecto, a pesar de que las tres cuartas partes del planeta están cubiertas por agua, 97 por ciento de ella es salada y sólo el tres por ciento restante es dulce. De este último porcentaje, la mayor porción se encuentra en forma de capas de hielo, glaciares o napas subterráneas, por lo que únicamente menos de uno por ciento del total es agua dulce disponible para el consumo humano.

Por su parte, en Chile la distribución de los recursos hídricos es extremadamente desigual, lo cual torna su gestión en un tema muy complejo. Así es como tenemos un norte muy seco y un sur muy húmedo. La disponibilidad de agua desde la Región Metropolitana al norte es inferior a mil metros cúbicos por habitante al año, alcanzando en algunas regiones a quinientos metros cúbicos por habitante al año, que son umbrales considerados internacionalmente como altamente restrictivos para el desarrollo económico. Por el contrario, en el extremo sur del país, dicha disponibilidad excede con creces los 200 mil metros cúbicos por habitante al año.

Esta realidad determina alternativas de desarrollo para nuestras regiones que se vinculan con la mayor o menor disponibilidad de recursos hídricos. Asimismo, dentro de las regiones, las aguas naturalmente se van destinando a las actividades económicas más rentables y productivas, lo que produce en algunos casos notables externalidades negativas, tanto desde el punto de vista social como ambiental.

Si a lo anterior sumamos el hecho de que, desde la Octava Región al norte, ya la casi totalidad de los recursos hídricos están comprometidos y asignados, comprobaremos con facilidad que la presión sobre este vital elemento de la naturaleza se torna realmente crítica.

Según ha estimado la Dirección General de Aguas, hacia el año 2017 los requerimientos de agua para usos domésticos, mineros e industriales casi se duplicarán con relación a los existentes en 1992. El uso agrícola podría aumentar hasta en 20 por ciento, y la demanda para usos hidroeléctricos multiplicarse por diez, aunque esta cifra probablemente se vea atenuada por el ingreso del gas natural a la generación energética.

En resumen, lo que queremos decir es que el agua será cada día un factor más determinante para las posibilidades de desarrollo de nuestro país.

La legislación de aguas vigente en el país

La legislación vigente recoge con especial fuerza el carácter del agua como bien económico, lo que no ocurre con las otras características de este recurso, como ser un bien social y ecológicamente imprescindible.

Lo anterior ha significado que esa normativa no ha logrado resolver adecuadamente el conflicto que encierra la administración de este recurso, al que, por ser un elemento de primera necesidad para la vida humana y con especiales características físico-químicas, todo ser humano debe tener acceso y el Estado, como representante del bien común, debe garantizarlo tanto en cantidad como en calidad adecuadas y suficientes.

El marco jurídico-económico en la práctica se ha mostrado eficiente desde el punto de vista de la inversión en proyectos productivos asociados a la explotación de los recursos naturales, lo cual se explica principalmente por la estabilidad jurídica que se otorga a los derechos de los particulares sobre el aprovechamiento de las aguas.

Asimismo, creemos positiva la flexibilidad y movilidad en el cambio de uso de las aguas, que permite dar al recurso un destino más eficiente y productivo que puede encontrar el dueño del derecho de aprovechamiento.

Pero así como reconocemos esos aspectos positivos, no podemos dejar de identificar los problemas que requieren una solución urgente y que, en mi concepto, son los siguientes:

a) La forma en que se asignan por la autoridad los derechos de agua, así como el nulo miramiento en dicho proceso a las consideraciones de mediano y largo plazo sobre el uso del recurso, hacen que se hayan consolidado situaciones como las que señalo a continuación:

a.1. Posiciones monopólicas en la tenencia de derechos de agua.

A este respecto es conveniente hacer presente lo que ha resuelto la Comisión Antimonopolio. Y cito textualmente: "En ejercicio de sus atribuciones de carácter preventivo, recomienda a la Dirección General de Aguas que, en general, se abstenga de aprobar nuevos derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos, mientras no esté en vigencia un mecanismo legal y/o reglamentario, según corresponda, que asegure un adecuado uso de las aguas, a menos que se trate de proyectos específicos de interés general que así lo justifiquen.".

Es decir, el organismo encargado de velar por la libre competencia ha determinado que la legislación actual no asegura un buen uso de las aguas, y ha recomendado mecanismos legales o reglamentarios que solucionen este problema.

a.2. Peticiones de derechos de agua por caudales que no se justifican, atendidos los fines a los cuales se pretende destinar el recurso. Esto se explica porque la legislación contiene un incentivo perverso. En efecto, entre pedir toda el agua disponible y hacerlo sólo respecto de la cantidad que efectivamente se necesita nada en la legislación lleva a actuar en esta última forma.

a.3. Vinculado con lo anterior, la mantención de grandes caudales de agua sin utilización actual ni futura previsible. Ello, una vez más, derivado de que no exista obligación de usar las aguas y que no hacerlo no trae aparejada sanción social alguna.

a.4. Establecimiento de barreras a la participación de nuevos competidores, ya que si se controlan los derechos de agua, en definitiva se controla quiénes podrán entrar a competir en mercados en los que el agua es un insumo insustituible. Ejemplos patentes de esta situación son los mercados inmobiliarios y de generación hidroeléctrica.

b) Por otra parte, la legislación vigente no atiende a la importancia de evitar la contaminación de las aguas ni otros factores ambientales y ecológicos.

Así, por ejemplo, la desmesurada importancia del agua como bien económico ha relegado a un segundo plano su irremplazable rol como recurso natural vital para el medioambiente. En este sentido, la legislación ni siquiera contempla la necesidad de manejar un flujo mínimo de agua en los cauces naturales para la preservación de los ecosistemas, como lo recomiendan especialistas nacionales y extranjeros. De esta forma, la pregunta fundamental es: ¿Cómo es posible explicar que nuestra legislación permita que se constituyan derechos de agua por caudales muchísimo mayores a los que de verdad se necesitan, y que los mismos se puedan mantener en el patrimonio de los particulares hasta la eternidad sin ser utilizados?

Un propósito como el descrito no existe en ningún otro país del mundo.

El proyecto en trámite

Es justamente el diagnóstico al que me referí el que ha motivado el proyecto de modificación del Código de Aguas que ahora discutimos, en el que las materias más importantes que aborda son el instrumento de patente por no uso y las nuevas atribuciones para la autoridad.

A) La patente por la no utilización de las aguas

El instrumento de la patente por la no utilización de los derechos de agua pretende dar solución al acuciante problema existente en la gestión y aprovechamiento del recurso hídrico del país: aquellos derechos de aprovechamiento, constituidos principalmente bajo la vigencia del Código de Aguas de 1981, que no se utilizan -y para los cuales no se prevé un uso productivo ni siquiera en el largo plazo- y que impiden que otros interesados en utilizar dichas aguas lo puedan hacer, constituyéndose en importantes barreras de entrada a diversos mercados, como el inmobiliario, hidroeléctrico y agrícola.

La idea de crear esta patente surgió de la discusión parlamentaria del proyecto en la Cámara de Diputados como alternativa a la propuesta original del Ejecutivo para dar solución al problema ya reseñado, mediante la caducidad de los derechos de aprovechamiento si no eran utilizados dentro de determinados plazos.

Ésa es la solución que el mismo problema ha tenido en la legislación comparada: la caducidad después de cierto período en que los derechos no son utilizados. Tal solución se ha planteado considerando que siempre, al igual que en Chile, los recursos de agua son bienes del dominio público. En los países más liberales en esta materia, como Estados Unidos, se considera que el derecho de agua deja de existir desde el momento en que no se utiliza. Al respecto, se aplica la máxima "Lo usa o lo pierde.". A partir de lo anterior, debe reconocerse que el pago de una patente por el no uso constituye un esfuerzo inédito en el ámbito mundial por incorporar un mecanismo económico coherente con un enfoque de mercado.

Justificación económica de la patente por no uso

El proyecto pretende corregir una distorsión de los mercados asociados al aprovechamiento del agua, considerando que lo conveniente para la sociedad es que las aguas que estén físicamente disponibles en sus cauces por no existir proyectos, también estén legalmente disponibles para quienes quieran utilizarlas en otras iniciativas.

Por lo tanto, el proyecto persigue incentivar el uso de los recursos hídricos por quienes los requieren para fines productivos, incorporando un costo a los actuales tenedores. De este modo, se verán obligados a evaluar la conveniencia económica de mantener los derechos sin uso pagando patente, darle un uso productivo o, finalmente, desprenderse de los mismos por renuncia o transacción con terceros.

Los derechos que podrán quedar afectos a patente son una fracción de los derechos de agua existentes en el país, aunque, debido a su caudal, tienen gran trascendencia para su desarrollo.

Si se considera que los derechos constituidos por la autoridad bajo la vigencia del Código de 1981 son del orden de 10 mil, y de ellos sólo una fracción no se encuentra utilizada, la proporción de derechos que efectivamente será objeto del instrumento diseñado no alcanza al uno por ciento del total.

En la materia es necesario recordar que los derechos de agua (antes llamados mercedes) hasta la dictación del citado cuerpo legal, se constituían en forma definitiva sólo cuando existían las obras de aprovechamiento necesarias, por lo que es posible asumir que los derechos constituidos antes de esa fecha no podrán ser objeto de cobro de patente.

Además, según el mismo proyecto, estarán exentos del pago de patente aquellos derechos consuntivos de ejercicio permanente inferiores a 10 litros por segundo desde las Regiones Primera hasta la Metropolitana, y a 50 litros por segundo en el resto del país; y los no consuntivos inferiores a 100 litros por segundo desde las Regiones Primera hasta la Metropolitana, y a 500, en el resto del país.

Según la información entregada por la Dirección General de Aguas, la situación existente relativa a los derechos que en la práctica son objeto de la normativa propuesta es la siguiente:

a) En materia de derechos no consuntivos, existen constituidos derechos por cerca de 13 mil metros cúbicos por segundo, siendo que se utilizan aproximadamente sólo dos mil. Si atendemos a los derechos solicitados, aunque aún no constituidos, los caudales que pueden ser comprometidos en el futuro como derechos no consuntivos podrían llegar a 30 mil metros cúbicos por segundo, esto es, el total del potencial hidroeléctrico del país. Es decir, las disposiciones del proyecto, que sólo han de tocar a menos del uno por ciento del total de los derechos, afectarán al 90 por ciento de los derechos no consuntivos susceptibles de constituirse.

b) Con respecto a los derechos consuntivos subterráneos, es importante considerar que la situación se presenta en forma muy distinta de la existente en el agua superficial, ya que en este caso supone para los interesados en ellos la tenencia del terreno donde se hará el pozo y la realización de inversiones para el alumbramiento de las aguas y la comprobación de su disponibilidad. Así, en la práctica, la patente será aplicable sólo cuando los pozos se encuentren abandonados o destruidos, por tratarse de construcciones de antigua data. Basándose en catastros realizados por la Dirección General de Aguas en algunos acuíferos de la zona norte, se estima que del orden del 20 por ciento de este tipo de derechos permanece sin utilización. Esta situación se explica principalmente por el desconocimiento de los titulares de la existencia, valor y vigencia de dichos derechos. Sin embargo, de acuerdo a la legislación, ellos deben ser considerados por este organismo en sus balances, impidiendo en ocasiones la constitución de nuevos derechos.

c) Respecto de los derechos consuntivos superficiales en las regiones del sur del país, constituidos a partir de 1981, se puede señalar, por ejemplo, que en la Novena Región, aun cuando sólo un 15 por ciento del área tiene físicamente su disponibilidad hídrica comprometida desde el punto de vista legal, 85 por ciento del área tiene bloqueados sus recursos permanentes y continuos. Obviamente, ello constituirá, sin lugar a dudas, una grave traba para la reconversión agrícola del sector, la cual considera el riego como una palanca fundamental del proceso.

La patente cumple el objetivo económico de desincentivar la tenencia de derechos sin uso

La patente cumple plenamente el propósito de desincentivar la permanencia indefinida de los derechos sin proyecto de utilización, impidiendo otros desarrollos. Y es así porque la patente tiene un costo creciente hasta el undécimo año de no utilización, estando diseñada para que a partir de ese momento alcance un valor equivalente a la rentabilidad potencial del agua.

Definitivamente, de acuerdo con el diseño de la patente, mantener los derechos de agua por grandes caudales inutilizados, en períodos excesivamente prolongados, resulta antieconómico y hace más conveniente para sus titulares incorporarlos al mercado o renunciar a ellos.

Impacto de la patente en los proyectos hidroeléctricos

Es útil ejemplificar cómo la patente impactaría sobre la inversión en proyectos hidroeléctricos. Al respecto, cabe señalar que obviamente dicho impacto dependerá del tiempo que los derechos de agua se mantengan sin utilización.

Si se recurre a los proyectos Ralco y Pangue, considerando los períodos de prefactibilidad, factibilidad, anteproyecto final y ejecución o construcción previstos, se puede apreciar que si los derechos de agua se obtienen al inicio de la ejecución, la patente sólo representará 0,2 ó 0,4 por ciento, respectivamente, de la inversión total del proyecto.

Finalmente, en el caso de los derechos consuntivos, también resulta fácilmente comprobable que la patente no inhibe el desarrollo de proyectos si ellos se realizan en plazos razonables (menos de 15 años).

B) Respecto de las nuevas atribuciones para la autoridad

Éste es uno de los aspectos fundamentales del proyecto, y apunta a lograr los siguientes objetivos principales:

b.1.- Justificación de caudales

Para evitar que se soliciten caudales mucho mayores a los que efectivamente se requieren, se propone que en la solicitud de derechos de agua el peticionario indique "la cantidad de agua que se necesita extraer", debiendo acompañar una "memoria explicativa en la cual se justifica la cantidad de agua que se necesita extraer".

Será el propio peticionario el que establecerá el destino que dará a las aguas, sin que la autoridad pueda intervenir de ninguna forma en ello, exigiéndose sólo que se pida el agua necesaria.

Ahora bien, como contrapartida, se faculta al Director General de Aguas para denegar o limitar la solicitud "si no hubiere justificado la cantidad del agua que se necesita extraer atendidos los fines invocados por el peticionario".

En todo caso, es necesario puntualizar que "para la aplicación de esta causal, será necesario que previamente se dicte un reglamento, que establezca relaciones técnicas objetivas entre usos del agua y caudales requeridos".

b.2.- Caudales ecológicos

En segundo lugar, se propone facultar expresamente a la Dirección General de Aguas para que, al constituir los derechos de aprovechamiento, garantice "la preservación de la naturaleza y protección del medio ambiente, debiendo, en especial, asegurar un caudal ecológico mínimo", estableciéndose que la forma de precisarlo se deberá reglamentar por el Presidente de la República , no pudiendo, en general, ser superior a 20 por ciento del caudal medio anual de la respectiva fuente superficial y que esta facultad sólo se empleará en la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento.

b.3.- Posibilidad de denegar solicitudes

Finalmente, se propone facultar al Primer Mandatario para que, "mediante decreto fundado, con informe de la Dirección General de Aguas y por circunstancias excepcionales y de interés general", pueda disponer la denegación total o parcial de una solicitud de derecho de aprovechamiento.

Esta importante atribución para la adecuada gestión del recurso hídrico es complementaria a la ya existente en la legislación, consistente en que el Jefe del Estado pueda evitar un remate y asignar directamente el derecho a uno de los que podían participar en el mismo, cuando razones excepcionales y de interés general lo justifiquen.

Conclusión

En estas condiciones, dada la urgencia de legislar en esta materia y el mérito del proyecto, sin perjuicio de los perfeccionamientos que se le puedan introducir durante su discusión particular, anuncio mi voto favorable al mismo.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda , Honorable señor Ominami.

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente, el organismo técnico que presido dedicó varias sesiones a discutir en profundidad los principales conceptos involucrados en este proyecto, que modifica el Código de Aguas. La principal conclusión a que arribó apunta en la dirección de reafirmar la necesidad de legislar sobre la materia, porque entiende, de un modo unánime, que no es normal la situación existente en cuanto a la distribución de dichos derechos. Concretamente, hay en el país una concentración, un acaparamiento de los mismos, que es el resultado de los procesos de privatización que tuvieron lugar en la década de los años ochenta. Si pudiera considerarse normal el hecho de que una empresa pública fuera titular de gran cantidad de derechos de agua, no lo es que, una vez privatizada, tales derechos pasen a formar parte de un patrimonio privado.

Hay, por lo tanto, una situación manifiestamente irregular que debe corregirse. Ella importa, además, un freno desde el punto de vista del desarrollo de un conjunto de iniciativas productivas, que requieren disponer con mayor libertad de esos derechos de agua.

Durante el debate del proyecto, y también por unanimidad de los integrantes de la Comisión, se planteó concretamente al Ministerio de Obras Públicas la posibilidad de introducir un concepto distinto, de patente por el no uso. Se hizo ver al Ejecutivo que, desde el punto de vista de la teoría económica, más que una patente por no uso de los derechos de agua, tendría sentido establecer un sistema de tarificación por la utilización de tales derechos, con lo cual se liberaría a la autoridad, entre otras cosas, de la necesidad de calificar los usos que de estos derechos se haga para los efectos de acogerse a los beneficios establecidos por la propia ley.

El Gobierno hizo presente la existencia de un impedimento de tipo institucional para proceder de esa manera: que no existe información suficientemente detallada y completa como para proceder de modo adecuado a establecer un sistema de tarificación donde se cobre por el uso de estos derechos, independientemente del tipo de utilización a que se destinen.

Tal es la razón por la cual, desde el punto de vista del Ministerio, no resultó posible acceder al planteamiento formulado por la Comisión de Hacienda en cuanto a cambiar el concepto básico.

Sí quiero destacar como un hecho positivo que se haya incorporado al proyecto en su estado actual una norma tendiente a generar un catastro nacional de derechos de agua, resultado de lo cual, en algunos años más, será posible contar con un nivel de información mucho mayor que aquel de que se dispone en la actualidad.

Por los motivos señalados, la Comisión de Hacienda decidió recomendar a la Sala la aprobación general de la iniciativa, sin perjuicio de volver sobre los aspectos específicos durante la discusión particular. Al efecto, se propuso -como se indicó en la relación del señor Secretario - constituir las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda, unidas, con el fin de buscar la solución económicamente más adecuada para este importante problema.

Gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Cordero.

El señor CORDERO.-

Señor Presidente, permítame hacer algunas reflexiones acerca del proyecto puesto a nuestra consideración desde la perspectiva, no de un experto en aguas, sino de una persona que ama profundamente a su país, su gente, sus recursos y su soberanía.

No es novedad para nadie la importancia trascendental del agua para la vida. Sólo la falta de aire nos mataría más rápido. A ella le debemos protección desde que somos concebidos. Al respecto, mencionemos la alimentación; el transporte por ríos, lagos y mares; la producción de la mayoría de los bienes que consumimos, y la generación de energía de mayor importancia: la hidroelectricidad.

Cuando los representantes del Ejecutivo nos explicaron este proyecto en la Comisión de Obras Públicas de esta Honorable Corporación, pudimos percibir la importancia de la materia que estábamos tratando, ya que debíamos pronunciarnos sobre la modificación más trascendental hecha al Código de Aguas de 1981.

Dicho cuerpo legal sentó las nuevas bases de regulación del aprovechamiento de las "aguas terrestres" (es decir, las no marítimas), estableciendo con ello los principios sobre los cuales nuestra sociedad podía aprovechar las aguas tanto para fines domésticos, como para usos productivos, sean estos agrícolas, industriales o de cualquier naturaleza.

De un Estado omnipresente en la asignación y uso del recurso hídrico, pasamos a uno cuya intervención era mínima, donde se reservaba la facultad de otorgar las aguas a las personas que las solicitan, y dejando en manos del mercado su posterior circulación. De esa manera, se limitó la intervención de la autoridad administrativa, cuyas potestades eran demasiado amplias, situación que, sin duda, constituyó un avance en esta materia.

¿Qué ocurrió en la práctica con el rol del mercado? Las cifras tenidas a la vista durante la discusión en la Comisión de Obras Públicas, nos indican que en los hechos el funcionamiento del mercado ha sido mínimo, y aunque ha operado, no ha sido capaz de resolver los graves problemas generados.

En efecto, la sola posibilidad de solicitar el aprovechamiento de aguas sin pagar por ellas, sin justificar su uso y sin obligación alguna de ser utilizadas, significó que algunas empresas hayan pedido derechos de aprovechamiento de agua sobre la totalidad de los caudales de algunos ríos, sin probabilidad de uso en el mediano o largo plazo.

Algunas cifras me han preocupado sobre manera. Según la Comisión Nacional de Energía (así figura en las páginas 60 y siguientes del informe de la Cámara de Diputados sobre la presente iniciativa), ENDESA posee el 67 por ciento del recurso hidroeléctrico en explotación del Sistema Interconectado Central (SIC). Asimismo, ella se encuentra en posesión del 77 por ciento de los recursos por desarrollar desde hoy hasta el año 2020.

Finalmente, si a dicha empresa se le adjudican todos los derechos de agua en trámite, llegaríamos a una cifra a lo menos preocupante, ya que dispondría del 77 por ciento de los derechos más convenientes a desarrollar desde hoy hasta el año 2025.

Pero, ¿qué pasa si esa empresa decide no desarrollar los proyectos? Naturalmente, no por un simple capricho, sino, sencillamente, por el aumento en la oferta de recursos energéticos, el precio de la energía debería bajar.

La preocupación aumenta al doble si pensamos que las decisiones de desarrollar ese tipo de proyectos desde hace algún tiempo ya no se toman en Chile, sino que, al ser comprada esa empresa por capitales extranjeros, dependemos de factores y criterios externos a nuestro país.

En otras palabras, ya no estamos discutiendo sólo de aprovechamiento del elemento más indispensable para el desarrollo de nuestro país: nos encontramos en presencia de un problema geopolítico y de soberanía nacional. ¿Podemos estar tranquilos frente a esta amenaza real y no hipotética?

Nuestro rol, como legisladores, no se limita a aprobar o rechazar leyes porque nos parezcan convenientes o no según criterios generales.

No debemos olvidar que de acuerdo a nuestra Constitución Política (artículo 22), "Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena.".

La soberanía, Honorables colegas, se defiende en cada acto que realicemos en el ejercicio de nuestras obligaciones parlamentarias, no sólo discutiendo el presupuesto del Ministerio de Defensa, o aprobando o rechazando tratados internacionales. ¡No nos engañemos! En el proyecto sometido a votación general en este minuto, se nos exige pronunciarnos específicamente sobre este punto.

Cómo podemos pensar siquiera en permitir a una empresa española que pueda detentar el monopolio de los derechos de agua de nuestro país sin que tenga obligación alguna de utilizarlos, impidiendo con ello el desarrollo económico y social de Chile, máxime si en España, con la ley de aguas de 1985, se establece una causa de extinción de un derecho al uso privativo de las aguas cuando éste "haya permanecido sin explotar durante tres años consecutivos". La misma institución existe en prácticamente todas las legislaciones mundiales que regulan el aprovechamiento del recurso hídrico. Se usa o se pierde.

Para resolver el problema descrito, el Ejecutivo sometió a nuestra consideración una iniciativa (ya lleva ocho años en trámite) que establece una patente por el no uso de las aguas, cuyo objetivo es, precisamente, incentivar el aprovechamiento del recurso hídrico.

En este momento, nos corresponde votar la idea de legislar sobre la materia. Los pormenores del proyecto podremos discutirlos en particular en las Comisiones respectivas. Sin embargo, en esta etapa, debemos resolver si estamos de acuerdo con la idea de establecer una patente destinada a resolver los inconvenientes descritos.

Seguramente, señor Presidente , muchos de los aquí presentes coincidirán conmigo respecto del problema descrito, y podrán decir que se trata de un tema que debe ser resuelto. Es probable que otros puedan señalar la existencia de mecanismos diferentes para solucionar el inconveniente expuesto. Sin perjuicio de que dicha discusión no obsta para aprobar en este momento la idea de legislar sobre la materia y, por lo tanto, acceder a que el proyecto de reforma en comento siga su curso, me permitiré hacer algunas reflexiones sobre las soluciones planteadas por algunos colegas.

En primer lugar, merece atención la propuesta para resolver la acumulación abusiva de derechos de agua consistente en la expropiación de los ya otorgados. Tal mecanismo tiene varios reparos, a saber:

1.- Parece éticamente reprochable que el Estado deba pagar grandes sumas de dinero por un derecho otorgado por él mismo en forma gratuita sobre un bien nacional de uso público (como es el agua), sin contraprestación alguna, sin obligación de uso, y que se mantiene inactivo generando barreras de entrada a otras personas que cuentan con proyectos concretos que pueden generar riquezas y fuentes de empleo;

2.- La expropiación de derechos de agua sólo podría resolver (si es que lo hace) el problema de los derechos ya constituidos, pero dejaría pendientes todas las solicitudes actualmente en trámite, que deberían otorgarse. Sostener lo contrario, significaría el absurdo de que, dado el estado actual de la legislación, habría que constituir una gran cantidad de derechos de agua, para después expropiarlos;

3.- Existe la imposibilidad económica del Estado para llevar a cabo tal medida. Significaría destinar gran cantidades de recursos para solucionar un problema generado por el afán especulativo de unos pocos, impidiendo focalizar los gastos hacia aquellas áreas socialmente más sensibles, tales como salud, educación, vivienda y seguridad.

4.- La expropiación sería un mecanismo que no solucionaría nunca el problema, sino que, al contrario, lo agravaría más, toda vez que constituiría un incentivo para obtener en forma gratuita derechos de aguas con miras a que se expropien en forma posterior;

5.- Finalmente, el mecanismo de la expropiación nos plantea lo siguiente: ¿qué organismo del Estado la realiza?, ¿con qué fin?, ¿para entregar el derecho de agua a una persona que sí tenga un proyecto? ¿No es eso volver al sistema de que el Estado decide la asignación de los recursos y las actividades productivas?

Todas esas interrogantes nos hacen descartar tal mecanismo de solución para el problema de la acumulación de derechos de agua.

También se ha planteado para resolver la dificultad planteada que se recurra al sistema contemplado en la legislación antimonopolios, esto es, negar nuevos derechos de agua a aquellas empresas que ya tienen incorporados gran cantidad de ellos en su patrimonio, por afectar eso a la libre competencia.

Sin embargo, la propia Comisión Antimonopolios ha resuelto que la Dirección General de Aguas se debe abstener de "aprobar nuevos derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos, mientras no esté en vigencia un mecanismo legal y/o reglamentario que asegure un adecuado uso de las aguas, a menos que se trate de proyectos específicos de interés general que así lo justifiquen".

En otras palabras, es el máximo organismo encargado de resguardar la libre competencia en nuestro país quien recomienda la aprobación de una ley -la cual no existe en la actualidad- que solucione el grave problema en estudio.

Adicionalmente, se ha propuesto durante la discusión general en las Comisiones respectivas de esta Honorable Corporación que la idea de cobrar una patente por el no uso de las aguas sería un caso único en el mundo (cobrar por no usar). Mejor sería cobrar una patente por el solo hecho de tener un derecho de agua, independientemente de su uso efectivo.

Para establecer un régimen de patentes a todo evento (tal como ocurre con las concesiones mineras), debe exigirse que estén claramente determinados y formalizados todos los derechos de agua de nuestro país, toda vez que para cobrar una patente es necesario tener identificado el derecho que será gravado por este tipo de tasa o impuesto.

Sin embargo, de los 350 mil usuarios de agua de nuestro país, sólo unos pocos tienen sus derechos de agua formalizados y registrados con identificación clara de los volúmenes de agua que les corresponden. Una patente por la sola tenencia de esos derechos exige la certeza de cada uno de ellos, lo que en este minuto es imposible cumplir.

Frente a ese hecho se presentan dos alternativas. La primera consiste en dedicarnos a criticar la patente propuesta por el Ejecutivo desde hace ya siete años, argumentando de mil maneras que no es la mejor forma de resolver la cuestión, y la otra es aprobar esa idea y estudiar en la discusión particular el mejor modo de implementar la patente por no uso de las aguas.

Señor Presidente , Honorables colegas, no dejemos de resolver una grave dificultad que se enfrenta hoy en el aprovechamiento de nuestro recurso natural más importante con el simple argumento de que podría haber mejores soluciones. La iniciativa en debate lleva ocho años en el Congreso Nacional y hasta la fecha no tengo conocimiento de un borrador de proyecto de ley con una solución distinta de la planteada por el Gobierno.

No podemos permitir que una sola empresa haya solicitado todas las aguas del río más caudaloso de Chile, en la desembocadura, no sólo comprometiendo el desarrollo de la Undécima Región, sino también corriendo el riesgo de que aquéllas queden sin uso productivo para el país por decisiones que lamentablemente se toman fuera de nuestras fronteras.

Es cierto que somos una nación abierta a capitales extranjeros. Estamos orgullosos de ello. Tenemos una economía sana y con reglas del juego claras, que incentivan la inversión nacional e internacional. Nos hallamos cada vez más preparados para una economía globalizada y cada día mejoramos nuestros estándares de infraestructura física y tecnológica.

Soy un firme partidario del papel primordial del sector privado en el desarrollo económico y social de Chile. La normativa que ahora se discute en general tiende precisamente a ese fin, incorporando incentivos potentes para el empleo efectivo del recurso hídrico mediante el mecanismo de la patente por su no uso. Lo anterior, sin perjuicio del estudio en detalle de que será objeto la iniciativa en las Comisiones pertinentes.

Por todo lo expuesto, anuncio mi voto favorable.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Boeninger.

El señor BOENINGER.-

Señor Presidente, el punto de partida de la discusión y del articulado que nos ocupa radica, evidentemente, en que el agua es un recurso escaso en el país, y en algunas regiones, en grado sumo. De manera que es claro, también, que derechos gratuitos y de plena propiedad como los vigentes en Chile no facilitan un mercado efectivo y suelen constituir más bien barreras de entrada en lo que respecta a derechos tanto consuntivos como no consuntivos. Se observa, en definitiva, un conjunto importante de problemas acumulados que es necesario resolver. En consecuencia, resulta indispensable legislar con ese propósito.

En realidad, ocho años, como recordaba el Honorable señor Cordero , significan que "ha pasado mucha agua bajo los puentes". Pero no hemos solucionado lo relativo a los derechos de agua.

Ahora bien, ¿cuáles son dichos problemas? En primer lugar, se advierte una acumulación histórica a partir de los derechos no consuntivos otorgados o heredados en 1981, lo que da a una sola empresa un control casi monopólico sobre los existentes, gran porcentaje de los cuales no ha sido usado. Además, la misma entidad reúne un porcentaje desmesurado de las solicitudes aún pendientes de decisión.

He ahí una cuestión medular.

En seguida, es claro que se registra, como consta en los antecedentes entregados por el Ministerio de Obras Públicas en las Comisiones, una cantidad de solicitudes, tanto de derechos consuntivos como no consuntivos, muy en exceso respecto de las disponibilidades de agua, de modo que la Dirección correspondiente no cuenta con ninguna posibilidad de responderlas positivamente y necesita criterios y procedimientos de decisión para hacer frente a esa realidad.

Además de todo lo anterior, cabe consignar, sobre la base de la situación actual y la legislación vigente, la existencia de iniciativas aguas arriba, por ejemplo, respecto de derechos no consuntivos otorgados más abajo. También, iniciativas aguas abajo y aspectos relativos a aguas subterráneas carecen de solución si no se contempla la regulación legal pertinente.

Planteado así el asunto, no cabe duda de que se requiere legislar.

Señor Presidente , la respuesta ortodoxa obvia, ante un recurso escaso, es cobrar por utilizarlo. Por ende, la salida que aparece a primera vista como más lógica consiste en aplicar un derecho por el uso del agua. Sin embargo, la discusión en las Comisiones -por lo menos en aquellas a las que he asistido- me ha ido convenciendo de que un conjunto de razones no hacen viable esa medida en un plazo razonable.

Ciertamente, en los derechos consuntivos se presentan al menos dos situaciones muy difíciles de superar. Una de ellas es que no hay un registro de los derechos históricos de agua anteriores a 1981, fecha del cambio de legislación. En consecuencia, en muchos casos no habría a quién cobrar un derecho por el uso.

Y se suscita un punto complejo, asimismo, con relación al hecho de que la contribución de bienes raíces agrícolas implica la incorporación del valor del agua cuando se trata de suelos regados.

Finalmente, en cuanto a los derechos no consuntivos sin utilizar, la verdad es que la patente por uso, en sí misma, no alteraría para nada la realidad.

Por ese conjunto de motivos, no parece viable la aplicación de una patente por uso del agua en la contingencia que hoy se enfrenta.

Tampoco se puede aplicar la solución, bastante drástica -más común, entiendo, en Estados Unidos y en los países europeos-, de la simple caducidad del derecho cuando se deja de usar por cierto período o no cumple determinadas condiciones.

De ahí, entonces, que la idea heterodoxa de una patente por no uso del agua aparece, por muy original y única que sea en términos de legislación comparada, como una opción que, ante la dificultad presentada por otras -sobre todo, porque lo atinente a la caducidad no es posible en Chile por razones constitucionales-, se debe considerar seriamente. Y en este instante tiendo a favorecerla.

Lo que estoy diciendo es sin perjuicio del papel que podrían jugar, complementaria o alternativamente, los mecanismos antimonopolios existentes, ámbito en que las facultades respectivas se podrían adaptar o fortalecer al efecto. Pero también resulta claro, como lo acaba de puntualizar el Senador señor Cordero -me parece-, que la misma Comisión Antimonopolios ha sostenido que sin un marco normativo no puede actuar con eficacia en ese campo.

Por todas las razones señaladas, estoy de acuerdo con la idea de legislar, y parto de la base, en lo personal, de que lo más probable es que la mejor respuesta a la cuestión esencial que se enfrenta consiste en la patente por no uso. Lo anterior no significa, sin embargo -y dejé constancia de ello en la Comisión-, que me parece que se encuentran resueltas las dificultades planteadas por una situación tan compleja.

Y estimo indispensable precisar, para reforzar o reiterar lo consignado por el señor Secretario respecto de la petición de que el segundo informe sea tratado por las Comisiones de Obras Públicas y Hacienda, unidas, que existe un conjunto de aspectos sin resolver. Muy brevemente, quisiera enumerar algunos de ellos.

Primero, en cuanto al valor de la patente por no uso, con respecto al costo de inversión, he visto cálculos contradictorios. El punto dice relación tanto al monto absoluto de lo que correspondería pagar como a su trayectoria en el tiempo, ligado esto último a las decisiones de inversión, a los pasos que es normal dar antes de formalizarlas, a los problemas que se pueden encontrar en el camino, sea por recursos judiciales -pensemos, por ejemplo, en los recursos sobre cuestiones ecológicas- o porque la situación de mercado aconseje diferir una decisión en determinado lapso.

Todos ellos son problemas complejos. Como dije, he visto cifras muy contradictorias en cuanto al costo de la patente con relación al de la inversión total. Y creo que en el segundo informe sería importante despejar esas variables.

De otra parte, me parece complicado -y es del caso precisar este aspecto- modificar la normativa vigente para obligar a los solicitantes de derechos de aguas a que justifiquen los caudales necesarios. Porque aquí hay dos cosas. Por un lado, está claro que no es posible otorgarlos de manera infinita; pero, por otro, la transferibilidad de los derechos -que, en mi opinión, no aparece explícitamente enmendada en el proyecto- se contradice con la justificación inicial, porque si después se cambiara el destino, ésta perdería bastante su razón de ser.

Luego está el problema relativo a la fijación de un procedimiento claro para que la Dirección General de Aguas, dentro de las disponibilidades, otorgue nuevos derechos de aprovechamiento. Y, sobre el punto, hay cuestiones que no me parecen claramente resueltas. Por ejemplo, qué ocurrirá si las solicitudes coinciden sólo parcialmente en lo relativo a la cantidad y origen de los caudales a que se refieren.

De otro lado, es necesario dilucidar -el proyecto no lo hace- la relación entre las facultades y el rol de la Dirección General de Aguas en cuanto al manejo de cuencas y las atribuciones de las juntas de vigilancia. No estoy sugiriendo que se transfieran a éstas o a otro organismo facultades de aquella Dirección; pero es indispensable establecer en forma explícita los marcos de acción de cada cual.

En seguida, considero que la inexistencia de registros históricos sobre derechos de aguas, lo que hoy impide cobrar por el uso en el caso de los consuntivos, hace menester una corrección legal mediante una combinación de incentivos y desincentivos -"de zanahorias y garrotes", en definitiva-, para que esos registros puedan completarse dentro de un período razonable. De lo contrario, en veinte años más deberemos discutir nuevamente el tema, y seguramente diremos: "Estamos en el 2020 y no tenemos ningún registro histórico de los derechos anteriores a 1981". Y eso, obviamente, no es procedente.

Por otra parte, estimo del caso precisar con más cuidado lo atinente al caudal ecológico, en forma de no interferir con derechos existentes; o sea, cómo resguardar el consumo humano y, al mismo tiempo, no interferir con la transparencia de las decisiones sobre asignación de derechos de aguas, consuntivos o no consuntivos, para determinados proyectos de inversión.

Señor Presidente, podría referirme a diversas otras materias; empero, el objetivo de esta sesión es pronunciarnos sobre la idea de legislar.

En conclusión, primero, anuncio mi voto favorable, pues considero absolutamente indiscutible la necesidad de legislar sobre la materia. Segundo, entendiendo que todavía éste sea un tema polémico, en lo personal me declaro partidario de la idea matriz de la iniciativa en su forma actual: la aplicación de derechos por no uso. Y tercero, reitero que existe un conjunto de materias -económicas, sobre facultades administrativas y de otro orden; ya me referí a algunas- que requieren una decisión más cuidadosa.

En tal virtud, creo que, una vez aprobado en general el proyecto -como espero-, debiera fijarse un plazo holgado para que durante la discusión particular el Ejecutivo y los Senadores formulemos las indicaciones pertinentes de manera oportuna y con la prolijidad que, a mi juicio, todavía nos hace falta.

El señor HORVATH.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Sí, señor Senador.

El señor HORVATH.-

Considerando que el gran número de oradores inscritos impedirá agotar el debate de la iniciativa en esta sesión y, por ende, despacharla, solicito a Su Señoría recabar el asentimiento de la Sala para que se pueda rendir el homenaje previsto en memoria del Teniente Hernán Merino Correa .

El señor SABAG.-

Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

La tiene, señor Senador .

El señor SABAG.-

Concuerdo absolutamente con lo planteado por el Honorable señor Horvath, sobre todo teniendo en cuenta que la Comisión Especial de Presupuestos debe sesionar a las 18:30 en este Hemiciclo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para suspender el debate, dar término al Orden del Día y proceder al homenaje?

--Así se acuerda.

MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE AGUAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

En segundo lugar, corresponde continuar la discusión general del proyecto de ley de la Cámara de Diputados sobre modificación del Código de Aguas, con informes de las Comisiones de Obras Públicas, de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda.

--Ingresan a la Sala los señores Subsecretario de Obras Públicas y el Director de Aguas, ya autorizados para hacerlo.

--Los antecedentes sobre el proyecto (876-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 26ª, en26 de agosto de 1997.

Informes de Comisión:

Obras Públicas, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.

Constitución, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.

Hacienda, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.

Discusión:

Sesión 8ª, en 7 de noviembre de 2000 (queda pendiente su discusión general).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Por no encontrarse presente en la Sala el Senador Horvath, el primer inscrito para esta sesión, tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.-

De acuerdo con las atribuciones del señor Presidente, le solicito mantener mi derecho para el lugar subsiguiente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Entonces, tiene la palabra el Honorable señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ.-

Señor Presidente, mi intervención tiene más bien por objeto plantear dos cosas. Primero -este punto se relaciona directamente con el problema del agua y, dada su disminución paulatina y progresiva tanto en el hemisferio sur como en el resto del planeta-, la necesidad de que el Supremo Gobierno adopte las medidas tendientes a que el vital elemento sea parte de un tratamiento de concepción de seguridad nacional, por ser tan importante como el petróleo, por ejemplo. De modo que es imprescindible que, junto con el Código de Aguas, se implemente una política de Estado respecto de los recursos hídricos nacionales, porque evidentemente ellos están disminuyendo. Los acuíferos están contaminados, las nieves han disminuido, hay menos filtración y la disponibilidad de aguas subterráneas se ha reducido aceleradamente, junto con el aumento de su utilización y la mala tecnología empleada en el uso del agua de superficie.

En segundo lugar, echo de menos en el código en cuestión un capítulo referente a la conveniencia de considerar la obtención del agua por otras fuentes que no sean las naturales. Me refiero al derretimiento de las nieves, a las lluvias o a las aguas acumuladas en lagos o en acuíferos, cuando es subterránea, y a la. evaporación del agua de mar. Estos aspectos debieran estar ya consignados en la legislación para facilitar la instalación de plantas desalinizadoras que empleen métodos modernos, los cuales son, por supuesto, más baratos y eficientes que los antiguos, y para que el agua que así se logre pueda ser destinada también al uso agrícola, industrial y humano.

Tales son los dos aspectos que deseaba poner en conocimiento del señor Ministro al debatirse en general esta iniciativa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, el tema relacionado con el Código de Aguas es, por cierto, extremadamente complejo y difícil, sobre todo a partir de la realidad que justifica la existencia del proyecto en debate. Esto se vincula con la no utilización de las aguas, principalmente en el ámbito de los derechos no consuntivos. A partir de ahí se ha generado la necesidad, por motivos de carácter social y de abrir este espacio a la inversión, de una legislación bastante compleja que ha motivado un proyecto de modificación del Código de Aguas, que aun cuando lleva muchos años de tramite ha dado lugar a cuestionamientos de distinta naturaleza. Esta circunstancia nos obligó a hacer presente -particularmente en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, que analizó y que informó esta iniciativa, como han podido apreciar Sus Señorías- la inconveniencia que representa la introducción de ciertas instituciones como la patente por el no uso de los derechos de aguas y, al mismo tiempo, las inquietudes que concitan las atribuciones que se confieren a la Dirección General de Aguas y al Ejecutivo en lo fundamental, por el carácter discrecional de las mismas.

En cuanto al primero de los temas, hay temores de distinta naturaleza. La patente por la no utilización provoca dudas de índole constitucional y técnico. En el primer aspecto, acerca del cual hubo una larga discusión en la Comisión de Constitución, sin poder llegar a un acuerdo, las principales inquietudes que motivan las dudas de constitucionalidad se refieren a los siguientes puntos.

El primero de ellos dice relación a las facultades esenciales del dominio, porque la Carta Fundamental, al regular este derecho en el inciso final del Nº 24 del artículo 19, señala que "Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos". Y la propiedad sobre los derechos de agua implica introducir en ella las facultades esenciales del dominio que tienen sus titulares sobre los derechos de aprovechamiento, en este caso, de las aguas. Parte esencial en los atributos del dominio es precisamente el uso, goce y disposición del bien corporal o incorporal sobre el cual recae la titularidad del dominio.

En este proyecto, al establecerse un cobro especial por la no utilización del elemento, estamos introduciendo una carga que limita el ejercicio del dominio en un aspecto muy esencial como el uso, porque el no uso es una atribución de que dispone precisamente el titular del dominio. En consecuencia, se abre aquí una situación sumamente compleja y discutible. Es cierto que los atributos del dominio pueden ser objeto de limitaciones. Sin embargo, cuando éstas se justifican, la ley establece ciertos caminos, por ejemplo, el de la expropiación. Es posible recurrir a este procedimiento; no obstante, no estamos hablando de eso, sino de una patente que, como voy a explicar, es un tributo, lo cual genera una complicación adicional. Por eso, hay aquí, desde un punto de vista constitucional, un primer aspecto, que ha merecido reparos por parte de un constitucionalista como don Raúl Bertelsen en el seno de nuestra Comisión.

Un segundo tema se refiere al establecimiento de tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. El que estemos frente a uno no es algo que sea discutible. La idea de la patente dice relación al hecho de que no existe una contraprestación por parte del Estado. Por ello, estamos en presencia de un verdadero impuesto por el no uso, que, por lo demás, es bastante elevado (era tan alto que el propio Ejecutivo lo rebajó en la discusión que sostuvimos en la Comisión de Constitución).

Sin embargo, éste sigue siendo extremadamente elevado, y el transcurso del tiempo agrava todavía más el monto que se cobra por la patente, lo cual hace estos tributos se conviertan en manifiestamente desproporcionados o injustos, cuestión que está especialmente representada en el Texto Constitucional, cuando se refiere a la materia.

Finalmente, nos encontramos frente a un problema de igualdad ante la ley y de no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Aquí se distingue entre patentes por no uso de derechos consuntivos y de derechos no consuntivos, lo que genera una diferenciación que trae consigo una escala de cobros enteramente distinta. No existe mayor justificación objetiva para esto, salvo una situación de hecho, que es la que se trata de combatir y que entendemos en el sentido último de la ley, pero no en el mecanismo utilizado para combatir la excesiva concentración de los derechos no consuntivos en una sola mano, o en pocas, si se desea extender más aún esto.

No ocurre lo mismo en el caso de los derechos consuntivos.

Sin embargo, la iniciativa establece una diferenciación que no se funda en la naturaleza de los derechos, sino en una situación de hecho y, por lo tanto, es una materia que no tiene, en sí misma, una justificación racional, objetiva y, por tanto, da pie para pensar que no existe verdadera igualdad o que hay discriminación en el trato que el Estado debe dar en materia económica.

Estas dudas de carácter constitucional se hallan acompañadas de otras de índole técnico.

La verdad es que resulta absurdo -y no es el hábito de nuestra legislación- castigar el no uso de los derechos. Pareciera que se trata de una situación confusa y contradictoria que induce, desde el punto de vista económico, a comportamientos equivocados. Desde luego -como lo hicieron presente algunos economistas en la Comisión de Hacienda-, es un incentivo al mal uso del elemento. Los académicos señores Andrés Gómez-Lobo y Ricardo Paredes señalaron que tal vez sería mejor cobrar una patente el solo hecho de ser titular de un derecho de agua, sin distinguir entre su uso o no uso. Ello, por la sencilla razón de que si hay un cobro por el no uso, el incentivo al mal uso es espontáneo, automático. Esta situación, obviamente, genera un absurdo de carácter económico que es cuestionado desde la perspectiva de la teoría económica respecto de lo que eso significa.

Y -agregan los mencionados economistas- si acaso se produjera una concentración generando ineficacias en el mercado como asignador de recursos, la respuesta natural no es introducir un mecanismo que genera incentivos equivocados, sino más bien encargarle a un organismo específico -como la Comisión Antimonopolio- que resuelva los problemas existentes cuando se forma un poder de mercado excesivo, porque son ellos los que determinan si efectivamente se producen abusos asociados a este exceso de poder.

Por otra parte, tan absurda es la situación de esta patente, que no sólo se ha conformado con el cobro de estos derechos cuando se trata de derechos efectivos que se poseen, sino que, también (a pesar de que la Comisión de Constitución lo eliminó), la Comisión de Hacienda restituyó la posibilidad de cobros de patentes de no uso a los derechos eventuales. Esto resulta extremadamente delicado. ¿Por qué? ¿Cuándo estamos frente a un derecho eventual? El derecho eventual es aquel que faculta a utilizar las aguas sólo cuando los titulares de derechos de aprovechamiento permanente hayan sido previamente abastecidos en su totalidad (cosa que rara vez ocurre). Y, además de eso, estos derechos eventuales se satisfacen por orden de su fecha, por lo cual quienes poseen derechos más remotos tienen menos probabilidades de ser alguna vez abastecidos.

Sin embargo, a pesar de esta situación, se establece -porque la Comisión de Hacienda lo repuso, pues en la de Constitución lo habíamos eliminado-, que también hay pago de patente por no uso de los derechos eventuales.

Señor Presidente , quiero manifestar que esta situación me parece absolutamente absurda. Es más, estimo que se está creando una obligación imposible de cumplir.

Al respecto, el Senador señor Aburto , al fundar su rechazo en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, señaló que esto no sólo constituye una falta de equidad, sino, además, una obligación sin causa, toda vez que si no hay aguas disponibles, no se puede ejercer el derecho de aprovechamiento eventual.

Empero, a pesar de que no pueda ejercerse el derecho, se está cobrando por el no uso del mismo. Es decir, la voluntad del legislador en este proyecto lleva a un extremo considerablemente discutible.

Hay, también, inquietudes respecto a la comparación que se ha hecho de esta patente como si fuera semejante a la patente minera. Desgraciadamente, por razones de tiempo no voy a poder analizar este punto. Pero la verdad es que no tienen ninguna vinculación, puesto que existen regímenes completamente diferentes.

Adicionalmente a las preocupaciones que desde un punto de vista constitucional y técnico me representan el establecimiento de la patente por no uso, quisiera señalar que estamos disponibles para legislar sobre la creación de una patente de aguas, que se cobre independientemente del uso y que, por esa vía, se puedan evitar los perjuicios que esto traerá en el funcionamiento económico del país.

En el seno de nuestra Comisión recogimos muchas inquietudes de distintos ámbitos productivos, en donde todos, cual más cual menos, plantearon la tremenda inquietud por el marco macroeconómico que se establecía al generar este esquema de patente por el no uso. En el sector agrícola, obviamente, el pago de una patente por no uso de los derechos consuntivos genera una preocupación a quienes tienen predios regados y que por uno u otro motivo, o no tienen las obras que les permitirían apelar a la presunción que establece la ley o, simplemente, por una u otra temporada no riegan, porque ésa es su voluntad. Ciertamente genera una inquietud injustificada, puesto que, además, sería un pago adicional sobre uno que ya existe, porque las contribuciones de bienes raíces de los predios rurales incluyen dentro de su tasación el hecho de ser o no regado. Por lo tanto, si a un predio que ya paga contribuciones adicionales por riego le cobramos una patente por no uso, se estaría en medio de una contradicción, a menos que cambie la tasación de ese predio para compensar lo que no está siendo recibido por el otro lado. Pareciera que aquí hay un exceso de materia.

En el ámbito de la minería también se han levantado inquietudes, desde luego porque los proyectos demoran años en establecerse y el pago, aunque concede cierta gracia, puede recuperarse. Cuando un proyecto minero tiene cuarenta o cincuenta años -como han ocurrido muchos en el país-, obviamente, esto genera un desincentivo a la inversión minera demasiado considerable.

Por eso, un pago de patente de agua, independientemente de consideraciones de uso o no uso, pareciera ser el camino que evitara el daño social que pudiera traer consigo el no uso de las aguas, sobre todo en el ámbito de los derechos no consuntivos, que son realmente aquellos respecto de los cuales el proyecto quiere afectar. Porque en el terreno de los derechos consuntivos prácticamente no hay derechos que queden por otorgarse. En los no consuntivos, hay un porcentaje muy elevado. Se habla de cerca de 70 por ciento que estaría en una sola mano, y eso, evidentemente, produce problemas que deberían ser corregidos.

Espero que esta materia -he elaborado un anteproyecto- la podamos discutir, si acaso así se tiene por conveniente.

Respecto del otro tema que mencioné, aparte las dudas constitucionales y técnicas referidas a la patente misma, surge una inquietud cuando uno analiza el proyecto en su globalidad. Lo revisé después de un tiempo en que no estuve involucrado en él y, efectivamente, tengo una tremenda inquietud por las considerables atribuciones que entrega a la Dirección General de Aguas.

Así, por ejemplo, en el caso del artículo 140 del respectivo Código, que se propone sustituir, se agrega la exigencia de presentar una memoria explicativa en la cual se justifique la cantidad de agua que se necesita extraer. No se ve muy claramente la justificación de esto. Desde luego, el titular del derecho puede enajenarlo a un tercero, no importando los motivos que tuvo para solicitarlo. Además, podría prestarse para que eventualmente dicha repartición pueda rechazar discrecionalmente un derecho. Reitero: se trata de una atribución que puede prestarse para una posible arbitrariedad. Eso, por un lado.

En segundo lugar, en el artículo 147 bis, que faculta a la Dirección General de Aguas para denegar o limitar las solicitudes de derechos de aprovechamiento en determinados casos, aparte las muchas situaciones que plantea, la Comisión de Hacienda agregó un número nuevo, que otorga al Presidente de la República la facultad para que, mediante decreto fundado, con informe de la Dirección General de Aguas, por circunstancias excepcionales y de interés general, disponga la denegación total o parcial de una solicitud de derecho de aprovechamiento. Aquí estamos ante una decisión absolutamente discrecional del Jefe del Estado para, con informe de la referida repartición, decir que, por interés general y sin que esto tenga un contenido explícito ni justificación objetiva, se deniega o limita la solicitud.

En mi concepto, se está cambiando sustancialmente la naturaleza del régimen de aguas vigente en Chile y entregándoselo, por medio de los dos mecanismos que acabo de señalar, a un organismo administrativo para que disponga de él.

En relación con el artículo 141, desde el momento que se elimina el inciso final de la norma vigente, que obliga a la Dirección General de Aguas a constituir el derecho, en caso de que no se hayan presentado oposiciones, siempre que exista disponibilidad del recurso y sea legalmente procedente, dicha repartición no estará obligada a hacerlo cuando medien esas condiciones.

Reitero: estamos entregando a la Dirección General de Aguas un cúmulo de atribuciones discrecionales, lo cual nos hace pensar que en una materia de suyo delicada, con tanta incidencia en el desarrollo económico del país, ello no parece conveniente, menos aún con las reglas económicas que rigen el desarrollo del país en la actualidad.

En resumen, manifiesto mi inquietud respecto de la constitucionalidad de la patente por no uso de las aguas, además de las dudas sustanciales que ella genera, desde el punto de vista técnico, por las consideraciones que brevemente he expuesto. Y no obstante considerar razonable -tal es el ánimo que ha imperado en el debate en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en su momento- y conveniente buscar algún instrumento que evite el daño social que puedan representar eventuales circunstancias por el no uso de las aguas, manifestamos nuestra absoluta disposición a contribuir con un anteproyecto al establecimiento de un régimen de patentes de aguas que evite esa dificultad.

Subrayo también que el proyecto, además de establecer un mecanismo que presenta dudas constitucionales y técnicas, concede amplias facultades discrecionales a la Dirección General de Aguas, lo cual ha despertado enorme reticencia en distintos ámbitos del sector productivo, lo que para nosotros, por las características del régimen económico en aplicación y dentro de la filosofía constitucional que rige al país, no pareciera ser especialmente adecuado. Pretendemos que los organismos tengan las atribuciones que necesitan para desempeñarse, pero los ámbitos de discrecionalidad deben reducirse a su mínima expresión.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Senadora señora Frei.

La señora FREI (doña Carmen).-

Señor Presidente, en verdad, éste es un tema que para la Senadora que habla, representante de una Región desértica, reviste importancia extrema. Más aún, creo que si en algo debemos trabajar muy especialmente, con la mirada puesta en las regiones es, justamente, en este proyecto. No puede darse el mismo trato a las distintas zonas del país, a las que tienen agua porque llueve prácticamente a diario, o que las cruzan ríos, y a otras, como sucede en el norte, donde el líquido elemento pasa a ser un elemento vital, esencial y más que necesario para la sobrevivencia.

Es por eso que, desde hace mucho, nuestro interés ha sido mirar esta iniciativa desde un punto de vista muy particular. En la Segunda Región hemos velado por el máximo aprovechamiento de las aguas: se llamó a licitación para la desalinización de las del mar; tenemos gasoductos que traen gas natural desde Argentina, con lo cual estos procesos se abaratarán; el borde costero está saneado y prácticamente ningún colector de aguas servidas termina en el océano, y estamos recuperándolas.

Para nosotros, es fundamental cautelar los derechos de agua. En la Región que represento, normalmente se ha privilegiado el uso del vital elemento para la minería y dejado morir la agricultura, de la cual sobreviven el pueblo atacameño y sectores muy importantes de la zona. Claro está que ellos son menos numerosos que quienes trabajan en la minería; pero es de vital importancia que nuestra etnia sobreviva, se la proteja y se le dé el agua necesaria para subsistir. No queremos convertir a nuestra zona en un lugar en el cual, cuando termine la actividad minera, sólo queden un hoyo y campamentos muertos, sino en uno donde también se desarrolle la agricultura, tal vez muy artesanal, en pequeña escala, pero no por eso vamos a dejarla morir.

Ha habido una disputa permanente en materia de derechos de agua. Para nosotros, la ley en proyecto resulta fundamental. El agua no puede privatizarse; es un bien común que debe cautelarse de manera muy regulada; no podemos regalar los derechos de agua ni permitir que se haga comercio con ellos. Debemos proteger a las etnias, que tienen sus derechos de agua, y velar por que el vital elemento se utilice en la minería, pero sin que ésta la acumule o no la utilice, a la espera de proyectos mineros futuros. Al mismo tiempo, es necesario evitar que se desvalorice un quehacer importante de los pueblos originarios que han habitado esos lugares desde siempre.

Eso también es hacer patria, como lo es mantener los poblados atacameños y lograr que sobrevivan, o cautelar nuestras fronteras con Argentina, Bolivia y Perú. Queremos desarrollar ese mundo para que no muera. Para ellos -repito-, el agua resulta primordial.

Por eso queremos que se regule y que el Estado, a través de su Dirección de Aguas, tenga potestad para impedir por todos los medios la privatización del recurso o un aprovechamiento tal que termine con él. Respetamos mucho a la minería y ojalá hubiera muchos otros yacimientos en la región; pero no podemos darles toda el agua que pidan, que muchas veces no usan y la guardan; o utilizan las de origen freático que, como todos saben, son fáciles de recuperar, o las subterráneas que extraen a través de los salares, lo cual, al final, hará morir los ríos y cauces naturales.

Los señores Senadores podrán recordar los problemas suscitados con el río Loa. Nosotros aprendimos -y nuestros niños seguirán haciéndolo- que es el cauce del desierto más largo de Chile; pero no se está enseñando que está prácticamente seco. Entonces, es muy bonito mostrarlo en el mapa; sin embargo, sólo va quedando el cauce seco. Ni siquiera estamos protegiendo un río como el Loa, que sirve para estudiarlo, pero no para usarlo como corresponde.

Por eso, consideramos adecuado sancionar de alguna manera, a través de patentes, el no uso o el mal uso del agua. Y ello debe quedar claramente establecido, como se hace en el proyecto que nos ocupa.

No nos parece inconstitucional la iniciativa, que involucrará a todos los ciudadanos. No se trata únicamente del agua de las regiones del centro y sur de Chile, en que se desarrolla de manera masiva la agricultura y donde muchas veces los derechos de agua vendidos quedan en pocas manos. Deseamos resguardar el agua, elemento vital para todos los habitantes del país, desde la primera hasta la última región.

Por lo tanto, esta iniciativa no sólo debe mirarse desde la perspectiva de una zona agrícola, sino también, y muy especialmente, desde el punto de vista de las regiones desérticas, de donde proviene la mayor riqueza del país: la minería.

Estoy de acuerdo: protejamos la minería, démosle el agua que requiere; pero no dejemos morir a nuestros pueblos ancestrales, a nuestras etnias, quitándoles el agua, elemento vital para su sobrevivencia.

Señor Presidente , estoy absolutamente a favor del proyecto. Pienso que tiene todo aquello que sirve a las regiones. Con seguridad, más adelante podremos darle todavía mayores matices regionales, porque las leyes, a pesar de que deben ser útiles para todo el país, sin duda han de contener matices locales muy claros. Y ésta es la más típica de las iniciativas donde hay que observar el país en su conjunto, en su realidad. Las diferencias de Chile son muy extremas en cuanto a clima. Por lo tanto, un proyecto de Código de Aguas es especialmente sensible para esa realidad.

Obviamente, votaré a favor de la iniciativa. Y, a mi entender, las mayores recomendaciones deben ir en la dirección de que la ley en proyecto sirva a todos, sin pensar sólo en lo constitucional, que puede ser útil únicamente a algunos sectores. Pensemos también en las zonas que no tienen mucha representación; tal vez no son numerosas, pero cobijan a chilenos que necesitan nuestro apoyo y legislaciones humanas a su servicio.

El pueblo atacameño -lo saben las autoridades de Gobierno- ha trabajado largamente en sus derechos de agua. Porque también se comete el abuso tremendo de que personas con más conocimientos o mayores recursos compran derechos de agua ancestrales y, al final, hacen mal uso de ellos o los venden a empresas mineras en millones luego de haber malpagado o, muchas veces, engañado a los verdaderos dueños.

Las materias en cuestión se cruzan con las de otros proyectos. Pero, sin duda, esta iniciativa ayudará a configurar un desierto más humano, como corresponde a una sociedad moderna y globalizada.

Gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente, concurriré con mi voto favorable al proyecto, que viene a corregir, aunque a mi juicio todavía débilmente, las graves distorsiones del estatuto jurídico actual, establecido en el Código de Aguas aprobado en 1981.

Dicho estatuto genera graves distorsiones y una suerte de anarquía en el uso de un elemento tan fundamental como el agua, al punto que me atrevo a calificarlo de jurídica y económicamente aberrante. Pienso que en pocas ocasiones como en ésta se da una conjunción tan perfecta de la defensa de intereses, que finalmente ha llevado a una gran monopolización de ese recurso vital, con una teoría del funcionamiento del mercado de aguas que, después de casi 20 años de aplicación y no obstante que supuestamente iba a permitir una autorregulación eficiente del uso de las aguas, ha demostrado ser absolutamente falsa.

Señalo lo anterior porque se ha aludido mucho a que estaríamos intentando cambiar reglas sanas del funcionamiento económico.

Me parece que no hay situación más aberrante -y trataré de demostrarlo-, desde los puntos de vista jurídico y económico, que la del Código de Aguas aprobado en 1981.

La ley en proyecto, desgraciadamente, no corrige -y ésa es su limitación- el origen de las aberraciones, que, a mi juicio, no es otro que la contradicción absoluta de la afirmación -era muy difícil hacerlo de otra manera- de que las aguas son bienes nacionales de uso público y, por tanto, se otorga a los particulares un derecho de aprovechamiento. Y aquí se siguió la vieja doctrina.

Es evidente que el agua es un bien natural escaso, de usos múltiples y con demanda creciente de utilización -en Chile y en el resto del mundo-, la que algunas veces puede ser alternativa, y otras, complementaria: consumo humano, energético, agrícola, industrial, sin contar las funciones -ecológicas, y hasta turísticas- que cumplen los cauces y los depósitos de agua dulce.

Claro resulta que el desarrollo en todos los planos significa un aumento creciente de la demanda de tan escaso recurso natural en los diversos países del mundo contemporáneo, y por supuesto en Chile, especialmente en sus zonas más áridas, como señaló recién la Honorable señora Frei .

El Código de Aguas establece un derecho de aprovechamiento que no es tal, porque introduce de manera completamente artificiosa, bajo el título "Derecho de Aprovechamiento", algunas de las atribuciones del dominio y convierte a aquél en un derecho al que se pretende dar el carácter de patrimonial. Entonces, la aberración está en el texto mismo de la ley.

Es claro: privatizaron el agua. No podían decirlo, pues resulta muy violento, incluso en una dictadura, privatizar ese vital elemento; sería como privatizar el aire. Eso era excesivamente impresentable, incluso sin opinión pública.

No hay en el mundo un estatuto jurídico del agua como éste. Porque es completamente incompatible afirmar el carácter de bien nacional de uso público del agua y disponer que el derecho de aprovechamiento, que por tanto no debería ser un derecho de apropiación total, tiene los mismos atributos del dominio.

Cualquier abogado o jurista tendría que llegar a esa conclusión. Existe una contradicción en los términos.

Incluso, cuando se plantea que deseamos gravar el no aprovechamiento del derecho llamado "de aprovechamiento", nos dicen que estamos vulnerando (y lo sostiene gente estudiosa, sensata: el señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, el Senador señor Larraín ) un derecho de propiedad, el que no es tal, incluso en su definición formal.

Creo que eso es una aberración.

Es aberrante establecer un derecho de aprovechamiento que no tiene precio. Él se adquiere por una vía puramente administrativa, sin especificación del aprovechamiento que se hará de lo que se reclama y sin precio.

Señor Presidente , no hay teoría económica alguna que pueda sustentar por qué el mercado después va a ser eficiente en la asignación de un recurso que en su origen no tiene precio. Díganme Sus Señorías qué bien económico no tiene precio en el mercado. Y aquí se adquiere un bien, por vía administrativa, sin precio.

¡Después se viene a decir, por señores con títulos de universidades muy importantes pero que exponen una teoría que en mi concepto no funciona, que el mercado regulará el buen uso!

En condiciones de competencia, el mercado regula bien -muchas veces muy bien- distintos tipos de bienes. Pero una de las características de toda economía de mercado es que no hay bienes libres -ello me parece evidente- y, además, que digan relación al dominio. Pueden existir, sí, concesiones libres, temporales, etcétera.

Entonces, se advierte una contradicción. Hay un sistema aberrante y que ha provocado consecuencias aberrantes -eso es claro-: ha determinado que el bien de uso público que nos ocupa se pueda convertir en un bien especulativo, en un bien no usado aun ante necesidades sociales evidentes, y ha llevado a una anarquía potencial, muy profunda, en todo lo que es la administración de un recurso requerido para el desarrollo. Se registran muchas diferencias regionales, pero prácticamente en todo Chile el manejo de las aguas, sobre todo en el tiempo venidero, constituirá un elemento central.

La ley en proyecto corrige en parte ese estatuto jurídico aberrante. Y espero que con la maduración del país nos sea posible abocarnos, en otro momento legislativo, a la enmienda del tema de fondo. Porque en este instante no estamos resolviendo el problema central. Y quiero llamar la atención al respecto. Por lo tanto, estimo que se da un paso que rectifica una situación aberrante, pero no su raíz, configurada por un ordenamiento que no se sostiene ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista económico en una economía que desee ser efectivamente moderna y aprovechar bien sus recursos, que son escasos.

Y se plantea la cuestión técnica. Lo que se pretende es castigar el no uso. En ese sentido, estoy de acuerdo. En la Comisión se efectuó todo el análisis sobre cuál es la mejor forma de gravar, lo que significa generar las condiciones de un mercado de las aguas donde un elemento tan escaso, de todos los chilenos, no se use como bien patrimonial de quienes en algún momento adquirieron su propiedad.

Como se decía ayer, parte de los titulares de grandes derechos son empresas eléctricas privadas anteriormente públicas. Y, por ende, lo relativo a quién era el dueño de las aguas cuando aquéllas eran públicas no revestía la gravedad que adquirió cuando se traspasaron todos los derechos a los nuevos propietarios particulares, sin mediar ninguna consideración acerca de si las empresas iban a usar el recurso o no para su fin propio, que era la producción de electricidad. Es evidente que ésta no se puede obtener, en un sistema de empresas privadas como el chileno, que opera con bastante eficiencia en la generación hidroeléctrica, sin cierta seguridad jurídica y económica respecto de un insumo tan importante de esa industria como el agua. Pero ello, sin duda, debe ser puesto en función de un derecho que -insisto- es de aprovechamiento. No reviste carácter patrimonial, por lo menos el que se quiso establecer en la letra de la ley.

Se ha discutido si gravar el uso en vez del no uso. Yo comparto más bien los argumentos -y éste es ya un asunto puramente instrumental- en el sentido de que, técnicamente, sería muy difícil determinar un tipo eficiente de gravamen acerca del uso. Sobre esa base, me parece que gravar el no uso es una disposición razonable.

Aprovechando la presencia de los señores Subsecretario de Obras Públicas y Director General de Aguas, quiero manifestar una inquietud respecto de un tema que juzgo central, considerado en algunos de los Gobiernos anteriores durante los debates que precedieron a la larga discusión sobre las reformas del Código de Aguas y no incluido en el proyecto que nos ocupa, pero que también es muy urgente enfrentar. No se trata ya sólo del estatuto jurídico del aprovechamiento y utilización del agua, sino también de su manejo, y fundamentalmente del de las cuencas.

Represento a dos provincias donde se hallan dos de las cuencas más importantes del país. Una de ellas, sin duda, es la de mayor relevancia desde el punto de vista de la producción eléctrica: la del Maule. Las últimas cifras indican que genera aproximadamente 50 por ciento de esa clase de energía. Además, se encuentra ubicada en una zona fundamentalmente agrícola.

Se han presentado, en especial durante los últimos años, conflictos de intereses en el manejo de las aguas, los cuales son inherentes a la naturaleza del recurso y a la conjugación de los derechos consuntivos y los no consuntivos.

En la Región que represento son recurrentes los conflictos de intereses entre regantes y productores hidroeléctricos. Y no hay sistema ni autoridad que pueda regular el uso de los dos derechos cuando entran en contradicción. Esto último sucede, evidentemente, cuando el agua es escasa. En un país que ha sufrido -y creo que ello seguirá sucediendo- cambios climáticos a veces tan extremos como los observados en los últimos años, la situación es reiterada y no se ha podido resolverla.

En la cuenca del Maule, además, se registraron durante el año en curso gravísimas dificultades por anegamientos y pérdida de suelos agrícolas, ya que en un momento no se contaba con ninguna autoridad capaz de regular el cauce del río del mismo nombre. Incluso, existen varias querellas de privados contra las empresas hidroeléctricas, que manejan la descarga de la represa de Colbún. Es evidente que el interés de ellas es mantener los depósitos de agua. Sin embargo, elementos bastante fundados, a mi juicio, revelan que medió mucha imprudencia en las descargas hechas, lo que significó, en las comunas de Maule y de Villa Alegre, la pérdida de centenares de hectáreas. Ello es irreparable. Los suelos lavados por el río ya no se recuperarán.

Señalo lo anterior como ejemplo de que es indispensable establecer un sistema de manejo de cuencas, para que una autoridad pueda dirimir los conflictos en ese ámbito y no intervengan, como hoy, los tribunales. Porque es evidente que tales situaciones se presentan estacionalmente. Resulta del todo absurdo que los tribunales de justicia deban administrar un recurso como el agua. Pueden dirimir después las disputas o las pérdidas ocasionadas, pero no son los llamados a resolver un sistema de preservación y de manejo de cuencas.

Y no sólo cabe consignar la cuestión de los intereses distintos, sino también el hecho de que el manejo de nuestras cuencas ha sido de tal manera desprolijo y sin ningún criterio de cuidado ambiental, que se han arruinado muchos suelos, como expresé. En el caso concreto de la cuenca del Mataquito, anualmente tanto los ríos Lontué y Teno, que son los principales afluentes del Mataquito, como este último erosionan suelos agrícolas de alta calidad. Y esa pérdida no es recuperable sino en cientos de años.

Por lo tanto, en presencia de la autoridad política del Gobierno, subrayo el beneficio de dar carácter prioritario al tema, que -entiendo- ha sido objeto de cierta discusión o prediscusión, de estudios, de proyectos. A mi juicio, es altamente conveniente que el país se halle dotado de una institucionalidad capaz de establecer un manejo de cuencas que permita arbitrar los conflictos de intereses de los titulares de derechos al uso de aguas y, también, generar las condiciones para un aprovechamiento integral de las cuencas; para proteger la vida humana, que a veces corre peligro por el mal manejo de ellas; para preservar suelos de calidad agrícola que, como dije, tardan cientos de años en formarse, etcétera.

Quisiera que, dentro de la programación política legislativa del Ministerio de Obras Públicas, ente encargado de llevar asuntos como el que nos ocupa, la generación de dicha institucionalidad se incluyese entre las prioridades de los próximos años.

Muchas gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Vega.

El señor VEGA .-

Señor Presidente, como todos sabemos, los objetivos centrales de la política económica chilena -desde siempre y a largo plazo- son, primero, mantener una tasa de crecimiento elevada, estimada entre el 5 y el 7 por ciento anual y, segundo, mejorar significativamente la distribución del ingreso a fin de terminar con la pobreza en un futuro previsible. Ambos objetivos -por cierto muy legítimos- tienen importantes consecuencias para la estructura de la economía y para las principales áreas del desarrollo nacional. Estamos hablando de la seguridad nacional, de la soberanía, de la autonomía, etcétera.

Dichas implicancias, precisamente, determinan que las proyecciones acerca de los requerimientos de agua -en la hidroelectricidad, el riego, la industria, la minería, el agua potable, en fin- adquieran cada día una importancia más estratégica para todos nosotros.

Por tal razón, el desarrollo del país, en un escenario de uso intensivo del agua, requerirá de instancias institucionales muchos más eficientes para el aprovechamiento del recurso. En consecuencia, considero que se justifica revisar el marco legal vigente con el objeto de regular esta materia en forma apropiada.

La legislación sobre aguas que rige en Chile es única en el mundo, y es compatible con la dinámica económica del momento, que las considera más como bien económico que como parte fundamental para desarrollo de los pueblos, del ser humano y del bien común.

Sobre esa base, los derechos originales de aprovechamiento de este bien nacional de uso público son otorgados gratuitamente por el Estado a los particulares, quienes los solicitan para uso exclusivo. Actualmente, el sistema de su asignación se caracteriza, primero, porque quien reclama el derecho para su aprovechamiento no está obligado necesariamente a justificar la cantidad solicitada, y eso es un problema; segundo, porque la conservación de los derechos en el tiempo no tiene un costo real para el potencial dueño; y, por último, porque no existe la obligación para los titulares de usar este recurso fundamental.

Lo anterior permite que los particulares presenten peticiones por cualquier caudal -sin que necesariamente existan proyectos para su utilización-, quedando la autoridad pública en la obligación de darles curso. Esto es único en el mundo, ya que en los países desarrollados de Europa y en Estados Unidos se aplica el principio de que quien no usa el derecho lo pierde.

Producto de este marco legal, existen en Chile derechos constituidos en el patrimonio de los particulares -de carácter no consuntivos-, por 13 mil 500 metros cúbicos por segundo (ENDESA tiene el 70 por ciento de estos derechos), pero sólo se utilizan menos de 2 mil. O sea, hay 11 mil 500 metros cúbicos por segundo que no se usan. Sus dueños no tienen ningún incentivo para aprovecharlos y no se les puede multar ni quitarles el derecho. Pareciera que sólo lo utilizan como una barrera de entrada para sus competidores.

Es decir, Chile aplica un concepto opuesto al de los países desarrollados, por supuesto contradictorio con los principios de la economía de mercado en lo relativo a la sana competencia.

Respecto del proyecto en análisis, se han manifestado diversas opiniones en cuanto al establecimiento de una patente para los derechos de agua no utilizados -o algo equivalente-, a la justificación de las nuevas solicitudes y a las atribuciones que ahora se otorgan a la autoridad administrativa.

Sobre el particular, el Código vigente reconoce plenamente los derechos de agua constituidos antes de 1981. Por lo tanto, sus titulares estaban en condiciones de regularizar su situación ante los juzgados de letras. Según la Dirección General de Aguas, se trata aproximadamente de 350 mil, pero en la actualidad sólo tienen en regla su registro ante ese organismo alrededor de 15 mil. Es decir, no se hallan identificados ni registrados 335 mil, lo que complica enormemente cualquier solución, siendo la alternativa más factible y directa la de implementar el pago de patentes, tema sujeto a una discusión más en detalle.

En cuanto a la justificación de la cantidad de agua solicitada y a la correspondiente autorización a particulares para usarla con exclusividad, me parece que debe otorgarse con la razonable convicción de que el requerimiento corresponde a una necesidad muy directa y real, y que no derivará en un perjuicio -es lo que siempre debe evitarse respecto de esta normativa u otra-, dado que el agua es vital para el desarrollo de cada pueblo de Chile. Por lo tanto, estimo correcta la proposición en el sentido de establecer la obligación de justificar la cantidad de agua solicitada, de tal forma que exista una concordancia entre los caudales y los fines invocados por el propio peticionario.

Las nuevas facultades que contempla el proyecto para la administración del recurso tienen como propósito reservarlo para abastecer a la población o a determinadas actividades productivas que se califiquen como relevantes para la estrategia de desarrollo regional, tema relacionado con su ordenamiento territorial -existen programas de este tipo en la Novena, Undécima y Cuarta Regiones-, al no haber otras alternativas de abastecimiento posible, evitando con ello que, por la simple petición de un particular, se vea afectado el futuro de una población o de una región, como ha sucedido en algunos casos.

El punto central es, entonces, que el actual Código de Aguas puso un énfasis muy fuerte en el otorgamiento de mayores seguridades para que los privados obtuvieran derechos de agua, pero no incluyó ningún contrapeso para controlar el recurso que se utilizará efectivamente -produciéndose numerosos problemas que se tratan de corregir con este proyecto-, y simultáneamente dar oportunidad a muchas otras iniciativas empresariales -también muy valederas y que promueven el desarrollo nacioal- dentro de un esquema de legítima competencia.

Conforme a lo anterior, resulta evidente que el agua -como bien ambiental, económico y básico para el desarrollo de las naciones, y cuya regulación es mundialmente aceptada- no está resguardada en la actual legislación.

La importancia estratégica que el recurso hídrico adquirirá para Chile, a medida que cumpla las metas de crecimiento y alcance su pleno desarrollo, representa un verdadero fundamento más para adecuar racionalmente esta normativa a los escenarios de largo plazo, que constituyen para el país los verdaderos desafíos del mañana.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Canessa.

El señor CANESSA.-

Señor Presidente, nos encontramos discutiendo un proyecto de ley que, por la materia sobre la cual versa -el agua y su regulación jurídica-, es de la más alta significación e importancia, tomando en consideración que este recurso natural, por diversas razones, se ha tornado escaso y lo seguirá siendo aún más en el futuro.

Es necesario tener en cuenta que el 97 por ciento de las aguas del planeta son saladas, que el 2 por ciento la constituyen los hielos polares y que tan sólo el 1 por ciento es susceptible de ser utilizada en su estado natural por el hombre.

Chile, obviamente, no escapa a esa realidad. A ello se debe la importancia de establecer una correcta regulación jurídica sobre el uso de este recurso hídrico.

Nuestra actual legislación, estipulada en el Código de Aguas de 1981, las define como bienes nacionales de uso público, respecto de los cuales se puede conceder a los particulares un derecho real de aprovechamiento, con características similares al derecho de dominio en materia civil, para usar, gozar y disponer de él al arbitrio de su titular. Este derecho se concedía y se otorga en la actualidad de manera gratuita, y su objetivo es propender al desarrollo económico de las actividades donde el agua se hace necesaria.

En virtud de esta legislación, del sostenido crecimiento económico y del desarrollo social experimentado por el país desde 1981 a la fecha, se ha generado una demanda sostenida de recursos hídricos por parte de los distintos sectores usuarios, lo que ha llevado a que actualmente casi la totalidad de las aguas ya se encuentren entregadas a través de este derecho de aprovechamiento.

No obstante lo anterior y a pesar de la idea original del legislador de 1981 en el sentido de otorgar seguridad jurídica tanto en la obtención como en la disposición del derecho de aprovechamiento y, en definitiva, del uso de las aguas, hoy existen diversos titulares de ese derecho que no sólo no realizan un empleo efectivo de ellas sino que simplemente no las utilizan en ninguna forma. De esta manera, el derecho de aprovechamiento en vez de constituir una función generadora de inversiones -cual era la intención del legislador de aquella época- ha pasado a ser una función de carácter especulativo cuyo único propósito es el lucro.

La realidad legal imperante en este momento permite solicitar el aprovechamiento del recurso hídrico por cualquier caudal, sin que necesariamente exista algún proyecto específico donde será utilizado. La autoridad pública tiene la obligación de concederlo, sobre todo considerando que los derechos originales de aprovechamiento son otorgados gratuitamente por el Estado a los particulares que los requieran para un uso exclusivo, para lo cual sólo deben cumplir algunos requisitos formales, y condicionados a que no se afecte el derecho de terceros.

Es así como, según datos estadísticos respecto de derechos de aprovechamiento de carácter permanente y consuntivo, desde el río Biobío hacia el norte prácticamente todos se encuentran constituidos, quedando en esta área sólo los derechos hídricos eventuales y de tipo subterráneo.

Situaciones como las descritas han tenido lugar al amparo de la normativa vigente, que las permite en su letra pero obviamente no en su espíritu, produciendo consecuentemente una acumulación de aguas por parte de algunos titulares que las han solicitado sólo con fines de acaparamiento y especulación, colocando eventualmente barreras de entrada a otros competidores, que se ven privados de este vital recurso para sus proyectos de inversión.

Por eso, es indispensable legislar sobre la materia para establecer mecanismos tendientes a corregir las deficiencias del sistema actual, pero teniendo en cuenta que debe mantenerse la libre comercialización de los derechos de aprovechamiento de aguas, que sin lugar a dudas constituyen un adecuado y eficiente mecanismo de uso y asignación del recurso.

En este orden de ideas, el presente proyecto contiene un cuerpo orgánico de disposiciones cuyo objeto es vincular el derecho de aprovechamiento a un empleo justificado de las aguas, lo que guarda estrecha relación y concordancia con el pago de una patente por el no uso de las mismas.

De esa manera, quien posea un derecho de aprovechamiento deberá ocupar el agua a que él se refiere, o pagar por su no utilización. En el evento de que no opte por alguna de tales alternativas, podrá renunciar a su derecho, posibilitando así que otra persona haga un mejor empleo del recurso hídrico.

Se ha criticado el sistema antes descrito aduciendo que atentaría contra el dominio del titular sobre su derecho de aprovechamiento y lo desvirtuaría en su esencia. No me parece que esto sea así, ya que el derecho no se desvirtúa sino que simplemente se perfecciona en su aplicación.

Señor Presidente , creo que la corrección que pretende introducir al sistema en vigor es la adecuada, teniendo en cuenta la naturaleza del agua como bien social, ambiental y económico, fundamental para el desarrollo de los países, particularmente del de Chile.

Otras soluciones serían hoy inaplicables, por ejemplo la de cobrar una patente a todos los titulares de derechos de aprovechamiento sin entrar a discernir si emplean o no el agua. Para posibilitar esto deberían determinarse claramente tanto el derecho que se pretende gravar como su titular, situación que en nuestro país se halla muy lejos de la realidad, ya que existen miles de usuarios de agua que ni siquiera han formalizado su derecho.

Por otra parte, el proyecto guarda armonía con el eje central de la legislación dictada en 1981; esto es, considerar al mercado como ente regulador y eficiente asignador del recurso hídrico.

No obstante todo lo anterior, durante la discusión de la iniciativa deberemos abocarnos en detalle a la fijación del monto de la patente que se consagra por el no uso de las aguas, pues si fuera muy elevado podría tener un carácter confiscatorio del derecho de aprovechamiento, desvirtuándose de este modo la esencia del proyecto y pudiendo incluso llegar a ser inconstitucional.

Asimismo, se deberá disponer la forma como se determinará el empleo que se dará al agua, la cantidad requerida para proyectos determinados, los datos técnicos que habrán de proporcionarse a la autoridad al momento de presentar la correspondiente solicitud, etcétera, aspectos en los cuales la Dirección General de Aguas, al amparo de este proyecto, jugará un rol fundamental, con atribuciones, en mi opinión, demasiado amplias respecto de estos y otros elementos. Este punto es de particular importancia por cuanto dicho organismo necesariamente deberá tomar sus decisiones sobre la base de antecedentes técnicos y no en forma discrecional.

Por último, se hace indispensable contemplar mecanismos de reclamación idóneos y justos frente a actuaciones de la propia Dirección General de Aguas, que en caso necesario permitan enervar -conforme a derecho y por las instancias judiciales pertinentes- todas aquellas resoluciones dictadas por esa repartición consideradas injustas, abusivas o arbitrarias por los eventuales peticionarios de derechos de aprovechamiento.

Si bien en la iniciativa se trata este aspecto, me parece que no se desarrolló en plenitud, pues el recurso de reconsideración debe interponerse precisamente ante el organismo que dictó la resolución respectiva -la Dirección General de Aguas-, con lo cual la imparcialidad con que debe obrar podría verse disminuida. Y respecto del recurso de reclamación -que se deduce ante la Corte de Apelaciones correspondiente-, no serán pocas las veces en que ese alto tribunal fallará basándose en los informes técnicos entregados por la misma Dirección de Aguas.

Señor Presidente , advierto que hay consenso en orden a perfeccionar la legislación sobre aguas para corregir los vicios que se han venido produciendo desde su dictación, los cuales de alguna manera he procurado describir, a fin de preservar lo mejor posible nuestros recursos hídricos, que indudablemente constituyen un elemento vital para el desarrollo y progreso de Chile.

Por las consideraciones expuestas, en su oportunidad votaré favorablemente el proyecto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Parra.

El señor PARRA.-

Señor Presidente, la sustentabilidad del desarrollo económico futuro del país se encuentra severamente comprometida como consecuencia de una muy mala legislación en materia de recursos naturales, elaborada a partir de una concepción ideológica muy definida, especialmente en la década de los 80, y cuyos negativos efectos percibimos dramáticamente hoy.

Durante los años 90 se presentaron en el Congreso Nacional varios proyectos de ley que apuntaban justamente a efectuar rectificaciones sustantivas en esa normativa. Desgraciadamente, casi no se ha avanzado en el estudio de ellos.

¡Qué extraña paradoja, señor Presidente ! Esta tarde advertimos en la Sala un muy alto grado de consenso acerca de la necesidad y urgencia de reformar el Código de Aguas. Pero ¡cuántos años ha debido esperar el proyecto para llegar a este estado de tramitación! ¿Y no ocurre lo mismo con la iniciativa de ley sobre el bosque nativo? ¿Y no ocurre lo mismo con los intentos de reforma a la Ley de Pesca? En las afueras del Congreso tuvimos ayer manifestaciones de trabajadores desesperados porque ven comprometidas sus fuentes de trabajo por la irresponsabilidad con que se ha manejado un recurso natural clave, por la forma en que se ha procedido a la explotación de bienes que, conforme al artículo 19, número 23º de la propia Constitución Política, la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres.

Por eso, celebro que por fin se dé este paso y quiero formular pública petición al Gobierno para que todos estos proyectos que dicen relación con nuestros recursos naturales se prioricen y pasen a ser un asunto central en la agenda legislativa del año 2001. En caso contrario, la sustentabilidad del desarrollo económico futuro del país seguirá estando severamente comprometida.

Toda esa legislación tiene un elemento común: está referida a bienes con una naturaleza jurídica perfectamente definida, distinta de la generalidad de los bienes, los cuales, justamente porque la naturaleza los hizo comunes a todos los hombres, han recibido el reconocimiento de bienes nacionales de uso público, o de bienes del Estado. Pero esa legislación, se trate de las minas, de las aguas o de los bosques, ha abierto las puertas, en nombre de la libertad, a la generosa constitución de derechos rodeados de la máxima garantía jurídica para hacer posible la explotación de esos recursos naturales. Ha hecho posible, también, el que se busque la regulación no en la acción del Estado que está llamado a velar por el interés general y por el bien común, sino principalmente en la acción del mercado. Los resultados están a la vista y distan mucho de ser siquiera medianamente satisfactorios.

En el caso particular del Código de Aguas, a lo que mis distinguidos colegas ya han planteado en sus intervenciones cabe agregar el que no sólo hemos llegado a un punto crítico en que, sobre la base de las demandas actuales de derecho de aprovechamiento -tal como se señala en los respectivos informes de las Comisiones que conocieron el proyecto- no existe ya capacidad de respuesta, por lo menos en materia de derechos consultivos. Esa demanda excede en 30 por ciento a la capacidad con que cuentan nuestros cauces naturales y artificiales. En consecuencia, estamos evidentemente frente a una situación crítica.

Un estudioso del tema, don Alberto Tala Japaz , en su reciente obra "Derecho de Recursos Naturales: Ambiente, Aguas, Minas", ha resumido las críticas al Código de Aguas en los siguientes términos: "El concepto según el cual la asignación del recurso hídrico debiera abandonarse fundamentalmente a las leyes económicas de mercado, con un criterio de mínima intervención de la autoridad administrativa, se ha traducido en un mercado muy imperfecto. Así es como, en el sur de Chile, en donde los recursos hídricos se orientan fundamentalmente al sector agrícola, el deseado mercado de aguas no existe básicamente por razones culturales agrarias y ciertas deficiencias en la claridad de los títulos de dominio; al paso que, en el norte de Chile, si bien existe un profuso mercado de aguas, el mismo es valorado con una connotación negativa, en cuanto resulta ser un mercado especulativo que se traduce en la búsqueda de una ganancia financiera inmediata por parte del tenedor del derecho de aprovechamiento de aguas, a despecho de los intereses económicos productivos que tienen una repercusión de interés nacional evidente.

"Además, se critica la estructura del actual Código de Aguas, que resulta ser uno y el mismo para todo el país, en circunstancias de que a lo largo de Chile existen diferencias climáticas, pluviométricas, hidrológicas y, en general, ambientales, evidentes. Así, ciertas corrientes de opinión, no entienden cómo un mismo Código de Aguas puede ser aplicable al desierto de Atacama y a la Región de Magallanes con una abundantísima pluviometría.

"También se critica la estrechez del concepto de aguas que maneja el Código del rubro, lo que redunda en la falta de utilización de otras formas de manifestación de la presencia del recurso hídrico en el ambiente, como son las aguas en estado sólido (...) o gaseoso (...).

"Tampoco el Código de Aguas ha sido lo suficientemente eficaz en orden a la resolución de conflictos intersectoriales entre los diversos ámbitos de actividad económica y de preservación y conservación ambientales, todos ellos hidrodependientes.".

Para qué seguir. Se ha dicho aquí con razón que hay una diferencia evidente entre el Código de 1981 y el que lo antecedió, de 1951, en lo que dice relación con la tutela del interés general y del bien común. Aquel Código establecía una prelación de uso y en la asignación del recurso el destino del mismo era una cuestión central que quedaba perfectamente definida en el acto constitutivo de los derechos. Hoy ni siquiera eso tenemos. El derecho se otorga con absoluta prescindencia del uso que se vaya a dar al recurso. Y hemos llegado por eso a la masiva constitución de derechos de aprovechamiento que no tienen un destino conocido y en torno a los cuales la especulación por parte de los propietarios, con un bien que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres, es lo que hoy día manda.

Se precisa, pues, una reforma de fondo en este sentido. Yo entiendo que el proyecto en debate, nacido de una iniciativa del Presidente Aylwin, de 1992, constituye un primer paso en esa dirección, lo que es ya motivo suficiente para respaldar la idea de legislar.

A este proyecto, sin embargo, se le han hecho algunos cuestionamientos constitucionales. Los hemos escuchado esta tarde. En homenaje al tiempo, diré simplemente que en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se recibió un informe en Derecho del profesor José Luis Cea , informe que consta en el que la Comisión nos hiciera llegar en su oportunidad, y que es claro y concluyente en la materia. Por eso, cuando el tema se votó en esa Comisión, antes en la de Obras Públicas, después en la de Hacienda, no hubo un Senador que al momento de fundamentar su voto planteara reservas de carácter constitucional. Yo no tengo dudas sobre el particular y comparto plenamente el enfoque y las conclusiones del señor Cea Egaña .

La existencia de una patente como instrumento para incidir en el uso efectivo de los recursos es algo que la legislación chilena contempla. No es este proyecto absolutamente novedoso en ese punto. Si bien esta patente no es en nada asimilable a la patente minera, tiene algunos elementos en común con ella. Es lógico que aquel que constituyó los derechos con el fin de especular y que no ha tenido, ni tiene, el propósito de hacer un ejercicio efectivo de ellos tendrá que pagar la patente, y si no lo hace -ahí está lo central del proyecto-, podrá entonces haber intervención estatal para, a la larga, a través de los procedimientos de cobranza de las patentes y de remate consecuencial del derecho, poder reasignarlo a un usuario efectivo.

La patente pasa a ser así no sólo una señal, sino que un instrumento real para garantizar que nuestras escasas aguas se usen de verdad. Y a ello se añade en este proyecto de reforma el que no se usen indiscriminadamente, sino para aquel propósito que fue el que determinó, desde la presentación de la solicitud misma del peticionario, el otorgamiento y la constitución del derecho.

Señor Presidente , no hay más tiempo que perder. Si de verdad nos interesa el desarrollo futuro del país, debemos abordar sin tardanza las rectificaciones de fondo que requiere toda nuestra legislación en materia de recursos naturales.

El señor LARRAÍN.-

¿Me concede una interrupción, señor Senador ?

El señor PARRA.-

Con mucho gusto, con la venia de la Mesa.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, sólo quiero hacer una precisión sobre la mención al informe del profesor José Luis Cea . En realidad, el documento no fue encomendado ni solicitado por la Comisión de Constitución, como muy bien lo consigna nuestro informe en la página 7. En efecto, allí se dice: "El mencionado Secretario de Estado " -se refiere a don Jaime Tohá - "señaló, como cuestión previa, que el Ejecutivo solicitó al profesor José Luis Cea su opinión sobre el proyecto desde punto de vista constitucional, de la cual se dejará constancia en el presente informe.". De modo que no fue un requerimiento de la Comisión.

En momentos en que me correspondía presidir la Comisión, antes de que entráramos a tratar el tema hice presente que quizás la principal duda sobre esta materia se refería a su constitucionalidad, y que por ello era muy conveniente que el Ejecutivo solicitara un informe a una persona que tuviera verdadera autoridad en la materia. Se encargó entonces al profesor Cea que nos hiciera llegar algunas precisiones acerca del asunto.

En cuanto a la votación de la idea de legislar, el informe de la Comisión, en su página 44, textualmente expresa que el Senador señor Díez y quien habla "hicieron presentes algunas dudas relacionadas con la constitucionalidad de ciertas disposiciones del proyecto."; agregando que "Por estas razones, ambos se abstuvieron.".

Es decir, ni el Senador señor Díez ni el que habla, como ocurre hoy, hemos hecho reserva de constitucionalidad, porque hemos manifestado nuestras dudas sobre la constitucionalidad en las materias que personalmente reseñé y que se individualizan en el informe.

Como se trata de un debate, simplemente hago esta precisión para que no haya lugar a alguna interpretación errónea, sin perjuicio de que en el fondo sus opiniones me parecen muy legítimas, aun cuando podamos tener diferencias en el enfoque del problema.

--Pasa a presidir, en carácter de Presidente accidental, el Senador señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO .-

Señor Presidente, me alegro mucho que se esté debatiendo la modificación del Código de Aguas. En verdad, la discusión de este proyecto en el Congreso se ha dilatado más allá de todo lo razonable y lógico. La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados en 1992, y revestía una importancia muy grande en ese momento. Tan así es que esa rama del Parlamento constituyó una Comisión Especial para tratarla. Era un proyecto muchísimo más complejo y completo. Abarcaba más áreas. Se le dio un especial tratamiento y, si la memoria no me traiciona, el propio Subsecretario, señor Juan Carlos Latorre , formó parte de esa Comisión.

Tras largos debates, finalmente la Cámara de Diputados lo despachó en 1997. En agosto de ese mismo año ingresó al Senado y, lamentablemente en mi opinión, aquí ha sufrido una tramitación demasiado lenta.

El señor LARRAÍN .-

¡Harto más corta que en la Cámara de Diputados!

El señor PIZARRO .-

Hasta el momento, porque no sabemos cuándo se despachará definitivamente.

El análisis que se hizo en 1990 respecto de cómo se aplicaba el Código de Aguas; de los efectos que estaba produciendo; lo que sucedía con los derechos de aprovechamiento -en especial, los no consuntivos-, así como las dificultades en el otorgamiento y aprovechamiento de los derechos de agua, fue lo que llevó a presentar el proyecto que modifica el actual Código.

Como los derechos entregados en concesión son gratis, en la práctica -y aquí se ha dicho en repetidas oportunidades-, muchas veces se produce el riesgo de la acumulación o del acaparamiento de los derechos de aprovechamiento en manos de unos pocos titulares, los que no los usan o no se interesan en usarlos, o, lisa y llanamente, especulan con los derechos, lo que es gravísimo. No tienen obligación de usarlos ni de desarrollar proyectos en áreas como la minería, la agricultura o el sector hidroeléctrico. Por lo tanto, un primer objetivo que se tuvo en vista al enviar el proyecto fue el de recuperar los derechos de agua no usados, con el objeto de hacer que llegaran a ser bien utilizarlos.

En el fondo, hasta el día de hoy la discusión se ha radicado en que, si esos derechos no son bien usados, o si no se usan en absoluto, lo que corresponde es que se pague por el no uso; o, lisa y llanamente, por ser el agua un recurso escaso y un bien nacional de uso público, como aquí se ha dicho, lo lógico será devolverlos para luego entregarlos nuevamente en concesión a quienes tengan proyectos por realizar.

El otro objetivo central de la iniciativa tiene que ver con la modernización del sector y la forma como la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas entrega los derechos.

Como se ha señalado, los recursos hídricos son escasos. Hay que dejar constancia de que, conforme a nuestra realidad, prácticamente todos los derechos posibles de entregar han sido otorgados. Desde la Octava Región al norte no hay disponibilidad alguna de acceder al recurso. Por lo tanto, los derechos de agua están todos constituidos, y según las cifras que se proporcionan en el informe, en total alcanzan a alrededor de 150 mil.

Uno se pregunta qué significa esto; cuál es el desafío que el país deberá enfrentar más adelante. Es algo muy sencillo que está establecido en el informe, La estimación sobre requerimientos de agua para los próximos veinte años apuntan a que se duplicará el actual consumo doméstico, industrial y minero de dicho recurso. Algo menor, pero también sumamente importante, es lo que se plantea para el sector agrícola.

También se considera en el proyecto la necesidad de velar y proteger el medio ambiente, así como de garantizar que exista en nuestros ríos lo que se denomina "caudal mínimo ambiental" que asegure la existencia de los ecosistemas que esos cauces y ríos generan.

El problema, como aquí se ha dicho, radica en que el actual Código es en extremo permisivo. Se ha planteado una visión liberal del asunto en el sentido de que tal vez el mercado puede regular lo que pasa en un sector y en un área donde el bien es escaso. Pero en la práctica no ha ocurrido así. Más bien ha existido abuso de la legislación actual. Además ésta obliga al Estado a entregar los derechos sin condiciones de ningún tipo, sin siquiera exigir la presentación de proyectos, como sí lo plantea la modificación en estudio.

Tampoco se establecen limitaciones en cuanto a la cantidad de agua. Por lo tanto, ante cualquier persona que lo solicite, existiendo disponibilidad, hay obligación de entregarla, sin condiciones de ningún tipo.

Ello ha llevado a que hoy existan solicitudes aprobadas y en trámite en cantidad que casi dobla el total disponible en el país. Lo anterior ha llevado en la práctica -y hay que decir las cosas por su nombre- a un acaparamiento, a una acumulación, al punto de que una sola empresa posee prácticamente el 80 por ciento de los derechos de agua no consuntivos disponibles. Ello, en verdad, constituye un monopolio inaceptable; impide el desarrollo de proyectos sumamente importantes para el país; tergiversa por completo lo que debe ser el libre acceso a esos recursos; genera una distorsión en el mercado, quedando el principio de la libre competencia absolutamente fuera de lugar.

Los principales objetivos que persigue el proyecto son siete: primero, establecer el pago de una patente por la no utilización de las aguas y un procedimiento judicial de cobranza de las mismas; segundo, modificar el sistema de concesión de los derechos de aprovechamiento; tercero, fortalecer el mecanismo de conservación y protección de las aguas y cauces; cuarto, considerar la relación entre las aguas superficiales y subterráneas para otorgar los derechos de aprovechamiento; quinto, mejorar el procedimiento de regularización de títulos contenido en el artículo 1º transitorio del Código de Aguas; sexto, establecer obligaciones a los Conservadores de Bienes y Raíces, en relación con el Catastro Público de Aguas, y, por último, extender la personalidad jurídica a las comunidades de aguas.

El punto más importante y que más se ha discutido es, indudablemente, el pago o no pago de patente. El debate sobre esta materia, dadas las presiones, el lobby, las influencias, la protección de los intereses, especialmente de las empresas hidroeléctricas, ha ido haciéndose complejo o complicándose más allá de lo razonable. En mi opinión, lo que en el fondo busca el proyecto al establecer una patente es que los recursos hídricos tengan un uso intensivo; es decir, que, dada su escasez, sean bien aprovechados en las distintas áreas: energética, agrícola, minera, y puedan acceder libremente a ellos todos quienes deseen desarrollar proyectos. Y, evidentemente, también pretende evitar la especulación y el acaparamiento.

Estoy totalmente de acuerdo con el pago de una patente por la no utilización de las aguas. Esta materia -como señalé- fue objeto de una discusión larguísima. A mi juicio, constituye un principio elemental el hecho de que quienes obtienen gratuitamente derechos de aprovechamiento de recursos hídricos, siendo éstos un bien común de uso público, deben usarlos bien y no especular con ellos. El asunto es sencillo: si alguien no desea utilizarlos, que pague. Y si alguien considera que el costo es muy alto, que no está de acuerdo con la evaluación del proyecto, más simple aún: que devuelva los derechos y permita que otros puedan usar intensivamente esos recursos para hacer rentable los proyectos o establecer un beneficio común.

Al respecto, la Senadora señora Frei dio a conocer áreas, sobre todo en la zona norte, donde hay localidades, poblados, regiones, cuya supervivencia y desarrollo, sin la garantía de la existencia de agua para los seres humanos, lisa y llanamente sería imposible.

Eso, en la práctica, es lo que más se ha discutido. Y se ha especulado mucho sobre quiénes deben pagar las patentes. Aquí se ha involucrado al sector hidroeléctrico, que es el que más ha presionado; pero también se ha dicho que los agricultores están en contra y que pueden verse afectados por ello. En verdad, los que deben pagar son quienes no utilizan las aguas. ¿Y quiénes son? El uno por ciento de los 350 mil titulares de derechos de aprovechamiento de aguas. ¿A quiénes corresponde ese porcentaje? A las empresas hidroeléctricas. ¿Cuál de todas? Con nombre y apellido: ENDESA. Es la única que en realidad debería pagar patente. El resto del sector productivo, el minero y especialmente los agricultores, no debe abrigar temor alguno acerca de la aplicación de esta enmienda. Por el contrario. Porque los agricultores son los que hacen mayor uso intensivo de las aguas. El proyecto establece que quienes tienen una mínima infraestructura u obra que permita el buen uso de las aguas, lisa y llanamente no pagarán patente. Y obviamente lo que más requieren los agricultores es infraestructura de riego. Por lo tanto, por ningún motivo ellos pagarán. Por el contrario. La Sociedad Nacional de Agricultura, en sus planteamientos respecto del nuevo Código de Aguas, manifiesta claramente que no se opone al pago de la patente, porque entiende que ésta debe aplicarse urgentemente, es justo y absolutamente necesario para cautelar el bien común de que se trata.

A mi me parece razonable, y está dentro de la lógica planteada, el hecho de que quien solicite un derecho de agua deba justificar para qué lo desea y presentar un proyecto. La persona debe saber que al hacer una petición sobre un bien común que es escaso, el proyecto para el cual se pretende contar con esa agua ha de ser plenamente justificado. Evidentemente, cuando se necesita para desarrollar proyectos agrícolas, mineros, hidroeléctricos, alguien debe analizarlos, evaluarlos. Y ello tiene que hacerlo el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Aguas.

Sobre el particular, en mi opinión, en la discusión del proyecto ha existido claramente un temor y prejuicio acerca del ejercicio de esta atribución que se entrega a la autoridad, en el sentido de que podría generar arbitrariedades o ser mal usada. Yo, francamente, creo que tales aprensiones no sólo son injustas, sino que, además, están alejadas completamente de la realidad. La única instancia técnica con que cuenta el país para resguardar este bien común se halla justamente radicada en la Dirección de Aguas. Por lo tanto, lo que debemos hacer es velar por dicho recurso y por el desarrollo económico del país.

Por consiguiente, en la discusión larguísima habida sobre el proyecto, espero que haya una opinión mayoritaria y positiva de parte del Senado para aprobar las modificaciones propuestas. El Código de Aguas busca velar por el bien común. No se puede, mediante la vía de no legislar, seguir favoreciendo a los especuladores o a quienes poseen un verdadero monopolio sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. Por el contrario. Necesitamos que el país desarrolle proyectos que permitan ir a la par del crecimiento económico y no frenarlo por proteger los intereses de unos pocos.

Desde ya anuncio que, cuando nos corresponda pronunciarnos acerca de la iniciativa en debate, indudablemente la votaré a favor.

El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Honorable señor Aburto.

El señor ABURTO.-

Señor Presidente, hablando en términos generales, ocurre que el proyecto en debate fue presentado al Parlamento en 1992.

De ello se deduce que ha tenido un lento peregrinar a través de las diferentes instancias legislativas, de lo cual se infiere además -como presunción- que se trata de un tema complejo y no fácil de abordar como es el caso de la redacción de un estatuto jurídico que comprenda todas las situaciones, emergencias y eventualidades en que puede encontrarse en nuestro país el uso de las aguas en cuanto a bien jurídico y económico.

Nuestro Código de Aguas, en actual vigencia, que data de 1981, es un compendio -podría decirse- recopilador de distintos preceptos legales que regían en ese tiempo y que en un momento dado se acomodaron y completaron con nuevos preceptos en un texto sistematizado que se promulgó como Código de Aguas en una época en que el escenario bajo el cual se amparaba esta materia era completamente distinto del actual, que se caracteriza en forma preponderante por la escasez de este elemento vital para el desarrollo de la vida humana y de la sociedad en general.

En la época de la vigencia del Código de Aguas, el uso de éstas era prácticamente libre y sin grandes cargas económicas.

Antiguamente la utilización de las aguas superficiales se realizaba a través de permisos administrativos que se concedían sobre el uso de las aguas como bien nacional de uso público, concesiones que se denominaban "mercedes de aguas"; hoy se llaman "derechos de aprovechamiento".

Como ya se señaló, el agua es esencialmente un bien económico y, siendo así, su uso o aprovechamiento exige un principio legal de certeza, lo que se traduce en la circunstancia de que el titular del derecho debe gozar de la posesión de un título.

En seguida, no debe perderse de vista que se trata de un bien social, porque es indispensable para el desarrollo de la sociedad.

Además, es necesario también tener en consideración que es un factor ambiental, ya que aparte del desarrollo humano, constituye un elemento básico para el desarrollo de muchos recursos naturales como la fauna en general, las plantaciones, los bosques naturales, el sistema climático, etcétera.

De todo lo anterior fluye que la normativa que se ha de dictar sobre el tema debe comprender, obviamente, todos los factores que antes se han indicado, para así llegar a una conclusión elemental que es el cuidado extremo que debe procurarse en el uso efectivo de las aguas. ¡Repito: el uso efectivo de este recurso!

Se colige de lo antes expuesto que nadie puede ser titular de un derecho de aprovechamiento de una cantidad excesiva de agua, esto es, que sobrepase las necesidades para cuya satisfacción se ha otorgado el respectivo derecho de aprovechamiento. Por consiguiente, debe estar presente como un axioma que el agua no puede ser objeto de especulación y, por último, que el derecho de aprovechamiento siempre debe ser usado en forma prudente, razonable y eficiente.

Todos estos principios son los que sirven de base al desarrollo del proyecto de ley sobre el cual estamos opinando en este momento, encaminado a modificar el Código de Aguas.

Esta iniciativa recoge esencialmente todos esos factores.

En este contexto establece el proyecto que los derechos de aprovechamiento consuntivos (artículo 129 bis, 5) de ejercicio permanente que no sean utilizados total o parcialmente estarán afectos en la proporción no utilizada de sus respectivos caudales, al pago de una patente en beneficio fiscal. En cuanto al monto de estas patentes, el proyecto establece todo un sistema que considera, entre otros factores, la ubicación del caudal por regiones, por zonas, y el volumen de los respectivos derechos de aguas.

También se considera otro sistema para el pago de patente de los derechos de aprovechamiento no consuntivos que no sean utilizados total o parcialmente (artículo 129 bis, 4).

El no pago de la patente habilita para iniciar un procedimiento judicial de remate, como asimismo en caso de la renuncia, en razón de la extinción del derecho.

Estas consideraciones de orden general me mueven a dar mi aprobación al proyecto, sin perjuicio de lo que pueda determinar en su discusión en particular.

El señor RUIZ-ESQUIDE ( Presidente accidental ).-

Debo advertir al señor Subsecretario de Obras Públicas , quien ha solicitado usar de la palabra, que se ha fijado como término de esta parte de la sesión las 18:30. Por ello, le consulto si el tiempo que resta es suficiente para completar su intervención.

El señor LATORRE ( Subsecretario de Obras Públicas ).-

Sí, señor Presidente .

Deseo manifestar, en nombre del Gobierno, nuestra satisfacción por el hecho de que la iniciativa en debate se encuentre a punto de finalizar su discusión en general en el Senado.

Como lo ha destacado la mayoría de los señores Senadores que han participado en el debate, se trata de un proyecto de ley cuyo estudio se inició en el año 1992 y que ha tenido un largo trámite tanto en la Cámara de Diputados como en las distintas Comisiones del Senado. Desde luego, creemos que su aprobación en general -sin perjuicio de que en su trámite posterior podamos recoger muchas de las inquietudes que aquí se han planteado- resulta una necesidad.

A nivel mundial existe un creciente consenso en el sentido de que el agua será en el siglo XXI un elemento crítico para el desarrollo de los pueblos. En Chile, el sostenido crecimiento económico y desarrollo social experimentado por el país en la última década ha generado demandas cada vez mayores sobre los recursos hídricos por parte de los distintos usuarios. Este crecimiento sostenido, sin precedentes en la historia, se produce en un contexto en el cual los recursos hídricos en buena medida ya están comprometidos en el abastecimiento de distintos usos actuales.

En el futuro, este escenario, ya extraordinariamente restrictivo, se acentuará notablemente debido a los nuevos requerimientos.

Por otra parte, es importante destacar que la experiencia de los países altamente desarrollados indica que la gestión de los recursos hídricos pasa progresivamente de una fase en la cual predominan los problemas de tipo cuantitativo a una en que la restricción principal la imponen los aspectos de calidad de las aguas y de protección del medio ambiente. Sin lugar a dudas, ya podemos observar cómo nuestro país está siguiendo una tendencia similar, con las ventajas de las experiencias obtenidas por las naciones desarrolladas y con las particularidades que le imponen su geografía y las características de su estructura económica.

Asimismo, el marco jurídico-económico debe favorecer la implementación de estas alternativas como único medio de evitar que la escasez de recursos hídricos sea un obstáculo para el desarrollo sustentable del país.

En principio, estimamos que el marco jurídico-económico con relación a las aguas presenta, en la práctica, la ventaja de otorgar gran seguridad jurídica sobre los derechos de aprovechamiento. Ello permite la realización de muy significativas inversiones en algunos sectores para mejorar la eficiencia de aprovechamiento y para la exploración y uso de aguas subterráneas.

Así también, la libre transacción de los derechos de aprovechamiento, aun cuando en muchas zonas sea poco activa, sin lugar a dudas constituye en general un mecanismo adecuado para la reasignación de derechos concedidos, permitiendo un nuevo uso más productivo desde el punto de vista del interés general.

Ahora bien, así como reconocemos los aspectos positivos que otorga el marco jurídico existente, también identificamos los vacíos o errores que contiene, en especial en la forma como se constituyen los nuevos derechos de aprovechamiento. Ello por las siguientes razones:

1.- Se incentiva el acaparamiento y especulación con los derechos de aprovechamiento de aguas, evitando que éstas efectivamente se utilicen por quien las necesita, o bien se constituyen en verdaderas barreras de entrada para nuevos competidores a los mercados.

2.- En ocasiones, los derechos constituidos, en el mediano o largo plazo, se transforman en graves obstáculos para atender las necesidades básicas de la población o afectan gravemente el desarrollo regional. Ejemplos de esto lo escuchamos en las intervenciones de varios de los señores Senadores que han participado en la discusión.

3.- Se permite e incentiva la constitución de derechos por caudales muy superiores a los que efectivamente se necesitan por parte de los peticionarios.

4.- No se consideran adecuadamente, en el proceso de constitución de nuevos derechos, los factores ambientales-ecológicos que hacen aconsejable exigir la mantención de un flujo mínimo en los cauces naturales.

Lo que he expuesto hasta aquí es una visión muy resumida de los principales elementos que conforman el problema de los recursos hídricos en el país. Pero lo importante es que los señores Senadores tengan clara conciencia de la gravedad y urgencia que tiene para el desarrollo de la nación corregir estas anomalías, y que ello no es una mera declaración del Gobierno, sino que responde a las realidades que diariamente se constatan en el administración de las aguas.

La modificación del Código de Aguas que se propone aprobar considera aproximadamente diez materias priorizadas por el Gobierno. Se ha hecho mención de ellas por parte de uno de los señores Senadores que ha intervenido en el debate.

A continuación queremos entregar algunos comentarios solamente con relación a las modificaciones que han sido motivo de mayor controversia, como son el establecimiento de una patente a los derechos no utilizados y las nuevas atribuciones para la autoridad.

Cabe adicionalmente destacar que la modificación incluye también -y me permito citar solamente los títulos correspondientes- el otorgamiento de personalidad jurídica a las comunidades de agua, tema de gran interés para muchas organizaciones; la obligación de reserva de un caudal ecológico en la constitución de nuevos derechos; el fortalecimiento de las facultades de la autoridad en materia de policía y vigilancia de aguas y cauces, y el perfeccionamiento de uno de los procedimientos para regularizar derechos de agua y garantizar su transparencia.

Con relación al establecimiento de la obligación de pago de una patente por los derechos de agua constituidos y cuyos dueños no los utilizan, es importante tener presente que, como ya se ha dicho, en la actualidad los derechos de aprovechamiento son concedidos en forma gratuita y a perpetuidad a quien los solicita, y sin ningún compromiso de uso ni aprovechamiento productivo.

El objetivo del Gobierno en esta materia es corregir el grave escenario que se generó en el país con relación a las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas a partir del Código de 1981. Como Sus Señorías recordarán, antes de esa fecha el derecho de aprovechamiento se concedía en forma definitiva sólo cuando las obras de aprovechamiento ya estaban construidas, de lo cual se concluye que los derechos constituidos antes de 1981 no debieran pagar patente, toda vez que existirían obras para su aprovechamiento efectivo.

Debemos ser muy claros. El Gobierno tiene la completa convicción en el sentido de que lo que está haciendo esta reforma es favorecer la competencia en los mercados asociados al uso del recurso hídrico, permitiendo que el agua esté disponible para quien desee utilizarla efectivamente. En este sentido, lo importante debiera ser tener buenos proyectos y no sólo derechos de agua.

Obviamente, por otra parte, la fijación de una patente a los derechos no utilizados supone una forma de definir qué se entiende por no uso y una participación de la Administración en el proceso de identificación de los pagadores. Con este propósito se ha definido una presunción de uso orientada a dar transparencia y objetividad al proceso y a restringir la discrecionalidad administrativa, para lo cual existirá un reglamento especial. Dicha presunción establece que se entenderán utilizadas las aguas para las cuales existan las obras que permitan su captación.

Si existe obra de captación, se asume que hay uso.

En todo caso, bien sabemos que en Chile, en los lugares en que se desarrolló el riego antes de 1981, existen más canales que agua. En consecuencia, en todas esas áreas no hay posibilidad alguna de que se aplique una patente por no uso. Lo mismo sucede con relación a los pozos de agua subterránea que tienen sus instalaciones y son utilizados en forma esporádica.

Aquí, con relación a uno de los aspectos señalados por el Senador señor Larraín , quiero destacar que la Sociedad Nacional de Agricultura indicó expresamente en uno de sus acuerdos: "Finalmente, el Comité se pronunció por la conveniencia de establecer el cobro de una patente por no uso de las aguas correspondientes a los derechos consuntivos y no consuntivos, vinculada a la existencia de la presunción de derecho sobre uso de las aguas". Éste es un documento que el citado organismo puso a disposición de las distintas Comisiones durante el debate en ellas del proyecto. Adicionalmente, dicho documento hace alcances acerca de otros puntos respecto de los cuales hemos recogido gran parte de sus inquietudes.

Cabe destacar que sí ha existido una preocupación central con relación al tema de las empresas, particularmente de una de ellas, la que por su historia, por el rol que ha jugado en el país, acumuló un porcentaje excesivo de los derechos no consuntivos, los que hoy constituyen, objetivamente, una barrera de entrada para el desarrollo de ese sector.

Ahora bien, algunos señores Senadores han sostenido durante la discusión del proyecto en la Comisión de Hacienda que esta solución (las patentes por no uso) no sería el instrumento adecuado. Se ha dicho en este sentido que la patente, desde una perspectiva económica, incentivará un uso ineficiente del agua y será un estímulo al derroche del recurso y que, por tanto, se debe reemplazar la patente por no uso por un cobro a todos los titulares de derechos de agua.

Esta última proposición constituye otro proyecto, de alcances distintos al actual en trámite, pero quizás complementario y compatible con el mismo, el cual deberá ser evaluado en sus méritos propios en una perspectiva de implementación de mediano o largo plazo.

No obstante, una norma del proyecto que proponemos podría ser en el sentido de que "pagarán patente todos los titulares de derechos de agua, pero se encontrarán exentos aquellos que los utilicen". Es una forma de expresar la idea en cuanto a que lo que hoy aparece extraordinariamente inconveniente para el país es que haya titulares de derechos de agua (tanto personas jurídicas como naturales) cuya preocupación ha sido acumular estos derechos durante los últimos años, desde 1981 hasta la fecha, y especular sistemáticamente con ellos.

Es imprescindible tener presentes algunos de los elementos que dificultan la fácil o próxima implementación de la alternativa propuesta.

Si se recogiera la inquietud planteada en orden a cobrar por el uso, se afectaría a la totalidad de los titulares de derechos de agua existentes, los cuales se estiman en aproximadamente 350 mil, los cuales pertenecen a distintos sectores usuarios (agricultura, minería, hidroenergía, agua potable), con la esperable reacción de los interesados. Es decir, se trata aproximadamente de 100 veces el número de eventuales afectados por la patente por no uso, en la forma que se propone en el proyecto.

Será, además, imprescindible contar previamente con un completo rol o catastro de los titulares individuales de derechos de agua. En la actualidad, sólo una parte menor de los usuarios tiene debidamente regularizados sus títulos. Cabe destacar que los constituidos a contar de 1981 lo han sido por resolución de la Dirección General de Aguas y están debidamente registrados.

Entre las dificultades que vale la pena señalar, está el hecho de que para evitar doble pago por parte de los agricultores, la alternativa propuesta supondría el reavalúo completo de la propiedad agrícola del país. En efecto, como Sus Señorías saben, actualmente el avalúo de los bienes raíces agrícolas es diferente atendiendo a si disponen o no de agua para su riego.

En conclusión, a este respecto creemos que las iniciativas de patente por la no utilización de los derechos de agua y el cobro por la tenencia de derechos de agua son instrumentos compatibles y complementarios, no obstante que sus objetivos, urgencias y plazos de concreción son muy divergentes. En efecto, la patente por no utilización es de urgente y de sencilla implementación, y pretende corregir la distorsión introducida por el Código de 1981 en la constitución de derechos. Por el contrario, el cobro por la tenencia es una iniciativa a largo plazo, de muy compleja definición y busca, a través de la explicitación del valor económico del recurso hídrico, mejorar su eficiencia de uso.

No obstante lo anterior, el Gobierno está consciente del interés por avanzar en el tema, por lo que en el proyecto se incluyen importantes normas que permitirán en el mediano plazo alcanzar el catastro completo...

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

¿Me permite una interrupción, señor Ministro , con la venia de la Mesa?

El señor LATORRE ( Subsecretario de Obras Públicas ).-

Con mucho gusto, señor Senador.

El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

Señor Presidente , me parece tan de fondo lo planteado por el señor Subsecretario en este punto que me pregunto si acaso sería posible una mayor profundización al respecto, pues, en mi concepto, ahí radica quizás uno de los aspectos centrales de esta materia. Estimo conveniente una explicación más abierta con relación a lo que se está señalando.

El señor RUIZ-ESQUIDE ( Presidente accidental ).-

Puede continuar, señor Subsecretario .

El señor LATORRE ( Subsecretario de Obras Públicas ).-

Señor Presidente , si el Honorable señor Adolfo Zaldívar está de acuerdo, quisiera terminar lo que estaba exponiendo y, en seguida, retomar el punto para reiterar algunas ideas que, obviamente, el Gobierno estima fundamentales en el análisis de este proyecto.

Decía que, no obstante lo anterior, el Gobierno está consciente del interés por avanzar en el tema, por lo que en el proyecto se incluyen importantes normas que permitirán en el mediano plazo alcanzar el catastro completo de los derechos de agua existentes (debo hacer presente que varias de estas normas han sido propuestas por los propios señores Senadores durante la discusión de la iniciativa en las Comisiones de Obras Públicas, de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda, en su última etapa), lo que, además, será de indudable beneficio para la gestión de los recursos hídricos.

Por otra parte, con respecto a la obligación que se impone a los solicitantes de derechos de agua de ajustar sus peticiones de caudales a las reales necesidades y la consecuente facultad para la autoridad de poder denegar, en todo o parte, tales peticiones si no se las justifica adecuadamente, se hace necesario señalar, en primer lugar, que resulta de la más elemental prudencia que el traspaso a un privado de un bien que legalmente es definido como un bien nacional de uso público, se realice con una razonable convicción de que dicho bien al menos va a ser utilizado. De lo que se trata es de que el Estado no se vea obligado a entregar los caudales de todo un río -como existen, en más de un caso-, sin que se sepa si existe algún proyecto para utilizar las aguas.

Deseo hacer un comentario, si Sus Señorías me lo permiten, acerca de uno de los alcances señalados por el Senador señor Larraín . En la Décima Región, del total de los derechos concedidos, sólo uno por ciento de los consuntivos aparece claramente consignado como de aprovechamiento efectivo.

Es cierto que uno de los problemas centrales que aborda el proyecto es el de los derechos no consuntivos referidos a las empresas hidroeléctricas; pero, tal como se ha destacado en la discusión, la realidad regional es disímil, porque así como en la Séptima Región -lo indicó el Senador señor Gazmuri - se da un grado de utilización de las aguas, tanto con fines consuntivos como no consuntivos, prácticamente de utilización plena, hay otras regiones en las cuales se da una tremenda discusión acerca de la utilización de derechos, como sucede en el norte del país, donde comienza una disputa entre derechos para desarrollo minero versus, incluso, los destinados a agua potable. ¡A ese extremo! Y podemos señalar casos en los cuales se presenta esa situación. También ocurre en el sur, donde, por razones históricas y climáticas, hay derechos efectivamente concedidos pero que no se utilizan, y existe una enorme potencialidad de derechos no consuntivos concedidos a una empresa en particular, del sector hidroeléctrico, lo que constituye un aspecto estratégico para el futuro desarrollo del país. Esto hay que señalarlo. Algunas intervenciones han destacado la enorme importancia estratégica que ello tiene para el porvenir de Chile. Nosotros compartimos esa preocupación, particularmente expresada por el Senador señor Martínez en su intervención, al indicar que debiera existir una política nacional sobre recursos hídricos. Compartimos plenamente su inquietud, y puedo asegurar que hay una propuesta elaborada en los últimos años, denominada "Política Nacional de Recursos Hídricos", contenida en un documento de política general, a nivel de país, susceptible de ser enriquecida, y uno de sus componentes fundamentales es que estas modificaciones al Código de Aguas puedan ser efectivamente una realidad en el corto plazo.

Cabe advertir que la propuesta del Gobierno establece la obligación de justificar la cantidad de agua que se solicita para que exista concordancia entre los caudales y los fines invocados, pero no se trata de justificar el destino que el privado desea dar al recurso. No se pretende dotar a la Administración de facultades para discernir en qué se utilizará el agua.

Por otra parte, esta materia ha sido cuidadosamente analizada en el trabajo de las Comisiones del Senado, a fin de evitar cualquier distorsión. Para ello, se establece que existirá un reglamento que consigne en forma objetiva las relaciones técnicas entre usos y caudales. Es del caso señalar que este tipo de reglamentos son del todo habituales en materia de agua en los países más avanzados.

Por otro lado, acogiendo sugerencias de los señores Senadores, el Gobierno estuvo de acuerdo en hacer una indicación que modificara las normas que venían siendo aprobadas con relación a la facultad de la autoridad para denegar nuevos derechos de agua en casos excepcionales y calificados.

En este sentido, la disposición a que aludió el Senador señor Larraín entregaba, a juicio suyo, cierto grado de discrecionalidad al Presidente de la República . El texto original se la otorgaba al respectivo Consejo de Desarrollo Regional, y en la Comisión de Hacienda surgió la alternativa de concedérsela al Primer Mandatario .

Insisto: la facultad para que, mediante decreto fundado, con informe de la Dirección General de Aguas, y por circunstancias excepcionales y de interés general, el Jefe del Estado pueda disponer la denegación total o parcial de una solicitud de derecho de aprovechamiento, tuvo su origen en una propuesta de la Comisión de Hacienda de esta Corporación.

Cabe hacer presente que, cuando se establece el remate, también existe en las normas vigentes una atribución del Presidente de la República en tal sentido.

Creemos que esa disposición soluciona de buena forma las objeciones que en esta materia se hicieron a una eventual participación de los Consejos de Desarrollo Regional.

De acuerdo con lo anterior, las modificaciones legales propuestas complementan las actuales atribuciones de la Dirección General de Aguas en lo tocante a la planificación del recurso hídrico en las fuentes naturales, incluyendo ahora la posibilidad de limitar o denegar una nueva solicitud por derechos de aprovechamiento.

En fin, estimamos que el proyecto que se presenta a la consideración de la Sala del Senado para su aprobación es un muy importante aporte para la adecuada gestión de los recursos hídricos del país, sin perjuicio de los perfeccionamientos que se le puedan introducir durante la discusión particular, recogiendo muchas de las inquietudes aquí planteadas, algunas de las cuales, efectivamente, son relevantes.

Se ha hecho referencia, asimismo, a complementar el proyecto con una reglamentación debida del manejo de cuencas. Es un aspecto central que originalmente era parte de la iniciativa en comento y que el Ejecutivo resolvió separar para discutirlo con posterioridad a la modificación del Código de Aguas. También es evidente que en él no existe un capítulo referido a la obtención del recurso a partir de evaporación de agua de mar con procedimientos tecnológicos de costo cada vez menor y, en consecuencia, posibilitan que el líquido obtenido pueda utilizarse para el regadío u otros fines; no siempre es agua potable, pues para que lo sea involucra un costo mayor. En fin, es un capítulo que falta y que, obviamente, debiera preocuparnos en el futuro.

Con esto quiero manifestar la voluntad del Gobierno de solicitar al Honorable Senado que dé su aprobación en general al proyecto, y que en el trabajo de las Comisiones unidas, solicitado por los señores Senadores, podamos ver en qué aspectos puede perfeccionarse.

Muchas gracias.

El señor RUIZ-ESQUIDE (Presidente accidental).-

Terminado el Orden del Día.

MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE AGUAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Corresponde continuar la discusión general del proyecto del ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Aguas, con informe de las Comisiones de Obras Públicas, de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda.

--Los antecedentes sobre el proyecto (876-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 26ª, en26 de agosto de 1997.

Informes de Comisión:

Obras Públicas, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.

Constitución, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.

Hacienda, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.

Discusión:

Sesiones 8ª y 9ª, en 7 y 8 de noviembre de 2000 (queda pendiente su discusión general).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Como han transcurrido muchos días desde que quedará pendiente el estudio del proyecto, daré lectura a la lista de oradores inscritos. Está conformada por los Senadores señores Silva, Matthei, Núñez, Bitar y Moreno. A ellos se agregan ahora los Honorables señores Eduardo Frei y Valdés.

El señor SABAG.-

Señor Presidente , estoy esperando mi turno hace tres sesiones.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Así es, Su Señoría. Por lo tanto, le concedo la palabra en primer lugar.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, nos encontramos ante un proyecto de ley que ha sido objeto de una larga y compleja tramitación.

En efecto, iniciado en mensaje, ingresó a la Cámara de Diputados el 2 de diciembre de 1992. Tras un prolongado estudio, fue aprobado en su primer trámite constitucional el 18 de agosto de 1997, pasando al Senado en el mismo mes y año, donde se resolvió la elaboración de un informe por parte de una Comisión especial y de la Comisión de Hacienda. Esto se modificó y se encargó tal cometido a la Comisión de Obras Públicas, como órgano técnico, y posteriormente a la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y a la de Hacienda, las cuales estudiaron extensamente el proyecto durante trece sesiones, evacuando sus informes entre noviembre de 1999 y enero de 2000.

En 1981, el Gobierno de la época reformó la ley y estableció que los interesados no requerían justificar el caudal solicitado, que los derechos serían perpetuos y que no existía la obligación de justificar su uso. El derecho sobre las aguas se obtenía por medio de una merced que era gratis. Esta curiosa situación coloca a nuestro país, en lo que se refiere a los derechos de aguas, en una situación absolutamente atípica con respecto al resto de las legislaciones y prácticas en el mundo.

¿Cómo se obtienen esos derechos hoy día? Primero, elevando una solicitud de acuerdo con los requisitos legales establecidos; segundo, que exista disponibilidad de agua en el sector o río correspondiente, y finalmente, que no se afecten los derechos de terceros. No es necesario ser propietario, ni acompañar un proyecto relativo a obra hidroeléctrica o industrial.

La iniciativa propone el pago de una patente anual por el no uso de derechos consuntivos y no consuntivos de ejercicio permanente. Esa patente tiene la característica de ser creciente en el tiempo, con un pago deducible de impuestos una vez constituida la infraestructura para su aprovechamiento.

Varios son los fundamentos que impulsaron al Ejecutivo a enfrentar el problema del agua en Chile. En primer término, la escasez del recurso hídrico que deberá superar la sociedad chilena en los próximos años (esto dice relación a la disponibilidad de agua por habitante y al excesivo nivel de extracción per cápita). En segundo lugar, el hecho de que la totalidad de los recursos hídricos se encuentre asignada, ya que hay cerca de 350 mil derechos de aprovechamiento constituidos. En otras palabras, prácticamente toda el agua de Chile tiene dueño.

Al respecto, cabe señalar que el total del recurso disponible en el país alcanza a 30 mil metros cúbicos por segundo, de los cuales hoy se ocupan un mil 699 metros cúbicos. Además, existen derechos constituidos pero que no se usan por 11 mil 203 metros cúbicos; y derechos solicitados en trámite por 38 mil 509 metros cúbicos. Es decir, hay una sobrepetición en comparación a los recursos disponibles, que no llegan a más de 30 mil metros cúbicos por segundo.

Por eso, es absolutamente indispensable regular el sistema y modificar el Código para dar un uso más racional a este bien, que es escaso y pertenece a todos los chilenos.

Otra cuestión importante de considerar es que en el futuro mediato la demanda de agua se presentará en las siguientes perspectivas:

-En los usos domésticos, mineros e industriales, se duplicará en los próximos 20 años.

-En el uso agrícola, también será el doble en ese mismo período.

-En el uso hidroeléctrico, puede llegar a 10 veces la actual demanda en los 30 años venideros.

Los modernos enfoques relativos a los problemas, desafíos y soluciones frente al medio ambiente, plantean la necesidad de proteger el recurso hídrico en la lucha contra la contaminación, con miras a satisfacer el requerimiento de caudales para fines ambientales.

Un reciente estudio sobre la materia expresa: "En el presente siglo el consumo de agua ha estado creciendo más del doble del incremento de la población y algunas regiones ya están experimentando una escasez crónica de agua. Aproximadamente un tercio de la población mundial vive en países que experimentan un estrés hídrico moderado a alto. Para el año 2025, casi dos tercios de la población mundial podrían estar bajo condiciones de tensión hídrica".

El tema de fondo es que la actual legislación -contemplada en el decreto con fuerza de ley Nº 1.122, de octubre de 1981- adolece de excesiva permisividad y manifiesta pasividad en la administración y conservación del recurso.

Dicho cuerpo legal consigna derechos permanentes y transables de aprovechamiento, con la finalidad de promover el uso eficiente del agua. El concepto de eficiencia debe entenderse en el sentido de que ella sea utilizada por el agente para el cual tenga mayor valoración. Eso necesariamente lleva a concebir un mercado de derechos de agua competitivo y que opere sin costo de transacción, garantizando de este modo la óptima asignación del recurso.

Es interesante destacar que la dicotomía que se produce al establecer la asignación eficiente de los derechos de agua es independiente de la asignación inicial de los mismos. Esto es justamente lo que permite, sin trabas, obtener derechos de aprovechamiento sin que éstos sean usados.

Las consideraciones expuestas ameritan el planteamiento de cobrar por el "no uso", asimilando esta figura a lo que sucede en la minería. Se trata de incentivar el uso de los recursos hídricos por quienes realmente los requieren para fines productivos, incorporando un costo a los actuales tenedores que no los emplean. En definitiva, se modifica el sistema de concesión de derechos de aprovechamiento.

Todas esas situaciones requieren, como tarea imprescindible, contar con un catastro completo de los titulares individuales de derechos de agua. Para ello se instruirá a los Conservadores de Bienes Raíces, quienes deberán comunicar los antecedentes a la Dirección General de Aguas. El catastro público de aguas se dará a conocer por medio de publicaciones periódicas en el Diario Oficial hasta terminar su cometido, se espera que en el 2006.

Uno de los aspectos controvertidos del proyecto se refiere a la nueva forma de estructurar el mercado de derechos de aprovechamiento de recursos hídricos.

En efecto, los derechos de agua han sufrido una fuerte concentración en la tenencia de su propiedad. Ello ha traído consigo una rigidización del mercado, ya que los actuales poseedores aparte no ejercitar sus derechos tampoco los colocan en el mercado. Como expresa el economista Oscar Landerretche : "Una forma más adecuada de pensar el mercado de derechos del agua es concebirlo como un conjunto de muchos mercados localizados, en los cuales frecuentemente no se presentan varios oferentes y varios demandantes, sino que se presenta alguien que desea un derecho de agua localizado en un lugar determinado o en una cuenca determinada".

Asimismo, señala: "Las situaciones monopólicas son las más frecuentes; incluso se da la situación de negociación de monopolio bilateral. La mejor forma de mantener una disponibilidad de agua parece ser la de que se otorguen ciertos derechos que efectivamente van a ser utilizados. Estimo que es necesario reponer una condición esencial del mercado de derechos de agua que es la disponibilidad del recurso, para que sea el libre juego de la oferta y la demanda el que vaya decidiendo como se utilice. La mejor alternativa no es pagar la patente sino usar el derecho o ponerlo en el mercado".

Un factor importante que debe tenerse en cuenta es el de que algunos de los sectores productivos y de servicios del país -agrícola, hidroeléctrico, industrial, minero y sanitario-, dependen del uso del agua. A la vez, todos ellos para su adecuado desarrollo demandan grandes inversiones y, en consecuencia, éstas exigen una clara y definida seguridad jurídica. La legislación vigente, con su mera liberalidad y, adicionalmente, al no contemplar el caso de no uso del derecho de aprovechamiento, justifica el simple y claro deseo de lucro en un futuro inmediato, cuando se presente la imperiosa necesidad de su aplicación.

Por eso, es preciso consignar normas justas, que garanticen la utilización racional y la conservación del recurso.

A mi juicio, en el caso de concentración de derechos de aprovechamiento que no se usen deberían intervenir las autoridades encargadas de controlar los monopolios.

El pago de los derechos de agua debería ser exigible tal como el de los bienes raíces lo es por medio de las contribuciones. Resulta paradójico, absurdo e injusto que aquéllos no se hallen afectos a ningún tipo de impuestos.

Por lo tanto, cobrar por el derecho de aprovechamiento, independiente de si se utiliza o no, tiene el mérito de no inducir a su mal empleo, lo que sí ocurre con las patentes de no uso.

Un aspecto novedoso del proyecto es la incorporación del concepto de protección ecológica, que básicamente pretende evitar la sobreexplotación del recurso. El concepto de "caudal ecológico" se encuentra en diversas legislaciones del mundo, aunque no claramente establecido, como tampoco el procedimiento para determinarlo. Por ello, estimo necesario definir dicho concepto, en forma muy explícita, en el texto de la normativa en estudio.

En cuanto al remate de los derechos de aprovechamiento, dado que tal procedimiento puede producir falta de equidad respecto de los usuarios de menores recursos, como los pequeños agricultores, resulta valiosa la propuesta de conceder personalidad jurídica a las comunidades de aguas, dotándolas así de instrumentos jurídicos adecuados para su defensa.

Un documento donde se trata el tema apunta: "Debido a la creciente competencia entre las demandas por un recurso finito, existe ya una percepción que va en aumento de que el agua es un bien económico de una mercadería comercial. A medida que aumentan las demandas humanas, también lo hará el precio del agua y posiblemente de los alimentos, haciendo más pesada la carga en los estratos más pobres de la población mundial" -"para ello se requiere la incorporación del agua en los análisis económicos, que debieran cambiar los patrones de consumo y reducir la demanda de agua. La mitigación de la pobreza estará estrechamente ligada al éxito de las políticas del agua" -"el agua que se utiliza para el desarrollo debe ser considerada un capital natural, un bien económico, y es el mercado el que puede ayudar a decidir dónde utilizar mejor sus servicios para generar riquezas. Es importante asegurar que la forma en que se desarrollen los recursos hídricos no aumente la pobreza.".

A mi juicio, no es responsable que, estando conscientes de la existencia de los problemas y de que éstos no tienen hoy día una solución legal, no aprobemos esta iniciativa que justamente nos señala cómo resolverlos. Era deber del Estado buscar la alternativa legislativa que hoy nos ocupa y que ha sido objeto de una tan larga y compleja tramitación.

Por último, señor Presidente , deseo señalar que ni el Gobierno ni el Congreso pretenden obtener nuevos ingresos para el Fisco, para las Regiones o para las municipalidades cobrando estas patentes. Se procura que las numerosas empresas poseedoras de tales derechos y no los utilicen, hagan uso de ellos, los devuelvan, los vendan, los transen o los arrienden, pero no es posible que los mantengan sin ocuparlos. Las aguas siguen llegando de los ríos al mar, en circunstancias de que se requieren para el desarrollo de nuestro país.

En consecuencia, anuncio que votaré favorablemente el proyecto en debate.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

A petición del Ministro subrogante de Obras Públicas , solicito la anuencia de Sus Señorías para que ingrese a la Sala el Director General de Aguas, don Humberto Peña.

--Se accede.

______________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Silva.

El señor SILVA .-

Señor Presidente , la legislación de aguas que rige hoy en nuestro país se encuentra básicamente en el decreto con fuerza de ley Nº 1.122, de 1981, denominado Código de Aguas, y que, precisamente, es el que se somete a modificación mediante el proyecto en debate.

Se trata de una preceptiva fundamentada en la teoría económica del libre mercado, con su marcado énfasis en la propiedad privada de los derechos de aprovechamiento de las aguas, la lógica del mercado, y el rol "subsidiario del Estado".

Dicha normativa parte del supuesto de que la eficiencia en el uso del agua se mejora si ese bien asume un valor y precio real; si los derechos de aprovechamiento se definen como un derecho real de dominio, permitiéndose su enajenación sin restricciones de ninguna especie; y privando a la autoridad administrativa (el Estado en este caso) de potestades para el manejo y desarrollo de ese recurso natural.

Si bien, tanto el Código Civil (artículo 595) como el Código de Aguas (artículo 5º) declaran que las aguas son bienes nacionales de uso público, esto es, de aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda y su uso corresponde a todos sus habitantes, se concede a los particulares el derecho de aprovechamiento sobre las mismas (el derecho a usar y gozar de ellas), definido como derecho real, con características similares a las del dominio civil, cuyo titular puede usar, gozar y disponer de él, como cualquier otro bien susceptible de apropiación privada. Así, una vez otorgado dicho derecho de aprovechamiento, éste pasa a ser protegido como propiedad privada, según lo dispone el inciso final del número 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al respecto, hay quienes piensan que lo anterior -juicio que yo comparto, modestamente- es contradictorio en su esencia. En efecto, al permitir la libre disposición de un derecho de uso, se está autorizando indirectamente la comercialización de un bien que por definición no es comerciable (por su naturaleza de bien nacional de uso público). En concreto, la actual legislación minimiza, hasta casi hacerla desaparecer, la naturaleza jurídica de bien nacional de uso público del agua.

El agua es un bien principal y ya no accesorio a la tierra o industria para los cuales hubiera estado destinada. Hoy en Chile, señores Parlamentarios, se puede ser dueño de tierras sin agua, y de derechos de aprovechamiento de aguas sin tierra o industria a las cuales destinarlos. Ésta es una incongruente paradoja.

Lo anterior implica que para el agua se ha establecido un régimen registral similar al de la propiedad raíz.

También se elimina la distinción entre concesión provisional y definitiva y el beneficiario del derecho no está obligado a ejecutar obras de aprovechamiento con las cuales acredite la seguridad del uso real y efectivo del recurso.

Además, se priva a los órganos competentes del Estado de la instrumentación concebida para llevar a cabo una gestión planificada del recurso, en consideración a su rol titular y de gestor del bien común, de acuerdo con la naturaleza jurídica de bien nacional de uso público que tiene el agua, y que no la ha perdido a pesar de lo que comento.

No existe obligación de usar los derechos de aprovechamiento de aguas. Su no uso no trae aparejada sanción alguna.

No hay -a diferencia de la legislación anterior- un orden de preferencia en relación con los diversos usos del agua para decidir el otorgamiento de los derechos en caso de presentarse varias solicitudes sobre las mismas aguas. En la actualidad, si se formulan múltiples peticiones sobre las mismas aguas y no existen recursos para satisfacer todos los requerimientos, su otorgamiento se resolverá por remate al mejor postor.

Los derechos de aprovechamiento son otorgados gratuitamente por el Estado a los particulares que los solicitan. Por otra parte -como se dijo-, la conservación de tales derechos a la largo del tiempo, se utilicen o no en forma productiva, no tiene para su titular costo real alguno (salvo el de oportunidad, que en verdad no es tal).

A ese respecto, conviene hacer un paralelo con las legislaciones de aguas más avanzadas del mundo, como por ejemplo, la de los Estados del oeste de Estados Unidos. En ellas rige el principio del uso efectivo y beneficioso de las aguas, el cual funciona como incentivo a la asignación más eficiente por el propio mecanismo de mercado. Por tanto, si no se les da un uso efectivo y beneficioso, se caduca el derecho a esas aguas, volviendo éstas a dominio del Estado.

Existe, en fin, autonomía privada en el manejo y planificación del recurso.

A diferencia de la normativa anterior, no se establece como requisito para la obtención de nuevos derechos de aprovechamiento especificar el uso que se dará a las aguas, como tampoco justificar la cantidad de agua perdida; y, por otra parte, el cambio de uso del agua queda entregado al exclusivo arbitrio del titular del derecho.

¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual?

La observación de la situación actual y el estudio de sus tendencias muestran que el desarrollo del país se realizará en un escenario de un uso intensivo y conflictivo de los recursos hídricos. Los antecedentes técnicos indican que en los próximos 40 años su utilización se sextuplicará en el sector hidroeléctrico, con alrededor de 100 centrales adicionales; que su uso agrícola podría incrementarse hasta en 500 mil hectáreas, y se espera que la demanda industrial minera y doméstica más que se duplique. Todo lo anterior, además, se presenta en un contexto de creciente complejidad y sofisticación del aparato productivo, que lo hace ser más vulnerable a restricciones en el abastecimiento, y de mayor valoración social del medio ambiente y la recreación.

En tal escenario, creo necesario exponer los efectos negativos de la actual normativa en el manejo del recurso hídrico, y que el proyecto precisamente pretende corregir a lo menos en parte.

En primer lugar, se incentiva el acaparamiento y especulación en los derechos de aprovechamiento de aguas.

En seguida, no se garantiza ni incentiva el uso productivo del agua.

Siendo el agua un recurso escaso, no existe razón alguna para permitir que un particular adquiera derechos de agua, gratuitamente del Estado, y no la use. Esta posibilidad permite la especulación e incluso obtener un enriquecimiento por el mero transcurso del tiempo, a costa de un bien de dominio público escaso y de demanda ecológica, social y económica creciente.

El no incentivo del uso y beneficio real de las aguas favorece los monopolios y el manejo del recurso como un instrumento de competencia económica desleal. Así, al bloquearse el acceso al recurso hídrico se impide el ingreso de nuevos competidores y la expansión de la oferta de bienes y servicios. Ello es particularmente cierto en el caso de la minería de zonas áridas y en la generación de energía.

Estimo, finalmente, que abusa de sus derechos quien detenta para sí la facultad del uso exclusivo y excluyente de un bien nacional de uso público y no lo destina a un aprovechamiento efectivo y beneficioso para la comunidad.

No se considera debidamente la importancia de evitar la contaminación de las aguas ni otros factores ambientales-ecológicos que hacen aconsejable exigir la mantención de un flujo mínimo en los cauces naturales.

Existe, a mi juicio, una falla crítica en la lógica económica del Código, lo que impide que el mercado del agua funcione eficientemente. En efecto, conseguir del Estado derechos de agua y mantenerlos en el tiempo, aunque sea sin uso, es gratis. De ese modo, quien requiere agua no la compra en el mercado, sino que la solicita al Estado, y quien cuenta con ella de sobra no la vende, porque espera obtener un mejor precio más adelante, lo que entretanto no le ocasiona, en general, ningún costo.

En virtud de lo anterior, resulta fundamental el establecimiento de una patente por el no uso mientras no se efectúe una modificación integral del sistema, si se tiene presente el alto costo que significa para la sociedad el acaparamiento de los derechos mencionados.

En conclusión, juzgo necesaria la patente que propone el proyecto por las siguientes razones:

1.- Su objetivo es resolver la dificultad causada por derechos sin uso que impiden su utilización por los realmente interesados. Busca corregir una distorsión de los mercados asociados al aprovechamiento de las aguas.

2.- Será una solución eficiente al problema que se pretende enfrentar (uno por ciento de los derechos sin utilización) y neutra respecto del 99 por ciento restante. Su universo objetivo sería el uno por ciento de los 350 mil usuarios de agua del país, que permanecen inactivos.

3.- Ese uno por ciento de derechos es perfectamente identificable, pues se contiene en los constituidos por la autoridad a contar de 1981, los cuales se encuentran registrados.

4.- Por sus montos, cumple eficientemente el objetivo económico de desincentivar la tenencia de derechos sin uso.

5.- No inhibe el desarrollo de proyectos y, por el contrario, incentiva a hacerse titular de los derechos sólo cuando existe la decisión de invertir, lo que favorece la competencia.

6.- La valorización de la patente responde a datos agregados por grandes zonas geográficas del país (consuntivos), considerando principalmente grados de escasez, y a neutralización de ganancias monopólicas (no consuntivos), todo ello dado que el carácter sancionatorio de la patente no exige un mayor nivel de detalle.

7.- El cobro no demandará costos significativos para el Estado.

En fin, no afecta a la actual tasación de los bienes raíces y es un proyecto que ha sido analizado y aceptado por gran parte de los usuarios de agua, representados, básicamente, en la Sociedad Nacional de Agricultura. Entre paréntesis, los usos en el agro alcanzan aproximadamente a 80 por ciento de los derechos consuntivos. No es, por lo tanto, un proyecto mayormente conflictivo, siendo rechazado a estas alturas sólo por sectores muy ideologizados, que en forma paulatina han ido quedando aislados en sus posiciones.

Más aún, ENDESA ha declarado estar de acuerdo con las patentes por no uso, discutiendo sólo sus montos y plazos.

Por todos esos motivos, señor Presidente, anuncio que votaremos afirmativamente la iniciativa en debate.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente, en la Comisión que discutió el tema que hoy trata la Sala, el ex Ministro señor Jaime Tohá inició su intervención exponiendo algunos puntos espectacularmente relevantes para los efectos de una mejor comprensión de la naturaleza del proyecto. Pienso que no dar cuenta de lo anterior en el debate es, francamente, una irresponsabilidad intelectual, por lo menos.

Conviene tener presente lo que expreso a continuación. El hombre se ha despreocupado del uso del agua en el mundo, y se sostiene que, en relación con la cantidad de ella, no existe hoy una opinión distinta entre los hidrogeólogos en el sentido de que no más de 3 por ciento puede ser calificada como agua dulce, de la cual sólo 0,6 por ciento corresponde a recursos subterráneos y una cantidad aproximadamente veinte veces menor a fuentes superficiales accesibles.

Según el investigador Humberto Colombo , Presidente de la Fundación Europea de la Ciencia , dos tercios del agua consumida en todo el mundo se emplean en la agricultura. El saldo se reparte entre los abastecimientos de agua potable, del orden de 8 por ciento, y consumos industriales, estimados en 25 por ciento. En total, se calcula que la demanda de agua en el mundo asciende a 4 mil kilómetros cúbicos, equivaliendo un kilómetro cúbico a mil millones de metros cúbicos. Mientras la población se cuadruplica en el presente siglo, los consumos se multiplican por nueve y las necesidades industriales por cuarenta.

En el país, el agua disponible depende básicamente de las singulares características climáticas y geográficas del territorio, cuya conformación origina una cantidad apreciable de hoyas hidrográficas, independientes entre sí, y que con relativamente poca área de acumulación se desarrollan en el corto trecho entre la Cordillera de los Andes y el mar. Lo mismo ocurre en la Cordillera de la Costa, donde las hoyas correspondientes son más pequeñas. Las cuencas nacionales, cuyas hoyas hidrográficas son de magnitudes que fluctúan entre 5 mil y 20 mil kilómetros cuadrados, dan lugar a caudales de volumen variable y significativo, según se hallen en el norte o en el sur.

La introducción anterior me parece absolutamente relevante. Porque en un conflicto como el que actualmente se registra en Israel con el pueblo palestino resulta que uno de los elementos que normalmente no se destaca es que aquél constituye el primero en el cual el agua se plantea de manera subrepticia como una cuestión central. No quiero que en mi país y en América Latina se susciten dificultades en el futuro con relación al aprovechamiento de las aguas.

Deseo recordar, a propósito del mismo tema, que uno de los aspectos considerados como muy centrales en el tratado minero que se perfeccionará con Argentina es cómo Chile puede aprovechar determinadas hoyas hidrográficas en el lado trasandino, no sólo para los efectos del uso minero, sino también para el consumo humano y la utilización eventualmente agrícola.

Como ya se ha dicho, la legislación vigente en 1981 eliminó, a través de una serie de normas, la labor de desarrollar y planificar, en función del interés general, los distintos usos y destinos de dicho recurso. Si bien se mantuvo el concepto de que se trata de un bien nacional de uso público, en el hecho, al otorgar el derecho de aprovechamiento de aguas a los particulares, esa mención tiene sólo un valor de mera declaración.

El ordenamiento actual ha eliminado todas las normas referidas a las facultades del Estado para racionalizar la utilización del agua, asegurar reservas, establecer un uso racional y beneficioso, asignar prioridades en su empleo y caducar derechos no ejercitados, y a requisitos para asociar el uso a un determinado fin, justificación de la cantidad solicitada, obligación de ejercitar el derecho de aprovechamiento constituido, etcétera. Se priva, en consecuencia, a los órganos competentes del Estado los instrumentos necesarios para llevar a cabo una administración planificada del recurso conforme al papel tutelar del Estado y al carácter de éste de gestor del bien común, de acuerdo con la naturaleza jurídica del bien.

Se suprimió, además, la obligación de ejercitar el derecho de aprovechamiento constituido. Por lo tanto, sin temor a perderlo, se pueden mantener en forma indefinida las aguas en el cauce. Ello ha conducido al agotamiento de los cauces naturales, sin un uso real del elemento que nos ocupa, y ha permitido la especulación de quienes han visto la posibilidad de efectuar negocios solicitando el derecho, pero sin el interés de desarrollar algún proyecto, sino con el propósito de retenerlo hasta que aparezca un interesado en iniciar una actividad y venderlo.

La acumulación de derechos de agua en forma desmesurada, sin un uso actual o futuro previsible, sino únicamente con el interés de lucrar con ella -más aún cuando su obtención original es gratuita-, constituye un germen de dificultades muy graves para el desarrollo futuro del país.

El de aguas es el único derecho de propiedad consagrado en la legislación chilena cuya mantención no implica costo alguno para su titular. El agua es un recurso que se entrega gratuitamente a los particulares, quienes lo mantienen en el tiempo en su patrimonio, también en forma gratuita, sin darle ningún destino productivo y sin que exista incentivo para hacer funcionar lo que se denomina el mercado de derechos de agua. No existe en el Derecho Comparado, en consecuencia, una legislación de aguas como la nuestra.

Hoy existen problemas derivados de la ausencia de una administración de los recursos hídricos en el ámbito de cada cuenca hidrográfica; de la inexistencia de las instancias que faciliten el uso múltiple intersectorial de los recursos; de la falta de una gestión integrada de los problemas de aguas superficiales y subterránea, tanto en cantidad como en calidad, y de la descoordinación en aspectos relativos al uso del suelo y la cobertura vegetal.

El ex Ministro señor Ricardo Lagos , hoy Presidente de la República , señaló en su oportunidad que a la Dirección General de Aguas se le ha solicitado la constitución de nuevos derechos no consuntivos por más de 50 mil metros cúbicos por segundo, valor que representa sobre cuatro veces el caudal de los ríos utilizables del país y que no tiene relación alguna con los requerimientos previstos para el desarrollo nacional en los próximos cincuenta años.

Uno de los principales problemas que genera el actual sistema es su impacto en el funcionamiento de mercados tan importantes como el de la producción de energía eléctrica, inmobiliario y otros asociados a la actividad turística, los que pueden ser objeto de graves distorsiones por la acumulación de los derechos de agua en algunos agentes. La Comisión Nacional de Energía, por ejemplo, ha evaluado hasta en 20 por ciento el incremento de las tarifas que pudieran originarse por el atraso de inversiones si un operador, apoyado en el control de derechos de agua, pospusiera el ingreso de una central de gran magnitud. Pensemos en 400 a 500 megawatts. Al controlador de los derechos de agua le puede convenir más no utilizarlo en nuevas centrales, ya que ganará más con el aumento de las tarifas que ya tenga en operación.

En conclusión, nuestra actual legislación adolece de excesiva permisividad y pasividad frente a la administración y conservación de un recurso escaso y finito.

Como todos sabemos, la idea matriz del proyecto es modificar el Código de Aguas con el fin de desarrollar una institucionalidad que, sin reemplazar al mercado como mecanismo asignador de recursos, permita una utilización más racional del vital elemento ante la creciente escasez que se está produciendo en el país. Para ello, se introduce el sistema de patente por el no uso y se otorgan a la Dirección General de Aguas facultades evaluativas de las solicitudes para la constitución de los derechos de aprovechamiento.

En resumen, señor Presidente , los objetivos principales de este proyecto son varios, entre los cuales destaco el antes mencionado (vale decir, el establecimiento del pago de una patente por el no uso); pero, además, se establece algo que nos parece muy importante: normas sobre conservación y protección de las aguas y cauces, en especial el establecimiento de los denominados caudales ecológicos. También, la iniciativa incorpora -lo que nos parece muy importante y por eso la apoyaremos con gran entusiasmo- normas sobre inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas y mantención y mejoramiento del actual catastro público de ellas, el que en muchas partes es absolutamente desconocido.

Por último, creo importante y relevante señalar que el otorgamiento de personalidades jurídicas a las comunidades de aguas debiera permitirnos resolver una cantidad muy apreciable de las dificultades que se observan particularmente en los sectores dedicados a la agricultura.

Dos consideraciones finales.

En primer término, en mi opinión, existe una permanente actitud de legislar de modo uniforme acerca de realidades que por su propia naturaleza son diversas. En el caso de los derechos de agua, se pretende legislar de modo único sobre recursos que presentan mayores o menores grados de abundancia, dependiendo de las características geológicas y climatológicas del territorio nacional. Es un hecho evidente que el recurso agua es más abundante en el centro-sur del país y sumamente escaso en el norte. Por ello, la legislación -como ocurre en el Derecho Comparado (por ejemplo, la legislación estadual en Texas, Estados Unidos)- debiera dar un tratamiento diferenciado, dependiendo de la escasez o abundancia del recurso. Es absolutamente absurdo tratar de incorporar a una lógica legislativa un conjunto de normas que no son aplicables de igual manera, según el lugar donde se pretenda implementarlas.

En segundo lugar, en las zonas mineras -como la Región de Atacama-, deberían existir normas especiales que permitan compatibilizar la existencia de derechos de aguas para la minería y la agricultura que se desarrolla principalmente en los valles de Copiapó y de Huasco. La posibilidad de generar y desarrollar una agricultura de zonas áridas y semiáridas pasa por tener acceso a derechos de aguas que hoy están ociosos.

Un caso muy particular en tal sentido es lo que ocurre con las aguas provenientes de una empresa del Estado: CODELCO-Chile. Se trata del estanque de relaves de Pampa Austral, el cual, en este momento, se encuentra absolutamente ocioso. Dicha empresa no ha generado ningún tipo de normativa que permita utilizar esas aguas. Y estamos hablando de 300 metros cúbicos por segundo en una zona árida. Disponemos de la tecnología como para aprovechar todas esas aguas e, incluso, generar condiciones para su utilización con fines agrícolas. Estos recursos hídricos, debidamente tratados, podrían generar un desarrollo alternativo para la cuenca del río Salado, diversificando su actividad económica hacia la agricultura.

Hace pocos días, estuve con un hidrogeólogo que ha investigado las características de nuestro subsuelo en grandes zonas del país. Él nos señaló que si no se utilizan dentro de veinte años de manera racional y adecuada los recursos existentes en las áreas subterráneas, casi con entera seguridad en el transcurso de treinta años el norte de nuestro país será mucho más desértico y árido de lo que es actualmente.

En consecuencia, nos parece absolutamente absurdo seguir con la idea de que nuestro país es único en función de las características de su zona central. Ésa no es la realidad. Debemos exponer al Gobierno, a propósito de esta iniciativa, que plantee la posibilidad de generar condiciones para que se dicte una legislación aplicada a las zonas áridas y semiáridas de Chile.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, al tenor de la discusión general de este proyecto, resulta claro que los recursos hídricos poseen diversos usos, los cuales a veces son complementarios y en otros casos, incompatibles: el doméstico, el hidroeléctrico, el riego, los requerimientos agrícolas, forestales, el turismo, la recreación, el minero y el industrial, más el agua que requieren los propios ecosistemas.

La cantidad de agua existente en Chile, según el informe de la Comisión -que entrega muchos antecedentes-, es notable. Estamos hablando de 30 mil metros cúbicos por segundo, con un potencial hidroeléctrico, entre otros, del orden de 30 mil megawatts. Las cifras de otros estudios y los datos de que disponemos, indican que la demanda por electricidad tendrá una tasa de crecimiento promedio superior a 8,5 por ciento, según una evaluación hecha hasta el 2005. Por otro lado, los antecedentes del propio Ministerio de Obras Públicas y de la FAO advierten que se duplicará la demanda residencial, minera e industrial en los próximos 25 años. Desde el punto de vista agrícola, solamente el crecimiento del país requiere de 500 mil hectáreas adicionales.

Todo este conjunto irá haciendo una presión creciente sobre un recurso que, por su cantidad y distribución, será cada vez más escaso no sólo en Chile, sino en el mundo.

Si a las cantidades agregamos, además, el tema de la calidad de las aguas -a las cuales concurren las aguas servidas no tratadas y las aguas industriales no tratadas como consecuencia de los procesos de la minería, de la celulosa, de la pesca y otros-, todo ello significará una escasez del recurso en términos cada vez más crecientes.

En cuanto a la distribución del agua -al respecto me sumo a los planteamientos vertidos por los dos señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra-, resulta claro que se requiere una política y una ley que se haga carne con la diferenciación que merece el territorio nacional, sobre todo por la concentración de la población y de sus actividades. Sólo en las Regiones Metropolitana, con la cuenca del río Maipo; en la Quinta, con la del Aconcagua, y en la Octava, con la del río Biobío, hay demandas muy crecientes que no guardan relación entre las disponibilidades de las aguas y la cantidad de población. En este sentido, si no se crea un plan que evite esta centralización exagerada del país, el recurso correrá peligro de agotarse y de ser mal utilizado. Por ello, es más que necesario contar con una política, una ley marco y los instrumentos adecuados para el ordenamiento territorial. Y este proyecto de ley, en su génesis, en diciembre de 1992, contemplaba lo que se refiere al manejo integrado de las cuencas.

Si a lo anterior sumamos los cambios climáticos, la tendencia a la disminución de precipitaciones y el hecho de que el calentamiento de la atmósfera amplifica los ciclos de sequía y escorrentía, la necesidad de fortalecer la política y de sacar un adecuado Código de Aguas constituye un imperativo.

El proyecto originalmente consideraba la definición de los caudales ecológicos, lo cual se mantiene, y ello es sumamente importante. Sí es necesario señalar y hacer más explícito en la ley cómo van a ser definidos esos caudales ecológicos: de acuerdo a la cuenca, a los usos alternativos y a lo que se requiere por parte de la vida silvestre, y considerando las modificaciones que hemos introducido históricamente en las cuencas.

También se hace más explícito todo el tema de las aguas subterráneas, que se están usando por la escasez creciente sin una previsión, porque la reposición de los acuíferos subterráneos demora no sólo décadas, sino siglos.

Todo lo que se refiere al pago de patentes por el derecho de aguas nos parece más que positivo. Es importante, eso sí, que se incluyan los resguardos necesarios para los pagos de patentes por los derechos que hoy en día ya se están utilizando, a fin de que en adelante no ocurra que, por evitar el pago de la patente, se empiecen a utilizar esos derechos en forma poco atractiva, eficiente y racional.

El tercer tema que uno echa de menos en este proyecto -y creemos que todavía es posible incluirlo, por la forma como se consideró la iniciativa original- es el manejo integrado de las cuencas. Es un tema vital. En verdad, si en las cuencas no definimos los usos actuales y potenciales, y no se genera una institucionalidad flexible, pública y privada, en la cual también participen el mundo académico y las organizaciones no gubernamentales, para, de común acuerdo, fijar en una política de corto, mediano y largo plazos los usos incompatibles dentro de la cuenca, es muy difícil prever la cantidad y la calidad de las aguas. Desde el punto de vista natural y desde el punto de vista de la ingeniería, eso funciona así.

Ahora, este ordenamiento territorial permite una armonización y el desarrollo de una labor preventiva, así como definir los distintos usos de acuerdo a los entes que hemos señalado con mucha claridad. De esta manera, ya no va a estar sometido solamente a una evaluación de tipo economicista en la cual se atraen los beneficios o los perjuicios futuros a través de tasas de descuento que obviamente nosotros no podemos aplicar cuando se tienen en vista recursos en la fracción que no se está renovando o recursos no renovables o funciones y usos que comprometen la calidad de vida. Desde tal punto de vista, la economía no debiera asignar tasas de descuento a esas porciones.

Un tema también relevante en el proyecto es el referente a completar la red de monitoreo que tenemos en el país. En este aspecto, quisiera destacar ante las autoridades del Ministerio de Obras Públicas la necesidad de completar dicha red, y hay algunos lugares en los cuales esto se hace más patente, como es el caso de Campo de Hielo Patagónico Sur, comprendido entre Aisén y Magallanes , que es la tercera reserva de agua potable más importante del planeta. Las precipitaciones sobre este campo de hielo, que tiene 13 mil kilómetros cuadrados de superficie y un promedio de espesor entre setecientos y mil metros van desde 7 mil milímetros a 12 mil milímetros. En ese sentido, aparte los recursos científicos, recreacionales y turísticos, el agua en es sector, sin lugar a dudas, va a ser un elemento cada vez más valorado. Ahí están, entre otros, el respaldo, por ejemplo, de toda la cuenca del río Pascua.

Ahora, con respecto al pago de la patente misma, si uno aplica en forma somera las fracciones que establece la ley -los primeros cinco años; después, de los seis a los diez, y de los once en adelante-, las patentes que se van a pagar son bastante sustanciales. Si uno considera, por ejemplo, el río más caudaloso de Chile, el Baker, que en su desembocadura tiene del orden de los mil metros cúbicos por segundo, y le aplica estas patentes por no uso, va a llegar a cifras bastante siderales. Yo quisiera, en algún minuto -porque al proyecto seguramente le quedan todavía una o dos sesiones de debate, más su discusión en particular-, conocer un pronóstico respecto de cuál sería ese pago de patentes y solicitar por su intermedio, señor Presidente , al Ministerio de Obras Públicas y a las autoridades del Ministerio de Hacienda, que este pago de patentes sea fraccionado de manera que quede un porcentaje a nivel nacional; otro, a nivel regional, y finalmente, uno a nivel comunal. Esto significaría un fuerte incentivo para que las comunas que viven o se desarrollan en torno a estas cuencas y ríos tengan también un cuidado especial por su sistema natural y permitan las distintas vocaciones respecto de su uso. Si aprobamos lo que el proyecto hoy en día establece, en cuanto a que los dineros vayan todos a beneficio fiscal, se diluye mucho la relación del individuo y de las comunidades con el medio natural, y esa relación es justamente la que posibilita el ordenamiento territorial.

Por eso, señor Presidente, me permito solicitar formalmente al Ministerio de Obras Públicas que tenga a bien entregarnos los datos a que me he referido y estudiar la posibilidad de incluir estas materias dentro de las indicaciones que se presenten durante la discusión en particular del proyecto.

Por las razones antedichas, voto a favor.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.

El señor MORENO .-

Señor Presidente, con motivo de la discusión en general del proyecto, quiero formular algunas apreciaciones en torno a uno de los temas en los cuales la sociedad chilena no ha alcanzado un grado de consenso o incluso de claridad respecto de cómo enfrentar el tema. Esto se une a dos o tres aspectos de la vida de nuestro país en donde esta indefinición muestra, precisamente, una larga dilación en las ideas que se someten al Parlamento. Me refiero al tema del Bosque Nativo, a la Ley del Deporte y, obviamente, al Código de Aguas, el cual ingresa en 1992 como una propuesta de modificación, no obstante lo cual, estando a fines del año 2000, advertimos cómo vamos avanzando con fatiga. ¿Por qué esta indefinición en el país? Ésa es la pregunta que yo me hago. Ello, primero, porque en el tema que nos ocupa ha habido una confusión a lo largo del tiempo respecto de lo que se considera como derecho de propiedad en sí mismo, como bienes nacionales de uso público y como desarrollo del país hacia adelante. No es nuestro ánimo abrir un debate político ideológico, pero, obviamente, son temas que no se pueden soslayar al enfrentarse a una modificación tan gradual como la del Código de Aguas.

El proyecto que en este momento tenemos ante nuestra vista establece, básicamente, una patente por la no utilización de las aguas; propone, al mismo tiempo, facultades para la concesión de nuevos derechos de aprovechamiento; dicta algunas normas sobre conservación y protección de aguas y los cauces por los cuales ellas se mueven, y agrega dos o tres importantes ideas más, como la relativa a la interacción entre las aguas superficiales y subterráneas y su otorgamiento o su derecho a aprovechamiento, así como la referente a las normas que podrían perfeccionar el catastro público de aguas, más un tema que figura en último punto y que no es menor, cual es la extensión de la personalidad jurídica a las comunidades de aguas, lo que preocupa a una gran cantidad de pequeños agricultores.

Por eso, señor Presidente , el proyecto, como lo dice muy bien el informe, es modesto; no va más allá de modificar -si se llega a aprobar- un 20 ó 25 por ciento de la normativa del Código de Aguas que hoy se somete a regulación. Pero, en todo caso, deja al descubierto algunas situaciones delicadas que ya han sido planteadas en el debate.

En primer término, aquí hay un conflicto dentro de la sociedad chilena respecto de cómo vamos a usar los bienes nacionales de uso público. ¿Los vamos a emplear para privilegiar la concentración urbana? ¿Vamos a privilegiar el agua para generar energía hidroeléctrica? ¿La vamos a privilegiar para desarrollar nuestro capital exportador, a través del aprovechamiento de recursos superficiales y subterráneos; en convertir terrenos que tradicionalmente fueron de secano entre nosotros y que hoy, gracias a una tecnología bastante manejable, se han convertido en terrenos productivos? ¿Vamos a pensar que las aguas escurren sin tratamiento? ¿Vamos a discutir o no lo relativo al caso del río Mapocho ¿A dónde va la propiedad de las aguas que han sido usadas y son servidas?

Cuando vengo al Parlamento, observo algo que probablemente los señores Senadores no se han percatado porque creen que es un camino. ¡No! Se trata de un canal gigantesco, denominado de Canal de la Solidaridad o de la Unidad, que se encuentra ubicado en la ladera izquierda de Curacaví, que tiene su origen en Santiago. Seguramente, se trata de una genialidad de ingeniería que no fructificó, que pretendió tomar las aguas del río Mapocho para limpiarlas y traerlas a una cuenca hidrográfica distinta. Aquí está la muestra de lo que la sociedad chilena ha intentado hacer.

Pero hay otros problemas pendientes, como el de la regulación de los ríos, que ha sido mencionada aquí en el debate, y el tema de las secciones del río Aconcagua o del río Cachapoal -zona que represento en el Senado- en donde los conflictos anuales entre los regantes de cada sección son de tal violencia que la autoridad pública se encuentra inerme para poder regularlos. Porque si llegase a intervenir, tendría que indemnizar en forma onerosa y cuantitativamente importante a los regantes de una sección que tiene constituido sus derechos, no obstante que los regantes de la tercera, de la cuarta o de la quinta sección se den cuenta de que esas aguas no son aprovechadas.

Pero debo añadir otros problemas que se producen en lugares donde el desarrollo ha generado condiciones de vida y de trabajo diferentes. Me refiero, por ejemplo, al embalse de Rapel, en donde se ha creado una comunidad de vida que es fuente de trabajo; en donde se han efectuado inversiones en turismo que han originado una cierta capacidad de aprovechamiento, incluso, de una infraestructura vial, y en donde la decisión unilateral de quien dice ser el dueño de los derechos de agua permite bajar la cota del lago y poner en peligro toda la vida y la inversión que allí se ha generado. ¡Esos son los problemas a los cuales nos estamos enfrentando!

Aquí ha sido mencionado por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra lo relativo al tema ambiental, en especial lo que se denomina el "caudal ecológico". Vale decir, tenemos que tener en consideración que hay cauces que no se pueden alterar.

Por lo tanto, señor Presidente, creo que aquí debemos decidir cuáles son los puntos concretos en los que podemos avanzar.

Se propone, en primer término, el pago de una patente, lo que encuentro justo y razonable; pero, en mi opinión, insuficiente, porque obviamente con la patente no se busca -como alguien lo ha pretendido- un derecho expropiatorio o un derecho de lesionar situaciones adquiridas, sino que se busca el aprovechamiento inteligente y oportuno de un recurso que si no es utilizado se convierte en un desperdicio para la sociedad. Por consiguiente, dicho pago es razonable y justo.

El proyecto del Ejecutivo propone que el 75 por ciento de los dineros que se recauden por el pago de los derechos de agua quede en las regiones. Al respecto, formularé indicación para que el ciento por ciento de los recursos queden en la región respectiva. Pienso que ha llegado el momento de determinar que si esas aguas escurren por determinada región, no hay razón para que el 25 por ciento de los derechos que se cobran tengan que ser transferidos a otra parte. Eso no me parece lógico ni racional.

Ahora, si analizamos lo que significa la generación de una interacción entre dos elementos -uno conocido y otro desconocido-, Chile conoce lo que son sus cauces superficiales. Para bien o para mal, tanto la hidrología, la agronomía como las ciencias relacionadas han llegado a determinar cuáles son los caudales, los cursos y las fluctuaciones estacionales de los ríos que transportan agua superficial. Pero no conocemos con la misma claridad y exactitud lo que ocurre con las aguas subterráneas. Es ahí donde aparece nuevamente una zona de indefinición y de complejidades. ¿Por qué? Porque Chile es una plataforma inclinada. Chile es una abrupta pendiente de cordillera a mar. Por lo tanto, lo que vemos por arriba es mucho más pronunciado por abajo. Vale decir, hay un escurrimiento de aguas que permite formar grandes reservorios subterráneos, respecto de los cuales obviamente existe el derecho a cautelarlos.

Quiero citar nuevamente el camino que recorremos entre Santiago y Valparaíso. Como ingeniero agrónomo conocí -porque hice allí la práctica cuando estudiaba en la universidad- el valle de Casablanca y de Curacaví. Ambos eran clasificados en las escuelas de agronomía como zonas absolutamente de rulo o de secano: agricultura extensiva, uso de pastos naturales. Eso es. Si ustedes observan ahora ambos valle, verán que las plantaciones frutales ya han llegado por sobre la cota 700 u 800, y las aguas, a través de una obra de ingeniería no costosa, son convertidas en un producto exportable. Pero ésta se obtiene básicamente en forma subterránea, y los derechos de aprovechamiento de las mismas está sometido hoy a la discrecionalidad de la Dirección de Aguas, lo cual, a mi juicio, no es conveniente prolongar. ¿Por qué? Porque en esto, de acuerdo con lo que se ha discutido dentro del propio Colegio de Ingenieros de Chile, hay dos teorías. Una, que sostiene que hay que tener una actitud prudente respecto de lo que es la utilización de las aguas subterráneas. No estoy en contra de ella, pero esa actitud prudente puede llevar al inmovilismo a muchos lugares, y a decir: no extraiga esto porque se va a agotar. La otra tesis, de los ingenieros hidráulicos, afirma que esto es un gran reservorio, donde el agua escurre por la pendiente, llena un determinado nivel y sigue su curso.

Además, existen aguas fosilizadas. Desde el punto de vista de la agronomía, me ha tocado visitar regiones donde se extrae aguas fosilizadas -me refiero concretamente a Arabia Saudita , entre otras- que han posibilitado la conversión de zonas absolutamente desiertas en zonas productivas, sobre la base de la inversión y de un uso adecuado de la ingeniería.

Pues bien, el proyecto si bien toca esta situación, no la resuelve convenientemente. Por lo tanto, creo que se debe avanzar en el estudio -y no paralizar- el criterio de convertir el secano en algo productivo. El Honorable señor Núñez lo ha dicho en forma elocuente refiriéndose al tema de la Tercera Región. Suscribo absolutamente lo expresado por él. Pienso que en ese sentido el país requiere de esa forma de trabajo.

Quiero tocar, aunque no está directamente ligado al Código de Aguas, un aspecto que tanto el señor Ministro de Obras Públicas como el señor Subsecretario aquí presente hemos mencionado. Me refiero a la decisión del Estado chileno de ir a la construcción de grandes obras de riego para permitir adicionar un importante caudal de hectáreas de primera calidad a la producción del país.

Me refiero concretamente a la segunda etapa del embalse de Convento Viejo. Esto está ligado a los derechos de agua, porque dependiendo de donde provengan las aguas que llenan ese embalse, pueden producirse derivaciones de ese elemento hacia los valles de secano. Es el caso de las zonas de Nilahue y de Lolol -el Ministro subrogante señor Latorre fue Diputado varios períodos y conoce exactamente tal situación-, donde existe la posibilidad de que esos derechos sean discutidos, porque son derechos con propiedad constitutiva. Distinto sería si se tratara de construir un embalse que pudiere regar 70 mil hectáreas, de las cuales 45 mil serían nuevas, y otras, regularizadas. Ello significaría crear en el corazón de la zona central de Chile una fórmula de producción distinta.

Por lo tanto, debemos avanzar derechamente en la decisión más rápida.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar, a través de la Mesa, mi petición al Gobierno del Presidente Lagos y al Ministerio de Obras Públicas en el sentido de que se acelere la finalización de los estudios para la construcción de la segunda etapa del embalse Convento Viejo y se dé inicio a esta obra, que será de gran ventaja para nuestro país.

Termino mi intervención refiriéndome a la personalidad jurídica de las comunidades de agua, que había mencionado anteriormente.

En este aspecto se encuentra, probablemente, uno de los elementos de mayor injusticia. Aquí están los pequeños; los que se hallan al final; los que carecen de capacidad para tener derechos constituidos claramente. El informe nos habla de 2 mil 300 a 2 mil 400 comunidades de este tipo. Es precisamente allí donde existe la capacidad para que una agricultura pequeña se convierta en un elemento productivo, asociado no solamente a la exportación, sino también a los sistemas de mayor tecnología y más uso.

Por consiguiente, presentaré indicación para reforzar cuanto significa la presencia de esas comunidades; los derechos que constituyan eventualmente; la forma de acceder a los subsidios, a los créditos y a los mecanismos de apoyo para poder continuar trabajando. En pocas palabras, para que el agua sea un derecho de ellas y no sólo la regalía eventual que hoy significa para su gran mayoría.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.

El señor VALDÉS .-

Señor Presidente, expreso mi total apoyo a lo manifestado por los Senadores señores Núñez y Moreno , quienes han profundizado esta materia en sus múltiples dimensiones.

De hecho, estamos en presencia de una situación jurídica bastante anormal en Chile. Porque existe conciencia universal -como aquí se ha dicho- en el sentido de que el agua es de los recursos más vitales de nuestro planeta.

El retiro o consunción de agua sin control lleva a lo que hoy día la prensa acusa como "fenómeno de Júpiter": conformaciones rocosas en ciertos cráteres indican que allí hubo una creciente escasez de agua y que ésta finalmente se agotó, lo que convirtió a ese planeta en lo que es ahora.

El sometimiento del agua a la propiedad privada absoluta fue un intento de exagerar el derecho de propiedad, que si bien es respetable, legítimo y necesario en todo Estado de Derecho y en toda sociedad civilizada, no puede abarcar bienes de interés nacional o universal, como el aire, el agua y -me permite agregarlos- los bosques, que forman parte del entorno donde vive el hombre. De ahí, claro resulta que es el interés nacional, o el interés humano, o el interés de la sociedad, o, aún más, el interés de la comunidad internacional el que debe primar sobre el derecho privado de utilización de esos recursos.

Debe haber equilibrio a ese respecto. Y, en este caso, el proyecto en debate, si bien tímidamente -como lo sostuvo el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra-, pero bien encaminado, introduce un cambio hacia una forma de patente o de pago del derecho por el consumo del agua que elimina la absoluta liberalidad existente hoy para constituir el derecho pertinente en cualquier momento y lugar y sin necesidad de acreditar su aprovechamiento.

No quiero agregar argumentos, porque ya se han dado de manera elocuente y clara. Además, a mi juicio, el informe es suficiente.

Señor Presidente , la escasez del vital elemento aumenta. Las aguas subterráneas constituyen un punto muy fundamental. No sólo existen en el norte de Chile, donde hay cauces secos que indican que por allí pasaron aguas que hoy son subterráneas. Eso se nota claramente en las provincias de Antofagasta, en la Región de Atacama y en el resto del Norte Chico.

Apoyo totalmente lo señalado respecto de lo ocurrido en los valles de Casablanca y de Curacaví, que es extraordinario. Porque yo, que tengo más años que el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, conocí la aridez total de ese desierto, que no era tal a principios de la República, cuando la destacada escritora y pintora Mary Graham , en un notable libro, dibujó y explicó cómo se viajaba entre Valparaíso y Santiago , bajo bosques impenetrables. Hoy se han cambiado los bosques por viñas, felizmente.

Por otra parte, así como se han planteado situaciones sobre la geografía chilena, quiero contar dos casos bastante impresionantes acerca de la forma como se usan los derechos de agua.

Una persona a quien conozco compró un terreno a orillas del lago Ranco -uno de los grandes lagos de la Región que represento- y construyó una casa. Puso en él una bomba para extraer agua destinada al riego de su jardín y, mediante un purificador, al consumo familiar. Al mes de hacerlo, lo visitó un ingeniero de una enorme y muy conocida empresa eléctrica, quien le dijo que no podía sacar agua del lago porque disminuiría su caudal. Ante la réplica de que sólo extraería lo necesario los fines de semana y el verano, el profesional le insistió en que no podía sacar siquiera un litro. Cuando se le preguntó qué derechos tenía sobre esas aguas la empresa que representaba (no la quiero nombrar; actualmente no es de propiedad chilena), respondió que ninguno, pero que sí era dueña de las aguas del río Bueno, donde desagua el lago Ranco . Y añadió: "El río Bueno está pedido completamente como reserva por la empresa que represento y, por tanto, es de su propiedad. Si usted saca un litro de agua del lago, disminuirá el caudal del río".

Es un caso dramático. En el río Bueno no hay ninguna central eléctrica. Y no la habrá, porque transcurre muy "buenamente" desde el lago Ranco hasta el mar; no existe caída alguna, ni razones de otra índole. Pero ya está comprado. ¿Y dirán ahora que habrá que expropiarlo...?

En consecuencia, en ese caso estamos frente a un abuso brutal del derecho.

La segunda situación es casi peor.

En la Región que represento, en un lugar llamado "Pelchuquín", vive un agricultor...

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor VALDÉS.-

Sí, con la venia de la Mesa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Adolfo Zaldívar .

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo .-

El Honorable señor Valdés señaló que el río Bueno está comprado. No es precisamente así. Se ha pedido una concesión para el uso de sus aguas. Pero nadie ha adquirido el río.

El señor VALDÉS .-

Tiene razón, Su Señoría: el río no está comprado. El problema radica en que ni siquiera se puede pagar para usar sus aguas, porque no lo aceptan. Es como si alguien quisiera pasar por mi casa: yo no lo permito, ni aunque se pague por ello, porque es una propiedad privada, tal como la de un reloj o un automóvil.

La situación a que me refiero es inconcebible. Porque, además, ni siquiera se usan las aguas en cuestión.

Ahora bien, en Pelchuquín se encuentra el estuario del río Cruces. En esa zona vive un agricultor que, trabajando 400 hectáreas, en 1999 exportó 8 millones de dólares en semillas y bulbos de plantas; este año superará los 10 millones. ¡Es algo extraordinario! Con sus hijos, tiene una sociedad modelo para una agricultura del sur que parece tan decaída.

Dicho agricultor sostiene que esa tierra es la mejor del mundo, porque en Chile existe muy buena luz, superior a la de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica , y sólo comparable con la de algunas islas griegas. El fenómeno ha sido estudiado por diversos expertos. No se trata de una cuestión de calor, sino de luz, la que, aparentemente, es más importante que aquél desde el punto de vista de las semillas, de las flores, de la vegetación. Y, además, allí hay tierra fría, otro factor favorable para el desarrollo de la referida actividad.

Ahora bien, dicho empresario agrícola -le visité la semana pasada durante todo un día- tiene 400 hectáreas, pero carece de agua. ¡En el delta del río Cruces!

Los ríos de la provincia que desembocan en el Valdivia conforman sobre 190 kilómetros de agua (el sector está lleno de islas, lo cual requiere la construcción de puentes). Sin embargo, todas las aguas están entregadas. ¿A quién? No se sabe.

Aquel agricultor, en consecuencia, busca afanosamente al dueño de las aguas, quien no vive en la zona ni aprovecha aquéllas. Entonces, hace pozos. Pero a treinta metros pasa un brazo de río que va hacia el mar y que no utiliza nadie, incluido él.

En la práctica, se trata de una monstruosidad que debe ser corregida.

Ésos son dos casos atroces.

Me estoy refiriendo a don Juan Sone , a quien el Senador señor Romero conoce. Es un hombre admirable, que da trabajo permanentemente a 1.100 personas. Y, aunque se halla rodeado de agua, no puede utilizarla, porque están pedidos todos los derechos sobre el río Cruces y sus afluentes (el río Pichoy, etcétera).

¿Negocio? Bueno. Entiendo que eso es lo que el proyecto que nos ocupa tiende a corregir.

Y habrá que precisar mejor en el sentido de que quien no justifique el consumo no tendrá derecho a la propiedad sobre las aguas. En el caso del que consume, será indispensable determinar la cantidad y la oportunidad en que lo hace. Tratándose del norte o del centro, habrá de relacionarse la escasez con la abundancia, la que es casi peor.

Tengo una pequeña propiedad a la orilla del río...

El señor PIZARRO .-

¡Una isla entera, señor Senador ! ¡Diga la verdad...!

El señor VALDÉS .-

Sí, pero es pequeña.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Ruego al Honorable señor Pizarro no interrumpir.

El señor VALDÉS .-

Y tuve que pedir derechos exclusivos, porque estaban tomando todo el río, en un sector donde no existe agricultura alguna regada por sus aguas.

Es decir, se llega a una situación límite que es menester corregir rápidamente. Y no puedo comprender que alguien se oponga a racionalizar un bien progresivamente escaso, que debe ser usado en un país que tendrá una agricultura fina, que es su objetivo, su destino; que requerirá obras de riego indispensables; que necesitará usar de nuevo la hidroelectricidad, porque es la que nos corresponde y en la cual podemos basar nuestra autonomía energética.

Por otro lado, se trata de cauces que pueden ser utilizados para la navegación.

Todas esas razones tornan extremadamente importante la iniciativa en debate.

Gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Romero.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, considero que el proyecto en debate debería haber merecido una participación o, por lo menos, una presencia más activa de Senadores -en verdad, lamento que no sea así, porque se trata de una materia demasiado relevante-, aun cuando quienes se encuentran en la Sala, por su versación, pueden reemplazar a los ausentes.

Me he preparado a propósito, porque, a mi juicio, éste es un lugar donde debemos reflexionar profundamente acerca del tema vital que nos ocupa. Porque estamos entrando al siglo XXI y el debate sobre las reformas al Código de Aguas, iniciado a comienzos de la década de 1990, no sólo no pierde vigencia, sino que está encima de la mesa.

La materia es trascendente. Cada cierto tiempo en el país la sequía se encarga de recordarnos a todos cuán necesario es contar al respecto con una política sólida, moderna y de futuro, basada en diagnósticos certeros y remedios adecuados.

Porque estoy cierto de que los diagnósticos señalados en esta Sala son muy coincidentes. Sin embargo -y es aquí donde quisiera perfilar mi exposición-, debemos tener mucho cuidado de que los remedios que recomendemos sean los adecuados, pues no podemos volver a equivocarnos, si efectivamente ha habido algún error.

El tema es complejo. En los últimos 10 años (ya lo expresamos), los diversos Gobiernos han formulado tres proposiciones distintas y la Cámara de Diputados ha realizado un debate bastante extenso, durante largo tiempo. Ahora nos corresponde a nosotros, al Senado, examinar los antecedentes con profesionalismo, sin ideologización y con suficiente realismo y -diría yo- patriotismo, para llegar a un resultado donde no haya perdedores y en que, por el contrario, quienes ganen sean los chilenos y el país.

Señor Presidente , considero muy relevante la necesidad de un diagnóstico cierto.

Del tenor de la fundamentación del Gobierno, tanto en el mensaje como en las indicaciones formuladas, es posible advertir una evaluación negativa del funcionamiento del sistema de mercado de las aguas.

Es cierto que ha habido morigeración en las últimas propuestas presentadas por el Ejecutivo , las cuales se han expresado básicamente en un menor debilitamiento del derecho de propiedad y en el uso de herramientas más coherentes con el sistema. Sin embargo, me parece que el diagnóstico hecho por el Gobierno no es el adecuado y que, por consiguiente, sus remedios adolecen del mismo defecto.

Por lo demás, formulé estos planteamientos con motivo de un seminario realizado en el Senado en enero de 1998, con la participación del entonces Ministro de Obras Públicas , don Ricardo Lagos , actual Jefe del Estado.

Pienso que no hemos tenido una adecuada visión global e histórica acerca del panorama de las aguas y que a veces hemos enfatizado y sobredimensionado aspectos de carácter específico, legítimos -aquí se han escuchado; soy testigo de mucho de lo que se ha manifestado-, pero que nos desvían del punto neurálgico sobre el que debiéramos concentrar los esfuerzos y del cual, a mi entender, depende el mejor funcionamiento de un sistema.

Numerosos especialistas estiman que el mecanismo ha funcionado bien. Hay un informe del Banco Mundial, de 1994 -pido a los representantes del Gobierno y a los señores Senadores que lo tengan a la vista-, elaborado por los señores Ríos y Quiroz , titulado "The Market for Water Rights in Chile". También están los informes números 52 y 74 de TASC, publicados por ILADES-Georgetown University, y los del Instituto Libertad y Desarrollo, por nombrar algunos. Todos esos documentos plantean un tema que a veces puede sorprendernos respecto de la dimensión y del punto donde debemos poner el énfasis para no equivocarnos.

Primeramente, en cuanto al panorama general del mercado de las aguas, es importante tener claro que en Chile existen dos sistemas perfectamente validados. Uno es el de los derechos consuetudinarios, donde prácticamente todo el norte y el centronorte del país, incluida la provincia de Petorca hacia el norte, se hallan organizados sobre la base de comunidades de agua que poseen sus derechos, sus sistemas, y cuya problemática se ha ido desarrollando a través de la costumbre por muchos años (yo diría por decenas de años). Para las personas y los informes que mencioné, ésos son casi la mayoría de los derechos de agua existentes en el país.

Chile es una nación que tradicionalmente ha asignado sus aguas mediante una transacción libre en el mercado, ya sea formal o informalmente, desde fines del siglo pasado, para algunos especialistas, como el profesor Vergara , y desde la década de los años 20, según los señores Ríos y Quiroz , a quienes el Banco Mundial encomendó la realización del análisis pertinente.

Eso ha sido especialmente cierto -como lo indiqué- en los lugares donde existe clara conciencia de la escasez del recurso, como ocurre en las zonas norte y centronorte del país, en las cuales puede apreciarse un alto grado de organización de los usuarios del agua.

En otras palabras, hay un mercado sobre derechos de agua que funciona debido, no sólo al marco institucional brindado por el Código de Aguas de 1981, sino, básicamente, a la existencia de una tradición al respecto.

Lo anterior es relevante en a lo menos tres aspectos.

Primero, estamos en presencia de un sistema de organización del recurso agua con una fuerte raigambre histórica, la que incluso ha superado la aplicación de marcos legislativos fundados en un sistema centralizado sostenido en la intervención activa de una autoridad discrecional, los cuales han terminado siendo ejercicios esporádicos. Menciono especialmente el dictado en 1969, coetáneo y complementario a otro proceso que no quiero recordar en este análisis sobre los derechos de agua.

Lo que deseo recalcar es que, cuando existe una tradición desde la base, uno no puede caer en la tentación de tratar de crear sistemas desde arriba (de planificar desde arriba), en especial si son distintos. Lo que debemos hacer es reconocer la situación y potenciarla.

Segundo, cuando hablamos de equidad en la asignación originaria del recurso (en el otorgamiento del mismo), no debemos olvidar, para efectos de la evaluación y magnitud de algún eventual problema existente, que el Estado asigna o crea una parte limitada del universo de derechos existentes sobre las aguas. En efecto, un conjunto importantísimo de los derechos de agua, usualmente utilizados por campesinos y comunidades indígenas, son de carácter consuetudinario. Señalé que el informe del Banco Mundial, suscrito por Ríos y Quiróz, estimaba entre 50 a 65 por ciento los derechos de carácter consuetudinario, y no por eso son menos válidos ante la ley, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico.

Tercero, estos usos consuetudinarios, reconocidos como válidos por la ley (artículo 7º del decreto ley Nº 2.603, de 1979, y artículo 19, Nº 24º, inciso décimo, de la Constitución), representan, a mi juicio, una instancia clave susceptible de ser perfeccionada, debido a que, al no estar formalizados, como ocurre con la mayoría de ellos, se genera incertidumbre en la titularidad de derechos, elemento importante para un mejor desenvolvimiento del sistema.

El mercado tiende a incentivar la asignación eficiente, es decir, permite, por medio de transacciones permanentes o temporales, asignar el recurso para un uso en el que se le valora más.

Toda agua -no sólo la sobrante-, una vez usada por el agricultor u otro usuario, es potencialmente transable en el mercado. En la actualidad, con la privatización de las empresas sanitarias, las plantas de tratamiento de aguas servidas incorporarán al mercado de las aguas un volumen considerable del recurso, lo que no puede olvidarse y tener siempre presente. El cálculo estimativo de la inversión en dichas plantas es de, al menos, mil 800 millones de dólares en los próximos cinco o seis años. De modo que también debemos considerar este punto en los diagnósticos y análisis.

Reitero: toda agua -no sólo la sobrante, una vez usada por el agricultor u otro usuario, es potencialmente transable en el mercado. El agricultor tiene un incentivo para ahorrar o no utilizar el agua en aplicaciones de poco valor si él puede ganar más vendiéndola. Eso no es especulación, a mi juicio, en el sentido negativo que se le ha dado, sino incentivar el uso óptimo del recurso, que es la esencia del mercado. Porque si vamos a castigar el no uso del agua, simplemente estaremos creando un incentivo perverso: dejar la llave abierta, como sostuve en un artículo publicado en "El Mercurio".

Por ejemplo, de no ser posible enajenar el agua, y en un intencional proceso de optimización a través de la elección de determinadas clases de plantaciones o de la introducción de tecnología no es utilizada, ¿para qué se va a esforzar el titular del derecho en ahorrarla? No veo cuál será el incentivo que tendrá ese titular para no gastar el recurso. Porque, si en definitiva no puede disponer del sobrante, naturalmente que no hará esfuerzo alguno por tecnificar y dar un uso óptimo al agua. Si lo que se castiga mediante el pago de una patente es el no uso de ella, ¿para qué los agentes privados necesitarán preocuparse por mejorar sus instalaciones o conservar la infraestructura de mejor manera? No existe incentivo para ello. Por el contrario, se les castigará por no usarla toda, como señalé; es decir, dejarán la llave abierta, para evitar sanciones pecuniarias.

Lo que quiero destacar es que, con la loable finalidad de "perfeccionar" los sistemas, es muy fácil desnaturalizarlos. Y pienso que, lamentablemente, algunas propuestas del proyecto caen en ese error.

A esta altura de mi intervención deseo hacerme cargo de algunas afirmaciones vertidas en el sentido de que hay organizaciones que, según se dice, están a favor de determinada propuesta.

Al respecto, quiero dar lectura -no se me ha dicho que sea pública, pero tampoco privada- a parte de una carta de la Sociedad Nacional de Minería¸ de fecha 3 de noviembre de 2000, donde se consigna lo siguiente: "La reforma" -se refiere a la enmienda de la legislación del agua- "pretende solucionar una serie de problemas que enfrenta la institucionalidad del agua, y que hoy afectan a todas las actividades del país. Sin embargo, gran parte de los problemas, no son abordados ni resueltos satisfactoriamente por el Proyecto, lo que incluso podría agravar la situación actual.

"En estos momentos, todos los sectores del país estamos haciendo un esfuerzo por hacer más dinámica nuestra legislación y modernizar y hacer más atractiva nuestra economía. Para ello, es necesario contar con un sistema normativo y regulatorio, con facultades discrecionales limitadas, con servicios del Estado eficientes y con pleno respeto al derecho de propiedad.".

A juicio de la Sociedad Nacional de Minería, la reforma del Código de Aguas "es un serio retroceso en ese afán, y por lo mismo, constituye una muy mala señal sobre el futuro de nuestro país.".

Más adelante, la nota consigna lo siguiente: "Desde el inicio de su tramitación parlamentaria, el Proyecto ha sufrido numerosas enmiendas, a pesar de las cuales, el Proyecto es rechazado categóricamente por todos los usuarios de agua del país." Y menciona a la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación de Canalistas de Chile, la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Minería, quienes "han manifestado claramente su postura", etcétera.

Quiero recordar que durante el debate se dijo que esto contaría con el respaldo de prácticamente la gran mayoría. Yo solamente estoy indicando que obran en mi poder antecedentes escritos que sostienen lo contrario, a mi parecer, con fundamento.

El señor LATORRE ( Ministro de Obras Públicas subrogante ).-

¿Me concede una interrupción, señor Senador ?

El señor ROMERO.-

Cómo no, con la venia de la Mesa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella, señor Ministro .

El señor LATORRE ( Ministro de Obras Públicas subrogante ).-

Agradezco al Senador señor Romero su gentileza.

Deseo precisar que la Sociedad Nacional de Minería puede hablar solamente por ella. Los documentos formales que obran en nuestro poder -incluso los mostramos en la sesión anterior en que se trató este asunto- consignan expresamente el acuerdo adoptado por la Sociedad Nacional de Agricultura en una de sus sesiones formales. Podemos hacer entrega de dichos documentos, pero no es mi ánimo discutir de nuevo el punto, por tratarse de una historia muy larga.

Lo que sí es efectivo es que la SONAMI ha reiterado sus puntos de vista. Lo ha hecho en repetidas oportunidades en Comisiones durante el debate del proyecto, tanto en la Cámara como en el Senado, y los pronunciamientos adoptados consideran lo planteado por ellos. A pesar de eso, se ha reiterado mayoritariamente una opinión.

Con esto quiero simplemente señalar que no nos equivocamos al indicar quiénes han manifestado su acuerdo. Tenemos todos los documentos de las instituciones que formalmente han manifestado su preocupación, su acuerdo, o las sugerencias que han hecho, las que en la mayoría de los casos fueron acogidas durante la tramitación de la iniciativa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Romero.

La señora MATTHEI.-

¿Me concede una interrupción, Honorable colega?

El señor ROMERO.-

Con todo gusto, con la venia de la Mesa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente, efectivamente, conozco esa carta. Sin embargo, con posterioridad a que la Sociedad Nacional de Agricultura dijo estar de acuerdo con el proyecto, he tenido reuniones con algunos de sus personeros y con su Directorio, encabezado por su Presidente , quienes me señalaron que están en contra del proyecto. Lo que sucede es que cuando escribieron esa carta pensaban que a los agricultores no se les aplicaría la nueva normativa, pues se habló de que regiría solamente para los derechos no consuntivos.

Por lo tanto, para zanjar de una vez por todas el tema, ruego que se formule, en nombre del Senado, la consulta a la Sociedad Nacional de Agricultura. Porque se ha citado en numerosas oportunidades ese documento, que no refleja en absoluto la postura de dicha organización, pues, como señalé, fue redactado pensando que no les afectaba.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Se enviará el oficio correspondiente en la forma solicitada por Su Señoría.

Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Romero.

El señor LATORRE ( Ministro de Obras Públicas subrogante ).-

¿Me permitiría hacer un alcance, señor Senador ?

El señor ROMERO.-

Con todo agrado, con la venia de la Mesa.

El señor LATORRE ( Ministro de Obras Públicas subrogante ).-

El que haya habido una reunión de la Senadora señora Matthei con el Directorio de la SNA , no me consta.

En todo caso, daré lectura a la última observación al proyecto formulada por dicha organización, para que quede claro que ellos sabían a lo que se estaban refiriendo. Dice textualmente lo siguiente:

"Finalmente, el Comité se pronunció por la conveniencia de establecer el cobro de una patente por el no uso de las aguas correspondientes a los derechos consuntivos y no consuntivos" -vale decir, sabían que esto también decía relación a los derechos que ellos habitualmente tienen a su cargo-, "vinculada a la existencia de la presunción de derecho sobre el uso de las aguas.".

Muchas gracias por la interrupción, Senador señor Romero .

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Pido a Sus Señorías que no hagan un debate cruzado donde cada cual intervenga a voluntad.

Está agotado el tiempo del Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, solicito que se me concedan unos minutos más, pues las interrupciones han impedido que desarrolle mi intervención en la forma deseada.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Dispone de cinco minutos, Su Señoría, ya que aún quedan dos señores Senadores inscritos.

El señor ROMERO.-

Gracias, señor Presidente.

Sólo deseo hacer la siguiente reflexión, porque considero que éste no es el momento oportuno para entrar en un debate sobre el particular. No es posible que la Sociedad Nacional de Agricultura sostenga que es partidaria del pago de una patente por el no uso de las aguas, porque hoy día la agricultura lo está haciendo por utilizarlas. Al pagar contribuciones por bienes raíces de tierras de riego, que son distintas de las de secano, ya se le está cobrando un derecho. Por lo tanto, creo que en este punto hay una interpretación que pudiera no ajustarse a términos reales. Como antiguo dirigente agrario, me parece sorprendente que hoy día, cuando se pagan contribuciones por tierras de rulo, de secano y regadas, se cobre un segundo derecho por lo mismo. Digo esto porque el problema del no uso del recurso simplemente puede dar lugar a dejar la llave abierta. Pero, en fin, no quiero entrar a un debate de esta naturaleza.

Señor Presidente , me preocupa que sobre la base de algunas disquisiciones puntuales -por cierto, controvertibles en el plano teórico- se estén sacando conclusiones generales. Ciertamente, pienso que estamos frente a un tema demasiado importante como para estar sólo de acuerdo con el diagnóstico. Podemos concordar con ese diagnóstico; lo que me inquieta son los remedios que pueden utilizarse. Por eso, me gustaría dejar planteado hacia dónde focalizar nuestros esfuerzos. No se trata de manifestar que no nos gusta determinado proyecto, sino de hacer aportes constructivos en el debate.

¿Cuáles son las medidas que, en mi opinión, deberían estudiarse e implementarse? Todos deseamos el máximo y mejor aprovechamiento del agua, es decir, que se utilice en forma racional. En este sentido, hago una declaración contundente: deseo que Chile emplee al máximo ese recurso y que obtenga su mejor aprovechamiento. El incentivo básico para lograrlo es a través del funcionamiento de un mercado, al cual debe proveerse de las condiciones necesarias para su operación eficiente.

Algunas medidas para remover los obstáculos que limitan el potencial desarrollo del mercado de las aguas en Chile radican en, primero, aliviar los costos de transacción; segundo, mejorar la definición de lo transado, es decir, individualizar de mejor manera ciertos derechos de propiedad, particularmente los derechos de uso no consuntivos; tercero, ampliar el mercado tanto a las aguas subterráneas como a las servidas, que posteriormente son reconvertidas por plantas de tratamiento; y cuarto, promover una mayor descentralización, autonomía y coordinación institucional distintas.

A mi juicio, para comenzar a discutir el tema es fundamental disponer de un catastro, de un registro público, que hoy día no existe. Estamos a ciegas y no se sabe exactamente de qué se está hablando. En la actualidad, el 60 por cierto de las aguas -y lo digo en cifras redondas- es objeto de la costumbre. Son los derechos consuetudinarios existentes en el norte y el centro norte. Entonces, debemos ser cuidadosos al debatir estas materias, ya que podemos desnaturalizar de algún modo los mecanismos que están funcionando adecuadamente.

Para aliviar los costos de transacción, se requiere, primero, promover la certeza a través de la legalización de derechos existentes (esto, a mi juicio, es clave porque, como dije, no se sabe exactamente de qué se está hablando); segundo, brindar las facilidades físicas que dinamicen el funcionamiento del mercado mediante el desarrollo de una infraestructura que haga económicamente posible transferir derechos de agua; y, tercero, proporcionar transparencia por medio de la implementación de un sistema de registro accesible que entregue buena información.

Si algunas empresas hidroeléctricas están incurriendo en abusos, apliquémosles la ley antimonopolios. Nuestra legislación contempla mecanismos adecuados que pueden perfectamente ser utilizados. ¿Por qué no los empleamos? ¿Por qué no hacer una presentación antimonopolio en este sentido?

Si formamos parte de la sociedad, si somos parte del problema y todos deseamos lograr un mayor aprovechamiento del recurso, busquemos la mejor manera de hacerlo.

Señor Presidente, en los diez segundos que me restan, deseo agradecer que me haya concedido un mayor margen de tiempo. Espero seguir interviniendo más adelante, porque éste es un punto central. A mi juicio, el recurso agua es el tema del siglo XXI en Chile.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente, el Código de Aguas vigente adolece de dos grandes fallas. Primero, no reviste costo alguno pedir derechos de aguas, porque son gratis, y segundo, mantenerlos no representa ningún gasto. Por lo tanto, el comportamiento racional, obviamente, es pedir agua en las mayores cantidades posibles.

El recurso debió haberse licitado en su oportunidad, salvo aquellos derechos de uso tradicional. Creo, además, que siempre debe pagarse una especie de patente por el aprovechamiento de las aguas, independientemente de que sean utilizadas o no. El hecho de tener una concesión de agua siempre debería implicar un pago. Algo muy parecido ocurre en la minería.

El problema original del Código de Aguas, en orden a que no representa ningún costo acceder a esos derechos, ni tampoco mantenerlos, se tradujo efectivamente en que muchos pidieron más agua de la que necesitaban. Y estamos todos de acuerdo en este diagnóstico. Pero el asunto es cómo resolverlo.

La solución que hoy día ha propuesto el Ejecutivo es realmente muy mala. ¿Por qué? Veamos el caso de las aguas no consuntivas, es decir, las que usan las empresas eléctricas. Cuando se aprobó el Código de Aguas actual, sólo existía ENDESA. ¿Qué hizo? Obviamente, dadas las reglas del juego y como empresa estatal, solicitó todos los derechos de agua para generar electricidad. Fue lógico su proceder. ¿Pero cuál es el problema que se presenta ahora? Primero, ENDESA ya no es estatal, y segundo, hay otras empresas que también pretenden producir energía hidroeléctrica, pero no pueden acceder a esos derechos porque todos ya fueron otorgados. Entonces, lo básico es que se está ante un problema de monopolio: una empresa, que obviamente ya no es estatal y que además no es única, tiene todos los derechos de aguas, impidiendo que las otras puedan acceder a ellos. ¡Esto es monopolio! Por lo tanto, lo lógico es recurrir a las instituciones que regulan el sano funcionamiento de los mercados y obligar a esa empresa no sólo a vender o licitar derechos de aguas no consuntivas, sino también a vender este, ese o aquel derecho. Porque no es lo mismo desprenderse del 70 por ciento de los derechos que hacerlo respecto de este, ese o aquel derecho, pues no todas las aguas tienen igual valor. Por ejemplo, los derechos de aguas en zonas muy alejadas de los centros de consumo son menos valiosos que los cercanos a los mismos, por cuanto en el transporte de energía eléctrica se pierde parte ella y, además, se requiere la construcción de infraestructura. En consecuencia, no es lo mismo generar electricidad en Aisén que hacerlo en la cercanía de centros de consumo, donde es mucho más valiosa. En el caso de las aguas ubicadas en tierras indígenas, evidentemente habrá mayores dificultades para construir centrales hidroeléctricas.

Por lo tanto, si la Comisión Antimonopolios no va al detalle y dice: "Usted debe desprenderse de tales y cuales derechos" -no de cualesquiera otros que conformen ese 70 por ciento-, ENDESA continuará siendo monopólica por los próximos 20 ó 30 años. Porque las aguas no consuntivas tienen rentabilidades distintas: las alejadas de los centros de consumo valen menos, y las que se encuentran en tierras de raíz indígena tienen incluso menor valor ya que el costo de construcción será mucho más alto.

Por ello -insisto-, deben contemplarse las herramientas para que a esa empresa se le pueda exigir que si proyecta construir cinco embalses, o cinco plantas generadoras (eso perfectamente se puede evaluar) sólo lleve adelante dos. Pero no el primero y el segundo, sino tal vez el primero y el cuarto por cuanto, como indiqué, no todas las aguas cuestan lo mismo.

Ésa sería una solución racional y perfectamente válida en nuestra organización económica. Hace poco tiempo la Comisión Antimonopolios obligó a ENDESA a desprenderse de Transelec, que era una compañía transmisora. Para ese efecto adujo: "Ustedes no pueden operar en la generación, en la transmisión y además en la distribución. No. Eso constituye una integración vertical, un monopolio vertical inaceptable". ENDESA finalmente se desprendió de Transelec.

Lo mismo puede aplicarse en la situación de monopolio existente con los derechos de agua. La Comisión Antimonopolios podría obligar a vender, a deshacerse de ciertos derechos de agua. Y la indicación al respecto no podría ser de tipo genérico sino más bien caso a caso: "Con tal derecho se puede quedar, pero con este otro no".

En cambio, ¿qué hace el proyecto? A mi modo de ver, no entrega ninguna solución al problema de monopolio en la generación hidroeléctrica. ¡Ninguna! Porque si se pretende cobrar una patente por no uso de aguas el titular de los derechos ordenará sus proyectos, decidirá cuáles concretará en los próximos 15 ó 20 años, se desprenderá de los recursos hídricos restantes (obviamente, pondrá a disposición de la competencia los derechos de aprovechamiento que valen menos) y pagará alegremente el costo que le corresponda por no uso. Porque de todos modos éste será inferior que el mayor costo que habrá de pagar la competencia para construir una central, por ejemplo en Aisén.

Repito: la solución es mala desde el punto de vista económico porque no aborda el problema principal que se presenta en la generación de electricidad: el del monopolio. A lo mejor el sistema le servirá a ENDESA para deshacerse de diversos derechos de agua y todos estaremos muy felices. Pero seguramente en los futuros 20 ó 25 años ninguna compañía distinta de ENDESA construirá alguna central. Porque ésta se desprenderá de las aguas menos valiosas; de las más distantes de los centros de consumo; de las involucradas en conflictos por tierras indígenas, etcétera. Y ella se quedará con los proyectos más rentables. ¿Por qué? Porque al evaluarlos deben sumárseles todos los costos. Y dicha empresa les agregará la patente que paga. Pero las demás compañías deberán añadir a sus propios proyectos el mayor valor de transporte de la energía, el precio de litigar por las tierras indígenas, en fin, distintas cosas que redundarán en que el costo sea mucho más alto.

Reconozco que existe un problema de monopolio que es preciso resolver, pero la solución propuesta por el Ejecutivo es inadecuada ya que no alterará en absoluto el hecho de que ENDESA seguirá llevando a la práctica los mejores proyectos hidroeléctricos de aquí a 20 ó 25 años.

Ahora paso a referirme a las aguas consuntivas, es decir, a las que se consumen ya sea en la minería o en la agricultura. En este aspecto la iniciativa también es mala.

Con relación a la minería, que toca muy fuertemente a la Cuarta Región, que represento en esta Alta Cámara, debo manifestar que desde que se descubrió la mina Los Pelambres hasta su puesta en marcha transcurrieron 50 años. ¿Por qué? Porque no se puede explotar un yacimiento sin contar con electricidad, caminos, viaductos, puertos para sacar el mineral. Y todo eso no se construye en 5 ni en 10 años. Además, se requiere de un cuantioso capital que no siempre es fácil reunir, menos ahora en que las condiciones son cada día más difíciles. Y si se carece de derechos de agua nadie va a empezar a realizar las prospecciones y estudios pertinentes. Sin agua no existe explotación minera.

En efecto, cuando alguien tiene la posibilidad de explotar un yacimiento lo primero que hace es asegurarse el agua. Sólo entonces empieza lo relativo a la prospección, los estudios y la forma de allegar el capital. Eso puede demorar muchísimos años, entre otras cosas porque quizá no se ha podido acceder al crédito, o porque el precio del cobre se halla muy bajo en ese momento y nadie se arriesga a prestar, etcétera. Entonces, no tiene sentido aplicar un impuesto por no uso de las aguas si lo lógico es contar con los respectivos derechos de aprovechamiento.

Lo que sucede en la práctica es que las compañías mineras de inmediato se aseguran el agua y la arriendan hasta entrar en operación. El recurso hídrico no se pierde. Y, sobre todo en el norte, donde se halla la minería, el agua nunca ha llegado al mar. En algunos casos las compañías la han prestado a los pequeños agricultores; en otros la han arrendado a los grandes productores. La afirmación de que el agua llega al mar y se pierde es absurda. Lo que ocurre es que cuando finalmente la mina se construye e inicia sus operaciones, las empresas conversan con los agricultores que hasta ese instante usaron las aguas y muchas veces les ayudan, sea a instalar un sistema de riego por goteo para el uso más eficiente de ella, sea a buscar otra solución. Y llegan a un arreglo. Lo concreto es que las aguas nunca se dejan de utilizar.

Eso revierte el concepto tan equivocado acerca de este proyecto en el sentido de que las aguas se botan al mar. ¡No es así! En la medida en que el dueño de los derechos no las emplea las usan otros, especialmente en el norte (sería bueno que los Honorables colegas fueran a corroborarlo). Lo contrario resultaría absurdo.

Lo dispuesto sobre el particular pondrá en un gravísimo problema el desarrollo de la minería. Y el Senador señor Romero tenía razón al señalar que en el caso de la agricultura lo único que se tomará en cuenta será si se emplea o no el agua. Pero en realidad este elemento es tan valioso que lo importante es utilizarlo bien. No da lo mismo emplearlo o no, que utilizarlo de la manera más eficiente posible.

La única forma de asegurarse de que el agua se emplee eficientemente es cobrando por su posesión, independiente de si se usa o no se usa. En este último caso, podrá prestarse o arrendarse a otra persona. Lo que interesa es que se efectúe el riego por goteo; que se proceda a revestir los canales para que el recurso no se evapore ni se filtre o se mal utilice. Eso es lo fundamental. Sin embargo, ello no se logra con la presente normativa. ¡En absoluto! En este aspecto, lo único que establece es que se presumirá que las aguas están siendo utilizadas, "si existen las obras de captación de las mismas.". Y punto. No se contempla incentivo alguno en orden a que el recurso se utilice en forma eficiente. ¡Ninguno!

Yo he pedido muchas veces fijar precio al agua. Independientemente de que se use o no, debe tener un valor. Parte de ese costo lo pagan ya los agricultores a través de las contribuciones, pero es insuficiente. Además, éstas no se hallan separadas. Las contribuciones de cierto tipo de terrenos incluyen el derecho de riego. Y se puede vender este derecho pero las contribuciones se siguen pagando como si continuara tratándose de tierras regadas.

Eso ocurre porque los roles no se hallan separados. Debería pagarse contribuciones por el agua y por la tierra. Como dije, el propietario de un predio regado paga mayor cantidad por concepto de contribuciones; pero si vende los derechos de aprovechamiento a una compañía minera colindante y después enajena la propiedad sin agua, las contribuciones que el comprador pagará seguirán correspondiendo a tierra regada, dado que los roles no se encuentran separados.

Todo lo relativo al mercado de derechos de agua se halla completamente enredado y veo con angustia cómo, teniendo la oportunidad de arreglar su funcionamiento poniendo precio al uso o mantención de los recursos hídricos y haciendo funcionar la Comisión Antimonopolios en el campo de la generación hidroeléctrica -que es urgente-, se propone un proyecto que no resuelve nada y que, al revés, sólo enredará más las cosas.

Tengo bastantes dudas acerca de cómo votar en general. Estoy a favor de modificar el Código de Aguas, pues la situación actual no es aceptable, no es sostenible. Sin embargo, lo propuesto es tan absurdo, tan carente de racionalidad económica, tan insuficiente en cuanto a entregar las señales correctas para que funcione bien el mercado eléctrico y el no eléctrico, que no soluciona nada.

Creo que finalmente votaré en contra. No es posible que desperdiciemos esta oportunidad. Modificar el Código de Aguas no es algo sencillo ni que pueda hacerse en cualquier minuto, ya que genera muchísimos problemas a todos los involucrados. Si todos perseguimos el mismo objetivo, no veo dificultad alguna para ponernos de acuerdo y elaborar un buen proyecto.

He pedido al Ejecutivo en numerosas oportunidades conversar sobre la materia, a fin de lograr una iniciativa que realmente resuelva los gravísimos problemas existentes en el mercado de las aguas. Sin embargo, no ha habido disposición a escuchar ni a estudiar las modificaciones necesarias.

Se insiste majaderamente en la imposibilidad de cobrar a todos los titulares de los derechos de aprovechamiento de aguas, porque se carece de los registros respectivos. Entonces, si no hay un catastro de usuarios ¿cómo se va a cobrar a quienes no utilizan el agua? Se dice que la normativa regirá para todos los derechos de aprovechamiento constituidos con posterioridad al nuevo Código de Aguas. En ese caso, fijemos un precio por uso y no uso de las aguas a quienes adquirieron tales derechos después de 1980. Pero, a mi juicio, el concepto económico está absolutamente equivocado.

Por último, señor Presidente -y termino de inmediato-, deseo recomendar a Sus Señorías que relean el informe del señor Ricardo Paredes -perteneciente a la Concertación-, que es un muy buen economista, y, además, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, el cual señala que éste es un mal proyecto. Aquí no se trata de un asunto político, ni de oponernos porque sí. Todos deseamos que el mercado de las aguas funcione bien, que las aguas se utilicen en forma eficiente. Sin embargo, la iniciativa en debate no lo va a lograr.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Frei, último orador inscrito.

El señor FREI (don Eduardo).-

Señor Presidente, antes de efectuar algunas consideraciones sobre el proyecto que nos convoca, permítanme recordar algunas fechas y circunstancias que no deben perderse de vista al momento de pronunciarnos sobre él.

Uno de los objetivos que tuvo el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin fue el de efectuar una evaluación de los diversos ordenamientos jurídicos que regulaban el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, entre ellos, el Código de Aguas de 1981.

Dicha evaluación tuvo por finalidad el perfeccionamiento de la normativa aplicable al aprovechamiento del recurso natural más importante para nuestro país, no sólo con miras a su protección desde la perspectiva medioambiental, sino que, principalmente, orientado a su análisis como recurso económico y productivo. Para ello se efectuaron una serie de seminarios, reuniones técnicas y científicas tanto en el ámbito nacional como internacional.

En el diagnóstico de los usuarios de las aguas y de diversos sectores de la vida académica y profesional, hubo consenso en cuanto a que no obstante era necesario respetar las bases de seguridad jurídica de los derechos de aprovechamiento de aguas, garantizados en la propia Constitución, era también indispensable y urgente solucionar por vía legislativa los graves problemas de concentración monopólica que enfrentaban -y que enfrentan hasta el día de hoy- los derechos de aprovechamiento de aguas de tipo no consuntivo.

Asimismo, el análisis dejó en evidencia la existencia de una serie de vacíos en las facultades de la Dirección General de Aguas y la necesidad de descentralizar decisiones que afectaban el normal aprovechamiento del recurso hídrico.

Como una de las consecuencias del mencionado diagnóstico, en diciembre de 1992 se envió a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma del Código de Aguas, que intentaba establecer un sistema de extinción de los derechos de aprovechamiento si las aguas no eran utilizadas; la creación de corporaciones administradoras de cuencas hidrográficas y normas sobre protección de cauces naturales.

Lamentablemente, dicha iniciativa no tuvo buena acogida por parte de la Cámara, siendo objeto de variadas críticas, las que más bien apuntaron a problemas de forma, sin entrar a discutir el fondo del problema de la tenencia monopólica y especulativa de derechos de aprovechamiento no consuntivos, cuestión que en todo caso nadie negaba.

Al asumir en 1994 como Presidente de la República , una de las tareas primordiales que encargué fue la creación de una "Política Nacional de Recursos Hídricos", que fue encomendada a la Dirección General de Aguas. Esa labor concluyó durante mi Gobierno con el documento conocido como "POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS" -publicado con ocasión de la celebración de los 30 años de la Dirección General de Aguas-, que sistematizó el trabajo que se venía realizando sobre la materia, y contiene básicamente: un diagnóstico de la situación actual; los principios, objetivos y proposiciones concretas para enfrentar el desafío de los recursos hídricos en Chile.

El citado documento tuvo el inmenso valor de haber sido sometido a consideración de toda la comunidad nacional. En efecto, la versión original fue objeto de un amplio debate realizado en diversos talleres efectuados en ciudades tales como La Serena, Concepción y Temuco, para culminar en un Seminario Nacional desarrollado y apoyado por la FAO, que contó con el respaldo de las universidades, especialmente de la Universidad de Chile.

Además, el documento antes referido identifica claramente los siguientes principios sobre los cuales debe estar basada la política nacional de aguas:

1º) El agua está definida constitucionalmente como un bien nacional de uso público, razón por la cual el Estado debe asumir una tutela especial sobre dicho recurso;

2º) El aprovechamiento del agua debe realizarse en forma sustentable y asegurando la protección del medio ambiente asociado;

3º) El agua es un bien económico y como tal el sistema jurídico y económico que regula su uso debe propender a que sea utilizado eficientemente por los particulares y la sociedad;

4º) La política de aguas debe tender a la participación de los usuarios, de las organizaciones y del ciudadano común en la gestión del recurso hídrico, reflejando de esa manera el carácter de bien social, económico, ambiental y cultural de tales recursos, y

5º) La política de aguas debe reconocer la complejidad y especificidad de los procesos hidrológicos, por lo cual sus proposiciones deben estar sólidamente basadas en el conocimiento científico y técnico de los mismos.

Sobre la base de los principios anteriormente enunciados, se plantearon en el referido documento los principales objetivos de la política nacional de aguas:

1º) Asegurar el abastecimiento de las necesidades básicas de la población;

2º) Mejorar la eficiencia de uso, a nivel de la cuenca hidrográfica, en un marco de factibilidad económica, considerando su condición de bien escaso en gran parte del territorio nacional;

3º) Lograr la localización del recurso hídrico en aquellas demandas que presentan el mayor beneficio económico, social y medio ambiental;

4º) Maximizar el aporte de los recursos hídricos al crecimiento del país, a través del desarrollo de las fuentes no utilizadas y del reuso de las aguas, especialmente en la zona norte;

5º) Disminuir el impacto de la variabilidad hidrológica en la actividad del país;

6º) Recuperar el pasivo ambiental existente y asegurar el desarrollo de los recursos hídricos sin que ello signifique un deterioro para el medio, y

7º) Minimizar los niveles de conflicto relacionados con el agua y contribuir de ese modo a la paz social.

A partir de los principios y objetivos descritos, en la parte propositiva del documento, se analizaron siete temas. El primero de ellos se refiere a la materia que nos ocupa: las modificaciones que deben introducirse al Código de Aguas. Sobre el particular, se estimó necesario considerar las carencias y problemas que es indispensable corregir sin dejar de valorar las ventajas que contiene el estatuto legal vigente. En ese sentido, se considera como muy negativo que los derechos de aprovechamiento sean asignados a quien los solicita sin que se deban justificar los caudales pedidos y, lo que es más grave, sin que exista obligación de darles un destino productivo.

En ese marco, y dada la experiencia obtenida con la iniciativa de reforma antes enunciada, en 1996 mi Gobierno presentó una indicación sustitutiva al proyecto primitivo, cuyo texto, con algunas modificaciones, es el que se encuentra hoy sometido a la consideración del Congreso.

En primer lugar, con tal iniciativa se pretendió, principalmente, corregir la forma de asignación original de los derechos de aprovechamiento, las distorsiones que el sistema actual ha producido, y definir un procedimiento para abordar los requerimientos ambientales.

En segundo término, deseo destacar las principales modificaciones contenidas en el citado proyecto: establecimiento del pago de una patente a los derechos de agua constituidos y cuyo dueños no los utilizan; incorporación de la obligación de justificar la cantidad de agua que se solicita; facultar al Estado para limitar o denegar una nueva solicitud de derecho de aprovechamiento cuando existan razones de bien común perfectamente identificadas, y garantizar que se respeten caudales mínimos ecológicos en la constitución de nuevos derechos.

Como se puede apreciar, tales modificaciones generan una situación de mayor equilibrio entre las dimensiones social, ambiental, económica y cultural del agua, sin poner en riesgo las ventajas de la legislación vigente, entre las cuales se destaca la seguridad jurídica que se otorga a los derechos de agua y su libertad de transacción.

Quisiera realizar algunas precisiones que estimo centrales en la iniciativa en debate, enmarcadas en la mencionada Política Nacional de Recursos Hídricos.

La idea del establecimiento de una patente por el no uso de los derechos de aprovechamiento, la que surge como un mecanismo eficaz destinado a incentivar el uso de las aguas, más que como un simple castigo por el acaparamiento especulativo de tales derechos.

En otras palabras, el mayor éxito del proyecto, una vez que se convierta en ley, se ha de registrar cuando no se cobre ni un solo peso por la patente, ya que ello significará que las aguas son utilizadas o, al menos, que se hallan libres en las fuentes naturales, superficiales o subterráneas, en espera de que una persona con un proyecto determinado quiera pedirlas.

La libre comercialización de los derechos de aprovechamiento constituye, en general, un mecanismo adecuado para lograr usos y asignaciones del recurso económicamente más eficientes. Sin embargo, el efecto que se ha pretendido conseguir con la aplicación de los mecanismos de mercado no ha tenido lugar en la práctica, al menos significativamente, por deficiencia de la normativa jurídica que los regula, toda vez que ésta no contempla un sistema de precios que permita valorizar la obtención originaria y la conservación a perpetuidad de tales derechos. La insuficiencia legislativa lleva a mantener gratuitamente, a lo largo del tiempo, el derecho de aprovechamiento en poder del titular originario, quien no se encuentra obligado a usar el agua ya sea en los fines para los cuales requirió primitivamente un determinado caudal, o bien, en usos alternativos posteriores.

Ese vacío legal, en virtud del cual no existe costo para la conservación indefinida del derecho de aprovechamiento, incentiva la especulación y el mal uso del recurso. Adicionalmente, la posesión de derechos de agua puede distorsionar gravemente el mercado de la energía eléctrica, como ya sucede hoy en varios proyectos. Y lo mismo ocurre en el sector minero.

Respecto de la cuestión de ENDESA, deseo consignar que precisamente para evitar la situación de monopolio fue que en relación con las empresas sanitarias se estableció primero, antes de privatizar, un marco regulatorio. Y, por ejemplo, en los casos de EMOS y de ESVAL no se incluyeron en el proceso el embalse El Yeso, el de Peñuelas, etcétera, que quedaron en propiedad de todos los chilenos. Lo que se reguló fue el uso y la distribución. No sucedió lo mismo en el sector eléctrico. Por ello, ENDESA se fue con todas las aguas del país, prácticamente.

Con el objeto de corregir dicha deficiencia legal, de lograr una mayor fluidez de las transacciones y de evitar la acumulación de derechos de agua en forma desmesurada, sin que medie un aprovechamiento actual y futuro previsible por los titulares, se hace necesario establecer e implementar un sistema de patentes que grave los derechos de aprovechamiento de agua no utilizados.

Se estima que ello constituye un primer paso, realista y factible de concretar en el corto plazo, el cual también concuerda con una política de tarifación del uso del elemento, ampliamente aplicada en la mayoría de los países que consideran que el agua es un recurso natural escaso y que fijar un precio es una forma de valorización económica.

En consecuencia, debemos entender ese tipo de patente como un primer paso, realista y urgente, que propende, además, a la activación del mercado de derechos de aprovechamiento y a su uso eficiente.

Los graves problemas derivados de la tenencia desmesurada, especulativa, monopólica y perjudicial de derechos de aprovechamiento de agua deben ser solucionados de manera rápida, para lo cual se cuenta con un proyecto de ley que puede ayudar en la tarea de resolverlos.

No podemos tolerar que puedan volver a surgir dificultades de abastecimiento de energía eléctrica y que simultáneamente existan quejas de empresas hidroeléctricas que desean desarrollar proyectos de generación hidroeléctrica, pero que no pueden hacerlo porque los derechos de agua se encuentran concentrados mayoritariamente en un solo titular, sin que éste, a su vez, desarrolle esas iniciativas.

El mercado no ha sido capaz de solucionar ese tipo de situaciones. Por lo tanto, me parece importante aprobar con nuestros votos un mecanismo de mercado que otorgue fluidez e incluso que facilite la creación de un mercado de recursos hídricos.

Adicionalmente, procede dar atribuciones a la Dirección General de Aguas, para que pueda ejercer realmente la política que le encarga el ordenamiento jurídico vigente.

Aprobemos también la idea de que se puedan asegurar caudales ecológicos mínimos al momento de constituir derechos de agua, lo que evitará que se extraiga el ciento por ciento de las aguas de algunos ríos y que se destruya no sólo el valor escénico de dichas fuentes, sino también la flora y fauna asociadas.

Me parece importante, señor Presidente , que después de ocho años seamos capaces de legislar sobre un tema en que todos estamos de acuerdo y que en el curso de la discusión en particular permitamos introducir las indicaciones y modificaciones tendientes a que sea absolutamente eficiente un proyecto necesario, enmarcado dentro de la Política Nacional de Recursos Hídricos.

Por esas razones, anuncio mi voto favorable.

______________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el señor Secretario .

El señor HOFFMANN (Secretario).-

Ha llegado en este momento a la Mesa un mensaje del Presidente de la República con el cual retira la urgencia que hizo presente para el despacho del proyecto de ley del deporte.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.

En todo caso, de acuerdo con lo resuelto por los Comités, las observaciones respectivas serán votadas el próximo martes, a primera hora.

______________

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Han intervenido todos los señores Senadores inscritos para usar de la palabra acerca de las modificaciones del Código de Aguas. Como la aprobación de varias normas requiere quórum especial, se ha planteado que la votación quede en el primer lugar de la tabla de la sesión del próximo martes, luego de lo cual se tratarán las observaciones formuladas al proyecto de ley del deporte.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE AGUAS

El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-

Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite, que modifica el Código de Aguas, con informes de las Comisiones de Obras Públicas; de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda, con urgencia calificada de "simple", cuya votación general está pendiente.

--Los antecedentes sobre el proyecto (876-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 26ª, en 26 de agosto de 1997.

Informes de Comisión:

Obras Públicas, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.

Constitución, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.

Hacienda, sesión 5ª, en 17 de octubre de 2000.

Discusión:

Sesiones 8ª y 9ª, en 7 y 8 de noviembre de 2000 (queda pendiente su discusión general), y 15ª, en 5 de diciembre de 2000 (queda pendiente su votación general).

El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-

Señores Senadores, la discusión general se encuentra cerrada, por lo que corresponde votar.

Hago presente a Sus Señorías que para la aprobación del proyecto se requieren 27 votos afirmativos.

Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.

El señor NÚNEZ.-

Señor Presidente , ¿está cerrado el debate?

El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-

Sí, señor Senador.

El señor BOENINGER.-

Señor Presidente , sólo quiero reiterar una sugerencia que en el curso del debate hicimos varios señores Senadores en el sentido de que, si se aprueba la idea de legislar -lo que me parece lógico-, el proyecto pase para su segundo informe a las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda, unidas, ya que la materia es de interés para ambas.

El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-

El señor Senador se refiere a que la iniciativa sea analizada en particular por dichas Comisiones. Así está establecido en la petición.

El señor LARRAÍN.-

Pido la palabra.

El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-

Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , por tratarse de la modificación de un Código, considero inevitable que la materia se conozca también por la Comisión de Constitución. Me parecería delicado que en la discusión particular no sucediera así.

El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-

Eso se verá después del pronunciamiento de la Sala.

En votación general el proyecto.

--(Durante la votación)

El señor PRAT.-

Señor Presidente , voy a votar en contra, porque la futura ley va a producir una gran desarticulación de la legalidad en torno de las aguas en nuestro país.

Para atender un problema circunscrito a una zona determinada y a una actividad específica, cual es la hidroeléctrica, la iniciativa afecta a la totalidad de la asignación de aguas en el país, perjudicando gravemente a la agricultura y a la minería. La solución que pretende dar al inconveniente producido en la generación de energía hidroeléctrica, será a costa de producir una grave alteración en el mercado de las aguas relacionado con la agricultura y en el desarrollo de proyectos mineros.

El hecho de establecerse en la normativa una tasa exponencial por el no uso de aguas, va a perjudicar considerablemente los proyectos mineros, que no pueden concebirse si no disponen en forma clara de derechos de aguas, por cuanto muchas veces se van a llevar a cabo diez o quince años después; pero que sin esos derechos, es imposible imaginarlos y levantar los capitales necesarios para concretizarlos.

Las disposiciones contenidas en la iniciativa que establecen la necesidad de especificar el destino de las aguas en la agricultura, van a traer fuertes complicaciones y, dada la responsabilidad que se pretende entregar a funcionarios públicos para calificar el uso de las aguas, se provocarían distorsiones tremendamente inconvenientes en cuanto a lo que se entiende por una correcta asignación de recursos, lo que en una economía de mercado debe hacerse de acuerdo a las estimaciones de cada cual.

Por eso, señor Presidente , soy un ferviente defensor de las fórmulas planteadas para solucionar las dificultades existentes. Si hay problemas de orden monopólico respecto de las aguas en el área de la hidroelectricidad, entonces que se aborden por vía de la legislación antimonopolios. Ése es el camino adecuado. Si se debe establecer un cobro por la tenencia de derechos de agua que deba financiar la administración del sistema y que, de alguna manera, signifique un desincentivo a la acumulación de derechos sin mayor destino, entonces fijemos una contribución general y pareja.

Pero no llevemos esto al absurdo, como el de obligar a pagar patentes crecientes por el no uso de derechos eventuales. La esencia de tales derechos es que no se usen, porque fueron concebidos como elementos eventuales. Y el proyecto establece sobre ellos tasas crecientes en el tiempo; o sea, se cae en verdaderos absurdos como el que estoy señalando.

A mi juicio, el proyecto genera una cercanía -así ha ocurrido en su trámite de años en el Parlamento, ya que se originó en una iniciativa de quien hoy es Presidente de la República cuando fue Ministro de Obras Públicas-, porque se ha creído que con él se resuelve un problema serio: el de la hidroelectricidad. Sin embargo, a lo largo de la discusión se ha ido tomando conocimiento de que produciría un daño muy grande en la asignación de recursos hídricos destinados a la agricultura y a la minería.

Por lo tanto, el proyecto en su esencia, en lo más fundamental, es inconveniente. Creo que todos estamos dispuestos a buscar una solución a los problemas existentes en el ámbito monopólico si ellos requirieran de una ley nueva, pues lo más probable es que con las normas actualmente vigentes sea posible resolverlos. Sin embargo, no podemos pensar que se logrará solucionar las dificultades a través de esta iniciativa, por cuanto ésta va a provocar un daño muy grande -como señalé- en la asignación de recursos hídricos en la generalidad de las áreas de nuestra economía.

Por eso, voto que no.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, intervendré brevemente, porque ya lo hice extensamente en sesiones anteriores.

A mi juicio, el proyecto trata de un asunto muy importante. Es probable que se apruebe la idea de legislar. Sin embargo, quiero hacer llegar una señal de preocupación muy grande respecto de diversas disposiciones en él contenidas, particularmente la relativa al fondo del problema de cobrar una patente por el no uso del agua. Con ello, se crea un incentivo perverso, el de "dejar la llave abierta", como lo he denominado.

Ése es un primer punto central; el segundo, es el de la discrecionalidad funcionaria. El proyecto entrega un conjunto de facultades a funcionarios de la Administración Pública que, desgraciadamente, permite todo tipo de presiones y de influencias hacia las personas que deban calificar la entrega de un derecho de aprovechamiento de agua. Eso, a mi juicio, puede ser una fuente de dificultades de todo orden. No quiero entrar a prejuzgar, pero obviamente es una materia muy delicada.

En tercer lugar, creo que debiésemos tener un diagnóstico más claro respecto de la creación de un catastro y saber exactamente en qué consiste. Yo mencioné los informes de organismos especializados. He tenido a la vista diversos documentos sobre el particular. Además, cuando el actual Presidente de la República fue Ministro de Obras Públicas , tuvimos varios debates con respecto a esta materia. Él sabe -al igual que muchos señores Senadores- que diversas personas conocen el tema. Ahí está el informe del Banco Mundial, elaborado por los señores Ríos y Quiroz , al cual hice mención. Ahí están los informes de TACS, publicados por ILADES-Georgetown University. Tales documentos señalan que debemos centrar el debate en la existencia de un mercado más perfecto en lo que dice relación a las aguas.

A mi juicio, estamos interviniendo indebidamente en un asunto donde es perfectamente factible encontrar una salida a través de las instituciones que -según algunos- funcionan muy bien en Chile y mediante presentaciones a la Comisión Antimonopolios, para evitar la concentración de derechos, la que no comparto. Pero, obviamente, hay un camino distinto.

Probablemente -y vuelvo a repetirlo-, este proyecto será aprobado en su idea general. Sin embargo, votaré en contra como una señal, por cuanto me parece que es importante introducir modificaciones sustantivas. Hago tal advertencia, porque deseo realizar un aporte constructivo mediante la presentación de indicaciones, para que el día de mañana tengamos un Código de Aguas que se avenga con los tiempos modernos.

Voto que no.

El señor SABAG.-

Señor Presidente , esta iniciativa legal se encuentra en el Parlamento desde 1992; vale decir, ha tenido una larga trayectoria. Evidentemente, su objetivo es modificar el procedimiento para otorgar derechos de aguas. Todos sabemos que hoy día es muy fácil obtenerlos: basta con que se presente la solicitud, conforme a la normativa administrativa; que exista disponibilidad de aguas en el río donde recae la petición, y que no se afecten derechos concedidos. No es necesario indicar para qué se necesitan los caudales, y ni siquiera presentar un proyecto. Si las aguas son para riego, no se requiere ser propietario ni de una hectárea de terreno, pues sólo se piden los derechos y la autoridad administrativa está en la obligación de concederlos.

Ese procedimiento se ha traducido en que gran parte de las aguas concedidas no se utilicen. El país dispone de 30 mil metros cúbicos por segundo de aguas no consuntivas, de los cuales en la actualidad sólo se ocupa 1 mil 699 y se han concedido 11 mil 203. Además, hay peticiones en trámite que alcanzan los 39 mil 509 metros cúbicos.

¿Qué se pretende a través de este proyecto de ley? Cambiar las reglas del juego para el otorgamiento de ese derecho sobre un preciado y escaso bien, como son las aguas, y que se concede gratuitamente. Así, la persona que las necesite y las solicite deberá decir cuántas hectáreas desea regar, y les serán otorgadas conforme a esa petición. Si las va a utilizar en el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico, industrial o minero, tendrá que explicar cuáles son las minas, darlo a conocer e indicar el plazo que requiere para ponerlo en marcha; vale decir, deberá exponer las razones por las que solicita el derecho. De esta forma se evitará otorgarlo de la manera como se ha estado haciendo hasta hoy.

¿Qué pretendemos respecto de los derechos ya constituidos, los que, de acuerdo con esta iniciativa legal, pasan a ser propiedad de la persona? Que se utilicen en beneficio de la producción del país y no sean acaparados. Hace algunos días, el señor Ministro de Obras Públicas citó el caso de una compañía minera de cobre que invirtió 1 mil 300 millones de dólares y no disponía de aguas; pero un particular que contaba con ellas y que no había pagado ni un solo peso, se las vendió en una suculenta cantidad de millones de dólares.

Eso es lo que deseamos evitar. Por tal motivo, se establece que las personas que no utilicen el agua deberán pagar patente después de transcurrido un cierto número de años del no uso de aquélla.

Se ha hecho alusión a los agricultores. No estoy en contra de ellos, porque todos pagan por sus derechos. Conviene tener presente que una hectárea sin riego cuesta entre 500 y 600 mil pesos; pero basta que lo tenga para que las contribuciones de bienes raíces alcancen los tres o cuatro millones de pesos por hectárea. Vale decir, paga por ese derecho, use o no use el agua.

¿Qué perjuicios tendrá la normativa para el agricultor? ¡Ninguno! Si se le otorga por primera vez una concesión, por el sólo hecho de construir compuertas, se da por entendido que está usando las aguas. Si no las utiliza, paga por concepto de contribuciones de bienes raíces.

Ahora bien, en cuanto a los tranques y a las nuevas obras de riego que se están construyendo, lo cierto es que se venden acciones, y éstas evidentemente representan un costo para el agricultor, quien, además, debe pagar derechos por su uso y para mantener el canal. Lo mismo pasa con los demás canalistas, los cuales tienen que pagar por derechos de mantención. Ése es el costo anual.

Señor Presidente , aquí no se pretende perjudicar a nadie, ni mucho menos a los agricultores ni a las personas emprendedoras. Se trata de regular, en beneficio del país, un bien escaso que pertenece a todos los chilenos y que está siendo acaparado por muchos para obtener grandes utilidades, sin que él sea utilizado.

Con respecto a las patentes que se pretende cobrar, éstas incluso serán devueltas después de dos o tres años.

En virtud de esta regulación, el Estado chileno no desea obtener mayores ingresos para las regiones y comunas, sino constituir una fuente de presión para que las personas usen el agua o devuelvan el derecho concedido por un bien que es escaso.

Voto a favor.

El señor STANGE.-

Señor Presidente , creo que en la aprobación del proyecto puede haber un viso de inconstitucionalidad, porque tal vez se afectarían los números 23º y 24º del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por tal motivo, me pronuncio en contra.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , ha habido un extenso debate sobre la materia y un largo proceso de tramitación de esta iniciativa legal, lo cual pone en evidencia o confirma la trascendencia que han tenido las aguas a través de la historia en todos los países y cómo ellas han sido fuente de conflictos muy graves.

La sola circunstancia de que este proyecto permanezca ocho años en el Parlamento demuestra, por una parte, que existe un problema en orden a que la legislación actual no es la adecuada; y, por otra, deja en claro que las soluciones fundamentales propuestas en él no son las mejores y, en algunos casos, hasta inconvenientes.

Lo anterior hace que yo sea contrario al texto que se nos propone. Pero deseo ser consecuente con la forma en que he actuado en casos equivalentes a éste.

Estamos frente a un problema muy importante, ante un proyecto ya aprobado por la Cámara de Diputados y cuyo rechazo por parte del Senado traería como consecuencia que vaya directamente a Comisión Mixta y, con ello, evitar un examen más acucioso de sus normas, las cuales -como dije- en algunos casos son confusas y en otros resultan inconvenientes.

La señal de votarlo en contra es algo que respeto y, tal vez, la considero adecuada. Pero dado el hecho de que es un proyecto al que de todas maneras tendremos que abocarnos, prefiero que las diversas modificaciones que puedan introducirse -porque tengo conciencia de que las requiere- sean analizadas en plenitud por el Senado, en una o más Comisiones, mediante un examen acucioso.

Durante mi participación en lo que ha sido el análisis detallado de esta iniciativa legal, he aprobado muchas normas y desechado otras. Quizás en general rechazo el arma más importante que ella contiene. Pero -tal como lo señalé-, porque existe conciencia de que es necesario modificar algunas disposiciones y porque ciertamente deberemos abocarnos a ese examen, soy partidario de que éste se realice con la debida calma por las Comisiones técnicas del Senado, y no en forma apresurada por una Comisión Mixta. La materia es demasiado importante para resolverla por ese camino.

Por ello, consecuente con la actitud que he sustentado por años en esta Corporación respecto de proyectos aprobados ya en general en la Cámara de origen, me pronunciaré en forma favorable -hago, sí, absoluta reserva de mi fuerte rechazo hacia la mayor parte de las disposiciones propuestas-, en la esperanza de que seamos capaces de introducir en el Código de Aguas modificaciones que realmente impliquen un avance en una materia tan trascendente para Chile.

Por esa consideración y con la reserva indicada, voto que sí.

El señor VALDÉS.-

Señor Presidente, por las razones que expresé cuando se inició el debate del proyecto, lo votaré favorablemente.

Es indispensable que un recurso escaso y crecientemente delicado desde el punto de vista de su mantenimiento, sea considerado un bien nacional destinado a propósitos concretos y no un objeto de propiedad privada absoluta, al margen de su conservación y uso.

El señor HAMILTON.-

Señor Presidente, tal como anuncié en la primera sesión en que comenzamos a tratar en general la iniciativa, me pronunciaré positivamente.

Confío en que el Senado no demorará mucho en despacharla en particular, dado que la discusión llevada a cabo durante meses y meses en la Comisión de Obras Públicas; en la de Constitución, Legislación y Justicia, y en la de Hacienda ha sido bastante exhaustiva, no sólo respecto de las ideas matrices, sino también del articulado.

Un señor Senador se refirió a las dudas de constitucionalidad. Éstas fueron planteadas públicamente y recogidas por la Comisión de Constitución, donde (para tranquilidad de ese Honorable colega) después de analizar diversos informes la gran mayoría de sus miembros se pronunció favorablemente sobre la constitucionalidad del texto.

Voto que sí.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, apoyaré la idea de legislar por las razones que di a conocer en su oportunidad.

Ahora, aprovechando la presencia del titular del Ministerio de Obras Públicas, en primer término reitero mi solicitud de que en alguna instancia, o por cuerda separada, se pudiese incluir la versión original del manejo integrado de cuencas, que a mi juicio es fundamental para asegurar la calidad y cantidad de las aguas.

En segundo lugar, espero que en la discusión en particular se pueda lograr una distribución más equitativa, en cuanto a los porcentajes a nivel comunal, regional y nacional, del ingreso que derivará del uso y del no uso de las aguas.

Voto a favor.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , en los debates, tanto en Comisión como en la Sala, he sostenido que comparto uno de los objetivos centrales del proyecto, cual es el de impedir que los derechos de aprovechamiento concedidos de acuerdo al sistema vigente no sean utilizados.

Eso es especialmente grave en el ámbito de los derechos no consuntivos, puesto que las centrales hidroeléctricas, o las generadoras de electricidad, acaparan tales derechos y crean una serie de conflictos que afectan, no sólo el interés nacional, sino también el particular de muchas personas que, por dicha razón, no pueden usar sus aguas para otras finalidades, algunas atinentes a derechos consuntivos.

Igualmente, he hecho presente que la fórmula contemplada en el texto propuesto, consistente en el cobro de una patente por no uso de las aguas, ha sido objetada desde diversas perspectivas. Por ejemplo, ha merecido reparos de constitucionalidad (yo mismo he hecho reserva al respecto) y desde el punto de vista técnico, como una mala manera de incentivar el uso de las aguas. En fin, dicha fórmula ha sido cuestionada en varios aspectos.

Hemos expresado nuestra voluntad de respaldar otras alternativas distintas de las señaladas, entre ellas la de recurrir a la legislación antimonopolios para combatir y evitar la concentración de derechos de aprovechamiento. Para corregir esa situación hemos redactado un anteproyecto de ley tendiente a cobrar patente con independencia del problema de uso o no uso de las aguas, que es el que levanta las inquietudes técnicas sobre la materia.

Por eso, discrepamos de la fórmula concreta propuesta en la iniciativa, pero reitero nuestra disposición a estudiar otra modalidad para evitar la concentración abusiva de los recursos hídricos.

También hemos dado a conocer la inquietud que la normativa en debate provoca en el ámbito agrícola. Como muy bien se ha dicho aquí, actualmente los agricultores pagan, a través de las contribuciones de bienes raíces, un mayor costo cuando su predio cuenta con derechos de agua. Este hecho implica para su tierra mayor valorización, por lo cual la contribución de bienes raíces es superior. Y el pago es independiente de que se usen o no las aguas.

Ése es el concepto que propiciamos para los derechos no consuntivos. Como dije, hoy los propietarios agrícolas pagan por los derechos de aprovechamiento existentes en sus propiedades. No rehuimos el tema: deben pagar. Sin embargo, según el proyecto, el productor que posee derechos de aprovechamiento de aguas -y por ello, repito, paga mayores contribuciones de bienes raíces- pero que no las utiliza por motivos de su estricto arbitrio, adicionalmente al pago más alto de contribuciones puede tener que pagar patente por no uso de aquéllas, lo cual es absurdo. Eso no sólo significa un doble pago, sino que éste es innecesario y de discutible constitucionalidad y rigor técnico.

Por lo tanto, para el mundo rural y para las inversiones mineras de largo plazo las normas contenidas en el proyecto resultan inconvenientes. Además, se originarían situaciones como la que acabo de mencionar, en que los propietarios también deberían pagar patente por el eventual no uso de sus derechos de aprovechamiento. Y esto no nos parece bien.

Reitero nuestra más absoluta voluntad para impedir el acaparamiento de derechos de agua por parte de las centrales hidroeléctricas. Hemos presentado iniciativas en esa dirección que son concordantes con el objetivo perseguido por el Ejecutivo , pero a través de una fórmula distinta de la consignada en el texto propuesto, el cual, al despertar cuestionamientos constitucionales y técnicos, crea dificultades que ciertamente no compartimos.

Asimismo, las inquietudes que desde el mundo rural han planteado entidades representativas de los agricultores, que impugnan diversos aspectos del proyecto, nos han movido también a hacer presente que su situación se vería vulnerada debido a que ya están pagando derechos de agua a través de las contribuciones de bienes raíces.

Por lo expuesto, y siempre abierto a buscar otras alternativas para lograr el objetivo que se pretende, pero sin limitaciones constitucionales o técnicas, voto que no.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, lo contemplado en el proyecto es menos malo que el sistema vigente.

No hace mucho un ex Primer Mandatario manifestó que había que otorgar justicia dentro de lo posible. Dadas las circunstancias, quiero avanzar un poco más en esas expresiones y señalar que tenemos democracia también dentro de lo posible, ya que hemos debido reparar hechos desgraciados que se consolidaron en un Régimen no democrático.

El problema central nació con la privatización de las empresas eléctricas, cuando se les entregó, por nada, un elemento tan vital como el agua potable, sin que estuvieran en situación siquiera de ocupar las aguas en ese tiempo ni tampoco en el mañana.

El segundo aspecto que incidió en el problema fue el hecho de separar la propiedad de la tierra de los derechos de agua, los cuales fueron entregados a personas inescrupulosas, que pudieron inscribirlos sin tener el dominio de la tierra, aprovechándose, en muchos casos, de la ignorancia de algunos agricultores a quienes después les vendieron las aguas de acuerdo con sus necesidades.

Pero lo esencial es que ni en el momento actual ni en el proyecto se considera el agua como un elemento vital para la existencia de los seres humanos. En la prehistoria, el hombre sólo se organizaba a la orilla de un río o un lago, pues de otra manera no habría podido subsistir. Después del aire, el agua es, quizás, el elemento más fundamental.

Creo que en un corto tiempo hemos venido adquiriendo, cada vez más, no un criterio solidario, sino un criterio economicista, y hemos convertido el agua en un negocio. Se la hemos entregado, en todo el país, a los más fuertes. Los más fuertes le quitan el agua a los más débiles, a los más chicos. En el norte, las grandes empresas del cobre le quitan el agua a los coyas, que la necesitan para su subsistencia. En el sur le han quitado las aguas a los mapuches, sin que éstos hayan podido impetrar razón alguna para recuperarlas, por desconocimiento del aparataje legal que se les creó.

Por estas razones, señor Presidente , no siendo éste el mejor proyecto, el que hubiese querido de acuerdo con mi formación humanista y cristiana, me veo en la obligación de aceptar una iniciativa que, aunque superior a lo actual, es mala y en modo alguno va a resolver los grandes problemas de hoy, y menos los que se van a crear a futuro, por las necesidades del ser humano de contar con agua para poder subsistir. De hecho, ya se han generado algunas guerras por causa de este elemento. Y, pese a que la humanidad deberá soportar en los próximos años una carencia de este vital bien, hoy no somos capaces, en este Senado, de pensar correctamente y de sacar un buen proyecto, donde el aspecto solidario de un elemento tan esencial como el agua se sitúe por delante de los intereses económicos.

Por lo anterior, señor Presidente, y muy a mi pesar, me veo en la obligación de votar favorablemente el proyecto, por considerarlo un mal menor.

El señor SEPÚLVEDA ( Secretario subrogante ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (29 votos por la afirmativa y 8 por la negativa) y se fija como plazo para presentar indicaciones el 19 de enero, a las 14.

Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Boeninger, Canessa, Cordero, Foxley, Frei ( doña Carmen), Hamilton, Horvath, Lavandero, Matta, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Urenda, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zurita.

Votaron por la negativa los señores Chadwick, Fernández, Larraín, Martínez, Matthei, Prat, Romero y Stange.

El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-

Quiero hacer presente que la Comisión de Hacienda solicitó que este proyecto fuera estudiado en particular por ella y por la Comisión de Obras Públicas, unidas. Sin embargo, ahora el Honorable señor Larraín ha pedido que también vaya a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

La Mesa sugiere que el debate pormenorizado de la iniciativa sea llevado a cabo por las Comisiones de Constitución y de Obras Públicas, unidas, y que luego el proyecto sea enviado a la de Hacienda para su análisis en los aspectos propios de este organismo.

El señor PIZARRO.-

Eso parece bastante más razonable, señor Presidente. Las Comisiones de Constitución y de Obras Públicas son los órganos técnicos para estos efectos. La de Hacienda sólo debería revisar aquellas materias que son de su competencia.

El señor SABAG.-

Señor Presidente , se había propuesto enviar la iniciativa a las Comisiones de Hacienda y de Obras Públicas, unidas, por estimarse que ellas son los órganos técnicos. Además, la Comisión de Constitución ya evacuó un informe acerca de la constitucionalidad del proyecto.

El señor LARRAÍN.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-

Sí, señor Senador.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, es cierto que la Comisión de Constitución ya examinó la iniciativa, pero no lo hizo en razón de su constitucionalidad ni tampoco emitió informe sobre este aspecto, sino que la analizó porque ella debe revisar todas las normas que vayan a estar contenidas en un código. En el caso que nos ocupa, se trata de un proyecto que modifica el Código de Aguas y, en consecuencia, debe ser revisado íntegramente por la Comisión de Constitución, que es el órgano técnico en materia de códigos, cualquiera que sea el contenido de éstos.

Por lo tanto, acojo el planteamiento formulado por la Mesa en cuanto a enviar la iniciativa a las Comisiones de Obras Públicas y de Constitución, para que sea estudiada en conjunto por éstas, para luego ser tramitada a la Comisión de Hacienda respecto de aquello que le compete, lo cual sí es una cuestión mucho más circunscrita y menor y que le permitiría hacer una revisión bastante rápida del texto aprobado por las Comisiones unidas.

El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-

Si le parece a la Sala, entonces, el proyecto sería enviado, para su discusión particular, a las Comisiones de Obras Públicas y de Constitución, unidas, y luego a la de Hacienda, para su análisis en lo que a ésta corresponda.

Acordado.

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSION GENERAL DEL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CODIGO DE AGUAS. BOLETIN N° 876-09 (Indicaciones)

(3 plazos)

ARTICULO 1°

Nº 1

1.- De la H. Senadora señora Matthei, para reemplazarlo por el siguiente:

“1.- Incorpórase, en el artículo 6º, el siguiente inciso final, nuevo:

“Si el titular renunciare total o parcialmente a su derecho de aprovechamiento, deberá hacerlo mediante escritura pública que se inscribirá o anotará, según corresponda, en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente. El Conservador de Bienes Raíces informará de lo anterior a la Dirección General de Aguas, en los términos previstos por el artículo 122. En todo caso la renuncia no podrá ser en perjuicio de terceros. Para poder inscribir la renuncia el Conservador deberá contar con un certificado de la respectiva junta de vigilancia que acredite estar al día en sus pagos, o el certificado de la respectiva comunidad o asociación que deje constancia que la renuncia no impide o dificulta el ejercicio de los demás derechos de aprovechamiento al interior de los canales u obras de conducción.”.”.

2.- Del H. Senador señor Díez, y 3.- de los HH. Senadores señores Cariola, Chadwick, Fernández, Stange y Urenda, para agregar, al artículo 6º, el siguiente inciso final, nuevo:

“En todo caso, la renuncia no podrá ser en perjuicio de terceros, en especial si disminuye el activo del deudor en relación con el derecho de prenda general de los acreedores.”.

º º º º

4.- De los HH. Senadores señora Matthei y señor Novoa, y 5.- del H. Senador señor Larraín, para intercalar, a continuación del Nº 1, el siguiente, nuevo:

“...- Intercálase en el inciso segundo del artículo 14, después de la palabra “uso”, la expresión “y restitución,”.

º º º º

Nº 2

6.- De los HH. Senadores señora Matthei y señores Bombal, Larraín y Novoa, y 7.- del H. Senador señor Prat, para reemplazar el inciso primero del artículo 22 propuesto por el siguiente:

“Artículo 22.- La autoridad constituirá el derecho de aprovechamiento sobre aguas existentes en fuentes naturales, no pudiendo perjudicar ni menoscabar derechos de terceros.”.

8.- De los HH. Senadores señores Cariola, Chadwick, Fernández, Stange y Urenda, y 9.- de la H. Senadora Matthei, para suprimir, en el inciso primero del artículo 22 propuesto, la frase “y en embalses estatales”.

º º º º

10.- De los HH. Senadores señora Matthei y señor Novoa, y 11.- del H. Senador señor Larraín, para intercalar, a continuación del Nº 2, el siguiente, nuevo:

“...- Agrégase al artículo 28 el siguiente inciso nuevo:

“Las empresas de generación eléctrica sólo podrán constituir o adquirir derechos de aprovechamiento no consuntivos. Sin embargo, podrán constituir o adquirir derechos de aprovechamiento consuntivos, cuando demuestren que ellos son necesarios para desarrollar u operar una determinada central eléctrica.”.”.

º º º º

12.- De S.E. el Presidente de la República, para incorporar, a continuación del actual Nº 2, el siguiente Nº 3, nuevo:

“3.- Agrégase en el inciso segundo del artículo 65, entre las palabras “Aguas” y “a”, la frase “de oficio o”.”.

º º º º

Nº 3

13.- De la H. Senadora señora Matthei, para reemplazar el número 7, propuesto, en la letra b), por el siguiente:

“7. Las resoluciones judiciales ejecutoriadas que reconozcan la existencia de un derecho de aprovechamiento o declaren la extinción total o parcial de un derecho de aprovechamiento no consuntivo.”.

Nº 6

14.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“6.- Agréganse al artículo 122 los siguientes incisos, nuevos:

En especial, en el Catastro Público de Aguas existirá un Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, el cual deberá ser mantenido al día utilizando entre otras fuentes la información que emane de escrituras públicas y de inscripciones que se practiquen en los registros de los Conservadores de Bienes Raíces.

Para los efectos señalados en el inciso anterior, los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar a la Dirección General de Aguas, por carta certificada, copias autorizadas de las escrituras públicas, inscripciones y demás actos que se relacionen con derechos de aprovechamiento de aguas y organizaciones de usuarios de agua, dentro de los 30 días siguientes a la fecha del acto que se realice ante ellos. Estarán, asimismo, obligados a enviar a este Servicio la información que en forma específica solicite el Director General de Aguas, en la forma y plazo que él determine, debiendo asumir, en este caso, dicho Servicio los costos involucrados. El incumplimiento de esta obligación por parte de Notarios y Conservadores será sancionada según lo previsto en el artículo 440 del Código Orgánico de Tribunales.

Existirá asimismo en el Catastro Público de Aguas un Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Agua No Inscritos en los Registros de Agua de los Conservadores de Bienes Raíces Susceptibles de Regularización en virtud del artículo segundo transitorio de este código, en el cual se indicará el nombre completo de su titular, caudal y características básicas del derecho. Este registro servirá como antecedente suficiente para determinar los usos de agua susceptibles de ser regularizados.

La Dirección General de Aguas, para cada una de las regiones del país, dictará las resoluciones que contengan los derechos de agua registrados en el Catastro Público de Aguas. Dichas resoluciones se publicarán en el Diario Oficial los días quince de enero, quince de abril, quince de julio o quince de octubre de cada año o el primer día hábil inmediato si aquéllos fueren feriados. La última publicación se realizará el año 2006, entendiéndose que a esa fecha los registros deberán estar completos.

Sin perjuicio de lo señalado en este artículo y de lo establecido en el artículo 150 inciso segundo, los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, cualquiera sea el origen de éstos, deberán inscribirlos en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas. Con relación a los derechos de aprovechamiento que no se encuentren inscritos en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, no se podrá realizar respecto de ellos acto alguno ante ningún Servicio Público.”.

15.- De la H. Senadora señora Matthei, para reemplazar los incisos tercero y cuarto, propuestos, por los siguientes:

“Para los efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes, los Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar copia autorizada a la Dirección General de Aguas y a la Junta de Vigilancia respectiva, por carta certificada, de todas las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que practiquen en los Registros de Aguas correspondientes dentro del plazo de treinta días, contado desde la respectiva inscripción, subinscripción o anotación.

Los Conservadores que no cumplan con las obligaciones establecidas en este artículo serán sancionados con las penas previstas en el artículo 440 del Código Orgánico de Tribunales.”.

Nº 7