MODIFICA LEY DE ALCOHOLES, BEBIDAS ALCOHOLICAS Y VINAGRES Y DEROGA LIBRO II LEY 17.105

BOLETIN N° 1192-11

Según estudios e informes proporcionados por la Universidad de Chile, Instituto Médico Legal y Carabineros de Chile, existen en nuestro país 1.800.000 personas que beben en exceso, de los cuales 500.000 son alcohólicas.

Podemos apreciar la magnitud del problema de acuerdo con los porcentajes dados a conocer por las mencionadas Instituciones, y que grafican las cifras totales indicadas precedentemente:

- Bebedores excesivos mayores de 15 años, 20%.

- Bebedores excesivos jóvenes entre 9 y 15 años, 15%

- Bebedores excesivos en la masa laboral, 30%

- Suicidios productos de estado de ebriedad, 25%

- Actos criminales cometidos en estado de ebriedad 52%

- Siete de cada diez accidentes de tránsito se producen por conducción en estado de ebriedad.

Por otra parte ya no es posible negar la estrecha vinculación e incidencia del alcoholismo con la delincuencia, la violencia intrafamiliar y en el ausentismo laboral, lo que convierte este flagelo en un problema social y económico de proyecciones incalculables para el desarrollo sano y armónico de nuestra comunidad nacional.

La legislación actualmente vigente no permite atacar el problema desde los diversos ángulos que su urgencia y gravedad ameritan.

En efecto, sus disposiciones no contemplan medidas eficaces en materia de fiscalización; las sanciones pecuniarias aplicables a las infracciones cometidas a la Ley son irrisorias, si se comparan con las ganancias ilegales obtenidas; las medidas de prevención y rehabilitación de alcohólicos no son sino mera declaraciones de voluntad, ya que no se contemplan recursos efectivos que las puedan financiar; la competencia para conocer de dichas infracciones que corresponden a los Jueces del Crimen no permite procedimientos ágiles y oportunos, ya sea por la insuficiencia y lejanía de esos tribunales o por lo engorroso de su tramitación; el excesivo centralismo en la toma de decisiones dificulta su aplicación con conocimiento de las realidades locales; y por último la diversidad de patentes que se pueden otorgar a un mismo establecimiento entorpece enormemente su control y el control horario de funcionamiento de los establecimientos de expendio.

Lo expresado hace evidente la necesidad de contar con un cuerpo legal que contemple disposiciones efectivas y realistas acordes con la urgencia y gravedad del problema y que lo ataquen no sólo en sus consecuencias, sino en sus raíces, asunto que no se satisface con los diversos proyectos actualmente en trámite en el Congreso Nacional y que se encuentran allí radicados desde hace 4 años, sin avances significativos y con un gasto en recursos humanos y materiales considerable.

Por los antecedentes anteriormente expuesto y para una mayor expedición en el tratamiento de este trascendental tema es que vengo en someter a la consideración de la H. Cámara de Diputados un nuevo Proyecto que refunde en un sólo cuerpo legal todos aquellos referidos a modificaciones de la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres en actual vigencia y que se encuentran pendiente de tramitación, contenidas en los Mensajes, Boletines N°s. 192 323 y 562 11; y en las Mociones, Boletines N° 152 07 de la Diputada señora Cristi; 153 07 de la Diputada señora Caraball; 954 07 del Diputado señor Espina y Diputada señora Cristi; 497 15 del Diputado señor Dupré; 494 07 del Diputado señor Campos; 185 11 de los Diputados señores Ringeling y Horvath; y 269 4 del Diputado señor Dupré.

El Proyecto que por este acto se propone contiene las siguientes modificaciones sustanciales:

1.- Aumentar considerablemente las multas aplicables por infracciones a la Ley de Alcoholes, con el objeto de que sean realmente disuasivas.

2.- En caso de que el infractor sea un menor, aplicar la sanción a los padres o guardadores.

3.- Restringir el otorgamiento de patentes a una por local (terminar con patentes adicionales). Lo que permite implantar restricción horaria efectiva y por tipo de local.

4.- Prohibir la venta a menores de 18 años y la adquisición de alcohol por éstos; y el consumo de alcohol en lugares públicos en forma absoluta.

5.- Otorgar competencia a los Jueces de Policía Local para conocer todo lo relacionado en materia de alcoholes; al Juez de Letras sólo los lugares en que no haya Juzgados de Policía Local, o resulten raíz de las infracciones lesiones menos graves o graves.

6.- Autorizar a Intendentes, Gobernadores y Alcaldes para solicitar directamente al Juez de Policía Local el allanamiento de clandestinos; y para solicitar clausura y clausurar establecimientos de expendio donde se altere el orden y tranquilidad ciudadana o se cometan delitos.

7.- Fijar el grado de dosificación de alcoholes en la sangre de 0,8 por mil, concordando con la mayoría de las legislaciones modernas.

8.- Promover la participación de las empresas del rubro en programas de prevención del alcoholismo.

9.- Crear una Comisión Inter Ministerial para la elaboración y aplicación de planes y programas destinados a prevenir y rehabilitar a consumidores del alto riesgo.

10.- Los negocios que expendan alcohol deberán funcionar en lugar en que se otorgó la patente.

11.- Se propone que los ingresos por multas se destinen a programas de prevención y rehabilitación.

12.- Se propone que en los colegios se enseñe obligatoriamente nociones de fisiología y temperancia.

13.- Fijar a través de los planos reguladores u ordenanzas municipales la ubicación de establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas.

14.- Facultar a los Municipios para reducir horarios a establecimientos del rubro.

15.- La declaración de establecimiento necesario para el turismo a los cuales puede otorgar patente, se radica en el Intendente Regional.

16.- Informar previamente el número de patentes limitadas que se fijará para cada comuna.

17.- Solicitar al Juez competente la clausura definitiva de un negocio cuando este constituya peligro para la tranquilidad y moral públicas.

18.- Solicitar en forma verbal o escrita al Juez competente la entrada y registro de propiedades particulares cuando se tengan indicios que allí se venden, proporcionan o distribuyen bebidas alcohólicas.

PROYECTO DE LEY

ARTICULO 1°: Las disposiciones contenidas en la presente Ley tienen por objeto determinar la penalidad de la embriaguez; el desempeño y conducción en estado de ebriedad; el expendio y consumo abusivo de bebidas alcohólicas; la clasificación de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas y el otorgamiento de las patentes; el procedimiento judicial aplicable a la transgresión de dichas disposiciones y las sanciones pecuniarias correspondientes; y las normas que promuevan la prevención del alcoholismo y la rehabilitación de los alcohólicos.

TITULO I

DE LA PENALIDAD DE LA EMBRIAGUEZ

ARTICULO 2°: Se prohibe el consumo de bebidas alcohólicas en calles, plazas, campos deportivos y demás lugares públicos o abiertos al público.

Los infractores a esta disposición serán detenidos por personal de Carabineros de Chile para ser puestos a disposición del Juzgado de Policía Local competente, y sancionados con una multa de un cuarto de Unidad Tributaria mensual. más recargos legales y costas personales.

El Juez de la causa, atendidas las circunstancias de carecer el infractor de los medios necesarios para pagar la multa, podrá sancionarlo con uno a tres días de trabajo sin remuneraciones en favor de la Municipalidad respectiva.

ARTICULO 3°: Todo individuo mayor de 18 años que fuere encontrado en manifiesto estado de embriaguez, en lugares públicos o abiertos al público, será castigado con una multa de media Unidad Tributaria mensual más recargos legales y costos personales.

La referida multa podrá ser reemplazada por el Juez de la causa, atendidas las mismas circunstancias y con la misma pena que señala el inciso tercero del artículo 2° de la presente ley, aumentada en un día.

ARTICULO 4°: Los detenidos por las causales indicadas en los artículos 2° y 3° podrán ser dejados en libertad por el Jefe de la Unidad Policial o del Establecimiento Penitenciario, previa comprobación de domicilio y pago del valor de la multa, recargos legales y costas personales, quedando obligados a comparecer al Juzgado a la audiencia inmediata.

La consignación será fijada anticipadamente por el Juez correspondiente, quien la comunicará a las Unidades de Carabineros de Chile y a los Establecimientos Penales comprendidos en su territorio jurisdiccional. La mencionada consignación no podrá exceder el máximo de la multa y sus recargos.

No obstante, si se comprobaré por un facultativo especializado que el aprehendido padece de alguna patología que hubiere inducido a error a los funcionarios policiales, como epilepsia, trastorno mental u otro semejante, se le pondrá de inmediato en libertad, sin caución y se tomarán las medidas necesarias para que reciba atención médica.

Los Servicios de Asistencia Pública y Hospitales, deberán prestar atención a las personas que se encuentren en los casos señalados precedentemente, y que les sean enviados por las autoridades policiales y judiciales.

El costo de la atención a que se refiere el inciso precedente deberá ser cancelada por el favorecido, salvo que por informe social emitido por la Municipalidad del domicilio del detenido se declare lo contrario.

Si las personas arrestadas fueren menores de edad, se deberá en el acto proceder a ubicar a sus guardadores o a quien esté al cuidado del menor para notificarles la detención de que ha sido objeto dejándose constancia de ello en el libro de partes correspondientes.

ARTICULO 5°: Para los efectos de esta ley, se considerarán habilitados para el cumplimiento de las condenas impuestas por los juzgados competentes, los calabozos existentes en Unidades de Carabineros de Chile o los lugares de detención y tratamientos antialcohólicos.

ARTICULO 6°: Los menores de 18 años que fueren encontrados en manifiesto estado de ebriedad en los lugares indicados en el artículo 3°, serán juzgados y penados de acuerdo a las leyes sobre protección de menores, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a quienes estén a su cuidado.

ARTICULO 7°: La persona que hubiere sido condenada por ebriedad dos veces en los últimos doce meses por resolución judicial, deberá asistir a alguno de los programas educativos y de prevención que impartan las municipalidades o instituciones dedicadas a la lucha contra los efectos nocivos del alcohol.

ARTICULO 8°: La persona que hubiere sido condenada por ebriedad más de dos veces en los últimos doce meses, por resolución judicial, deberá participar en un programa de tratamiento para bebedores problema y alcohólicos, por el período que señale el Juez, previo informe médico ya sea en forma ambulatoria u hospitalizado, sin perjuicio que cumpla con las otras sanciones que le sean aplicadas.

El costo del programa o de la hospitalización, en su caso, deberán ser cancelados por el infractor, salvo que por informe social emitido por la Municipalidad respectiva se declare lo contrario. Tratándose de menores o de quienes se encuentren sujetos a las curadurías contempladas en los artículos 456 y siguientes y artículos 469 y siguientes del Código Civil, dichos costos deberán ser pagados por sus respectivos guardadores, excepto que se emita el informe social ya mencionado precedentemente.

ARTICULO 9°: Los dueños, empresarios, administradores o empleados de los establecimientos de bebidas alcohólicas clasificados en el artículo 28° que vendan, proporcionen o suministren bebidas alcohólicas a menores de edad, serán sancionados con una multa de cinco a diez Unidades Tributarias mensuales.

En igual pena incurrirán los que admitan a ebrios en el lugar de la venta o sus dependencias, los que permitan a sus consunúdores beber hasta embriagarse y los que toleren que se provoquen escándalos o desórdenes dentro de sus establecimientos.

ARTICULO 10°: Los dueños, empresarios, administradores o empleados de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas indicados en el artículo anterior, deberán exigir a sus consumidores, que aparentemente tengan menos de 18 años, la cédula de identidad.

Se prohibe a los menores de 18 años adquirir bebidas alcohólicas. La infracción a esta prohibición será sancionada con una multa de media Unidad Tributaria mensual, que se aplicará a los guardadores del menor o a quien lo tenga a su cuidado.

ARTICULO 11°: La reincidencia en el suministro de bebidas alcohólicas a menores de 18 años se sancionará en la forma que determina el artículo 57.

ARTICULO 12°: El cónyuge o los hijos menores de una persona que en los últimos doce meses haya sido condenada más de una vez por ebriedad, y que vivan a sus expensas, tendrán derecho a percibir para su mantenimiento, el 50% de los sueldos o salarios que aquel devengue, o igual cuota de cualquier prestación en dinero que perciba.

Para este efecto, el Juzgado que haya impuesto la segunda condena deberá ordenar de oficio o a petición de parte, que se notifique al empleador o persona que pague al condenado sus emolumentos o suma de dinero para que retenga el porcentaje indicado y lo entregue al cónyuge o hijos menores.

ARTICULO 13°: La contravención a lo dispuesto en el artículo anterior hará al infractor directamente responsable de las sumas que haya dejado de percibir el cónyuge o hijos menores del condenado. Sin perjuicio de esta responsabilidad, deberá pagar una multa de tres a, cinco unidades tributarias mensuales.

TITULO II

DE LA PREVENCION Y REHABILITACION

ARTICULO 14°: En todos los establecimientos educacionales del país de enseñanza básica, media y diferencial, se deberá enseñar obligatoriamente nociones de fisiología y temperancia con apoyo de medios audiovisuales y cuadros murales que demuestren gráficamente las consecuencias del abuso de bebidas alcohólicas.

Este capítulo deberá estar contemplado en los programas de estudio que elabore una Comisión Interministerial compuesta por los Ministerios de Educación y Salud.

ARTICULO 14° bis: Se procurará que las empresas que promuevan la colocación de bebidas alcohólicas en el mercado participen en los programas de prevención del alcoholismo, incluyendo en la publicidad que difundan a través de los medios de comunicación social, mensajes destinados a tal efecto.

ARTICULO 15°: El Ministerio de Educación, con el fin de facilitar el cumplimiento del programa educativo descrito en el artículo 14°, proporcionará gratuitamente manuales y material de enseñanza a todas las escuelas y colegios del país, municipalizados y particulares subvencionados y organizará curso de capacitación de profesores que permitan disponer de por lo menos un docente especializado en la prevención del abuso de alcohol por cada establecimiento educacional.

Una Comisión Interministerial compuesta por los Ministerios Educación, Salud y Trabajo estará encargada de implementar y fomentar programas de prevención del abuso de bebidas alcohólicas para ser impartidos en empresas, servicios públicos y municipalidades; y de arbitrar las medidas y efectuar los estudios necesarios para evaluar los resultados.

ARTICULO 16°: Todos los Servicios de Salud del país que se financien en todo o parte con fondos fiscales deberán tener programas de tratamiento y rehabilitación para bebedores excesivos y alcohólicos. Estos programas incluirán plazas de hospitalización, consulta externa especializada y tratamiento ambulatorio en todos los establecimientos de salud de nivel primario, sean éstos dependientes de los Municipios o de los Servicios de Salud.

Deberá procurar que en estos programas participen organizaciones de la comunidad que faciliten la rehabilitación de las personas que abusan del alcohol, tales como los Clubes Rehabilitadores de Alcohólicos, Alcohólicos Anónimos y otros.

ARTICULO 17°: A dichos programas asistirán las personas condenadas por ebriedad para quienes la ley imponga un tratamiento médico y las personas que lo soliciten.

ARTICULO 18°: El cónyuge o el padre o madre de familia que se encuentre de ordinario bajo la influencia del alcohol, de modo que no les sea posible dirigir correctamente sus negocios o propender al sostenimiento de su cónyuge e hijos, podrá ser internado en hospitales que cuenten con programas de tratamiento para bebedores problema y alcohólicos a petición de cualquiera de los miembros mayores de su familia.

El Juez procederá con conocimiento de causa, breve y sumariamente, oyendo personalmente al interesado y a sus parientes, previo informe médico que constate la circunstancias de que se trata de un alcohólico y precise la duración que deba darse al tratamiento. Contra la resolución judicial que se dicte sólo procederá el recurso de queja.

El menor sometido a tutela o curatela podrá ser internado a petición del tutor o curador de conformidad a las disposiciones del inciso precedente.

El menor que se encuentre bajo patria potestad podrá ser internado a petición del padre o la madre, por el período que fije la Dirección del Hospital.

Cualquiera de los miembros mayores del grupo familiar podrá solicitar, que la persona que se encuentre de ordinario bajo los efectos del alcohol que maltrate habitualmente de obra o de palabra a alguno de los componentes del mencionado grupo, le sean aplicadas todas o algunas de las siguientes medidas:

1.- Asistencia del agresor a programas de tratamiento y rehabilitación para bebedores problema y alcohólicos.

2.- Interrupción de la cohabitación del agresor con el grupo familiar; y

3.- Prohibición del acceso del agresor al domicilio del grupo familiar.

El Juez procederá en la forma establecida en el inciso segundo del presente artículo, debiendo precisar la duración de las medidas indicadas precedentemente. En caso de reincidencia, éstas se podrán prolongar por el tiempo que el tribunal estime necesario.

Si el agresor fuere un menor, el Juez deberá indicar en la resolución correspondiente, la Institución u Hogar de Menores que deberá recibirlo por el tiempo que duren las medidas contempladas en los números 2 y 3 establecidas en el inciso 5°.

ARTICULO 19°: En los programas de tratamiento y rehabilitación para bebedores problema y alcohólicos deberán establecerse actividades especiales para los menores de 18 años.

ARTICULO 20°: Cinco días antes de terminar el período de la hospitalización, la Dirección del Hospital enviará a la autoridad que haya decretado la reclusión o a la familia del asilado, un informe sobre el resultado del tratamiento; y te no hubiere dado resultados positivos, el Juez o la familia en su caso, podrán prolongar la duración de la misma por el tiempo necesario.

ARTICULO 21°: A petición de cualquiera de los miembros de la familia del asilado, podrá nombrarse a éste un curador por el tiempo que dure la hospitalización. Los demás asilados tendrán por curador al Director del Hospital.

ARTICULO 22°: Los programas o planes de prevención y rehabilitación de alcohólicos se financiarán con los recursos previstos en el artículo 75° de la presente ley y demás recursos que el fisco deberá destinar para estos efectos.

TITULO III

DEL DESEMPEÑO Y CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD

ARTICULO 23°: Sin perjuicio del examen de alcoholemia, Carabineros de Chile podrá someter a una prueba respiratoria destinada a determinar la presencia del alcohol en la sangre o en el organismo, a toda persona que conduzca o se apreste a conducir un vehículo en lugares públicos o abiertos al público.

Si la prueba resultare positiva o indicare que dicha persona se encuentra bajo la influencia del alcohol, los funcionarios policiales podrán prohibirle la conducción por el tiempo que fuere necesario para su recuperación, el cual no podrá exceder de una hora por cada 0.10 gramos de alcohol en la sangre, y además exigirle que se someta inmediatamente a un examen destinado a determinar su dosificación de alcohol en la sangre. Durante ese término el afectado deberá permanecer bajo la vigilancia policial para cuyo efecto podrá ser conducido a las Unidades de Carabineros, a menos que se allane a inmovilizar el vehículo por el tiempo fijado o señale a otra persona que se haga cargo de la conducción.

Se sancionará con multa de dos a cuatro unidades tributarias mensuales y suspensión de licencia de conducir por el término de 6 meses a un 1 año, al que conduzca un vehículo durante el tiempo de la prohibición.

ARTICULO 24°: Todo patrón de embarcación y maquinista de ferrocarriles, como asimismo todo conductor de vehículos motorizados o a tracción humana o animal, bicicleta o triciclo, guardafrenos o cambiador que se desempeñe o conduzca en estado de ebriedad, será castigado con presidio menor en su grado mínimo y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales, aunque no cause daño o sólo cause daños materiales o lesiones leves. Se repuntarán leves todas las lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor de diez días.

Si a consecuencia del desempeño o conducción en estado de ebriedad se causaren lesiones menos graves o graves, la pena será de presidio menor en su grado medio y multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales.

Si resultare la muerte de una o más personas se impondrán al culpable las penas de presidio menor en su grado máximo y multa de ocho a veinte unidades tributarias mensuales.

Habrá desempeño o conducción en estado de ebriedad, cuando el informe de alcoholemia o el examen de ella arroje una dosificación igual o superior 0,8 gramo por mil de alcohol en la sangre o en el organismo. Se entenderá asimismo que hay desempeño o conducción en estado de ebriedad, cuando el ebrio fuere sorprendido en circunstancias que hagan presumir que se apresta a conducir en ese estado o que acaba de hacerlo, presunción que admitirá prueba en contrario.

En los delitos previstos en el inciso primero, se aplicará como pena accesoria el retiro o suspensión del permiso o autorización para conducir vehículos por el término de seis meses a un año; de uno a dos años si se causaren lesiones menos graves o graves, y de dos a cuatro años si resultare la muerte. En caso de reincidencia, los plazos máximos señalados en este inciso se elevarán al doble, debiendo el Juez decretar el retiro definitivo del permiso cuando estime que el manejo del vehículo ofrece peligro para el tránsito o seguridad pública.

Las medidas indicadas en el inciso precedente no podrán ser suspendidas; pero, tratándose del retiro definitivo, el Juez podrá, después de transcurrido el tiempo requerido para la prescripción de la pena principal, alzar la prohibición de conducción cuando nuevos antecedentes así lo justifiquen.

ARTICULO 25°: El funcionario municipal que, a sabiendas, otorgue o conceda permiso o autorización para conducir vehículos a cualquiera persona impedida por alguna de las sanciones a que se refieren los incisos precedentes, será penado con una multa de seis a diez unidades tributarias mensuales y suspensión del cargo sin goce de remuneraciones por el término de un mes y en caso de reincidencia, el doble de la multa y destitución de su cargo, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 10 de la Ley N° 18.290.

ARTICULO 26°: La circunstancia de huir del lugar donde se hubiere cometido alguno de los delitos a que se refiere el artículo 24, será apreciada por el Juez como una presunción que podrá ser suficiente para establecer la culpabilidad del imputado.

Los funcionarios de Carabineros de Chile someterán inmediatamente al detenido a un examen respiratorio a fin de determinar si ha ingerido alcohol. Sólo cuando la prueba respiratoria resulte positiva, el detenido será sometido a un examen tendiente a determinar la dosificación de alcohol en la sangre o en el organismo. En la misma oportunidad se le someterá a un examen de orina, para determinar la presencia de drogas en el organismo.

Habiendo signos externos de ebriedad, y aunque el examen respiratorio resulte negativo, el detenido deberá ser sometido a un examen de orina, para los fines indicados en el inciso anterior.

Estos exámenes se verificarán en los laboratorios dependientes del Servicio Médico Legal o en cualquier establecimiento hospitalario expresamente habilitado por dicho Servicio, el que podrá impartir instrucciones que deberán ser cumplidas por todas las reparticiones indicadas, aún cuando ellas no dependan de este Servicio. Estos exámenes deberán también practicarse al particular que lo solicite.

La circunstancia de negarse el detenido a dichos exámenes será apreciada por el Juez como una presunción a la que podrá dar valor suficiente para establecer la embriaguez del acusado o la presencia de drogas en el organismo. En la práctica de estos exámenes deberá ser desechable el material que tenga contacto con el examinado.

Este examen tendrá mérito probatorio suficiente para establecer la dosificación de alcohol en la sangre o en el organismo. El funcionario que lo practique estará exento de la obligación de prestar juramento y no requerirá nombramiento especial. El informe contendrá la firma de la persona que lo haya efectuado y la visación del Jefe respectivo.

El detenido será siempre puesto a disposición del Juez, quien no podrá decretar su excarcelación sino una vez que le haya tomado declaración indagatoria, previo pago en efectivo de la fianza que el Tribunal fije.

TITULO IV

DEL EXPENDIO Y DE LAS PATENTES

ARTICULO 27°: Todos los establecimientos que expendan, proporcionen, distribuyan o mantengan bebidas alcohólicas, estarán sujetos a la vigilancia e inspección de Carabineros de Chile, de los Inspectores Municipales y del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes.

Los dueños, empresarios o regentes de estos establecimientos, o cualquier persona, que estorben o impidan la entrada de los mencionados funcionarios, incurrirán en la pena señalada en el artículo SS° de esta ley.

La inspección podrá practicarse en caso de resistencia, con el auxilio de la fuerza pública.

En la misma multa incurrirán las personas indicadas en el inciso segundo, si no tuvieran cédula de identidad o se negaren a exhibirla. En estos casos, esas personas serán detenidas y puestas a disposición del Juzgado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los Intendentes, Gobernadores y Alcaldes fiscalizarán el cumplimiento de esta ley, y para este efecto podrán solicitar, en forma verbal o escrita, al Juez de Policía Local o al Juez del Crimen competente, la entrada y registro de propiedades particulares, de conformidad con las normas establecidas en el párrafo 3° del Título II del Libro II del Código de Procedimiento Penal.

Si de los antecedentes proporcionados se desprenden indicios que en la propiedad cuyo registro se solicita se venden, proporcionan o distribuyen clandestinamente bebidas alcohólicas, el Juez requerido deberá decretar de inmediato tal diligencia, la que deberá llevarse a efecto con el auxilio de la fuerza pública a más tardar dentro de las 24 horas desde que se formulo la petición respectiva.

ARTICULO 28°: Todos los establecimientos de bebidas alcohólicas quedarán clasificados dentro de las siguientes categorías y tendrán las características que se señalan:

1°.- DEPOSITOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, para ser consumidas fuera del local de venta o de sus dependencias;

2°.- HOTELES, ANEXOS DE HOTELES, CASAS DE PENSION O RESIDENCIALES.

a) Hotel y Anexo de Hotel, en el que se preste servicio de hospedaje y alimentación. El expendio deberá realizarse en las dependencias destinadas para tales efectos;

b) Casas de Pensión o Residenciales, que proporcionen alojamiento y comida, principalmente por meses. El expendio se hará exclusivamente a los alojados, en las horas de almuerzo o comida y sólo en los comedores;

3°.- RESTAURANTES DIURNOS O NOCTURNOS, sin derecho a baile, a representaciones o espectáculos, con expendio de bebidas alcohólicas a los clientes que concurran a ingerir alimentos preparados;

4°.- CABARET O PEÑAS FOLCLORICAS;

a) Cabaret, con espectáculos artísticos y expendio de bebidas alcohólicas,

b) Peñas Folclóricas, destinadas a difundir el folclore nacional, con venta de bebidas alcohólicas;

5°.- CANTINAS, BARES Y TABERNAS, con expendio de bebidas alcohólicas y venta de alimentos fríos;

6°.- NEGOCIOS DE EXPENDIO DE CERVEZA O SIDRA DE FRUTAS, que podrán funcionar en forma aislada o junto a negocios de pastelería, fuentes de soda u otros análogos;

7°.- QUINTA DE RECREO O SERVICIO AL AUTO, que reúnen las condiciones de bar, restaurante y cabaret; pero con playa de estacionamiento de automóviles para sus clientes, jardines y arboledas;

8°.- SUPERMERCADOS O MINIMERCADOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, que funcionarán anexos a supermercados de comestibles y en los cuales se podrá expender bebidas alcohólicas envasadas al por mayor o al detalle, para ser consumidas fuera del local de venta;

9°.- HOTELES, MOTELES, HOSTERIAS O RESTAURANTES DE TURISMO:

a) Hotel de Turismo, en que se presta al turista servicio de hospedaje, sin perjuicio de cumplir otros servicios complementarios, y que comprende las patentes de hotel, restaurante, cantina y cabaret,

b) Hostería de Turismo, en la que se presta al turista servicio de hospedaje y alimentación, con expendio de bebidas alcohólicas,

c) Motel de Turismo, en el que se proporciona servicio de hospedaje en unidades habitacionales independientes o aislada entre sí, dotadas de elementos que permitan la preparación de comidas,

d) Restaurante de Turismo, que comprende las patentes de restaurante, cantina y cabaret;

10°.- BODEGAS ELABORADORAS O DISTRIBUIDORAS DE VINOS, LICORES O CERVEZA QUE EXPENDAN AL POR MAYOR, en cantidades no inferiores a 200 litros, si se trata de venta a granel o de 48 botellas si la venta es de bebidas envasadas;

11°.- CASAS IMPORTADORAS DE VINOS O LICORES CON VENTA AL POR MAYOR, destinadas a la venta al por mayor de vinos y licores importados;

12°.- AGENCIAS DE VIÑAS O DE INDUSTRIAS DE LICORES ESTABLECIDAS FUERA DE LA COMUNA, que vendan, por intermedio de comisionistas o corredores, vinos o licores en representación y por cuenta de una o más viñas o de una o más fábricas de licores o de ambas, siempre que éstas se encuentren ubicadas fuera de la comuna donde el agente ejerce su actividad;

13°.- CIRCULOS O CLUBES SOCIALES CON PERSONALIDAD JURIDICA, con expendio de bebidas alcohólicas y alimentos;

14°.- INSTITUCIONES DE CARÁCTER DEPORTIVO O CULTURAL, siempre que tengan patente de restaurantes;

15°.- SALONES DE TE O CAFETERIAS, en los que se permitirá también el expendio de cerveza de baja graduación alcohólica, y de vino, siempre que venga envasado de origen en unidades de una capacidad máxima de 300cc.

16°.- SALONES DE BAILE O DISCOTECAS, en los cuales sólo se permitirá baile con música grabada u orquestas, sin representaciones con números en vivo.

ARTICULO 29°: Los negocios de expendio de bebidas alcohólicas clasificados en el artículo anterior que se indican, tendrán el siguiente horario de funcionamiento:

Depósitos de Bebidas Alcohólicas, Restaurantes Diurnos, Negocios de Expendio de Vino, Cerveza o Sidra de Frutas, Supermercados de Bebidas Alcohólicas, Bodegas Elaboradas o Distribuidoras de Vinos, Licores o Cerveza que expendan al por mayor, Casas Importadoras de Vinos o Licores con venta al por mayor, Agencias de Viñas o de Industrias de Licores establecidos fuera del área urbana, Salones de Té o Cafeterías, de 9:00 a 23:00 horas.

Restaurantes Nocturnos, Cabaret, Peñas Folclóricas, Quintas de Recreo, Salones de Baile o Discotecas, de 19:00 a 03:00 horas;

Cantinas, Bares, Tabernas y Servicios al Auto, de 10 a 24 horas.

El Alcalde, con acuerdo del Consejo podrá reducir hasta en dos horas el horario de funcionamiento fijado en los inciso anteriores.

ARTICULO 30°: Las patentes para hoteles, moteles, hosterías o restaurantes de turismo, sólo podrán otorgarse a los establecimientos declarados necesarios para el turismo por Intendente Regional, previa solicitud del Alcalde con acuerdo de Concejo.

A petición del Alcalde con acuerdo del Concejo, se derogará la declaración de establecimiento necesario para el turismo, cuando cualquier negocio de los establecidos precedentemente, no cumpla con los fines turísticos que fundamentaron tal declaración.

ARTICULO 31°: Las Municipalidades sólo podrán otorgar patentes para el expendio de bebidas alcohólicas en la parte urbana de las comunas.

No obstante, podrá autorizarse este expendio en la parte rural, siempre que el establecimiento esté ubicado con frente a un camino público y a una distancia no menor de cien ni mayor de mil metros de una Tenencia o Retén de Carabineros.

En los pueblos y aldeas cuya población no sea superior a 2.000 habitantes, sólo podrá otorgarse Fpatente a los establecimientos situados en la calle principal y que se encuentren a una distancia no inferior a 150 ni superior a 500 metros de los referidos cuarteles.

No quedará sujeta a las limitaciones a que se refiere este artículo la concesión de patentes en los balnearios o lugares de veraneo o turismo, siempre que los establecimientos respectivos paguen la patente más alta en su rubro, la cual en ningún caso deberá ser inferior a diez Unidades Tributarias mensuales.

ARTICULO 32°: No podrán funcionar negocios de expendio de bebidas alcohólicas conjuntamente o colindantes con agencias de crédito prendario.

ARTICULO 33°: Los negocios con expendio de cerveza podrán vender también sidras de frutas, siempre que el grado alcohólico de éstas no sea superior al de la cerveza, y de vino, siempre que vengan envasado de origen en unidades de una capacidad máxima de 300cc.

ARTICULO 34°: Las patentes se concederán en conformidad a las disposiciones de la Ley de Rentas Municipales, sin perjuicio de las modificaciones contempladas en la presente Ley.

El valor de las patentes deberá ser pagado por semestres anticipados en los meses de enero y julio de cada año.

Los negocios de expendio de bebidas alcohólicas no podrán funcionar sin que hayan previamente pagado la patente que corresponda, ni podrán continuar funcionando sin tenerla al día, salvo que este hecho no fuere imputable al deudor y lo probare documentalmente. El infractor a esta disposición, sufrirá una multa de diez Unidades Tributarias mensuales, que se aumentarán a veinte, si persistiere.

ARTICULO 35°: Las Municipalidades podrán otorgar a un mismo establecimiento sólo una patente para el expendio de bebidas alcohólicas, aunque se considere distintas clasificaciones. El monto de dicha patente será la suma de todas las instancias incluídas. El concesionario sólo quedará autorizado para hacer funcionar durante los días y horas de clausura, el negocio o los negocios no afectos a esta medida.

ARTICULO 36°: En las ciudades balneario y lugares de turismo, cuya población no sea superior a 50.000 habitantes, las Municipalidades podrán otorgar patentes temporales para hoteles y casas de pensión en un número que no excede del 20% de las concedidas anualmente para esos negocios de funcionamiento permanente.

El Intendente Regional, previo informe del respectivo Alcalde con acuerdo del Consejo, fijará las ciudades balneario y lugares de turismo en los cuales las Municipalidades pueden conceder patentes temporales.

ARTICULO 37°: En cada comuna las patentes indicadas en los números 1, 5 y 6 del artículo 28 de la presente Ley no podrán exceder, en ningún caso, la proporsión de un negocio por cada 1.000 habitantes.

El número de patentes limitadas en cada comuna será fijado cada 3 años por el Intendente Regional previo informe del Alcalde con acuerdo del Consejo respectivo, tomando como base el número de habitantes que señale el Instituto Nacional de Estadísticas y distribuidos dentro de las diversas categorías señaladas en el inciso anterior.

Las Municipalidades otorgarán nuevas patentes a los establecimientos a que se refieren las categorías indicadas en el primer inciso, dentro de los márgenes que indique el Intendente Regional y no renovarán las otorgadas a los negocios ya establecidos cuando sean definitivamente clausurados por infracción a esta ley o disposiciones municipales.

Las patentes que no hayan sido pagadas en su oportunidad, serán cobradas judicialmente en conformidad a la Ley sobre Rentas Municipales.

ARTICULO 38°: Las Municipalidades determinarán en sus respectivos Planos Reguladores, o a través de Ordenanzas Municipales, las zonas de su territorio en las que podrán intalarse cantinas, bares o tabernas, cabaret y locales de expendió de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del respectivo local.

No obstante lo anterior, se prohibe la existencia de cantinas, bares o tabernas, cabaret, botillerías y locales de expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del respectivo local, a menos de 200 metros de los establecimientos de educación, salud o asistencia social, cárceles, mercados, ferias, mataderos, cuarteles de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, establecimientos industriales, garitas y terminales de las líneas de recorridos de los servicios de locomoción colectiva y estaciones de servicios que atiendan vehículos particulares o de locomoción colectiva.

Los negocios que después de establecidos resultaren afectados por esta disposición, sólo podrán seguir funcionando, siempre que el Juez de oficio o a petición de parte y con informe previo del Alcalde con acuerdo del Consejo, califique las circunstancias que hagan aconsejable el funcionamiento de ellos. El Tribunal deberá determinar las condiciones y el plazo, el que no podrá ser inferior a un año. Los negocios cuya patente haya caducado por cualquier causa o hayan sido clausurados no se les renovará la patente.

ARTICULO 39°: Las bodegas clasificadas en el número 10) del artículo 29, no podrán repartir bebidas embriagantes en los días y horas en que se prohibe su expendio, salvo que se trate de trasladar dichos productos para embarques o desembarques.

ARTICULO 40°: Todos los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, a excepción de hoteles y casas de pensión, deberán funcionar completamente independientes de todo otro negocio de giro diverso y , asimismo, absolutamente separados de la casa habitación del comerciante o de cualquier otra persona.

ARTICULO 41°: Los vinos o licores expendidos por los depósitos de bebidas, no podrán ser consun fidos en sitios anexos a ellos. El dueño, arrendatario o administrador del establecimiento deberá colaborar avisando a la fuerza pública en caso que se infrinja esta disposición.

ARTICULO 42°: Se prohibe la venta de bebidas alcohólicas en las vías, plazas y paseos públicos; en los teatros, circos y demás centros y lugares de espectáculo o diversiones públicas que no paguen las respectivas patente de alcoholes; como también en las estaciones ferroviarias.

No podrá autorizarse el expendio de bebidas alcohólicas en campos o recintos destinados a espectáculos deportivos.

No se entenderá prohibida por este artículo la entrega o reparto de bebidas alcohólicas a los establecimientos de expendio en los caminos públicos o vecinales.

En los días de Fiestas Patrias, las municipalidades podrán otorgar una autorización especial transitoria, por tres días como máximo, para que, en los lugares de uso público u otros que determinen, se establezcan fondas o locales donde podrán expenderse y consumirse bebidas alcohólicas. La Municipalidad correspondiente podrá cobrar a los beneficiarios los derechos que estime conveniente.

ARTICULO 43°: Por razones de interés nacional o de orden público, el Presidente de la República previo informe del Intendente Regional, podrá limitar o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en las regiones o localidades que estime conveniente.

Asimismo, se podrá prohibir la existencia de negocios de bebidas alcohólicas en sectores destinados a grupos habitacionales o en los alrededores de las estaciones de ferrocarriles, mataderos, mercados u otros.

Las personas que introduzcan, expendan o mantengan existencia de bebidas alcohólicas en una zona declarada seca, serán detenidas y puestas a disposición del Juzgado respectivo, y no podrán ser dejadas en libertad sino mediante el otorgamiento de una fianza no inferior al mínimo de la multa que deba aplicarse. Cada infracción será penada, además, con multa de cinco a diez Unidades tributarias mensuales y el comiso de las bebidas alcohólicas.

ARTICULO 44°: En las comunas en que se efectúe una elección popular, no podrán funcionar el día de la elección los depósitos de bebidas alcohólicas, cantinas, bares y tabernas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 116 de la Ley N° 18.700, la contravención a este artículo será sancionada con prisión inconmutable de 21 a 60 días, multa de cinco unidades tributarias mensuales y comiso de las bebidas.

ARTICULO 45°: En el exterior de todo establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas, se escribirá en letras perfectamente visibles la frase: Expendio de bebidas alcohólicas y la clasificación del negocio.

La patente deberá estar fijada en el interior en un lugar visible al público.

ARTICULO 46°: Se prohibe emplear a menores de 18 años en los lugares en que se expendan bebidas alcohólicas.

No quedan comprendidos en la prohibición del inciso precedente los mensajeros, ascensoristas, porteros, ayudantes de garzón, ayudantes de cocina, encargados de aseo y otros, que en razón de sus ocupaciones, no intervengan en el expendio de bebidas alcohólicas.

ARTICULO 47°: En las localidades declaradas zonas secas por el Presidente de la República, no podrán expenderse bebidas alcohólicas.

ARTICULO 48°: No podrá concederse autorización para la venta de bebidas

1°. Los miembros del Congreso Nacional, Intendentes, Gobernadores, Alcaldes y miembros de los Tribunales de Justicia;

2°. Los funcionarios de exclusiva confianza de Presidente de la República o de la autoridad facultada para hacer el nombramiento; y funcionarios de exclusiva confianza de los alcaldes.

3°. Los que hayan sido condenados por crímenes o simple delito;

Los dueños o administradores de negocios que hubieren sido clausurados definitivamente;

5°. Los miembros de los Concejos Regionales y Concejos Municipales.

6°. Los menores de 18 años.

7°. Dirigentes de Juntas de Vecinos y de otros organizaciones comunitarias.

ARTICULO 49°: A los clubes, centros o círculos sociales con personalidad jurídica, sólo podrá otorgárseles patente para el expendio de bebidas alcohólicas, con informe anual favorable de las respectiva Prefectura de Carabineros de Chile.

A las sociedades e instituciones con personalidad jurídica que deseen obtener patente de club, centro o círculo social con expendio de bebidas alcohólicas, sólo se les podrá conceder una patente de esta naturaleza salvo el caso de que la sociedad o institución, de acuerdo con sus estatutos, mantengan organizaciones filiales que cuenten con personalidad jurídica distinta de la matriz.

En ningún caso podrá otorgarse a una misma sociedad o institución más de una patente de club, centro o círculo social en cada comuna.

ARTICULO 50°: La Municipalidad respectiva deberá suspender la autorización concedida a los establecimiento con expendio de bebidas alcohólicas, en los casos siguientes:

1°. Si la patente hubiere sido concedida por error a alguna de las personas indicadas en el artículo 48,

2°. Si el local no reuniese condiciones de salubridad, higiene y seguridad que estipulan las Leyes o Reglamentos.

3°. Si la patente hubiere sido arrendada o cedida a cualquier título a alguna de las personas enumeradas en el artículo 48°.

4°. El hecho de que dentro del establecimiento o sus alrededores inmediatos se produzcan situaciones que atenten contra la moral, buenas costumbres y orden público.

5°. Reclamos reiterados de Juntas de Vecinos y otras Instituciones u Organizaciones Sociales de la comuna en contra del establecimiento.

ARTICULO 51°: Se prohibe la existencia de bebidas alcohólicas en cualquier local o negocio no autorizado para expenderlas, siempre que las circunstancias demuestren que dicha existencia tiene por objeto el expendio clandestino. Se presumirá que concurren tales circunstancias, cuando, además de las bebidas, se sorprendan vasos, medidas u otros utensilios comúnmente destinados al expendio. Se presumirá asimismo la concurrencia de tales circunstancias, cuando las bebidas se encuentren ocultas.

La infracción a lo dispuesto precedentemente, será penada con una multa de diez a veinte Unidades Tributarias mensuales, con el comiso de las bebidas y utensilios, y con la clausura del negocio.

La primera reincidencia será sancionada con multa de igual monto, comiso de las bebidas y utensilios y, además, con prisión inconmutable de 21 a 60 días.

El comiso de las bebidas y utensilios se efectuará en el momento de sorprenderse la infracción y será puesto a disposición del Juzgado respectivo.

ARTICULO 52°: Las personas naturales que expendan bebidas alcohólicas, aún ocasionalmente y los representantes de las personas jurídicas, en cuyos negocios se haga igual clase de expendio, sin tener patente que los autorice para ello, serán castigados con las penas indicadas en el artículo anterior.

No será necesario probar el hecho del pago para demostrar el expendio de las bebidas, siendo suficiente para acreditarlo cualquier otra circunstancia que indique que ha habido una venta clandestina.

Se presume el expendio clandestino en los negocios no autorizados para venderlas, por el solo hecho de permitirse el consumo dentro del local o establecimiento o en sus dependencias.

La venta de bebidas alcohólicas a cualquier negocio o medio no autorizado para venderlas, será sancionada con multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales. Igualmente, se sancionará con una multa de diez a veinte Unidades Tributarias mensuales a los distribuidores, a menos que acrediten justa causa de error en cuanto al destino que ha tenido la mercadería que han distribuido. El vehículo y cualquier otro medio utilizado para cometer esta infracción, será retenido por Carabineros y devuelto, una vez que se deposite en la Unidad Policial respectiva el valor equivalente al mínimo de la multa y sus recargos.

Los fabricantes de bebidas analcohólicas o de fantasía deberán expender sus productos envasados. El incumplimiento de esta norma será sancionado con una multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.

ARTICULO 53°: No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, en los casos en que no hubiere podido llevarse a efecto la clausura por ser el negocio o local denunciado, la casa habitación del condenado, o cuando la clausura causare grave daño a la familia del infractor por esta misma circunstancia, el Juez que ha impuesto la sanción, de oficio a petición del Delegado del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes o de cualquier persona y sin forma de juicio, podrá sustituirla, en la parte referente a la clausura, por prisión inconmutable de 1 a 60 días. La resolución que así lo ordene deberá indicar los fundamentos en que se apoya.

ARTICULO 54°: El otorgamiento de patentes en contravención a las disposiciones de la presente ley, será sancionado con una multa a beneficio municipal de diez a veinte unidades tributarias mensuales que se aplicará al Alcalde. Igual sanción se aplicará a los funcionarios municipales que emitan informes maliciosamente falsos, y que sirvan de base para el otorgamiento de las patentes o que no las eliminen en los casos previstos por la ley.

Para denunciar estas infracciones se concede acción pública.

ARTICULO 55°: Toda infracción a esta ley, que no tenga señalada una sanción especial, se castigará con multa de una a cinco Unidades Tributaria mensual; la segunda vez, se penará una con el doble de la multa; la tercera, con el triple de la multa que se haya sancionado la primera vez y clausura definitiva.

La persona que fuere condenada y no pagare la multa por cualquiera de las infracciones contempladas en esta ley, sufrirá por vía de sustitución y apremio, un día de prisión por cada dos centésimos de unidad tributaria mensual a que haya sido condenada, no pudiendo exceder la pena de 60 días.

ARTICULO 56°: Los negocios clausurados definitivamente sólo podrán reabrirse para el expendio de bebidas alcohólicas por distinto dueño y con otra patente. Salvo las situaciones contempladas en el inciso 3° del artículo 38.

Los negocios clausurados temporalmente podrán ser reabiertos antes del plazo cuando el propietario del inmueble acredite que lo destinará a otros usos. En todo caso para el alzamiento se requiere orden judicial.

La violación de la clausura será castigada con prisión en su grado medio o máximo inconmutable y comiso de las bebidas.

No se tomará en consideración para los efectos de determinar la reincidencia o reiteración, sino las infracciones cometidas en los últimos doce meses anteriores a la que motiva el juicio.

ARTICULO 57°: No obstante lo expuesto en el artículo anterior, el Juez, en cualquier caso, conociendo de un proceso, de oficio o a petición del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes, del Alcalde o del Consejo podrá clausurar definitivamente un negocio cuando éste constituya un peligro para la tranquilidad o moral públicas, sin que sea menester que se cumpla con el número de transgresiones necesarias para producir la clausura, ni que éstas sean especificas.

La resolución del Juez será fundada y apelable en el solo efecto devolutivo.

ARTICULO 58°: Sin perjuicio de las clausuras impuestas por la autoridad judicial, los Intendentes, Gobernadores y Alcaldes podrán clausurar los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas donde se hubieren

E1 afectado podrá reclamar de la clausura, dentro de diez días, ante el Juzgado de Policía Local o del Crimen correspondiente, quien deberá oír al afectado en un comparendo que se celebrará dentro del quinto día de ingresado el reclamo. En este comparendo el afectado por la clausura podrá presentar todas las pruebas que estime conducentes, las que serán apreciadas en conciencia.

En contra de la resolución judicial que decrete el alzamiento o mantención de la clausura sólo procederá el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo.

ARTICULO 59°: De las sanciones que se apliquen por infracción a las disposiciones de esta ley, serán solidariamente responsables los dueños, empresarios o regentes de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas.

ARTICULO 60°: Las bebidas y elementos decomisados a que se refieren los artículos 43 y 51, serán vendidos en pública subasta de acuerdo con lo que determine el Reglamento por el Secretario del Juzgado respectivo, y su producto, una vez deducidos los gastos del remate, se ingresará en la Tesorería Provincial correspondiente, para ser depositado en una cuenta especial que llevará la Tesorería General de la República.

Los recursos mencionados deberán ser destinados necesariamente a los programas de prevención y rehabilitación establecidos en la presente ley.

Sólo podrán concurrir como postores al remate los comerciantes de alcoholes que tengan su patente al día.

TITULO V

DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

ARTICULO 61°: Todas las infracciones que se castigan en este libro, se juzgarán en primera instancia por el respectivo juez de Policía Local, sin embargo en aquellas comunas en que dicho Juez no sea abogado, serán de conocimiento del Juez de Letras en lo criminal.

A falta de Juez Titular por cualquier motivo que sea, los juicios serán tramitados por el Secretario y fallados por Juez Subrogante.

ARTICULO 62°: Al momento de sorprenderse la infracción, Carabineros de Chile citará personalmente al inculpado a una audiencia que se celebrará dentro de los diez días siguientes a la fecha de la denuncia, y a la cual deberá concurrir personalmente el inculpado con sus testigos y demás medios probatorios. Para este objeto, el Juez fijará los días y horas en que se realizarán estas audiencias, lo que comunicará a las Comisarías respectivas.

ARTICULO 63°: En las infracciones a las disposiciones de esta ley que no tengan señalado un procedimiento especial regirán las normas siguientes:

El personal de Carabineros tendrá la obligación de denunciar por escrito las mencionadas infracciones al Juzgado de Policía Local o del Crimen que corresponda. Las Municipalidades también podrán formular este tipo de denuncias.

El Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes podrá denunciar al Juzgado las infracciones que comprobare y las que sean puestas en su conocimiento por los Intendentes, Gobernadores y Alcaldes, los directores de establecimientos de educación, las Juntas de Vecinos u otras entidades de carácter social, de beneficencia y de asistencia y protección de menores en situación irregular.

En el caso del inciso anterior, el Tribunal despachará orden de investigar y allanamiento a Carabineros, quienes serán considerados como testigos de cargo, en los casos que comprobaren los hechos denunciados.

En los casos en que la denuncia sea formulada por inspectores municipales, las firma deberán ser autorizadas por el Alcalde respectivo. Estos funcionarios podrán requerir directamente de Carabineros la protección que sea menester.

Una copia de la citación deberá acompañarse a la denuncia. Esta audiencia se celebrará con asistencia de las partes o en su rebeldía. No será necesaria la asistencia de los testigos de cargo y se tendrán como declaraciones juradas prestadas por éstos, las aseveraciones contenidas en la denuncia respectiva, siempre que tal documento aparezca firmado por dichos testigos y sus firmas autorizadas por el Comisario o Jefe de la Unidad Policial en el caso de Carabineros de Chile, y por el Alcalde

Cuando el Juez estime conveniente la comparecencia de personal de Carabineros de Chile o inspectores municipales, deberá fundamentar su resolución en forma circunstanciada, indicando los puntos que deberán ser aclarados.

Se levantará un acta que contendrá una relación sucinta de lo obrado y en la que para los efectos de la individualización de los testigos, bastará indicar sus nombres, apellidos y domicilio.

No se admitirán más de tres testigos por cada parte, debiendo los de descargo exhibir su cédula de identidad.

Se presumirá de derecho que son testigos profesionales en estos juicios, los testigos de descargo que hayan prestado declaración en tres o más de ellos.

ARTICULO 64°: El Juez podrá practicar de oficio las diligencias que creyera convenientes para el mejor esclarecinúento de los hechos denunciados.

Las citaciones o notificaciones serán hechas por el personal de Carabineros o por los funcionarios que hagan sus veces.

Las notificaciones se harán personalmente al denunciado; pero si éste no fuere encontrado, podrá el Juez ordenar que se le notifique por escrito, entregando el talón de la citación a cualquiera persona que se encuentre en el lugar.

En dicho talón deberá figurar el nombre del denunciado, la fecha y hora para la cual ha sido citado, la causa de la citación y la naturaleza de la infracción cometida.

ARTICULO 65°: La sentencia se dictará en el mismo comparendo o, a más tardar, dentro de los cinco días siguientes, sin necesidad de citación para sentencia.

La sentencia definitiva de primera instancia sólo contendrá la fecha en que se pronuncie, el hecho denunciado, el nombre, los apellidos y el domicilio del inculpado y la resolución que absuelva o condene, las disposiciones aplicables y, si se trata de resolución condenatoria, la obligación del infractor de pagar las costas procesales y personales de la causa.

Sólo la sentencia definitiva será susceptible del recurso de apelación y, para deducirlo, deberá el inculpado enterar la multa en la cuenta corriente del Tribunal, más recargos y costas.

El Tribunal de Alzada fallará sin más trámite que fijar día para la vista de la causa y sin esperar la comparecencia de las partes.

En las causas que versen sobre faltas o infracciones sancionadas por la Ley de Alcoholes, no procederán los recursos de casación en la forma ni en el fondo.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el Tribunal que conozca de la apelación podrá invalidar de oficio la sentencia por las causales primera, sexta, séptima, décima y undécima del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal.

ARTICULO 66°: En casos muy calificados, el Juez podrá dejar en suspenso la aplicación de la pena pecuniaria, beneficio que se revocará si se cometiere nueva infracción dentro de los seis meses siguientes.

ARTICULO 67°: En los libros copiadores de sentencias, tanto de primera como de segunda instancia, sólo se expresará el número y la fecha del parte, la fecha de la sentencia, el nombre y RU.T. del denunciado, los artículos infringidos y la absolución o condena.

ARTICULO 68°: La Corte Suprema dictará, en autos acordados, las normas prácticas que sean necesarias para el cumplimiento de las disposiciones procesales contenidas en este cuerpo legal, sea de oficio o a petición de las Cortes de Apelaciones o del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes.

En los casos de infracción de las disposiciones relativas al procedimiento y fallo de los juicios, los abogados y delegados del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes, deberán dar cuenta a la Corte de Apelaciones respectiva o podrán recurrir de queja ante la misma.

ARTICULO 69°: Cuando se investigue únicamente el desempeño o conducción en estado de ebriedad o en los casos en que, a consecuencia de éste, se haya ocasionado sólo daños o lesiones leves, las causas se tramitarán en conformidad a las disposiciones del presente Título.

Las indemnizaciones civiles causadas por los hechos indicados, podrán reclamarse en el mismo proceso, tan pronto quede ejecutoriado el fallo conforme a las reglas del juicio sumario.

ARTICULO 70°: Si, a consecuencia del desempeño o conducción en estado de ebriedad, se han ocasionado lesiones menos graves o graves, o la muerte, se seguirá la causa, ante el Juez del Crimen que corresponda, por los trámites del juicio ordinario por crimen o simple delito de acción pública, regido por el Código de Procedimiento Penal, con las modificaciones que se señalan en el artículo 26° y las que a continuación se indican:

a) Los abogados y delegados del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes figurarán en ellas como parte, sin necesidad de formular querella.

b) El personal de Carabineros de Chile tendrá la obligación de denunciar estos delitos por escrito. Las aseveraciones contenidas en la denuncia se tendrán como declaraciones juradas en conformidad al artículo 63° de esta ley.

c) No podrán acumularse estas causas sino con aquellas en las que se investigan otros delitos sancionados en el articulo 24° o cuasidelitos cometidos con ocasión de los mismos hechos. Las causas acumuladas se tramitarán por el procedimiento señalado en este artículo cuando comprendan sólo los delitos sancionados por desempeño en estado de ebriedad.

En los demás casos, se ajustarán en su tramitación a las reglas generales.

d) Las autoridades policiales que deban practicar las indagaciones inmediatas o las judiciales que lleven a efecto las primeras diligencias del sumario podrán ordenar, cuando fuere necesario, que les acompañe cualquier médico que fuere habido para prestar auxilio al ofendido. Si el profesional requerido se negare sin causa justificada, deberá pagar una multa de dos unidades tributarias mensuales.

e) El sumario será público, salvo que el Juez por razones fundadas, determine que deben mantenerse en secreto las actuaciones que se practiquen. El Departamento de Defensa de Alcoholes podrá siempre imponerse de las actuaciones del proceso.

f) El Juez deberá recabar el extracto de filiación y antecedentes del detenido y el certificado de las anotaciones que consten en el Registro Nacional de Conductores, una vez que el imputado preste la declaración indagatoria.

Ordenará, asimismo, la retención del carné, permiso o autorización que habilite para conducir, el que no será devuelto hasta que, basado en antecedentes calificados del proceso, el Juez estime que de la conducción no se derivará ningún peligro para la seguridad de las personas o para el tránsito público. En ningún caso, este beneficio podrá otorgarse al reincidente. En todo caso, el Tribunal no podrá conceder permisos provisorios de conducir a quien se encuentre declarado reo por los delitos a que se refiere este artículo.

g) Cuando el Tribunal lo estime suficiente, podrá solicitar el dictamen de un solo perito sobre cualquiera de los puntos comprendidos en la investigación, el que deberá expedirlo verbalmente mediante una declaración en la causa, o por escrito, según lo determine el Juez. Si lo estima necesario para la celeridad del proceso, podrá designar un perito diverso de los indicados en el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal.

El Tribunal podrá dar valor de plena prueba a dicho informe.

h) No se admitirán, en ningún estado del juicio, posiciones de las partes sino interrogatorios que serán siempre dirigidos por el Juez.

i) El sumario no deberá durar más de treinta días. En casos calificados, el Juez podrá ampliar este plazo, mediante resolución fundada en la cual deberá decretar todas las diligencias que sean necesarias para la pronta terminación del sumario.

Contra las resoluciones que amplian o cierran el sumario y niegan lugar a diligencias probatorias, no procederá el recurso de apelación.

j) Si, como consecuencia del manejo en estado de ebriedad, resultaren lesiones graves o la muerte de alguna persona, las autoridades policiales procederán a poner el vehículo a disposición del Tribunal, salvo que esté destinado a un servicio del Estado, a la locomoción colectiva o servicios municipales de utilidad pública.

Cuando existieren presunciones fundadas de culpabilidad, el Juez podrá ordenar la retención judicial del vehículo hasta que se caucionen las responsabilidades civiles.

El Juez en la resolución que ordena la retención procederá a fijar el monto de la caución.

No se admitirá otra caución que una fianza hipotecaria o un depósito de dinero o de efectos públicos o una garantía de una entidad aseguradora reconocida por el Estado.

No obstante, procederá a la devolución del vehículo y caducarán las cauciones rendidas:

a) Si se dicta en primera instancia sentencia definitiva absolutoria o sobreseimiento temporal o definitivo;

b) Cuando se cumplan o extingan las obligaciones civiles impuestas por la sentencia o las partes de común acuerdo lo soliciten, sin que sea necesario en este caso la concurrencia del Departamento de Defensa de Alcoholes, y

c) Cuando la medida ordenada sea sustituida por otra decretada por el Juez a instancia de parte.

l) Sólo serán apelables:

1°. Las resoluciones que se pronuncien sobre la libertad provisional del inculpado o reo;

2°. El auto de procesamiento;

3°. Las que se refieren a medidas adoptadas por el Juez para garantizar la acción civil. En estos casos las apelaciones se concederán en lo devolutivo;

4°. La sentencia definitiva, y

5°. El sobreseimiento temporal o definitivo.

11) El término probatorio para rendir prueba dentro de la comuna asiento del Tribunal será de diez días.

m) No será necesario, para que el Juez les otorgue valor probatorio, el reconocimiento de los instrumentos privados en la forma prevista en el artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, cuando en declaraciones o escritos hubieren sido reconocidos por las personas a quienes puedan perjudicar o de quienes emanen.

Tampoco será necesario, para el mismo efecto, el reconocimiento de los certificados, presupuestos, facturas o constancia expedidos por entidades o personas públicas o privadas que a juicio del Tribunal, invistan garantías de seriedad.

Lo dicho en este acápite rige también respecto de la prueba de la acción civil.

n) La sentencia definitiva no necesita cumplir con el requisito establecido en el número 3° del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal; pero el Juez describirá circunstanciadamente en uno de los considerandos, los hechos que se encuentren probados y que constituyan el delito por el cual se aplica la sanción.

ARTICULO 71°: Las responsabilidades pecuniarias procedentes de las infracciones de esta ley, gozarán del privilegio que para los impuestos fiscales otorgan las reglas de prelación de créditos del Código Civil sobre los establecimientos y sus anexos y sobre las mercaderías existentes.

En caso de transferencia, a cualquier título, de un establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas, el nuevo propietario será solidariamente responsable con el vendedor de las obligaciones pecuniarias provenientes de las infracciones en la forma establecida en el inciso anterior.

ARTICULO 72°: Los Secretarios de los Juzgados depositarán quincenalmente en la Tesorería Provincial respectiva, las sumas que perciban por las multas provenientes de las infracciones a las disposiciones de esta ley, debiendo llevar libros talonarios en la forma que les indique el Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes.

ARTICULO 73°: Carabineros de Chile y las Municipalidades enviarán oportunamente al abogado o sus delegados una copia de las denuncias que remitan a los juzgados, por infracciones a las disposiciones de esta ley.

ARTICULO 74°: Los Juzgados remitirán cada mes al Abogado u Oficina respectiva del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes o sus delegados una lista de todas las denuncias falladas y de las multas enteradas en arcas fiscales.

ARTICULO 75°: Los Delegados del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes percibirán únicamente cono honorarios por su actuación en las causas de la Ley de Alcoholes en que intervinieren, un 10% del total de las sumas que ingresen en las Tesorerías Provinciales por concepto de multas y recargos por infracciones a esta ley, honorario que se pagará mensualmente al interesado por la Tesorería respectiva.

El saldo se distribuirá como sigue: 50% a la Municipalidad donde se hubiere cometido la infracción para, el financiamiento y mantención de los programas de prevención y rehabilitación de alcohólicos; 40% al Ministerio de Salud para el financiamiento y mantenimiento de los programas de rehabilitación de alcohólicos; y 10% al Ministerio de Educación para el financiamiento y mantenimiento de los programas de prevención del alcoholismo.

ARTICULO 76°: Los ingresos que por concepto de costas reciban los Juzgados que tramiten causas de alcoholes, ingresarán a rentas generales de la Nación.

Las costas gozarán del mismo privilegio que tienen las multas y recargos según el artículo 71 de la presente ley.

DISPOSICION FINAL

ARTICULO 77°: Derógase el Libro II de la Ley N° 17.105, de 1969, sobre alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres. Las disposiciones legales que hagan referencia al Libro II de la Ley N° 17.105 se entenderán hechas a esta ley, en las materias a que dichas disposiciones se refieren.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO: Los negocios establecidos que resultaren afectados por la prohibición del inciso segundo del articulo 42°, sólo podrán funcionar, en lo que a ella respecta, hasta el vencimiento de la correspondiente patente semestral que se encuentre vigente.

ARTICULO SEGUNDO: Facúltase al Presidente de la República para coordinar y sistematizar las disposiciones de la presente ley con las del decreto ley N° 2.573, de 1979, sobre Estatuto Orgánico del Consejo de Defensa del Estado.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY DE ALCOHOLES, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y VINAGRES Y DEROGA EL LIBRO SEGUNDO DE LA LEY Nº 17.105.

BOLETÍN Nº 1192-11

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Salud pasa a informar en primer trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley del rubro, iniciado en moción de los H. Diputados señoras María Angélica Cristi y Martita Wörner, y señores Ribera, don Teodoro; Schaulsohn, don Jorge; Bayo, don Francisco; García, don José; Espina, don Alberto; Cantero, don Carlos; Melero, don Patricio, y Dupré, don Carlos, y con la adhesión de los Diputados señores Bombal, don Carlos., y Martínez, don Rosauro.

Con fecha 30 de abril del año en curso, S.E. el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia, con calificación de “simple”.

Durante su estudio, se contó con la participación de la abogada del Ministerio de Justicia señora Consuelo Gazmuri y la con la presencia y colaboración permanente del abogado asesor del mismo Ministerio señor Carlos López.

La Comisión, desde el año 1992 ha estado abocada al estudio del problema del alcoholismo. En esa virtud, a fin de reunir antecedentes sobre la materia, ha escuchado a representantes de diversos organismo públicos y privados, a quienes invitó a su seno en consideración a los cargos o a las calidades que, en su oportunidad, ostentaban. Así es como escuchó a la señora Martita Wörner, en su calidad de Subsecretaria de Justicia; al señor Rodrigo Quintana, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia; al doctor Alfredo Pemjean, Jefe de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud, al doctor Alberto Minoletti, de la misma Unidad, y a la señora Ely Loyola, abogada de esa Secretaría de Estado.

Asistieron, además, en representación del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes, el señor Ángel Campos, Jefe de Departamento, y los abogados señores Remberto Cancino y Nelson Manetti.

En representación de Carabineros de Chile, concurrieron el Teniente Coronel don Javier Carrasco y el Mayor de Justicia don Patricio Toledo.

Por el Ministerio del Interior, asistió el asesor don Juan Manuel del Valle.

Se recibió, además, la opinión de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, señora Oriana Zanzi; de la Subjefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación, señora Blanca Yon, y de la Jefa de la Fiscalía de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, señora Cecilia Bruzzone.

La Comisión, asimismo, dio cumplimiento al artículo 211 del Reglamento de la Corporación, en lo que respecta a audiencia pública, escuchando entre otras entidades, a representantes de los Alcohólicos Anónimos; de la Asociación de Rehabilitadores de Alcohólicos (ARDAS) de Chillán y de la Unión de Rehabilitadores de Alcohólicos de Chile (URACH). Además, se recibió a representantes de la Asociación Gremial de Propietarios de Botillerías y Depósitos de Licores de la V Región.

Cabe señalar que, no obstante existir en el seno de la Comisión un mensaje del Ejecutivo sobre el mismo tema, el Supremo Gobierno patrocinó la idea de estudiar esta moción, la que, junto con ampliar lo concerniente a prevención y rehabilitación, recogió los contenidos de los diferentes proyectos de ley sobre la materia presentados en esta H Cámara. Así es como formuló diversas indicaciones necesarias para el perfeccionamiento de algunas de sus normas.

ANTECEDENTES Y ANÁLISIS GENERAL DEL PROYECTO.

El alcohol etílico es probablemente la primera droga usada por el hombre. Hace alrededor de seis milenios, los egipcios ya habían registrado el consumo de alcohol como bebida intoxicante y anestésica.

Además de su empleo como supuesto estimulante, fue utilizado, sin éxito, como remedio para varios males.

Porcentaje alcohólico de algunas bebidas comunes:

Sidra, fermentación del jugo de manzana, 2 a 5%.

Cerveza, fermentación de la cebada, 3 a 7%.

Vino, fermentación de uvas, 8 a 12%.

Ron, melaza fermentada de la caña de azúcar, 33 a 44%.

Cognac, vinos naturales añejados en toneles de madera, 39 a 41%.

Pisco, aguardiente de uvas, 30 a 50%

Whisky, fermento de malta de cebada o centeno, maíz y trigo, 44 a 45%.

Cashaça, aguardiente de caña de azúcar, 45 a 47%.

Vodka, aguardiente de maíz o trigo, 70 a 75%.

El organismo absorbe el alcohol en la sangre en forma progresiva. Sus principales vías de absorción son: estómago, 20%; duodeno, 42%; yeyuno, 20%, e íleon, 18%; Por su rápida absorción e incorporación en el torrente sanguíneo, no hay órgano que quede ausente de su acción.

Cuando el individuo llega a la etapa de la incapacidad de abstenerse o detenerse una vez comenzada la ingestión de alcohol, está en presencia de una dependencia física y psíquica. Esta última se caracteriza por la imperiosa necesidad de ingerir alcohol como medio necesario y habitual para resolver las tensiones sicológicas que se generan en la persona.

El consumo anormal de bebidas alcohólicas, a partir de la segunda mitad del siglo actual, ha sido considerado como el primer problema de salud pública en nuestro país. Sus consecuencias directas en el individuo e indirectas en sus familias y en todo el grupo social originan gran cantidad de efectos inconvenientes de todo tipo. A contar de la mitad de la década de los sesenta, esta situación se ha agravado, ampliándose la ingestión inmoderada crónica no sólo a mujeres adultas, sino también a grupos de adolescentes y jóvenes de ambos sexos.

Este hecho ha sido constatado en estudios que permiten estimar que el 5% de la población general del país comprende a individuos enfermos alcohólicos, el 15% a bebedores excesivos, el 61% a bebedores moderados y sólo el 19% a abstemios.

Como podrá apreciarse, gran parte de la población chilena bebe alcohol y, por sus patrones de ingestión, un apreciable número de individuos pueden ser calificados como "bebedores anormales". Algunos autores sostienen que aproximadamente el 20% de los habitantes mayores de 15 años y una proporción creciente de niños y de adolescentes se ven afectados por el grave problema del alcoholismo.

El consumo per cápita de alcohol promedio en nuestro país es uno de los más altos del mundo. En América es el país con más alto porcentaje de consumo de bebidas alcohólicas entre adolescentes, seguido por Estados Unidos, Costa Rica y Brasil.

Conviene destacar que, a diferencia de nuestro país, las medidas de prevención, regulación de expendio de bebidas alcohólicas, principalmente a jóvenes, y del manejo en estado de ebriedad, son más severas en países desarrollados como Estados Unidos y otros de Europa.

En cuanto a la génesis del alcoholismo, se constatan una serie de factores: sicológicos, culturales, legales y económicos. Todos estos factores se encuentran íntimamente relacionados, sin que cada uno pueda, aisladamente, dar cuenta del fenómeno. Esto hace que el consumo inmoderado de alcohol traspase la línea del espacio personal, transformándose en un fenómeno ampliamente afectado por las condiciones del contexto social. En este marco, gran número de autores ha considerado a la familia como una de las principales entidades sociales capaz de generar, mantener y potencialmente corregir los hábitos de ingesta de sus miembros adolescentes. La familia está considerada como una de las instituciones más eficaces para la socialización y transmisión de pautas y normas culturales de conducta y para la reproducción de los valores que prevalecen en la sociedad a la que pertenece. Por eso, se considera que ella es un elemento importante en la formación de los patrones de conducta de sus miembros jóvenes y, por lo tanto, constituye también una adecuada unidad de análisis para el estudio de dichos comportamientos.

La Organización Mundial de la Salud define el alcoholismo como “un trastorno crónico de la conducta caracterizado por la dependencia hacia el alcohol, expresada a través de los síntomas inseparables: la incapacidad de detenerse en la ingestión del alcohol una vez iniciada y la imposibilidad de abstenerse.”

Para conocer la problemática del bebedor anormal y actuar frente a ella, se ha hecho necesario desarrollar la categorización de estos individuos en tipos determinados, de acuerdo con la cantidad de alcohol ingerida, la frecuencia en el tiempo, el factor inductor y la conducta asumida. En esta forma, se tiene al bebedor abstemio, al moderado, al excesivo y al alcohólico propiamente tal.

a) Abstemio: No consume alcohol o lo hace en forma excepcional, sin embriagarse, y, por lo tanto, rechaza el alcohol.

b) Moderado: Se embriaga una vez al mes o doce veces en el año, inducido por influencia del grupo.

c) Excesivo: Se embriaga más de una vez al mes o más de doce al año, motivado generalmente por psicopatologías, buscando activamente la ingestión.

d) Alcohólico: Incurre en embriagueces variables, pero constantes, motivadas por psicopatologías y dependencia física. Está dominado por el alcohol, no pudiendo evitar el consumo.

Diferenciar entre bebedor excesivo y alcohólico es importante en una perspectiva curativa, puesto que el primero puede moderar su hábito de ingestión, en tanto que el segundo necesariamente debe lograr la abstinencia completa y definitiva. Por ejemplo, actuar sobre el excesivo justifica programas educativos orientados hacia grupos vulnerables, mientras que tratar la dependencia física de sujetos alcohólicos requiere procedimientos de desintoxicación, terapias individuales y familiares, procedimientos aversivos, seguimiento de las recaídas, agrupaciones rehabilitadoras, etc.

Cabe hacer presente que una clasificación más simple determina que hay dos grupos de bebedores anormales: el bebedor problema y el alcohólico. El primero, que representa un mero concepto, es aquel que, sin ser alcohólico, está en vías de pasar a integrar el otro grupo.

Lo que determina si una persona es o no alcohólica es la razón por la que bebe, lo cual está directamente relacionada con la dependencia física y la imposibilidad de evitar el consumo. Hay consenso, además, en que es una enfermedad crónica.

Los estudios sobre tasas de bebedores en la población adulta han determinado alguna relación con diferentes variables, entre las que destacan el sexo de los bebedores y su nivel socioeconómico. El hecho anormal se asocia directamente con el sexo masculino e inversamente con el nivel socioeconómico. También concurren otras variables, como la edad -el bebedor anormal se presenta en el adulto joven y de edad media-, el nivel educacional -inversamente proporcional- y las creencias religiosas -la abstinencia como exigencia moral de ciertas confesiones protestantes.

El alcohol es “la puerta de entrada” para acceder a otras drogas. Hay estudios que indican que la edad promedio de inicio en el consumo de alcohol es a los 12 años de edad, en tanto que el de otras drogas es a los 15 años. El 79% de los estudiantes de educación media han consumido alguna vez alcohol y el 40% lo consume en forma habitual. Sólo el 3,6% ha consumido alguna vez pasta base.

Algunos expertos y autores han descrito la existencia de una verdadera subcultura de ingestión excesiva en el país, la que se manifiesta en la presencia de numerosas actividades, valores y conductas que condicionan que una parte importante de la población -especialmente estratos populares urbanos y rurales- acostumbran beber en forma intemperante como una situación normal.

Aunque habitualmente se tiende a considerar al bebedor anormal como un fenómeno de la población adulta, hay evidencia respecto a que ciertos grupos infantiles también corresponden a esa subcultura.

Algunas cifras estadísticas de consumo de bebidas alcohólicas entre adolescentes y jóvenes, según información aparecida en un matutino de Santiago, en junio de 1994:

Antecedentes proporcionados en el seno de la Comisión señalan que, de acuerdo a informes emitidos por el Ministerio de Salud, el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, el Instituto Médico Legal y Carabineros de Chile, existen en el país aproximadamente 2.000.000 de personas que beben en exceso, de las cuales 500.000 son alcohólicas.

Los mismos estudios indican que el 20% de los bebedores excesivos corresponde a mayores de 15 años, el 15% se encuentra entre los 9 y los 15 años y que, dentro de la masa laboral, el 30% cae en esta categoría. Cuatrocientos mil niños, entre 9 y 15 años, consumen alcohol a diario y doscientos mil jóvenes son alcohólicos. De cada 10 accidentes del tránsito, 7 son producidos por causas atribuibles al alcohol.

La moción expresa que no es posible negar la estrecha vinculación e incidencia del alcoholismo con la delincuencia, la violencia intrafamiliar y el ausentismo laboral, lo que hace que este flagelo se convierta en un problema social y económico de incalculables proyecciones para el desarrollo sano y armónico de nuestra sociedad.

A mayor abundamiento, cabe señalar que el 52% de los actos criminales son cometidos en estado de ebriedad; el 60% de los homicidios se cometerían en ese estado; el 45,4% de los suicidios se cometen bajo la influencia del alcohol. Entre el 15% y el 20% de los accidentes del trabajo y el 70% del ausentismo laboral son atribuibles al consumo de bebidas alcohólicas. Este último rubro alcanza al promedio de 25 días por año. El 30% de la masa laboral es bebedora excesiva. Se estima que la menor productividad del bebedor anormal alcanza al 25% y que genera, a su vez, el 10% de disminución de la productividad entre quienes laboran junto a él.

Por su parte, el 70% de las personas involucradas en accidentes de tránsito y el 41% de los fallecidos tenían alcoholemia positiva.

Al respecto, como antecedente importante, cabe tener presente que 12 a 13 gramos de alcohol puro equivalen a las siguientes ingestas: a un vasito de pisco o de otro licor fuerte (40 ml); a media caña o a un vaso de vino (125 ml), y a un “schop” o a una botella de cerveza (300 ml). Estas medidas corresponden a un trago, indicador que sirve de base a la explicación que se desarrollará enseguida.

En efecto, la presencia de una alcoholemia positiva de 0,8 gramos por mil puede ser producida por las siguientes ingestas: dos tragos en una hora (en hombres de 45 a 60 kilos); cuatro tragos en una hora (en hombres de 70 a 80 kilos), y dos a tres tragos en una hora (en mujeres de 50 a 60 kilos).

Es del caso señalar que estos antecedentes constituyen un cuadro general de referencia y, por lo tanto, excluyen factores individuales, psicosomáticos u otros propios de la situación concreta del bebedor o de la bebedora, que pueden no encuadrarse matemáticamente en las equivalencias anteriores.

Desde el punto de vista de la salud, cifras oficiales indican que la cirrosis hepática es la cuarta causa de muerte en la población del país y que el 50% de las camas de los hospitales psiquiátricos son ocupadas por personas que padecen afecciones mentales, como producto de la ingesta excesiva de alcohol.

Se cálcula que 135.000 días cama al año son ocupadas por personas cuyas afecciones son consecuencia del alcohol.

En Chile mueren al año 7.641 personas por causas relacionadas con el consumo excesivo de alcohol.

El costo económico del alcoholismo en Chile, según un estudio del Departamento Económico de la Universidad de Chile, en la década del 80, ascendía anualmente a 1.820,8 millones de dólares. Para este cálculo, se consideran las pérdidas en la producción y en la reasignación de recursos.

Hay que destacar el hecho de que el consumo excesivo de alcohol repercute negativamente en los diferentes ámbitos de la vida del ser humano y de la sociedad en su conjunto. Así es como afecta a la vida familiar, daña a la juventud, entorpece el rendimiento laboral, repercute en la economía nacional, deteriora la salud del individuo, etc.

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Por otra parte, desde el punto de vista de la regulación legal de las materias sobre alcoholes y bebidas alcohólicas cabe señalar que la legislación vigente se encuentra contenida en la ley Nº 17.105, de 14 de abril de 1969, que fijó el texto coordinado y sistematizado de antiguos cuerpos legales (1939 y 1954) que normaban la fabricación, venta y consumo de alcohol y vinagres.

La ley citada se divide en dos Libros: el Primero, reglamenta la producción y elaboración del producto hasta su entrega en calidad de apto para su distribución y consumo. El Segundo, legisla fundamentalmente sobre el control y fiscalización del consumo excesivo de alcohol; las sanciones derivadas del consumo anormal y doloso de bebidas alcohólicas; el procedimiento judicial aplicable, la clasificación y categoría de los expendios y patentes, y la prevención del alcoholismo y reeducación de alcohólicos.

Lamentablemente esta legislación ha quedado atrasada en el tiempo y no ha logrado cumplir cabalmente con su objetivo. Así es como desde su promulgación ha sufrido numerosas modificaciones, principalmente en lo que respecta a las disposiciones de su Libro Primero el que, en definitiva, se reemplazó con la dictación del decreto ley Nº 2.753, de 1979. En razón de este reemplazo se produjo una discontinuidad en la numeración del articulado de la ley y el Libro Segundo se inicia con el artículo 113. A su vez, el reglamento del Libro Segundo ha sido modificado y parcialmente derogado por diversos cuerpos legales dificultando su aplicación y consulta.

Asimismo, en relación con los problemas de la legislación vigente se pueden mencionar, entre otros:

- Dificultad para cumplir lo previsto sobre prevención y rehabilitación, principalmente por falta de financiamiento.

- Bajo monto de las multas, fijadas en sueldos vitales, lo que las hace poco disuasivas.

- Competencia radica en los juzgados del crimen hace el procedimiento más engorroso y lento.

- Dificultad de Carabineros para la obtención de órdenes de allanamiento a lugares donde se presume que existe venta clandestina de alcohol. Procedimiento de fiscalización lentos y engorrosos.

El alto grado de alcohol (1 gramo por mil) para tipificar la conducción en estado de ebriedad.

- Falta de restricciones, tanto para la ubicación como para el horario de cierre de las botillerías.

- Venta de alcohol a menores de 18 años, sancionado sólo en caso de que se consuma en el establecimiento.

- Excesivo centralismo reflejado en sus disposiciones dificulta actuar con conocimiento de las diferentes realidades locales.

- Imposibilidad de los alcaldes para adecuar el problema a su realidad comunal.

- Diversidad de patentes que se pueden otorgar a un mismo establecimiento entorpece su control.

Por su parte, el proyecto en informe aborda materias de especial importancia relativas al tema del alcohol, como son la penalidad de la ebriedad; la prevención y la rehabilitación, que tocan directamente con el campo de la salud; el desempeño en estado de ebriedad; el expendio de bebidas alcohólicas y las patentes que se requieren para ello, y, por último, el procedimiento judicial que castiga las infracciones de esta ley.

La iniciativa consta de 77 artículos permanentes y 2 transitorios, divididos en cinco Títulos. Sus objetivos fundamentales se pueden resumir en cinco puntos:

Prevención: Dispone la implementación de programas educativos orientados a la formación de estilos de vida saludables y al desarrollo de factores protectores contra el consumo excesivo del alcohol, como, asimismo, la capacitación de los profesores y la promoción de la participación de las empresas del rubro en el tema.

Rehabilitación: Establece la obligación de los Servicios de Salud de contar con programas de rehabilitación, pudiendo participar en ellos organizaciones privadas dedicadas a este objetivo.

Fiscalización: Los establecimientos que expendan, proporcionen, distribuyan o mantengan bebidas alcohólicas estarán sujetos a la vigilancia y a la inspección de Carabineros de Chile, de los inspectores municipales o fiscales y del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes. Los tribunales competentes podrán decretar el allanamiento de propiedades particulares para fiscalizar el cumplimiento de la ley.

Sanciones: Aumentan las multas en forma considerable, para que exista una relación adecuada con la infracción cometida y las ganancias ilícitas obtenidas. Se crean sanciones alternativas para quienes no puedan pagarlas en caso de infracciones que no produzcan daño directo a terceros, como la de realizar trabajos a favor de la comunidad. A las sanciones por embriaguez, en ciertos casos, además de la que corresponda por la infracción misma, se le agrega la obligación de participar en programas de prevención o de tratamiento para bebedores problema.

Modernización: Crea penas alternativas o conjunta a las multas, consistentes en la realización de trabajos para la comunidad y asistencia obligatoria a programas de prevención o de rehabilitación; contiene medidas de protección para la familia del enfermo alcohólico, como tratamientos obligatorios, retención de parte de los emolumentos del afectado y su pago directo al cónyuge y a los hijos, previo dictamen judicial; rebaja del grado de alcohol en la sangre para calificar la actuación en estado de embriaguez (alcoholemia 0,8 por mil); destina el producto de las multas a programas de prevención y de rehabilitación.

Cabe hacer presente que la moción no constituye una modificación de la legislación vigente sobre alcoholes, contenida en el Libro Segundo de la ley Nº 17.105, de 1969, sobre alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres, ya que su disposición final la deroga expresamente y propone una nueva normativa sobre la materia.

IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO DE LEY.

En la moción se indica que la legislación actualmente vigente no permite combatir el problema del alcoholismo desde los diversos ángulos que su urgencia y gravedad ameritan, lo que hace evidente la necesidad de contar con una normativa legal que contemple disposiciones efectivas y realistas, acordes con la gravedad del problema y que lo ataquen no sólo en sus consecuencias sino en sus raíces.

De esta manera, el proyecto de ley que se propone y que refunde las iniciativas que se encuentran en actual tramitación en la H. Cámara de Diputados contempla las siguientes modificaciones principales de la legislación vigente:

- Aumenta las multas aplicables por infracciones de la ley de Alcoholes.

- Aplica sanción a los padres o guardadores cuando el infractor es un menor.

- Restringe el otorgamiento de patentes a una por local, terminando con las patentes adicionales.

- Prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años y la adquisición de ellas por éstos.

- Otorga competencia a los jueces de policía local para las materias de alcoholes, con las excepciones que el proyecto considera.

- Faculta a intendentes, gobernadores y alcaldes para solicitar del juez de policía local el allanamiento de locales clandestinos y la clausurar de establecimientos de expendio en los casos que señala.

- Fija el grado de dosificación de alcohol en la sangre en 0,8 por mil, para calificar el manejo o conducción en estado de ebriedad.

- Promueve programas de prevención del alcoholismo.

- Crea una comisión interministerial de programas destinados a prevenir y rehabilitar a consumidores de alto riesgo.

- Dispone que los establecimientos que expendan alcohol deberán funcionar en el lugar en que se les otorgó la patente.

- Destina los ingresos por multas a programas de prevención y de rehabilitación.

- Establece que en los colegios se enseñen obligatoriamente nociones de fisiología y temperancia.

- Fija, a través de los planos reguladores u ordenanzas municipales, la ubicación de establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas.

- Faculta a los municipios para reducir horarios a establecimientos del rubro.

- Radica en el intendente regional la declaración de establecimientos necesarios para el turismo a los que se les podrá otorgar patente.

- Establece que se informará previamente del número de patentes limitadas que se fijará para cada comuna.

- Solicita del juez competente la clausura definitiva de un establecimiento si constituye peligro para la tranquilidad y moral públicas.

- Faculta para entrar y registrar propiedades particulares cuando se sospeche que allí se venden, proporcionan o distribuyen bebidas alcohólicas, previa solicitud al juez competente.

DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO.

Se señaló en el seno de la Comisión que el proyecto en estudio es de vital importancia en el tratamiento del problema del alcoholismo, no sólo por las causas intrínsecas que éste conlleva, sino también por las consecuencias a él asociadas. Es una iniciativa que establece normas sobre la conducta del individuo en relación con el alcohol.

Se dijo que alrededor de dos millones de chilenos son considerados bebedores excesivos, los cuales, por la cantidad y la habitualidad en su consumo, presentan problemas secundarios. Se acotó que los enfermos alcohólicos son más o menos quinientos mil, con todo el drama y consecuencias que su condición trae para la sociedad en general y para la familia en particular.

Se reconoció que la aprobación de una ley como la que se estudia no implicará la inmediata solución de los problemas derivados del alcoholismo. Sin embargo, se vio la necesidad de hacer un esfuerzo para concretar normas que tiendan a limitar los efectos dañinos del alcoholismo.

Se indicó que las disposiciones de esta iniciativa legal tienden a proteger a la juventud, a fin de que no caiga en el hábito del consumo de alcohol. El proyecto cumple su propósito abarcando materias tales como prevención, rehabilitación, papel de los tribunales de justicia, del sector de la salud y de las instituciones policiales, tratando, por tanto, de manera integral éste gravísimo problema de salud.

También se recordó que en el período legislativo anterior, la Comisión hizo presente a S.E. el Presidente de la República su disconformidad con un mensaje que proponía la sustitución de la ley de alcoholes, por considerarlo muy limitado en lo relativo a rehabilitación y a prevención, aspectos que la moción en informe asume en forma más adecuada y que, durante el curso de la discusión, podrán ser perfeccionados.

Se expresó que la aprobación en general de este proyecto constituiría un hito importante en la lucha por la disminución del alcoholismo, su prevención y rehabilitación. Esta iniciativa legal representa el trabajo y el interés de muchas personas, por cuanto se trata de un problema de salud que afecta a gran parte de la población y, en especial, a la juventud.

Se señaló que el proyecto recoge los conceptos modernos y las nuevas orientaciones que en materia de alcoholismo se han elaborado, especialmente en lo que dice relación a la rehabilitación del alcohólico, más aun si se tiene en cuenta que contiene normas relacionadas con la educación, disponiendo que se deben dar a conocer los efectos dañinos del consumo de alcohol.

El alcoholismo constituye una verdadera lacra social que afecta a toda la sociedad y en especial a la familia. Por ello, los legisladores tienen la obligación de tratar de dictar una normativa que sea efectiva y permita paliar los efectos del alcoholismo.

También se destacó la función que cumplen diversas entidades que realizan labores de rehabilitación, desarrollando un encomiable trabajo con muy pocos recursos. Sería necesario otorgarles los medios que necesitan, a fin de que puedan desarrollar su acción abarcando a un mayor sector de la población, para lo cual deben contar con el apoyo del Estado.

Se expresó que la ley no sólo tiene por objeto sancionar, sino dar pautas de conducta. En este tipo de materias, debe tenerse presente esta finalidad, a fin de otorgar los mecanismos necesarios para disminuir el problema de los bebedores excesivos. Asimismo, no sólo se debe considerar el aspecto sancionatorio o punitivo de la norma, sino tener en cuenta que el alcoholismo está considerado como una enfermedad más que como un vicio.

Se hizo presente, además, que en la discusión en particular se podrán considerar algunos elementos nuevos relativos a la prevención, ya que estudios recientes de la Universidad Austral de Chile han demostrado que en el nivel del segundo año de enseñanza media, existe entre el 15% y el 20% de jóvenes que son bebedores anormales. De modo que en ese nivel, ya no bastan las medidas preventivas, sino que deben incorporarse acciones de rehabilitación.

Se manifestó que las normas relacionadas con la prevención y la rehabilitación son básicas y fundamentales en materia de consumo de drogas, ya que una campaña que pretenda disminuir su consumo debe ser enfocada a disminuir la demanda. Las normas que contiene el proyecto respecto a prevención y a rehabilitación son novedosas y, en todo caso, susceptibles de ser perfeccionadas.

Se hizo presente que la normativa en estudio debe comprender la ayuda a los clubes rehabilitadores de alcohólicos, ya que hasta ahora estas entidades han asumido la tarea rehabilitadora con muy pocos recursos y sin contar con la ayuda de los organismo de salud.

Consecuentemente con lo expresado, la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión aprobó, en general, la iniciativa en estudio.

DISCUSIÓN EN PARTICULAR DEL PROYECTO.

No obstante el acucioso estudio realizado por la Comisión respecto de esta materia, se nombró una subcomisión integrada por las H. Diputadas Cristi, doña María Angélica, y Pollarolo, doña Fanny, y por los H. Diputados Bayo, don Francisco; Ojeda, don Sergio; Zambrano, don Héctor, y Masferrer, don Juan, con objeto de que propusieran a la Comisión un texto definitivo con las sugerencias que estimaren convenientes.

Así es como la Comisión aprobó por unanimidad el texto propuesto por la subcomisión, con las enmiendas que, en definitiva, consideró necesario introducirle.

No obstante lo anterior, se hace constar expresamente que en el seno de la Comisión se hicieron presentes ciertas aprensiones o reservas en relación con algunos aspectos de la iniciativa en informe.

Asimismo, cabe señalar que se acordó reemplazar el título del proyecto de ley por el que a continuación se señala, por tratarse, no de una modificación de la ley vigente sino de una nueva ley reguladora de la materia de que trata.

“Regula el expendio y consumo de bebidas alcohólicas; penaliza el delito de desempeño y conducción en estado de ebriedad; deroga el Libro Segundo de la ley Nº 17.105, y promueve la prevención del alcoholismo y la rehabilitación de los alcohólicos.”

Artículo 1º.

Establece el objeto de la ley, determinando la penalidad de la embriaguez, del desempeño y conducción en estado de ebriedad, del expendio y consumo abusivo de bebidas alcohólicas; la clasificación de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas y el otorgamiento de las patentes; el procedimiento judicial aplicable a las infracciones de estas disposiciones y las sanciones correspondientes, así como las normas que promuevan la prevención del alcoholismo y la rehabilitación de los alcohólicos.

La Comisión estimó necesario buscar una redacción más apropiada para esta disposición y acordó aprobarla en los términos en que aparece en el texto del proyecto.

ºººººº

El epígrafe “Título I, De la penalidad de la embriaguez”, fue aprobado, reemplazándose el vocablo “embriaguez” por “ebriedad”.

Artículo 2º.

Prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en calles, plazas, campos deportivos y demás lugares públicos o abiertos al público. Asimismo, dispone que los infractores serán detenidos por Carabineros y puestos a disposición del juzgado de policía local competente y sancionados con multa de un cuarto de unidad tributaria mensual.

Además, establece que el juez podrá sancionar al infractor con uno a tres días de trabajo sin remuneración a favor de la municipalidad respectiva, si se diere la circunstancia de carecer éste de los medios necesarios para pagar la multa.

Se señaló que en esta disposición no se diferenciaba claramente el procedimiento policial de las sanciones. Se concluyó que lo conveniente era separar ambas materias en normas diferentes, dejando establecido en este artículo que el infractor sólo ha de ser detenido para comprobar su identidad o su domicilio, después de lo cual deberá ser puesto en libertad, previa citación al juzgado de policía local correspondiente, y que,. en caso de no poder comprobarse la identidad o el domicilio, debe ser puesto a disposición del juzgado dentro de la mayor brevedad.

Con tal objeto, se aprobó una indicación del Ejecutivo cuya finalidad era sustituir la disposición. No obstante, la Comisión acordó incorporarla como inciso primero y, además, reemplazó los incisos segundo y tercero, tal como se señala en el texto del proyecto.

Artículo 3º.

Sanciona a los mayores de dieciocho años que sean sorprendidos en manifiesto estado de ebriedad en lugares públicos o abiertos al público. Asimismo, considera la posibilidad de reemplazar el pago de la multa con días de trabajo sin remuneración, aumentada en un día, a beneficio de la municipalidad que corresponda, en consideración a las mismas circunstancias que señala el artículo 2º.

Las mismas razones que se tuvieron en vista para la sustitución del artículo 2º son valederas para el reemplazo de esta disposición. Por consiguiente, en ella sólo se establece el procedimiento policial aplicable a las personas a que se refiere. En todo caso, se estimó necesario suprimir la referencia a la edad de los detenidos, por cuanto la situación de los menores de edad quedará comprendida en una disposición especial.

Además, se dijo que la norma debería considerar la situación del individuo, esto es, permitir apreciar si se encuentra o no se encuentra en condiciones de ser puesto en libertad sin que ello involucre un peligro para él o para la sociedad. En todo caso, para que esto ocurra bastará el hecho de comprobar la identidad o el domicilio, eliminándose la exigencia de consignar una multa, y quedará citado al tribunal correspondiente.

Consecuentemente con lo anterior, se sustituyó el artículo.

Artículo 4º.

Señala que los detenidos por las causales indicadas en los artículos 2º y 3º podrán ser dejados en libertad, previa comprobación del domicilio y pago del valor de la multa correspondiente, quedando obligados a comparecer al juzgado a la audiencia inmediata.

Asimismo, dispone que la consignación será fijada anticipadamente por el juez correspondiente y será comunicada a las unidades de Carabineros y a los establecimientos penales de su territorio jurisdiccional. Dicha consignación no podrá exceder del monto de la multa más recargos legales.

Si se comprobare que el aprehendido padece de alguna patología que hubiere inducido a error a los funcionarios policiales, se le pondrá de inmediato en libertad sin caución, tomándose las medidas necesarias para que reciba atención médica.

Por otra parte, dispone que los servicios de asistencia pública y hospitales deberán prestar atención a las personas que les sean enviadas. El costo de dicha atención deberá ser pagada por el favorecido, salvo que exista informe social en contrario.

Tratándose de menores de edad, se deberá proceder a ubicar a sus guardadores para notificarles la detención, dejándose constancia de ello en el libro de partes correspondientes.

Como consecuencia de los fundamentos que dieron lugar a la sustitución de los artículos 2º y 3º, se reemplazó esta disposición, a objeto de establecer aquí las sanciones a los infractores de los artículos anteriores. La materia referida a la detención por error, que contenía el primitivo artículo 4º, está considerada en el artículo siguiente.

Artículo 5º.

Señala que, para los efectos de esta ley, se considerarán habilitados para el cumplimiento de las condenas impuestas los calabozos existentes en las unidades de Carabineros o los lugares de detención y tratamiento antialcohólicos.

En razón del reordenamiento de las materias comprendidas en los artículos 2º a 6º, este artículo fue sustituido, estableciéndose que, si se comprobare que ha existido error en la detención del presunto ebrio, motivado en el hecho de padecer de alguna enfermedad, éste deberá ser puesto de inmediato en libertad y, en caso de ser necesario, se deberán adoptar las medidas pertinentes para que reciba la atención médica correspondiente. Queda expresamente señalado que los Servicios de Salud deberán prestarla.

Artículo 6º.

Señala que los menores de dieciocho años que fueren sorprendidos en manifiesto estado de ebriedad en los lugares indicados en el artículo 3º serán juzgados y penados de acuerdo a las leyes sobre protección de menores, sin perjuicio de las sanciones que corresponden a quienes los tengan a su cuidado.

Teniendo en consideración que Chile ratificó la Convención sobre Derechos del Niño, la cual dispone que no es posible sancionar a los menores de edad sin que previamente se determine que actuaron con discernimiento, se concordó en que esta disposición debía ser sustituida, haciéndoles aplicables las normas de la ley Nº 16.618, de Menores.

Artículo 7º.

Esta norma establece que la persona que, en los últimos doce meses, sea condenada por ebriedad dos veces, deberá asistir a programas educativos y de prevención que impartan las municipalidades o instituciones dedicadas a la lucha contra los efectos nocivos del alcohol.

Esta norma fue sustituida, básicamente, por haberse introducido correcciones de redacción y haberse agregado a los Servicios de Salud entre las entidades que pueden recibir a los condenados por ebriedad que por orden judicial deban asistir a alguno de los programas educativos y de prevención que estas instituciones impartan.

Artículo 8º.

Establece que, cuando una persona haya sido condenada por ebriedad más de dos veces en los últimos doce meses, deberá participar en un programa de tratamiento para bebedores problemas y alcohólicos, por el tiempo que el juez determine en la resolución judicial, previo informe médico, sin perjuicio de las sanciones que le sean aplicadas.

Además, dispone que el costo del tratamiento deberá ser pagado por el infractor, salvo informe social en contrario, emitido por la municipalidad respectiva. En el caso de que el infractor sea menor de edad, el costo del tratamiento deberá ser pagado por los padres, guardadores o tutores, salvo que exista informe social que los exima del pago.

El Ejecutivo formuló indicación para sustituir el inciso segundo y agregar un inciso tercero. La modificación acoge, en lo fundamental, la proposición contenida en el inciso segundo del proyecto y establece, además, que los programas educativos de prevención y de tratamiento deberán contar con la certificación de idoneidad impartida por los Servicios de Salud.

La Comisión aprobó dicha indicación con una modificación en el inciso segundo, que suprime la posibilidad de eximirse del pago mediante informe social emitido por la municipalidad, ya que se dijo que el sistema de salud público poseía las herramientas para absorber situaciones de indigencia.

En consecuencia, se aprobó el artículo con las enmiendas propuestas.

Artículo 9º.

Dispone que los dueños, empresarios, administradores o empleados de los establecimientos de bebidas alcohólicas que, en general, las suministren a menores de edad, serán sancionados con multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

Igual sanción se les aplicará a los que admitan a ebrios en los lugares de venta o en sus dependencias, a los que permitan a los consumidores beber hasta embriagarse y a los que toleren que se provoquen escándalos o desórdenes dentro de sus establecimientos.

La Comisión estimó conveniente rebajar de cinco a tres unidades tributarias mensuales el mínimo de la multa establecida en el inciso primero para los infractores de esta norma y agregó un inciso segundo, nuevo, que corresponde a una excepción de la norma general de prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores. Se introdujeron correcciones de redacción en el inciso tercero.

Asimismo, se agregaron dos incisos nuevos, a fin de mejorar la comprensión del texto, incorporándose en esta disposición el contenido del artículo 11 que como tal se rechazó, con lo cual se especifican las sanciones para los casos de reincidencia.

Artículo 10.

Establece que los dueños, empresarios, administradores o empleados de los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas deberán exigir la cédula de identidad a los consumidores que aparentemente tuvieren menos de dieciocho años de edad. Asimismo, en el inciso segundo se prohíbe a los menores adquirir bebidas alcohólicas y se establecen sanciones para los guardadores del menor o para quien lo tenga a su cuidado.

Después de un extenso debate, se concluyó que una prohibición como la contenida en el inciso segundo hace utópica su aplicación, ya que toda infracción debe tener una sanción para el inculpado y, en este caso, la pena se aplica a los guardadores del menor, los que en muchas oportunidades no tienen medios de controlar los actos de sus pupilos. En todo caso, se reconoce que una prohibición de este tipo es coherente con la de vender licor a los menores.

Asimismo, se analizó la posibilidad de incorporar una norma que prohibiera a los menores de edad ingresar en determinados establecimientos de los señalados en el artículo 28. Se desechó en definitiva esta posibilidad, por no ser efectivo su control.

En definitiva, la Comisión aprobó el inciso primero y rechazó el segundo.

Artículo 11.

Establece que la reincidencia en el suministro de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años se sancionará en la forma prevista en el artículo 57, esto es, con la clausura del establecimiento.

Esta disposición, que se rechazó como artículo 11, fue incorporada como inciso cuarto del artículo 9º, precisándose que la primera reincidencia sería castigada con el doble de la multa aplicada a la primera infracción y la tercera transgresión con la clausura definitiva del establecimiento.

Artículo 12, que pasa a ser 11.

Establece que el cónyuge o los hijos menores de una persona que haya sido condenada por ebriedad más de una vez en los últimos doce meses, que vivan a sus expensas, tendrán derecho a percibir el 50% de sus emolumentos.

Asimismo, dispone que el juez que imponga la segunda condena deberá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se notifique al empleador del infractor retener el porcentaje indicado y entregarlo al cónyuge o a los hijos menores.

Se aprobó una indicación del Ejecutivo para reemplazarlo, con objeto de adecuarlo a las normas sobre pensiones alimenticias y juicios de alimentos.

Artículo 13.

Establece que el infractor de la norma del artículo anterior es solidariamente responsable de las sumas que hayan dejado de percibir el cónyuge o los hijos menores. Sin perjuicio de ello, será sancionado con multa de tres a cinco unidades tributarias mensuales.

Esta norma se rechazó, como consecuencia de la sustitución del artículo anterior, ya que todo lo relacionado con la fijación de la pensión de alimentos definitiva queda encomendado a las normas generales.

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El epígrafe del Título II fue aprobado en los mismos términos.

Artículo 14, que pasa a ser 12.

Dispone que, en todos los establecimientos educacionales de enseñanza básica, media y diferencial del país, deberán enseñar nociones de fisiología y temperancia, con apoyo de medios audiovisuales y cuadros murales que demuestren gráficamente los efectos del abuso de bebidas alcohólicas.

Asimismo, dispone que este capítulo deberá estar considerado en los programas de estudio que elabore una comisión interministerial compuesta por los Ministerios de Educación y de Salud.

Se aprobó, con modificaciones, la indicación formulada por el Ejecutivo para sustituirlo. Su fundamento radica en el hecho de que refleja en mejor forma el propósito del proyecto en general y de este Título en particular, incentivando la prevención desde la más temprana edad.

La Comisión agregó, en el inciso primero, a la “enseñanza preescolar”, ya que se estimó que se debe otorgar el carácter de integralidad a los programas educativos. Además, en el inciso segundo, se estableció que el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de la Juventud participarán en las orientaciones de los programas, pero no en la coordinación de los mismos, tal como lo proponía el Ejecutivo.

Artículo 14 bis, que pasa a ser 13.

Señala que se procurará que las empresas que promuevan la colocación de bebidas alcohólicas en el mercado participen en los programas de prevención del alcoholismo e incluyan mensajes destinados a tal efecto en la publicidad que realicen en los medios de comunicación social.

La Comisión estimó que la norma debería tener un carácter más perentorio y no constituir una mera recomendación, por lo cual la modificó en los términos en que aparece en el texto del proyecto. Además, se agregaron dos incisos, a fin de establecer que un reglamento señalará la forma en que las empresas participarán en dichos programas y que la publicidad de las bebidas alcohólicas deberá considerar mensajes que alerten sobre los peligros de su consumo excesivo.

Artículo 15, que pasa a ser 14.

Señala que el Ministerio de Educación proporcionará gratuitamente manuales y material de enseñanza a todas a las escuelas municipalizadas y particulares subvencionadas e impartirá cursos de capacitación a profesores, con el fin de disponer de docentes especializados en prevención del abuso del alcohol en cada establecimiento educacional.

En el inciso segundo, se dispone que una comisión interministerial integrada por los Ministerios de Educación, de Salud y de Trabajo y Previsión Social implementará y fomentará programas de prevención sobre abuso de bebidas alcohólicas, a fin de impartirlos en empresas, servicios públicos y municipalidades.

Se aprobó una indicación del Ejecutivo para sustituirlo, en razón de que se trata de una materia de iniciativa exclusiva de S.E. el Presidente de la República y de que, básicamente, contiene la misma idea propuesta en el proyecto.

Artículo 16, que pasa a ser 15.

Establece que los servicios de salud, sean públicos o privados, deberán contar con programas de tratamiento y de rehabilitación para bebedores excesivos y alcohólicos y que en ellos deberán considerarse plazas de hospitalización, consulta externa y tratamiento ambulatorio en los establecimientos de salud de nivel primario, sean municipales o de los Servicios de Salud.

En el inciso segundo, se señala que se debería procurar que en estos programas participen organizaciones que tengan por finalidad la rehabilitación de estas personas.

Por ser materia de iniciativa exclusiva de S.E. el Presidente de la República, se aprobó una indicación del Ejecutivo para sustituirlo, en la cual los incisos primero y tercero corresponden, fundamentalmente, a las materias propuestas en el proyecto y el inciso segundo dispone que los establecimientos asistenciales del sector privado y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad deberán contar con programas y recursos destinados al tratamiento y rehabilitación de los alcohólicos.

Artículo 17, que pasa a ser 16.

Establece que a los programas aludidos asistirán las personas condenadas por ebriedad y a quienes se les haya impuesto la obligación de someterse a tratamiento médico, así como las personas que lo soliciten.

Se aprobó en los mismos términos con correcciones de redacción.

Artículo 18, que pasa a ser 17.

Establece que el cónyuge, padre o madre de familia que se encuentre de ordinario bajo la influencia del alcohol, de modo que no le sea posible dirigir su negocios o propender al mantenimiento de su familia, podrá ser internado, a petición de cualquiera de los miembros mayores de su familia, en establecimientos que cuenten con programas de tratamiento para alcohólicos.

Asimismo, dispone que el juez procederá breve y sumariamente, oyendo al interesado y a sus parientes, previo informe médico que constate la circunstancia de que se trata de un alcohólico y precise la duración que deba darse al tratamiento. Además, establece que contra la resolución procederá el recurso de queja.

El inciso tercero señala que el menor sometido a tutela o curatela podrá ser internado a petición del tutor o curador y el inciso cuarto dispone que el menor sujeto a patria potestad podrá ser internado a petición del padre o de la madre por el tiempo que fije la dirección del hospital.

El inciso quinto establece que los miembros mayores del grupo familiar podrán solicitar que a la persona que se encuentre de ordinario bajo la influencia del alcohol, que maltrate de obra o de palabra a algunos de los componentes del grupo familiar, le sean aplicables algunas de las medias que señala.

Por su parte, el inciso sexto dispone que el juez procederá en la forma establecida en el inciso segundo, debiendo precisar la duración de las medidas y, que en caso de reincidencia, éstas se podrán prolongar por el tiempo que el tribunal estime necesario.

Finalmente, el inciso séptimo indica que si el agresor fuere un menor, el juez deberá indicar en la resolución la institución que deberá recibirlo por el tiempo que duren las medidas aplicadas.

Los incisos primero y tercero fueron aprobados con correcciones de redacción.

En el inciso segundo, se aprobó una indicación del Ejecutivo para reemplazar el vocablo “queja” por “apelación”, por considerárselo más adecuado.

El inciso cuarto fue rechazado, por estar incorporada la materia de que trata en la indicación del Ejecutivo, aprobada por la Comisión, que sustituye el inciso quinto y que tiene por objeto establecer que cualquiera de los miembros del grupo familiar puede solicitar que todas o algunas de las medidas sobre violencia intrafamiliar consideradas en el artículo 7º de la ley Nº 19.325 sean aplicadas a la persona que se encuentre habitualmente bajo los efectos del alcohol y maltrate de obra o de palabra a alguno de los componentes del grupo familiar.

Asimismo, los incisos sexto y séptimo fueron aprobados en los mismos términos propuestos salvo una corrección de redacción en el inciso final que es consecuencia de la indicación sustitutiva aprobada en el inciso quinto.

Consecuentemente con lo anterior, se aprobó el artículo con las enmiendas antes aludidas, en los términos en que aparece en el texto del proyecto.

Artículo 19, que pasa a ser 18.

Establece que, en los programas de tratamiento y de rehabilitación para bebedores problema y alcohólicos, deben considerarse actividades especiales para los menores de edad.

Sin mayor debate, fue aprobado en los mismo términos.

Artículo 20, que pasa a ser 19.

Dispone que la dirección del hospital, cinco días antes de que concluya el período de hospitalización, remitirá a la autoridad que haya decretado la reclusión o a la familia del asilado un informe sobre el resultado del tratamiento y que el juez o la familia, en su caso, podrán prolongar la duración del mismo por el tiempo que sea necesario.

Fue aprobado con correcciones formales de redacción y con la sola enmienda de excluir a la familia de la posibilidad de prolongar el tratamiento a que alude la disposición.

Artículo 21, que pasa a ser 20.

Señala que, a petición de cualquiera de los miembros de la familia del asilado, podrá nombrarse a éste un curador por el tiempo que dure la hospitalización y que los demás tendrán como curador al director del hospital.

A esta disposición sólo se le introdujeron correcciones de redacción.

Artículo 22, que pasa a ser 21.

Establece la forma de financiar los programas o planes de prevención y de rehabilitación de los alcohólicos, señalando que se utilizarán los recursos previstos en el artículo 75, que pasa ser 70, y los demás recursos que el fisco destine para estos efectos.

Por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, se aprobó una indicación del Ejecutivo para sustituirlo, la que recogió, en términos generales, la proposición del proyecto.

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El epígrafe del Título III fue aprobado en los mismos términos propuestos.

Artículo nuevo, que pasa a ser 22.

La incorporación de este artículo tiene por objeto describir la conducta que se sanciona en este título y así seguir la lógica del proyecto.

Artículo 23.

Establece que Carabineros podrá efectuar una prueba respiratoria, con objeto de determinar la presencia de alcohol en la sangre, a toda persona que conduzca o se apreste a conducir un vehículo en lugares públicos o abiertos al público. Si la prueba resulta positiva, los funcionarios policiales podrán prohibirle la conducción por el tiempo que fuere necesario para su recuperación, el que no puede exceder de una hora por cada 0,10 gramos de alcohol en la sangre. Además, podrán exigirle que se someta a un examen para determinar la dosificación de alcohol en la sangre.

Asimismo, prescribe que, si el afectado no se allana a inmovilizar el vehículo por determinado tiempo o si no permite que otra persona se haga cargo de su conducción, deberá permanecer bajo vigilancia policial. En todo caso, si conduce un vehículo durante este período, se lo sancionará con multa de dos a cuatro unidades tributarias mensuales y suspensión de la licencia de conducir por seis meses a un año.

En el inciso primero, se agregó la frase “u otra no invasiva”, con objeto de no excluir la posibilidad de usar nuevas técnicas de control para determinar la presencia de alcohol en la sangre.

El inciso segundo fue reemplazado, por estimarse que se hace difícil la aplicación de la norma propuesta.

El último inciso fue aprobado en los mismos términos propuestos.

Artículo 24.

Dispone que todo patrón de embarcación y maquinista de ferrocarriles, conductor de vehículos motorizados o de tracción humana o animal, bicicleta o triciclo, guardafreno o cambiador que se desempeñe o conduzca en estado de ebriedad será sancionado con penas de presidio menor en su grado mínimo y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales, aun cuando no cause daños o lesiones leves.

Si, a consecuencia del desempeño o conducción en estado de ebriedad, se causan lesiones menos graves o graves, la pena será de presidio menor en su grado medio y multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales, y, en caso de muerte, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de ocho a veinte unidades tributarias mensuales.

Asimismo, estatuye que habrá desempeño o conducción en estado de ebriedad cuando el examen de alcoholemia arroje una dosificación igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre. Igualmente, se entenderá que existe desempeño o conducción en estado de ebriedad cuando el conductor ebrio sea sorprendido en circunstancias que hagan presumir que se apresta a conducir en ese estado o que acaba de hacerlo.

En la situación prevista en el inciso primero, se aplicará, como pena accesoria, el retiro o la suspensión del permiso o autorización para conducir vehículos por el plazo de seis meses a un año. Si se causaren lesiones menos graves o graves, la suspensión será de uno a dos años y, si resultare muerte, de dos a cuatro años. En caso de reincidencia, los plazos máximos de suspensión se aumentarán al doble, pudiendo el juez decretar el retiro definitivo del permiso cuando estime que “el manejo del vehículo” ofrece peligro para el tránsito o la seguridad pública.

Finalmente, preceptúa que las penas accesorias no podrán ser suspendidas, pero que, tratándose del retiro definitivo, el juez podrá alzar la prohibición cuando surjan nuevos antecedentes que lo justifiquen y haya transcurrido el tiempo requerido para la prescripción de la pena principal.

La Comisión estimó que el ámbito de aplicación de la norma era restringido y concluyó que debía precisarse que ella era aplicable a todos los conductores de vehículos motorizados o de cualquier medio de transporte, sea terrestre, marítimo o aéreo, y a los controladores de tránsito, comprendiéndose en éstos a aquellos que controlan el tránsito aéreo y a los guardavías, guardafrenos y cambiadores, por cuanto no sólo los que conducen un vehículo en estado de ebriedad constituyen un peligro, sino que también lo constituyen los responsables de regular el tránsito de ciertos medios de transporte, como sería el caso de los controladores aéreos y de ferrocarriles.

Por otra parte, durante la discusión, surgieron dudas respecto a la dosificación de alcohol en la sangre para determinar el desempeño o la conducción en estado de ebriedad, concluyéndose que el 0,8 por mil propuesto en el proyecto era lo adecuado.

Asimismo, existieron discrepancias en relación con la presunción establecida en el inciso cuarto de este artículo, al señalarse que hay “conducción en estado de ebriedad cuando el ebrio fuere sorprendido en circunstancias que hagan presumir que se apresta a conducir en ese estado o que acaba de hacerlo”.

Consecuentemente con lo anterior, el inciso primero fue modificado, a fin de ampliar su ámbito de aplicación.

Los incisos segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo fueron aprobados en los mismos términos propuestos, sólo con correcciones de redacción.

Se agregó un inciso quinto, nuevo, que corresponde al inciso primero del artículo 26, en razón de que esta disposición es propia de la materia contenida en esta norma.

En consecuencia, esta disposición fue aprobada en los términos en que aparece en el texto del proyecto.

Artículo 25, que pasa a ser 26.

Este artículo establece que el funcionario municipal que otorgue o conceda permiso o autorización para conducir vehículos a una persona sancionada por alguna de las conductas a que se refieren los artículos precedentes será sancionado con multa y suspensión del cargo sin goce de remuneraciones y, en caso de reincidencia, al doble de la multa y la destitución del cargo.

A esta norma se le introdujeron correcciones formales de redacción. Para un mejor ordenamiento de las materias contenidas en este Título se acordó ubicarla al final del mismo.

Artículo 26, que pasa a ser 25.

El inciso primero establece que la circunstancia de huir del lugar donde se hubiere cometido alguno de los delitos contemplados en el artículo 24 será considerada como una presunción suficiente para establecer la culpabilidad.

El inciso segundo dispone que los funcionarios de Carabineros deberán someter de inmediato al detenido a un examen respiratorio, a objeto de determinar si ha ingerido alcohol. Si dicha prueba resultare positiva, el detenido será sometido a un examen para determinar la dosificación de alcohol en la sangre o en el organismo. Asimismo, en dicha oportunidad se le someterá a un examen de orina para determinar la presencia de drogas.

El inciso tercero, por su parte, agrega que, aun cuando el examen respiratorio resulte negativo, deberá efectuarse el examen de orina para los fines indicados en el inciso anterior.

El inciso cuarto dispone que estos exámenes se verificarán en los laboratorios dependientes del Servicio Médico Legal o en cualquier establecimiento hospitalario expresamente habilitado por dicho Servicio.

El inciso quinto establece que, si el detenido se niega a efectuarse dichos exámenes, ello será considerado como suficiente presunción para establecer la embriaguez del acusado o la presencia de drogas en el organismo.

El inciso sexto señala que el examen a que se refieren los incisos precedentes tendrá mérito suficiente para establecer la dosificación de alcohol en la sangre o en el organismo y que el funcionario que lo practique estará exento de la obligación de prestar juramento y no requerirá nombramiento especial. Asimismo, dispone que el informe deberá ser firmado por la persona que lo haya efectuado y visado por el jefe respectivo.

Finalmente, se estatuye que el detenido será siempre puesto a disposición del juez, quien no podrá decretar su excarcelación sino una vez que se haya tomado la declaración indagatoria y previo pago en efectivo de la fianza que se le fije.

Como ya se dijo al comentar el artículo 24, el inciso primero pasó a ser inciso quinto de la norma aludida.

El inciso segundo fue modificado. Se eliminó toda referencia hecha a las drogas, por no ser materia de esta ley. Por la misma razón, se rechazó el inciso tercero.

El inciso cuarto, fue sustituido por dos incisos nuevos. Se acogió una proposición tendiente a que el personal de Carabineros destine el menor tiempo posible a trámites meramente administrativos, como sería la realización del examen de alcoholemia.

Los demás incisos fueron aprobados en los mismos términos propuestos, sólo con modificaciones formales de redacción.

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El epígrafe del Título IV fue aprobado en los mismos términos propuestos.

Artículo 27.

Preceptúa que los establecimientos que expendan, proporcionen, distribuyan o mantengan bebidas alcohólicas estarán sujetos a la vigilancia e inspección de Carabineros, de los inspectores municipales y del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes. La inspección podrá practicarse, en caso de resistencia, con el auxilio de la fuerza pública.

Asimismo, dispone que a los dueños, a los empresarios o a cualquier persona que impida la entrada de los mencionados funcionarios, se les aplicará la sanción establecida en el artículo 55 que pasa a ser 53. En igual pena incurrirán si no portaren cédula de identidad o se negaren a exhibirla y, en todo caso, serán detenidos o puestos a disposición del juzgado.

El inciso quinto, por su parte, señala que, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los intendentes, gobernadores y alcaldes fiscalizarán el cumplimiento de esta ley. Para este efecto podrán solicitar, del juez de policía local o del juez del crimen competente, la entrada y el registro de propiedades particulares, en conformidad a las normas establecidas en el Párrafo 3º del Título II del Libro Segundo del Código de Procedimiento Penal.

Por último, el inciso sexto establece que el juez competente deberá decretar de inmediato tal diligencia, cuando de los antecedentes proporcionados se desprendan indicios de que en la propiedad cuyo registro se solicita se venden, proporcionan o distribuyen clandestinamente bebidas alcohólicas. Dicha diligencia deberá llevarse a efecto con el auxilio de la fuerza pública, a más tardar, dentro de las veinticuatro horas desde que se efectuó la petición.

En el inciso primero, se agregaron las palabras “o fiscales” y los incisos segundo, tercero, cuarto y final fueron aprobados en los mismos términos propuestos.

El inciso quinto fue sustituido, aprobándose una indicación del Ejecutivo en la cual se establece que los tribunales competentes podrán decretar el allanamiento de propiedades particulares para fiscalizar el cumplimiento de esta ley. La norma contenida en el proyecto otorgaba facultades a los intendentes, gobernadores y alcaldes para fiscalizar su cumplimiento. Por ser una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, se declaró inadmisible.

Artículo 28.

Establece las categorías y características en que quedarán clasificados todos los establecimientos de bebidas alcohólicas.

Fue aprobado en los mismos términos propuestos, con una modificación en el número 15, que pasó a ser letra Ñ), a fin de establecer que los salones de té o cafeterías podrán expender, además, sidra.

Asimismo, se reemplazó la numeración de la clasificación de los establecimientos de bebidas alcohólicas por letras, con objeto de no alterar las referencias legales y, en lo posible las categorías de las patentes.

Artículo 29.

Estatuye que los negocios de expendio de bebidas alcohólicas clasificados en el artículo anterior tendrán los horarios de funcionamiento que en esta disposición se señalan. Asimismo, el inciso final faculta al alcalde para que, con acuerdo del concejo, reduzca el horario de funcionamiento hasta en dos horas.

Además, se hace constar que el inciso final de este artículo fue declarado inadmisible por el Presidente de la Comisión.

Cabe hacer presente que esta norma fue objeto de un amplio debate. Hubo criterios diferentes respecto de los horarios de funcionamiento y de venta de los establecimientos clasificados en el artículo anterior. No obstante ello, hubo consenso en el precepto que se aprobó.

En definitiva, este artículo fue sustituido, a fin de introducir cambios en los horarios de venta y funcionamiento, en su caso, de los distintos establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas.

Artículo 30.

Establece que las patentes para hoteles, moteles, hosterías o restaurantes de turismo sólo podrán otorgarse a los establecimiento declarados necesarios para el turismo por el intendente regional, previa solicitud del alcalde, con acuerdo del concejo.

El inciso segundo dispone que la declaración de establecimiento necesario para el turismo se derogará a petición del alcalde, con acuerdo del concejo, cuando cualquier negocio no cumpla con los fines turísticos que fundamentaron tal declaración.

Fue reemplazado a indicación del Ejecutivo, por ser una materia de iniciativa del Presidente de la República. La indicación recoge la norma propuesta en el proyecto. No obstante, la Comisión estimó que el requisito agregado en la indicación, en el sentido de requerir informe previo del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes para efectuar la declaración de establecimiento necesario para el turismo, implicaba introducir una exigencia innecesaria, que no se considera para el otorgamiento de las patentes en general. Por esa razón, eliminó dicho requisito.

Artículo 31.

Dispone que las municipalidades sólo podrán otorgar patentes para el expendio de bebidas alcohólicas en la parte urbana de las comunas.

El inciso segundo establece que, en la parte rural, se podrá autorizar este expendio siempre que el negocio esté ubicado con frente a un camino público y a una distancia no menor de cien metros ni mayor de mil metros de una tenencia o retén de carabineros.

El inciso tercero señala que, en los pueblos y aldeas que tengan una población no superior a 2.000 habitantes, sólo podrá otorgarse patente a los establecimientos situados en la calle principal y que se encuentren a una distancia no inferior a 150 ni superior a 500 metros de los recintos de Carabineros.

Por último, prescribe que la concesión de patentes en los balnearios o lugares de veraneo o turismo no quedará sujeta a estas limitaciones siempre que los establecimientos respectivos paguen la patente más alta en su rubro, la cual en ningún caso deberá ser inferior a diez unidades tributarias mensuales.

En relación con esta norma, la Comisión aprobó los incisos primero, segundo y tercero en los mismos términos propuestos. El inciso final fue sustituido por otro, estableciéndose que, en los pueblos, aldeas y localidades donde no existan tenencias o retenes de Carabineros, se autorizará el establecimiento de un local de expendio de bebidas alcohólicas siempre y cuando se encuentre frente a un camino público accesible para su fiscalización y control.

Se fundamentó el rechazo y la sustitución del inciso final en que la norma podría constituir un desincentivo al turismo, ya que el valor de las patentes en los balnearios o lugares de veraneo o turismo sería el más alto fijado para el rubro y en ningún caso podría ser inferior a diez unidades tributarias mensuales.

Además, se dijo que era indispensable autorizar la existencia de establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas en las zonas rurales, aun cuando no existiera algún recinto de Carabineros, con el fin de evitar la venta clandestina de estas bebidas.

Artículo 32.

Preceptúa que no podrán funcionar locales de expendio de bebidas alcohólicas conjuntamente o colindantes con agencias de crédito prendario.

Este artículo fue rechazado por la Comisión.

Artículos 33, 34 y 35, que pasan a ser 32, 33 y 34, respectivamente.

El artículo 33 señala que los negocios que expendan cerveza podrán vender también sidra de fruta, siempre que el grado de alcohol de ésta no sea superior al de la cerveza o del vino y que venga envasada de origen en unidades de una capacidad máxima de 300 centímetros cúbicos.

Por su parte, el articulo 34 dispone, en su inciso primero, que las patentes se concederán en conformidad a las disposiciones de la ley de Rentas Municipales, sin perjuicio de las modificaciones contenidas en esta ley.

En su inciso segundo, establece que el valor de las patentes deberá ser pagado por semestres anticipados, en los meses de enero y julio de cada año.

Los incisos tercero y cuarto indican que los negocios de expendio de bebidas alcohólicas no podrán funcionar sin que previamente hayan pagado la patente, ni podrán continuar haciéndolo sin tenerla al día, salvo que este hecho no fuere imputable al deudor y lo probare documentalmente. El infractor deberá pagar una multa de diez unidades tributarias mensuales, las que se aumentarán a veinte si persistiere.

El artículo 35 estatuye que las municipalidades podrán otorgar a un mismo establecimiento sólo una patente para el expendio de bebidas alcohólicas, aun cuando considere distintas clasificaciones. El monto de dicha patente será la suma de todas las instancias incluidas. El concesionario sólo quedará autorizado para hacer funcionar, durante los días y horas de clausura, el o los negocios no afectos a esta medida.

Los artículos anteriormente señalados fueron aprobados en los mismos términos propuestos y sólo con correcciones de carácter formal.

Artículo 36, que pasa ser 35.

El artículo 36 señala que, en las ciudades balneario y lugares de turismo, cuya población no sea superior a 50.000 habitantes, las municipalidades podrán otorgar patentes temporales para hoteles y casas de pensión en un número que no exceda del 20% de las concedidas anualmente para esos negocios de funcionamiento permanente.

El inciso segundo establece que el intendente regional, previo informe del alcalde respectivo, con acuerdo del concejo, fijará las ciudades balneario y lugares de turismo en los cuales las municipalidades podrán otorgar patentes temporales.

La Comisión acordó aprobar el inciso primero y acoger la indicación del Ejecutivo para sustituir el segundo, por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y que recoge integralmente la norma propuesta en el proyecto.

Artículo 37, que pasa a ser 36.

Establece que en cada comuna las patentes de los establecimientos señalados en los números 1, 5 y 6 del artículo 28 no podrán exceder, en ningún caso, la proporción de un negocio por cada 1.000 habitantes.

El inciso segundo, a su vez, dispone que el número limitado de patentes en cada comuna será fijado cada tres años por el intendente regional, previo informe del alcalde, con acuerdo del concejo respectivo, tomando como base el número de habitantes que señale el Instituto Nacional de Estadísticas y distribuido dentro de las diversas categorías señaladas en el inciso anterior.

El inciso tercero estatuye que los municipios otorgarán las nuevas patentes a que alude el inciso primero, dentro de los márgenes que indique el intendente regional, y no se renovarán las concedidas a los negocios que hubieren sido clausurados por infracción de esta ley o de las disposiciones municipales.

El inciso final indica que las patentes que no hayan sido pagadas oportunamente serán cobradas judicialmente, en conformidad a la ley sobre Rentas Municipales.

La Comisión acordó aprobar el inciso primero en los mismos términos propuestos y sustituir el inciso segundo por una indicación del Ejecutivo, por tratarse de una materia de su iniciativa exclusiva. La indicación recoge la norma propuesta en el proyecto.

Los incisos tercero y cuarto fueron rechazados.

Durante el estudio de este artículo, se señaló que la norma aprobada traspasa la función asignada al Presidente de la República de fijar el número limitado de patentes en cada comuna al intendente regional, con lo cual se contribuye a la descentralización administrativa.

Artículo 38, que pasa a ser 37.

Establece que las municipalidades determinarán, en sus respectivos planos reguladores o mediante ordenanzas municipales, las zonas de su territorio en las que se podrán instalar cantinas, bares o tabernas, cabarés y locales de expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del local.

El inciso segundo prohíbe la existencia de cantinas, bares o tabernas, cabarés, botillerías y locales de expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del local, a menos de 200 metros de los establecimientos que señala.

El inciso final, dispone que los negocios que resultaren afectados por esta disposición sólo podrán seguir funcionando siempre que el juez, de oficio o a petición de parte y con informe del alcalde, con acuerdo del concejo, califique las circunstancias que hagan aconsejable el funcionamiento de ellos. El tribunal deberá determinar las condiciones y el plazo no podrá ser inferior a un año. A los negocios cuya patente haya caducado por cualquier causa o que hayan sido clausurados no se les renovará la patente.

El inciso primero, fue aprobado en los mismos términos propuestos. El segundo fue objeto de modificaciones, a fin de suprimir las palabras “o asistencia social”, “mercados”, “ferias” y “mataderos” de la enumeración que se hace de las instituciones y establecimientos comerciales respecto de los cuales se prohíbe la existencia de cantinas, bares o tabernas a una distancia menor de doscientos metros.

El inciso tercero fue sustituido por una indicación del Ejecutivo, por ser materia de su iniciativa, en la que se acoge, básicamente, la propuesta del proyecto.

Artículo 39, que pasa a ser 38.

Establece que las bodegas elaboradoras o distribuidoras de vinos, licores o cerveza que expendan al por mayor no podrán repartir bebidas embriagantes en los días y horas en que se prohibe su expendio, salvo que se trate de trasladar dichos productos para embarques o desembarques.

Fue aprobado en los mismos términos, sólo con correcciones de redacción.

Artículo 40, que pasa a ser 39.

Dispone que los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas deberán funcionar de manera independiente de todo otro tipo de negocio de giro diverso y absolutamente separados de la casa habitación del comerciante o de cualquier persona, exceptuándose los hoteles o casas de pensión.

En esta disposición se introdujeron correcciones de redacción y se agregó a las “residenciales” entre las excepciones de la obligación de que el establecimiento de expendio esté separado de la casa habitación del comerciante.

Artículo 41, que pasa a ser 40.

Establece que los vinos o licores expendidos por los depósitos de bebidas no podrán ser consumidos en sitios anexos a ellos y que el dueño, arrendatario o administrador del establecimiento deberá colaborar, avisando a la fuerza pública en caso de infracción.

Durante su discusión, se hizo presente que la norma pretendía evitar, de alguna forma, que el dueño de una botillería contara con un lugar anexo a dicho establecimiento en el cual se consumieran bebidas alcohólicas sin contar con la patente correspondiente.

Fue sustituido, a fin de precisar su sentido y alcance.

Artículo 42, que pasa a ser 41.

El inciso primero prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en vías, plazas y paseos públicos, en los teatros, circos y demás centros públicos que no paguen las respectivas patentes. La misma prohibición rige para las estaciones ferroviarias.

El inciso segundo señala que no podrá autorizarse el expendio de bebidas alcohólicas en campos o recintos destinados a espectáculos deportivos.

Por su parte, el inciso tercero establece que no se entenderá prohibido el reparto de bebidas alcohólicas a los locales de expendio en los caminos públicos o vecinales.

El inciso final dispone que, en los días de Fiestas Patrias, las municipalidades podrán otorgar autorización transitoria para que en los lugares de uso público u otros que se determinen se establezcan fondas o locales de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, por un plazo máximo de tres días. La municipalidad correspondiente podrá cobrar a los beneficiarios los derechos que estime convenientes.

Se hizo constar que la norma propuesta agrega la prohibición de expender bebidas alcohólicas en los campos o recintos deportivos y que, asimismo, la ley Nº 19.327, que fija normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, agregó dos incisos finales al artículo 159 de la ley Nº 17.105, sobre alcoholes, otorgando facultades al intendente regional para que, cuando califique un espectáculo de fútbol profesional de alto riesgo para la seguridad pública, decrete la prohibición de expendio de bebidas alcohólicos en los centros o recintos deportivos donde se lleve a efecto y en un perímetro máximo de cinco cuadras, la que regirá desde tres horas antes del inicio del evento y hasta tres horas después de su finalización.

Durante el curso del debate, se hizo presente la necesidad de actualizar la norma, puesto que se dijo que, en la actualidad, los terminales de buses, por ejemplo, están dentro o en lugares muy cercanos a centros comerciales en los cuales existen establecimientos que expenden bebidas alcohólicas y que cuentan con las respectivas patentes, por lo que se consideró necesario, además, suprimir la referencia a las estaciones ferroviarias.

La Comisión aprobó el inciso primero con modificaciones tendientes a precisar su sentido y alcance.

Los incisos segundo y tercero pasaron a ser tercero y segundo, respectivamente, a fin de reordenar las materias en ellos contenidas. Además, se agregaron dos incisos nuevos, que recogen las materias del actual artículo 159 de la ley 17.105, que fue modificado por la ley Nº 19.327, que reprime los actos de violencia en los estadios.

En dichas normas se otorgan facultades a los intendentes regionales para declarar los espectáculos de fútbol profesional de alto riesgo y decretar la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas.

El inciso final fue aprobado en los mismos términos propuestos.

Artículo 43, que pasa a ser 42 .

Establece que el Presidente de la República, previo informe del intendente regional, podrá limitar o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas por razones de interés nacional o de orden público, en las regiones o localidades que estime conveniente.

Su inciso segundo señala que, además, se podrá prohibir la existencia de negocios de bebidas alcohólicas en sectores destinados a grupos habitacionales o en los alrededores de las estaciones de ferrocarriles, mataderos, mercados u otros.

El inciso final dispone que las personas que introduzcan, vendan o mantengan existencias de bebidas alcohólicas en una zona declarada seca serán detenidas y puestas a disposición del juzgado respectivo, y sólo serán dejadas en libertad previo pago de una fianza no inferior al mínimo de la multa que deba aplicarse. Cada infracción será sancionada, además, con una multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales y el comiso de las bebidas alcohólicas.

En el curso del debate, se hizo presente que era necesario descentralizar la aplicación de estas medidas, por lo que se debía otorgar al intendente regional la facultad de prohibir o limitar el expendio de bebidas alcohólicas, quien, previo informe del alcalde respectivo y por razones de interés público, podría declarar zona seca a la región, comunas o localidades que estimare conveniente.

Se aprobó una indicación formulada por el Ejecutivo para reemplazar el inciso primero, la que tiene por objeto recoger la idea propuesta por la Comisión en orden de descentralizar la aplicación de las medidas señaladas en el párrafo anterior. Los incisos segundo y tercero fueron aprobados en los mismos términos propuestos.

Artículo 44, que pasa a ser 43.

Establece que, en las comunas en que se efectúe una elección popular, no podrán funcionar el día de la elección los depósitos de bebidas alcohólicas, cantinas, bares y tabernas.

Su inciso segundo dispone que la contravención será sancionada con prisión inconmutable de veintiuno a sesenta días, multa de cinco unidades tributarias mensuales y comiso de las bebidas, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 116 de la ley Nº 18.700, que preceptúa que “La fuerza encargada del orden público dispondrá la clausura de los recintos en que se infringiere esta disposición.”.

Durante su discusión, se concluyó que en esta materia era preferible remitirse a lo establecido en el artículo 116 de la ley de Elecciones Populares y Escrutinios, manteniendo la sanción que propone este artículo. En consecuencia, fue sustituido en los términos en que aparece en el texto del proyecto.

Artículos 45 y 46, que pasan a ser 44 y 45, respectivamente.

El artículo 45 señala que, en el exterior de los establecimientos de expendio, se deberá señalar, en letras visibles, la frase “Expendio de bebidas alcohólicas” y la clasificación del negocio. Asimismo, dispone que se fijará la patente en el interior del local, en un lugar visible al público.

Por su parte, el artículo 46 establece la prohibición del empleo de menores de dieciocho años en los lugares en que se expendan bebidas alcohólicas. Además, precisa que no quedan comprendidos en esta normas los mensajeros, ascensoristas, porteros, ayudantes de garzón, ayudantes de cocina, encargados de aseo y otros que, en razón de sus ocupaciones, no intervengan en el expendio de bebidas alcohólicas.

Durante el curso del debate sobre el artículo 46, que pasa a ser 45, se hizo presente que la norma, específicamente, prohíbe que los menores de dieciocho años expendan bebidas alcohólicas y que, en este sentido, la enumeración de determinadas funciones que están exceptuadas sólo viene a reafirmar esta prohibición al acto de vender.

La Comisión aprobó en los mismos términos propuestos estos artículos, sólo con modificaciones formales de redacción.

Artículo 47.

Dispone que en las localidades declaradas zona seca por el Presidente de la República no podrán expenderse bebidas alcohólicas.

Fue rechazado, por entenderse que la expresión “bebidas alcohólicas” comprende a las cervezas y todo tipo de licores y vinos y por que en el artículo 43, que pasa a ser 42, se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas cuando exista la declaración de zona seca.

Artículo 48, que pasa a ser 46.

Señala que no podrá concederse autorización para la venta de bebidas alcohólicas a las siguientes personas:

1.- Miembros del Congreso Nacional y tribunales de justicia, intendentes, gobernadores y alcaldes.

2.- Funcionarios de exclusiva confianza del Presidente de la República y de los alcaldes o de la autoridad facultada para hacer el nombramiento.

3.- Los que hayan sido condenados por crimen o simple delito.

4.- Los dueños o administradores de negocios que hubieren sido clausurados definitivamente.

5.- Los miembros de los Consejos Regional y de los Concejos Municipales.

6.- Los menores de dieciocho años.

7.- Los dirigentes de juntas de vecinos y de otras organizaciones comunitarias.

La discusión de esta norma se centró, principalmente, en la necesidad de restringir el otorgamiento de las patentes a determinadas personas, concluyéndose que debía sustituirse el número 2 por el vigente en el mismo número del artículo 166 de la ley Nº 17.105, que es más amplio, puesto que prohíbe el otorgamiento de patentes a los empleados o funcionarios fiscales o municipales, sin considerar ninguna otra distinción.

Asimismo, se discutió latamente el establecimiento de prohibiciones para los dirigentes de las juntas de vecinos y de otras organizaciones comunitarias, estimándose que no era conveniente ser demasiado restrictivo en esta materia, puesto que, si un propietario de un negocio de expendio de bebidas alcohólicas deseaba ser dirigente vecinal, se le estaría impidiendo, de manera indirecta, postular al cargo y que, en caso de ser elegido, no se veía una razón de fondo para prohibirle acceder a una patente de este tipo.

En definitiva, se aprobó el artículo en los mismos términos propuestos, con la sustitución del número 2 y el rechazo del número 7.

Artículo 49, que pasa a ser 47.

Establece que sólo podrá otorgarse patente para el expendio de bebidas alcohólicas a los clubes, centros o círculos sociales con personalidad jurídica, con informe anual favorable de la respectiva prefectura de Carabineros.

Además, dispone que a las sociedades e instituciones con personalidad jurídica que deseen obtener patente de club, centro o círculo social con expendio de bebidas alcohólicas, sólo se les concederá una patente de esta naturaleza, salvo que la entidad mantenga filiales que cuenten con personalidad jurídica distinta de la matriz.

Finalmente, señala que en ningún caso podrá otorgarse a una misma sociedad o institución más de una patente de club, centro o círculo social, en cada comuna.

Los incisos primero y final fueron aprobados en los mismos términos propuestos. Se rechazó el inciso segundo, por considerarse que la exigencia de que las filiales tengan personalidad jurídica propia está considerada en el inciso primero y que la limitación está dada en el inciso final al señalarse que sólo puede otorgarse un patente por comuna, y, por consiguiente, dicho inciso sería redundante.

Artículo 50, que pasa a ser 48.

Establece que la municipalidad respectiva deberá suspender la autorización concedida a los establecimientos con expendio de bebidas alcohólicas en los siguientes casos:

1.- Si la patente hubiere sido concedida por error a alguna de las personas indicadas en el artículo 48 que pasa a ser 46.

2.- Si el local no reuniere las condiciones de salubridad, higiene y seguridad que establezcan las leyes o reglamentos.

3.- Si la patente hubiere sido arrendada o cedida a cualquier título a alguna de las personas a que se refiere el artículo 48 que pasa a ser 46.

4.- Cuando en los alrededores o dentro de un establecimiento se produzcan situaciones que atenten contra la moral, las buenas costumbres y el orden público.

5.- Por reclamos reiterados de juntas de vecinos y otras instituciones u otras organizaciones sociales de la comuna en contra del establecimiento.

Fue aprobado en los mismos términos propuestos, con modificaciones formales de redacción, salvo los números 4 y 5, que se rechazaron, por cuanto se estimó que podrían dar lugar a arbitrariedades, siendo preferible dejar confiada la resolución a los tribunales de justicia.

Artículo 51, que pasa a ser 49.

Prohíbe la existencia de bebidas alcohólicas en locales o negocios no autorizados para venderlas, siempre que las circunstancias demuestren que dicha existencia tiene por objeto la venta clandestina. Se presume que concurren dichas circunstancias cuando, además, existan vasos, medidas u otros utensilios comúnmente destinados al expendio y cuando las bebidas se encuentren ocultas.

La infracción de esta norma será penada con una multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales, el comiso de las bebidas y utensilios y con clausura del negocio. La primera reincidencia será castigada, además, con prisión inconmutable de veintiuno a sesenta días.

Finalmente, señala que el comiso se efectuará en el momento de sorprenderse la infracción y será puesto a disposición del juzgado respectivo.

Durante el curso del debate, se hizo presente que la expresión “clausura del negocio” debe entenderse en un sentido amplio, esto es que cualquiera que sea el giro del establecimiento si se sorprende el expendio clandestino de bebidas alcohólicas, debe ser clausurado.

Asimismo, se concordó en que debía modificarse la norma, a fin de dejar claramente establecido que se prohibía la existencia de bebidas alcohólicas destinadas a la venta clandestina en cualquier lugar, local, inmueble o negocio. Además, se convino en que las sanciones propuestas para la primera reincidencia eran muy drásticas, por lo que se coincidió en establecer la pena de prisión inconmutable para la segunda reincidencia, manteniendo la clausura para la primera.

Consecuentemente con lo anterior, se aprobó el artículo con las enmiendas comentadas, en los términos en que aparece en el texto del proyecto.

Artículos 52, 53, 54, 55 y 56, que pasan a ser 50, 51, 52, 53 y 54, respectivamente.

El inciso primero del artículo 52 que pasa a ser 50, establece que las personas que expendan bebidas alcohólicas sin tener la correspondiente patente, aun cuando lo hagan en forma ocasional, serán sancionadas con las penas señaladas en el artículo anterior.

El inciso segundo dispone que no será necesario probar el hecho del pago para demostrar el expendio, siendo suficiente para acreditarlo cualquier otra circunstancia que indique que ha existido venta clandestina.

El inciso tercero prescribe que se presume que existe expendio clandestino en los negocios no autorizados para venderlas por el solo hecho de permitirse su consumo dentro del local o establecimiento o en sus dependencias.

El inciso cuarto señala que la venta de bebidas alcohólicas a cualquier negocio no autorizado será sancionada con multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales. Tratándose de distribuidores, la multa será de diez a veinte unidades tributarias mensuales, a menos que se acredite justa causa de error en cuanto al destino de la mercadería. Asimismo, indica que el vehículo y cualquier medio utilizado para cometer la infracción será retenido por Carabineros y sólo podrá ser devuelto una vez que se deposite en la unidad policial respectiva el valor equivalente a la multa y sus recargos.

Finalmente, preceptúa que los fabricantes de debidas analcohólicas o de fantasía deberán vender sus productos envasados y que la transgresión de esta norma será sancionada con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.

El artículo 53 que pasa a ser 51, establece que cuando no hubiere podido llevarse a efecto la clausura del establecimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, por ser el negocio o local denunciado la casa habitación del condenado, o cuando ella causare grave daño a la familia del infractor por esta misma circunstancia, el juez respectivo, de oficio o a petición del delegado del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes o de cualquier persona, y sin forma de juicio, podrá sustituirla, en la parte referente a la clausura, por prisión inconmutable de uno a sesenta días. La resolución que así lo ordene deberá ser fundada.

El artículo 54 que pasa a ser 52, señala que el otorgamiento de patentes en contravención de lo dispuesto en esta ley será sancionado con multa, a beneficio municipal, de diez a veinte unidades tributarias mensuales, que se aplicará al alcalde. Igual sanción sufrirán los funcionarios municipales que emitan informes maliciosamente falsos, que sirvan de base para el otorgamiento de las patentes o que no las eliminen en los casos previstos por la ley. El inciso segundo concede acción pública para la denuncia de estas infracciones.

El inciso primero del artículo 55 que pasa a ser 53, estatuye que toda infracción de esta ley, que no tenga señalada una sanción especial, se castigará con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales; la segunda vez, se penará con el doble de la multa; la tercera, con el triple de la multa con que se haya sancionado la primera vez y clausura definitiva.

Su inciso segundo dispone que la persona que fuere condenada y no pagare la multa por cualquiera de las infracciones consideradas en esta ley sufrirá, por vía de sustitución y apremio, un día de prisión por cada dos centésimos de unidad tributaria mensual a que haya sido condenada, no pudiendo exceder la pena de sesenta días.

El inciso primero del artículo 56 que pasa a ser 54, establece que, tratándose de negocios clausurados definitivamente, sólo podrán reabrirse para el expendio de bebidas alcohólicas por distinto dueño y con otra patente, salvo las situaciones contempladas en el inciso tercero, del artículo 38 que pasa a ser 37.

El inciso segundo dispone que los negocios clausurados temporalmente podrán ser reabiertos antes del plazo, cuando el propietario del inmueble acredite que los destinará a otros usos. En todo caso, para el alzamiento se requerirá orden judicial.

El inciso tercero indica que la violación de la clausura será castigada con prisión en sus grados medio a máximo, inconmutable, y comiso de las bebidas.

El inciso final señala que, para efectos de determinar la reincidencia o la reiteración, se tomarán en consideración sólo las infracciones cometidas en los últimos doce meses anteriores a la que motiva el juicio.

Sin mayor debate, se aprobaron estas disposiciones en los mismos términos propuestos.

Artículo 57, que pasa a ser 55.

Establece que, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el juez, en cualquier caso, ya sea a petición del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes, del alcalde o del concejo, podrá clausurar definitivamente un negocio cuando éste constituya un peligro para la tranquilidad o moral públicas, sin que sea menester que se cumpla con el número de transgresiones necesarias para decretar la clausura ni que éstas sean específicas.

El inciso final dispone que la resolución deberá ser fundada y que será apelable en el solo efecto devolutivo.

El Ejecutivo formuló indicación para sustituir esta norma, entre otras razones, por ser de exclusiva iniciativa del Presidente de la República, la que fue aprobado por la Comisión.

La indicación en comento recoge, básicamente, el artículo original del proyecto, con la sola modificación de incorporar al intendente regional en la enumeración de los funcionarios que podrán solicitar la clausura de un establecimiento en razón de que constituye un peligro para la tranquilidad o moral públicas, sin que sea necesario que se cumpla con el número de transgresiones necesarias para clausurarlo.

Artículo 58.

Establece que, sin perjuicio de las clausuras impuestas por la autoridad judicial, los intendentes, gobernadores y alcaldes podrán clausurar los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas donde se hubieren cometido hechos delictuosos graves o que constituyan un peligro para la tranquilidad o la moral públicas.

El inciso segundo señala que el afectado dispone del plazo de diez días para reclamar ante el juzgado de policía local o del crimen correspondiente. El juez deberá oír al afectado en un comparendo, el que deberá celebrarse dentro del quinto día de ingresado el reclamo. En dicho comparendo, el afectado podrá presentar todas las pruebas que estime conducentes y éstas serán apreciadas en conciencia.

El inciso final indica que, en contra de la resolución judicial que decrete el alzamiento o mantenga la clausura, únicamente procederá el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo.

La disposición contenida en el proyecto fue declarada inadmisible, por tratar de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Por su parte, el Ejecutivo hizo presente que no correspondería a intendentes, gobernadores o alcaldes calificar un hecho de “delictuoso” ni obligar a las autoridades a apreciar cuestiones de orden subjetivo, como son gravedad del hecho delictuoso, peligro para la tranquilidad o la moral públicas, ya que la represión, el castigo y la sanción de los culpables de infringir las disposiciones legales corresponde a los tribunales de justicia.

En razón de lo anterior, fue rechazado el artículo.

Artículo 59, que pasa a ser 56.

Establece que los dueños, empresarios o regentes de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas serán solidariamente responsables de las sanciones que se apliquen por infracción de las disposiciones de esta ley.

Se aprobó en los mismos términos propuestos.

Artículo 60, que pasa a ser 57.

Establece que las bebidas y elementos decomisados a que se refieren los artículos 43 que pasa a ser 42, y 51 que pasa a ser 49, serán vendidos en pública subasta por el secretario del juzgado respectivo, de acuerdo con lo que determine el reglamento, y que, una vez deducidos los gastos del remate, su producto será ingresado en la Tesorería Provincial correspondiente, para ser depositado en una cuenta especial que llevará la Tesorería General de la República.

Los recursos mencionados deberán ser destinados, necesariamente, a los programas de prevención y de rehabilitación establecidos en esta ley.

El inciso final señala que sólo podrán concurrir como postores al remate los comerciantes de alcoholes que tengan su patente al día.

Se aprobó una indicación del Ejecutivo para sustituirlo. La indicación que acoge el texto del proyecto corresponde a la iniciativa exclusiva de S.E. el Presidente de la República.

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El epígrafe del Título V fue sustituido por el siguiente: “De la competencia y del procedimiento judicial”.

Título V, De la competencia y del procedimiento judicial.

Se acordó aprobar la sustitución de este Título, por cuanto se consideró indispensable simplificar y actualizar el procedimiento judicial existente. Para tal efecto, se hace aplicable, en lo que sea concerniente, la legislación vigente sobre procedimiento ante los juzgados de policía local y les otorga a estos tribunales competencia para conocer, en primera instancia, de todas las infracciones de esta ley. Asimismo, hace aplicables las normas contenidas en el Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Penal para el juzgamiento del desempeño o conducción en estado de ebriedad, el que será de competencia de los jueces del crimen. Sin perjuicio de lo expuesto, se establecen, también, normas específicas respecto de algunas materias que requieren de regulación especial.

Lo anterior se funda en que se estimó innecesario repetir normas ya contenidas en dichos cuerpos legales, lo que significó eliminar disposiciones.

Entre las principales innovaciones incorporadas, se pueden mencionar las siguientes.

Respecto a la competencia, la ley Nº 17.105 señala, en su artículo 177, que todas las infracciones que se castigan en el Libro Segundo se juzgarán, en primera instancia, por los respectivos jueces de letras de mayor cuantía, con las excepciones que en ella se indican.

Por su parte, el artículo 58 del proyecto dispone que de las infracciones previstas en esta ley conocerán, en primera instancia, los jueces de policía local. El artículo 59 preceptúa que, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el juez del crimen que sea competente conocerá del delito establecido en el artículo 24, esto es, del desempeño y conducción en estado de ebriedad.

La razón de lo anterior es atribuirle al desempeño y conducción en estado de ebriedad la gravedad que ello significa.

En relación con el procedimiento judicial, se trató de abreviarlo, a fin de agilizar la tramitación de las causas de alcoholes. Así es como el artículo 61 dispone que el tribunal pondrá en conocimiento del inculpado el parte o la denuncia y lo interrogará de acuerdo con su contenido. En caso de que el inculpado reconozca su participación en el hecho denunciado y se allane a la sanción, se dictará sentencia definitiva de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno.

Asimismo, el artículo 63 atribuye a los partes o denuncias la calidad de testimonios legalmente prestados si en ellos aparece la firma de los denunciantes debidamente autorizada por los superiores jerárquicos. Se exime a los agentes de la policía o inspectores fiscales o municipales de comparecer personalmente al tribunal, a menos que el juez lo estime conveniente y así lo ordene por resolución fundada.

En cuanto a las multas que establece el proyecto, se tuvo en especial consideración que numerosos infractores de esta ley serán personas de escasos recursos. En esa virtud, el inciso segundo del artículo 64 establece que, por resolución fundada el juez podrá moderar la multa aplicada, rebajándola a una suma que pueda ser inferior al mínimo que establece la ley. En casos muy calificados, el juez podrá dejar en suspenso la aplicación de la pena pecuniaria.

A su vez, el artículo 67 dispone que el juez podrá conmutar la sanción aplicada por la realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad.

Teniendo en cuenta que entre los objetivos fundamentales del proyecto, se encuentran la prevención del alcoholismo y la rehabilitación de los alcohólicos, en el artículo 66 se establece la obligación de que el inculpado por ebriedad, desempeño o conducción en estado de ebriedad deber ser examinado por un médico calificado por el Servicio de Salud correspondiente, a fin de determinar si es o no es dependiente, la gravedad de tal dependencia y el tratamiento que debería seguir.

Entre las disposiciones contenidas en este Título, se consideraron dos indicaciones del Ejecutivo. La primera, que corresponde al artículo 64, establece la forma en que se determinará la equivalencia en pesos de las multas y, además, faculta al juez para rebajarlas y dejar en suspenso la aplicación de la pena pecuniaria.

La segunda indicación, que está contenida en el artículo 70, dispone que los abogados y delegados del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes percibirán, por sus actuaciones en las causas por infracción de esta ley, un honorario único equivalente al 10% del total de las sumas que ingresen por concepto de multas. Dicho honorario se pagará mensualmente.

El 40% del saldo se destinará a los Servicios de Salud para el financiamiento y la mantención de los programas de rehabilitación de personas alcohólicas. El 60% del mismo se asignará a las municipalidades, distribuido entre ellas de acuerdo con el número de habitantes y con los antecedentes estadísticos respecto a los problemas de alcoholismo que afecten a la respectiva población, para el financiamiento y la mantención de los programas de prevención y de rehabilitación de personas alcohólicas.

Disposición final, artículo 74, que pasa a ser 71.

Deroga el Libro Segundo de la ley Nº 17.105, sobre Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, y establece que las disposiciones legales que hagan referencia a dicho Libro se deberán entender hechas a esta ley.

Se aprobó en los mismos términos propuestos.

Artículos transitorios.

Los dos artículos transitorios fueron sustituidos, el primero, por estar considerada la materia de que trata en una disposición permanente, y el segundo, por considerárselo innecesario.

En su reemplazo se aprobaron dos nuevas disposiciones. La primera establece que las causas de alcoholes que, a la fecha de entrada en vigencia de la ley se hallaren pendientes, continuarán radicadas en los mismos tribunales hasta su total tramitación.

La segunda dispone que el número de patentes limitadas de alcoholes y su distribución, fijadas en conformidad al artículo 36, comenzarán a regir a contar del 1 de enero del año siguiente a su entrada en vigencia.

La sustitución del artículo 2º transitorio pretende ordenar la aplicación y la distribución de las nuevas patentes de alcoholes, puesto que se requiere de aproximadamente tres meses para efectuar los trámites previos.

CONSTANCIAS.

Para los efectos de los dispuesto en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se hace presente que:

a) Los artículos 12, inciso primero; 30, 35, 36 inciso segundo; 37, inciso tercero; 42, incisos primero y segundo; 58 y 59 del proyecto tienen el carácter de orgánicos constitucionales.

b) No existen disposiciones de quórum calificado.

c) Disposiciones que deberían ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

Se encuentran en esta situación los artículos 15, 21 y 70.

d) Fueron rechazados los artículos 11, 13, 32, 47 y 58 permanentes, artículos 1º y 2º transitorios, y

e) Cabe señalar que respecto de los artículos 58 y 59 se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, oficiándose a la Excma. Corte Suprema.

ººººº

En mérito de lo expuesto y por las consideraciones que en su oportunidad dará a conocer la señora Diputada Informante, la Comisión de Salud recomienda la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Serán reguladas por esta ley la penalidad de la ebriedad; del desempeño y conducción en estado de ebriedad; del expendio y consumo abusivo de bebidas alcohólicas; la clasificación de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas y el otorgamiento de las patentes; el procedimiento judicial aplicable a la transgresión de dichas disposiciones y las sanciones pecuniarias correspondientes; y las normas que promuevan la prevención del alcoholismo y la rehabilitación de los alcohólicos.

TÍTULO I

DE LA PENALIDAD DE LA EBRIEDAD

Artículo 2º.- No se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en calles, plazas y demás lugares públicos o abiertos al público, salvo en los señalados en el Título IV que cuenten con la autorización o patente respectiva.

El que infrinja esta norma será detenido por personal de Carabineros de Chile y, previa comprobación de su identidad o domicilio, deberá ser dejado en libertad por el jefe de la unidad policial correspondiente, quedando obligado a comparecer al juzgado de policía local competente, a primera audiencia.

Si no se pudiere comprobar su identidad o domicilio, será puesto a la brevedad posible a disposición del mismo juzgado.

Artículo 3º.- Toda persona que se encontrare en manifiesto estado de ebriedad en lugares públicos o abiertos al público será detenida por personal de Carabineros de Chile y deberá permanecer en la unidad policial el tiempo necesario para su recuperación. Con posterioridad, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior, será dejada en libertad por el jefe de la unidad policial, quedando citada a primera audiencia al juzgado de policía local competente.

En caso de no poder comprobarse el domicilio o la identidad, será puesta a la brevedad a disposición del mismo juzgado.

Artículo 4º.- En el caso del artículo 2º, el juez sancionará al infractor con una multa de hasta un cuarto de unidad tributaria mensual.

En el caso del artículo 3º, lo sancionará con una multa de hasta media unidad tributaria mensual.

Artículo 5º.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, si el jefe de la unidad policial aprehensora o el juez, en su caso, constataren que la detención del presunto ebrio se ha debido a un error, causado por padecer éste de alguna patología como epilepsia, trastorno mental u otra, lo pondrá en libertad de inmediato y, si fuere necesario, tomará las medidas del caso para que reciba la atención médica correspondiente, dejando las constancias pertinentes.

Los servicios de asistencia pública y los establecimientos hospitalarios deberán prestar atención a las personas que se encuentren en los casos de este artículo y que les sean enviadas por las autoridades judiciales y policiales.

Artículo 6º.- Al menor de dieciocho años que fuere sorprendido bebiendo en lugares públicos y al que se encontrare en manifiesto estado de ebriedad en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 3º, se le aplicarán las disposiciones de la ley Nº 16.618.

Artículo 7º.- La persona que hubiere sido condenada por ebriedad dos veces en los últimos doce meses, deberá asistir, por orden del juez, a alguno de los programas educativos y de prevención que impartan las municipalidades, los servicios de salud o las instituciones dedicadas a la prevención de los efectos nocivos del alcohol.

Articulo 8º.- La persona que hubiere sido condenada por ebriedad más de dos veces en los últimos doce meses, por resolución judicial, deberá participar en un programa de tratamiento para bebedores problemas y alcohólicos, por el período que señale el juez, previo informe médico, ya sea en forma ambulatoria u hospitalizada, sin perjuicio de que cumpla con las otras sanciones que le sean aplicadas.

El costo del programa o de la hospitalización, en su caso, deberá ser pagado por el infractor o su sistema de salud, cuando corresponda. Tratándose de menores de edad o de quienes se encuentren sometidos a las curadurías establecidas en los artículos 456 y siguientes y 469 y siguientes del Código Civil, dichos costos deberán ser pagados por sus respectivos guardadores.

Los programas educativos y de prevención a que se refiere el artículo 7º y los programas de tratamiento a que se refiere el inciso primero de este artículo deberán contar con la certificación de idoneidad impartida por los Servicios de Salud.

Artículo 9º.- Los dueños, empresarios, administradores o empleados de los establecimientos de bebidas alcohólicas clasificados en el artículo 28 que vendan, proporcionen o suministren bebidas alcohólicas a menores de edad, serán sancionados con una multa de tres a diez unidades tributarias mensuales.

No rige lo señalado en el inciso precedente en el caso de menores que se encontraren acompañados de sus padres o de sus representantes legales en los establecimientos clasificados en las letras B, C e I del artículo 28.

En la misma pena establecida en el inciso primero incurrirán los que admitan a ebrios en el lugar de la venta o sus dependencias, los que permitan a sus consumidores beber hasta embriagarse y los que toleren que se provoquen escándalos o desórdenes dentro de sus establecimientos.

Los que reincidan en las infracciones de los incisos primero y tercero de este artículo serán sancionados con el doble de la multa aplicada a la primera infracción. La tercera transgresión de esta disposición se sancionará con la clausura definitiva del establecimiento.

Para los efectos de determinar la reincidencia, se considerarán las infracciones cometidas en los últimos doce meses anteriores a la que dio lugar al juicio.

Artículo 10.- Los dueños, empresarios, administradores o empleados de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, indicados en el artículo anterior, deberán exigir la cédula de identidad a sus consumidores que aparentemente tengan menos de dieciocho años.

Artículo 11.- El cónyuge y los hijos menores de una persona que en los últimos doce meses haya sido condenada más de una vez por ebriedad, y que vivan a sus expensas, tendrán derecho a percibir una pensión de alimentos provisoria para su mantenimiento, equivalente al 50% de los ingresos del infractor, hasta que el juez respectivo determine su monto definitivo conforme a la ley.

TÍTULO II

DE LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

Artículo 12.- En todos los establecimientos educacionales del país, de enseñanza preescolar, básica, media y diferencial, se implementarán programas educativos, en cada uno de los años de estudio, orientados a la formación de vida saludables y al desarrollo de factores protectores contra el abuso del alcohol.

En estos programas participará la comunidad escolar en su conjunto, incluidos los profesores, alumnos, administrativos, padres y apoderados. El desarrollo de estos programas será parte del Plan de Actividades de cada establecimiento educacional. El Ministerio de Educación entregará las orientaciones y supervisará la implementación de dichos programas. Estas orientaciones deberán considerar la participación del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de la Juventud.

Artículo 13.- Las empresas que promuevan la colocación de bebidas alcohólicas en el mercado deberán participar en los programas de prevención del alcoholismo, incluyendo mensajes destinados a tal efecto en la publicidad que difundan a través de los medios de comunicación social.

Un reglamento establecerá la forma como estas empresas concretarán dichos programas.

En todo caso, la publicidad deberá incluir un mensaje que alerte sobre los peligros del consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

Artículo 14.- Con objeto de facilitar el cumplimiento de los programas educativos descritos en el artículo 12, el Ministerio de Educación determinará los materiales educativos que se utilizarán para ese fin, proporcionará los medios necesarios para que se cuente con ellos en los establecimientos educacionales de menores recursos y organizará cursos de capacitación de profesores que permitan disponer de docentes especializados en la prevención del abuso en el consumo del alcohol.

Una comisión interministerial, compuesta por representantes de los Ministerios de Educación, de Salud y de Trabajo y Previsión Social, estará encargada de implementar y fomentar programas de prevención de abuso de bebidas alcohólicas para ser impartidos en empresas, servicios públicos y municipalidades, y de arbitrar las medidas y efectuar los estudios necesarios para evaluar sus resultados.

Artículo 15.- En todos los Servicios de Salud del país deberán existir programas de tratamiento y rehabilitación para bebedores problemas y alcohólicos. Estos programas incluirán plazas de hospitalización, consulta externa especializada y tratamiento ambulatorio en todos los establecimientos de salud de nivel primario, sean dependientes de los municipios o de los Servicios de Salud.

De manera similar, los establecimientos de salud del sector privado, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicos y de otras instituciones no dependientes del Estado, deberán contar con programas y recursos que permitan el adecuado tratamiento y rehabilitación de bebedores problema y alcohólicos.

En estos programas podrán participar organizaciones de la comunidad que faciliten la rehabilitación de las personas que abusan del alcohol, tales como los clubes rehabilitadores de alcohólicos, Alcohólicos Anónimos y otros.

Artículo 16.- A dichos programas deberán asistir las personas condenadas por ebriedad a quienes la ley imponga un tratamiento médico y las personas que lo soliciten.

Artículo 17.- El cónyuge o el padre o la madre de familia que habitualmente se encontrare bajo la influencia del alcohol, de modo que no le sea posible administrar correctamente sus negocios o sustentar a su cónyuge e hijos, podrá ser internado en hospitales que cuenten con programas de tratamiento para bebedores problemas y alcohólicos, a petición de cualquiera de los miembros mayores de su familia.

El juez procederá, con conocimiento de causa, breve y sumariamente, oyendo personalmente al interesado y a sus parientes, previo informe médico que constate la circunstancia de que se trata de un alcohólico y precise la duración que deba darse al tratamiento. Contra la resolución judicial que se dicte sólo procederá el recurso de apelación.

El menor sometido a tutela o curaduría podrá ser internado a petición del tutor o curador en conformidad a las disposiciones del inciso precedente.

Cualquiera de los miembros del grupo familiar podrá solicitar que a la persona que se encuentre de ordinario bajo los efectos del alcohol y que maltrate habitualmente de obra o de palabra a alguno de los componentes del grupo le sean aplicables todas o algunas de las medidas establecidas en el artículo 7º de la ley Nº 19.325, sobre violencia intrafamiliar.

El juez procederá en la forma establecida en el inciso segundo de este artículo, debiendo precisar la duración de las medidas indicadas precedentemente. En caso de reincidencia, éstas se podrán prolongar por el tiempo que el tribunal estime necesario.

Si el agresor fuere un menor, el juez deberá indicar, en la resolución correspondiente, la institución u hogar de menores que deberá recibirlo por el tiempo que duren las medidas adoptadas por el tribunal.

Artículo 18.- En los programas de tratamiento y rehabilitación para bebedores problemas y alcohólicos, deberán establecerse actividades especiales para los menores de dieciocho años.

Artículo 19.- Antes de terminar el período de la hospitalización, la dirección del hospital enviará a la autoridad que la haya decretado o a la familia del paciente un informe sobre el resultado del tratamiento. Si éste no hubiere dado resultados, el juez podrá prolongar la duración del mismo por el tiempo necesario.

Artículo 20.- A petición de cualquiera de los miembros de la familia del paciente, podrá nombrársele un curador por el tiempo que dure la hospitalización. Los demás tendrán por curador al director del hospital.

Artículo 21.- Los programas o planes de prevención y rehabilitación de alcohólicos se financiarán con los recursos previstos en el artículo 70 de esta ley, sin perjuicio de los demás recursos que el fisco destine para estos efectos.

TÍTULO III

DEL DESEMPEÑO Y CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD

Artículo 22.- Se prohíbe el desempeño o la conducción de un vehículo en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol.

Artículo 23.- Carabineros de Chile podrá someter a una prueba respiratoria u otra no invasiva, destinada a determinar la presencia de alcohol en la sangre o en el organismo, a toda persona que conduzca o se apreste a conducir un vehículo en lugares públicos o abiertos al público.

Si la prueba resultare positiva e indicare que dicha persona se encuentra bajo la influencia del alcohol, los funcionarios policiales podrán prohibirle la conducción por el tiempo que fuere necesario para su recuperación y, además, exigirle que se someta inmediatamente a un examen destinado a determinar su dosificación de alcohol en la sangre. Durante ese término, el afectado deberá permanecer bajo la vigilancia policial, efecto para el cual podrá ser conducido a las unidades de Carabineros, a menos que se allanare a inmovilizar el vehículo por el tiempo fijado o señalare a otra persona para que se hiciere cargo de la conducción.

Se sancionará con multa de dos a cuatro unidades tributarias mensuales y suspensión de licencia de conducir por el término de seis meses a un año, al que conduzca un vehículo durante el tiempo de la prohibición.

Artículo 24.- Todo conductor de vehículo o de cualquier medio de transporte y controlador de tránsito que se desempeñe o conduzca en estado de ebriedad, será castigado con presidio menor en su grado mínimo y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales, aunque no cause daño o sólo cause daños materiales o lesiones leves. Se reputarán leves todas las lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor de diez días.

Si, a consecuencia del desempeño o conducción en estado de ebriedad, se causaren lesiones menos graves o graves, la pena será de presidio menor en su grado medio y multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales.

Si resultare la muerte de una o más personas, se impondrán al culpable las penas de presidio menor en su grado máximo y multa de ocho a veinte unidades tributarias mensuales.

Habrá desempeño o conducción en estado de ebriedad cuando el informe de alcoholemia o el examen de ella arroje una dosificación igual o superior 0,8 gramo por mil de alcohol en la sangre o en el organismo. Se entenderá, asimismo, que hay desempeño o conducción en estado de ebriedad cuando el ebrio sea sorprendido en circunstancias que hagan presumir que se apresta a conducir o a desempeñarse en ese estado o que acaba de hacerlo, presunción que admitirá prueba en contrario.

La circunstancia de huir del lugar donde se hubiere cometido alguno de los delitos a que se refiere este artículo será apreciada por el juez como una presunción que podrá ser suficiente para establecer la culpabilidad del imputado.

En los delitos previstos en el inciso primero, se aplicará como pena accesoria el retiro o la suspensión del permiso o autorización para conducir vehículos por el término de seis meses a un año; de uno a dos años, si se causaren lesiones menos graves o graves, y de dos a cuatro años, si resultare la muerte. En caso de reincidencia, los plazos máximos señalados en este inciso se elevarán al doble, debiendo el juez decretar el retiro definitivo del permiso cuando estime que la conducción de vehículos por parte del infractor ofrece peligro para el tránsito o la seguridad pública.

Las medidas indicadas en el inciso precedente no podrán ser suspendidas; pero, tratándose del retiro definitivo, el juez podrá, después de transcurrido el tiempo requerido para la prescripción de la pena principal, alzar la prohibición de conducción cuando nuevos antecedentes así lo justifiquen.

Artículo 25.- Los funcionarios de Carabineros de Chile someterán inmediatamente al detenido a un examen respiratorio a fin de determinar si ha ingerido alcohol. Sólo cuando la prueba respiratoria resulte positiva, el detenido será sometido a un examen tendiente a determinar la dosificación de alcohol en la sangre o en el organismo.

Estos exámenes se verificarán en los laboratorios dependientes del Servicio Médico Legal o en cualquier establecimiento hospitalario expresamente habilitado por dicho Servicio, el que podrá impartir las instrucciones que deberán ser cumplidas por todas las reparticiones indicadas, aun cuando ellas no dependan de este Servicio. El responsable del establecimiento arbitrará todas las medidas necesarias para que los exámenes a que se refiere este inciso se efectúen en forma expedita y para que los funcionarios de Carabineros empleen el menor tiempo posible en la custodia de los detenidos que requieran la práctica de estos exámenes.

El personal de los servicios aludidos estará obligado a practicar igual examen al particular que voluntariamente lo solicite.

La circunstancia de negarse el detenido a dichos exámenes será apreciada por el juez como una presunción a la que podrá dar valor suficiente para establecer la embriaguez del acusado. En la práctica de estos exámenes, deberá ser desechable el material que tenga contacto con el examinado.

Este examen tendrá mérito probatorio suficiente para establecer la dosificación de alcohol en la sangre o en el organismo. El funcionario que lo practique estará exento de la obligación de prestar juramento y no requerirá nombramiento especial. El informe contendrá la firma de la persona que lo haya efectuado y la visación del jefe respectivo.

El detenido será siempre puesto a disposición del juez, quien no podrá decretar su excarcelación sino una vez que le haya tomado declaración indagatoria, previo pago en efectivo de la fianza que el tribunal fije.

Artículo 26.- El funcionario municipal que, a sabiendas, otorgue o conceda permiso, autorización o licencia para conducir vehículos a cualquiera persona impedida por alguna de las sanciones a que se refieren los artículos precedentes, será penado con una multa de seis a diez unidades tributarias mensuales y suspensión del cargo, sin goce de remuneraciones, por el término de un mes y, en caso de reincidencia, con el doble de la multa y la destitución de su cargo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 de la ley Nº 18.290.

TÍTULO IV

DEL EXPENDIO Y DE LAS PATENTES

Artículo 27.- Todos los establecimientos que expendan, proporcionen, distribuyan o mantengan bebidas alcohólicas, estarán sujetos a la vigilancia e inspección de Carabineros de Chile, de los inspectores municipales o fiscales y del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes.

Los dueños, empresarios o administradores de estos establecimientos, o cualesquiera personas que estorben o impidan la entrada de los mencionados funcionarios incurrirán en la pena señalada en el artículo 53.

La inspección podrá practicarse, en caso de resistencia, con el auxilio de la fuerza pública.

En la misma multa incurrirán las personas indicadas en el inciso segundo si no tuvieren cédula de identidad o se negaren a exhibirla. En estos casos, esas personas serán detenidas y puestas a disposición del juzgado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los tribunales competentes podrán decretar el allanamiento de propiedades particulares para fiscalizar el cumplimiento de esta ley.

Si de los antecedentes proporcionados se desprenden indicios de que en la propiedad cuyo registro se solicita se venden, proporcionan o distribuyen clandestinamente bebidas alcohólicas, el juez requerido deberá decretar de inmediato tal diligencia, la que deberá llevarse a efecto con el auxilio de la fuerza pública, a más tardar dentro de las veinticuatro horas desde que se formuló la petición respectiva.

Artículo 28.- Todos los establecimientos de bebidas alcohólicas quedarán clasificados dentro de las siguientes categorías y tendrán las características que se señalan:

A) DEPÓSITOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, para ser consumidas fuera del local de venta o de sus dependencias.

B) HOTELES, ANEXOS DE HOTELES, CASAS DE PENSIÓN O RESIDENCIALES:

a) Hotel y anexo de hotel, en el que se preste servicio de hospedaje y alimentación. El expendio deberá realizarse en las dependencias destinadas para tales efectos;

b) Casas de pensión o residenciales, que proporcionen alojamiento y comida, principalmente por meses. El expendio se hará exclusivamente a los alojados, en las horas de almuerzo o de comida y sólo en los comedores.

C) RESTAURANTES DIURNOS O NOCTURNOS, sin derecho a baile, a representaciones o espectáculos, con expendio de bebidas alcohólicas a los clientes que concurran a ingerir alimentos preparados,

D) CABARÉS O PEÑAS FOLCLÓRICAS:

a) Cabarés, con espectáculos artísticos y expendio de bebidas alcohólicas;

b) Peñas folclóricas, destinadas a difundir el folclore nacional, con venta de bebidas alcohólicas.

E) CANTINAS, BARES Y TABERNAS, con expendio de bebidas alcohólicas y venta de alimentos fríos.

F) ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE CERVEZA O SIDRA DE FRUTAS, que podrán funcionar en forma aislada o junto a pastelerías, fuentes de soda u otros análogos.

G) QUINTAS DE RECREO O SERVICIO AL AUTO, que reúnen las condiciones de bar, restaurante y cabaré, pero con playa de estacionamiento de automóviles para sus clientes, jardines y arboledas.

H) SUPERMERCADOS O MINIMERCADOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, que funcionarán anexos a supermercados de comestibles y en los cuales se podrá expender bebidas alcohólicas envasadas al por mayor o al detalle, para ser consumidas fuera del local de venta.

I) HOTELES, MOTELES, HOSTERÍAS O RESTAURANTES DE TURISMO:

a) Hotel de turismo, en que se presta al turista servicio de hospedaje, sin perjuicio de otros servicios complementarios, y que comprende las patentes de hotel, restaurante, cantina y cabaré;

b) Hostería de turismo, en la que se presta al turista servicio de hospedaje y alimentación, con expendio de bebidas alcohólicas;

c) Motel de turismo, en el que se proporciona servicio de hospedaje en unidades habitacionales independientes o aisladas entre sí, dotadas de elementos que permitan la preparación de comidas;

d) Restaurante de turismo, que comprende las patentes de restaurante, cantina y cabaré.

J) BODEGAS ELABORADORAS O DISTRIBUIDORAS DE VINOS, LICORES O CERVEZA QUE EXPENDAN AL POR MAYOR, en cantidades no inferiores a 200 litros, si se trata de venta a granel, o de 48 botellas, si la venta es de bebidas envasadas.

K) CASAS IMPORTADORAS DE VINOS O LICORES CON VENTA AL POR MAYOR, destinadas a la venta al por mayor de vinos y licores importados.

L) AGENCIAS DE VIÑAS O DE INDUSTRIAS DE LICORES ESTABLECIDAS FUERA DE LA COMUNA, que vendan, por intermedio de comisionistas o de corredores, vinos o licores en representación y por cuenta de una o más viñas o de una o más fábricas de licores o de ambas, siempre que éstas se encuentren ubicadas fuera de la comuna donde el agente ejerce su actividad.

M) CÍRCULOS O CLUBES SOCIALES CON PERSONALIDAD JURÍDICA, con expendio de bebidas alcohólicas y alimentos.

N) INSTITUCIONES DE CARÁCTER DEPORTIVO O CULTURAL, siempre que tengan patente de restaurante.

Ñ) SALONES DE TÉ O CAFETERÍAS, en los que se permitirá también el expendio de cerveza, de sidra y de vino, siempre que vengan envasados de origen en unidades de una capacidad máxima de 300 cc.

O) SALONES DE BAILE O DISCOTECAS, en los cuales sólo se permitirá baile con música grabada u orquestas, sin representaciones con números en vivo.

Artículo 29.- Los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas clasificados en el artículo anterior que se indican tendrán el siguiente horario de venta:

Restaurantes diurnos y salones de té o cafeterías: de 12:00 a 23:00 horas.

Restaurantes nocturnos, cabarés, peñas folclóricas, discotecas y salones de baile: de 19:00 a 04:00 horas.

Cantinas, bares, tabernas, quintas de recreo y servicios al auto: de 12:00 a 24:00 horas.

Establecimientos de venta de bebidas alcohólicas envasadas para ser consumidas fuera del local: de 09:00 a 24:00 horas.

Bodegas elaboradoras o distribuidoras de vinos, licores o cervezas o casas importadoras de vinos y licores que expendan al por mayor, y agencias de viñas o de industrias de licores: de 09:00 a 20:00 horas.

Los supermercados, almacenes y establecimientos afines que expendan bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del local, deberán aislar el área de estos productos para dar cumplimiento a la disposición horaria antes señalada, pudiendo continuar con el funcionamiento del resto del local, si así lo desean.

Artículo 30.- Las patentes para hoteles, moteles, hosterías o restaurantes de turismo sólo podrán otorgarse a los establecimientos declarados necesarios para el turismo por el intendente regional, previa solicitud del alcalde, con acuerdo del concejo.

A petición del alcalde, con acuerdo del concejo, se derogará la declaración de establecimiento necesario para el turismo cuando cualquier negocio de los señalados precedentemente no cumpla con los fines turísticos que fundamentaron tal declaración.

Artículo 31.- Las municipalidades sólo podrán otorgar patentes para el expendio de bebidas alcohólicas en la parte urbana de las comunas.

No obstante, podrá autorizarse este expendio en la parte rural, siempre que el establecimiento esté ubicado con frente a un camino público y a una distancia no menor de cien ni mayor de mil metros de una tenencia o retén de Carabineros.

En los pueblos y aldeas cuya población no sea superior a 2.000 habitantes, sólo podrá otorgarse patente a los establecimientos situados en la calle principal y que se encuentren a una distancia no inferior a ciento cincuenta ni superior a quinientos metros de los mencionados cuarteles.

En los pueblos, aldeas y localidades rurales donde no hubiere ninguna tenencia o retén de Carabineros, se autorizará el establecimiento de un local de expendio de bebidas alcohólicas siempre y cuando se encuentre frente a un camino público con accesibilidad para su fiscalización y control.

Artículo 32.- Los establecimientos con expendio de cerveza podrán vender también sidras de frutas, siempre que el grado alcohólico de éstas no sea superior al de la cerveza o al del vino y vengan envasadas de origen en unidades de una capacidad máxima de 300 cc.

Artículo 33.- Las patentes se concederán en conformidad con las disposiciones de la ley de Rentas Municipales, sin perjuicio de las modificaciones contenidas en esta ley.

El valor de las patentes deberá ser pagado por semestres anticipados, en los meses de enero y julio de cada año.

Los establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas no podrán funcionar sin que hayan pagado previamente la patente que corresponda, ni podrán continuar funcionando sin tenerla al día, salvo que este hecho no fuere imputable al deudor y lo probare documentalmente.

El infractor de esta disposición sufrirá una multa de diez unidades tributarias mensuales, que se aumentarán a veinte, si persistiere.

Artículo 34.- Las municipalidades podrán otorgar a un mismo establecimiento sólo una patente para el expendio de bebidas alcohólicas, aunque se consideren en ella distintas categorías. El monto de dicha patente será la suma de todas ellas. El concesionario sólo quedará autorizado para hacer funcionar durante los días y horas de clausura el negocio o los negocios comprendidos dentro del mismo establecimiento no afectos a esta medida.

Artículo 35.- En las ciudades balnearios y lugares de turismo, cuya población no sea superior a 50.000 habitantes, las municipalidades podrán otorgar patentes temporales para hoteles y casas de pensión en un número que no exceda del 20% de las concedidas anualmente para esos establecimientos de funcionamiento permanente.

El intendente regional, previo informe del Alcalde respectivo, determinará las ciudades balnearios y lugares de turismo en los cuales las municipalidades podrán otorgar patentes temporales.

Artículo 36.- En cada comuna, las patentes indicadas en las letras A, E y F del artículo 28 no podrán exceder, en ningún caso, la proporción de un establecimiento por cada 1.000 habitantes.

El número de patentes limitadas en cada comuna será fijado cada tres años por el intendente regional, previo informe del alcalde, con acuerdo del concejo, tomando como base el número de habitantes que señale el Instituto Nacional de Estadísticas y distribuidas dentro de las diversas categorías señaladas en el inciso anterior.

Artículo 37.- Las municipalidades determinarán, en sus respectivos planos reguladores, o a través de ordenanzas municipales, las zonas de su territorio en las que podrán instalarse cantinas, bares o tabernas, cabarés y locales de expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del respectivo local.

No obstante lo anterior, se prohíbe la existencia de cantinas, bares o tabernas, cabarés, botillerías y locales de expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del respectivo local, a menos de doscientos metros de los establecimientos de educación, salud, cárceles, cuarteles de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, establecimientos industriales, garitas y terminales de las líneas de recorridos de los servicios de locomoción colectiva y estaciones de servicios que atiendan vehículos particulares o de locomoción colectiva.

Los negocios que, después de establecidos, resultaren afectados por esta disposición, sólo podrán seguir funcionando siempre que el juez, de oficio o a petición de parte, y con informe previo del alcalde, con acuerdo del concejo, califique las circunstancias que hagan aconsejable su funcionamiento. El tribunal deberá determinar las condiciones y el plazo, el que no podrá ser inferior a un año. No se renovará la patente de los negocios en que ésta haya caducado o que hubieren sido clausurados.

Artículo 38.- Las bodegas clasificadas en la letra J del artículo 28 no podrán distribuir bebidas alcohólicas en los días y horas en que se prohíbe su expendio, salvo que se trate de trasladar dichos productos para embarques o desembarques.

Artículo 39.- Todos los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas, a excepción de hoteles, casas de pensión y residenciales, deberán funcionar separados de la casa habitación del comerciante o de la de cualquier otra persona.

Artículo 40.- Las bebidas alcohólicas expendidas por los depósitos de bebidas no podrán ser consumidas en lugares anexos a ellos o ubicados a una distancia menor de cien metros y de los cuales sea propietario, arrendatario o administrador el dueño del respectivo establecimiento, con excepción de aquellos locales que cuenten con la patente correspondiente.

Artículo 41.- Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en las vías, plazas y paseos públicos; en los teatros, circos y demás centros y lugares de espectáculo o diversiones públicas, con excepción de aquellos lugares que cuenten con locales debidamente autorizados.

No se entenderá prohibida por este artículo la entrega o reparto de bebidas alcohólicas a los establecimientos de expendio en los caminos públicos o vecinales.

No podrá autorizarse el expendio de bebidas alcohólicas en campos o recintos destinados a espectáculos deportivos.

En los espectáculos de fútbol profesional que el intendente regional califique de alto riesgo para la seguridad pública, decretará la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas en un perímetro máximo de cinco cuadras, medida que regirá desde tres horas antes del inicio del evento hasta tres horas después de su finalización.

Los establecimientos afectados serán notificados de esta resolución por inspectores municipales o por Carabineros de Chile, con veinticuatro horas de anticipación a la entrada en vigencia de la misma.

En los días de Fiestas Patrias, las municipalidades podrán otorgar una autorización especial transitoria, por tres días como máximo, para que en los lugares de uso público u otros que determinen, se establezcan fondas o locales donde podrán expenderse y consumirse bebidas alcohólicas. La municipalidad correspondiente podrá cobrar a los beneficiarios los derechos que estime conveniente.

Artículo 42.- El Intendente regional, por razones de interés público y previo informe del Alcalde respectivo, podrá limitar o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en las comunas o localidades en que lo estime conveniente.

Asimismo, se podrá prohibir la existencia de establecimientos de bebidas alcohólicas en sectores destinados a grupos habitacionales o en los alrededores de las estaciones de ferrocarriles, mataderos, mercados u otros.

Las personas que introduzcan, expendan o mantengan existencias de bebidas alcohólicas en una zona declarada seca, serán detenidas y puestas a disposición del juzgado respectivo, y no podrán ser dejadas en libertad sino mediante el otorgamiento de una fianza no inferior al mínimo de la multa que deba aplicarse. Cada infracción será penada, además, con multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales y el comiso de las bebidas alcohólicas.

Artículo 43.- En las comunas en que se efectúe una elección popular, no podrán funcionar el día de la elección los establecimientos mencionados en el inciso tercero del artículo 116 de la ley 18.700.

La contravención de este artículo será sancionada, además, con prisión inconmutable de veintiuno a sesenta días, multa de cinco unidades tributarias mensuales y comiso de las bebidas.

Artículo 44.- En el exterior de todo establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas, se escribirá en letras perfectamente visibles la frase: “Expendio de bebidas alcohólicas”. Además, se especificará la clasificación del establecimiento.

La patente deberá fijarse en un lugar visible para el público en el interior del establecimiento.

Artículo 45.- Se prohíbe el trabajo a los menores de dieciocho años en los lugares en que se expendan bebidas alcohólicas.

No están comprendidos en esta prohibición los mensajeros, ascensoristas, porteros, ayudantes de garzón, ayudantes de cocina, encargados de aseo y otros que, en razón de sus ocupaciones, no intervengan en el expendio de bebidas alcohólicas.

Artículo 46.- No podrá concederse autorización para la venta de bebidas alcohólicas a las siguientes personas:

1º. Los miembros del Congreso Nacional, intendentes, gobernadores, alcaldes y miembros de los Tribunales de Justicia;

2º. Los empleados o funcionarios fiscales o municipales;

3º. Los que hayan sido condenados por crimen o simple delito;

4º. Los dueños o administradores de establecimientos que hubieren sido clausurados definitivamente;

5º. Los miembros de los consejos regionales y de los concejos municipales, y

6º. Los menores de dieciocho años.

Artículo 47.- A los clubes, centros o círculos sociales con personalidad jurídica, sólo podrá otorgárseles patente para el expendio de bebidas alcohólicas con informe anual favorable de las respectiva prefectura de Carabineros de Chile.

En ningún caso podrá otorgarse a una misma sociedad o institución más de una patente de club, centro o círculo social en cada comuna.

Artículo 48.- La municipalidad respectiva deberá suspender la autorización de expendio de bebidas alcohólicas a los establecimientos que se encuentren en los casos siguientes:

1º. Si la patente hubiere sido concedida por error a alguna de las personas indicadas en el artículo 46.

2º. Si el local no reuniere las condiciones de salubridad, higiene y seguridad que establezcan las leyes o reglamentos.

3º. Si la patente hubiere sido transferida a cualquier título a alguna de las personas enumeradas en el artículo 46.

Artículo 49.- Se prohíbe la existencia de bebidas alcohólicas en cualquier lugar, inmueble o establecimiento no autorizado para expenderlas, cuando las circunstancias demuestren que dicha existencia tiene por objeto el expendio clandestino. Se presumirá que ellas concurren cuando, además de las bebidas, se sorprendan vasos, medidas u otros utensilios comúnmente destinados al expendio y cuando las bebidas se encuentren ocultas.

La infracción de lo dispuesto precedentemente será penada con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales y con el comiso de las bebidas y utensilios.

La primera reincidencia será sancionada con multa de igual monto, comiso de las bebidas y utensilios y clausura del establecimiento cuando corresponda. La segunda reincidencia se sancionará, además, con prisión inconmutable de veintiuno a sesenta días.

El comiso de las bebidas y utensilios se efectuará en el momento de sorprenderse la infracción y será puesto a disposición del juzgado respectivo.

Artículo 50.- Las personas naturales que expendan bebidas alcohólicas, aun ocasionalmente, y los representantes de las personas jurídicas en cuyos establecimientos se haga igual clase de expendio, sin tener patente que los autorice para ello, serán castigados con las penas indicadas en el artículo anterior.

No será necesario probar el hecho del pago para demostrar el expendio de las bebidas, siendo suficiente para acreditarlo cualquier otra circunstancia que indique que ha habido una venta clandestina.

Se presume el expendio clandestino en los establecimiento no autorizados para venderlas por el solo hecho de permitirse el consumo dentro del local o en sus dependencias.

La venta de bebidas alcohólicas a cualquier establecimiento o medio no autorizado para venderlas será sancionada con multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales. Igualmente, se sancionará con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales a los distribuidores, a menos que acrediten justa causa de error en cuanto al destino que ha tenido la mercadería que han distribuido. El vehículo y cualquier otro medio utilizado para cometer esta infracción será retenido por Carabineros y devuelto una vez que se deposite en la unidad policial respectiva el valor equivalente al mínimo de la multa y sus recargos.

Los fabricantes de bebidas analcohólicas o de fantasía deberán expender sus productos envasados. El incumplimiento de esta norma será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.

Artículo 51.- No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, en los casos en que no hubiere podido llevarse a efecto la clausura por ser el establecimiento o local denunciado la casa habitación del condenado, o cuando la clausura causare grave daño a la familia del infractor por esta misma circunstancia, el juez que ha impuesto la sanción, de oficio, a petición del delegado del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes o de cualquier persona y sin forma de juicio, podrá sustituirla, en la parte referente a la clausura, por prisión inconmutable de uno a sesenta días. La resolución que así lo ordene deberá indicar los fundamentos en que se apoya.

Artículo 52.- El otorgamiento de patentes en contravención de las disposiciones de esta ley será sancionado con multa, a beneficio municipal, de diez a veinte unidades tributarias mensuales, que se aplicará al alcalde. Igual sanción se aplicará a los funcionarios municipales que emitan informes maliciosamente falsos, que sirvan de base para el otorgamiento de las patentes o que no las eliminen en los casos previstos por la ley.

Para denunciar estas infracciones, se concede acción pública.

Artículo 53.- Toda infracción de esta ley que no tenga señalada una sanción especial se castigará con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales; la segunda vez, se penará con el doble de la multa; la tercera, con el triple de la multa con que se haya sancionado la primera vez y clausura definitiva.

La persona que fuere condenada y no pagare la multa por cualquiera de las infracciones contempladas en esta ley sufrirá, por vía de sustitución y apremio, un día de prisión por cada dos centésimos de unidad tributaria mensual a que haya sido condenada, no pudiendo exceder la pena de sesenta días.

Artículo 54.- Los establecimientos clausurados definitivamente sólo podrán reabrirse para el expendio de bebidas alcohólicas por distinto dueño y con otra patente, salvo las situaciones previstas en el inciso tercero del artículo 37.

Los establecimientos clausurados temporalmente podrán ser reabiertos antes del plazo cuando el propietario del inmueble acredite que lo destinará a otros usos. En todo caso, para el alzamiento se requiere orden judicial.

La violación de la clausura será castigada con prisión en sus grados medio a máximo, inconmutable, y comiso de las bebidas.

No se tomarán en consideración, para los efectos de determinar la reincidencia o reiteración, sino las infracciones cometidas en los últimos doce meses anteriores a la que motiva el juicio.

Artículo 55.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el juez, en cualquier caso, conociendo de un proceso, de oficio o a petición del intendente regional, del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes, del alcalde o del concejo municipal, podrá clausurar definitivamente un establecimiento cuando éste constituya un peligro para la tranquilidad o la moral públicas, sin que sea menester que se cumpla con el número de transgresiones necesarias para producir la clausura, ni que éstas sean específicas.

La resolución del juez será fundada y apelable en el solo efecto devolutivo.

Artículo 56.- De las sanciones que se apliquen por infracción de las disposiciones de esta ley serán solidariamente responsables los dueños, empresarios o regentes de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas.

Artículo 57.- Las bebidas y elementos decomisados a que se refieren los artículos 42 y 49 serán vendidos por el secretario del juzgado respectivo en pública subasta, de acuerdo con lo que determine el reglamento, y su producto, una vez deducidos los gastos del remate, se ingresará en la tesorería provincial correspondiente, para ser depositado en una cuenta especial que llevará la Tesorería General de la República.

Los recursos mencionados deberán ser destinados a los programas de prevención y rehabilitación establecidos en esta ley.

Sólo podrán concurrir como postores al remate los comerciantes de alcoholes que tengan su patente al día.

TÍTULO V

DE LA COMPETENCIA Y DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Artículo 58.- De las infracciones previstas en esta ley conocerán, en primera instancia, los jueces de policía local.

Artículo 59.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el juez del crimen que sea competente conocerá del delito establecido en el articulo 24.

Artículo 60.- Los agentes de la policía que sorprendan infracciones o contravenciones de esta ley deberán denunciarlas al juzgado competente.

Igual deber tendrán los inspectores fiscales o municipales que sorprendan infracciones o contravenciones que sean de competencia de los jueces de policía local.

Una copia de los partes o denuncias que remitan a los tribunales deberá enviarse oportunamente al abogado o a los delegados del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes.

El Departamento de Defensa Ley de Alcoholes podrá denunciar al tribunal las infracciones que comprobare y las que sean puestas en su conocimiento por los intendentes, gobernadores, alcaldes y concejales, los directores de establecimientos de educación, las juntas de vecinos y otras entidades de carácter social, de beneficencia y de asistencia y protección de menores en situación irregular.

Artículo 61.- El tribunal pondrá en conocimiento del inculpado el parte o denuncia y lo interrogará de acuerdo con su contenido.

En caso que el inculpado reconozca ante el tribunal su participación en los hechos denunciados y se allanare a la sanción que el mismo tribunal le advirtiere que establece la ley para estos casos, se dictará sentencia definitiva de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno.

Se entenderá comprobado el hecho denunciado con las aseveraciones contenidas en el respectivo parte o denuncia.

Articulo 62.- Si el inculpado negare los cargos que se le formulan, el juez lo dejará citado para una determinada audiencia, otorgándole la libertad provisional si procediere esta medida con arreglo a la ley.

Los delegados y abogados del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes figurarán en las causas como parte, sin necesidad de formular querella.

En lo demás, se seguirán las reglas sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, salvo en el caso de las infracciones previstas en el articulo 24, las que se tramitarán de acuerdo con las reglas establecidas en el Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Penal, a menos que se causaren lesiones menos graves o graves o se ocasionare la muerte de una o más personas, casos en los cuales se aplicarán las normas del Libro Segundo del mencionado Código, con las modificaciones que se mencionan a continuación:

a) Las indemnizaciones civiles causadas por los hechos indicados podrán reclamarse en el mismo proceso, tan pronto como quede ejecutoriado el fallo conforme a las reglas del juicio sumario.

b) No podrán acumularse estas causas sino con aquellas en las que se investigan otros delitos sancionados en el artículo 24 o cuasidelitos cometidos con ocasión de los mismos hechos. Las causas acumuladas se tramitarán por el procedimiento señalado en este artículo cuando comprendan sólo los delitos sancionados por desempeño en estado de ebriedad.

c) El sumario será público, salvo que el juez, por razones fundadas, determine que deben mantenerse en secreto las actuaciones que se practiquen. La duración del secreto del sumario no podrá exceder de veinte días. El Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes podrá siempre imponerse de las actuaciones del proceso

d) El juez deberá recabar el extracto de filiación y antecedentes del detenido y el certificado de las anotaciones que consten en el Registro Nacional de Conductores, una vez que el imputado preste la declaración indagatoria.

Ordenará, asimismo, la retención del carné, permiso o autorización que lo habilite para conducir, el que no será devuelto hasta que, basado en antecedentes calificados del proceso, el juez estime que de la conducción no se derivará ningún peligro para la seguridad de las personas o para el tránsito público. En ningún caso, este beneficio podrá otorgarse al reincidente.

e) Cuando el tribunal lo estime suficiente, podrá solicitar el dictamen de un solo perito sobre cualquiera de los puntos comprendidos en la investigación, el que deberá expedirlo verbalmente mediante una declaración en la causa, o por escrito, según lo determine el juez. El tribunal podrá dar valor de plena prueba a dicho informe.

f) Si, como consecuencia del manejo en estado de ebriedad, resultaren lesiones menos graves o graves o la muerte de alguna persona, las autoridades policiales procederán a poner el vehículo a disposición del tribunal, salvo que esté destinado a un servicio del Estado, a la locomoción colectiva o a servicios municipales de utilidad pública.

Cuando existieren presunciones fundadas de culpabilidad, el juez podrá ordenar la retención judicial del vehículo hasta que se caucionen las responsabilidades civiles.

Articulo 63.- Se tendrán como testimonios legalmente prestados las declaraciones contenidas en los respectivos partes o denuncias, si en ellos aparece la firma de los denunciantes debidamente autorizada por el superior jerárquico respectivo.

No será necesaria la asistencia de los testigos de cargo si éstos son agentes de la policía o inspectores fiscales o municipales, a menos que el juez estime conveniente su comparecencia personal. En tal caso, deberá fundamentar su resolución en forma circunstanciada, indicando los puntos que deberán ser aclarados.

Artículo 64.- Para los efectos de determinar el equivalente en pesos de las multas que establece esta ley, se estará al valor de la unidad tributaria mensual del 1 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de su pago efectivo.

Por resolución fundada, el juez podrá moderar la multa aplicada, rebajándola a una suma que pueda ser inferior al mínimo que establece la ley, si antes de ser pagada se pidiere reposición fundada en antecedentes relativos a la situación económica del afectado que, a juicio del tribunal, comprueben su excesivo monto.

En casos muy calificados, el juez podrá dejar en suspenso la aplicación de la pena pecuniaria, beneficio que se revocará si se cometiere nueva infracción dentro de los seis meses siguientes.

Artículo 65.- Los créditos resultantes de las responsabilidades pecuniarias procedentes de las infracciones de esta ley gozarán del privilegio que para los impuestos fiscales otorgan las reglas de prelación de créditos del Código Civil sobre los establecimientos y sus anexos y sobre las mercaderías existentes.

En caso de transferencia, a cualquier título, de un establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas, el nuevo propietario será solidariamente responsable con el vendedor de las obligaciones pecuniarias provenientes de las infracciones, en la forma establecida en el inciso anterior.

Articulo 66.- La sentencia condenatoria, en los casos de ebriedad, de desempeño y conducción en estado de ebriedad o de consumo abusivo de bebidas alcohólicas, además de contemplar los requisitos legales, establecerá la obligación del condenado de ser examinado por un médico calificado por el Servicio de Salud correspondiente, con el fin de determinar si es o no es dependiente, la gravedad de tal dependencia y el tratamiento que debería seguir el afectado. El aludido examen podrá ser decretado también desde que se inicie el respectivo procedimiento.

Recibido el informe por el tribunal, éste hará comparecer al condenado en persona y le hará notificar la resolución que le imponga el tratamiento aconsejado en el dictamen médico.

En caso de resistencia o negativa del afectado a practicarse el examen o a someterse al tratamiento médico decretado, el juez de la causa ordenará las medidas conducentes a su cumplimiento, pudiendo al efecto disponer su arresto hasta por ocho días, sin perjuicio de repetir el apremio si persistiere en su actitud de rebeldía.

Artículo 67.- El juez, una vez ejecutoriada la sentencia y con acuerdo expreso del infractor, salvo que éste haya quebrantado la condena, podrá conmutar la sanción por la realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad.

La resolución que otorgue la conmutación deberá señalar expresamente el tipo de trabajo, el lugar donde debe realizarse, su duración y la persona o institución encargada de controlar su cumplimiento. Los trabajos se realizarán sin afectar la jornada laboral que tenga el infractor, con un máximo de ocho horas semanales.

La no realización cabal y oportuna de los trabajos determinados por el tribunal dejará sin efecto la conmutación por el solo ministerio de la ley, debiendo cumplirse íntegramente la sanción primitiva aplicada, a menos que el juez, por resolución fundada, determine otra cosa.

Artículo 68.- Las multas aplicadas por los jueces de policía local deberán ser enteradas en la tesorería municipal respectiva. Las que impongan los jueces del crimen, en su caso, en la tesorería provincial correspondiente.

Artículo 69.- Los juzgados remitirán, cada mes, al abogado u oficina respectiva del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes o a sus delegados, una lista de todas las denuncias falladas y de las multas enteradas en arcas municipales o fiscales, según el caso.

Artículo 70.- Los abogados y delegados del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes percibirán, por sus actuaciones en las causas por infracción de las disposiciones de esta ley, un honorario único equivalente al 10% del total de las sumas que ingresen por concepto de multas, honorario que se pagará mensualmente al interesado por la tesorería respectiva.

Del saldo, el 40% se destinará a los Servicios de Salud para el financiamiento y mantención de los programas de rehabilitación de personas alcohólicas, y el 60% a las municipalidades, distribuido entre ellas de acuerdo con el número de habitantes y los antecedentes estadísticos respecto a los problemas de alcoholismo que afecten a la respectiva población, para el financiamiento y mantención de los programas de prevención y rehabilitación de personas alcohólicas.

DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 71.- Derógase el Libro Segundo de la ley Nº 17.105, de 1969, sobre Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres. Las disposiciones legales que hagan referencia al Libro Segundo de la ley Nº 17.105 se entenderán hechas a esta ley, en las materias a que dichas disposiciones se refieren.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º.- Las causas de alcoholes que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se hallaren pendientes, continuarán radicadas en los mismos tribunales hasta su total tramitación.

Articulo 2º.- El número de patentes limitadas de alcoholes y su distribución que se fijen en conformidad al artículo 36 comenzarán a regir a contar del 1 de enero del año siguiente al de entrada en vigencia de esta ley.

ººººº

Se designó DIPUTADA INFORMANTE a la señora CRISTI, doña María Angélica.

SALA DE LA COMISIÓN, a 9 de abril de 1996.

Acordado en sesiones de fechas 2, 9, 16 y 30 de agosto, 18 de octubre y 13 de diciembre de 1994; 10 y 17 de enero; 7 y 14 de marzo; 2 y 16 de mayo; 18 de julio; 1 de agosto; 10 y 24 de octubre, 7, 14, 15 y 22 de noviembre; 12 de diciembre de 1995; 3, 10 y 17 de enero; 6, 13 y 20 de marzo, y 9 de abril de 1996, con la asistencia de los Diputados señores Aguiló, don Sergio (Presidente), señora Cristi, doña María Angélica, y señores Alvarez-Salamanca, don Pedro; Bayo, don Francisco; De La Maza; don Iván; Girardi, don Guido; González, don José Luis; Martínez, don Rosauro; Masferrer, don Juan; Melero, don Patricio; Morales, don Sergio; Ojeda, don Sergio; Palma, don Joaquín; Tohá, don Isidoro; Urrutia, don Salvador, y Zambrano don Héctor.

Asistió, además, la Diputada señora Pollarolo, doña Fanny.

ARTURO FIGUEROA HERRERA

Secretario de la Comisión.

LEGISLACIÓN SOBRE ALCOHOLES. Primer trámite constitucional.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

A continuación, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto iniciado en moción que modifica la Ley de Alcoholes.

Diputada informante de la Comisión de Salud es la señora Cristi.

Antecedentes:

-Moción, boletín Nº 1192-11, sesión 15ª, en 21 de abril de 1994. Documentos de la Cuenta Nº 14.

-Informe de la Comisión de Salud, sesión 71ª, en 8 de mayo de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 4.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra la señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente , me corresponde dar a conocer el informe de la Comisión de Salud sobre el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Alcoholes, iniciado en moción de las honorables Diputadas señoras Martita Wörner y María Angélica Cristi , y de los Diputados señores Teodoro Ribera , Francisco Bayo , José García , Alberto Espina , Carlos Cantero , Patricio Melero , Jorge Schaulsohn y Carlos Dupré .

Su Excelencia el Presidente de la República hizo presente la urgencia, con calificación de “simple”, con fecha 30 de abril del año en curso, al patrocinar el proyecto y acoger la mayor parte de sus artículos con carácter constitucional.

Durante el estudio del proyecto, se contó con la participación de los abogados del Ministerio de Justicia Consuelo Gazmuri y Carlos López.

La Comisión de Salud se ha abocado al estudio de esta iniciativa desde 1992, y creó una subcomisión para su ejecución, a partir del 15 de noviembre de 1995.

Para conocer la opinión de los expertos, se invitó a personalidades públicas y privadas de los Ministerios de Justicia, de Salud y de Educación; del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes, de Carabineros de Chile, del Servicio Nacional de Menores y de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Al mismo tiempo, en audiencia pública, se escucharon las opiniones de los representantes de Alcohólicos Anónimos, de la Asociación de Rehabilitadores de Alcohólicos (Ardas), de la Unión de Rehabilitadores de Alcohólicos de Chile (Urach), de comerciantes, juntas de vecinos y estudiantes.

La subcomisión estuvo conformada por los Diputados señores Sergio Ojeda , Héctor Zambrano , Francisco Bayo, Juan Masferrer , Fanny Pollarolo y María Angélica Cristi .

La primera moción para modificar la ley de alcoholes ingresó a la Cámara en 1990, y fue presentada por la Diputada que habla; posteriormente, se formularon proyectos parciales, uno de los cuales perseguía modificar el horario de las botillerías, patrocinado por la ex Diputada señora Eliana Caraball y el Diputado señor Jorge Schaulsohn ; más adelante se presentó otro, que decía relación con la prohibición de vender alcohol en los estadios, patrocinado por el Diputado Dupré , y luego se enviaron dos mensajes del Ejecutivo.

Como una forma de compatibilizar todas las iniciativas, se fundieron en el proyecto en discusión, que contó, como ya se dijo, con el patrocinio del Ejecutivo.

Por razones obvias que señalaremos, el proyecto fue estudiado por la Comisión de Salud, dado que el alcoholismo y el consumo excesivo de alcohol en nuestro país es el principal problema de salud pública y sus consecuencias atentan contra toda la comunidad, la convivencia familiar, la seguridad ciudadana; es un detonante de la violencia social e intrafamiliar y está estrechamente relacionado con el consumo de drogas, los accidentes de tránsito, las enfermedades siquiátricas, el ausentismo laboral, la pobreza y el sufrimiento de muchos de nuestros compatriotas.

Es importante, aunque se ha repetido, recordar las cifras más importantes y relevantes. En nuestro país mueren anualmente 7.600 personas por causas relacionadas directamente con el consumo excesivo de alcohol, según fuentes del Ministerio de Salud; 2 millones de personas beben en exceso, de las cuales 500 mil son alcohólicas; 400 mil niños, entre 9 y 15 años, consumen alcohol a diario y 200 mil de los 500 mil alcohólicos son jóvenes; la cirrosis hepática es la cuarta causa de muerte en la población chilena; 135 mil días-cama al año son ocupados por personas cuyas afecciones son consecuencia del alcohol, y el 50 por ciento de las camas de los hospitales siquiátricos son ocupadas por personas que padecen afecciones mentales como consecuencia de la ingesta excesiva de alcohol.

Todos estos datos provienen de fuentes del Ministerio de Salud, de los doctores Medina , Montenegro , Florenzano , Pemjean y Minoletti , entre otros.

Aprovecho para agradecer el gran apoyo entregado a este proyecto por el doctor Chandía.

En relación con la seguridad ciudadana, el 52 por ciento de los actos criminales son cometidos en estado de ebriedad; el 45,4 por ciento de los suicidios se llevan a cabo bajo la influencia del alcohol, como asimismo el 60 por ciento de los homicidios, según el Anuario Estadístico de 1994 del Instituto Médico Legal, y el 41 por ciento de quienes fallecen en accidentes de tránsito presentan alcoholemia positiva, sin considerar los accidentes sin víctimas fatales, pero con consecuencias de por vida.

En el trabajo, entre el 15 y el 20 por ciento de los accidentes laborales se producen bajo los efectos del alcohol, y el 70 por ciento del ausentismo laboral se atribuye al consumo de bebidas alcohólicas. De esta forma, el consumo excesivo de alcohol afecta definitivamente los rasgos de pobreza de los trabajadores de nuestro país.

Las consecuencias del alcoholismo acarrean un costo económico y social de 2 mil millones de dólares al año, según un estudio realizado por la Universidad de Chile en 1981, cifra aproximada a los presupuestos anuales de salud y de educación para 1994. Este estudio no ha sido actualizado, pero la cifra corresponde a 1981.

Según estudios realizados en los colegios municipalizados de la comuna de Ñuñoa, en el período 1958-1982 el consumo de alcohol de los jóvenes de entre 10 y 19 años aumentó en un 300 por ciento, y entre 1981 y 1993, en más de un ciento por ciento. Chile es el país de América con el más alto porcentaje de consumo de bebidas alcohólicas entre los adolescentes, seguido por Estados Unidos, Costa Rica y Brasil.

En relación con los adultos, sabemos que nuestro país ocupa el tercer lugar en el mundo en consumo de alcohol, después de España y de Francia, con un total aproximado de 12 litros de alcohol puro por adulto al año.

Según la encuesta realizada por la Unicef, el Ministerio de Educación y la Fundación Paz Ciudadana, el promedio de edad de inicio en el consumo de alcohol es de 12 años. El 40 por ciento de los estudiantes encuestados dijeron consumir alcohol periódicamente. De ellos, el 15 por ciento habría consumido drogas, principalmente marihuana. El 73 por ciento de los niños de enseñanza media consume alcohol. Debemos recordar que ésta es la puerta de entrada al consumo de drogas.

A juicio de los expertos, las principales razones para este consumo excesivo son las siguientes:

En primer lugar y probado por estudios comparados en todos los países, el fácil acceso al alcohol, por su precio y disponibilidad y, por supuesto, la ignorancia sobre sus efectos nocivos en la salud y la posibilidad de crear dependencia.

En segundo lugar, la permanencia, cada vez más extensa, de los jóvenes en la calle, entre las 10 de la noche y la madrugada, en particular los fines de semana y los festivos.

En tercer lugar, la falta de espacios de recreación diseñados para los jóvenes y sus inquietudes, y para practicar deportes.

En cuarto lugar, la existencia de pautas culturales y sociales que favorecen la ingestión de alcohol.

En quinto lugar, la desintegración familiar y el abandono en que quedan muchos jóvenes adolescentes. La familia, en este caso, pasa a ser el lugar más importante donde ellos deben refugiarse y aprender las pautas para evadir este grave problema.

En sexto lugar, una sociedad que no siempre fomenta los valores trascendentales y que muchas veces considera cualquier control como un atentado a la libertad.

En séptimo lugar, la falta de oportunidades laborales y de capacitación técnico-profesional.

Por ello, junto a muchas otras causas, la razón fundamental para modificar la legislación en esta materia responde a la necesidad urgente de contar con una ley moderna, que fiscalice, controle, regule y prevenga el consumo y expendio excesivo de bebidas alcohólicas en la población, muy especialmente entre los más jóvenes, considerando las dramáticas consecuencias en todos los ámbitos del comportamiento social.

Estoy segura de que todos en la Sala estamos de acuerdo en que los necesarios cambios de hábitos en relación con el consumo de alcohol en nuestro país no tendrán lugar únicamente a través de disposiciones legales. Sin embargo, la modificación de la actual legislación, que en la práctica no se ajusta a nuestra realidad social, constituye una herramienta indispensable para prevenir, rehabilitar, fiscalizar y controlar el expendio y consumo de alcohol en forma adecuada.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

¿Me permite una interrupción, señora Diputada ?

El Ministro de Salud, que nos acompaña, solicita autorización para que ingrese a la Sala el doctor Alberto Minoletti, responsable de la Unidad de Salud Mental de ese ministerio.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

-Acordado.

Puede continuar con su informe la Diputada señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Me alegro mucho de que esté presente en la Sala el señor Ministro de Salud , como también el doctor Minoletti , que ha dado un importante apoyo al proyecto.

Sin duda, la clave para evitar el excesivo consumo de alcohol es la prevención, en especial en la familia, pero el proyecto dedica un capítulo exclusivo para estos efectos, a través de la educación. Entre otras medidas, destina a estos programas las multas por infracciones a la ley; dispone la enseñanza obligatoria en la educación básica de estilos de vida saludables; establece la participación de las empresas que promueven las bebidas alcohólicas en el mercado en programas de prevención del alcoholismo, y la inclusión de mensajes preventivos en la publicidad difundida en los medios de comunicación y al mismo tiempo ordena la asistencia obligatoria a programas de rehabilitación e implementa centros de atención hospitalaria a nivel privado y público.

Respecto de las modificaciones de horario, la iniciativa parlamentaria es mucho más que una simple restricción horaria, precisamente porque la experiencia nos ha indicado que promulgar una norma de esa naturaleza sin las precauciones adecuadas, aumenta la venta clandestina. Sin embargo, es conveniente que la ciudadanía, en particular los Diputados, tenga presente que la actual legislación establece igualmente la regulación de los horarios, excepto en el caso de las botillerías o depósitos de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del local.

En reiteradas oportunidades, Carabineros de Chile, juntas de vecinos, centros de padres y apoderados, entre otros estamentos de la comunidad, han manifestado a las autoridades su clamor respecto de la urgente necesidad de establecer una normativa que regule la ubicación de las botillerías y el horario de su funcionamiento y expendio.

Hoy, este tipo de establecimientos es el único que puede instalarse en cualquier lugar y funcionar las 24 horas del día. De hecho, los alcaldes de Antofagasta, La Reina, Lo Barnechea y muchos otros han sido afectados por recursos de protección por negarse a conceder una patente de alcoholes en las proximidades de un colegio, lo que permite la legislación vigente.

Los alcaldes de Santiago, Las Condes y muchos a lo largo del país han planteado la urgente necesidad de legislar en este sentido, pues los jóvenes que consumen alcohol en las plazas, en las calles y en los lugares públicos lo obtienen justamente en las botillerías.

Respecto del clandestinaje, práctica muy extendida en los sectores de menores recursos, la actual ley no consigue disuadir a los infractores, ya que la máxima sanción no supera los 5 mil pesos. El proyecto aumenta considerablemente el monto de todas las multas e, incluso, en el caso del clandestinaje, sanciona con prisión a los reincidentes, dispone la clausura definitiva de aquellos locales comerciales que expenden bebidas alcohólicas sin autorización y agiliza el procedimiento para allanar un local clandestino donde se presume la existencia ilegal de alcohol.

Como el 41 por ciento de los fallecidos en accidentes de tránsito presentan alcoholemia positiva, la nueva ley rebaja el grado de alcohol en la sangre para calificar la actuación en estado de embriaguez; es decir, la alcoholemia baja de un gramo por mil de alcohol en la sangre a 0,8, y aumenta las multas por conducción y desempeño en esas condiciones.

Al mismo tiempo, como resulta a todas luces incongruente la venta de alcohol en estaciones de servicio, pues la mayoría de sus usuarios son precisamente quienes están conduciendo un vehículo, la nueva ley la prohíbe.

Cabe señalar que los países avanzados en materia de prevención de alcoholismo y de sus consecuencias, como Canadá, coinciden plenamente y han comprobado que la accesibilidad fácil a las bebidas alcohólicas es uno de los principales factores del aumento de su consumo. Por ende, esta legislación ha tomado muy en cuenta esa premisa.

Pese a que los efectos del consumo excesivo de alcohol han sido lamentables, a lo menos durante los últimos 30 años, recién la opinión pública está asumiendo la dimensión de sus consecuencias, por ahora más grave que el consumo de drogas. Entonces, los legisladores no podemos permanecer impasibles ante un hecho real.

El alcoholismo -esto es lo que la Comisión acordó-, desde el punto de vista humano, es una enfermedad grave, difícil de revertir y vulnera la dignidad de quien la padece y de sus seres queridos. Por lo tanto, la responsabilidad de disminuir el consumo excesivo compromete a todos los sectores de nuestra sociedad: al Estado, a los privados, a los legisladores, al Poder Judicial , a las iglesias, a los sectores de educación, de salud, a las policías civil y uniformada, a los municipios y, como la Comisión también lo ha dicho, por sobre todo, a la familia y a su capacidad única de reforzar a sus integrantes en los principios y valores trascendentales para la existencia humana.

La legislación vigente en materia de alcoholes y bebidas alcohólicas se encuentra contenida en la ley Nº 17.105, de 14 de abril de 1969, que fijó el texto coordinado y sistematizado de cuerpos legales de antigua data, de 1939 y 1954, para normar la fabricación, venta y consumo de alcoholes y vinagres. En 1980 se introdujeron nuevas modificaciones a la llamada Ley de Alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres; se derogó su Libro Primero y su artículo 113 pasó a ser artículo 1º.

La actual legislación no se compadece con los requerimientos de la sociedad de hoy, por lo cual la prevención resulta casi impracticable por carecer de recursos, aunque el artículo 130 la hace obligatoria.

Las sanciones son tan bajas, que van desde 500 hasta 12 mil pesos, incluso por accidentes graves de tránsito. Las multas alcanzan a 450 millones de pesos anuales y los municipios no reciben parte de ellas, aunque sean de nivel local.

El proyecto de ley presupone que con el aumento de las multas se podría disponer de por lo menos 5 mil millones de pesos al año para prevenir el alcoholismo. Esta cifra es importante si la comparamos con los montos con que cuenta el Ministerio de Educación para la prevención del consumo de drogas y alcohol, que son de 500 millones de pesos.

Por otra parte, ya hemos dicho que los procedimientos de clasificación y fiscalización son engorrosos. La ley rige en la misma forma a comunas rurales, urbanas, turísticas o de gran desarrollo, como Santiago o Las Condes.

Además, la ley no consulta una nueva serie de locales que se han integrado a la vida moderna, llamados pubs, minimarkets, discotecas y otros.

La competencia de los tribunales radica básicamente en los juzgados de letras de mayor cuantía, dificultando en ocasiones el acceso a la justicia, principalmente por su lejanía y gran cantidad de causas criminales que allí se radican. Es así que las órdenes de allanamiento para intervenir a los locales clandestinos, por ejemplo, son casi imposibles de practicar.

Por otra parte, existe una variedad enorme de patentes que confunden, incluso, a quienes fiscalizan estos locales.

El hecho de proporcionar alcohol a un menor de 18 años de edad es sancionado solamente cuando éste se apresta a consumirlo, pero hoy cualquier niño puede comprar alcohol en un supermercado, botillería o cualquier parte.

La ley vigente no contiene disposiciones que regulen la ubicación territorial de los establecimientos de expendio de alcohol, como ya dijimos; las botillerías se pueden instalar al lado de un colegio, de un cuartel de carabineros, de un hospital o en cualquier lugar.

Los alcaldes no disponen de atribuciones que les permitan controlar, fiscalizar y ordenar el expendio de bebidas alcohólicas en su comuna, ni menos solicitar la clausura de aquellos locales que perturben la tranquilidad pública.

Por eso, el proyecto ha tratado en cinco puntos los seis objetivos para normar en mejor forma lo que dice relación con alcoholes: prevenir el consumo excesivo de alcohol y el alcoholismo, rehabilitar a los enfermos alcohólicos o consumidores excesivos, sancionar a los infractores en forma adecuada, reglamentar el expendio de alcohol y el otorgamiento de las patentes, fiscalizando que se cumplan sus normas, y radicar la competencia judicial, principalmente, a nivel de la justicia comunal.

Estos objetivos se agrupan en cinco títulos, que en el proyecto se denominan “La penalidad de la embriaguez”, “La prevención y rehabilitación”, “El desempeño y conducción en estado de ebriedad”, “El expendio y las patentes” y “El procedimiento judicial”.

Como los señores Diputados habrán observado, el documento es largo: contiene 70 artículos, dos de los cuales son de ley orgánica constitucional. Hemos tratado de resumirlos en la forma más sucinta y espero que su relación no sea muy lenta ni latosa.

No voy a leer los artículos uno por uno, sino que resumiré lo principal de los que tienen más incidencia.

El artículo 1º determina las materias que serán reguladas por la ley: la penalidad de la ebriedad, el desempeño y conducción en estado de ebriedad, el expendio y consumo abusivo de alcohol, la clasificación de establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas y el otorgamiento de patentes, el procedimiento judicial aplicable y las sanciones pecuniarias, y las normas que promuevan la prevención del alcoholismo y la rehabilitación de los alcohólicos.

El título I contiene diferentes artículos que determinan los lugares en que se prohíbe el consumo de alcohol y las consecuencias de embriagarse en espacios públicos; el procedimiento legal que debe seguirse contra el infractor; las sanciones o multas aplicables en unidades tributarias mensuales, cuyos montos, como ya dijimos, son de mucho más valor que las cifras que establece la ley actual.

Se señala que al menor que incurra en las conductas sancionadas en este título se le aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley de Menores y se notificará a sus padres; se hace obligatoria la asistencia a programas educativos y de prevención a quienes hayan sido condenados por ebriedad dos veces en el plazo de un año; se establece la obligación de concurrir a programas de tratamiento para bebedores problemas y alcohólicos a quienes hayan sido condenados más de dos veces en un año; se especifican las sanciones que se aplicarán a los dueños, empresarios, administradores o empleados que vendan o proporcionen bebidas alcohólicas a menores de edad, que admitan ebrios, que permitan que los consumidores beban hasta embriagarse y que toleren escándalos o desórdenes; se impone la obligación de que las personas señaladas en el artículo anterior exijan cédula de identidad a quienes parezcan tener menos de dieciocho años, y se establece el derecho del cónyuge e hijos menores de quien haya sido condenado más de una vez por ebriedad a percibir una pensión de alimentos provisoria para su mantenimiento, de hasta el 50 por ciento de los emolumentos del infractor, en caso de que vivan a sus expensas.

El título II precisa que todos los establecimientos educacionales del país, desde la enseñanza preescolar hasta la media, deberán implementar programas educativos orientados al desarrollo de factores protectores contra el abuso de alcohol, en los que participará toda la comunidad escolar. El Ministerio de Educación supervisará su implementación.

Las empresas que promuevan la colocación de bebidas alcohólicas deberán participar en los programas de prevención del alcoholismo mediante la inclusión de mensajes con ese objetivo en la publicidad que difundan.

El Ministerio de Educación proporcionará los medios necesarios para ejecutar los programas en los colegios de menores recursos y organizará cursos de capacitación de profesores para especializarlos en la prevención del abuso en el consumo de alcohol.

La comisión interministerial, con representantes de los Ministerios de Educación, de Salud y del Trabajo, implementará y fomentará los programas de prevención de abuso de bebidas alcohólicas para ser impartidos en empresas, servicios públicos y municipalidades.

Establece la obligación de todos los servicios de salud del país de contar con programas de tratamiento y rehabilitación para bebedores problemas y alcohólicos, los que incluirán plazas de hospitalización, consulta externa especializada y tratamiento ambulatorio; admite la participación en estos programas de instituciones como los clubes rehabilitadores de alcohólicos; dispone la obligación de concurrir a estos programas a las personas condenadas por ebriedad en determinadas circunstancias; faculta a los familiares para solicitar su internación en una institución hospitalaria y, a su vez, hace aplicables al alcohólico agresor las normas sobre violencia intrafamiliar.

Los programas de prevención y rehabilitación se financiarán con los recursos provenientes de las multas por infracción a la ley de alcoholes, los que, como ya dijimos, aumentan de cerca de 500 millones a 5 mil millones de pesos.

El título III prohíbe la conducción de un vehículo en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol; establece el procedimiento que podrá adoptar Carabineros para impedir que una persona que se encuentra bajo sus efectos pueda conducir.

Para ello, lo pueden someter a una prueba respiratoria u otra no invasiva, destinada a determinar la presencia del alcohol en la sangre a quien conduzca o se apreste a conducir un vehículo en lugares públicos.

Si la prueba resultare positiva, podrán prohibirle la conducción por el tiempo que fuere necesario y exigirle que se someta de inmediato a un examen destinado a determinar la dosificación de alcohol en la sangre.

Dispone las sanciones para todo conductor de vehículo o de cualquier medio de transporte y controlador de tránsito que se desempeñe o conduzca en estado de ebriedad, graduándolas de presidio menor en su grado mínimo a máximo y multas de dos a diez unidades tributarias mensuales, aunque no cause daño o sólo cause daños materiales o lesiones leves; determina que cuando el examen de alcoholemia arroje una dosificación igual o superior a 0,8 gramo por mil de alcohol en la sangre, habrá desempeño o conducción en estado de ebriedad.

Como pena accesoria se suspenderá el permiso para conducir desde seis meses hasta cuatro años, según la gravedad de las lesiones causadas, hasta llegar a la muerte. En caso de reincidencia, se propone el retiro definitivo del permiso para conducir.

Establece procedimientos para realizar el examen de alcoholemia en cualquier servicio médico legal y establecimientos hospitalarios autorizados. Su valor podrá usarse como prueba en juicio; indica las sanciones que sufrirán los funcionarios que, a sabiendas, otorguen permisos de conducción a personas inhabilitadas.

El título IV establece que todo establecimiento de expendio estará sujeto a la vigilancia e inspección de Carabineros, de inspectores municipales o fiscales y del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes; faculta a los tribunales competentes para decretar el allanamiento de propiedades particulares y fiscalizar el cumplimiento de la ley; señala la clasificación y característica de los establecimientos de bebidas alcohólicas; fija los horarios de expendio a diferentes establecimientos clasificados en el artículo anterior; indica los lugares en las comunas en que pueden otorgarse las patentes, a través de los planos reguladores; dispone la forma de otorgar patentes y de su pago; establece una patente por local, que puede acumular varias de ellas; señala los lugares donde podrán concederse patentes temporales; indica el número de patentes que podrán otorgarse a cada comuna y serán fijadas por el intendentes, previo informe del alcalde, con acuerdo del concejo -hoy ésta es una facultad exclusiva del Presidente de la República -; otorga a las municipalidades la facultad de determinar en sus planos reguladores y a través de ordenanzas las zonas en que podrán instalarse botillerías, cantinas, bares, tabernas, cabarets y otros locales de expendio de alcohol para ser consumido fuera de él, los que no podrán ubicarse, especialmente en el caso de las botillerías, a menos de doscientos metros de establecimientos educacionales, de salud, cárcel, cuarteles de Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones, industrias, garitas, terminales de locomoción colectiva y estaciones de servicios, es decir, prohíbe la venta de alcoholes dentro de las estaciones de servicios de automóviles; determina el procedimiento a seguir para los negocios que resultaren afectados por la aplicación de esta norma después de establecidos. El plazo máximo no podrá ser inferior a un año y las condiciones de funcionamiento las fijará el tribunal.

Impide la venta de alcohol en las vías, plazas, paseos públicos, teatros, circos, centros deportivos y demás lugares de espectáculos y diversión pública, con excepción de los que cuenten con locales debidamente autorizados.

En ningún caso, podrá autorizarse el expendio en campos o recintos destinados a espectáculos deportivos. En los espectáculos de fútbol profesional clasificados por el intendente de alto riesgo, se decretará la prohibición de expendio en un perímetro de cinco cuadras.

En fiestas patrias, las municipalidades podrán autorizar por tres días la instalación de fondas o locales de expendio de alcohol.

Faculta al intendente, previo informe del alcalde, para prohibir o limitar la venta y consumo de alcohol en la región o comuna que estime conveniente, por razones de interés público; prohíbe el trabajo de menores en lugares de expendio de alcohol; señala que no podrán concederse autorizaciones para vender alcohol, entre ellos, a los miembros del Congreso, alcaldes, miembros de los tribunales de justicia, empleados fiscales o municipales; indica los casos en que la municipalidad deberá suspender la autorización para el expendio, por ejemplo, cuando el local no reúne condiciones de higiene y seguridad o si la patente hubiere sido concedida a las personas indicadas con anterioridad; prohíbe la existencia de bebidas alcohólicas en cualquier lugar no autorizado para expenderlas.

Se sanciona con multa y decomiso de las bebidas. En caso de reincidencia, con clausura, decomiso y multas. La segunda reincidencia, con prisión. Si la clausura no puede llevarse a efecto, por tratarse de casa habitación del transgresor o ella causare grave daño a la familia, podrá sustituirla por prisión.

El juez, al tomar conocimiento de un proceso por infracción a esta ley, podrá de oficio, a petición del intendente, del alcalde, del concejo o del Departamento de Alcoholes, clausurar el establecimiento cuando constituya un peligro para la tranquilidad pública.

El título V establece que el juez de policía local será quien conocerá en primera instancia las infracciones a esta ley. El juez del crimen será competente para conocer el delito de la conducción o desempeño en estado de ebriedad.

El procedimiento aplicable será el común que se sigue ante los juzgados de policía local simplificado.

Si no hay lesiones o éstas son leves, se aplicará el procedimiento sobre faltas contemplado en el título I, libro tercero, del mismo Código.

Las sentencias condenatorias, en caso de ebriedad, conducción en estado de ebriedad o consumo excesivo establecerán la obligación al condenado de ser examinado por un médico calificado por el servicio de salud.

Si el afectado se niega a seguir este tratamiento, el juez ordenará las medidas conducentes a su cumplimiento.

Una vez ejecutoriada la sentencia y con acuerdo del infractor, salvo que éste haya quebrantado la condena, el juez podrá conmutar la sanción por la realización de trabajos en favor de la comunidad, señalando el lugar donde deben realizarse, su duración, y la persona o institución encargada de controlar su cumplimiento.

Los abogados y delegados del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes percibirán por sus actuaciones en las causas por infracción a las disposiciones de esta ley, el 10 por ciento de las sumas que ingresen por concepto de multas; del saldo, el 40 por ciento se destinará a los servicios de salud para el financiamiento y mantención de programas de rehabilitación de personas alcohólicas, y el 60 por ciento, a las municipalidades, para el financiamiento y mantención de los programas de prevención y rehabilitación de personas alcohólicas, distribuido entre ellos de acuerdo con el número de habitantes y los antecedentes estadísticos respecto de los problemas de alcoholismo que afecten a la respectiva población.

De acuerdo con lo establecido en los artículos transitorios las causas de alcoholes que se hallaren pendientes continuarán radicadas en los tribunales del crimen y el número de patentes limitadas y su distribución comenzará a regir a contar del 1 de enero siguiente al de la publicación de la ley.

Este proyecto no cuenta con informe de Hacienda, dado que no representa gastos adicionales. Sin embargo, como señalé, sus artículos 58 y 59 son propios de la ley orgánica constitucional respectiva.

Por último, quiero agradecer a todos quienes han participado en el estudio del proyecto, especialmente, a los colegas de la Comisión de Salud; al señor Ministro por su presencia ahora y por el apoyo dado a esta iniciativa -y aprovecho de instarlo a participar en la campaña nacional que se está llevando a cabo para combatir el consumo de drogas, dado que el alcohol es la droga de más alta incidencia en nuestro país-. También quiero agradecer a don Carlos López , quien fuera nuestro asesor permanente en la Comisión; a don Claudio Orrego , a Patricia Schaulsohn y Carlos Carmona , del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República; a don Hugo Villalobos , del Ministerio del Interior; a don Mario Marcel de la Subderec ; al Ministro Secretario General de la Presidencia , señor Genaro Arriagada , activo colaborador del Gobierno; a los Ministros del Interior y de Justicia, y especialmente al Secretario de la Comisión , don Arturo Figueroa ; a María Teresa Calderón , a Paula Batarce y a don Adrián Álvarez , quien nos apoyó en toda la parte del procedimiento judicial, tratando de acoger las nuevas normativas que la Comisión de Constitución ha entregado en el último tiempo para hacer que este proyecto se ajuste a la modernidad y para que, de alguna forma, supere los atrasos que producía la ley anterior.

En nombre de todos mis colegas de la Comisión de Salud, hago un llamado para que esta Sala dé su aprobación a este proyecto, que es de tanta necesidad e importancia para nuestro país. Sin duda, todas sus opiniones y sugerencias serán bienvenidas para que sea efectivo.

Es todo cuanto tengo que informar.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Tohá.

El señor TOHÁ.-

Señor Presidente , una vez más, en esta Cámara, estamos enfrentados a dar respuesta a problemas de gran significación nacional.

El alcoholismo es un problema que tiene connotaciones muy variadas: sociales, culturales, económicas y médicas. Podemos entender esto al ver los serios quebrantamientos que en la vida diaria puede producir el uso indebido del alcohol, como la violencia familiar, y al ver afectados significativamente los presupuestos familiares al derivar gran cantidad de ingresos al consumo de bebidas alcohólicas.

Es importante que analicemos los aspectos culturales que han hecho que, en ciertas ocasiones, el alcohol sea un elemento casi imprescindible para celebrar, cuando se está contento, etcétera.

Los servicios médicos, los hospitales, los consultorios deben hacer frente a una gran responsabilidad, no sólo desde el punto de vista curativo en cuanto a tratar a los enfermos alcohólicos en sus diferentes patologías asociadas, sino también en cuanto a su rehabilitación y en la creación de programas de prevención. El Ministerio de Educación también tiene una gran responsabilidad en cuanto a cómo integrar a los planes y programas de estudio de las diferentes escuelas y colegios, elementos que le permitan a la juventud formarse una opinión y un criterio para enfrentar este riesgo y ver con claridad el peligro que el consumo excesivo del alcohol puede generarles en el futuro.

Cuando nos vemos enfrentados a un problema, creemos que a través de preceptos legales podemos regular los aspectos que ello involucra: moderar costumbres, reconocer derechos y establecer prohibiciones. Pero, al igual que cuando discutimos el proyecto relacionado con la droga, estamos conscientes de que la legislación tiene grandes limitaciones en cuanto a asegurar que sólo a través de ella podremos eliminar algunas lacras sociales, en este caso, la del alcoholismo. Sin embargo, debemos reconocer que Chile necesita una legislación moderna frente a un problema no moderno, sino antiguo como es el alcoholismo.

Indudablemente, el elemento represivo está siempre presente en estas leyes. Tenemos el convencimiento muy arraigado -creo que es válido- de que frente a costumbres, a actitudes asumidas y reconocidas por la sociedad a través de generaciones como lícitas -siempre que no se caiga en actitudes inconvenientes o tipificadas como delito-, es muy difícil que un proyecto, por muy moderno y eficaz que sea, pueda cubrir todas las posibilidades frente a un problema regido fundamentalmente por la existencia de una demanda. Y frente a la presión de una demanda es difícil defenderse. Pero es indudable que a través de este proyecto estamos haciendo un gran esfuerzo, y tiene mayor importancia el que haya surgido como una moción parlamentaria.

Sin embargo, frente a estas iniciativas he podido comprobar que los parlamentarios tenemos muy restringidas nuestras atribuciones en cuanto a entregar respuestas. De hecho, para que esta moción fuese aceptada en la Comisión se necesitó que el Ejecutivo acogiera gran parte del articulado.

Este proyecto demoró muchos años. Tiempo atrás existió un proyecto primitivo del Ejecutivo que la Comisión de Salud consideró insatisfactorio porque era débil, porque tenía deficiencias en aspectos fundamentales, referidos a la prevención y a la rehabilitación del enfermo alcohólico. En consecuencia, se exigió un nuevo proyecto. El Ejecutivo lo aceptó y decidimos tramitar la moción parlamentaria que ha dado lugar a este proyecto en discusión.

No quiero alargarme en forma lata sobre aspectos estadísticos ya conocidos por la mayoría de la gente. Pero creo necesario, para la historia de la ley, hacer mención de algunas cosas.

El alcoholismo es el principal problema de salud en Chile. A veces cuesta aceptarlo o entenderlo, pero tenemos conocimiento de las consecuencias de todo tipo que el consumo excesivo e inadecuado del alcohol provoca en las personas y en la sociedad. Nos damos cuenta que efectivamente este es el principal problema.

Entre los países latinoamericanos, Chile se ha destacado por ser uno de los primeros que tomó clara conciencia de este delicado problema. Así, los primeros estudios epidemiológicos los encontramos en la década del 50. A pesar de ello, esta enfermedad continúa teniendo lamentables repercusiones, como lo demuestra el informe de la Organización Panamericana de la Salud, donde Chile figura con la tasa más alta del mundo en muerte por cirrosis hepática (27,4 por cien mil habitantes). Además, los mayores de 15 años consumen 12 litros al año per cápita, lo que nos sitúa entre los primeros lugares en cuanto a bebedores excesivos, siendo superados sólo por algunas naciones. En los últimos años la situación se ha agravado debido, entre otras cosas, a un considerable aumento en el consumo y a la temprana edad en que los jóvenes comienzan a ingerir, junto a un elevado número de accidentes del tránsito derivados del consumo de alcohol.

Por eso, hace bien este proyecto al rebajar el nivel de alcohol permitido en la sangre de un conductor en estado de ebriedad, de un gramo por mil a cero ocho gramos por mil.

Después de una ardua discusión, fui partidario de rebajar a 0,8 gramos por mil el grado de alcoholemia para calificar como conducción en estado de ebriedad, porque está demostrado que se disminuyen considerablemente los reflejos, el sentido de la autocrítica, de la moderación, de prever situaciones al conducir en forma descuidada y de los accidentes que pueda provocar.

La mayoría de los estudios sobre esta enfermedad se centran en la población adulta, en circunstancias de que la génesis de ésta la encontramos en la juventud, por cuanto en la adolescencia se desean experimentar -lo que es explicable- cosas nuevas, como también, en algunos casos, eludir y olvidar situaciones conflictivas. El alcohol se transforma en un medio para evadir problemas, lo que también justifica el aumento del consumo en una sociedad en la cual los individuos están sujetos permanentemente a una vida muy estresante, llena de tensiones, de un ritmo acelerado, y por qué no decirlo, muchas veces de frustraciones y de un desmejoramiento en su calidad de vida. Entonces, aparece como muy explicable, aunque no justificable, que se recurra al alcohol para evadir situaciones que no son agradables ni compatibles con una vida sana.

La edad promedio en que se comienza a ingerir bebidas alcohólicas son los doce años, estableciéndose que el 40 por ciento de los estudiantes de enseñanza media lo consumen alguna vez. Los adultos no podemos apartarnos de la responsabilidad que nos cabe porque, indudablemente, lo que hagan los jóvenes en parte importante va a estar fijado por el ejemplo, por la capacidad de los padres y de las escuelas y colegios para inculcarles a los jóvenes principios que los prevengan de caer en el alcoholismo.

El país perdió 1.820 millones de dólares, según información de 1981 -dato que me costó creer-, como producto del consumo de alcohol. Ello significa tratamientos, ausentismo laboral, medicamentos caros, días-cama, largos procesos de rehabilitación. Sin duda, también es menor la calidad y el rendimiento del trabajo de un alcohólico; además, éste se encuentra expuesto, en una proporción mucho mayor, a tener accidentes del trabajo, lo que implica licencias y largos tratamientos médicos.

Para qué vamos a hablar del costo de los accidentes del tránsito, a los cuales parece nos estamos acostumbrando. Indudablemente, nos sentimos más impresionados por las pérdidas de vida y los heridos, pero no hay que olvidar que desde el punto de vista material, producen pérdidas que significan un costo muy grande al erario.

En virtud de los datos reseñados, urge implementar una política de prevención del alcoholismo, la que en el caso de los jóvenes debe empezar en la familia, ya que si no existe control o no se les inculcan costumbres sanas, irremediablemente estarán más propensos a caer en el alcoholismo.

También es importante la labor de prevención que se desarrolle en las escuelas, como lo dije anteriormente.

El proyecto en estudio contempla un título especial destinado a prevención y rehabilitación, donde se consagra que en todos los planteles educacionales del país deberán implementarse programas educativos destinados a la formación de estilos de vida saludables y al desarrollo de factores protectores contra el uso excesivo del alcohol. Estas orientaciones deberán ser entregadas y supervisadas por el Ministerio de Educación con participación del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de la Juventud.

También quiero referirme a la publicidad y a la importancia de las regulaciones que introduzcamos para que no se constituya en una actividad incentivadora del consumo de alcohol. Queremos agregar un elemento que desincentive a la persona, o por lo menos le cree conciencia de los riesgos a los que se expone si consume alcohol en forma exagerada.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Ha terminado el tiempo de su primer discurso.

Puede hacer uso del tiempo de su segundo discurso.

El señor TOHÁ.-

En seguida termino, señor Presidente .

En ese sentido un grupo de Diputados hemos presentado una indicación para que se establezca que en todo acto de publicidad relativo a la materia debe contemplarse una advertencia sobre el daño que provoca el consumo excesivo de alcohol, incluyendo un especial llamado a la madre embarazada sobre el riesgo que significa el consumo de alcohol para el hijo en gestación durante ese período. Así cumplimos con la obligación de proteger el derecho de una persona en formación que no está en condiciones de autodefenderse de este peligro al que se le puede someter.

No me quiero alargar en otros aspectos, que serán abordados por otros parlamentarios, entre ellos la restricción a las horas de expendio, que también es discutible.

En resumen, el problema del alcoholismo, al igual que el de la drogadicción, no podrá ser superado con simples medidas represivas o prohibiciones de índole legal, a pesar de su importancia, sino que es imprescindible un tratamiento integral de este problema en todos los aspectos: familiares, educacionales, culturales, médicos, económicos, sociales y políticos.

Por último, es necesario comprometer a toda la comunidad en la lucha contra este flagelo.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente , no sólo se trata de modificar la ley Nº 17.105 sobre alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres, sino de enfocar un problema tan complejo y profundo como es el alcoholismo en Chile, sus causas, desarrollo y los devastadores efectos que genera en nuestro país esta verdadera lacra social.

En la actualidad, se considera un problema de salud pública por el gran número de pacientes que deben ser atendidos, por las complicaciones médicas y neuropsiquiátricas y por las verdaderas descomposiciones sociales y legales que se producen. El alcoholismo ya no se estima un vicio, sino una enfermedad que debe tratarse médicamente como tal.

La ciencia médica ha comprobado que esta enfermedad acorta en diez años la vida de los enfermos -especialmente por cirrosis hepática- y su fase final, que es el franco alcoholismo, es verdaderamente aterradora. El bebedor depende física y psíquicamente del alcohol, se produce una incapacidad de control, de detenerse, la voluntad es débil para impedir el consumo excesivo que daña la condición orgánica del bebedor, su cerebro, su hígado, su estómago, su vida.

Con esta iniciativa queremos evitar que la persona llegue, de una simple ingestión alcohólica, a convertirse en alcohólico.

Para aplicar conceptos y disposiciones legales es indudable que debemos conocer claramente cuáles son las causas o la razón que impulsa a las personas a beber; por qué nuestros jóvenes y los niños están bebiendo del modo que conocemos, en una escala ascendente, lo que debe preocupar no sólo al Congreso, sino que a todas las instituciones públicas, a los organismos privados y a las personas involucradas en la atención de esta materia.

Las causas que incitan al consumo alcohólico son muy variadas, como las costumbres seudoculturales de cierto sector de la población, la presión social, el medioambiente donde se vive, las frustraciones, el abandono, la cesantía y la ociosidad, las imitaciones, los problemas socioeconómicos que llevan al hombre a sumergir sus penas en el alcohol, como asimismo factores antropológicos, genéticos, metabólicos, característicos y formación de la personalidad, patologías predisponentes, por ejemplo, la diabetes mellitus, endocrinopatías, por la sed acentuada que se observa en su sintomatología, o enfermedades crónicas que comprometen el estado general, o malformaciones y mutilaciones que influyen en la estabilidad sicoemocional, situaciones todas que pueden estimular la ingesta alcohólica, que al repetirse favorecen la aparición de la dependencia. Estas causas no pueden atacarse sólo con la represión o detención de los alcohólicos: el mal tiene raíces muy profundas. Por ello, el hombre debe sumergir su acción y no conformarse con tocar las hojas y las ramas.

La problemática alcohólica -repito- es compleja y los dos grandes enfoques se dirigen precisamente al tratamiento de los que ya padecen la enfermedad y a los niños, adolescentes y adultos que aún no la tienen. En los primeros se requiere tratamiento integral por los equipos de salud relacionados con el alcoholismo, a fin de lograr su recuperación y posterior rehabilitación, hasta reintegrarlos a la familia y a la sociedad como ciudadanos dignos. Para los segundos -nuestros niños y jóvenes- se hace indispensable entregar la mayor información preventiva posible, lo que debería comenzar a hacerse en la enseñanza básica.

Los difíciles problemas derivados del alcoholismo nos han llevado a establecer algunas disposiciones que son discutibles y en este debate pueden emerger situaciones que también lo sean. Tan delicados son que debimos conformar una subcomisión para estudiar el proyecto, mientras la Comisión de Salud discutía otros.

La iniciativa que se somete a la consideración de la Honorable Sala contiene disposiciones que tienden a disminuir el consumo de alcohol o de prevenirlo en ciertas personas. Regula el expendio de bebidas alcohólicas, la clasificación de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, la penalidad de la embriaguez, el desempeño y conducción en estado de ebriedad, el otorgamiento de patentes, el procedimiento judicial y contempla normas que promuevan la prevención del alcoholismo y la rehabilitación.

Sea como fuere, las materias del proyecto, tal cual se han esbozado, procuran terminar con un flagelo social que provoca graves y serias consecuencias y problemas sociales a los distintos sectores de la comunidad.

Me referiré a dos temas de manera especial: al problema de la prevención y rehabilitación y al desempeño y conducción en estado de ebriedad.

En cuanto al primero, considero que el proyecto enfoca drásticamente el problema: hablar de prevención es atacar de raíz el problema, evitar su propagación sobre la base de la enseñanza preescolar, básica, media y diferencial, con programas educativos orientados a la formación de vida saludable y al desarrollo de factores protectores contra el abuso del alcohol, e indicar -sobre todo a nuestros jóvenes- cuáles son los efectos del alcoholismo, el daño que provoca en la estructura física y síquica de las personas y los efectos sociales y familiares que la ingestión alcohólica provoca. No es posible que 400 mil niños, entre 9 y 15 años, consuman alcohol a diario; que 200 mil jóvenes sean alcohólicos, y que entre 1958 y 1982 el consumo de alcohol en la población de entre 10 y 19 años haya aumentado en un 300 por ciento. Algo está fallando, algo no está resultando y algo, a lo mejor, hemos dejado de hacer nosotros, quienes tenemos la gran responsabilidad de establecer mecanismos o instrumentos que impidan este avance tan desolador.

Creemos que no sólo con medidas punitivas o con regulación de cierre de locales podemos impedir que nuestra juventud y nuestros niños sigan cayendo en esta verdadera trampa que es el consumo de alcohol. Por ello, el capítulo relativo a la prevención contiene normas que pueden ser eficaces para evitar su propagación. Se entrega la responsabilidad a los Ministerios de Educación y de Salud, y también al Instituto Nacional de la Juventud. Más aún, se establece la obligación de que las empresas que promueven la colocación de bebidas alcohólicas en el mercado participen en programas de prevención del alcoholismo y difundan, de alguna manera, indicaciones acerca del daño que provoca el alcohol. No hay que olvidar que el joven y el niño pueden ser alcohólicos en el futuro, porque de aquí surge o nace el alcohólico. Impidamos, entonces, la existencia de otro alcohólico más en la familia.

En esta oportunidad, quiero hacer un reconocimiento muy sincero a los clubes rehabilitadores de alcohólicos del país, en especial, a la Unión de Rehabilitadores de Alcohólicos de Chile, Urach, creada el 2 de agosto de 1969, y que, con los escasos recursos e implementación con que cuenta para cumplir sus funciones, realiza una labor muy abnegada, sacrificada y efectiva. En el país existen más de 216 clubes que agrupan a más de 25 mil rehabilitados.

En una ocasión, un grupo de Diputados presentamos un proyecto de acuerdo, que fue aprobado por la unanimidad de los parlamentarios presentes en la Sala, mediante el cual solicitamos la reforma del artículo 24 de la ley Nº 16.744, de 1968, que establece un fondo especial destinado a la rehabilitación de los alcohólicos. No tuvimos respuesta de los ministerios respectivos y esa iniciativa habría significado incrementar dicho fondo y, por consiguiente, una gran ayuda para esos clubes.

Se ha dicho ya demasiado respecto de los porcentajes y del número de alcohólicos en el país, o de lo que se bebe en los diferentes segmentos de la sociedad; pero hay que recalcar que la gravedad de la situación es que el problema va en escala ascendente y nuestra tarea, entonces, es frenar este ímpetu o desarrollo tan amenazante del alcoholismo.

Se ha dicho que, después del agua, no existe cuerpo químico tan simple que haya influido tanto en el destino del mundo como el alcohol. Unos pocos átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno constituyen una fórmula capaz de modificar la mente humana, haciéndola percibir y sentir la realidad de modo diferente. Por ello, es tan seductora y peligrosa.

También se ha sostenido que el alcoholismo mata más hombres que el hambre, la peste y la guerra; pero lo hace después de deshonrarlos y de arruinarlos a ellos y a sus familias.

El proyecto de ley nos entrega algunos mecanismos de rehabilitación que consisten en programas de tratamiento y rehabilitación para bebedores-problema y alcohólicos. Hemos tenido mucho interés y acentuado nuestro trabajo en la rehabilitación y prevención. Creemos que hay algunas imperfecciones que se pueden corregir, pero nuestra intención ha sido, justamente, evitar el descalabro que representa el desarrollo ascendente del alcoholismo.

Respecto de la conducción en estado de ebriedad, la rebaja de la dosis de alcohol, es decir, que el examen de alcoholemia arroje una dosificación igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre u organismo es, a nuestro entender, una buena forma de contrarrestar el excesivo consumo de alcohol y evitar, así, la gran cantidad de accidentes que ocurren en el país.

En un proyecto inicial, el Ejecutivo estimó que la dosis aceptable de alcohol en la sangre podría ser de 0,7 gramo por mil. Nosotros la subimos a 0,8. Actualmente es de 1 por mil.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Diputado señor Ojeda, ha terminado el tiempo de su primer discurso.

El señor OJEDA.-

Continúo, señor Presidente.

Del estudio y análisis de la legislación comparada, he detectado que la tendencia u orientación moderna de los demás Estados es rebajar la dosis y no subirla.

Hemos aceptado el 0,8 por ciento, porque el 41 por ciento de los fallecidos en accidentes de tránsito presentan alcoholemia positiva, lo que, desde luego, es una mala señal. Queremos evitar que las carreteras continúen tiñéndose de sangre, que los conductores sigan muriendo por ingestión alcohólica y que las familias sigan siendo afectadas como ocurre actualmente.

En suma, creemos que, en relación a su origen, el alcoholismo no sólo se combate con la regulación del cierre de locales comerciales que expenden bebidas alcohólicas, con sanciones o multas, o con penas privativas de libertad, sino también con medidas preventivas: la enseñanza, la educación, los ejemplos, la formación y un ambiente adecuado y propicio -que no sea proclive-, donde los jóvenes no adquieran malos hábitos. Hay que difundir las buenas costumbres e impedir en todas las áreas y sectores, el consumo del alcohol. Hay que regular su consumo y evitar todos los problemas que he señalado en esta oportunidad.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Ferrada.

El señor FERRADA.-

Señor Presidente , he escuchado el informe de la honorable Diputada señora María Angélica Cristi y, en seguida, las intervenciones de los parlamentarios que me han precedido.

Queda clara la enorme trascendencia del tema que hoy estamos debatiendo, el campo en que se manifiestan las terribles consecuencias que se desprenden del drama que esta legislación procura de algún modo corregir o regular.

El Diputado señor Ojeda, junto con entregar las cifras alarmantes que revelan las consecuencias del alcoholismo en Chile, ha hecho una pregunta pertinente en el sentido de que esos antecedentes demuestran que en algo nuestra sociedad y todos nosotros hemos fallado, porque, a pesar de los muchos esfuerzos hechos durante mucho tiempo, el problema no sólo no se resuelve en su fondo, sino que, muchas veces parece incrementarse con nuevas formas y nuevas consecuencias, más dramáticas todavía.

En verdad, la pregunta del Diputado señor Ojeda me hace rememorar -y quiero destacarlo esta mañana como un aporte al debate- lo que muchas personas consideraron en los años 40 como el discurso más notable que pronunciara en el Senado de la República un chileno inteligentísimo a quien el país nunca ha recordado suficientemente bien: el doctor Eduardo Cruz Coke . Hablando y debatiendo sobre el mismo tema -perdónenme si la memoria me falla, porque voy a hacer un recuerdo de lecturas un poco antiguas-, él decía que el hombre de nuestro pueblo se embriaga, en el fondo, porque sus noches son frías y demasiado largas; porque su hogar es oscuro, triste y demasiado pobre, y sus días no tienen horizontes que iluminen los caminos que abrigan las ilusiones de su alma. Palabras muy parecidas a éstas son las que señalaba en ese entonces el doctor Cruz Coke.

Desde los lejanos años 40 a la fecha han cambiado muchas cosas. En nuestra sociedad se han producido avances importantes, gracias a todos los gobiernos, y muchas condiciones sociales progresaron objetivamente. No obstante, en muchas cosas, pareciéramos también no haber ido lo suficientemente lejos y en otras, incluso, haber retrocedido.

Entiendo que es muy importante la dictación de una ley que modifique la Nº 17.105, y que es una herramienta de que disponen la sociedad y sus autoridades para combatir el flagelo. Pero creo también, como el doctor Cruz Coke, que ninguna ley será instrumento suficiente si las noches de nuestro pueblo siguen siendo frías y largas, su hogar oscuro y triste y los días sin horizontes que iluminen y abriguen sus esperanzas. Éste es el problema central que, en forma importante, responde la pregunta que se hacía el Diputado señor Sergio Ojeda .

Si queremos avanzar y prevenir de verdad, son muchas las condiciones sociales objetivas que una cámara política como la nuestra debe intentar corregir, enmendar y cambiar en su estructura.

Y esta mañana quiero añadir a las reflexiones del doctor Cruz Coke, una que no toca necesariamente a los pobres, sino también a los más ricos y, más allá de los pobres y de los más ricos, a la juventud. Hoy, una de las causas principales que alimenta el alcoholismo en nuestra sociedad proviene de que los días de nuestra juventud podrían no estar siendo siempre iluminados por valores espirituales que abrigaran las ilusiones de la vida, porque un excesivo materialismo está dominando, cultural y éticamente, de manera muy fuerte, la conciencia y mentalidad de nuestra juventud y población en general. Y cuando las sociedades se vuelven consumistas, materialistas, individualistas, y cuando la soledad se apodera del alma de cada persona, el alcohol siempre fue usado en la historia como un falso bálsamo para esa soledad que aquejaba.

En Chile estamos viviendo condiciones éticas que favorecen al alcoholismo, la droga, las mil formas artificiales de escapar de una realidad de la cual se quiere huir. Creo que el debate sobre el alcoholismo, como el de la droga, una y otra vez debe llevarnos en esta cámara política a testimoniar que no estamos conformes con las formas de vida que hoy llevan amplios sectores de nuestra sociedad.

Volver en sentido de la espiritualidad, volver a ilusionar a nuestros jóvenes, volver a reencantarles la vida con valores y principios superiores es lo que constituye, en el fondo, la mejor prevención del alcoholismo y lo que da respuesta a la pregunta que hacía el Diputado señor Ojeda . Para que los días tengan nuevos horizontes superiores para todos, y para que el alcohol y la droga no sean la falsa respuesta a una inquietud que se ahoga sin solución, volvamos a hacer a nuestra sociedad más espiritual, más valórica y más llena de contenido superior.

Entonces, no entreguemos a esa sociedad y a nuestras autoridades sólo instrumentos para combatir el flagelo, sino que principalmente las condiciones objetivas para que éste nunca pueda prosperar.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.

El señor URRUTIA (don Salvador).-

Señor Presidente , el detallado y completísimo informe de la señora Diputada informante ha dejado en claro la urgente necesidad, a la luz de las fundamentaciones entregadas, de adecuar y modificar la hasta ahora tolerante y pasiva actitud de nuestra sociedad, y en consecuencia de nuestra legislación, ante las bebidas alcohólicas y el hábito de ingerir alcohol, camino obligado hacia la grave, triste, peligrosa y degradante enfermedad llamada alcoholismo, que produce tanto daño a nuestra sociedad.

Las cifras estadísticas son alarmantes. A modo de ejemplo, citaré sólo una: el 20 por ciento de los mayores de quince años son bebedores excesivos, de los cuales el 25 por ciento son adictos alcohólicos, sin capacidad para detener la ingesta hasta llegar a la embriaguez total.

El alcohol llegó a nuestra sociedad junto con la conquista y la colonización; sin embargo, heredamos parcialmente las pautas culturales de la civilización europea que tenía contacto con el alcohol desde hacía varios milenios. Y digo parcialmente, pues somos una sociedad más joven e inexperta, con normas de convivencia social y tradiciones muy recientes.

Así como Sudamérica está dando los primeros pasos para crear una entidad como la Comunidad Europea y nos tomará tiempo igualar esa integración, también nos tomará tiempo y nos demandará esfuerzos alcanzar los hábitos de consumo de alcohol existentes en España, Francia o Italia. Sin embargo, hay que dejar en claro que ésa no es nuestra meta, como tampoco es la de esas naciones conservar las tasas de alcoholismo que tienen hoy, pues el objetivo de todos es evitar el alcoholismo en forma total, creando hábitos sociales de consumo de alcohol que eviten la embriaguez y la adicción.

El alcohol es una droga adictiva. La evolución de su consumo, cuando llega a un grupo humano que la desconoce, es exactamente igual al de toda droga adictiva -llámese cocaína, marihuana, nicotina o heroína- y su propagación se asemeja mucho a la de una enfermedad infecciosa. Primero se produce un brote epidémico en que la droga es consumida en forma creciente por una gran población. Eso fue lo que ocurrió cuando las poblaciones indígenas conocieron el alcohol que traían los conquistadores, y lo que ocurre hoy con nuestros adolescentes y jóvenes, que en esta etapa de sus vidas, dadas las pautas culturales que nos rigen, toman contacto con el alcohol. Lo mismo sucede con la pasta base en nuestros grandes centros urbanos. Después del brote epidémico viene la etapa crónica, endémica, en que las tasas bajan respecto de la epidémica, pero que persiste en el tiempo, a través de las generaciones. Entonces, sólo una labor preventiva, permanente, de educación familiar y escolar, puede hacernos avanzar en bajar las tasas de consumo de drogas adictivas, en primer lugar del alcohol.

Por eso, destaco los nuevos elementos de prevención y rehabilitación que contiene el proyecto, pues crea programas para que los preescolares y escolares conozcan lo que significan el alcohol y su consumo, y para que los sancionados por la ley accedan a programas de educación y rehabilitación, y puedan internarse, si es necesario, en establecimientos especializados.

A mi juicio, el artículo 12 es el pilar del objetivo principal de esta iniciativa, que es evitar la enfermedad del alcoholismo, educando a nuestros niños y jóvenes sobre lo que deben saber y hacer para evitar el abuso en el consumo de alcohol.

Asimismo, el artículo 15, al permitir la creación de programas de tratamiento y rehabilitación en los servicios de salud, aborda la titánica tarea de ayudar a quienes son víctimas de la ingesta de alcohol. Así, la sociedad da una fuerte señal de solidaridad hacia quienes tienen más problemas, pues no basta con castigar a los alcohólicos que cometen delitos inducidos por su adicción, sino que es necesario crear espacios para su recuperación y rehabilitación social, ya que se trata de enfermos que necesitan toda la ayuda que su condición requiere.

Este proyecto da un fuerte impulso para avanzar en la difícil tarea de evitar los graves efectos del alcoholismo en nuestra sociedad, y estoy seguro de que su aplicación generará positivos resultados en las acciones que ella desarrolla contra el consumo de todas las demás drogas adictivas, que tienen mecanismos concurrentes de captación de consumidores, llegando incluso a formar una escala adictiva, en la que el alcohol es en nuestra sociedad el principal y, casi siempre, primer peldaño.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Masferrer.

El señor MASFERRER.-

Señor Presidente , el proyecto que hoy nos ocupa se originó en una meritoria iniciativa de un grupo de parlamentarios que, preocupados por el flagelo del abuso en el consumo del alcohol, buscan regular su expendio, tratando de que la norma legal actúe como una señal ordenada hacia el desarrollo de conductas sociales compatibles con una vida social sana.

Sin embargo, hay dos elementos que deseo dejar consignados, porque creo que no pueden soslayarse en la discusión legislativa.

En primer lugar, como ocurre con toda norma restrictiva, se corre el riesgo de incentivar el desarrollo de la actividad restringida en forma clandestina o de estimular otras conductas alternativas tanto o más perniciosas que las que se pretende reprimir. Así, por ejemplo, el cierre obligatorio de lugares públicos a determinada hora, si no es consecuencia de una decisión asumida por la comunidad, puede traer como resultado mayores desórdenes callejeros a altas horas de la madrugada. De ocurrir esto, se desvirtuaría completamente el objetivo buscado, por cuanto toda la actividad económica que se desarrolla de manera informal es, además, fuente de problemas difíciles de cuantificar y de determinar con precisión, por lo que se hace mucho más difícil su solución. Esperamos que en este caso no se produzca el efecto perverso del desarrollo de actividades clandestinas, que en lugar de solucionarlo, agravan el problema que se persigue resolver.

En segundo lugar, es importante destacar que tanto en ésta como en otras materias la ley no es suficiente. Así, los esfuerzos de los legisladores serán absolutamente vanos si no van acompañados de políticas integrales que ataquen desde su raíz el vicio del alcoholismo, que es un problema de educación y de las oportunidades que como sociedad entregamos a nuestros jóvenes.

Conocida y repetida es la sucesión de males que origina la excesiva ingesta alcohólica, que va desde graves trastornos de salud pública hasta problemas de seguridad ciudadana, pasando por accidentes de tránsito, ausentismo laboral, deserción educacional y violencia intrafamiliar.

Más allá de esta iniciativa, como tantos otros males, el problema no tendrá solución si no entregamos a nuestra juventud una educación que cumpla un doble objetivo: contener una formación valórica sólida que afiance el sentido de la familia, de la responsabilidad y del trabajo, y entregar las herramientas para que el joven pueda insertarse en el mundo laboral, de acuerdo con la zona geográfica y las actividades económicas predominantes en su medio.

En otras ocasiones ya me he referido en esta misma Sala a la urgencia de una reforma educacional profunda, puesto que estoy convencido de que es la solución de fondo. Sin embargo, creo que leyes como la que discutimos constituyen un avance y una demostración del interés de los parlamentarios por los problemas reales que requieren medidas urgentes, a las cuales deben abocarse todos los estamentos del país.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

Restan dos minutos para el término del Orden del Día. No sé si Su Señoría desea hacer uso de ellos o deja su intervención para la próxima sesión.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, como en dos minutos no alcanzo a decir nada, prefiero dejar mi intervención para la próxima sesión.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Entonces, lo dejamos inscrito en primer lugar para la próxima sesión en que se continúe debatiendo este proyecto.

Tiene la palabra el Diputado señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , ¿podría leer la lista de los Diputados inscritos, porque algunos no alcanzamos a intervenir?

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Hay muchos Diputados inscritos, pero como es posible que en la próxima sesión algunos no estén presentes, ofreceré la palabra, empezando por el Diputado señor Elgueta.

Tiene la palabra el Diputado señor Villouta.

El señor VILLOUTA.-

Señor Presidente , como hay Diputados inscritos, creo que sería conveniente hacer un listado. Ahora bien, si el Diputado que debe hablar no se encuentra presente en ese momento, se puede continuar con el siguiente inscrito. Pero el hecho de estar inscritos nos otorga cierta franquicia para la próxima sesión; de lo contrario, vamos a tener que volver a inscribirnos sin saber el lugar que nos corresponde. Creo que lo más práctico sería proceder así.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Señor Diputado , el orden de los inscritos no es vinculante, puesto que es parte de las atribuciones del Presidente dar la palabra en el orden que estime conveniente. Sin embargo, la Mesa quiere actuar con prudencia y naturalmente tendrá en cuenta su proposición.

Tiene la palabra la Diputada señora Aylwin.

La señora AYLWIN (doña Mariana).-

Señor Presidente , ¿continuaremos mañana con la discusión de este proyecto?

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Señora Diputada , la tabla se elaborará de acuerdo con las urgencias hechas presente. Para la sesión de mañana hay un proyecto sobre astronomía con “suma” urgencia, y lo más probable es que el debate de esta iniciativa continúe inmediatamente después de despachado aquél.

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN .-

Señor Presidente , ¿no sería posible prorrogar el Orden del Día y debatir este proyecto por un tiempo más?

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Sería posible con el acuerdo unánime de la Sala. ¿Su Señoría sugiere una hora?

El señor SCHAULSOHN.-

Podríamos suprimir una parte de la sesión porque los parlamentarios presentes quieren intervenir.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Eso implicaría suprimir los proyectos de acuerdo y quizás Incidentes, y durante su transcurso se celebrará el Día Internacional de las Familias. Sin embargo, esto puede realizarse de todas maneras.

¿Habría acuerdo de la Sala para suprimir el tratamiento de los proyectos de acuerdo y la hora de Incidentes y continuar con el debate del proyecto, sin perjuicio de celebrar el Día Internacional de las Familias?

-Acordado.

- O -

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto que modifica la Ley de Alcoholes.

El señor VALENZUELA.-

Pido la palabra.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente , solicito que la Secretaría de la Comisión haga un boletín comparado sobre el proyecto en estudio y la ley actual. Creo que es necesario para su correcto análisis, especialmente en la parte de sanciones y penalidades.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Formularemos su petición a la Secretaría de la Comisión.

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA .-

Señor Presidente , este proyecto sobre modificación de la ley de alcoholes nos lleva a pensar, en primer término, que los vicios pueden financiar las virtudes. Desde que en la Biblia se diera a conocer que Lot fue víctima de la ebriedad por parte de sus hijas, lo cual trajo como consecuencia una serie de descendientes de las tribus de Israel, hoy tenemos que los juegos de azar, la hípica, el alcohol y otras actividades sobre las cuales se sustentan los vicios, sirven para financiar obras honestas y que a veces su supresión causaría un daño peor.

Aparte de esta reflexión, deseo señalar que apoyo el proyecto, porque regionaliza la fijación de las patentes. Ya no es necesario que el Presidente de la República intervenga en estos pequeños menesteres porque se entregan a las municipalidades y a los intendentes, como se desprende de los artículos 30, 35, 41 y 42.

Otra disposición importante es la que determina el porcentaje o dosificación máxima de alcohol en la sangre para establecer si se maneja en estado de ebriedad, que el proyecto primitivo del Ejecutivo señalaba en una cantidad igual o superior a 0,5 gramos por mil de alcohol en la sangre. En este proyecto se aumenta a 0,8.

También se dispone una sanción para los ebrios mayores de 18 años. Con esto, se pone al día esta ley, porque, como se recordará, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años.

Aumenta y transforma las multas de la Ley de Alcoholes. En la actual ley todavía siguen vigentes los sueldos vitales. El proyecto las transforma en unidades tributarias, aumentando notablemente -en algunos casos, exageradamente- sus montos, haciendo prácticamente expropiatorio e imposible de pagarlas, lo que está bien respecto de ciertas conductas penadas por esta futura ley, pero me parecen enormemente desproporcionadas en otras. Está bien cambiarlas a unidades tributarias, puesto que el deterioro de las multas se traduce en definitiva en una disminución de la eficacia de las sanciones previstas. En consecuencia, una multa barata es fácil de pagar y se sigue incurriendo en la misma infracción.

En muchos aspectos, el proyecto mantiene ciertas instituciones vigentes, pero quiero plantear algunas observaciones que me parecen de primera entidad.

En primer lugar, cuando la autoridad entrega una patente, le concede una especie de derecho inalienable a una persona y, en consecuencia, pasa a ser de su dominio, lo que se perpetúa en el tiempo.

Frente al notable vicio del alcoholismo, como aquí se ha expuesto, debería haber una concepción nueva de la patente, de manera que sea absolutamente precaria, para que, en virtud de causales legales, la autoridad pueda ponerle término mediante un procedimiento expedito.

También quiero poner sobre el tapete la situación en que quedarán los juzgados de policía local, porque el otro día, cuando analizamos el aplazamiento de la aplicación de la ley Nº 19.450, se argumentó que dichos juzgados no estaban preparados para tramitar los miles de causas que se iban a trasladar desde los juzgados del crimen a los juzgados de policía local, y que no tenían infraestructura ni personal suficientes. Sin embargo, en las estadísticas del INE aparecen detenidas por ebriedad 286.897 personas en 1994; cada una de ellas puede transformarse en una causa. Hace pocos días se sostuvo con enorme gravedad y, diría, con alarma pública, que esa ley iba a colapsar a los jueces de policía local. No obstante, hoy se está entregando competencia para conocer de todas las infracciones, salvo el caso del manejo en estado de ebriedad, a estos jueces de policía local, no todos los cuales son letrados, lo que los obligará a conocer prácticamente 300 mil causas en el año.

Además, este traspaso de causas a estos juzgados, sin que existan jueces letrados de policía local en todas las comunas del país, agrava la situación, porque por medio de esta iniciativa no sólo se le endosan todas las infracciones sino que, de acuerdo a las distintas normas, los ebrios detenidos tienen que ser citados al juzgado, según el artículo 3º, lo que significa que se citará a alrededor de 300 mil personas; tienen que resolver cuestiones sobre programas educativos, según el artículo 7º; pueden ordenar tratamientos, según el artículo 8º, etcétera.

Queda la duda si va a ser el juez de letras, el juez del crimen o el juez de policía local, porque no se señala, quien va a establecer que la cónyuge o sus familiares tienen derecho al 50 por ciento de los alimentos en el caso de que se trate de un bebedor consuetudinario o que haya sido condenado en repetidas veces. Tampoco se señala qué juez va a resolver el caso de los ebrios habituales que quedan inhabilitados para administrar sus negocios. No se sabe si va a ser el juez del crimen, de letras civil o el de policía local.

El artículo 20 se refiere al nombramiento de un curador del paciente que esté hospitalizado en tratamiento, pero tampoco se señala qué juez va a resolver esta cuestión.

Según el artículo 27, el juez de policía local está facultado para hacer inspecciones y allanamientos, y puede requerir el auxilio de la fuerza pública. Según el artículo 37, puede autorizar el funcionamiento de ciertos negocios que se encuentren a una distancia de 200 metros de cuarteles, liceos o establecimientos educacionales. También puede intervenir en la clausura y reapertura de los locales, en el remate de especies. Tiene competencia, según los artículos 58, 59 y 69, en todo lo que se refiere a la aplicación de multas, y deberá confeccionar las listas de denuncias falladas y las multas enteradas en arcas fiscales y municipales.

Si todo esto se va a transferir a los juzgados de policía local, usando el razonamiento de la semana anterior deberíamos concluir que es imposible que esta ley se aplique antes de dos años después de su vigencia. Al respecto, convendría que la Comisión estudiara la forma de resolver este problema que, en mi opinión, se reduce a tres aspectos: determinar quién va a conocer de las infracciones, si el juez del crimen o el juez de policía local; segundo, quiénes van a conocer las cuestiones civiles que aquí se plantean y que he señalado y, tercero, cómo hacer una programación para que los jueces de policía local sean letrados en un plazo no superior a dos años. En Chile existen jueces de policía local en todas las comunas del país, pero no todos son abogados. En las comunas donde no existe un juez letrado, su papel lo realiza el alcalde; en consecuencia, tienen una competencia bastante limitada, de acuerdo con su propia ley.

Por lo tanto, estamos ante un problema real y concreto que nuevamente aparece, cual es precisar en qué consiste la justicia de policía local. ¿Es esa justicia de timbres y multas? ¿De ir a pagar determinada cantidad de dinero, en donde los denunciados o infraccionados no tienen la posibilidad de tener una audiencia con el magistrado? ¿Esa es la justicia de policía local? ¿A esa justicia vamos a traspasar programas de rehabilitación, de audiencias personales con el juez y, en definitiva, todas estas infracciones? Me parece un problema bastante complejo.

Enseguida, me referiré a lo que el Título III denomina “Manejo en estado de ebriedad”.

En general, se repiten las disposiciones actuales, pero en algunas innovaciones creo que existen errores bastante lamentables e, incluso, hay una inconstitucionalidad. Por ejemplo, el inciso cuarto del artículo 24 dice: “Habrá desempeño o conducción en estado de ebriedad cuando el informe de alcoholemia o el examen de ella arroje una dosificación igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre o en el organismo.”.

Esta disposición es francamente inconstitucional porque, mediante una presunción de derecho, establece la responsabilidad de la persona que tiene esa dosificación en su sangre. La Constitución Política establece lo siguiente en el Nº 3 de su artículo 19: “La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.”.

En consecuencia, si se aplicara esta ley y el juez tuviera a la vista una alcoholemia que señalara una dosificación en la sangre igual o superior a 0,8 gramos de alcohol, no le quedaría más que condenar a esa persona.

Pero, si la disposición fuera constitucional, también sería inexacta, porque la dosificación de alcohol en la sangre, en primer lugar, no implica necesariamente que el examinado haya sido el que conducía el vehículo, porque puede ser otra persona. No puede haber una presunción de conducción si se da la alternativa de que haya sido un tercero el que condujo el vehículo o el que se aprestaba a hacerlo. En consecuencia, no puede, ni mucho menos, haber una presunción de derecho en este aspecto.

En segundo lugar, ha sido muy discutido en el campo del derecho y de la medicina que 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre determine la ebriedad. En el derecho, que puede ser mi especialidad, todos los tribunales, en la historia del delito de manejo en estado de ebriedad, han distinguido entre la dosificación de alcohol en la sangre y la ebriedad. Esta última es definida por los tribunales como una alteración mental o de la psiquis producida por la ingesta de alcohol, pero no necesariamente 0,8 ó 1 gramo por mil de alcohol en la sangre determina esa alteración psíquica o mental, porque ello también dependerá de la estatura de la persona, del peso, del sexo, de si ingirió o no comida y de una serie de variables, por lo que no necesariamente una determinada cantidad de alcohol en la sangre conduce a esta alteración mental o psíquica que produce, como consecuencia, la ebriedad. Para facilitar la labor de los jueces, deberíamos decir solamente que existirá...

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Señor Diputado , ha terminado el tiempo de su primer discurso.

El señor ELGUETA.-

... una determinada dosis de alcohol en la sangre y eso es ebriedad. Tal vez lo podríamos establecer en la ley para facilitar esa labor, pero, como dije, no es tan exacto.

Por eso, he presentado una indicación para que se considere ebria a la persona cuya alcoholemia arroja una dosificación igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre o en el organismo; pero no necesariamente debe significar que conduce en estado de ebriedad.

Respecto del mismo delito, se repiten dos disposiciones.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Diputado señor Elgueta , el Diputado señor Bombal solicita una interrupción.

El señor ELGUETA .-

No tengo inconveniente, siempre que sea con cargo a su tiempo. De otro modo, no podré completar mi intervención.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Señor Diputado, el tiempo del Diputado señor Bombal es eventual.

Con cargo a su tiempo, tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL .-

Señor Presidente , deseo aprovechar la presencia del doctor Minoletti para que precise o se extienda sobre lo que señala el Diputado señor Elgueta , esto es, sobre la ebriedad y la cantidad de alcohol en la sangre. ¿Cuál es la experiencia o el antecedente médico que existe al respecto? Sería muy valioso que aportara su opinión a la discusión de este proyecto.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el doctor Minoletti.

El señor MINOLETTI (Ministerio de Salud).-

Señor Presidente , el término que preocupa al señor Diputado es “ebriedad”. Su alcance dependerá de si se define desde el punto de vista legal o médico; pero lo más importante es la realidad que se observa: sobre 0,5 gramo por mil de alcoholemia en la sangre daña la habilidad del individuo para conducir un vehículo motorizado, disminuye el ángulo visual, la coordinación motora y su juicio para discernir si, por ejemplo, debe poner el pie sobre el acelerador o el freno. Una serie de condiciones mentales y fisiológicas se alteran cuando el nivel de alcoholemia alcanza 0,5 gramo o más.

En este instante, muchas legislaciones del mundo han establecido en 0,5 el nivel para penalizar a aquéllos que conducen bajo estados de intoxicación o los efectos del alcohol. Descender de 1 gramo a 0,8 me parece un paso prudencial para la realidad chilena, pues con ese nivel ya produce un franco deterioro en la habilidad para conducir. Incluso -pensando como país-, me parece acertado bajar el nivel a 0,5, como lo ha hecho la mayoría de los países.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente , doy las gracias al experto médico por su explicación y brevemente comentaré sus palabras.

En el fondo, él me da la razón. Soy partidario del 0,5, nivel que en su oportunidad propuso el Ejecutivo ; en cambio, no creo conveniente que se presuma de derecho que habrá desempeño o conducción en estado de ebriedad.

Como el propio doctor ha dicho, el alcohol altera los reflejos y la voluntad, pero la ebriedad es variable. Lo que es irrefutable es la dosificación de alcohol en la sangre, que es lo que determina la alcoholemia y no necesariamente la ebriedad.

Por otro lado, el artículo 23, inciso segundo, expresa: “Si la prueba resultare positiva e indicare que dicha persona se encuentra bajo la influencia del alcohol,” -se refiere a los conductores- “los funcionarios policiales podrán prohibirle la conducción por el tiempo que fuere necesario para su recuperación y, además, exigirle que se someta inmediatamente a un examen destinado a determinar su dosificación de alcohol en la sangre.”

Más adelante, el artículo 25 dispone: “Los funcionarios de Carabineros de Chile someterán inmediatamente al detenido a un examen respiratorio a fin de determinar si ha ingerido alcohol. Sólo cuando la prueba respiratoria resulte positiva, el detenido será sometido a un examen tendiente a determinar la dosificación de alcohol en la sangre o en el organismo.”

Estas disposiciones, en mi opinión, están repetidas. En consecuencia, una puede tener vigencia, pero no las dos, porque se refieren a la misma situación.

Además, el artículo 25 me merece otro comentario. Actualmente, si a Carabineros le parece que alguien conduce bajo la influencia del alcohol o ebrio, lo detiene. Después, en el parte, consignan su inestabilidad en el caminar, el hálito alcohólico y su incoherencia en el hablar, frases rituales en estos casos. Luego lo llevan a practicarle la alcoholemia. Sin embargo, -ésta es una pregunta práctica- no sé si van a existir todos los medios para estos efectos en Carabineros. Me pongo en el caso de los retenes rurales, en tenencias bastante olvidadas o lejanas, porque en el artículo 25 se señala que habrá dos fases: primero, se practicará al detenido un examen respiratorio a fin de determinar si ha ingerido alcohol. Mi pregunta es: ¿todos los Carabineros, en retenes cordilleranos, de las islas o de lugares lejanos tienen medios para hacer la prueba respiratoria, o sólo se basarán en el hálito alcohólico? Enseguida, si la prueba respiratoria resulta positiva, el detenido será sometido al examen de alcoholemia.

De acuerdo con esta disposición, si defiendo a alguien acusado de manejar en estado de ebriedad, podría perfectamente decir: “Mire, a usted no le practicaron primero la prueba respiratoria; se saltaron esa parte importante del procedimiento.” En consecuencia, al practicársele de inmediato la alcoholemia, esta prueba es nula. Creo que ésa no es la intención del legislador.

Si los funcionarios de Carabineros tienen los medios para hacer el examen respiratorio, lo harán. Si no, se remitirán a la alcoholemia, y si el detenido se negare, operará la presunción y el juez podrá establecer su responsabilidad sobre la base de esa negativa.

Quiero terminar señalando que presenté una indicación, junto con varios señores Diputados, que considero importante, pues permite entregar el producto de las multas al servicio de salud y a las municipalidades para realizar programas de rehabilitación, de educación y de prevención. Las organizaciones de la comunidad señaladas en el inciso final del artículo 15, como los clubes rehabilitadores de alcohólicos, Alcohólicos Anónimos y otras, podrán participar y ejecutar programas para cumplir con sus propósitos,...

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Señor Diputado , su tiempo ha terminado.

El señor ELGUETA.-

... a través de una especie de concurso que decidirá la autoridad.

Señor Presidente , tenía otras observaciones al proyecto, pero lamentablemente se ha terminado mi tiempo.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente , me sumo al reconocimiento de la importancia del debate. El problema es de salud pública y debe abordarse de modo integral, para desestimular o restringir la práctica del alcoholismo y el consumo indebido y excesivo de alcohol y, por cierto, dar a las personas que sufren la patología o enfermedad los espacios institucionales que permitan su rehabilitación y reintegración a la sociedad plenamente.

No se discute si el alcoholismo es un problema ni tampoco las cifras alarmantes que significan al país el consumo excesivo de alcohol, de cerca de dos mil millones de dólares al año, casi lo que se exporta en productos forestales o agrícolas.

Además, como señaló el Diputado señor Tohá en representación de la bancada socialista, el problema es muy antiguo; acompaña a la humanidad desde tiempos remotos. Por ende, hay un componente cultural de por medio que no se resuelve -tal como lo indica el informe- simplemente a través de medidas legislativas.

Sin embargo, quiero destacar algunos temas que me preocupan, sin pretender minimizar la importancia de legislar sobre la materia. Por cierto, los socialistas votaremos a favor del proyecto de nueva ley de alcoholes.

Pido disculpas por el desorden de mis juicios, pero tiene que ver con la estructura del texto, que deberíamos mejorar en el segundo informe.

En primer lugar, el proyecto intenta atacar el problema del expendio normando lo relativo a los permisos y a los juicios a los lugares. Según su categoría, pueden o no ser sancionados si hacen mal uso de la patente o del permiso que les da la sociedad. Sin embargo, se aborda de modo parcial, sesgado; no integral.

No se aborda el problema del expendio si no se relaciona con la tremenda industria nacional e internacional que fomenta la demanda de alcohol, vinculada a grandes transnacionales de la publicidad que estimulan su consumo.

Sin duda, parte del impacto de esta industria es a través de sus redes publicitarias, que se traducen en campañas televisivas, en las cuales siempre, por lo menos en nuestra cultura, el consumo de cerveza o pisco -bebidas nacionales- está vinculado con mujeres, porque así se promueven y se venden estos productos de demanda tan masiva en el país.

En esa lógica, me parece dañino que en un estudio de este tipo no se hable nada serio respecto de la industria y de la publicidad, sobre todo si otras legislaciones estimulan y subvencionan la producción de alcoholes, como ocurre con la de pisco en la Cuarta Región.

Incluso, se han producido problemas con los ingleses, porque nuestra legislación no sólo estimula y subvenciona la producción de pisco, sino que es discriminatoria con la de otros alcoholes.

Reitero, de publicidad no se dice nada.

Los principales equipos de ciclismo -por lo menos los que yo sigo- usan camiseta con logo de cerveza Cristal; otros se pondrán de una cerveza diferente. ¡Deporte de jóvenes!

Algo ocurre en este texto, a diferencia del debate sobre el tabaquismo. Se deja de lado una reflexión integral de la industria, de los actores e intereses involucrados y de lo que debemos hacer si nuestro objetivo es desestimular la demanda de alcohol.

Creo que en la segunda discusión necesitaremos profundizar, no con la lógica -discúlpenme por el calificativo- casi caricaturesca del artículo 13 del proyecto, que dice que las empresas que promuevan la colocación de bebidas alcohólicas en el mercado deberán participar en los programas de prevención del alcoholismo. Es decir, de una tajada de la millonada que ganan, deberán destinar unas cuantas migajas a los centros de alcohólicos anónimos de Renca, de Pudahuel, de La Pintana o de las regiones.

Si queremos abordar el tema en serio, necesitamos una visión integral para que la industria sea desestimulada en la promoción del consumo del alcohol, porque todos compartimos que es el principal problema de salud pública del país.

Las reflexiones del documento las veo bastante más represivas que una visión más integral. Por ejemplo, cuando se aborda el tema del expendio de alcohol a los niños -de acuerdo con nuestra legislación son los menores de 18 años- hay que establecer, primero, el control del carné de identidad, siempre y en toda circunstancia, no importa que vayan de la mano del abuelito. La venta de alcohol tiene que ser a mayores de edad. Deben ser sancionados quienes vendan alcohol a los menores, y no los niños que lo consumen.

La lógica del debate en la Comisión -no del texto del artículo- apunta en una dirección errónea, porque la sanción tiene que ser para quienes venden y promueven el consumo a algún enfermo, como es el alcohólico. Por lo tanto, el control en el expendio debe ser muy severo. Hay que castigar a los vendedores y no a los menores, los cuales, por la publicidad e imágenes que se transmiten, terminan consumiendo alcohol y llegan a tasas tan alarmantes como las que existen hoy en nuestra sociedad.

En relación con las sanciones, quiero plantear una duda que en forma parcial señaló el Diputado señor Elgueta , sobre cómo determinarlas para los conductores de vehículos bajo la influencia del alcohol.

Al respecto -no lo vi en el informe-, pido más respaldo científico. No quiero que ninguna persona en estado de ebriedad maneje un vehículo y creo que las sanciones para quien lo haga deben ser brutalmente drásticas. Lo único que solicito es conocer bien el nivel de consumo para ese efecto. No vi algún estudio reflejado en el informe, por lo cual pido que nos ilustren un poco más sobre el tema -quizás en otra ocasión- por cuanto creo que necesitamos datos objetivos. En todo caso, soy firme partidario de que se fortalezca una norma que sancione a los conductores de vehículos, pero sobre la base de un elemento objetivo y un procedimiento más seguro.

Reitero que voy a votar a favor del proyecto, pero hago presente que hemos dejado de lado un tema muy importante, como es el relativo a la industria. Además, soy partidario de sanciones bien centradas y no tan represivas frente a un fenómeno social muy amplio.

Quiero referirme a un tema polémico: la venta de alcohol en lugares públicos. Tengo que decir, de cara a mis colegas, que no estoy para hacer leyes que sean letra muerta. El consumo de alcohol en lugares públicos requiere de mayor precisión en su regulación que la aquí establecida, en varios sentidos. A lo largo del país -sur, centro y norte, no digo en las calles, pero sí en los campos deportivos- la gente consume bebidas alcohólicas, y la norma propuesta no refleja nuestra realidad cultural, de modo que podemos terminar aprobando una norma que mañana se borre con el codo. En el proyecto se establecen mecanismos precisamente para hacer eso.

Necesitamos una segunda reflexión sobre cómo el Estado coarta, limita y restringe los derechos de personas no enfermas, que no tienen el problema del consumo excesivo de alcohol, que lo hacen en forma moderada, que no son conductoras de vehículos y que asisten a un espectáculo -por ejemplo, al Estadio Nacional-, donde pueden tomar una cerveza, sin que por ese hecho sean alcohólicos, sufran las patologías descritas o representen un peligro para la sociedad.

En el distrito que represento, las personas asisten a espectáculos fuera de sus hogares, porque sus casas son pequeñas. Concurren a lugares públicos, por ejemplo, centros recreacionales. En esta Sala hay señores Diputados que han sido alcaldes de comunas donde esta realidad existe.

Tenemos que comprender esa realidad y aprobar una legislación que sea respetada, no algo que suene bonito y después sea impracticable, porque con ello nos transformaríamos en cómplices de prácticas ilegales.

En cuanto a los horarios, el proyecto establece restricciones como una forma de limitar el consumo de alcohol, a fin de desestimularlo, incluso su oferta. Sin embargo, no controla lo principal: la demanda.

Me gustaría que en nuestro país no existiera el fenómeno social del alcoholismo, o que no lo afectara en la forma brutal en que lo hace, lo cual significa un costo de 2 mil millones de dólares anuales. No creo que por cerrar una botillería a las once o doce de la noche, o porque un restorán esté obligado a cerrar a las tres o cuatro de la madrugada, de por sí y ante sí se resuelva el problema del consumo excesivo de alcohol.

En general, soy absolutamente contrario, no a las restricciones que se impongan a los locales con patente de venta de bebidas alcohólicas, sino a las que limiten la libertad de las personas. Quizás no me gusta que algunas personas consuman alcohol a las cuatro o cinco de la madrugada -no lo hago y no lo recomendaré-, pero el Estado no tiene derecho a imponer a las personas nuestras prácticas. Al respecto, hay un problema de libertades individuales.

-Aplausos.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

La solución no está en aprobar normas restrictivas -como es la restricción horaria- sólo para tratar de abordar un tema que nos preocupa.

Mi preocupación no está en defender los intereses de las personas que tienen botillerías, restoranes, “pubs” u otros, sino en defender la libertad de las personas que piensan como yo o en forma distinta. Las personas tienen derecho a ejercer su libertad hasta el punto en que no infrinjan los derechos de los demás. En ese sentido, me parece que la restricción horaria no resuelve el problema del consumo excesivo de alcohol.

Doy fe de que en mi distrito -el Diputado señor Chadwick , que preside la sesión y es parlamentario por el mismo, lo sabe- fijar horarios, como lo establece el proyecto, sólo nos llevará al clandestinaje, a la ilegalidad y no ayudará a resolver el problema.

Por último, si queremos desincentivar el consumo indebido de alcohol -es la voluntad de todos- debemos reflexionar más a fondo sobre cuáles serían las normas para controlar la demanda; tal vez, por la vía del precio, de los impuestos o de una reflexión más integral del ILA, que se está debatiendo en nuestro país y en la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara. Se estudia cómo reevaluar las tasas de impuestos que se aplican a las bebidas alcohólicas con mayor grado alcohólico respecto de las que tienen menor grado. Soy partidario de que en la nueva normativa desestimulemos el consumo de los alcoholes fuertes, como el whisky y el pisco, dando mayor flexibilidad a las bebidas alcohólicas con menor graduación. Eso ya se ha hecho en países más avanzados para tratar de restringir el alcoholismo, y no hacerlo mediante restricciones horarias, las que, honestamente, creo que no resuelven el problema.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Wörner.

La señora WÖRNER.-

Señor Presidente , no ahondaré sobre la importancia del proyecto ni respecto del arduo trabajo que los integrantes de la Comisión de Salud -con la asesoría permanente de los Ministerios de Justicia y de Salud- llevaron adelante para entregarnos el informe que hoy debatimos en la Sala. Con todo lo señalado, el tema está suficientemente agotado.

Sin embargo, quiero hacer una reflexión. Tanto en el alcoholismo como en el tabaquismo, en la drogadicción, en la seguridad ciudadana y en las detenciones por sospecha -materia que debatiremos próximamente-, si no hay un cambio de actitud, un compromiso colectivo, políticas de Estado que involucren a todos los sectores, no sacaremos nada con legislar.

En cuanto al tema del alcoholismo, deseamos tener la certeza de que el Gobierno destinará los recursos necesarios para la eficiencia y eficacia de los programas de prevención y rehabilitación. Si verdaderamente destinamos recursos para la prevención, cada vez serán menos los fondos que deberemos asignar para la rehabilitación, cuyo costo es más elevado.

Por ello, espero que en la discusión de la Ley de Presupuestos los organismos encargados de la materia nos presenten los ítemes correspondientes suficientemente financiados, para que lo que hoy estamos decidiendo como programas preventivos y rehabilitadores sean efectivamente implementados.

Me parece bien la disposición que rebaja la gradualidad de alcohol en la sangre para determinar el estado de ebriedad de 1 gramo por mil a 0,8 por mil. Sin embargo, creo que debiéramos hacer una distinción entre la infracción, los requisitos que deben darse para que ésta proceda, y la sanción, cuando estamos frente a un particular que conduce su vehículo motorizado y el que hace de la conducción su profesión habitual; es decir, el chofer profesional, que debe velar no sólo por su vida e integridad física, sino, además, por pertenecer al transporte público, debe proteger la vida de los pasajeros que transporta. En ese caso, debe haber una sanción mayor y más drástica aún para el chofer del transporte público cuando se comprueba que conduce bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, porque no es posible estimar que nos encontramos frente a la misma situación del conductor particular.

Quiero ir más allá todavía. En mi opinión, cuando un chofer profesional de la locomoción colectiva o de taxi es sorprendido trabajando en estado de ebriedad, es autor de lesiones y se ve involucrado en un accidente de tránsito, que en muchos casos cuestan vidas humanas, la penalidad y condena debiera ser, en un momento determinado, no indultable, porque es tanta la responsabilidad que la sanción debe ser drástica.

Por otra parte, creo que en el proyecto falta determinar los apercibimientos a que debe someterse una persona, por cuanto los artículos 7º y 8º señalan que la persona que es condenada y reincidente, ya sea por conducir bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, debe ser sometida a tratamiento de rehabilitación, lo que en el proyecto se plantea como una cuestión voluntaria. ¿Qué ocurre si no cumple con este requerimiento, simplemente porque lo rechaza o porque, tal como lo señala el inciso segundo del artículo 8º, el sistema de salud al cual está afiliado no cuenta con estos programas? Al respecto hay que tener presente que cuando se determina que el alcoholismo es una enfermedad preexistente, el afectado queda excluido de las prestaciones de la institución de salud.

Por otra parte, el inciso final del artículo 24 establece que las penas accesorias no podrán ser suspendidas -es la norma general-, pero que si se trata del retiro definitivo del permiso para conducir vehículos, el juez podrá, transcurrido el tiempo de prescripción de la pena principal, alzar la prohibición. A mi juicio, aquí debe hacerse una distinción: si se trata de un conductor que maneja su vehículo particular o de aquél que lo hace en forma profesional.

También me parece necesario reestudiar lo que establece el artículo 36, que determina que en cada comuna las patentes indicadas en las letras A, E y F del artículo 28 se otorgarán en una proporción de un establecimiento por cada mil habitantes. Eso es excesivo. Basta recordar que en sectores densamente poblados, en un edificio viven doscientas o trescientas personas; lo mismo ocurre en una determinada manzana. Ello podría significar una proliferación peligrosa del número de estos negocios que son, precisamente, donde se originan las situaciones más dudosas respecto del cumplimiento de la ley.

En mi opinión, deben ser obligatorios los programas de rehabilitación en las cárceles y centros de menores, que no aparecen en el proyecto, y estar supervisados por el Ministerio de Salud. Hay que destinar los recursos necesarios para que la población penal, intra o extramuros, se someta a programas preventivos y de rehabilitación.

Como ya lo dije, debe elevarse el monto de las multas y sanciones, cuando sean los conductores del transporte público los que infrinjan esta normativa.

También hay que establecer prohibiciones de publicidad en lugares muy cercanos a establecimientos escolares, donde muchas veces vemos propaganda llamativa, lo que puede inducir a los estudiantes al consumo de alcohol. Así como se establece que su expendio no puede hacerse en sectores cercanos a los establecimientos escolares, también debería limitarse el tipo de publicidad y prohibirse en zonas cercanas a instituciones educacionales.

Considero necesario también, por razones muy comprensibles, que se introduzca un artículo que modifique la Ley de Tránsito para establecer la obligación de portar en el botiquín de primeros auxilios de cada vehículo, material desechable, que es de muy bajo costo, para los efectos de realizarse los exámenes de alcoholemia. Cierta resistencia de los conductores de someterse a estos exámenes ha sido porque los elementos y utensilios médicos que se usan no les garantizan el no contraer infecciones, principalmente por temor al Sida. De esa manera, no habría excusa para someterse al examen correspondiente.

También estimo que debe eliminarse en el artículo 27 aquella posibilidad de detener a la persona que en un momento determinado no exhiba su cédula de identidad o se niegue a exhibirla cuando se están haciendo los controles pertinentes para determinar si se cumple la ley. Ese hecho es atentatorio contra la libertad y garantías individuales. Lo que persigue es evitar que se obstruyan las fiscalizaciones y controles que la policía, inspectores y, en su oportunidad, los integrantes del Departamento de la Defensa de la Ley de Alcoholes deban hacer. Pero detener a una persona por no portar su cédula o por negarse a exhibirla, me parece un abuso.

En relación con una materia bastante controvertida, la restricción de los horarios, considero que estamos en el filo de una norma atentatoria contra las libertades individuales. Por una parte queremos impedir que se amplíe el horario durante el cual se expenden bebidas alcohólicas y, por lo tanto, restringir el acceso, principalmente de menores, a adquirir alcohol; pero, por otra, con ello permitimos que se generen condiciones para una explosión del clandestinaje. En este aspecto debemos ser extraordinariamente acuciosos, y analizar si el remedio no será peor que la enfermedad.

Con esta norma podemos estar frente a una situación parecida a la que pretendemos con el control de la explosión de la pornografía. Quienes tienen dinero pueden comprar todo lo relacionado con el tema que existe en los centros de venta y quioscos públicos e incinerarlo, pero no evitarán su existencia. Se impedirá en la medida en que generemos condiciones de recreación para los jóvenes, de igualdad de oportunidades, de educación, de fomento de valores al interior de la familia, de mensajes educativos y formativos; de lo contrario, la ociosidad, la desesperanza, la discriminación, la falta de oportunidades que generan el alcoholismo, la prostitución, la drogadicción, el tabaquismo y, en general, todas estas prácticas perniciosas, en definitiva, nos llevarán a un círculo vicioso y a una espiral que, a veces, pretendemos prevenir con decisiones políticas muy erradas.

Por lo tanto, hay que revisar esta materia. Ninguno de los dos extremos es bueno. No debemos pensar que sólo con el cierre de aquellos locales que pagan patente, que venden legalmente y que deben ser objetivo de mayor fiscalización para que den estricto cumplimiento a la ley, vamos a generar una disminución de esta lacra social que hoy nos preocupa.

No soy partidaria del artículo 31, que autoriza el expendio de bebidas alcohólicas en villorrios y aldeas -lugares más bien rurales- donde no exista un retén de Carabineros. Hoy está prohibido y no creo que constituya una sana práctica permitirlo, por el solo hecho de disponer que el establecimiento tendrá que estar en la calle principal o en un lugar cercano a la carretera donde se hace fácil la fiscalización.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Señora Diputada , ha terminado el tiempo de su primer discurso.

La señora WÖRNER.-

En seguida termino, señor Presidente .

Si no tenemos suficientes medios para controlar los centros urbanos, donde existe presencia policial, como consecuencia de la fiscalización del tránsito, de la prevención de la delincuencia y del cumplimiento de la Ley de Alcoholes, con menos razón podemos pensar que llegaremos con los controles hasta estos lugares donde no hemos sido capaces de instalar un retén de Carabineros.

Me hago cargo -y en aras del tiempo no voy a redundar en ello- de lo que hoy significa trasladar la competencia en esta materia a los juzgados de policía local. Es un tema que hemos debatido y sobre el cual se han hecho grandes reflexiones, también de mea culpa en la Comisión de Constitución. Pero es necesario que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley que cree estos juzgados en todas las comunas del país, y que cada municipio tenga la posibilidad de destinar recursos y adecuar sus plantas para instalarlos, con atención semanal durante todos los días hábiles, con jueces letrados y los funcionarios correspondientes.

Mientras no se resuelva la creación de los juzgados vecinales, estos son los tribunales que podrían tener competencia para conocer cuestiones de mínima cuantía, faltas, problemas de vecindad, y también podrían ser eficientes y eficaces en esta materia. Pero trasladar esta competencia en un plazo tan breve -un año desde el momento de su promulgación-, me parece una cuestión que atentaría contra el propósito que perseguimos y generaría, ciertamente, una avalancha de traspaso de competencia que sabemos, de partida, estos tribunales no están en condiciones de asumir.

Estoy de acuerdo en el principio. Me parece bien la intención de la comisión, pero me gustaría escuchar, en su oportunidad, al Ejecutivo sobre el requerimiento hecho en la Comisión de Constitución para crear estos juzgados en todas las comunas del país.

Por último, debiera incluirse un artículo transitorio que disponga la dictación del reglamento para aplicar eficientemente esta ley.

Por lo tanto, en representación de la bancada -ya lo anticipó el Diputado señor Salvador Urrutia -, aplaudo el trabajo realizado. Este proyecto y las opiniones formuladas constituyen un avance muy importante. De esta manera respondemos al compromiso contraído en la Convención Internacional del Niño, que asumió la Comisión Nacional de la Infancia, de generar programas especiales de educación y de prevención en materia de alcoholismo, de tabaquismo y de drogadicción; en lo último, estamos en deuda.

Gustosos daremos nuestro apoyo para su aprobación en general, pero debemos perfeccionarlo para que llegue a ser una normativa que nos ayude a terminar con este problema de salud pública que hoy preocupa a toda la sociedad chilena, el alcoholismo, que origina otras adicciones más difíciles de erradicar y que es, en buena medida, causante de los problemas de seguridad ciudadana que hoy inquietan al país.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Señores Diputados, el debate sobre el proyecto que modifica la Ley de Alcoholes continuará en la sesión de mañana, respetándose el orden de inscripción en el uso de la palabra. Están, en primer lugar, el Diputado señor Bayo, y a continuación el Diputado señor Melero y la Diputada señora Aylwin.

LEGISLACIÓN SOBRE ALCOHOLES. Primer trámite constitucional. (Continuación).

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

En el Orden del Día, corresponde continuar ocupándose del proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica la ley de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres y deroga el libro II de la ley Nº 17.105.

Tiene la palabra el Diputado señor Zambrano.

El señor ZAMBRANO.-

Señor Presidente , la Comisión de Salud, desde 1992, se ha abocado al estudio del problema del alcoholismo, con el objeto de actualizar una normativa jurídica que data de 1969, dictada

para regular la conducta de una comunidad en una época pretérita, por lo que se estima no idónea para enfrentar los graves problemas que ocasiona en nuestro tiempo el consumo exagerado de alcohol.

De los estudios y estadísticas conocidos por nuestra Comisión se concluye que el alcoholismo es el principal problema de salud pública del país. Sus consecuencias atentan en contra de toda la comunidad nacional, de la convivencia de la familia, social, y tiene gran incidencia -como se ha señalado aquí reiteradamente- en la seguridad ciudadana, realidad que hoy preocupa mucho.

El consumo excesivo de alcohol es la primera causa de violencia social y de trastornos al interior del núcleo familiar y guarda estrecha relación con el consumo de otras drogas; tiene gran incidencia en los accidentes de tránsito, en las ausencias laborales y en el deterioro de la salud en general.

Según la información disponible -a la que se refirió extensamente la colega que informó el proyecto-, a partir de la década de los años 60 se ha incrementado de tal forma el consumo anormal de bebidas alcohólicas que también afecta a la mujer, y peligrosamente a grupos de adolescentes y jóvenes de ambos sexos. Se estima que, a lo menos, el 20 por ciento de la población mayor de 15 años se ve afectado por este grave flagelo.

La legislación vigente, ley N° 17.105, adolece de una serie de defectos e insuficiencias, a saber, las principales: falta de financiamiento para enfrentar la prevención y rehabilitación; bajo monto de las multas en las sanciones las hace poco disuasivas; procedimiento judicial lento y engorroso; falta de restricciones, tanto para la ubicación como para el horario de funcionamiento, sobre todo de cierre de lugares de expendio de bebidas alcohólicas, especialmente las botillerías; falta de sanción rigurosa por la venta de alcohol a los menores de edad; dificultad de los alcaldes para adecuar el problema que se plantea con el expendio de bebidas alcohólicas a su realidad comunal.

De acuerdo con estos antecedentes, en la legislatura anterior la Comisión de Salud estudió y sancionó este proyecto, fruto de la fusión de un proyecto modificatorio formulado por el Ejecutivo y una moción parlamentaria patrocinada por varios señores Diputados, encabezados por la colega señora María Angélica Cristi .

El proyecto aborda materias de especial importancia relativas al consumo de alcohol, como son la penalidad de la ebriedad; la prevención y la rehabilitación, disponiendo recursos para ello; la conducción de vehículos motorizados en estado de ebriedad; el expendio de bebidas alcohólicas y el sistema de otorgamiento de patentes y, por último, el perfeccionamiento del procedimiento judicial.

De las modificaciones más importantes del proyecto, quiero destacar algunas.

Primero, prevención y educación. Dispone la implementación de programas educativos en todos los colegios del país orientadas a dar a conocer los riesgos que implica el consumo excesivo de alcohol y a la formación de estilos de vida más saludables. Además, dispone la ejecución de programas para capacitar a los maestros y para promover la participación de las empresas que producen bebidas alcohólicas en las campañas de educación y prevención, comprometiendo, de esta forma, a la actividad privada en la tarea de contrarrestar el consumo de alcohol en la juventud.

Al efecto, el proyecto dispone que la publicidad deberá incluir un mensaje que alerte sobre los peligros del consumo excesivo de alcohol, asumiendo así lo que se aprecia en la legislación comparada en diversos países de América Latina, entre ellos México: en el envase que contiene el alcohol hay un aviso que advierte a la comunidad sobre el peligro de consumirlo en forma excesiva; más o menos similar a lo que hoy usamos en Chile respecto de la venta de cigarrillos.

En materia de rehabilitación, el proyecto asume plenamente el concepto de que el consumo excesivo de alcohol es una enfermedad, por lo que requiere de un tratamiento médico sistemático. Fija la obligación para los servicios de salud de contar con servicios y programas especiales de rehabilitación. Por lo tanto, en sus artículos 7º y 8º se establece que la persona condenada por ebriedad dos o más veces en los últimos doce meses deberá asistir a programas educativos, de prevención y participar en un programa de tratamiento para bebedores problema y alcohólicos durante el tiempo que el juez determine en la resolución judicial respectiva.

Además, el proyecto corrige un defecto de la actual legislación, ya que ésta no determina claramente cuándo se configura el delito de conducir en estado de ebriedad, esto es, no señala la cantidad de alcohol que debe existir en la sangre para que se tipifique la infracción. Hasta ahora la jurisprudencia uniforme de los tribunales de justicia había institucionalizado que, para los efectos de la comisión del delito, había estado de ebriedad cuando el individuo tenía, a lo menos, 1 gramo por 1.000 de alcohol en la sangre, determinado en el correspondiente examen de alcoholemia.

Quiero hacer míos los conceptos expuestos por el Diputado señor Elgueta , cuando planteaba la necesidad de corregir la redacción dada a este artículo, ya que aquí prácticamente se establecía una presunción de derecho respecto de la ocurrencia del delito. Al respecto, puntualizó que aquí sólo se deja establecido cuándo habría ebriedad y no la tipificación del delito de conducir en estado de ebriedad. El delito se tipifica cuando la persona conduce un vehículo en estado de ebriedad. El proyecto en estudio es importante porque asume una posición más rigurosa y exigente, al prescribir que se configura cuando el examen de alcoholemia efectuado a la persona que conduce el vehículo arroja, a lo menos, 0,8 gramos por 1.000 de alcohol en la sangre. Hasta hoy, este problema sólo lo resolvía la jurisprudencia de los tribunales.

El proyecto incorpora a la legislación conceptos jurídicos modernos, siguiendo la tendencia de las reformas legales de los últimos años. Crea penas alternativas o conjuntas, con multas, consistentes, por ejemplo, en la realización de trabajos para la comunidad y en la asistencia obligatoria a programas de prevención o rehabilitación.

En lo relativo a las patentes, defenderé una postura sostenida por este parlamentario en la Comisión, relacionada con el inciso cuarto del artículo 31, relativo al otorgamiento de patentes en las zonas rurales donde no exista tenencia o retén de Carabineros.

El inciso final del artículo 31 dice: “En los pueblos, aldeas y localidades rurales donde no hubiere ninguna tenencia o retén de Carabineros, se autorizará el establecimiento de un local de expendio de bebidas alcohólicas siempre y cuando se encuentre frente a un camino público con accesibilidad para su fiscalización y control.”

En la sesión anterior escuché observaciones a esta disposición de parte de algunos señores Diputados. Por la experiencia que hemos conocido en las zonas rurales de las pequeñas ciudades del país, considero perjudicial limitar el otorgamiento de la patente, ya que ello favorecería el clandestinaje en la venta de alcohol, y en este sentido quiero insistir en el planteamiento de la Comisión en esta materia. Por lo tanto, considero de utilidad esta norma para lograr un efectivo control en las zonas y lugares apartados.

Por último, además, el proyecto contiene medidas de protección para la familia del enfermo alcohólico, al establecer tratamiento obligatorio y retención de parte de su remuneración para entregársela directamente al cónyuge o a sus hijos.

Finalmente, parte importante del producto de las multas es destinada al financiamiento de estos programas de prevención y rehabilitación.

Después de este breve análisis del proyecto, anuncio que la bancada de la Democracia Cristiana votará favorablemente la idea de legislar, sin perjuicio de las indicaciones que podamos introducir en la discusión particular y en el segundo informe de la Comisión.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente , deseo destacar mi satisfacción -supongo, compartida por todos- por estar abordando este tema, problema que no es nuevo. Desde épocas muy remotas ya el hombre utilizaba el alcohol y las drogas bajo una dimensión antropológica, religiosa, mística, incluso poética, como muy bien lo recordaba, en la primera oportunidad en que debatimos el tema la semana pasada, el honorable Diputado señor Ferrada . Pareciera que el hombre ha buscado en el alcohol y las drogas la exploración de mundos interiores, de sentimientos de trascendencia, incluso de efectos catárticos.

Sin embargo, en Chile, el problema no es ni poético, ni religioso, ni místico. Hoy el alcoholismo constituye en nuestro país el más grave problema de salud pública. Y a él nos estamos refiriendo. Así se estima desde hace ya un par de decenios.

Los estudios realizados hablan de la existencia -excúsenme los señores Diputados por reiterar las cifras entregadas la semana pasada- de casi dos millones de bebedores habituales, muchos de los cuales empiezan su ingestión a muy temprana edad.

Este hecho se puede ejemplarizar por la desagradable situación vivida recientemente en Temuco, capital de la IX Región, donde las primeras páginas del diario local hablan de pandillas juveniles plenas de alcohol que asolan los barrios y las casas de familias del sector suburbano de dicha ciudad. A esa edad se empieza a consumir alcohol.

El consumo per cápita en Chile es uno de los más altos del mundo y su impacto se deja sentir claramente en la sociedad, donde el 52 por ciento de los homicidios y el 40 por ciento de los suicidios se cometen bajo la influencia del alcohol.

Con frecuencia está presente en los accidentes de tránsito, en el ausentismo laboral y en la violencia familiar. Y un dato que no puede pasar inadvertido para nadie, e importante porque toca el bolsillo de todos los chilenos, es que en nuestro país el costo económico anual de los problemas derivados del alcohol se eleva a 2 mil millones de dólares.

Si complementamos el problema socioeconómico con el de salud, podemos ejemplarizar que la cirroris, su causal más importante, es la tercera causa de muerte en Chile. Algo similar se observa en algunos países de Europa. Finlandia, por ejemplo, tiene un porcentaje de alcohol superior al nuestro, pero allí beben y comen mejor que en Chile.

¿Y qué ha pasado hasta la fecha? En Chile se han diseñado normas orientadas esencialmente a prevenir, priorizando la educación, la fiscalización y la limitación de la publicidad.

En educación se han llevado a cabo programas de prevención primaria con programas piloto dirigidos a los escolares. Los resultados han sido positivos, pero menores a los esperados, especialmente cuando se trata de incorporar nuevas conductas en este sector de la población, que no siempre las asume.

También se ha hecho prevención secundaria con programas dirigidos a bebedores y a potenciales bebedores; se ha tratado, además, de cambiar actitudes culturales muy arraigadas en nuestra sociedad. Por otra parte, se hace prevención terciaria cuando se le entrega asesoría técnica y subvención económica a clubes de rehabilitados.

Aparte de esto, que tiene que ver con la educación -con resultados cuestionables hasta este momento-, también se ha hecho fiscalización orientada al cumplimiento de las disposiciones de la ley Nº 17.105, de 1969, modificada posteriormente en 1985, y en las que se regula la producción, la elaboración, la exportación y la importación de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas, subproductos alcohólicos y vinagres, y contemplar las sanciones a la infracción de sus preceptos.

La limitación de la publicidad está dirigida especialmente a la televisión, ya que en esta materia, como en la droga y en el tabaco, los mensajes subliminales dirigidos especialmente a la juventud, orientan en forma muy negativa. A la influencia de un medio tan recurrente y que está en nuestras casas, como es la televisión, tampoco escapan las mujeres.

Hago este preámbulo para decir que, hasta la fecha, las acciones preventivas y de rehabilitación se han materializado por la vía de los planes y programas, sin el apoyo de una legislación explícita sobre estos aspectos. La mayor dificultad ha estribado en la impopularidad de medidas relacionadas con el tema y en la muy escasa, hasta ahora, concepción de que para abordar el problema se necesita la participación de todos los sectores. A estos inconvenientes debe agregarse la falta de recursos económicos suficientes para tratar integralmente el problema.

Pero hoy enfrentamos el presente y el futuro con otra perspectiva. Se han logrado incorporar en un solo cuerpo las materias relacionadas con la penalidad de la embriaguez, el desempeño y conducción en estado de ebriedad, se baja a 0.8 gramos por mil la dosis de alcohol en la sangre para configurar ese delito, el expendio y el consumo abusivo de bebidas alcohólicas, la clasificación de los establecimientos de expendio de dichas bebidas, el otorgamiento de las patentes respectivas; incluso, se descentraliza el país en esta acción que hoy es patrimonio exclusivo del Ejecutivo , y también se establece el procedimiento judicial y las sanciones aplicables a sus transgresiones.

En forma muy especial hemos incluido las normas que promueven la prevención del alcoholismo y la rehabilitación de los alcohólicos. Se garantiza que dichas acciones cuenten con los recursos necesarios, en primer lugar, con aquéllos provenientes del pago de multas por las infracciones a la normativa en cuestión.

Al respecto, recuerdo a la Sala que hoy se reciben aproximadamente 500 millones de pesos por ese concepto. Con los nuevos montos fijados por esta iniciativa, esos ingresos deberían aumentar, por lo menos, a 5 mil millones de pesos. De dicha cantidad, el 60 por ciento se destinará a educación para fomentar la prevención, y el 40 por ciento a salud para fomentar la recuperación y rehabilitación. Este aspecto ha sido considerado en forma muy especial por el proyecto en discusión, ya que para que una ley sea eficiente y eficaz, debe incluir el financiamiento adecuado. En este caso, además, se procura inducir -y ha existido una predisposición favorable al respecto- a las empresas colocadoras de bebidas alcohólicas en el mercado para que participen en programas de prevención e incluyan en su publicidad mensajes destinados a tal efecto.

Fue muy afortunada la acotación que en la sesión del miércoles pasado hizo el Diputado señor Elgueta , quien expresó su satisfacción porque con estas normas quedaba de manifiesto “que los vicios pueden financiar las virtudes”.

Si junto con incentivar la exportación de vinos y licores se controla el número de locales, su horario de venta, la producción y comercialización clandestina de vinos y otras bebidas alcohólicas, realmente estamos adoptando medidas preventivas para combatir el problema en forma global. En esta estrategia es imprescindible la colaboración de todos los actores involucrados a nivel comunitario, nacional e internacional.

En la oportunidad en que se discutió el tema hubo interesantes aportes -ya destaqué los de los Diputados señores Elgueta , Ferrada y de la señora Wörner -, entre los cuales es digno de considerar el problema que significa la actual propiedad de la patente de alcoholes, la cual se da de por vida. Creemos que es un tema que debe estudiarse. Las inquietudes sobre los conceptos de ebriedad, latamente debatidos en la Comisión, así como las diferencias que aún existen, por ejemplo, acerca de los horarios de venta en las botillerías, también deberán ser analizadas en las instancias posteriores del proceso legislativo.

Esta iniciativa es una herramienta extraordinariamente importante porque es integral: educa, cura y rehabilita al enfermo, además de mejorar el proceso de control del expendio de alcohol.

También jugaría un papel importantísimo la consideración de una drástica sanción a quienes vendan alcohol a menores de 18 años, así como a aquellos padres que, irresponsablemente, envían a sus hijos a comprar alcohol a botillerías que están abiertas las 24 horas del día.

Hay que confiar en que la sociedad valorará positivamente esta futura ley y modificará su actitud frente al problema que se aborda; que cada uno de sus integrantes asumirá su propia responsabilidad en lo referente a cambios de hábitos, y que, con similar actitud, todos contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Me resulta grato anunciar -como ya se ha expresado en esta Sala- la votación favorable de Renovación Nacional a este proyecto y nuestro deseo de que la moción, que -reitero- aborda el principal problema de salud pública del país -más importante que el Sida, que el cáncer, que la tuberculosis y que las enfermedades venéreas-, tenga el fin que todos deseamos: la mejor ley de alcoholes que se ha dictado en el Parlamento.

He dicho.

-Aplausos en las tribunas.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Mariana Aylwin.

La señora AYLWIN (doña Mariana).-

Señor Presidente , me sumo a la valoración que se ha hecho de este proyecto, el que responde a un problema con el que hemos convivido en Chile -diría- con cierta facilidad durante muchas décadas, a diferencia de lo ocurrido con la irrupción de la droga, ante cuyo impacto hemos reaccionado con más fuerza.

A pesar de que el problema le importa mucho a la gente -eso se advierte permanentemente en nuestros distritos-, sólo me referiré a algunos aspectos que me merecen dudas.

Lamento que no esté presente la Diputada informante. En todo caso, espero que algún miembro de la Comisión me indique los fundamentos de algunas disposiciones.

En primer lugar, en cuanto a la conducción en estado de ebriedad, ¿por qué se incluye en este proyecto de ley, en circunstancias de que estamos discutiendo dos iniciativas relacionadas con la Ley del Tránsito? Tengo la impresión de que al estar en distintos cuerpos legales la tipificación de un delito, conducir en estado de ebriedad, algunas ideas pueden no incluirse. Por ejemplo, me parece que manejar en estado de ebriedad o bajo los efectos de la droga es una situación similar, pero no sé si ambas acciones se contemplan en la Ley de Drogas. En definitiva, me inquieta que la configuración de ese delito quede dispersa en distintos cuerpos legales, lo que hace más engorroso enfrentar el problema en forma más global.

En segundo lugar, establecer sanciones en relación con las consecuencias que causa el conducir en estado de ebriedad -por ejemplo, lesiones menos graves, graves o la muerte de una persona-, a mi juicio, le quita fuerza a la tipificación del delito de conducir en estado de ebriedad. Tampoco sé si las sanciones por los efectos producidos por el manejo en estado de ebriedad están consideradas en otro cuerpo legal. Pero, tal vez, no correspondería dejar este aspecto en la normativa que discutimos.

En tercer lugar, me parece adecuada la restricción de horarios para las botillerías. No comparto opiniones vertidas en el sentido de que esto limita las libertades personales. En países como Suecia o Estados Unidos, donde nadie podría hacer cuestión del respeto a las libertades individuales, se han establecido horarios para el expendio de bebidas alcohólicas. Eso no afecta en absoluto las libertades de las personas. Al contrario, creo que es un signo positivo.

No puede ser que en este país estén cerradas las farmacias y abiertas las botillerías a cualquier hora de la noche. Además, en mi opinión, no es una restricción espantosa que a las botillerías se les fije una hora de cierre alrededor de las 12 de la noche. Esta medida estuvo en nuestra legislación hasta 1982, cuando se decretó horario libre para las botillerías. Sin embargo, se puede apreciar que esta absoluta libertad coincide con el significativo aumento de consumo excesivo de alcohol, especialmente entre los jóvenes. Me parece adecuado restringir el horario de atención de las botillerías, pero no veo la misma razón para limitarlo en discotecas, restoranes, pubs, etcétera. No tendría el mismo sentido impedir que las personas tomen en la calle o en lugares abiertos a que lo hagan en un lugar cerrado, por cuanto eso sería restringir su libertad personal.

Respecto de la prevención y rehabilitación, no cabe duda de que es un acierto bastante grande darle tanta importancia o énfasis en el proyecto, porque los programas que plantea son bastante ambiciosos, tanto a nivel educacional, de salud y de medios de comunicación. Este es un aspecto sustantivo y, como se ha señalado anteriormente, la mejor manera de impedir el consumo excesivo de alcohol es, por una parte, atacar las condiciones de vida que hacen fácil que las personas terminen consumiendo alcohol y, por otra, entregar valores culturales, de educación y prevención para inhibir su mal uso.

La humanidad ha convivido desde siempre con el consumo de alcohol, el que, en muchas culturas, ha tenido carácter festivo, de celebración, incluso sagrado. Por lo tanto, el problema no es el alcohol en sí mismo, sino su mal uso, y ello tiene que ver, ciertamente, con la formación de hábitos, de responsabilidades y condiciones de vida digna, que permitan a las personas autovalorarse.

Sin embargo, tengo la inquietud de que el financiamiento que señala el artículo 70 para los programas de prevención y rehabilitación de personas alcohólicas, que se generará por concepto de las multas que se perciban, es completamente insuficiente para las metas que se proponen. Eso me hace dudar de su eficacia como norma. Pareciera una declaración de principios, sin que se cuente con el financiamiento adecuado. Con motivo de la aplicación de otras leyes, como la de violencia intrafamiliar, hemos visto que se crean problemas cuando se proponen soluciones y no se dispone del financiamiento adecuado, lo que, en definitiva, le resta importancia a la ley. En ese sentido, me habría gustado preguntarle al Ministro -desgraciadamente, no se encuentra presente- cuánta voluntad hay de parte del Gobierno para entregar los recursos necesarios a fin de implementar los programas indicados en el proyecto.

Por último, tengo muchas dudas respecto de la competencia de los juzgados de policía local.

Hace pocos días, en relación con la ley N° 19.450, vimos el problema que se les suscitaba a esos juzgados por el traspaso de parte de la competencia en materia de delitos de hurto, por no contar con las condiciones físicas ni recursos para enfrentar esa mayor demanda de trabajo.

Asimismo, conversé con la directora del Departamento de Alcoholes del Consejo de Defensa del Estado , quien me planteó que alrededor de 200 mil partes por infracciones a la Ley de Alcoholes, que dicen relación con expendio, están distribuidos en 240 juzgados del crimen, y que cuentan con no más de 25 abogados y 80 delegados, de modo que si esas causas se traspasaran a los juzgados de policía local, el Consejo de Defensa del Estado quedaría en la imposibilidad absoluta de hacerse parte y de seguirlas.

Por otra parte, se me planteaba también que los juzgados del crimen eran más adecuados para inhibir la conducta delictiva, pues el hecho de que haya juzgados de policía local en cada comuna, es decir, que estén más cerca de los infractores, de alguna manera lleva a que éstos se formen la imagen de que el delito es de menor importancia. En ese sentido, creo que el tema de la competencia hay que estudiarlo en forma más global. No podemos traspasarla circunstancialmente, por mucho que lo ideal sea que los delitos por infracciones a la Ley de Alcoholes fueran conocidos por los juzgados de policía local, pero debidamente implementados para ejercer la competencia. Debe hacerse una proposición más global al respecto y no sólo con motivo de la modificación de la Ley de Alcoholes.

Por último, en un artículo citado en la fundamentación del proyecto, los doctores Carlos Téllez y Rodrigo Santis , sostienen que, según la experiencia internacional, la medida más efectiva para controlar el consumo de alcohol ha sido la regulación de su disponibilidad a través del precio, lo cual significa aumento de impuesto. Pregunto a los miembros de la Comisión, que acogieron muchas de las propuestas formuladas en dicho artículo, por qué no se consideró esa posibilidad.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente , sin duda el cuerpo legal que discutimos reviste la máxima importancia, porque para nadie es un misterio que hoy la droga y el alcohol provocan los efectos más devastadores, no sólo en la salud de las personas, sino en la sociedad en su conjunto. Un drogadicto o un alcohólico termina por destruir su familia, su trabajo y su propia salud.

En esta intervención quiero concentrarme básicamente en dos aspectos que, a mi juicio, son los más importantes: la prevención y la rehabilitación.

Estoy seguro de que el conjunto de normas restante también es de enorme importancia en cuanto a la penalidad, la competencia en los juzgados, los procedimientos judiciales, etcétera, pero, en definitiva, el punto central en discusión es que los índices de alcoholismo y de drogadicción bajarán en la medida en que cambien los hábitos de la población.

El tema del alcoholismo tiene una diferencia con el de la droga que lo hace más difícil de abordar, porque reviste mayor legitimidad social. No es tan mal vista una persona que bebe normalmente en comparación con un drogadicto, en cuyo caso el prejuicio es mucho mayor.

En ese sentido, valoro el conjunto de disposiciones establecidas en el título II del proyecto. Sin embargo, estimo que se debe ir más lejos en materia de prevención. Es novedoso establecer en el artículo 14 programas de prevención en las empresas y servicios públicos, pero digo “ir más lejos” en cuanto a tratar de cambiar los hábitos. Por ejemplo, la experiencia ha demostrado que se tiene éxito en cambiar los hábitos cuando se aborda el tema de la prevención tanto a nivel educacional como productivo. En el primero, desde mi punto de vista, el énfasis debe ponerse especialmente en los programas que se establecen en los cursos de la enseñanza básica, porque ésa es la etapa en que tanto el profesor como los propios padres tienen influencia para entregar el mensaje.

Pero debe irse más lejos en el artículo 14, en el sentido de que no sólo hay que realizar programas de rehabilitación y de prevención a nivel de empresas, sino también entregar un claro mensaje en cuanto a que no se puede trabajar bajo los efectos de la droga o del alcohol. Soy partidario -presentaré una indicación- de que los empleadores, en conjunto con las organizaciones sindicales, estén habilitados para aplicar los tests de droga y de alcohol al interior de las unidades productivas. Hay que entregar un claro mensaje a la comunidad en el sentido de que no se puede trabajar bajo los efectos del alcohol. Cuando una persona se ve expuesta a perder su trabajo, indudablemente este mecanismo puede ser positivo para inhibirla y cambiar su hábito o conducta.

El artículo 12 debería ser mucho más estricto y riguroso, sobre todo poner énfasis en la etapa inicial de la vida escolar, pero adicionalmente en la etapa productiva, en la cual debería irse aún más lejos, y entregar una señal clara de que no se puede trabajar bajo la influencia del alcohol.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente , a esta altura del debate se han destacado los aspectos favorables y lo positivo de una iniciativa de tanto alcance para el país, especialmente en cuanto a la salud física y mental de la comunidad, que regula, previene y sanciona el alcoholismo.

Como expresó el Diputado que me precedió en el uso de la palabra, el proyecto tiene la ventaja de abordar no sólo la sanción, sino, además, la prevención y la rehabilitación. En ese sentido, no cabe duda de que el hecho de abordar esta problemática desde una perspectiva mucho más general constituye un paso adelante, como asimismo es evidente el respaldo que suscitará de todos los sectores para obtener la mejor ley posible.

Con el fin de aportar a la reflexión del tema, quiero subrayar dos o tres cuestiones que, por lo menos, merecen un tratamiento más detenido en la Comisión.

Es fundamental el paso que se da en lo relativo a la sanción y a la configuración del delito de conducción de vehículos en estado de ebriedad. La legislación actual no lo define y es prácticamente una ley penal en blanco, ya que el reglamento determina, en definitiva, el nivel de alcoholemia con que se considera la conducción en estado de ebriedad. Incluso, si se llevan las cosas al extremo, se podría decir que muchas de las condenas actuales son inconstitucionales, puesto que el juez las aplica en virtud de la interpretación que da a la figura de conducción en estado de ebriedad. Por lo tanto, se da un paso adelante al definir un cierto grado de alcoholemia o de presencia de alcohol en la sangre.

Aunque la American Medical Association postula una dosificación de 0,5 gramo por mil de alcohol en la sangre, el proyecto propone 0,8; sin embargo, por una serie de consideraciones que hizo el Diputado señor Elgueta , y recogiendo la jurisprudencia existente en el país, tal vez habría que pensar en un coeficiente de un gramo. En todo caso, lo fundamental en esta materia es adoptar un criterio preciso, que hoy no existe, acorde con lo que indican la experiencia y la ciencia respecto del grado de alcohol que afecta las capacidades del conductor.

En cuanto al artículo 24, me sumo a las inquietudes expresadas por el Diputado señor Elgueta , puesto que contiene una presunción -hoy día vigente- extremadamente peligrosa si no se maneja en forma adecuada. Me refiero a cuando se supone que un conductor que se apresta a conducir o que acaba de hacerlo se encuentra bajo la influencia del alcohol. No quiero abundar sobre este punto, sino sólo reafirmar la inquietud planteada por el Diputado señor Elgueta y por otros Diputados.

Sin embargo, quiero decir que habría que complementar esta disposición con una norma adicional que se refiera a los casos -en la práctica se dan cotidianamente- en que se debe practicar la toma de muestra para el examen de alcoholemia. Hay variadas experiencias que señalan que debido al tiempo que transcurre entre la detención del conductor o el accidente de tránsito con resultado de heridos o de muerte y la realización del examen, ya que no siempre se toma de inmediato y transcurren horas antes de llevarlo a cabo, los rastros de alcohol en la sangre son muy leves, o lisa y llanamente han desaparecido.

Por lo tanto, creemos importante -hemos formulado indicación al respecto- que dicha norma incluya una tabla que indique el grado de disminución de alcohol en la sangre por cada hora transcurrida entre la detención del conductor que produjo el accidente y la alcoholemia. La experiencia indica -no es el único criterio- que se produce un descenso del 10 por ciento de presencia de alcohol en la sangre por cada hora transcurrida. De manera que en los exámenes de alcoholemia debe ser obligatorio indicar la hora en que la muestra de sangre fue tomada.

En otro orden de cosas, me sumo a las preocupaciones de la Diputada señora Aylwin sobre el traspaso de estos casos a la competencia de los juzgados de policía local, que no es un tema menor. Ya tuvimos la experiencia de una ley que transfería ésta y otras materias a la competencia de los juzgados de policía local, cuya entrada en vigencia fue necesario postergar.

Creo correcto el espíritu del proyecto de buscar una descentralización y de aproximar el conocimiento de estas causas a los juzgados de policía local. Sin embargo, aquí hay un tema muy de fondo que tiene que ver -como dijo la Diputada señora Aylwin - con la forma de fortalecer efectivamente la justicia administrada por los juzgados de policía local, considerando la disponibilidad de tribunales, la presencia de jueces letrados o no letrados para conocer estas causas y el interés fiscal. No debemos olvidar que muchas de las causas que hoy conocen los juzgados del crimen tienen que ver con infracciones a las normas que regulan el expendio de bebidas alcohólicas. Entonces, alguien tiene que cautelar el interés del Estado y de la comunidad.

En efecto, existe una institución, el Consejo de Defensa del Estado, que vela por el interés de la comunidad. Sin embargo, me he informado de que el Departamento de Alcoholes de dicho Consejo no estaría en condiciones -por el número de profesionales y de delegados de que dispone y por las condiciones en que deben operar- de atender estas causas, muchas de las cuales terminan en las cortes de apelaciones e, incluso, en la Corte Suprema. De manera que habría que estudiar si es posible entregar estos casos a la competencia de los juzgados de policía local que, como hemos visto recientemente, ya enfrentan problemas para conocer un número creciente de causas. Pues bien, ojalá este tema dé lugar a que dentro del proceso de modernización de los tribunales y de los procedimientos, también se fortalezca con recursos y medios a estos tribunales que son y serán de importancia creciente, dotándolos de condiciones más amplias de funcionamiento.

A continuación, me referiré a una cuestión que surgió en el debate. No cabe duda de que es difícil encontrar un balance apropiado entre los criterios de represión y estímulo de la clandestinidad. Llevado al límite, y por supuesto en el afán de evitar el problema del alcoholismo en el país, se podría hablar, incluso -nadie lo ha planteado; tampoco lo hace el proyecto-, de una ley seca. No cabe duda de que para muchos sería una solución óptima; sin embargo, tampoco cabe duda de que ello generaría un cuadro de clandestinidad y una serie de males ya conocidos en éste y otros países, incluso en algunas circunstancias particulares. La iniciativa legal hace bien en establecer sanciones altas -no sé si algunas son excesivamente altas-, puesto que las demasiado drásticas sólo incentivan la clandestinidad.

Por lo tanto, sobre esta materia, destaco la importancia de que el proyecto prohíba la venta de alcohol en las estaciones de servicio, en los automarkets, porque resulta absurdo prohibir que se conduzca en estado de ebriedad y permitir que se expendan bebidas alcohólicas en los lugares donde se vende gasolina, aunque sea para consumirlas fuera de ellos. No cabe duda de que este paso es muy favorable y positivo para combatir el alcoholismo. Pero, ¿hasta dónde extendemos el criterio sancionador? Como en el proyecto no queda claro, me gustaría que alguien me respondiera -en la discusión particular, o ahora, por alguien que haya seguido en detalle el debate de la iniciativa- qué ocurre con tantos festivales -que están autorizados- que organizan distintas entidades sociales para recaudar recursos, en los que se vende cerveza o, lisa y llanamente, bebidas alcohólicas. No veo que en el proyecto se mantengan las autorizaciones. ¿Qué ocurre con las fiestas que hacen los cuerpos de bomberos y distintas entidades para recaudar fondos? Hay que crear un mecanismo para que, con las regulaciones del caso, tales autorizaciones sigan operando en la práctica. De lo contrario, lo único que se hace es incentivar otras infracciones y privar de esta posibilidad a entidades que tradicionalmente, con la regulación del caso, han recurrido a festivales y a otros mecanismos para recaudar fondos.

Por último, como cuestión formal, creo que el proyecto debe ser conocido por la Comisión de Hacienda. Si mal no recuerdo, por lo menos hay dos artículos -el 15 y el 70, sin mencionar el relativo a las multas- que son de su competencia. El artículo 70 establece el financiamiento de los abogados delegados, de los abogados del Departamento de Alcoholes, y el artículo 15 y otros, el programa de prevención y rehabilitación en los distintos establecimientos de salud privados y públicos, que es una medida de extraordinaria importancia, y es necesario asegurar que tenga financiamiento. No cabe duda de que con los recursos y multas que el proyecto establece -lo consultamos con los Ministros de Salud y de Hacienda- no podrán operar dichos programas, y es básico asegurar que exista el debido financiamiento.

Por lo tanto, sugiero que la iniciativa también sea conocida por la Comisión de Hacienda porque, de acuerdo con la ley orgánica del Congreso Nacional y el Reglamento de la Corporación, es pertinente.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, con profunda atención he seguido el debate de este proyecto, presentado por un grupo de Diputados y extraordinariamente bien inspirado, que pretende atacar un problema de fondo: el alcoholismo en Chile.

Felicito a los autores de la iniciativa por su intención y deseo hacer un aporte efectivo ante un mal que afecta a nuestra sociedad. En consecuencia, desde ya, anuncio mi voto favorable.

Sin embargo, hay puntos del proyecto que me preocupan.

Las causas del alcoholismo tienen raíces muy profundas y están íntimamente ligadas a la familia, a la educación y a las expectativas de vida de la sociedad. El alcoholismo es un problema que va mucho más allá de ser una falta simple que se pueda corregir con medidas represivas o punitivas; es una enfermedad que afecta a las personas, y debemos reconocerlo no con dramatismo, sino con tranquilidad, para poder buscar las soluciones adecuadas para este mal.

Me llama mucho la atención que, aun cuando en el proyecto se proponen más de dieciocho modificaciones a la legislación vigente, sólo tres de ellas tengan que ver con el tema de educar a la sociedad, de impulsar la rehabilitación de los enfermos alcohólicos y de establecer campañas para prevenir que miles y miles de chilenos sigan cayendo en esa noche negra que significa la adicción al alcohol.

Creo que una legislación excesivamente represiva y drástica no será el remedio para la enfermedad que queremos curar. Las enfermedades no se curan a palos, y ésta se cura con un solo remedio: con educación.

En consecuencia, espero que durante el trámite de segundo informe en la Comisión, el proyecto reciba indicaciones del Ejecutivo que propongan la entrega de mayores facultades, recursos y responsabilidades a organizaciones y entidades tales como los Ministerios de Educación, de Salud y del Interior, de modo de desarrollar una acción conjunta del Gobierno, del sector privado, de las universidades, de las organizaciones de vecinos, de la juventud, en fin, de toda la comunidad, tendiente a hacer presente a las personas -especialmente a los jóvenes- las dramáticas consecuencias que trae este mal, para ellos y para la sociedad.

Las enfermedades no se curan con castigos. Por el contrario, las acciones punitivas extremadamente severas hacen que la gente busque nuevas formas de lograr sus propósitos, cayendo las sociedades en el clandestinaje, la corrupción y la delincuencia; en definitiva, en problemas mayores que los que se trata de evitar.

Ahora bien, algunas de las proposiciones en discusión me recuerdan la dura experiencia vivida por Estados Unidos durante el período conocido como de ley seca o de restricción. Sin lugar a dudas, el objetivo que en ese tiempo perseguía el legislador norteamericano era el mismo que buscamos nosotros. Sin embargo, la existencia de una dura disposición legal hizo que en ese país se produjera el período más negro de su historia, con delincuencia, tráfico de bebidas prohibidas, incremento de malos hábitos y criminalidad, lo que llevó a que fuera abolida, a petición de toda la sociedad.

Establecer en Chile una legislación principalmente punitiva para evitar el alcoholismo, sería desconocer la historia.

Quiero pedir en esta Sala de la Cámara que pensemos muy bien en lo que votaremos cuando analicemos cada uno de los artículos del proyecto, para que actuemos de una forma tal que nuestro voto no nos lleve a caer en lo mismo que han hecho otras sociedades.

¿Por qué digo esto? Porque me ha causado gran preocupación ver cómo en el articulado propuesto se entregaban atribuciones al Presidente de la República que le permitían dictar decretos supremos para prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en determinados lugares de una región o en toda una región.

Esa facultad fue eliminada en la Comisión. Sin embargo, el artículo 42 faculta al intendente regional para limitar o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas por razones de interés público en las comunas o localidades que estime conveniente. Con la norma se están entregando facultades que podrían llevarnos a una situación si no igual, al menos parecida a la que se produjo en Estados Unidos en décadas pasadas.

También me preocupa que en esta iniciativa se atente contra las libertades de las personas. El artículo 48 establece que no se concederá autorización para la venta de bebidas alcohólicas a distintas personas, entre ellas miembros del Congreso Nacional, tribunales, funcionarios. Además, se incluye a los consejeros regionales y a los miembros de los concejos. En el texto original se incluía también a los dirigentes vecinales y a los de otras organizaciones comunitarias. Por lo tanto, estaríamos limitando a todas estas personas la libertad de desempeñarse en actividades legales, como el instalar un bar, un restaurante u otro tipo de establecimiento que, en muchos casos, se realizan con fines principalmente turísticos.

Asimismo, se atenta en forma específica contra el desarrollo turístico del país, la industria sin chimenea, que ha demostrado en el mundo ser capaz de sacar adelante a los pueblos que no tienen un potencial rico en las diferentes áreas de la producción, como lo sería la minería, la agricultura o la proximidad de otros mercados para desarrollar su economía. El artículo 30 establece que las patentes para hoteles, moteles, hosterías o restaurantes de turismo sólo podrán otorgarse a los establecimientos declarados necesarios para el turismo por el intendente regional, previa solicitud del alcalde, con acuerdo del concejo.

Además, el artículo 31 dispone que las municipalidades sólo podrán otorgar patentes para el expendio de bebidas alcohólicas en la parte urbana de las comunas.

Quiero hacer una reflexión en este sentido. Nuestro país tiene ventajas comparativas en algunos sectores, pero también tiene grandes deficiencias. No olvidemos que gran parte del territorio está despoblado por la aridez, cálida en el norte y fría en el extremo sur. Sin embargo, los habitantes han hecho esfuerzos increíbles para ofrecer al visitante internacional una gama incalculable de alternativas turísticas. Debemos tener presente que no se hace turismo sólo en las grandes ciudades, sino también en los lugares apartados.

Muchas veces, y cada vez más en el futuro, el turismo se desarrollará en el corazón del desierto, en lo más extremo de la montaña o en medio de los bosques. Las personas que buscan la aventura en el turismo también buscan un agrado al término de la excursión: desean llegar a un lugar donde compartir con otras personas, saborear algunos manjares y beber dignamente nuestros vinos o licores típicos. Muchas veces esos lugares pueden estar fuera de las ciudades, no precisamente en un camino público. De modo que estaríamos coartando las posibilidades de desarrollo del turismo en caso de que este proyecto sea aprobado.

Al mismo tiempo, se cae en una práctica estatista ya olvidada desde el momento en que se establece en el mismo artículo 30 que las patentes para hoteles, moteles, hosterías o restaurantes de turismo sólo podrán otorgarse a los establecimientos declarados necesarios por el intendente regional, previa solicitud del alcalde, con acuerdo del concejo.

Me parece que esto es grave. Con este proyecto no me cabe la menor duda de que estamos cerrando la puerta del turismo que se logró abrir en nuestro país en la última década para ofrecer nuevas expectativas a su población.

Señor Presidente, es conveniente modificar la legislación vigente para evitar que el alcoholismo siga siendo uno de los principales flagelos que afecta a la sociedad, pero las proposiciones deben privilegiar las propuestas de signos positivos, esas que lleven al hombre, sumido por la desesperanza o por el vicio, a levantar la cabeza y mirar con optimismo el futuro.

Necesitamos dar a los Ministerios de Salud, de Educación e Interior las normativas y los recursos para que se pueda desarrollar una campaña a nivel nacional constante, permanente y con evaluación, de tal modo de llegar a lo más íntimo de las personas para hacerles ver que el camino de adormecerse en el sueño alcohólico no es el que les permitirá salir adelante junto a su familia.

También, necesitamos ofrecer mayores estímulos al sector privado, de modo que podamos contar con su valioso aporte en esta campaña nacional, cuyo objetivo debe ser el de erradicar el alcoholismo de nuestra sociedad.

Este objetivo se logrará con un mayor esfuerzo en lo educacional y con trabajo en las juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, universidades, colegios y en todos los ámbitos de la vida ciudadana, para entregar la formación que necesitan los ciudadanos como una alternativa que les permita enfrentar la vida sin caer en esta enfermedad que destroza a la persona, a la familia y, en definitiva, a toda la sociedad.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Balbontín .

El señor BALBONTÍN.-

Señor Presidente , como lo han hecho otros señores Diputados, quiero referirme a este importante tema.

Si se analizan algunos antecedentes estadísticos, se advierte que el consumo de alcohol, tabaco y drogas entre los niños y adolescentes crece día a día y comprende cada vez más a la totalidad de la sociedad chilena.

Es realmente impactante el nivel de consumo de alcohol entre los estudiantes. Una encuesta realizada en el país entre agosto y septiembre del año pasado, con un universo de alrededor de 800 mil personas, señala claramente cómo ha ido aumentando especialmente entre los más jóvenes. Por lo tanto, no es raro que se haya incrementado en un 300 por ciento a nivel nacional si los más jóvenes están siendo incorporados a este vicio.

Pero no sólo quiero referirme a la magnitud del alcoholismo, sino también a su evolución y a qué personas concretamente daña, porque normalmente se tiende a pensar que afecta más a hombres que a mujeres. Sin embargo, no hay diferencias sustanciales entre ambos, salvo en la Región Metropolitana.

En cuanto a la magnitud del consumo de alcohol no existen distinciones preponderantes entre las distintas regiones del país; en algunas se consume menos y en otras más, pero el hecho concreto es que la región claramente destacada como negativa es la Metropolitana, de manera que resulta conveniente saber por qué se produce este fenómeno en las mayores metrópolis o en las grandes urbes.

Compartiendo el criterio de los miembros de la Comisión de Salud que discutieron el tema, el problema está vinculado con la violencia, los accidentes, el ausentismo laboral, con los problemas de orden público, de la estructura familiar, de la salud mental y física. Comparto lo que aquí ha sido señalado por más de algún señor Diputado , en el sentido de que entre las causas principales de la mortalidad se encuentran precisamente aquellas vinculadas con el alcohol, como es el caso de la cirrosis.

Sin embargo, siendo el proyecto un intento muy serio, abarca una cantidad de contenidos que no sólo pueden ser vistos a la luz de una cierta preponderancia en lo que es la represión o la coerción. Lo digo porque esto tiene que ver con el problema de la aplicabilidad y eficacia de la ley. Nada sacamos con disposiciones leoninas, con un alto nivel de carácter regulatorio, si la sociedad se ve impedida de concretar aquellas medidas que dispone o aquellos mecanismos de control que establece. Nada sacamos, por ejemplo, con pretender dar instrucciones al Ministerio de Salud para que cumpla determinado tipo de medidas preventivas si no existen los recursos presupuestarios con los cuales se puedan aplicar. Lo mismo sucede con el Ministerio de Educación y con los distintos elementos de la administración pública.

A mi juicio, el proyecto aborda disposiciones que dicen relación con lo penal, la Ley de Tránsito, el derecho administrativo y los procedimientos judiciales. De ahí que, si bien es cierto tuvo origen en la Comisión de Salud, no puedo dejar de pensar que es indispensable conocer otros criterios antes de entrar al análisis pormenorizado de sus artículos. Creo conveniente constituir una Comisión Especial de carácter mixto con el objeto de incorporar criterios financieros, administrativos, constitucionales, etcétera, pues se pretende hacer eficientes un conjunto de normas, con el objeto de resolver un drama de la mayor magnitud, como el que más del 75 por ciento de los jóvenes menores de 18 años han consumido alcohol en nuestro país.

Para abordar este mal endémico de la sociedad chilena, que tiene un origen fundamentalmente de carácter cultural, a través de la eficacia de la ley, trataría de establecer procedimientos de carácter administrativo que permitan prevenir más que lamentar, menos castigar y más tratar de formar mejor a la juventud y a la familia. Lo anterior no significa que no esté de acuerdo con la posibilidad de regular, por ejemplo, los horarios en la venta y consumo de alcohol; pero debemos preguntarnos si la medida afecta sólo a las botillerías o estamos estableciendo mecanismos suficientemente adecuados para regular el expendio de bebidas alcohólicas en los supermercados, en las bombas bencineras u otro tipo de autoservicios.

Por lo tanto, aquí hay una serie de cuestiones de orden práctico que es necesario tener en consideración para hacer que estas disposiciones que abarcan un conjunto tan grande de ámbitos del derecho sea suficientemente eficiente y eficaz.

Estamos enfrentando un problema tan antiguo como la existencia misma de la nación. Chile, desgraciadamente -y debemos reconocerlo y así asumirlo-, ha tenido una cultura permisiva en materia de alcoholismo. A las personas que consumían alcohol en el campo y también en la ciudad y en los sectores marginales se les consideraba “enfermitos” y se les tendía a proteger. Esa visión protectora, a mi juicio, es negativa, pero no se destruye sólo a través de medidas de carácter coercitivo. Sí creo que hay que aplicar esas medidas paralelamente a la transformación de una cultura que, a mi juicio, es así de permisiva. Nuestra idiosincrasia conduce a que, casi indefectiblemente, a partir de los 12 ó 13 años de edad se comience a beber alcohol, lo que, posteriormente, lleva al consumo de otras drogas más fuertes, como la pasta base o la cocaína.

Entonces, me pregunto si sería conveniente adoptar algunas medidas relacionadas con el control de precios, cuestión planteada por la Diputada señora Mariana Aylwin y que comparto, pues aquí hay un problema de una cultura consumista, ya que el consumo de alcohol aumenta en la medida en que existe mayor disponibilidad de recursos. Por lo tanto, a lo mejor, una manera más adecuada de controlar este fenómeno es aumentar los precios. Es decir, que no sea tan buen negocio para tantas personas y así equilibrar y controlar este mal endémico en la sociedad chilena a través del manejo del mercado. Aquí sí es necesario beneficiar más la moral colectiva que el interés en hacer buenos negocios por parte de los productores o de quienes comercializan estos productos.

Así como es necesario considerar la moral por sobre el negocio, también se debe castigar muy fuertemente el clandestinaje. Para esos efectos, algunas de las disposiciones del proyecto me parecen adecuadas, pero otras merecen mayor discusión.

Como el tema tiene una multiplicidad de enfoques -no es solamente un problema de salud, sino que requiere una discusión pormenorizada que permita la suficiente eficacia y aplicabilidad de las disposiciones que se consagren- pediría el mayor esfuerzo posible en el método de trabajo que se emplee en la discusión de estas normas y que participen miembros de otras comisiones de la Cámara, de modo de agregar los elementos señalados en las discusiones habidas en ellas.

Por lo tanto, no creo que baste con la discusión de la Sala, sino que rogaría hacer un esfuerzo anticipado, de modo que el estudio sea lo suficientemente profundo y sus resultados, eficientes.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Pollarolo.

La señora POLLAROLO.-

Señor Presidente , está de más insistir en los argumentos, en las cifras y en los datos que fundamentan la importancia y trascendencia del tema que aborda el proyecto en estudio.

Sólo quiero subrayar un aspecto que, a lo mejor, no se ha destacado lo suficiente: el daño y el impacto en la familia ocasionados por el alcoholismo. Hay estudios serios que demuestran que los niños de la calle habitualmente se generan por la violencia al interior de la familia ligada al alcoholismo.

En la Comisión de Salud, donde discutimos el proyecto, estuvimos plenamente conscientes de la complejidad de abordar un problema ligado a la conducta humana, que tiene que ver con hábitos arraigados en nuestra cultura y, por lo tanto, muy difíciles de modificar.

Comparto la opiniones del Diputado señor Balbontín , en el sentido de que deberíamos realizar, y aún hay tiempo, una discusión más exhaustiva sobre el problema cultural, por cuanto pretender, como lo hace el proyecto -y ésa es su gran trascendencia-, ir a la causa del problema, es decir, modificar la conducta que genera en los individuos el problema y sus efectos, implica penetrar con profundidad en los mecanismos que en esa cultura determinan, sustentan y empujan a ese comportamiento. Mi impresión es que se están produciendo algunos cambios con respecto al hábito de beber en forma excesiva, especialmente en los adolescentes. Existe un problema muy grave que es la poliadicción, es decir, el alcohol asociado a drogas y estimulantes, consumido en estas nuevas formas que tiene el hábito de la droga en nuestros jóvenes, y que es generada por procesos sicológicos, emocionales, de carencia, de conflictos, de vacíos, de frustraciones, etcétera.

Por eso, considero que éste es un tema de fondo que amerita una discusión mayor.

Sobre la prevención, en cuanto al contenido y carencias del proyecto, quiero subrayar un par de ideas. Cuando hablamos de impedir beber en forma anormal nos estamos refiriendo -por lo menos así lo dicen los especialistas- a dos instrumentos fundamentales: la educación y la reducción de la facilidad o del acceso al consumo de alcohol. Estos dos elementos están bien enfocados en el proyecto.

Con respecto al instrumento de la educación, que es el más complejo, es muy importante que en este proyecto -así como en el relativo al tabaco- se aborde con alta prioridad el tema de la prevención primaria, porque eso es educación. Prevención primaria significa ayudar a evitar que se beba en forma anormal con la consecuente adicción alcohólica. Sobre este punto hay un aspecto que no se ha discutido ni tampoco estudiamos a fondo en la Comisión: precisar qué conductas queremos educar. Por ejemplo, en el caso de las drogas ilegales se trataba de rechazar todo tipo de consumo y en el del tabaco era muy evidente la prohibición de fumar, porque era un “no”. En el caso del alcohol la situación es distinta, porque cuando hablamos de educar no pretendemos convertir a los chilenos en abstemios. Creo que nadie pretende eso y es absurdo pensarlo, porque está en el sentido común de que existe un beber normal, un beber sano; pero cuando se producen excesos comienza un proceso que puede llevar a la adicción, a la dependencia y a todas las consecuencias que aquí se han explicitado latamente.

Al respecto, es necesaria una mayor precisión. Incluso, en el encabezamiento del Título II, relativo a la prevención, debería indicarse hacia dónde se orienta la prevención primaria y qué estamos educando. Ello aclararía qué es un beber sano, cuánto alcohol en el día significa que es moderado y cuándo comienza el exceso. Este es un elemento fundamental en las campañas publicitarias y en la educación de los niños, en las cuales debe asociarse, a mi juicio, aceptar el beber sano y estigmatizar el exceso y la embriaguez. ¿Por qué digo estigmatizar? Porque coincido con el Diputado señor Balbontín en cuanto a que estamos inmersos en una cultura tremendamente tolerante y aceptadora de la embriaguez: se habla del “curadito”, del “enfermito” o del “pobrecito”. A la mujer del alcohólico le resulta muy difícil ponerse firme y resistir estas conductas. Se producen alianzas, producto en gran medida de un problema que, además, históricamente se ha asociado a una supuesta virilidad. En nuestra cultura, embriagarse en la adolescencia fue parte del proceso de iniciación del adulto, de ser hombre, de ser viril, aspecto que hoy la propia publicidad sigue utilizando. Ese es un primer tema.

Creo que no está suficientemente esclarecido a qué se refiere la prohibición de beber en lugares públicos, porque si se trata del beber en forma excesiva, eso es lo que debemos prohibir y no el hecho de hacerlo en lugares públicos, por cuanto sabemos que las plazas son los livings de los pobres.

Ese aspecto habría que pensarlo un poquito más, porque se relaciona con la lógica y orientación que estamos trabajando cuando hablamos de educar. Este punto tengo el mayor interés en comentarlo.

Hay dos cosas más. Primero, no basta con informar. Es fundamental discutir esta materia. Sin duda, será el tema de los especialistas y de la Comisión, pero sabemos que se puede estar muy bien informado y la conducta no cambiar en nada. Entonces, necesitamos enseñar conductas específicas de prevención, pero, además, y ésta es una carencia del proyecto que podríamos mejorar, se educa con todos los agentes, tanto formales como informales. Abordamos bien el tema de la educación formal, pero queda bastante deficitario lo que dice relación con los medios de comunicación y la propaganda. Debemos tratar de ganarnos como agentes educadores a quienes se dedican a la comunicación y a las empresas. No estamos en contra de la producción ni de la venta del alcohol, sino a favor del consumo sano, y en ese aspecto las empresas pueden ayudarnos.

Menciono tres puntos más: primero, la detección precoz del beber excesivo. El proyecto lo aborda, pero debería hacerlo de manera más precisa y concreta. La posible prevención secundaria es posible con el detenido por embriaguez, pero no hay que esperar la condena -porque ésta demora más de seis meses-, sino cuando se abre el proceso.

Segundo, pensar en otros agentes de prevención precoz, como la escuela, a la cual no se le encarga ese trabajo.

En cuanto a disminuir la disponibilidad de alcohol, discrepo del Diputado señor Munizaga . Sin duda, se trata de limitar y de ser muy estricto, pero no tanto como para fomentar el comercio ilegal. Ese criterio se consideró y habrá que revisar si nos excedimos en algún aspecto, como los horarios. Creo que se deberá revisar la materia en relación con todo lo argumentado en la Sala.

Personalmente, estoy por aumentar la penalización y control de la alcoholemia. Decir que en Chile sólo estamos en condiciones de disminuirla a 0.8 por razones culturales, habla de la tremenda tolerancia que tenemos hacia la embriaguez. Debería dejarse en 0.5, que es el índice mundial y el que los especialistas dan como el adecuado.

Es necesario entregar señales claras en este sentido a una sociedad que estigmatiza al ebrio, que ayuda a un beber sano y a ser responsable con la propia libertad.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Se ha solicitado el cierre del debate.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente , solicité una interrupción a la Diputada señora Pollarolo .

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

No es posible, señor Diputado , salvo que la Sala acuerde prorrogar el Orden del Día.

El señor Bayo, que es el Diputado informante, podría usar de tres minutos y luego se procedería a cerrar el debate.

¿Habría acuerdo?

Tiene la palabra el Diputado señor Navarro.

El señor NAVARRO .-

Señor Presidente , esta discusión se suspendió la semana pasada precisamente porque no alcanzaron a intervenir todos los Diputados, y algunos formulamos indicaciones que habría sido bueno fundamentar en la Sala.

Por eso, solicito que se recabe el asentimiento de la Sala para prorrogar en quince minutos el Orden del Día.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Es posible hacerlo con el acuerdo de la Sala, pero dado el orden de las inscripciones Su Señoría no alcanzaría a intervenir.

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente , mi intención es dar respuesta a las preguntas que concretamente han formulado, entre otros, la Diputada señora Aylwin .

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Señor Diputado , como debemos dar término al Orden del Día, propongo dar la palabra al Diputado informante , con el fin de que, en un máximo de cinco minutos, responda las inquietudes planteadas, luego de lo cual se cerraría el debate.

¿Habría acuerdo?

Un señor DIPUTADO .-

No.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

No hay acuerdo.

Entonces, se votará la clausura del debate, entendiendo que, si se aprueba, se dará la palabra, al Diputado señor Bayo por cinco minutos.

En votación el cierre del debate.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 20 votos. Hubo 8 abstenciones.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Ceroni, Chadwick, Dupré, Elgueta, Encina, Estévez, Hamuy, Hernández, Jara, Karelovic, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Melero, Ojeda, Ortiz, Pérez (don Aníbal), Rebolledo ( doña Romy), Saa (doña María Antonieta), Sabag, Seguel, Silva, Tuma, Valenzuela, Venegas, Villegas y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló, Álvarez-Salamanca, Caminondo, De la Maza, Elizalde, Fantuzzi, Fuentealba, Galilea, García (don René Manuel), Jürgensen, Munizaga, Navarro, Orpis, Pollarolo (doña Fanny), Prokuriça, Solís, Taladriz, Vargas, Vilches y Villouta.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Arancibia, Correa, García (don José), Montes, Pérez (don Víctor), Reyes, Ribera y Tohá.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente , me alegro por la riqueza del debate efectuado en las dos sesiones en que la Cámara de Diputados ha tratado el tema. Además, deseo asegurar que las indicaciones formuladas serán analizadas en profundidad en la Comisión de Salud.

Sin embargo, no puedo dejar de responder las inquietudes planteadas por algunos parlamentarios.

La primera de ellas dice relación con su financiamiento.

El informe y todo el trabajo de la Comisión de Salud fue consecuente con el funcionamiento de una comisión especial del Gobierno, en la cual participaron los Ministerios de Hacienda, de Salud, de Justicia, de Educación e Interior y la subdirección de gobiernos regionales. De tal manera que ellos están conscientes de los desafíos que esto representa, entre los cuales se encuentra proporcionar los recursos necesarios para tener una ley eficaz.

Además, deseo recordar que los ingresos percibidos por concepto de multas alcanzan a alrededor de 500 millones de pesos, pero como sus actuales montos se elevan en alrededor de diez veces, se piensa contar con una cifra equivalente a 5 mil millones de pesos, más de 10 millones de dólares, lo que es un muy buen piso para iniciar una labor de rehabilitación y educación.

Quienes plantearon algunas inquietudes relacionadas con las dificultades que tendría el turismo o con la forma en que se entregan las patentes, deberían tener presente que en el proyecto está inmerso el espíritu de descentralización. Es así como la atribución que posee el Presidente de la República para determinar el número de patentes de alcoholes en cada comuna se traspasa a las regiones y comunas; de tal manera que no debería haber temor por el trato que se dé en esos lugares a las patentes de alcoholes y, en especial, a las de turismo.

Finalmente, deseo asegurar que la inquietud por enfatizar todo lo referido a educación en esta materia ha estado permanentemente presente en la Comisión de Salud, porque la educación es el principal elemento de prevención. Aquí no se trata de prohibir, sino de regular; aquí no se habla de sancionar al que consume, ya que los mayores énfasis se orientan hacia aquellas personas que, ilegalmente, venden, por ejemplo, alcohol a menores de edad. Nos preocupa la juventud, que es el futuro de Chile, más que el presente. Estimamos que la creación de un ambiente saludable, orientado a la promoción de hábitos positivos de vida y a la participación responsable, es lo que han reiterado todos los oradores que me han precedido en el uso de la palabra en el día de hoy y en la sesión del miércoles pasado, así como los que han estado presentes en el trabajo de la Comisión de Salud y están por apoyar este proyecto, que ojalá sea votado positivamente en general por la Sala.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis para referirse a un asunto reglamentario.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, sólo deseo dejar constancia de que este proyecto no fue tratado por la Comisión de Hacienda, en circunstancias de que, por lo menos, hay tres o cuatro artículos que deben ser conocidos por ella. De manera que, para los efectos del segundo informe, debe pasar por la Comisión de Hacienda.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

El tema ya fue planteado por el Diputado señor Arancibia , y la Mesa ha resuelto enviarlo a la Comisión de Hacienda.

Tiene la palabra el Diputado señor Ribera.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente , no comparto lo que señala el informe en cuanto a los artículos que deben ser aprobados con quórum especial, lo que ya le manifesté a Su Señoría. El informe es muy interesante desde el punto de vista de la Comisión, pero debe considerar otras visiones, especialmente lo relativo a la regulación legal, ya que podríamos estar introduciendo disposiciones inconstitucionales.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Aguiló.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente , deseo referirme a lo planteado por el Diputado señor Orpis .

Una vez tramitado el proyecto, la Comisión de Salud en pleno, tal como dispone el Reglamento, determinó las normas que eran de quórum especial, para consignarlas debidamente en el informe, y determinó que ninguna de ellas debía ser conocida por la Comisión de Hacienda, pues no había ninguna disposición explícita que involucrara cargo para el Fisco.

Quiero despejar este aspecto reglamentario, porque no corresponde a la Mesa disponer que el proyecto pase a la Comisión de Hacienda en segundo informe. Según el Reglamento, al ingresar un proyecto para su tramitación, la Mesa tiene la prerrogativa de enviarlo a la comisión técnica que estime pertinente, pero una vez que ya se encuentra en tramitación y si corresponde un segundo informe, debe remitirlo a la misma comisión que lo conoció para que emita su segundo informe a la Sala. Eso es lo que corresponde hacer de acuerdo con el Reglamento.

No deseo entrar en un tema que podemos ver más adelante, relativo a las prerrogativas antirreglamentarias que, a mi juicio, se ha tomado de facto la Comisión de Hacienda, de analizar, naturalmente con mucha acuciosidad, materias que no le corresponden de conformidad con el Reglamento.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Villouta.

El señor VILLOUTA.-

Señor Presidente , aunque quedé inscrito para hablar en la sesión anterior, no alcancé a hacerlo. ¿Puedo insertar mi discurso?

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Con todo gusto, señor Diputado . Está en su derecho.

Tiene la palabra el Diputado señor Balbontín.

El señor BALBONTÍN .-

Señor Presidente , quiero referirme a una cuestión de procedimiento.

Yo recomendé que se incorporaran algunos miembros de otras comisiones a la de Salud en la segunda discusión del articulado del proyecto, para evitar el dispendio de tiempo y a fin de que la iniciativa tenga una tramitación rápida y adecuada y, a su vez, se puedan integrar elementos de discusión en materia de Hacienda, de administración, de derecho penal, etcétera.

He dicho.

- En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluyen las siguientes intervenciones no pronunciadas en la Sala:

El señor VILLOUTA.-

Señor Presidente , el proyecto de ley que estamos discutiendo, de acuerdo a las opiniones expresadas en esta Sala, representa una interesante ampliación de leyes vigentes, que es necesario readecuar para hacerlas compatibles con las actuales modalidades de vida que nuestra sociedad tiene. Como son modificaciones bastante importantes me parece indispensable revisarlas acuciosamente, ya que las propuestas escuchadas y el proyecto mismo rectifican costumbres y prácticas muy antiguas.

También he presentado diversas indicaciones, ya que la nueva modalidad de otorgamiento de patentes de alcoholes impone exigencias que por sus limitantes pueden crear problemas mayores. Tal es el caso de las que impiden que haya locales a menos de 100 o más de 1.000 metros de caminos principales, y me asalta una duda con respecto a los muchos locales en la carretera 5 que podrían quedar inhabilitados para ejercer su actividad. Igual situación veo con la localidad con menos de 2.000 habitantes, ya que al limitarla sólo a la calle principal también provocaría el cierre de una cantidad de locales, en este momento difícil de cuantificar.

Por otra parte, el artículo 31, en su inciso final, se podría entender como que en pueblos, aldeas y localidades rurales donde no hubiere ninguna tenencia o retén de Carabineros se autorizará sólo un local.

Tampoco me queda claro si los locales que actualmente existen podrán continuar con sus actuales patentes y si la modificación a la ley regirá desde el 1º de enero del año siguiente, sólo para los locales nuevos, si así correspondiere, en conformidad a la modificación.

Igual es el caso en el artículo 46 para una serie de personas que quedan inhabilitadas para tener estas autorizaciones, y no se aclara la situación de aquéllos que ya tuvieran esos locales en actual ejercicio de dicha actividad.

A las mismas municipalidades se les pueden crear problemas de ingreso si, de acuerdo con la nueva limitación de población o exigencias e inhabilidades, debieran reducir el número actual de las patentes autorizadas.

Estoy totalmente de acuerdo en que se rebaje el porcentaje de alcohol en la sangre para las alcoholemias ya que ello permitirá una mayor preocupación de los conductores. Para ello se requerirá una mayor cantidad de laboratorios en más comunas para que efectúen estos exámenes que generalmente demoran 6 o más meses. A los neófitos nos cabe preguntar qué efectividad puede tener ese examen después de tanto tiempo de estar las muestras guardadas.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA .-

Señor Presidente , frente al alcoholismo no basta con asumir posturas que apunten exclusivamente a la sanción o a la condena. Como en muchas leyes que ha aprobado esta Cámara y problemas que ha abordado, las soluciones son más complejas y los análisis más globales.

Quisiera, entonces, dejar establecido que no abogo por despenalizar ni buscar ablandamientos legales respecto de las faltas o delitos que ocasiona el consumo de alcohol.

El consumo y la comercialización ilegal muchas veces conlleva a la enfermedad alcohólica, y por ello corresponde también que nosotros nos preocupemos no sólo de los castigos y del clandestinaje, sino que también aprovechemos la oportunidad para crear mecanismos que favorezcan la prevención y la rehabilitación de las personas que están o han estado prisioneras del alcohol.

En diciembre de 1994 presenté una moción que se encuentra paralizada en la Comisión de Salud de esta Cámara y que propone una iniciativa que perfectamente puede ser incorporada como indicación en esta ley. Se trata de agregar un inciso final al artículo 121 de la Ley de Alcoholes. En este artículo se señalan las sanciones por conducción en estado de ebriedad.

El inciso final que se agrega a este proyecto sólo afecta a quienes merezcan condena por infringir el inciso primero de este artículo; es decir, a todas aquellas personas que conduzcan en estado de ebriedad y que merezcan ser castigadas con presidio menor en su grado mínimo y por ello deban cancelar una multa, aunque no causen daño alguno, o sólo causen daños materiales o lesiones leves, entendiendo por este último lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor a 7 días.

Este inciso final que propongo agregar al artículo 121 de la ley indica que en los casos a que se refiere el inciso primero, el infractor que acredita una donación de 3 Unidades Tributarias Mensuales o más a un club de rehabilitación alcohólica, con personalidad jurídica. Se hará merecedor -lo que el juez deberá ponderar- de la atenuante específicamente contemplada en el Nº 7 del artículo 11 del Código Penal, esto es cuando el infractor ha procurado con celo reparar el mal causado o bien impedir sus posteriores perniciosas consecuencias.

Esta idea surgió, señor Presidente , de una situación concreta ocurrida en la ciudad de Talca.

El titular del Cuarto Juzgado del Crimen promovió, para ser considerada atenuante de la falta incurrida -por lo que fue reconvenido por la Corte de Apelaciones respectiva- donaciones en favor de las Agrupaciones Femeninas Recuperadoras de Alcohólicos de Talca, las que, gracias a esta iniciativa, en el lapso de un año, han recibido aportes por cerca de 600 mil pesos.

Ahora bien, como la legislación actual considera las donaciones de este tipo como circunstancias atenuantes, debió ponerse punto final a esta campaña, quedando esta institución benéfica nuevamente sin recursos para continuar su labor rehabilitadora.

Señor Presidente , probablemente sea muy conveniente que el financiamiento de las instituciones rehabilitadoras de alcohólicos provenga del Ministerio de Salud. Pero si además, logramos descentralizar al menos una parte de los recursos en la forma que he propuesto, sin duda que estaríamos incorporando a otros agentes sociales en la lucha contra el alcoholismo y además las instituciones rehabilitadoras tendrían aportes mucho más concretos y rápidos, lo que nos permitiría trabajar mejor.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En votación el proyecto de acuerdo.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad, dejando constancia de que se encuentran presentes en la Sala más de 70 señores Diputados de un total de 119 en ejercicio.

-Aprobado.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Respecto de lo señalado, en opinión de la Mesa son materias de ley orgánica constitucional el inciso primero del artículo 12, por incidir en la ley orgánica constitucional de Enseñanza; el artículo 30, por incidir en la ley orgánica municipal; el inciso segundo del artículo 35, por incidir en la ley de gobiernos regionales; el inciso segundo del artículo 36 y el inciso tercero del artículo 37, por incidir en la ley orgánica constitucional de Municipalidades, y los incisos primero y segundo del artículo 42, por incidir en las leyes orgánicas de gobierno regional y de municipalidades, además de los artículos 58 y 59, que en el informe figuran como de ley orgánica constitucional.

Al mismo tiempo, hay materias que, notoriamente, requieren informe de la Comisión de Hacienda, al menos los artículos 15, 21 y 70.

Por tanto, para el mejor despacho del proyecto y con el objeto de impedir que el día de mañana, por un problema de tramitación, la ley se encuentre con dificultades de constitucionalidad, me parece importante que sea tratado en segundo informe por la Comisión de Hacienda, con el encarecimiento que hizo el Diputado señor Aguiló, como presidente de la Comisión de Salud , de que aquélla sólo debe analizar las materias de su ámbito de competencia, esto es, las que dicen relación con los problemas de gasto público o de financiamiento que considere el proyecto.

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente , en el enunciado de artículos que Su Señoría mencionó, el cual comparto, no sé si aludió al 29, que incide en la libertad de comercio, ya que restringe los horarios de expendio de bebidas alcohólicas. No sé si eso es materia de ley orgánica constitucional, porque se restringe una libertad consagrada en la Constitución, independientemente del juicio que tengamos sobre este texto.

Lo señalo para que no nos equivoquemos en algo tan pequeño como eso.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Señor Diputado , en opinión de la Mesa, el artículo 29 no es materia de ley orgánica constitucional.

Tiene la palabra el Diputado señor Aguiló.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente , el artículo 220 del Reglamento señala expresamente lo siguiente: “La Comisión de Hacienda conocerá los proyectos en los casos siguientes:

“1º Cuando le corresponda por ser de su exclusiva competencia.

“2º Cuando los proyectos que hayan sido informados por las otras Comisiones -es el caso que estamos analizando- contengan normas en materia presupuestaria o financiera del Estado,”.

Esta norma es extraordinariamente precisa. No se trata de que alguna disposición de un proyecto de ley contenga materias sobre economía o relativas a efectos económicos en la sociedad o en el mercado, como podría ser el cierre de las botillerías a una hora determinada, porque una norma tal tiene efectos sobre ese mercado. Sin embargo, no tiene ninguno, directo o indirecto –probablemente, extraordinariamente indirecto, a través del tema tributario-, sobre materias presupuestarias o financieras del Estado.

Entonces, aquí vamos constituyendo supracomisiones sobre la base de interpretaciones laxas y amplias; en el fondo, creamos comisiones que, al final, revisan todo. De este modo, además de dilatar excesivamente el trámite de las leyes, por una interpretación, a mi juicio arbitraria de nuestros preceptos reglamentarios, estamos obligando a pasar una misma materia legislativa por dos Comisiones distintas, con lo que estamos entregando a una Comisión particular, de las 15 permanentes de la Cámara, un conjunto de atribuciones que el resto no tiene, cual es la de dar la última opinión no sólo sobre materias financieras del Estado, sino respecto del conjunto de los temas de contenido de cualquiera materia de ley.

Quiero recordar que en estos días la Comisión de Hacienda está estudiando normas que tienen que ver con el rol y funciones de los concejales. Deseo saber si hay alguien que pueda indicar alguna relación, ya no digo indirecta, sino de cualquier naturaleza, entre la materia específica de que se trata y el rol que estatutariamente tiene dicha Comisión.

Entonces, quiero hacerme cargo del alegato en general: señalar que aquí se está aplicando el Reglamento en una forma completamente arbitraria, y llamar a Su Señoría a la consideración de que no corresponde que el Presidente de la Cámara indique, en este particular momento del trámite legislativo, a qué Comisiones debe enviarse el proyecto, porque ya está tramitándose en la Comisión de Salud.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Señor Diputado , con todo el natural respeto que tengo por Su Señoría, debo señalarle que la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional establece en forma imperativa que la Comisión de Hacienda debe entregar un informe sobre esta materia. Por lo tanto, no es una cuestión arbitraria de la Mesa.

El artículo 21 señala que los programas o planes de prevención y rehabilitación de alcohólicos se financiarán con los recursos previstos en el artículo 70, el que dispone, entre otras cosas, que el 40 por ciento del saldo se destinará a los servicios de salud para el financiamiento y mantención de los programas de rehabilitación de personas alcohólicas. Es decir, el proyecto contiene una manifiesta y directa alteración del presupuesto del Ministerio de Salud.

Por lo tanto, sin perjuicio de que los planes que se encargan al Ministerio de Educación requieran financiamiento, resulta evidente que ese Ministerio, de aprobarse el proyecto, tendrá un cambio en su presupuesto, porque de manera exógena se le están asignando nuevos recursos y responsabilidades.

La ley orgánica constitucional del Congreso establece claramente que esto debe ser informado por la Comisión de Hacienda, sin perjuicio de limitarse a hacerlo sobre aquellos artículos de incidencia presupuestaria.

Se va a votar la idea de legislar sobre las normas de ley común.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bayo, Bombal, Caminondo, Ceroni, Correa, Chadwick, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Errázuriz, Estévez, Fantuzzi, Fuentealba, Gajardo, García (don René Manuel), García (don José), Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Jara, Karelovic, Kuschel, León, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Makluf, Melero, Montes, Morales, Munizaga, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma ( don Andrés), Palma ( don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokuriça, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Ribera, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Seguel, Silva, Solís, Sota, Taladriz, Tohá, Tuma, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Vilches, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Se va a votar la idea de legislar de todos los artículos que requieren quórum de ley orgánica constitucional, es decir, de 68 votos a favor para ser aprobados.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 5 votos. No hubo abstenciones.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bayo, Bombal, Caminondo, Ceroni, Correa, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Estévez, Fantuzzi, Fuentealba, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jürgensen, Karelovic, León, Letelier ( don Juan Pablo), Luksic, Makluf, Melero, Montes, Morales, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma ( don Andrés), Palma ( don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Pizarro, Pollarolo ( doña Fanny), Rebolledo ( doña Romy), Reyes, Ribera, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Seguel, Silva, Sota, Tohá, Tuma, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Kuschel, Munizaga, Prochelle (doña Marina), Taladriz y Vilches.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Irán a Comisión técnica y posteriormente a la de Hacienda, los artículos 15, 21 y 70.

Ha terminado el Orden del Día.

-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:

INDICACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY DE ALCOHOLES, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y VINAGRES.

ARTÍCULO 2º

Inciso primero

1. De los señores Elgueta, Ascencio, Silva, Salas, Seguel y Villouta para sustituir las palabras iniciales “No se permitirá” por “Se prohíbe”.

Inciso segundo

2. De los señores Elgueta, Ascencio, Silva, Salas, Seguel y Villouta para intercalar a continuación de la locución “identidad”, lo siguiente: “por su carné o cualquier otro documento que permita establecerla”.

ARTÍCULO 5º

Inciso segundo

3. De los señores Tohá y Walker para eliminarlo.

ARTÍCULO 8º

Inciso segundo

4. De los señores Elgueta, Ascencio, Seguel y Salas para agregar luego de la palabra “respectivo”, la expresión “representantes legales o”.

ARTÍCULO 9º

Inciso final

5. De los señores Elgueta, Ascencio, Seguel, Villouta, Salas y Silva para insertar a continuación de la palabra “cometidas”, la expresión “y sancionadas por sentencia firme”.

ARTÍCULO 10

6. De la señora Cristi y del señor Álvarez-Salamanca para agregar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Los menores de edad que sean sorprendidos adquiriendo bebidas alcohólicas serán detenidos por personal de Carabineros de Chile, y previa comprobación de su identidad o domicilio, serán citados para que acompañados de cualquiera de sus padres o guardadores, comparezcan a primera audiencia ante el juzgado de policía local competente.

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior será sancionada con una amonestación.”.

ARTÍCULO 11

7. De los señores Cornejo, Ascencio, Reyes y Martínez Ocamica para suprimirlo.

ARTÍCULO 12

Inciso primero

8. Del señor Orpis para colocar a continuación del vocablo “alcohol” las palabras “y drogas.”.

Inciso segundo

9. De la señora Cristi y del señor Álvarez-Salamanca para eliminar la expresión “y del Instituto Nacional de la Juventud”.

ARTÍCULO 13

Inciso tercero

10. De las señoras Wörner, Pollarolo y señorita Saa, y de los señores Tohá, Muñoz, Arancibia, Juan Pablo Letelier y Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Los envases de bebidas alcohólicas que se comercialicen en el país y toda acción publicitaria de los mismos, cualquiera que sea la forma o el medio en que se realice, deberán contener un mensaje que alerte sobre los peligros del consumo excesivo de bebidas alcohólicas y una precisa advertencia acerca de los riesgos específicos que para la salud del hijo en gestación implica el consumo de bebidas alcohólicas por parte de mujeres embarazadas.”.

ARTÍCULO 14

Inciso primero

11. Del señor Orpis para agregar a continuación del vocablo “alcohol” las palabras “y drogas.”.

Inciso segundo

12. Del señor Orpis para reemplazarlo por el siguiente:

“En toda empresa y servicio público o privado deberán implementarse programas de prevención de drogas y alcohol.”.

ARTÍCULO 15

Inciso segundo

13. De la señora Cristi y del señor Álvarez-Salamanca, para sustituirlo por el siguiente:

“De manera similar, los establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, deberán contar con programas y recursos que permitan el adecuado tratamiento y rehabilitación de bebedores problema y alcohólicos para sus afiliados.”.

ARTÍCULO 21

14. De los señores Elgueta, Ascencio, Salas, Seguel, Silva, Ojeda y Villouta para reemplazar el punto aparte (.) por una coma (,), agregando la siguiente oración: “pudiendo ser ejecutados asimismo por las personas jurídicas de derecho privado a que se refiere el inciso final del artículo 15, para lo cual, deberán presentar los respectivos proyectos.”.

ARTÍCULO 24

Inciso nuevo

15. De los señores Elgueta y Villouta para intercalar el siguiente inciso, a continuación del tercero:

“El tribunal podrá ordenar el examen de la dosificación de la sangre en la víctima de lesiones y de muerte, si lo estimara imprescindible para determinar la responsabilidad del conductor.”.

Inciso cuarto

16. De los señores Elgueta, Ascencio, Salas, Seguel, Silva y Villouta para reemplazar el primer párrafo, por el siguiente:

“Existirá estado de ebriedad cuando el informe de alcoholemia o el examen científico de ella arroje una dosificación igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre o en el organismo.”.

Inciso nuevo

17. Del señor Arancibia para intercalar a continuación del inciso cuarto, el siguiente, nuevo:

“Se presume de derecho para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, que la eliminación de alcohol en el organismo, representa un descenso de alcoholemia de cero coma diez gramos por mil por hora, debiendo, en consecuencia, agregarse al resultado del examen de alcoholemia y en forma proporcional dicha cantidad, atendiendo el tiempo transcurrido entre la hora de ocurrencia de los hechos o de la detención según correspondiere, y la hora de la toma de la muestra de sangre.”.

Inciso final

18. Del señor Navarro para sustituirlo por los siguientes:

“Las medidas indicadas en el inciso precedente no podrán ser suspendidas y al término de la pena principal la licencia sólo podrá ser restituida si se certifica médicamente que el afectado no ha tenido ingesta alcohólica durante todo el tiempo de suspensión del permiso de conducir.

Tratándose del retiro definitivo el juez podrá alzar la prohibición de conducir con igual exigencia, más los nuevos antecedentes que así lo justifiquen.”.

ARTÍCULO 27

Inciso cuarto

19. Del señor Viera-Gallo para suprimirlo.

ARTÍCULO 29

Inciso final

20. Del señor Villouta para intercalar entre los vocablos “deberán” y “aislar”, la expresión : “tener la implementación necesaria para”.

ARTÍCULO 31

Inciso segundo

21. Del señor Villouta para agregar, a continuación de las palabras “frente a” la frase “la carretera longitudinal y de un expedito control o”.

ARTÍCULO 33

Inciso cuarto

22. De la señora Cristi y del señor Álvarez-Salamanca para sustituir el punto final (.) por un punto seguido (.), agregando el siguiente párrafo: “Si aplicada la segunda multa el infractor no pagare la patente que lo habilita para expender bebidas alcohólicas, será sancionado con la clausura definitiva del establecimiento y caducidad de la patente.”.

ARTÍCULO 35

Inciso segundo

23. Del señor Juan Pablo Letelier para suprimirlo.

ARTÍCULO 36

Inciso primero

24. Del señor Villouta para agregar a continuación del guarismo “28”, la expresión “de cada una de ellas”.

ARTÍCULO 37

Inciso segundo

25. Del señor Villouta para agregar a continuación de la palabra “garitas”, lo siguiente:, “estaciones ferroviarias que tengan servicios regulares de pasajeros”.

ARTÍCULO 41

Inciso primero

26. Del señor Viera-Gallo para agregar a continuación de la palabra “circos” la frase “mercados situados en estaciones de servicio y operados por éstas”.

ARTÍCULO 42

Inciso primero

27. Del señor Villouta para sustituir el punto final (.) por una coma (,), agregando lo siguiente: “por un plazo no superior a un año y con resolución fundada.”.

Inciso segundo

28. Del señor Villouta para agregar a continuación de la expresión “ferrocarriles,”, lo que sigue: “terminales de buses,”.

ARTÍCULO 45

Inciso primero

29. Del señor Villouta para agregar después de la palabra “alcohólicas”, reemplazando el punto final (.) por una coma (,), lo que sigue: “para ser consumidos dentro del local.”.

ARTÍCULO 46

Incisos nuevos

30. Del señor Villouta para consultar el siguiente inciso final, nuevo:

“Aquellas personas que a la publicación de esta ley tuvieren un local con patente vigente, podrán transferirla sin cargo de derechos, en un plazo máximo de seis meses.”.

31. De la señora Cristi y del señor Álvarez-Salamanca para consultar el siguiente inciso, nuevo:

“Esta disposición se aplicará a los funcionarios públicos designados en el inciso anterior, que soliciten patentes estando en el ejercicio del cargo.”.

ARTÍCULO 49

Incisos nuevos

32. Del señor Viera-Gallo para consultar el siguiente inciso, nuevo:

“Facúltase a los municipios para fijar el horario de atención de las botillerías en su jurisdicción.”.

33. Del señor Viera-Gallo para consultar el siguiente inciso, nuevo:

“Los supermercados no podrán vender bebidas alcohólicas a menores de 18 años y deberán mantener un recinto especial para el expendio a cargo de un dependiente.”.

34. Del señor Viera-Gallo para consultar el siguiente inciso, nuevo:

“No se podrá cancelar consumos de alcohol en restaurantes con tarjetas de crédito.”.

ARTÍCULO 62

Inciso tercero

35. De los señores Elgueta, Ascencio, Salas, Silva, Seguel y Villouta para agregar a continuación de la expresión “Penal,”, lo siguiente: “y las indemnizaciones civiles causadas por los hechos indicados podrán reclamarse en el mismo proceso, tan pronto como quede ejecutoriado el fallo, conforme a las reglas del juicio sumario, salvo lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.”.

36. De los señores Elgueta, Ascencio, Salas, Silva, Seguel y Villouta para reemplazar el párrafo que comienza con las palabras “, a menos”, por el siguiente, ubicándolo como inciso cuarto:

“Si se causaren lesiones menos graves o graves o se ocasionare la muerte de una o más personas, se aplicarán las normas del Libro II del Código de Procedimiento Penal, con las modificaciones que se mencionan a continuación:”.

37. De los señores Elgueta, Ascencio, Salas, Silva, Seguel y Villouta para sustituir la letra a), por la siguiente:

a) Sólo podrán querellarse el ofendido con el delito y el perjudicado en su caso. No será necesario ratificar la querella, pero el juez podrá tomar declaración al querellante, si así conviniere al esclarecimiento de los hechos.”.

Letras nuevas

38. De los señores Elgueta, Ascencio, Salas, Silva, Seguel y Villouta para agregar, a continuación de la letra f), las siguientes nuevas:

“g) Sólo serán apelables:

1º. Las resoluciones que nieguen la libertad provisional del inculpado o procesado;

2º. El auto de procesamiento;

3º. Las que se refieren a medidas adoptadas por el juez para garantizar la acción civil. En estos casos las apelaciones se concederán siempre en lo devolutivo, sin que puedan entorpecer la marcha del proceso criminal, cualquiera que sea su estado;

4º. La sentencia definitiva;

5º. El sobreseimiento temporal o definitivo.

Las causas en que se ha apelado de las resoluciones mencionadas en los números 2º a 5º de esta regla se pondrán en lugar preferente en la tabla de la semana siguiente a la fecha de su ingreso al tribunal. La Defensa de Alcoholes tendrá la obligación de activar la tramitación de las causas para los efectos del cumplimiento de esta disposición.

En contra de las demás resoluciones, según su naturaleza, sólo podrá deducirse reposición dentro de tercero día.

h) En los plazos establecidos en el artículo 424 del Código de Procedimiento Penal, deberán los querellantes y el delegado de la defensa de alcoholes adherir a la acusación o acusar y los actores civiles presentar su demanda. Dichos plazos tendrán el carácter de comunes para todas estas partes, y correrán hasta el vencimiento del término concedido al último de los notificados.

El plazo de seis días para contestar la acusación y la acción civil será también único y común para todos los procesados y demandados civiles; se aumentará en la forma prevista en el artículo 424 del mismo Código, y correrá desde la última notificación.

El expediente, libros y piezas de convicción permanecerán siempre en Secretaría para su examen por todas las partes.

i) El término probatorio para rendir prueba dentro del departamento será de ocho días y podrá reducirse por acuerdo unánime de las partes.

j) No será necesario, para que el juez les otorgue valor probatorio, el reconocimiento de los instrumentos privados en la forma prevista en el artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, cuando en declaraciones o escritos hubieren sido reconocidos por las personas a quienes puedan perjudicar o de quienes emanen.

Tampoco será necesario, para el mismo efecto, el reconocimiento de los certificados, presupuestos, facturas o constancias expedidos por entidades o personas públicas o privadas, que, a juicio del tribunal, invistan garantías de seriedad, siempre que, no habiendo sido impugnados, puedan ser tenidos como verdaderos.

Lo dicho en este acápite rige también respecto de la prueba de la acción civil.

k) La sentencia definitiva no necesita cumplir con el requisito establecido en el número 3º del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal; pero el juez describirá circunstanciadamente en uno de los considerandos los hechos que se encuentren probados y que constituyan, en su caso, el delito por el cual se aplica la sanción.

l) Los recursos de casación en la forma o en el fondo contra la sentencia de segunda instancia se deducirán, sin necesidad de anuncio, en un escrito al cual se acompañará la consignación correspondiente, en el plazo de 10 días, contados desde la notificación de la sentencia. Si se interponen ambos, se deducirán conjuntamente en el mismo escrito.

En cuanto al recurso de casación en la forma se dirija contra la decisión civil, podrá fundarse en las causales del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, con excepción de las señaladas en los números 10 y 11 y, además, en las causales 4ª., 6ª. y 7a. del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.

m) Serán aplicables a este procedimiento, en cuando su naturaleza lo permita y no se encuentren en contradicción con las disposiciones del presente cuerpo legal, las reglas de los artículos 38, 67, 69, 70, 71, 74, 75 y 76 de la ley Nº 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local.

n) Si el afectado por el daño o lesiones no interpusiere su acción ante el juez del crimen, podrá deducirla ante el juez civil correspondiente y el proceso se tramitará de acuerdo con las reglas del juicio sumario, sin que le sea aplicable lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.”.

ARTÍCULO 63

Inciso primero

39. Del señor Villouta para agregar, reemplazando el punto final (.) por una coma (,), lo siguiente: “si es que corresponde.”.

ARTÍCULO 64

Inciso primero

40. De los señores Elgueta, Ascencio, Salas, Silva y Seguel para suprimir la frase “del 1 de diciembre del año inmediatamente anterior”.

ARTÍCULO 65

Inciso nuevo

41. Del señor Villouta para agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Dichas infracciones deberán constar en un Registro del Departamento o Dirección de Patentes, de conocimiento público, y las personas interesadas en obtener patentes, podrán solicitar un certificado previo a tres días de la fecha de transferencia de una patente de alcoholes.”.

-o-

ARTÍCULOS NUEVOS

42. Del señor Álvarez-Salamanca para consultar el siguiente artículo nuevo.

“Artículo... Agrégase el siguiente inciso final al artículo 121 de la ley Nº 17.105:

“En los casos a que se refiere el inciso primero, el infractor podrá donar a un club de rehabilitación de alcohólicos que tenga personalidad jurídica, una suma no inferior a 3 unidades tributarias mensuales para los fines que la institución persigue y que estará exenta del trámite de insinuación. En tal caso el juez considerará que ocurre la atenuante del artículo 11 Nº 7 del Código Penal.”.”.

43. De los señores Andrés Palma y Seguel para incorporar el siguiente artículo nuevo.

“Artículo...- Prohíbese toda publicidad a bebidas alcohólicas en recintos deportivos y en su exterior hasta una distancia de 100 metros del mismo.

Prohíbese también toda propaganda de bebidas alcohólicas en prendas deportivas utilizadas en competencias públicas.”.

44. De la señora Pollarolo y de los señores Juan Pablo Letelier y Tohá para consultar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- El alcalde podrá autorizar a organizaciones comunitarias la venta y consumo de bebidas alcohólicas en sus locales cuando sea a beneficio de la institución.

Esta autorización deberá ser comunicada oportunamente a Carabineros de su jurisdicción.”.

45. Del señor Orpis para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Todo empleador estará habilitado para aplicar el test de drogas y alcohol entre sus trabajadores.

De resultar positivo el examen al trabajador deberá someterse a un tratamiento de rehabilitación de hasta por seis meses, debiendo el empleador mantenerle su puesto de trabajo mientras dure su rehabilitación.

Si al reingresar a su puesto de trabajo y mientras se mantenga en él, el trabajador nuevamente es detectado bajo los efectos de la droga o el alcohol, será causal suficiente para ponerle término al contrato de trabajo.”.

46. Del señor Villouta para consultar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Los dueños de patentes afectados por algunas de las medidas de caducidad podrán solicitar una patente nueva, no limitada a alguna restricción, y podrán tener preferencia, por una sola vez, ante otros postulantes a ellas, que no les hayan afectado medidas de eliminación.”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

47. De los señores Dupré y Elizalde para incorporar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo...- Otórgase el plazo de un año a partir de la vigencia de esta ley para que los negocios de alcoholes que no cumplan con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 37, procedan a su traslado.”.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY DE ALCOHOLES, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y VINAGRES Y DEROGA EL LIBRO SEGUNDO DE LA LEY Nº 17.105.

BOLETÍN Nº 1192-11 (2)

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Salud pasa a informar, en segundo trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley del rubro, iniciado en moción de los H. Diputados señoras María Angélica Cristi y Martita Wörner, y señores Ribera, don Teodoro; Schaulsohn, don Jorge; Bayo, don Francisco; García, don José; Espina, don Alberto; Cantero, don Carlos; Melero, don Patricio, y Dupré, don Carlos, y con la adhesión de los Diputados señores Bombal, don Carlos, y Martínez, don Rosauro.

Antes de comenzar el estudio en segundo trámite reglamentario, se invitó a representantes de diversas instituciones con objeto de escuchar su opinión en relación con determinadas materias específicas del proyecto. Así es como asistieron el señor Carlos Varas, Presidente del Instituto de Jueces de Policía Local de Chile; la señora Silvia Arancibia, Jefa del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes del Consejo de Defensa del Estado; el Coronel de Carabineros Mario Fuentes, Prefecto de Viña del Mar; el Teniente Coronel de Justicia de Carabineros don Reynaldo Herrera, de la misma Prefectura; la abogada del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación, señora Blanca Yon; don Kenneth Macfarlane, del Instituto Nacional de la Juventud; el Presidente del Consejo de Autorregulación Publicitaria (CONAR), don Christian Chadwick de la Sota.

Durante el despacho de esta iniciativa, se contó con la participación del asesor del Ministerio de Justicia don Carlos López.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131 y 288 del Reglamento de la Corporación, el presente informe recaerá sobre el proyecto de ley aprobado en general por la H. Cámara en sesión de fecha 22 de mayo del año en curso, las indicaciones admitidas a discusión en la Sala y las modificaciones que esta Comisión ha introducido con ocasión de este segundo trámite reglamentario.

En consecuencia, dando cumplimiento al Reglamento, se hace expresa mención de las materias que a continuación se indican:

1.- Artículos que no han sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Se encuentran en esta situación los artículos 1º, 4º, 6º, 7º, 16, que pasa ser 17; 17, que pasa a ser 18; 18, que pasa a ser 19; 19, que pasa a ser 20; 20, que pasa a ser 21; 34, que pasa a ser 33; 38, que pasa a ser 37; 39, que pasa a ser 38; 40, que pasa a ser 39; 43, que pasa a ser 42; 44, que pasa a ser 43; 48, que pasa a ser 47; 50 que pasa a ser 49; 51, que pasa a ser 50; 52, que pasa a ser 51; 53, que pasa a ser 52; 54, que pasa a ser 53; 55, que pasa a ser 54; 56, que pasa a ser 55; 57, que pasa a ser 56; 60, que pasa a ser 58; 66, que pasa a ser 64; 67, que pasa a ser 65; 68, que pasa a ser 66; 69, que pasa a ser 67, y 71, que pasa a ser 69, permanentes, y todos los artículos transitorios.

Cabe hacer presente que, conforme con lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento, los artículos anteriormente citados deberían ser declarados aprobados ipso jure, sin votación.

2.- Artículos que tienen el carácter de orgánico-constitucionales o de quórum calificado.

La Comisión, por la unanimidad de los señores Diputados presentes, estimó que los artículos 12, inciso primero; 29; 34, inciso segundo; 35, inciso segundo; 36, inciso tercero; 41, incisos primero y segundo, y 57 del texto aprobado tienen el carácter de orgánico-constitucionales.

Asimismo, se consideró que no existen normas de quórum calificado.

3.- Artículos suprimidos.

Se encuentran en esta situación las siguientes disposiciones.

“Artículo 23.- Carabineros de Chile podrá someter a una prueba respiratoria u otra no invasiva, destinada a determinar la presencia de alcohol en la sangre o en el organismo, a toda persona que conduzca o se apreste a conducir un vehículo en lugares públicos o abiertos al público.

Si la prueba resultare positiva e indicare que dicha persona se encuentra bajo la influencia del alcohol, los funcionarios policiales podrán prohibirle la conducción por el tiempo que fuere necesario para su recuperación y, además, exigirle que se someta inmediatamente a un examen destinado a determinar su dosificación de alcohol en la sangre. Durante ese término, el afectado deberá permanecer bajo la vigilancia policial, efecto para el cual podrá ser conducido a las unidades de Carabineros, a menos que se allanare a inmovilizar el vehículo por el tiempo fijado o señalare a otra persona para que se hiciere cargo de la conducción.

Se sancionará con multa de dos a cuatro unidades tributarias mensuales y suspensión de licencia de conducir por el término de seis meses a un año al que conduzca un vehículo durante el tiempo de la prohibición.”

“Artículo 25.- Los funcionarios de Carabineros de Chile someterán inmediatamente al detenido a un examen respiratorio a fin de determinar si ha ingerido alcohol. Sólo cuando la prueba respiratoria resulte positiva, el detenido será sometido a un examen tendiente a determinar la dosificación de alcohol en la sangre o en el organismo.

Estos exámenes se verificarán en los laboratorios dependientes del Servicio Médico Legal o en cualquier establecimiento hospitalario expresamente habilitado por dicho Servicio, el que podrá impartir las instrucciones que deberán ser cumplidas por todas las reparticiones indicadas, aun cuando ellas no dependan de este Servicio. El responsable del establecimiento arbitrará todas las medidas necesarias para que los exámenes a que se refiere este inciso se efectúen en forma expedita y para que los funcionarios de Carabineros empleen el menor tiempo posible en la custodia de los detenidos que requieran la práctica de estos exámenes.

El personal de los servicios aludidos estará obligado a practicar igual examen al particular que voluntariamente lo solicite.

La circunstancia de negarse el detenido a dichos exámenes será apreciada por el juez como una presunción a la que podrá dar valor suficiente para establecer la embriaguez del acusado. En la práctica de estos exámenes, deberá ser desechable el material que tenga contacto con el examinado.

Este examen tendrá mérito probatorio suficiente para establecer la dosificación de alcohol en la sangre o en el organismo. El funcionario que lo practique estará exento de la obligación de prestar juramento y no requerirá nombramiento especial. El informe contendrá la firma de la persona que lo haya efectuado y la visación del jefe respectivo.

El detenido será siempre puesto a disposición del juez, quien no podrá decretar su excarcelación sino una vez que le haya tomado declaración indagatoria, previo pago en efectivo de la fianza que el tribunal fije.”

“Artículo 26.- El funcionario municipal que, a sabiendas, otorgue o conceda permiso, autorización o licencia para conducir vehículos a cualquiera persona impedida por alguna de las sanciones a que se refieren los artículos precedentes, será penado con una multa de seis a diez unidades tributarias mensuales y suspensión del cargo, sin goce de remuneraciones, por el término de un mes y, en caso de reincidencia, con el doble de la multa y la destitución de su cargo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 de la ley Nº 18.290.”

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La Comisión acordó suprimir los artículos anteriormente mencionados en atención a que las materias en ellos contenidas serán reguladas por la ley Nº 18.290, de Tránsito.

4.- Artículos modificados.

La Comisión ha modificado las disposiciones que se señalan a continuación, cuyo texto se reproduce en la parte pertinente, para facilitar su comprensión.

Artículo 2º, inciso segundo.

“El que infrinja esta norma será detenido por personal de Carabineros de Chile y, previa comprobación de su identidad o domicilio, deberá ser dejado en libertad por el jefe de la unidad policial correspondiente, quedando obligado a comparecer al juzgado de policía local competente, a primera audiencia.”

Se aprobó, por unanimidad, una indicación de los Diputados señora Cristi y señores Aguiló, Masferrer, Ojeda, Palma, don Joaquín; Valcarce y Zambrano, para reemplazar el inciso segundo por los siguientes incisos:

“El que infrinja esta norma será detenido por personal de Carabineros de Chile y, previa comprobación de su identidad y pago de una caución, deberá ser dejado en libertad por el personal de guardia que adopte el procedimiento.

En caso de no poder pagar la caución, será dejado en libertad una vez comprobada su identidad y domicilio.

En todo caso, el infractor quedará obligado a comparecer al juzgado de policía local competente, a primera audiencia.”

La indicación tuvo su fundamento en la proposición de Carabineros relativa a mantener el pago de la caución para que el detenido fuera dejado en libertad, ya que la comprobación del domicilio resulta muy engorrosa y distrae al personal de funciones más relevantes. En atención a ello y para asegurar la comparecencia del inculpado, se estableció acreditar la identidad y sólo en aquellos casos en que no se pagare la caución se comprobará, además, el domicilio.

Artículo 3º.

“Artículo 3º.- Toda persona que se encontrare en manifiesto estado de ebriedad en lugares públicos o abiertos al público será detenida por personal de Carabineros de Chile y deberá permanecer en la unidad policial el tiempo necesario para su recuperación. Con posterioridad, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior, será dejada en libertad por el jefe de la unidad policial, quedando citada a primera audiencia al juzgado de policía local competente.

En caso de no poder comprobarse el domicilio o la identidad, será puesta a la brevedad a disposición del mismo juzgado.”

En el inciso primero, se acordó reemplazar la frase “jefe de la unidad policial” por “personal de guardia que adopte el procedimiento”, y su inciso segundo se acordó suprimirlo, en razón del reemplazo del inciso segundo del artículo 2º.

Las dos modificaciones introducidas fueron aprobadas por unanimidad.

Artículo 5º, inciso segundo.

“Los servicios de asistencia pública y los establecimientos hospitalarios deberán prestar atención a las personas que se encuentren en los casos de este artículo y que les sean enviadas por las autoridades judiciales y policiales.”

Se suprimió este inciso, por unanimidad, a indicación de los Diputados señores Tohá y Walker, en atención a que existe la obligación legal por parte de los servicios asistenciales de prestar la atención que se solicite.

Artículo 8º, inciso segundo.

“El costo del programa o de la hospitalización, en su caso, deberá ser pagado por el infractor o su sistema de salud, cuando corresponda. Tratándose de menores de edad o de quienes se encuentren sometidos a las curadurías establecidas en los artículos 456 y siguientes y 469 y siguientes del Código Civil, dichos costos deberán ser pagados por sus respectivos guardadores.”

Se aprobó, por unanimidad, una indicación de los señores Elgueta, Ascencio, Seguel y Salas, con modificaciones, con objeto de agregar, después de la palabra “guardadores”, la expresión “o representantes legales”.

Artículo 9º, inciso final.

“Para los efectos de determinar la reincidencia, se considerarán las infracciones cometidas en los últimos doce meses anteriores a la que dio lugar al juicio.”

Por unanimidad, se aprobó una indicación de los Diputados los señores Elgueta, Ascencio, Seguel, Villouta, Salas y Silva, para insertar, a continuación de la palabra “cometidas”, la expresión “y sancionadas por sentencia firme”.

Se hizo presente que la indicación perfecciona el texto de la disposición por cuanto la dictación de la sentencia constituye un hecho cierto y es en ella donde se establece la veracidad de la infracción.

Artículo 11.

“Artículo 11.- El cónyuge y los hijos menores de una persona que en los últimos doce meses haya sido condenada más de una vez por ebriedad, y que vivan a sus expensas, tendrán derecho a percibir una pensión de alimentos provisoria para su mantenimiento, equivalente al 50% de los ingresos del infractor, hasta que el juez respectivo determine su monto definitivo conforme a la ley.”

Se aprobó, por unanimidad, una indicación que reemplaza las palabras “equivalente al” por la expresión “de hasta el”, con objeto establecer concordancia con la norma del artículo 26, número 3, de la ley de Menores, dejando expresamente establecido que la pensión de alimentos provisoria podrá ser de hasta el 50% de los ingresos del infractor.

Artículo 13, incisos segundo y tercero.

“Un reglamento establecerá la forma como estas empresas concretarán dichos programas.

En todo caso, la publicidad deberá incluir un mensaje que alerte sobre los peligros del consumo excesivo de bebidas alcohólicas.”

Se aprobó, por unanimidad, una indicación para suprimir el inciso segundo.

Asimismo, se aprobó por la misma votación y con modificaciones, la indicación de las Diputadas señoras Wörner, Pollarolo y señorita Saa y de los Diputados señores Tohá, Muñoz, Arancibia; Letelier, don Juan Pablo, y Navarro, para reemplazar el inciso tercero, que pasa a ser segundo, por el siguiente:

"Los envases de bebidas alcohólicas que se comercialicen en el país y toda acción publicitaria de los mismos, cualquiera que sea la forma o el medio en que se realice, deberán contener un mensaje que alerte sobre los peligros del consumo excesivo de bebidas alcohólicas.”

Se fundamentó su aprobación en el hecho de que su contenido es más amplio que el propuesto originalmente en el proyecto. Cabe hacer presente que la indicación original sugería, además, que se estableciera una precisa advertencia acerca de los riesgos específicos que para la salud del hijo en gestación implica el consumo de bebidas alcohólicas por parte de mujeres embarazadas, materia que fue desechada, en atención que la prevención debe hacerse de manera general.

Artículo 15, que pasa a ser 16, inciso segundo.

“De manera similar, los establecimientos de salud del sector privado, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicos y de otras instituciones no dependientes del Estado, deberán contar con programas y recursos que permitan el adecuado tratamiento y rehabilitación de bebedores problema y alcohólicos.”

Sin debate, se aprobó, por unanimidad, una indicación de la Diputada señora Cristi y de los Diputados señores Bayo, Masferrer y Melero, para sustituir el inciso segundo por el siguiente:

“De manera similar, los establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad deberán contar con programas que permitan el adecuado tratamiento y rehabilitación de bebedores problemas y alcohólicos para su personal en servicio activo y en retiro.”

Artículo 21, que pasa a ser 22.

“Artículo 21.- Los programas o planes de prevención y rehabilitación de alcohólicos se financiarán con los recursos previstos en el artículo 70 de esta ley, sin perjuicio de los demás recursos que el fisco destine para estos efectos."

Sin mayor debate, se aprobó, por unanimidad, una indicación de la Diputada señora Cristi y de los Diputados señores Bayo, Masferrer y Melero, para agregar el siguiente inciso segundo:

“Podrán participar en los mencionados programas las personas jurídicas de derecho privado mencionadas en el inciso final del artículo 16, debidamente calificadas, para lo cual deberán presentar los respectivos proyectos a los Servicios de Salud encargados de impartirlos en la comuna de su domicilio.”

Artículo 22, que pasa a ser 23.

“Artículo 22.- Se prohíbe el desempeño o la conducción de un vehículo en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol.”

La indicación de los Diputados señores Elgueta, Ascencio, Salas, Seguel, Silva y Villouta, que tenía por objeto reemplazar el primer párrafo del inciso cuarto del artículo 24, fue aprobada, por unanimidad, con modificaciones de los Diputados señores Aguiló y Walker, como inciso segundo de este artículo y es del siguiente tenor:

"Existirá estado de ebriedad cuando el informe de alcoholemia o el resultado de otra prueba no invasiva arroje una dosificación igual o superior a 0,8 gramo por mil de alcohol en la sangre o en el organismo."

Asimismo, se aprobó, por unanimidad, una indicación de la Diputada señora Cristi y de los Diputados señores Aguiló y González, para agregar el siguiente inciso tercero:

“Se entenderá que una persona se encuentra bajo la influencia del alcohol cuando el informe de alcoholemia o el resultado de otra prueba no invasiva arroje una dosificación superior a 0,5 e inferior a 0,8 gramo por mil de alcohol en la sangre.”

Las indicaciones tienen por objeto señalar en esta disposición lo que se entenderá por estado de ebriedad y bajo la influencia del alcohol para los efectos de este Título.

Artículo 24.

“Artículo 24.- Todo conductor de vehículo o de cualquier medio de transporte y controlador de tránsito que se desempeñe o conduzca en estado de ebriedad, será castigado con presidio menor en su grado mínimo y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales, aunque no cause daño o sólo cause daños materiales o lesiones leves. Se reputarán leves todas las lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor de diez días.

Si, a consecuencia del desempeño o conducción en estado de ebriedad, se causaren lesiones menos graves o graves, la pena será de presidio menor en su grado medio y multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales.

Si resultare la muerte de una o más personas, se impondrán al culpable las penas de presidio menor en su grado máximo y multa de ocho a veinte unidades tributarias mensuales.

Habrá desempeño o conducción en estado de ebriedad cuando el informe de alcoholemia o el examen de ella arroje una dosificación igual o superior 0,8 gramo por mil de alcohol en la sangre o en el organismo. Se entenderá, asimismo, que hay desempeño o conducción en estado de ebriedad cuando el ebrio sea sorprendido en circunstancias que hagan presumir que se apresta a conducir o a desempeñarse en ese estado o que acaba de hacerlo, presunción que admitirá prueba en contrario.

La circunstancia de huir del lugar donde se hubiere cometido alguno de los delitos a que se refiere este artículo será apreciada por el juez como una presunción que podrá ser suficiente para establecer la culpabilidad del imputado.

En los delitos previstos en el inciso primero, se aplicará como pena accesoria el retiro o la suspensión del permiso o autorización para conducir vehículos por el término de seis meses a un año; de uno a dos años, si se causaren lesiones menos graves o graves, y de dos a cuatro años, si resultare la muerte. En caso de reincidencia, los plazos máximos señalados en este inciso se elevarán al doble, debiendo el juez decretar el retiro definitivo del permiso cuando estime que la conducción de vehículos por parte del infractor ofrece peligro para el tránsito o la seguridad pública.

Las medidas indicadas en el inciso precedente no podrán ser suspendidas; pero, tratándose del retiro definitivo, el juez podrá, después de transcurrido el tiempo requerido para la prescripción de la pena principal, alzar la prohibición de conducción cuando nuevos antecedentes así lo justifiquen.”

Se aprobó, por unanimidad, una indicación de los Diputados señores Aguiló, Bayo, González y Zambrano, para intercalar, a continuación del inciso tercero, el siguiente inciso:

“El tribunal podrá ordenar el examen para detectar la presencia de alcohol en el organismo de la víctima de lesiones o de muerte, si lo estimare imprescindible para determinar la responsabilidad del conductor.”

Se fundamentó en el hecho de que se consideró importante conocer el estado de temperancia de la víctima de un accidente, a fin de determinar con mayor precisión la responsabilidad del conductor.

Cabe hacer presente que se aprobó, por unanimidad, una indicación para suprimir el inciso cuarto, como consecuencia de haberse aprobado, a su vez, una indicación sobre esta materia, como inciso segundo del artículo 23.

Artículo 27, que pasa a ser 26, inciso primero.

“Artículo 27.- Todos los establecimientos que expendan, proporcionen, distribuyan o mantengan bebidas alcohólicas, estarán sujetos a la vigilancia e inspección de Carabineros de Chile, de los inspectores municipales o fiscales y del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes.”

Por unanimidad, se aprobó una indicación de la Diputada señora Cristi al inciso primero, para suprimir la expresión “y del Departamento de Defensa de la ley de Alcoholes”, en atención a que se hizo presente en el seno de la Comisión, por representantes de ese organismo, que no estarían en condiciones de asumir las funciones de fiscalización de los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, ya que no se especifican las facultades que se les están otorgando.

Artículo 28, que pasa a ser 27, letras C, E, G, H y Ñ.

Artículo 28.- Todos los establecimientos de bebidas alcohólicas quedarán clasificados dentro de las siguientes categorías y tendrán las características que se señalan:

C) RESTAURANTES DIURNOS O NOCTURNOS, sin derecho a baile, a representaciones o espectáculos, con expendio de bebidas alcohólicas a los clientes que concurran a ingerir alimentos preparados,

E) CANTINAS, BARES Y TABERNAS, con expendio de bebidas alcohólicas y venta de alimentos fríos.

G) QUINTAS DE RECREO O SERVICIOS AL AUTO, que reúnan las condiciones de bar, restaurante y cabaré, pero con playa de estacionamiento de automóviles para sus clientes, jardines y arboledas.

H) SUPERMERCADOS O MINIMERCADOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, que funcionarán anexos a supermercados de comestibles y en los cuales se podrá expender bebidas alcohólicas envasadas al por mayor o al detalle, para ser consumidas fuera del local de venta.

Ñ) SALONES DE TÉ O CAFETERÍAS, en los que se permitirá también el expendio de cerveza, de sidra y de vino, siempre que vengan envasados de origen en unidades de una capacidad máxima de 300 cc.

Se aprobó, por unanimidad, una indicación de la Diputada señora Cristi y de los Diputados señores Bayo, Masferrer y Melero, para modificar las siguientes letras:

C) Suprimir la frase “sin derecho a baile, a representación o espectáculos”.

E) Reemplazar la frase “alimentos fríos” por “comida rápida”.

G) Suprimir la frase “jardines y arboledas”.

H) Agregar, a continuación de la palabra “venta” la frase “sus dependencias y estacionamientos”.

Ñ) Suprimir la frase “de origen en unidades de una capacidad máxima de 300 cc.”

La indicación tiene por objeto actualizar la norma, suprimiendo la referencia que se hace a exigencias ya superadas por los hechos.

Artículo 29, que pasa a ser 28, inciso primero.

“Artículo 29.- Los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas clasificados en el artículo anterior que se indican tendrán el siguiente horario de venta:”

Se aprobó, por unanimidad, una indicación de la Diputada señora Cristi y de los Diputados señores Bayo, Masferrer y Melero, al inciso primero, para suprimir la frase “que expendan bebidas alcohólicas” y agregar, después de la palabra “venta”, la frase “de bebidas alcohólicas”.

La indicación tiene por objeto señalar que las restricciones horarias dicen relación al expendio de bebidas alcohólicas y, por lo tanto, los establecimientos que, a su vez, vendan otros productos pueden seguir funcionando, pero sólo para la venta de ellos.

Artículo 31, que pasa a ser 30.

“Artículo 31.- Las municipalidades sólo podrán otorgar patentes para el expendio de bebidas alcohólicas en la parte urbana de las comunas.

No obstante, podrá autorizarse este expendio en la parte rural, siempre que el establecimiento esté ubicado con frente a un camino público y a una distancia no menor de cien ni mayor de mil metros de una tenencia o retén de Carabineros.

En los pueblos y aldeas cuya población no sea superior a 2.000 habitantes, sólo podrá otorgarse patente a los establecimientos situados en la calle principal y que se encuentren a una distancia no inferior a ciento cincuenta ni superior a quinientos metros de los mencionados cuarteles.

En los pueblos, aldeas y localidades rurales donde no hubiere ninguna tenencia o retén de Carabineros, se autorizará el establecimiento de un local de expendio de bebidas alcohólicas siempre y cuando se encuentre frente a un camino público con accesibilidad para su fiscalización y control.”

Sin mayor debate, se aprobó, por unanimidad, una indicación de la Diputada señora Cristi y de los Diputados señores Bayo, Masferrer y Melero, para agregar el siguiente inciso final:

“Lo dispuesto en el presente artículo no regirá respecto de los establecimientos clasificados en las letras a), b) y c) de la letra I) del artículo 27.”.

Artículo 32, que pasa a ser 31.

“Artículo 32.- Los establecimientos con expendio de cerveza podrán vender también sidras de frutas, siempre que el grado alcohólico de éstas no sea superior al de la cerveza o al del vino y vengan envasadas de origen en unidades de una capacidad máxima de 300 cc.”

Con objeto de hacer concordante esta disposición con lo aprobado en la letra Ñ) del artículo 27, se suprimió, por unanimidad, la siguiente frase final: “de origen en unidades de una capacidad máxima de 300 cc”.

Artículo 33, que pasa a ser 32, inciso cuarto.

“El infractor de esta disposición sufrirá una multa de diez unidades tributarias mensuales, que se aumentarán a veinte, si persistiere.”

Por unanimidad, se aprobó una indicación la Diputada señora Cristi y de los Diputados señores Álvarez-Salamanca, Bayo, Masferrer y Melero, para sustituir el punto final (.) por un punto seguido (.) y agregar el siguiente párrafo: "Si, aplicada la segunda multa, el infractor no pagare la patente que lo habilita para expender bebidas alcohólicas, será sancionado con la clausura definitiva del establecimiento y con la caducidad de la patente."

Se dijo que con la indicación se pretende sancionar en forma precisa y drástica el no pago de una patente estableciéndose que, si no se paga en un año, se clausura el establecimiento y caduca la patente.

Artículo 41, que pasa a ser 40, inciso primero.

“Artículo 41.- Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en las vías, plazas y paseos públicos; en los teatros, circos y demás centros y lugares de espectáculo o diversiones públicas, con excepción de aquellos lugares que cuenten con locales debidamente autorizados.”

Se aprobó, por mayoría de votos, una indicación de la Diputada señora Cristi y de los Diputados señores Aguiló, Bayo y Ojeda, al inciso primero, para agregar, a continuación de la palabra “circos”, la frase “minimercados situados en estaciones de servicio”.

Artículo 42, que pasa a ser 41, incisos primero y segundo.

“Artículo 42.- El Intendente regional, por razones de interés público y previo informe del Alcalde respectivo, podrá limitar o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en las comunas o localidades en que lo estime conveniente.

Asimismo, se podrá prohibir la existencia de establecimientos de bebidas alcohólicas en sectores destinados a grupos habitacionales o en los alrededores de las estaciones de ferrocarriles, mataderos, mercados u otros.”

Se aprobaron, por unanimidad, dos indicaciones del Diputado señor Villouta.

Al inciso primero, para sustituir el punto final (.) por una coma (,) y agregar lo siguiente: "por un plazo no superior a un año y por resolución fundada."

Al inciso segundo, para agregar, a continuación de la palabra "ferrocarriles,", lo frase "terminales de buses,".

Asimismo, se aprobó, por unanimidad, intercalar, en el inciso segundo, entre los vocablos “de” y “bebidas” la palabra “expendio”.

Artículo 45, que pasa a ser 44, inciso segundo.

“No están comprendidos en esta prohibición los mensajeros, ascensoristas, porteros, ayudantes de garzón, ayudantes de cocina, encargados de aseo y otros que, en razón de sus ocupaciones, no intervengan en el expendio de bebidas alcohólicas.”

Se aprobó, por unanimidad, una indicación de los Diputados señores Aguiló, Ojeda, Palma, don Joaquín; Valcarce y Zambrano, para agregar, después de la palabra “aseo”, la frase “, estudiantes en práctica”.

Artículo 47, que pasa a ser 46, inciso primero.

“Artículo 47.- A los clubes, centros o círculos sociales con personalidad jurídica sólo podrá otorgárseles patente para el expendio de bebidas alcohólicas con informe anual favorable de la respectiva prefectura de Carabineros de Chile.”

Por unanimidad, se aprobó una indicación de los Diputados señores Ojeda y Valcarce, al inciso primero, para suprimir las palabras “sólo” y “anual favorable”.

Se dijo que, las expresiones mencionadas no eran necesarias y que al suprimirlas se cumplía cabalmente con la finalidad de la norma.

Artículo 58 y 59, que pasan a ser 57.

“Artículo 58.- De las infracciones previstas en esta ley conocerán, en primera instancia, los jueces de policía local.”

“Artículo 59.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el juez del crimen que sea competente conocerá del delito establecido en el articulo 24.”

Los Diputados señora Cristi y señores Girardi, Walker; Palma, don Andrés; Tohá, Ojeda y Aguiló, formularon indicación para refundir los artículos 58 y 59 y reemplazar su texto por el siguiente:

“Artículo 57.- De las infracciones previstas en esta ley conocerán, en primera instancia, los jueces de policía local. Si no existiere juez abogado, conocerá el juez de policía local abogado más cercano, en los términos que se contemplan en los artículos 6º y 14 de la ley Nº 15.231.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el juez del crimen que sea competente conocerá de los delitos establecidos en el articulo 24.”

La indicación fue aprobada por unanimidad, dado que, por una parte, el refundir las dos disposiciones otorga mayor claridad y precisión a esta norma y, por la otra, se acoge una sugerencia del Instituto de Jueces de Policía Local, en orden a establecer que, en aquellos casos en que no exista juez abogado, conocerá el juez de policía local abogado más cercano.

Artículo 61, que pasa a ser 59, inciso segundo.

“En caso de que el inculpado reconociere ante el tribunal su participación en los hechos denunciados y se allanare a la sanción que el mismo tribunal le advirtiere que establece la ley para estos casos, se dictará sentencia definitiva de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno.”

Se aprobó, por unanimidad, una indicación del Diputado señor Ojeda, para intercalar, en el inciso segundo, entre las palabras “casos” y “se”, la frase “se aplicará a éste la pena inmediatamente inferior a la que corresponda y”, con objeto de premiar la actitud favorable del denunciado, beneficiándolo con una pena inferior a la que le correspondería.

Artículo 62, que pasa a ser 60.

“Artículo 62.- Si el inculpado negare los cargos que se le formulan, el juez lo dejará citado para una determinada audiencia, otorgándole la libertad provisional si procediere esta medida con arreglo a la ley.

Los delegados y abogados del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes figurarán en las causas como parte, sin necesidad de formular querella.

En lo demás, se seguirán las reglas sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, salvo en el caso de las infracciones previstas en el articulo 24, las que se tramitarán de acuerdo con las reglas establecidas en el Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Penal, a menos que se causaren lesiones menos graves o graves o se ocasionare la muerte de una o más personas, casos en los cuales se aplicarán las normas del Libro Segundo del mencionado Código, con las modificaciones que se mencionan a continuación:

a) Las indemnizaciones civiles causadas por los hechos indicados podrán reclamarse en el mismo proceso, tan pronto como quede ejecutoriado el fallo conforme a las reglas del juicio sumario.

b) No podrán acumularse estas causas sino con aquéllas en las que se investiguen otros delitos sancionados en el artículo 24 o cuasidelitos cometidos con ocasión de los mismos hechos. Las causas acumuladas se tramitarán por el procedimiento señalado en este artículo cuando comprendan sólo los delitos sancionados por desempeño en estado de ebriedad.

c) El sumario será público, salvo que el juez, por razones fundadas, determine que deben mantenerse en secreto las actuaciones que se practiquen. La duración del secreto del sumario no podrá exceder de veinte días. El Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes podrá siempre imponerse de las actuaciones del proceso

d) El juez deberá recabar el extracto de filiación y antecedentes del detenido y el certificado de las anotaciones que consten en el Registro Nacional de Conductores, una vez que el imputado preste la declaración indagatoria.

Ordenará, asimismo, la retención del carné, permiso o autorización que lo habilite para conducir, el que no será devuelto hasta que, basado en antecedentes calificados del proceso, el juez estime que de la conducción no se derivará ningún peligro para la seguridad de las personas o para el tránsito público. En ningún caso, este beneficio podrá otorgarse al reincidente.

e) Cuando el tribunal lo estime suficiente, podrá solicitar el dictamen de un solo perito sobre cualquiera de los puntos comprendidos en la investigación, el que deberá expedirlo verbalmente mediante una declaración en la causa, o por escrito, según lo determine el juez. El tribunal podrá dar valor de plena prueba a dicho informe.

f) Si, como consecuencia del manejo en estado de ebriedad, resultaren lesiones menos graves o graves o la muerte de alguna persona, las autoridades policiales procederán a poner el vehículo a disposición del tribunal, salvo que esté destinado a un servicio del Estado, a la locomoción colectiva o a servicios municipales de utilidad pública.

Cuando existieren presunciones fundadas de culpabilidad, el juez podrá ordenar la retención judicial del vehículo hasta que se caucionen las responsabilidades civiles.”

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Después de un extenso debate, se concluyó en la conveniencia de que, para agilizar los procesos derivados de las infracciones al artículo 24, debía readecuarse el artículo 60 en comento, manteniendo vigente el procedimiento establecido en la ley Nº 17.105, toda vez que parece ser más expedito que el procedimiento del juicio ordinario sobre crimen o simple delito que este artículo proponía.

Para tal efecto, se aprobaron las siguientes indicaciones de los Diputados señores Elgueta, Ascencio, Salas, Silva, Seguel y Villouta:

1) Por unanimidad, para agregar, en el inciso tercero, a continuación del vocablo "Penal,", lo siguiente: "y las indemnizaciones civiles causadas por los hechos indicados podrán reclamarse en el mismo proceso, tan pronto como quede ejecutoriado el fallo, conforme a las reglas del juicio sumario, salvo lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.".

2) Por unanimidad, para suprimir, en el mismo inciso, el párrafo que comienza con las palabras ", a menos", y agregar el siguiente inciso cuarto, nuevo:

"Si se causaren lesiones menos graves o graves o se ocasionare la muerte de una o más personas, se aplicarán las normas del Libro Segundo del Código de Procedimiento Penal, con las modificaciones que se mencionan a continuación:".

3) Por mayoría de votos, para sustituir la letra a) por la siguiente:

a) Sólo podrán querellarse el ofendido con el delito y el perjudicado, en su caso. No será necesario ratificar la querella, pero el juez podrá tomar declaración al querellante, si así conviniere al esclarecimiento de los hechos.".

4) Por mayoría de votos, del Diputado señor Walker, a la letra f), para eliminar la expresión “a la locomoción colectiva”.

5) Por unanimidad, de los Diputados señores Elgueta, Ascencio, Salas, Silva, Seguel y Villouta, para agregar, a continuación de la letra f), las siguientes letras nuevas:

"g) Sólo serán apelables:

1º. Las resoluciones que nieguen la libertad provisional del inculpado o procesado;

2º. El auto de procesamiento;

3º. Las que se refieren a medidas adoptadas por el juez para garantizar la acción civil. En estos casos, las apelaciones se concederán siempre en lo devolutivo, sin que puedan entorpecer la marcha del proceso criminal, cualquiera que sea su estado;

4º. La sentencia definitiva;

5º. El sobreseimiento temporal o definitivo.

Las causas en que se haya apelado de las resoluciones mencionadas en los números 2º a 5º de esta regla se pondrán en lugar preferente en la tabla de la semana siguiente a la fecha de su ingreso al tribunal. El Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes tendrá la obligación de activar la tramitación de las causas para los efectos del cumplimiento de esta disposición.

En contra de las demás resoluciones, según su naturaleza, sólo podrá deducirse reposición dentro de tercero día.

h) En los plazos establecidos en el artículo 425 del Código de Procedimiento Penal, deberán los querellantes y el delegado del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes adherir a la acusación o acusar y los actores civiles presentar su demanda. Dichos plazos tendrán el carácter de comunes para todas estas partes y correrán hasta el vencimiento del término concedido al último de los notificados.

El plazo de diez días para contestar la acusación y la acción civil será también único y común para todos los procesados y demandados civiles; se aumentará en la forma prevista en el artículo 425 del mismo Código, y correrá desde la última notificación.

El expediente, libros y piezas de convicción permanecerán siempre en secretaría para su examen por todas las partes.

i) El término probatorio para rendir prueba dentro de la comuna asiento del tribunal será de diez días y podrá reducirse por acuerdo unánime de las partes.

j) No será necesario, para que el juez les otorgue valor probatorio, el reconocimiento de los instrumentos privados en la forma prevista en el artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, cuando en declaraciones o escritos hubieren sido reconocidos por las personas a quienes puedan perjudicar o de quienes emanen.

Tampoco será necesario, para el mismo efecto, el reconocimiento de los certificados, presupuestos, facturas o constancias expedidos por entidades o personas públicas o privadas que, a juicio del tribunal, invistan garantías de seriedad, siempre que, no habiendo sido impugnados, puedan ser tenidos como verdaderos.

Lo dicho en este acápite rige también respecto de la prueba de la acción civil.

k) La sentencia definitiva no necesita cumplir con el requisito establecido en el número 3º del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal; pero el juez describirá circunstanciadamente en uno de los considerandos los hechos que se encuentren probados y que constituyan, en su caso, el delito por el cual se aplica la sanción.

l) Los recursos de casación en la forma o en el fondo contra la sentencia de segunda instancia se deducirán, sin necesidad de anuncio, en un escrito al cual se acompañará la consignación correspondiente, en el plazo de diez días, contados desde la notificación de la sentencia. Si se interponen ambos, se deducirán conjuntamente en el mismo escrito.

En cuanto el recurso de casación en la forma se dirija contra la decisión civil, podrá fundarse en las causales del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, con excepción de las señaladas en los números 10 y 11 y, además, en las causales 4ª, 6ª y 7ª del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.

m) Si el afectado por el daño o lesiones no interpusiere su acción ante el juez del crimen, podrá deducirla ante el juez civil correspondiente y el proceso se tramitará de acuerdo con las reglas del juicio sumario, sin que le sea aplicable lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.".

Artículo 64, que pasa a ser 62, inciso primero.

“Artículo 64.- Para los efectos de determinar el equivalente en pesos de las multas que establece esta ley, se estará al valor de la unidad tributaria mensual del 1 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de su pago efectivo.”

Sin debate, se aprobó, por unanimidad, una indicación de los Diputados señores Elgueta, Ascencio, Salas, Silva y Seguel, para suprimir la frase "del 1 de diciembre del año inmediatamente anterior".

Artículo 70, que pasa a ser 68, inciso primero.

“Artículo 70.- Los abogados y delegados del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes percibirán, por sus actuaciones en las causas por infracción de las disposiciones de esta ley, un honorario único equivalente al 10% del total de las sumas que ingresen por concepto de multas, honorario que se pagará mensualmente al interesado por la tesorería respectiva.”

Se aprobó, por unanimidad, una indicación del Diputado señor Ojeda para suprimir las palabras “abogados y”, toda vez que estos profesionales son funcionarios públicos y, por ende, no tienen derecho al honorario establecido en este inciso.

5.- Artículos nuevos.

La Comisión aprobó como artículos nuevos, los siguientes:

Artículo 14.

Se aprobó, por mayoría de votos, una indicación de los Diputados señores Andrés Palma y Seguel para incorporar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 14.- Prohíbese toda publicidad a bebidas alcohólicas en recintos deportivos y en su exterior hasta una distancia de 100 metros de los mismos.

Prohíbese también toda propaganda de bebidas alcohólicas en prendas deportivas utilizadas en competencias públicas."

No obstante argumentarse que esta materia debía ser analizada con ocasión del estudio de una ley de deportes, la mayoría de los integrantes de la Comisión estimaron, en definitiva, que debía aprobarse la norma propuesta, toda vez que el consumo de bebidas alcohólicas está reñido con la actividad deportiva y que el problema del financiamiento de ésta debería ser enfrentado en forma diferente.

Se señaló, además, que la disposición apuntaba directamente contra el consumo de alcohol, siendo inconveniente que los deportistas, quienes deben ser ejemplo para la juventud, incentiven el consumo haciendo publicidad a las bebidas alcohólicas.

Artículo 25.

Se aprobó, por mayoría de votos, una indicación de los Diputados señores Walker, Aguiló y Valcarce, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo 25.- En los casos contemplados en el artículo 190 de la ley Nº 18.290, los exámenes podrán practicarse en los lugares allí señalados o en cualquier establecimiento hospitalario expresamente habilitado por el Servicio Médico Legal, el que podrá impartir las instrucciones que deberán ser cumplidas por todas las reparticiones indicadas, aun cuando ellas no dependan de este Servicio. El responsable del establecimiento arbitrará todas las medidas necesarias para que dichos exámenes se efectúen en forma expedita y para que los funcionarios de Carabineros empleen el menor tiempo posible en la custodia de los detenidos que requieran la práctica de los mismos.”

La inclusión de este artículo tiene por objeto dejar expresamente señalado que, además, de la asistencia pública, hospital o posta de primeros auxilios de los Servicios de Salud, como lo dispone el artículo 190 de la ley Nº 18.290, se podrán practicar los exámenes destinados a establecer la presencia de alcohol en el organismo en los establecimientos hospitalarios expresamente habilitados por el Servicio Médico Legal.

6.- Artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

Los artículos 16, 22 y 68 se encuentran en esta situación.

7.- Indicaciones rechazadas por la Comisión.

La Comisión rechazó las siguientes indicaciones:

Al artículo 2º.

1. De los Diputados señores Elgueta, Ascencio, Silva, Salas, Seguel y Villouta, al inciso primero, para sustituir las palabras iniciales "No se permitirá" por "Se prohíbe".

2. De los Diputados señores Elgueta, Ascencio, Silva, Salas, Seguel y Villouta, al inciso segundo, para intercalar, a continuación de la palabra "identidad", lo siguiente: "por su carné o cualquier otro documento que permita establecerla".

Al artículo 10.

1. De los Diputados señora Cristi y señor Álvarez-Salamanca, para agregar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

"Los menores de edad que sean sorprendidos adquiriendo bebidas alcohólicas serán detenidos por personal de Carabineros de Chile y, previa comprobación de su identidad o domicilio, serán citados para que, acompañados de cualquiera de sus padres o guardadores, comparezcan a primera audiencia ante el juzgado de policía local competente.

La infracción de lo dispuesto en el inciso anterior será sancionada con una amonestación."

2. De los Diputados señora Cristi y señores Bayo, Masferrer y Melero, para agregar los siguientes incisos segundo y tercero:

“Los menores de edad que sean sorprendidos adquiriendo bebidas alcohólicos serán detenidos por personal de Carabineros de Chile y, previa comprobación de su identidad por su carné o cualquier otro documento que permita establecerla, deberán ser dejados en libertad por el jefe de la unidad policial correspondiente, quedando obligados a comparecer al juzgado competente, a primera audiencia, acompañados de cualquiera de sus padres, guardadores o representantes legales.

El juez sancionará al infractor con una amonestación, si se tratare de una primera infracción. En caso de reincidencia, se le aplicará una multa de un séptimo de una unidad tributaria mensual.”

Al artículo 11.

De los Diputados señores Cornejo, Ascencio, Reyes y Martínez, don Gutemberg, para suprimirlo.

Al artículo 12.

1. Del Diputado señor Orpis, al inciso primero, para colocar, a continuación del vocablo "alcohol", las palabras "y drogas."

2. De los Diputados señora Cristi y señores Álvarez-Salamanca, Bayo, Masferrer y Melero, al inciso segundo, para eliminar la expresión "y del Instituto Nacional de la Juventud".

Al artículo 14, que pasa a ser 15.

1. Del Diputado señor Orpis, al inciso primero, para agregar, a continuación del vocablo "alcohol", las palabras "y drogas.".

2. Del Diputado señor Orpis, al inciso segundo, para reemplazarlo por el siguiente:

"En toda empresa y servicio público o privado deberán implementarse programas de prevención de drogas y alcohol.".

Al artículo 15, que pasa a ser 16.

De los Diputados señora Cristi y señor Álvarez-Salamanca, al inciso segundo para sustituirlo por el siguiente:

"De manera similar, los establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad deberán contar con programas y recursos que permitan el adecuado tratamiento y rehabilitación de bebedores problema y alcohólicos para sus afiliados."

Al artículo 21, que pasa a ser 22.

De los Diputados señores Elgueta, Ascencio, Salas, Seguel, Silva, Ojeda y Villouta, para reemplazar el punto aparte (.) por una coma (,) y agregar lo siguiente: "pudiendo ser ejecutados asimismo por las personas jurídicas de derecho privado a que se refiere el inciso final del artículo 15, para lo cual deberán presentar los respectivos proyectos."

Al artículo 24.

1. De los Diputados señores Elgueta y Villouta, para intercalar el siguiente inciso, a continuación del tercero:

"El tribunal podrá ordenar el examen de la dosificación de la sangre en la víctima de lesiones y de muerte, si lo estimare imprescindible para determinar la responsabilidad del conductor."

2. Del Diputado señor Arancibia, para intercalar, a continuación del inciso cuarto, el siguiente, nuevo:

"Se presume de derecho, para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, que la eliminación de alcohol en el organismo representa un descenso de alcoholemia de cero coma diez gramos por mil por hora, debiendo, en consecuencia, agregarse al resultado del examen de alcoholemia y en forma proporcional dicha cantidad, atendido el tiempo transcurrido entre la hora de ocurrencia de los hechos o de la detención, según correspondiere, y la hora de la toma de la muestra de sangre."

3. Del Diputado señor Navarro, al inciso final, para sustituirlo por los siguientes:

"Las medidas indicadas en el inciso precedente no podrán ser suspendidas y al término de la pena principal la licencia sólo podrá ser restituida si se certifica médicamente que el afectado no ha tenido ingesta alcohólica durante todo el tiempo de suspensión del permiso de conducir.

Tratándose del retiro definitivo, el juez podrá alzar la prohibición de conducir con igual exigencia, más los nuevos antecedentes que así lo justifiquen."

4. Del Diputado señor Álvarez-Salamanca, para contemplar el siguiente inciso final:

"En los casos a que se refiere el inciso primero, el infractor podrá donar a un club de rehabilitación de alcohólicos que tenga personalidad jurídica una suma no inferior a tres unidades tributarias mensuales para los fines que la institución persigue y que estará exenta del trámite de insinuación. En tal caso, el juez considerará que ocurre la atenuante del artículo 11, Nº 7, del Código Penal.".

Al artículo 27, que pasa a ser 26.

1. Del Diputado señor Viera-Gallo, al inciso cuarto, para suprimirlo.

2. De los Diputados señora Cristi y de los señores Bayo, Masferrer y Melero, para agregar el siguiente inciso final:

“Facúltase al personal de Carabineros de Chile para que ante informaciones fundadas de que en una propiedad se expenden clandestinamente bebidas alcohólicas, proceda a ingresar y allanar dicha propiedad, levantando acta de todo lo obrado.”

Al artículo 29, que pasa a ser 28.

Del Diputado señor Villouta, al inciso final, para intercalar entre los vocablos "deberán" y "aislar", la expresión "tener la implementación necesaria para".

Al artículo 30, que pasa a ser 29.

De los Diputados señora Cristi y de los señores Bayo, Masferrer y Melero, para suprimirlo.

Al artículo 31, que pasa a ser 30.

Del Diputado señor Villouta, al inciso segundo, para agregar, a continuación de las palabras "frente a", la frase "la carretera longitudinal y de un expedito control o".

Al artículo 35, que pasa a ser 34.

Del Diputado señor Letelier, Juan Pablo, para suprimir el inciso segundo.

Al artículo 36, que pasa a ser 35.

Del Diputado señor Villouta, para agregar, a continuación del guarismo "28", la expresión "de cada una de ellas”.

Al artículo 37, que pasa a ser 36.

Del Diputado señor Villouta, al inciso segundo, para agregar, a continuación de la palabra "garitas", lo siguiente: ", estaciones ferroviarias que tengan servicios regulares de pasajeros".

Al artículo 41, que pasa a ser 40.

Del Diputado señor Viera-Gallo, al inciso primero, para agregar, a continuación de la palabra "circos", la frase ", mercados situados en estaciones de servicio y operados por éstas".

Al artículo 45, que pasa a ser 44.

Del Diputado señor Villouta, al inciso primero, para agregar, después de la palabra "alcohólicas", reemplazando el punto final (.) por una coma (,), lo que sigue: "para ser consumidos dentro del local.".

Al artículo 46, que pasa a ser 45.

1. Del Diputado señor Villouta para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

"Aquellas personas que a la publicación de esta ley tuvieren un local con patente vigente, podrán transferirla sin cargo de derechos, en un plazo máximo de seis meses."

2. De los Diputados señora Cristi y señor Álvarez-Salamanca, para contemplar el siguiente inciso, nuevo:

"Esta disposición se aplicará a los funcionarios públicos designados en el inciso anterior que soliciten patentes estando en el ejercicio del cargo."

3. De los Diputados señora Cristi y señores Bayo, Masferrer y Melero, para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“Esta disposición se aplicará a las personas señaladas en los números 1º, 2º y 5º del inciso anterior, que soliciten patentes estando en el ejercicio de su cargo.”

Al artículo 49, que pasa a ser 48.

1. Del Diputado señor Viera-Gallo, para incluir los siguientes incisos, nuevos:

"Los supermercados no podrán vender bebidas alcohólicas a menores de 18 años y deberán mantener un recinto especial para el expendio a cargo de un dependiente."

"No se podrá cancelar consumos de alcohol en restaurantes con tarjetas de crédito."

Al artículo 63, que pasa a ser 61.

Del Diputado señor Villouta, al inciso primero, para agregar, reemplazando el punto final (.) por una coma (,), lo siguiente: "si es que corresponde."

Artículos nuevos, rechazados.

1. Del Diputado señor Orpis para agregar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo...- Todo empleador estará habilitado para aplicar el test de drogas y alcohol entre sus trabajadores.

De resultar positivo el examen, el trabajador deberá someterse a un tratamiento de rehabilitación de hasta por seis meses, debiendo el empleador mantenerle su puesto de trabajo mientras dure su rehabilitación.

Si al reingresar a su puesto de trabajo y mientras se mantenga en él, el trabajador nuevamente es detectado bajo los efectos de la droga o el alcohol, ello será causal suficiente para ponerle término al contrato de trabajo."

2. Del Diputado señor Villouta, para agregar el siguiente artículo, nuevo:

"Artículo...- Los dueños de patentes afectados por algunas de las medidas de caducidad podrán solicitar una patente nueva, no limitada a alguna restricción, y podrán tener preferencia, por una sola vez, ante otros postulantes a ellas, a los que no les hayan afectado medidas de eliminación."

3. De los Diputados señores Dupré y Elizalde para incorporar el siguiente artículo, nuevo:

"Artículo...- Otórgase el plazo de un año, a partir de la vigencia de esta ley, para que los establecimiento de alcoholes que no cumplan con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 37 procedan a su traslado."

4. De los Diputados señora Cristi y señores Bayo, Masferrer y Melero, para introducir el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo....- No se permitirá en ningún caso la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos educacionales.”

5. De la Diputada señora Cristi, para agregar el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo ....- El conductor de un vehículo en cuyo interior se sorprendan envases de bebidas alcohólicas cuyos sellos o seguros hayan sido rotos o violados, será sancionado con multa de una a tres unidades tributarias mensuales.”

Indicaciones declaradas inadmisibles.

Se declararon inadmisibles las siguientes indicaciones:

Al artículo 49, que pasa a ser 50.

Del señor Viera-Gallo para incluir el siguiente inciso, nuevo:

"Facúltase a los municipios para fijar el horario de atención de las botillerías en su jurisdicción."

Al artículo 65, que pasa a ser 63.

Del señor Villouta, para agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:

"Dichas infracciones deberán constar en un Registro del Departamento o Dirección de Patentes, de conocimiento público, y las personas interesadas en obtener patentes podrán solicitar un certificado previo a tres días de la fecha de transferencia de una patente de alcoholes.".

Artículo nuevo, declarado inadmisible.

De los Diputados señora Pollarolo y señores Letelier, don Juan Pablo, y Tohá para incorporar el siguiente artículo, nuevo:

"Artículo...- El alcalde podrá autorizar a organizaciones comunitarias la venta y consumo de bebidas alcohólicas en sus locales cuando sea a beneficio de la institución.

Esta autorización deberá ser comunicada oportunamente a Carabineros de su jurisdicción."

8.- Disposiciones que el proyecto modifica o deroga.

Deroga el Libro Segundo de la ley Nº 17.105.

ºººººº

En mérito de lo expuesto y por las consideraciones que en su oportunidad dará a conocer la señora Diputada Informante, la Comisión de Salud recomienda a la H. Cámara la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Serán reguladas por esta ley la penalidad de la ebriedad; del desempeño y conducción en estado de ebriedad; del expendio y consumo abusivo de bebidas alcohólicas; la clasificación de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas y el otorgamiento de las patentes; el procedimiento judicial aplicable a la transgresión de dichas disposiciones y las sanciones pecuniarias correspondientes; y las normas que promuevan la prevención del alcoholismo y la rehabilitación de los alcohólicos.

TÍTULO I

DE LA PENALIDAD DE LA EBRIEDAD

Artículo 2º.- No se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en calles, plazas y demás lugares públicos o abiertos al público, salvo en los señalados en el Título IV que cuenten con la autorización o patente respectiva.

El que infrinja esta norma será detenido por personal de Carabineros de Chile y, previa comprobación de su identidad y pago de una caución, deberá ser dejado en libertad por el personal de guardia que adopte el procedimiento.

En caso de no poder pagar la caución, será dejado en libertad una vez comprobada su identidad y domicilio.

En todo caso, el infractor quedará obligado a comparecer al juzgado de policía local competente, a primera audiencia.

Si no se pudiere comprobar su identidad y domicilio, será puesto a la brevedad posible a disposición del mismo juzgado.

Artículo 3º.- Toda persona que se encontrare en manifiesto estado de ebriedad en lugares públicos o abiertos al público será detenida por personal de Carabineros de Chile y deberá permanecer en la unidad policial el tiempo necesario para su recuperación. Con posterioridad, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior, será dejada en libertad por el personal de guardia que adopte el procedimiento, quedando citada a primera audiencia al juzgado de policía local competente.

Artículo 4º.- En el caso del artículo 2º, el juez sancionará al infractor con una multa de hasta un cuarto de unidad tributaria mensual.

En el caso del artículo 3º, lo sancionará con una multa de hasta media unidad tributaria mensual.

Artículo 5º.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, si el jefe de la unidad policial aprehensora o el juez, en su caso, constataren que la detención del presunto ebrio se ha debido a un error, causado por padecer éste de alguna patología como epilepsia, trastorno mental u otra, lo pondrá en libertad de inmediato y, si fuere necesario, tomará las medidas del caso para que reciba la atención médica correspondiente, dejando las constancias pertinentes.

Artículo 6º.- Al menor de dieciocho años que fuere sorprendido bebiendo en lugares públicos y al que se encontrare en manifiesto estado de ebriedad en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 3º, se le aplicarán las disposiciones de la ley Nº 16.618.

Artículo 7º.- La persona que hubiere sido condenada por ebriedad dos veces en los últimos doce meses, deberá asistir, por orden del juez, a alguno de los programas educativos y de prevención que impartan las municipalidades, los servicios de salud o las instituciones dedicadas a la prevención de los efectos nocivos del alcohol.

Artículo 8º.- La persona que hubiere sido condenada por ebriedad más de dos veces en los últimos doce meses, por resolución judicial, deberá participar en un programa de tratamiento para bebedores problemas y alcohólicos, por el período que señale el juez, previo informe médico, ya sea en forma ambulatoria u hospitalizada, sin perjuicio de que cumpla con las otras sanciones que le sean aplicadas.

El costo del programa o de la hospitalización, en su caso, deberá ser pagado por el infractor o su sistema de salud, cuando corresponda. Tratándose de menores de edad o de quienes se encuentren sometidos a las curadurías establecidas en los artículos 456 y siguientes y 469 y siguientes del Código Civil, dichos costos deberán ser pagados por sus respectivos guardadores o representantes legales.

Los programas educativos y de prevención a que se refiere el artículo 7º y los programas de tratamiento a que se refiere el inciso primero de este artículo deberán contar con la certificación de idoneidad impartida por los Servicios de Salud.

Artículo 9º.- Los dueños, empresarios, administradores o empleados de los establecimientos de bebidas alcohólicas clasificados en el artículo 27 que vendan, proporcionen o suministren bebidas alcohólicas a menores de edad, serán sancionados con una multa de tres a diez unidades tributarias mensuales.

No rige lo señalado en el inciso precedente en el caso de menores que se encontraren acompañados de sus padres o de sus representantes legales en los establecimientos clasificados en las letras B, C e I del artículo 27.

En la misma pena establecida en el inciso primero incurrirán los que admitan a ebrios en el lugar de la venta o sus dependencias, los que permitan a sus consumidores beber hasta embriagarse y los que toleren que se provoquen escándalos o desórdenes dentro de sus establecimientos.

Los que reincidan en las infracciones de los incisos primero y tercero de este artículo serán sancionados con el doble de la multa aplicada a la primera infracción. La tercera transgresión de esta disposición se sancionará con la clausura definitiva del establecimiento.

Para los efectos de determinar la reincidencia, se considerarán las infracciones cometidas y sancionadas por sentencia firme en los últimos doce meses anteriores a la que dio lugar al juicio.

Artículo 10.- Los dueños, empresarios, administradores o empleados de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, indicados en el artículo anterior, deberán exigir la cédula de identidad a sus consumidores que aparentemente tengan menos de dieciocho años.

Artículo 11.- El cónyuge y los hijos menores de una persona que en los últimos doce meses haya sido condenada más de una vez por ebriedad, y que vivan a sus expensas, tendrán derecho a percibir una pensión de alimentos provisoria para su mantenimiento, de hasta el 50% de los ingresos del infractor, en tanto que el juez respectivo determine su monto definitivo conforme a la ley.

TÍTULO II

DE LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

Artículo 12.- En todos los establecimientos educacionales del país, de enseñanza preescolar, básica, media y diferencial, se implementarán programas educativos, en cada uno de los años de estudio, orientados a la formación de vida saludable y al desarrollo de factores protectores contra el abuso del alcohol.

En estos programas participará la comunidad escolar en su conjunto, incluidos los profesores, alumnos, administrativos, padres y apoderados. El desarrollo de estos programas será parte del plan de actividades de cada establecimiento educacional. El Ministerio de Educación entregará las orientaciones y supervisará la implementación de dichos programas. Estas orientaciones deberán considerar la participación del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de la Juventud.

Artículo 13.- Las empresas que promuevan la colocación de bebidas alcohólicas en el mercado deberán participar en los programas de prevención del alcoholismo, incluyendo mensajes destinados a tal efecto en la publicidad que difundan a través de los medios de comunicación social.

Los envases de bebidas alcohólicas que se comercialicen en el país y toda acción publicitaria de los mismos, cualquiera que sea la forma o el medio en que se realice, deberán contener un mensaje que alerte sobre los peligros del consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

Artículo 14.- Prohíbese toda publicidad a bebidas alcohólicas en recintos deportivos y en su exterior hasta una distancia de 100 metros de los mismos.

Prohíbese también toda propaganda de bebidas alcohólicas en prendas deportivas utilizadas en competencias públicas.

Artículo 15.- Con objeto de facilitar el cumplimiento de los programas educativos descritos en el artículo 12, el Ministerio de Educación determinará los materiales educativos que se utilizarán para ese fin, proporcionará los medios necesarios para que se cuente con ellos en los establecimientos educacionales de menores recursos y organizará cursos de capacitación de profesores que permitan disponer de docentes especializados en la prevención del abuso en el consumo del alcohol.

Una comisión interministerial, compuesta por representantes de los Ministerios de Educación, de Salud y de Trabajo y Previsión Social, estará encargada de implementar y fomentar programas de prevención de abuso de bebidas alcohólicas para ser impartidos en empresas, servicios públicos y municipalidades, y de arbitrar las medidas y efectuar los estudios necesarios para evaluar sus resultados.

Artículo 16.- En todos los Servicios de Salud del país deberán existir programas de tratamiento y rehabilitación para bebedores problemas y alcohólicos. Estos programas incluirán plazas de hospitalización, consulta externa especializada y tratamiento ambulatorio en todos los establecimientos de salud de nivel primario, sean dependientes de los municipios o de los Servicios de Salud.

De manera similar, los establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, deberán contar con programas que permitan el adecuado tratamiento y rehabilitación de bebedores problemas y alcohólicos para su personal en servicio activo y en retiro.

En estos programas podrán participar organizaciones de la comunidad que faciliten la rehabilitación de las personas que abusan del alcohol, tales como los clubes rehabilitadores de alcohólicos, Alcohólicos Anónimos y otros.

Artículo 17.- A dichos programas deberán asistir las personas condenadas por ebriedad a quienes la ley imponga un tratamiento médico y las personas que lo soliciten.

Artículo 18.- El cónyuge o el padre o la madre de familia que habitualmente se encontrare bajo la influencia del alcohol, de modo que no le sea posible administrar correctamente sus negocios o sustentar a su cónyuge e hijos, podrá ser internado en hospitales que cuenten con programas de tratamiento para bebedores problemas y alcohólicos, a petición de cualquiera de los miembros mayores de su familia.

El juez procederá, con conocimiento de causa, breve y sumariamente, oyendo personalmente al interesado y a sus parientes, previo informe médico que constate la circunstancia de que se trata de un alcohólico y precise la duración que deba darse al tratamiento. Contra la resolución judicial que se dicte sólo procederá el recurso de apelación.

El menor sometido a tutela o curaduría podrá ser internado a petición del tutor o curador en conformidad a las disposiciones del inciso precedente.

Cualquiera de los miembros del grupo familiar podrá solicitar que a la persona que se encuentre de ordinario bajo los efectos del alcohol y que maltrate habitualmente de obra o de palabra a alguno de los componentes del grupo le sean aplicables todas o algunas de las medidas establecidas en el artículo 7º de la ley Nº 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar.

El juez procederá en la forma establecida en el inciso segundo de este artículo, debiendo precisar la duración de las medidas indicadas precedentemente. En caso de reincidencia, éstas se podrán prolongar por el tiempo que el tribunal estime necesario.

Si el agresor fuere un menor, el juez deberá indicar, en la resolución correspondiente, la institución u hogar de menores que deberá recibirlo por el tiempo que duren las medidas adoptadas por el tribunal.

Artículo 19.- En los programas de tratamiento y rehabilitación para bebedores problemas y alcohólicos, deberán establecerse actividades especiales para los menores de dieciocho años.

Artículo 20.- Antes de terminar el período de la hospitalización, la dirección del hospital enviará a la autoridad que la haya decretado o a la familia del paciente un informe sobre el resultado del tratamiento. Si éste no hubiere dado resultados, el juez podrá prolongar la duración del mismo por el tiempo necesario.

Artículo 21.- A petición de cualquiera de los miembros de la familia del paciente, podrá nombrársele un curador por el tiempo que dure la hospitalización. Los demás tendrán por curador al director del hospital.

Artículo 22.- Los programas o planes de prevención y rehabilitación de alcohólicos se financiarán con los recursos previstos en el artículo 68 de esta ley, sin perjuicio de los demás recursos que el fisco destine para estos efectos.

Podrán participar en los mencionados programas las personas jurídicas de derecho privado mencionadas en el inciso final del artículo 16, debidamente calificadas, para lo cual deberán presentar los respectivos proyectos a los Servicios de Salud encargados de impartirlos en la comuna de su domicilio.

TÍTULO III

DEL DESEMPEÑO Y CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD

Artículo 23.- Se prohíbe el desempeño o la conducción de un vehículo en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol.

Existirá estado de ebriedad cuando el informe de alcoholemia o el resultado de otra prueba no invasiva arroje una dosificación igual o superior a 0,8 gramo por mil de alcohol en la sangre o en el organismo.

Se entenderá que una persona se encuentra bajo la influencia del alcohol cuando el informe de alcoholemia o el resultado de otra prueba no invasiva arroje una dosificación superior a 0,5 e inferior a 0,8 gramo por mil de alcohol en la sangre.

Artículo 24.- Todo conductor de vehículo o de cualquier medio de transporte y controlador de tránsito que se desempeñe o conduzca en estado de ebriedad, será castigado con presidio menor en su grado mínimo y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales, aunque no cause daño o sólo cause daños materiales o lesiones leves. Se reputarán leves todas las lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor de diez días.

Si, a consecuencia del desempeño o conducción en estado de ebriedad, se causaren lesiones menos graves o graves, la pena será de presidio menor en su grado medio y multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales.

Si resultare la muerte de una o más personas, se impondrán al culpable las penas de presidio menor en su grado máximo y multa de ocho a veinte unidades tributarias mensuales.

El tribunal podrá ordenar el examen para detectar la presencia de alcohol en el organismo de las víctimas de lesiones o de muerte, si lo estimare imprescindible para determinar la responsabilidad del conductor.

La circunstancia de huir del lugar donde se hubiere cometido alguno de los delitos a que se refiere este artículo será apreciada por el juez como una presunción que podrá ser suficiente para establecer la culpabilidad del imputado.

En los delitos previstos en el inciso primero, se aplicará como pena accesoria el retiro o la suspensión del permiso o autorización para conducir vehículos por el término de seis meses a un año; de uno a dos años, si se causaren lesiones menos graves o graves, y de dos a cuatro años, si resultare la muerte. En caso de reincidencia, los plazos máximos señalados en este inciso se elevarán al doble, debiendo el juez decretar el retiro definitivo del permiso cuando estime que la conducción de vehículos por parte del infractor ofrece peligro para el tránsito o la seguridad pública.

Las medidas indicadas en el inciso precedente no podrán ser suspendidas; pero, tratándose del retiro definitivo, el juez podrá, después de transcurrido el tiempo requerido para la prescripción de la pena principal, alzar la prohibición de conducción cuando nuevos antecedentes así lo justifiquen.

Artículo 25.- En los casos contemplados en el artículo 190 de la ley Nº 18.290, los exámenes podrán practicarse en los lugares allí señalados o en cualquier establecimiento hospitalario expresamente habilitado por el Servicio Médico Legal, el que podrá impartir las instrucciones que deberán ser cumplidas por todas las reparticiones indicadas, aun cuando ellas no dependan de este Servicio. El responsable del establecimiento arbitrará todas las medidas necesarias para que dichos exámenes se efectúen en forma expedita y para que los funcionarios de Carabineros empleen el menor tiempo posible en la custodia de los detenidos que requieran la práctica de los mismos.

TÍTULO IV

DEL EXPENDIO Y DE LAS PATENTES

Artículo 26.- Todos los establecimientos que expendan, proporcionen, distribuyan o mantengan bebidas alcohólicas, estarán sujetos a la vigilancia e inspección de Carabineros de Chile, de los inspectores municipales o fiscales.

Los dueños, empresarios o administradores de estos establecimientos, o cualesquiera personas que estorben o impidan la entrada de los mencionados funcionarios incurrirán en la pena señalada en el artículo 52.

La inspección podrá practicarse, en caso de resistencia, con el auxilio de la fuerza pública.

En la misma multa incurrirán las personas indicadas en el inciso segundo si no tuvieren cédula de identidad o se negaren a exhibirla. En estos casos, esas personas serán detenidas y puestas a disposición del juzgado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los tribunales competentes podrán decretar el allanamiento de propiedades particulares para fiscalizar el cumplimiento de esta ley.

Si de los antecedentes proporcionados se desprenden indicios de que en la propiedad cuyo registro se solicita se venden, proporcionan o distribuyen clandestinamente bebidas alcohólicas, el juez requerido deberá decretar de inmediato tal diligencia, la que deberá llevarse a efecto con el auxilio de la fuerza pública, a más tardar dentro de las veinticuatro horas desde que se formuló la petición respectiva.

Artículo 27.- Todos los establecimientos de bebidas alcohólicas quedarán clasificados dentro de las siguientes categorías y tendrán las características que se señalan:

A) DEPÓSITOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, para ser consumidas fuera del local de venta o de sus dependencias.

B) HOTELES, ANEXOS DE HOTELES, CASAS DE PENSIÓN O RESIDENCIALES:

a) Hotel y anexo de hotel, en el que se preste servicio de hospedaje y alimentación. El expendio deberá realizarse en las dependencias destinadas para tales efectos;

b) Casas de pensión o residenciales, que proporcionen alojamiento y comida, principalmente por meses. El expendio se hará exclusivamente a los alojados, en las horas de almuerzo o de comida y sólo en los comedores.

C) RESTAURANTES DIURNOS O NOCTURNOS, con expendio de bebidas alcohólicas a los clientes que concurran a ingerir alimentos preparados.

D) CABARÉS O PEÑAS FOLCLÓRICAS:

a) Cabarés, con espectáculos artísticos y expendio de bebidas alcohólicas;

b) Peñas folclóricas, destinadas a difundir el folclore nacional, con venta de bebidas alcohólicas.

E) CANTINAS, BARES Y TABERNAS, con expendio de bebidas alcohólicas y venta de comida rápida.

F) ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE CERVEZA O SIDRA DE FRUTAS, que podrán funcionar en forma aislada o junto a pastelerías, fuentes de soda u otros análogos.

G) QUINTAS DE RECREO O SERVICIOS AL AUTO, que reúnan las condiciones de bar, restaurante y cabaré, pero con playa de estacionamiento de automóviles para sus clientes.

H) SUPERMERCADOS O MINIMERCADOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, que funcionarán anexos a supermercados de comestibles y en los cuales se podrá expender bebidas alcohólicas envasadas al por mayor o al detalle, para ser consumidas fuera del local de venta, sus dependencias y estacionamientos.

I) HOTELES, MOTELES, HOSTERÍAS O RESTAURANTES DE TURISMO:

a) Hotel de turismo, en que se presta al turista servicio de hospedaje, sin perjuicio de otros servicios complementarios, y que comprende las patentes de hotel, restaurante, cantina y cabaré;

b) Hostería de turismo, en la que se presta al turista servicio de hospedaje y alimentación, con expendio de bebidas alcohólicas;

c) Motel de turismo, en el que se proporciona servicio de hospedaje en unidades habitacionales independientes o aisladas entre sí, dotadas de elementos que permitan la preparación de comidas;

d) Restaurante de turismo, que comprende las patentes de restaurante, cantina y cabaré.

J) BODEGAS ELABORADORAS O DISTRIBUIDORAS DE VINOS, LICORES O CERVEZA QUE EXPENDAN AL POR MAYOR, en cantidades no inferiores a 200 litros, si se trata de venta a granel, o de 48 botellas, si la venta es de bebidas envasadas.

K) CASAS IMPORTADORAS DE VINOS O LICORES CON VENTA AL POR MAYOR, destinadas a la venta al por mayor de vinos y licores importados.

L) AGENCIAS DE VIÑAS O DE INDUSTRIAS DE LICORES ESTABLECIDAS FUERA DE LA COMUNA, que vendan, por intermedio de comisionistas o de corredores, vinos o licores en representación y por cuenta de una o más viñas o de una o más fábricas de licores o de ambas, siempre que éstas se encuentren ubicadas fuera de la comuna donde el agente ejerce su actividad.

M) CÍRCULOS O CLUBES SOCIALES CON PERSONALIDAD JURÍDICA, con expendio de bebidas alcohólicas y alimentos.

N) INSTITUCIONES DE CARÁCTER DEPORTIVO O CULTURAL, siempre que tengan patente de restaurante.

Ñ) SALONES DE TÉ O CAFETERÍAS, en los que se permitirá también el expendio de cerveza, de sidra y de vino, siempre que vengan envasados.

O) SALONES DE BAILE O DISCOTECAS, en los cuales sólo se permitirá baile con música grabada u orquestas, sin representaciones con números en vivo.

Artículo 28.- Los establecimientos clasificados en el artículo anterior que se indican tendrán el siguiente horario de venta de bebidas alcohólicas:

Restaurantes diurnos y salones de té o cafeterías: de 12:00 a 23:00 horas.

Restaurantes nocturnos, cabarés, peñas folclóricas, discotecas y salones de baile: de 19:00 a 04:00 horas.

Cantinas, bares, tabernas, quintas de recreo y servicios al auto: de 12:00 a 24:00 horas.

Establecimientos de venta de bebidas alcohólicas envasadas para ser consumidas fuera del local: de 09:00 a 24:00 horas.

Bodegas elaboradoras o distribuidoras de vinos, licores o cervezas o casas importadoras de vinos y licores que expendan al por mayor, y agencias de viñas o de industrias de licores: de 09:00 a 20:00 horas.

Los supermercados, almacenes y establecimientos afines que expendan bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del local, deberán aislar el área de estos productos para dar cumplimiento a la disposición horaria antes señalada, pudiendo continuar con el funcionamiento del resto del local, si así lo desean.

Artículo 29.- Las patentes para hoteles, moteles, hosterías o restaurantes de turismo sólo podrán otorgarse a los establecimientos declarados necesarios para el turismo por el intendente regional, previa solicitud del alcalde, con acuerdo del concejo.

A petición del alcalde, con acuerdo del concejo, se derogará la declaración de establecimiento necesario para el turismo cuando cualquier negocio de los señalados precedentemente no cumpla con los fines turísticos que fundamentaron tal declaración.

Artículo 30.- Las municipalidades sólo podrán otorgar patentes para el expendio de bebidas alcohólicas en la parte urbana de las comunas.

No obstante, podrá autorizarse este expendio en la parte rural, siempre que el establecimiento esté ubicado con frente a un camino público y a una distancia no menor de cien ni mayor de mil metros de una tenencia o retén de Carabineros.

En los pueblos y aldeas cuya población no sea superior a 2.000 habitantes, sólo podrá otorgarse patente a los establecimientos situados en la calle principal y que se encuentren a una distancia no inferior a ciento cincuenta ni superior a quinientos metros de los mencionados cuarteles.

En los pueblos, aldeas y localidades rurales donde no hubiere ninguna tenencia o retén de Carabineros, se autorizará el establecimiento de un local de expendio de bebidas alcohólicas siempre y cuando se encuentre frente a un camino público con accesibilidad para su fiscalización y control.

Lo dispuesto en el presente artículo no regirá respecto de los establecimientos clasificados en las letra a), b) y c) de la letra I) del artículo 27.

Artículo 31.- Los establecimientos con expendio de cerveza podrán vender también sidras de frutas, siempre que el grado alcohólico de éstas no sea superior al de la cerveza o al del vino y vengan envasadas.

Artículo 32.- Las patentes se concederán en conformidad con las disposiciones de la ley de Rentas Municipales, sin perjuicio de las modificaciones contenidas en esta ley.

El valor de las patentes deberá ser pagado por semestres anticipados, en los meses de enero y julio de cada año.

Los establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas no podrán funcionar sin que hayan pagado previamente la patente que corresponda, ni podrán continuar funcionando sin tenerla al día, salvo que este hecho no fuere imputable al deudor y lo probare documentalmente.

El infractor de esta disposición sufrirá una multa de diez unidades tributarias mensuales, que se aumentarán a veinte, si persistiere. Si, aplicada la segunda multa, el infractor no pagare la patente que lo habilita para expender bebidas alcohólicas, será sancionado con la clausura definitiva del establecimiento y con la caducidad de la patente.

Artículo 33.- Las municipalidades podrán otorgar a un mismo establecimiento sólo una patente para el expendio de bebidas alcohólicas, aunque se consideren en ella distintas categorías. El monto de dicha patente será la suma de todas ellas. El concesionario sólo quedará autorizado para hacer funcionar durante los días y horas de clausura el negocio o los negocios comprendidos dentro del mismo establecimiento no afectos a esta medida.

Artículo 34.- En las ciudades balnearios y lugares de turismo, cuya población no sea superior a 50.000 habitantes, las municipalidades podrán otorgar patentes temporales para hoteles y casas de pensión en un número que no exceda del 20% de las concedidas anualmente para esos establecimientos de funcionamiento permanente.

El intendente regional, previo informe del alcalde respectivo, determinará las ciudades balnearios y lugares de turismo en los cuales las municipalidades podrán otorgar patentes temporales.

Artículo 35.- En cada comuna, las patentes indicadas en las letras A, E y F del artículo 27 no podrán exceder, en ningún caso, la proporción de un establecimiento por cada 1.000 habitantes.

El número de patentes limitadas en cada comuna será fijado cada tres años por el intendente regional, previo informe del alcalde, con acuerdo del concejo, tomando como base el número de habitantes que señale el Instituto Nacional de Estadísticas y distribuidas dentro de las diversas categorías señaladas en el inciso anterior.

Artículo 36.- Las municipalidades determinarán, en sus respectivos planos reguladores, o a través de ordenanzas municipales, las zonas de su territorio en las que podrán instalarse cantinas, bares o tabernas, cabarés y locales de expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del respectivo local.

No obstante lo anterior, se prohíbe la existencia de cantinas, bares o tabernas, cabarés, botillerías y locales de expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del respectivo local, a menos de doscientos metros de los establecimientos de educación, salud, cárceles, cuarteles de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, establecimientos industriales, garitas y terminales de las líneas de recorridos de los servicios de locomoción colectiva y estaciones de servicio que atiendan vehículos particulares o de locomoción colectiva.

Los negocios que, después de establecidos, resultaren afectados por esta disposición, sólo podrán seguir funcionando siempre que el juez, de oficio o a petición de parte, y con informe previo del alcalde, con acuerdo del concejo, califique las circunstancias que hagan aconsejable su funcionamiento. El tribunal deberá determinar las condiciones y el plazo, el que no podrá ser inferior a un año. No se renovará la patente de los negocios en que ésta haya caducado o que hubieren sido clausurados.

Artículo 37.- Las bodegas clasificadas en la letra J) del artículo 27 no podrán distribuir bebidas alcohólicas en los días y horas en que se prohíbe su expendio, salvo que se trate de trasladar dichos productos para embarques o desembarques.

Artículo 38.- Todos los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas, a excepción de hoteles, casas de pensión y residenciales, deberán funcionar separados de la casa habitación del comerciante o de la de cualquier otra persona.

Artículo 39.- Las bebidas alcohólicas expendidas por los depósitos de bebidas no podrán ser consumidas en lugares anexos a ellos o ubicados a una distancia menor de cien metros y de los cuales sea propietario, arrendatario o administrador el dueño del respectivo establecimiento, con excepción de aquellos locales que cuenten con la patente correspondiente.

Artículo 40.- Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en las vías, plazas y paseos públicos; en los teatros, circos, minimercados situados en estaciones de servicios y demás centros y lugares de espectáculo o diversiones públicas, con excepción de aquellos lugares que cuenten con locales debidamente autorizados.

No se entenderá prohibida por este artículo la entrega o reparto de bebidas alcohólicas a los establecimientos de expendio en los caminos públicos o vecinales.

No podrá autorizarse el expendio de bebidas alcohólicas en campos o recintos destinados a espectáculos deportivos.

En los espectáculos de fútbol profesional que el intendente regional califique de alto riesgo para la seguridad pública, decretará la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas en un perímetro máximo de cinco cuadras, medida que regirá desde tres horas antes del inicio del evento hasta tres horas después de su finalización.

Los establecimientos afectados serán notificados de esta resolución por inspectores municipales o por Carabineros de Chile, con veinticuatro horas de anticipación a la entrada en vigencia de la misma.

En los días de Fiestas Patrias, las municipalidades podrán otorgar una autorización especial transitoria, por tres días como máximo, para que en los lugares de uso público u otros que determinen, se establezcan fondas o locales donde podrán expenderse y consumirse bebidas alcohólicas. La municipalidad correspondiente podrá cobrar a los beneficiarios los derechos que estime conveniente.

Artículo 41.- El intendente regional, por razones de interés público y previo informe del alcalde respectivo, podrá limitar o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en las comunas o localidades en que lo estime conveniente, por un plazo no superior a un año y por resolución fundada.

Asimismo, se podrá prohibir la existencia de establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas en sectores destinados a grupos habitacionales o en los alrededores de las estaciones de ferrocarriles, terminales de buses, mataderos, mercados u otros.

Las personas que introduzcan, expendan o mantengan existencias de bebidas alcohólicas en una zona declarada seca, serán detenidas y puestas a disposición del juzgado respectivo, y no podrán ser dejadas en libertad sino mediante el otorgamiento de una fianza no inferior al mínimo de la multa que deba aplicarse. Cada infracción será penada, además, con multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales y el comiso de las bebidas alcohólicas.

Artículo 42.- En las comunas en que se efectúe una elección popular, no podrán funcionar el día de la elección los establecimientos mencionados en el inciso segundo del artículo 116 de la ley 18.700.

La contravención de este artículo será sancionada, además, con prisión inconmutable de veintiuno a sesenta días, multa de cinco unidades tributarias mensuales y comiso de las bebidas.

Artículo 43.- En el exterior de todo establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas, se escribirá en letras perfectamente visibles la frase: “Expendio de bebidas alcohólicas”. Además, se especificará la clasificación del establecimiento.

La patente deberá fijarse en un lugar visible para el público en el interior del establecimiento.

Artículo 44.- Se prohíbe el trabajo a los menores de dieciocho años en los lugares en que se expendan bebidas alcohólicas.

No están comprendidos en esta prohibición los mensajeros, ascensoristas, porteros, ayudantes de garzón, ayudantes de cocina, encargados de aseo, estudiantes en práctica y otros que, en razón de sus ocupaciones, no intervengan en el expendio de bebidas alcohólicas.

Artículo 45.- No podrá concederse autorización para la venta de bebidas alcohólicas a las siguientes personas:

1º. Los miembros del Congreso Nacional, intendentes, gobernadores, alcaldes y miembros de los Tribunales de Justicia;

2º. Los empleados o funcionarios fiscales o municipales;

3º. Los que hayan sido condenados por crimen o simple delito;

4º. Los dueños o administradores de establecimientos que hubieren sido clausurados definitivamente;

5º. Los miembros de los consejos regionales y de los concejos municipales, y

6º. Los menores de dieciocho años.

Artículo 46.- A los clubes, centros o círculos sociales con personalidad jurídica podrá otorgárseles patente para el expendio de bebidas alcohólicas con informe de la respectiva prefectura de Carabineros de Chile.

En ningún caso podrá otorgarse a una misma sociedad o institución más de una patente de club, centro o círculo social en cada comuna.

Artículo 47.- La municipalidad respectiva deberá suspender la autorización de expendio de bebidas alcohólicas a los establecimientos que se encuentren en los casos siguientes:

1º. Si la patente hubiere sido concedida por error a alguna de las personas indicadas en el artículo 45.

2º. Si el local no reuniere las condiciones de salubridad, higiene y seguridad que establezcan las leyes o reglamentos.

3º. Si la patente hubiere sido transferida a cualquier título a alguna de las personas enumeradas en el artículo 45.

Artículo 48.- Se prohíbe la existencia de bebidas alcohólicas en cualquier lugar, inmueble o establecimiento no autorizado para expenderlas, cuando las circunstancias demuestren que dicha existencia tiene por objeto el expendio clandestino. Se presumirá que ellas concurren cuando, además de las bebidas, se sorprendan vasos, medidas u otros utensilios comúnmente destinados al expendio y cuando las bebidas se encuentren ocultas.

La infracción de lo dispuesto precedentemente será penada con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales y con el comiso de las bebidas y utensilios.

La primera reincidencia será sancionada con multa de igual monto, comiso de las bebidas y utensilios y clausura del establecimiento cuando corresponda. La segunda reincidencia se sancionará, además, con prisión inconmutable de veintiuno a sesenta días.

El comiso de las bebidas y utensilios se efectuará en el momento de sorprenderse la infracción y será puesto a disposición del juzgado respectivo.

Artículo 49.- Las personas naturales que expendan bebidas alcohólicas, aun ocasionalmente, y los representantes de las personas jurídicas en cuyos establecimientos se haga igual clase de expendio, sin tener patente que los autorice para ello, serán castigados con las penas indicadas en el artículo anterior.

No será necesario probar el hecho del pago para demostrar el expendio de las bebidas, siendo suficiente para acreditarlo cualquier otra circunstancia que indique que ha habido una venta clandestina.

Se presume el expendio clandestino en los establecimientos no autorizados para venderlas por el solo hecho de permitirse el consumo dentro del local o en sus dependencias.

La venta de bebidas alcohólicas a cualquier establecimiento o medio no autorizado para venderlas será sancionada con multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales. Igualmente, se sancionará con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales a los distribuidores, a menos que acrediten justa causa de error en cuanto al destino que ha tenido la mercadería que han distribuido. El vehículo y cualquier otro medio utilizado para cometer esta infracción será retenido por Carabineros y devuelto una vez que se deposite en la unidad policial respectiva el valor equivalente al mínimo de la multa y sus recargos.

Los fabricantes de bebidas analcohólicas o de fantasía deberán expender sus productos envasados. El incumplimiento de esta norma será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.

Artículo 50.- No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, en los casos en que no hubiere podido llevarse a efecto la clausura por ser el establecimiento o local denunciado la casa habitación del condenado, o cuando la clausura causare grave daño a la familia del infractor por esta misma circunstancia, el juez que ha impuesto la sanción, de oficio, a petición del delegado del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes o de cualquier persona y sin forma de juicio, podrá sustituirla, en la parte referente a la clausura, por prisión inconmutable de uno a sesenta días. La resolución que así lo ordene deberá indicar los fundamentos en que se apoya.

Artículo 51.- El otorgamiento de patentes en contravención de las disposiciones de esta ley será sancionado con multa, a beneficio municipal, de diez a veinte unidades tributarias mensuales, que se aplicará al alcalde. Igual sanción se aplicará a los funcionarios municipales que emitan informes maliciosamente falsos, que sirvan de base para el otorgamiento de las patentes o que no las eliminen en los casos previstos por la ley.

Para denunciar estas infracciones, se concede acción pública.

Artículo 52.- Toda infracción de esta ley que no tenga señalada una sanción especial se castigará con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales; la segunda vez, se penará con el doble de la multa; la tercera, con el triple de la multa con que se haya sancionado la primera vez y clausura definitiva.

La persona que fuere condenada y no pagare la multa por cualquiera de las infracciones contempladas en esta ley sufrirá, por vía de sustitución y apremio, un día de prisión por cada dos centésimos de unidad tributaria mensual a que haya sido condenada, no pudiendo exceder la pena de sesenta días.

Artículo 53.- Los establecimientos clausurados definitivamente sólo podrán reabrirse para el expendio de bebidas alcohólicas por distinto dueño y con otra patente, salvo las situaciones previstas en el inciso tercero del artículo 36.

Los establecimientos clausurados temporalmente podrán ser reabiertos antes del plazo cuando el propietario del inmueble acredite que lo destinará a otros usos. En todo caso, para el alzamiento se requiere orden judicial.

La violación de la clausura será castigada con prisión en sus grados medio a máximo, inconmutable, y comiso de las bebidas.

No se tomarán en consideración, para los efectos de determinar la reincidencia o reiteración, sino las infracciones cometidas en los últimos doce meses anteriores a la que motiva el juicio.

Artículo 54.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el juez, en cualquier caso, conociendo de un proceso, de oficio o a petición del intendente regional, del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes, del alcalde o del concejo municipal, podrá clausurar definitivamente un establecimiento cuando éste constituya un peligro para la tranquilidad o la moral públicas, sin que sea menester que se cumpla con el número de transgresiones necesarias para producir la clausura, ni que éstas sean específicas.

La resolución del juez será fundada y apelable en el solo efecto devolutivo.

Artículo 55.- De las sanciones que se apliquen por infracción de las disposiciones de esta ley serán solidariamente responsables los dueños, empresarios o regentes de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas.

Artículo 56.- Las bebidas y elementos decomisados a que se refieren los artículos 41 y 48 serán vendidos por el secretario del juzgado respectivo en pública subasta, de acuerdo con lo que determine el reglamento, y su producto, una vez deducidos los gastos del remate, se ingresará en la tesorería provincial correspondiente, para ser depositado en una cuenta especial que llevará la Tesorería General de la República.

Los recursos mencionados deberán ser destinados a los programas de prevención y rehabilitación establecidos en esta ley.

Sólo podrán concurrir como postores al remate los comerciantes de alcoholes que tengan su patente al día.

TÍTULO V

DE LA COMPETENCIA Y DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Artículo 57.- De las infracciones previstas en esta ley conocerán, en primera instancia, los jueces de policía local. Si no existiere juez abogado, conocerá el juez de policía local abogado más cercano, en los términos que se contemplan en los artículos 6º y 14 de la ley Nº 15.231.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el juez del crimen que sea competente conocerá de los delitos establecidos en el articulo 24.

Artículo 58.- Los agentes de la policía que sorprendan infracciones o contravenciones de esta ley deberán denunciarlas al juzgado competente.

Igual deber tendrán los inspectores fiscales o municipales que sorprendan infracciones o contravenciones que sean de competencia de los jueces de policía local.

Una copia de los partes o denuncias que remitan a los tribunales deberá enviarse oportunamente al abogado o a los delegados del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes.

El Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes podrá denunciar al tribunal las infracciones que comprobare y las que sean puestas en su conocimiento por los intendentes, gobernadores, alcaldes y concejales, los directores de establecimientos de educación, las juntas de vecinos y otras entidades de carácter social, de beneficencia y de asistencia y protección de menores en situación irregular.

Artículo 59.- El tribunal pondrá en conocimiento del inculpado el parte o denuncia y lo interrogará de acuerdo con su contenido.

En caso de que el inculpado reconociere ante el tribunal su participación en los hechos denunciados y se allanare a la sanción que el mismo tribunal le advirtiere que establece la ley para estos casos, se aplicará a éste la pena inmediatamente inferior a la que corresponda y se dictará sentencia definitiva de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno.

Se entenderá comprobado el hecho denunciado con las aseveraciones contenidas en el respectivo parte o denuncia.

Artículo 60.- Si el inculpado negare los cargos que se le formulan, el juez lo dejará citado para una determinada audiencia, otorgándole la libertad provisional si procediere esta medida con arreglo a la ley.

Los delegados y abogados del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes figurarán en las causas como parte, sin necesidad de formular querella.

En lo demás, se seguirán las reglas sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, salvo en el caso de las infracciones previstas en el articulo 24, las que se tramitarán de acuerdo con las reglas establecidas en el Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Penal y las indemnizaciones civiles causadas por los hechos indicados podrán reclamarse en el mismo proceso, tan pronto como quede ejecutoriado el fallo, conforme a las reglas del juicio sumario, salvo lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.

Si se causaren lesiones menos graves o graves o se ocasionare la muerte de una o más personas, se aplicarán las normas del Libro Segundo del Código de Procedimiento Penal, con las modificaciones que se mencionan a continuación:

a) Sólo podrán querellarse el ofendido con el delito y el perjudicado, en su caso. No será necesario ratificar la querella, pero el juez podrá tomar declaración al querellante, si así conviniere al esclarecimiento de los hechos.

b) No podrán acumularse estas causas sino con aquéllas en las que se investiguen otros delitos sancionados en el artículo 24 o cuasidelitos cometidos con ocasión de los mismos hechos. Las causas acumuladas se tramitarán por el procedimiento señalado en este artículo cuando comprendan sólo los delitos sancionados por desempeño en estado de ebriedad.

c) El sumario será público, salvo que el juez, por razones fundadas, determine que deben mantenerse en secreto las actuaciones que se practiquen. La duración del secreto del sumario no podrá exceder de veinte días. El Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes podrá siempre imponerse de las actuaciones del proceso

d) El juez deberá recabar el extracto de filiación y antecedentes del detenido y el certificado de las anotaciones que consten en el Registro Nacional de Conductores, una vez que el imputado preste la declaración indagatoria.

Ordenará, asimismo, la retención del carné, permiso o autorización que lo habilite para conducir, el que no será devuelto hasta que, basado en antecedentes calificados del proceso, el juez estime que de la conducción no se derivará ningún peligro para la seguridad de las personas o para el tránsito público. En ningún caso este beneficio podrá otorgarse al reincidente.

e) Cuando el tribunal lo estime suficiente, podrá solicitar el dictamen de un solo perito sobre cualquiera de los puntos comprendidos en la investigación, el que deberá expedirlo verbalmente, mediante una declaración en la causa, o por escrito, según lo determine el juez. El tribunal podrá dar valor de plena prueba a dicho informe.

f) Si, como consecuencia del manejo en estado de ebriedad, resultaren lesiones menos graves o graves o la muerte de alguna persona, las autoridades policiales procederán a poner el vehículo a disposición del tribunal, salvo que esté destinado a un servicio del Estado o a servicios municipales de utilidad pública.

Cuando existieren presunciones fundadas de culpabilidad, el juez podrá ordenar la retención judicial del vehículo hasta que se caucionen las responsabilidades civiles.

g) Sólo serán apelables:

1º. Las resoluciones que nieguen la libertad provisional del inculpado o procesado;

2º. El auto de procesamiento;

3º. Las que se refieren a medidas adoptadas por el juez para garantizar la acción civil. En estos casos, las apelaciones se concederán siempre en lo devolutivo, sin que puedan entorpecer la marcha del proceso criminal, cualquiera que sea su estado;

4º. La sentencia definitiva;

5º. El sobreseimiento temporal o definitivo.

Las causas en que se haya apelado de las resoluciones mencionadas en los números 2º a 5º de esta regla se pondrán en lugar preferente en la tabla de la semana siguiente a la fecha de su ingreso al tribunal. El Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes tendrá la obligación de activar la tramitación de las causas para los efectos del cumplimiento de esta disposición.

En contra de las demás resoluciones, según su naturaleza, sólo podrá deducirse reposición dentro de tercero día.

h) En los plazos establecidos en el artículo 425 del Código de Procedimiento Penal, deberán los querellantes y el delegado del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes adherir a la acusación o acusar y los actores civiles presentar su demanda. Dichos plazos tendrán el carácter de comunes para todas estas partes y correrán hasta el vencimiento del término concedido al último de los notificados.

El plazo de diez días para contestar la acusación y la acción civil será también único y común para todos los procesados y demandados civiles; se aumentará en la forma prevista en el artículo 425 del mismo Código, y correrá desde la última notificación.

El expediente, libros y piezas de convicción permanecerán siempre en secretaría para su examen por todas las partes.

i) El término probatorio para rendir prueba dentro de la comuna asiento del tribunal será de diez días y podrá reducirse por acuerdo unánime de las partes.

j) No será necesario, para que el juez les otorgue valor probatorio, el reconocimiento de los instrumentos privados en la forma prevista en el artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, cuando en declaraciones o escritos hubieren sido reconocidos por las personas a quienes puedan perjudicar o de quienes emanen.

Tampoco será necesario, para el mismo efecto, el reconocimiento de los certificados, presupuestos, facturas o constancias expedidos por entidades o personas públicas o privadas, que, a juicio del tribunal, invistan garantías de seriedad, siempre que, no habiendo sido impugnados, puedan ser tenidos como verdaderos.

Lo dicho en este acápite rige también respecto de la prueba de la acción civil.

k) La sentencia definitiva no necesita cumplir con el requisito establecido en el número 3º del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal; pero el juez describirá circunstanciadamente en uno de los considerandos los hechos que se encuentren probados y que constituyan, en su caso, el delito por el cual se aplica la sanción.

l) Los recursos de casación en la forma o en el fondo contra la sentencia de segunda instancia se deducirán, sin necesidad de anuncio, en un escrito al cual se acompañará la consignación correspondiente, en el plazo de diez días, contados desde la notificación de la sentencia. Si se interponen ambos, se deducirán conjuntamente en el mismo escrito.

En cuanto el recurso de casación en la forma se dirija contra la decisión civil, podrá fundarse en las causales del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, con excepción de las señaladas en los números 10 y 11 y, además, en las causales 4ª, 6ª y 7ª del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.

m) Si el afectado por el daño o lesiones no interpusiere su acción ante el juez del crimen, podrá deducirla ante el juez civil correspondiente y el proceso se tramitará de acuerdo con las reglas del juicio sumario, sin que le sea aplicable lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 61.- Se tendrán como testimonios legalmente prestados las declaraciones contenidas en los respectivos partes o denuncias, si en ellos aparece la firma de los denunciantes debidamente autorizada por el superior jerárquico respectivo.

No será necesaria la asistencia de los testigos de cargo si éstos son agentes de la policía o inspectores fiscales o municipales, a menos que el juez estime conveniente su comparecencia personal. En tal caso, deberá fundamentar su resolución en forma circunstanciada, indicando los puntos que deberán ser aclarados.

Artículo 62.- Para los efectos de determinar el equivalente en pesos de las multas que establece esta ley, se estará al valor de la unidad tributaria mensual a la fecha de su pago efectivo.

Por resolución fundada, el juez podrá moderar la multa aplicada, rebajándola a una suma que pueda ser inferior al mínimo que establece la ley, si antes de ser pagada se pidiere reposición fundada en antecedentes relativos a la situación económica del afectado que, a juicio del tribunal, comprueben su excesivo monto.

En casos muy calificados, el juez podrá dejar en suspenso la aplicación de la pena pecuniaria, beneficio que se revocará si se cometiere nueva infracción dentro de los seis meses siguientes.

Artículo 63.- Los créditos resultantes de las responsabilidades pecuniarias procedentes de las infracciones de esta ley gozarán del privilegio que para los impuestos fiscales otorgan las reglas de prelación de créditos del Código Civil sobre los establecimientos y sus anexos y sobre las mercaderías existentes.

En caso de transferencia, a cualquier título, de un establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas, el nuevo propietario será solidariamente responsable con el vendedor de las obligaciones pecuniarias provenientes de las infracciones, en la forma establecida en el inciso anterior.

Artículo 64.- La sentencia condenatoria, en los casos de ebriedad, de desempeño y conducción en estado de ebriedad o de consumo abusivo de bebidas alcohólicas, además de contemplar los requisitos legales, establecerá la obligación del condenado de ser examinado por un médico calificado por el Servicio de Salud correspondiente, con el fin de determinar si es o no es dependiente, la gravedad de tal dependencia y el tratamiento que debería seguir el afectado. El aludido examen podrá ser decretado también desde que se inicie el respectivo procedimiento.

Recibido el informe por el tribunal, éste hará comparecer al condenado en persona y le hará notificar la resolución que le imponga el tratamiento aconsejado en el dictamen médico.

En caso de resistencia o negativa del afectado a practicarse el examen o a someterse al tratamiento médico decretado, el juez de la causa ordenará las medidas conducentes a su cumplimiento, pudiendo al efecto disponer su arresto hasta por ocho días, sin perjuicio de repetir el apremio si persistiere en su actitud de rebeldía.

Artículo 65.- El juez, una vez ejecutoriada la sentencia y con acuerdo expreso del infractor, salvo que éste haya quebrantado la condena, podrá conmutar la sanción por la realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad.

La resolución que otorgue la conmutación deberá señalar expresamente el tipo de trabajo, el lugar donde debe realizarse, su duración y la persona o institución encargada de controlar su cumplimiento. Los trabajos se realizarán sin afectar la jornada laboral que tenga el infractor, con un máximo de ocho horas semanales.

La no realización cabal y oportuna de los trabajos determinados por el tribunal dejará sin efecto la conmutación por el solo ministerio de la ley, debiendo cumplirse íntegramente la sanción primitiva aplicada, a menos que el juez, por resolución fundada, determine otra cosa.

Artículo 66.- Las multas aplicadas por los jueces de policía local deberán ser enteradas en la tesorería municipal respectiva. Las que impongan los jueces del crimen, en su caso, en la tesorería provincial correspondiente.

Artículo 67.- Los juzgados remitirán, cada mes, al abogado u oficina respectiva del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes o a sus delegados, una lista de todas las denuncias falladas y de las multas enteradas en arcas municipales o fiscales, según el caso.

Artículo 68.- Los delegados del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes percibirán, por sus actuaciones en las causas por infracción de las disposiciones de esta ley, un honorario único equivalente al 10% del total de las sumas que ingresen por concepto de multas, honorario que se pagará mensualmente al interesado por la tesorería respectiva.

Del saldo, el 40% se destinará a los Servicios de Salud para el financiamiento y mantención de los programas de rehabilitación de personas alcohólicas, y el 60% a las municipalidades, distribuido entre ellas de acuerdo con el número de habitantes y los antecedentes estadísticos respecto a los problemas de alcoholismo que afecten a la respectiva población, para el financiamiento y mantención de los programas de prevención y rehabilitación de personas alcohólicas.

DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 69.- Derógase el Libro Segundo de la ley Nº 17.105, de 1969, sobre Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres. Las disposiciones legales que hagan referencia al Libro Segundo de la ley Nº 17.105 se entenderán hechas a esta ley, en las materias a que dichas disposiciones se refieren.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º.- Las causas de alcoholes que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se hallaren pendientes, continuarán radicadas en los mismos tribunales hasta su total tramitación.

Artículo 2º.- El número de patentes limitadas de alcoholes y su distribución que se fijen en conformidad al artículo 35 comenzarán a regir a contar del 1 de enero del año siguiente al de entrada en vigencia de esta ley.

Se designó DIPUTADA INFORMANTE a la señora CRISTI, doña María Angélica.

SALA DE LA COMISIÓN, a 6 de agosto de 1996.

Acordado en sesiones de fechas 11 de junio; 2, 9 16 y 30 de julio, y 6 de agosto de 1996, con la asistencia de los Diputados señores Aguiló, don Sergio (Presidente); señora Cristi, doña María Angélica, y señores Bayo, don Francisco; Girardi, don Guido; González, don José Luis; Masferrer, don Juan; Melero, don Patricio; Ojeda, don Sergio; Palma, don Joaquín; Tohá, don Isidoro; Valcarce, don Carlos, y Zambrano, don Héctor.

ARTURO FIGUEROA HERRERA

Secretario de la Comisión.

ÍNDICE

1.- ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES… 2

2.- ARTÍCULOS QUE TIENEN EL CARÁCTER DE ORGÁNICO-CONSTITUCIONALES O DE QUÓRUM CALIFICADO… 2

3.- ARTÍCULOS SUPRIMIDOS… 2

4.- ARTÍCULOS MODIFICADOS… 4

5.- ARTÍCULOS NUEVOS… 19

6.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA… 20

7.- INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN… 20

8.- DISPOSICIONES QUE EL PROYECTO MODIFICA O DEROGA… 27

PROYECTO DE LEY… 27

TÍTULO I… 27

DE LA PENALIDAD DE LA EBRIEDAD… 27

TÍTULO II… 29

DE LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN… 29

TÍTULO III… 32

DEL DESEMPEÑO Y CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD… 32

TÍTULO IV… 34

DEL EXPENDIO Y DE LAS PATENTES… 34

TÍTULO V… 44

DE LA COMPETENCIA Y DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL… 44

DISPOSICIÓN FINAL… 50

ARTÍCULOS TRANSITORIOS… 50

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA recaído en el proyecto de ley que modifica la ley de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres y deroga el libro segundo de la ley N° 17.105. (Boletín N° 1.192-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Hacienda pasa a informaros el proyecto de ley mencionado en el epígrafe. en su segundo trámite reglamentario, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

La iniciativa tiene su origen en una Moción de los Diputados señoras María Angélica Cristi y Martita Wörner, y señores Bayo, Cantero, Dupré, Espina, García, don José Ribera, Schaulsohn, y con la adhesión de los Diputados señores Bombal y Martínez, don Rosauro.

Asistió a la Comisión durante el estudio del proyecto el señor Carlos López, asesor del Ministerio de Justicia.

El propósito de la iniciativa consiste en modificar la legislación de alcoholes procurando la efectividad de sus normas para combatir el alcoholismo en el país, para lo cual se proponen, entre otras, las siguientes medidas: se aumentan las multas aplicables por infracciones de la Ley de Alcoholes; se restringe el otorgamiento de patentes a una por local; se promueven programas de prevención del alcoholismo; se destinan los ingresos por multas a programas de prevención y de rehabilitación; se faculta a los municipios para reducir horarios a establecimientos del rubro.

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos señala que la normativa propuesta no irroga gasto de cargo fiscal.

No obstante lo anterior, es necesario hacer presente que el aumento de los recursos provenientes de la aplicación de las multas por infracción a las disposiciones de la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres debiera significar un incremento sustancial de los recursos destinados a los programas o planes de prevención y rehabilitación de alcohólicos, conforme a la destinación contemplada en el artículo 68 del proyecto.

Los demás recursos que el Fisco destina a tales efectos están contenidos en el presupuesto de los. Ministerios de Educación Ítem 33.032 (Programa Prevención a la Drogadicción y el Alcoholismo y Educación Ambiental) que asciende a $ 372.017 miles y de Salud Ítem 31.002 (Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental) que alcanza a $ 106.413 miles, para el año 1996.

La Comisión de Salud dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos 16, 22 Y 68 del proyecto aprobado por ella.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:

Por el artículo 16, se establece que en todos los Servicios de Salud del país deberán existir programas de tratamiento y rehabilitación para bebedores problemas y alcohólicos, los cuales incluirán plazas de hospitalización, consulta externa especializada y tratamiento ambulatorio.

Por su inciso segundo, se extiende a los establecimientos de salud de la Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad la exigencia de contar con dichos programas en beneficio de su personal en servicio activo y en retiro.

Por el inciso tercero, se permite participar a las organizaciones de la comunidad que menciona en los referidos programas.

Por el artículo 22. se señala que los programas o planes de prevención y rehabilitación de alcohólicos se financiarán con los recursos previstos en el artículo 68 del proyecto, sin perjuicio de los demás recursos que el Fisco destine para estos fines.

En su inciso segundo, se prevé la calificación de las personas jurídicas de derecho privado para participar en los mencionados programas, en los términos que señala.

Por el artículo 68, se dispone la distribución de los recursos producto de las multas por infracción a las disposiciones del proyecto, otorgándose a los delegados del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes un honorario único equivalente al 10% del total de las sumas que ingresen por concepto de multas.

En su inciso segundo, se establece el mecanismo de distribución del saldo que deje el pago de tales honorarios, destinándose el 40% para el financiamiento y mantención de los programas de rehabilitación de personas alcohólicas que se ejecuten a través de los Servicios de Salud y el 60% para el financiamiento y mantención de los programas indicados que se ejecuten a través de las municipalidades.

Puestos en votación los artículos antes citados fueron aprobados en forma unánime.

SALA DE LA COMISIÓN, a 4 de octubre de 1996.

Acordado en sesiones de fechas 28 de agosto y 1 de octubre de 1996, con la asistencia de los Diputados señores Longueira, don Pablo (Presidente); Arancibia, don Armando; Galilea, don José Antonio; García, don José; Jürgensen, don Harry; Makluf, don José; Matthei, señora Evelyn; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Palma, don Andrés; Rebolledo, señora Romy (Urrutia, don Salvador), y Villouta, don Edmundo. Concurrió asimismo, la Diputada Cristi, señora María Angélica, en calidad de suscriptora de la Moción.

Se designó Diputada Informante a la señora Rebolledo.

(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Secretario de la Comisión."

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ALCOHOLES. Primer trámite constitucional.

El señor HUENCHUMILLA ( Presidente en ejercicio).-

Corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica la ley de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres, y deroga el libro segundo de la ley Nº 17.105.

Diputada informante de la Comisión de Salud es la señora Cristi, y de la de Hacienda, la señora Rebolledo.

Antecedentes:

-Segundos informes de las Comisiones de Salud, y de Hacienda, boletín Nº 1192-11, sesión 9ª, en 29 de octubre de 1996. Documentos de la Cuenta Nºs 6 y 7, respectivamente.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Salud.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente , paso a informar, en segundo trámite reglamentario, sobre el proyecto que modifica la actual Ley de Alcoholes y deroga su libro segundo.

Por encargo de la Comisión, informaré respecto de las principales modificaciones a que se refiere esta ley, dado que es bastante extensa.

Después de haber escuchado las numerosas inquietudes de colegas de la Cámara de Diputados y de otras instancias, la Comisión optó por recibir nuevos comentarios de distintas personalidades cuyo trabajo en alguna forma se relaciona con las materias que aborda el proyecto, entre ellas, don Carlos Varas , Presidente del Instituto de Jueces de Policía Local de Chile ; doña Silvia Arancibia , jefa del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes del Consejo de Defensa del Estado ; don Mario Fuentes, coronel de Carabineros, prefecto de Viña del Mar; don Reynaldo Herrera , teniente coronel de Justicia de Carabineros; doña Blanca Yon , abogada del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación; don Kenneth Macfarlane, del Instituto Nacional de la Juventud, y a don Christian Chadwick , presidente del Consejo de Autorregulación Publicitaria .

Estas personas hicieron valiosos aportes al proyecto, y muchas de sus propuestas fueron incluidas como indicaciones.

Por otra parte, se contó también con el apoyo del representante del Ministerio de Justicia, don Carlos López.

Con el objeto de hacer una exposición sistemática, me referiré a las principales modificaciones de la ley.

Los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones alcanzan a treinta permanentes y dos transitorios. Siete artículos tienen el carácter de orgánico constitucional y tres fueron suprimidos, cuyo contenido será regulado por la ley Nº 18.290, de Tránsito, referentes a la autorización que se otorga a Carabineros para solicitar una prueba respiratoria, no invasiva, a toda persona que conduzca o se apreste a conducir un vehículo. También disponía que Carabineros podía llevar a estas personas a hacerse la alcoholemia. Otro de los artículos sanciona al funcionario municipal que conceda permiso, autorización o licencia para conducir a las personas que no cumplan con los requisitos establecidos en la ley.

Estas modificaciones crearon cierta confusión, ya que estos artículos estaban permanentemente en la ley de alcoholes. Sin embargo, la Comisión consideró que, como tienen que ver con el manejo en estado de ebriedad, podrán ser acogidos por la ley de Tránsito.

Esta iniciativa tiene por objeto regular la penalidad de la ebriedad, el desempeño y la conducción en estado de ebriedad, el expendio y consumo abusivo de bebidas alcohólicas, la clasificación de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, el otorgamiento de las patentes, el procedimiento judicial aplicable a la transgresión de dichas disposiciones, las sanciones pecuniarias correspondientes y las normas que promuevan la prevención del alcoholismo y la rehabilitación de los alcohólicos.

Este proyecto consta de cinco títulos: de la penalidad de la ebriedad, de la prevención y rehabilitación del alcoholismo, del desempeño y conducción en estado de ebriedad, del expendio y de las patentes y de la competencia y del procedimiento judicial.

Entre las principales modificaciones que se proponen, se distinguen: la destinación de los fondos percibidos por las multas en los programas de prevención, la enseñanza obligatoria en la educación básica de estilos de vida saludable, la exigencia de que los establecimientos de salud mantengan programas de rehabilitación para consumidores excesivos y alcohólicos, la participación del sector privado en materia de prevención y rehabilitación, el control horario para limitar el fácil acceso al alcohol, el uso más efectivo del control y la sanción al clandestinaje, a través de un sustancial aumento de las multas y un más expedito procedimiento de fiscalización; la competencia se radica en los juzgados de policía local, facilitando el acceso a la justicia, y entrega a los municipios atribuciones para fijar a futuro la ubicación de los establecimientos del expendio de alcohol.

Una de las principales motivaciones para que la Comisión de Salud haya estudiado este proyecto durante dos años, con la máxima atención y preocupación, fue el evidente hecho de que el alcoholismo en Chile es el primer problema de salud pública. Más de 7 mil personas mueren por esa causa. En un reciente estudio entregado por el Ministerio de Salud se estableció que las mayores causas de morbilidad están justamente relacionadas con el consumo excesivo de alcohol. Más de 200 mil personas al año enferman por esta causa.

En nuestro país, más de 2 millones de personas son alcohólicas o sufren las consecuencias de beber en exceso. Un alto número de jóvenes es considerado alcohólico por el consumo excesivo y es, quizás, una de las principales preocupaciones no sólo del Ministerio de Salud, sino de varios ministerios de nuestro país.

Por su parte, el Ministro de Salud solicitó a la Comisión abocarse a la brevedad al estudio de este proyecto, por considerarlo de la mayor importancia.

A continuación, haré un resumen de las principales modificaciones al proyecto.

El artículo 2º, inciso segundo, señalaba: “El que infrinja esta norma -beber en lugares públicos- será detenido por personal de Carabineros de Chile y, previa comprobación de su identidad o domicilio, deberá ser dejado en libertad por el jefe de la unidad policial correspondiente, quedando obligado a comparecer al juzgado de policía local competente, a primera audiencia.”

Se aprobó, por unanimidad, una indicación de quien habla y de los Diputados señores Aguiló, Masferrer , Ojeda , Palma, don Joaquín ; Valcarce y Zambrano para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“El que infrinja esta norma será detenido por personal de Carabineros de Chile y, previa comprobación de su identidad y pago de una caución, deberá ser dejado en libertad por el personal de guardia que adopte el procedimiento.”

Esta indicación obedece a que Carabineros de Chile solicitó, específicamente, no tener que confirmar el domicilio de todas las personas que acceden a las comisarías por estado de ebriedad, dado que detiene una persona cada tres minutos por problemas relacionados con el consumo excesivo de alcohol, y la comprobación del domicilio resulta muy engorrosa y distrae al personal de funciones más relevantes.

Por otra parte, en el artículo 3º, inciso primero, se acordó reemplazar la frase “jefe de la unidad policial” por “personal de guardia que adopte el procedimiento.”

En el artículo 13, relacionado con un tema muy discutido en la Comisión, se acordó suprimir el inciso segundo que decía: “Un reglamento establecerá la forma como estas empresas concretarán dichos programas”.

También se aprobó por unanimidad la indicación presentada por las Diputadas señoras Wörner , Pollarolo y señorita Saa y los Diputados señores Tohá , Muñoz , Arancibia , Letelier, don Juan Pablo , y Navarro para reemplazar el inciso tercero, que pasa a ser segundo, por el siguiente:

“Los envases de bebidas alcohólicas que se comercialicen en el país y toda acción publicitaria de los mismos, cualquiera que sea la forma o el medio en que se realice, deberán contener un mensaje que alerte sobre los peligros del consumo excesivo de bebidas alcohólicas.”

Se aprobó, por mayoría de votos, una indicación presentada al término del estudio del proyecto por los Diputados señores Seguel y Palma, don Andrés , que prohíbe toda publicidad a bebidas alcohólicas en los estadios y en las prendas deportivas. Éste es el único artículo en el cual hubo divergencias en su votación. El resto fue aprobado por unanimidad y, probablemente, al igual que en la ley sobre el tabaco, será el más debatido en la Sala.

En el artículo 15, que pasa a ser 16, se sustituye el inciso segundo por uno que indica que las Fuerzas Armadas y de Orden deberán contar con programas de rehabilitación para su personal en servicio activo y en retiro, pues la disposición quedaba muy abierta.

En el artículo 21 -quizás uno de los más importantes del proyecto-, que pasa a ser 22, se establece: “Los programas o planes de prevención y rehabilitación de alcohólicos se financiarán con los recursos previstos en el artículo 70 de esta ley, sin perjuicio de los demás recursos que el fisco destine para estos efectos.”

Esto constituye una innovación, dado que los recursos provenientes de las multas por infracción a la ley de alcoholes pasarán directamente a los municipios y a los servicios de salud para crear planes de prevención a nivel comunal.

Por indicación de algunos parlamentarios se agrega el siguiente inciso segundo: “Podrán participar en los mencionados programas las personas jurídicas de derecho privado mencionadas en el inciso final del artículo 16, debidamente calificadas, para lo cual deberán presentar los respectivos proyectos a los Servicios de Salud encargados de impartirlos en la comuna de su domicilio.”

Esta norma es muy importante, pues todos tenemos claro lo difícil que resulta prevenir el alcoholismo, el consumo de drogas y su rehabilitación, debido a la falta de lugares especializados. Más tarde, cuando se rinda el informe de la Comisión de Hacienda, podremos comprobar que la recaudación por concepto de multas por infracción a la ley de alcoholes, que en estos momentos es de alrededor de 400 millones de pesos, con el aumento importante de los montos de las multas que se prevé, podrá llegar a 4 mil millones de pesos, lo que permitirá a los municipios contar con mayores recursos para sus planes de prevención. También podrán participar en esa acción organismos rehabilitadores de alcohólicos, como Alcohólicos Anónimos y muchas otras instancias que hoy no cuentan con financiamiento para cumplir esta tarea.

En el artículo 22 “Se prohíbe el desempeño o la conducción de un vehículo en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol.” Además, esta disposición establece cuando existe estado de ebriedad.

Por indicación de varios señores diputados se agregó un inciso segundo, que expresa: “Existirá estado de ebriedad cuando el informe de alcoholemia o el resultado de otra prueba no invasiva arroje una dosificación igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre o en el organismo.” Esto significa un cambio radical en la cantidad de alcohol en la sangre para determinar el estado de ebriedad -en la actualidad, es de 1 gramo por mil- y obedece a parámetros que se aplican en la mayoría de los países. Incluso hubo una primera propuesta tendiente a considerar como estado de ebriedad sobre 0,5 gramos de alcohol en la sangre. Por último, después de un acucioso estudio, la Comisión lo fijó en 0,8 gramos. Más adelante podremos ver unas tablas que indican cuánto debe consumir una persona para llegar a esa dosificación. Los estudios determinan que es variable, pues depende de la persona, del sexo, del peso, del alimento con el cual la persona consuma alcohol y del tiempo de consumo. Por lo tanto, es difícil determinar exactamente cuánto debe consumir una persona para llegar a este gramaje, pero, sin duda, no es lo que los chilenos estamos acostumbrados a consumir antes de manejar. En países más avanzados, donde se ha comprobado la enorme incidencia que tiene en los accidentes del tránsito -al igual que en Chile- el hecho de conducir en estado de ebriedad, se pretende llegar a cero consumo de alcohol.

También se aprobó por unanimidad otra indicación a este artículo, que dice: “Se entenderá que una persona se encuentra bajo la influencia del alcohol cuando el informe de alcoholemia o el resultado de otra prueba no invasiva arroje una dosificación superior a 0,5 e inferior a 0,8 gramo por mil de alcohol en la sangre.”

Hasta hoy no se había determinado cuándo se considera que una persona está bajo la influencia del alcohol. De hecho, al aplicar el alcotest y de acuerdo con los parámetros determinados por los tribunales, Carabineros de Chile estima que una persona se encuentra bajo la influencia del alcohol cuando tiene entre 0,5 y 1,0 gramo en la sangre y ebria si presenta una dosificación mayor. En la actualidad, esto no está contemplado en ninguna ley, y sería la primera vez que se establecen dichos rangos.

Entre los artículos de mayor importancia, quiero referirme al artículo 29, que pasa a ser el inciso primero del artículo 28.

Los Diputados señores Bayo, Masferrer , Melero y la que habla presentaron una indicación que tiene por objeto señalar que las restricciones horarias dicen relación al expendio de bebidas alcohólicas y, por lo tanto, los establecimientos que, a su vez, vendan otros productos pueden seguir funcionando pero sólo para la venta de ellos.

Una de las mayores preocupaciones de algunos sectores es la hora de cierre -las 24 horas- en las botillerías o lugares de expendio de bebidas alcohólicas, que fija el proyecto. Se entiende que se incluyen los supermercados y cualquier negocio que expenda bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera de él. Asimismo, se autoriza a los supermercados y a otro tipo de negocios para vender bebidas alcohólicas envasadas u otros productos.

Debo señalar que los reclamos de diversas instancias del comercio minorista por esta indicación fueron realmente minoritarios. Numerosos comerciantes están de acuerdo en que la hora de cierre de las botillerías sea las 24 horas, porque reconocen el peligro que encierra, tanto para los jóvenes que consumen como para los propios comerciantes, que se ven obligados a vender aunque la ley se lo impida en determinadas circunstancias -por ejemplo, cuando el comprador se encuentra en estado de ebriedad o cuando se trata de grupos de jóvenes-, que se mantengan abiertas hasta avanzadas horas de la madrugada.

A continuación, me referiré al artículo 31 -que pasa a ser 30-, al cual se refirió ayer el Diputado señor Latorre , y que dice relación con los casos en que las municipalidades pueden otorgar patentes.

Dicho artículo dice: “Las municipalidades sólo podrán otorgar patentes para el expendio de bebidas alcohólicas en la parte urbana de las comunas.” No obstante, podrá autorizarse este expendio en la parte rural, siempre que el establecimiento esté ubicado con frente a un camino público y a una distancia no menor de cien ni mayor de mil metros de una tenencia o retén de Carabineros.

“En los pueblos y aldeas cuya población no sea superior a 2.000 habitantes, sólo podrá otorgarse patente a los establecimientos situados en la calle principal y que se encuentren a una distancia no inferior a ciento cincuenta ni superior a quinientos metros de los mencionados cuarteles.

“En los pueblos, aldeas y localidades rurales donde no hubiere ninguna tenencia o retén de Carabineros, se autorizará el establecimiento de un local de expendio de bebidas alcohólicas siempre y cuando se encuentre frente a un camino público con accesibilidad para su fiscalización y control.”

En este caso, también se produjo un debate en la Comisión. Se aprobó por unanimidad una indicación para agregar el siguiente inciso final: “Lo dispuesto en el presente artículo no regirá respecto de los establecimientos clasificados en las letras a) -depósitos de bebidas alcohólicas- b) –ho-teles- y c) -restaurantes-, de la letra I) del artículo 27.”

Esta indicación recoge el planteamiento del Diputado señor Eugenio Munizaga , porque temía que esta disposición afectara el turismo, dado que en la actualidad existen nuevos complejos turísticos en distintos lugares, que pueden ser rurales o urbanos.

¿Qué se pretende con esta indicación y con este artículo? Que Carabineros y los municipios puedan ejercer algún tipo de control a los distintos depósitos de bebidas alcohólicas que se puedan instalar en las comunidades rurales.

Ocurre que en muchos lugares tanto Carabineros como las municipalidades ni siquiera cuentan con vehículos para fiscalizar, en circunstancias de que el clandestinaje no se produce en las ciudades, sino en las áreas rurales, puesto que allí no sólo se expende alcohol en forma permanente e indiscriminada, sino que también se elaboran bebidas alcohólicas sin ninguna autorización. Pues bien, esas bebidas alcohólicas elaboradas sin la aprobación del Servicio Agrícola y Ganadero y que no pagan Iva ni Ila, provocan una tremenda discriminación en contra de quienes llevan a cabo este tipo de comercio en forma ordenada y responsable. Además, el efecto del alcohol adulterado y no aprobado es tremendamente dañino. Entonces, lo que se pretende de alguna forma es tratar de controlar el clandestinaje en esos sectores.

El artículo 33 -que pasa a ser el inciso cuarto del 32- se refiere al pago de las patentes. Mediante indicación, se agregó el siguiente párrafo: “Si, aplicada la segunda multa, el infractor no pagare la patente que lo habilita para expender bebidas alcohólicas, será sancionado con la clausura definitiva del establecimiento y con la caducidad de la patente.”

Permanentemente hay dilación o demora en el pago de las patentes; además, con esto se podría ir terminando con el clandestinaje puesto que es posible calificar de clandestino el negocio de una persona que no paga su patente durante más de un año.

El artículo 41 -que pasa a ser el inciso primero del artículo 40- establece: “Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en las vías, plazas y paseos públicos; en los teatros, circos y demás centros y lugares de espectáculo o diversiones públicas, con excepción de aquellos lugares que cuenten con locales debidamente autorizados.”

Se aprobó una indicación presentada por los Diputados señores Aguiló, Bayo, Ojeda y la que habla para agregar, a continuación de la palabra “circos”, la frase “minimercados situados en estaciones de servicio”. Esto ya estaba considerado en el proyecto, pero aquí queda establecido en forma explícita, por cuanto ha sido un permanente reclamo de la comunidad, que no entiende que en los lugares donde transitan vehículos, se vende bencina y se detienen los choferes, se expendan bebidas alcohólicas con tanta facilidad durante las 24 horas del día. Además, en muchos casos estas estaciones de servicio se han convertido en lugares de encuentro y venta de bebidas alcohólicas a menores.

El artículo 42 -que pasa a ser los incisos primero y segundo del artículo 41- establece: “El intendente regional, por razones de interés público y previo informe del alcalde respectivo, podrá limitar o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en las comunas o localidades en que lo estime conveniente.”

Actualmente, ésta es una atribución del Presidente de la República que puede ejercer, por ejemplo, durante los procesos electorales. Sin embargo, se consideró necesario entregar esta atribución al intendente, a pesar de que no se determinan las situaciones puntuales en que puede hacerla efectiva.

El Diputado señor Villouta presentó indicación para agregar al inciso primero la siguiente frase: “por un plazo no superior a un año y por resolución fundada.”, y al inciso segundo para agregar, a continuación de la palabra “ferrocarriles”, la frase “terminales de buses,”, quedando redactado así: “Asi-mismo, se podrá prohibir la existencia de establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas en sectores destinados a grupos habitacionales o en los alrededores de las estaciones de ferrocarriles, terminales de buses, mataderos, mercados u otros.”

Esta indicación es muy importante porque en la mayoría de las poblaciones de nuestro país existen locales de venta de bebidas alcohólicas que muchas veces atentan contra la tranquilidad de los vecinos, y hoy los alcaldes no tienen atribuciones para evitar que funcionen allí.

El artículo 45 -que pasa ser el inciso segundo del artículo 44- se refiere a la prohibición a los menores de dieciocho años a trabajar en los lugares en que se expendan bebidas alcohólicas.

Se aprobó por unanimidad una indicación de los Diputados señores Aguiló, Ojeda , Palma, don Joaquín ; Valcarce y Zambrano , para agregar, después de la palabra “aseo”, la frase “estudiantes en práctica”. Se manifestó que muchos de estos estudiantes trabajan en restoranes y, por lo tanto, era difícil excluirlos.

El artículo 47 -que pasa a ser el inciso primero del artículo 46-, dice: “A los clubes, centros o círculos sociales con personalidad jurídica sólo podrá otorgárseles patente para el expendio de bebidas alcohólicas con informe anual favorable de la respectiva prefectura de Carabineros de Chile”. Se presentó indicación para dejar simplemente “con informe de Carabineros de Chile”, de manera que esta institución pueda acreditar que los locales respecto de los cuales hay permanentes reclamos no son cuidadosos con los permisos que se les otorgan para la venta de bebidas alcohólicas.

Los artículos 58 y 59 -que pasan a ser 57- establecen los nuevos procedimientos judiciales.

El artículo 57 señala: “De las infracciones previstas en esta ley conocerán, en primera instancia, los jueces de policía local. Si no existiere juez abogado, conocerá el juez de policía local abogado más cercano, en los términos que se contemplan en los artículos 6º y 14 de la ley Nº 15.231.

“No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el juez del crimen que sea competente conocerá de los delitos establecidos en el artículo 24”. Es decir, aquellos que tengan relación con la conducción en estado de ebriedad.

El procedimiento judicial fue ampliamente discutido y se presentaron varias indicaciones, en especial el Diputado señor Elgueta . Después de un extenso debate, se concluyó que para agilizar los procesos derivados de las infracciones al artículo 24 debía readecuarse el artículo 60, manteniendo vigente el procedimiento establecido en la actual ley, toda vez que parece ser más expedito que el del juicio ordinario sobre crimen o simple delito que proponía este artículo.

Además de la modificación del procedimiento, es fundamental que las faltas puedan ser vistas por los juzgados de policía local, dado que una de las principales trabas que tendría la futura ley radicaría en el hecho de que gran parte de ellas pasan a los juzgados del crimen que se ven atochados. Al mismo tiempo, las sanciones por faltas que se cometen a nivel local, muchas veces, por haber transcurrido el tiempo, no se cumplen. En lo que se refiere al clandestinaje, que es lo que más preocupa a muchas comunidades y poblaciones que solicitan al juez de policía local la autorización para que Carabineros allane en forma expedita los locales denunciados como clandestinos, el juez de policía local podrá ejecutar una acción más efectiva para su rápida detección.

Por otro lado, el hecho de que la mayor parte del producto de las multas quede en la comuna, permitirá que los municipios tengan recursos para trabajar en la prevención del alcoholismo a nivel comunal.

Por último, es importante destacar los artículos nuevos. El artículo 14 prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en recintos deportivos y en su exterior hasta una distancia de 100 metros de los mismos. Se originó en una indicación de los Diputados señores Andrés Palma y Seguel , aprobada por mayoría de votos.

El artículo 25, propuesto mediante indicación de los Diputados señores Walker , Aguiló y Valcarce y aprobado por mayoría de votos, dice: “En los casos contemplados en el artículo 190 de la ley Nº 18.290, los exámenes podrán practicarse en los lugares allí señalados o en cualquier establecimiento habilitado por el Servicio Médico Legal, el que podrá impartir las instrucciones que deberán ser cumplidas en todas las reparticiones indicadas, aun cuando no dependan del servicio, y el responsable del establecimiento arbitrará las medidas para que los exámenes se realicen en forma expedita y Carabineros emplee el menor tiempo posible en la custodia de los detenidos.

Básicamente, la iniciativa de ley proponía que estos exámenes se realizaran en los distintos centros hospitalarios como una forma de hacerlos más expeditos. Ahora, la indicación faculta al Instituto Médico Legal para autorizar y controlar aquellos lugares en que se efectuarán las alcoholemias, de modo de acelerar y hacer más expedito su trámite, y que Carabineros evite trasladar personas a los centros de urgencia o asistenciales alejados. En comunas rurales ocurre que Carabineros debe trasladar a los detenidos al centro más próximo existente en cabeceras de provincia o ciudades importantes, muchas veces en bus, sin comodidades, para que se les realice la alcoholemia, pues no es posible hacerla en las postas rurales.

Por otra parte, debo destacar que la Sala, después de larga discusión, recomendó que los artículos 16, 22 y 68 fueran revisados por la Comisión de Hacienda, aun cuando el proyecto está financiado. Al respecto nos entregará su informe la diputada señora Rebolledo .

Como ahora nos enfrentamos a la discusión del proyecto artículo por artículo, pido al señor Presidente que si no hay quórum la posterguemos hasta la próxima sesión. Hago presente que hasta el artículo 11 no se requiere quórum calificado.

Asimismo, agradezco a todos los señores diputados que apoyaron el proyecto, en forma especial a los miembros de la Comisión de Salud que hicieron un gran esfuerzo y que con mucha seriedad y responsabilidad sacaron adelante una iniciativa muy compleja, en consideración al grave problema del alcoholismo. Fue muy valioso su aporte en materia jurídica y médica.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Recuerdo a los señores parlamentarios que el Orden del Día termina dentro de treinta minutos.

Por lo tanto, solicito el asentimiento unánime de la Sala para que, una vez concluido el informe de la Comisión de Hacienda, se vote el proyecto a las 12.30 horas.

No hay acuerdo.

Tiene la palabra la Diputada señora Rebolledo para rendir el informe de la Comisión de Hacienda.

La señora REBOLLEDO.-

Señor Presidente , paso a entregar el informe de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de ley que modifica la ley de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres y deroga el libro segundo de la ley Nº 17.105.

El propósito de la iniciativa es modificar la legislación de alcoholes procurando la efectividad de sus normas para combatir el alcoholismo en el país, para lo cual se proponen, entre otras, las siguientes medidas:

Se aumentan las multas aplicables por infracciones a la ley de alcoholes; se restringe el otorgamiento de patentes a una por local; se promueven programas de prevención del alcoholismo; se destinan los ingresos por multas a programas de prevención y de rehabilitación; se faculta a los municipios para reducir horarios a establecimientos del rubro.

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos señala que la normativa no irroga gasto de cargo fiscal.

No obstante lo anterior, es necesario hacer presente que el aumento de los recursos provenientes de la aplicación de las multas por infracción a las disposiciones de la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, debiera significar un aumento sustancial de los recursos destinados a los programas o planes de prevención y rehabilitación de alcohólicos, conforme a la destinación contemplada en el artículo 68 del proyecto.

Los demás recursos que el Fisco destina a tales efectos están contenidos en el presupuesto del Ministerio de Educación, ítem 33.032, Programa de prevención a la drogadicción y el alcoholismo y educación ambiental, que asciende a $372.017 miles, y del Ministerio de Salud, ítem 31.002, Centros de prevención de alcoholismo y salud mental, que alcanza a $106.413 miles, todas cifras del presupuesto de 1996.

La Comisión de Salud dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos 16, 22 y 68 del proyecto aprobado por ella.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:

El artículo 16 establece que en todos los servicios de salud del país deberán existir programas de tratamiento y rehabilitación para bebedores con problemas y alcohólicos, los cuales incluirán plazas de hospitalización, consulta externa especializada y tratamiento ambulatorio.

Su inciso segundo extiende a los establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, la exigencia de contar con dichos programas en beneficio de su personal en servicio activo y en retiro.

El inciso tercero permite participar a las organizaciones de la comunidad que menciona, en los referidos programas.

El artículo 22 señala que los programas o planes de prevención y rehabilitación de alcohólicos, se financiarán con los recursos previstos en el artículo 68 del proyecto, sin perjuicio de los demás recursos que el Fisco destine para estos fines.

Su inciso segundo prevé la calificación de las personas jurídicas de derecho privado para participar en los mencionados programas, en los términos que señala.

El artículo 68 dispone la distribución de los recursos provenientes de las multas por infracción a las disposiciones del proyecto, otorgándose a los delegados del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes un honorario único equivalente al 10 por ciento del total de las sumas que ingresen por concepto de multas.

Su inciso segundo establece el mecanismo de distribución del saldo que deje el pago de tales honorarios, destinándose el 40 por ciento para el financiamiento y mantención de los programas de rehabilitación de personas alcohólicas que se ejecuten a través de los servicios de salud, y el 60 por ciento para el financiamiento y mantención de los programas indicados que se efectúen por las municipalidades.

Puestos en votación los tres artículos antes citados, fueron aprobados en forma unánime.

He dicho.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

En discusión particular el proyecto.

Por no haber sido objeto de indicaciones ni modificaciones, se declaran aprobados los artículos 1º, 4º, 6º, 7º, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 38, 39, 42, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64, 65, 66, 67 y 69, permanentes; además, los artículos 1º y 2º transitorios.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente, pido la palabra.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente , quiero dar a conocer a la Mesa una inquietud. No sé si la aprobación de los artículos mencionados implica que no podría haber algún tipo de discusión respecto de un tema que me ha planteado la Asociación de Jueces de Juzgados de Policía Local, en el sentido de que ellos tienen observaciones en cuanto a las innumerables materias que se traspasarían a su competencia.

Los jueces realizaron un seminario y tuve oportunidad de saber sus conclusiones. De ellas se desprende que no tienen ni la capacidad ni la infraestructura para conocer, tal vez, de cientos de miles de nuevas causas. Por lo tanto, solicito que el título V del proyecto, “De la competencia y del procedimiento judicial”, quede pendiente para cuando efectuemos una discusión más lata.

He dicho.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

Señor diputado, quiero recordarle que el proyecto ya se encuentra en su segundo trámite, cuenta con segundos informes y, reglamentariamente, se encuentran aprobados los artículos a que hice mención. En consecuencia, sólo es posible abrir debate sobre aquellas disposiciones en discusión.

En discusión el artículo 2º

Ofrezco la palabra.

El señor LATORRE.-

Pido la palabra para plantear una moción de orden.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , antes de que se iniciara la discusión del proyecto, planteé que los artículos a cuya discusión nos abocaremos en este instante, de acuerdo con el Reglamento, requieren pronunciamiento individual. Por consiguiente, propongo que, antes de iniciar el debate, Su Señoría someta a consideración de la Sala que éste tenga lugar en la próxima sesión, en consideración a que el tiempo destinado al Orden del Día está por expirar y a que, como ya se ha expresado, varias de las disposiciones requieren de quórum distintos para su aprobación. Me parece inconveniente empezar la discusión si al momento de resolver nos encontraremos con dificultad para reunir el quórum.

He dicho.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

La acitud de Su Señoría me parece bastante lógica.

Si le parece a la Sala, se pospondrá hasta el próximo martes el debate del proyecto, el cual se ubicará en el primer lugar de la tabla, a fin de que se cuente con todo el tiempo necesario para su discusión.

No hay acuerdo.

En discusión el artículo 2º.

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA .-

Señor Presidente , el artículo 2º plantea una cuestión que atañe a todo el proyecto, lo que implica estudiar con mayor profundidad su texto.

¿Por qué digo esto? Porque en el penúltimo inciso se señala que quien infrinja lo establecido en la disposición quedará obligado a comparecer al juzgado de policía local competente, a primera audiencia. Estimo que esta norma, además de tener el carácter de orgánica constitucional, nos sitúa frente a un problema de política judicial: si este tipo de infracciones debe ser de competencia de los juzgados de policía local o de los jueces del crimen. Al respecto, debo señalar que, en la actualidad, una comisión interministerial está abocada al estudio de las atribuciones, organización y competencia de los juzgados de policía local.

En las 341 municipalidades del país existen 314 juzgados de policía local; 216 jueces abogados en 195 de ellas y sólo 50 secretarios abogados. De ahí, entonces, que el traspaso de ese tipo de causa a los tribunales sea, en este momento, por decir lo menos, un error gigantesco.

Pero veamos el número de causas. Hoy, los juzgados de policía local tienen alguna competencia en materia de infracción a la ley de alcoholes, y en total, según datos del INE, conocieron 13.313 causas; sin embargo, las últimas cifras de 1994 respecto del total de procesos por contravención a la ley de alcoholes suman 198.549. Entonces, prácticamente 200 mil causas se traspasarían a los juzgados de policía local. ¿Cómo se desglosan? Infracciones a la ley de alcoholes, 52.781; manejo en estado de ebriedad, 10.650, y ebriedad propiamente tal, las más numerosas, 125.118.

Hace pocos meses postergamos por un año la vigencia de la ley Nº 19.450, que traspasaba a los juzgados de policía local los hurtos, malversaciones, daños, estafas y algún tipo de incendio en que la cosa dañada no excedía un valor de 5 unidades tributarias, es decir, alrededor de 120 mil pesos. El argumento para suspender la aplicación de la ley fue que ello acarrearía el colapso de los juzgados de policía local. Cuando se revisaron las estadísticas, se comprobó que alrededor de dos mil causas serían traspasadas de los juzgados del crimen a los de policía local.

Si en esa oportunidad se dijo que los juzgados de policía local colapsarían, que no estaban preparados, que no contaban con infraestructura ni personal y se hizo una campaña de opinión pública para evitar el traspaso, ¿cuál es la razón que se esgrimirá para aprobar el traspaso, de inmediato, de alrededor de 200 mil causas a los juzgados de policía local?

El artículo 57, que se relaciona con esta materia, -Su Señoría dijo que estaba aprobado, lo que no es así- dispone que de las infracciones previstas en esta ley conocerán, en primera instancia, los jueces de policía local.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

Señor diputado , el artículo 57 no está aprobado. Parece que Su Señoría no escuchó bien. Lo están los artículos 54, 55, 56 y 58. No puede quedar en el Acta algo que no corresponde a la realidad.

Hecha esta aclaración, puede continuar Su Señoría.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, lamentablemente debo corregirlo.

Su Señoría, cuando se refirió a lo afirmado por el Diputado señor Latorre , manifestó que estaba en discusión el artículo 2º, porque las otras disposiciones estaban aprobadas. Yo estoy estableciendo un vínculo entre el artículo 57 -no está aprobado y debe ser objeto de discusión-, que establece derechamente el traspaso de competencia en los procesos, y el artículo 2º. En este último precepto se da por hecho que el artículo 57 está aprobado, porque señala que el infractor está obligado a comparecer al juzgado de policía local competente. Entonces, los dos artículos se relacionan de manera muy estrecha.

Mi conclusión es que el proyecto debe volver a la Comisión de Salud para que se estudie esta situación o se coloque una disposición transitoria. También podría enviarse a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para que tenga el tratamiento adecuado y, además, se establezca una verdadera relación o concordancia entre la realidad de esas 200 mil causas por infracciones a la ley de alcoholes traspasadas a los juzgados de policía local y con la carencia de infraestructura, de personal y por todas aquellas otras razones que, en su oportunidad, nos motivaron a suspender la entrada en vigencia de la ley Nº 19.450.

De no hacerse así, votaré en contra de esta disposición.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , la intervención del Diputado señor Elgueta fue muy interesante, pero habría sido más conveniente que ella se hubiere efectuado el próximo martes, cuando se discutirá en forma completa del proyecto.

En consecuencia, reitero mi petición para que formalmente adoptemos el acuerdo de continuar tramitando el proyecto en la próxima sesión.

He dicho.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

Solicito la unanimidad de la Sala para poner término a la discusión del proyecto y continuar el próximo martes.

No hay acuerdo.

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.

La señora CRISTI .-

Señor Presidente , una cosa es pronunciarnos acerca de la posibilidad de posponer el tratamiento del proyecto hasta el próximo martes, y otra, aclarar, como diputada informante , afirmaciones formuladas en la Sala, las que, en alguna forma, no coinciden con los antecedentes conocidos en la Comisión.

En primer lugar, debo manifestar mi sorpresa por la posición del Diputado señor Elgueta , porque es una de las personas que más ha participado en el trabajo de la Comisión, máxime porque a él le pedimos apoyo especial en todo lo relacionado con el procedimiento.

Por otra parte, el señor diputado también ha informado respecto del número de causas que se traspasarían a los juzgados de policía local. En esa materia, la primera autoridad consultada fue el presidente de la organización que agrupa a los jueces de policía local, don Carlos Varas, al margen de haber tenido reuniones con otras instancias de jueces de policía local, los cuales solicitaron la posibilidad de atender estos casos, que son faltas y no delitos, porque afectan directamente a la comunidad y de igual forma reciben reclamos y denuncias; o sea, deben tratar los temas sin tener atribuciones para ello.

Ahora, cuando se sostiene que se agregarán 200 mil o 300 mil causas a los juzgados de policía local, no se trata de las actualmente pendientes, sino de nuevas. El proyecto no tiene normas con efecto retroactivo. Entonces, me parece muy raro este análisis sobre el incremento en el conocimiento de causas.

También tengo antecedentes respecto del seminario de jueces de policía local, al cual fui invitada, oportunidad en que manifestaron su complacencia con el proyecto.

Como se han dado cifras tan impresionantes, quiero precisar el número de causas que hay en comunas que no son Santiago, San Miguel o La Cisterna. Por ejemplo, en La Calera hay 84 causas pendientes por expendio de bebidas alcohólicas y 1.500 por ebriedad; en Rancagua, 782 por expendio y 2.900 por ebriedad; en San Vicente, 145 por expendio y 470 por ebriedad. Sin embargo, en Santiago, donde hay numerosos juzgados de policía local, hay 14 mil por expendio y 23 mil por ebriedad; en San Miguel, 4.500 por expendio y 7 mil por ebriedad. Es decir, la proporción de las causas va en relación con la población y la disponibilidad que tienen los juzgados de policía local en la zona.

Me extraña que de repente se produzcan reclamos respecto de esta situación, que ha sido estudiada por cuatro o cinco años y apoyada por los jueces de policía local.

En una cosa estoy de acuerdo con el primer planteamiento del Diputado Elgueta . Habría que modificar el procedimiento de la votación, en el sentido de que el primer artículo que discutimos tiene que ver con la indicación que da atribución a los juzgados de policía local para tratar las faltas que sanciona la ley de alcoholes. Por lo tanto, sería conveniente empezar por el procedimiento judicial, porque concierne a todo el proyecto y es, quizás, la disposición más importante para que las multas e infracciones a la ley de alcoholes, de una vez por todas, sean una realidad en las comunas. Hoy, esa ley es letra muerta por la dificultad para conseguir el pago de las multas. Si no se soluciona esa situación, tendremos que seguir igual, donde cada uno hace lo que quiere y vende a quien quiere, en un país lleno de problemas y de dificultades por la permisividad que hay respecto de esta ley.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Zarko Luksic.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente , solamente para manifestar mi duda respecto del quórum requerido para la aprobación del artículo 2°.

Desde el punto de vista de una interpretación armónica, tengo la convicción de que el artículo 2° es norma de ley orgánica constitucional según el artículo 74 de la Carta Fundamental, relacionado con las atribuciones de los tribunales de justicia, las cuales se pueden analizar desde dos puntos de vista: de adición de mayores atribuciones o de omisión o resta. En este caso, estamos en presencia de una merma de atribuciones de los juzgados de mayor cuantía en materia criminal.

Por lo tanto, solicito a la Mesa que clarifique el quórum que se requiere para la aprobación del precepto. Pienso que teniendo presente una interpretación armónica, estaríamos en presencia de una norma que requiere de quórum de ley orgánica constitucional.

Respecto del tema a que ha hecho mención la Diputada señora María Angélica Cristi , quiero aclararle que de ninguna manera estamos haciendo observaciones sobre la importancia de este proyecto. Nuestra preocupación está relacionada con lo expresado por la asociación de jueces de policía local, en el sentido de que no tienen la capacidad ni la infraestructura necesaria para asumir esta enorme labor.

Además, deseo precisarle respecto de su aseveración de que no se traspasarían a los juzgados de policía local las causas pendientes, que el artículo 19, número 3, de la Constitución, señala claramente: “Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado”. Por eso, tengo la absoluta convicción de que se puede inferir que esta nueva ley estaría favoreciendo a los afectados, razón por la cual tendrían todo el derecho de que sus procesos sean conocidos por los juzgados de policía local.

Por lo expuesto, apoyo la proposición del Diputado señor Latorre de llevar a cabo una discusión más lata de la materia en la próxima sesión.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Terminado el tiempo del Orden del Día.

Queda pendiente la discusión del proyecto.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ALCOHOLES. Primer trámite constitucional (Continuación).

El señor HUENCHUMILLA ( Presidente en ejercicio).-

En el Orden del Día, corresponde seguir ocupándose del proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres y deroga el libro II de la ley Nº 17.105.

En relación con el artículo 2º, que está en discusión, tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , en la sesión anterior, el Diputado señor Elgueta , al referirse a este artículo, manifestó algunas aprensiones respecto del cambio de competencia para el conocimiento de los delitos que se sancionan en este cuerpo legal, esto es, del cambio del tribunal al que corresponde conocer de estas causas.

De acuerdo con las normas procesales vigentes y a la ley orgánica correspondiente, muchas de estas causas están siendo conocidas por los juzgados del crimen, y quien haya conversado con los jueces de estos tribunales e incluso con los de policía local habrá comprobado que entre ellos existe plena coincidencia en cuanto al enorme recargo de trabajo que existe en los juzgados del crimen y a la conveniencia de que los procesos por faltas y violaciones a la Ley de Alcoholes puedan ser vistos por los juzgados de policía local. Con ello se logra un doble objetivo: primero, desatochar a los juzgados del crimen, que hoy emplean casi el 20 por ciento de su tiempo en procesos de esa naturaleza y no en causas por delitos de mayor gravedad, y segundo, agilizar los procesos.

La mayoría de los jueces del crimen de la Región Metropolitana y de las principales ciudades de regiones y los jueces de policía local con los que he conversado coinciden en esta apreciación. Al respecto, los jueces de policía local plantearon su legítima inquietud de que el cambio de competencia debe ir acompañado de la infraestructura necesaria para absorber los nuevos procesos. Es evidente que si estas causas se trasladan a los juzgados de policía local, se producirá en ellos un incremento de trabajo que les exigirá mayor infraestructura. Esto será un problema general, salvo en las comunas que cuentan con más recursos, como las de la zona oriente de Santiago. El propio Diputado señor Elgueta planteaba esta inquietud.

Ayer conversé por teléfono con los Diputados Elgueta y Luksic , integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, quienes, en principio, coincidieron en que deberíamos aprobar el artículo 2º -hay que relacionarlo con el 57, que traslada la competencia-, y de esta forma dejar establecido en este primer trámite constitucional el principio correcto: que estas causas sean vistas por los juzgados de policía local. Ahora bien, evidentemente, esto debe ir acompañado de la tramitación a que será sometida en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia la normativa que regulará el funcionamiento global de los juzgados de policía local.

El compromiso que planteamos es dar una señal positiva en esta iniciativa y que, antes de su despacho definitivo por el Senado, nos preocupemos de que el proyecto de la Cámara, que engloba todas las materias relativas a los juzgados de policía local, sea coincidente en cuanto a traspasar dichos procesos a estos tribunales y, simultáneamente, satisface la aspiración de los jueces de policía local de que se les dote de los recursos correspondientes.

Nos parece que es el camino correcto. Resultaría contradictorio que no diéramos una señal en cuanto al traspaso de la competencia. Debemos darla, pero dejando constancia en la historia fidedigna de la ley de que esto debe ir acompañado de una modificación global, que estudiará la Comisión de Constitución -vamos a agilizar su discusión, y en esto ha coincidido la Ministra de Justicia-, que entregue recursos para que estas causas puedan tramitarse en dichos juzgados.

Termino señalando lo siguiente. Quizás, esto puede parecer un asunto baladí a los parlamentarios que por diversas razones no están vinculados al funcionamiento de los tribunales, pero quienes en la Comisión de Constitución analizamos el proyecto que modifica el procedimiento penal pudimos darnos cuenta de que si algo resulta decisivo en el atochamiento de los tribunales es que los juzgados del crimen, por la cantidad de causas que deben conocer, no pueden concentrarse en aquéllas por delitos con mayor reproche social. O sea, hoy un juez del crimen de cualquier ciudad de región o de Santiago debe destinar exactamente el mismo tiempo a un delito menor de una persona sorprendida en la vía pública bajo los efectos del alcohol o al cierre de un local clandestino, que a uno de hurto, robo, violación u homicidio. Sin lugar a dudas, ello implica un retraso en la correcta administración de la justicia.

Por lo tanto, lo que solicitamos es que se aprueben los artículos 2º y 57. No hago cuestión respecto de cómo votarlos: juntos o en forma separada. Lo propongo así porque ambos se refieren a la misma materia, son complementarios. Lo importante es dejar establecido en la historia fidedigna de la ley que este proyecto, que ahora pasará al Senado, tendrá que ser coincidente con la modificación global que estudiará la Cámara sobre competencia para el conocimiento de determinadas causas y que dirá relación con los recursos necesarios para que puedan funcionar adecuadamente los tribunales de policía local.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA .-

Señor Presidente , no obstante lo afirmado por el Diputado señor Espina, debo expresar que el proyecto debería contener otra disposición transitoria. En todo caso, otra posibilidad sería devolverlo a una de las Comisiones que lo estudiaron, porque contiene algunas disposiciones que creo que no se condicen con la realidad.

En la sesión anterior dije que serían traspasadas a los juzgados de policía local alrededor de 200 mil causas que hoy se tramitan en los del crimen. Ello tiene que ver con los artículos 2°, 3°, 57 y 58. Al hacer una revisión de las normas consideradas de ley orgánica constitucional, se observa que en el primer informe sólo se señalan los artículos 57 y 58, que fueron enviados en consulta a la Corte Suprema. Sin embargo, no se pidió informe respecto de los artículos 2° y 3° que se refieren a la intervención de los juzgados de policía local en el conocimiento de dichas causas.

En consecuencia, en cuanto a estos preceptos -especialmente del que estamos analizando- se habría incurrido en una omisión al no consultar a la Corte Suprema que, a su vez, no informó a la Cámara sobre este artículo, que se refiere a la organización y atribuciones de los juzgados de policía local.

Por lo tanto, la Cámara debería decidir si los artículos 2° y 3° son disposiciones de ley orgánica constitucional. Por otra parte, sería conveniente informar a la Sala si fueron objeto de petición de informe previo a la Corte Suprema.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , quiero entender bien la objeción de mi distinguido colega, Diputado señor Elgueta .

En primer lugar, respecto de que el proyecto no habría sido enviado a la Corte Suprema, la información que tenemos es que ésta lo vio y lo informó en su conjunto -veo que el Secretario está asintiendo-. Más aún, la Diputada señora María Angélica Cristi me hace presente que en esta materia incluso hubo conversaciones entre diputados de la Comisión y ministros de la Corte Suprema sobre los distintos puntos del proyecto. De manera que el trámite se habría cumplido.

En segundo lugar, quiero recordarle a mi distinguido amigo Diputado señor Elgueta que lo que conversamos ayer es, a nuestro juicio, la forma correcta de llevar adelante este proyecto. Sería absurdo, después de seis años, enviarlo nuevamente a Comisión, cuando falta el segundo trámite constitucional, en el Senado, donde hay representantes de todos los partidos. Por lo tanto, las eventuales correcciones sobre determinados puntos se harán allí.

Respecto del traspaso de las causas por delitos menores -faltas por ebriedad en la vía pública o por cierre de clandestinos- desde los juzgados del crimen a los de policía local, nadie ha sostenido hasta el momento que lo correcto no sea traspasarlas a éstos, porque todo el mundo entiende que no son de competencia de aquéllos, que tienen que preocuparse de las causas que realmente los tienen atochados: robo, hurto, etcétera. ¿Por qué tiene que verlas un juez de policía local? Porque lo razonable es que éste las vea, y como ha dicho el Diputado señor Elgueta -cosa que nosotros acogemos- es necesario dar financiamiento a los juzgados de policía local.

En la conversación que sostuvimos ayer, dijimos que si al momento de despacharse definitivamente el proyecto por el Senado no estaba resuelto el problema de financiamiento, asumíamos el compromiso político de desglosar este artículo. Entendiendo que en el Senado su tramitación demorará, por lo menos, 4, 5 ó 6 meses, lo razonable sería que en ese momento tuviéramos resuelto todo el problema de los juzgados de policía local. Pero vamos avanzando y dando una señal positiva: que la competencia se traspase a los juzgados de policía local. Ése es el espíritu, y por lo menos nosotros nos vamos a oponer a que vuelva a Comisión, porque es retrasar innecesariamente la tramitación. En la Comisión todos estamos de acuerdo en que la competencia debe traspasarse desde los juzgados del crimen a los de policía local. La discusión está radicada en si vamos a dar financiamiento a estos juzgados, y todos hemos dicho que el Gobierno tiene que buscarlo.

Entonces, esperemos el trámite del Senado y apuremos el otro proyecto en la Cámara, porque de esa manera vamos a lograr el financiamiento. Mientras tanto, vamos despejando un tema que resulta importante para la gente: terminar con la enorme cantidad de causas que tienen los tribunales y dando la señal adecuada de que el correcto criterio es que sean de competencia de los juzgados de policía local y no de los del crimen.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA ( Presidente en ejercicio).-

Antes de conceder la palabra a la Diputada señora Cristi, deseo señalar que, en su momento, la Corporación remitió el proyecto, para su consideración, a la Excelentísima Corte Suprema y que en la moción primitiva se consideraban sustantivamente en los artículos 2º y 3º.

Respecto de la naturaleza del artículo 2º, es -tal como se señala en el informe- de quórum simple, porque la competencia está establecida en el artículo 57, que es norma de ley orgánica constitucional.

Ésa es nuestra opinión sobre las precisiones del Diputado señor Elgueta.

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente , a mayor abundamiento de lo planteado por el Diputado señor Espina, deseo agregar que la discusión de este proyecto se inició hace 6 años, primordialmente en respuesta a la inquietud de los juzgados de policía local de la época, que, no obstante estar muy relacionados en alguna forma con los municipios, no tenían atribuciones en lo relativo a la Ley de Alcoholes, ni siquiera sobre las infracciones, multas, clandestinaje, etcétera.

Por eso, inicialmente el proyecto fue elaborado en conjunto con el juez de policía local de Peñalolén de la época, don Andrés Montaner , y en el reciente seminario de jueces de policía local, éstos no hicieron ninguna observación respecto del cambio de competencia. Sin embargo, sí les preocupó que, además del traspaso de estas causas, a través del tiempo se les ha ido incorporando otras responsabilidades, como los problemas derivados del aumento del parque automotor, de la nueva ley sobre calidad de la vivienda, etcétera. Pero ellos entienden que son problemas de las comunas que no deben residir en tribunales alejados de ellas.

El problema del clandestinaje, por ejemplo, es fundamental que sea manejado por los jueces de policía local. ¿Qué pasa hoy cuando las personas se quejan de que el clandestinaje se mantiene y de que no hay penas en su contra? Que Carabineros debe solicitar la orden de allanamiento al juez del crimen correspondiente, lo que generalmente es demoroso. Con esta modificación se estima -la ley lo dice- que en 24 horas el juez de policía local podrá autorizar a Carabineros para allanar un local clandestino. Así, tendrán la responsabilidad de actuar rápidamente contra el clandestinaje, uno de los mayores problemas, especialmente en las poblaciones.

Es fundamental que esta competencia se entregue a los jueces de policía local. No se trata de traspasar el conocimiento de delitos como el de hurto y otros que implican procesos mucho más complejos. En este caso se trata de faltas simples, que pueden ser conocidas y resueltas sin mayor tramitación.

Es cierto que hay una gran cantidad de causas por hechos en que está presente el factor ebriedad. Pero la mayor parte de ellas -alrededor de cien mil-, como el manejo o las lesiones causadas por conducir en estado de ebriedad, seguirán radicadas en los juzgados del crimen.

Me alegro de que se haya planteado el tema de los recursos para los juzgados de policía local y de que esto quede como preocupación nuestra. La Comisión tripartita de Gobierno, que está trabajando en la modificación de la estructura de estos tribunales, lo tendrá presente para que los jueces puedan ejercer su función como corresponde.

Por lo tanto, es muy importante para todos que la competencia para juzgar la mayor parte de las faltas a la Ley de Alcoholes quede radicada en los juzgados de policía local.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA ( Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Aníbal Pérez.

El señor PÉREZ ( don Aníbal).-

Señor Presidente , en primer lugar, deseo ratificar lo expresado por el Diputado señor Espina y por la Mesa, en el sentido de que este proyecto fue conocido por la Corte Suprema, la cual entregó un informe favorable.

En seguida quiero fundamentar mi apoyo al artículo 2°. Es bueno que la competencia quede radicada en los juzgados de policía local. En primer lugar, porque no en todas las comunas hay juzgado del crimen, como ocurre especialmente en las rurales, y cuando la gente debe cumplir una diligencia relacionada con la competencia de éstos, muchas veces pierde por lo menos medio día, porque debe concurrir a los de capital de la provincia. En consecuencia, es positivo que en las comunas se resuelva sobre estas situaciones.

En tercer lugar, al ser traspasadas las causas a los juzgados de policía local, estos deberán tener más audiencias para conocer y pronunciarse sobre ellas. Por ello estamos modificando la ley de juzgados de policía local, para que en lugar de una audiencia, haya dos o tres.

En cuarto lugar, obviamente, debe ser nuestra preocupación a futuro, como Cámara de Diputados, determinar si estos tribunales locales efectivamente requieren mayor financiamiento.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la Diputada señora Wörner.

La señora WÖRNER.-

Señor Presidente , me hago cargo en la discusión particular de este proyecto de los alcances que esta nueva normativa tiene para combatir uno de los más grandes flagelos de la sociedad chilena: el aumento del consumo de alcohol, sobre todo, si se considera la incidencia que esta droga tiene en la juventud.

Es importante tener presente que no han sido pocos los casos en los que por legislar en forma precipitada, aunque con un bien intencionado deseo de apurar la tramitación de determinadas normativas, nos hemos equivocado. En algunos casos hemos cometido crasos errores, que nos han significado críticas -principalmente de la prensa-, que ha acusado a la Cámara de liviandad, de demasiada premura e irresponsabilidad en el despacho de algunos proyectos.

También me hago cargo de que soy una de las diputadas patrocinantes de la iniciativa y de que aquí hay una importante tarea y años de trabajo de la diputada señora Cristi , de otros señores diputados que integran la Comisión de Salud y del Ejecutivo, a través de algunos técnicos y expertos en la materia, que asesoraron a la Comisión.

Quiero hacer algunas precisiones y proponer a los colegas evaluar la posibilidad de que este proyecto vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por un plazo perentorio, para que a sus miembros, aun cuando sea en una sesión especial, formulemos algunas observaciones, algunas de las cuales expondré someramente ahora.

En primer lugar, comparto el criterio de cambiar la competencia al juzgado de policía local, lo que debe quedar sujeto, en el tiempo, a que esos tribunales cuenten con los recursos necesarios para hacerse cargo del aumento de causas.

Hay que tener presente que los recursos que se necesitarán para personal e infraestructura en esos juzgados no están considerados en el Presupuesto de 1997. El Ministerio de Justicia -lo saben los señores diputados, especialmente los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia- está estudiando un mecanismo para dotar de infraestructura y personal a estos tribunales, para cambiar sus atribuciones y, en general, para hacerlos idóneos y capaces para conocer estas materias y muchas otras, ya que, a través de una serie de nuevas leyes, se les está ampliando, quizás, desmedidamente su competencia.

Estamos cayendo en el mismo error en el que se cayó en su momento con el Servicio de Registro Civil, al cual se le hizo colapsar con las mayores competencias impuestas por diferentes normativas. Nunca se midió la dotación ni la infraestructura ni el presupuesto de ese servicio. Felizmente, a partir de una buena administración en los últimos años, eso se ha superado.

En segundo lugar, recuerdo a la Sala que no en todas las comunas existen juzgados de policía local, menos en las más pobres, que es donde el clandestinaje y consumo o ingesta elevada de alcohol se da con mayor frecuencia. Hay comunas en la periferia que deben recurrir a una comuna madre para ser atendidas en estas materias, y los juzgados escasamente conceden dos audiencias a la semana, con no más de cuatro horas de atención. Esto significa una carga gravosa para gente muy humilde, principalmente de los sectores rurales, que por la venta o consumo ilegal de bebidas alcohólicas y como consecuencia de la aplicación de esta ley, deberá concurrir a los juzgados de otras comunas. En los juzgados rurales, generalmente, es el alcalde -no siempre abogado- quien cumple el rol de juez de policía local, y, por lo tanto, aplica un criterio casi de buen padre de familia o de amigable componedor, pero que dificulta la debida resolución de estas materias.

En tercer lugar, en el curso de la discusión de esta normativa, se amplió el proyecto madre, incorporándole muchas disposiciones reglamentarias. Pero el texto de la futura ley puede simplificarse. Muchas de las disposiciones que contiene pueden ser incluidas en un reglamento, y así se hará más expedita su aplicación, estudio, modificación y adecuación futura.

En cuarto lugar, el artículo 2º, por ejemplo, dispone que a la persona que se le sorprenda consumiendo bebidas alcohólicas en las calles, plazas públicas, etcétera, será detenida y, previa comprobación de su identidad y pago de una caución, recuperará su libertad, pero quedará obligada a comparecer al juzgado de policía local competente, en circunstancias de que a estas alturas del siglo en que estamos viviendo, perfectamente podríamos tener una normativa moderna, que deje al arbitrio del afectado la decisión de comparecer ante el tribunal a formular descargos, si los tiene, o, simplemente, pagar la multa, con una papeleta que se le entregue oportunamente y de acuerdo con cifras preestablecidas en un reglamento, en la tesorería correspondiente.

¿Por qué vamos a hacer concurrir a todas esas personas a las audiencias de los juzgados de policía local, cuando -como dije- no todos disponen de personal e infraestructura, no todos cuentan con un juez letrado, algunos no siempre funcionan todos los días de la semana y, además, no existen en todas las comunas del país?

Creo que deberíamos agilizar la tramitación y perfeccionamiento de esta iniciativa y despacharla en un plazo que se podría concordar, pero sin que ello signifique más demora de la que ya ha tenido.

Por último, quiero hacer presente que en la larga discusión de esta moción -como se ha señalado en muchas intervenciones-, se ha seguido reglamentando y ampliando su contenido, y hay clara presencia de atentados a ciertas garantías constitucionales o pugnas entre la normativa común y dichas garantías. La aplicación de algunas de sus normas resulta muy complicada; por ejemplo, las que establecen zonas secas, cuya aplicación se deja al arbitrio y discrecionalidad de la autoridad administrativa: el intendente regional. Entonces, de repente siento que en esta iniciativa hay pugna entre la normativa común y algunas garantías constitucionales.

Por lo tanto, solicito a su Señoría que recabe la unanimidad de la Sala para que el proyecto sea enviado a la Comisión de Constitución, a fin de que en una sesión especial se evalúen las observaciones que a grosso modo he señalado, con el objeto de que esta iniciativa, que tendrá un impacto social positivo -no cabe duda- y que persigue un fin muy loable -como el que se ha señalado en forma reiterada- sea moderna y eficiente.

Creo que no es bueno apresurarnos en una tramitación -hecho observado no sólo por mí en la Sala- que nos puede significar mayor dilatación en el Senado que la que ha tenido aquí, o promulgar una ley que tendrá serios reparos, con lo que nuevamente se traerá al tapete nuestra forma de legislar y surgirán las críticas, como ya ha sucedido, en algunas ocasiones, injustas, pero, en otras, muy justificadas.

Si no hay unanimidad, al menos habré dejado mi opinión en la historia de la ley.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente , en verdad, si hay una iniciativa en la que no se puede hablar de apresuramiento ni de premura ni de liviandad, es precisamente en ésta. Son pocos los proyectos de ley -creo que sólo el de transplante de órganos- que han tenido un tratamiento más lato, completo y técnicamente elaborado que éste. Lo demuestran los seis años que lleva el proyecto en la Comisión de Salud, durante los cuales, en repetidas oportunidades, se pidió que se enviara a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

Parece que aquí estuviéramos en una especie de comedia de equivocaciones, porque no hay nadie en la Sala que se oponga a que estos casos sean de competencia de los juzgados de policía local, como ninguno de los actores involucrados, consultados en el pasado y en el presente, lo ha hecho.

Nuestra bancada ya comprometió su apoyo para que esos juzgados sean dotados con infraestructura y recursos humanos que permitan satisfacer adecuadamente la demanda que significará esta disposición.

Pero parece que este compromiso no sirve, pues se insiste en tratar de remitir la iniciativa a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. ¿Para qué? ¿Para que también en ella se repita que se está de acuerdo en que estos casos pasen a los juzgados de policía local? ¿Para que se remarque la insuficiencia de los recursos que allí existen para satisfacer la demanda que se va generar? ¡Pero si la Sala está de acuerdo con el proyecto y en lograr los consensos en el Senado para que los recursos materiales y humanos estén a disposición de dichos juzgados!

¿Cuál es el objeto de aplazar la discusión y entregar al Senado la obligación de acelerarla? Creo que aquí -reitero- se están buscando y usando argumentos contradictorios. Hay unanimidad para aprobar el artículo 2º en los términos en que está concebido, con la sola inquietud acerca de los recursos disponibles. Nuestra bancada está comprometida en el sentido de apoyar una iniciativa para implementarlos. Existe una comisión de gobierno tripartita que está trabajando en la materia. El proyecto es producto de una iniciativa del Ejecutivo -lo recuerdo a los señores parlamentarios- y de acuerdo con él se consensuó la forma de tratarlo en la Comisión de Salud.

Por ello, pudiendo argumentar mucho más, porque cualquiera de las intervenciones que ha habido amerita responderla por lo menos durante media hora, y habiéndose dicho absolutamente todo, llamo a los señores diputados a ser consecuentes con lo que se dice en una parte del discurso y votemos el artículo 2º.

Quienes estiman que en el proyecto hay algunos vicios de constitucionalidad, en su oportunidad podrán votar en contra de esas materias.

Insisto en que, ya agotado el debate -desde mi punto de vista, no existen otros argumentos-, votemos el artículo 2º para seguir avanzando; de lo contrario estaremos en este proyecto hasta el año 2000.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, deseo recordar que el proyecto estuvo cuatro años en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y que hicimos grandes esfuerzos para que fuera tratado en la época, lo que no fue posible hasta que el Gobierno envió otro proyecto a la Comisión por considerar el grave problema de salud que el alcoholismo significa para el país. La Comisión de Salud estudió todos los proyectos y los refundió para llegar al texto actual, que representa un consenso entre las propuestas del Gobierno y las del proyecto original.

Por otra parte, me da mucha pena que personas interesadas en el proyecto, que participaron en la discusión en general, no hayan presentado indicaciones en la Comisión de Salud, la cual, haciendo un gran esfuerzo, incluyó propuestas de los diputados, aunque éstos no las hubieran concretado. Por lo tanto, en el texto despachado por la Comisión se trató de recoger las inquietudes de todos: del proyecto original, del Gobierno, de los diputados y de la Comisión de Salud.

Además, el proyecto fue patrocinado por el Gobierno, pues una comisión integrada por representantes de los ministerios de Justicia, de Salud, de Educación, de Hacienda , Secretaría General de Gobierno, trabajó seis meses para elaborar aquellas proposiciones que no podíamos plantear por corresponder a materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República . Por lo tanto, en él se ha tratado de interpretar a todos. Y respecto de quienes no hicieron a tiempo sus propuestas -hasta yo podría tener algunas para formular ahora-, esperamos que el trámite siga y que éstas se puedan hacer en el Senado.

Por lo tanto, estoy de acuerdo en que se cierre el debate a fin de votar el artículo.

He dicho.

La señora WÖRNER.-

Pido la palabra, señor Presidente, para formular una consulta a la diputada informante.

El señor HUENCHUMILLA ( Presidente en ejercicio).-

Recuerdo a los señores diputados que estamos en la discusión particular. Por lo tanto, sus Señorías pueden hacer uso de cinco minutos en el primer discurso y cinco en el segundo.

Tiene la palabra la señora diputada.

La señora WÖRNER.-

Deseo consultar a la Diputada señora Cristi , pero no quiero que me mal interprete, porque partí reconociendo el trabajo de la Comisión. El problema es que ahora, al revisar el proyecto, me asaltan dudas, y quiero dejar constancia de ellas.

¿Cuál es la finalidad del inciso cuarto del artículo 2º -que es el que discutimos en particular- de obligar al infractor a comparecer al juzgado de policía local?

La norma podría hacer más expedito el procedimiento. A la persona se le detiene, si no tiene descargos se le cursa la infracción y paga la multa. Pero, ¿por qué hacerla comparecer al juzgado de policía local?.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Con la venia de la Sala, tiene la palabra la señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente , cuando una persona es sancionada con una multa, no puede hacer el pago en la misma Comisaría. Carabineros exige dejar en ellas una caución, de un valor menor al de la multa que imponen los tribunales, con el objeto de evitar tener que ubicar el domicilio del afectado. Ésa es la simple razón.

Ojalá todas las leyes establezcan una formula general para que ciertas multas puedan ser pagadas por correo, como decía la Diputada señora Wörner . Pero en este caso, la ley tiene una norma general para las faltas. Por lo tanto, se propone un procedimiento aparentemente más simple, que Carabineros solicitó especialmente, consistente en el pago de la caución, para no tener que ubicar el domicilio de la persona.

He dicho.

La señora WÖRNER.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Honorables diputados, o nos atenemos al Reglamento, en orden a que cada parlamentario haga uso de dos discursos por cinco minutos cada uno, o la Mesa debe solicitar el acuerdo de la Sala cada vez que se quiera seguir interviniendo, como ocurre en el caso actual.

La señora diputada hizo uso de los dos discursos, cada uno por cinco minutos, de manera que deberían hacer uso de la palabra los diputados que no han intervenido.

Por lo tanto, si nadie más desea hablar, la Mesa clausurará el debate respecto de este artículo.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación el artículo 2º.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Alvarado, Arancibia, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bayo, Bombal, Cardemil, Ceroni, Coloma, Cristi (doña María Angélica), Chadwick, Dupré, Encina, Escalona, Espina, Fuentealba, Gajardo, García (don René Manuel), Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jürgensen, Karelovic, Leay, Melero, Navarro, Palma ( don Joaquín), Pérez (don Ramón), Prokuriça, Saa (doña María Antonieta), Tohá, Urrutia (don Salvador), Walker, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Ascencio, Aylwin (doña Mariana), Elgueta, Martínez ( don Gutenberg), Matthei (doña Evelyn), Ortiz, Seguel y Silva.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Morales y Rocha.

El señor HUENCHUMILLA ( Presidente en ejercicio).-

En discusión el artículo 3º.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.

Aprobado.

En discusión el artículo 5º.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobado.

En discusión el artículo 8º.

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA .-

Señor Presidente , quiero consultar a la diputada informante si hay una repetición de normas en el proyecto, porque el 7º dice: “La persona que hubiere sido condenada por ebriedad dos veces en los últimos doce meses, deberá asistir, por orden del juez, a alguno de los programas educativos y de prevención que impartan las municipalidades, los servicios de salud o las instituciones dedicadas a la prevención de los efectos nocivos del alcohol”, y el inciso primero del 8º, en discusión, plantea: “La persona que hubiere sido condenada por ebriedad más de dos veces -estamos en presencia de la misma situación- por resolución judicial, deberá participar en un programa de tratamiento para bebedores problemas y alcohólicos, por el período que señale el juez, previo informe médico, ya sea en forma ambulatoria u hospitalizada, sin perjuicio de que cumpla con las otras sanciones que le sean aplicadas”.

Salvo que se me dé una explicación satisfactoria, entiendo que una de estas disposiciones está de más. Aquí se me dice que uno de los artículos se refiere a los menores, pero ninguno de ellos hace referencia a esa materia.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Fuentealba.

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente , quiero consultar si con lo dispuesto por el artículo 8º se supone alcohólica una persona que, casualmente, fue sorprendida dos veces en estado de ebriedad en los últimos doce meses. Me parece que ésa no debería ser la intención del artículo, porque una persona, en doce meses, puede ser sorprendida con una dosificación de alcohol en la sangre mayor al 0,5, y no estamos hablando de un alcohólico inveterado.

Por otra parte, el inciso segundo establece que el costo del programa “deberá ser pagado por el infractor o su sistema de salud”, en cuyo caso estaríamos modificando una relación contractual si existiera un sistema de salud en favor del infractor. Es decir, estaríamos imponiéndoles a las isapres la obligación de hacerse cargo del tratamiento de una persona que ha sido sorprendida dos veces en estado de ebriedad en los últimos doce meses, sin que sea un alcohólico inveterado.

Creo que el artículo tiene algunas complicaciones que deben resolverse o aclararse para que podamos votar ilustradamente la norma en discusión.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Alberto Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, en realidad, estamos hablando de tres situaciones distintas.

Tengo la impresión de que el Diputado señor Elgueta quiso referirse a los artículos 7º y 8º y no al 6º y 8º. Por eso, se le señaló que se trataba de la situación de los menores.

La diferencia entre los artículos 7º y 8º es la siguiente. El artículo 7º señala que cuando una persona es condenada por ebriedad dos veces en el período de un año, debe asistir a un curso o a un programa educativo y de prevención. De más está decir que éste es uno de los problemas más graves que hoy afecta a los jóvenes. Por lo tanto, es muy positivo que la legislación establezca -porque es ahí donde se concentran mayormente estos casos- que cuando un joven es condenado por ebriedad, se le dé la oportunidad de asistir a un programa de educación y de prevención, lo mismo que el adulto, como señala la Diputada señora Cristi .

El artículo 8º se pone en una hipótesis totalmente distinta, porque se refiere a la persona que ha sido sorprendida más de dos veces en estado de ebriedad, es decir, en forma reiterativa. Por lo tanto, estamos ante un enfermo al que hay que tratar como tal. Por eso, establece un programa de tratamiento para bebedores con problemas alcohólicos. De manera que ya no es un programa educativo ni preventivo, sino que es una ayuda, pues no se le detiene, no se le condena, se le tiende una mano. Se le dice: “Señor, a usted, que es alcohólico, porque permanentemente ha sido sorprendido en estado de ebriedad, la sociedad lo va a ayudar y, de acuerdo con una resolución judicial, lo obligará a someterse a un programa de tratamiento para bebedores.”

Respecto de la pregunta del Diputado señor Fuentealba acerca del financiamiento de estos programas, los recursos provendrán de los dineros que se obtengan por concepto de multas, como lo establece el inciso segundo del artículo 68. Las sumas son cuantiosas; no estamos hablando de cifras menores, sino de miles de millones de pesos, que se distribuirán de la siguiente manera: un 10 por ciento para los delegados del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes -a quienes se les rebaja bastante el porcentaje que hoy reciben-, que son los que intervienen en estas causas, fundamentalmente cuando se trata de accidentes del tránsito y existen lesionados. Del saldo, se destinará el 40 por ciento a los servicios de salud para el financiamiento y mantención de los programas de rehabilitación de personas alcohólicas, y el 60 por ciento a los municipios, con igual finalidad.

Ahora, si esto significa, además, que las isapres mejoren sus programas, mejor aún. Lograr que se desarrollen sistemas obligatorios, a fin de dar cobertura para este tipo de casos, sería hacer un gran favor a los miles de chilenos afiliados a las isapres que, a lo mejor, no cubren este tipo de prestaciones, debiendo hacerlo.

De manera que desde tres aspectos el proyecto está bien orientado. Primero, educación; segundo, tratamiento médico para el reincidente por más de dos veces, y tercero, financiamiento, el cual provendrá de los fondos recaudados por concepto de multas, distribuidos en un 60 por ciento para las municipalidades y un 40 por ciento para los servicios de salud. Ahora, si las isapres deben mejorar sus programas, estupendo. Significará que el proyecto es incluso mejor, porque las obligará a dar cobertura a estos programas, que habitualmente no la tienen, por lo cual, obviamente, el afiliado se ve desprotegido por esa realidad.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente , me parece muy ilustrativa la explicación del colega señor Espina, pero me gustaría consultar qué pasará si las personas no asisten a los cursos preventivos. Es decir, se nos viene abajo el sistema completo. Estamos ante un drama social, pues es el principal problema de salud pública en nuestro país, y no creo que podamos engañar al país diciendo: “A los que se portan mal y han sido convencidos por la propaganda televisiva o deportiva de que es bueno “tomar”, una vez que ya los tenemos alcoholizados y dependientes del alcohol y son condenados dos veces por ebriedad, deberán asistir a unas charlas al municipio, donde probablemente nunca han ido. Si no van, no pasará nada.”

Aquí se menciona que habrá un fondo que se financiará por concepto de multas, lo que me parece fantástico, pero la mayoría de los problemas serios de alcoholismo en nuestro país se dan en personas que no tienen ningún tipo de previsión. Me refiero al inciso segundo del artículo 8º, donde hay una declaración de buena intención, pero que no sirve absolutamente para nada.

Creo que debemos darnos tiempo para legislar en esta materia y entender que los condenados por consumir alcohol en forma excesiva son enfermos y no delincuentes, por lo cual debemos tratarlos como tales. Probablemente, muchos de ellos no operan con el sistema de Fonasa ni menos con las isapres -dudo de que esas instituciones cubran estos programas- y, por ende, debemos asumir que el Estado tendrá que hacerse cargo de este principal problema de salud pública.

El colega Espina ha dicho que están considerados los fondos, miles de millones de pesos. Por lo tanto, estoy seguro de que podremos mejorar el texto del proyecto para asegurarnos de que no haya problemas en el futuro, eliminando, quizás, la publicidad que se da en diferentes ámbitos de nuestra sociedad al alcohol y que estimula su consumo.

Soy partidario de votar por separado el inciso segundo del artículo 8º, a fin de no dejar en la ley cosas retóricas que no sirven de nada.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA ( Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor García, don René Manuel .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, coincido con lo expresado por el Diputado señor Juan Pablo Letelier , pero hay otra cosa que me preocupa más. ¿Qué pasará con estas personas en cuyas hojas de vida quedará constancia de su detención o del tratamiento? ¿Cómo les afectará en su vida laboral?

¿Qué ocurrirá con el joven de 18 ó 20 años que va a ingresar o ha estado en la universidad, si ha sido condenado dos veces en el año por encontrarse en estado de ebriedad y ha debido asistir a estos programas? ¿Qué sucederá cuando postule a un cargo y le pidan sus antecedentes? Obviamente, al imponerse de su situación, le preguntarán cómo puede optar a un trabajo si es un alcohólico. A lo mejor, ese joven, por la euforia que produce la universidad o celebrar la obtención de un título, cayó preso. Esta disposición es fantástica en la teoría, pero perjudicará enormemente la hoja de vida o la hoja laboral de las personas, porque no es muy agradable que a ese señor al postular por un trabajo le digan que no se lo darán porque es alcohólico y que no pueden correr el riesgo de que deje botada su labor si reincide.

Cuando uno tiene buenas intenciones, también debe ver cuáles son las consecuencias posteriores. Nadie está en desacuerdo en que haya prevención del consumo excesivo de alcohol, en que exista una educación que desde la enseñanza básica vaya guiando al joven, pero cuando el problema está presente es muy desagradable pasar por estas situaciones que. muchas veces, perjudican a la persona en vez de hacerle un favor. No nos pongamos una venda en los ojos ni más puritanos que el Papa. ¡Hablemos las cosas como son! ¿Quién no ha salido a festejar dos veces en el año? Con este artículo le estamos poniendo un tapón a esa gente. Le decimos que se la someterá a un tratamiento y le haremos esto o lo otro, pero resulta que, lejos de hacerle un favor, la estamos perjudicando al marcarla con el calificativo de alcohólica para el resto de sus días. Por lo tanto, me gustaría que este artículo se revisara y se corrigiera. La intencionalidad es fantástica, pero veamos los efectos posteriores. Es ahí donde debemos tener mayor cuidado, por cuanto, en vez de beneficiar a la persona, la estamos marcando a fuego porque, a lo mejor, en su juventud ha tenido un desliz y ha salido a celebrar dos veces en un año, lo que considero que es prácticamente nada.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Balbontín.

El señor BALBONTÍN.-

Señor Presidente , aquí hay dos cuestiones de diversa naturaleza. La primera dice relación con los objetivos que persiguen los artículos 7º y 8º, los cuales comparto, pero otra cosa es cómo enfrentar este tipo de problemas en forma práctica y útil.

Sabemos perfectamente que el alcoholismo es uno de los problemas más serios que enfrenta nuestro país, incluso más grave, proporcionalmente, que el de la droga, que se inicia en la sociedad antes que el resto y que deriva en una adicción de la cual es muy difícil salir.

El inciso segundo del artículo 8º apunta fundamentalmente al tratamiento de personas que están enfermas, pero aquí visualizo una desproporción en el costo del tratamiento entre quienes tienen previsión privada y las que tienen previsión pública. Básicamente, hay una discriminación en contra de los más pobres o que viven en condiciones de miseria, quienes, de acuerdo con los antecedentes de la investigación a que dio lugar este proyecto, son los que tienen mayor incidencia en los problemas de alcoholismo.

Desde ese punto de vista, podríamos abundar más en algunos aspectos del artículo 68 para buscar un mejor mecanismo de financiamiento, el que debiera surgir no sólo de las sanciones -como señalaba el Diputado señor Espina-, sino también de los costos de la publicidad, e incidir en distinta proporción para quienes tienen menores recursos, de modo que el Estado pueda aportar mayor cantidad para esos sectores.

El artículo 8º podría ser perfeccionado en relación con el 68.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA ( Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la Diputada señora María Angélica Cristi .

La señora CRISTI.-

Señor Presidente , en el título II del proyecto se establece la prevención y la rehabilitación. Sin duda, es el aporte más valioso al tratar el alcoholismo como un problema de salud. Algunas de las inquietudes del Diputado señor Juan Pablo Letelier están resueltas en ese título.

En esa instancia, agregamos una responsabilidad adicional a los establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad, a fin de que también cuenten con programas de rehabilitación para su personal en servicio activo y en retiro.

Además, al Ministerio de Salud se le otorgan -en esta disposición, que fue aprobada por el Gobierno y por la propia cartera- atribuciones para que haya una mayor cobertura de atención en la prevención y rehabilitación, dado que es un problema grave que incide en la salud mental de la población, que hoy tiene pocas posibilidades de ser atendido.

El Ministro de Salud ha demostrado especial preocupación por la aprobación de esos artículos, porque también debe aportar nuevos recursos. Los fondos que entrega este proyecto están destinados principalmente a los programas de prevención y rehabilitación de los municipios, y será la salud pública la que deberá aumentar su presupuesto para llevar a cabo los programas de prevención en salud y educación.

El tema que preocupa al Diputado señor Fuentealba queda en la misma forma en que está planteado. Sin duda, es muy importante que en todos los servicios de salud exista atención para las personas que sufran de alcoholismo, porque es una enfermedad.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Dupré.

El señor DUPRÉ.-

Señor Presidente , quiero hacer una observación a los artículos 7º y 8º. En ellos no existe la posibilidad objetiva para defenderse de las detenciones, particularmente cuando son arbitrarias.

Algo se señala en el artículo 25 respecto de los que conduzcan en estado de ebriedad. Se indica que Carabineros o quien los detenga tiene la posibilidad de medir objetivamente el consumo de alcohol, a través de la alcoholemia. Pero para los que no son conductores -artículos 7º y 8º- no existe el derecho del detenido, o de quien se inculpe, de demostrar, mediante algún examen de alcoholemia, que no está en estado de ebriedad. Esto es importante porque, como en otras ocasiones, con motivo de detenciones un poco arbitrarias, de repente puede producirse abuso de parte de uno de estos ministros de fe, que son los que en definitiva detienen e inculpan a alguna persona de encontrarse en estado de ebriedad, sin que efectivamente lo esté. Entonces, es necesario que tenga el derecho a establecer su condición mediante el examen de alcoholemia.

Dado que estamos en el segundo informe, sería interesante que el Senado pudiera recoger esta inquietud y hacerla extensiva a la misma situación que se plantea en el artículo 25 respecto de los conductores, para que cualquier persona tenga derecho a demostrar en forma objetiva, mediante el examen de alcoholemia, si está o no en estado de ebriedad.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Alberto Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente , de las palabras de los diputados que han intervenido se desprende que hay consenso en que las disposiciones de los artículos 7º y 8º apuntan en el sentido correcto. En el 7º se plantean ciertas medidas de carácter educativo, preventivo y médico obligatorias para la persona que hubiere sido condenada dos veces en los últimos doce meses.

Como bien explicaba el Diputado señor Espina, este sistema permitirá que el Estado, con fondos precisos destinados para tal fin, pueda atender estos procesos ineludibles de rehabilitación de la gente que hubiera cometido tales infracciones.

O sea, respecto del punto primero, entiendo que hay consenso en la idea de que las disposiciones están correctamente planteadas.

El Diputado señor Juan Pablo Letelier hizo presente con propiedad un tema bastante de fondo. Decía que, aun cuando están bien planteadas las disposiciones, no es posible que queden en el aire ni que sean meramente declarativas o líricas, y preguntaba cuál es la sanción que se aplicará a la persona que está obligada a seguir estos cursos de rehabilitación y no lo hace.

La respuesta está en el artículo 52 del proyecto, que dice: “Toda infracción de esta ley que no tenga señalada una sanción especial se castigará con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales; la segunda vez, se penará con el doble de la multa; la tercera, con el triple de la multa con que se haya sancionado la primera vez y clausura definitiva.

“La persona que fuere condenada y no pagare la multa por cualquiera de las infracciones contempladas en esta ley sufrirá, por vía de sustitución y apremio, un día de prisión por cada dos centésimos de unidad tributaria mensual a que haya sido condenada, no pudiendo exceder la pena de sesenta días.”

Es decir, tenemos un texto que establece claramente la obligatoriedad de seguir los cursos de prevención y rehabilitación y una sanción moderada, prudente, a la renuencia de asistir a ellos, con lo cual se van afirmando en forma coherente las disposiciones de los artículos 7º y 8º.

Queda pendiente la pregunta que formulaba el Diputado señor René Manuel García . Al respecto, uno no puede sino decidirse por una u otra alternativa. La iniciativa opta por una sanción y una prevención que es más dura que la vigente para los infractores de la ley de alcoholes. Se debe tener presente que una pena o situación restrictiva de derechos siempre impone aflicciones al que la sufre, pero en esto no podemos sino optar por aprobar o rechazar la iniciativa. Es probable que algunos piensen que no se debe castigar a los infractores de la ley de alcoholes, ni tampoco prevenir ni sancionar. Muchos creemos que el proyecto responde a una necesidad sociológica, y que es necesario prevenir y sancionar con prudencia e inteligencia. Así lo plantea el texto que se nos propone.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la Diputada señora Martita Wörner.

La señora WÖRNER.-

Señor Presidente, los alcances de los artículos 7º y 8º son bastante claros y se nos ha explicado en detalle que sus finalidades son educar y rehabilitar, ya sea que la persona haya sido condenada por ebriedad dos veces durante el año, oportunidad en que se impone la obligatoriedad de asistir a los programas educativos, o cuando lo ha sido más de dos veces al año, con lo que se entiende que es enfermo y, por tanto, debe concurrir a programas y tratamientos para bebedores con problemas. Pero la condena tiene alcances bastante importantes. Por ejemplo, el artículo 11, para precaver también la seguridad y subsistencia de la familia de un bebedor o ebrio consuetudinario, dispone que ésta tendrá derecho a percibir una pensión de alimentos de hasta el 50 por ciento de los ingresos del infractor.

No cabe duda de que con los artículos 7º y 8º estamos ante la posibilidad cierta de que la condena se convierta en un asunto bastante contencioso. El juez, con los antecedentes, condenará y someterá a la persona a cursos educativos, preventivos, o a tratamientos de recuperación, y el afectado tratará de evitar la condena.

Me llama la atención el informe médico previo que establece el artículo 8º, porque la ley actual consigna que debe hacerlo un médico legista, un perito técnico calificado, cuya importancia es que actuará como tal, aunque sea posible impugnar su informe por parte del afectado. Tal vez sería bueno mantener la norma actual; es decir, el previo informe de un médico legista y no de cualquier médico que en forma arbitraria y discrecional solicite el juez, al cual el presunto bebedor o ebrio podría contradecir con dos informes más, en forma tal que, en definitiva, esto se convierte en una cuestión difícil de probar.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Exequiel Silva.

El señor SILVA .-

Señor Presidente , como se ha señalado, se entiende la buena intención planteada en los artículos 7º y 8º, de procurar que no exista gente que consuma alcohol en forma exagerada y de que la sociedad tienda la mano a quien es alcohólico. Sin embargo, tengo serias dudas al respecto, porque, tal como lo manifestara el Diputado señor Fuentealba ambos artículos apuntan a la persona alcohólica.

En primer lugar, quiero saber si el juez, además del antecedente de haber sido detenida y condenada dos veces por ebriedad, dispondrá del informe de un médico que determine si la persona es o no alcohólica. En segundo lugar, cualquier colega médico de esta Cámara coincidirá en que la obligación de someterse a un programa de rehabilitación tendrá poco éxito, porque parte de la premisa de que la persona enferma -no es delincuente- reconozca su calidad de tal y, sobre esa base acceda al proceso de rehabilitación, no en forma obligada, como se señala. Por lo tanto, más allá de la intención que tienen los artículos 7º y 8º, dudo que sean efectivos para atacar el problema que pretendemos solucionar.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente , da la impresión de que estamos ante la duda de aprobar un proyecto de ley que, en definitiva, será letra muerta.

El inciso primero del articulo 8º dice que el juez, previo informe médico, deberá sugerir una atención ambulatoria u hospitalaria. Yo pregunto: ¿Cuánta gente está esperando una cama para ser hospitalizada y someterse a operaciones por tener seriamente afectada su salud? Creo que en Chile no tenemos capacidad hospitalaria para acoger a toda la gente que, además de ser condenada por ebriedad, debe cumplir la pena anexa de seguir un tratamiento.

Es cierto que el informe médico es relevante. En cuanto a las dudas surgidas respecto de alcohólicos versus personas primerizas que se ven involucradas en el problema hasta dos veces en un año, claramente será el informe del médico el que determinará si estamos en presencia de un alcohólico consuetudinario o esporádico que ha caído dos veces. Es cierto que esto último atenúa el hecho, pero me preocupa, porque hoy en el país, con nuestro sistema de salud, no hay ninguna posibilidad cierta, real, de que la enorme cantidad de personas que probablemente se verán afectadas por esta disposición, puedan ser atendidas en forma ambulatoria, y más aún, para qué decirlo, hospitalizadas.

Me hace mucha fuerza lo que señalaba el Diputado señor Silva , en el sentido de que resulta difícil determinar la condición de alcohólica de la persona y su voluntad de someterse a un tratamiento. Creo que el énfasis debe estar puesto mucho más, como lo dispone el artículo 7º, en los programas educativos y preventivos que se impartan a través de las municipalidades. Me parece que el artículo 8º, de una forma u otra, será letra muerta en nuestra legislación.

Considero más relevante reforzar los sistemas preventivos y de educación o establecer mecanismos que aseguren que las personas puedan participar en dichos programas, y no por la vía de un castigo, pues el ciudadano condenado por ebriedad, y más encima obligado por un juez a asistir a un tratamiento médico se va a resistir y se producirá una rebeldía tremenda -para qué decir si es un joven- respecto de la sanción que se le está imponiendo.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Tohá.

El señor TOHÁ.-

Señor Presidente, creo que todos estaremos de acuerdo en que los aspectos preventivos son esenciales en el tratamiento del problema del alcoholismo.

Por eso, si algo positivo tiene este proyecto es la posibilidad de establecer programas de educación preventivos y tratamientos de rehabilitación de los enfermos alcohólicos. Pero me asalta la duda de si disponemos de la infraestructura, de los medios humanos y de materiales suficientes para enfrentar, no diría una avalancha, pero sí el mayor número de personas que concurrirá a estos centros en virtud de lo dispuesto en otras leyes que hemos aprobado, como la relativa a la droga, y ésta, sobre el alcoholismo. A pesar de que se ha anunciado la destinación de nuevos recursos para reforzar la atención en los establecimientos y servicios, a fin de tratar a los enfermos que necesitan rehabilitación, estimo que ellos serán insuficientes.

Los artículos 7º y 8º apuntan en un sentido correcto. El 7º se refiere a “La persona que hubiere sido condenada por ebriedad dos veces en los últimos doce meses”, y el 8º a “La persona que hubiere sido condenada más de dos veces”. Por lo tanto, la iniciativa entiende que existen situaciones de gradualidad, y lo que se ofrece a una persona detenida dos veces no es lo mismo que a la detenida más de dos veces.

Es de esperar que para la primera baste un programa educativo y preventivo, ya que puede convertirse en alcohólica; pero en cuanto a aquella que ha sido detenida más de dos veces en el año, se podría presumir que es una persona alcohólica, enferma, y que, en consecuencia, debería recibir un tratamiento.

Pero aquí nos hacemos también una pregunta de fondo. A través de una ley, ¿estamos facultados para obligar a una persona a seguir un tratamiento? En este caso, creo que sí, pues existe una justificación desde el punto de vista social. Una persona alcohólica que incurre en conductas no deseables no sólo significa un riesgo para la sociedad, sino también un costo. Por consiguiente, ésta tiene un fundamento ético para exigir que estas personas, cuyas actitudes puedan tener un efecto no deseado para la sociedad, se sometan a tratamiento médico.

Por las razones expuestas, anuncio que votaré favorablemente ambos artículos, pues me parece que apuntan en el sentido adecuado. No obstante, estimo que deben reforzarse los servicios, para responder de mejor forma a las necesidades crecientes de rehabilitación y educación en problemas de salud mental.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, me haré cargo de algunas de las interesantes observaciones que se han formulado en el debate, fundamentalmente porque ciertas dudas y aprensiones planteadas en torno del articulado, a mi juicio, no corresponden a la realidad.

En primer lugar, me referiré a lo señalado por el Diputado señor Juan Pablo Letelier , quien expresó que este artículo está colmado de buenas intenciones, pero que sería impracticable. El gran mérito de este proyecto -a diferencia del relativo a la violencia intrafamiliar, respecto del cual la experiencia demostró que la infraestructura estatal es absolutamente insuficiente para atender y resolver los problemas denunciados en ese ámbito-, es que contiene normas que solucionan dicha dificultad, pues otorgan cuantiosos recursos. Ya señalé que el artículo 68 destina a las municipalidades nada menos que el 60 por ciento del total de la sumas que ingresen por concepto de multas y el 40 por ciento a los servicios de salud. Una primera estimación indica que estos recursos alcanzarán a más de 4.500 millones de pesos, los que estarán a disposición de los distintos municipios y servicios de salud, distribuidos de acuerdo con el número de habitantes y antecedentes estadísticos respecto de los problemas de alcoholismo que afecten a la respectiva población. De manera que estimo que no se trata de una norma impracticable.

Los autores de la moción y los miembros de la Comisión de Salud hicieron lo que no se hizo en la Comisión de Constitución en relación con el proyecto relativo a la violencia intrafamiliar: crearon este fondo. De manera que el tema está resuelto, pues los recursos existen.

Ahora bien, alguien podrá argumentar que los recursos son insuficientes. La verdad es que nunca son suficientes, pero nadie puede señalar que 4.500 millones de pesos destinados a la rehabilitación de los alcohólicos o para cursos de prevención sea una cantidad insignificante. Además, en la medida en que exista más fiscalización, las multas aumenten y el Estado aporte más fondos, se generará una cantidad más importante de recursos.

En segundo lugar, deseo aclarar al Diputado René Manuel García que cuando una persona sea sancionada por estas faltas, no tendrá problema, pues ellas no se registran en un prontuario penal, que contiene las anotaciones de crímenes o simples delitos. El proyecto en ninguna parte establece penas de cárcel para una persona que es sorprendida bajo la influencia del alcohol, salvo que, en esas condiciones, cometa algún delito o provoque un accidente del tránsito en el cual haya lesionados. La normativa está bien orientada, pues trata al alcohólico como un enfermo y estima que debe ser rehabilitado.

En definitiva, el artículo establece, primero, la prevención; segundo, procura la rehabilitación; tercero, otorga los fondos, y cuarto, no existe prontuario respecto de estos casos.

Ahora bien, ¿qué sucede si, como dice el Diputado Juan Pablo Letelier , una persona se niega a someterse a tratamiento? El juez no puede obligarlo -aunque sí podría hacerlo si se trata de un enfermo crónico-, pero lo peor que le podría ocurrir a una persona sorprendida en alguna de estas faltas y que no desea someterse a tratamiento, es que se le aplicara una multa de una a cinco unidades tributarias mensuales. O sea, el peor de los escenarios es que la persona sea castigada con una multa.

Además, esta disposición se complementa con el artículo 11, que se refiere al drama de las mujeres con maridos alcohólicos. Señala que si el infractor ha sido condenado más de una vez por ebriedad en los últimos doce meses, su cónyuge e hijos menores no tendrán que esperar un largo juicio de alimentos, sino que podrán acceder de inmediato a una pensión provisoria de hasta el 50 por ciento de sus ingresos, para evitar que los gaste en tomar.

De manera que la Comisión de Salud coordinó muy bien ambos artículos.

Ahora bien, quiero recordar que estamos en el primer trámite constitucional, por lo que es obvio que, en el Senado, en el tercer trámite y en una eventual Comisión Mixta, puede ser perfeccionado el proyecto.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Aníbal Pérez.

El señor PÉREZ ( don Aníbal).-

Señor Presidente , luego de examinar el contenido y redacción del artículo 8º, pareciera que estamos legislando para un país ideal, en el que todos tenemos previsión y sistemas de salud que nos protegen, y en el que los juzgados y los jueces obtienen informes periciales al instante. En verdad, ello no es así. En consecuencia, cuando el inciso segundo del artículo 8º dispone que “El costo del programa o de la hospitalización, en su caso, deberá ser pagado por el infractor o su sistema de salud, cuando corresponda.”, deja fuera de la rehabilitación a un importante número de chilenos: a los pobres, que no están cubiertos por sistemas de previsión ni de salud.

Por lo tanto, para que la disposición sea efectiva y cumpla su objetivo, el Estado no puede abandonar una materia de suyo propia: la prevención y rehabilitación de la salud de los chilenos. En consecuencia, debería crearse un fondo que permita que los programas de rehabilitación lleguen a los más pobres de nuestro país; de lo contrario, este artículo será letra muerta, porque no podrá hacerse efectivo en la realidad.

En segundo lugar, el Diputado señor Espina ha declarado que no habrá prontuario, es decir, que las anotaciones no quedarán insertas en el registro de filiación. Pero me imagino que deberá haber un registro especial, en el cual los jueces tendrán que anotar los delitos cometidos por cada persona procesada o condenada. Si el registro es público, podrá utilizarse para determinar la contratación de mano de obra, lo que también puede perjudicar a un importante número de chilenos, quienes, por dos infracciones en un año, pueden ver amagadas sus posibilidades laborales. Es decir, también habrá que ser muy cauto en cuanto al registro de anotaciones que se llevará de las personas que cometan estas faltas o delitos.

Desde ese punto de vista, creo necesario modificar el artículo, básicamente para obligar al Estado a crear un fondo que permita que los programas de rehabilitación lleguen a los más pobres.

En tercer lugar, me llama la atención que se sancione con multa a una persona cuando no pueda cumplir con dicho programa. En efecto, el artículo 52 señala: “Toda infracción de esta ley que no tenga señalada una sanción especial se castigará con multa” y, en su defecto, “por vía de sustitución y apremio, un día de prisión por cada dos centésimos de unidad tributaria mensual...” Es decir, el pobre que no pueda cumplir con el programa de rehabilitación deberá pagar una multa, y si no puede hacerlo, será castigado con cárcel.

Me parece increíble que, en un país en el que muchos son alcohólicos por efecto de la pobreza, se haga pagar con cárcel a quien no puede cumplir con un programa de rehabilitación.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, quienes han señalado que el proyecto previene y educa, no están diciendo algo rigurosamente cierto. Esa idea pueda ser controvertida. Tengo la impresión de que la iniciativa es eminentemente restrictiva y represiva. Difícilmente una ley de alcoholes podría prescindir de una característica de esta naturaleza. El punto está en que haya justo equilibrio entre la necesidad de sancionar conductas o hábitos indeseables y la de hacer un esfuerzo educativo.

Hay una cosa que me parece relevante. Aquí hay varios colegas que son abogados. Felizmente o lamentablemente -a estas alturas, no lo sé-, no lo soy. Es altamente discutible que un juez, por el hecho de que una persona incurra en falta por ebriedad dos veces en un período de doce meses, pueda resolver que tiene la calidad de alcohólico, y que si reitera su comportamiento, pase a ser un caso patético.

Dudo que sea razonable entregar esa responsabilidad a un juez. Con justa razón, la Diputada señora Wörner dijo que no basta un informe médico cualquiera, sino de un especialista, de un legista. Pero la norma que estamos discutiendo no establece eso, ya que entrega dicha responsabilidad a un juez de policía local, que, felizmente -y con esto rescato lo que significa la formación de nuestros colegas abogados-, de acuerdo con el artículo 57, debe ser abogado. Pero, en mi opinión, por mucho que eso lo ayude a resolver sobre conductas morales o inmorales, buenas o malas, no me parece bien que facultemos para pronunciarse acerca de lo que puede ser decisivo para el futuro de las personas.

Hay quienes argumentan que esto está pensado básicamente para los menores de edad, pero tengo la impresión de que aún en este país el comportamiento de los menores sigue siendo de responsabilidad de sus padres. Es bastante discutible que cuando una persona incurre en una falta de esta naturaleza, terceros tengan que iniciar un proceso de reeducación o de formación, que, como dije, es de responsabilidad de los padres.

Estos alcances dicen relación con la discusión de los artículos 7º y 8º, pero cuando abordemos la de los artículos 9º y 10, veremos que se reiteran disposiciones de dudoso efecto y con vicios de constitucionalidad.

Por último, es discutible lo señalado por el Diputado señor Espina respecto de un artículo que otorga recursos que podrían llegar a 4.500 millones de pesos, según estimación de algunos patrocinantes del proyecto, porque no podemos resolver sobre su destino, a menos que se cuente con el patrocinio del Ejecutivo. No tengo claro que sea el caso.

De todos modos, no sólo tenemos que resolver respecto de este artículo, sino que debemos continuar con la discusión, porque hay otras normas cuyo debate puede ser aún más extenso que el generado por los artículos 7º y 8º.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente , quiero recordar que en la ley actual existen disposiciones parecidas y no sé qué tan bien se hayan cumplido. En todo caso, el artículo 118 de la Ley de Alcoholes vigente otorga más garantía respecto de la libertad personal y de la salud que el proyecto actual. Por ejemplo, dice que las personas que en el término de un año hubieren sido castigadas más de tres veces por ebriedad, deberán ser sometidas al examen de un médico legista para establecer si requieren de un tratamiento curativo y, en tal caso, serán internadas en un centro de reeducación para alcohólicos, donde permanecerán por el tiempo que determine la dirección del establecimiento, el cual no excederá de seis meses. También se autoriza al juez a renovar dicho plazo por igual lapso. Sin embargo, en el artículo 8° del proyecto no existe ninguna de esas garantías.

Quiero recordar que, como señala el Diputado señor Latorre , en este país hay 119 jueces de policía local que no son abogados y, en consecuencia, el juez en esos lugares será un alcalde. Por consiguiente, para aplicar el artículo 8° en esas situaciones, el alcalde tendrá que actuar como juez y ejecutar todo el tratamiento hasta su parte final, con el agravante de que en el artículo 8° -al revés de lo dispuesto por la ley actual, en que al juez del crimen, abogado, se le señala un plazo- el plazo es indefinido. Entonces, me pregunto si estamos en presencia de una infracción a la libertad personal o a la Constitución, en el sentido de que no puede haber una especie de condena indefinida e ilimitada, y que el médico o facultativo sea quien determine cuándo esa pena se encuentra completamente cumplida. Porque aquí no se trata de una rehabilitación voluntaria, sino forzada. Se dice: “deberá participar”. O sea, el juez está obligado a hacer participar en un programa a la persona que haya condenado por ebriedad más de dos veces, y eso, en cierta manera, colisiona con la libertad personal y las normas sobre las penas. Igualmente, linda en la inconstitucionalidad el hecho de que a la persona que está sometida a un sistema de contrato, donde prima, en general, la autonomía de la voluntad, se le imponga la carga de que en el caso de ser condenada más de dos veces asuma su propio costo. En consecuencia, si vamos a ser concordantes con lo que se ha sostenido en esta Cámara respecto de las isapres, pregunto si es lícito imponer por terceros -en este caso, la propia ley- a esa persona o a la isapre que asuma el costo, o que ésta sea una especie de cláusula legal que se incorpore en los contratos. Me merece una inquietud enorme el hecho de que estemos frente a una disposición que viola nuestra Carta Fundamental, especialmente, en relación con el derecho de propiedad.

Sobre los programas educativos, recojo la idea que expresaba el Diputado señor René Manuel García . Creo que la ley vigente es mucho más sabia en cuanto exige que el castigo por ebriedad sea más de tres veces, señala un plazo al juez y requiere previamente el informe de un médico legista, todo ello dentro de un proceso.

Por último, quiero recordar que en 1994, las infracciones por ebriedad en el país alcanzaron a alrededor de 125 mil.

¿Cómo se llega a una condena por ebriedad? Carabineros detiene en la vía pública a alguien de quien dicen que está ebrio o borracho. En seguida, lo llevan al cuartel y después de algunas horas, en que se le pasa el estado de intoxicación, es enviado a la cárcel si no tiene dinero para pagar su libertad. Pero, puedo asegurarle a la honorable Cámara que ninguno de los condenados por ebriedad asistió al comparendo de rigor que establece la ley y el proyecto. No creo que en el país haya 125 mil comparendos anuales en los distintos juzgados de policía local para escuchar al infractor, para que presente sus pruebas y, luego del análisis de las mismas, el juez dicte sentencia. En la práctica, ocurre, simplemente, que se condena al borrachito, al ebrio, en un formulario. Ésa es la verdad. Mediante ese procedimiento de facto -puesto que no es de jure-, se le aplica una multa y es condenado. Y van a ser esas personas, los pobres del país, quienes quedarán sometidos a los artículos 7º y 8º.

En consecuencia, la norma, como está redactada, me parece demasiado peligrosa. Habría preferido mantener la idea del actual artículo 118.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA ( Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, me alegro enormemente de la fuerza con que el Diputado Espina entrelaza los artículos 7º y 8º con el 11, mediante el cual se aplica una multa de hasta el 50 por ciento. Pregunto, ¿qué pasa con las personas que no tienen un contrato de trabajo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el pequeño o mediano agricultor que no tiene rentabilidad? El juez les va a fijar el monto del 50 por ciento de una renta presunta que la va calcular entre 30 ó 40 mil pesos, pero si ese señor no paga la pensión de alimentos que establece el artículo 11, va a ir preso y el daño será mucho más grande que pagar el 50 por ciento. Este proyecto de ley, que pretende ayudar a la persona alcohólica, desintegrará a su familia; pondrá al marido en contra de la mujer; en definitiva, con el artículo 11 se le dirá: “Le fijaremos un monto y el resto, se lo toma”.

En consecuencia, modifiquemos la Ley de Alcoholes y no nos metamos en temas que no corresponde tratar aquí. Esto se tratará en una audiencia con el juez, en un comparendo, en otras instancias, porque, pregunto, ¿cómo a un pequeño agricultor mapuche de mi zona, cuyos ingresos a veces no superan siquiera los 30 mil pesos al mes, le van a fijar 40 mil pesos para su familia? Si no paga, su mujer, que va a tener la sartén por el mango, va a ir al juzgado, lo demandará y más encima lo meterá preso. Insisto en que de esa forma vamos a desintegrar la familia.

Quiero aclarar que por su redacción, votaré en contra de los artículos 7º y 8º. Son discriminatorios y atentan contra la libertad de trabajo y de las personas.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, creo que hay algunos temas en que hay consenso: uno, que el alcoholismo es malo; dos, que hay que combatir su consumo excesivo, y tres, que una sociedad que quiere ser sana debe regular esa práctica para que no se masifique.

Al respecto, nuestra Corporación no debe generar la idea de que hay buenos y malos, de que hay quienes están a favor y otros en contra y de que algunos quieren sancionar para garantizar que este problema masivo se vaya limitando y reduciendo.

En todo caso, la redacción de los artículos debe reflejar un equilibrio adecuado y correcto entre consumo excesivo de alcohol y la conducta, que vemos a diario en nuestra sociedad, de aquellas personas inducidas a él por la industria del alcohol. No olvidemos que si alguien toma es porque otro produce, y la industria del alcohol en nuestro país es una de las más lucrativas. Por eso se gasta tanto en publicidad.

Ése es un tema que debatiremos con posterioridad.

En cuanto a los artículos en discusión, mi primera intención apuntaba al problema de las sanciones de aquellos que no concurrían a los cursos o al tratamiento médico.

El Diputado señor Cardemil explicó qué pasaba con aquellos que no concurrían a esos cursos. Me preocupa pensar, por ejemplo, en un joven que viva en Guillermo Braun, Ñuñoa , y que detenido dos veces en un año por haberse estado tomando unas cervezas con sus amigos, sea posteriormente sancionado a pagar 15, 30 ó 40 mil pesos. De ese modo, a la larga se transformará en un deudor.

Entonces, espero que cuando veamos el artículo que señala el colega Cardemil , evitemos que la lógica para la rehabilitación -si es correcta su interpretación- no conduzca a sanciones monetarias, porque creo que no es el mejor camino. Soy partidario de que aquellas personas que sean detenidas en forma reiterada por ebriedad en la vía pública sean rehabilitadas, que vayan a cursos, pero no quiero que pensemos que con esta norma vamos a resolver todo.

Pido la unanimidad para acoger lo planteado por la colega Wörner, en el sentido de que un médico legista realice el informe previo, para que exista concordancia con el artículo 23, donde se define el estado de ebriedad y se establece un procedimiento legal serio.

En relación con el inciso segundo del artículo 8º, me parece bien que el Estado se haga cargo de este problema de salud pública tan grande, pero no traduzcamos lo que dice la última parte de dicho inciso en cuanto a que tratándose de menores de edad, los padres pagarán los costos del programa de salud, porque ello puede conducir a una situación de mayor discriminación. Esta ley, por desgracia -como bien decía el colega Elgueta -, probablemente sea una carga mayor para los pobres. Necesitamos evitar que sea discriminatoria y, por ende, soy partidario de que se diga que el Estado o las isapres asumirán cualquier tratamiento de salud, pero que no se cargue a la familia, porque muchas de ellas no están afiliadas a esos servicios. En nuestro país, miles de trabajadores independientes, y de temporada o eventuales, no tienen programas de salud y, evidentemente, serán perjudicados por una redacción poco feliz, como es, a mi juicio, la del inciso segundo del artículo 8º.

Por lo anterior, soy partidario de que votemos ese inciso por separado o que lo eliminemos de plano, para perfeccionarlo en otro trámite del proyecto.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA ( Presidente en ejercicio).-

Ha terminado el Orden del Día y, en consecuencia, queda pendiente la discusión del artículo 8º y siguientes del proyecto.

Asimismo, no hay proyectos de acuerdo.

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi para plantear una cuestión de Reglamento.

La señora CRISTI .- Señor Presidente , ¿no podría aprovecharse que no hay proyectos de acuerdo y avanzar hasta el artículo 11?

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Se le señala a la Mesa que no hay acuerdo.

El señor ESPINA.-

Pido la palabra por un asunto reglamentario.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , así como se acordó tratar mañana el proyecto que establece normas acerca de la constitución jurídica y funcionamiento de las iglesias, podría determinarse un día específico para seguir estudiando esta iniciativa, pues, en caso contrario, su trámite sería indefinido. Además, el debate ha sido muy interesante y tendremos el tiempo suficiente para perfeccionarla.

El señor HUENCHUMILLA ( Presidente en ejercicio).-

Señor Diputado , el jueves continuará su trámite.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ALCOHOLES. Primer trámite constitucional. Envío de proyecto a Comisiones Unidas.

El señor HUENCHUMILLA ( Presidente en ejercicio).-

Corresponde continuar ocupándose del proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica la ley de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres y deroga el libro II de la ley Nº 17.105.

Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil para referirse a una cuestión reglamentaria.

El señor CARDEMIL .-

Señor Presidente , con su venia, pido al Diputado señor Elgueta que informe el acuerdo adoptado por la Comisión de Constitución respecto del tratamiento de este proyecto.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA .-

Señor Presidente , sobre este tema -discutido en dos sesiones- se llegó a un consenso en el sentido de que este proyecto pase por un breve lapso a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Por lo tanto, le pido que recabe el asentimiento de la Sala para que así se acuerde. La Comisión puede analizar los temas planteados en una o dos sesiones y devolverlo a la Sala.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente , respecto de lo expresado por el Diputado señor Elgueta y consultada la mayoría de los miembros de la Comisión de Salud, existe acuerdo para aceptar la proposición y también para aprovechar esa instancia con el fin de recoger y estudiar reparos de orden constitucional -formulados con muy buena fe y disposición por algunos parlamentarios-, siempre que se establezca claramente que la revisión quede referida a aquellos artículos en que ha habido preocupación de orden constitucional o respecto del procedimiento judicial, y ello se efectúe en una o dos sesiones como máximo; de lo contrario, el proyecto podría estar otros cuatro años -como ya sucedió antes- en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

En esas condiciones daremos la unanimidad. Ése es el acuerdo entre los presidentes de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, y de Salud.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Tohá.

El señor TOHÁ.-

Señor Presidente , en el mismo sentido. Es indudable que en las dos sesiones dedicadas al tratamiento de este proyecto han aflorado algunos asuntos que ameritan su revisión en otra instancia antes de continuar discutiéndolo en la Sala.

El presidente de la Comisión de Salud , señor Sergio Aguiló -que viene viajando-, me ha llamado por teléfono para decirme que también comparte la idea de que el proyecto sea considerado, ojalá en una sesión, por las Comisiones Unidas de Salud y Constitución, lo que garantizaría un buen resultado.

Por eso, estamos de acuerdo con la petición.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la Diputada señora Wörner.

La señora WÖRNER.-

Señor Presidente , la bancada del PPD está en el mismo predicamento.

Por ello, y dado el buen espíritu que nos anima por avanzar más rápido en el estudio de la iniciativa, sugiero a la Sala que más que fijar un número de sesiones, acordemos un plazo. Por ejemplo, que el proyecto vuelva a la Sala, antes del 30 de noviembre, porque a pesar del ánimo reinante, de repente ocurren situaciones de emergencia infranqueables que pueden generar obstáculos y obligarnos a debatir esto mismo en otra oportunidad, sin alcanzar el consenso manifestado hoy. Con la buena disposición existente, haciendo un esfuerzo y considerando las sesiones extraordinarias necesarias, podremos ver cumplida esa meta.

Sugiero que así lo acordemos y, por cierto, estamos dispuestos a colaborar para lograr el éxito anhelado.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rocha.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente , fijar un plazo perentorio a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sin conocer previamente su tabla y las urgencias de los proyectos que debe tratar, es como violentarla un poco.

El proyecto requiere de enmiendas demasiado importantes; no es cuestión de tramitarlo en una o dos sesiones, porque hay que estudiarlo y rehacerlo. Incluso, yo venía preparado para comentar algunos artículos que me parecen absolutamente aberrantes. En consecuencia, no considero prudente fijar un plazo tan breve, como el señalado, sin perjuicio de que en la Comisión también existe el espíritu de que se tramite lo más rápido posible.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil

El señor CARDEMIL .-

Señor Presidente , quiero sumarme al planteamiento de la Diputada señora Wörner.

Es perfectamente posible que la Comisión de Constitución -lo hemos conversado, está de acuerdo su presidente y así lo han manifestado los Diputados señor Elgueta y señora Wörner -, trabajando en forma conjunta con la de Salud, despache el proyecto en un plazo que me parece correcto y se resuelva el tema en forma interna antes del 30 de este mes, de manera que la Sala lo trate durante la primera sesión de diciembre.

Si se produjera lo planteado por el colega señor Rocha , la Sala tendría que resolver al respecto, y si fuera necesario -que no creo por todo lo que hemos visto-, se pediría ampliación del plazo. Aunque creo que trabajando de esa forma es perfectamente posible sacar esta tarea, que nos interesa a todos, antes del 30 de noviembre.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.

Luego de su intervención adoptaremos una resolución.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente , recuerdo a la Sala que alrededor de 35 artículos no sufrieron indicaciones y fueron aprobados por la Comisión, por lo que, evidentemente, no estarían entre los que deben analizar las Comisiones Unidas.

La propuesta de la señora Wörner , del señor Elgueta y de otros diputados es justamente para corregir algunos errores de orden constitucional. Quiero que nos aboquemos a eso, porque si se trata de hacer un nuevo proyecto, pasará mucho tiempo antes de que sea realidad y muchas medidas de la iniciativa son urgentes, más que aberrantes.

También debemos recordar que por situaciones que no es del caso explicar en este momento, varios artículos -incluso, muchos de los temas que se critican- han seguido la línea de la ley actual.

En consecuencia, solicito que nos remitamos a lo acordado en las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, y de Salud.

Por último, quiero aclarar que si la última semana de noviembre es distrital, habría que fijar el plazo antes de esa fecha.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA ( Presidente en ejercicio).-

¿Habría acuerdo para que el proyecto vuelva a las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Salud?

Acordado.

¿Habría acuerdo para que se fije como plazo para informar la primera semana de diciembre?

Acordado.

En consecuencia, el proyecto vuelve a las Comisiones Unidas de Constitución y de Salud, en los términos indicados.

?INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA Y DE SALUD, sobre el proyecto de ley que modifica la ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y deroga el Libro II de la ley N° 17.105.

Boletín N° 1192-11-3

Honorable Cámara:

Vuestras Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Salud pasan a informaros sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en moción de los H. Diputados señoras María Angélica Cristi y Martita Wörner, y señores Ribera, don Teodoro; Schaulsohn, don Jorge; Bayo, don Francisco; García, don José; Espina, don Alberto; Cantero, don Carlos; Melero, don Patricio, y Dupré, don Carlos, y con la adhesión de los Diputados señores Bombal, don Carlos, y Martínez, don Rosauro.

La decisión de solicitar un informe complementario sobre el proyecto, a la luz de las observaciones formuladas durante su discusión en particular en la Sala, fue adoptado por la Corporación en su sesión 14ª, ordinaria, celebrada el jueves 7 de noviembre de 1996, con plazo, para tales efectos, hasta la primera semana de diciembre.

En el oficio respectivo se hizo presente que se encontraban aprobados los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 38, 39, 42, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64, 65, 66, 67 y 69 permanentes, y 1° y 2° transitorios. La mayor parte de ellos, destacados con negrilla, están aprobados reglamentariamente por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, según lo expresa la Comisión de Salud en su informe. Los otros han sido aprobados por la Sala durante la discusión en particular.

No obstante lo expresado en el párrafo anterior, las Comisiones Unidas, sin que ello importare un propósito preconcebido de volver a redactar todo el proyecto, acordaron que se pudieran formular indicaciones a todo el articulado, para lo cual dieron plazo hasta el martes 3 de diciembre a las 12.00 horas.

Dentro del plazo indicado, formularon indicaciones los diputados señora Cristi; señores Bayo, Cardemil, Elgueta, Latorre y Luksic.

Con anterioridad, en la Sala, habían formulado indicaciones los señores Karelovic, Muñoz, Seguel y Zambrano, las que también se tomaron en consideración.

Para los efectos de emitir un pronunciamiento sobre el proyecto y las indicaciones presentadas, las Comisiones Unidas tuvieron en consideración la constitucionalidad de las disposiciones en que incidían, el grado de oportunidad o de conveniencia de las mismas; la forma en que aparecían regulados la competencia de los tribunales, el procedimiento y las sanciones propuestas; su correlación con otros cuerpos normativos legales, como la Ley Orgánica Constitucional sobre Municipalidades, la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, La Ley de Tránsito, [1] la Ley sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, La Ley Orgánica del Servicio Nacional de Turismo, etc., y, por último, las citas y referencias, la ordenación del articulado, y la redacción y puntuación de las diferentes normas.

Con todos esos elementos de juicio, las Comisiones Unidas procedieron a revisar los artículos objeto de indicaciones, después de lo cual adoptaron los acuerdos que constan en el comparado que figura al final de este informe, en el cual aparece, en la primera columna, el texto aprobado por la Comisión de Salud [2] y en la segunda, el texto aprobado por las Comisiones Unidas.

Los artículos objeto de modificaciones fueron los signados con los números 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 29,30, 31, 32, 35, 36, 40, 41, 44, 45, 56, 60 y 64.

Los artículos 2, 3, 7, 18, 56 y 64, destacados con negrilla, se encuentran aprobados reglamentariamente, razón por la cual la Corporación, si desea conocer de las enmiendas que les introdujeran las Comisiones Unidas, deberá reabrir debate sobre ellos, con arreglo a lo prevenido en el artículo 135 del Reglamento.

El texto que en definitiva apruebe la Corporación y que, en su oportunidad, comunicará al H. Senado, dependerá de los acuerdos que adopte la Sala durante la discusión en particular.

Según la naturaleza de los mismos, habrán de revisarse las citas o referencias que se hacen en algunos artículos a otros preceptos del proyecto y a los cuales se remiten o con los cuales se relacionan. Para evitar cualquier confusión en la materia, las Comisiones Unidas no han modificado cita o referencia alguna, manteniendo las del texto aprobado por la Comisión de Salud.

Se ha procedido de la forma indicada en los párrafos anteriores con el objeto de facilitar el despacho de esta iniciativa y de circunscribir el trabajo de las Comisiones Unidas al propósito que tuvo en vista la Corporación para pedirles un informe complementario.

Con la misma finalidad, las Comisiones Unidas han acordado omitir en este informe las menciones reglamentarias pertinentes, las que, por lo demás, aparecen recogidas en el informe de la Comisión de Salud.

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El artículo 2° prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en calles, plazas y demás lugares públicos o abiertos al público, salvo en los establecimientos que cuenten con la autorización o patente respectiva.

Las enmiendas aprobadas tienen por finalidad facultar al infractor para consignar el valor de la multa en Carabineros, con lo cual queda en libertad y liberado de la obligación de tener que concurrir al juzgado, a menos que deseare reclamar de la aplicación de la multa o su monto. Por el contrario, si no consigna la multa, sea porque no puede o porque se niega a hacerlo, una vez comprobado su domicilio queda citado al tribunal competente.

En todo caso, Carabineros debe dar cuenta al juzgado competente de las consignaciones percibidas y de la identidad y domicilio de las personas que las hayan efectuado.

La consignación no significa, en caso alguno, que el infractor se autoincrimine o que Carabineros lo sancione, puesto que sólo el juez sanciona o condena.

El artículo 3°, que contempla el caso de la persona que se encontrare en manifiesto estado de ebriedad en lugares públicos o abiertos al público, dispone que ella debe ser citada por Carabineros para ante el juzgado de policía local competente.

La enmienda no tiene otro propósito que eliminar la referencia específica a dicho juzgado por otra genérica al tribunal competente, dado que las reglas de competencia están dadas en el artículo 57.

El artículo 7°, que se sustituye, establece las medidas que puede adoptar el juez respecto de las personas condenadas por ebriedad, dos veces en los últimos doce meses.

En la nueva disposición, se clarifica que esas medidas pueden ser adoptadas por el juez que dictare el último fallo y que ellas proceden cuando ha habido condena por sentencia firme o ejecutoriada.

Las medidas que pueden disponerse, con informe de un médico legista o especialista, son las de asistir, en forma obligatoria a:

— programas de educación o de prevención sobre los efectos del consumo de alcohol, si ha habido tres o más condenas, o a

— programas de tratamiento para bebedores y alcohólicos, sea en forma ambulatoria u hospitalizada, si ha habido cuatro o más condenas.

De esta forma, en este artículo, se contemplan las dos situaciones que puedan darse respecto de la persona condenada por ebriedad, materia que en el proyecto aprobado por la Comisión de Salud aparecía recogida en los artículos 7° y 8°.

El artículo 8°, nuevo, regula el pago del tratamiento ordenado por el juez. Corresponde hacerlo al infractor o a su sistema de salud, cuando corresponda. Si se trata de menores de edad o de personas sujetas a curadurías, los costos son de cargo de sus representantes legales o de los respectivos guardadores.

Si los infractores carecen de recursos y así lo acreditan mediante informe de la Municipalidad, corresponde que sean atendidos gratuitamente por los Servicios de Salud.

El artículo 9° sanciona el suministro de bebidas alcohólicas a menores por parte de los dueños, empresarios, administradores o empleados de los establecimientos dedicados a este rubro, con la salvedad, según el inciso segundo, de menores que estén acompañados por sus padres o representantes legales en hoteles o restoranes.

Se sustituye el inciso segundo con el fin de precisar que si los menores consumen bebidas alcohólicas, la responsabilidad por tal hecho recae en sus padres o representantes, sin que ello signifique, como pudiera desprenderse de la lectura del texto original, que éstos podrían autorizarlos para beber.

El artículo 11 permite al cónyuge e hijos menores de la persona condenada por ebriedad, percibir una pensión provisoria para su mantenimiento, de hasta el 50% de los ingresos del infractor.

Se adiciona este artículo, imponiendo al tribunal la obligación de ordenar la retención de las remuneraciones en el porcentaje indicado y su entrega por el empleador al beneficiario de esta pensión provisoria.

El artículo 12, relativo a los programas educativos que deben impartirse en los establecimientos educacionales, ha sido objeto de dos enmiendas.

Por la primera, se suprime la participación del Instituto Nacional de la Juventud en la elaboración de las orientaciones que debe impartir el Ministerio de Educación.

Por la segunda, se prohíbe y sanciona la venta, suministro o consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos educacionales, hecha en forma habitual y permanente.

Queda permitida, en consecuencia, la venta, suministro o consumo que puedan hacerse en forma ocasional, cuando se celebran determinados eventos especiales, como kermés, fiestas de fin de año, reuniones de apoderados, etc.

El artículo 13 fue objeto de dos enmiendas.

La primera, suprime la obligación que se impone a las empresas que promuevan la colocación de bebidas alcohólicas en el mercado, de participar en los programas de prevención del alcoholismo, incluyendo mensajes publicitarios con tal fin.

La segunda, por la que se sustituye su inciso segundo, obliga a colocar en los envases de bebidas alcohólicas que se comercialicen en el país un mensaje que induzca a la moderación en su consumo.

El artículo 14, que prohibía la publicidad de bebidas alcohólicas en recintos deportivos y en prendas deportivas utilizadas en competencias públicas, fue suprimido.

El artículo 16, que regla el tema de los programas de tratamiento y rehabilitación de los alcohólicos y señala dónde deben existir y quiénes pueden participar en ellos o ejecutarlos, fue modificado para precisar que en estas dos últimas tareas pueden intervenir las Iglesias, las Municipalidades, las Instituciones públicas y las personas jurídicas de derecho privado.

La expresión “personas jurídicas de derecho privado” se ha utilizado para armonizar este artículo con el 22.

El artículo 18 ha sido objeto de una enmienda menor, para los efectos de reemplazar el informe médico por un informe de médico legista o especialista, que establezca la circunstancia de tratarse de un alcohólico y que precise la duración del tratamiento al cual debe someterse.

El artículo 23 prohíbe el desempeño o conducción de un vehículo en estado de ebriedad y señala cuándo existe estado de ebriedad o estado de influencia del alcohol.

Se sustituyó con el fin de precisar que:

— la prohibición es para conducir cualquier vehículo o medio de transporte, para desempeñarse en cualquier tipo de maquinaria o para ejercer las funciones que se mencionan: guardafrenos, cambiadores o controladores de tránsito.

— el estado de ebriedad y el de encontrarse bajo la influencia del alcohol deben ser determinados por el juez.

— el juez debe tomar en consideración el informe de alcoholemia o el resultado de otra prueba no invasiva.

— el informe de alcoholemia o las pruebas no invasivas tienen el valor de un informe pericial.

— el estado de ebriedad y el estado de encontrarse bajo la influencia del alcohol pueden presumirse cuando el informe o prueba arroje una determinada dosificación de alcohol en la sangre o en el organismo, manteniéndose la propuesta en el informe de la Comisión de Salud.

— son aplicables, en la especie, los artículos 189 y 190 de la Ley del Tránsito.

El artículo 189 faculta a Carabineros para someter a cualquier conductor o a cualquier persona que se apreste a conducir un vehículo, a una prueba obligatoria destinada a detectar la presencia de alcohol en el organismo.

El artículo 190, por su parte, obliga a hacer un examen destinado a detectar la presencia de alcohol o de estupefacientes o sustancias sicotrópicas en el cuerpo del conductor o peatón que hayan tenido participación en un accidente de tránsito con resultado de lesiones o muerte.

El artículo 24, que sanciona al conductor que se desempeñe o conduzca en estado de ebriedad, fue objeto de diversas enmiendas, con el fin de regular las penas en relación con el hecho de haberse o no causado daños, lesiones o la muerte de una persona.

Ello permitió graduar las penas de acuerdo con la gravedad de la conducta punible.

En el caso particular en que resultaren lesiones graves o la muerte de una o más personas, se faculta al juez para que, en ejercicio de la facultad que le confiere el inciso final del artículo 196 B de la Ley de Tránsito, decrete la inhabilidad temporal o perpetua para conducir vehículos motorizados, si las condiciones psíquicas y morales del autor lo aconsejan, aunque no medie condena por concurrir alguna circunstancia eximente de responsabilidad penal.

Al mismo tiempo, se incluyó una cita o referencia al artículo 62 de la ley sobre organización y atribuciones de los juzgados de policía local, que sanciona a los que condujeren un vehículo bajo la influencia del alcohol, con el propósito de establecer que esa normativa será aplicable expresamente a los conductores que lo hicieren bajo la influencia del alcohol.

Por último, se estimó pertinente dejar establecido que la circunstancia de huir del lugar donde se hubiere cometido alguno de los delitos previstos en este artículo puede ser apreciada por el juez como una presunción para establecer la culpabilidad del imputado.

De esta forma, su mérito probatorio quedará entregado a lo que sobre el particular establece el Código de Procedimiento Civil.

Dado que este artículo contempla diversas sanciones y delitos, se aclaró que las penas accesorias que el juez puede aplicar proceden en cualquiera de las situaciones que se han considerado y no sólo en las del inciso primero.

El artículo 25, que indica en qué lugares se pueden practicar los exámenes de alcoholemia, fue complementado, para hacer expresa mención a los casos previstos en el artículo 23 de esta ley.

Además, se agregó un inciso para contemplar la excarcelación del detenido, que puede otorgarle el juez de la causa una vez que ha prestado declaración indagatoria, conforme con las reglas generales.

El artículo 27, que indica las categorías en que deben clasificarse los establecimientos de bebidas alcohólicas, fue objeto de una enmienda en la letra N), para aclarar que las instituciones de carácter deportivo o cultural deben tener personalidad jurídica.

El artículo 28, que regula el horario de funcionamiento de estos establecimientos, fue objeto de una enmienda que tiende a precisar el horario de los bares que funcionan conjuntamente con hoteles, moteles, hosterías o restoranes, que pueden hacerlo hasta el horario de cierre de éstos.

El artículo 29, relativo a los hoteles, moteles, hosterías o restoranes de turismo, fue suprimido, por tratarse de una materia regulada en la ley orgánica del Servicio Nacional de Turismo.

El artículo 30, que regula el otorgamiento de patentes para el expendio de bebidas alcohólicas, fue reemplazado con el objeto de permitir que ellas se otorguen tanto en el área urbana como en la rural, por no estimarse justificadas las limitaciones que existían respecto de estas últimas.

Para tales efectos, se exige un informe de Carabineros de Chile, que acredite las condiciones de seguridad del lugar y su accesibilidad para su control y fiscalización.

Si el informe no se evacua o si es negativo, la resolución que otorgue la patente debe ser fundada.

El artículo 31, que se refiere específicamente a los establecimientos de expendio de cervezas, a los que se les permite vender sidras, fue suprimido.

El artículo 32 fue objeto de una enmienda formal, para reemplazar la expresión “modificaciones” por “normas”.

El artículo 35 señala la proporcionalidad que debe existir entre el número de patentes de hoteles, cantinas, bares, tabernas y establecimientos de expendio de cerveza o sidra de frutas que pueden otorgarse y el número de habitantes en la comuna respectiva.

La Comisión de Salud propuso una proporcionalidad de una patente por cada mil habitantes.

Las Comisiones Unidas, en cambio, estimaron adecuada una proporcionalidad de una patente por cada seiscientos habitantes.

El artículo 36, en cuanto establece en qué lugares no pueden existir ciertos y determinados establecimientos de bebidas alcohólicas, por su cercanía con determinados establecimientos o lugares, fue sustituido con el fin de reducir la distancia que debe haber entre unos y otros, de doscientos a cien metros.

Junto con lo anterior, se precisó la forma de medir esa distancia, para evitar abusos.

El artículo 40, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en ciertos lugares, fue modificado con el objeto de establecer prohibiciones absolutas y otras relativas.

En el primer caso se encuentran los minimercados situados en estaciones de servicios.

En el segundo caso, las vías, plazas y paseos públicos; teatros, circos y demás centros y lugares de espectáculo o diversiones públicas, salvo que cuenten con locales debidamente autorizados.

El artículo 41, que faculta al intendente regional para limitar o prohibir el expendio o consumo de bebidas alcohólicas en ciertas comunas, fue modificado en un doble sentido.

En primer lugar, para que se pueda reclamar en contra de la resolución que se dicte ante la respectiva Corte de Apelaciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley que establece los gobiernos regionales.

En segundo lugar, para suprimir la facultad que permite prohibir la existencia de establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas en los alrededores de las estaciones de ferrocarriles, terminales de buses, mataderos, mercados u otros.

El artículo 45, que señala a quienes no puede concederse autorización para la venta de bebidas alcohólicas, fue reemplazado, con el fin de efectuar una reordenación de la materia contenida en él, distinguiéndose, al efecto, entre las personas a las cuales no se les puede otorgar patentes para instalar determinados establecimientos, como hoteles, cantinas, bares, tabernas y establecimientos de expendio de cerveza o sidras por ejercer ciertos cargos públicos, y las personas a las cuales no puede concederse autorización para la venta de bebidas alcohólicas.

El artículo 56, que se refiere al destino que debe darse a las bebidas y elementos decomisados, una vez rematados, fue modificado, para entregar la realización de la subasta al funcionario del tribunal que designe el juez, liberando así al secretario de tal obligación.

El artículo 60, relativo al procedimiento que debe seguirse para la tramitación de las diferentes infracciones que se cometan, fue objeto de tres enmiendas.

La primera de ellas, de mera adecuación, para hacer aplicable, como regla general, el procedimiento que rige ante los juzgados de policía local, salvo cuando se tratare de investigar únicamente las infracciones a que se refiere el inciso primero del artículo 24, en que se aplica el procedimiento por faltas del Código de Procedimiento Penal.

La segunda, para eliminar el anuncio y la consignación para los efectos de interponer los recursos de casación, por tratarse de exigencias procesales que están suprimidas en la actualidad.

La tercera, para exigir que se entere el valor de la multa como requisito para poder interponer el recurso de apelación en contra de las sentencias condenatorias que se dicten respecto de los delitos descritos en el artículo 24.

El artículo 64 permite al juez ordenar medidas y apremios en caso de resistencia o negativa del afectado a practicarse el examen o el tratamiento médico decretado.

Se ha modificado con el fin de hacer extensivas dichas medidas y apremios para el caso de que se resista o se niegue a pagar el costo del programa de tratamiento o la hospitalización, en su caso.

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El proyecto de ley aprobado por la Comisión de Salud y las enmiendas introducidas por las Comisiones Unidas constan en el siguiente texto comparado:

Proyecto de ley:

Regula el expendio y consumo de bebidas alcohólicas; penaliza el delito de desempeño y conducción en estado de ebriedad; deroga el Libro Segundo de la ley N° 17.105, y promueve la prevención del alcoholismo y la rehabilitación de los alcohólicos. [3]

Se designó Diputada Informante a la señora Cristi, doña María Angélica.

Sala de la Comisión, a 5 de diciembre de 1996.

Acordado en sesiones de fecha 19 de noviembre, 3, 4 y 5 de diciembre de 1996, bajo la presidencia del señor Luksic y con asistencia de los señores Aguiló, Alvarez-Salamanca, Allamand, Bayo, Bombal y Cardemil; señora Cristi; señores Elgueta, Espina, Ferrada, Gajardo, Latorre, Martínez Labbé, Masferrer, Melero, Munizaga, Ojeda, Tohá, Venegas, Viera-Gallo y señora Wörner.

Adrián Álvarez Álvarez

Secretario

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ALCOHOLES. Primer trámite constitucional (Continuación).

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Corresponde ocuparse, en primer lugar, del proyecto de ley que modifica la ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, y deroga el Libro II de la ley Nº 17.105.

Diputada informante es la señora María Angélica Cristi.

Hago presente a los señores diputados que se encuentran aprobados los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 38, 39, 42, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64, 65, 67, 69 permanentes y 1º y 2º transitorios.

Antes de que informe la señora Cristi, comunicaré a la Sala lo acordado por los Comités para el tratamiento del proyecto.

1. Reabrir debate y someter a votación los artículos 2º, 3º, 7º, 18, 56 y 64, por haber sido objeto de modificaciones en las Comisiones Unidas de Constitución y de Salud;

2. Debatir y votar la iniciativa de acuerdo con el segundo informe de las Comisiones Unidas;

3. Discutir y votar los artículos que fueron modificados en dicho informe, y

4. Dar por aprobados los que no fueron objeto de modificaciones, salvo que algún señor diputado solicite la discusión o votación de determinado artículo que no se encuentre dentro de dichas modificaciones.

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA ( don Andrés).-

Señor Presidente , entiendo que dentro de los artículos que se consideran modificados se incluyen los que fueron rechazados por las Comisiones Unidas.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Sí, señor Diputado .

En el informe viene un comparado entre el texto de la Comisión de Salud y el de las enmiendas de las Comisiones Unidas.

Para informar el proyecto, tiene la palabra la Diputada señora María Angélica Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente , este proyecto, discutido varias veces en la Sala en el último tiempo, se originó en la Comisión de Salud, y, debido a la gravedad que reviste el problema del alcoholismo en Chile, fue materia preferente en ella. Sin embargo, la Sala, a petición de varios señores diputados, consideró pertinente que el proyecto, del cual ya se habían aprobado varios artículos, fuera conocido también por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a fin de que adecuara algunos artículos, revisara la constitucionalidad de otros y, en algunos casos, modificara su estructura. Fue así como determinó que las Comisiones Unidas de Constitución y de Salud estudiaran esta iniciativa en un plazo, que ya se cumplió.

El trabajo de este grupo de Diputados fue muy serio, acotado y logró ordenar el proyecto en forma bastante sustantiva. Además, le dio una redacción que cumple con las demandas de la Sala.

En ese espíritu, se trataron incluso algunos artículos que habían sido aprobados por la Sala -como se ha mencionado aquí-, y se recogió la preocupación lógica y muy acertada de varios señores diputados.

Por lo tanto, los artículos que ya habían sido votados por la Sala, se adecuaron con las indicaciones introducidas en las Comisiones Unidas y que no son de fondo, sino más bien de redacción.

Ninguno de los temas de fondo del proyecto fueron discutidos. Llamo modificaciones de fondo a las que podrían incidir en el traspaso de atribuciones a los juzgados de policía local; en la no venta de alcohol a menores de edad; en la determinación del grado de alcohol en la sangre; en la creación de campañas de prevención y de rehabilitación; en la entrega de recursos para que esto sea factible; en el aumento de las penas al clandestinaje y en el reordenamiento relacionado con la cancelación de patentes.

La Comisiones Unidas sólo rechazaron el artículo 14, el que fue declarado inconstitucional por el presidente.

El resto de los artículos y todas las modificaciones propuestas fueron aprobados por unanimidad.

A continuación me referiré a las principales modificaciones.

En primer lugar, el inciso segundo del artículo 2º, que se refiere a aquellas personas que son detenidas por consumir bebidas alcohólicas en calles, plazas y demás lugares públicos, se sustituye “pago de una caución”, por “consignación en dinero del valor de la multa”, lo que permitirá al infractor quedar en libertad.

Posteriormente, el inciso siguiente, que también se modifica, establece que si esta persona se niega o no puede pagar la multa, quedará citada a comparecer al juzgado correspondiente, y así también el infractor que, por alguna razón, quiera reclamar sobre dicha multa.

Se agrega un inciso final que señala: “Carabineros de Chile deberá dar cuenta al juzgado competente de las consignaciones percibidas y de la identidad y domicilio de las personas detenidas, que las hayan efectuado, en la primera audiencia.”

En el artículo 3º se elimina la expresión “de policía local”, dejando sólo “juzgado competente”, de manera que los hechos determinen quién será el juez que tendrá las atribuciones para aplicar lo dispuesto por la ley.

El artículo 7º, que fue ampliamente discutido y en el que se hizo un llamado de alerta por el Diputado señor Elgueta , se consideraron sus preocupaciones y se modificó para establecer que a las personas que hayan sido condenadas por ebriedad tres o más veces, el juez podrá enviarlas a cursos de educación y de prevención.

Al final del procedimiento, se determina también la penalidad que tendrían quienes no acaten esta medida.

Se sustituye el artículo 8º, y determina quién pagará estos tratamientos.

Por otra parte, en el artículo 11, que se refiere a la persona que deba entregar parte de sus remuneraciones a su cónyuge y a sus hijos cuando haya sido condenada más de una vez por ebriedad, se acogió una indicación que establece que se notificará al empleador del infractor para que retenga el 50 por ciento de sus ingresos y lo entregue directamente a quien corresponda.

En el artículo 12, relativo a los programas educativos que deban impartirse en los establecimientos educacionales, a proposición de varios señores diputados, se suprimió la expresión “y el Instituto Nacional de la Juventud.”

El Diputado señor Elgueta planteó agregar a este artículo 12 un inciso final, del siguiente tenor: “Se prohíbe de venta, suministro o consumo de toda clase de bebidas alcohólicas, en forma habitual y permanente, en los establecimientos educacionales. La infracción será penada con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales.”

El artículo 13, que posiblemente será el que genere más debate, tiene que ver con la publicidad. Se suprime su inciso primero y se sustituye el segundo, por el siguiente: “En los envases de bebidas alcohólicas que se comercialicen en el país deberá contenerse un mensaje que induzca a la moderación en su consumo.”

El artículo 14 se suprime por haberse declarado inconstitucional. En virtud de esa disposición se prohibía la publicidad a bebidas alcohólicas en recintos deportivos y en prendas deportivas utilizadas en competencias públicas.

El artículo 16 permite que en los programas de tratamiento y rehabilitación puedan participar instituciones públicas y personas jurídicas de derecho privado, las que también podrán ejecutarlos, todo ello bajo las normas, fiscalización y certificación del Ministerio de Salud.

El artículo 18 se refiere a que el cónyuge o el padre o la madre de familia que habitualmente se encontrare bajo la influencia del alcohol podrá ser internado en hospitales con programas para bebedores problemas. En este artículo se reemplazó la frase “previo informe médico que constate”, por “informe de un médico legista o especialista que establezca”, lo que varias veces fue planteado en la sesión anterior.

El Título III está referido al desempeño y conducción en estado de ebriedad. Quizás, éste sea uno de los títulos que más tiempo tomó ordenarlo. En esta materia -que estaba antes en la ley de Alcoholes-, algunos de sus artículos fueron derivados a la actual ley de Tránsito. Fue difícil complementar y compatibilizar la ley de Alcoholes con la ley de Tránsito. Sin embargo, creo que nuestra Comisión lo logró en mucho mejor forma.

El artículo 23 prohíbe la conducción de cualquier vehículo o medio de transporte, el desempeño en cualquier tipo de maquinaria o el ejercicio de las funciones de guardafrenos, cambiadores o controladores de tránsito, en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol.

El estado de ebriedad y el de encontrarse bajo la influencia del alcohol serán determinados por el juez considerando, especialmente, el informe de alcoholemia o el resultado de otra prueba no invasiva, que serán considerados como informe pericial, sobre todo ahora que Carabineros cuenta con nuevos instrumentos para medir la alcoholemia.

Sin embargo, el cambio importante de esta modificación está en el inciso siguiente, que señala: “Se presumirá estado de ebriedad cuando el informe o prueba arroje una dosificación igual o superior a 0.8 gramo por mil de alcohol en la sangre o en el organismo.” Por lo tanto, esto permite otro tipo de pruebas.

Una de las principales modificaciones del proyecto está en el inciso siguiente, que establece: “Se presumirá estado de encontrarse bajo la influencia del alcohol cuando el informe o prueba arroje una dosificación superior a 0.5 e inferior a 0.8 gramo por mil de alcohol en la sangre.

“Para todos los efectos de esta ley, tendrán plena aplicación los artículos 189 y 190 de la ley Nº 18.290, sobre Tránsito.”

Por otra parte, se reemplaza en el artículo 24 lo aprobado por la Comisión de Salud, que se refiere a todas las actividades de conducción o desempeño que se citan en el artículo anterior. Se dispone que quienes ejecutaren alguna de las actividades indicadas en el inciso primero del artículo 23 en estado de ebriedad serán castigados con presidio menor en su grado mínimo y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales, aunque no causen daño o sólo causen daños materiales o lesiones leves.

Especialmente, se discutió el significado de desempeño, determinándose que puede ser el manejo de distintas maquinarias en lugares públicos o privados. Para graficarlo mejor, se refiere a las personas que manejen cualquier tipo de maquinarias en lugares de recreación y entretención -donde muchas veces asisten niños-, quienes, al no estar en perfecto estado de sobriedad, podrían significar un peligro para la vida de otras personas.

En el mismo artículo 24 se sustituye el inciso tercero por el siguiente: “Si resultaren lesiones graves o la muerte de una o más personas, se impondrán al culpable las penas de presidio menor en su grado máximo y multa de ocho a veinte unidades tributarias mensuales. En las mismas penas incurrirá el causante de lesiones graves o muerte, si la causa determinante del accidente fuere la conducción o el desempeño bajo la influencia del alcohol, pudiendo el tribunal hacer uso de la facultad que le confiere el inciso final del artículo 196 B de la ley Nº 18.290, de Tránsito.”

En el inciso quinto de este precepto, que se refiere a la circunstancia de huir del lugar donde se hubiere cometido alguno de los delitos mencionados anteriormente, la Comisión de Salud propuso agregar: “que podrá ser suficiente”, frase que fue eliminada por las Comisiones Unidas.

En el artículo 25, se agrega, después del número 18.290, la frase “y en el artículo 23 de esta ley”, que se refiere a las personas que conducen en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. Tiene relación con los exámenes de alcoholemia, los cuales pueden practicarse en cualquier establecimiento hospitalario expresamente habilitado por el Servicio Médico Legal. Este artículo no había sido discutido anteriormente.

No hubo cambios importantes en las disposiciones contenidas en el Título IV, Del Expendio y de las patentes; sólo se acogió una sugerencia del Diputado señor René Manuel García , para agregar en la letra N) del artículo 27, después de “cultural”, la frase “con personalidad jurídica”.

Como consecuencia de una proposición del señor Viera-Gallo , se agregó la siguiente oración final: “Con todo, los bares que funcionen conjuntamente con los establecimientos indicados en las letras B), C) e I) del artículo 27, podrán funcionar hasta las 04.00 horas.”

Se suprimió el artículo 29, el cual disponía que las patentes para hoteles, moteles, hosterías o restaurantes de turismo sólo podrán otorgarse a los establecimientos declarados necesarios para el turismo.

El artículo 30 constituyó la preocupación de varios señores diputados: regula la forma de otorgar patentes en los sectores urbanos. Se concluyó que existía una discriminación en su otorgamiento respecto de su otorgamiento en los sectores rurales en relación con los urbanos. Por tanto, se sustituyó el artículo 30, por el siguiente: “Las municipalidades podrán otorgar patentes para el expendio de bebidas alcohólicas en el área urbana y rural de las comunas, previo informe de Carabineros de Chile que acredite las condiciones de seguridad del lugar y su accesibilidad para su control y fiscalización.

“El informe deberá ser evacuado en el plazo de quince días.”

A sugerencia del Diputado señor Cardemil , se agregó el siguiente inciso: “En caso de que el informe no se evacue dentro de plazo o sea negativo, la resolución que otorgue la patente deberá ser fundada.”

El sentido de este inciso es precaver que, si Carabineros no puede fiscalizar, igualmente se otorgue la patente, caso en el cual la responsabilidad recaerá en el alcalde.

El artículo 31 establecía que los establecimientos con expendio de cerveza “podrán vender también sidras de frutas”. Se suprimió por anacrónico.

En el artículo 32, se reemplaza la palabra “modificaciones” por “normas”, pero no incide en su contenido.

El artículo 35 es muy importante. En el proyecto original, la Comisión de Salud determinó que en cada comuna, las patentes indicadas en las letras A, E y F del artículo 27, llámense botillerías, bares, cantinas o tabernas, no podrán exceder la proporción de un establecimiento por cada mil habitantes -hoy es de cuatrocientos-, lo que fue reducido a seiscientos por las Comisiones Unidas. La principal razón es porque será muy difícil acomodar en el corto plazo la cantidad de patentes que existirían hoy con esta disposición. Además, en algunas áreas rurales con menos de mil personas no podría haber ninguna botillería, cantina, bar o taberna.

En el artículo 36, se sustituye su inciso segundo.

Este artículo se refiere a la distancia en que pueden existir bares, cantinas, tabernas, cabarés, botillerías y locales de expendio de bebidas alcohólicas que pueden ser consumidas fuera del respectivo local. La actual ley dice “a menos de cien metros”. El proyecto original proponía “a menos de doscientos metros”, y las Comisiones unidas volvieron a cambiar “a menos de cien metros”. El inciso segundo dice: “No obstante lo anterior, se prohíbe la existencia de cantinas, bares, tabernas, cabarés o botillerías a menos de cien metros de los establecimientos de educación o de salud; cárceles; cuarteles de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile; establecimientos industriales, garitas y terminales de las líneas de recorridos de los servicios de locomoción colectiva, y de estaciones de servicio que atiendan vehículos particulares o de locomoción colectiva.”

Cabe destacar que lo más importante de este artículo es que introduce la idea de que estos locales de expendio de bebidas alcohólicas no puedan estar al lado de los colegios, cuestión que no consideraba la actual legislación. También determina la forma en que se medirá esta distancia.

El artículo 40 -fue el único que no se aprobó por unanimidad en la Comisión, sino por mayoría, con el voto en contra del Diputado señor Luksic - prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en minimercados situados en estaciones de servicio. También prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en las vías, plazas y paseos públicos, etcétera, con excepción de aquellos locales que estén debidamente autorizados.

En todas las comisiones se ha argumentado muchísimo sobre este tema, porque está estrechamente ligado con uno de los principales objetivos del proyecto, cual es evitar los accidentes de tránsito ocasionados por personas que conducen en estado de ebriedad. Todos sabemos que en nuestro país la conducción en estado de ebriedad va de la mano con la enorme cantidad de accidentes de tránsito que se producen. De hecho, está probado que el 40 por ciento de ellos se debe a esta causa. La reciente medida tomada por Carabineros de Chile para determinar el grado de alcohol en la sangre de los conductores ha disminuido los accidentes. Por lo tanto, uno de los principales objetivos del proyecto es evitar el fácil acceso a las bebidas alcohólicas en los mismos lugares donde se expenden combustibles a los vehículos autorizados.

Hay otro artículo que también era preocupación de varios señores diputados, respecto del cual existía algún reparo de constitucionalidad. Me refiero al artículo 41, que tiene que ver con las atribuciones que se otorgan al intendente regional para limitar o prohibir el expendio de bebidas alcohólicas por un plazo determinado en las localidades que lo estime conveniente. Tales lugares son conocidos como “zona seca”.

La Comisión determinó que el artículo no era inconstitucional, dado que contó con el patrocinio del Ejecutivo. Sin embargo, concluyó que la resolución podría ser reclamada en los términos y forma previstos en el artículo 102 de la ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Se llama -según me dicen aquí- recurso de ilegalidad. De esa forma quedan protegidas las personas que consideren que se hace abuso de esta atribución.

En el inciso segundo se elimina la prohibición de que existan establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas en los alrededores de las estaciones de ferrocarriles, terminales de buses, mataderos, mercados u otros, por considerar que, en la práctica, es una situación difícil de controlar.

El artículo 45 también introduce una modificación importante, en respuesta a la inquietud planteada en la Cámara en cuanto a quiénes no debe concederse autorización para la venta de bebidas alcohólicas.

El artículo aprobado por la Comisión de Salud se refería a los miembros del Congreso Nacional, intendentes, gobernadores, alcaldes y miembros de los tribunales de justicia; a los empleados o funcionarios fiscales o municipales; a los que hayan sido condenados por crimen o simple delito; a los dueños o administradores de establecimientos que hubieren sido clausurados definitivamente; a los miembros de los consejos regionales y de los concejos municipales, y a los menores de dieciocho años.

El artículo 45 establece que no podrá concederse patente para establecimientos clasificados en las letras A), E) y F) -llámense botillerías, bares o tabernas- a diputados, senadores, intendentes, gobernadores, alcaldes y miembros de los tribunales de justicia; empleados o funcionarios fiscales o municipales; miembros de los consejos regionales y de los concejos, mientras se encuentren en el ejercicio de sus cargos. Por lo tanto, no tiene efecto retroactivo y no incluye las patentes de hoteles, restoranes, etcétera.

Asimismo, dispone que no podrá concederse autorización para la venta de bebidas alcohólicas a los que hayan sido condenados por crimen o simple delito, a los dueños o administradores de establecimientos que hubieren sido clausurados previamente y a los menores de edad. Uno de los propósitos de esta iniciativa es, precisamente, no otorgar patente nueva a personas que por distintas razones se les haya clausurado su establecimiento.

A continuación, paso al título V, De la competencia y del procedimiento judicial.

En el artículo 60, se sustituye el inciso tercero por los siguientes:

“En lo demás, se seguirán las reglas sobre procedimiento ante los juzgados de policía local.

“Cuando se tratare de investigar únicamente los delitos a que se refiere el artículo 24 -relacionados con accidentes de tránsito por conducción en estado de ebriedad-, la causa se tramitará de acuerdo con las reglas establecidas en el Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Penal. Las indemnizaciones civiles podrán reclamarse en el mismo proceso, tan pronto como quede ejecutoriado el fallo, conforme a las reglas del juicio sumario, sin que tenga aplicación lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.”

La siguiente modificación corresponde a la letra l) del artículo 60. Dicha letra dispone: “Los recursos de casación en la forma o en el fondo contra la sentencia de segunda instancia se deducirán, sin necesidad de anuncio, en un escrito al cual se acompañará la consignación correspondiente,” etcétera. Se suprimen las frases “sin necesidad de anuncio” y “al cual se acompañará la consignación correspondiente”.

La indicación fue presentada por los Diputados señores Sergio Elgueta , Zarko Luksic y Alberto Cardemil , que forman parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

A continuación se agrega un inciso final que dice:

“Para deducir apelación en contra de las sentencias definitivas condenatorias que se dicten respecto de los delitos descritos en el artículo 24 -conducción en estado de ebriedad-, será menester que el apelante acompañe, al intentar el recurso, comprobante de haberse enterado en la cuenta corriente del tribunal respectivo el valor íntegro de la multa.”

En seguida, en el artículo 64, que se refiere a quienes se resistan a practicarse un examen o tratamiento médico decretado por el juez, se agrega, después de la coma que figura a continuación de la palabra “decretado”, la oración “o a pagar el costo del programa de tratamiento o la hospitalización, en su caso,”. Es decir, además de las medidas conducentes al cumplimiento de la sentencia, el juez podrá disponer el arresto de una persona hasta por ocho días, sin perjuicio de repetir el apremio si persistiere en su actitud de rebeldía. De manera que el inciso quedaría redactado de la siguiente forma: “En caso de resistencia o negativa del afectado a practicarse el examen, a someterse al tratamiento médico decretado o a pagar el costo del programa de tratamiento o la hospitalización, en su caso,” etcétera, se le aplicarán las penalidades establecidas en este artículo.

Por último, hay dos artículos transitorios y, no obstante estar aprobados, me gustaría referirme a ellos, en atención a que en la última sesión diversos señores diputados manifestaron aprensiones al respecto.

El artículo 1º transitorio dispone: “Las causas de alcoholes que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se hallaren pendientes, continuarán radicadas en los mismos tribunales hasta su total tramitación.”

Por último, el 2º transitorio establece: “El número de patentes limitadas de alcoholes y su distribución que se fijen en conformidad al artículo 35 comenzarán a regir a contar del 1 de enero del año siguiente al de entrada en vigencia de esta ley.” Es decir -si Dios quiere- en enero de 1998.

Señor Presidente , aprobemos hoy este proyecto, porque ha sido tratado en varias ocasiones en la Sala. Creo que ha sido una de las iniciativas más estudiadas en la Cámara, puesto que ya fue tratada por las Comisiones de Salud, de Hacienda y sometida a un acucioso examen por las Comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Salud, cuyo informe acabo de entregar.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente accidental).-

En discusión particular el proyecto.

En primer lugar, en el artículo 2º, se sustituye el pago de una caución por una consignación en dinero del valor de la multa. Ésa es la esencia de la modificación hecha por las Comisiones unidas en los incisos segundo y tercero.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobada.

Luego, se agrega un inciso final que señala que “Carabineros de Chile deberá dar cuenta al juzgado competente de estas consignaciones percibidas”, etcétera.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobado.

Al final del artículo 3º, se elimina la expresión “de policía local”.

Si le parece a la Sala, se aprobará la modificación.

Aprobada.

Ofrezco la palabra sobre la modificación al artículo 7º.

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA .-

Señor Presidente, quiero explicar en forma muy breve algunos cambios.

En primer lugar, aquí se establece la obligación del magistrado de pedir un informe al médico legista o especialista, en caso de que determine que la persona sufre alguna alteración al pasar de consumidor a bebedor alcohólico.

Asimismo, hay otro cambio en relación con la condena. Se habla de la persona condenada por ebriedad, por sentencia firme o ejecutoriada tres o más veces en los últimos doce meses. En cambio, el artículo aprobado por la Comisión de Salud se refería a la persona condenada dos veces. Es decir, se amplía la situación.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente accidental).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará la modificación al artículo 7º.

Aprobada.

En discusión el artículo 8º, relativo al costo de los programas de tratamiento.

Tiene la palabra el Diputado señor Luksic.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente , la modificación propuesta por las Comisiones unidas obedece a que el artículo 8º anterior señalaba que la participación en los programas de tratamiento para bebedores y alcohólicos era una resolución que debía tomar el juez, después de que una persona hubiese sido condenada por ebriedad más de dos veces en los últimos doce meses. Eliminamos esa condición porque nos podemos encontrar con bebedores contumaces o alcohólicos que no han sido condenados, o, al contrario, con personas que han sido condenadas en reiteradas ocasiones, pero que no son bebedoras permanentes o alcohólicas. Por lo tanto, dejamos a consideración del juez determinar quién debe seguir los programas de tratamiento, de manera que pueda acreditar, a través de informes médicos y de la opinión de especialistas, cuándo se justifica que un bebedor o un alcohólico deba sujetarse al tratamiento establecido en el artículo 8º.

Un segundo aspecto que tiene gran importancia se relaciona con el artículo 8º propuesto por la Comisión de Salud. Dicha norma no resolvía la situación de las personas indigentes o de los bebedores o alcohólicos que no tienen capacidad económica para pagar el tratamiento y que, por lo tanto, no están sujetos a ningún sistema de salud, ya sea privado o público. La modificación introducida por las Comisiones unidas señala, con carácter imperativo, que estas personas deberán ser atendidas gratuitamente por los servicios de salud.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente , los artículos 7º y 8º del proyecto original fueron objeto de extensos debates. En tal sentido, deseo reconocer el avance que hubo en el artículo 7º, al incluirse la posibilidad de que especialistas determinen las características de las personas que padecen de alcoholismo.

Sin embargo, tengo serias dudas respecto del artículo 8º. La primera se relaciona con el concepto de infractor, el cual es válido cuando se lo utiliza, por ejemplo, en relación con la Ley de Tránsito; no obstante, cuando se trata de una persona enferma, creo que debe ampliarse su significado. El alcoholismo es, probablemente, el principal problema de salud pública del país y no estimo pertinente tratarlo sólo bajo la lógica penalizadora. Estimo que la Diputada señora María Angélica Cristi compartirá esta opinión y, quizás, podamos buscar una manera más feliz de resolver el problema.

Junto con lo anterior, deseo sumarme a la inquietud planteada por el Diputado señor Luksic , en cuanto a saber qué pasará con esa gran masa de trabajadores -hombres y mujeres- que no tienen previsión, con esos más de 400 mil trabajadores, eventuales o esporádicos, que no cuentan con un programa de salud.

Si dejamos la resolución del problema sólo a los municipios, crearemos una peculiar contradicción. En efecto, como las municipalidades tienen que pagar los programas de rehabilitación y también evaluarlos, probablemente las personas que padecen de alcoholismo y que cuentan con escasos recursos no accederán a los programas de rehabilitación que requieran. No me opongo a este avance, pero estimo que se orienta particularmente a un sector de la sociedad que tiene programas de salud adecuados. En este sentido, existe una insuficiencia de la norma para garantizar la cobertura de los costos.

Por su intermedio, deseo solicitar a la diputada informante que se refiera a los costos estimados de estos programas y cómo afectarán al erario nacional, en particular al Ministerio de Salud y a los municipios. Me imagino que para la aprobación de esta norma no sólo se necesita del apoyo del Ejecutivo, sino también de informes financieros, a fin de que esto no se transforme en lo que muchos tememos: letra muerta.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente , las aprensiones del Diputado señor Juan Pablo Letelier son legítimas.

Me referiré a su primera duda, cuya explicación fue dada por el planteamiento formulado por los diputados señores Luksic y Elgueta .

¿En qué sentido se está usando el término “infractor”? La modificación, la simplificación y la sistematización que hicieron las Comisiones unidas apuntan a definir eso. ¿Qué se plantea en el nuevo artículo 7º? Que la facultad para ordenar imperativamente a una persona condenada por ebriedad a asistir a cursos en forma obligatoria queda radicado en el juez. El nuevo precepto señala que el juez que dictare el último fallo, podrá ordenar, con el mérito de un informe técnico que solicita, que esa persona, condenada por ebriedad tres o más veces, asista obligatoriamente a los cursos.

De manera que los vocablos “infractor” e “infracción” están perfectamente definidos. Es una infracción a esta ley, una condena por ebriedad y, además, una resolución judicial que ordena que ese infractor asista obligatoriamente a cursos de prevención o reeducación en los plazos que indique.

Sobre el segundo aspecto, la señora diputada informante podrá ilustrarnos con los datos requeridos por el Diputado señor Juan Pablo Letelier .

El señor ESTÉVEZ ( Presidente accidental ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Balbontín .

El señor BALBONTÍN .-

Señor Presidente , quería referirme al punto que acaba de tratar el Diputado señor Cardemil .

Aquí se trata de una persona condenada por ebriedad dos veces, lo cual no necesariamente implica la condición de un enfermo alcohólico. Por lo tanto, el término “infractor” me parece atinado.

Además, es adecuado el artículo elaborado por las Comisiones unidas, porque se trata más bien de privilegiar la posibilidad de que realicen este tipo de tratamiento quienes carecen de recursos.

Por lo tanto, solicito mayor información de la señora diputada informante sobre la materia.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente , quiero destacar que, quizás, el mayor mérito del proyecto es que dedica un capítulo completo a la prevención y a la rehabilitación.

Tal vez, una de las razones de la demora del trabajo se debe precisamente a la participación de muchas instancias y personas. El Ejecutivo creó una comisión con representantes de los Ministerios de Hacienda, Salud, Educación, Justicia, Secretaría General de Gobierno , con el objeto de patrocinar todos los artículos respecto de los cuales los diputados no tenemos iniciativa legal.

En el capítulo sobre prevención y rehabilitación, los Ministerios de Educación y de Salud deben asumir dos tareas fundamentales.

Para contestar al Diputado señor Juan Pablo Letelier , me referiré especialmente al artículo 16, que otorga atribuciones al Ministerio de Salud. Dice: “En todos los Servicios de Salud del país deberán existir programas de tratamiento y rehabilitación para bebedores problemas y alcohólicos. Estos programas incluirán plazas de hospitalización, consulta externa especializada y tratamiento ambulatorio en todos los establecimientos de salud de nivel primario, sean dependientes de los municipios o de los Servicios de Salud.

“De manera similar, los establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, deberán contar con programas que permitan el adecuado tratamiento y rehabilitación de bebedores problemas y alcohólicos para su personal en servicio activo y en retiro.

“En estos programas podrán participar municipalidades, instituciones públicas, iglesias, personas jurídicas de derecho privado, las que también podrán ejecutarlas, todo ello, bajo las normas, fiscalización y certificación del Ministerio de Salud.”

Por otra parte, si bien no se sabe el costo exacto de lo que significa la aplicación del proyecto, el hecho de que esté patrocinado por el Ejecutivo y apoyado por el Ministro de Salud, evidentemente implica disponer de los recursos pertinentes en el presupuesto próximo.

Pero no debe olvidarse que la ley transfiere un 40 por ciento de las multas al Ministerio de Salud para estos efectos y un 60 por ciento de ellas a los municipios para las campañas de prevención y de rehabilitación.

De acuerdo con un estudio realizado por la cátedra de Economía de la Universidad de Chile en 1981, el costo de las consecuencias del alcoholismo para el país es del orden de los dos mil millones de dólares al año, calculado sobre la base de 150 mil días cama anuales y el 50 por ciento de la capacidad de los hospitales siquiátricos ocupada por personas con problemas de alcoholismo. Por lo tanto, ahí hay una idea de la cifra que significa para la salud, la que evidentemente se reduciría con buenas campañas de prevención y rehabilitación a nivel comunal.

Actualmente la recaudación producto de las multas por aplicación de la ley de alcoholes es de, aproximadamente, 400 millones de pesos. De acuerdo con algunos cálculos, no muy exactos, porque no tenemos todos los antecedentes para poder verificar el procedimiento, esa cifra aumentaría, por lo menos, a cinco mil millones de pesos, que es el fondo que la ley distribuye.

Quiero referirme al monto de las multas aplicadas por el clandestinaje, que es lo que más reclama la comunidad. Éstas van desde 1.300 a 10.800 pesos. El proyecto las expresa en UTM y las sube en forma importante. Fluctúan entre 342 mil y 457 mil pesos.

Por otra parte, a las distribuidoras de venta de bebidas clandestinas se les aplican multas tremendamente bajas. Por ejemplo, vender hoy a un menor de edad para el consumo una bebida prohibida, tiene la multa de 1.300 a 2.700 pesos. El proyecto la sube entre 68 mil a 228 mil pesos.

En resumen, el aumento de las multas es considerable y todos estos recursos van destinados a las prevención y a la rehabilitación.

Por último, en el artículo 8º se dice claramente que las personas indigentes podrán tener acceso a estos tratamientos cuando el municipio así lo determine.

No sé si estos antecedentes aclararán las dudas, pero es la información que puedo aportar a la pregunta del Diputado señor Juan Pablo Letelier .

El señor ESTÉVEZ (Presidente accidental).-

Creo que el señor diputado los ha escuchado atentamente, y estoy cierto de que ha aclarado sus dudas.

Tiene la palabra la Diputada señora Wörner.

La señora WÖRNER.-

Señor Presidente , en los artículos 3º, 7º y 8º del Título I, que trata de la penalidad y de la ebriedad, se habla de la persona que se encontrare en manifiesto estado de ebriedad, de la que ya ha sido condenada por ebriedad y de los sistemas de rehabilitación a los cuales debe someterse, respectivamente.

Sin duda, esto incide bastante en el resto del articulado, principalmente en el artículo 11, que involucra derechos patrimoniales. La persona que ha sido condenada más de una vez por ebriedad, está expuesta a que su familia solicite las retenciones pertinentes por derecho de alimentos.

Entonces, para entender mejor y para la correcta aplicación de esta norma, consulto si al no estar definidos los conceptos “mani-fiesto estado de ebriedad”, “condena por ebriedad” y “bebedores problemas y alcohólicos”, ¿el juez deberá remitirse al artículo 23 del Título III que indica cuándo se está en estado de ebriedad y cuándo bajo la influencia del alcohol?

Para evitar equívocos y permitir la correcta aplicación de la normativa del Título I, deseo que la diputada informante me confirme si esto es así, a fin de que quede expresamente establecido.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente accidental ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma .

El señor PALMA ( don Andrés).-

Señor Presidente , quiero referirme a los artículos 7º y 8º en su conjunto, que imponen una carga al sector público que no ha sido cuantificada, que no está financiada ni ha sido conocida por la Comisión de Hacienda. Estos artículos fueron perfeccionados razonablemente por las Comisiones Unidas de Constitución y de Salud.

Ahora, el inciso segundo del artículo 8º establece que “Los infractores que no pudieren pagar el tratamiento indicado por resolución judicial, que así lo acrediten con informe de la Municipalidad respectiva, deberán ser atendidos gratuitamente por los Servicios de Salud.”. Con esto, estamos imponiendo una carga al sistema judicial, a las municipalidades y a los servicios de salud.

El artículo 7º se refiere a un informe de un médico legista, a programas de educación y de prevención que se entregan en los servicios de salud, municipalidades o instituciones dedicadas a dicho objeto, o a un programa de tratamiento para bebedores y alcohólicos, ya sea en forma ambulatoria u hospitalizada, a los cuales el juez puede obligar a alguien a concurrir.

Los artículos 7º y 8º del texto de la Comisión de Salud, eran cargas genéricas, al igual que el artículo 16 del proyecto, el cual establece que los municipios y los servicios de salud deben tener programas de tratamiento y rehabilitación para bebedores problemas y alcohólicos. Pero cuando se señala que una persona con un informe de la municipalidad debe ser atendida en forma gratuita por los servicios de salud, y, además, estamos destinando anualmente, según acaba de manifestar la diputada informante , 2 mil días camas en esos mismos servicios para atender a bebedores y alcohólicos, surge la pregunta: ¿con qué recursos se cubrirá esta atención obligatoria que estamos imponiendo a los servicios de salud? Éste es un costo efectivo y se deben tener los ingresos correspondientes para su financiamiento.

Me da la impresión de que este artículo no proviene de una indicación del Ejecutivo, porque si así fuese, habría pasado por la Comisión de Hacienda, como corresponde cuando se afectan recursos públicos.

Insisto, esta redacción impone un costo adicional. Es muy fácil legislar genéricamente, y muchas veces, a través de este tipo de iniciativas obligamos a los servicios públicos a realizar determinadas tareas que no pueden cumplir si no cuentan con los recursos correspondientes.

En relación con esta materia, en el texto que nos proponen las Comisiones unidas se suprime una fuente de recursos que sí estaba en el de la Comisión de Salud. Podrá darse el motivo que se quiera, pero se elimina el inciso primero del artículo 13, que decía: “Las empresas que promuevan la colocación de bebidas alcohólicas en el mercado deberán participar en los programas de prevención del alcoholismo, incluyendo mensajes...”, etcétera. Es decir, se imponen cargas y no se señala con qué se financiarán; es como pasarle el problema a otro.

Es fácil decir que los servicios de salud y las municipalidades deben atender en forma gratuita a quienes no puedan pagar, pero ¿dónde están los recursos dentro del sistema de cofinanciamiento o de autofinanciamiento de la salud? ¿Dónde están los recursos dentro del sistema gratuito de salud? ¿Qué méritos considerará el juez para dictaminar los programas definidos en los artículos 7º y 8º?

Hago esta reflexión porque ha habido problemas en otras iniciativas despachadas por este Parlamento. Concretamente, en la ley de Violencia en los Estadios se impuso una penalidad a sus infractores. En esa oportunidad, dijimos que los jueces podrán forzar a quienes reincidan o sean sancionados con determinadas penas, a cumplir algún tipo de trabajo voluntario, de reparación de daños a la comunidad, pero no entregamos financiamiento ni definimos a los agentes, a los jueces. Cuando, por esta ley o por la de Violencia Intrafamiliar se ha sancionado a personas con una determinada penalidad, se ha obligado a los municipios o a otras entidades a que incurran en gastos que no fueron considerados al momento de tramitarlas. En ese sentido, debemos ser precisos y también responsables. En este caso, el proyecto de ley para concretar lo dispuesto en estos artículos no contempla el financiamiento. Por lo demás, he revisado el informe de la Comisión de Hacienda, en una de cuyas sesiones participé durante la discusión, y estas materias no fueron tratadas; el financiamiento se entendía genérico -por lo cual los servicios de salud y los municipios deben preocuparse-, pero no se estaban imponiendo cargas específicas.

Señor Presidente , por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Elgueta .

El señor ESTÉVEZ ( Presidente accidental ).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Elgueta .

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente , me parece muy pertinente la observación del Diputado señor Andrés Palma , pero ¿qué pasa si este principio ya está establecido en la ley de Alcoholes? Al respecto, su artículo 118 señala que el juez puede enviar al infractor a un centro de rehabilitación para alcohólicos, donde puede permanecer hasta seis meses. Si ello está contemplado en la ley, las instituciones del Ministerio de Salud deberán tener fondos para atender ese problema. Ahora, si ese mismo principio se incorpora en este proyecto de ley, aun cuando sea con una redacción distinta, no veo por qué será necesaria una nueva norma presupuestaria.

A mayor abundamiento, el proyecto contempla un fondo con las multas para estos efectos. El artículo 68 -referido a las multas- señala que el 10 por ciento del total de las sumas que ingresan por concepto de multas estará destinado al pago de honorarios, y “del saldo, el 40 por ciento se destinará a los Servicios de Salud para el financiamiento y mantención de los programas de rehabilitación de personas alcohólicas, y el 60 % a las municipalidades, distribuido entre ellas de acuerdo con el número de habitantes y los antecedentes estadísticos respecto a los problemas de alcoholismo que afecten a la respectiva población, para el financiamiento y mantención de los programas de prevención y rehabilitación de personas alcohólicas.”

He dicho.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente accidental ).-

Se cita a reunión de Comités.

Se suspende la sesión por diez minutos.

-Se suspendió la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , estoy completamente de acuerdo con el contenido del segundo inciso del artículo 8º. Sin embargo, me parece manifiestamente inadmisible como indicación parlamentaria.

Si bien la Comisión de Hacienda estudió y aprobó la norma del artículo 16, que establece que los distintos servicios de salud deben tener programas antialcohólicos -obligación de carácter genérico, cuya dimensión y magnitud dependerá de cada ley de Presupuestos-, es completamente diferente disponer por ley que dichos servicios deben dar atención gratuita a todas las personas que los municipios determinen que no pueden pagarlos. Eso genera una carga directa y específica para los servicios de salud pública respecto de un número indeterminado de ciudadanos que, por desgracia, temo que sea muy alto. Por algo estamos estudiando esta iniciativa, precisamente, porque en Chile existe un problema de alcoholismo extendido.

Esta norma consagra una situación diferente a la situación genérica, que dice que existen programas de tratamiento antialcohólico en las distintas unidades.

Por ende, debería haber sido tratada por la Comisión de Hacienda.

Por lo tanto, solicito se declare inadmisible el segundo inciso del artículo 8º o, en su defecto, que sea visto por la Comisión de Hacienda. Ése es el procedimiento legal que debe seguirse.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Exequiel Silva.

El señor SILVA .-

Señor Presidente , concuerdo con lo dicho por el Diputado señor Andrés Palma , pero advierto un problema de fondo en los artículos 7º y 8º.

Tal como lo señalé en la discusión en general, no creo en la obligatoriedad de la rehabilitación. No creo que a alguien se le pueda obligar. Creo que el Estado debe procurar los recursos, la infraestructura y el personal para que quien desee rehabilitarse pueda acceder a ella no mediatizado por su situación económica. Por esa razón, votaré en contra estos artículos.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente , quiero recordar al Diputado señor Silva que el artículo 7º ya fue aprobado, de manera que su posición no puede ser materializada con su voto negativo.

En cuanto a la inquietud del Diputado señor Estévez , el segundo inciso del artículo 8º dice: “El costo del programa o de la hospitalización, en su caso, deberá ser pagado por el infractor o su sistema de salud.” No dice que sea por el sistema de salud público, sino “o su sistema de salud”.

En el primer inciso se hace algo similar a lo que explicitó el Diputado señor Elgueta , pues hoy existe la obligación del Estado de tratar a los enfermos alcohólicos.

Quiero recordar a la honorable Sala que hay antecedentes que permiten asegurar que hoy se pierde por problemas vinculados al alcohol la no despreciable suma de 2 mil millones de dólares.

Además, en los artículos posteriores, ya mencionados en relación con el monto de las infracciones, se establece por primera vez que esos recursos serán destinados, entre otras cosas, a los servicios de salud respectivos. En el día de hoy eso no sucede. Los montos producto de las infracciones van a un fondo común, al Tesoro Público. Precisamente en este artículo se previene de ello. Es bienvenida una disposición que entrega recursos a la municipalidad encargada de programas de prevención de los servicios de salud de la misma localidad en la cual se recaudan las multas que se destinan para el tratamiento y la rehabilitación de los alcohólicos.

De manera que insistimos en la aprobación de los artículos en la forma planteada por las Comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Salud.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente , creo que a los servicios de salud se les está imponiendo una especie de deber u obligación que sólo procede por iniciativa del Ejecutivo. Sin embargo, si se requiere el acuerdo unánime de la Sala para que en lugar del término “deberán” se utilice la palabra “podrán”, los servicios de salud quedarían sujetos a esa carga obligatoria.

En la medida en que ellos puedan atender gratuitamente -así lo dispone el Ministerio de Salud o cualquiera de sus servicios en las diferentes ramas que hoy efectúan trabajos de rehabilitación en cada una de las comunas-, salvamos esa situación. En consecuencia, propongo reemplazar el vocablo “deberán” por “podrán”, en el artículo 8º.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Reitero que el artículo 7º ya fue aprobado y que estamos en la discusión del artículo 8º.

Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.

El señor URRUTIA (don Salvador).-

Señor Presidente , desde luego, hay coherencia entre los artículos 7º y 8º, ya que tratan de que la persona que hubiere sido condenado por ebriedad tome conciencia de que su dependencia del alcohol es un problema social que necesita ser afrontado por la sociedad. El artículo 7º la obliga a asistir a un programa educativo y preventivo absolutamente ambulatorio, de manera que cuando reincida por tercera vez, después de haber asistido a ese programa, tomará plena conciencia de que su problema es una enfermedad que necesita tratamiento. Ése es el objetivo fundamental del artículo 8º.

Entendemos que el hecho de ser sancionada o condenada por ebriedad tres veces en el período menor de un año, significa muchísimas más situaciones de ebriedad no sancionadas por no haber sido detectadas por la policía ni denunciadas. De modo que estamos hablando de una persona que ha protagonizado más de tres episodios por ebriedad en un período de 12 meses, por lo cual se le obliga a someterse a un programa de tratamiento que será definido por un médico, quien decidirá, previo informe, la forma y modalidad de aplicación. Si el paciente es un bebedor consuetudinario, absolutamente adicto al alcohol, será hospitalizado; si no lo es, el tratamiento será ambulatorio y su duración dependerá del médico especialista. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de programas rígidos que se aplicarán en forma absolutamente impersonal, sino que los médicos de cada servicio de salud determinarán cómo se aplicarán en cada caso en particular.

Soy partidario de aprobar los artículos tal como están.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Balbontín.

El señor BALBONTÍN.-

Señor Presidente , cuando uno revisa los antecedentes que nos han entregado en la Sala hace bastante tiempo, que también están a disposición de la opinión pública -como la encuesta de consumo de alcohol, tabaco y drogas, elaborada por el Ministerio de Educación con la colaboración de la Fundación Paz Ciudadana, de Unicef y del Ministerio de Salud-, y ve los porcentajes de correlación que tiene el alcoholismo con distintos tipos de conductas agresivas, advierte que son sumamente altos e inciden, en un 90 por ciento, en problemas de carácter familiar. Es decir, los costos de la sociedad por este tipo de enfermedades implican un gravamen que el Estado ha asumido.

A mi juicio, en el inciso segundo del artículo 8º no pretendemos generar nuevos gastos para el Estado, sino canalizar recursos de manera más eficiente, de modo que su objetivo sea de carácter preventivo. Desde ese punto de vista, no considero inaceptable esta disposición; muy por el contrario, a través de ella desea orientar los recursos de manera más eficiente.

Por ello, comparto la propuesta de las Comisiones unidas en cuanto al artículo 8º.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Schaulsohn .

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, la observación del Diputado señor Estévez es completamente atingente.

La idea contenida en el artículo 8º es excelente, pero, ¿quién va a pagar? La mayoría de la gente está en isapres y aquí, simplemente, se dice que “el costo del programa de tratamiento o de la hospitalización en su caso, deberá ser pagado por el infractor o su sistema de salud,” ¿Y si eso no está en el contrato? Si no aparece la prestación de un tratamiento antialcohólico, que puede ser con hospitalización o ambulatorio, ¿qué dirá la isapre? ¿Cómo se puede imponer, por ley, a una institución privada de salud, que establece una relación contractual con las personas, la obligación de llevar adelante esa prestación? No es posible. La isapre sostendrá: “Usted no ha contratado con nuestra institución un tratamiento antialcohólico. No le pagaré, porque, además, nunca se lo he cobrado.” En el caso del Fonasa, debiera ser igual, aunque uno puede decir: “Bueno, ahí hay fondos públicos.”

Ahora, en cuanto a los indigentes, imponer esta obligación a los hospitales, obviamente, generará un gasto, y esta clase de tratamientos son caros.

Entonces, el artículo 8º no pasará de ser una declaración lírica y será objetado por las partes interesadas.

Si queremos ser serios, que se involucre el Ejecutivo, lo patrocine y envíe la señal a la sociedad de que efectivamente está dispuesto a invertir en esto. Pero la disposición, en la forma como está redactada, es completamente inadmisible, porque genera una carga al Fisco -lo cual no podemos hacer- y, además, vulnera el tipo de relación contractual existente entre las isapres y los afiliados.

Tal vez sería bueno -no sé si es posible a estas alturas- que la Sala tomara la decisión unánime de suspender la tramitación del artículo 8º, a fin de que el Ejecutivo patrocine la idea, se cuantifique lo que podría significar en dinero y se presente una indicación como Dios manda, para que se pueda aprobar y tenga efecto legal.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Luksic.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente , si hacemos memoria sobre cómo se inició la tramitación del proyecto, nos daremos cuenta de que ya en sus inicios, cuando se elaboró, el Ejecutivo hablaba de que el costo del tratamiento para rehabilitar a los alcohólicos debía ser pagado por el infractor o el sistema de salud correspondiente.

Tengo la impresión de que el Ejecutivo cuando estudió el tema, tuvo presente que los enfermos indigentes -aquellos que no están sujetos al sistema de salud privado y tampoco se encuentran en el Fonasa- tienen derecho de ser atendidos en los servicios de salud públicos. Ésa es la filosofía y la idea matriz del artículo 8º, y entiendo que el párrafo inicial: “El costo de los programas de tratamiento deberá ser pagado por el infractor o por su sistema de salud, cuando corresponda.”, fue incluido en el mensaje del Ejecutivo porque implicaba que las isapres o el sistema de salud público deberían considerar dentro de sus programas, al menos, el tratamiento para enfermos alcohólicos e indigentes.

Por lo tanto, creo que el artículo 8º se ajusta a derecho, a la Constitución y a la ley, por lo que debería votarse.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi .

La señora CRISTI.-

Señor Presidente , cuando se aborda el problema del alcoholismo, a veces, a pesar de estar todos de acuerdo en que es una enfermedad -y ésta es una de las principales consideraciones que se tuvieron en vista en la Comisión de Salud-, olvidamos cómo ella se manifiesta.

Los hospitales públicos y privados, así como las isapres, consideran dentro de sus atenciones el tratamiento de dolencias como las úlceras, cáncer al estómago, cirrosis, hepatitis y, muchas veces, trastornos siquiátricos. Todos estos cuadros constituyen manifestaciones de esta enfermedad, los que podrían ser explicados de mejor forma por los médicos presentes, que han colaborado para que el proyecto sea una realidad para la población que sufre este gravísimo problema. Aquellos parlamentarios que representamos a comunas donde el problema es grave, estamos absolutamente de acuerdo con esta iniciativa.

Ahora, respecto del costo de los programas y de la constitucionalidad de la norma, creemos que es deber del Ministerio de Salud, de las isapres y de todos los organismos de la salud atender esta enfermedad, tal como lo hacen con otras, como el cáncer o las dolencias cardíacas. No veo por qué se debe discriminar contra algo que es tan grave y a causa de lo cual mueren cada año más de 7 mil personas.

En relación con el inciso segundo del artículo 8º, quiero recordar a los diputados que han usado de la palabra para referirse a él que en la sesión anterior se reclamó porque el artículo, de la manera como estaba planteado, no cumplía con el objetivo importante de que el Estado y los distintos servicios de salud del país atendieran a la población más pobre, a los que no podían pagar, a quienes, justamente por ser alcohólicos, estaban impedidos de trabajar. En ese espíritu se acogió esta disposición, para que los indigentes -el artículo no menciona esa palabra, pero se sobreentiende, pues se refiere a los que no puedan pagar- puedan ser atendidos.

Por otra parte, el Diputado señor Elizalde plantea la posibilidad de reemplazar la expresión “deberán” por “podrán”. La enmienda evita el problema de constitucionalidad, pero ello no obsta para que cualquier persona que lleve consigo su certificado de indigencia expedido por la municipalidad correspondiente sea atendida obligatoriamente en cualquier centro de salud.

Además, quiero llamar la atención sobre el inciso primero del artículo 8º, que en su parte inicial señala: “El costo de los programas de tratamiento deberá ser pagado por el infractor o por su sistema de salud cuando corresponda.” Hay isapres que hoy ofrecen atenciones siquiátricas y sicológicas para personas que beben en exceso. El texto no obliga a acogerse a un programa. Sin embargo, considero que las personas que sufren esta patología deben hacerlo, porque es una enfermedad grave, que se manifiesta de distintas formas y que, de hecho, tiene atención en la actualidad.

Si nos vamos a conducir de manera tan legalista respecto de un tema tan importante, encontraremos que todos los artículos tienen problemas. Deseo que tengamos la voluntad para que en este país se atienda, de una vez por todas, a los niños, mujeres y hombres que sufren esta enfermedad tan grave y que los detalles del proyecto se los dejemos a la Comisión que lo tratará en el Senado, la que, seguramente, pedirá el patrocinio del Ejecutivo en otros artículos.

Si este proyecto no se despacha de una vez por todas en el Senado, no se aprobará nunca. Considero que estamos siendo muy irresponsables ante el país, que está pendiente de este proyecto, pues sabe que es necesario, y es responsabilidad nuestra darle una tramitación menos complicada. Al menos, ésa es la voluntad que ha mostrado la mayoría de los diputados de esta Cámara.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Ha terminado el Orden del Día. El debate continuará en la sesión de mañana.

POSTERGACIÓN DE DESPACHO DE MODIFICACIONES A LEY DE ALCOHOLES.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

A continuación, corresponde seguir con el estudio del proyecto que introduce modificaciones a la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, y deroga el libro II de la ley Nº 17.105.

Tiene la palabra el Diputado señor Montes, por un asunto de Reglamento.

El señor MONTES.-

Señor Presidente , sugiero que tratemos en una próxima sesión lo que falta de este proyecto, pues ahora sólo alcanzaremos a votar algunos artículos, para los cuales, además, será difícil reunir el quórum.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se suspenderá el tratamiento del proyecto para la próxima sesión.

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente , quiero pedir el compromiso unánime de la Sala para que el martes 7 de enero tratemos este proyecto hasta su total despacho, porque es una iniciativa que ya ha creado expectativas en la opinión pública y sólo estamos demorando su votación. En ese caso, daré el acuerdo para postergar su despacho.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Balbontín .

El señor BALBONTÍN.-

Señor Presidente , comparto la opinión de la Diputada señora Cristi , porque este tema, sobre el cual la opinión pública espera que haya cambios muy profundos, tiene urgencia. Desde ya, manifiesto mi deseo de colaborar para que se despache lo antes posible.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda.

El señor OJEDA .-

Señor Presidente , mi bancada está absolutamente de acuerdo con que el proyecto sea tratado y despachado en la primera sesión que se efectúe después de vuelta de la semana distrital.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.

El señor URRUTIA (don Salvador) .-

Señor Presidente , la bancada del Partido Por la Democracia también se suma a la petición de que el proyecto sea visto en una sola sesión, hasta su total despacho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Dupré .

El señor DUPRÉ.-

Señor Presidente , sería bueno dejar constancia de que esta resolución de la Sala, adoptada por unanimidad, implica que no sea modificada por acuerdos de los Comités que alteren el orden de la tabla, salvo en el tema de las urgencias.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene razón, señor diputado. Se entiende que por este acuerdo, adoptado por la unanimidad de la Sala, el proyecto queda para ser tratado en la primera sesión de la Corporación al regreso del receso distrital y que en ella se discutirá y votará la iniciativa hasta su total despacho, salvo, obviamente, que se presente un proyecto con urgencia.

Por lo tanto, solicito el asentimiento de la Sala para proceder en la forma indicada y dar por terminado el Orden del Día.

Acordado.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ALCOHOLES. Primer trámite constitucional. (Continuación).

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Corresponde continuar la discusión en particular del proyecto de ley que modifica la ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y deroga el libro II de la ley N° 17.105.

Diputada informante de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Salud es la señora Cristi.

Antecedentes:

-Informe complementario de las Comisiones Unidas de Constitución y Salud, boletín 1192-11, sesión 29ª, en 17 de diciembre de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 4.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Recuerdo a los señores diputados que se encuentran reglamentariamente aprobados todos los artículos, salvo aquellos que vienen con informe complementario de las Comisiones unidas. Además, que la Sala acordó reabrir el debate en relación con los artículos 18, 54 y 56. Y, por último, que el acuerdo adoptado hoy por los Comités es que se votarán sin discusión las modificaciones de los artículos aprobados por unanimidad por las Comisiones Unidas.

En ese contexto, ofrezco la palabra sobre el artículo 8º, que quedó pendiente en la sesión anterior.

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente , se discutía la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 8º, que dispone: “Los infractores que no pudieren pagar el tratamiento indicado por resolución judicial, que así lo acrediten con informe de la Municipalidad respectiva, deberán ser atendidos gratuitamente por los Servicios de Salud”.

Se sostuvo que aquí se estaba imponiendo una carga al Estado al establecer que las personas condenadas que carecían de medios debían ser atendidas gratuitamente por el Estado.

Quiero hacer dos reflexiones sobre el particular.

En primer lugar, esta gratuidad está consagrada en el artículo 118 de la ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres. En el caso de individuos que hubieren sido castigados por ebriedad más de tres veces en un año, después de un examen practicado por el médico legista o por quien hiciere las veces, si se estableciera que requieren un tratamiento curativo, la ley actual ordena internarlos en un centro de reeducación para alcohólicos. En consecuencia, aquí no se innova absolutamente nada en la materia y el Estado asume el costo en forma gratuita respecto de quienes carecen de medios.

En segundo lugar, un tratamiento de esta especie, que se aplica a infractores condenados, puede compararse con la situación que se produce cada vez que el Parlamento introduce una nueva conducta ilícita sancionada en el Código Penal. Si se crea un nuevo delito, también tendríamos que acordar que el proyecto correspondiente lo trate la Comisión de Hacienda, con el objeto de verificar si las cárceles del país pueden atender o están en condiciones de sufragar los gastos que demande la internación en ellas de personas que cometen el nuevo delito. Creo que nunca ha habido un planteamiento en la Cámara -o por lo menos nadie ha hecho una afirmación de esa especie-, en el sentido de que la disposición de ley sobre creación de nuevas conductas delictivas -lo que podría suponer un aumento de las personas procesadas o condenadas y, por ende, desde luego, un mayor gasto para el Estado- debería requerir un anexo del Ministerio de Hacienda donde se señale su financiamiento.

Creo que la crítica al artículo 8º no corresponde. Se trata de una disposición perfectamente constitucional porque repite la norma actual del artículo 118 de la ley de Alcoholes y, en caso de que se sancione a un infractor, esa carga siempre la ha asumido el Estado, sea por la vía de privación de libertad o del tratamiento que indica la actual ley de Alcoholes.

En consecuencia, voy a votar favorablemente el artículo.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Diputada señora Angélica Cristi.

La señora CRISTI .-

Señor Presidente , el Diputado señor Elgueta ha expuesto, con bastante profundidad, un buen argumento. Definitivamente, está claro que es una obligación del sistema de salud del país atender a personas enfermas, especialmente si son indigentes, y el alcoholismo es una enfermedad grave que debe ser tratada por los servicios de salud.

Por lo tanto, pido que votemos este artículo, sobre el cual se discutió casi una hora la semana pasada.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

A continuación, está inscrito el Diputado señor Jaime Estévez. Después, la Mesa se pronunciará respecto del tema de constitucionalidad y someterá a votación el artículo.

¿Habría acuerdo para cerrar el debate después?

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, es evidente que el segundo inciso del artículo 8º establece una obligación financiera directa y explícita respecto de las instituciones del Estado. No es lo mismo decir que debe haber programas de atención antialcohólicos -naturalmente, cada servicio los realizará en la medida de los recursos que el Congreso le asigne en el presupuesto anual-, que expresar que todos los infractores que no puedan pagar deberán ser atendidos gratuitamente por los servicios de salud. Eso compromete recursos en forma directa o explícita.

Desgraciadamente, esto último es inadmisible como iniciativa parlamentaria. En caso contrario, se requeriría que la Comisión de Hacienda hiciera una estimación de la magnitud de los recursos indispensables.

Por lo tanto, solicito que declare inadmisible la norma o, en su defecto, que la envíe a la Comisión de Hacienda para que evalúe su costo.

He dicho.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, pido la palabra.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Está cerrado el debate sobre el tema, Diputado señor Elizalde .

El señor ELIZALDE .-

Señor Presidente , se presentó una indicación para subsanar esa situación, mediante la cual se reemplaza el término “deberán” por “podrán”.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , solicité el acuerdo de la Sala para los efectos de ver si hay unanimidad para incorporar esa indicación.

El señor ELIZALDE.-

Muy amable, señor Presidente .

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Hay una propuesta que requiere el acuerdo unánime de la Sala. Fue presentada por los Diputados señores Elizalde y Bayo y por la Diputada señora Cristi para modificar el inciso segundo del artículo 8º, en el sentido de cambiar la expresión “deberán” por “podrán”.

¿Habría unanimidad para someterla a discusión?

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier para una consulta reglamentaria previa.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, entiendo que ya está establecida la obligación legal del Estado de financiar los programas.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , formule su observación reglamentaria.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Mi consulta reglamentaria es si una norma vigente, que se reproduce en una nueva ley, puede ser declarada inconstitucional o inadmisible. Dependiendo de esa respuesta, corresponde o no, reglamentariamente, considerar la indicación de los colegas que quieren evitar el problema de admisibilidad.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , a juicio de la Mesa -he consultado con el Vicepresidente , Diputado señor Arancibia, quien también condujo el debate anterior en relación con el artículo 8º-, el inciso segundo de este artículo es inadmisible por ser inconstitucional, por cuanto implica un gasto, materia comprendida en las facultades exclusivas del Presidente de la República , sin perjuicio de la muy buena argumentación del Diputado señor Elgueta acerca del espíritu de las normas constitucionales. En esta materia, las interpretaciones constitucionales son restrictivas.

Por lo tanto, la Mesa declara inadmisible el inciso segundo.

En ese contexto, los diputados piden la unanimidad para que la Sala se pronuncie sobre la indicación que sustituye la expresión “deberán” por “podrán”.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

En votación la indicación.

¿Habría acuerdo para aprobarla por unanimidad?

Aprobada.

¿Habría acuerdo para aprobar por unanimidad el inciso primero del artículo 8º, en la forma propuesta por las Comisiones Unidas?

Aprobado.

En el artículo 9º hay una modificación que sustituye su inciso segundo, aprobada por unanimidad en las Comisiones Unidas.

En votación.

¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad?

Aprobado.

-o-

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg, ( Presidente ).-

Se encuentra en la tribuna de honor una delegación de Diputados de la República de Guatemala , jefes de las bancadas de los distintos partidos, integrada por los señores Mario Flores Ortiz, Arístides Crespo, José Antonio Móvil, Eberardo Ramírez, Héctor Clio Orellana, Mario Sarceño Jiménez y Edwin Martínez Herrera, a quienes damos la bienvenida.

Los acompaña la embajadora de Guatemala en Chile, señora Lucrecia Ribera de Ampuero.

-Aplausos.

-o-

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg, ( Presidente ).-

En el artículo 11 se propone agregar un inciso segundo, modificación que fue aprobada por unanimidad en las Comisiones Unidas.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Pido la palabra para formular una consulta.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , no hay acuerdo para discutir las proposiciones de las Comisiones Unidas.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente , no es mi ánimo poner objeciones, pero me gustaría saber por cuánto tiempo se pagará a la familia de la persona que haya sido condenada más de una vez por ebriedad, pensión de alimentos provisorios, de hasta el 50 por ciento de los ingresos mensuales de ésta.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg, ( Presidente ).-

El espíritu de la norma es otorgarla hasta el momento en que lo determine la resolución judicial.

¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad?

Aprobado.

En el artículo 12, las Comisiones Unidas proponen suprimir la expresión “y del Instituto Nacional de la Juventud” y agregar el siguiente inciso final: “Se prohíbe la venta, suministro o consumo de toda clase de bebidas alcohólicas, en forma habitual y permanente, en los establecimientos educacionales. La infracción será penada con multa de uno a cinco unidades tributarias mensuales.”

La Secretaría me aclara que ambas enmiendas fueron aprobadas por unanimidad en las Comisiones Unidas, de modo que sólo procede votarlas.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Punto de reglamento, señor Presidente.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg , ( Presidente ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente , concurrí al acuerdo, porque entendí que casi todos los artículos fueron aprobados por unanimidad y porque tendríamos la posibilidad de debatir en la Sala el tema de la publicidad.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

La Secretaría me aclara que todas las modificaciones fueron aprobadas unánimemente por las Comisiones Unidas y que por un acuerdo anterior y vigente existe la posibilidad de reabrir la discusión en los artículos 18, 56 y 54.

El espíritu del acuerdo de los Comités es debatir sólo las enmiendas que acuerde la Sala a petición de un diputado .

El artículo 12 requiere quórum de ley orgánica constitucional para su aprobación.

Si le parece a la Sala, quedará pendiente su votación para el final.

Acordado.

El Diputado señor Juan Pablo Letelier solicita discutir el artículo 13.

Si le parece a la Sala, se acordará un máximo de dos intervenciones a favor y dos en contra, de cinco minutos cada una.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente , todos concordamos en que el alcoholismo es el principal problema de salud pública del país. En atención a ello, varios parlamentarios propusieron revisar el proyecto que debatimos desde hace varios meses.

Es importante el esfuerzo que se ha hecho para definir, en forma clara, la separación delicada entre la libertad de las personas y el interés público; la libertad de las personas de emprender una actividad económica -la producción de bebidas alcohólicas-, y la libertad de las personas de consumir un producto, que evidentemente tiene grados de toxicidad y es peligroso si se consume en forma excesiva, a través de límites de esa libertad en los espacios públicos, sobre todo, y para las personas mayores de edad.

Por eso, los instrumentos que inciten al consumo de bebidas alcohólicas, a lo menos deben publicitar en forma clara el peligro que significa su consumo en forma excesiva.

Si el Congreso aprobó una disposición que establece que la propaganda del tabaco debe indicar los posibles daños que ocasiona su consumo, una mínima expresión de coherencia debe considerar esta advertencia con el caso del alcohol, que es el principal problema de salud pública de nuestro país.

Por ende, sin entrar a debatir en general si debe o no haber publicidad de bebidas alcohólicas en estadios, clubes deportivos y televisión, a lo menos, debemos asegurar que las empresas que las producen, porque tienen libertad para ello, estén obligadas a poner claramente en los envases que el consumo de alcohol en exceso puede causar graves problemas a la salud.

Un antecedente más. Ésa es una práctica en todos los países desarrollados y modernos, porque se ha demostrado que el consumo de alcohol en exceso no sólo causa daño en forma directa, sino que también afecta a terceros de manera muy aguda en el caso de mujeres embarazadas. Todos los parlamentarios hemos recibido información sobre el tema y lo mínimo que podemos hacer es rechazar la proposición de las Comisiones Unidas.

La redacción anterior del artículo 13 era mejor. Se ha llegado a una transacción, en circunstancias de que la primitiva explicitaba la participación de empresas en programas de prevención del alcoholismo y establecía que toda acción de publicidad debía advertir sobre los peligros del consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

Señor Presidente , con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Tohá .

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

En el minuto y medio que resta, por la vía de la interrupción tiene la palabra su Señoría.

El señor TOHÁ.-

Señor Presidente , durante la tramitación del proyecto, presenté una indicación que se refiere específicamente a la obligatoriedad de que en los envases de bebidas alcohólicas hubiera una advertencia explícita en relación con el daño que produce sobre el futuro hijo su ingestión por la mujer embarazada. La razón es muy clara: la persona adulta tiene la posibilidad de discernir y decidir libremente, pero el hijo en gestación carece de capacidad para autodefenderse.

Por considerar que nos corresponde a nosotros defender al ser en gestación, me hubiera gustado que esa indicación fuera un aporte a esta iniciativa de ley.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Luksic.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente , quiero defender la resolución que se adoptó en las Comisiones Unidas.

Nosotros recibimos un informe del profesor José Luis Cea , en el cual señala que el artículo 13 es inconstitucional, pues afecta al número 21 del artículo 19 de la Constitución que dice relación con el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, y al número 22, que establece la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica.

El artículo 13 del proyecto establecería una carga o gravamen a las empresas o industrias dedicadas a la producción de bebidas alcohólicas, al obligarles a participar en programas de prevención de alcoholismo. En este sentido, infringe gravemente los números 21 y 22, del artículo 19 de la Constitución, como ya mencioné, antecedentes que tuvieron en vista las Comisiones Unidas para resolver.

No obstante, en lo que se refiere al inciso segundo, se acordó mantener que “En los envases de bebidas alcohólicas que se comercialicen en el país deberá contenerse un mensaje que induzca a la moderación en su consumo.”, pero de ninguna manera incluir un mensaje que alerte sobre los peligros de los excesos, porque -con el mismo argumento anterior- sería discriminatorio respecto de las empresas.

Por las razones expuestas y en virtud del informe entregado por el constitucionalista José Luis Cea , en las Comisiones Unidas se tomó la decisión sobre el artículo 13.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Para cerrar el debate, tiene la palabra el Diputado señor Alberto Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente , sólo quiero complementar la muy versada intervención del Diputado señor Luksic .

En las Comisiones Unidas también se revisó la legislación internacional sobre esta cuestión, y concluimos que el espíritu y el sentido de disposiciones similares respecto del consumo de alcohol y de tabaco en el resto de los países era precisamente el que tuvieron las Comisiones Unidas, y que está recogido en el último inciso -que reemplaza al anterior-, que establece: “En los envases de bebidas alcohólicas que se comercialicen en el país deberá contenerse un mensaje que induzca a la moderación en su consumo”. Éste es el espíritu con que las legislaciones avanzadas del mundo tratan el punto. En lugar de imponer normas punitivas o de establecer obligaciones, hay que plantear una conducta de autorregulación y una inducción a la moderación en el consumo de sustancias que pueden ser nocivas, priorizando la calidad por sobre la cantidad.

A nuestro juicio, esto se adecua perfectamente a nuestra norma constitucional y es lo que corresponde hacer. Más que establecer disposiciones prohibitivas, hay que estudiar e incluir normas que favorezcan la moderación en el consumo. Además, fue la misma filosofía de la Cámara respecto del proyecto sobre el consumo de tabaco, oportunidad en que se recogió una disposición similar.

En consecuencia, aquí hay que complementar una razón constitucional -como la señalada por el Diputado señor Luksic - con una técnica que en su oportunidad consideraron las Comisiones Unidas.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Cerrado el debate.

Se ha pedido tratar una indicación sustitutiva, lo que se hará antes de su total despacho.

En votación el inciso primero del artículo 13.

Las Comisiones Unidas han propuesto suprimirlo.

¿Habría acuerdo para acoger dicha supresión?

Varios señores diputados.-

No hay acuerdo.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.

El señor ELIZALDE .-

Señor Presidente , se ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad respecto del inciso primero, por lo cual he presentado indicación para superar el problema en los términos en que se aprobó en la sesión anterior.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , está cerrado el debate; posteriormente se tratará su indicación.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, debería tratarse antes, porque si se aprueba el artículo, no tendría sentido hacerlo después.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene razón, señor diputado .

El Diputado señor Elizalde ha propuesto modificar, en el inciso primero del artículo 13, la expresión “deberán” por “podrán”, dejando esta acción facultativa para las empresas. Es una disposición programática.

Solicito el acuerdo unánime de la Sala para someter a votación la propuesta del Diputado señor Elizalde.

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , no sé si hay un problema de técnica legislativa o de derecho, porque las empresas siempre pueden participar. Por lo tanto, aquí estaríamos invadiendo un campo que nos está vedado. En el caso de una institución pública -que fue la situación anterior-, la autorización es necesaria, pero no en el de una privada.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Es una argumentación.

Solicito el acuerdo de la Sala para tratar la indicación.

Varios señores diputados.-

No hay acuerdo.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Corresponde pronunciarse respecto de la propuesta de las Comisiones Unidas en orden a suprimir el inciso primero.

¿Habría acuerdo para aprobar la supresión?

Varios señores diputados.-

No, señor Presidente.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 12 votos. No hubo abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aylwin (don Andrés), Bayo, Caminondo, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Elgueta, Estévez, Fuentealba, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), Hernández, Jürgensen, Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez (don Gutenberg), Melero, Moreira, Ojeda, Orpis, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Reyes, Ribera, Rocha, Salas, Taladriz, Valcarce y Vilches.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Balbontín, Dupré, Elizalde, González, Letelier (don Juan Pablo), Montes, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Villouta y Zambrano.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Solicito el asentimiento unánime de la Sala para aprobar la propuesta de las Comisiones Unidas respecto del inciso segundo.

Un señor diputado .-

No hay acuerdo.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente ,...

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Por acuerdo de los Comités, no habrá discusión sobre las propuestas de las Comisiones Unidas. Por excepción, y a petición de su Señoría, hemos generado un mecanismo en este artículo, por el cual se ha dado la palabra dos veces a favor y dos en contra. La argumentación está hecha, el debate cerrado; por lo tanto, debemos votar.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Punto de Reglamento, señor Presidente.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Entiendo que el Diputado señor Luksic hizo una petición a la Mesa para que se pronunciara sobre la constitucionalidad de esta norma. No sé si ella tiene una opinión acerca de si es inadmisible o no la modificación del texto original que se propone.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , el señor Luksic hizo un alegato respecto de la constitucionalidad del tema, lo que no obliga a un pronunciamiento de la Mesa.

En votación la propuesta de las Comisiones Unidas para sustituir el inciso segundo.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 1 abstención.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bayo, Caminondo, Cardemil, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Elizalde, Errázuriz, Fuentealba, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), Hernández, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Melero, Moreira, Ojeda, Orpis, Pérez (don Ramón), Reyes, Ribera, Taladriz, Valcarce, Venegas, Villouta y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Dupré, Elgueta, González, Letelier (don Juan Pablo), Montes, Seguel, Silva, Urrutia (don Salvador), Valenzuela y Wörner ( doña Martita).

-Se abstuvo el Diputado señor Ascencio.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Reitero que el espíritu de los acuerdos de los Comités es que este proyecto -discutido en varias sesiones- sea despachado en el Orden del Día de la presente sesión, el cual se extiende hasta las 13 horas.

Habrá discusión sólo en los artículos 18, 54 y 56.

Solicito el asentimiento unánime de la Sala para despachar, en una sola votación, los artículos aprobados por unanimidad en las Comisiones Unidas, a excepción del 18, 54 y 56.

Tiene la palabra el señor Taladriz.

El señor TALADRIZ.-

Señor Presidente , ¿el artículo 14 no se vota? Varios equipos de fútbol tienen propaganda de pilsener Cristal. ¿Se suprime esa posibilidad en este proyecto?

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , entiendo que desea votación separada para el artículo 14.

El señor TALADRIZ.-

Sí, señor Presidente .

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

En consecuencia, solicito el acuerdo de la Sala para votar separadamente los artículos 14, 18, 54 y 56.

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , está equivocado el Diputado señor Taladriz , porque lo que las Comisiones Unidas aprobaron es la supresión del artículo 14. Por tanto, no doy el acuerdo para que se revise.

El señor TALADRIZ.-

Entendí mal, señor Presidente.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Algunos señores diputados están pidiendo a la Mesa que mantenga la votación separada del artículo 14.

El señor TALADRIZ.-

Señor Presidente , retiro la proposición relativa al artículo 14.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , aun cuando se dejó constancia del retiro de la proposición, otros parlamentarios han solicitado lo mismo.

¿Habría acuerdo de la Sala para votar separadamente los artículos 14, 18, 54 y 56?

Acordado.

¿Habría acuerdo de la Sala para dividir el otro paquete de artículos entre los que requieren para su aprobación de quórum constitucional y los que no lo precisan?

Acordado.

Los artículos 12, 29, 34, 35, 36, 41 y 57 requieren para su aprobación de quórum de ley orgánica constitucional.

Si le parece a la Sala, se aprobarán los artículos 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 40, 44, 45, 46, 48, 59, 60, 61, 62, 63 y 68.

Aprobados.

A continuación, corresponde pronunciarse sobre el artículo 14. La propuesta de las Comisiones Unidas consiste en suprimir el artículo 14 original.

¿Habría acuerdo unánime para aprobar la supresión?

Varios señores diputados.-

No hay acuerdo.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Pido la palabra por un asunto de Reglamento.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , al inicio de la sesión se informó que los Comités habían acordado no someter a discusión los artículos despachados en forma unánime por las Comisiones Unidas. A continuación, y en el espíritu de debatir aquello que fuera razonable, la Sala, a solicitud de su Señoría, acordó someter a discusión el artículo 13 en los términos planteados.

Estamos abocados a un despacho rápido del proyecto, en consideración a que ha habido una larga discusión. No obstante, solicito el acuerdo unánime de la Sala para hacer una excepción respecto del artículo 14 y aplicar el mismo procedimiento utilizado en el artículo 13, esto es, escuchar dos intervenciones a favor de la propuesta de las Comisiones Unidas, y dos en contra, sin que ninguna de ellas exceda los cinco minutos. Si no hay acuerdo al respecto, se procederá a votar.

¿Habría acuerdo de la Sala para proceder en esa forma?

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente , es necesario ser consistentes con el esfuerzo realizado durante varios meses, a fin de contar con una norma actualizada y eficaz sobre la materia.

Este proyecto no persigue aplicar más sanciones a quienes conducen bajo la influencia del alcohol, sino actualizar nuestras normas. Queremos que el Congreso dé una señal clara a la opinión pública, estableciendo que no obstante reconocer la importancia de esta actividad económica -que es lícita, que mueve muchos recursos y en cuya publicidad hay muchos interesados-, por considerar que el alcoholismo es el principal problema de salud pública del país, no adoptará la política del avestruz, diciendo que está despachando una ley para detener el alcoholismo, para que después las cosas sigan igual y se continúe haciendo publicidad, como si el problema de consumo excesivo de alcohol, que padecen muchos chilenos, no ocasionara un gran daño y no fuera la principal causa del uso de camas en los hospitales públicos del país. Por lo tanto, lo que buscamos es consistencia.

El artículo 13 apuntaba a que tanto en las etiquetas como en la publicidad hubiera una advertencia. Me duele mucho ver que en la Corporación se pretenda seguir con la política del avestruz al no exigir que la publicidad advierta claramente que el producto hace daño, si se consume en exceso.

El artículo 14 restringe aún más la publicidad, sobre todo la dirigida a los jóvenes. En general, apunta al desarrollo de una actividad deportiva sana. Es el mismo criterio que se aplicó respecto del tabaco. Lo que pretendemos es que la posición de la Corporación sea consistente. No cabe duda de que el consumo excesivo de alcohol produce más daño que el tabaco. Por eso, pido que no tengamos un doble estándar, haciendo la vista gorda para algunas cosas y para otras no. Habría sido partidario de que la prohibición de la publicidad hubiera sido más amplia, que se limitara sólo a los recintos deportivos, y que se regulara el horario en el cual se exhibe la franja nocturna respectiva. No estoy de acuerdo en que la Corporación apruebe una ley que sería lo mismo que una mesa coja, porque al no abordar el tema de la publicidad se convertiría en letra muerta y sólo servirá para fijar multas mayores, puesto que no estaría atacando el fenómeno social de fondo que se promueve y estimula esencialmente a través de la publicidad.

Por ello, me opongo a la propuesta de las Comisiones Unidas.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , respaldo la propuesta de las Comisiones Unidas que suprime el artículo 14 por considerarlo discriminatorio contra el deporte. Entiendo que lo que está en discusión es dicho artículo, porque el diputado que me antecedió en el uso de la palabra no hizo mención al punto, sino que se refirió al daño que produce el alcoholismo en Chile, aspecto que naturalmente compartimos, y por eso se está aprobando un proyecto sobre la materia.

Creo que es importante luchar activamente contra el alcoholismo. Una de las formas de hacerlo -aquí hay una paradoja- es estimulando la actividad deportiva. Todos están de acuerdo en ello; sin embargo, cuando llega la hora de financiar la infraestructura deportiva y de aprobar el financiamiento para los deportes, no se hace.

Todos los días vemos cómo se destruyen los recintos deportivos en el país. Por ejemplo, esta semana se están destruyendo las canchas de los hospitales Trudeau y Barros Luco en las cuales juegan no sólo los funcionarios del hospital y la escuela de fútbol, sino también la asociación “ José Miguel Carrera ” de la Anfa. Eso ya ni siquiera llama la atención. Lo mismo ocurrió la semana pasada en la industria Soprole, donde eliminaron las canchas deportivas para iniciar una nueva construcción.

Entonces, las propuestas que se hacen deben tener un sentido positivo; no todo debe ser eliminar, suprimir, prohibir. ¿Qué se nos dice aquí?: “Prohíbese la publicidad en los estadios, y permítese arriba o al lado de ellos.” Es una medida absurda. ¿Qué efecto puede producir esto? Que un señor en un globo aerostático sobrevuele un estadio durante un partido haciendo publicidad al alcohol, y que nadie reciba la plata. O bien -como la publicidad puede ubicarse a cien metros-, que se instale un cartel suficientemente elevado o que todos los accesos se llenen de carteles con propaganda relativa al alcohol, pero que no estarían en los estadios para financiar la actividad deportiva.

Si se quiere ser consecuente, se debería prohibir toda propaganda a las bebidas alcohólicas, y punto. Lo que no podemos aceptar es lo que viene después: la discriminación contra el deporte. No cabe duda de que este artículo debe ser producto de un error de quienes lo patrocinaron, porque no creo que en una ley contra el alcoholismo alguien pueda, en forma serena, disparar contra el deporte.

Entonces, o se propone un financiamiento alternativo, real y efectivo para el deporte, o se suprime de frentón toda la propaganda; pero no se puede discriminar al deporte.

Por eso, estoy por mantener la proposición de las Comisiones Unidas.

He dicho

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn .

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente , a pesar de la incredulidad del honorable Diputado señor Estévez , intentaré explicar en forma serena y muy breve por qué me parece que el artículo 14 es absolutamente correcto y debe ser aprobado.

En primer lugar, es fácil cuestionar una norma legal porque no soluciona todos los aspectos de determinado problema.

Nadie podría negar que en el tema del financiamiento del deporte, de la prohibición del expendio o de la propaganda de bebidas alcohólicas en determinados recintos, siempre se podría esperar más.

Pero aquí no se trata de discriminar contra el deporte ni de vincular su financiamiento con el tema específico que estamos discutiendo; se trata de que los espectáculos deportivos que se transmiten por televisión y a los cuales asiste la gente, representan un modelo de conducta que tiene un impacto muy relevante sobre un sector de la población. Sin perjuicio de que se pueden hacer otras cosas, lo único que se pretende es no asociar -en el contexto de un espectáculo deportivo transmitido por televisión a millones de personas- la idea del consumo de bebidas alcohólicas con la realización del espectáculo deportivo, no producir una asociación positiva entre el alcohol y el deporte, entre el espectáculo que se está transmitiendo o mirando en vivo y en directo y el consumo de alcohol. Creo que eso es muy importante y fundamental.

El tema del financiamiento es otra cosa. Estamos de acuerdo en que el problema no se solucionará en forma global. Son muchos los países del mundo que tienen este tipo de prohibiciones. Ahora bien, si no existe, soy partidario de extenderla, por ejemplo, a los cigarrillos y al tabaco. El deporte debe tener una valoración positiva, y el consumo de bebidas alcohólicas es un fenómeno de naturaleza distinta. Entonces, se trata de dar un paso, no de solucionar en forma integral el problema del consumo de alcohol; pero es un paso importante que deberíamos dar.

Me parece completamente razonable establecer esta prohibición, porque no es una discriminación. No queremos que el deporte, en su manifestación más pública, se asocie con la propaganda que promueve el consumo de alcohol. Si pasa un avión por arriba, bueno, tenemos que aceptarlo porque no podemos evitar todos los males; pero cada vez que la cámara de televisión siga la pista del gol o el aro de básquetbol, que no aparezca la propaganda de la cerveza, del whisky o del vino tal o cual. Me parece que vale la pena mantener la prohibición.

Por eso, he llegado justo a votar favorablemente este artículo.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señores diputados, según lo acordado, han hablado dos diputados en contra de la propuesta de las Comisiones Unidas, y corresponde que hablen dos a favor.

Como ya lo hizo el Diputado señor Estévez, ofrezco la palabra a otro diputado que desee hablar a favor de la proposición de las Comisiones Unidas.

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente , no hay ninguna duda de que este debate es muy parecido al que se suscitó cuando discutimos la ley antitabaco. Tampoco la hay de que estamos hablando de una actividad lícita, como lo es hacer propaganda a través de los medios de comunicación.

Creo que aquí se confunden y trastrocan algunos elementos importantísimos. No es lo mismo tabaco que alcohol. El tabaco siempre es dañino, cosa que no ocurre con el alcohol. De hecho, en su oportunidad, así lo dijeron en forma reiterada los especialistas más importantes del país. Y tan así es esto que en la ley antitabaco se terminó por regular -no por prohibir- la propaganda. De manera que sería ilógico tener una posición más dura frente a una sustancia como el alcohol que, no obstante ser la causante de los principales problemas de salud pública en Chile, no tiene los riesgos del tabaco.

Por eso, hay que tener presente que si bien es cierto que la propaganda del whisky y del vino puede pasar por los altos de los cielos -lo estamos viendo hoy y lo seguiremos viendo a través del TV cable-, no debemos confundir una disposición que hoy estamos suprimiendo con otras que deben ser complementadas por la ley del deporte. No deberíamos confundir el financiamiento del deporte con el hecho real, lógico y práctico de tener una norma consecuente con una materia similar abordada durante la discusión de la ley antitabaco.

Por lo tanto, respaldaremos la proposición de las Comisiones Unidas de suprimir el artículo 14.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

En votación la proposición de las Comisiones Unidas de suprimir el artículo 14.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 1 abstención.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bayo, Caminondo, Cardemil, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Elgueta, Estévez, Fuentealba, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), Hamuy, Hernández, Jürgensen, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Melero, Moreira, Ojeda, Orpis, Ortiz, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prokuriça, Ribera, Rocha, Salas, Silva, Taladriz, Valenzuela, Venegas, Vilches, Villouta, Walker y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló, Allende ( doña Isabel), Dupré, Elizalde, González, Letelier (don Juan Pablo), Montes, Morales, Palma ( don Joaquín), Pollarolo ( doña Fanny), Reyes, Schaulsohn, Seguel, Tohá, Urrutia (don Salvador) y Valenzuela.

-Se abstuvo el Diputado señor Naranjo.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Corresponde pronunciarse sobre el artículo 18, respecto del cual la Sala acordó reabrir el debate. El Secretario me indica que la reapertura del debate es en lo relativo a la modificación propuesta por las Comisiones Unidas.

¿Habría acuerdo para aplicar el mismo mecanismo de que hablen dos diputados a favor y dos en contra, con límite de tiempo?

No hay acuerdo.

Ofrezco la palabra.

El señor BALBONTÍN.-

Pido la palabra.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor BALBONTÍN.-

Señor Presidente , lo que se persigue con esta modificación -me parece que es el criterio que adoptaron las Comisiones Unidas- es restringir el informe médico que constata esta condición única y exclusivamente a un médico especialista o a un legista, cosa que me parece absolutamente razonable; de otra manera se podría prestar para abusos, como ha sucedido en otros casos relacionados con los permisos otorgados por razones de carácter médico. Me parece que la restricción obliga a pronunciarse a quien conoce en forma especial sobre la materia y conoce sus implicancias más directas.

Por lo tanto, votaré a favor de la disposición aprobada por las Comisiones Unidas.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Para intervenir en el debate, están inscritos los Diputados señores González, Schaulsohn, Tohá, Bayo y señora Cristi.

Propongo a la Sala cerrar el debate una vez que intervengan los señores diputados inscritos.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor González.

El señor GONZÁLEZ.-

Señor Presidente , la disposición aprobada por las Comisiones Unidas, si bien gana en precisión para el diagnóstico clínico del alcoholismo, se hace mucho más difícil de aplicar. En el país no hay suficientes médicos legistas, por lo cual estos especialistas habitualmente están muy recargados de trabajo. Lo mismo ocurre, de alguna forma, con los siquiatras -que tienen que ver con el problema del alcoholismo-, y no todos son especialistas en alcoholismo. Y este problema de salud pública, por su resonancia en el ámbito familiar, laboral, etcétera, muchas veces es de mayor conocimiento del tratante de la persona o de la familia que de un médico especialista, que va a catalogar simplemente al individuo.

El alcoholismo no es un problema de salud individual. Sus implicancias sobre la vida familiar y laboral de la persona afectada por esta enfermedad son más conocidas por el médico que trata al conjunto de la familia, lo que habitualmente lo hace el médico internista o de la familia.

Por otra parte, los parámetros para determinar cuándo la persona es alcohólica tienen dos connotaciones, perfectamente definidas desde el punto de vista clínico, pero que incluyen elementos de comportamiento de la persona, aspectos que puede saber mucho mejor el médico que trata a la familia.

Por esta razón, si bien esta norma, tal como fue aprobada por las Comisiones Unidas, permite ganar en precisión respecto del diagnóstico clínico del individuo, pierde bastante los elementos de juicio del entorno de esa persona, necesarios de determinar cuando se trata de hacer el diagnóstico.

Por lo tanto, recomiendo votar en contra de lo aprobado por las Comisiones Unidas.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn .

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente , no tengo dudas de que el artículo está muy bien inspirado, pero considero que sería un error aprobarlo, pues puede conducir a toda clase de arbitrariedades.

Basta leer su texto. En primer lugar, no habla de una persona alcohólica, sino de una persona que se encontrare “habitualmente bajo la influencia del alcohol, de modo que no le sea posible administrar correctamente sus negocios o sustentar a su cónyuge e hijos, ...”.

En derecho existen determinadas declaraciones judiciales que significan la interdicción de la persona; pero son procedimientos complejos, porque sus consecuencias jurídicas son muy grandes.

El inciso segundo del artículo 18 comienza señalando: “El juez procederá, con conocimiento de causa, breve y sumariamente, -¿por qué?- previo informe médico ...”. ¿Quién determinará si una persona puede o no administrar correctamente sus asuntos? ¿El médico o el juez? Además, se le priva de todos los recursos judiciales.

Resulta muy fácil que, por venganza, un miembro de la familia haga una denuncia y diga: “Ese señor es alcohólico -sin que lo sea-. Resulta que cada vez que me acerco a él, huele a trago”, situación que puede ser bastante habitual en los distintos estamentos de nuestra sociedad. Además, puede decir: “Este señor -o esta señora- no está sustentando bien a sus hijos, porque resulta que habitualmente se encuentra bajo los efectos del alcohol; tengo un certificado médico”, por lo cual, en un procedimiento sumario, el juez lo declara alcohólico -en una nueva categoría-, lo priva de su libertad y lo manda internado a un hospital.

Estoy seguro de que la inspiración del proyecto es la mejor del mundo, pero no creo que se pueda legislar así. Además, aquí se está atropellando a otras instituciones jurídicas -como ya he mencionado-, que tienen que ver con la interdicción de una persona. Hay circunstancias en las cuales una persona es privada del ejercicio de ciertos derechos. Este artículo está redactado de manera muy arbitraria, genérica, con procedimientos tan poco claros que yo, por lo menos, lo votaré en contra, no porque me parezca mal que haya tratamientos o procedimientos.

Pido a los honorables colegas que lo relean, a fin de que se den cuenta de que es un tema sumamente delicado, sobre todo en el contexto social donde suceden estas cosas. Podemos estar abriendo la puerta a una nueva manera de “vendetta jurídica”, que no nos llevará a ningún fin positivo. Estimo que se debería trabajar más este artículo y mirarlo de otra manera. Así como está, yo, por lo menos, no lo puedo votar a favor.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Sólo para efectos de aclarar, primero votaremos la indicación y después el artículo. Son dos votaciones separadas.

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente , sin hacer una defensa jurídica del artículo, quiero señalar que más bien se refiere a la vida práctica y a lo que sucede en muchos sectores y hogares donde personas recurrentemente consumen alcohol o se encuentran bajo su influencia, y crean una serie de problemas familiares muy graves.

El artículo tiene dos aspectos que se pueden destacar.

Primero, hace referencia, incluso, a aquellas personas que maltratan a sus hijos, situación que se considera en la ley sobre violencia intrafamiliar. Muchos de los niños maltratados son atacados por sus padres alcohólicos. En esta norma, se da la posibilidad de que estas personas sean rehabilitadas, en la misma forma en que lo dispone la ley de violencia intrafamiliar, por citar uno de sus incisos.

Por otra parte, se dispuso que fuera un médico legista o especialista el que establezca la situación de la persona, porque precisamente la mayoría de los señores diputados propuso que fuese alguien que tuviera experiencia, a fin de evitar abusos o que se produzcan situaciones de vendetta, como alguien señaló.

Generalmente, los hospitales regionales o provinciales, disponen de estos especialistas.

Reitero: más que de una norma jurídica se trata de una norma estrictamente práctica, que favorece a las familias que sufren permanentemente el drama de tener en su hogar a una persona que consume alcohol en exceso. Hay ocho millones de chilenos que, de una u otra forma, sufren porque un miembro de su familia es consumidor excesivo, sin que esté calificado como alcohólico, aunque las consecuencias son tan graves como si lo fuera.

Por lo tanto, desde ese punto de vista, es muy importante aprobarlo y considerar que, de alguna forma, es coincidente con los primeros preceptos -6º y 8º, si mal no recuerdo- en que se hizo referencia al tipo de personas que tuvieran problemas de consumo excesivo de alcohol.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Tohá.

El señor TOHÁ.-

Señor Presidente , concuerdo en que este artículo 18 está bien inspirado, pero su redacción no es adecuada para armonizar su propósito, en cuanto a proteger a la familia del alcohólico, con la agravante de que la disposición legal puede ser usada en forma arbitraria. Tengo una duda respecto de esta materia, pero en el momento de la decisión, prima en mí su espíritu de proteger a la familia.

Creo que es un elemento a favor el que, a través de la indicación, se establezca que el diagnóstico lo debe dar un médico legista o especialista, porque le proporciona a éste una mayor estrictez. No me parece adecuado el término “especialista que establezca la circunstancia”. Mejor hubiera sido una redacción que dijera: “especialista que constate la circunstancia”, porque ella está dada y lo que hace el especialista es constatarla, no establecerla.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Pollarolo.

La señora POLLAROLO.-

Señor Presidente , quiero argumentar a favor de la modificación que otorga la precisión necesaria para superar las dudas planteadas con justa razón por el Diputado señor Schaulsohn .

En primer lugar, el inciso segundo nos permite suponer que las arbitrariedades pueden generarse si acaso nos quedáramos con una definición vaga, por ejemplo, respecto de la influencia del alcohol. Se precisa que se trata de un enfermo alcohólico. El precepto es clave, porque afirma que estamos ante un enfermo alcohólico que necesita tratamiento. El segundo aspecto es quién certificará esa circunstancia. Sólo un especialista. Por eso la modificación establecida es indispensable.

Por lo tanto, votaré a favor del artículo y de la modificación.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO .-

Señor Presidente , intervengo para ratificar nuestra posición en las Comisiones Unidas, en el sentido de aprobar el reemplazo de la frase “informe médico que constate” por “informe de un médico legista o especialista que establezca”.

Además de los argumentos esgrimidos por la Diputada señora Pollarolo , lo hago convencido de que no existe ninguna duda respecto de las aprensiones de la brevedad y de lo sumario del procedimiento judicial, precisamente porque el informe previo de que habla el artículo debe ser suficientemente sólido, fundamentado y calificado para que esa decisión judicial, sumaria y breve, no resulte equivocada. Ésa es la razón por la cual las Comisiones Unidas estimaron necesario introducir la modificación.

Las aprensiones respecto de la ausencia del médico legista especializado en los diferentes establecimientos del país son reales; pero recuerdo que en todos los otros procedimientos judiciales que no tienen que ver con el alcohol, existe la posibilidad de contar con médicos legistas ad hoc nombrados por los tribunales respectivos. De manera que las aprensiones escuchadas hoy no redundan en la modificación de los criterios sustentados por las Comisiones Unidas.

Por ello, llamo a votar favorablemente la indicación que reemplaza, en la parte pertinente, el inciso segundo del artículo 18.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Cerrado el debate.

En votación el artículo 18 con la indicación. Si se rechaza, votaremos su redacción original.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor MARTÍNEZ don Gutenberg ( Presidente ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló, Alvarado, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bayo, Cantero, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, García (don René Manuel), Girardi, Hamuy, Hernández, Jürgensen, Luksic, Melero, Montes, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma ( don Joaquín), Pollarolo (doña Fanny), Prokuriça, Reyes, Taladriz, Tohá, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Valcarce, Venegas, Vilches, Villegas, Villouta, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Cornejo, González, Matthei ( doña Evelyn), Morales y Schaulsohn.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Álvarez-Salamanca, Galilea, Martínez (don Gutenberg), Rocha y Silva.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Por error de la Presidencia , cuando solicité la votación del artículo 28, no se consideró, por no tenerla a la vista en esa oportunidad, una petición escrita de la Diputada señora Isabel Allende, para discutirlo por separado. Por lo tanto, apelo a la buena voluntad de la Sala para reabrir el debate sobre dicho artículo y proceder en los términos antes acordados, es decir, intervendrán dos diputados a favor y dos en contra, con límite de tiempo, en el entendido de que el proyecto se despacha hoy.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra la Diputada señora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente , está claro que el alcoholismo acarrea gravísimas consecuencias para el país. Es un tema que debe ser de primer orden y preocupación, en términos de salud pública, por la cantidad de ciudadanos que lamentablemente sufren los efectos de esta enfermedad.

Entiendo que el espíritu del proyecto -y es el que debe animarnos- es esencialmente preventivo y de rehabilitación, y cada vez estoy más convencida de que ésa tiene que ser la justa y correcta política que debe inspirarnos como legisladores.

Cuando no apuntamos a la rehabilitación y, principalmente, a la prevención, generalmente erramos en el efecto que queremos evitar.

He pedido debatir especialmente el artículo 28 por las siguientes consideraciones. En primer lugar, el texto original decía que las cantinas, bares y tabernas, quintas de recreo y servicios al auto debían funcionar de 12.00 a 24.00 horas. El de las Comisiones Unidas establece que podrán hacerlo hasta las 04.00 horas.

Al respecto, creo que debemos reflexionar serenamente acerca de la conveniencia de limitar por ley la hora hasta la cual los ciudadanos, incluso nuestros jóvenes, pueden convivir socialmente dentro de un local.

Cada día son más -y es lo correcto- los locales que se suman a las campañas preventivas tendientes a evitar que se conduzca después de haber consumido alcohol. Desde esa perspectiva, si nosotros determinamos que su horario de funcionamiento debe ser sólo hasta las cuatro de la mañana, estaremos impidiendo que existan lugares donde las personas puedan convivir socialmente. Si así lo decidimos, los jóvenes se quedarían en la calle -y sabemos que así va a ocurrir- ya que no se van a acostar sólo porque la ley así lo diga. Si aprobamos que el cierre de los locales debe ser a las cuatro de la mañana, estaremos posibilitando la apertura de clandestinos, que no son controlados ni regulados, y que los jóvenes que -con toda razón- quieran continuar con su conversación o convivencia lo hagan en esos lugares o en las calles.

Ejemplo de ello es Argentina, donde la decisión de cerrar los locales a determinada hora no fue favorable. Repito, una medida de esa naturaleza hará proliferar los clandestinos o, simplemente, que nuestros jóvenes terminen en las calles, con lo cual se agravará el mal que estamos tratando de evitar.

En resumen, creo preferible enfatizar mucho más el aspecto educativo y preventivo, y dar autonomía y libertad para que cada joven pueda, en conciencia y razonablemente, consumir alcohol en recintos cerrados y no en la calle, como ocurriría si les cerramos los locales, pues -repito- podemos terminar haciendo más mal que bien.

Ésa es la razón por la cual no me parece que debamos determinar que los locales sólo pueden funcionar hasta las cuatro de la mañana. Sin dejar de reconocer que ésa es una hora avanzada, ¿quién me garantiza que con esa medida no estamos, como ya lo señalé, posibilitando que los jóvenes terminen en la calle?

Reitero que cada día son más los establecimientos regulados que se están sumando a la campaña tendiente a prevenir que se maneje bajo los efectos del alcohol.

Siento que no estamos confiando en el proceso educativo ni en el criterio de la familia. En vez de prevenir, estamos, de alguna manera, reprimiendo la posibilidad de prolongar más la estada de los jóvenes en los locales, y no les estamos dando una opción.

Señor Presidente , por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Tohá .

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg , ( Presidente ).-

Señora diputada , lamentablemente, no hay tiempo para conceder interrupciones.

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente , el tema de los horarios es fundamental, pero antes de abundar más en el tema, quiero aclarar a la Diputada señora Allende que el artículo en discusión no exige que los locales cierren a las 4 de la mañana, sino que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas después de esa hora. En la actualidad, se puede vender hasta las 5 de la madrugada.

Creo que la Cámara debería tener una discusión aparte -especialmente los diputados que somos padres de adolescentes- para evaluar la costumbre que existe actualmente en nuestro país de que los jóvenes permanezcan en las calles hasta altas horas de la madrugada.

Lo que este artículo ha pretendido básicamente -y donde está la mayor diferencia con la ley actual- es establecer un horario de cierre para las botillerías. ¿Por qué para las botillerías? Porque son las únicas que tienen patente sin ningún tipo de restricción. Pueden estar al lado de colegios, de recintos de las Fuerzas Armadas, de hospitales, en cualquier lugar, y son los únicos lugares de venta de bebidas alcohólicas abiertos las 24 horas del día.

Por otra parte, está comprobado que la mayor parte de las bebidas alcohólicas que consumen los jóvenes son compradas en las botillerías y no necesariamente en las discotecas o en otros lugares, donde es mucho más caro. Para los jóvenes es mucho más lógico comprar entre dos, tres o cuatro una botella de pisco en una botillería y tomarla en cualquier parte, que consumirla dentro de una discoteca. Al frente de muchas discotecas que no venden bebidas alcohólicas hay una botillería, donde los jóvenes las adquieren.

Quiero agregar un dato muy importante: está comprobado que la mayor causa de muerte de jóvenes es por accidentes de tránsito producidos como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas. Por eso, tenemos que ser muy estrictos y velar para que efectivamente la accesibilidad a las bebidas alcohólicas no sea de 24 horas al día.

A diferencia de lo que ocurre en el mundo entero, en nuestro país -me atrevería a decir que es el único de los que conozco al menos-, se venden bebidas alcohólicas las 24 horas del día y donde es mucho más fácil encontrarlas que un remedio en caso de emergencia.

Ahora, para aquellos que ven en estas medidas restrictivas un aumento del clandestinaje, les digo que el proyecto se preocupa de dos materias que lo dificultan. Primero, las facultades para allanar un clandestino se entregan al juez de policía local, como una manera de que el procedimiento sea rápido y expedito. Hoy residen en el juez del crimen, lo que lo hace más lento y engorroso. Normalmente, cuando llega la autorización el clandestino ya está avisado y no quedan rastros.

Segundo, las multas son altísimas y llegan al grado de prisión cuando se repite una comprobación del clandestinaje. Hoy las multas por el expendio clandestino son tan bajas, alrededor de cinco mil pesos, que es mucho mejor pagarlas y continuar manteniendo un establecimiento clandestino. Para un negocio de bebidas alcohólicas, donde no se paga patente, donde no se paga ILA y donde se corre riesgo de ser sorprendido, cinco mil pesos constituyen una promoción al expendio clandestino.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn .

El señor SCHAULSOHN .-

Señor Presidente , solicito votar separadamente el inciso cuarto, referido a las botillerías, del resto del artículo 28.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Como tengo la impresión de que puede haber un error y para los efectos de una adecuada comprensión, quiero consultar a los señores diputados de las Comisiones Unidas sobre la expresión final de la propuesta modificatoria “podrán funcionar hasta las 04.00 de la madrugada”. El alegato de la Diputada señora Allende fue que esto implicaba que dichos locales se cerraban a esa hora. La respuesta de la Diputada señora Cristi ha sido que se busca prohibir la venta de bebidas alcohólicas después de esa hora.

Entonces, en la redacción de las Comisiones Unidas puede haber algún equívoco.

Por lo tanto, su propuesta es que no podrán expender bebidas alcohólicas después de las 04.00 horas de la mañana.

El señor SCHAULSOHN .-

Pido la palabra.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

No es por contradecir a la Mesa, pero el proyecto viene redactado de una cierta manera y no me parece adecuado introducirle ahora cambios, que faciliten o dificulten -de acuerdo con el punto de vista de cada cual- su aprobación o rechazo. Los que estamos en desacuerdo votaremos en contra y los que están a favor, positivamente, pero no creo necesario preguntar la intención si está escrita con toda claridad.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , el procedimiento normal es que cuando hay que hacer alguna enmienda, después de aclarar si ésta procede o no de acuerdo con lo que se discutió en la Comisión, se solicita el acuerdo unánime de la Sala para ello.

Por lo tanto, solicito el acuerdo de la Sala para acoger esta modificación de conformidad con el espíritu de lo que se había acordado.

¿Habría acuerdo?

Varios señores diputados.-

No, señor Presidente.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente , ¿me permite explicar el artículo?

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Con la venia de la Sala, tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente , las Comisiones Unidas proponen una adecuación respecto de los establecimientos que se mencionan en el artículo. En la propuesta original, las cantinas, bares, tabernas y quintas de recreo pueden funcionar de 12 a 24 horas. Pero, algunos de estos establecimientos, como los bares, en muchas oportunidades funcionan anexos a hoteles de turismo o restaurantes y resulta que tienen un horario de cierre distinto: las 4 de la mañana. Por eso, las Comisiones Unidas proponen que cuando los bares funcionen junto con los hoteles, restaurantes nocturnos, hosterías y restaurantes de turismo, que son los establecimientos a que se refieren las letras B), C) e I) del artículo 27, puedan hacerlo hasta las 4 y no hasta las 24 horas, porque ése es el horario de los establecimientos en que los bares son anexos. Ése es el objeto de la indicación.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Dupré .

El señor DUPRÉ.-

Señor Presidente , me voy a manifestar en contra del artículo y del tema del horario, pero quiero fundamentar mi posición a partir de mi apreciación del artículo 27 para luego referirme al 28, porque, a mi juicio, tienen relación. Por desgracia, nos estamos apartando de la perspectiva de un análisis mucho más a fondo y de resoluciones que debiéramos adoptar el día de mañana en cuanto a modernización y desburocratización. En países desarrollados, la tendencia es simplificar al máximo los procedimientos y, por tanto, a establecer clasificaciones mucho más simples que las que estamos efectuando. En el proyecto se hace una clasificación extraordinariamente extensa de los tipos de patentes, lo que va a significar un trámite burocrático interno en los municipios y en toda la acción del comercio, que es bastante complejo. Además, la clasificación es contradictoria. Por ejemplo, la letra B) -hoteles, anexos de hoteles- con la de la letra I) -hoteles, moteles, hosterías o restaurantes de turismo- son muy similares. Tampoco veo la diferencia entre círculos o clubes sociales con personalidad jurídica e instituciones de carácter deportivo o cultural, que se confunden en muchas partes de nuestro país. Entonces, hay una clasificación muy extensa y este mismo criterio se aplica respecto del tema de los horarios en el artículo 28.

Hay una diversidad de horarios de funcionamiento: hasta las 20 horas en algunos establecimientos, hasta las 23 ó 24 en otros y hasta las 4 en la última clasificación. ¿Cómo se podrá fiscalizar esto? A las comisiones que establezcan las municipalidades les será muy difícil, pero mucho más a las comisiones especiales de Carabineros para los efectos pertinentes. Esta clasificación diversificada me parece absolutamente inconveniente para lograr el objetivo que se persigue con la limitación horaria.

Además, hay distingos completamente absurdos. ¿Cuál es la diferencia entre restaurantes diurnos y restaurantes nocturnos? Desde el punto de vista del otorgamiento de las patentes alcohólicas no se da. ¿Cuál es la diferencia entre peña folclórica y los salones de baile o quintas de recreo? Tienen distintos horarios. Al igual que en la clasificación de las patentes, no tienen grandes diferencias, sino que ellas se encuentran en la operación de estos establecimientos comerciales.

Por otra parte, el aislamiento en los supermercados, almacenes y establecimientos afines del área de expendio de bebidas alcohólicas es completamente absurdo y nada tiene que ver con el tema de la modernidad y de la simplificación de estas situaciones. Esto puede llegar a ser tan absurdo, como lo que sucede en otras naciones. Por ejemplo, en algunos países nórdicos todavía se mantiene un cierto monopolio estatal en la distribución de alcoholes. ¿Qué sucede? Los particulares, por veinte dólares, toman un barco entre Estocolmo y las islas Oland , y en el transcurso del día pueden viajar y tener libre acceso, sin monopolio ni restricción alguna, a la compra de bebidas alcohólicas. En la práctica -lo he constatado-, arrasan absolutamente con todos los expendios de bebidas alcohólicas. Restricciones de esta naturaleza, tan completas, diversificadas y absurdas, como las que estamos discutiendo, obliga a adoptar medidas extralegales o legales, pero con otra salida, que permiten vulnerarlas.

Por las razones expuestas, votaré en contra del artículo.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, quiero recordar dos cosas previas para que no nos enredemos más de la cuenta.

En primer lugar, no estamos discutiendo los artículos 27 y 28, sino las modificaciones propuestas por las Comisiones Unidas a esos artículos.

En segundo lugar, no quiero que caigamos en el vicio de creer que a través de una disposición legal solucionaremos todos los problemas del país, en este caso, los que produce el alcoholismo. Estamos estudiando una ley que ayude, favorezca y promueva un adecuado combate nacional de esta plaga que tanto daño nos causa, como es el alcoholismo.

Hechas estas dos observaciones previas, le encuentro razón al Diputado señor Dupré , porque, efectivamente, aquí aparece una especie de descripción barroca, como el alma del país, en una serie de clasificaciones de establecimientos comerciales que expenden alcohol. La explicación por la cual en la ley de alcoholes se mantuvo dicha clasificación se debe a que es la que tiene la actual ley de rentas municipales.

Por lo tanto, haberla simplificado en la ley de alcoholes habría provocado muchos más problemas que beneficios. Entonces, las Comisiones Unidas tomaron una actitud pragmática sobre este punto y mantuvieron la clasificación de la actual ley de rentas municipales, con toda la complejidad que pueda tener, porque corresponden a los tipos de patentes que actualmente entregan las municipalidades. De manera que simplificarlas habría significado crear problemas adicionales.

Por último, quiero rescatar en lo que vale la explicación que dio el Diputado señor Rocha.

Deseo recordar que el inciso primero del artículo 28, señala que los establecimientos clasificados en el artículo anterior “tendrán el siguiente horario de venta de bebidas alcohólicas.” Este artículo se refiere en forma precisa a la venta de bebidas alcohólicas, no a los horarios de funcionamiento. Entonces, cuando el Presidente de la Cámara pide una explicación a los miembros de las Comisiones Unidas respecto del espíritu del proyecto, debemos decir que éste coincide con lo planteado por la Diputada señora María Angélica Cristi ; es decir, el funcionamiento hasta las 4 horas se refiere a la venta de bebidas alcohólicas. Sin modificar el texto de la norma, podemos aceptar y entender -para eso existe la historia fidedigna del establecimiento de la ley- que nos estamos refiriendo a un mismo tema. Se trata del funcionamiento para los efectos de venta de bebidas alcohólicas.

¿Qué hemos hecho? Simplemente decir que las cantinas, bares, tabernas, quintas de recreo y servicios al auto que para los efectos de venta de bebidas alcohólicas pueden funcionar de 12 a 24 horas como norma general, tienen una norma especial: cuando uno de esos establecimientos funcione conjuntamente con los indicados en las letras B), C) e I) -es decir, casas de pensión o residenciales, restoranes diurnos o nocturnos, hoteles, moteles, hosterías o restoranes de turismo-, podrá vender bebidas alcohólicas hasta las 4 de la madrugada.

Entonces, no nos enredemos ni compliquemos. Se trata de normas simples dentro de lo que permite la legislación actual, que dan un adecuado tratamiento al problema que la Diputada señora Cristi ha señalado hasta la saciedad, cual es, poner, acotar, establecer un horario para la venta de bebidas alcohólicas como existe en todos los países del mundo.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Cerrado el debate.

El Diputado señor Schaulsohn solicitó votación separada de la expresión “Establecimientos de venta de bebidas alcohólicas envasadas para ser consumidas fuera del local.”

Por lo tanto, procederemos a votar el artículo 28 con la indicación de la Comisión conjunta que agrega la siguiente oración final: “Con todo, los bares que funcionen conjuntamente con los establecimientos indicados en las letras B), C) e I) del artículo 27, podrán funcionar hasta las 04.00 horas.”, excluida la expresión “Establecimien-tos de venta”.

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente , solicito votar separadamente dos puntos adicionales, por la comprensión particular que tengo de los conceptos allí establecidos.

Uno se relaciona con el horario de venta de bebidas alcohólicas de las bodegas elaboradoras o distribuidoras de vinos, licores o cervezas o casas importadoras de vinos y licores que expendan al por mayor, y agencias de viñas o de industrias de licores. Creo que es absolutamente arbitrario e inadecuado fijar el cierre de esos establecimientos a las 20 horas, por cuanto se halla involucrado un problema de turismo que afecta a ciertas regiones del país, en particular a la Sexta.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , le ruego no argumentar.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente , también pido que se vote por separado el párrafo relativo a los restaurantes diurnos, salones de té o cafeterías, que establece que dichos establecimientos deben cerrar a las 23 horas. Me parece absurdo -esto es parte de una consulta que no pude efectuar con antelación- que un establecimiento como “Pizza Hut” no pueda expender cerveza a partir de las 23.15 horas, y sí funcionar hasta las 24 horas.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

En votación el artículo 28 con la indicación de la Comisiones Unidas, con excepción de los párrafos relativos a los restaurantes diurnos y salones de té o cafeterías; a establecimientos de venta de bebidas alcohólicas envasadas para ser consumidas fuera del local y bodegas elaboradoras o distribuidoras de vinos, licores o cervezas o casas importadoras de vinos y licores que expendan al por mayor, y agencias de viñas o de industrias de licores.

-Durante la votación:

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente , sólo para clarificar que cuando el artículo hace mención a los “Establecimientos de venta de bebidas alcohólicas envasadas para ser consumidas fuera del local”, se refiere a las botillerías.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

En efecto, se trata del tema planteado por el Diputado señor Schaulsohn.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 19 votos. Hubo 1 abstención.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Aprobado el artículo 28 con la indicación de las Comisiones Unidas, con excepción de los párrafos señalados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló, Álvarez-Salamanca, Balbontín, Bartolucci, Bayo, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Elgueta, Elizalde, Gajardo, García (don René Manuel), González, Hamuy, Hernández, Karelovic, León, Letelier ( don Juan Pablo), Masferrer, Matthei ( doña Evelyn), Melero, Palma ( don Joaquín), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Pizarro, Pollarolo ( doña Fanny), Prokuriça, Reyes, Salas, Seguel, Taladriz, Tohá, Urrutia (don Salvador), Vargas, Viera-Gallo, Villouta y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Allende ( doña Isabel), Ávila, Cornejo, Dupré, Estévez, Girardi, Jeame Barrueto, Latorre, Letelier ( don Felipe), Montes, Morales, Naranjo, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Schaulsohn, Silva, Sota, Valenzuela y Wörner ( doña Martita).

-Se abstuvo el Diputado señor Martínez ( don Gutenberg).

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

En votación el párrafo del artículo 28 referido a los restaurantes diurnos y salones de té o cafeterías.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 21 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló, Balbontín, Bayo, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Elgueta, Elizalde, Gajardo, Hamuy, Hernández, Karelovic, Melero, Ortiz, Palma ( don Joaquín), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Sabag, Salas, Seguel, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Viera-Gallo, Villouta y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Álvarez-Salamanca, Allende ( doña Isabel), Ávila, Cornejo, Dupré, Estévez, Galilea, García (don René Manuel), Girardi, González, Latorre, Letelier ( don Juan Pablo), Martínez (don Gutenberg), Morales, Naranjo, Pizarro, Pollarolo ( doña Fanny), Saa (doña María Antonieta), Silva, Sota y Valenzuela.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Letelier (don Felipe) y Valcarce.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

En votación el párrafo del artículo 28 relativo a los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas envasadas para ser consumidas fuera del local.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 1 abstención.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló, Álvarez-Salamanca, Balbontín, Bayo, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Elgueta, Elizalde, Gajardo, Galilea, Hamuy, Hernández, Jeame Barrueto, Karelovic, León, Letelier ( don Juan Pablo), Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Montes, Morales, Naranjo, Palma ( don Joaquín), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Salas, Schaulsohn, Seguel, Sota, Tohá, Ulloa, Valenzuela, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Cornejo, Dupré, García (don René Manuel), Latorre, Pizarro, Silva y Villouta.

-Se abstuvo el Diputado señor Letelier (don Felipe).

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

En votación el párrafo del artículo 28 sobre las bodegas elaboradoras o distribuidoras de vinos, licores o cervezas o casas importadoras de vinos y licores que expendan al por mayor, y agencias de viñas o de industrias de licores.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 1 abstención.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló, Allende ( doña Isabel), Balbontín, Bayo, Cardemil, Correa, Elgueta, Elizalde, Gajardo, Girardi, Hamuy, León, Melero, Ortiz, Palma ( don Joaquín), Pérez (don amón), Pérez (don Víctor), Prokuriça, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Taladriz, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Viera-Gallo, Villouta y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Dupré, Estévez, Galilea, García (don René Manuel), González, Hernández, Latorre, Letelier ( don Juan Pablo), Montes, Morales, Naranjo, Pizarro, Pollarolo ( doña Fanny), Seguel, Silva, Sota y Valenzuela.

-Se abstuvo el Diputado señor Martínez ( don Gutenberg).

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señores diputados, la Sala acordó prorrogar el Orden del Día hasta el total despacho del proyecto.

Solicito su asentimiento para interpretar ese acuerdo en el siguiente sentido: que despachemos los artículos 54 y 56, y que quede pendiente para el martes de la próxima semana, al término del Orden del Día, la votación de los artículos que requieren quórum de ley orgánica constitucional.

Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente , quiero saber si en este momento hay quórum suficiente para votar las disposiciones señaladas.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , de acuerdo con la información proporcionada por el señor Secretario , en este momento hay quórum.

El señor CARDEMIL .-

Entonces, votemos ahora.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

No hay acuerdo para la proposición de la Mesa.

Por lo tanto, corresponde votar los artículos 12, 29, 34, 35, 36, 41 y 57 que requieren quórum de ley orgánica constitucional.

La Sala acordó que estos artículos se voten de una sola vez, en conjunto.

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier para plantear una cuestión de Reglamento.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente , no quiero que se entienda mi posición como obstruccionista, pero creo que el artículo 36 amerita debate, por cambio de otras normas.

Pongo un ejemplo para una mejor comprensión, y creo que el colega Chadwick estará de acuerdo en esta reflexión:

En las plazas de muchos pueblos hay establecimientos educacionales; también suele estar el hotel. Con esta norma habrá que echar abajo el establecimiento o el hotel, lo que es un absurdo.

Por ello, creo que el artículo amerita debate antes de votarlo, por lo que solicito que se deje pendiente.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señores diputados, el despacho del proyecto ha sido bien difícil; se ha debatido en numerosas sesiones y el acuerdo es que se tratará hoy hasta su total despacho.

El diputado señor Juan Pablo Letelier solicita que separemos el artículo 36 para someterlo a una discusión más acotada y que procedamos a votar primero los artículos que requieren quórum de ley orgánica constitucional.

Tiene la palabra la señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente , la situación que plantea el Diputado señor Juan Pablo Letelier está prevista más adelante, mediante un artículo transitorio y una atribución que tiene el juez de policía local para que no se derriben los edificios.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez para plantear un asunto reglamentario.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , no comprendo por qué debemos votar todo en conjunto. Aquí se prohíbe que en las estaciones de servicio existan estos locales, que ahora se han extendido por todas partes y que son una especie de “minimarkets”. Si quiero votar en contra de esa prohibición, también me obligan a votar en contra de otra. ¿Por qué no votamos cada artículo en forma aparte?

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Porque es un procedimiento que adoptó la Sala al comienzo de la sesión. Pero, si les parece, en despacho rápido del proyecto, sin discusión, podríamos simplemente votar los artículos uno a uno.

Reitero que procede votar en conjunto todos los artículos que requieren quórum de ley orgánica constitucional, porque es el acuerdo vigente.

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente , para evitar que tomemos decisiones irracionales, pido que el artículo 36, que es más polémico, se desglose del resto. Así, aquellos que no presentan dificultad se votarán en conjunto, pero no nos lleven a la situación de no poder debatir un tema que afecta a muchas comunas del país.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Para ordenar, consulto si, además del artículo 36, algún colega pide votación separada de otro que requiere quórum de ley orgánica constitucional, es decir, los números 12, 29, 34, 35, 36, 41 y 57.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , es virtualmente imposible revisarlos todos en forma tan rápida.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

La Sala aprobó un procedimiento que implica votar en conjunto todos los artículos de ley orgánica constitucional y discutir y votar, por separado, los artículos 54 y 56. Para modificar dicho acuerdo, se requiere unanimidad. Si no la hay, debo proceder en esa forma.

Hago presente que el hecho de no autorizar la votación separada implica un riesgo evidente, en razón de lo cual insisto en solicitar a la Sala el acuerdo para votar separadamente cada artículo que requiere quórum de ley orgánica constitucional.

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA ( don Andrés).-

Señor Presidente , ¿cuál es la situación del artículo 14, que fue suprimido?

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Fue despachado hace alrededor de una hora, señor diputado .

El señor PALMA ( don Andrés).-

Entonces, no hay acuerdo para votar en forma dividida.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, es la tercera vez que estamos viendo este proyecto de ley. Hay que ser más serios.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre por una cuestión de Reglamento.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , me parece que el acuerdo adoptado por la Sala y que su Señoría se ve obligado a aplicar con riesgo del proyecto de ley, atenta contra el Reglamento.

Si cada parlamentario tiene el derecho de solicitar la votación separada de un inciso, es obvio que puede pedir que se voten separadamente los artículos. Es una irracionalidad que se nos obligue a votar un conjunto de artículos que no tienen relación entre sí. En consecuencia, tengo la impresión de que, desde el punto de vista reglamentario, la votación sería nula.

No puede obligarnos la Mesa a votar en conjunto esos artículos, aun cuando haya un acuerdo de la Sala. Debe existir la posibilidad de votarlos por separado, e insisto en esta alternativa.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Según el Reglamento, señor diputado , las peticiones de votación separada proceden antes del cierre del debate. El debate fue cerrado y ahí se acordó el procedimiento indicado. Por lo tanto, tiene validez. Asimismo, porque es razonable el despacho artículo por artículo de las disposiciones que requieren quórum de ley orgánica constitucional, de nuevo solicitaré el asentimiento de la Sala.

¿Habría acuerdo para posibilitar el despacho de esos artículos uno a uno?

Acordado.

El inciso primero del artículo 12 requiere quórum de ley orgánica constitucional.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará, con la constancia de que se reúne el quórum requerido.

Aprobado.

Las Comisiones Unidas proponen suprimir el artículo 29.

En caso de que el resultado fuera negativo, su aprobación requeriría quórum de ley orgánica constitucional.

¿Habría acuerdo de la Sala para acoger la propuesta de la Comisiones Unidas para suprimir el artículo 29?

Acordado.

En votación el inciso segundo del artículo 34.

¿Habría acuerdo para aprobarlo?

El señor LATORRE.-

No.

El señor MUNIZAGA.-

No.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

No hay acuerdo para aprobarlo unánimemente.

En votación.

-Durante la votación.

El señor ESPINA .-

Señor Presidente , en el artículo 34 no hay indicación. Se está votando el artículo.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Así es, pues el inciso segundo del artículo 34 requiere quórum de ley orgánica constitucional.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Rechazado el inciso segundo del artículo 34, por no haberse reunido el quórum necesario.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Allende ( doña Isabel), Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bayo, Caminondo, Cardemil, Ceroni, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Chadwick, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Espina, Estévez, Ferrada, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), Girardi, González, Hernández, Jeame Barrueto, Karelovic, Kuschel, Leay, León, Letelier ( don Juan Pablo), Longueira, Luksic, Makluf, Martínez ( don Gutenberg), Masferrer, Melero, Montes, Morales, Ortiz, Palma ( don Andrés), Palma ( don Joaquín), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Pizarro, Pollarolo ( doña Fanny), Prokuriça, Reyes, Rocha, Salas, Silva, Sota, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Valenzuela, Viera-Gallo, Villouta, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Cornejo, Hamuy, Latorre, Munizaga, Ojeda, Sabag, Seguel y Taladriz.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Álvarez-Salamanca y Saa (doña María Antonieta).

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Procede pronunciarse sobre el inciso segundo del artículo 35. El inciso primero está aprobado.

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , en este artículo se produce un absurdo, pues la Cámara aprobó la idea de legislar respecto de su contenido. Si se rechaza su inciso segundo, dejará de tener sentido el primero.

En todo caso, en el informe que vaya al Senado, debe indicarse -tal como ocurrió con anterioridad- que la norma fue rechazada por falta de quórum. Pero necesitará acompañarse el texto respectivo, porque, en caso contrario, la norma pierde sentido, ya que la estamos aprobando en general y rechazando las partes puntuales.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Señor diputado , en el caso del artículo 35 no es así, pues el inciso primero establece un límite en cuanto a la cantidad de patentes en relación con el número de habitantes, y el inciso segundo señala el procedimiento a través del cual se hace eso. Por lo tanto, al no haber procedimiento, queda la limitante en la ley. Sólo faltaría precisar quién lo hará.

Es posible -la Mesa no está en condiciones de asegurar- que exista alguna interpretación que permita hacerlo, de acuerdo con la legislación estructural vigente.

En todo caso, a esta altura no tiene sentido abrir discusión al respecto.

Tiene la palabra el Diputado señor Luksic.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente , me gustaría que la Mesa me informara acerca de una cuestión netamente reglamentaria.

El inciso primero del artículo 34 otorga facultades a las municipalidades y el inciso segundo al intendente regional.

Tengo entendido que, en cuanto a las competencias y funciones, las normas de los gobiernos regionales y de las municipalidades requieren quórum de ley orgánica.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

La ley orgánica de Municipalidades señala la facultad de otorgar patentes, pero no reglamenta el caso de cada patente. Por eso, se interpreta que ello no requiere ese quórum.

En votación el inciso segundo del artículo 35.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 3 abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Por no haberse reunido el quórum de ley orgánica -que en este momento es de 69-, queda rechazado el inciso segundo del artículo 35.

El señor CARDEMIL .-

Hay diputados que no están votando.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

No incide en el resultado.

El señor MONTES.-

En mi caso, no funcionó el aparato.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente, dadas las circunstancias, ¿podría repetir la votación?

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Como cuatro señores diputados no alcanzaron a votar y como para dos o tres no funcionó el sistema, se repetirá la votación.

-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Aprobado el inciso segundo del artículo 35.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allende ( doña Isabel), Arancibia, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bayo, Bombal, Caminondo, Cardemil, Ceroni, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Chadwick, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Ferrada, Gajardo, García (don René Manuel), Girardi, González, Hamuy, Hernández, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Kuschel, Leay, León, Letelier ( don Juan Pablo), Longueira, Luksic, Makluf, Martínez ( don Gutenberg), Masferrer, Melero, Montes, Morales, Moreira, Ojeda, Ortiz, Palma ( don Andrés), Palma ( don Joaquín), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Pizarro, Pollarolo ( doña Fanny), Prokuriça, Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Schaulsohn, Seguel, Silva, Solís, Sota, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Valenzuela, Viera-Gallo, Vilches, Villouta, Walker, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Letelier (don Felipe) y Munizaga.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Hay una indicación de las Comisiones Unidas que no fue votada. Sustituye el guarismo 1.000 por 600.

¿Habría acuerdo de la Sala para aprobarla por unanimidad?

No hay acuerdo.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 1 abstención.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Arancibia, Ávila, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bayo, Bombal, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Dupré, Elgueta, Espina, Estévez, Ferrada, Gajardo, García (don René Manuel), González, Hamuy, Hernández, Karelovic, Kuschel, Leay, León, Letelier ( don Juan Pablo), Luksic, Melero, Morales, Ortiz, Pérez (don Ramón), Prokuriça, Sabag, Salas, Taladriz, Vilches, Walker y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Allende ( doña Isabel), Ceroni, Cornejo, Elizalde, Girardi, Latorre, Makluf, Martínez ( don Gutenberg), Montes, Ojeda, Palma ( don Andrés), Palma (don Joaquín), Pizarro, Pollarolo ( doña Fanny), Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Seguel, Silva, Sota, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Valenzuela y Villouta.

-Se abstuvo el Diputado señor Letelier (don Felipe).

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Corresponde votar las indicaciones de las Comisiones Unidas al artículo 36 y el inciso tercero del texto original, por cuanto requiere quórum de ley orgánica constitucional.

Para mantener un buen orden, votaremos, primero, las indicaciones de las Comisiones Unidas.

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente , pido que se abra debate en torno a las modificaciones introducidas -tal como se hizo con otros temas trascendentes-, porque esta norma, de ser aprobada, tendrá una implicancia muy grande. Pido a los señores diputados que la lean con detención, porque es una modificación muy de fondo.

Como se ha hecho respecto de otros artículos, dos diputados deben tener la posibilidad de hablar a favor y dos en contra, para votar después.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo de la Sala para abrir debate respecto de este artículo?

Acordado.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente, algunos diputados no dimos el acuerdo.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Excúseme, señor diputado , no advertí ninguna manifestación.

De todos modos, respecto del artículo 36, la discusión sería acotada, esto es, dos señores diputados para hablar a favor y dos para hablar en contra, con tiempos máximos de cinco minutos cada uno.

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , según entiendo, el texto original del artículo, sin la modificación que plantean las Comisiones Unidas, no ha sido votado por la Sala.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

El texto fue aprobado en general por la Sala. Por eso, procede pronunciarse respecto de las indicaciones de las Comisiones Unidas y del inciso que requiere de quórum de ley orgánica constitucional.

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , entiendo que la indicación sólo puede ser aprobada si se reúne el quórum.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

No, señor diputado . Dimos la explicación.

En el artículo 36 habrá que votar dos cosas distintas: primero, las indicaciones de las Comisiones Unidas, que no han sido votadas; y el inciso tercero que se agrega al artículo original, que requiere quórum de ley orgánica constitucional.

El señor LATORRE.-

Perdón, señor Presidente . Entiendo que la indicación que se está votando también exige ese quórum.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Lo analizaremos en el texto, señor diputado .

En discusión.

Ofrezco la palabra para pronunciarse a favor o en contra sobre lo que he señalado respecto del artículo 36.

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente , me habría gustado que la Corporación enviara una señal clara respecto de los productores de bebidas alcohólicas, cuya actividad, aunque sea lícita, pareciera verse afectada al restringirse la promoción del consumo del alcohol. Pero, por desgracia, cuando discutimos los artículos 13 y 14, la opinión de la Cámara apuntó en otra dirección.

Lo que está en discusión respecto de estos artículos no es una restricción a los industriales en cuanto a promover el consumo de sus productos, sino más bien una definición de los puntos donde se expendan: botillerías, bares, etcétera. Sin duda, es sano que una comuna limite la cantidad de establecimientos de esta naturaleza, pero es absurda la lógica contenida en el artículo 36.

¿Cómo va a ser malo que una botillería esté cerca de un retén de Carabineros y se promueva su instalación lejos de ese lugar? Es un absurdo. Es otra lógica. ¿Cómo se quiere que en las plazas de muchos pueblos, donde hay un restaurante, un hotel, un bar, y donde normalmente está el establecimiento histórico más importante de la comuna se restrinja y, de alguna forma, se induzca, directa o indirectamente, a que se instalen en zonas residenciales? Me parece que no se ha pensado muy a fondo esta norma, porque claramente se advierte un error de concepción.

En muchos pueblos de nuestros distritos existen terminales de líneas de buses y de taxis colectivos; hay mercados y restaurantes y, muchas veces, cerca de ellos, hay botillerías o cantinas.

Independientemente del juicio que nos merezca esta actividad lícita y siendo partidario de que se restrinja, por cierto, la promoción del consumo de alcohol, me parece absurda la lógica de que en los lugares centrales de afluencia de público, se limite el establecimiento de los negocios aquí considerados. Por este motivo, pienso que el artículo, en su conjunto, está absolutamente mal planteado y no toma en cuenta la evolución real de nuestros pueblos. Que sean cien metros, sin duda, es mejor que doscientos, que era la propuesta original. Considera la situación en forma retroactiva, lo que es absurdo. No se dice que a partir de hoy no puede haber botillerías cerca de establecimientos educacionales o de Carabineros -lo que me parece ridículo-, sino que se indica que, en forma retroactiva, todos estos temas y su definición quedará en manos de un juez.

Aun cuando el artículo es bien intencionado, ha sido planteado en pésima forma y, sin duda, creo que adolece de vicios de constitucionalidad que ameritan una segunda reflexión. Lo más sano es que la Corporación no despache al Senado algo específico en uno o en otro sentido, porque en ningún caso es un aporte muy loable, como todos queremos: que no haya tantos lugares de expendio de bebidas alcohólicas en zonas residenciales o en lugares donde concurren niños.

Reitero el absurdo que se advierte al atacar a las botillerías, a los pequeños comerciantes, pero no se toca a los industriales, a los grandes productores y a la promoción que ellos hacen a través de la publicidad para inducir a que muchos chilenos consuman alcohol.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Para hablar en contra, tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , es evidente que gran parte de estas materias -como lo señalaba la Diputada señora Wörner - debería formar parte de un reglamento, incluso, a nivel municipal, porque es muy difícil determinar por ley de la República cada una de las situaciones que suceden en cada una de las comunas de Chile.

Aquí, se cae en un tipo de normas singulares, como, por ejemplo -y lo menciono para reforzar la argumentación-, el artículo 38 -que desgraciadamente ya fue aprobado, porque el sistema de debate hace imposible proceder de otra manera- mediante el cual se liquidan todas las pensiones familiares. De ahora en adelante, la dueña de la pensión no puede vivir en ella, porque así lo determinó la Cámara de Diputados.

Estamos aprobando normas que tienen un grado de absurdo y que terminan liquidando al pequeño comerciante, sin una reflexión adecuada. Cómo va a ser lógico que la solución al problema del alcoholismo sea llevarse las botillerías a las esquinas más oscuras o lejanas. ¡Es absurdo! No logro entender cómo alguien puede pensar que, en vez de proceder en términos positivos, la solución consista en llevárselas a la vuelta de la manzana, a la vuelta de la esquina.

Ha dicho muy bien el Diputado señor Juan Pablo Letelier . Habría que pedir que estén frente a Carabineros y no lejos. Cuando leí esta disposición, no lo podía creer. Estaba convencido de que faltaba un “no”, que fuera al revés, que la obligación sería que estuvieran cerca de la autoridad.

Lamentablemente, la norma cae en un exceso de detalles. Se habla, por ejemplo, de que en los terminales de buses no se podrá vender bebidas alcohólicas. Con esta norma, vamos a volver a lo que sucedía antes. Si uno pasaba al mercado de Chillán y pedía mariscos, le preguntaban si quería un “tecito” o una Coca-Cola, y si prefería un “tecito” le traían el vino blanco en una taza. Con esa hipocresía se pretende resolver el problema del alcoholismo en Chile. Con esta disposición, si al lado del terminal, en Angelmó, hay un restaurante, una persona no podrá pedir un vaso de vino al almuerzo y deberemos estar contentos de haber luchado contra este flagelo. Eso no me parece adecuado.

La solución a un problema grave y de fondo es pésima. Debería haberse procedido con una mentalidad positiva y no represiva, porque lo único que se aprueba aquí es prohibir, prohibir y prohibir, como si el problema del alcoholismo en la juventud se va a solucionar prohibiendo vender en Angelmó, en el mercado de Chillán o en el principal hotel del lugar, porque establece que dentro de los hoteles o moteles, la persona debe pararse para ir al bar, si no lo hace, no puede pedir que se lo lleven a la pieza, donde está con su familia, naturalmente, en un lugar turístico.

Entonces, este proyecto es absurdo. ¿Cómo se puede prohibir por ley que la dueña de la pensión viva en ella? ¿Qué dice el artículo 38?

El señor ELIZALDE.-

¡Lea bien, señor diputado !

El señor ESTÉVEZ.-

Volviendo al artículo 36, no me parece adecuado que se diga que ya están aprobadas algunas partes. El artículo 36 requiere determinado quórum y, por lo tanto, no ha sido aprobado, así como tampoco sus indicaciones. Es imposible -y sería contrario al Reglamento- entender que hay una frase aprobada y la otra no. Es evidente que si se elimina una frase hay que discutir el resto. Por eso estoy en contra del artículo 36 en la forma como se ha propuesto.

Cedo el resto del tiempo al señor Ávila.

El señor ÁVILA.-

Señor Presidente , en los treinta segundos que me ha cedido el Diputado señor Estévez , quiero decir, como corolario a su intervención, brillante a mi juicio, que si tuviéramos un control de calidad de lo que producimos, este proyecto no pasaría. Como dijo el señor diputado , es un monumento al absurdo y, en el fondo, estamos aprobando ordenanzas municipales.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi .

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, respeto el derecho del Diputado señor Estévez a usar de la palabra, pero no puedo aceptar que se ironice respecto de las disposiciones de este proyecto. Lo que dijo el señor diputado -y ha sostenido otro parlamentario- podrá ser muy divertido, pero ha hecho una serie de afirmaciones que no son reales.

En primer lugar, en la ley actual existe esta disposición y, por lo tanto, la prohibición de instalar locales de venta de bebidas alcohólicas cerca de determinados lugares o establecimientos situados en las áreas rurales que mencionó el Diputado señor Juan Pablo Letelier .

Por otra parte, tampoco es serio que se refiera a todo tipo de patentes. Hemos explicado hasta el cansancio que lo que se restringe son las patentes de botillerías, lo que nada tiene que ver con el hecho de consumir alcohol en un restaurante o en un hotel.

Uno de los principales efectos del consumo de alcohol -esto lo saben muy bien los médicos- se produce cuando se bebe sin ingerir alimento alguno; por lo tanto, la mayor parte de las restricciones no están dirigidas a los locales que expenden alimentos, sino estrictamente para las botillerías que venden bebidas alcohólicas las 24 horas del día, sin discriminar entre menores y adultos.

En cuanto a las pensiones, locales a los cuales se refirió el Diputado señor Estévez , el artículo prohíbe instalar botillerías al interior de viviendas pequeñas, de 36 metros cuadrados, con el objeto de que no tengan la mayor parte ocupada en una botillería. Pero dice claramente “con excepción de las pensiones”.

Puede haber sido muy divertida su exposición, señor diputado , pero la considero una falta de respeto hacia quienes hemos trabajado mucho tiempo en el estudio de este proyecto de ley y hacia los diputados de las Comisiones de Salud, de Constitución, Legislación y Justicia y otras. Tampoco hemos pasado a llevar la ley actual, a pesar de que por lo retrógrada que es, habría que haber cambiado muchas de sus disposiciones.

El primer inciso del artículo 36 contiene una innovación tremendamente importante, que resuelve muchas incógnitas, y consiste en que las municipalidades deberán determinar, en sus respectivos planos reguladores, o a través de ordenanzas municipales, las zonas de su territorio en las que podrán instalarse cantinas, bares o tabernas, cabarés o locales de expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del respectivo local. De esta manera, cada municipalidad determinará qué sectores de su comuna podrán ser turísticos o comerciales, o ser objeto de mayores restricciones.

En el último inciso, que es lo que preocupa al Diputado señor Juan Pablo Letelier , se dice claramente: “Los negocios que, después de establecidos, resultaren afectados por esta disposición, sólo podrán seguir funcionando siempre que el juez, de oficio o a petición de parte, y con informe previo del alcalde, con acuerdo del concejo, califique las circunstancias que hagan aconsejable su funcionamiento.”

Me pregunto: con todos los accidentes que hay, ¿cómo va a ser lógico que existan locales de expendio de alcohol al lado de una línea de locomoción colectiva en comunas donde existen 49 líneas y muchos choferes conducen después de haber consumido bebidas alcohólicas al lado de la garita? ¿Cómo es posible que haya botillerías al lado de los colegios? Tal vez, algunas disposiciones antiguas son discutibles; pero, como aquí se plantea, ¿cómo es posible que se vendan bebidas alcohólicas en los lugares donde se expende bencina y que los conductores las compren para consumirlas en el camino?

Creo que nosotros tenemos una parte importante de responsabilidad; debemos ser más serios. Posiblemente, el proyecto no es perfecto; ha sido difícil elaborarlo porque fue necesario adecuarlo a una normativa muy retrógrada. Estoy de acuerdo con ello, pero los cambios no se pueden hacer de una vez, como los diputados lo saben muy bien. Son más de setenta los artículos que estamos tratando de modificar, y hemos apuntado a los más importantes. Es posible que queden situaciones por resolver; sin embargo, no acepto que se burlen de un proyecto que está tratando de proteger la salud de la población, en especial la de los más jóvenes.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente , creo que el señor Estévez , como cualquier diputado de este hemiciclo, tiene perfecto derecho a oponerse a una disposición y a argumentar en su contra. Sin embargo, a lo que no tiene derecho -lo quiero decir con toda claridad- es a intentar ridiculizar un texto legal sobre la base de leer mal una disposición.

En primer lugar, el señor diputado se ha referido a esta norma como el colmo del absurdo porque a través de ella estaríamos estableciendo que una señora dueña de una pensión ya no podrá vivir en ella, para lo cual citaba el artículo 38. Dicho artículo dice exactamente lo contrario al disponer con extrema claridad: “Todos los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas, a excepción de hoteles, casas de pensión y residenciales, deberán funcionar separados de la casa habitación.” Es todo lo contrario de lo que dice el Diputado señor Estévez , y si ha intentado ridiculizar un texto basado en una lectura apresurada, me parece que es él quien está haciendo el ridículo y llevando al ridículo a la Cámara.

En segundo lugar, respecto del artículo 36, les pido a los señores diputados que lo lean bien. ¿Qué dice? Reproduce -y me parece muy bien- el planteamiento serio del Diputado señor Juan Pablo Letelier . Tiene dos lógicas: una, repetir las normas de la ley actual en cuanto a la inconveniencia de que existan cantinas, bares, tabernas, cabarés y botillerías a menos de cien metros de centros de salud o de educación. Este artículo ha simplificado la norma actual al prohibir la existencia de cantinas, bares, tabernas, cabarés y botillerías a menos de cien metros de establecimientos de educación y de salud, añadiendo, ¡atención!, cárceles, cuarteles de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. Es decir, está planteando que donde hay una especie de clientela cautiva -es decir una cantidad de gente que vive bajo un régimen especial- no deben existir cantinas, bares o tabernas a menos de cien metros de ella. Es decir, no se está cayendo en el absurdo de que no deben estar cerca de Carabineros para dificultar su fiscalización, puesto que se habla de cuarteles, es decir, de aglomeración de personas que están bajo un régimen especial, y que de alguna manera constituyen una especie de clientela cautiva.

Yo pido que no festinemos algo que está bien pensado, elaborado y analizado con mucha detención por la Sala y por la Comisión, y que avancemos en la aprobación de una norma que está dirigida en el sentido correcto.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Latorre .

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , había pedido hacer uso de la palabra con anterioridad, pero lamentablemente no se respetó el orden de las inscripciones. En todo caso, mis argumentos eran los mismos de los diputados que opinaron en con-tra.

Sin embargo, quiero hacer presente lo siguiente: hay un punto que debemos resolver. En este caso no debe votarse sólo la indicación, sino también el texto alternativo. Es ridículo que la indicación sólo se remita a cambiar doscientos metros por cien metros, y con ello dar por sentado que el texto original queda aprobado, lo que me parece una falacia. Exijo que se aplique estrictamente el Reglamento. Debe votarse la indicación, y luego el texto original porque, en mi opinión, nunca ha sido votado en esta Sala.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Por una cuestión reglamentaria, tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , le pedí la observancia al Reglamento cuando estaba interviniendo el Diputado señor Cardemil , toda vez que realizó una intervención completamente contraria a él.

En primer lugar, no puede dirigirse a otro diputado -menos para decirle improperios- en forma directa.

En segundo lugar, el Reglamento, que es parte de la tradición democrática, requiere tolerancia de ideas, y ésta es una cámara de debate. Naturalmente, en una democracia se diferencia el debate de ideas de los insultos e improperios a las personas. Por eso están prohibidos por el Reglamento.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Para referirse a una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente , quiero pedir que, en cumplimiento de exigencias que nosotros mismos establecimos en el Reglamento, los diputados pudieran tener en su poder los proyectos despachados por las comisiones especializadas -en este caso las Comisiones Unidas- con la debida antelación de 24 horas, a fin de que los lean en su integridad, y así evitar los errores que desgraciadamente se están cometiendo en forma muy repetida, sobre todo hoy. Aquí hemos escuchado intervenciones que demuestran claramente que el proyecto, después de años de tramitación y de discutirse dos veces en la Sala, no ha sido leído por algunos colegas, pues han incurrido en errores al comentar sus disposiciones.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Por un asunto reglamentario, tiene la palabra el Diputado señor Cardemil .

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente , la vuelta a la mesura y a la gravedad que caracterizan al Diputado señor Estévez , me obligan a plantear con mucha tranquilidad que no he pretendido ofenderlo ni ahora ni nunca. Tengo muy claras las normas de procedimiento de la Cámara, y siempre he procedido de acuerdo con ellas. Si el colega se ha sentido lastimado, no tengo problema alguno en darle, por su intermedio, las excusas correspondientes.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señores diputados, corresponde pronunciarse respecto del artículo 36. Hay dos materias: por una parte, las modificaciones de las Comisiones Unidas, y por otra, el artículo que es norma de ley orgánica constitucional.

Primero, someteré a votación las modificaciones propuestas por las Comisiones Unidas.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 30 votos. Hubo 1 abstención.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Algunos señores diputados me indican que no alcanzaron a votar, y cuando sus votos inciden en el resultado, corresponde repetir la votación.

Como este proyecto se ha tratado durante 3 ó 4 sesiones y su discusión se ha prorrogado varias veces, les pido a los señores diputados que estén atentos al momento de votar.

-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Rechazadas las modificaciones de las Comisiones Unidas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Alvarado, Allende ( doña Isabel), Balbontín, Bartolucci, Bayo, Bombal, Caminondo, Cardemil, Ceroni, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Dupré, Elgueta, Espina, Gajardo, Hernández, Jocelyn-Holt, Karelovic, Kuschel, Luksic, Melero, Orpis, Ortiz, Pérez (don Ramón), Pollarolo ( doña Fanny), Ribera, Salas, Silva, Urrutia (don Salvador) y Viera-Gallo.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló, Álvarez-Salamanca, Ávila, Coloma, Cornejo, Chadwick, Encina, Estévez, Fuentealba, Galilea, González, Huenchumilla, Latorre, Leay, León, Letelier ( don Juan Pablo), Longton, Makluf, Montes, Morales, Munizaga, Naranjo, Ojeda, Palma ( don Andrés), Palma ( don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Prokuriça, Rebolledo ( doña Romy), Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Schaulsohn, Seguel, Solís, Sota, Tohá, Valenzuela, Vilches, Villouta y Zambrano.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Ascencio, Martínez ( don Gutenberg), Navarro y Walker.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

En relación con la aprensión planteada por el Diputado señor Latorre, quiero recordar que este proyecto fue informado por la Comisión de Salud. En ese informe fue uno de los artículos que, al no haber sido objeto de indicaciones, quedó aprobado en particular. Puesto en discusión en la Sala, se optó por el procedimiento extraordinario de que volviera a las Comisiones Unidas de Salud y de Constitución, Legislación y Justicia, que le introdujeron las modificaciones en discusión.

Eso explica que estén aprobadas todas las disposiciones del artículo 36 que no fueron modificadas. Por lo tanto, procede votar el inciso que requiere quórum de ley orgánica constitucional.

Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, me parece que estaríamos cometiendo un error si seguimos el procedimiento propuesto por la Mesa.

Es cuestión de leer la indicación y el texto original. Éste plantea lo mismo, pero a una distancia de 200 metros; en cambio, la enmienda, producto de una discusión muy ardua y larga en las Comisiones Unidas, habla de 100 metros.

Sin embargo, todas las argumentaciones entregadas aquí no se refirieron a los 100 ó 200 metros, sino que a otra materia. Entonces, si la indicación fue rechazada, lo correcto es someter a votación el texto original, porque tengo la certeza de que se rechaza con la misma votación. El problema de fondo no son los 100 ó 200 metros.

De manera que es un error suponer que esto fue aprobado. Este artículo, por haber sido objeto de indicación, no ha sido votado; ésa es la única interpretación correcta. Si se votó la indicación, debe votarse el artículo en forma separada.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma .

El señor PALMA ( don Andrés).-

Señor Presidente , cuando la Sala acuerda enviar este proyecto a las Comisiones Unidas, se pueden producir dos situaciones: una, que éstas traten materias que no habían sido despachadas por la Sala, y por ello corresponda pronunciarse sobre sus proposiciones o sobre las anteriores. Pero, en este caso, su Señoría nos señala que las Comisiones Unidas trataron una materia que ya había sido despachada por la Sala, y proponen una modificación.

Por lo tanto, la Sala debe entender que es un nuevo informe de una Comisión y volver a pronunciarse sobre la materia, porque si la Comisión la volvió a ver, quiere decir que propone a la Sala volver a discutir el conjunto de la materia que trató. En caso contrario, para ser coherentes con la proposición de la Mesa, para despachar este artículo no debió haberse tomado la votación anterior sobre esta misma disposición, porque ya había un pronunciamiento de la Sala sobre la materia. Entonces, en mi opinión, hay que pronunciarse sobre el inciso segundo, que fue objeto de indicación por parte de la Comisión.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez para plantear una cuestión de Reglamento.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , me parece que la votación anterior fue para rechazar el inciso segundo.

Ahora, desde el punto de vista reglamentario, el artículo 36 estaba pendiente, porque una parte de él requiere quórum calificado para su aprobación.

En la discusión particular no está despachado el artículo, porque si fuera aprobado por mayoría, pero no con el quórum requerido, podría entenderse que el primer inciso y otros fueron aprobados por no necesitar quórum especial.

A lo mejor hay una confusión, porque cuando se vio el artículo 36 entendimos que su aprobación está pendiente. Por ende, puede que en una votación determinada haya mayoría para aprobar el inciso primero, pero no el tercero, y desde ese punto de vista también estaría pendiente el inciso segundo, sobre el cual pedimos que se aplique la votación anterior.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Señores diputados, intentamos reconstruir un proceso que ha sido engorroso en su tramitación, por lo cual debemos hacer una adecuada interpretación de las normas reglamentarias para solucionarlo.

De acuerdo con la minuta del informe de la Comisión de Salud, sólo se votaría el inciso tercero del artículo 36, por requerir quórum de ley orgánica constitucional. En esa discusión surgió el procedimiento extraordinario de enviar el proyecto a las Comisiones Unidas, las cuales conocieron y se pronunciaron sobre el inciso segundo. Por su parte, la Sala conoció las propuestas de las Comisiones Unidas en todas las materias que ella discutiera. Por lo tanto, en este caso, la interpretación de la Mesa es que el artículo 36, en aquellos incisos que no hayan sido objeto de indicación de las Comisiones Unidas, están aprobados; aquellos que han sido objeto de indicación -corrigiendo lo que dijimos antes- debiéramos entender que deben votarse tanto la indicación como el inciso respectivo. Como consecuencia de la discusión aplicaremos ese criterio.

Tiene la palabra el Diputado señor Espina sobre un punto de Reglamento.

El señor ESPINA .-

Lo que su Señoría ha dicho es lo que establece el Reglamento; es su aplicación correcta. El objetivo de enviar un proyecto a Comisiones Unidas es que ellas lo estudien y hagan proposiciones a la Sala. Y si las comisiones han formulado indicaciones, debe entenderse que ellas pretenden que se debata el contenido de esas materias.

Por lo tanto, es absurdo dar por rechazada una indicación y mantener una norma que ya la Sala acordó enviar a comisiones para su revisión. En consecuencia, lo que corresponde aquí es votar el inciso segundo del artículo 36 para que se borre o se mantenga.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Navarro sobre un punto de Reglamento.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , pediría mayor cautela sobre este punto, porque recuerdo innumerables ocasiones en que hemos rechazado la indicación y después la Mesa ha determinado no votar el artículo porque se entiende aprobado.

Ha sido el procedimiento normal y, en verdad, establecer criterios innovadores cada vez que debemos votar una disposición como ésta, induce a errores.

Por lo tanto, pido que si la situación actual es la que planteó el señor Espina , la jurisprudencia hacia adelante sea ésa para que tengamos una norma clara, porque, si no, se inhibe la posibilidad de cuestionar cuando tenemos diferencias sobre los temas.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Ése es el criterio reglamentario y lo aplicaremos.

Por lo tanto, corresponde votar el inciso segundo original del artículo 36.

El señor ESPINA.-

Pido la palabra por un asunto de Reglamento.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , no me referiré al problema reglamentario planteado, sino a uno distinto.

Los argumentos vertidos por el Diputado señor Estévez , sostenidos también por otros parlamentarios, apuntaban a los términos en que había sido redactada la indicación y a si, desde el punto de vista del informe original -el que posteriormente fue objeto de indicaciones y modificaciones en las Comisiones Unidas-, era mejor o peor. Sin embargo, no se ha hecho un debate respecto del tema de fondo de la norma, por lo que pido que se efectúe, porque se está eliminando una norma que permitirá el funcionamiento de botillerías al lado de establecimientos educacionales.

Al respecto, la Cámara está en su derecho de manifestar su acuerdo o rechazo, pero no puede, so pretexto de haber discutido -como expresó el Diputado señor Latorre - un problema de metros más o menos o si se considera a los cuarteles de las Fuerzas Armadas, eludir el problema de fondo, cual es si vamos a legislar -bien o mal- en torno a establecer limitaciones concretas para el funcionamiento de lugares de expendio de bebidas alcohólicas en las proximidades de ciertos locales, establecimientos o instituciones. Ese debate -reitero- no ha tenido lugar en esta Sala.

Por lo tanto, si la Mesa va a poner en votación el artículo, pido que se abra debate en torno del mismo. La Cámara no puede votar esta norma sin haberse planteado los distintos puntos de vista.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Señor diputado, existe un acuerdo en materia de procedimiento, en virtud del cual se requiere el acuerdo de la Sala para abrir nuevamente debate.

El señor LATORRE.-

Pido la palabra por un asunto de Reglamento.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , el punto planteado por el Diputado señor Espina tiene sentido. Por ello, sugiero que, por la unanimidad de la Sala, se formule una indicación para que la restricción se aplique sólo en relación con los establecimientos educacionales, que es exactamente el punto que preocupa en este artículo, y que, como alternativa a esa proposición se vote el texto original.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra por un asunto de Reglamento.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente , tal vez mi planteamiento no contará con la aprobación de la Sala, pero tengo la impresión de que tratamos de terminar forzadamente el despacho del proyecto. Quizá sería conveniente que los Comités revisaran ese acuerdo, a fin de votar, con la calma y ponderación debidas, en la sesión de mañana o en la siguiente, el resto del articulado del proyecto.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Existe un acuerdo, en virtud del cual se prorrogó el tiempo destinado a esta sesión, a fin de tratar el proyecto hasta su total despacho.

Solicito el asentimiento de la Sala para acoger la propuesta del Diputado señor Schaulsohn.

No hay acuerdo.

Para referirse a un asunto de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.

El señor URRUTIA (don Salvador).-

Señor Presidente, si eliminamos el inciso segundo y confiamos en el buen criterio de las municipalidades en la aplicación de sus ordenanzas, se solucionaría el problema planteado respecto de los establecimientos educacionales, garitas, terminales de locomoción colectiva, etcétera.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

¿Habría acuerdo para abrir debate respecto del inciso segundo del artículo 36?

No hay acuerdo.

¿Habría acuerdo para admitir a tramitación una indicación que excluya a los establecimientos que no sean educacionales de la prohibición establecida en el artículo 36?

No hay acuerdo.

El señor ESPINA.-

Pido la palabra por un asunto de Reglamento.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, considero que su Señoría ha hecho una errónea interpretación del Reglamento.

Si aplica el criterio de que no va a votar la indicación, sino el artículo, lo obvio es que se abra debate y no se requiere la unanimidad de la Sala para eso.

Los acuerdos de los Comités apuntan a que no se debata una indicación, pero no pueden obligar a la Sala a votar un artículo -no ya la indicación- sin que nunca se haya debatido. El Reglamento dice que las indicaciones, para ser debatidas en la Sala, requieren ser renovadas con la firma de dos Comités o de treinta diputados. Sólo así se debaten, pero en este caso estamos discutiendo el artículo.

Por lo tanto, el acuerdo de los Comités no puede impedir que un artículo, que no se considera aprobado -si estuviera aprobado no podría votarse- pueda debatirse; de lo contrario, se produciría el absurdo de que la Cámara apruebe un artículo sin que nunca los diputados lo hayan debatido; es decir, el artículo nunca se pudo debatir porque lo que se discutió fue la indicación.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Señor diputado , la interpretación de la Mesa es distinta.

En primer lugar, el artículo fue discutido varias veces en ocasiones anteriores; distintas intervenciones se han centrado varias veces en este artículo. En segundo lugar, también se discutió ahora y se ofreció la palabra para intervenir respecto de él.

La Mesa nunca califica el contenido de las intervenciones de los señores diputados ni hasta dónde cada uno de ellos centra su opinión.

La bancada del Partido Por la Democracia ha solicitado que se suspenda la sesión para una reunión de Comités.

Se suspende la sesión por cinco minutos.

-Se suspendió la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Se reanuda la sesión.

En reunión de Comités se ha acordado lo siguiente:

1. Suspender el tratamiento del proyecto que modifica la Ley de Alcoholes y continuarlo mañana, hasta su total despacho, en la sesión citada para las 18 horas.

2. Discutir separadamente los artículos 36, 41 y 57, y en conjunto los artículos 54 y 56.

3. En la discusión podrán intervenir dos diputados a favor y dos en contra, durante un máximo de cinco minutos cada uno.

4. Otorgar un plazo especial, hasta mañana a las 12, para recibir en Secretaría indicaciones al inciso segundo del artículo 36.

5. Dejar sin efecto el tratamiento y votación de los proyectos de acuerdo de hoy, modificar el orden de aquellos que se conocerán mañana, para lo cual se colocarán primero los referidos al código de conducta y a la creación de una Comisión investigadora; después, irán los siguientes.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ALCOHOLES. Primer trámite constitucional. (Continuación).

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde continuar con la discusión en particular del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y deroga el Libro II de la ley Nº 17.105.

Estaba en discusión el artículo 36.

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente , en la sesión anterior se adujeron diversas razones para impugnar el inciso segundo del artículo 36 propuesto por las Comisiones Unidas, que establece una determinada distancia entre algunos negocios que expenden bebidas alcohólicas y ciertos establecimientos de educación o de salud, cárceles, cuarteles de las Fuerzas Armadas, etcétera.

Quiero dar argumentos históricos de autoridad y de mérito que justifican dicha disposición.

En primer lugar, citaré algunas normas de la actual ley Nº 17.105, de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas. Dos de sus artículos se refieren a la distancia que debe existir entre los locales de expendio de bebidas alcohólicas y los establecimientos señalados en el proyecto. En primer término, el artículo 141 reglamenta esa distancia especialmente en los pueblos y aldeas cuya población no sea superior a 1.500 habitantes. Sin embargo, la norma más explícita es la del artículo 153, que es prácticamente la misma del proyecto. Dice: “Se prohíbe la existencia de cantinas, bares o tabernas y cabarés a menos de cien metros de los establecimientos de educación pública o de beneficencia; de salubridad o asistencia social del Estado; de las cárceles, presidios; de los manicomios; de los institutos de reeducación mental; de los mercados, ferias y mataderos municipales; de los cuarteles de las Fuerzas Armadas y de Carabineros; de los establecimientos de producción de explosivos y de los depósitos fiscales de los mismos; fábricas o establecimientos industriales que tengan más de veinte obreros en trabajo, y de garitas y terminales de las líneas y recorridos de los servicios de locomoción colectiva.”

La misma norma dispone algo similar a lo que establece el inciso tercero respecto de los establecimientos que, no obstante estar ubicados a menor distancia, pueden ser autorizados por algún órgano del Estado para seguir funcionando. El mecanismo contenido en la actual ley faculta a las municipalidades para ello, con el voto conforme de la mayoría de los regidores en ejercicio y con la aprobación de la asamblea provincial que subroga al intendente. En consecuencia, la disposición no es una novedad ni una modificación fundamental respecto de lo que existe actualmente. Recuerdo que el artículo 39 del proyecto suscrito por el ex Presidente de la República Patricio Aylwin Azócar y los ministros de Justicia, del Interior, de Hacienda y de Agricultura de la época, presentado el 9 de diciembre de 1991, era exactamente igual al que contiene la iniciativa que estamos analizando.

En consecuencia, la disposición tan debatida no es más que una reproducción moderna de lo que existe en la ley y de lo planteado ya en el proyecto presentado por el Ejecutivo en 1991.

¿Por qué a través del tiempo se ha mantenido una disposición semejante? Todos quienes ejercemos un cargo público, como senadores, diputados, alcaldes y concejales, hemos sido abordados en innumerables oportunidades por personas que nos piden que los locales que expenden bebidas alcohólicas, con la especial característica de ser cantinas, bares, tabernas, cabarés o botillerías, sean eliminados de la cercanía de los establecimientos educacionales. Ésa es una petición bastante razonable, que siempre formulan los vecinos que están preocupados de estos problemas.

¿Por qué lejos de estos establecimientos? Porque no hay dudas de que locales de esta naturaleza cercanos a los hospitales, cárceles, cuarteles de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile, Investigaciones, establecimientos industriales, garitas y terminales -la ley actual agrega polvorines y otros establecimientos, que no es del caso enumerar-, incitan al consumo de alcohol a los funcionarios o personas que trabajan en esos lugares o los visitan. Resulta del todo inconveniente, por ejemplo, que junto a las garitas exista un expendio de bebidas alcohólicas, un bar, una taberna, un cabaret o una botillería, ya que ello puede incidir en que los choferes de la locomoción colectiva conduzcan buses con una irresponsabilidad absoluta. En este caso, la cercanía de lugares donde se expenden bebidas alcohólicas, no me cabe la menor duda de que constituye una incitación o una tentación que el legislador debe prever.

Además, lo que proponen las Comisiones Unidas respecto de lo que aprobó la Comisión de Salud, es menos restrictivo, puesto que -como se indica en el texto comparado- agregaba también los locales de expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del respectivo local, lo que se eliminó.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Recuerdo a los señores diputados que el procedimiento convenido es que dos diputados hablen a favor y dos en contra, con un tiempo máximo de cinco minutos por intervención.

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre para un asunto reglamentario.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , sólo quiero agregar a lo señalado por su Señoría que ayer los Comités acordaron respecto del inciso segundo del artículo que discutimos, dado que ayer se rechazó la indicación, que se podían presentar otras hasta las 12 horas de hoy. Presenté una y, en su momento, quiero tener la oportunidad de defenderla.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Es pertinente su aclaración, señor diputado .

Si le parece a la Sala, el señor Secretario dará lectura a la indicación a fin de contar en el debate con un elemento adicional.

Acordado.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación de los Diputados señores Latorre, Cornejo y Ceroni es para sustituir el inciso segundo del artículo 36 por el siguiente:

“No obstante lo anterior, se prohíbe la existencia de cantinas, bares o tabernas, cabarés, botillerías y locales de expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del respectivo local a menos de doscientos metros de los establecimientos educacionales.”

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Para hablar en contra tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , la indicación propuesta soluciona positivamente el punto. Incluso, se podría complementar, agregando al final de ella la expresión “y de Salud”, aunque no es el problema en el caso específico que se debate.

La objeción hecha al precepto es que estando bien el primer inciso, que determina que las municipalidades en sus respectivos planos reguladores o a través de ordenanza, determinarán las zonas en que podrán instalarse cantinas, bares o tabernas, el segundo hace una mezcla demasiado grande de algunas situaciones.

Nadie discute la inconveniencia de que existan estos locales de expendio de bebidas alcohólicas al lado de colegios, hospitales y, eventualmente, también -por qué no decirlo- de las cárceles. Es un tema sobre el cual no hago objeción.

En primer lugar, me parecía extraña la situación planteada con Carabineros e Investigaciones. He constatado, especialmente en mi distrito, que por imperio de la ley se obliga a que los lugares en que se expende o se toma alcohol estén más alejados de la vigilancia policial. Esto me parece un absurdo y siempre me he preguntado por qué no es al revés; por qué no se prohíbe que haya locales de expendio y bares a más de doscientos metros de una Comisaría. Es más fácil para Carabineros estar cerca. Me parece absurdo que se les obligue a instalarse lejos de la vigilancia policial y no cerca de ella.

El tema de las Fuerzas Armadas nos lleva a una interrogante, que podría ser abordada por el diputado que hable a favor: ¿la norma comprende a los casinos de oficiales? Resultaría absurdo que se permita el expendio de bebidas alcohólicas dentro de un regimiento y se prohíba en otro lugar a menos de doscientos metros. Eso no tiene sentido, porque si la idea es proteger al funcionario de la tentación de ingerir alcohol, no podría materializarse si existe un casino dentro del regimiento.

No logro entender tampoco la limitación de los doscientos metros establecida respecto de una estación de bencina.

Por eso, aunque el inciso tiene una finalidad plausible, me parece equivocado en su formulación.

Reitero que estoy de acuerdo con la indicación formulada por el señor Latorre , a la cual, incluso, como he dicho, le agregaría la frase, “y de salud”.

Concedo una interrupción al Diputado señor Latorre .

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, desde luego estoy de acuerdo en que a la indicación se le agregue una referencia a los establecimientos de salud.

Además, quiero señalar que en este mismo texto legal hay afirmaciones o planteamientos que recogen lo que señalaba el Diputado señor Estévez . Cuando se hace alusión al mundo rural, hay disposiciones que establecen que los locales de expendio de bebidas alcohólicas no pueden estar a más de una determinada distancia de las comisarías o de organismos de esa naturaleza. Él tiene toda la razón en su argumentación. Lo habitual en este texto es que -particular-mente en el mundo rural se imponga una exigencia que me parece, por lo demás, muy discutible, pero entiendo el sentido que la justifica- establece que locales de expendio de bebidas alcohólicas no deberían instalarse a más de una determinada distancia de los centros policiales. En consecuencia, comparto plenamente la argumentación del Diputado señor Estévez .

La indicación formulada sólo fue suscrita por algunos colegas que estaban cerca en el momento de redactarla, pero recoge, sin duda, la inquietud, tanto de quienes han intervenido como de muchos otros diputados que estarían dispuestos a aceptarla como texto definitivo de este inciso.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

He dicho, señor Presidente.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable señor Andrés Palma para hablar en contra de la disposición.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, sin duda, la indicación presentada por el Diputado señor Latorre tiende a centrar la discusión en un aspecto importante del inciso en debate del artículo 36.

Por lo pronto, si uno conserva el primero y tercer incisos del artículo 36, hay una normativa que permite regular la materia que estamos discutiendo; es decir, los municipios deben decidir dónde pueden instalarse estos negocios y define una regulación para aquellos locales que quedan fuera del área autorizada, pero que ya están establecidos.

Sin embargo, quiero mirar esto desde la perspectiva de fondo de la discusión del proyecto.

En primer lugar, como muy bien nos ha documentado el Diputado señor Elgueta , parece bastante desmejorado el resultado del trabajo de las comisiones respecto de la ley vigente, la cual distingue entre localidades rurales, pequeñas y grandes aglomeraciones urbanas, y, por cierto, debería haber normativas diferentes para cada una de ellas, cuestión que no estamos haciendo en el proyecto.

Al mismo tiempo, hoy existen otras normas que tienen mayor impacto en nuestra cultura y en la manera de enfrentar el tema del alcoholismo que la distancia de los locales respecto de determinados recintos. Me parece bien que el Diputado señor Elgueta recordara estos antecedentes históricos.

Por cierto, la demostración de los efectos del alcoholismo es muy diferente cuando la única manera de percibirlos es ver lo que ocurre en una cantina o en un bar, que cuando se nos están mostrando permanentemente a través de la televisión.

Hoy, es más relevante el impacto de la televisión que la distancia de los diferentes locales respecto de los lugares de reunión pública. Es mucho mayor el impacto de la propaganda del alcohol en la televisión que si la botillería está a 100 ó 200 metros de un centro de reunión pública.

Lamentablemente, durante la discusión del proyecto hemos legislado para favorecer la publicidad, que haya propaganda en recintos de reunión pública. Ayer se rechazó una indicación para que no hubiera propaganda de alcohol en los recintos deportivos, donde se producen grandes aglomeraciones. Entonces, por una parte estamos diciendo: “Sí, ponga la propaganda, promueva e incentive el consumo de alcohol” y, por otra, “pero que sea a cien o doscientos metros de determinado recinto”. Esto me parece paradójico.

Al mismo tiempo, las Comisiones Unidas rechazaron una indicación que, en otras palabras, decía: “Muy bien, el que quiera hacer publicidad debe considerar dentro de su contenido normas preventivas y ponerle límite.” Eso fue rechazado por la Sala, pero no así la idea de que queden a doscientos metros de los recintos educacionales, comisarías, etcétera. Esto es un absurdo.

Estamos estimulando por todos los medios el consumo, pero lo limitamos fijando una distancia para hacerlo, como si eso fuera, como en los tiempos de las carretas, cuando se establecieron estas normas, un elemento relevante.

Por otro lado, de acuerdo con la votación de ayer, hemos incrementado el número de patentes al reducir la proporción de un establecimiento por cada l.000 habitantes a uno por cada 600.

Por ejemplo, La Granja antes tenía incorporada la población de las actuales comunas de San Ramón y La Pintana. Cuando se dividió -esto ha pasado en todas las comunas del país que se han subdividido- el conjunto de las patentes quedó en La Granja, y La Pintana y San Ramón otorgaron nuevas patentes. Por lo tanto, hay muchas más patentes de las que debería haber, y aquí estamos limitándolas de una manera -discúlpenme- absolutamente superflua.

O sea, una comuna como La Granja, con 125 mil habitantes, podrá tener 200 locales de expendio de bebidas alcohólicas. ¡200! Otro tanto podrá tener la de Macul, y algo menos la de San Joaquín, que no alcanza a los 120 mil habitantes. Es una cantidad enorme.

Por un lado, estamos autorizando que todo esté lleno de locales de venta de bebidas alcohólicas y permitiendo la más amplia publicidad y, por otro, estamos diciendo que deben estar a doscientos metros de determinados lugares. Esto me parece insólito, absurdo, inconsistente y, por lo tanto, del todo inútil. Se trata de una norma que ya está excedida por la realidad, y lo seguirá estando, porque es contradictoria con las que hemos aprobado, ya que estamos promoviendo el consumo y, al mismo tiempo, dictando disposiciones aparentemente restrictivas.

Concedo interrupciones a los Diputados señores Elgueta y Juan Pablo Letelier .

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Señor diputado , desafortunadamente, ha terminado su tiempo.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Punto de reglamento, señor Presidente.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, el acuerdo era dar la palabra a dos diputados para hablar a favor y dos para hacerlo en contra, pero durante el debate se introdujo una indicación que apunta en un sentido distinto.

Por lo tanto, solicito a su Señoría recabar el acuerdo de la Sala para ampliar el debate. Seguramente, otros diputados desearán argumentar a favor o en contra de la indicación, o referirse al artículo.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Solicito autorización de la Sala para otorgar el uso de la palabra a otros dos señores diputados.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente , en un tema tan importante, para quienes estamos preocupados por los problemas de salud pública desde hace muchos años, no es necesario llegar a las adjetivaciones o descalificaciones.

No puede sostenerse que a través de este instrumento legal se promueva el consumo de bebidas alcohólicas y simultáneamente se introduzcan restricciones a su consumo.

No hay ninguna disposición que promueva el consumo de bebidas alcohólicas. Se trata, ya que el proyecto incorpora conceptos de prevención y de educación -que aún no tiene nuestra sociedad- precisamente de enseñarle a la gente a beber moderadamente. No de prohibir las bebidas alcohólicas, sino de enseñar a beber.

Desgraciadamente, aquellas personas que discrepan de estas posiciones, no escuchan los argumentos dados con tranquilidad y sin voz altisonante. En una materia de esta importancia, en la cual la Comisión tuvo especial cuidado en no exagerar disposiciones como las que se habían propuesto inicialmente, por ejemplo, de reducir aún más la tasa de alcoholemia, no se ha considerado la racionalidad con que se actuó en esos aspectos.

Este proyecto en ninguna parte promueve el consumo de bebidas alcohólicas -como lo asegura el Diputado señor Andrés Palma- sino que -reitero- trata de enseñar a beber en forma moderada.

Las alusiones a la publicidad y a la inconsistencia, no corresponden. Las restricciones a la publicidad se eliminaron del proyecto porque eran inconstitucionales, y no porque quisiéramos hacerlo.

Ahora, la indicación al artículo 36, que dice relación sólo con las materias de salud y de educación, implica dejar fuera de esas limitaciones nada menos que a las garitas, a los terminales de buses y a los cuarteles de policía, es decir -tal como ayer muy bien lo dijo el Diputado señor Cardemil , reiterando el concepto de cuarteles-, nos estamos refiriendo al establecimiento donde existe concurrencia de personas que pueden ser inducidas a consumir bebidas alcohólicas cuando están realizando funciones, entre ellas, conducir un vehículo de transporte colectivo. Recordemos que más del 40 por ciento de los accidentes de tránsito y de las muertes en Chile están ligadas al consumo de bebidas alcohólicas.

En esta Sala se han hecho menciones que lindan en lo ridículo. Por ejemplo, cuando se dice ¿cómo es posible que exista consumo de bebidas alcohólicas al interior de los cuarteles de las Fuerzas Armadas o en los casinos de los bomberos? Pero, por supuesto, estamos hablando de locales privados, no de bares o cantinas. No rebajemos la discusión. Cuando estamos planteando -como muy bien lo expresó el Diputado señor Elgueta -, la conveniencia de modificar y perfeccionar la legislación actualmente existente, es porque estamos actuando con la racionalidad y conocimiento del problema que a los miembros de la Comisión de Salud les ha cabido en el análisis de más de dos años del proyecto.

Por eso, sin entrar a descalificar, porque ése no es nuestro ánimo, tratemos de incorporar en el análisis de los honorables colegas la necesidad de contar con una legislación adecuada para combatir el principal problema de salud pública de Chile. Les recuerdo que esta iniciativa tiene que complementarse, entre otras, con la que va a regir el deporte.

Por lo tanto, y como estamos hablando de una globalidad, es conveniente -y ojalá se apruebe- la indicación al inciso segundo del artículo 36 propuesta por las Comisiones Unidas.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente , aunque el colega Bayo no comparta la percepción o la aproximación al tema que ha hecho en el día de hoy el Diputado señor Andrés Palma , corresponde a la misma posición que algunos sostuvimos en la sesión de ayer. Una cosa es estar de acuerdo en que el alcoholismo es malo, que el consumo excesivo no es bueno; pero otra es aplicar la política del avestruz: enterrar la cabeza y no darse cuenta de que la publicidad, en todo producto lícito que se comercializa, tiene por objeto inducir a su consumo.

Y digo esto, porque a muchos nos interesa -y entiendo que ésta ha sido una de las batallas de los integrantes de la Comisión de Salud que han debatido este proyecto, al igual que de la Diputada señora Cristi , quien ha estado planteándolo como un tema de gran importancia para ella- ser consistente para abordar este problema como una patología no deseada; es decir, siendo lícita la producción de las bebidas alcohólicas, hay que combatir el alcoholismo, y para ello hay que prevenir y educar.

No cabe la menor duda de que la publicidad tiene un efecto muy distinto al que tenía hace veinte, quince o incluso diez años. Hoy la publicidad juega un papel tan poderoso que se ha transformado en una de las industrias más lucrativas a nivel mundial. Y parte del esfuerzo de la publicidad es, precisamente, inducir a patrones de comportamiento que no necesariamente tienen como resultado algo positivo. Es el caso del consumo del tabaco y del alcohol: independiente de que son lícitos, ambos productos son nocivos.

Digo esto, porque en la sesión de ayer la Cámara rechazó la posibilidad de informar en la publicidad del vino, de la cerveza o del pisco que el consumo excesivo de estos productos provoca daño. Tampoco quiso adoptar una decisión -quizás por ser un poco complicada y por el año en que estamos- para disociar la publicidad del alcohol de los eventos deportivos, por el impacto que tiene sobre grandes sectores.

Es decir, por un lado en la sesión de ayer adoptamos posiciones bastante inconsistentes, y, por otro, hoy se propone una indicación al inciso segundo del artículo 36 -así lo entiendo- para evitar que ciertas personas, potenciales consumidoras, sean inducidas a consumir.

Me parece absurdo lo que nos plantean algunos colegas. Me parece ridículo no separar la realidad urbana de la rural. Hay comunas que no tienen más de 200 metros de centro, en cuyo perímetro se encuentra la escuela, Carabineros, la municipalidad, la iglesia y la botillería de la comuna. Se necesita una legislación que discrimine entre zonas urbanas y rurales. No hacerlo es absurdo.

Por otro lado, se piensa que por estar cerca de una escuela, los niños van a entrar a la cantina o a los bares. En caso de aprobarse esta iniciativa, estaría prohibida la venta de bebidas alcohólicas a los menores. Pero a ellos les hace más daño que los productores pisqueros de la Cuarta Región promuevan con campesinas morenazas el consumo de pisco, en lugar de que la botillería esté en la cuadra siguiente a la escuela. Me parece que no estamos abordando los problemas con seriedad y que en la actualidad el requisito de la distancia es absolutamente arbitrario.

Soy partidario de rechazar esta indicación, y si queremos hacer algo más constructivo, de delegar la decisión respecto de dónde se instalarán las botillerías, cantinas, etcétera, en las autoridades electas por la gente, con la esperanza de que los alcaldes y concejales sean más sabios de lo que hemos sido nosotros y que sobre la base de su propia realidad logren controlar y limitar la presencia de establecimientos en lugares que para su comuna son malos.

También soy partidario de eliminar el inciso tercero del artículo porque genera confusión, pues se requiere de un informe del alcalde, con la aprobación del concejo y la opinión del juez, para ver si alguien puede seguir funcionando en un determinado lugar. Creo que se puede presentar una acusación constitucional sobre derechos adquiridos, por lo que sería mejor eliminar el precepto.

Reitero que en esta materia no hemos asumido que el mundo y las comunicaciones han cambiado y que lo que induce al consumo son los mensajes publicitarios erróneos que se transmiten a la población, sin decir en ellos que hace mal que los jóvenes consuman en exceso, como lo ha señalado el Diputado señor Bayo. Pero, según la votación de ayer, la Cámara no quiere que se diga eso en la publicidad y cree que la situación se resolverá al disponer que la botillería esté 100 metros más o 100 menos lejos de una escuela, de un hospital o de un cuartel militar.

Estamos confundidos respecto de los cambios producidos en el último tiempo. Por ende, debemos eliminar el artículo y esperar que con las facultades que les otorgamos a los concejos municipales actúen en forma más sabia.

Señor Presidente , con su venia le concedo una interrupción al Diputado señor Andrés Palma .

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Su Señoría ha hecho uso de todo su tiempo. Por lo tanto, no puede conceder interrupciones.

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, quiero referirme a la distancia a que deben estar ubicados los establecimientos que expenden alcohol.

Como señaló el Diputado señor Elgueta , este proyecto es mucho menos restrictivo que la ley actual. Cuando el Diputado señor Juan Pablo Letelier dijo que tendrían que echar abajo casi toda la plaza -supongo que de Rengo-, quiere decir que las patentes estaban mal otorgadas, porque hoy no se puede autorizar a estos locales para que funcionen en esos lugares.

En verdad, hay gente que dice: “Qué importa, si la ley no se cumple.” Pero recuerdo que cuando fui alcaldesa -y ésta es una de las principales motivaciones para insistir en el proyecto- se presentaron más de cinco recursos de protección por no autorizar la instalación de una botillería al lado de un colegio. Aunque el Diputado señor Juan Pablo Letelier crea que no importa que existan botillerías al lado de los colegios, pienso que sí es relevante, al igual que los tacatacas, juegos electrónicos y muchas otras entretenciones que distraen a los niños de los estudios y de las cosas importantes.

Por otra parte, hay un hecho comprobado en los países que han estudiado muy seriamente el tema del alcoholismo y del consumo en exceso de bebidas alcohólicas: la mayor causa del consumo excesivo de alcohol es su fácil acceso.

Pregunto: ¿a cuántos de ustedes les ha faltado en su casa un botella de whisky, vodka, pisco o vino a las 11 ó 12 de la noche y han salido a comprarla? En verdad, si uno va a comprarla es porque tiene visitas o algún problema personal. Lo mismo le ha pasado a muchas personas con el tabaco. Incluso, han dejado de fumar porque no pudieron comprar una cajetilla de cigarrillos.

En todo caso, por razones obvias, no me gusta hablar de la publicidad, aunque no estoy muy de acuerdo con el Diputado Juan Pablo Letelier , porque muchas personas se han arruinado trabajando en agencias de publicidad. Pero hay algo que está claro: un estudio enviado por un constitucionalista a varios diputados plantea que la restricción de la publicidad es inconstitucional. Al igual que con la libertad de prensa, hoy existe libertad de informar. Más que establecer una u otra medida en la ley, deberíamos ser muy serios en considerar la autorregulación, la que verdaderamente da resultados. Para eso existen organismos de control y autorregulación de ética publicitaria, a los cuales, hace pocos días, algunos diputados acudieron para reclamar contra el uso de niños en la publicidad.

Otros países avanzados en materia de regulación -a lo que nuestro país podría adherir- prohíben que personas líderes y deportistas distinguidos hagan publicidad de alcoholes, que ella se transmita en horas diurnas y figure en revistas para niños.

Quiero ser muy franca, y le rogaría al Diputado Juan Pablo Letelier que me prestara atención, porque le tengo una buena noticia: tampoco estoy de acuerdo en que el logo de la pilsener Cristal vaya en la camiseta de los deportistas, pero tengo claro que en Chile existe un grave problema de falta de recursos para el deporte. Hay una iniciativa legal de fomento al deporte que pretende incentivar a la empresa privada para que lo apoye, pero hace más de dos años que está en veremos. Hay cosas gravísimas que pasan con nuestro deporte. En este país, lo más importante para reducir el problema del alcoholismo es fomentar el deporte. Y no sólo el fútbol, como es la preocupación de algunos diputados, sino todas las áreas deportivas. Es lamentable la falta de medios y de infraestructura que existe en Chile para quienes desean hacer deporte. Esperamos que la futura ley determine claramente quienes no pueden hacer publicidad, aspecto que la Digeder propuso que se especifique claramente. Además, existe un grave problema debido a que se están acabando las canchas para que las personas puedan jugar fútbol. Entonces, seamos serios y consecuentes y preocupémonos también de dictar una ley que favorezca el deporte.

Respecto de la indicación del Diputado Latorre , creo que si vamos a establecer una restricción, lo más importante es la instalación de botillerías lejos de los colegios y de las garitas de la locomoción colectiva. Si me dan a elegir dos, me quedo con ésas. Pero la indicación tiene un problema adicional, pues pone el límite a 200 metros, en circunstancias de que ahora hay muchos locales a esa distancia. La ley actual prohíbe la instalación de expendios de bebidas alcohólicas a 100 metros de los colegios. Además, cuando la indicación se refiere a botillerías, bares, cantinas y tabernas agrega locales de expendio de alcohol para ser consumido fuera de ellos, con lo cual incluye a los supermercados; es decir, éstos no podrían establecerse cerca de los colegios.

Por ello, la indicación es muy compleja y casi impracticable. Ojalá hubiera posibilidad de revisarla o, incluso, de votarla por separado, porque de la manera en que se plantea es tremendamente delicada y complicada.

Más que acusar a las personas de tener un doble estándar y de decir una cosa y hacer otra, los llamo a revisar nuestra Constitución. Así como hoy se da una gran pelea para fomentar la libertad de expresión a través de los medios de comunicación y de la prensa, porque así lo establece la Constitución, seamos honestos y reconozcamos que la publicidad tiene hoy día las mismas garantías constitucionales que la libertad de prensa. El argumento central que primó en la Comisión fue el de constitucionalidad, más que el hecho mismo, con el cual podemos estar de acuerdo.

Hay otro elemento que debemos agregar. Si hoy no se puede controlar la publicidad de bebidas alcohólicas proveniente del extranjero que se emite a través de la televisión por cable, ¿por qué vamos a prohibir la publicidad chilena?

Quiero señalar una última idea respecto de esta materia: la publicidad no sólo promueve el consumo, como se ha dicho, sino también informa sobre distintas marcas y sus características. Quiero citar tres casos de publicidad de productos alcohólicos que son un ejemplo: en uno, Eliseo Salazar muestra las llaves de un vehículo y dice: “Si usted va a conducir, no beba.”, y en dos spots de marcas de vino se destaca la importancia de dar preferencia a la calidad y no a la cantidad. Ésa es una manera de fomentar la buena conducta de consumo, porque no estamos tratando de imponer una ley seca, sino procurando disminuir el consumo.

Hay empresas de gran prestigio en el mundo que han venido a Chile a promover grandes campañas, con elevadas sumas de dinero en publicidad, para prevenir el consumo de alcohol cuando se conduce. Esas empresas han ofrecido iniciar campañas de prevención en tal sentido. Tal vez, no es todo lo que se necesita, pero no nos podemos reír -se lo digo al Diputado Juan Pablo Letelier - cuando sabemos que en Chile la primera causa de muerte en jóvenes se debe a la conducción en estado de ebriedad.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , al parecer existe opinión casi unánime en el sentido de que debería cambiarse el texto del inciso segundo de este artículo. Salvo la intervención del Diputado señor Bayo, es lo que he escuchado de la mayor parte de los diputados que han usado de la palabra.

El objetivo principal de la discusión de este inciso fue llegar a un acuerdo respecto de su texto, para lo cual se dio plazo para la presentación de indicaciones. Junto con los Diputados señores Ceroni y Cornejo formulamos una que recoge el texto original y propone que la restricción se imponga sólo respecto de los establecimientos educacionales. Luego se propuso hacerla extensiva a los establecimientos de salud, cuestión que comparto.

En mi opinión, este proyecto intenta -pero no lo logra plenamente-, distinguir la realidad del mundo urbano de la del rural. Hay disposiciones relacionadas con el mundo rural bastante discutibles y controvertidas y que conllevan una tremenda injusticia y falta de equidad respecto de la legislación de orden general, porque prácticamente obligan a que en el amplísimo y extenso mundo rural de nuestro país el expendio de bebidas alcohólicas se haga en lugares clandestinos.

Las disposiciones de este proyecto, tal como las estamos despachando, establecen exigencias que difícilmente pueden ser cumplidas en el mundo rural, aun cuando es evidente que su trasfondo es controlar el exceso de consumo de alcohol. En este país, ese consumo no sólo es legal, sino que forma parte de una actividad comercial y productiva que se encuentra autorizada. En consecuencia, éste es un típico proyecto que intenta educar, reprimir conductas indeseables y ordenar la convivencia en sociedad. Pero ello, inevitablemente, genera muchas discusiones del carácter de las que hemos tenido hoy.

Tal como lo ha expresado el Diputado señor Juan Pablo Letelier , quisiera que no sólo en este tema, sino en muchos otros, tuviéramos una legislación adecuada para el mundo rural. Son muchas las disposiciones que hemos aprobado en los últimos años, cuya posibilidad de real aplicación en ese sector es muy discutible. Tienen que ver, incluso, con la organización del Estado, la estructura de los municipios, los roles que se conciben para ellos, la forma como se resuelven proyectos sobre salud, educación, etcétera. Lamentablemente, este proyecto no será una excepción en la materia.

La indicación que hemos presentado es alternativa a un texto, la búsqueda de una solución para lograr el máximo acuerdo de la Sala. En ese sentido, reitero, por intermedio de su Señoría, mi llamado a los colegas para que aprobemos esta indicación que intenta -independientemente de las dificultades que pueda generar en muchos ámbitos, particularmente en nuestro mundo rural- dar una señal expresa en el sentido de que es indeseable para nosotros que menores de edad, niños y jóvenes estudiantes, tengan acceso con facilidad a lugares de expendio de bebidas alcohólicas, porque estamos de acuerdo en que no siempre es posible encontrar la tuición adecuada por parte de los padres o de quienes tienen la obligación de educarlos, si se les expone a una posibilidad que no nos parece buena para su formación.

En consecuencia, abogo por que aprobemos la indicación y, si hubiera unanimidad en la Sala, no tengo inconveniente en que se agregue la expresión “establecimientos de salud”, que sugirió el Diputado señor Estévez . Ahora, no sé si hay acuerdo unánime para eliminar la alusión a los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera de él y, en especial, la que hizo la Diputada señora Cristi , en cuanto a que ello encierra, obviamente, la posibilidad de incluir a los supermercados. Si existe acuerdo para efectuar esas dos correcciones, yo no me opongo, pero de no ser así, pido que, según lo acordado, procedamos a votarlas.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil para plantear un punto de Reglamento.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente , con el ánimo de explorar, aunque no sea muy ajustado al Reglamento, un acuerdo unánime que permita aprobar la indicación modificada planteada por el Diputado señor Latorre , quiero preguntar, por su intermedio, si habría acuerdo entre quienes la presentaron. En ella se establece la prohibición referente a la cercanía de locales que expendan bebidas alcohólicas respecto de los establecimientos educacionales, de salud y de cárceles. Se eliminan los cuarteles y los establecimientos industriales, pero se incorporan las garitas y terminales de las líneas de recorrido de los servicios de locomoción colectiva, lo cual aparece como una necesidad evidente por los problemas que significa en materia de accidentes del tránsito, manteniendo el concepto técnico de la cercanía de cien metros estudiado por las Comisiones Unidas de Salud y de Constitución.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Esperemos las reacciones a su propuesta, señor diputado .

Insto a los autores de la indicación a que se pongan de acuerdo con el Diputado señor Cardemil.

Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.

El señor DUPRÉ.-

Señor Presidente, me parece muy adecuada la redacción planteada por el Diputado señor Cardemil .

Quiero hacer el siguiente alcance para que quede constancia de ello en la historia fidedigna del establecimiento de la ley:

La frase final del inciso tercero del artículo 36 dice: “No se renovará la patente de los negocios en que ésta haya caducado o que hubieren sido clausurados.”

Las patentes no se clausuran, sino los negocios, que no necesariamente tienen patente. Entonces, como el artículo se refiere a las patentes, quiero dejar constancia de que nuestra intención, como legisladores, es que también se sancione a los negocios que han sido clausurados en cuanto a la caducidad de su patente. Ésa es la intención.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Esa precisión es importante tenerla en cuenta.

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre para plantear un punto de Reglamento.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, todos deseamos que esta discusión no se alargue en forma indefinida.

En primer lugar, respecto de la proposición del Diputado señor Cardemil , me cuesta entender por qué tiene que haber restricción sobre las cárceles. No he encontrado una argumentación que pudiera justificarla. Debe haber alguna para que la sugieran, pero personalmente no la entiendo.

En segundo lugar, tengo la impresión de que el argumento que daba la Diputada señora Cristi , quien no deja de tener razón, no debería darse de acuerdo con este texto.

Ahora, en cuanto a lo que dijo el Diputado señor Cardemil sobre las garitas y terminales de locomoción colectiva, me parece un criterio obvio de planificación de un sistema de transporte el hecho de que ellos se ubiquen junto a centros de consumo general, no necesariamente de alcohol. Es obvio -lo estamos viendo- que el desarrollo urbano tienda a concentrar el comercio en determinados sectores donde existan no sólo artículos personales o enseres de distinta naturaleza, sino también supermercados, bares y restaurantes, a los cuales accede la gente que trabaja en ellos o que los visita.

No considero razonable hacer alusión a las referidas garitas y terminales. En consecuencia, con el mejor ánimo, pido que nos atengamos a la referencia que se hace a los establecimientos de educación y de salud y que, en ese entendido, sin perjuicio de concederle -si su Señoría me lo permite- una interrupción al Diputado señor Cardemil , lleguemos a un acuerdo que ojalá pudiera ser, si no unánime, al menos mayoritario.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Nos hemos apartado bastante del procedimiento convenido, pero voy a ofrecer, por dos minutos, el uso de la palabra a los Diputados señores Elgueta y Cardemil, para luego proceder a votar la indicación.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero hacer una precisión. El Diputado señor Andrés Palma , al calificar la ley a que hizo referencia como del tiempo de las carretas, me parece que cometió una irreverencia, porque ella fue firmada nada menos que por los señores Eduardo Frei Montalva , Hugo Trivelli, Jaime Castillo y Andrés Zaldívar Larraín .

En segundo lugar, siempre que hablamos de hospitales consideramos que hay zonas de silencio, y en el caso de los cuarteles de las Fuerzas Armadas y de Investigaciones, e incluso de las cárceles, aun cuando existan propiedades particulares colindantes con esos recintos, dichas propiedades también son consideradas áreas o zonas de seguridad. No parece adecuado que, adosado a un retén de carabineros o tal vez a una pieza contigua -si llegamos a exagerar-, exista un cabaré, una cantina, un bar, una taberna o una botillería. En consecuencia, ese criterio que viene desde largo tiempo y el arreglo al que se trata de llegar, está eliminando esas zonas de silencio y de seguridad que habitualmente existen entre los negocios que expenden bebidas alcohólicas y los referidos recintos.

En tercer lugar, no creo que la publicidad influya en los vicios. A veces escuchamos sesudas opiniones sobre la censura cinematográfica o de la televisión, en el sentido de que no debería existir porque no influye, porque cada persona adulta juzga de acuerdo con su criterio lo que se exhibe. Así se habla también del caso de la pornografía. Si la publicidad influyera tanto como se dice acá, debe recordarse que en la época de Nerón y de Calígula, de las ciudades de Sodoma y Gomorra , no se veía televisión, pero todas esas personas eran alcohólicas y degeneradas, a pesar, reitero, de que no habían estado influidas por la televisión, el cine o la publicidad.

En consecuencia, los dos temas son absolutamente distintos. La influencia de la publicidad en los vicios es ajena a esta Cámara y muy difícil de precisar, salvo por especialistas.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma , quien le ha pedido una interrupción a su Señoría.

El señor PALMA ( don Andrés).-

Señor Presidente , sólo para comentar al Diputado señor Elgueta -por su intermedio- que me atuve a sus palabras, porque él habló de mucho tiempo antes. Probablemente, conoció los tiempos de Calígula y de Nerón, sobre los cuales sabe tanto. Sólo quiero decirle que la publicidad existe para forzar hábitos, no para otra cosa. No es información de consumo. Si no fuera productiva, no se pagaría o no existiría.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Para terminar el debate de esta indicación, tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, por esta vía nos llenaremos de flores, de linduras y de poesía, pero no legislaremos respecto del problema que nos ocupa.

Intenté consensuar una indicación conjunta que permitiera su aprobación por unanimidad, pero parece que no es posible. Entonces, lo que corresponde es votar.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez para plantear un asunto reglamentario.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , me parece que tanto en la indicación como en el texto del informe complementario hay consenso en la distancia de cien metros.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , tal como lo sugiere el Diputado señor Estévez , estoy de acuerdo en que la indicación establezca cien metros de distancia. Si hay unanimidad, podría corregirse y señalar cien metros en ambos casos.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se complementará la indicación, primero, con la incorporación del concepto de los cien metros de distancia, como mínimo, y segundo, con la agregación de los establecimientos de salud.

Tiene la palabra la señora Cristi para referirse a un punto reglamentario.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, si se rechaza la indicación, ¿cómo queda el artículo?

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

En ese caso, se tendría que volver al texto primitivo; al inciso segundo, tal como viene formulado en el proyecto original.

La señora CRISTI.-

¿Y no se puede votar la indicación?

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Es sustitutiva.

El señor Prosecretario dará lectura a la indicación con las correcciones recién introducidas, por supuesto sujeta a posterior perfeccionamiento de la redacción, si fuere preciso.

El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-

Indicación de los señores Latorre, Cornejo y Ceroni, para sustituir el inciso segundo del artículo 36 por el siguiente: “No obstante lo anterior, se prohíbe la existencia de cantinas, bares o tabernas, cabarés, botillerías y locales de expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del respectivo local, a menos de cien metros de los establecimientos educacionales o de salud.”

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Arancibia, Balbontín, Ceroni, Coloma, Correa, Estévez, Fuentealba, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), Gutiérrez, Hernández, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Latorre, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Makluf, Naranjo, Ojeda, Orpis, Palma ( don Andrés), Palma (don Joaquín), Pollarolo ( doña Fanny), Reyes, Sabag, Sota, Valenzuela, Venegas, Viera-Gallo y Villegas.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Bayo, Cardemil, Cristi ( doña María Angélica), Dupré, Elgueta, Elizalde, García-Huidobro, Karelovic, Luksic, Melero, Ortiz, Pérez (don Ramón), Salas, Tohá, Vilches y Villouta.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Álvarez-Salamanca y Ascencio.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

A continuación, corresponde votar el inciso tercero, que es materia de ley orgánica constitucional; es decir, requiere 69 votos para ser aprobado.

Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente , en caso de no reunirse un número mayor de diputados en la Sala, sugiero discutir y votar los artículos 54 y 56, que no necesitan quórum especial, y debatir los artículos que sí lo requieren, cerrar el debate y votarlos en ésta o en la próxima sesión

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente , en cuanto al artículo 36, si no estoy equivocado, no se ha votado la indicación de las Comisiones Unidas referente a la intercalación del inciso nuevo respecto de la forma en que se medirá la distancia.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Y no es de ley orgánica; podríamos proceder a votarla.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Pido la palabra por un asunto de Reglamento.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente , el inciso que se propone intercalar está vinculado a la votación del inciso cuarto y puede requerir quórum de ley orgánica para su aprobación, porque toca derechos adquiridos. Al modificar la disposición sobre cómo medir la distancia, puede afectarse a gente que hoy tiene patentes. Por lo tanto, me gustaría que resolviéramos si vamos a votar los incisos tercero y cuarto juntos.

Se había establecido un criterio para medir las distancias, pero ahora lo estamos cambiando. Como lo ha dicho la Diputada señora Cristi en varias ocasiones, el problema es que hay muchas patentes.

El inciso cuarto -no sé si será votado- pretende revisar la situación que existe. No regirá a partir de la publicación de la ley, sino que su efecto será retroactivo, por lo cual se verán afectados muchos intereses.

Por ende, si el espíritu es que tenga efecto retroactivo, soy partidario de rechazar el inciso que se propone intercalar y el cuarto, o de decir explícitamente que regirá sólo desde el momento de la publicación de la ley.

No es que quiera defender, como dijo erróneamente la Diputada señora Cristi , la existencia de botillerías cerca de las escuelas. Sólo quiero que la normativa sea eficaz.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente , en la solicitud del Diputado señor Juan Pablo Letelier hay una equivocación muy de fondo. El inciso tercero no tiene nada que ver con el cuarto. El inciso segundo es el que tiene que ver con el cuarto, y ya fue votado y aprobado. El inciso tercero establece cómo se mide la distancia. Así que no veo ningún inconveniente para que se vote el inciso tercero si ya está aprobado el segundo.

En consecuencia, el planteamiento del Diputado señor Juan Pablo Letelier habría sido correcto antes de la votación del inciso segundo. Votado éste, obviamente habría que votar el tercero.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Diputado señor Juan Pablo Letelier, ni aun con quórum de ley orgánica constitucional podría resolverse el problema de derechos adquiridos. Su solución requiere la instancia judicial y sigue otras formas.

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Arancibia, Ascencio, Balbontín, Bayo, Ceroni, Coloma, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Dupré, Elgueta, Elizalde, Gajardo, García (don René Manuel), Gutiérrez, Hernández, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Latorre, Letelier ( don Felipe), Luksic, Naranjo, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma ( don Andrés), Palma ( don Joaquín), Pérez (don Ramón), Prokuriça, Reyes, Sabag, Salas, Taladriz, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Viera-Gallo, Villegas, Villouta y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Jara, Letelier (don Juan Pablo), Makluf, Tohá, Venegas y Vilches.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Estévez, Navarro y Valcarce.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

El inciso siguiente requiere quórum de ley orgánica constitucional para su aprobación, pero la Mesa ha recibido la proposición de que dejemos en suspenso su votación.

¿Habría acuerdo?

Varios señores diputados.-

No.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Correspondería poner en votación el inciso tercero del artículo 36, que pasaría a ser cuarto.

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente , hemos adoptado una serie de acuerdos para establecer cuáles artículos se discutirán, pero nadie planteó incluir este inciso cuarto, cuyo rechazo por falta de quórum u otra razón, agravará la situación en que quedarán las botillerías y los locales autorizados. Quedarán desprotegidos y obligadamente desaparecerán.

El proyecto es un cuerpo orgánico. Al traspasar las faltas a los jueces de policía local, posibilitará la clausura de los locales que no cumplan con los requisitos, situación que se considera al final del artículo 36. Por eso, considero peligrosísimo el rechazo de su ahora inciso cuarto, por desacuerdo o molestia, ya que todas las botillerías establecidas quedarían en la más absoluta indefensión. Esto sería una irresponsabilidad.

Como ha habido tan buena voluntad para tratar el proyecto, pido que discutamos los artículos 54 y 56, que no requieren de quórum de ley orgánica constitucional, y dejemos su votación para la próxima semana, al igual que la del artículo 57.

Confío en la buena voluntad de la Sala, con el afán de evitar mayores problemas.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Luksic.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente, el primitivo inciso tercero resolverá una situación transitoria una vez que entre en vigencia la ley. Incide en la situación de las cantinas y bares que estén dentro de los cien metros. Precisamente, responde a la preocupación del Diputado señor Juan Pablo Letelier, que se refirió a los derechos adquiridos de sus propietarios.

La lógica y la buena técnica legislativa indican que el inciso cuarto, en definitiva, debe ser disposición transitoria, pues resolverá una situación que se producirá por la vigencia de una nueva ley.

Por lo tanto, propongo -creo que la Mesa lo puede hacer- establecer el cuarto inciso como disposición transitoria y postergar su deliberación y votación para otra sesión hasta cuando exista quórum.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Seguel.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente , la tramitación del proyecto ha demorado cuatro o cinco años. Si cae alguna norma, no debemos preocuparnos, porque en el Senado puede reponerse. Si no fuera así, pasaría a comisión mixta y nunca saldrá antes de cinco años más. No hay por qué desesperarse.

El señor BAYO.-

Es un ejemplo de la “eficiencia” del Diputado señor Seguel como tal.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Señores diputados, se ha planteado un problema de ordenación: el inciso tercero, que pasaría a ser cuarto, se dejaría como artículo transitorio.

Este caso es una facultad reglamentaria de la Mesa. Al tenor de lo expuesto, sería pertinente establecerlo como artículo transitorio y lo votaremos en su oportunidad, en ejercicio de las atribuciones que nos confiere el artículo 15 del Reglamento. Deberíamos proceder a discutir los artículos 54 y 56, pero ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día.

El señor PALMA (don Andrés).-

Pido la palabra para un punto de Reglamento.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor PALMA ( don Andrés).-

Señor Presidente , se acordó que este proyecto se tratara hoy hasta su total despacho. Aunque el acuerdo era que ayer se terminaba su tratamiento, se adoptó un mecanismo de discusión por cuatro etapas, que finalizaba hoy.

Entonces, debemos continuar. Si se acabó el tiempo de debate, simplemente, tendremos que votar las normas pendientes.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ.-

Pido la palabra para plantear una cuestión de Reglamento.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , discrepo del punto de Reglamento señalado por el Diputado señor Andrés Palma . Ese acuerdo era para ayer; hoy se iba a tratar el proyecto sobre probidad administrativa. Para ese efecto ha venido a esta sesión el Ministro señor Villarzú .

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Señores diputados, tengo a la vista el texto de los acuerdos de los Comités que normaron el debate de esta iniciativa, que dice: “Suspender el tratamiento del proyecto de ley de alcoholes y continuarlo mañana -es decir, hoy- hasta su total despacho, en la sesión citada a las 18 horas.”

Tiene toda la razón el Diputado señor Palma, don Andrés.

Por lo tanto, salvo acuerdo unánime de la Sala, corresponde continuar el debate y votar los artículos en los términos y procedimientos adecuados.

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre para plantear un punto de Reglamento.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, entiendo que nuestra responsabilidad es legislar.

El acuerdo suscrito por los Comités señala expresamente los términos en que se van a debatir y votar los artículos pendientes de este proyecto.

Si algún señor parlamentario tiene apuro y no puede quedarse, es su responsabilidad. Esta sesión fue citada entre las 18 y las 21 horas. Lo correcto es que la Mesa, en forma eficiente, ponga en votación los artículos con el tiempo de discusión que corresponda a cada uno. Por lo tanto, no voy a aceptar que no se pueda argumentar respecto de ellos, si algún señor diputado así lo estima conveniente.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Por lo tanto, corresponde continuar el debate.

Tiene la palabra el Diputado señor Villouta.

El señor VILLOUTA.-

Señor Presidente , si el acuerdo es votar el proyecto, como lo fue también ayer, lo lógico sería limitar las intervenciones, porque en un artículo o en un par de indicaciones prácticamente hemos estado una hora. Entonces, no vamos a terminar nunca.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina para plantear un punto de Reglamento.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, sobre este tema quiero plantear lo siguiente.

Hay artículos que requieren de quórum de ley orgánica -quiero ser muy franco- y tengo la impresión de que, existiendo incluso unanimidad respecto de ellos en la Sala, por diversas razones, no se alcanzará el quórum para aprobarlos, aun cuando sé que la Mesa hará los llamados pertinentes para lograrlo.

Sería lamentable que, habiendo unanimidad, el proyecto quedara despachado sin artículos que son fundamentales, entre otros, nada menos que los referidos a la competencia de los juzgados de policía local. Entiendo que hay unanimidad para tratar esa materia, ya que la Comisión aprobó por unanimidad una norma que, si mal no recuerdo, redactó en gran parte el Diputado señor Elgueta .

Entonces, pido a los jefes de bancadas que llamen a sus diputados para tratar de despacharlo hoy. Se trata de un artículo que cuenta con unanimidad y no requiere mayor debate; pero asegurémonos de tener el quórum.

Ésa es la verdad por la cual no se quiere votar ese punto.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , no quiero controvertir la observación del Diputado señor Espina, porque está señalando algo razonable. La sesión se inició con nuestra bancada casi completa -lo mismo que otras-, pero paulatinamente los parlamentarios se han ido retirando de la Sala. No quiero hacer una crítica a los que no están.

En todo caso, respecto de algunas normas -en el fondo, eso es lo que argumenta el Diputado señor Espina- hay personas que se oponen. Por ejemplo, a mí no me parece prudente que una de ellas quede en este texto. Entonces, si existe el acuerdo previo de votarla y tengo posibilidad de ganar la votación, ¿por qué voy a aceptar que la votación se postergue indefinidamente hasta que haya un quórum distinto? ¡Me parece un absurdo! En consecuencia, votemos como corresponde y despachemos este proyecto ahora.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi .

La señora CRISTI.-

Señor Presidente , se ha tratado de hacer burla diciendo que esta iniciativa será despachada en cinco años más. Ojalá que no sea así, porque el alcoholismo es el primer problema de salud pública y la primera causa de muerte de los jóvenes que conducen vehículos en estado de ebriedad.

Debemos ser más responsables y, si este proyecto no va a ayudar a resolver todos los problemas, por lo menos es una herramienta nueva importante. Posiblemente, contenga artículos menos trascendentes que otros, pero sería realmente delicado que el artículo 57, que traspasa la competencia a los juzgados de policía local y preocupa a los señores diputados -los demás no son trascendentales para el éxito de la aplicación de la ley- no sea aprobado por falta de quórum. Ello significaría que, como la vigente, será una ley retrógrada, estancada en los tribunales del crimen.

Por otra parte, en mi opinión, hasta ahora no se ha cumplido el acuerdo consistente en que cuatro señores diputados hagan uso de la palabra por cinco minutos.

Propongo a la Sala que discutamos todos los artículos que quedan, menos el 57 -el más importante, fundamental y básico para el desarrollo de los futuros procesos judiciales-, que quedaría pendiente para el próximo martes. Ojalá el Diputado señor Latorre dé la unanimidad y vote el artículo 54 en la forma que quiera, pero, por favor, seamos cuidadosos con el artículo 57, que es el más relevante.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Balbontín .

El señor BALBONTÍN.-

Señor Presidente , en la citación a esta sesión se señala claramente que este proyecto será despachado en la presente sesión, en virtud del acuerdo adoptado anteriormente. Entre otros, ése era su objetivo.

En segundo lugar, respaldo lo señalado por la Mesa, en el sentido de desplazar, por razones de técnica legislativa, la disposición contenida en el inciso cuarto del artículo 36 -que se refiere a cuestiones de carácter transitorio- al final de la discusión, pero terminémosla hoy.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Señores diputados, estamos en una cuestión reglamentaria clara, en el sentido de que hay un acuerdo unánime de los Comités. La Mesa quería dar mayores facilidades para debatir, dejando en suspenso para el martes próximo la votación de los artículos que requieren determinado quórum.

En consecuencia, solicito nuevamente la unanimidad de la Sala para debatir las normas pendientes, votar las que no requieren de quórum especial y dejar en suspenso la votación de los dos artículos -inciso final del artículo 36 y artículo 57, de quórum calificado- para la sesión del martes próximo.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Varios señores diputados.-

No, señor Presidente.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

No hay acuerdo.

Corresponde, entonces, discutir y votar el artículo 41, separadamente.

Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente , entiendo que el espíritu que informa todas las normas reglamentarias de esta Cámara es la racionalidad en la actividad de legislar.

Por lo tanto, solicito que suspenda la sesión por un par de minutos y cite a una reunión de Comités para acordar un procedimiento racional para despachar este proyecto de común acuerdo.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

A solicitud de Renovación Nacional, cito a reunión de Comités.

Se suspende la sesión por cinco minutos.

-Se suspendió la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Se reanuda la sesión.

Hay acuerdo de los Comités para debatir y votar todos los artículos pendientes, con excepción del inciso final del artículo 36, que pasa ser un artículo transitorio, y del artículo 57, disposiciones que se votarían sin debate en la sesión del próximo martes.

En discusión el artículo 41.

Advierto a los señores diputados que seremos muy rigurosos en el cumplimiento de los tiempos acordados.

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , como todos los colegas pueden apreciarlo, el artículo 41 entrega al intendente regional, por razones de interés público y previo informe del alcalde respectivo, la posibilidad de adoptar decisiones que no dejan de ser relevantes, puesto que se le faculta para limitar o prohibir, por un plazo no superior a un año, el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en las comunas o localidades en que lo estime conveniente, pasando a ser zonas secas.

Me parece que esta disposición excede las actuales facultades de un intendente regional.

No quiero extenderme en mi argumentación, porque ya hemos analizado esta materia en varias instancias de la tramitación del proyecto. Se trata de una norma que requiere quórum calificado para ser aprobada, por cuanto entrega atribuciones especiales a personeros de la Administración Pública, como son los intendentes regionales. Ése es el punto central sobre el cual no quiero abundar.

Sin embargo, deseo agregar que muchas de estas disposiciones, lamentablemente, se prestan para discriminaciones y abusos en el mundo rural. No estoy de acuerdo con entregar esta facultad a los intendentes sin que previamente sea discutida, más aún cuando hoy la tiene el Presidente de la República.

Por lo tanto, me opongo al texto del artículo 41 y a las indicaciones de que fue objeto.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Para hablar en contra del artículo 41, tiene la palabra, por cinco minutos, el Diputado señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , comparto plenamente que es importante contar con una ley como ésta y rechazo absolutamente la posibilidad de que sea aprobada dentro del plazo de cinco años. Creo que es un gran error plantearlo de esa forma después de todo el esfuerzo realizado. Sin embargo, la urgente necesidad de despacharla ha sido la causa de que algunos artículos, como el 38, contengan elementos que deberán ser revisados.

La atribución que se entrega al intendente regional, previo informe del alcalde, contiene elementos arbitrarios que, si la Comisión los debatió, habrá tiempo para conocerlos con mayor profundidad. En todo caso, se trata de una facultad arbitraria que se entrega a una autoridad superior, estableciendo como único requisito un informe previo, positivo o negativo, del alcalde. De manera que el alcalde estará sometido a las más diversas presiones, porque en la actualidad existen diversos y graves problemas en muchas comunas respecto de estas situaciones. La autoridad más indicada para resolver los problemas es, sin duda, la que tiene el conocimiento directo de la situación, y en ese sentido es el informe del alcalde o del concejo el que puede tener una gravitación importante. Por otra parte, quien también puede determinar la suspensión del expendio de bebidas alcohólicas es el juez.

No entiendo por qué se hace recaer la decisión en el intendente regional, en circunstancias de que por las razones que se expresan en el proyecto podría estar radicada en el juez de policía local o del crimen de la respectiva comuna, previo informe del alcalde, toda vez que es él quien toma las resoluciones. Entonces, el hecho de entregar a una autoridad política la facultad de negar una autorización o de tomar cualquier tipo de medidas, hará que sus resoluciones sean adoptadas con un criterio político y no técnico o dentro del ámbito de la justicia. De modo que se trata de una atribución que, más que facilitar la resolución de los problemas, puede complicarlos aún más.

En ese sentido, si bien es necesario que exista restricción -hay necesidad de ello en innumerables casos-, la facultad que se entrega al intendente regional no me parece la más adecuada, y no sé si la Comisión consideró la posibilidad de otorgársela a otra autoridad. Existe la necesidad de restricción de la autoridad competente a la cual se le entrega esta atribución; sin embargo, en mi opinión, resulta cuestionable o revisable.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Para argumentar a favor del artículo 41, tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente , no cabe duda de que en la legislación actual es el Presidente de la República quien puede ejercer esta facultad. Pues bien, de acuerdo con el espíritu de la regionalización, el proyecto traslada dicha facultad al intendente regional, con el informe del alcalde respectivo.

Aquí se ha dicho que esto puede prestarse para caprichos, abusos, arbitrariedades, etcétera, suponiendo al intendente las situaciones más indignas. Por eso, las Comisiones Unidas intercalaron un inciso que dice que la resolución que se dicte podrá ser reclamada en la forma prevista en el artículo 102 de la ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. O sea, se puede presentar un recurso de ilegalidad ante los tribunales, para que sea nada menos que la Corte de Apelaciones la que resuelva. Incluso, se puede llegar hasta la Corte Suprema si la resolución contraría intereses, viola la ley o perjudica a algún ciudadano o entidades de una región.

Así, se traspasa al intendente regional la facultad de prohibir o limitar el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, atribución que en la actualidad corresponde al Presidente de la República , que tiene bastante que hacer como para estar preocupado de declarar zona seca a una región o de decidir si se venden o no bebidas alcohólicas en una comuna determinada. Esos son los problemas que debemos evitar al gobierno central, trasladando a las bases la toma de decisiones.

Es cierto que puede haber arbitrariedades y abusos, pero también lo es que existe una instancia para reclamar, en virtud de la propuesta de las Comisiones Unidas.

Por las razones expuestas, soy partidario de aprobar esta norma.

Por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Tohá .

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por un minuto, el Diputado señor Tohá.

El señor TOHÁ.-

Señor Presidente, nadie ha cuestionado la facultad que en la actualidad tiene el Presidente de la República. Sin embargo, en situaciones de emergencia, en que es necesario declarar zona seca a una comuna o sector de una provincia, ¿quién mejor que el intendente, que tiene cabal conocimiento de la situación? Incluso, se da la posibilidad de que la gente que no esté de acuerdo con una determinación, puede recurrir a los tribunales. Por eso, como no se cuestiona la facultad del Presidente de la República , sino sólo el hecho de que sea el intendente, votaré favorablemente el artículo 41 porque previene situaciones de emergencia o especiales en que podría ser aconsejable declarar zona seca a una comuna o región.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Para hablar a favor, tiene la palabra, por cinco minutos, el Diputado señor Alberto Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente , sólo para agregar a las muy contundentes razones dadas por los Diputados señores Elgueta y Tohá , que es de absoluta conveniencia mantener esta norma.

Ante todo, recuerdo que ésta es una atribución que hoy tiene el Presidente de la República.

En segundo lugar, la idea de conferírsela al intendente regional es un concepto patrocinado por el propio Gobierno; él es el que en diversos proyectos ha planteado esta idea obvia de dar esta facultad, de acuerdo con los normas sobre regionalización, a la autoridad que está más cerca del problema, como es el intendente, para que resuelva con más antecedentes. La misma facultad que tiene el Primer Mandatario ahora se entrega al intendente.

En tercer lugar, precisamente para evitar las aprensiones planteadas por el Diputado señor Latorre -que tiene razón-, prevenir irregularidades y presiones ilegítimas, las Comisiones Unidas establecieron que la resolución del intendente puede ser objeto de un recurso de ilegalidad. Es decir, la persona afectada puede reclamar de ilegalidad, en los términos y formas previstos en la ley orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, ante la Corte de Apelaciones, lo que ahora no puede hacer respecto de una eventual resolución del Presidente de la República , que está mucho más lejos del problema.

Por último, una cuestión constitucional. No estamos hablando de una delegación de facultades del Presidente de la República a los intendentes, sino de una norma orgánica constitucional que otorga a la autoridad regional una facultad legal. A todas luces, esta norma es un avance notable en la ley.

Por lo tanto, pido que lo meditemos y que votemos a favor del artículo 41.

Señor Presidente , concedo una interrupción al Diputado señor Latorre .

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, este artículo señala en su introducción lo que en la actualidad es una atribución del Presidente de la República , la que, tal vez, también sería razonable que tuviera el intendente.

Esta disposición, en el párrafo posterior a la indicación que se sugiere intercalar, señala algo que me parece absolutamente incongruente con el resto del proyecto: “Asimismo, se podrá prohibir la existencia de establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas en sectores destinados a grupos habitacionales o en los alrededores de las estaciones de ferrocarriles, terminales de buses, mataderos, mercados u otros.” Es decir, no sólo se está reproduciendo una atribución que en la actualidad posee el Presidente de la República , sino, adicionalmente, se señala que el intendente puede prohibir, en cualquier momento y hasta por el plazo de un año, la existencia de establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas en determinados sectores de su región donde se ubiquen mercados, mataderos, terminales de buses, estaciones de ferrocarriles -donde existan, pues no hay muchas en el país-, etcétera.

Ya he señalado mi opinión general respecto de este artículo, pero no me he referido a las indicaciones. Con todo, mantengo mi voto negativo a que este tipo de atribuciones las tenga hoy el intendente, no sólo el de mi región -a quien le tengo mucho aprecio-, sino cualquiera.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Cardemil.

El señor CARDEMIL .-

Señor Presidente , con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Luksic .

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente , lo que se está mencionando acá es fruto del proceso de descentralización que vive nuestro país. Muchas facultades del gobierno central, radicadas en el Presidente de la República o en alguno de los ministerios, han sido traspasadas a los gobiernos regionales.

Lo que menciona el Diputado señor Latorre es una extensión o complemento de la facultad que hoy entregamos al intendente regional y que con anterioridad era propia del Presidente de la República. Sin embargo, de ninguna manera se puede colegir que ello es inconstitucional, porque esto mismo lo hemos desarrollado en otras normas, esto es, traspasar competencias del gobierno central al regional.

He dicho.

El señor ARANCIBIA ( Vicepresidente ).-

En votación el artículo 41 con la indicación.

Hago presente que requiere quórum de ley orgánica constitucional y que necesita 69 votos para su aprobación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Rechazado el artículo con la indicación por no haberse alcanzado el quórum constitucional requerido.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Álvarez-Salamanca, Arancibia, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bayo, Bombal, Cardemil, Coloma, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Elgueta, Elizalde, Estévez, Gajardo, Galilea, Gutiérrez, Huenchumilla, Jeame Barrueto, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Melero, Naranjo, Orpis, Ortiz, Pérez (don Ramón), Pollarolo (doña Fanny), Prokuriça, Reyes, Rodríguez, Salas, Sota, Tohá, Urrutia (don Salvador), Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Ascencio, Latorre, Morales, Muñoz, Navarro, Palma ( don Andrés) y Venegas.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

García (don René Manuel), Makluf y Valcarce.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

En discusión los artículos 54 y 56.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate

En votación.

Si le parece a la sala, se aprobarán por unanimidad.

Aprobados.

Se procederá a poner en discusión el artículo 57, que requiere quórum de ley orgánica constitucional, pero su votación se llevará cabo en la sesión del próximo martes.

En el debate podrán hablar dos diputados a favor y dos en contra.

Para oponerse al artículo, tiene la palabra el Diputado señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , más que hablar en contra, quiero hacer una observación que, sin duda, debe haber estado presente en la discusión en la Comisión. Dice relación con un hecho que ya vivimos tras la aprobación de la ley Nº 19.450, que dispone que los jueces de policía local debían hacerse cargo de las multas por robo, hurto o estafa inferiores a cinco unidades de fomento y cuya aplicación debió suspenderse, pues esos tribunales no estaban en condiciones o no tenían la capacidad de asumir esa tremenda tarea.

Mi duda, ante una resolución como ésta, que creo pertinente, necesaria y que debemos aprobar a la brevedad, es que pudiera surgir igual cuestionamiento respecto de la capacidad de los juzgados de policía local para asumir lo dispuesto en el artículo 57.

Solicito que algún diputado de la Comisión informe respecto de este alcance.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Balbontín .

El señor BALBONTÍN .-

Señor Presidente , tengo entendido que la norma se perfeccionó en la Comisión, de modo de no incurrir en el inconveniente señalado por el Diputado señor Navarro . En caso de que no existiere juez abogado, conocerá la causa el juzgado de policía local más cercano donde sí haya juez letrado. Es decir, se busca un fundamento legal en este tipo de decisiones.

De acuerdo con la misma lógica sostenida en el artículo anterior -lamentablemente no se aprobó porque no reunió el quórum necesario-, se requiere descentralizar en la mayor medida posible hacia los jueces de policía local la toma de decisiones en esta materia, pues ellos son los que están más cerca de la base social y conocen con más detalle lo que está ocurriendo con el problema del alcoholismo.

Sin perjuicio de las dificultades de carácter administrativo, es conveniente avanzar en esta materia.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente , complementando la información del Diputado señor Balbontín , quiero señalar, en primer lugar, que la ley Nº 19.450, cuya aplicación está suspendida con el objeto de determinar las competencias tan distintas de los juzgados de policía local, permitirá, mientras se tramita el proyecto y si se aceptan las modificaciones a esa ley, resolver estos problemas.

En segundo lugar, los jueces de policía local no van a conocer de las causas de manejo en estado de ebriedad simples o las que causen lesiones, daño, muerte, etcétera, porque eso quedará entregado siempre a los jueces del crimen.

En tercer lugar, de acuerdo con el artículo transitorio, las causas a que nos referimos en una oportunidad y que ascienden a alrededor de 200 mil, comprendidas todas las infracciones, seguirán radicadas en los mismos tribunales hasta su término, de manera que allí hay una solución al problema.

En cuarto lugar, en el país no existen en todas las comunas jueces de policía local que sean abogados, situación que también se está reglamentando, porque, en ese caso, se traspasan esas causas a los juzgados de policía local más cercanos que tengan juez letrado.

No obstante que por esas razones cree-mos que el tema está superado, quiero dar una última, de fondo: la mayoría de los jueces del crimen están muy recargados por estar conociendo de todas las infracciones a la ley de alcoholes; en consecuencia, ellos mismos han activado este traspaso a la comuna, que es conveniente, como dijo el Diputado señor Balbontín , porque hay una cercanía mucho mayor para resolver los problemas que allí se producen.

Por ello, solicito que la norma se vote favorablemente el próximo martes.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi .

La señora CRISTI.-

Señor Presidente , quiero agradecer la disposición de los señores diputados para trasladar al martes la votación de este artículo y decir que es de los más importantes y fundamentales del proyecto, porque uno de los graves problemas de la Ley de Alcoholes es justamente que todas las faltas se radican en el juez del crimen, lo que implica gran demora o incumplimiento de sus disposiciones, dado que las multas no llegan a ser realidad. Por ejemplo, para clausurar una botillería o un local de expendio de alcoholes, una falta debe repetirse tres veces, o vender tres veces a menores para consumo, o permitir tres veces la permanencia de ebrios en el lugar. Es decir, nunca se llega a clausurar un local.

Lo mismo sucede con uno de los principales problemas que preocupa a muchas personas: el clandestinaje. Para conseguir el allanamiento de un local donde se presume que existe un clandestino, se requiere la autorización del juez del crimen. Evidentemente, cuando se consigue la posibilidad de entrar al local, ya no quedan rastros de que existiera allí un clandestino.

Por lo tanto, considerar estas faltas en la Ley de Alcoholes, permitirá agilizar estos trámites a nivel comunal y dar cumplimiento a sus normas. Además, tiene el mérito de que el producto de las multas aplicadas por faltas quedarán en la comuna, y con esos recursos, que calculamos que serán de alrededor de 5 mil millones de pesos, la municipalidad podrá prevenir el problema del alcoholismo y destinar mayores fondos a los sectores de salud.

Respecto de la preocupación puntual del Diputado señor Navarro , que es lógica, cabe señalar que la situación planteada en el proyecto es distinta a la producida con el traspaso de causas producto de la perpetración de delitos. En primer lugar, porque de acuerdo con un artículo transitorio, las aproximadamente 300 mil causas actualmente radicadas en los juzgados del crimen no serán trasladadas, sino que terminarán su tramitación en esos tribunales. En segundo lugar, los juzgados de policía local irán asumiendo este tipo de causas, lo cual coincidirá con una reforma a la ley respectiva que permitirá el aumento del número de jueces y secretarios, medios e infraestructura de estos tribunales a nivel comunal.

Reitero que este artículo es el más importante para que la ley pueda ser efectiva, rápida y eficaz. Por lo tanto, pido que se vote positivamente y agradezco a todos los diputados que así lo han entendido.

Agradezco también la disposición del Diputado señor Elgueta , que ha hecho un gran aporte en el tratamiento de la materia; al Diputado señor Luksic , al Diputado señor Balbontín , que también adhirió a varias de las propuestas, y a todos los que han aportado para que sea posible el traspaso de las causas por faltas e infracciones a la Ley de Alcoholes, a los juzgados de policía local.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Señores diputados, con esto hemos dado cumplimiento al procedimiento convenido.

Reitero que están aprobados con su indicación correspondiente los artículos 54 y 56; el artículo 41 no obtuvo el quórum constitucional requerido; hay un inciso final que es corolario del cambio de atribuciones a los intendentes, debido a lo cual también debe considerarse rechazada esa parte del artículo 41.

Queda pendiente la votación del inciso final del artículo 36, que pasa a ser norma transitoria, y la del 57.

-Queda pendiente la votación del proyecto.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ALCOHOLES. Primer trámite constitucional. (Continuación).

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

De acuerdo con el procedimiento convenido, corresponde votar en este momento los dos artículos pendientes del proyecto modificatorio de la Ley de Alcoholes; es decir, el inciso tercero del artículo 36 -que pasaría a ser transitorio-, y el artículo 57.

El señor COLOMA .-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor COLOMA .-

Señor Presidente , ¿podríamos dejarlo para las 13 horas, porque algunos diputados de nuestra bancada están interesados en votar?

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, podríamos postergar la votación hasta las 13 horas.

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente , quiero referirme en forma muy breve al inciso que pasa a ser una disposición transitoria.

Ese artículo de la ley actual es permanente. Lo que pasa es que hay una confusión y, por técnica legislativa, debe quedar como permanente, porque no se refiere sólo a los lugares de expendio de bebidas alcohólicas que en este momento están adosados o a menos de cien metros de cuarteles, hospitales o establecimientos educacionales; puede ocurrir, en el futuro, que algún cuartel o establecimiento educacional se construya al lado de dichos lugares. Por lo tanto, la disposición es permanente y no transitoria. Estoy a favor de la norma, pero pido que se vote como permanente.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Señor diputado, la Mesa estudió las razones que da, y las comparte.

Por lo tanto, no obstante estar de acuerdo con el procedimiento inicial, someteremos a votación el inciso tercero del artículo 36 en carácter de permanente, dejándose sin efecto la modificación inicial.

En votación el inciso tercero del artículo 36.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

No hay acuerdo.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 4 abstenciones.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Por no haberse reunido el quórum requerido, se da por rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló, Allende ( doña Isabel), Arancibia, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Bayo, ombal, Caminondo, Cardemil, Cristi ( doña María Angélica), Dupré, Elgueta, Espina, Estévez, Ferrada, Gajardo, García (don José), García-Huidobro, González, Jara, Jürgensen, Karelovic, Latorre, Luksic, Masferrer, Morales, Ojeda, Ortiz, Pérez ( don Aníbal), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokuriça, Reyes, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Seguel, Solís, Sota, Tohá, Ulloa, Vargas, Viera-Gallo, Vilches, Villouta, Walker, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

-Votó por la negativa el Diputado señor Chadwick.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Álvarez-Salamanca, Coloma, Pizarro y Silva.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Corresponde votar el artículo 57.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, pido que se suspenda la sesión.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Se suspende la sesión por tres minutos.

Se suspendió la sesión.

Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

El artículo 57 se refiere a la competencia de los tribunales, y deseo subrayar el alcance de esta disposición.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Desafortunadamente, tampoco se alcanzó el quórum requerido -de 67 votos- y, por lo tanto, queda rechazado el artículo 57.

Despachado el proyecto.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Arancibia, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bayo, Bombal, Caminondo, Cardemil, Coloma, Cornejo, Cristi ( doña María Angélica), Chadwick, Dupré, Elgueta, Espina, Estévez, Fantuzzi, Ferrada, Gajardo, Galilea, García (don José), García-Huidobro, González, Hernández, Jara, Jürgensen, Karelovic, Latorre, Luksic, Masferrer, Melero, Montes, Morales, Munizaga, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma ( don Andrés), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Pizarro, Pollarolo ( doña Fanny), Prokuriça, Reyes, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Solís, Sota, Ulloa, Vargas, Viera-Gallo, Vilches, Villouta, Walker y Zambrano.

-Votaron por la negativa las siguientes señoras Diputadas:

Saa (doña María Antonieta) y Wörner ( doña Martita).

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Álvarez-Salamanca y Navarro.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Por asunto reglamentario, tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , el artículo recién votado se rechazó sólo por falta de quórum; de manera que solicito a su Señoría que recabe el asentimiento de la Sala para que el oficio que se envía al Senado acompañando al texto del proyecto aprobado, se complemente con otro que indique aquellos artículos que, a pesar de contar con mayoría parlamentaria, no fueron aprobados, con el objeto de que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado lo tenga en cuenta al momento de discutir el proyecto.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Señor diputado , el señor Secretario me informa que su Señoría, que fue Vicepresidente , debe saber que la norma es comunicar al Senado sólo las disposiciones aprobadas por la Corporación.

El señor ESPINA.-

Precisamente por eso estoy formulando la petición. Es un asunto de buena presentación de un proyecto ante el Senado, porque nadie pretende que se den por aprobadas las normas.

No cuesta nada que la Corporación le adjunte al presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, en un oficio paralelo, aquellos artículos que, habiendo obtenido una alta votación favorable, ésta no fue suficiente para lograr el quórum de aprobación. Eso lo puede hacer el señor Secretario , como se ha hecho con otros proyectos.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo .

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente , entiendo el buen espíritu del Diputado señor Espina. Lo hace para que la norma, que votamos casi todos a favor, sea aprobada en el Senado. Pero eso rompe la normal tramitación de los oficios de una cámara hacia la otra.

En este caso, corresponde que los señores diputados pidan a los senadores que presenten una indicación similar a la nuestra y expliquen lo ocurrido con la votación.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , para no romper la tradición que señala el Diputado señor Viera-Gallo , es perfectamente posible que en un oficio separado se adjunten estos antecedentes.

Es lógico que una cámara, en ciertas oportunidades, remita a la revisora el total de los antecedentes, lo cual se hace frecuentemente respecto de muchos proyectos, de manera que no es anormal que en un oficio separado se señalen estos casos. Es un asunto de buena administración.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Solicito la venia de la Sala para acoger la petición del Diputado señor Espina, con la aclaración de que en el informe que se envíe al Senado vayan, como antecedentes complementarios, todos los informes correspondientes.

Tiene la palabra el Diputado señor Silva.

El señor SILVA.-

Señor Presidente , estamos dispuestos a dar el acuerdo, siempre que ésta sea una norma que se repita en el tiempo y contemos con la anuencia de la Oposición en otros proyectos para enviar estos oficios adjuntos.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

La petición se está constituyendo en un precedente que nos aparta de la normal tramitación de los proyectos.

Acordado.

Se enviarán los antecedentes completos al Senado.

Despachado el proyecto.

VALPARAISO, 14 de enero de 1997

Oficio Nº 1353

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo de la Moción, Informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1º.- Serán reguladas por esta ley la penalidad de la ebriedad; del desempeño y conducción en estado de ebriedad; del expendio y consumo abusivo de bebidas alcohólicas; la clasificación de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas y el otorgamiento de las patentes; el procedimiento judicial aplicable a la transgresión de dichas disposiciones y las sanciones pecuniarias correspondientes; y las normas que promuevan la prevención del alcoholismo y la rehabilitación de los alcohólicos.

TITULO I

DE LA PENALIDAD DE LA EBRIEDAD

Artículo 2º.- No se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en calles, plazas y demás lugares públicos o abiertos al público, salvo en los señalados en el título IV que cuenten con la autorización o patente respectiva.

El que infrinja esta norma será detenido por personal de Carabineros de Chile y, previa comprobación de su identidad y consignación en dinero del valor de la multa, deberá ser dejado en libertad por el personal de guardia que adopte el procedimiento.

En caso de que el infractor se niegue o no pueda consignar el valor de la multa, será dejado en libertad una vez comprobada su identidad y domicilio, quedando obligado a comparecer al juzgado competente, a primera audiencia. A la citada audiencia podrá comparecer también el infractor que, habiendo consignado el valor de la multa, deseare reclamar de su aplicación o de su monto.

Si no se pudiere comprobar su identidad y domicilio, será puesto a la brevedad posible a disposición del mismo juzgado.

Carabineros de Chile deberá dar cuenta al juzgado competente de las consignaciones percibidas y de la identidad y domicilio de las personas detenidas que las hayan efectuado, en la primera audiencia.

Artículo 3º.- Toda persona que se encontrare en manifiesto estado de ebriedad en lugares públicos o abiertos al público será detenida por personal de Carabineros de Chile y deberá permanecer en la unidad policial el tiempo necesario para su recuperación. Con posterioridad, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior, será dejada en libertad por el personal de guardia que adopte el procedimiento, quedando citada a primera audiencia al juzgado competente.

Artículo 4º.- En el caso del artículo 2º, el juez sancionará al infractor con una multa de hasta un cuarto de unidad tributaria mensual.

En el caso del artículo 3º, lo sancionará con una multa de hasta media unidad tributaria mensual.

Artículo 5º.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, si el jefe de la unidad policial aprehensora o el juez, en su caso, constataren que la detención del presunto ebrio se ha debido a un error, causado por padecer éste de alguna patología como epilepsia, trastorno mental u otra, lo pondrá en libertad de inmediato y, si fuere necesario, tomará las medidas del caso para que reciba la atención médica correspondiente, dejando las constancias pertinentes.

Artículo 6º.- Al menor de dieciocho años que fuere sorprendido bebiendo en lugares públicos y al que se encontrare en manifiesto estado de ebriedad en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 3º, se le aplicarán las disposiciones de la ley Nº 16.618.

Artículo 7°.- El juez que dictare el último fallo podrá ordenar que la persona condenada por ebriedad por sentencia firme o ejecutoriada, tres o más veces en los últimos doce meses, asista obligatoriamente, durante el plazo que indique y según lo señale un informe de un médico legista o especialista, a programas de educación y de prevención sobre los efectos del consumo excesivo de alcohol, que se entreguen en los Servicios de Salud, Municipalidades o Instituciones dedicadas a dicho objeto, o a un programa de tratamiento para bebedores y alcohólicos, ya sea en forma ambulatoria u hospitalizada, sin perjuicio de que cumpla con las otras sanciones que le sean aplicadas.

Artículo 8°.- El costo de los programas de tratamiento deberá ser pagado por el infractor o por su sistema de salud, cuando corresponda. Tratándose de menores de edad o de quienes se encuentren sometidos a curadurías, dichos costos deberán ser pagados por sus respectivos guardadores o representantes legales.

Los infractores que no pudieren pagar el tratamiento indicado por resolución judicial, que así lo acrediten con informe de la Municipalidad respectiva, podrán ser atendidos gratuitamente por los Servicios de Salud.

Artículo 9º.- Los dueños, empresarios, administradores o empleados de los establecimientos de bebidas alcohólicas clasificados en el artículo 26 que vendan, proporcionen o suministren bebidas alcohólicas a menores de edad, serán sancionados con una multa de tres a diez unidades tributarias mensuales.

Lo señalado en el inciso anterior no regirá en el caso de menores que se encontraren acompañados de sus padres o de sus representantes legales en los establecimientos clasificados en las letras B), C) e I) del artículo 26, caso en el cual la responsabilidad recaerá en los mayores a cuyo cuidado se encuentren.

En la misma pena establecida en el inciso primero incurrirán los que admitan a ebrios en el lugar de la venta o sus dependencias, los que permitan a sus consumidores beber hasta embriagarse y los que toleren que se provoquen escándalos o desórdenes dentro de sus establecimientos.

Los que reincidan en las infracciones de los incisos primero y tercero de este artículo serán sancionados con el doble de la multa aplicada a la primera infracción. La tercera transgresión de esta disposición se sancionará con la clausura definitiva del establecimiento.

Para los efectos de determinar la reincidencia, se considerarán las infracciones cometidas y sancionadas por sentencia firme en los últimos doce meses anteriores a la que dio lugar al juicio.

Artículo 10.- Los dueños, empresarios, administradores o empleados de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, indicados en el artículo anterior, deberán exigir la cédula de identidad a sus consumidores que, aparentemente tengan menos de dieciocho años.

Artículo 11.- El cónyuge y los hijos menores de una persona que en los últimos doce meses haya sido condenada más de una vez por ebriedad, y que vivan a sus expensas, tendrán derecho a percibir una pensión de alimentos provisoria para su mantenimiento, de hasta el 50% de los ingresos del infractor, en tanto que el juez respectivo determine su monto definitivo conforme a la ley.

Para este efecto, el juzgado que haya impuesto la segunda condena deberá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se notifique al empleador o persona que pague las remuneraciones del infractor para que retenga el indicado 50% y lo entregue directamente al cónyuge, al padre o a la madre de los menores, según sea el caso.

TITULO II

DE LA PREVENCION Y REHABILITACION

Artículo 12.- En todos los establecimientos educacionales del país, de enseñanza preescolar, básica, media y diferencial, se implementarán programas educativos, en cada uno de los años de estudio, orientados a la formación de vida saludable y al desarrollo de factores protectores contra el abuso del alcohol.

En estos programas participará la comunidad escolar en su conjunto, incluidos los profesores, alumnos, administrativos, padres y apoderados. El desarrollo de estos programas será parte del plan de actividades de cada establecimiento educacional. El Ministerio de Educación entregará las orientaciones y supervisará la implementación de dichos programas. Estas orientaciones deberán considerar la participación del Ministerio de Salud.

Se prohíbe la venta, suministro o consumo de toda clase de bebidas alcohólicas, en forma habitual y permanente, en los establecimientos educacionales. La infracción será penada con multa de uno a cinco unidades tributarias mensuales.

Artículo 13.- En los envases de bebidas alcohólicas que se comercialicen en el país deberá contenerse un mensaje que induzca a la moderación en su consumo.

Artículo 14.- Con objeto de facilitar el cumplimiento de los programas educativos descritos en el artículo 12, el Ministerio de Educación determinará los materiales educativos que se utilizarán para ese fin, proporcionará los medios necesarios para que se cuente con ellos en los establecimientos educacionales de menores recursos y organizará cursos de capacitación de profesores que permitan disponer de docentes especializados en la prevención del abuso en el consumo del alcohol.

Una comisión interministerial, compuesta por representantes de los Ministerios de Educación, de Salud y de Trabajo y Previsión Social, estará encargada de implementar y fomentar programas de prevención de abuso de bebidas alcohólicas para ser impartidos en empresas, servicios públicos y municipalidades, y de arbitrar las medidas y efectuar los estudios necesarios para evaluar sus resultados.

Artículo 15.- En todos los Servicios de Salud del país deberán existir programas de tratamiento y rehabilitación para bebedores problemas y alcohólicos. Estos programas incluirán plazas de hospitalización, consulta externa especializada y tratamiento ambulatorio en todos los establecimientos de salud de nivel primario, sean dependientes de los municipios o de los Servicios de Salud.

De manera similar, los establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, deberán contar con programas que permitan el adecuado tratamiento y rehabilitación de bebedores problemas y alcohólicos para su personal en servicio activo y en retiro.

En estos programas podrán participar Iglesias, Municipalidades, Instituciones públicas y personas jurídicas de derecho privado, las que también podrán ejecutarlos, todo ello, bajo las normas, fiscalización y certificación del Ministerio de Salud.

Artículo 16.- A dichos programas deberán asistir las personas condenadas por ebriedad a quienes la ley imponga un tratamiento médico y las personas que lo soliciten.

Artículo 17.- El cónyuge o el padre o la madre de familia que habitualmente se encontrare bajo la influencia del alcohol, de modo que no le sea posible administrar correctamente sus negocios o sustentar a su cónyuge e hijos, podrá ser internado en hospitales que cuenten con programas de tratamiento para bebedores problemas y alcohólicos, a petición de cualquiera de los miembros mayores de su familia.

El juez procederá, con conocimiento de causa, breve y sumariamente, oyendo personalmente al interesado y a sus parientes, previo informe de un médico legista o especialista que establezca la circunstancia de que se trata de un alcohólico y precise la duración que deba darse al tratamiento. Contra la resolución judicial que se dicte sólo procederá el recurso de apelación.

El menor sometido a tutela o curaduría podrá ser internado a petición del tutor o curador en conformidad a las disposiciones del inciso precedente.

Cualquiera de los miembros del grupo familiar podrá solicitar que a la persona que se encuentre de ordinario bajo los efectos del alcohol y que maltrate habitualmente de obra o de palabra a alguno de los componentes del grupo le sean aplicables todas o algunas de las medidas establecidas en el artículo 7º de la ley Nº 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar.

El juez procederá en la forma establecida en el inciso segundo de este artículo, debiendo precisar la duración de las medidas indicadas precedentemente. En caso de reincidencia, éstas se podrán prolongar por el tiempo que el tribunal estime necesario.

Si el agresor fuere un menor, el juez deberá indicar, en la resolución correspondiente, la institución u hogar de menores que deberá recibirlo por el tiempo que duren las medidas adoptadas por el tribunal.

Artículo 18.- En los programas de tratamiento y rehabilitación para bebedores problemas y alcohólicos, deberán establecerse actividades especiales para los menores de dieciocho años.

Artículo 19.- Antes de terminar el período de la hospitalización, la dirección del hospital enviará a la autoridad que la haya decretado o a la familia del paciente un informe sobre el resultado del tratamiento. Si éste no hubiere dado resultados, el juez podrá prolongar la duración del mismo por el tiempo necesario.

Artículo 20.- A petición de cualquiera de los miembros de la familia del paciente, podrá nombrársele un curador por el tiempo que dure la hospitalización. Los demás tendrán por curador al director del hospital.

Artículo 21.- Los programas o planes de prevención y rehabilitación de alcohólicos se financiarán con los recursos previstos en el artículo 63 de esta ley, sin perjuicio de los demás recursos que el fisco destine para estos efectos.

Podrán participar en los mencionados programas las personas jurídicas de derecho privado mencionadas en el inciso final del artículo 15, debidamente calificadas, para lo cual deberán presentar los respectivos proyectos a los Servicios de Salud encargados de impartirlos en la comuna de su domicilio.

TITULO III

DEL DESEMPEÑO Y CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD

Artículo 22.- Se prohíbe la conducción de cualquier vehículo o medio de transporte, el desempeño en cualquier tipo de maquinaria o el ejercicio de las funciones de guardafrenos, cambiadores o controladores de tránsito, en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol.

El estado de ebriedad y el de encontrarse bajo la influencia del alcohol serán determinados por el juez considerando, especialmente, el informe de alcoholemia o el resultado de otra prueba no invasiva, que serán considerados como informe pericial.

Se presumirá estado de ebriedad cuando el informe o prueba arroje una dosificación igual o superior a 0,8 gramo por mil de alcohol en la sangre o en el organismo.

Se presumirá estado de encontrarse bajo la influencia del alcohol cuando el informe o prueba arroje una dosificación superior a 0,5 e inferior a 0,8 gramo por mil de alcohol en la sangre.

Para todos los efectos de esta ley, tendrán plena aplicación los artículos 189 y 190 de la ley N° 18.290, sobre Tránsito.

Artículo 23.- Los que, en alguna de las actividades descritas en el inciso primero del artículo anterior, lo hicieren en estado de ebriedad, serán castigados con presidio menor en su grado mínimo y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales, aunque no causen daño o sólo causen daños materiales o lesiones leves. Se reputarán leves todas las lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor de diez días.

Si lo hicieren bajo la influencia del alcohol, aunque causaren lesiones leves, se estará a lo prescrito en el artículo 62 de la ley N° 15.231, sobre organización y atribuciones de los juzgados de policía local.

Si, a consecuencia del desempeño o conducción en estado de ebriedad, se causaren lesiones menos graves, la pena será de presidio menor en su grado medio y multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales.

Si resultaren lesiones graves o la muerte de una o más personas, se impondrán al culpable las penas de presidio menor en su grado máximo y multa de ocho a veinte unidades tributarias mensuales. En las mismas penas incurrirá el causante de lesiones graves o muerte, si la causa determinante del accidente fuere la conducción o el desempeño bajo la influencia del alcohol, pudiendo el tribunal hacer uso de la facultad que le confiere el inciso final del artículo 196 B de la ley N° 18.290, de Tránsito.

El tribunal podrá ordenar el examen para detectar la presencia de alcohol en el organismo de las víctimas de lesiones o de muerte, si lo estimare imprescindible para determinar la responsabilidad del conductor.

La circunstancia de huir del lugar donde se hubiere cometido alguno de los delitos a que se refiere este artículo será apreciada por el juez como una presunción para establecer la culpabilidad del imputado.

En los delitos previstos en este artículo, se aplicará como pena accesoria el retiro o la suspensión del permiso o autorización para conducir vehículos por el término de seis meses a un año; de uno a dos años, si se causaren lesiones menos graves o graves, y de dos a cuatro años, si resultare la muerte. En caso de reincidencia, los plazos máximos señalados en este inciso se elevarán al doble, debiendo el juez decretar el retiro definitivo del permiso cuando estime que la conducción de vehículos por parte del infractor ofrece peligro para el tránsito o la seguridad pública.

Las medidas indicadas en el inciso precedente no podrán ser suspendidas; pero, tratándose del retiro definitivo, el juez podrá, después de transcurrido el tiempo requerido para la prescripción de la pena principal, alzar la prohibición de conducción cuando nuevos antecedentes así lo justifiquen.

Artículo 24.- En los casos contemplados en el artículo 190 de la ley Nº 18.290 y en el artículo 22 de esta ley, los exámenes podrán practicarse en los lugares allí señalados o en cualquier establecimiento hospitalario expresamente habilitado por el Servicio Médico Legal, el que podrá impartir las instrucciones que deberán ser cumplidas por todas las reparticiones indicadas, aun cuando ellas no dependan de este Servicio. El responsable del establecimiento arbitrará todas las medidas necesarias para que dichos exámenes se efectúen en forma expedita y para que los funcionarios de Carabineros empleen el menor tiempo posible en la custodia de los detenidos que requieran la práctica de los mismos.

El detenido será puesto a disposición del tribunal, el que podrá otorgarle su excarcelación de acuerdo con las reglas generales, una vez que haya prestado declaración indagatoria.

TITULO IV

DEL EXPENDIO Y DE LAS PATENTES

Artículo 25.- Todos los establecimientos que expendan, proporcionen, distribuyan o mantengan bebidas alcohólicas, estarán sujetos a la vigilancia e inspección de Carabineros de Chile, de los inspectores municipales o fiscales.

Los dueños, empresarios o administradores de estos establecimientos, o cualesquiera personas que estorben o impidan la entrada de los mencionados funcionarios incurrirán en la pena señalada en el artículo 48.

La inspección podrá practicarse, en caso de resistencia, con el auxilio de la fuerza pública.

En la misma multa incurrirán las personas indicadas en el inciso segundo si no tuvieren cédula de identidad o se negaren a exhibirla. En estos casos, esas personas serán detenidas y puestas a disposición del juzgado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los tribunales competentes podrán decretar el allanamiento de propiedades particulares para fiscalizar el cumplimiento de esta ley.

Si de los antecedentes proporcionados se desprenden indicios de que en la propiedad cuyo registro se solicita se venden, proporcionan o distribuyen clandestinamente bebidas alcohólicas, el juez requerido deberá decretar de inmediato tal diligencia, la que deberá llevarse a efecto con el auxilio de la fuerza pública, a más tardar dentro de las veinticuatro horas desde que se formuló la petición respectiva.

Artículo 26.- Todos los establecimientos de bebidas alcohólicas quedarán clasificados dentro de las siguientes categorías y tendrán las características que se señalan:

A) DEPÓSITOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, para ser consumidas fuera del local de venta o de sus dependencias.

B) HOTELES, ANEXOS DE HOTELES, CASAS DE PENSIÓN O RESIDENCIALES:

a) Hotel y anexo de hotel, en el que se preste servicio de hospedaje y alimentación. El expendio deberá realizarse en las dependencias destinadas para tales efectos;

b) Casas de pensión o residenciales, que proporcionen alojamiento y comida, principalmente por meses. El expendio se hará exclusivamente a los alojados, en las horas de almuerzo o de comida y sólo en los comedores.

C) RESTAURANTES DIURNOS O NOCTURNOS, con expendio de bebidas alcohólicas a los clientes que concurran a ingerir alimentos preparados.

D) CABARÉS O PEÑAS FOLCLÓRICAS:

a) Cabarés, con espectáculos artísticos y expendio de bebidas alcohólicas;

b) Peñas folclóricas, destinadas a difundir el folclore nacional, con venta de bebidas alcohólicas.

E) CANTINAS, BARES Y TABERNAS, con expendio de bebidas alcohólicas y venta de comida rápida.

F) ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE CERVEZA O SIDRA DE FRUTAS, que podrán funcionar en forma aislada o junto a pastelerías, fuentes de soda u otros análogos.

G) QUINTAS DE RECREO O SERVICIOS AL AUTO, que reúnan las condiciones de bar, restaurante y cabaré, pero con playa de estacionamiento de automóviles para sus clientes.

H) SUPERMERCADOS O MINIMERCADOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, que funcionarán anexos a supermercados de comestibles y en los cuales se podrá expender bebidas alcohólicas envasadas al por mayor o al detalle, para ser consumidas fuera del local de venta, sus dependencias y estacionamientos.

I) HOTELES, MOTELES, HOSTERÍAS O RESTAURANTES DE TURISMO:

a) Hotel de turismo, en que se presta al turista servicio de hospedaje, sin perjuicio de otros servicios complementarios, y que comprende las patentes de hotel, restaurante, cantina y cabaré;

b) Hostería de turismo, en la que se presta al turista servicio de hospedaje y alimentación, con expendio de bebidas alcohólicas;

c) Motel de turismo, en el que se proporciona servicio de hospedaje en unidades habitacionales independientes o aisladas entre sí, dotadas de elementos que permitan la preparación de comidas;

d) Restaurante de turismo, que comprende las patentes de restaurante, cantina y cabaré.

J) BODEGAS ELABORADORAS O DISTRIBUIDORAS DE VINOS, LICORES O CERVEZA QUE EXPENDAN AL POR MAYOR, en cantidades no inferiores a 200 litros, si se trata de venta a granel, o de 48 botellas, si la venta es de bebidas envasadas.

K) CASAS IMPORTADORAS DE VINOS O LICORES CON VENTA AL POR MAYOR, destinadas a la venta al por mayor de vinos y licores importados.

L) AGENCIAS DE VIÑAS O DE INDUSTRIAS DE LICORES ESTABLECIDAS FUERA DE LA COMUNA, que vendan, por intermedio de comisionistas o de corredores, vinos o licores en representación y por cuenta de una o más viñas o de una o más fábricas de licores o de ambas, siempre que éstas se encuentren ubicadas fuera de la comuna donde el agente ejerce su actividad.

M) CIRCULOS O CLUBES SOCIALES CON PERSONALIDAD JURIDICA, con expendio de bebidas alcohólicas y alimentos.

N) INSTITUCIONES DE CARACTER DEPORTIVO O CULTURAL, con personalidad jurídica, siempre que tengan patente de restaurante.

Ñ) SALONES DE TE O CAFETERIAS, en los que se permitirá también el expendio de cerveza, de sidra y de vino, siempre que vengan envasados.

O) SALONES DE BAILE O DISCOTECAS, en los cuales sólo se permitirá baile con música grabada u orquestas, sin representaciones con números en vivo.

Artículo 27.- Los establecimientos clasificados en el artículo anterior que se indican tendrán el siguiente horario de venta de bebidas alcohólicas:

Restaurantes diurnos y salones de té o cafeterías: de 12:00 a 23:00 horas.

Restaurantes nocturnos, cabarés, peñas folclóricas, discotecas y salones de baile: de 19:00 a 04:00 horas. Cantinas, bares, tabernas, quintas de recreo y servicios al auto: de 12:00 a 24:00 horas. Con todo, los bares que funcionen conjuntamente con los establecimientos indicados en las letras B), C) e I) del artículo 26, podrán funcionar hasta las 04.00 horas.

Establecimientos de venta de bebidas alcohólicas envasadas para ser consumidas fuera del local: de 09:00 a 24:00 horas.

Bodegas elaboradoras o dis-tribuidoras de vinos, licores o cervezas o casas importadoras de vinos y licores que expendan al por mayor, y agencias de viñas o de industrias de licores: de 09:00 a 20:00 horas.

Los supermercados, almacenes y establecimientos afines que expendan bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del local, deberán aislar el área de estos productos para dar cumplimiento a la disposición horaria antes señalada, pudiendo continuar con el funcionamiento del resto del local, si así lo desean.

Artículo 28.- Las municipalidades podrán otorgar patentes para el expendio de bebidas alcohólicas en el área urbana y rural de las comunas, previo informe de Carabineros de Chile que acredite las condiciones de seguridad del lugar y su accesibilidad para su control y fiscalización.

El informe deberá ser evacuado en el plazo de quince días.

En caso de que el informe no se evacúe dentro de plazo o sea negativo, la resolución que otorgue la patente deberá ser fundada.

Artículo 29.- Las patentes se concederán en conformidad con las disposiciones de la ley de Rentas Municipales, sin perjuicio de las normas contenidas en esta ley.

El valor de las patentes deberá ser pagado por semestres anticipados, en los meses de enero y julio de cada año.

Los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas no podrán funcionar sin que hayan pagado previamente la patente que corresponda, ni podrán continuar funcionando sin tenerla al día, salvo que este hecho no fuere imputable al deudor y lo probare documentalmente.

El infractor de esta disposición sufrirá una multa de diez unidades tributarias mensuales, que se aumentarán a veinte, si persistiere. Si, aplicada la segunda multa, el infractor no pagare la patente que lo habilita para expender bebidas alcohólicas, será sancionado con la clausura definitiva del establecimiento y con la caducidad de la patente.

Artículo 30.- Las municipalidades podrán otorgar a un mismo establecimiento sólo una patente para el expendio de bebidas alcohólicas, aunque se consideren en ella distintas categorías. El monto de dicha patente será la suma de todas ellas. El concesionario sólo quedará autorizado para hacer funcionar durante los días y horas de clausura el negocio o los negocios comprendidos dentro del mismo establecimiento no afectos a esta medida.

Artículo 31.- En las ciudades balnearios y lugares de turismo, cuya población no sea superior a 50.000 habitantes, las municipalidades podrán otorgar patentes temporales para hoteles y casas de pensión en un número que no exceda del 20% de las concedidas anualmente para esos establecimientos de funcionamiento permanente.

Artículo 32.- En cada comuna, las patentes indicadas en las letras A, E y F del artículo 26 no podrán exceder, en ningún caso, la proporción de un establecimiento por cada 600 habitantes.

El número de patentes limitadas en cada comuna será fijado cada tres años por el intendente regional, previo informe del alcalde, con acuerdo del concejo, tomando como base el número de habitantes que señale el Instituto Nacional de Estadísticas y distribuidas dentro de las diversas categorías señaladas en el inciso anterior.

Artículo 33.- Las municipalidades determinarán, en sus respectivos planos reguladores, o a través de ordenanzas municipales, las zonas de su territorio en las que podrán instalarse cantinas, bares o tabernas, cabarés y locales de expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del respectivo local.

No obstante lo anterior, se prohíbe la existencia de cantinas, bares o tabernas, cabarés, botillerías y locales de expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas fuera del respectivo local, a menos de cien metros de establecimientos de educación o de salud.

La distancia se medirá entre los extremos más próximos de los respectivos establecimientos, tomando la línea de acceso principal más corta, por aceras, calles y espacios de uso público.

Artículo 34.- Las bodegas clasificadas en la letra J) del artículo 26 no podrán distribuir bebidas alcohólicas en los días y horas en que se prohibe su expendio, salvo que se trate de trasladar dichos productos para embarques o desembarques.

Artículo 35.- Todos los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas, a excepción de hoteles, casas de pensión y residenciales, deberán funcionar separados de la casa habitación del comerciante o de la de cualquier otra persona.

Artículo 36.- Las bebidas alcohólicas expendidas por los depósitos de bebidas no podrán ser consumidas en lugares anexos a ellos o ubicados a una distancia menor de cien metros y de los cuales sea propietario, arrendatario o administrador el dueño del respectivo establecimiento, con excepción de aquellos locales que cuenten con la patente correspondiente.

Artículo 37.- Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en minimercados situados en estaciones de servicios.

Se prohíbe también la venta de bebidas alcohólicas en las vías, plazas y paseos públicos; en los teatros, circos y demás centros y lugares de espectáculo o diversiones públicas, con excepción de aquellos lugares que cuenten con locales debidamente autorizados.

No se entenderá prohibida por este artículo la entrega o reparto de bebidas alcohólicas a los establecimientos de expendio en los caminos públicos o vecinales.

No podrá autorizarse el expendio de bebidas alcohólicas en campos o recintos destinados a espectáculos deportivos.

En los espectáculos de fútbol profesional que el intendente regional califique de alto riesgo para la seguridad pública, decretará la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas en un perímetro máximo de cinco cuadras, medida que regirá desde tres horas antes del inicio del evento hasta tres horas después de su finalización.

Los establecimientos afectados serán notificados de esta resolución por inspectores municipales o por Carabineros de Chile, con veinticuatro horas de anticipación a la entrada en vigencia de la misma.

En los días de Fiestas Patrias, las municipalidades podrán otorgar una autorización especial transitoria, por tres días como máximo, para que en los lugares de uso público u otros que determinen, se establezcan fondas o locales donde podrán expenderse y consumirse bebidas alcohólicas. La municipalidad correspondiente podrá cobrar a los beneficiarios los derechos que estime conveniente.

Artículo 38.- En las comunas en que se efectúe una elección popular, no podrán funcionar el día de la elección los establecimientos mencionados en el inciso segundo del artículo 116 de la ley 18.700.

La contravención de este artículo será sancionada, además, con prisión inconmutable de veintiuno a sesenta días, multa de cinco unidades tributarias mensuales y comiso de las bebidas.

Artículo 39.- En el exterior de todo establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas, se escribirá en letras perfectamente visibles la frase: "Expendio de bebidas alcohólicas". Además, se especificará la clasificación del establecimiento.

La patente deberá fijarse en un lugar visible para el público en el interior del establecimiento.

Artículo 40.- Se prohibe el trabajo a los menores de dieciocho años en los lugares en que se expendan bebidas alcohólicas.

No están comprendidos en esta prohibición los mensajeros, ascensoristas, porteros, ayudantes de garzón, ayudantes de cocina, encargados de aseo, estudiantes en práctica y otros que, en razón de sus ocupaciones, no intervengan en el expendio de bebidas alcohólicas.

Artículo 41.- No podrá concederse patente para establecimientos clasificados en las letras A), E) y F) del artículo 26, a las personas que se encuentren en el ejercicio de los cargos de:

1° Diputados, senadores, intendentes, gobernadores, alcaldes y miembros de los tribunales de justicia.

2° Empleados o funcionarios fiscales o municipales.

3° Miembros de los consejos regionales y de los concejos.

Asimismo, no podrá concederse autorización para la venta de bebidas alcohólicas a:

1° Los que hayan sido condenados por crimen o simple delito.

2° Los dueños o administradores de establecimientos que hubieren sido clausurados definitivamente.

3° Los menores de edad.

Artículo 42.- A los clubes, centros o círculos sociales con personalidad jurídica podrá otorgárseles patente para el expendio de bebidas alcohólicas con informe de la respectiva prefectura de Carabineros de Chile.

En ningún caso podrá otorgarse a una misma sociedad o institución más de una patente de club, centro o círculo social en cada comuna.

Artículo 43.- La municipalidad respectiva deberá suspender la autorización de expendio de bebidas alcohólicas a los establecimientos que se encuentren en los casos siguientes:

1º. Si la patente hubiere sido concedida por error a alguna de las personas indicadas en el artículo 41.

2º. Si el local no reuniere las condiciones de salubridad, higiene y seguridad que establezcan las leyes o reglamentos.

3º. Si la patente hubiere sido transferida a cualquier título a alguna de las personas enumeradas en el artículo 41.

Artículo 44.- Se prohibe la existencia de bebidas alcohólicas en cualquier lugar, inmueble o establecimiento no autorizado para expenderlas, cuando las circunstancias demuestren que dicha existencia tiene por objeto el expendio clandestino. Se presumirá que ellas concurren cuando, además de las bebidas, se sorprendan vasos, medidas u otros utensilios comúnmente destinados al expendio y cuando las bebidas se encuentren ocultas.

La infracción de lo dispuesto precedentemente será penada con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales y con el comiso de las bebidas y utensilios.

La primera reincidencia será sancionada con multa de igual monto, comiso de las bebidas y utensilios y clausura del establecimiento cuando corresponda. La segunda reincidencia se sancionará, además, con prisión inconmutable de veintiuno a sesenta días.

El comiso de las bebidas y utensilios se efectuará en el momento de sorprenderse la infracción y será puesto a disposición del juzgado respectivo.

Artículo 45.- Las personas naturales que expendan bebidas alcohólicas, aun ocasionalmente, y los representantes de las personas jurídicas en cuyos establecimientos se haga igual clase de expendio, sin tener patente que los autorice para ello, serán castigados con las penas indicadas en el artículo anterior.

No será necesario probar el hecho del pago para demostrar el expendio de las bebidas, siendo suficiente para acreditarlo cualquier otra circunstancia que indique que ha habido una venta clandestina.

Se presume el expendio clandestino en los establecimientos no autorizados para venderlas por el solo hecho de permitirse el consumo dentro del local o en sus dependencias.

La venta de bebidas alcohólicas a cualquier establecimiento o medio no autorizado para venderlas será sancionada con multa de quince a veinte unidades tributarias mensuales. Igualmente, se sancionará con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales a los distribuidores, a menos que acrediten justa causa de error en cuanto al destino que ha tenido la mercadería que han distribuido. El vehículo y cualquier otro medio utilizado para cometer esta infracción será retenido por Carabineros y devuelto una vez que se deposite en la unidad policial respectiva el valor equivalente al mínimo de la multa y sus recargos.

Los fabricantes de bebidas analcohólicas o de fantasía deberán expender sus productos envasados. El incumplimiento de esta norma será sancionado con multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.

Artículo 46.- No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, en los casos en que no hubiere podido llevarse a efecto la clausura por ser el establecimiento o local denunciado la casa habitación del condenado, o cuando la clausura causare grave daño a la familia del infractor por esta misma circunstancia, el juez que ha impuesto la sanción, de oficio, a petición del delegado del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes o de cualquier persona y sin forma de juicio, podrá sustituirla, en la parte referente a la clausura, por prisión inconmutable de uno a sesenta días. La resolución que así lo ordene deberá indicar los fundamentos en que se apoya.

Artículo 47.- El otorgamiento de patentes en contravención de las disposiciones de esta ley será sancionado con multa, a beneficio municipal, de diez a veinte unidades tributarias mensuales, que se aplicará al alcalde. Igual sanción se aplicará a los funcionarios municipales que emitan informes maliciosamente falsos, que sirvan de base para el otorgamiento de las patentes o que no las eliminen en los casos previstos por la ley.

Para denunciar estas infracciones, se concede acción pública.

Artículo 48.- Toda infracción de esta ley que no tenga señalada una sanción especial se castigará con multa de una a cinco unidades tributarias mensuales; la segunda vez, se penará con el doble de la multa; la tercera, con el triple de la multa con que se haya sancionado la primera vez y clausura definitiva.

La persona que fuere condenada y no pagare la multa por cualquiera de las infracciones contempladas en esta ley sufrirá, por vía de sustitución y apremio, un día de prisión por cada dos centésimos de unidad tributaria mensual a que haya sido condenada, no pudiendo exceder la pena de sesenta días.

Artículo 49.- Los establecimientos clausurados definitivamente sólo podrán reabrirse para el expendio de bebidas alcohólicas por distinto dueño y con otra patente.

Los establecimientos clausurados temporalmente podrán ser reabiertos antes del plazo cuando el propietario del inmueble acredite que lo destinará a otros usos. En todo caso, para el alzamiento se requiere orden judicial.

La violación de la clausura será castigada con prisión en sus grados medio a máximo, inconmutable, y comiso de las bebidas.

No se tomarán en consideración, para los efectos de determinar la reincidencia o reiteración, sino las infracciones cometidas en los últimos doce meses anteriores a la que motiva el juicio.

Artículo 50.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el juez, en cualquier caso, conociendo de un proceso, de oficio o a petición del intendente regional, del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes, del alcalde o del consejo municipal, podrá clausurar definitivamente un establecimiento cuando éste constituya un peligro para la tranquilidad o la moral públicas, sin que sea menester que se cumpla con el número de transgresiones necesarias para producir la clausura, ni que éstas sean específicas.

La resolución del juez será fundada y apelable en el solo efecto devolutivo.

Artículo 51.- De las sanciones que se apliquen por infracción de las disposiciones de esta ley serán solidariamente responsables los dueños, empresarios o regentes de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas.

Artículo 52.- Las bebidas y elementos a que se refiere el artículo 44 serán vendidos en subasta pública por el funcionario del respectivo tribunal que designe el juez. Su producto, una vez deducidos los gastos del remate, se ingresará en la Tesorería Provincial correspondiente, para ser depositado en una cuenta especial que llevará la Tesorería General de la República.

Los recursos mencionados deberán ser destinados a los programas de prevención y rehabilitación establecidos en esta ley.

Sólo podrán concurrir como postores al remate los comerciantes de alcoholes que tengan su patente al día.

TITULO V

DE LA COMPETENCIA Y DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Artículo 53.- Los agentes de la policía que sorprendan infracciones o contravenciones de esta ley deberán denunciarlas al juzgado competente.

Igual deber tendrán los inspectores fiscales o municipales que sorprendan infracciones o contravenciones que sean de competencia de los jueces de policía local.

Una copia de los partes o denuncias que remitan a los tribunales deberá enviarse oportunamente al abogado o a los delegados del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes.

El Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes podrá denunciar al tribunal las infracciones que comprobare y las que sean puestas en su conocimiento por los intendentes, gobernadores, alcaldes y concejales, los directores de establecimientos de educación, las juntas de vecinos y otras entidades de carácter social, de beneficencia y de asistencia y protección de menores en situación irregular.

Artículo 54.- El tribunal pondrá en conocimiento del inculpado el parte o denuncia y lo interrogará de acuerdo con su contenido.

En caso de que el inculpado reconociere ante el tribunal su participación en los hechos denunciados y se allanare a la sanción que el mismo tribunal le advirtiere que establece la ley para estos casos, se aplicará a éste la pena inmediatamente inferior a la que corresponda y se dictará sentencia definitiva de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno.

Se entenderá comprobado el hecho denunciado con las aseveraciones contenidas en el respectivo parte o denuncia.

Artículo 55.- Si el inculpado negare los cargos que se le formulan, el juez lo dejará citado para una determinada audiencia, otorgándole la libertad provisional si procediere esta medida con arreglo a la ley.

Los delegados y abogados del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes figurarán en las causas como parte, sin necesidad de formular querella.

En lo demás, se seguirán las reglas sobre procedimiento ante los juzgados de policía local.

Cuando se tratare de investigar únicamente los delitos a que se refiere el artículo 23, la causa se tramitará de acuerdo con las reglas establecidas en el Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Penal. Las indemnizaciones civiles podrán reclamarse en el mismo proceso, tan pronto como quede ejecutoriado el fallo, conforme a las reglas del juicio sumario, sin que tenga aplicación lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.

Si se causaren lesiones menos graves o graves o se ocasionare la muerte de una o más personas, se aplicarán las normas del Libro Segundo del Código de Procedimiento Penal, con las modificaciones que se mencionan a continuación:

a) Sólo podrán querellarse el ofendido con el delito y el perjudicado, en su caso. No será necesario ratificar la querella, pero el juez podrá tomar declaración al querellante, si así conviniere al esclarecimiento de los hechos.

b) No podrán acumularse estas causas sino con aquellas en las que se investiguen otros delitos sancionados en el artículo 23 o cuasidelitos cometidos con ocasión de los mismos hechos. Las causas acumuladas se tramitarán por el procedimiento señalado en este artículo cuando comprendan sólo los delitos sancionados por desempeño en estado de ebriedad.

c) El sumario será público, salvo que el juez, por razones fundadas, determine que deben mantenerse en secreto las actuaciones que se practiquen. La duración del secreto del sumario no podrá exceder de veinte días. El Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes podrá siempre imponerse de las actuaciones del proceso.

d) El juez deberá recabar el extracto de filiación y antecedentes del detenido y el certificado de las anotaciones que consten en el Registro Nacional de Conductores, una vez que el imputado preste la declaración indagatoria.

Ordenará, asimismo, la retención del carné, permiso o autorización que lo habilite para conducir, el que no será devuelto hasta que, basado en antecedentes calificados del proceso, el juez estime que de la conducción no se derivará ningún peligro para la seguridad de las personas o para el tránsito público. En ningún caso este beneficio podrá otorgarse al reincidente.

e) Cuando el tribunal lo estime suficiente, podrá solicitar el dictamen de un solo perito sobre cualquiera de los puntos comprendidos en la investigación, el que deberá expedirlo verbalmente, mediante una declaración en la causa, o por escrito, según lo determine el juez. El tribunal podrá dar valor de plena prueba a dicho informe.

f) Si, como consecuencia del manejo en estado de ebriedad, resultaren lesiones menos graves o graves o la muerte de alguna persona, las autoridades policiales procederán a poner el vehículo a disposición del tribunal, salvo que esté destinado a un servicio del Estado o a servicios municipales de utilidad pública.

Cuando existieren presunciones fundadas de culpabilidad, el juez podrá ordenar la retención judicial del vehículo hasta que se caucionen las responsabilidades civiles.

g) Sólo serán apelables:

1º. Las resoluciones que nieguen la libertad provisional del inculpado o procesado;

2º. El auto de procesamiento;

3º. Las que se refieren a medidas adoptadas por el juez para garantizar la acción civil. En estos casos, las apelaciones se concederán siempre en lo devolutivo, sin que puedan entorpecer la marcha del proceso criminal, cualquiera que sea su estado;

4º. La sentencia definitiva, y

5º. El sobreseimiento temporal o definitivo.

Las causas en que se haya apelado de las resoluciones mencionadas en los números 2º a 5º de esta regla se pondrán en lugar preferente en la tabla de la semana siguiente a la fecha de su ingreso al tribunal. El Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes tendrá la obligación de activar la tramitación de las causas para los efectos del cumplimiento de esta disposición.

En contra de las demás resoluciones, según su naturaleza, sólo podrá deducirse reposición dentro de tercero día.

h) En los plazos establecidos en el artículo 425 del Código de Procedimiento Penal, deberán los querellantes y el delegado del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes adherir a la acusación o acusar y los actores civiles presentar su demanda. Dichos plazos tendrán el carácter de comunes para todas estas partes y correrán hasta el vencimiento del término concedido al último de los notificados.

El plazo de diez días para contestar la acusación y la acción civil será también único y común para todos los procesados y demandados civiles; se aumentará en la forma prevista en el artículo 425 del mismo Código, y correrá desde la última notificación.

El expediente, libros y piezas de convicción permanecerán siempre en secretaría para su examen por todas las partes.

i) El término probatorio para rendir prueba dentro de la comuna asiento del tribunal será de diez días y podrá reducirse por acuerdo unánime de las partes.

j) No será necesario, para que el juez les otorgue valor probatorio, el reconocimiento de los instrumentos privados en la forma prevista en el artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, cuando en declaraciones o escritos hubieren sido reconocidos por las personas a quienes puedan perjudicar o de quienes emanen.

Tampoco será necesario, para el mismo efecto, el reconocimiento de los certificados, presupuestos, facturas o constancias expedidos por entidades o personas públicas o privadas, que, a juicio del tribunal, invistan garantías de seriedad, siempre que, no habiendo sido impugnados, puedan ser tenidos como verdaderos.

Lo dicho en este acápite rige también respecto de la prueba de la acción civil.

k) La sentencia definitiva no necesita cumplir con el requisito establecido en el número 3º del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal; pero el juez describirá circunstanciadamente en uno de los considerandos los hechos que se encuentren probados y que constituyan, en su caso, el delito por el cual se aplica la sanción.

l) Los recursos de casación en la forma o en el fondo contra la sentencia de segunda instancia se deducirán en un escrito, en el plazo de diez días, contados desde la notificación de la sentencia. Si se interponen ambos, se deducirán conjuntamente en el mismo escrito.

En cuanto el recurso de casación en la forma se dirija contra la decisión civil, podrá fundarse en las causales del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, con excepción de las señaladas en los números 10 y 11 y, además, en las causales 4ª, 6ª y 7ª del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.

m) Si el afectado por el daño o lesiones no interpusiere su acción ante el juez del crimen, podrá deducirla ante el juez civil correspondiente y el proceso se tramitará de acuerdo con las reglas del juicio sumario, sin que le sea aplicable lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil.

Para deducir apelación en contra de las sentencias definitivas condenatorias que se dicten respecto de los delitos descritos en el artículo 23, será menester que el apelante acompañe, al intentar el recurso, comprobante de haberse enterado en la cuenta corriente del tribunal respectivo el valor íntegro de la multa.

Artículo 56.- Se tendrán como testimonios legalmente prestados las declaraciones contenidas en los respectivos partes o denuncias, si en ellos aparece la firma de los denunciantes debidamente autorizada por el superior jerárquico respectivo.

No será necesaria la asistencia de los testigos de cargo si éstos son agentes de la policía o inspectores fiscales o municipales, a menos que el juez estime conveniente su comparecencia personal. En tal caso, deberá fundamentar su resolución en forma circunstanciada, indicando los puntos que deberán ser aclarados.

Artículo 57.- Para los efectos de determinar el equivalente en pesos de las multas que establece esta ley, se estará al valor de la unidad tributaria mensual a la fecha de su pago efectivo.

Por resolución fundada, el juez podrá moderar la multa aplicada, rebajándola a una suma que pueda ser inferior al mínimo que establece la ley, si antes de ser pagada se pidiere reposición fundada en antecedentes relativos a la situación económica del afectado que, a juicio del tribunal, comprueben su excesivo monto.

En casos muy calificados, el juez podrá dejar en suspenso la aplicación de la pena pecuniaria, beneficio que se revocará si se cometiere nueva infracción dentro de los seis meses siguientes.

Artículo 58.- Los créditos resultantes de las responsabilidades pecuniarias procedentes de las infracciones de esta ley gozarán del privilegio que para los impuestos fiscales otorgan las reglas de prelación de créditos del Código Civil sobre los establecimientos y sus anexos y sobre las mercaderías existentes.

En caso de transferencia, a cualquier título, de un establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas, el nuevo propietario será solidariamente responsable con el vendedor de las obligaciones pecuniarias provenientes de las infracciones, en la forma establecida en el inciso anterior.

Artículo 59.- La sentencia condenatoria, en los casos de ebriedad, de desempeño y conducción en estado de ebriedad o de consumo abusivo de bebidas alcohólicas, además de contemplar los requisitos legales, establecerá la obligación del condenado de ser examinado por un médico calificado por el Servicio de Salud correspondiente, con el fin de determinar si es o no es dependiente, la gravedad de tal dependencia y el tratamiento que debería seguir el afectado. El aludido examen podrá ser decretado también desde que se inicie el respectivo procedimiento.

Recibido el informe por el tribunal, éste hará comparecer al condenado en persona y le hará notificar la resolución que le imponga el tratamiento aconsejado en el dictamen médico.

En caso de resistencia o negativa del afectado a practicarse el examen o a someterse al tratamiento médico decretado, o a pagar el costo del programa de tratamiento o la hospitalización, en su caso, el juez de la causa ordenará las medidas conducentes a su cumplimiento, pudiendo al efecto disponer su arresto hasta por ocho días, sin perjuicio de repetir el apremio si persistiere en su actitud de rebeldía.

Artículo 60.- El juez, una vez ejecutoriada la sentencia y con acuerdo expreso del infractor, salvo que éste haya quebrantado la condena, podrá conmutar la sanción por la realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad.

La resolución que otorgue la conmutación deberá señalar expresamente el tipo de trabajo, el lugar donde debe realizarse, su duración y la persona o institución encargada de controlar su cumplimiento. Los trabajos se realizarán sin afectar la jornada laboral que tenga el infractor, con un máximo de ocho horas semanales.

La no realización cabal y oportuna de los trabajos determinados por el tribunal dejará sin efecto la conmutación por el solo ministerio de la ley, debiendo cumplirse íntegramente la sanción primitiva aplicada, a menos que el juez, por resolución fundada, determine otra cosa.

Artículo 61.- Las multas aplicadas por los jueces de policía local deberán ser enteradas en la tesorería municipal respectiva. Las que impongan los jueces del crimen, en su caso, en la tesorería provincial correspondiente.

Artículo 62.- Los juzgados remitirán, cada mes, al abogado u oficina respectiva del Departamento de Defensa de la Ley de Alcoholes o a sus delegados, una lista de todas las denuncias falladas y de las multas enteradas en arcas municipales o fiscales, según el caso.