MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO, EL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE.

SANTIAGO, 5 de junio de 2008

MENSAJE Nº 352-356/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En virtud de mis atribuciones constitucionales, tengo el honor de someter a consideración del H. Congreso Nacional, un proyecto de ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental.

I.EL CUMPLIMIENTO DE UN COMPROMISO.

Como señalé en mi programa de Gobierno, era necesario iniciar una nueva etapa en nuestra política ambiental, de manera de modernizar el actual sistema y garantizar adecuadamente los derechos de todos los ciudadanos.

Propusimos al país la necesidad de la creación de un Ministerio del Medio Ambiente y una Superintendencia de Fiscalización Ambiental. Con tal objeto, y como primer paso, creamos el cargo de Ministro Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, lo que llevó en marzo de 2007 al nombramiento de la primera Ministra del Medio Ambiente en nuestro país.

La ley Nº 20.173, que creó el cargo de Ministro Presidente de la CONAMA, indicó expresamente, luego de un acuerdo con la Honorable Cámara de Diputados, que correspondería al primer Ministro designado, en ejercicio de sus funciones propias y dentro del ámbito de sus competencias, formular y presentar al Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, una propuesta de rediseño de la institucionalidad ambiental.

Mediante este acto damos cumplimento al compromiso que adquiriéramos en la tramitación de la precitada ley, de dar inicio a la tramitación legislativa de estos proyectos antes que finalizara el primer semestre del año 2008.

II.POR QUÉ ES NECESARIO PREOCUPARSE DE LAS INSTITUCIONES.

No pocos consideran que la creación de instituciones públicas promueve burocracia y puede generar incertidumbre al modificar las condiciones de funcionamiento de las actividades económicas.

Dichas afirmaciones encierran un desconocimiento de la utilidad de las instituciones las que, precisamente, buscan evitar esos riesgos.

No puede haber reforma del Estado sin avanzar en la reforma de sus instituciones. En efecto, el marco institucional entrega las reglas del juego en una sociedad, al estructurar incentivos para promover las conductas deseadas y al establecer el ordenamiento de deberes y derechos, reduciendo así la incertidumbre para las actividades que se desarrollan en la sociedad. La importancia de la eficiencia de las instituciones públicas, estriba en el impacto que tiene en el desempeño económico, pero también en el goce de libertades públicas y en la resolución de las inequidades.

Lo que nos interesa es crear instituciones públicas para cautelar derechos, libertades y bienes públicos, sujetas a presupuestos específicos que condicione el actuar e impongan eficiencia, de manera de promover resultados apreciados por los ciudadanos y potencialmente exigibles frente a su incumplimiento.

Así, al momento de reflexionar sobre la institucionalidad ambiental, lo que buscamos fue tratar de resolver la adecuada integración legal entre información e incentivos para los sujetos que ejercen sus derechos y los que imponen sus potestades públicas.

Las decisiones de intervención estatal requieren, entonces, no sólo de buenas razones para realizar su actividad, sino que también de que las decisiones de intervención sean las adecuadas.

De manera que no es indiferente no sólo qué instituciones tenemos, sino también cómo las diseñamos, qué personas están a cargo, qué incentivos diseña el sistema legal para el ejercicio de competencias y qué mecanismos de control desarrollamos para evitar comportamientos oportunistas.

Son estos criterios básicos en el diseño de sistemas institucionales modernos los que hemos tenido en cuenta al momento de enfrentar este rediseño de la institucionalidad ambiental.

Pero nuestro objetivo, no es sólo la creación de nuevos entes públicos; se trata ante todo de modernizar las instituciones y la gestión ambiental, instalando un nuevo modelo de gestión pública: moderno, ágil, eficiente y sujeto a rendición de cuentas.

III.NUESTRO DESEMPEÑO AMBIENTAL Y LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTAREMOS.

Este proyecto de ley ha sido preparado considerando toda la experiencia previa de nuestro país, así como el conjunto de evaluaciones nacionales e internacionales a las cuales nos hemos sometido en los últimos años. Ellas nos han demostrado que hemos cumplido nuestras obligaciones en forma adecuada, pero que es indispensable avanzar sustantivamente.

Los nuevos desafíos a los que el mundo se verá enfrentado en los próximos años, muchos de los cuales ya están presentes entre nosotros, son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua, la contaminación y la calidad de vida en las ciudades. No actuar hoy, tendrá efectos significativos en nuestro desarrollo económico futuro, pero además en la calidad de vida de nuestros habitantes.

Por otra parte, nuestras cifras sostenidas de crecimiento pueden verse afectadas en el futuro si no abordamos el desafío de la sustentabilidad. Un crecimiento no sustentable trae ventajas de corto plazo, pero afecta la estabilidad del bienestar de las personas y sus familias en el largo plazo. Los cambios que tenga el medio ambiente pueden producir efectos importantes en los recursos naturales, al igual que en los activos financieros, materiales y humanos. De este modo, no existe nadie en nuestro país que pueda sentirse al margen legítimamente de lo que suceda con nuestros activos ambientales, pues todos, cualquiera sea nuestro nivel de ingreso, dependemos de ellos. Asimismo, somos todos responsables de su protección.

El ingreso de Chile a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, exigirá en esta materia el sometimiento permanente a escrutinio público de la idoneidad de nuestras políticas ambientales, lo que nos obligará a actuar con seriedad y con criterios de eficiencia y calidad en nuestra gestión ambiental. Esto ya tiene una manifestación concreta en las 52 recomendaciones emanadas de la OCDE, como resultado de la evaluación de desempeño ambiental que le hicieran a nuestro país en el año 2005. Pertenecer a la OCDE impondrá en materia ambiental un elevado estándar a nuestras políticas públicas y a la calidad de nuestro crecimiento. Sólo para tener como referencia, en la precitada organización Medio Ambiente es el sector con mayor número de actos e instrumentos a los cuales los países miembros deben dar respuesta. Estos actos, denominados Decisiones y Recomendaciones -representan alrededor del 20% del total de actos de la organización- y es Medio Ambiente el área que cuenta con el mayor número de comités operativos, dada la cantidad de temas específicos identificados como relevantes por esta organización.

Pero no basta con diseñar instituciones, racionalizar competencias de la administración y hacer más eficiente la fiscalización, si esto no va acompañado de la exigencia de una nueva política ambiental. La política ambiental vigente data de 1998, y en una década el país y nuestra situación en esta materia han cambiado significativamente. Es necesario avanzar en una nueva política ambiental, pero bajo nuestras actuales condiciones, ésta debe basarse en el eje de la equidad.

Pero ¿por qué trabajar una política ambiental sobre la base de la equidad ambiental? Estamos convencidos que nuestro país está en situación de aspirar a que todas las personas tengan derecho a acceder a condiciones de calidad ambiental adecuadas, disminuyendo los riesgos ambientales entre diversos grupos. Manifestaciones de situaciones de inequidad son, por ejemplo, la mayor incidencia de la contaminación ambiental en segmentos de menores ingresos, la exposición a agroquímicos de los trabajadores temporeros agrícolas, los problemas de acceso a recursos naturales y la distribución de áreas verdes en centros urbanos. Nuestro objetivo es abordar estos temas en una política pública que reduzca la inequidad en la exposición a riesgos ambientales e incrementar la equidad en al acceso a los beneficios ambientales, entre grupos sociales de diferentes niveles. Pero esta equidad también se manifiesta en nuestras obligaciones con el bienestar de las generaciones futuras y de eso todos nosotros somos responsables.

Mejorar los objetivos del desarrollo sustentable depende de extender buenas prácticas de gobernabilidad ambiental, particularmente en la implementación de estrategias efectivas de desarrollo sustentable inclusivo para todas las personas, y para eso este proyecto sienta las bases.

IV.NUESTRA EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL.

1.El marco institucional.

El establecimiento de la agenda ambiental en términos institucionales se ha desarrollado en Chile desde 1984, fecha en que se creó la denominada “Comisión Interministerial de Ecología”, institución de integración interministerial cuyo objetivo fue asesorar al Ejecutivo en el desarrollo de aquellas acciones generales del gobierno vinculadas a la protección del medio ambiente y a la conservación de los recursos renovables.

En abril de 1990, el primer Gobierno democrático, creo la Comisión especial de Descontaminación de la Región Metropolitana, cuyo principal aporte fue la elaboración de un Plan de Descontaminación para la región, Comisión que estaba integrada también por un Comité de carácter interministerial.

En septiembre de ese año, el Gobierno sustituyó la Comisión Nacional de Ecología por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (DS Nº 240/90), que trabajó también sobre la base de un comité interministerial.

Con la dictación de la ley Nº 19.300, en marzo de 1994, se consolidó en Chile el modelo coordinador y transversal, que se había promovido desde el modelo del “Proyecto de Ley básica de protección ambiental y promoción del desarrollo sostenible” de 1993, elaborado para América Latina por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA.

Los objetivos declarados de la nueva institucionalidad eran: (a) garantizar la coordinación de todo el sector público;

(b) reconocer las competencias de los servicios y ministerios en la materia, y;

(c) contar con la presencia política indispensable en su integración (Consejo Directivo).

De este modo, se desechó explícitamente la figura de un Ministerio del Medio Ambiente. En efecto, la discusión de un Ministerio o servicio público coordinador y transversal precedió al envío del proyecto de ley. El mensaje de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente señaló que “restarle competencia para radicar el tema ambiental en una sola institución (…), es a nuestro juicio, inviable y poco realista, ya que implica reestructurar íntegramente el aparataje público a un costo injustificado frente a la capacidad institucional instalada. Ella, debidamente coordinada, puede accionar eficazmente”.

Así, la institucionalidad ambiental diseñada por la ley Nº 19.300 descansa: (a) en un modelo transversal y coordinador; (b) en la conveniencia práctica de mantener la institucionalidad preexistente; (c) la generación de una función coordinadora que integre las visiones sectoriales, y; (d) la descentralización regional, plasmada en la creación de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente.

2.Críticas al modelo.

Después de catorce años de funcionamiento, es posible formular algunas críticas a este diseño.

Desde el análisis político institucional, las críticas dicen relación con los siguientes aspectos: (a) Las dificultades que presenta una institución transversal en una Administración pública vertical; (b) la incomprensión jurídica y de gestión del concepto de coordinación; (c) la intervención de la autoridad política en cuestiones que son eminentemente de decisión técnica; (d) la existencia de asimetrías de información en diversos sentidos; (e) a nivel regional, la institucionalidad ambiental ha sido contradictoria con el modelo transversal; (f) la fiscalización es dispersa e inorgánica lo cual genera muchos costos; (g) la gestión local en materia ambiental es débil; (h) la utilización de los instrumentos de gestión ha sido desequilibrada (mucho Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pocas normas), e i) la normativa ambiental sectorial es, en gran medida, definida por cada sector.

V.LAS EVALUACIONES E INICIATIVAS DE REFORMA.

Dichas críticas justifican una revisión de este modelo. Cabe destacar que la necesidad de reforma a nuestra institucionalidad ambiental no es algo que haya sido promovido únicamente en los últimos años, sino que se trata de un asunto que viene siendo discutido al menos desde 1998, es decir, a sólo cuatro años de su creación, cuando el entonces Presidente de la República, encargó a la denominada “Comisión Presidencial de Modernización de la Institucionalidad Reguladora del Estado” (también conocida "Comisión Jadresic"), la evaluación y propuesta de reforma a los organismos encargados, entre otras materias, de proteger el medio ambiente.

Luego de este informe, al menos tres informes adicionales se dedicaron a realizar estudios equivalentes: uno encargado a fines de 1998 por la propia CONAMA a diversos Centros de Estudio; otro encargado a la denominada “Comisión de reforma a la ley Nº19.300” (o “Comisión Castillo”); y, finalmente, un informe preparado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUMA, en el marco de un programa de asistencia técnica que dicho organismo prestó a CONAMA el año 2000.

Un rasgo común a todos estos informes es que las propuestas de reforma institucional en ellos se insertaban en un proyecto más amplio de reforma, que abarcaba diversos aspectos de la ley Nº 19.300, de manera que las propuestas institucionales eran sólo un aspecto más de una pretensión de modificación de la regulación ambiental en su conjunto. El objetivo planteado era perfeccionar dicha regulación, de manera de hacer de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente un cuerpo normativo integrador, coherente y eficaz y superar los numerosos vacíos y lagunas legales, problemas de redacción, deficiencias en materia de fiscalización, discrecionalidad administrativa y otros problemas contra la certeza y seguridad jurídica que la aplicación de la ley había dejado en evidencia.

Las explicaciones, evaluaciones y propuestas contenidas en estos informes son de gran interés al tener relación directa con muchos de los aspectos que se discuten actualmente y ser representativas de las opiniones de personas con vasta experiencia y prestigio en el ámbito del derecho regulatorio y ambiental.

Por otro lado, con la aprobación de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, el año 2003, se facultó al Presidente de la República para la dictación de un Decreto con Fuerza de Ley con el objeto de simplificar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En el marco de ese proceso, el Ejecutivo realizó un conjunto de consultas a actores e incluso solicitó la opinión del Consejo Consultivo de la CONAMA. En dicha propuesta de DFL se incorporaban una serie de materias que recogían de iniciativas previas de modificación. Sin embargo, dicho DFL, finalmente se dictó, pero recibió objeciones de la Contraloría General de la República; dejando en el registro una serie de buenas iniciativas de reforma.

Esta necesidad de reformar nuestra institucionalidad ambiental y mejorar sus instrumentos, se refleja en las más de 80 iniciativas parlamentarias que en la actualidad existen en el Congreso Nacional como proyectos de ley.

Los informes citados con anterioridad, al igual que la recopilación de propuestas desarrolladas durante el año 2003 y 2004, así como las mociones presentadas, han sido consideradas para la elaboración del presente proyecto de ley.

Mención especial queremos hacer al hecho que a nivel regional organizamos treinta tres diálogos de carácter regional, a partir de los cuales construimos un diagnóstico y recogimos las expectativas ciudadanas en la materia.

Todos estos antecedentes han constituido la base esencial de lo que presentamos al H. Congreso Nacional.

VI.QUÉ DICE LA EXPERIENCIA COMPARADA.

En términos generales, podemos señalar que el 100% de los países de la Unión Europea tiene Ministerios de Medio Ambiente, el 95% de los países dispone de este sistema institucional (salvo EEUU) y en América Latina sólo tres países no disponen de Ministerios (Argentina, Panamá y Chile). Perú, recientemente acaba de culminar su proceso de rediseño con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, sustituyendo su modelo de Comisión.

Sin embargo, dentro de las figuras Ministeriales es posible encontrar aún grandes diferencias en los arreglos institucionales. Podemos catalogarlas en tres (considerando experiencias OCDE y de América Latina):

a.Países con coordinación nacional y federal. Los Ministerios de Medio Ambiente son pequeños, pero con importantes facultades financieras y de supervisión y evaluación en el cumplimiento de las políticas que ellos desarrollan. (Japón, Holanda, Nueva Zelanda, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Hungría, Italia, Luxemburgo y Turquía).

b.Ministerios con competencias de regulación de la protección ambiental, pero integran facultades en gestión de algunos recursos naturales. (Suecia, Grecia, Irlanda, Noruega, Alemania, Corea, Francia, Reino Unido, Colombia, Costa Rica, Brasil, Finlandia y Suiza).

c.Ministerios con mayores niveles de integración en gestión y recursos. (República Checa, España, Polonia, Portugal, Dinamarca y México).

Cabe destacar que de un tiempo a esta parte, muchos países han tenido reformas institucionales y es una circunstancia conocida que la mayoría de los que hoy disponen de Ministerios, comenzaron con modelos de coordinación interministerial a nivel de comisiones.

Pero cualquiera sea el modelo, el gran desafío de las autoridades ambientales en el mundo es abordar la transversalidad. Contrariamente a lo que se cree, no se abandona por un modelo ministerial; por lo menos, no lo ha realizado ningún país del mundo que muestre buenos resultados ambientales.

El principio de la transectorialidad es posiblemente el que ofrece mayores dificultades cuando se trata de insertar la gestión ambiental dentro de la estructura administrativa del Estado, porque esa estructura es eminentemente “sectorial”, es decir, está dividida en áreas bien definidos y fuertemente compartimentados. La gestión que realizan estos sectores comprende algunas veces ciertos elementos ambientales, como es el caso, por ejemplo, de los suelos y tierras, los bosques y selvas, la vida silvestre, las aguas, etc. Esta gestión, que se denomina “tradicional”, se ejerce respecto de cada elemento ambiental por separado y tiene, por lo general, un carácter marcadamente productivista, por lo que está lejos de ser una gestión ambiental.

En efecto, si el medio ambiente es un sistema donde se organizan los elementos que hacen posible la existencia y el desarrollo de los organismos vivos, la gestión ambiental debe entenderse como una actividad integral y no puede concebirse como referida a cada uno de los elementos del ambiente por separado, sino que, además, y preferentemente, referida a todos los elementos en su conjunto y en sus procesos de interacción. De allí nace la necesidad de una estructura jurídico-administrativa distinta de la tradicional, que se haga cargo de las particularidades propias de la gestión ambiental, lo que inevitablemente genera un conflicto con los sectores que tradicionalmente han poseído el control del recurso o elemento ambiental de que se trate o de la actividad en que incide.

Por eso, la integralidad de la gestión ambiental, se plantea como una de las exigencias básicas de dicha gestión, que debe comprender las diversas formas de vida y sus habitat: el suelo, el agua, el aire y el conjunto de biosfera en la que se expresa la vida.

Esta transversalidad no está garantizada por una representación meramente colegiada de autoridades públicas. Es necesario abordar los aspectos sustantivos de la gestión ambiental en cada sector y por tipos de instrumentos, de manera que exista un responsable de la política pública y la regulación ambiental, con organizaciones responsables en la gestión y con un sistema de fiscalización eficiente y sujeto a rendición de cuentas.

VII.LAS RAZONES DE LA REFORMA.

1.Racionalizar competencias.

El actual modelo de funcionamiento de la institucionalidad ambiental se basa principalmente en la coordinación de instituciones para la operación de instrumentos de gestión ambiental. Cuando dichos instrumentos no existen, la coordinación se hace altamente dificultosa, generando en la mayoría de las ocasiones omisión de la intervención o derechamente ineficiencia.

Al analizar la distribución de funciones regulatorias, normativas y fiscalizadoras para cada uno de los componentes ambientales, se desprende que en cada una de éstas tienen injerencia dos o más servicios públicos o ministerios sectoriales. Adicionalmente, cada uno de éstos tiene una visión sobre el recurso desde el punto de vista del sector que representa, lo que en muchas ocasiones genera conflictos entre dos o más sectores sobre la protección del recurso, lo que termina produciendo, finalmente, competencias sobrepuestas entre distintos sectores y disputas sobre la correcta aplicación de las regulaciones y normas de cada uno de estos, dando señales equivocas a la comunidad y al sector privado.

El rediseño busca racionalizar las competencias de manera que sea una autoridad la que entregue las directrices normativas y regulatorias con respecto a la protección de los recursos ambientales, con lo cual se ordenarán las competencias sectoriales y se facilitará la coordinación al interior del aparato público.

2.Es necesario que las políticas se resuelvan en un solo lugar y con responsables identificados.

La institucionalidad coordinadora vigente mantiene las competencias sectoriales, lo que genera que al margen de los instrumentos de gestión ambiental, cada sector cree ejercer legítimamente competencias cuando decide políticas ambientales en su sector.

Todos los instrumentos de gestión ambiental (SEIA, Planes, Normas) deben ser discutidos por un cuerpo colegiado multisectorial, el Consejo Directivo de la CONAMA. Pero ninguna de las políticas sectoriales de incidencia ambiental son discutidos en el seno de dicho Consejo.

Esto no representaría un problema si cada uno de los ministerios, al analizar el beneficio social de su política sectorial considerara, como una de las variables de evaluación, las componentes ambientales. Sin embargo, debido a las prioridades sectoriales este comportamiento no se observa en la práctica.

Por esta razón, es necesario identificar un responsable concreto y específico en las orientaciones del sector ambiental, permitiendo generar incentivos adecuados para incorporar criterios de política ambiental en otros ámbitos del sector público.

3.Es necesario disponer de un sistema que garantice integridad de la regulación ambiental.

En el actual modelo y como consecuencia de la subsistencia de competencias sectoriales, los diversos ministerios y servicios mantienen competencias normativas sustantivas en materia ambiental.

El objetivo de disponer de instrumentos de gestión en la ley Nº 19.300, como normas y planes, era integrar las regulaciones sectoriales. Sin embargo, esto no ha sucedido así. Cada sector puede seguir dictando actos administrativos generales o específicos, referidos a materias ambientales sin contar con la participación de la autoridad ambiental.

En el actual sistema se observa coordinación en el marco de los instrumentos de gestión ambiental y en la implementación de las normativas y regulaciones ambientales, pero no en la dictación de éstas ni en su implementación sectorial. Esto genera ineficiencias regulatorias, falta de certeza e inadecuada fiscalización de las mismas y, en ocasiones, interpretación normativas contradictorias.

4.La dispersión genera muchos costos.

La alta dispersión normativa genera incertezas tanto en el sector público como en el sector privado. Su consecuencia más severa es la asimetría de información.

En el Estado, la dispersión normativa produce el problema que en teoría económica se denomina “relación agente-principal”. En este caso, el “agente” corresponde a los servicios públicos y ministerios con competencias normativas ambientales, y el “principal” corresponde a la autoridad encargada de coordinarlos es decir, la CONAMA.

El problema de agente-principal se presenta debido a que los agentes poseen más información sobre la operación cotidiana de la regulación; en cambio, el principal, sólo posee información genérica y únicamente cuando los proyectos participan en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o cuando se inician procedimientos para la dictación de normas de calidad o emisión, o se fijan planes de prevención y/o descontaminación.

Esta asimetría de información significa que el principal tendrá que incurrir en costos elevados para poder monitorear las acciones del agente, es decir, tiene que generar sus propios sistemas de información, elevando los costos de adquisición de ésta.

5.El sistema de fiscalización es marcadamente fragmentado.

Una de las ideas centrales sobre las cuales descansan los sistemas de fiscalización ambiental en los países con buenos desempeños ambientales, es su utilidad para generar incentivos al cumplimiento. Hoy el modelo chileno actúa precisamente en sentido inverso. En efecto, es un sistema que carece de la definición de adecuados programas de fiscalización, de metodologías públicamente conocidas, con énfasis en la sanción y en la fiscalización en terreno, sin modelos de integración, ni siquiera para los instrumentos de expresión multisectorial, como es el caso del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Planes y Normas.

El éxito de un buen sistema de regulación ambiental se basa en incorporar incentivos adecuados para el cumplimiento de la legislación, considerando los factores asociados a su ciclo. Éste último contempla consideraciones en materia de cumplimiento desde el momento de creación de la regulación, pasando por el diseño de instrumentos de aplicación de las nuevas regulaciones hasta los sistemas sancionatorios.

La alta dispersión en materia de criterios de fiscalización se expresa también en grandes diferencias en las sanciones desde los distintos sectores, lo que claramente entrega una falta de certeza y de coherencia frente a la aplicación de la legislación ambiental.

En síntesis, nuestro modelo de fiscalización es altamente ineficiente. Es necesario contar con una autoridad que unifique los criterios, procedimientos e incentivos de las normativas ambientales.

6.Es la hora de pasar a un sistema de políticas y regulaciones más inteligente y eficaz.

Las políticas y normas deben entregar certezas en el mediano y en el largo plazo. Nuestro modelo de regulación ambiental ha normado poco; además, no ha dado suficientes orientaciones de política.

Sin embargo, hemos sido exitosos en la gestión de un instrumento concreto como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Pero este instrumento no se concibió para el diseño de políticas ni para resolver aspectos de política pública o normativos. Esta confusión ha tenido como consecuencia que en el marco de la evaluación ambiental de un proyecto de inversión privada, hemos terminado discutiendo sobre políticas públicas.

De este modo, estamos sujetos al riesgo de tomar decisiones inadecuadas.

7.Hemos aprendido, pero debemos y podemos más.

Las evaluaciones sobre desempeño ambiental para Chile nos indican que en promedio hemos realizado bien las cosas; sin embargo, nos queda aún mucho trecho que recorrer.

En efecto, debemos pasar a una nueva etapa de decisiones sujetas a rendición de cuentas, que nos permita tomar decisiones sustentables de mediano y largo plazo, con certezas para los proyectos privados, pero también para las comunidades y sus habitantes.

La única manera de lograrlo es avanzando hacia un modelo que distinga adecuadamente las competencias de política y regulación, las de gestión y las de fiscalización.

8.El sistema debe estar sujeto a rendición de cuentas de manera permanente.

Es necesario disponer de un modelo institucional en los tres ámbitos señalados (regulación y política; gestión; y fiscalización), que permita a la autoridad ambiental acceso a la información de todos los sectores, pero sobre un sistemático modelo de rendición de cuentas a la comunidad en general. En efecto, una manera de garantizar que las decisiones sean adecuadas, es con un sistema que en cualquier área que se desempeñe someta a la autoridad a rendición de cuentas de sus procedimientos y decisiones.

VIII.EL PROYECTO DE LEY.

El proyecto que sometemos a vuestra consideración, podemos agruparlo en cuatro aspectos.

1.El Ministerio.

Se crea, en primer lugar, el Ministerio del Medio Ambiente. Este será una Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

Sin embargo, es necesario precisar que la creación del Ministerio no significará, a nivel legal, una sustantiva modificación del sector público en materia ambiental, por tres razones:

a.Una buena parte de las competencias proviene de la actual CONAMA; b.Las competencias actuales de los Ministerios, a nivel de política y regulación, es más puntual, dado que no existe competencia propiamente ambiental, por lo que al dotar de competencias precisas en materia ambiental debiese producirse el ajuste natural al interior del sector público. Es lo que sucede en las competencias sobre riesgo ambiental, formulación de políticas en uso y aprovechamiento de recursos naturales, entre otras; c.La creación del Ministerio supone actualizar la regulación de instrumentos propios de la gestión ambiental.

Las competencias del Misterio se pueden dividir en tres ámbitos:

a.Políticas y regulaciones ambientales generales, que incluye aquellas vinculadas a cuentas ambientales, biodiversidad y áreas protegidas.

b.Políticas y regulaciones para la sustentabilidad. Lo anterior implica que debe llegarse a los necesarios acuerdos con los sectores a cargo del fomento productivo, así como la promoción de convenios de colaboración con Gobiernos Regionales y Municipalidades.

c.Políticas y regulaciones en materia de riesgo y medio ambiente.

El Ministerio se compondrá de una subsecretaría, abordando sus divisiones al menos las siguientes materias, que han sido evaluadas como centrales para la gestión ambiental que viene: Regulación Ambiental; Información y Economía Ambiental; Educación, Participación y Gestión Local; Recursos Naturales y Biodiversidad; Cambio Climático y Cumplimiento de Convenios Internacionales, y Planificación y Gestión.

2.Servicio de Evaluación Ambiental.

En segundo lugar, para efectos de disponer de un sistema de gestión que administre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se crea, separado del ministerio, un servicio público descentralizado y desconcentrado a nivel regional, que será el continuador legal de la CONAMA. Estará sujeto a un sistema de selección de alta dirección pública, que esté a cargo de la administración del SEIA, pero enfocándolo hacia el objetivo de mediano plazo, que es simplificar los permisos ambientales y proporcionar información adecuada para los proponentes y la comunidad.

Se ha adoptado esta decisión porque resulta ser la más eficiente, y permite combinar los incentivos para la existencia de políticas y regulaciones, y la decisión de proyectos concretos sin confundir los ámbitos de objetivos.

Sin embargo, un aspecto que es necesario destacar es que el sistema se mantiene bajo la lógica del modelo de autorización integrada de funcionamiento que representa la Resolución de Calificación Ambiental, manteniendo la participación sectorial y la ventanilla única, que constituyen buena parte de sus activos.

3.La Superintendencia.

En tercer lugar, se crea la Superintendencia del Medio Ambiente, como un servicio público descentralizado, cuyos cargos directivos serán provistos de acuerdo al sistema de alta dirección pública. El Superintendente será nombrado de acuerdo a este sistema, por el Presidente de la República.

a.Competencias.

La Superintendencia tendrá competencias en la fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental: (a) resoluciones de calificación ambiental; (b) medidas de planes de prevención y descontaminación; (c) normas de calidad y de emisión, cuando corresponda; (d) planes de manejo de la ley N° 19.300.

b.Tipos de fiscalización.

La fiscalización será realizada por la Superintendencia o por los órganos sectoriales, cuando corresponda. En todo caso, la Superintendencia podrá contratar las labores de inspección, verificación, mediciones y análisis del cumplimiento de las normas, condiciones y medidas de las resoluciones de calificación ambiental, planes de prevención y/o de descontaminación ambiental, de las normas de calidad ambiental y normas de emisión, cuando correspondan, y de los planes de manejo, cuando procedan, a terceros idóneos debidamente certificados.

Esta competencia de fiscalización se debe complementar con la de interpretación vinculante que realice en relación a las resoluciones de calificación ambiental, medidas de planes y normas de calidad y de emisión, considerando obligatoriamente los informes sectoriales.

Además, el proyecto regula un sistema de “evaluación y certificación de conformidad”, sometido a la disciplina y regulación de la Superintendencia y que sólo podrá ser realizado por sujetos certificados.

Finalmente, se establece una regla de denuncia ciudadana por incumplimiento, que habilita a la Superintendencia a investigar, y se obliga a responder los resultados de la investigación. En todo caso, al denunciante se le da la calidad de interesado para todo el procedimiento administrativo respectivo.

c.Incentivos al cumplimiento.

Por otra parte, se reconoce la facultad para que una vez ocurrido un incumplimiento y dentro del plazo de cinco días, el responsable se autodenuncia pudiendo, en razón de la entidad de la infracción y el daño, reducir el monto de la multa.

Enseguida, si iniciado un procedimiento sancionador, el responsable presenta un plan de cumplimiento aprobado por la Superintendencia, el procedimiento se suspenderá hasta el total cumplimiento del plan. Si durante su ejecución éste se incumple o bien no se ejecuta en el plazo estipulado, recibirá una sanción del doble del que le hubiere correspondido.

d.Registro público de sanciones.

También se propone establecer un registro público de sanciones, con el objeto de identificar a la empresa, a los responsables de la operación y el monto de la sanción. Este registro será de acceso público y tiene importantes efectos en futuras sanciones.

Se establece, asimismo, la existencia de este registro, de carácter electrónico, que debe contar con la información proporcionada por la Superintendencia, los organismos sectoriales que pudiesen ejercer competencias de fiscalización y los privados obligados a realizar registros.

e.Procedimiento sancionador.

La Superintendencia tendrá las más amplias atribuciones para realizar sus tareas, las que incluyen: (a) registros; (b) requerimiento permanente de información; y (c) citación de cualquier persona de las fuentes emisoras.

En el caso de las multas, se consideran solidariamente responsables a la empresa y a sus responsables en la gestión de la misma.

El proyecto establece un único catálogo de sanciones para un conjunto de materias susceptibles de incumplimientos.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y gravísimas. Las sanciones pueden ser: (a) amonestación por escrito; (b) multa de una a diez mil unidades tributarias anuales; (c) clausura temporal o definitiva; (d) revocación de la resolución de calificación ambiental.

Además, se regula un único procedimiento sancionador, del cual es competente la Superintendencia, estableciendo dos reglas de compatibilidad sectorial: la primera, es que ningún sector podrá instruir procedimientos sin que termine el de la Superintendencia; la segunda, es que no se puede sancionar dos veces por los mismos hechos y fundamentos jurídicos.

Se faculta, además, a que antes y durante el procedimiento sancionador, se puedan ordenar medidas provisionales, tales como: (a) medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del riesgo o del daño; (b) sellado de aparatos o equipos; (c) clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones; (d) detención del funcionamiento de las instalaciones; (e) suspensión temporal de la resolución de calificación ambiental, cualquiera sea la naturaleza de esta, incluida la resolución de calificación ambiental;(f) ordenar programas de monitoreo y análisis específicos que serán de cargo del infractor.

f.Plan de recuperación.

Se establece que al momento de aplicar la sanción podrá exigirse un plan de recuperación, cuyo incumplimiento acarrea hasta el 50% adicional de la multa original. El plan debe ser evaluado por el Servicio de Evaluación Ambiental y aprobado por la Superintendencia. Ejecutado y aprobado el plan, no existirá acción por daño ambiental.

4.Unidad de medio ambiente de las Municipalidades.

Otro aspecto que propone el proyecto, es que establece que la Unidad de aseo y ornato a nivel municipal, pasará también a desempeñar competencias ambientales a nivel local, tratando de reproducir los objetivos de política y gestión a nivel municipal.

La propuesta agrega como competencias de ella las siguientes:

a.Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con medio ambiente;

b.Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna, y

c.Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de la misma, el concejo podrá solicitar siempre un informe fundado del Ministerio del Medio Ambiente.

IX.AJUSTES A LOS INSTRUMENTOS.

Los cuatro aspectos señalados no agotan la presente reforma, pues con el objeto de ser consistente con los objetivos de la reforma, se ha buscado modificar algunas normas de la ley Nº 19.300, y crear nuevos instrumentos que la experiencia nos ha señalado como importantes.

1.Evaluación Ambiental Estratégica.

En primer lugar, se crea la Evaluación Ambiental Estratégica. Esta es el procedimiento realizado por el Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable, al proceso de formulación e implementación de las políticas y planes de carácter normativo general, que tengan impactos sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y sus modificaciones sustanciales.

Su objeto será anticipar los eventuales efectos ambientales adversos asociados o que puedan derivarse de la definición de una determinada política o plan y de ese modo, considerar la prevención o mitigación de tales efectos o los mecanismos para evitar la generación de efectos ambientales acumulativos.

Las políticas y planes que se someterán a Evaluación Ambiental Estratégica serán definidos voluntariamente por cada Ministerio, siendo su aplicación obligatoria en el caso de los instrumentos de planificación territorial, que hasta ahora estaban sometidos al SEIA, sistema que no es el adecuado para evaluar instrumentos tales como la planificación urbana.

Hemos tomado la decisión de avanzar desde un sistema voluntario, dado que se busca instalar esta forma de hacer política pública y en el cuál el sector público nacional debe aprender mucho aún. Nuestro objetivo es que a través de un sistema integrado de dictación de una política con incidencia en medio ambiente o impactos en la sustentabilidad, cada sector avance a un modelo más integrado de gestión pública y así instalar las capacidades y responsabilidad en cada sector, bajo la idea de un horizonte común.

2.Modificaciones al SEIA.

En segundo lugar, el rediseño de la institucionalidad supone algunas correcciones al SEIA, y otras que pueden ser de utilidad para mantener su vigencia como herramienta.

Es necesario recordar que nuestro SEIA es uno de los más exitosos del mundo; además, es el que menos plazos de tramitación puede exhibir en términos comparados y frente al cual se han realizado importantes esfuerzos de mejoramiento a nivel de gestión.

La reforma busca mejorar algunos aspectos para orientar adecuadamente su funcionamiento a lo que técnicamente le es requerido.

a.Aprobación de proyectos.

La transformación de parte de la CONAMA en un Servicio de Evaluación Ambiental, buscando la tecnificación y certeza para todos los interesados en la decisión de proyectos, ha significado ajustar la estructura de decisión.

Con la modificación que se propone, los proyectos o actividades serán evaluados y calificados por un comité de Secretarios Regionales Ministeriales con competencia Ambiental, presididos por el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente. De este modo se garantiza un modelo de funcionamiento semejante al actual, de autorización integrada de funcionamiento, pero vinculado a los organismos con competencia ambiental.

En el caso de las reclamaciones, en Estudios de Impacto Ambiental, que hasta ahora conoce el Consejo Directivo de la CONAMA, integrado por catorce Ministros, serán resueltas por un Comité de Ministros integrado por Medio Ambiente, Salud y Economía Fomento y Reconstrucción, Agricultura y Energía, de manera de permitir incluir a los sectores en las reclamaciones, pero de un modo mucho más eficiente que la integración colegiada amplia actual.

A su vez se permite que tanto en las reclamaciones en Declaraciones como en Estudio de Impacto Ambiental, quien decida pueda solicitar informes a expertos de reconocida calificación técnica y profesional con el objeto de ilustrar adecuadamente la decisión.

Por esta vía se busca dar certeza a todos los interesados, del conjunto de variables que se encuentran tras la aprobación de proyectos.

b.Incorporación de normas de eficiencia.

Enseguida, se establecen algunas reglas que permiten dar eficiencia al sistema:

i.Se permite la tramitación electrónica del procedimiento.

ii.Se explicita el rechazo de la DIA o EIA por insuficiente información.

iii.Se uniforma las reglas de silencio administrativo para las DIA y el EIA, con las de la ley N° 19.880.

iv.Se crea un registro público de Resoluciones de Calificación Ambiental, administrado por la Superintendencia.

v.Se prohíbe el fraccionamiento de proyectos o actividades con el propósito de variar el ingreso al sistema o el instrumento de evaluación, lo que se excepciona en caso de proyectos por etapas o que correspondan a literales diferentes del art. 10.

vi.Se obliga a los servicios sectoriales a comunicar a la Superintendencia la solicitud de cualquier permisos que pudiesen requerir ingresas al SEIA, como consecuencia de que este organismo puede obligar a someterse al sistema a quien no lo ha hecho.

vii.Se establecen reglas de caducidad para las Resoluciones de Calificación Ambiental que no han realizado actividades de inicio de ejecución de obras.

viii.Se prohíbe a las Direcciones de Obras Municipales otorgar permisos de construcción definitivos si los proyectos o actividades no acreditan la dictación de una resolución de calificación ambiental favorable.

c.Participación ciudadana.

Por otra parte, una de las críticas habituales al actual modelo institucional es la insuficiencia de participación ciudadana.

Con tal objeto, el proyecto obliga a someter a un nuevo proceso de participación a los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos que, producto de las adenda, se han modificado sustantivamente, suspendiendo el plazo de tramitación con tal objeto. La situación actual demuestra que las personas sólo participan en la etapa inicial y dado los incentivos de funcionamiento en la evaluación, regularmente esos proyectos terminan siendo diferentes en la etapa de aprobación, lo que ciertamente transforma en irrelevante la participación de la comunidad

Un sistema de participación ciudadana transparente, informado y público puede contribuir a una mejor calidad de las decisiones, pero también a una adecuada gobernabilidad ambiental.

3.Acceso a la información ambiental.

En tercer lugar, una de las áreas ausentes de nuestras regulaciones en términos sustantivos, pero que forma parte de las materias vinculadas a la participación ciudadana, como fenómeno de profundización de la democracia, es el acceso a la información de contenido ambiental.

La mayoría de los países distinguen entre el acceso a la información pública, del acceso a la información ambiental utilizando este último mecanismo como un sistema de transparencia activa que busca reducir las asimetrías de información entre el Estado, el sector privado y las comunidades.

En efecto, prácticamente todos los países han ido incorporando en sus derechos internos los criterios regulados por el Convenio de Aarhus de 1998, que supone la existencia de un sistema de acceso a la información ambiental como una manifestación evidente del derecho de los ciudadanos a conocer la situación que los afecta o que los pudiere afectar.

Con tal objeto el proyecto declara pública toda la información de carácter ambiental que está en poder de la Administración, que sirva de fundamento para la dictación de actos administrativos y que se refiera a:

a.El estado de los componentes ambientales, así como de los factores que inciden en él y las medidas adoptadas. b.El establecimiento y administración de un sistema de información ambiental que considere un conjunto de información de acceso comprensible para los ciudadanos.c.La obligación de emitir periódicamente un informe del estado del Medio Ambiente y la calidad del mismo a nivel nacional, regional y local.

La tutela de este derecho, estará sujeta a las normas de protección establecidas en la Ley de Acceso a la Información pública.

4.Biodiversidad y Áreas protegidas.

Finalmente, uno de los aspectos claves de este proyecto, es abordar los aspectos asociados a la Biodiversidad. Según los datos disponibles y las perspectivas para los próximos treinta años, la pérdida de Biodiversidad es uno de los aspectos de mayor riesgo que enfrentaran los países y sus economías, sobre todo aquellas como la nuestra que basa su desarrollo en el uso y aprovechamiento de recursos naturales.

Con tal objeto, el rediseño institucional lo abarcará en las siguientes áreas:

a.El Ministerio, conjuntamente con el órgano que corresponda, aprobará los planes de manejo de la ley N° 19.300. b.Una vez clasificada una especie, se podrá aprobar planes de recuperación, conservación y gestión de la especies.c.Al Ministerio le corresponderá supervigilar la elaboración del inventario de especies.d.El Ministerio tendrá competencias para proporcionar información con el objeto de elaborar las cuentas ambientales.

Por otra parte, luego de una larga reflexión, y en cumplimiento de lo que señalé en mi programa de Gobierno hemos decidido abordar el problema de las Áreas Silvestres Protegidas.

Chile carece de un sistema integrado de regulación, clasificación y administración de áreas sujetas a protección oficial. En efecto, es una circunstancia conocida que la ley que ha servido de base a este respecto, nunca ha entrado en vigencia, y esto por más de 20 años. En ese contexto, el sistema de áreas protegidas se basa en un conjunto de disposiciones dispersas, que dan origen a diversas denominaciones, que permite sostener que en la actualidad existen más de veinte categorías de protección, lo que en ocasiones tiene efectos en la calidad de las políticas públicas en la materia.

Por estos motivos el Ejecutivo ha dictado la Política Nacional de Áreas Protegidas, el Plan de Acción de Corto Plazo para los años 2007 y 2008 para la implementación de esta Política Nacional y recientemente hemos creado el Comité de Ministros para las Áreas Protegidas, presidido por la Ministra de Medio Ambiente.

Chile debe avanzar hacia un Sistema Nacional e Integrado de Áreas Protegidas, para lo cual es necesario hacerse cargo del conjunto de aspectos, que no son posibles de abordar de manera simple.

Por esta razón, el Gobierno se ha empeñado en un esfuerzo conjunto con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, en sus siglas en inglés), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para desarrollar las bases de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que permita abordar el conjunto de aspectos técnicos, institucionales, legales y de incentivos, públicos y privados, para proveer una adecuada conservación.

En ese contexto, se ha decidido entregar las competencias sobre formulación de políticas y supervigilancia del Sistema de Áreas Protegidas del Estado y privadas, respectivamente, al Ministerio de Medio Ambiente que estamos creando.

Por otro lado, en el ámbito institucional, hemos decidido modificar los estatutos de la Corporación Nacional Forestal, de manera de integrar al Ministro de Medio Ambiente en su Consejo Directivo, y que ésta Corporación, en las materias asociadas a las áreas protegidas, se someta a las políticas definidas por el Ministerio de Medio Ambiente.

Esta solución es la que permitirá en un mediano plazo abordar de un modo integral el modelo de conservación que nuestro país se merece. Esto es importante porque las áreas protegidas buscan contribuir a la conservación y gestión sustentable de la diversidad biológica y cultural asociada, promoviendo un desarrollo sustentable basado en la provisión de bienes y servicios ecosistémicos, la protección de los procesos naturales, y la integración de distintos niveles de gobernabilidad y formas de administración de áreas terrestres, marinas, públicas y privadas, incluyendo corredores biológicos y zonas de amortiguación necesarias para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de los esfuerzos de conservación.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo Primero.-Sustitúyese el actual Título Final de la Ley N° 19.300, que va desde el artículo 69 al 92, por el siguiente Título Final:

“TÍTULO FINAL

DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Párrafo 1°

Naturaleza y Funciones

Artículo 69. Créase el Ministerio del Medio Ambiente, como una Secretaria de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

Artículo 70. Corresponderá especialmente al Ministerio:

a) Proponer las políticas ambientales e informar periódicamente sobre sus avances y cumplimientos;

b) Proponer las políticas, planes, programas y supervigilar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza, y supervisar el manejo de las áreas protegidas de propiedad privada;

c) Velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales en que Chile sea parte en materia ambiental, y ejercer la calidad de contraparte administrativa, científica o técnica de tales convenciones, sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuando las convenciones señaladas contengan además de las materias ambientales, otras de competencia sectorial, el Ministerio del Medio Ambiente deberá integrar a dichos sectores dentro de la contraparte administrativa, científica o técnica de las mismas;

d) Colaborar con los Ministerios sectoriales en la formulación de los criterios ambientales que deben ser incorporados en la elaboración de sus políticas y procesos de planificación, así como en la de de sus servicios dependientes y relacionados;

e) Proponer, de común acuerdo con los organismos competentes, las políticas ambientales para el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables;

f) Proponer políticas y formular normas, planes y programas en materia de residuos y suelos contaminados, así como la evaluación del riesgo de productos químicos, organismos genéticamente modificados y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente, sin perjuicio de las atribuciones de otros organismos públicos en materia sanitaria;

g) Proponer políticas y formular los planes, programas y planes de acción en materia de cambio climático. En ejercicio de esta competencia deberá colaborar con los diferentes órganos de la Administración del Estado a nivel nacional, regional y local con el objeto de poder determinar sus efectos, así como el establecimiento de las medidas necesarias de adaptación y mitigación;

h) Proponer políticas y formular planes, programas y acciones que establezcan los criterios básicos y las medidas preventivas para favorecer la recuperación y conservación de los recursos genéticos, la flora, la fauna, los hábitats, los paisajes, ecosistemas y espacios naturales, en especial los frágiles y degradados, contribuyendo al cumplimiento de los convenios internacionales de conservación de la biodiversidad;

i)Elaborar y ejecutar estudios y programas de investigación, protección y conservación de la Biodiversidad, así como administrar y actualizar una base de datos sobre biodiversidad;

j)Participar en la elaboración de los presupuestos ambientales sectoriales, promoviendo su coherencia con la política ambiental nacional. En ejercicio de esta facultad, se podrá fijar de común acuerdo con el Ministerio sectorial, indicadores de gestión asociados a presupuestos. Con tal finalidad se deberá contar con la aprobación de la Dirección de Presupuestos;

k)Colaborar con las autoridades competentes a nivel nacional, regional y local en la preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación y difusión ambiental, orientados a la creación de una conciencia nacional sobre la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, y a promover la participación ciudadana en estas materias;

l)Coordinar el proceso de generación de las normas de calidad ambiental, de emisión y de planes de prevención y/o descontaminación, determinando los programas para su cumplimiento;

m)Elaborar cada cuatro años informes sobre el estado del medio ambiente a nivel nacional, regional y local. Sin embargo, una vez al año deberá emitir reportes sobre la situación del medio ambiente a nivel nacional y regional.

Estos informes incluirán datos sobre la calidad del medio ambiente, así como un resumen ejecutivo que sea comprensible para el público en general;

n)Establecer un sistema de información sobre el cumplimiento y aplicación de la legislación vigente en materia ambiental;

ñ)Establecer convenios de colaboración con Gobiernos Regionales y Municipalidades destinados a adoptar las medidas necesarias para asegurar la integridad, conservación y reparación del medio ambiente regional y local, así como la educación ambiental y la participación ciudadana. Cuando dichos convenios contemplen transferencia de recursos, deberán contar la autorización del Ministerio de Hacienda;

o)Participar en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de las políticas y planes que promuevan los diversos órganos de la Administración de conformidad a lo señalado en la presente ley;

p)Generar y recopilar la información técnica y científica precisa para la prevención de la contaminación y la calidad ambiental, en particular lo referente a las tecnologías, la producción, gestión y transferencias de residuos, la contaminación atmosférica y el impacto ambiental;

q)Administrar la información de los programas de monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, proporcionada por los organismos competentes, cuando corresponda;

r)Financiar proyectos y actividades orientados a la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio ambiental, la educación ambiental y la participación ciudadana;

s) Realizar capacitación y actualización técnica a los funcionarios públicos, la que también podrá otorgarse a los particulares.

t)Crear y presidir Comités y Subcomités Operativos formados por representantes de los ministerios, servicios y demás organismos competentes para el estudio, consulta, análisis, comunicación y coordinación en determinadas materias relativas al medio ambiente, y

u)Asumir todas las demás funciones y atribuciones que la ley le encomiende.

Párrafo 2°

De la organización

Artículo 71. La Organización del Ministerio será la siguiente:

a)El Ministro del Medio Ambiente;

b)El Subsecretario;

c)Las Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente, y

d)El Consejo Consultivo Nacional y los Consejos Consultivos Regionales.

Un reglamento determinará la distribución temática en las Divisiones del Ministerio, de conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las que deberán contemplar a lo menos las siguientes materias: Regulación Ambiental; Información y Economía Ambiental; Educación, Participación y Gestión Local; Recursos Naturales y Biodiversidad; Cambio Climático y Cumplimiento de Convenios Internacionales, y Planificación y Gestión.

Artículo 72. En cada región del país habrá una Secretaría Regional Ministerial, dependiente técnica y administrativamente del Ministerio del Medio Ambiente, y sometidas a las normas de la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales.

Le corresponderá, especialmente a las Secretarías Regionales Ministeriales, en una o más regiones.

a)Ejercer en lo que le corresponda las competencias del Ministerio señaladas en el artículo 70;

b)Asesorar al Gobierno Regional para la incorporación de los criterios ambientales en la elaboración de los Planes de Desarrollo Regional, y

c)Colaborar con los Municipios respectivos en materia de gestión ambiental.

Párrafo 3°

De los Consejos Consultivos

Artículo 73. Habrá un Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente presidido por el Ministro del Medio Ambiente e integrado por:

a)Dos científicos, propuestos en quina por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas;

b)Dos representantes de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que tengan por objeto la protección del medio ambiente;

c)Dos representantes de centros académicos independientes que estudien o se ocupen de materias ambientales;

d)Dos representantes del empresariado, propuestos en quina por la organización empresarial de mayor representatividad en el país;

e)Dos representantes de los trabajadores, propuestos en quina por la organización sindical de mayor representatividad en el país, y

f)Un representante del Presidente de la República.

Los consejeros serán nombrados por el Presidente de la República por un período de dos años, el que podrá prorrogarse por una sola vez. Un reglamento establecerá el funcionamiento del Consejo.

Artículo 74. Corresponderá al Consejo Consultivo absolver las consultas que le formule el Ministro del Medio Ambiente, emitir opiniones sobre los anteproyectos de ley y decretos supremos que fijen normas de calidad ambiental, de preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental, planes de prevención y de descontaminación, regulaciones especiales de emisiones y normas de emisión que les sean sometidos a su conocimiento, y ejercer todas las demás funciones que le encomiende el Ministro y la ley.

Artículo 75. En cada región del territorio nacional habrá un Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, integrado por:

a)Dos científicos;

b)Dos representantes de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que tengan por objeto la protección o estudio del medio ambiente;

c)Dos representantes del empresariado;

d)Dos representantes de los trabajadores, y

e)Un representante del Ministro del Medio Ambiente.

Los consejeros serán nombrados por el Intendente a proposición del Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente, previa consulta a las respectivas organizaciones o sindicatos más representativos de la región. Respecto de los científicos, éstos serán propuestos por las universidades o institutos profesionales establecidos en la región, si no las hubiere, los designará libremente el Intendente Regional. Los consejeros durarán en sus funciones por un período de dos años, el que podrá prorrogarse por una sola vez. Un Reglamento establecerá el funcionamiento de estos Consejos.

Corresponderá al Consejo Consultivo Regional absolver las consultas que le formule el Intendente, el Gobierno Regional y el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente y ejercer todas las demás funciones que le encomiende la ley.

Párrafo 4°

Del Personal

Artículo 76. El personal del Ministerio estará afecto a las disposiciones del Decreto con Fuerza de ley Nº 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo y en materia de remuneraciones, a las normas del decreto ley Nº 249, de 1974, y su legislación complementaria.

Párrafo 5°

Del Servicio de Evaluación Ambiental

Artículo 77. Créase el Servicio de Evaluación Ambiental como servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.

El Servicio estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882

Artículo 78. Corresponderá al Servicio:

a)La administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental;

b)Administrar un sistema de información sobre permisos y autorizaciones de contenido ambiental;

c)Administrar un sistema de información de líneas de bases de los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acceso público y georeferenciado;

d)Uniformar los criterios, requisitos, condiciones, antecedentes, certificados, trámites, exigencias técnicas y procedimientos de carácter ambiental que establezcan los Ministerios y demás organismos del Estado competentes, mediante el establecimiento, entre otros, de guías trámite;

f)Proponer la simplificación de trámites para los procesos de evaluación o autorizaciones ambientales, y

g)Administrar un registro de consultores certificados para la realización de Declaraciones o Estudios de Impacto Ambiental el que deberá contener a lo menos el nombre o razón social, en caso de tratarse de personas jurídicas su representante legal, domicilio e información relativa a sus áreas de especialidad. Dicho registro será de carácter informativo y el reglamento definirá su forma de administración.

Artículo 79. La administración y dirección superior del Servicio estará a cargo de un Director Ejecutivo, quien será el Jefe Superior del Servicio y tendrá su representación legal.

Artículo 80. Corresponderán al Director Ejecutivo las siguientes funciones:

a)La administración superior del Servicio;

b)Requerir de los organismos del Estado la información y antecedentes que estime necesarios y que guarden relación con sus respectivas esferas de competencia;

c)Designar y contratar personal, y poner término a sus servicios;

d)Celebrar los convenios y ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento de los fines del servicio;

f)En cumplimiento de sus funciones, adquirir y administrar bienes muebles, así como celebrar los actos o contratos que sean necesarios para tal cumplimiento;

g)Conocer el recurso de reclamación de conformidad a lo señalado en el artículo 20 de la presente ley;

h)Delegar parte de sus funciones y atribuciones en funcionarios del Servicio, salvo en las materias señaladas en la letra anterior, y

i)Representar judicial y extrajudicial al servicio y conferir poder a abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, aun cuando no sean funcionarios del Servicio, con las facultades de ambos incisos del artículo 7, del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 81. El Servicio de Evaluación Ambiental se desconcentrará territorialmente a través de las Direcciones Regionales de Evaluación Ambiental.

En cada región del país habrá un Director Regional, quien representará al Servicio y será nombrado por el Director Ejecutivo, mediante el Sistema de Alta Dirección Pública.

Artículo 82. Los proyectos serán calificados por una Comisión presidida por el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente e integrada por los Secretarios Regionales Ministeriales de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, de Planificación, y el Director Regional del Servicio, quien actuará como secretario.

Las Direcciones Regionales de evaluación ambiental conformarán un comité técnico integrado por el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente, quien lo presidirá, y el Director Regional de Evaluación Ambiental, los Directores Regionales de los servicios públicos que tengan competencia en materia del Medio Ambiente, incluido el Gobernador Marítimo correspondiente.

Artículo 83. El patrimonio del Servicio estará formado por:

a)Los recursos que se le asignen anualmente en el Presupuesto de la Nación o en otras leyes generales o especiales;

b)Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, que se le transfieran o adquiera a cualquier título;

c)Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título, y;

d)Las herencias, legados y donaciones que acepte, las que quedarán exentas del trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones establecido en la ley No. 16.271.

Artículo 84. El personal del Servicio estará afecto a las disposiciones del Decreto con Fuerza de ley Nº 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo y en materia de remuneraciones, a las normas del decreto ley Nº 249, de 1974, y su legislación complementaria

Artículo 85. Todos los plazos establecidos en esta ley serán de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los sábados, domingos y festivos.”.

Artículo Segundo.- Créase la Superintendencia del Medio Ambiente y fíjese como su ley orgánica, la siguiente:

“TÍTULO I

DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

Párrafo 1°

De la Naturaleza y Funciones

Artículo 1.- Créase la Superintendencia del Medio Ambiente, como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.

La Superintendencia constituye una institución fiscalizadora en los términos del Decreto Ley Nº 3551 de 1981, estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882 y estará sometida al Decreto Ley Nº 1.263, de 197, sobre Administración Financiera del Estado.

Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que pueda establecer el Superintendente en otras ciudades del país.

Artículo 2.- La Superintendencia del Medio Ambiente tendrá por objeto ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley.

Los organismos sectoriales que cumplan funciones de fiscalización ambiental, conservarán sus competencias y potestades de fiscalización, de conformidad a lo establecido en la presente ley.

Artículo 3.- La Superintendencia tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a)Fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas y condiciones establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental, sobre la base de las inspecciones, controles, mediciones y análisis que se realicen, de conformidad a lo establecido en esta ley;

b)Velar por el cumplimiento de las medidas e instrumentos establecidos en los Planes de Prevención o de Descontaminación Ambiental, sobre la base de las inspecciones, controles, mediciones y análisis que se realicen de conformidad a lo establecido en esta ley;

c)Contratar las labores de inspección, verificación, mediciones y análisis del cumplimiento de las normas, condiciones y medidas de las Resoluciones de Calificación Ambiental, Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, cuando correspondan, y de los Planes de Manejo, cuando procedan, a terceros idóneos debidamente certificados;

Los requisitos y el procedimiento para la certificación, autorización y control de las entidades y sus inspectores, será establecido en el Reglamento, el que deberá a lo menos considerar la incompatibilidad absoluta entre el ejercicio de labores de fiscalización y las de consultoría para la elaboración de Declaraciones o Estudios de Impacto Ambiental, así como los requisitos mínimos de conocimiento, la experiencia calificada, de a lo menos 3 años, en materias relacionadas, los procedimientos de examen o verificación de antecedentes, personal idóneo e infraestructura y equipamiento suficiente para desarrollar las labores solicitadas. Las entidades e inspectores así autorizados quedarán sujetos a la permanente fiscalización y supervigilancia de la Superintendencia.

Los proyectos o actividades inspeccionadas por las entidades a que se refiere el inciso primero, que cumplan con las exigencias señaladas, tendrán derecho a un certificado, cuyas características y vigencia serán establecidas por la Superintendencia, de acuerdo con la naturaleza de las mismas y conforme a las normas que establezca el Reglamento;

d)Exigir, examinar y procesar los datos, muestreos, mediciones y análisis que los sujetos fiscalizados deban proporcionar de acuerdo a las normas y condiciones definidas en sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental o en los Planes de Prevención o de Descontaminación que les sean aplicables;

e)Requerir de los sujetos sometidos a su fiscalización y de los organismos sectoriales que cumplan labores de fiscalización ambiental, las informaciones y datos que sean necesarios para el debido cumplimiento de sus funciones, de conformidad a lo señalado presente ley;

f)Establecer normas de carácter general sobre la forma y modo de presentación de los antecedentes a que se refiere los dos literales anteriores;

g)Suspender transitoriamente las autorizaciones provisorias de inicio del proyecto o actividad y autorizaciones de funcionamiento contenidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental o adoptar otras medidas urgentes y transitorias, para el resguardo del medio ambiente, cuando la ejecución u operación de un proyecto o actividad genere impactos ambientales no permitidos o que impliquen un daño significativo para el medio ambiente, a consecuencia de incumplimientos graves de las normas y condiciones previstas en dichas resoluciones, o por la generación de efectos no previstos en la evaluación;

h)Requerir, mediante resolución fundada y bajo apercibimiento de sanción, a los titulares de proyectos o actividades que conforme al artículo 10 de la ley N° 19.300, debieron someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y no cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental, para que sometan a dicho sistema el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental correspondiente;

i)Requerir a los titulares de Resoluciones de Calificación Ambiental, mediante resolución fundada y bajo apercibimiento de sanción, que sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, las modificaciones o ampliaciones de sus proyectos o actividades que, conforme al artículo 10 de la ley N° 19.300, requieran de una nueva Resolución de Calificación Ambiental;

j)Obligar a los proponentes a ingresar adecuadamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental cuando éstos hubiesen fraccionado sus proyectos o actividades con el propósito de eludir o variar a sabiendas el ingreso al mismo, sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del artículo 11 bis de la ley Nº 19.300;

k)Requerir al Servicio de Evaluación Ambiental, la caducidad de una Resolución de Calificación Ambiental, cuando hubieren transcurrido más de tres años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada y en los demás casos en que, atendida la magnitud, gravedad, reiteración o efectos de las infracciones comprobadas durante su ejecución o funcionamiento, resulte procedente;

l)Requerir a los titulares de fuentes sujetas a un Plan de Manejo, Prevención y/o Descontaminación, así como a Normas de Emisión, bajo apercibimiento de sanción, la información necesaria para acreditar el cumplimiento de las medidas de los respectivos planes y las obligaciones contenidas en las respectivas normas;

m)Fiscalizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales, salvo aquellas de competencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios;

n)Interpretar administrativamente las Normas de Calidad Ambiental y de Emisión, previo informe del o los organismos con competencia en la materia específica y del Ministerio de Medio Ambiente.

La Superintendencia podrá requerir a los jefes de los servicios y organismos con competencias de fiscalización en materia ambiental informes sobre los criterios utilizados por el respectivo organismo sectorial en la aplicación de las normas señaladas en el inciso anterior, así como de las dudas o dificultades de interpretación que se hubieren suscitado y de las desviaciones o distorsiones que se hubieren detectado.

La Superintendencia, podrá además, uniformar los criterios de aplicación y aclarará el sentido y alcance de las normas de calidad ambiental y de emisión, cuando observe discrepancias o errores de interpretación;

ñ)Interpretar administrativamente las Resoluciones de Calificación Ambiental, los Planes de Prevención y/o de Descontaminación, previo informe del o los organismos con competencia en la materia específica y del Servicio de Evaluación Ambiental y del Ministerio del Medio Ambiental, según corresponda.

Cuando el instrumento señalado en el inciso anterior contuviese aspectos normados sometidos a las facultades de interpretación administrativa del organismo sectorial respectivo, el informe solicitado tendrá el carácter de vinculante para la Superintendencia en relación a esa materia;

o)Impartir directrices técnicas de carácter general y obligatorio, definiendo los protocolos, procedimientos y métodos de análisis que los organismos fiscalizadores, las entidades acreditadas conforme a esta ley y, en su caso, los sujetos de fiscalización, deberán aplicar para el examen, control y medición del cumplimiento de las Normas de Calidad Ambiental y de Emisión;

p)Imponer sanciones de conformidad a lo señalado en la presente ley;

q)Administrar un mecanismo de evaluación y certificación de conformidad, respecto de la normativa ambiental aplicable y del cumplimiento de las condiciones de una autorización de funcionamiento ambiental.

Para estos efectos, la Superintendencia administrará un sistema de acreditación de personas naturales y jurídicas que realicen estas evaluaciones y certificaciones. El Reglamento determinará los requisitos, condiciones y procedimientos necesarios para su administración y funcionamiento, el que deberá a lo menos considerar la incompatibilidad absoluta entre el ejercicio de labores de evaluación y certificación y las de consultoría para la elaboración de Declaraciones o Estudios de Impacto Ambiental, así como los requisitos mínimos de conocimiento, la experiencia calificada, de a lo menos 3 años, en materias relacionadas, los procedimientos de examen o verificación de antecedentes, personal idóneo e infraestructura y equipamiento suficiente para desarrollar las labores solicitadas.

Las infracciones a las obligaciones derivadas de este sistema, así como la de las personas acreditadas se sancionará de conformidad a lo señalado en el título III de la presente ley;

r)Proporcionar información al Ministerio del Medio Ambiente y a los organismos con competencia en fiscalización ambiental, para la elaboración de las normas técnicas que correspondan;

s)Aprobar programas de cumplimiento de la normativa ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 45 de esta ley;

t)Administrar un Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes en el cual se registrará y sistematizará, por fuente o agrupación de fuentes de un mismo establecimiento, la naturaleza, caudal y concentración de emisiones de contaminantes que sean objeto de una norma de emisión, y la naturaleza, volumen y destino de los residuos sólidos generados que señale el reglamento.

Igualmente, en los casos y forma que establezca el reglamento, el registro sistematizará y estimará el tipo, caudal y concentración total y por tipo de fuente, de las emisiones que no sean materia de una norma de emisión vigente. Para tal efecto, la Superintendencia requerirá de los servicios y organismos estatales que corresponda, información general sobre actividades productivas, materias primas, procesos productivos, tecnología, volúmenes de producción y cualquiera otra disponible y útil a los fines de la estimación. Las emisiones estimadas a que se refiere el presente inciso serán innominadas e indicarán la metodología de modelación utilizada;

u)Dictar normas e instrucciones de carácter general en el ejercicio de las atribuciones que le confiere esta ley, y

v)Las demás funciones y atribuciones que le asigne la ley.

Párrafo 2°

De la organización

Artículo 4.- El Superintendente de Medio Ambiente, quien será el Jefe de Servicio, será nombrado por el Presidente de la República de conformidad a lo establecido en la ley N° 19.882.

El Superintendente contará con las atribuciones propias de un jefe de servicio y le corresponderá especialmente:

a)Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Superintendencia y ejercer, respecto de su personal, las atribuciones propias de su calidad de Jefe Superior del Servicio;

b)Dictar los actos administrativos en virtud de los cuales se ejerzan las atribuciones de interpretación administrativa entregadas a la Superintendencia;

c)Dictar las instrucciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y el buen funcionamiento de la Superintendencia;

d)Establecer oficinas regionales, cuando las necesidades del Servicio así lo exijan y existan las disponibilidades presupuestarias;

e)Celebrar los convenios y ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento de los fines de la Superintendencia;

f)Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia;

g)Encomendar a las distintas unidades de la Superintendencia las funciones que estime necesarias;

h)Aplicar las sanciones que correspondan de conformidad a lo establecido en la ley;

i)Conocer y resolver los recursos que la ley establece;

j)Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de la Superintendencia, salvo las materias señaladas en la letra anterior;

k)Nombrar y remover al personal de la Superintendencia de conformidad a la presente ley y a las normas estatutarias.

l)Rendir cuenta anualmente de su gestión, a través de la publicación de una memoria y balance institucional, con el objeto de permitir a las personas efectuar una evaluación continua y permanente de los avances y resultados alcanzados por la Superintendencia, y

m)Las demás que establezcan las leyes y reglamentos.

Artículo 5.- Serán inhábiles para desempeñar el cargo de Superintendente las personas que por sí, o por su cónyuge, o por sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo por afinidad, a través de personas naturales o jurídicas, tengan participación en sociedades o formen parte de personas jurídicas que hayan presentado proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en los últimos cinco años.

Artículo 6.- Siempre que los documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos, los funcionarios de la Superintendencia deberán guardar reserva de aquellos que conocieren en el ejercicio de sus funciones, relativos a los negocios de las personas sujetas a su fiscalización y deberán abstenerse de utilizarlos en beneficio propio o de terceros. La infracción a esta obligación será sancionada en la forma establecida en el inciso primero del artículo 247 del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa.

Artículo 7.- A las oficinas regionales les corresponderá ejercer, dentro del territorio de su competencia, las funciones y atribuciones que, siendo competencia de la Superintendencia, les sean delegadas por el Superintendente.

Párrafo 3°

Del Personal

Artículo 8.- El personal de la Superintendencia se regulará por las normas de esta ley y por la de los reglamentos que de conformidad a ella se dicten. Supletoriamente, le serán aplicables las normas del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

El personal de la Superintendencia habilitado como fiscalizador tendrá el carácter de Ministro de Fe, respecto de los hechos constitutivos de infracciones normativas que consignen en el cumplimiento de sus funciones. Los hechos establecidos por dicho Ministro de Fe constituirán presunción legal.

Artículo 9.- El Superintendente, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

El personal a contrata de la Superintendencia podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Superintendente. El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Superintendencia.

El personal que preste servicios sobre la base de honorarios, se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.

Artículo 10.- El Superintendente podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la administración civil del Estado, sin que rijan las limitaciones establecidas por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes.

Artículo 11.- El personal de la Superintendencia tendrá prohibición absoluta de prestar a las entidades sujetas a su fiscalización otros servicios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta. Cualquiera infracción a esta norma será constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan de conformidad a la ley.

Artículo 12.- Sin perjuicio de las causales previstas en el DFL N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo, para la cesación del cargo de personal de carrera, se podrá declarar la vacancia por las siguientes causales:

a)Necesidades de la Superintendencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Superintendencia.

Anualmente, los Altos Directivos Públicos del II nivel jerárquico de la Superintendencia, a más tardar en el mes de diciembre, efectuarán, en conjunto, una evaluación sobre la marcha de la institución en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados. Los resultados de dicha evaluación servirán de base para que el Superintendente ejerza la facultad a que se refiere este literal. Un reglamento fijará los procedimientos que adoptarán y la forma y oportunidad en que recepcionarán la información y antecedentes requeridos al efecto.

b)Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal prevista en el literal a)precedente, tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

Artículo 13.- El personal de la Superintendencia que detente cargos directivos y profesionales de los tres primeros niveles jerárquicos, deberá desempeñarse con dedicación exclusiva. Sin perjuicio de lo anterior, podrá realizar labores docentes en los términos del artículo 8° de la ley N° 19.863, ejercer los derechos que le atañen personalmente, percibir los beneficios de seguridad social de carácter irrenunciable y los emolumentos que provengan de la administración de su patrimonio.

Párrafo 4°

Del patrimonio

Artículo 14.- El patrimonio de la Superintendencia estará formado por:

a)Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuesto de la Nación y los recursos que le entreguen otras leyes generales o especiales;

b)Los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades;

c)Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o adquieran a cualquier título y los frutos de tales bienes;

d)Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;

e)El producto de la venta de las publicaciones que realice, cuyo valor será determinado por resolución del Superintendente; y

f)El producto de la venta de bienes que realice, como asimismo, de los aranceles, derechos e intereses y otros ingresos propios que perciba en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 15.- La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos.

TÍTULO II

DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Párrafo 1°

De la Fiscalización Ambiental

Artículo 16.- Para el desarrollo de las actividades de fiscalización, la Superintendencia deberá establecer, anualmente, los siguientes programas y subprogramas:

a)Los programas de fiscalización de Resoluciones de Calificación Ambiental para cada región, incluida la Metropolitana;

b)Los subprogramas sectoriales de fiscalización de Resoluciones de Calificación Ambiental, dónde se identificarán las actividades de fiscalización para cada servicio u organismo sectorial competente;

c)Los programas de fiscalización de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación para las diversas regiones en que ellos operen;

d)Los subprogramas de fiscalización de Planes de Prevención y/o de Descontaminación, dónde se identificarán las actividades de fiscalización para cada servicio u organismo sectorial competente;

e)Otros programas y subprogramas que de conformidad a las instrucciones impartidas por la Superintendencia o lo dispuesto en la ley Nº 19.300 u otros cuerpos legales den origen a actividades de fiscalización en materia medio ambiental, de competencia de la Superintendencia.

Artículo 17.- Para la elaboración de estos programas y subprogramas, con la debida anticipación, se solicitará a los organismos con competencia en fiscalización ambiental informes acerca de las prioridades de fiscalización que hubieren definido, los que deberán evacuarse dentro del plazo de 15 días hábiles.

Sobre la base de los informes señalados y de los demás antecedentes, se elaborará las propuestas de programas y subprogramas, y los someterán a consulta de los organismos y servicios que la Superintendencia estime pertinente.

Concluido el período de consulta, los programas y subprogramas y las observaciones recibidas se pondrán en conocimiento del Superintendente, el que los fijará mediante una o más resoluciones exentas.

Las resoluciones que fijen los programas y subprogramas deberán garantizar adecuadamente la participación en la fiscalización de la Superintendencia y de los organismos sectoriales. Asimismo, deberán resguardar la debida coordinación entre ellas, evitando duplicidad de funciones. En dichas resoluciones se deberá indicar, además, los presupuestos sectoriales asignados, de conformidad a lo establecido en el artículo 70 letra l) de la ley N° 19.300, así como los indicadores de desempeño asociados.

Artículo 18.- Al finalizar el año respectivo, deberán publicarse los programas y subprogramas de fiscalización, con sus respectivos resultados individualizados por tipo de instrumento fiscalizado y organismo que las llevó a cabo. Las resoluciones que establezcan los programas y subprogramas de fiscalización tendrán el carácter de reservadas mientras se encuentren en ejecución. En consecuencia, no serán objeto de publicación y serán distribuidas sólo a los responsables. Sin perjuicio de lo anterior, serán de conocimiento público las metodologías y guías de fiscalización aprobadas por la Superintendencia.

Artículo 19.- Las actividades de fiscalización se ceñirán a los programas y subprogramas definidos, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia para disponer la realización de inspecciones no contempladas en aquéllos, en caso de denuncias o reclamos y en los demás en que tome conocimiento por cualquier medio de incumplimientos o infracciones de su competencia.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez al año y sujeto al procedimiento señalado en artículo 18, podrá actualizarse los programas y subprogramas de fiscalización cuando razones fundadas basadas en la eficiencia del sistema de fiscalización así lo aconsejen.

Artículo 20.- La ejecución de los programas y subprogramas de fiscalización contempla las actividades de inspección propiamente tal, el análisis de la información obtenida en las primeras y la adopción de las medidas que correspondan.

Artículo 21.- Cualquier persona podrá denunciar ante la Superintendencia el incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental y normas ambientales, debiendo ésta informar sobre los resultados de su denuncia en un plazo no superior a 60 días hábiles.

En el evento que producto de tales denuncias se iniciare un procedimiento administrativo sancionador, el denunciante tendrá para todos los efectos legales la calidad de interesado en el precitado procedimiento.

Párrafo 2°

De las inspecciones, mediciones y análisis

Artículo 22.- La Superintendencia realizará la ejecución de las inspecciones, mediciones y análisis que se requieran para el cumplimiento de los programas y subprogramas de fiscalización, como también encomendará dichas acciones a los organismos sectoriales, cuando corresponda.

Para estos efectos, la Superintendencia impartirá directrices a los mencionados organismos sectoriales, informando, las acciones de fiscalización que éstos asumirán, los plazos y oportunidades para su realización y las demás condiciones pertinentes. A su vez, la Superintendencia deberá informar a los organismos sectoriales correspondientes la ejecución de sus inspecciones, mediciones y análisis respectivos, de manera de evitar duplicidad de funciones.

Artículo 23.- Corresponderá a los jefes de servicio de cada uno de los órganos y servicios sectoriales supervisar el cumplimiento de las acciones de fiscalización contempladas en esta ley y las demás que rijan la materia específica. Asimismo deberán ejercer las demás funciones y atribuciones que esta ley les confiere, debiendo reportar periódicamente a la Superintendencia, sobre el grado de cumplimiento de los procedimientos de fiscalización.

Los convenios de desempeño a los cuales se refiere la ley N° 19.882, aplicables a los jefes de los organismos y servicios sectoriales que ejerzan funciones de fiscalización en materia ambiental, así como sus equipos de trabajo, deberán contener las obligaciones específicas de cumplimiento sujetas a indicadores verificables, relativos a los procedimientos de fiscalización regulados en la presente ley.

Artículo 24.- Cuando determinadas acciones de fiscalización contempladas en los programas y subprogramas no puedan ser llevadas a cabo, sea por insuficiencia operativa de los organismos sectoriales o por otra causa justificada, serán encomendadas por la Superintendencia a las entidades técnicas acreditadas de conformidad a esta ley o se realizarán directamente por sus propios fiscalizadores.

Artículo 25.- Las acciones de fiscalización, sea que sean ejecutadas directamente por la Superintendencia o por los organismos sectoriales competentes, deberán ajustarse a las instrucciones técnicas de carácter general impartidas por ésta relativas a los protocolos, procedimientos y métodos de análisis en ellas definidos.

Artículo 26.- Los resultados de las inspecciones, mediciones y análisis realizados por la Superintendencia y los organismos sectoriales, junto con un informe técnico fundado y sus conclusiones, deberán remitirse, una vez finalizados, al Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental al cual se refiere el artículo 33.

Artículo 27.- En caso que la Superintendencia obligue a los sujetos fiscalizados a someterse a programas de evaluación y certificación de conformidad, consagrados en la letra q) del artículo 4º, podrá revisar las instalaciones de las empresas, industrias o proyectos con el objeto de verificar los sistemas productivos y los sistemas de control.

Estos programas serán determinados por la Superintendencia y corresponderá al Reglamento establecer sus procedimientos.

Serán de cargo del titular del proyecto o de la fuente sujeta a fiscalización todos los costos involucrados en los informes periódicos requeridos, incluidos los respectivos muestreos y análisis de laboratorios, los que deberán ser realizados por entidades debidamente registradas en el Sistema Nacional de Acreditación.

Artículo 28.- Durante los procedimientos de fiscalización los responsables de las empresas, industrias, proyectos y fuentes sujetos a fiscalización deberán entregar todas las facilidades para que se lleve a cabo el proceso de fiscalización y no podrán negarse a proporcionar la información requerida sobre los aspectos materia de la misma.

Los funcionarios de la Superintendencia estarán facultados, en el cumplimiento de sus labores inspectivas, para ingresar a inmuebles, establecimientos o recintos públicos o privados en que se desarrollen actividades objeto de fiscalización. Quienes sean objeto de fiscalización deberán facilitar el cumplimiento de su cometido a los funcionarios competentes.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, los funcionarios de la Superintendencia podrán solicitar directamente del Jefe de la Unidad de Carabineros más próxima o de la autoridad que corresponda, según el caso, el auxilio de la fuerza pública, la que podrá actuar con descerrajamiento, si fuere necesario, para ingresar a lugares cerrados que no constituyan morada.

La negativa a dar cumplimiento a los requerimientos durante las acciones de fiscalización será considerada como infracción gravísima.

Artículo 29.- La Superintendencia podrá citar a declarar a los representantes, directores, administradores, asesores y dependientes de los sujetos fiscalizados, como asimismo a testigos, respecto de algún hecho cuyo conocimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones. No estarán obligadas a concurrir a declarar las personas indicadas en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, a las cuales la Superintendencia deberá pedir declaración por escrito.

La Superintendencia podrá requerir de la justicia ordinaria la aplicación del procedimiento de apremio contemplado en los artículos 93 y 94 del Código Tributario, en contra de las personas que habiendo sido citadas bajo apercibimiento no concurran a declarar sin causa justificada a declarar.

Artículo 30.- Quienes realicen las acciones de fiscalización deberán guardar la debida confidencialidad de la información obtenida relativa a procesos y sistemas productivos o cualquier otro sujeto a propiedad industrial.

La infracción a esta norma será sancionada de conformidad al art. 247 del Código Penal.

Párrafo 3°

Del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental

Artículo 31.- La Superintendencia administrará un Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, que se conformará con los siguientes antecedentes y datos:

a)Las Resoluciones de Calificación Ambiental y la totalidad de sus antecedentes; los permisos ambientales sectoriales asociados a cada una de ellas; las acciones de fiscalización desarrolladas a su respecto y sus resultados; y las mediciones, análisis y demás datos que los titulares deban proporcionar de conformidad a las exigencias establecidas por dichas Resoluciones;

b)Los Planes de Prevención y/o de Descontaminación y la totalidad de sus antecedentes; las acciones de fiscalización desarrolladas a su respecto y sus resultados; y las mediciones, análisis y demás datos que conforme a las medidas de cada Plan, deban proporcionarse por los sujetos fiscalizados o por los organismos sectoriales competentes;

c)Los procesos sancionatorios incoados respecto de cada actividad, proyecto y sujeto fiscalizado y sus resultados, y

d)Los procesos de fiscalización de las Normas de Emisión.

Artículo 32.- Para los efectos del artículo anterior, el Servicio de Evaluación Ambiental, los organismos sectoriales con competencia ambiental, los titulares de las Resoluciones de Calificación Ambiental y los demás sujetos a fiscalización de conformidad a esta ley, deberán proporcionar a la Superintendencia los siguientes antecedentes e informaciones:

a)Las Resoluciones de Calificación Ambiental dictadas y que se dicten, incluidos todos sus antecedentes y las modificaciones y aclaraciones de que sean objeto;

b)Los Planes de Prevención y/o de Descontaminación que se determine aplicar, incluidos todos sus antecedentes y las modificaciones y aclaraciones de que sean objeto;

c)Los permisos ambientales sectoriales que se otorguen;

d)Los resultados de los procesos de fiscalización ambiental que desarrollen los organismos sectoriales con competencia ambiental, así como de los procesos sancionatorios que les corresponda incoar;

e)Los resultados de las mediciones, muestreos y análisis que, de acuerdo a lo previsto en los Planes de Prevención y/o de Descontaminación, se deban realizar;

f)Los antecedentes y datos sobre mediciones, análisis y pruebas que los titulares de proyectos o actividades deban realizar conforme a sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental, y

g)Los antecedentes y datos sobre mediciones, análisis y pruebas que los titulares de las fuentes deban realizar de conformidad a las normas de emisión.

Las informaciones mencionadas deberán remitirse directamente a la Superintendencia sin necesidad de requerimiento alguno, en la forma y modo que para estos efectos se establezca en las instrucciones de carácter general que dicte la Superintendencia.

El Reglamento establecerá el procedimiento y la forma en la cual operará dicho sistema de información, sin perjuicio de las instrucciones que imparta la Superintendencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia podrá requerir las informaciones y antecedentes adicionales que estimen necesarios para la conformación y mantención del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental.

Artículo 33.- La Superintendencia contará con una plataforma electrónica que le permita la adecuada administración del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental y su aplicación útil para la detección temprana de desviaciones o irregularidades y la consecuente adopción oportuna de las medidas o acciones que correspondan.

Dicha plataforma deberá permitir, además, mantener un historial sistematizado y actualizado de las acciones de fiscalización realizadas respecto de cada sujeto fiscalizado y sus resultados, así como de los procesos sancionatorios de que sean objeto y los resultados de ambos, que permita obtener información útil para la priorización de futuras fiscalizaciones y para la resolución de futuros procedimientos sancionatorios.

Artículo 34.- Las normas que establezcan el secreto o reserva sobre determinados asuntos no obstarán a que se proporcione a la Superintendencia la información o antecedente que ella requiera para el ejercicio de su fiscalización, sin perjuicio de que sobre su personal pese igual obligación de guardar tal reserva o secreto.

TÍTULO III

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Párrafo 1°

De las infracciones

Artículo 35.- Corresponderá exclusivamente a la Superintendencia del Medio Ambiente y, en su caso, a la Dirección Regional, el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las siguientes infracciones:

a)El incumplimiento de las condiciones, normas y demás exigencias previstas en las Resoluciones de Calificación Ambiental;

b)La ejecución de proyectos y el desarrollo de actividades para los que la ley exige Resolución de Calificación Ambiental, sin contar con ella;

c)El incumplimiento de las medidas e instrumentos previstos en los Planes de Prevención y/o de Descontaminación;

d)El incumplimiento por parte de entidades técnicas acreditadas por la Superintendencia, de los términos y condiciones bajo las cuáles se les haya otorgado la autorización, o de las obligaciones que esta ley les imponga;

e)El incumplimiento de las normas e instrucciones generales que la Superintendencia imparta en ejercicio de las atribuciones que le confiere esta ley;

f)El incumplimiento de los requerimientos y medidas urgentes y transitorias que la Superintendencia resuelva de conformidad a esta ley, respecto de los titulares de proyectos y actividades sujetos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental;

g)El incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales, que no sean competencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios;

h)El incumplimiento de los planes de recuperación, conservación y gestión de especies establecidos en la ley Nº 19.300;

i)El incumplimiento de los requerimientos de información que la Superintendencia dirija a los sujetos fiscalizados, de conformidad a esta ley;

j)El incumplimiento de los planes de manejo a que se refiere la ley Nº 19.300;

k)El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales previstas en el artículo 47;

l)El incumplimiento de la obligación de informar de los responsables de fuentes emisoras, para la confección del registro al cual hace mención la letra t) del artículo 3° de la presente ley, y

m)El incumplimiento cualquiera de toda otra norma de carácter ambiental que no tenga establecida una sanción especifica.

Artículo 36.-Para los efectos del ejercicio de la potestad sancionadora que corresponde a la Superintendencia, las infracciones de su competencia se clasificarán en gravísimas, graves y leves.

1.-Son infracciones gravísimas los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que alternativamente:

a)Hayan causado grave daño ambiental, no susceptible de reparación;

b)Hayan generado grave riesgo para la salud de la población;

c)Provoquen un serio obstáculo para el cumplimiento de las metas y objetivos de un Plan de Prevención y/o de Descontaminación;

d)Se hayan encubierto o pretendido encubrir mediante información falsa u ocultamiento de información;

e)Hayan impedido la fiscalización, encubierto una infracción o evitado el ejercicio de las atribuciones de la Superintendencia;

f)Involucren la ejecución de proyectos o actividades del artículo 10 de la ley N° 19.300 al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y se constate en ellos alguno de los efectos, características o circunstancias previstas en el artículo 11 de dicha ley;

g)Constituyan reiteración o reincidencia en infracciones calificadas como graves de acuerdo con este artículo.

2.-Son infracciones graves, los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que, alternativamente:

a)Hayan causado daño ambiental significativo, aún si fuere susceptible de reparación;

b)Hayan generado un riesgo significativo para la salud de la población;

c)Pongan en peligro el cumplimiento de las metas y objetivos de un Plan de Prevención y/o de Descontaminación;

d)Involucren la ejecución de proyectos o actividades del artículo 10 de la ley N° 19.300 al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, si no están comprendidos en los supuestos de la letra f)del número anterior;

e)Involucren el incumplimiento de las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental;

f)Conlleven el no acatamiento de las instrucciones, requerimientos y medidas urgentes dispuestas por la Superintendencia;

g)Constituyan una negativa a entregar información en los casos que la ley autoriza a la Superintendencia para exigirla;

h)Constituyan persistente reiteración de una misma infracción calificada como leve de acuerdo con este artículo.

3.-Son infracciones leves los hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto obligatorio y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los incisos anteriores.

Artículo 37.- Las infracciones previstas en esta ley prescribirán a los tres años de cometidas, plazo que se interrumpirá con la notificación de la formulación de cargos por los hechos constitutivos de las mismas.

Párrafo 2°

De las sanciones

Artículo 38.- Las infracciones cuyo conocimiento compete a la Superintendencia, podrán ser objeto de las siguientes sanciones:

a)Amonestación por escrito;

b)Multa de una a diez mil unidades tributarias anuales;

c)Clausura temporal o definitiva, y

d)Revocación de la Resolución de Calificación Ambiental.

Artículo 39.- La sanción que corresponda aplicar a cada infracción se determinará, según su gravedad, dentro de los siguientes rangos:

a)Las infracciones gravísimas podrán ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura, o multa de cinco mil una hasta diez mil unidades tributarias anuales;

b)Las infracciones graves podrán ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura, o multa desde quinientas una hasta cinco mil unidades tributarias anuales, y

c)Las infracciones leves podrán ser objeto de amonestación por escrito o multa de una hasta quinientas unidades tributarias anuales.

Artículo 40.- Para la determinación de las sanciones específicas que en cada caso corresponda aplicar, se considerarán las siguientes circunstancias:

a)La importancia del daño causado o del peligro ocasionado;

b)El porcentaje estimativo de población cuya salud pudo afectarse por la infracción;

c)El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción;

d)La intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma;

e)La conducta anterior del infractor;

f)La capacidad económica del infractor;

g)El cumplimiento del programa señalado en la letra s)del artículo 3°, y

h)Todo otro criterio que, a juicio fundado de la Superintendencia, sea relevante para la determinación de la sanción.

Artículo 41.- La Superintendencia podrá reducir el monto de la multa al infractor que concurra a sus oficinas y denuncie estar cometiendo, por sí, cualquier infracción de aquellas establecidas en los artículos precedentes.

Esta reducción sólo procederá cuando el infractor suministre información precisa, verídica y comprobable respecto de los hechos que constituyen infracción y ponga fin, de inmediato, a los mismos, adoptando todas las medidas necesarias para reducir o eliminar los efectos negativos.

En todo caso, la rebaja no podrá ser superior al 50% de la multa impuesta por la Superintendencia en el proceso sancionatorio respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que la Superintendencia hubiese iniciado la etapa de investigación respecto de los mismos hechos, la denuncia establecida en el inciso primero de este artículo no producirá ningún efecto respecto del infractor.

Artículo 42.- Iniciado un procedimiento sancionatorio, el infractor podrá presentar en el plazo de 5 días, contados desde el acto que lo incoa, un programa de de cumplimiento.

Para estos efectos se entenderá como programa de cumplimiento, el plan de acciones y metas presentado por el infractor, para que dentro de un plazo fijado por la Superintendencia, los responsables cumplan satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indique.

No podrán presentar programas de cumplimiento aquellos infractores que se hubiesen acogido a programas de gradualidad en el cumplimiento de la normativa ambiental o hubiesen cometido infracciones de aquellas denominadas gravísimas, o hubiesen sido objeto con anterioridad de la aplicación de una sanción por parte de la Superintendencia o hubiesen presentado, con anterioridad, un programa de cumplimiento.

Aprobado un programa de cumplimiento por la Superintendencia, el procedimiento sancionatorio se suspenderá.

Dicho procedimiento se reiniciará en caso de incumplirse las obligaciones contraídas en el programa, evento en el cual se podrá aplicar hasta el doble de la multa que corresponda a la infracción original, salvo que hubiese mediado autodenuncia.

Cumplido el programa dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a las metas fijadas en él, el procedimiento administrativo se dará por concluido.

El Reglamento establecerá los criterios a los cuales deberá atenerse la superintendencia para aprobar un programa de cumplimiento.

Con todo, la presentación del programa de cumplimiento y su duración interrumpirán el plazo señalado en el artículo 37.

Artículo 43.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas que se imponga, el infractor que haya ocasionado un daño ambiental estará obligado a reponer el Medio Ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado, o en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas.

Para tal efecto, una vez determinada la responsabilidad administrativa y constatada la existencia del daño ambiental, la Superintendencia, en la misma resolución que ponga término al procedimiento sancionatorio, ordenará al infractor presentar, en un plazo determinado, ante el Servicio de Evaluación Ambiental una proposición de reparación avalada por un estudio técnico ambiental, bajo apercibimiento de sancionarlo como responsable de infracción gravísima en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado.

El Servicio de Evaluación Ambiental deberá pronunciarse acerca de los aspectos técnicos del plan de reparación que el infractor deberá implementar a su costo y dentro de los plazos que al efecto le fije tal autoridad.

Una vez recibidos por la Superintendencia el plan de reparación y su respectiva aceptación por el Servicio de Evaluación Ambiental, ésta lo aprobará, y le corresponderá la fiscalización de su cumplimiento.

Desde la aprobación del plan de reparación a que se refiere el inciso anterior y mientras éste se ejecute, el plazo de prescripción para ejercer la acción por daño ambiental se suspenderá.

Artículo 44.- Las sanciones administrativas aplicadas de conformidad a esta ley, prescribirán a los tres años desde la fecha en que la respectiva resolución sancionatoria haya quedado a firme. Esta prescripción se interrumpirá por la notificación del respectivo procedimiento de ejecución o de la formulación de cargos por incumplimiento, según la naturaleza de la sanción aplicada.

Artículo 45.- Las resoluciones de la Superintendencia que apliquen multa tendrán mérito ejecutivo.

El monto de las multas impuestas por la Superintendencia será a beneficio fiscal, y deberá ser pagado en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de notificación de la resolución respectiva.

El pago de toda multa aplicada de conformidad a este Título deberá ser acreditado ante la Superintendencia, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que ésta debió ser pagada.

Si el infractor fuere una persona jurídica, las personas naturales que la representen legalmente o que actúen en su nombre serán solidariamente responsables del pago de la multa.

Artículo 46.- El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia en conformidad a la ley, devengará los reajustes e intereses establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

Párrafo 3°

Del procedimiento sancionatorio

Artículo 47.- El procedimiento administrativo sancionatorio podrá iniciarse de oficio, a petición del órgano sectorial o por denuncia.

Se iniciará de oficio cuando la Superintendencia tome conocimiento, por cualquier medio, de hechos que pudieren ser constitutivos de alguna infracción de su competencia. Se iniciará a petición del órgano sectorial, por su parte, cuanto tome conocimiento de los informes expedidos por los organismos y servicios con competencia en materia de fiscalización ambiental, los que deberán ser evacuados de conformidad a lo establecido en esta ley y contener en especial la descripción de las inspecciones, mediciones y análisis efectuados así como sugerir las medidas provisionales que sean pertinente decretar.

Las denuncias de infracciones administrativas deberán ser formuladas por escrito a la Superintendencia, señalando lugar y fecha de presentación, y la individualización completa del denunciante, quien deberá suscribirla personalmente o por su mandatario o representante habilitado. Asimismo, deberán contener una descripción de los hechos concretos que se estiman constitutivos de infracción, precisando lugar y fecha de su comisión y, de ser posible, identificando al presunto infractor.

La denuncia formulada conforme al inciso anterior originará un procedimiento sancionatorio si a juicio de la Superintendencia está revestida de seriedad y tiene mérito suficiente. En caso contrario, se podrá disponer la realización de acciones de fiscalización sobre el presunto infractor y si ni siquiera existiere mérito para ello, se dispondrá el archivo de la misma por resolución fundada, notificando de ello al interesado.

Artículo 48.- Cuando se haya iniciado el procedimiento sancionador, la Superintendencia, con el objeto de garantizar la eficacia del acto administrativo sancionador, podrá adoptar alguna o algunas de las siguientes medidas provisionales:

a)Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del riesgo o del daño;

b)Sellado de aparatos o equipos;

c)Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones;

d)Detención del funcionamiento de las instalaciones;

e)Suspensión temporal de la resolución de calificación ambiental, y

f)Ordenar programas de monitoreo y análisis específicos que serán de cargo del infractor.

Las medidas señaladas en el artículo anterior podrán ser ordenadas antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, de conformidad a lo señalado en el artículo 32 de la ley Nº 19.880 y deberán ser proporcionales al tipo de infracción cometida y a las circunstancias señaladas en el artículo 40.

Artículo 49.- La instrucción del procedimiento sancionatorio se iniciará con una formulación precisa de los cargos, que se notificará al presunto infractor por carta certificada en el domicilio que tenga registrado ante la Superintendencia o en el que se señale en la denuncia, según el caso, confiriéndole un plazo de 15 días para formular los descargos.

La formulación de cargos señalará una descripción de los hechos que se estimen constitutivos de infracción y la fecha de su verificación, la norma, medidas o condiciones eventualmente infringidas y la disposición que establece la infracción, la sanción asignada y el plazo para formular descargos.

Artículo 50.- Recibidos los descargos o transcurrido el plazo otorgado para ello, la Superintendencia examinará el mérito de los antecedentes, podrá ordenar la realización de las pericias e inspecciones que sean pertinentes y la recepción de los demás medios probatorios que procedan.

En todo caso, se dará lugar a las medidas o diligencias probatorias que solicite el presunto infractor en sus descargos, que resulten pertinentes y conducentes. En caso contrario, las rechazará mediante resolución motivada.

Artículo 51.- Los hechos investigados y las responsabilidades de los infractores podrán acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho, los que se apreciarán en conciencia.

Los hechos constatados por los funcionarios a los que se reconocen la calidad de ministro de fe, y que se formalicen en el expediente respectivo, tendrán el valor probatorio señalado en el artículo 8, sin perjuicio de los demás medios de prueba que se aporten o generen en el procedimiento.

Artículo 52.- Concluidas las diligencias y plazos señalados en los artículos anteriores, la Superintendencia podrá requerir los informes de otros organismos sectoriales con competencia ambiental, que estime pertinentes para ilustrar su resolución.

Artículo 53.- La resolución que ponga fin al procedimiento sancionatorio será fundada y resolverá las cuestiones planteadas en el expediente, y contendrá la declaración de la sanción que se imponga al infractor o su absolución.

La resolución deberá dictarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que se haya evacuado la última diligencia ordenada en el expediente.

Párrafo 4°

De los recursos

Artículo 54.- En contra de las resoluciones de la Superintendencia que apliquen sanciones, se podrá interponer el recurso de reposición, en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución.

El plazo para resolver cada uno de estos recursos será de treinta días hábiles.

La interposición de estos recursos suspenderá el plazo para reclamar de ilegalidad, siempre que se trate de materias por las cuales procede dicho recurso.

Artículo 55.- Los afectados que estimen que las resoluciones de la Superintendencia no se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponda aplicar, podrán reclamar de las mismas, dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde la notificación, ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del reclamante. Si la resolución afectare a más de una persona o entidad, cuyos domicilios correspondieren a territorios jurisdiccionales de diferentes Cortes, será competente para conocer de todas las reclamaciones a que haya lugar aquella que corresponda al domicilio de la autoridad que haya expedido el acto administrativo reclamado.

Las resoluciones que impongan multas serán siempre reclamables y aquellas no serán exigibles mientras no esté vencido el plazo para interponer la reclamación, o ésta no haya sido resuelta.

Para el caso que el infractor no reclame ante la Corte de Apelaciones de las resoluciones de la Superintendencia que impongan sanciones pecuniarias y pague la respectiva multa, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación de la resolución, se le reducirá un 25% del valor de la multa. El pago deberá ser acreditado en el plazo señalado presentando copia de la consignación del valor de la multa reducida efectuado en la Tesorería General de la República.

Artículo 56.- La Corte de Apelaciones dará traslado de la reclamación a la Superintendencia, notificándola por oficio y ésta dispondrá del plazo de diez días hábiles contado desde que se notifique la reclamación interpuesta, para formular observaciones.

La Corte no podrá decretar medida alguna que suspenda los efectos del acto reclamado, cuando la suspensión de los efectos de la resolución pueda afectar la salud de la población o la preservación del medio ambiente.

Evacuado el traslado por la Superintendencia, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de las partes.

La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días. Contra la resolución de la Corte de Apelaciones se podrá apelar ante la Corte Suprema, dentro del plazo de cinco días hábiles, la que conocerá en la forma prevista en los incisos anteriores.

Párrafo 5°

Normas generales

Artículo 57.- La Superintendencia deberá consignar las sanciones aplicadas en un registro público en el cuál se señalarán los nombres, apellidos, denominación o razón social, de las personas naturales o jurídicas responsables y la naturaleza de las infracciones y sanciones.

Este registro deberá estar a disposición de cualquier persona que lo requiera, debiendo permitirse su consulta también por vía electrónica.

El Reglamento determinará la forma y modo en que deberá confeccionarse el precitado registro, la actualización del mismo, así como cualquier otro aspecto que sea útil para el adecuado registro, acceso y publicidad de las sanciones impuestas.

Artículo 58.- Iniciado un procedimiento administrativo sancionador por parte de la Superintendencia no podrá ningún organismo sectorial con competencia ambiental, por los mismos hechos, iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio de competencias propias o denunciarlos a la justicia civil, cuando corresponda según la ley, sino hasta que el procedimiento instruido por la Superintendencia se hubiese terminado.

Artículo 59.- Cuando por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos, el infractor pudiese ser sancionado con arreglo a esta ley y a otra u otras leyes, de las sanciones posibles, se le impondrá la de mayor gravedad.

Artículo 60.- En todo lo no previsto en la presente ley, se aplicará supletoriamente la ley N° 19.880.”.

Artículo tercero.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente:

1)En el artículo 2°.

a)Para agregar la siguiente letra i bis), nueva:

“i) bis. Evaluación Ambiental Estratégica: el procedimiento realizado por el Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable, al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo general, que tengan impactos sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y sus modificaciones sustanciales;”.

b)Para reemplazar en la letra j) la frase “de la Comisión Nacional del Medio Ambiente o de la Comisión Regional respectiva, en su caso,” por “del Servicio de Evaluación Ambiental”.

c)Para agregar la siguiente letra m bis), nueva:

“m) bis. Mejores técnicas disponibles: la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestre la capacidad práctica de determinadas técnicas para evitar o reducir en general las emisiones y el impacto en el medio ambiente y la salud de las personas. Con tal objeto se deberán considerar los costos y los beneficios, la utilización o producción de ellas en el país, y el acceso, en condiciones razonables, que el regulado pueda tener a las mismas;”

2)En el artículo 4º.

a)Para agregar en el inciso primero, a continuación de la frase “participación ciudadana” lo siguiente “permitir el acceso a la información ambiental”, precedido de una coma (,).

b)Para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo.

“Los órganos del Estado, en el ejercicio de sus competencias ambientales y en la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, deberán propender por la adecuada conservación, desarrollo y fortalecimiento de la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones sociales y culturales de los pueblos, comunidades y personas indígenas, de conformidad a lo señalado en la ley y en los Convenios internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

3)Para agregar, a continuación del artículo 7°, el siguiente párrafo 1 bis, nuevo:

“Párrafo 1 bis.

De la Evaluación Ambiental Estratégica.

Art. 7 bis. Se someterán a evaluación ambiental estratégica las políticas y planes de carácter normativo general, así como sus modificaciones sustantivas, que tengan impactos sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, que voluntariamente los Ministerios decidan someter a tal evaluación.

En todo caso, siempre deberán someterse a evaluación ambiental estratégica los planes regionales de ordenamiento territorial, planes intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales. En esta situación el procedimiento y aprobación del instrumento estará a cargo del Ministerio de Vivienda, el Gobierno Regional o el Municipio, respectivamente.

La elaboración de las políticas y planes deberá contemplar las etapas de diseño y aprobación.

En la etapa de diseño, el organismo que dictará la política o plan, deberá considerar los objetivos y efectos ambientales del instrumento, así como los criterios de desarrollo sustentable de los mismos. Durante esta etapa se deberá integrar a otros órganos de la administración del Estado vinculados a las materias objeto de la política o plan, así como otros instrumentos relacionados con ellos. En el caso señalado en el inciso segundo, se deberán siempre considerar los instrumentos relacionados con capacidad vial elaborados por la autoridad competente.

En la etapa de aprobación, se deberá elaborar un anteproyecto de política o plan que contendrá un informe ambiental, que será remitido al Ministerio del Medio Ambiente para sus observaciones, para luego ser sometido a consulta pública por parte del organismo responsable.

Artículo 7 ter. Un reglamento establecerá el procedimiento y plazos en virtud del cual se tramitará este tipo de evaluación, el que deberá considerar:

a)Los aspectos básicos a considerar durante la etapa de diseño, incluida la forma de consulta y coordinación de los organismos del Estado que puedan vincularse con la política o plan objeto de evaluación;

b)Los contenidos mínimos detallados para la elaboración de los Informes Ambientales de las políticas o planes;

c)Forma de participación del público interesado, y

d)Forma de publicidad de la política o plan, así como su reformulación posterior.

Artículo 7 quater. La etapa de aprobación de la política o plan, culminará con una resolución del Ministerio sectorial, en la cual se señalará el proceso de elaboración de la política o plan desde su etapa de diseño, la participación de los demás organismos del Estado, la consulta pública realizada y la forma en que ha sido considerada, el contenido del informe ambiental y las respectivas consideraciones ambientales y de desarrollo sustentable que debe incorporar la política o plan para su dictación, así como los criterios e indicadores de seguimiento.”.

4)En el artículo 8°, sustitúyese en su inciso tercero la frase “a la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente”, por “al Servicio de Evaluación Ambiental”.

5)En el artículo 9°.

a)En el inciso segundo, sustitúyese la expresión “Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región” por “Comisión establecida en el artículo 82 o Comisión de Evaluación” y la denominación “de la Comisión Nacional del Medio Ambiente” por “Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental”.

b)En el inciso tercero, sustitúyese las expresiones “a ésta Dirección” por “al Director del Servicio de Evaluación Ambiental” y “Comisiones Regionales del Medio Ambiente” por “Comisiones de Evaluación”.

c)En el inciso cuarto, reemplazar la expresión “Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente” por “la Comisión de Evaluación o el Director Ejecutivo del Servicio”.

6)En el artículo 10°, para eliminar de su letra h), la frase “Planes regionales de desarrollo urbano, planes intercomunales, planes reguladores comunales, planes seccionales,” y la expresión “que los modifiquen o”.

7)Para agregar, a continuación del artículo 11, el siguiente artículo 11 bis, nuevo:

“Art. 11 bis. Los proponentes no podrán fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de eludir o variar a sabiendas el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Será competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente determinar la infracción a esta obligación y obligar al proponente a ingresar adecuadamente a dicho Sistema.

No se aplicará lo señalado en el inciso anterior cuando el proponente acredite que el proyecto o actividad corresponde a uno cuya ejecución se realizará por etapas o correspondan a diferentes proyectos o actividades de conformidad a lo señalado en el artículo 10””.

8)En el artículo 12, para agregar en la letra d) a continuación del punto y coma (;), que pasa a ser seguido (.) el siguiente párrafo: “Cuando el proyecto deba presentar un Estudio de Impacto Ambiental por generar alguno de los efectos, características o circunstancias señaladas en las letras a), c) y, cuando corresponda, en la letra d) del artículo anterior, el proponente deberá considerar un capítulo específico relativo al riesgo que el proyecto generará en la salud de las personas;”.

9)En el artículo 13.

a)En el inciso primero:

i) Intercálase a continuación de la expresión “Estudio” las palabras “o Declaración”.

ii) Sustitúyese la expresión “la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente” por “el Servicio de Evaluación Ambiental”.

b)En el inciso segundo, reemplazase las palabras “Secretaria General de la Presidencia” por “del Medio Ambiente”.

c)En su letra b), intercálanse a continuación de la expresión “Estudios” las palabras “y Declaraciones”; y sustitúyese la referencia a los artículos “11 y 12”, por “11, 12, 18, 18 bis ,18 ter y 19, según corresponda”.

d)En la letra c), reemplázase la frase “tramitación de los Estudios de Impacto Ambiental” por “evaluación de impacto ambiental” y elimínese la frase “de conformidad con el artículo siguiente”.

10)En el artículo 14.

a)En su letra b), sustitúyese la expresión “calificación de un Estudio de Impacto Ambiental” por “evaluación de impacto ambiental”.

b)En su letra c), intercálase a continuación de la expresión “Estudios” las palabras “y Declaraciones”; y reemplazase la expresión “el artículo 16” por “los artículos 16 y 19”.

c)En su letra e), intercálase a continuación de la expresión “Estudio” las palabras “o la Declaración”.

11)Para agregar, a continuación del artículo 14, el siguiente artículo 14 bis, nuevo.

“Artículo 14 bis. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental y los actos administrativos que se originen de él, podrá expresarse a través de medios electrónicos, conforme a las normas de la Ley Nº 19.799 y su reglamento, y a lo previsto en este artículo.

Se entenderá que el titular de un proyecto acepta la utilización de técnicas y medios electrónicos en todas las actuaciones del procedimiento que le afecten, desde que ingrese su Estudio o Declaración, salvo que expresamente solicite lo contrario.

Las observaciones que formularen las organizaciones ciudadanas y personas naturales a que se refieren los artículos 28,29 y 30, podrán expresarse a través de medios electrónicos, conforme a las normas generales.

Sin embargo, no se emplearán medios electrónicos respecto de aquellas actuaciones que por su naturaleza o por expresa disposición legal deben efectuarse por otro medio.”.

12)En el artículo 15.

a)En el inciso primero, sustitúyese la expresión “La Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente” por “La Comisión establecida en el artículo 82 o el Director Ejecutivo”.

b)En el inciso final, sustitúyese la expresión “la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente” por “La Comisión establecida en el artículo 82 o el Director Ejecutivo”; y sustitúyese la expresión “treinta” por “quince”.

13)Para agregar, a continuación del artículo 15, el siguiente artículo 15 bis, nuevo:

“Artículo 15 bis. Si el Estudio de Impacto Ambiental carece de información relevante o esencial para su evaluación que no pudiere ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, el Director Regional o el Director Ejecutivo, así lo declarará mediante resolución fundada, ordenando devolver los antecedentes al titular y poniendo término al procedimiento.

La resolución a que se refiere el inciso precedente sólo podrá dictarse dentro de los primeros cuarenta días contados desde la presentación del respectivo Estudio de Impacto Ambiental. Transcurrido este plazo, no procederá devolver o rechazar el estudio por la causal señalada, debiendo completarse su evaluación.

Los organismos a los que se refiere el inciso final del art. 9º, deberán comunicar, tan pronto les sea requerido su informe, al Director Regional o el Director Ejecutivo si en los Estudios sometidos a su conocimiento se ha constatado el defecto previsto en este artículo.

En contra de la resolución que se dicte sólo podrá deducirse recurso de reposición dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación. El recurso deberá resolverse dentro del plazo de veinte días.”.

14)En el inciso primero del artículo 16.

a)Sustitúyese la expresión “la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente” por “La Comisión establecida en el artículo 82 o el Director Ejecutivo”.

b)Reemplázase la frase “pudiendo suspenderse de común acuerdo” por “suspendiéndose de pleno derecho”.

c)Agrégase la siguiente oración final, pasando el actual punto a parte (.) a ser punto seguido, “El proponente podrá, por una sola vez, solicitar la extensión del plazo otorgado para cada suspensión.”.

15)Para derogar el artículo 17.

16)En el artículo 18.

a)En su inciso tercero, sustitúyese la expresión “La Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente” por “La Comisión establecida en el artículo 82 o el Director Ejecutivo”.

b)Para sustituir su inciso final por el siguiente:

“En el caso que la Comisión establecida en el artículo 82 o el Director Ejecutivo, según corresponda, no pueda pronunciarse sobre una Declaración de Impacto Ambiental en razón de la falta de algún permiso o pronunciamiento sectorial ambiental, se requerirá al organismo del Estado responsable para que, en el plazo de diez días, emita el respectivo permiso o pronunciamiento. Vencido este plazo, el permiso o pronunciamiento faltante se tendrá por otorgado favorablemente.”.

17)Para agregar, a continuación del artículo 18, los siguientes artículos 18 bis y 18 ter, nuevos:

“Art. 18 bis. Si la Declaración de Impacto Ambiental adolece de información relevante o esencial para su evaluación que no pudiese ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, o si el respectivo proyecto o actividad requiere de un Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda, así lo declarará mediante resolución fundada, ordenando devolver los antecedentes al titular y poniendo término al procedimiento.

La resolución a que se refiere el inciso precedente sólo podrá dictarse dentro de los primeros treinta días contados desde la presentación de la respectiva declaración de impacto ambiental. Transcurrido este plazo, no procederá devolver o rechazar la Declaración por las causales señaladas, debiendo completarse su evaluación.

En contra de la resolución que se dicte sólo podrá deducirse recurso de reposición dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación. El recurso deberá resolverse en el plazo de veinte días.

Art. 18 ter. Los titulares, al presentar una Declaración de Impacto Ambiental, podrán incluir, a su costo, el compromiso de someterse a un proceso de evaluación y certificación de conformidad, respecto del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y de las condiciones sobre las cuales se califique favorablemente el proyecto o actividad. En este caso, dicha Declaración deberá ser calificada en un plazo máximo de treinta días, sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente.

Para estos efectos, la Superintendencia del Medio Ambiente llevará un registro de las personas naturales y jurídicas acreditadas, que realicen la evaluación y certificación de conformidad de las Resoluciones de Calificación Ambiental. El reglamento determinará los requisitos, condiciones y procedimientos necesarios para su administración y funcionamiento.”.

18)En el artículo 19.

a)En el inciso primero:

i) Sustitúyese la expresión “la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente” por “la Comisión establecida en el artículo 82 o el Director Ejecutivo”.

ii) Reemplázase la frase “pudiendo suspenderse de común acuerdo” por “suspendiéndose de pleno derecho”.

iii) Agrégase la siguiente oración final, pasando el actual punto a parte (.) a ser punto seguido, “El proponente podrá, por una sola vez, solicitar la extensión del plazo otorgado para cada suspensión.”.

b)En el inciso segundo, sustituir la expresión “El presidente de la Comisión” por “El Director Regional o el Director Ejecutivo, en su caso,”.

c)En el inciso tercero, para agregar a continuación de la frase “si el respectivo proyecto o actividad requiere de un Estudio de Impacto Ambiental”, lo siguiente: “o cuando no se acreditare el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable”.

19)Para agregar, a continuación del artículo 19, el siguiente artículo 19 bis, nuevo:

“Art. 19 bis. Transcurridos los plazos a que se refieren los artículos 15, 18 y 18 ter sin que la Comisión establecida en el artículo 82 o el Director Ejecutivo se hubieren pronunciado sobre un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, y cumplidos los requisitos del artículo 64 de la ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, dicho Estudio o Declaración, con sus aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, si las hubiere, se entenderá aprobado.

El certificado que el Director Regional o el Director Ejecutivo expida en caso de configurarse la situación prevista en el inciso anterior, además de especificar que el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental no fue evaluado dentro del plazo legal, individualizará el o los documentos sobre los que recae la aprobación a que se refiere este artículo.”.

20)En el artículo 20:

a)Para reemplazar el inciso primero, por el siguiente:

“En contra de la resolución que niegue lugar, rechace o establezca condiciones o exigencias a una Declaración de Impacto Ambiental, procederá la reclamación ante el Director Ejecutivo. En contra de la resolución que rechace o establezca condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, procederá la reclamación ante un comité integrado por los Ministros del Medio Ambiente, que lo presidirá, y los Ministros de Salud y de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Agricultura y de Energía. Estos recursos deberán ser interpuestos por el responsable del respectivo proyecto, dentro del plazo de treinta días contado desde la notificación de la resolución recurrida. La autoridad competente resolverá, mediante resolución fundada, en un plazo fatal de treinta o sesenta días contados desde la interposición del recurso, según se trate de una Declaración o un Estudio de Impacto Ambiental.”.

b)Para agregar dos incisos nuevos, segundo y tercero, pasando los actuales a ordenarse correlativamente:

“Con el objeto de resolver las reclamaciones señaladas en el inciso primero, el Director Ejecutivo y el Comité de Ministros podrá solicitar a terceros, de acreditada calificación técnica en las materias de que se trate, un informe independiente con el objeto de ilustrar adecuadamente la decisión. El reglamento establecerá las condiciones a las que deberá ajustarse la solicitud del informe.

En el caso de los Estudios de Impacto Ambiental, el Comité de Ministros deberá solicitar siempre informe a los organismos sectoriales que participaron de la evaluación ambiental.”.

c)En el inciso final, suprímese las palabras “a una Declaración” y agregase a continuación de la palabra “Estudio” la palabra “o Declaración”.

21)Para sustituir en el artículo 21 la frase “Si se declara inadmisible una Declaración de Impacto Ambiental o se rechaza un Estudio de Impacto Ambiental” por las palabras “si se rechaza una Declaración o Estudio de Impacto”.

22)En el inciso segundo del artículo 22, reemplazar la frase “de la respectiva Comisión del Medio Ambiente” por “del Servicio de Evaluación Ambiental”.

23)Para derogar el artículo 23.

24)En el artículo 24, agregar los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos:

“Los organismos del Estado a los que corresponda otorgar o pronunciarse sobre los permisos ambientales sectoriales a que se refiere esta ley, deberán informar a la Superintendencia del Medio Ambiente cada vez que se les solicite alguno de ellos, indicando si ha adjuntado o no una resolución de calificación ambiental y los antecedentes que permitan identificar al proyecto o actividad e individualizar a su titular.

En los casos que la Superintendencia detecte que una solicitud de permiso ambiental sectorial recae sobre un proyecto o actividad que de acuerdo a esta ley deba ser objeto de una evaluación de impacto ambiental previa y que no cuenta con la respectiva resolución de calificación ambiental aprobatoria, lo comunicará al organismo sectorial que corresponda, el que deberá abstenerse de otorgar el permiso o autorización en tanto no se acredite el cumplimiento de dicha exigencia, informando de ello al Servicio de Evaluación Ambiental.”.

25)En el inciso segundo del artículo 25, reemplazar la oración “el artículo 64 de esta ley” por “la ley que crea la Superintendencia del Medio Ambiente”.

26)Para agregar los siguientes artículos 25 bis, 25 ter, 25 quater y 25 quinter.

“Art. 25 bis. Las Direcciones de Obras Municipales no podrán otorgar permisos de construcción definitivos si los proyectos o actividades a los que se refiere el artículo 10 no acreditan la dictación de una resolución de calificación ambiental favorable.

Art. 25 ter. La resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando hubieren transcurrido más de tres años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contado desde su notificación. El Reglamento deberá precisar las gestiones, actos o faenas mínimas que, según el tipo de proyecto o actividad, permitirán constatar el inicio de la ejecución de los mismos.

Art. 25 quater. La resolución que califique favorablemente el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental deberá ser notificada al proponente, informada a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la comunidad.

La Superintendencia del Medio Ambiente administrará un registro público de resoluciones de calificación ambiental en el que se identifique el proyecto, su localización geográfica, la fecha de su otorgamiento, el titular, el objetivo del mismo y su estado. Dicho registro deberá actualizarse anualmente, debiendo los titulares de proyectos informar en igual periodo acerca del estado de los mismos. Un reglamento determinará el contenido del registro y las formas en virtud de las cuales se actualizará.

Art. 25 quinter. La Resolución de Calificación Ambiental podrá ser revisada de oficio o a petición del titular, cuando ejecutándose el proyecto, los hechos sobre los cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, han variado sustantivamente o estos no se han verificado.

Con tal objeto se deberá instruir un procedimiento administrativo, que considere la audiencia del interesado, la solicitud de informe a los organismos sectoriales que participaron de la evaluación y la información pública del proceso.

El acto administrativo que realice la revisión podrá ser reclamado de conformidad a lo señalado en el artículo 20 de la presente ley.”.

27)En el artículo 26.

a)Sustitúyese la expresión “las Comisiones Regionales y a la Comisión Nacional del Medio Ambiente” por “las Comisiones de Evaluación o el Director Ejecutivo”.

b)Agrégase la siguiente oración antes del punto a parte (.)“y de las Declaraciones cuando correspondan”.

28)En el artículo 27, reemplazar la expresión “la Comisión respectiva” por “la Comisión establecida en el artículo 82 o el Director Ejecutivo”.

29)En el artículo 28, reemplazar la frase “la Comisión” por “el Servicio de Evaluación Ambiental”.

30)En el artículo 29.

a)Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los siguientes a ordenarse correlativamente:

“Si durante el procedimiento de evaluación el Estudio de Impacto Ambiental hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente al proyecto, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por treinta días, período en el cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación del Estudio de Impacto Ambiental. El Reglamento deberá precisar que tipo de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, según el tipo de proyecto o actividad, serán consideradas como modificaciones sustantivas a los proyectos.”.

b)En el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero:

i)Reemplázanse las palabras “La Comisión” por “El Servicio de Evaluación Ambiental”.

ii)Agrégase a continuación de la palabra “observaciones” la frase “señaladas en los incisos anteriores”.

c)En el inciso final, reemplázase la frase “ante la autoridad superior de la que la hubiere dictado” por “de conformidad a lo señalado en el artículo 20” y remplazar el termino “ésta” por “éste”.

31)En el inciso primero del artículo 30, reemplázase la frase “Las Comisiones Regionales o la Comisión Nacional del Medio Ambiente” por “las Comisiones de Evaluación o el Director Ejecutivo”.

32)En el artículo 31, sustitúyese la expresión “La respectiva Comisión” por “La Comisión establecida en el artículo 82 o el Director Ejecutivo, en su caso,”.

33)Para agregar el siguiente párrafo 3 bis, a continuación del artículo 31.

“Párrafo 3 bis.

Del Acceso a la Información Ambiental.

Artículo 31 bis. Toda persona tiene derecho de acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la Ley de acceso a la información pública.

Se entenderá por información ambiental toda aquella de carácter escrita, visual, sonora, electrónica o registrada de cualquier otra forma que se encuentre en poder de la Administración y que verse sobre las siguientes cuestiones:

a)El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, los paisajes, las áreas protegidas, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos genéticamente modificados; y la interacción entre estos elementos;

b)Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente señalados en el número anterior;

c)Los actos administrativos relativos a materias ambientales, o que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), y las medidas, políticas, normas, planes, programas, que les sirvan de fundamento.

d)Los informes de cumplimiento de la legislación ambiental;

e)Los análisis económicos, sociales, así como otros estudios utilizados en la toma de decisiones relativa a los actos administrativos y sus fundamentos, señalados en la letra c), y

f)El estado de salud y seguridad de las personas, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio cultural, cuando sean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o por cualquiera de los factores y medidas señaladas en las letras b)y c).

Artículo 31 ter. El Ministerio del Medio Ambiente administrará un Sistema Nacional de Información Ambiental, desglosada regionalmente, en el cual se indicará:

a)Los textos de tratados, convenios y acuerdos internacionales, así como las leyes, reglamentos y demás actos administrativos sobre medio ambiente o relacionados con él;

b)Los informes sobre el estado del medio ambiente, señalados en la letra m) del artículo 70;

c)Los datos o resúmenes de los informes señalados en el número anterior, derivados del seguimiento de las actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente;

d)Las autorizaciones administrativas asociadas a actividades que pueden tener un efecto significativo sobre el medio ambiente, o en su defecto la indicación precisa de la autoridad que dispone de tal información, y

f)La lista de las autoridades públicas que disponen de información de contenido ambiental y que debe ser públicamente accesible.

Artículo 31 quater. Cualquier persona que se considere lesionada en su derecho a acceder a la información ambiental, podrá recurrir ante la autoridad competente, de conformidad a lo señalado a la ley de acceso a la información pública.

34)El artículo 32:

a)En los incisos primero y segundo reemplázanse las palabras “Secretario General de la Presidencia” por “del Medio Ambiente”, las dos veces que aparece.

b)En el inciso primero, al final, reemplázase el punto aparte por punto seguido (.) y se agrega “El Ministerio de Salud podrá solicitar fundadamente al Ministerio de Medio Ambiente la dictación de una norma primaria de calidad, la que deberá dictarse dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco años, a menos que dentro de tal plazo indique las razones técnicas para no acoger la solicitud”.

c)En el inciso cuarto, reemplazase las palabras “la Comisión Nacional del Medio Ambiente” por “el Ministerio de Medio Ambiente”.

d)En el inciso final, reemplázase la frase “a la Comisión Nacional del Medio Ambiente” por “al Ministerio del Medio Ambiente”.

35)En el artículo 33, reemplazar la frase “Los organismos competentes del Estado desarrollarán” por “El Ministerio del Medio Ambiente administrará la información de los”.

36)En el artículo 37, agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“De conformidad a dichas clasificaciones el Ministerio del Medio Ambiente deberá aprobar planes de recuperación, conservación y gestión de dichas especies. El reglamento definirá el procedimiento de elaboración, el sistema de información pública y el contenido de cada uno de ellos.”.

37)Para sustituir el artículo 38, la expresión “Los organismos competentes del Estado confeccionarán y mantendrán” por “El Ministerio del Medio Ambiente velará que los organismos competentes del Estado confeccionen y mantengan”

38)En el artículo 40.

a)En el inciso primero, a continuación de la coma (,)que sigue a la palabra “supremo” agrégase la siguiente oración “que llevará las firmas del Ministro del Medio Ambiente y del ministro competente según la materia de que se trate,”; y elimínase el párrafo a continuación del punto seguido (.) que pasa a ser punto a parte.

b)En el inciso segundo:

i)Reemplázase la frase “a la Comisión Nacional del Medio Ambiente” por “al Ministerio del Medio Ambiente”.

ii)Agrégase, al final del inciso, a continuación de la palabra aplicarán, la siguiente frase “, pudiendo utilizar las mejores técnicas disponibles, cuando corresponda”.

39)En el artículo 42, agregar a continuación de la palabra “El” la siguiente frase “Ministerio del Medio Ambiente conjuntamente con el”; y sustitúyese la frase “de acuerdo a la normativa vigente” por “cuando corresponda”.

40)En el artículo 43.

a)En el inciso primero, reemplázanse las palabras “Secretario General de la Presidencia” por “del Medio Ambiente”.

b)En el inciso segundo, sustitúyense las expresiones “Comisión Regional del” por “Secretaria Regional Ministerial de” y “Comisión Nacional del” por “Ministerio del”

41)En el artículo 44.

a)En el inciso primero, reemplázanse las palabras “Secretaria General de la Presidencia” por “del Medio Ambiente”.

b)En el inciso segundo, sustitúyense las palabras “a la Comisión Nacional del” por “al Ministerio del”; y reemplazase la frase “Comisión Regional” por “Secretaria Regional Ministerial”.

42)En el artículo 46, sustitúyese la frase “de la respectiva Comisión Regional del Medio Ambiente, o de la Comisión Nacional del Medio Ambiente si el plan abarca zonas situadas en distintas regiones” por “de la Superintendencia del Medio Ambiente”.

43)Agrégase a continuación del artículo 48, el siguiente artículo 48 bis, nuevo:

“Art. 48 bis. Los actos administrativos que se dicten por los Ministerios o servicios para la ejecución o implementación de normas de calidad, emisión y planes de prevención o descontaminación, señalados en tales instrumentos, deberán contar siempre con informe previo del Ministerio del Medio Ambiente.”.

44)En el artículo 53, agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“No procederá la acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado cuando quien cometió el daño ejecutó satisfactoriamente un plan de reparación aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.”.

45)Deróganse los artículos 56, 57, 58 y 59.

46)Sustitúyese el artículo 64, por el siguiente:

“Artículo 64. La fiscalización del permanente cumplimiento de las normas y condiciones sobre la base de las cuáles se han aprobado o aceptado los Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental, de las medidas e instrumentos que establezcan los Planes de Prevención y de Descontaminación, de las normas de calidad y emisión, así como de los planes de manejo establecidos en la presente ley, cuando correspondan, será efectuada por la Superintendencia del Medio Ambiente y los organismos sectoriales con competencias ambientales, de conformidad a lo señalado por la ley.”.

47)En el artículo 65.

a)En el inciso primero, sustitúyese la frase “del organismo fiscalizador competente” por “de la Superintendencia del Medio Ambiente”.

b)En el inciso segundo:

i)Reemplázase la frase “al organismo fiscalizador competente” por “a la Superintendencia del Medio Ambiente”.

ii)Sustitúyense las palabras “Comisión Regional del” por “Secretaría regional Ministerial de”.

iii)Reemplázase la frase “del ministerio del cual dependa o a través del cual se relacione el organismo correspondiente con el Presidente de la República” por “al Ministerio del Medio Ambiente”.

48)En el artículo 66, reemplázase la frase “La Comisión Nacional del” por “El Ministerio del”.

49)En el artículo 67, sustitúyese la frase “Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del” por “Subsecretario de”; y reemplazase la frase “por el Consejo Directivo de dicha Comisión” por “al efecto”.

Artículo cuarto.- Modifícase el Decreto Supremo N° 430 de 1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, de 1989, General de Pesca y Acuicultura, de la siguiente forma:

a)Para incorporar después del punto aparte de la letra d) del artículo 3, que pasa a ser seguido, el siguiente párrafo:

“Las declaraciones de Parques y reservas marinas, a que hacen mención los artículos 3°, letra d) y 48 letra b) serán realizados mediante Decreto del Ministerio del Medio Ambiente.”;

b)Para incorporar después del punto aparte de la letra b) del artículo 48, que pasa a ser seguido, el siguiente párrafo:

“Dicha determinación se efectuará mediante decreto que llevará las firmas de los Ministros del Ministerio del Medio Ambiente y de Economía, Fomento y Reconstrucción”.

c)Para sustituir, en el inciso primero del artículo 87, la frase “del Ministerio” por “de los Ministerios de Economía Fomento y Reconstrucción y de Medio Ambiente”.

Artículo quinto.- Modifícase el artículo 31 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales, en el siguiente sentido:

a)En el inciso segundo, sustituir la frase “Consejo de Monumentos Nacionales”, por “Ministerio del Medio Ambiente”.

b)En los incisos tercero y cuarto, sustituir la palabra “Consejo” por “Servicio” las dos veces que aparece.

c)Para agregar el siguiente inciso quinto, nuevo, ordenándose los siguientes correlativamente:

“La declaración de santuario de la naturaleza deberá contar siempre con informe previo del Consejo de Monumentos Nacionales”.

d)En el inciso quinto, sustitúyese la frase “Ministerio de Agricultura” por “Ministerio del Medio Ambiente”.

Artículo sexto.- Modifícase el Decreto Ley N° 1939, de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, en los siguientes términos:

a)En el artículo 16:

i)Sustitúyese, en el inciso primero el punto aparte (.) por una coma (,), agregando la siguiente oración “en cuyo caso procederá informe previo del Ministerio del Medio Ambiente”.

ii)En el inciso segundo, sustitúyese la frase “El Ministerio de Agricultura evacuará” por la siguiente oración “Los Ministerios de Agricultura o Medio Ambiente, según corresponda, evacuarán”.

iii)Sustitúyese la palabra “hiciera” por “hicieran”.

b)En el artículo 21, agréguese a continuación de la frase “Ministerio de Agricultura” lo siguiente “o el Ministerio del Medio Ambiente, según corresponda”.

Artículo séptimo.- Modifícase el artículo 20 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en los siguientes términos:

a)Para incorporar, antes de la expresión “aseo y ornato” la expresión “Medio Ambiente,”.

b)Para agregar las siguientes letras d), e) y f), nuevas, sustituyendo en la letra b) la coma (,) y la letra “y” que le sigue, por un punto y coma (;):

“d) Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con medio ambiente;

e) Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su competencia, y

f) Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de la misma, el concejo podrá solicitar siempre un informe técnico al Ministerio del Medio Ambiente;”.

Artículo octavo.- Reemplázase en el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley 294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que establece la funciones y estructura del Ministerio de Agricultura, la siguiente oración “la conservación, protección y acrecentamiento de los recursos naturales renovables” por “la protección de los recursos naturales renovables del ámbito silvoagropecuario, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente.”.

Artículo noveno.- Modifícase el artículo 129 bis 1 del Código de Aguas, en el siguiente sentido:

a)Para agregar al inicio del inciso segundo, la siguiente oración: “Un reglamento, que deberá llevar la firma de los Ministros del Medio Ambiente y Obras Públicas, determinará los criterios en virtud de los cuales se establecerá el caudal ecológico mínimo.”.

b)En el inciso tercero.

i)Para sustituir la frase “de la Comisión Regional del Medio Ambiente respectiva” por “del Ministerio del Medio Ambiente”.

ii)Para eliminar la oración “Si la respectiva fuente natural recorre más de una región, el informe será evacuado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente.”.

Artículo décimo.- Incorpórase en el artículo 2º de la ley N° 18.902, a continuación de la frase “y el control de los residuos líquidos industriales”, la siguiente oración: “que se encuentren vinculados a las prestaciones o servicios de las empresas sanitarias”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero transitorio.- El informe sobre el estado del Medio Ambiente al cual hace referencia el artículo 70 letra m), deberá realizarse dentro del plazo de dos años contados desde la dictación de la presente ley, a partir del cual se contabilizarán los plazos para la elaboración regular de los mismos.

El sistema nacional de información ambiental, al cual hace mención el art. 31 ter, entrará en vigencia en el plazo de dos años contados desde la dictación de la presente ley. En el término intermedio el Ministerio del Medio Ambiente deberá realizar las gestiones necesarias para su debida implementación.

Los proyectos o actividades sometidos al Sistema de Evaluación Ambiental previos a la dictación de la presente ley, se sujetarán en su tramitación y aprobación a las normas vigentes al momento de su ingreso.

Artículo segundo transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1)Fijar la planta de personal del Ministerio de Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental, de la Superintendencia de Medio Ambiente, así como el régimen de remuneraciones que le será aplicable a esta última. El encasillamiento en estas plantas podrá incluir personal de la Comisión Nacional de Medio Ambiente.

2)Ordenar el traspaso de personal desde de la Comisión Nacional de Medio Ambiente al Ministerio de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental, en las condiciones que determine y sin solución de continuidad, cualquiera sea la calidad jurídica del mismo. Del mismo modo, traspasará los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. El traspaso del personal titular de planta y a contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado que tenían a la fecha del traspaso, salvo que se produzcan entre instituciones adscritas a diferentes escalas de sueldos base, caso en el cual se realizará en el grado más cercano al total de remuneraciones que perciba el funcionario traspasado. A contar de esa misma fecha, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima se disminuirá en el número de cargos traspasados, cualquiera sea su naturaleza jurídica. En el respectivo decreto con fuerza de ley se determinará el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, estableciéndose además el plazo en que se llevará a cabo este proceso. En cambio, la individualización del personal traspasado se llevará a cabo a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República” por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente. Conjuntamente con el traspaso del personal se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

3)En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas que fije, y en especial podrá determinar el número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza y de carrera, y los niveles para la aplicación del artículo 8° del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo y el Título VI de la ley N° 19.882, según corresponda. Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas de encasillamiento del personal derivados de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República dictará las normas necesarias para la aplicación de las remuneraciones variables, en su aplicación transitoria.

4)El Presidente de la República determinará la data de entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos que practique. Igualmente, fijará las dotaciones máximas de personal para las instituciones señaladas en el numeral 1.

5)El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a)No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado. Respecto de este personal, y sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral siguiente, el Presidente de la República podrá dictar las normas modificatorias de naturaleza estatutaria, previsional, de seguridad social y remuneratorias que sean necesarias para el adecuado encasillamiento y traspaso que disponga.

b)No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del personal traspasado. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

c)Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.

d)Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

e)El personal que a la fecha del traspaso se encontrare afecto a un régimen previsional distinto del establecido en el decreto ley N°3.500, de 1980, podrá optar por este último en las condiciones que señale el correspondiente decreto con fuerza de ley.

6)Determinar la fecha de iniciación de actividades de las instituciones a que se refiere el numeral 1. Además determinará la fecha de supresión de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, estableciendo el destino de sus recursos.

7)Traspasar los recursos de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, el que deberá efectuarse al Ministerio de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental, en su caso.

8)Traspasar los bienes que determine, desde la Comisión Nacional de Medio Ambiente al Ministerio de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental, en su caso.

Artículo tercero transitorio.- El Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental se constituirán para todos los efectos en los sucesores legales de de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, en las materias de su competencia, de manera que las menciones que la legislación general o especial realice a la precitada institución se entenderán hechas al Ministerio de Ambiente o al Servicio de Evaluación Ambiental, según correspondan

Artículo cuarto transitorio.- El mayor gasto que puedan derivar las nuevas plantas que se fijen y el encasillamiento que se practique, considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de M$2.100.000.

Los recursos para los efectos de la implementación del Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, serán provistos inicialmente mediante la consolidación de los recursos contemplados en los programas 01 y 03 de la partida 22, capítulo 02 de la Ley de Presupuestos.

No obstante lo anterior, el mayor gasto que se derive de la aplicación de esta ley, será financiado por el Ministerio de Hacienda, con cargo al ítem 50-01-03-24-33-104 de la partida presupuestaria del Tesoro Público.

Artículo quinto transitorio.- El Presidente de la República nombrará, transitoria y provisionalmente, conforme al artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, al Superintendente de Medio Ambiente, quién asumirá de inmediato y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública.

Artículo sexto transitorio.- El Presidente de la República, por decreto expedido a través del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia de Medio Ambiente y transferirá a ellos los fondos de la entidad que traspase personal o bienes, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem, y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo séptimo transitorio.- Los procedimientos de fiscalización y los sancionatorios iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente ley, seguirán tramitándose conforme a sus normas hasta su total terminación.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

ANA LYA URIARTE RODRÍGUEZ

Ministra Presidenta Comisión Nacional del Medio Ambiente

FELIPE HARBOE BASCUÑÁN

Ministro del Interior (S)

ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO

Ministro de Relaciones Exteriores

JOSÉ GOÑI CARRASCO

Ministro de Defensa Nacional

ANDRÉS VELASCO BRAÑES

Ministro de Hacienda

HUGO LAVADOS MONTES

Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción

JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY

Ministro Secretario General de la Presidencia

PAULA QUINTANA MELÉNDEZ

Ministra de Planificación

MÓNICA JIMÉNEZ DE LA JARA

Ministra de Educación

SERGIO BITAR CHACRA

Ministro de Obras Públicas

MARÍA SOLEDAD BARRÍA IROUME

Ministra de Salud

PATRICIA POBLETE BENNETT

Ministra de Vivienda y Urbanismo

MARIGEN HORNKOHL VENEGAS

Ministra de Agricultura

SANTIAGO GONZÁLEZ LARRAÍN

Ministro de Minería

OSVALDO ANDRADE LARA

Ministro del Trabajo y Previsión Social

ROMY SCHMIDT CRNOSIJA

Ministra de Bienes Nacionales

MARCELO TOKMAN RAMOS

Ministro Presidente Comisión Nacional de Energía

RENÉ CORTÁZAR SANZ

Ministro de Transportes y Telecomunicaciones

VALPARAÍSO, 3 de julio de 2008

Oficio Nº 7550

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

En conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, tengo a honra remitir a esa Excma. Corte Suprema copia del proyecto de ley -iniciado en Mensaje- que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. (Boletín N° 5947-12).

Dios guarde a V.E.

JUAN BUSTOS RAMÍREZ

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario General de la Cámara de Diputados

Santiago, 6 de agosto de 2008

Oficio N° 116

INFORME PROYECTO LEY 19-2008

Antecedente: Boletín N° 5947-12

Por Oficio N° 7550, de 3 de julio de 2008, el Primer Vicepresidente de la H. Cámara de Diputados, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha recabado la opinión de esta Corte Suprema respecto del proyecto de ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. (Boletín N°5947-12)

Impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado, en sesión del día 1 de agosto del presente, presidida por el titular don Urbano Marín Vallejo y con la asistencia de los Ministros señores Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros Cárcamo, Sergio Muñoz Gajardo, Hugo Dolmestch Urra, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, señoras Gabriela Pérez Paredes Sonia Araneda Briones , señor Carlos Künsemüller Loebenfelder, y señor Haroldo Brito Cruz, acordó informar el proyecto, formulando las siguientes observaciones:

AL SEÑOR

GUILLERMO CERONI FUENTES

PRIMER VICEPRESIDENTE

H. CÁMARA DE DIPUTADOS

VALPARAÍSO

PRESENTE

Antecedentes

En lo fundamental, el proyecto presenta las siguientes particularidades:

1.- Crea el Ministerio del Medio Ambiente. Se trata de una Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa. Su organización será la siguiente:

a.- El Ministro del Medio Ambiente;

b.- El Subsecretario;

c.- Las Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente, y

d.- El Consejo Consultivo Nacional y los Consejos Consultivos Regionales.

2.- Introduce los Consejos Consultivos. A estos organismos, les corresponderá absolver las consultas que le formule el Ministro del Medio Ambiente, emitir opiniones sobre los anteproyectos de ley y decretos supremos que fijen normas de calidad ambiental, de preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental, planes de prevención y de descontaminación, regulaciones especiales de emisiones y normas de emisión que les sean sometidos a su conocimiento, y ejercer todas las demás funciones que le encomiende el Ministro y la ley. En cuanto a su composición, se introduce un Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente (en cuyo caso será presidido por el Ministro del Medio Ambiente) y los Consejos Consultivos Regionales.

3.- Asimismo, crea el Servicio de Evaluación Ambiental. A este organismo, le corresponderá, en general, la administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Se trata de un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente. Estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882.

4.- Crea la Superintendencia del Medio Ambiente. Tendrá por objeto ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley. Se lo propone como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido también a la supervigilancia a que se encuentra el citado Servicio de Evaluación Ambiental;

5.- Establece un procedimiento contencioso administrativo y el régimen de los recursos a que da lugar.

Al final, introduce una serie de modificaciones a la Ley N° 19.300, como por ejemplo:

1.- Sustituye su título final desde el artículo 69 al 92;

2.- En el artículo segundo de dicha ley:

a.- Agrega la letra “i bis)” nueva al artículo 2° de la misma ley, reemplazando también la letra “j”;

b.- Agrega la letra “m bis)”,

3.- Modifica el artículo 4° y agrega, a continuación del artículo 7°, el párrafo 1 bis nuevo;

Contenido del Proyecto.

El citado proyecto, en lo medular, contiene un procedimiento contencioso administrativo que difiere –como pasará a señalarse- del actual. Es así como, deroga el artículo 64 de la Ley 19.300 y propone los siguientes artículos 55 y 56:

La Ley 19.300, establece que el conocimiento del procedimiento contencioso administrativo corresponde, en primera instancia, al juez de letras en lo civil del lugar en que se origine el hecho que causa el daño o al del domicilio del afectado, a elección de este último. (Artículo 64 inciso segundo).

Este proyecto sugiere entregar dicha competencia a la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del reclamante o a la del domicilio de la autoridad que haya expedido el acto administrativo reclamado.

Conclusiones.

Este Tribunal, es de opinión de mantener el conocimiento de este tipo de procedimiento, en primera instancia, en el juez de letras en lo civil y, en la Corte respectiva, como tribunal de alzada, a fin de evitar recargar la labor jurisdiccional de los tribunales colegiados.

Con lo expuesto –y en el aspecto antes referido- se informa desfavorablemente este proyecto.

Finalmente, esta Corte se hace un deber en señalar que, atendida la mayor carga de trabajo que tendrían los tribunales, de aprobarse la iniciativa legal que se somete a la opinión de este Tribunal, se deberían suplementar los recursos que financian la actividad del Poder Judicial.

Lo anterior es todo cuanto puedo informar.

Saluda atentamente a V. E.

Urbano Marín Vallejo

Presidente

Carola Herrera Brummer

Secretaria Subrogante

?INFORME DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES, BIENES NACIONALES Y MEDIO AMBIENTE RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO, EL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE.

BOLETÍN N° 5947-12

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente viene en informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de la referencia, de origen en un mensaje.

Se hace constar que en la sesión 6ª, de fecha 31 de marzo de 2009, se hizo presente la urgencia con calificación de “suma”.

Durante el análisis de esta iniciativa legal la Comisión contó con la colaboración de la Ministra Presidenta de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, señora Ana Lya Uriarte Rodríguez y de los asesores jurídicos señor Luis Cordero Vega y Ximena Insunza Corvalán.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto es establecer una nueva institucionalidad en materia medio ambiental la que estará conformada por un Ministerio del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendecia del Medio Ambiente.

2) Normas de quórum especial. Las siguientes disposiciones tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales:

Los artículos 72, 75, letra d), 76, 77, 78, 79, y 86, contemplados en el ARTÍCULO PRIMERO, y el artículo 55 contemplado en el ARTÍCULO SEGUNDO del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, que establece que una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración del Estado.

Asimismo, los artículos 56 y 57 contenidos en el ARTÍCULO SEGUNDO del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, que mandata que “una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales .

Así como, el número 23, que modifica el artículo 20 de la ley N° 19.300, contenido en el ARTÍCULO TERCERO del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, que establece “una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración del Estado.

Por último, el ARTÍCULO SÉPTIMO del proyecto, que modifica la ley orgánica de Municipalidades, estableciendo nuevas atribuciones en materia ambiental a los Municipios, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución Política.

No existen normas de quórum calificado.

3) Normas que requieren trámite de Hacienda.

Que, de acuerdo con el artículo 220 del Reglamento de la Corporación, los siguientes artículos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda:

En el ARTÍCULO PRIMERO que crea el Ministerio del Medio Ambiente, los artículos 70 letras l), r), y v); 80, 87, 88.

Asimismo, ARTÍCULO SEGUNDO que crea la Superintendencia del Medio Ambiente, los artículos 8°, 9°, 14, 17, inciso final, 23, 45 y 46.

Así como las siguientes disposiciones transitorias: artículos segundo, cuarto y sexto transitorios.

4) Aprobación general del proyecto.

El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los Diputados presentes señora Pascal, doña Denise y señores Accorsi, don Enrique; Chahuán, don Francisco; Escobar, don Álvaro; Espinosa, don Marcos; Girardi Brieri, don Guido; León, don Roberto; Palma, don Osvaldo; Sepúlveda, don Roberto, y Vallespín, don Patricio.

5) Diputado informante:

Se designó Diputada informante a la señora DENISE PASCAL ALLENDE

II.- ANTECEDENTES.

a) Antecedentes y fundamentos contenidos en el mensaje.

En el mensaje se destaca que con este proyecto de ley se está dando cumplimento al compromiso que el Gobierno adquiriera en la tramitación de la ley N° 20.173, que creó el cargo de Ministro Presidente de la CONAMA de dar inicio a la tramitación legislativa de esta iniciativa legal antes que finalizara el primer semestre del año 2008.

Asimismo, se recuerda que, a propósito de la tramitación de la referida ley se firmó un acuerdo con la Honorable Cámara de Diputados, en orden a asignar al primer Ministro designado la tarea de formular y presentar al Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, una propuesta de rediseño de la institucionalidad ambiental.

Además, de diversas consideraciones relacionadas con las creación de instituciones públicas, que según algunos, promueve burocracia y puede generar incertidumbre al modificar condiciones de funcionamiento de las actividades económicas, se pone énfasis en que lo que le interesa al Gobierno es crear instituciones públicas para cautelar derechos, libertades y bienes públicos, sujetas a presupuestos específicos que condicionen el actuar e impongan eficiencia, de manera de promover resultados apreciados por los ciudadanos y potencialmente exigibles frente a su incumplimiento.

En definitiva, el objetivo no es sólo la creación de nuevos entes públicos; se trata ante todo de modernizar las instituciones y la gestión ambiental, instalando un nuevo modelo de gestión pública: moderno, ágil, eficiente y sujeto a rendición de cuentas.

Prosigue el mensaje, señalando que los nuevos desafíos a los que el mundo se verá enfrentado en los próximos años, muchos de los cuales ya están presentes entre nosotros, son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua, la contaminación y la calidad de vida en las ciudades. No actuar hoy, tendrá efectos significativos en nuestro desarrollo económico futuro, pero además en la calidad de vida de nuestros habitantes.

Por otra parte, se expresa que el ingreso de Chile a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, exigirá en esta materia el sometimiento permanente a escrutinio público de la idoneidad de las políticas ambientales, lo que obligará a actuar con seriedad y con criterios de eficiencia y calidad en la gestión ambiental. Esto ya tiene una manifestación concreta en las 52 recomendaciones emanadas de la OCDE, como resultado de la evaluación de desempeño ambiental que le hicieran a nuestro país en el año 2005. Pertenecer a la OCDE impondrá en materia ambiental un elevado estándar a las políticas públicas y a la calidad del crecimiento.

Pero no basta con diseñar instituciones, racionalizar competencias de la Administración y hacer más eficiente la fiscalización, es necesario avanzar en una nueva política ambiental, pero bajo las actuales condiciones, ésta debe basarse en el eje de la equidad, esto es que todas las personas tengan derecho a acceder a condiciones de calidad ambiental adecuadas, disminuyendo los riesgos ambientales entre los diversos grupos, tales como la mayor incidencia de la contaminación ambiental en segmentos de menores ingresos, la exposición a agroquímicos de los trabajadores temporeros agrícolas, los problemas de acceso a recursos naturales y la distribución de áreas verdes en centros urbanos. Además, esta equidad también se debe manifestar en obligaciones con el bienestar de las generaciones futuras y de eso todos nosotros somos responsables.

b) Evolución histórica de la institucionalidad ambiental.

1) 1980, Constitución Política de la República, artículo 19, N° 8°.

“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:

8°. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

La Ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derecho o libertades para proteger el medio ambiente.”.

2.- 1984, mediante el Decreto Supremo N° 271, de 1984, del Ministerio de Bienes Nacionales, se crea una Comisión Interministerial presidida por el Ministro de Bienes Nacionales, a la que se le fijó un plazo de 180 días, para proponer al Presidente de la República la creación de un organismo o Sistema Nacional del Medio Ambiente.

3.- 1984, en diciembre, mediante Decreto Supremo N° 680, del Ministerio de Bienes Nacionales se crea la Comisión Nacional de Ecología, CONADE, que era presidida por el Ministro del Interior, la que debía estar integrada por ministros y no por representantes de éstos. Tenía por objetivo, asesorar al Presidente de la República en las acciones generales de Gobierno vinculadas a la protección del medio ambiente y a la conservación de los recursos renovables. Asimismo, tenía presencia regional en organismos que integraban, entre otros, los Seremis, y el Intendente Regional.

4.- 1989, en mayo, mediante el Decreto Supremo N° 294, del Ministerio de Bienes Nacionales, se cambia la composición de la Comisión Nacional de Ecología, incorporando a los Ministros de Relaciones Exteriores y de Transportes. Asimismo, se crean las Comisiones Regionales y Comunales de Ecología.

5.- 1990, en abril, mediante el Decreto Supremo N° 349, del Ministerio del Interior, se crea la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana, la que era presidida por el Ministro del Interior, e integrada, además, por los Ministros de Transportes, de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Hacienda, de Economía, el Presidente de la Comisión Nacional de Energía y el Intendente de la Región Metropolitana. Esta Comisión, debía formular planes de descontaminación, para dicha Región, y proponerlos al Presidente de la República para ser aplicados a través del Ministerio que correspondiera o para patrocinar las iniciativas de ley que fueren procedentes.

5.- 1990, en junio, mediante el Decreto Supremo Nº 240, del Ministerio de Bienes Nacionales, se crea la Comisión Nacional de Medio Ambiente. Esta Comisión interministerial reemplazó a la Comisión Nacional de Ecología y estaba presidida por el Ministro de Bienes Nacional. Tenía por función asesorar directamente al Presidente de la República, en el estudio, propuestas, análisis y evaluación de todas aquellas materias relacionadas con la protección y conservación del medio ambiente. Contaba con una secretaría técnica y administrativa y un comité operativo.

6.- 1992, mediante el Decreto Supremo N° 544, del Ministerio de Bienes Nacionales, considerando la “necesidad de perfeccionar los instrumentos institucionales de coordinación, para abordar los problemas del medio ambiente, se sustituye el texto del Decreto Supremo N° 240, de 1990, del Ministerio de Bienes Nacionales, manteniendo básicamente las mismas funciones y características del anterior que creó la CONAMA.

7.- 1994, se dicta la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, se crea la institucionalidad actual que, básicamente, se ha mantenido desde esa fecha hasta ahora.

8.- 2007, se promulga la ley N° 20.173, que le otorga el rango del Ministro al Presidente de la Comisión Nacional de Medio Ambiente.

Sucintamente, se puede decir que la ley N° 19.300, consolidó el modelo coordinador y transversal, que se había promovido desde el modelo del “Proyecto de Ley básica de protección ambiental y promoción del desarrollo sostenible” de 1993, elaborado para América Latina por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA.

Los objetivos declarados de la nueva institucionalidad eran:

a) garantizar la coordinación de todo el sector público;

b) reconocer las competencias de los servicios y ministerios en la materia, y

c) contar con la presencia política indispensable en su integración

Así, la institucionalidad ambiental diseñada por la ley Nº 19.300 descansa:

a) en un modelo transversal y coordinador;

b) en la conveniencia práctica de mantener la institucionalidad preexistente;

c) la generación de una función coordinadora que integre las visiones sectoriales, y

d) la descentralización regional, plasmada en la creación de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente.

En todo caso, después de catorce años de funcionamiento y aplicación de la ley es posible constatar que se han formulado algunas críticas a este diseño que dicen relación, según el mensaje, con los siguientes aspectos:

a) las dificultades que presenta una institución transversal en una Administración Pública vertical;

b) la incomprensión jurídica y de gestión del concepto de coordinación;

c) la intervención de la autoridad política en cuestiones que son eminentemente de decisión técnica;

d) la existencia de asimetrías de información en diversos sentidos;

e) a nivel regional, la institucionalidad ambiental ha sido contradictoria con el modelo transversal;

f) la fiscalización es dispersa e inorgánica lo cual genera muchos costos;

g) la gestión local en materia ambiental es débil;

h) la utilización de los instrumentos de gestión ha sido desequilibrada, e

i) la normativa ambiental sectorial es, en gran medida, definida por cada sector.

Consecuentemente, se ha estimado que dichas críticas justifican una revisión de este modelo, situación que ha sido abordada por los tres últimos Gobiernos los que han encargado diversos estudios sobre la materia. Así es como, en 1998, es decir, a sólo cuatro años de su creación, el Presidente de la República, encargó a la denominada “Comisión Presidencial de Modernización de la Institucionalidad Reguladora del Estado”, la evaluación y propuesta de reforma a los organismos encargados, entre otras materias, de proteger el medio ambiente.

Además, al menos, otros tres informes adicionales se dedicaron a realizar estudios equivalentes: uno encargado a fines de 1998 por la propia CONAMA a diversos Centros de Estudio; otro encargado a la denominada “Comisión de Reforma a la ley Nº 19.300, y, finalmente, un informe preparado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, en el marco de un programa de asistencia técnica que dicho organismo prestó a CONAMA el año 2000.

Destaca el mensaje, que un rasgo común a todos estos informes es que las propuestas se insertaban en un proyecto más amplio de reforma, que abarcaba diversos aspectos de la ley Nº 19.300, de manera que las propuestas institucionales eran sólo un aspecto más de una pretensión de modificación de la regulación ambiental en su conjunto. El objetivo planteado era perfeccionar dicha regulación, de manera de hacer de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente un cuerpo normativo integrador, coherente y eficaz y superar los numerosos vacíos y lagunas legales, problemas de redacción, deficiencias en materia de fiscalización, discrecionalidad administrativa y otros problemas contra la certeza y seguridad jurídica que la aplicación de la ley había dejado en evidencia.

Por otro lado, con la aprobación de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, el año 2003, se facultó al Presidente de la República para la dictación de un Decreto con Fuerza de Ley con el objeto de simplificar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En el marco de ese proceso, el Ejecutivo realizó un conjunto de consultas a distintos sectores e incluso solicitó la opinión del Consejo Consultivo de la CONAMA. En dicha propuesta de decreto con fuerza de ley se incorporaban una serie de materias que recogían iniciativas previas de modificación. Sin embargo, dicho cuerpo legal recibió objeciones de la Contraloría General de la República.

Destaca, asimismo, el mensaje, que la necesidad de reformar nuestra institucionalidad ambiental y mejorar sus instrumentos, se refleja en las más de 80 iniciativas parlamentarias que en la actualidad existen en el Congreso Nacional como proyectos de ley.

c) Legislación comparada[1].

Existe una gran cantidad de países que han organizado su institucionalidad ambiental en torno de un Ministerio, en América Latina, Chile y, hasta hace poco tiempo Perú, eran los únicos que no poseían una entidad ministerial. Por su parte, los Estados Unidos de Norteamérica, la ha estructurado sobre la base de una agencia.

En materia de institucionalidad, el abogado señor Vallejo, en una exposición realizada a propósito del Diplomado de Extensión en Gestión Social de Recursos Naturales, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, señala que desde el punto de vista de la relación de las funciones de dirección y gestión se puede distinguir entre modelo concentrador y modelo de separación.

Expresa que un porcentaje menor de países ha optado por el modelo concentrador en un mismo órgano, generalmente Ministerio, las potestades de formulación de políticas así como de ejecución de éstas por medio de servicios centralizados del propio Ministerio. Es el caso de Alemania, España, Argentina y México.

Desde el punto de vista de las potestades del órgano directivo, en países como Suecia, Colombia y USA, se les asigna sólo la función directiva. En tanto que en Canadá, Nueva Zelanda y Perú, tiene la función de dirección y coordinación. En cuanto a la implementación de políticas o gestión ambiental, se utiliza el servicio descentralizado, bajo la modalidad de dependencia sectorial y sujetos a coordinación como por ejemplo Perú; múltiple dependencia como Francia, o dependencia exclusiva del Ministerio de Medio Ambiente, aun cuando existe la imposibilidad de renunciar a la coordinación, ejemplo de ello, lo constituyen Suecia y Canadá.

Por su parte, el mensaje, señala que dentro de las figuras Ministeriales es posible encontrar aún grandes diferencias en los arreglos institucionales, que se pueden catalogar en tres:

a. Países con coordinación nacional y federal. Los Ministerios de Medio Ambiente son pequeños, pero con importantes facultades financieras y de supervisión y evaluación en el cumplimiento de las políticas que ellos desarrollan. (Japón, Holanda, Nueva Zelanda, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Hungría, Italia, Luxemburgo y Turquía).

b. Ministerios con competencias de regulación de la protección ambiental, pero integran facultades en gestión de algunos recursos naturales. (Suecia, Grecia, Irlanda, Noruega, Alemania, Corea, Francia, Reino Unido, Colombia, Costa Rica, Brasil, Finlandia y Suiza).

c. Ministerios con mayores niveles de integración en gestión y recursos. (República Checa, España, Polonia, Portugal, Dinamarca y México).

d) Las razones de la reforma.

Una de las principales causas que, según el mensaje, se tuvo en consideración para proponer esta reforma, es la necesidad de racionalizar las competencias en materia medio ambiental.

El actual modelo de funcionamiento de la institucionalidad ambiental se basa principalmente en la coordinación de instituciones para la operación de instrumentos de gestión ambiental. Así es como, si se analiza la distribución de funciones regulatorias, normativas y fiscalizadoras para cada uno de los componentes ambientales, se desprende que en cada una de éstas tienen injerencia dos o más servicios públicos o ministerios sectoriales.

El rediseño busca racionalizar las competencias de manera que sea una autoridad la que entregue las directrices normativas y regulatorias con respecto a la protección de los recursos ambientales, con lo cual se ordenarán las competencias sectoriales y se facilitará la coordinación al interior del aparato público.

Asimismo, se hace presente que es necesario que las políticas se resuelvan en un solo lugar y con responsables identificados, ya que la actual institucionalidad mantiene las competencias sectoriales, lo que genera que al margen de los instrumentos de gestión ambiental, cada sector cree ejercer legítimamente competencias cuando decide políticas ambientales en su sector.

Por esta razón, es necesario identificar un responsable concreto y específico en las orientaciones del sector ambiental, permitiendo generar incentivos adecuados para incorporar criterios de política ambiental en otros ámbitos del sector público.

También es necesario disponer de un sistema que garantice integridad de la regulación ambiental, ya que como consecuencia del modelo vigente los diversos ministerios y servicios mantienen competencias normativas sustantivas en materia ambiental, ya que cada sector puede seguir dictando actos administrativos generales o específicos, referidos a materias ambientales sin contar con la participación de la autoridad ambiental.

En el actual sistema se observa coordinación en el marco de los instrumentos de gestión ambiental y en la implementación de las normativas y regulaciones ambientales, pero no en la dictación de éstas ni en su implementación sectorial lo cual genera ineficiencias regulatorias, falta de certeza e inadecuada fiscalización de las mismas y, en ocasiones, interpretaciones normativas contradictorias; genera incertezas, tanto en el sector público como en el sector privado, y su consecuencia más severa es la asimetría de información.

En efecto, el problema es que los servicios públicos poseen más antecedentes sobre la operación cotidiana de la regulación; en cambio, la CONAMA sólo posee información genérica y únicamente cuando los proyectos participan en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o cuando se inician procedimientos para la dictación de normas de calidad o emisión, o se fijan planes de prevención y/o descontaminación; por lo que la CONAMA tendrá que incurrir en costos elevados para poder monitorear las acciones del agente, es decir, tiene que generar sus propios sistemas de información, elevando los costos de adquisición.

La existencia de distintos órganos con competencia en el área y que pueden y deben fiscalizar, trae como consecuencia una fiscalización fragmentada y que carece de la definición de adecuados programas de fiscalización, de metodologías públicamente conocidas, con incentivos al cumplimiento.

En síntesis, concluye el mensaje señalando que, el modelo de fiscalización es altamente ineficiente, por lo que se hace necesario contar con una autoridad que unifique los criterios, procedimientos e incentivos de las normativas ambientales.

El Ejecutivo está conteste en el hecho que el modelo de regulación ambiental ha normado poco; además, no ha dado suficientes orientaciones de política, no obstante lo cual ha sido exitoso en la gestión de un instrumento concreto como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Pero este instrumento no se concibió para el diseño de políticas ni para resolver aspectos de política pública o normativos.

Consecuentemente, es necesario disponer de un modelo institucional en los ámbitos de regulación y política; de gestión y de fiscalización, que permita a la autoridad ambiental acceso a la información de todos los sectores, pero sobre un sistemático modelo de rendición de cuentas de sus procedimientos y decisiones el que sea conocido por la comunidad en general.

e) Normas legales o reglamentarias que se propone modificar o que inciden, directa o indirectamente, en esta iniciativa legal.

1.- Normas legales.

Esta iniciativa legal modifica los siguientes textos legales:

1) Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

2) Decreto N° 430, de 1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, artículos 3°, letra d); 48, letra b); 87, inciso primero.

3) Ley de Monumentos Nacionales, artículo 31.

4) Decreto Ley N° 1.939, de 1977, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, artículos 16 y 21.

5) Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, artículo 20.

6) Decreto con Fuerza de Ley N° 294, de 1960, del Ministerio de Agricultura, que establece las funciones y estructura del Ministerio de Agricultura, artículo 1°.

7) Código de Aguas, artículo 129 bis 1, y

8) Ley N° 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, artículo 2°.

2.- Normas legales relacionadas o que inciden en la iniciativa legal.

1.- Constitución Política de la República, artículo 19.

2.- Ley N° 19.300, Bases Generales del Medio Ambiente y sus reglamentos:

a) Decreto N° 166, de 1999, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional y de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente.

b) Decreto N° 95, de 2002, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,

c) Decreto N° 93, de 1995, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión.

d) Decreto N° 94, de 1995, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento que Fija el Procedimiento y Etapas para Establecer Planes de Prevención y Descontaminación.

e) Decreto N° 75, de 2005, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.

3.- Ley N° 20.153, crea al Cargo de Presidente de la Comisión Nacional de Medio Ambiente y le confiere el rango de Ministro de Estado.

4.- Ley N° 18.362, crea un Sistema de Áreas Protegidas del Estado.

5.- Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

6.- Decreto N° 430, de 1992, Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura.

7.- Ley N° 18.348, crea la Corporación Nacional Forestal y de Protección.

8.- Ley N° 18.755, establece normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, Deroga la ley N° 16.640 y otras disposiciones.

9.- Decreto con Fuerza de Ley N° 382, de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios.

10.- Ley N° 18.902, crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

11.- Decreto Ley N° 2.565, de 1979, sustituye el Decreto Ley N° 701, de 1974, que somete los terrenos forestales a las disposiciones que señala.

12.- Decreto N° 4.363, de 1931, Ministerio de Tierras y Colonización, que aprueba el texto definitivo de la Ley de Bosques.

13.- Ley N° 18.302, Ley de Seguridad Nuclear.

14.- Ley N° 16.319, crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

15.- Decreto Ley N° 2.222, de 1978, sustituye Ley de Navegación.

16.- Decreto N° 90, de 1998, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, crea Consejo de Desarrollo Sustentable.

17.- Decreto N° 544, de 1992, Ministerio de Bienes Nacionales, sustituye el Decreto N° 240, de 1990, que crea la Comisión Nacional de Medio Ambiente.

18.- Decreto N° 184, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, crea Comités Asesores en Materias Ambientales.

19.- Decreto N° 4.740, de 1947, del Ministerio del Interior, aprueba Reglamento sobre Normas Sanitarias Mínimas Municipales.

20.- Decreto N° 302, de 1995, Ministerio de Minería, aprueba Plan Nacional de Desarrollo Nuclear.

21.- Decreto N° 248, de 2007, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, aprueba Reglamento para la Aprobación de Proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relaves.

3.- Principales Acuerdos Internacionales Ambientales Suscritos por Chile

1.- Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, Decreto N° 531, de 1967, Ministerio de Relaciones Exteriores.

2. Convenio Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena, Decreto Nº 489, de 1979, Ministerio de Relaciones Exteriores.

3.- Tratado Antártico, Decreto Nº 361, de 1961, Ministerio de Relaciones Exteriores.

4.- Convenio sobre Zonas Húmedas de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR), Decreto Nº 771, de 1981, Ministerio de Relaciones Exteriores.

5.- Convención sobre Conservación de Focas Antárticas, Decreto Nº 191, de 1980, Ministerio de Relaciones Exteriores.

6.- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), Decreto Nº 141, de 1975, Ministerio de Relaciones Exteriores.

7.- Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje, Decreto Nº 868, de 1981, Ministerio de Relaciones Exteriores.

8.- Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, Decreto Nº 662, de 1981, Ministerio de Relaciones Exteriores.

9.- Convenio para la Protección del Medio Ambiente y la Zona Costera del Pacífico Sudeste, Decreto Nº 296, de 1986, Ministerio de Relaciones Exteriores.

10.- Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el combate contra la contaminación del pacífico sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en caso de emergencia, Decreto N° 425, de 1986, Ministerio de Relaciones Exteriores.

11.- Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Decreto Nº 1.393, de 1997, Ministerio de Relaciones Exteriores.

12.- Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, Decreto Nº 719, de 1989, Ministerio de Relaciones Exteriores.

13.- Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, Decreto Nº 238, de 1990, Ministerio de Relaciones Exteriores.

14.- Convenio de Basilea para el Control de los Movimientos Transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, Decreto Nº 685, de 1992, Ministerio de Relaciones Exteriores.

15.- Tratado entre la República de Chile y la República de Argentina sobre Medio Ambiente, Decreto Nº 67, de 1992, Ministerio de Relaciones Exteriores.

16.- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Decreto Nº 123, de 1995, Ministerio de Relaciones Exteriores.

17.- Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificacion, en particular en Africa, Decreto Nº 2.065, de 1997, Ministerio de Relaciones Exteriores.

18.- Acuerdo de Cooperación Ambiental Chile-Canadá, Decreto Nº 1.020, de 1997, Ministerio de Relaciones Exteriores.

19.- Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, Decreto Nº 37, de 2005, Ministerio de Relaciones Exteriores.

20.- Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, Decreto N° 38, de 2005, Ministerio de Relaciones Exteriores.

Chile además ha firmado otros instrumentos ambientales internacionales como son la Declaración de Río, la Agenda 21 y la Declaración de Santa Cruz de la Sierra, y participa en diferentes Foros Internacionales Globales tales como la Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Valdivia, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y El Caribe.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

El proyecto de ley consta de 10 artículos permanentes y 7 transitorios.

Por el artículo primero, se sustituye el Título Final, de la ley 19.300, por otro que crea el Ministerio del Medio Ambiente.

Esta Secretaria de Estado será la encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

Las competencias del Ministerio se pueden dividir en tres ámbitos:

a. Políticas y regulaciones ambientales generales, que incluye aquellas vinculadas a cuentas ambientales, biodiversidad y áreas protegidas.

b. Políticas y regulaciones para la sustentabilidad. Lo anterior implica que debe llegarse a los necesarios acuerdos con los sectores a cargo del fomento productivo, así como la promoción de convenios de colaboración con Gobiernos Regionales y Municipalidades.

c. Políticas y regulaciones en materia de riesgo y medio ambiente.

El Ministerio estará compuesto por una subsecretaría, las secretarias regionales ministeriales de medio ambiente, el consejo consultivo nacional y los consejos consultivos regionales.

Asimismo, abordará, en sus divisiones, al menos las siguientes materias:

- Regulación Ambiental;

- Información y Economía Ambiental;

- Educación, Participación y Gestión Local;

- Recursos Naturales y Biodiversidad;

- Cambio Climático y Cumplimiento de Convenios Internacionales, y

- Planificación y Gestión.

El Párrafo 5°, del Título Final, propone la creación del Servicio de Evaluación Ambiental, que será el continuador legal de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA.

El Servicio de Evaluación Ambiental que tendrá como función primordial administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, será un servicio público descentralizado y desconcentrado a nivel regional, que será el continuador legal de la CONAMA.

Estará sujeto a un sistema de selección de alta dirección pública, que esté a cargo de la administración del SEIA, pero enfocándolo hacia el objetivo de mediano plazo, que es simplificar los permisos ambientales y proporcionar información adecuada para los proponentes y la comunidad.

Se fundamenta la creación de este Servicio porque se ha estimado como la medida más eficiente, ya que permitirá combinar los incentivos para la existencia de políticas y regulaciones y la decisión de proyectos concretos sin confundir los ámbitos de objetivos.

El artículo segundo crea la Superintendencia del Medio Ambiente, como un servicio público descentralizado, cuyos cargos directivos serán provistos de acuerdo al sistema de alta dirección pública. El Superintendente será nombrado de acuerdo a este sistema, por el Presidente de la República.

La Superintendencia tendrá competencias en la fiscalización de los siguientes instrumentos de gestión ambiental:

a) resoluciones de calificación ambiental;

b) medidas de planes de prevención y descontaminación;

c) normas de calidad y de emisión, cuando corresponda, y

d) planes de manejo de la ley N° 19.300.

La fiscalización será realizada por la propia Superintendencia o por los órganos sectoriales, cuando corresponda. En todo caso, la Superintendencia podrá contratar las labores de inspección, verificación, mediciones y análisis del cumplimiento de las normas, condiciones y medidas de las resoluciones de calificación ambiental, planes de prevención y/o de descontaminación ambiental, de las normas de calidad ambiental y normas de emisión, cuando correspondan, y de los planes de manejo, cuando procedan, a terceros idóneos debidamente certificados.

Asimismo, la competencia de fiscalización de la Superintendencia, se debe complementar con la de interpretación vinculante que realice en relación a las resoluciones de calificación ambiental, medidas de planes y normas de calidad y de emisión, considerando obligatoriamente los informes sectoriales.

Además, el proyecto regula un sistema de “evaluación y certificación de conformidad”, sometido a la disciplina y regulación de la Superintendencia y que sólo podrá ser realizado por sujetos certificados.

Finalmente, regula el sistema de denuncia ciudadana por incumplimiento, que habilita a la Superintendencia a investigar, y se obliga a responder los resultados de la investigación. En todo caso, al denunciante se le da la calidad de interesado para todo el procedimiento administrativo respectivo.

Por otra parte, se contemplan medidas de incentivo al cumplimiento de las normas, al reconocer la facultad para que una vez ocurrido un incumplimiento y dentro del plazo de cinco días, el responsable se autodenuncie pudiendo, en razón de la entidad de la infracción y el daño, reducir el monto de la multa. Enseguida, si iniciado un procedimiento sancionador, el responsable presenta un plan de cumplimiento aprobado por la Superintendencia, el procedimiento se suspenderá hasta el total cumplimiento del plan, contemplando sanciones para el caso de incumplimiento del plan.

Asimismo, se establece un registro público de sanciones, en el cual se identificará a la empresa, a los responsables de la operación y el monto de la sanción.

En el procedimiento para establecer las responsabilidades y aplicar las sanciones, la Superintendencia tendrá las más amplias atribuciones para realizar sus tareas, las que incluyen:

a) registros;

b) requerimiento permanente de información; y

c) citación de cualquier persona de las fuentes emisoras.

En el caso de aplicación de multas, se considerarán solidariamente responsables a la empresa y a sus responsables en la gestión de la misma.

También establece un único catálogo de sanciones para un conjunto de materias susceptibles de incumplimientos. Las infracciones se clasifican en leves, graves y gravísimas. Las sanciones pueden ser: amonestación por escrito; multa de una a diez mil unidades tributarias anuales; clausura temporal o definitiva, y revocación de la resolución de calificación ambiental.

Además, se regula un único procedimiento sancionador, del cual es competente la Superintendencia, estableciendo dos reglas de compatibilidad sectorial: la primera, es que ningún sector podrá instruir procedimientos sin que termine el de la Superintendencia; la segunda, es que no se puede sancionar dos veces por los mismos hechos y fundamentos jurídicos.

Se faculta, además, a que antes y durante el procedimiento sancionador, se puedan ordenar medidas provisionales, tales como:

a) medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del riesgo o del daño;

b) sellado de aparatos o equipos;

c) clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones;

d) detención del funcionamiento de las instalaciones;

e) suspensión temporal de la resolución de calificación ambiental, cualquiera sea la naturaleza de ésta, incluida la resolución de calificación ambiental, y

f) ordenar programas de monitoreo y análisis específicos que serán de cargo del infractor.

Asimismo, se contempla y, por ende, se regula el plan de recuperación, el que debe ser evaluado por el Servicio de Evaluación Ambiental y aprobado por la Superintendencia. Ejecutado y aprobado el plan, no existirá acción por daño ambiental.

El artículo tercero introduce modificaciones en la ley N° 19.300, Bases Generales del Medio Ambiente.

A decir del mensaje, con el objeto de ser consistente con los objetivos de la reforma, se propone modificar algunas normas de la ley Nº 19.300, y crear nuevos instrumentos.

En primer lugar, se crea la Evaluación Ambiental Estratégica, EAE, es el procedimiento realizado por el Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable, al proceso de formulación e implementación de las políticas y planes de carácter normativo general, que tengan impactos sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y sus modificaciones sustanciales.

Su objeto será anticipar los eventuales efectos ambientales adversos asociados o que puedan derivarse de la definición de una determinada política o plan y de ese modo, considerar la prevención o mitigación de tales efectos o los mecanismos para evitar la generación de efectos ambientales acumulativos.

Las políticas y planes que se someterán a Evaluación Ambiental Estratégica serán definidos voluntariamente por cada Ministerio, siendo su aplicación obligatoria en el caso de los instrumentos de planificación territorial, que hasta ahora estaban sometidos al SEIA, sistema que no es el adecuado para evaluar instrumentos tales como la planificación urbana.

En segundo lugar, el rediseño de la institucionalidad supone algunas correcciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, y otras que pueden ser de utilidad para mantener su vigencia como herramienta.

El mensaje, hace presente que el SEIA es uno de los más exitosos del mundo; además, es el que menos plazos de tramitación puede exhibir en términos comparados y frente al cual se han realizado importantes esfuerzos de mejoramiento a nivel de gestión.

Es por eso que la reforma busca mejorar algunos aspectos para orientar adecuadamente su funcionamiento a lo que técnicamente le es requerido. Las modificaciones están relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Aprobación de proyectos. La transformación de parte de la CONAMA en un Servicio de Evaluación Ambiental, buscando la tecnificación y certeza para todos los interesados en la decisión de proyectos, ha significado ajustar la estructura de decisión.

Con la modificación que se propone, los proyectos o actividades serán evaluados y calificados por un comité de secretarios regionales ministeriales con competencia ambiental, presididos por el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente. De este modo se garantizará un modelo de funcionamiento semejante al actual, de autorización integrada de funcionamiento, pero vinculado a los organismos con competencia ambiental.

En el caso de las reclamaciones, en Estudios de Impacto Ambiental, que hasta ahora conoce el Consejo Directivo de la CONAMA, integrado por catorce Ministros, serán resueltas por un Comité de Ministros integrado por Medio Ambiente, Salud y Economía Fomento y Reconstrucción, Agricultura y Energía, de manera de permitir incluir a los sectores en las reclamaciones, pero de un modo mucho más eficiente que la integración colegiada amplia actual.

A su vez se permite que tanto en las reclamaciones en Declaraciones como en Estudio de Impacto Ambiental, quien decida pueda solicitar informes a expertos de reconocida calificación técnica y profesional con el objeto de ilustrar adecuadamente la decisión.

b) Incorporación de normas de eficiencia.

Se establecen algunas reglas que permiten dar eficiencia al sistema:

1. Se permite la tramitación electrónica del procedimiento.

2. Se explicita el rechazo de la Declaración de Impacto Ambiental, DIA, o de la Evaluación de Impacto Ambiental, EIA, por insuficiente información.

3. Se uniforman las reglas de silencio administrativo para las DIA y el EIA, con las de la ley N° 19.880.

4. Se crea un registro público de Resoluciones de Calificación Ambiental, RCA, administrado por la Superintendencia.

5. Se prohíbe, en general, el fraccionamiento de proyectos o actividades con el propósito de variar el ingreso al sistema o el instrumento de evaluación, salvo las excepciones que se señalan.

6. Se obliga a los servicios sectoriales a comunicar a la Superintendencia la solicitud de cualquier permiso que pudiesen requerir ingresar al SEIA, como consecuencia de que este organismo puede obligar a someterse al sistema a quien no lo ha hecho.

7. Se establecen reglas de caducidad para las Resoluciones de Calificación Ambiental que no han realizado actividades de inicio de ejecución de obras.

8. Se prohíbe a las Direcciones de Obras Municipales otorgar permisos de construcción definitivos si los proyectos o actividades no acreditan la dictación de una resolución de calificación ambiental favorable.

c) Participación ciudadana.

Por otra parte, se ha asumido una de las críticas habituales al actual modelo institucional por la falta o insuficiente participación ciudadana.

Con tal objeto, el proyecto obliga a someter a un nuevo proceso de participación a los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos que, producto de las Adenda, se han modificado sustantivamente, suspendiendo el plazo de tramitación con tal objeto. Puesto que se considera que un sistema de participación ciudadana transparente, informado y público puede contribuir a una mejor calidad de las decisiones, y también a una adecuada gobernabilidad ambiental.

En tercer lugar, se reconoce que una de las áreas ausentes de nuestras regulaciones en términos sustantivos, pero que forma parte de las materias vinculadas a la participación ciudadana, es el acceso a la información de contenido ambiental. Consecuentemente, se propone agregar un Párrafo 3° bis, en el Título I, que consagra este derecho y lo regula.

En efecto, prácticamente todos los países han ido incorporando en sus derechos internos los criterios regulados por el Convenio de Aarhus de 1998, que supone la existencia de un sistema de acceso a la información ambiental como una manifestación evidente del derecho de los ciudadanos a conocer la situación que los afecta o que los pudiere afectar.

Con tal objeto el proyecto declara pública toda la información de carácter ambiental que está en poder de la Administración, que sirva de fundamento para la dictación de actos administrativos y que se refiera a:

a. El estado de los componentes ambientales, así como de los factores que inciden en él y las medidas adoptadas.

b. El establecimiento y administración de un sistema de información ambiental que considere un conjunto de información de acceso comprensible para los ciudadanos.

c. La obligación de emitir periódicamente un informe del estado del Medio Ambiente y la calidad del mismo a nivel nacional, regional y local.

Finalmente, uno de los aspectos claves de este proyecto, es abordar los aspectos asociados a la Biodiversidad. Según el mensaje, los datos disponibles y las perspectivas para los próximos treinta años, la pérdida de Biodiversidad es uno de los aspectos de mayor riesgo que enfrentarán los países y sus economías, sobre todo aquellas como la nuestra que basa su desarrollo en el uso y aprovechamiento de recursos naturales.

Con tal objeto, el rediseño institucional lo abarcará en las siguientes áreas:

a. El Ministerio, conjuntamente con el órgano que corresponda, aprobará los planes de manejo de la ley N° 19.300.

b. Una vez clasificada una especie, se podrá aprobar planes de recuperación, conservación y gestión de la especies.

c. Al Ministerio le corresponderá supervigilar la elaboración del inventario de especies.

d. El Ministerio tendrá competencias para proporcionar información con el objeto de elaborar las cuentas ambientales.

Por otra parte, se aborda, además, el problema de las Áreas Silvestres Protegidas.

Se hace constar, en el mensaje, que Chile carece de un sistema integrado de regulación, clasificación y administración de áreas sujetas a protección oficial. En efecto, es una circunstancia conocida que la ley que ha servido de base a este respecto, nunca ha entrado en vigencia, y esto por más de 20 años. En ese contexto, el sistema de áreas protegidas se basa en un conjunto de disposiciones dispersas, que dan origen a diversas denominaciones, que permite sostener que en la actualidad existen más de veinte categorías de protección, lo que en ocasiones tiene efectos en la calidad de las políticas públicas en la materia.

Por estos motivos el Ejecutivo ha dictado la Política Nacional de Áreas Protegidas, el Plan de Acción de Corto Plazo para los años 2007 y 2008 para la implementación de esta Política Nacional y recientemente se ha creado el Comité de Ministros para las Áreas Protegidas, presidido por la Ministra de Medio Ambiente.

Se agrega que, Chile debe avanzar hacia un Sistema Nacional e Integrado de Áreas Protegidas, para lo cual es necesario hacerse cargo del conjunto de aspectos, que no son posibles abordar de manera simple.

En ese contexto, se ha optado por entregar las competencias sobre formulación de políticas y supervigilancia del Sistema de Áreas Protegidas del Estado y privadas, respectivamente, al Ministerio de Medio Ambiente que se está creando.

Por otro lado, en el ámbito institucional, se ha decidido modificar los estatutos de la Corporación Nacional Forestal, de manera de integrar al Ministro de Medio Ambiente en su Consejo Directivo, y que ésta Corporación, en las materias asociadas a las áreas protegidas, se someta a las políticas definidas por el Ministerio de Medio Ambiente.

Según el mensaje, esta solución es la que permitirá en un mediano plazo abordar de un modo integral el modelo de conservación que nuestro país se merece. Esto es importante porque las áreas protegidas buscan contribuir a la conservación y gestión sustentable de la diversidad biológica y cultural asociada, promoviendo un desarrollo sustentable basado en la provisión de bienes y servicios ecosistémicos, la protección de los procesos naturales, y la integración de distintos niveles de gobernabilidad y formas de administración de áreas terrestres, marinas, públicas y privadas, incluyendo corredores biológicos y zonas de amortiguación necesarias para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de los esfuerzos de conservación.

Las modificaciones antes explicitadas quedan plasmadas en el artículo cuarto, que modifica el Decreto N° 430, de 1992, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura; artículo quinto que modifica la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales; el artículo sexto del proyecto que modifica el Decreto Ley N° 1.939, de 1977, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado.

El artículo séptimo del proyecto, introduce diversas modificaciones en el artículo 20 de la ley N° 18.965, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a fin de establecer que la Unidad de Aseo y Ornato pase, también, a desempeñar competencias ambientales a nivel local, tratando de reproducir los objetivos de política y gestión a nivel municipal.

La propuesta agrega como competencias, las siguientes:

a. Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con medio ambiente;

b. Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna, y

c. Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de la misma, el concejo podrá solicitar siempre un informe fundado del Ministerio del Medio Ambiente.

Finalmente, el artículo octavo introduce modificaciones al Decreto con Fuerza de ley N° 294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que Establece las Funciones y Estructura del Ministerio de Agricultura; el artículo noveno modifica el Código de Aguas, y el artículo décimo modifica el artículo 2°, de la ley N° 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con el objeto de concretar las ideas matrices del proyecto.

Por su parte, los artículos transitorios, regulan las siguientes materias:

El artículo primero establece los plazos en que entrarán en vigencia o que se deberán hacer los informes sobre el estado del medio ambiente a nivel nacional, regional y local; el Sistema Nacional De Información Ambiental, así como la ley que regulará los proyectos o actividades sometidos al Sistema de Evaluación Ambiental.

El artículo segundo, en general, faculta al Presidente de la República para fijar la planta de Personal del Ministerio de Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia de Medio Ambiente.

El artículo tercero, dispone que el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental serán los continuadores legales de la CONAMA.

El artículo cuarto establece la imputación del mayor gasto que derive de las nuevas plantas y su límite.

El artículo quinto faculta al Presidente de la República para que nombre en forma transitoria y provisional al Superintendente de Medio Ambiente, mientras se efectúa la selección.

El artículo sexto expresa que el Presidente de la República formará el primer Presupuesto del Ministerio y de la Superintendencia de Medio Ambiente, y del Servicio de Evaluación Ambiental.

El artículo séptimo establece que los procedimientos de fiscalización y los sancionatorios iniciados con anterioridad a la vigencia de la ley seguirán tramitándose conforme a sus normas hasta su total terminación.

IV.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

A) Discusión General.

Durante el estudio en general de la iniciativa la Comisión recibió la opinión de representantes de las entidades:

1.- Ana Lya Uriarte Rodríguez, Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

2.- Flavia Liberona Céspedes, Directora Ejecutiva de la Fundación Terram;

3.- Manuel Baquedano, Presidente del Instituto de Ecología Política;

4.- Ana Luisa Covarrubias Directora del Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Sebastián Soto, Director del Programa Legislativo, ambos del Instituto Libertad y Desarrollo;

5.- Lucas Sierra, investigador del Centro de Estudios Públicos, CEP;

6.- Jonathan Barton, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica;

7.- Javier Hurtado C., Gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción;

8.- Sara Larraín Ruiz-Tagle, Directora Ejecutiva del Programa Chile Sustentable;

9.- Jaime Dinamarca Gárate, Gerente de Medio Ambiente de la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa;

10.- Juan Pablo Schaeffer y la señora Paulina Riquelme en representación del Consejo Minero;

11.- Rodrigo Herrera Jena, Director Ejecutivo de Greenpeace Chile;

12.- Hernán Durán de la Fuente, de la Fundación Chile 21;

13.- Ricardo Bosshard, Director, y Alberto Tacón de World Wildlife Fund, WWF;

14.- Alex Muñoz Wilson, Vicepresidente para Latinoamérica de Oceana, Maximiliano Bello, Director de Campaña de Protección de Habitats y Cristián Gutiérrez Rojas, Director de Campaña de Salmonicultura, del mismo organismo;

15.- Victoria Castro, Nuriluz Hermosilla y Mauricio Uribe, representantes de la Sociedad Chilena de Arqueología;

16.- Valentina Durán, investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile;

17.- José Ignacio Pinochet, encargado de Medio Ambiente del Instituto Libertad;

18.- Pauline De Vidts Sabelle, Vicepresidenta de Desarrollo Sustentable de Soquimich, en representación de la Sociedad Nacional de Minería, Sonami.

19.- Jorge Bermúdez, profesor de Derecho Administrativo Ambiental de la Universidad Católica de Valparaíso.

20.- Arturo Fermandois, profesor de Derecho Constitucional de la Pontifica Universidad Católica de Chile.

Asimismo, con fecha 8 de septiembre de 2008, se efectuó un foro sobre el tema a la que asistieron 120 personas, cuyas exposiciones y opiniones constan en documento que se anexa.

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La señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, expresó que la nueva política ambiental del Gobierno requiere una institucionalidad a tono con los tiempos y para ello se necesita contar con una institución pública que tuviese la debida autonomía, recursos y jerarquía política para llevar adelante esta tarea.

Por esa razón se consideró, como el primer paso, el dar el rango de Ministro al Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, a quien se le asignó la misión de rediseñar la institucionalidad ambiental y proponer al Congreso, la creación del Ministerio del Medio Ambiente.

Además, crea una Superintendencia Ambiental, en la cual estarán centradas las funciones fiscalizadoras y sancionatorias, ya que también se debe garantizar el cumplimiento de las normas.

Asimismo, se desarrollará un Plan Nacional de Protección de la Naturaleza, que incluirá medidas de orden institucional y legal, tales como la creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Conservación de la Biodiversidad.

Los fundamentos de la iniciativa legal radican en que es necesario racionalizar las competencias dispersas, sobre todo considerando que el Consejo de la CONAMA está compuesto por 14 Ministros. Es por ello, que se ha considerado imperioso contar con un responsable identificado de estas políticas, con la suficiente jerarquía política e institucional para llevar a cabo las políticas medio ambientales. Además, es básico que exista integridad de la regulación ambiental coherente con una política ambiental generada por el órgano encargado de su elaboración.

En materia de fiscalización es primordial contar con un sistema eficaz y eficiente, que supere los problemas de fiscalización dispersa realizada por distintos organismos lo cual resulta más oneroso e ineficiente ya que no poseen la información adecuada para realizar dicha función. Los énfasis deben estar puestos en el cumplimiento de las normas y no en las sanciones. Para dar cumplimiento a este objetivo se debe contar con programas y metodologías descritas y públicamente conocidas.

Agregó que, actualmente existe una ausencia de modelo de gestión presupuestaria coordinada, ya que cada Ministerio presenta su propia gestión presupuestaria en que los énfasis en materia ambiental son distintos y, en algunos, absolutamente marginales, ya que son medidos en el cumplimiento de sus tareas básicas y el medio ambiente es uno secundario o accesorio.

Una clave identificatoria de estos proyectos está dada por el hecho de que el sistema estará sujeto a rendición de cuentas de manera permanente, no sólo en el ámbito presupuestario si no que también medio ambiental.

Destacó que, la base del modelo estará compuesta por el Ministerio del Medio Ambiente que será una Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

Asimismo, existirá un Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental que tendrá a su cargo la gestión y administración del sistema de evaluación de impacto ambiental de manera que este servicio no sea forzado a desarrollar políticas generales que serán de competencia del Ministerio.

El Ministerio se compondrá de las siguientes dependencias: una subsecretaria que tendrá a su cargo seis divisiones que asumirán los siguientes temas: regulación ambiental; información y economía ambiental; educación, participación y gestión local; recursos naturales y biodiversidad; cambio climático y cumplimiento de tratados internacionales, y planificación y gestión.

Además, existirán los Secretarios Regionales Ministeriales, y se mantiene la estructura de los Consejos Consultivos a Nivel Nacional y Regional.

El Servicio de Evaluación Ambiental, no sólo estará a cargo de la administración del SEIA si no que también perseguirá como objetivo de mediano plazo la simplificación del otorgamiento de permisos ambientales y proporcionar información sobre las mejores técnicas disponibles.

El Servicio estará a cargo de un director que será seleccionado por el Sistema de Alta Dirección Pública, desconcentrado territorialmente y cuyos directores regionales también serán seleccionados por dicho Sistema.

Se ha considerado que este modelo de gestión es más eficiente ya que permite combinar los incentivos para la existencia de políticas y regulaciones, y la decisión de proyectos concretos sin confundir los ámbitos de objetivos.

Además, se propone la creación de la Superintendencia de Medio Ambiente como órgano autónomo. El Superintendente será nombrado por el Presidente de la República mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, y tendrá como función principal administrar un sistema integrado de fiscalización ambiental destinado a garantizar el debido cumplimiento de las regulaciones ambientales.

Destacó que la Superintendencia tendrá competencia sobre instrumentos tales como las resoluciones de calificación ambiental que aprueben proyectos de inversión y que hayan sido evaluados por el SEIA, sobre las medidas establecidas en planes de prevención y programas de descontaminación, esta posibilidad actualmente no existe y tendrá facultades para fiscalizar el sector público como al privado.

Asimismo, este organismo, tendrá competencia para fiscalizar el cumplimiento de las normas de calidad y de emisión en los casos que corresponda, específicamente en los casos de residuos industriales líquidos a cursos superficiales de aguas, que actualmente son realizados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. También tendrá, competencia para fiscalizar los planes de manejo de la ley de Bases Generales del Medio Ambiente.

La Superintendencia tendrá tres formas de fiscalización: directa, realizada a través de funcionario de la propia Superintendencia; sectorial la que se hará de conformidad a los programas y subprogramas de fiscalización definidos entre los sectores y la Superintendencia, y por último la privada, que se efectuará mediante un sistema de certificación de conformidad, sujeto a un sistema de acreditación administrado por la propia Superintendencia.

El sistema de fiscalización estará ordenado por riesgos y para ello se efectuará una priorización y en aquellas áreas de mayor riesgo y que presenten alto grado de incumplimiento la fiscalización estará a cargo del personal de la Superintendencia dejando a los fiscalizadores privados en las áreas o zonas de bajo riesgo y menor incumplimiento.

Agregó que una superintendencia eficiente y moderna debe estar creada sobre la base de una plataforma tecnológica que le permita manejar los flujos de información que haga llegar el sector público y los fiscalizadores, es por ello que se prevén mecanismos de información obligatoria para el otorgamiento de nuevos permisos que se están otorgando, obligación que será impuesta a los sectores públicos y municipales, posibilitando la existencia de una información integrada, superando con ello un vacío que tiene la Ley de Bases del Medio Ambiente.

Explicó que el proyecto, también contempla incentivos para el cumplimiento de las normas medio ambientales. Estos incentivos son:

- Denuncia ciudadana, un particular identificado puede denunciar con lo que adquiere legitimidad en el procedimiento administrativo y puede exigir respuesta de la autoridad respecto de los resultados de su denuncia.

- Autodenuncia. El infractor puede informar inmediatamente de una infracción y reducir su sanción hasta en un 50%.

- Programa de cumplimiento. Durante el proceso sancionador se puede proponer un programa de cumplimiento, que suspende el procedimiento y si se cumple se da por terminado. Por el contrario, si no cumple recibe el doble de multa que originalmente le correspondía.

- Registro de sanciones. Se incorporan a los sancionados y sus representantes con lo que existirá un historial de las actividades que han sido objeto de procedimientos sancionatorios.

Asimismo, se contempla un procedimiento sancionador sujeto a todas las garantías procesales, las infracciones se califican en gravísimas, graves y leves. Las infracciones gravísimas pueden ser castigadas con una multa que va de las 5.001 a 10.000 unidades tributarias anuales, clausura o revocación de la Resolución de Calificación Ambiental, por su parte las graves contemplan multa de 501 a 5.000 unidades tributarias anuales, clausura y revocación de la RCA. Por último, las leves, pueden ser objeto de amonestación por escrito o multa de 1 a 500 unidades tributarias anuales.

Recalcó que se está frente a la existencia de un procedimiento único de sanción, evitando, como sucede en la actualidad, la existencia de tres o más procedimientos respecto de una misma actividad.

Además, el proyecto de ley propone diversas modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA.

En síntesis, la señora Ministra señaló que se mantiene el modelo de autorización integrada de funcionamiento, ingresado que sea un proyecto al Sistema es distribuido a los servicios con competencia en materia ambiental para que emitan su pronunciamiento, pero la evaluación previa a la decisión del proyecto estará a cargo de un comité técnico compuesto por todos los jefes de servicios.

Se racionalizan las DIA de manera de evitar que sigan comportándose como pequeños estudios de impacto ambiental, estableciendo una regla clara de silencio administrativo. Establece la caducidad de las RCA si no hay inicio de obras, fijándolo en un periodo menor. Regula el procedimiento electrónico y el sistema de información de RCA y permisos ambientales otorgados por proyectos.

La evaluación y calificación de proyecto estará entregada a una comisión de Seremis, que reemplazará a las actuales Coremas, que será presida por el de Medio Ambiente y compuesta por los secretarios regionales ministeriales de Salud, Economía, Energía, -si se aprueba la creación del Ministerio respectivo-, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes, Minería y Mideplan.

Por otra parte, explicó que los recursos de reclamación de los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental se presentarán ante un Comité de Ministros que estará integrado por los Ministros de Medio Ambiente quien lo presidirá, además, de Economía, de Salud, de Agricultura y de Energía. Asimismo, los recursos de reclamación respecto de las DIA, se seguirán presentando ante el Director Ejecutivo del Servicio, no obstante que se agrega la posibilidad de solicitar informe de expertos independientes. Este mismo procedimiento será aplicable para EIA.

Sobre Biodiversidad y Áreas Protegidas, expresó que todas las competencias regulatorias y de formulación de políticas serán entregadas al Ministerio de Medio Ambiente ya que actualmente éstas están dispersas en 14 servicios distintos, integrando, además, al Ministro del Medio Ambiente al Directorio de Corporación Nacional Forestal, CONAF, -lo cual ya se ha realizado-, de manera de garantizar la protección de áreas protegidas y de biodiversidad.

En materia de políticas en materia de Áreas Protegidas, hizo presente que, corresponderán al Ministerio de Medio Ambiente su elaboración y la CONAF se sujetará a ellas. Se creará la Evaluación Ambiental Estratégica, EAE, para políticas y planes del sector público que puedan tener impactos ambientales o en la sustentabilidad. Se establecen reglas sobre acceso a la información ambiental en la orientación del Convenio de Aahurus 2001. Se dispone que todos los actos administrativos de la Ley de Bases del Medio Ambiente que requerían firma de la Secretaría General de la Presidencia, pasan a Medio Ambiente.

Asimismo, se dispone que la administración de la información de los programas de medición de calidad de aire, agua y suelo, sean de tuición del Ministerio, la supervigilancia del SNASP, inventario de flora y fauna y planes de manejo que no tengan regulación especial. Obliga a la elaboración de planes de recuperación, conservación y gestión de las especies clasificadas que actualmente no tienen mayor impacto, todos pasarán a ser de competencia del Ministerio que se crea.

Finalmente, destacó que este rediseño busca identificar las áreas de racionalización de competencias, identificación de responsables de política y regulación, así como de gestión y fiscalización, y finalmente, está focalizado en la identificación de incentivos institucionales adecuados para gestión ambiental. El proceso del rediseño ha sido útil para levantar un conjunto de información y evidencia dispersa, así como para revelar diferentes posiciones desde los sectores público y privado.

Estimó que hoy existe espacio para abordar una discusión sobre una reforma ambiental en el Congreso Nacional planteada por el Ejecutivo.

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El Presidente del Instituto de Ecología Política, manifestó que esta nueva institucionalidad responde a una iniciativa de carácter ciudadano, en especial de organizaciones preocupadas del medio ambiente, ya que el establishment político, hasta ahora, no ha querido fortalecer la institucionalidad medioambiental.

Reconoció, eso sí, que cuando el Gobierno ha planteado cumplir el compromiso y ha nombrado a la Ministra ha demostrado su interés en trabajar y cooperar en aras de lograr la creación de un Ministerio del Medio Ambiente.

Esta institucionalidad es importante para la modernización del país, en especial por el hecho de que si se aspira a entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en adelante OCDE, se debe tener un Ministerio de Medio Ambiente. En todo caso, estimó que una de las principales dificultades que enfrenta esta nueva institucionalidad, dice relación con la facultad de fiscalizar, la que se mantiene en varios sectores y servicios para investigar una misma infracción. El traspaso de competencias fiscalizadoras debe asegurar que no exista la duplicidad de funciones y que no haya resquicios por dónde se pueda diluir la fiscalización en otros organismos.

Por otra parte, consideró que con la creación de un servicio descentralizado para la evaluación de impacto ambiental se busca fortalecer la toma de decisiones técnicas y no políticas, lo que, en su opinión, constituye la correcta inspiración del proyecto. Alabó la inclusión de la evaluación ambiental estratégica, ya que con ello se solucionarán varios problemas al contar con un marco general en el cual se puedan analizar los proyectos.

Asimismo, juzgó en forma negativa la integración de los comités de evaluación por cuanto no se integra a la red de representatividad del Gobierno Regional, lo cual constituye una clara señal de centralización y de exclusión de la participación ciudadana.

Consideró que a los entes que decidirán sobre los estudios de impacto ambiental se les estaría suprimiendo su carácter técnico ya que las Seremías son cargos de confianza exclusiva y responden al nivel central. Se declaró partidario de modificar la norma.

Por último, señaló que falta dictar nuevas normas y actualizar las existentes, dado que los fenómenos internacionales así se lo estando haciendo notar, además, que responde a un tema de reglas del juego claras.

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La Directora Ejecutiva de TERRAM, expresó que el tema de la institucionalidad ambiental se está trabajando desde el año 1998, desde la experiencia de afectados por el medio ambiente.

Destacó, asimismo, que la evaluación de desempeño ambiental de la OCDE, respecto de los años 1990 a 2004, que culminó con 52 recomendaciones para el Estado de Chile en materia ambiental, produjo un fuerte impulso hacia la nueva institucionalidad ambiental.

Así quedó demostrado, entre otras, en las siguientes recomendaciones:

1.- Desarrollar y fortalecer la institucionalidad ambiental en el ámbito nacional y regional.

2.- Desarrollar y fortalecer aún más los marcos normativos para mejorar la salud ambiental y cumplir los compromisos internacionales de Chile; fortalecer la capacidad de cumplimiento y fiscalización incluso mediante reformas institucionales, como por ejemplo el establecimiento de un órgano de inspección ambiental

3.- Desarrollar aún más y fortalecer la planificación territorial: planes comunales e intercomunales, planes de desarrollo urbano regional y planes de manejo de las costas y las cuencas fluviales; monitorear los humedales y asegurar su protección mediante reglamentos e incentivos

4.- Desarrollar un conjunto nacional de indicadores para medir el desempeño ambiental con respecto a objetivos nacionales y a compromisos internacionales.

Seguidamente, esbozó un análisis general de la propuesta y puntos críticos del mismo. Destacó que el Gobierno está proponiendo una normativa en bloque que está constituida por un ministerio, una superintendencia y un servicio de evaluación ambiental, la que tiene estructura y coherencia, que refleja la necesidad de avanzar hacia una institucionalidad ambiental de mayor jerarquía, con capacidad de interlocución con otros ministerios, que pretende resolver la incompatibilidad de funciones entre fomento productivo y conservación del patrimonio natural.

El Ministerio debe ser la entidad a cargo de las políticas públicas y regulaciones en materia de protección y conservación del patrimonio natural y se debe hacer cargo de un servicio nacional de parques o áreas silvestres protegidas, proposición contenida en el anteproyecto y que se debería reponer.

En cuanto a la superintendencia, consideró, necesario aclarar algunos temas, en materia de estructura nacional y regional, definición del ámbito de competencia en materia de fiscalización de riles y rises y de coordinación con fiscalizadores sectoriales.

Asimismo, estimó que es necesario que exista un sistema de acreditación y de registro de consultoras que garanticen un estudio independiente.

Sobre la incorporación de mecanismos de participación ciudadana en el proceso de evaluación y reclamación administrativa así como su incorporación en el proceso de Adendas, lo estimó insuficiente ya que deberían ser oídas en la etapa de evaluación y de reclamación, así como buscar mecanismos para recoger sus observaciones.

Propuso, además, suprimir la declaración de impacto ambiental o en su defecto considerar la participación ciudadana.

Como puntos críticos en materia ambiental y que deberían ser abordados en esta oportunidad, señaló los siguientes:

- Definiciones de la ley de Bases del Medio Ambiente: sugirió su análisis y actualización para hacerlas concordantes con diversos convenios suscritos y ratificados por nuestro país, como por ejemplo, el concepto de biodiversidad que no considera la definición contenida en la Convención de Biodiversidad.

- Participación ciudadana: señaló que se debe garantizar la igualdad ante la ley entre el proponente y la ciudadanía, lo que se refleja ante quien reclama uno y otro. Para ello, se debería explicitar el tipo de participación que considera el proyecto, se deben entregar insumos y antecedentes para que ella sea eficiente, dada la diferencia de capacidades que tiene la comunidad en general con los proponentes, por lo que se debe garantizar el rol de los consultores ante los estudios de impacto ambiental.

- Competencia técnica o política de las Comisiones Regionales de Medio Ambiente. Se debería clarificar si su rol es político o técnico. Por su dependencia los secretarios regionales ministeriales son políticos ya que dependen de una autoridad que tiene dicho carácter y responden al nivel central por su desempeño y, a su vez, deberían reflejar las opiniones de los servicios públicos que evacuan informes y representar los intereses regionales y ciudadanos.

- Áreas silvestres protegidas: consideró imprescindible contar con una institucionalidad encargada de la preservación, conservación y mantenimiento del patrimonio natural. Hizo presente que, hoy existen más de 20 categorías de conservación distintas y en distintos ministerios de manera que aparece como necesario efectuar el ordenamiento de esta materia, pero siempre bajo el alero de una sola institucionalidad, la de medio ambiente, que debe proteger el patrimonio natural de los chilenos.

Asimismo, consideró que existen temas que no han sido abordados, como son el ordenamiento territorial, estrategia de cuencas y el efecto sumatorio y sinérgico en la evaluación de proyectos en un mismo territorio, en relación con el servicio de evaluación de impacto ambiental, insta a considerarlos en este proyecto de ley.

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La Directora Ejecutiva del Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Instituto Libertad y Desarrollo, señaló que nuestro país, en términos ambientales, está bien posicionado e incluso está por sobre el promedio de la región y del grupo de países de ingreso per cápita similar al chileno. Así ha quedado demostrado en un estudio realizado por la Universidad de Yale, Columbia, en el que consta que Chile se encuentra ubicado en el lugar 29° en desempeño ambiental; 44° en salud ambiental, y en el lugar 46° en vitalidad de ecosistemas.

Por otra parte, expresó que el informe elaborado por la OCDE, en el año 2005, indicaba que existían una serie de éxitos y fracasos en materia ambiental.

Entre las políticas que se destacan como exitosas estaban el mejoramiento en la calidad del aire; la incorporación de instrumentos económicos como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA; sistema de derechos de aguas; cuotas individuales y transferibles de pesca; cuotas de compensaciones de material particulado, en el caso de la industria en Santiago; nivel de cobertura de agua potable y alcantarillado, que llega a más del 90 por ciento; recuperación de terrenos erosionados con plantaciones forestales y reforestación, certificación de la totalidad de la actividad mineras ISO 14.001 y la industria forestal más del 50 por ciento, ha ayudado a que el país tenga una buena imagen en materia ambiental.

Las áreas en las cuales no ha existido un desempeño tan favorable dicen relación, principalmente, con la calidad de aguas en ríos y lagos; falta de infraestructura de evacuación de aguas lluvias; falta de visión estratégica en áreas silvestres protegidas; inexistencia de información de biodiversidad y falta de evaluación económica en políticas medio ambientales.

Justifica las objeciones de la OCDE por la falta de una política ambiental clara, especialmente, respecto de las normas de calidad primaria que protegen la salud de la población, ya que las normas de material particulado respirables, dióxido de azufre, -dióxido de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono-, fueron fijadas en 1978 y revisadas en el año 1998, mientras que el estudio de la norma primaria para plomo se inició el año 1997 y fue aprobada en el año 2001

Sin embargo, para aguas, no hay una norma vigente, ya que la norma primaria para aguas continentales de 1997 y aguas marinas de 1999, aun cuando ambas han sido aprobadas en el año 2005, todavía no han sido promulgadas. Además, la norma primaria para material particulado 2.5 elaborada en el año 1999 aún no es aprobada. Tampoco, existe claridad respecto de qué calidad ambiental se quiere y no hay una política de recursos naturales.

Para superar estas objeciones se requiere racionalizar la normativa ambiental y evitar la superposición de competencias en organismos públicos. Recuerda que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Canadá en el año 1997, se fijó un plazo de dos años para racionalizar la normativa ambiental vigente, pero por falta de recursos se paralizó el estudio.

Además, falta conocimiento científico que explique el origen de los problemas y entregue posibles soluciones, así es como, la auditoria realizada al Plan de Descontaminación de Santiago demostró que no existe claridad respecto de cuál es relación entre la salud de la población y la contaminación, entre las emisiones y la calidad del aíre, la química atmosférica, etc. Se carece de instrumentos que tengan los incentivos adecuados para enfrentar la solución de determinados problemas como serían los bonos de descontaminación.

También, se requiere un mecanismo de solución de controversias para SEIA, más allá del sistema de compensaciones y que la participación de la CONAMA sólo se materialice cuando el problema no se haya resuelto en el ámbito de los privados.

Respecto del proyecto de ley y, en especial, sobre la creación del Ministerio del Medio Ambiente señaló que esta medida centraliza el tema ambiental en una sola Secretaría de Estado, con lo cual se está perdiendo la visión sectorial, restando responsabilidad a los ministerios sectoriales hoy pertenecientes al Consejo Directivo que si actualmente no se sienten vinculados a estas políticas con mayor razón lo estarán en el futuro ya que ni siquiera serán participes de la toma de decisiones.

Asimismo, se pierde la visión global en los procesos de generación de normas y programas para su cumplimiento y el equilibrio existente en el concepto de desarrollo sustentable, dando prioridad a la protección ambiental por sobre el desarrollo económico. Por lo que, en su opinión, la creación de un Ministerio no constituye un avance en el logro del desarrollo sustentable.

En otro orden de materias, manifestó su desacuerdo respecto de la incorporación del tema indígena en el artículo 4° de la ley de Bases ya que consideró que éste no es el lugar para discutir el tema sino que éste debe ser analizado en otro ámbito y al hacerlo aquí distorsiona la discusión ambiental.

Estimó adecuada la propuesta sobre la Evaluación Ambiental Estratégica voluntaria para políticas y planes de carácter normativo general con efectos en el medio ambiente y obligatoria para instrumentos de planificación urbana.

Respecto de la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental por un Comité de Evaluación, consideró que con ello se está eliminando la representación regional compuesta por Intendente, Gobernadores y los cuatro Consejeros Regionales.

Asimismo, el reemplazo del Consejo de Ministros por un Comité Especial para Reclamos de Evaluación de Impacto Ambiental, compuesto por los Ministros de Medio Ambiente, de Salud, de Economía, de Agricultura y de Energía constituye igualmente una pérdida de la visión global del problema.

Respecto a la incorporación de la participación ciudadana en las DIA y la inclusión de la posibilidad de establecer condiciones para su aprobación, consideró que con estas proposiciones se pierde el espíritu de las DIA ya que estaban concebidas para determinadas actividades expresamente establecidas y para proyectos cuyo impacto se ajusta a las normas vigentes.

Sobre el plazo de caducidad de la resolución de calificación ambiental, estimó que éste se debiera fijar de acuerdo al tipo de proyecto. En todo caso, consideró que se debe tener presente que existe carencia de información general sobre el estado y capacidad de las cuencas, por ejemplo, ya que si existieran dichos antecedentes el plazo carecería de importancia.

Agregó que el proyecto de ley establece que para la evaluación de impacto ambiental se debe presentar un estudio de riesgo en salud, cuando se generen impactos en salud, reasentamiento de comunidades y localización próxima a poblaciones. Sobre el particular consideró que las evaluaciones de impacto ambiental deben cumplir con las normas de calidad ambiental, las que en su dictación consideran un estudio de riesgo, y que no compete al privado tal función sino que es deber de la autoridad realizarlo y al privado le corresponde únicamente ajustar sus proyectos a la normativa vigente.

Además, hizo constar que concuerda con la proposición del proyecto de ley que amplía la participación ciudadana en las evaluaciones de impacto ambiental cuando se efectúen modificaciones que afecten el proyecto, puesto que reconoce que existen proyectos que pueden sufrir variaciones fundamentales.

Sobre la facultad que se otorga a la Superintendencia para suspender las autorizaciones de funcionamiento de las resoluciones de calificación ambiental cuando se observan efectos no previstos, señaló que se deben precisar los casos en que se puede aplicar ya que, efectivamente, una de las razones por las cuales se puede modificar una resolución es cuando existen cambios en las condiciones como cuando se modifica la norma en cuyo caso el titular debe ajustar su proyecto a la nueva norma, pero en este caso, en su opinión, no procedería la suspensión sino una modificación de la resolución.

Por último, estimó que faltan sistemas más modernos que agilicen las autorizaciones ambientales para promover el desarrollo sustentable, entre los que se encuentran los seguros ambientales distintos a los que existen actualmente sino que en cierta medida reemplace al EIA u obligue a éste a tratar de mitigar en mayor medida para que la prima sea menor o que el seguro garantice el pago de los daños ambientales.

Por su parte, el Director del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo, complementando la exposición anterior, expresó que la creación de la Superintendencia, desde el punto de vista de las políticas públicas, parece ser un instrumento adecuado. Sin embargo, para que este modelo sea eficaz, debe ser moderno y dinámico, lo que no se aprecia en éste caso dado que sigue un modelo tipo de los años 80 que se construye sobre otros principios.

Analizó las normas del proyecto, desde tres puntos de vista:

1.- Excesivo poder discrecional de este organismo: Esto se demuestra en que puede suspender las autorizaciones transitorias de inicio de actividades. También caducar las RCA, sin mayores limitaciones en la ley. Además, queda demostrado en otras atribuciones como la que se refiere a la entrada en predios públicos o privados sin orden judicial, o en la facultad que se le otorga al Superintendente para solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando lo estime conveniente, pudiendo proceder con descerrajamiento de los inmuebles fiscalizados.

Asimismo, estimó que deben ser analizadas con mayor detenimiento las normas que le otorgan la calidad de ministros de fe a actuaciones de los funcionarios de la Superintendencia así como los hechos que constituyen presunciones legales.

2.- Escasas herramientas para hacer más eficiente el actuar de la Superintendencia.

Reconoció que se ha dado un gran paso en materia de externalización de los servicios, pero estimó que se deben establecer ciertos límites, especialmente en lo relativo al control de los órganos acreditadores.

Además, no comparte la proposición respecto de la reserva de los programas de fiscalización. Sobre el particular citó la experiencia de la Contraloría que da a conocer sus programas de fiscalización.

En cuanto a la autodenuncia señaló que puede llegar a constituir una instrumento eficaz, no obstante que es necesario aclarar y precisar las condiciones de procedencia, y permitir que la rebaja en el monto de multa no tenga un límite superior para hacerlo más eficaz. Abogó por la aprobación de medidas más audaces como por ejemplo, establecer que cuando las empresas encargan auditorias, estas no pueden ser usadas en su contra.

Sobre los programas de cumplimiento expresó que son muy limitados, ya que sólo se pueden llevar a efectos aquellos que se plantean a la autoridad una vez iniciado el procedimiento sancionatorio.

Hizo presente que varios especialistas medio ambientales han señalado que en esta materia el proyecto privilegia la variable sanción por sobre el cumplimiento de las normas, y que, especialmente, queda demostrado en las atribuciones antes analizadas.

3.- Procedimiento sancionatorio:

En su opinión, el principal problema que existe en materia de procedimiento es desde el punto de vista de las garantías. Se trata de un procedimiento regulador anticuado, con énfasis en la parte sancionatoria, con escasas garantías para el infractor, lo que es especialmente grave si se considera que en es tipo de procedimiento la superintendencia es juez y parte.

Asimismo, consideró excesivas las medidas provisionales, así como la limitación de la facultad de los tribunales de suspender los efectos del acto reclamado cuando pueda afectar la preservación del medio ambiente. No elimina la superposición de competencias ni garantiza la coordinación entre autoridades fiscalizadoras, así como tampoco prohíbe categóricamente la doble sanción de distintos órganos, por los mismos hechos, según se entiende de su redacción.

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El investigador del Centro de Estudios Públicos, CEP, señaló que en el análisis de una reforma de diseño institucional como la propuesta, desde la perspectiva ambiental se deben considerar los siguientes temas:

1.- Política Ambiental, en el caso de la creación del Ministerio

2.- Gestión, en el caso de Servicio de Evaluación Ambiental.

3.- Fiscalización ambiental, en el caso de la Superintendencia.

Agregó, que un extremo, que estimó negativo, está dado por la creación del Ministerio de Medio Ambiente, y en el otro, que consideró positivo, se encuentra la creación de la Superintendencia, como órgano de fiscalización, y en una zona intermedia, está ubicado el Servicio de Evaluación Ambiental.

Desde el punto de vista del diseño y dictación de normas ambientales, la institución que se cree debe ser capaz de conocer y manejar multiplicidad de temas medioambientales, pero en la fiscalización debe manejar un solo tema, cual es la aplicación de normas.

El medio ambiente es un concepto transversal que tiene una proyección de esa dificultad en lo institucional, representándose a través del Consejo Nacional de la CONAMA en los 14 Ministerios que lo componen, y a lo cual debe agregarse la dificultad de una definición legal amplísima, que abarca incluso conceptos culturales como los del Convenio 169, relativos a culturas originarias, que profundizan esta dificultad, porque el concepto de medio ambiente no se acota, por el contrario, se amplia y se hace más difuso.

En cuanto a políticas ambientales y definición de estándares normativos, tales como, normas primarias y secundarias de calidad ambiental, normas de emisión y estándares que implican creación normativa, la institucionalidad debe ser capaz de desarrollar un manejo de distintos temas, la idea de desarrollo sustentable, que implica una conjunción de intereses contrapuestos.

En lo relativo a la gestión, se deben considerar el SEIA, gestión de recursos naturales, planes o normas en ejecución e instrumentos económicos.

En materia de fiscalización, en cuanto aplicación de normas dictadas, está incorporada en ellas la tarea del Superintendente de actuar como un juez, de manera de conectar un hecho del pasado, con una norma jurídica.

Criticó la composición del actual Consejo Directivo de CONAMA, ya que no ha cumplido con su tarea en la parte normativa. Dicta pocas normas con los consiguientes problemas para funcionamiento del sistema, producto de un alto grado de discrecionalidad. Las normas se producen a través de las regulaciones de impacto ambiental, con la alta inconveniencia de dictar normas generales a partir de casos particulares.

En términos generales, no hay propuestas para el rediseño de la institucionalidad ambiental, salvo hasta el año 2005, año en que, además de las elecciones presidenciales, se da la situación de los cisnes de cuello negro en Valdivia, lo que generó un alto impacto en la opinión pública. A ello se debe agregar la publicación del informe de la OCDE, bastante positivo para Chile, pero que propone rediseño institucional en materia de un “órgano regulador integrado concentrado”, lo que sería una Superintendencia.

Señaló que esta no es una idea nueva, ya que en el año 1998, se formó la denominada comisión Jadresic, de modernización del Estado. En ella se proponía la creación del Ministerio de Recursos Naturales y, además, reformulaba el Consejo Directivo de CONAMA, reduciéndolo a 6 ó 7 ministerios, que representaran los intereses sectoriales y la fiscalización. También existió un informe encargado por CONAMA, del año 2000, conocido como informe Castillo, que también propone avanzar en la creación de una Superintendencia.

Agregó que el proyecto de ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, está quitando la responsabilidades en materia medio ambiental al Gobierno ya que de una relación multilateral se pasa a una bilateral, con lo que no se está dejando espacio de convergencia y responsabilidad política de la Administración Pública en materia ambiental, donde se enfrentará e impondrá a cada ministerio o se transformará en algo irrelevante. A este nuevo Secretario de Estado se le presenta como Ministro coordinador, pero en la historia de Chile no han existido ministerios coordinadores, pues todos están en situación de igualdad. El único Ministerio coordinador es la SEGPRES con una dirección legislativa.

En la comunidad internacional, la mayoría de los casos en que los países tienen Ministerio de Medio Ambiente con estas características corresponde a sistemas parlamentarios, resultando obvio que en ellos se dé esta situación de coordinador. El único sistema presidencial similar al de Chile es el de EEUU, pero que no tiene un Ministerio de Medio Ambiente, sino una Agencia independiente.

En materia de gestión ambiental, señaló que sus críticas están dirigidas a la gestión y no a la institucionalidad. Expresó que se mantiene una visión multisectorial, con una visión de autoridad, con una estructura de autoridad clara, con un componente local regional. La COREMA la preside el Intendente Regional, agregando además, como componente local, la concurrencia de cuatro CORES.

Asimismo, consideró notable la ausencia de normas generales para las COREMAS, con lo que deben decidir discrecionalmente, con el consiguiente peligro de arbitrariedad y, en todo caso, provocando una gran dispersión jurisprudencial entre una y otra región.

En el procedimiento no se distingue entre la evaluación de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental, no existe una coordinación entre los plazos y permisos sectoriales y el papel del comité técnico de la CONAMA

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El Académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica expresó que el foco de la política ambiental y su fin es la calidad de vida de todos los chilenos y de las generaciones futuras. Los objetivos específicos de esta política son recuperar y mejorar la calidad del medioambiente; prevenir el deterioro medioambiental; fomentar la protección del patrimonio ambiental y el uso sustentable de los recursos naturales; introducir consideraciones ambientales en el sector productivo; involucrar la ciudadanía en su gestión; fortalecer la institucionalidad a nivel nacional y regional y perfeccionar la legislación y desarrollar nuevos instrumentos de gestión.

Agregó la institucionalidad ambiental de Chile excede con mucho a la actual Comisión Nacional del Medio Ambiente o a un eventual futuro Ministerio. La experiencia internacional muestra cambios reiterados en la institucionalidad, evidencia de la naturaleza dinámica y desafiante de los temas de relevancia ambiental. Es necesario comprender que la centralización de la totalidad de los temas ambientales en una sola institucionalidad no es posible, ni necesariamente recomendable, por lo que es necesario transparentar y eliminar la superposición de las funciones fomento de la producción, fiscalización del cumplimiento de la normativa y protección o cuidado de los mismos recursos.

Finalmente, sobre este mismo tópico destacó la importancia de la ciencia y la información ambiental, y de cómo fomentar un adecuado uso de estas herramientas en la toma de decisiones políticas relacionadas con los temas ambientales. Del mismo modo indicó la necesidad de perfeccionar y profundizar las iniciativas de participación civil en la creación de la evaluación de impactos ambientales y en la toma de decisiones.

Seguidamente, se refirió in extenso a la segunda etapa de la institucionalidad ambiental, a partir de la legislación vigente y de casos de controversia relevantes como lo fueron, en su oportunidad, los conflictos de Ralco, Alumysa, Trillium, Pumalín, CELCO, Pascua Lama, represas en Patagonia, etcétera.

Asimismo, comentó la valoración del medio ambiente, desde la perspectiva de la situación actual, así como a la falta de información ambiental y a la escasa incorporación de variables ambientales en la toma de decisiones, las cuales están reducidas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, además, de la poca formación y capacitación en temas ambientales para funcionarios públicos, en universidades y colegios.

Desde el punto de vista la transversalidad y la coordinación del tema ambiental, señaló el fracaso del sistema de co-responsabilidad, analizando cuál ha sido el rol del Consejo Directivo y las prioridades del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en la ley Nº 19.300, expresó que tenía como propósito aplicar el principio preventivo y servir de ventanilla única para la aprobación de los proyectos. Destacó que el SEIA ha permitido una mayor claridad, sistematización y participación en el procedimiento de aprobación ambiental que debe seguir a un proyecto.

Informó que alrededor del 90 por ciento de los proyectos ingresó por la vía de la Declaración de Impacto Ambiental, lo cual implica que en su tramitación no ha existido la participación de la comunidad, y sólo el 19 por ciento ha sido rechazado, según lo señala el informe país de 2005.

Estos elementos permiten configurar el siguiente diagnostico respecto del SEIA:

- Se ha consolidado la aceptación de la evaluación de proyectos de inversión en términos ambientales;

-Se ha convertido en la principal herramienta de la CONAMA y es la más conocida de la institucionalidad ambiental nacional, generando expertise en agencias públicas y empresas privadas (titulares y consultores).

- Ha generado Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) que definen pasos hacia delante para la gestión de los proyectos.

Así es como el Informe de la OCDE (2005, p.142): señala “En general, el SEIA esta bien establecido, desarrolla una labor importante en el sistema regulatorio de Chile y ha demostrado ser una entidad activa e influyente”.

No obstante, es necesario tener presente que hay falta de participación efectiva, debilidades en el seguimiento del proceso y de los mismos instrumentos cuando se analizan de manera aislada de la Evaluación Ambiental Estratégica y de las dimensiones territoriales de impactos sinérgicos. En este sentido, el mismo informe de la OCDE, de 2005, señala que se debe “continuar mejorando la participación pública en procesos como evaluaciones del impacto ambiental de los proyectos y las evaluaciones ambientales estratégicas de los planes, políticas y programas públicos”.

En cuanto al contenido del proyecto de ley, se refirió en primer término a la creación del Ministerio del Medio Ambiente, señalando que se está creando una Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa. Destacó entre sus competencias, las relacionadas con políticas y regulaciones ambientales generales, que incluyen aquellas vinculadas a cuentas ambientales, biodiversidad y áreas protegidas.

Además, sobre las políticas y regulaciones para la sustentabilidad, señaló que ello implica que se debe llegar a los necesarios acuerdos con los sectores a cargo del fomento productivo, así como de la promoción de convenios de colaboración con Gobiernos Regionales y Municipalidades.

Sin embargo, expresó que la iniciativa legal, adolece de debilidades en las siguientes materias:

- se pone énfasis en biodiversidad y áreas protegidas, pero esta Secretaría de Estado no dirige estas áreas;

- falta desarrollo en aspectos territoriales, ya que , por ejemplo, deben relacionarse las Estrategias de Desarrollo Regional (EDRs) y los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROTs) con un manejo por cuenca.

- hay poca claridad en la diferenciación entre sistemas de gestión ambiental y estrategias de desarrollo sustentable;

- existe poco desarrollo de las nuevas competencias municipales.

A continuación, valoró la creación del Servicio de Evaluación Ambiental el que deberá asumir las funciones técnicas del sistema, para operar en los intersticios entre titular, consultor, autoridad pública y sociedad civil, así como transparentar decisiones políticas relacionadas con la sustentabilidad local y regional y evaluaciones técnicas. Recalcó que este servicio deberá mantener una relación directa con la entidad fiscalizadora respecto de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y su seguimiento, con grados de autonomía parecido a una superintendencia.

No obstante, se refirió a ciertas falencias y debilidades, como la poca representación territorial en la calificación de proyectos; la escasa claridad en términos de Evaluación Estratégica Ambiental (EAE); la poca transparencia en la selección de Ministros para resolver casos de reclamaciones; la falta de claridad existente respecto de la participación ciudadana, y su carácter voluntario ya que es obligatorio solamente para los instrumentos de planificación territorial.

Por último, comentó la creación de la Superintendencia, que se abocará a la fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las Medidas de Planes de Prevención y Descontaminación, de las Normas de Calidad y de Emisión, cuando corresponda, y de los Planes de Manejo de la ley 19.300, recordando que la Superintendencia podrá actuar frente a una denuncia ciudadana incluso ante una autodenuncia del infractor. En su opinión, las principales debilidades en este tema son el traslape de funciones y competencias con otros Ministerios y Servicios y la falta de precisión respecto a la coordinación y la separación de funciones con el Servicio de Evaluación Ambiental.

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El Gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, en su extensa exposición abordó no sólo el texto del proyecto de ley en trámite sino que se refirió además, a las normas que contenía el anteproyecto.

En líneas generales, expresó que la iniciativa legal en tramitación tenía por objeto la unificación de las facultades y competencias bajo la estructura de un Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, y que, también introduce importantes modificaciones a las condiciones generales de obtención y a la “certeza jurídica” de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Valoró y destacó las normas que se proponen en relación con la Evaluación Ambiental Estratégica, así como las referidas a las Mejores Técnicas Disponibles sobre todo por el impacto que podrían tener en el campo industrial y en medio ambiente. En todo caso, consideró que este concepto debería ser complementado con el relativo a la rentabilidad.

Sobre la proposición del proyecto de ley relacionada con la Superintendencia del Medio Ambiente, expresó que, en su opinión, entregaba excesivas facultades a la autoridad fiscalizadora entre las cuales destacaban:

- La interpretación de normativa, planes y programas y de las resoluciones de calificación ambiental.

- La suspensión de las autorizaciones provisorias y RCA si los proyectos generan efectos no previstos por la evaluación.

- La revocación de los permisos de funcionamiento de una actividad, incluido con ello las RCA.

- La clausura temporal o definitiva de la actividad.

Además, estos actos son de tipo administrativo, lo cual quita la posibilidad de un debido proceso. En otras palabras, la Superintendencia se transforma en juez y acusador en primera instancia. El proyecto de ley crea esta autoridad fiscalizadora, que es además juez, con facultades interpretativas de normas, planes, programas y RCA. En fin todas las atribuciones que se le otorgan son actos administrativos que niegan lugar a un debido proceso, porque lo ideal es que esto se resuelva en los tribunales de justicia.

Respecto de las modificaciones que se proponen a la legislación vigente la discusión normativa se da en el seno de la CONAMA, en presencia de un Consejo de Ministros, donde se encuentran todos los actores relevantes del tema medioambiental. El proyecto de ley entrega está atribución al Ministerio de Medio Ambiente que tendrá de contraparte al Ministro del área afectada con lo cual se pierde la transversalidad de la discusión de las normas, dado que afectan un entorno de la actividad económica. Estimó que, además, de estar centralizando las decisiones se le está dando a este Ministerio un enfoque distinto, pero más parecido a Ministerio del Desarrollo Sustentable que a una Secretaría de Medio Ambiente.

El reemplazo de la CONAMA y COREMAS por una cartera de Estado, con el fin de facilitar la actividad conjunta con otros ministerios, es un tema no menor sobre todo si se toma en consideración la discusión a nivel regional de los temas medio ambientales. Con el argumento de la politización de las COREMAS, ahora se lleva a una reunión de SEREMIS donde se centraliza más aún la decisión.

Sobre el ingreso de proyectos, consideró que la modificación impedirá el fraccionamiento de proyectos que se realiza actualmente con el objeto de evitar la evaluación ambiental, con lo que se pone fin a prácticas poco sanas.

Respecto de la caducidad de las RCA estimó que se trata de una materia discutible porque si bien todos están contestes en que no puede eternizarse una calificación ambiental, no es menos cierto que en proyectos de mediana envergadura, desde la aprobación ambiental del proyecto hasta el inicio de las obras pueden pasar más de 3 años, de manera que se hace necesario buscar un instrumento que permita cierta flexibilidad.

Se manifestó conforme con las modificaciones propuestas respecto de la participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental aun cuando consideró que se está transfiriendo todo el costo de la actividad al proponente, sin asignar responsabilidad a quien demanda la revisión.

En otro orden de materias, lamentó que una iniciativa legal de este tipo no contemple normas sobre temas tales, como Permisos de Emisión Transables aún previo al plan de prevención y/o descontaminación ambiental, que no se haya analizado la posibilidad de ampliar la gama de los seguros ambientales para la aprobación de proyectos, que no se haya profundizado el efecto de las DIA como declaraciones juradas con fiscalización ex-post, que no exista una mayor obligación del Estado en el monitoreo ambiental a lo largo del país, ni una automaticidad en la declaración de zonas latentes y saturadas.

Asimismo, deploró el hecho de que no haya existido un avance en torno a fortalecer las RCA como un derecho ambiental no un simple permiso, y que, en el caso de los permisos estos pueden ser dados desde el momento que se inicia la actividad, aun cuando es necesario determinar como se adjudican.

También, hizo presente que la normativa vigente así como el proyecto de ley adolecen de un aspecto fundamental: asegurar la certeza jurídica de las RCAs. La certeza jurídica de una RCA permite al titular tener la seguridad ante la ley de, una vez cumplido las exigencias ambientales que no se producirán cambios en las “reglas del juego”.

Actualmente, el inversionista puede “perder” la autorización entregada por la RCA bajo ciertas circunstancias, ya que no es un “derecho adquirido”. Asegurar las RCAs como derechos ambientales (temporales o permanentes) permite que el titular tenga incentivos en incorporar las mejores técnicas disponibles, de forma que, al reducir las emisiones, pueda obtener un beneficio económico, el cual además es transable.

Desde esta perspectiva, los derechos ambientales operan como un insumo productivo, el cual está disponible en el mercado, con la restricción de que existe un total fijo de derechos, y por tanto un máximo global de emisiones definido. Al permitir que el mercado actúe, en el nivel óptimo, sólo los más eficientes quedan operando en la industria.

Destacó que, en general, Europa tiene un concepto ambiental orientado al desarrollo sustentable, lo cual involucra a la autoridad como impulsor del crecimiento, equilibrando los intereses económicos y ambientales. Si una empresa cumple, tiene un derecho adquirido, por tanto, un cambio en la situación externa no debería transformarlo automáticamente en un “incumplidor”.

Se parte de la premisa que las empresas cumplen los estándares ambientales y por tanto un cambio normativo con mayores exigencias debe acompañarse de procedimientos para que las empresas modifiquen su situación actual.

En resumen, señaló que el proyecto de ley cambia la estructura institucional, concentrando las competencias en organismos descentralizados y autónomos, separando las actividades de diseño, evaluación y fiscalización ambiental; introduce nuevos conceptos que en teoría mejorarían la calidad de las políticas públicas desarrolladas por los demás ministerios; debilita profundamente la figura de la RCA, aumentando el riesgo de la inversión, reduciendo el valor de los recursos invertidos para la calificación ambiental y otorga excesivas facultades a la autoridad fiscalizadora, impidiendo la posibilidad de un debido proceso.

Al definir el ministerio como “Medio Ambiente” se pone en segundo lugar la dimensión económica de la actividad de gestión ambiental. Un título como “Ministerio del Desarrollo Sustentable” asegura que haya énfasis tanto en el desarrollo del país como la sustentabilidad de la actividad económica. Hay que recordar que no somos aún un país desarrollado. Los criterios y la política ambiental deben ser acordes al estadio de desarrollo del país.

La actividad empresarial necesita certeza jurídica para desempeñarse apropiadamente. Asimismo, la ciudadanía necesita mecanismos claros para la información y participación en materia ambiental

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La Directora Ejecutiva del Programa Chile Sustentable, señaló que las razones del cambio de institucionalidad están dadas fundamentalmente por el hecho de que en el primer modelo se incluyeron temas sobre las cuales no existía consenso o no había acuerdo político suficiente por lo que se tuvo que entregar la regulación ambiental a los distintos ministerios, asegurándose el control por parte de los ministerios productivos, con el Consejo de Ministros como máxima autoridad, dándoles la participación como entes decisorios en las COREMAS.

No obstante, reconoció que existió un avance en instrumentos de gestión, SEIA, establecimientos de normas y planes de descontaminación, así como en la simplificación de los trámites, conocido como sistema de ventanilla única.

Agregó que, es importante entender que, desde el año 1997, en adelante la evaluación ambiental es una limitación o un condicionamiento a la producción económica, que afectaría las ventajas comparativas y la libre inversión, sin perjuicio que debe entenderse que ellas tienen también obligaciones que asumir.

Actualmente existe consenso público en que la autoridad ambiental COREMA y CONAMA no lideran la política ambiental, todas las evaluaciones indican que no hay articulación o coordinación entre los actores o instituciones con competencia medioambiental, salvo en algunos temas como los de biodiversidad o desechos tóxicos, pero no es lo general.

Además, existe cierta incompatibilidad en el tema medioambiental, los desafíos de país, los niveles de inserción global y de desarrollo que tiene, por lo que se requiere un cambio importante, como el que se encuentra en estudio.

Destacó que, la iniciativa legal en tramitación se hace cargo de los desafíos más relevantes como son:

1°. La excesiva discrecionalidad que dentro de las COREMAS tienen las instituciones de fomento productivo. El proyecto disuelve este poder de decisión y lo hace aparecer como un instrumento de mayores garantías técnicas del cumplimiento de la normativa.

2°. Persistencia de un mal desempeño fiscalizador: Los estudios sobre aplicación de Resoluciones de Calificación Ambiental han concluido que es lamentable, de manera que la institución de la Superintendencia es un paso importante.

3°. Vacío de autoridad ambiental, grados de ingobernabilidad y caos institucional: Ejemplo de ello lo constituye el caso Puyehue en que las instituciones a cargo no resguardan la institucionalidad ambiental y en que sobre un mismo problema se dan tres niveles de autoridad ambiental en distintas sentidos, a saber, el Intendente, CONAMA y MINSEGPRES.

4°. Escrutinio internacional, el más completo es el de la OCDE que indica que falta bastante camino que recorrer. Esta opinión es valiosa ya que no es un bloque ambientalista, sino económico de carácter global.

Los desafíos que la nueva institucionalidad debe enfrentar, en su opiión, son:

- Asumir liderazgo y conducción.

- Ordenar el territorio y lograr uso sustentable de recursos naturales.

- Normar para la calidad del patrimonio ambiental, no sólo evitar contaminación, sino acreditar calidad de productos y procesos, cantidad y calidad de recursos naturales y provisión de servicios ambientales a la sociedad.

- Reflejar un avance democratizador en el establecimiento de prioridades, equidad ambiental, costos, acceso y beneficios.

- Corregir la competitividad regresiva del país, -evitar pasivos e internalizar los costos-, y

- Acreditar desempeño ambiental nacional e internacional.

Después de analizar la iniciativa propuesta en cuanto a la creación del Ministerio de Medio Ambiente, hizo hincapié en las falencias de las normas que regulan las funciones y atribuciones de esta Secretaría de Estado, señalando que en lo referente a grandes elementos de política ambiental, es partidaria de crear las siguientes unidades o divisiones:

- Unidad o División de Gestión Integrada de Cuencas. Esta es la oportunidad de generar gobernabilidad en las regiones porque la división político administrativa no da cuenta de cómo debe generarse la gobernabilidad ambiental, sin embargo no queda claro dentro de qué División o unidad queda incluido este tema.

- Unidad o División de Ordenamiento Ambiental Territorial. Se debiera clarificar o poner un conjunto de criterios que formen parte de lo que se ha denominado el análisis ambiental estratégico.

- Unidad o División Asesora de Gestión Ambiental Municipal. Consideró insuficiente la propuesta contemplada en el proyecto. No obstante, contemplar la relación entre instituciones ministeriales y municipales es necesario apoyo de gestión de recursos financieros y recursos humanos, que hacen necesarias una asesoría del Ministerio a estas instituciones en materia técnica y que permita dotarlas de capacidades técnicas que se requieren, en una relación que no es extraña a la administración del Estado porque son relaciones que se dan en el área de salud y educación por ejemplo.

Sobre la creación del Servicio de Evaluación Ambiental, expresó que ello ayuda a la transparencia y profesionaliza las evaluaciones ambientales del Ministerio a la vez que descarga a éste de la obligación de seguir proyecto por proyecto, además la designación se hará por el Sistema De Alta Dirección Pública, contribuye otorgando mayores garantías a los sectores de la sociedad.

Destacó que existen cinco elementos que es necesario resaltar ya que ayudan a solucionar problemas que se presentan actualmente:

- Unicidad, evita la fragmentación del SEIA en evaluación.

- Caducidad, la relevancia de esta norma se da en que una empresa que realiza obras después de 5 ó 10 años de presentado el proyecto debe enfrentar realidades normativas y tecnológicas distintas a las que se debe adaptar.

- Regula el procedimiento electrónico y sistema de información de RCA: Da impulso a una estandarización y formalización del sistema

- Modifica cuerpo calificador: Seremis presidido por el de Medio Ambiente.

- Calificación integrada entre los órganos de evaluación y autoridades que califican.

Además, destacó que en esta materia existen algunas carencias que se deberían analizar como son las siguientes:

- Actividades cercanas a Glaciares y a fuentes estratégicas de agua dulce: Estas actividades deben estar obligadas a recurrir al sistema de evaluación de impacto ambiental y no recurrir a las declaraciones de impacto ambiental; dentro de lo que se plantea en política de glaciares hay recomendaciones en este sentido.

- Actividades que involucren organismos genéticamente modificados, contaminación genética y especies invasivas. Esta materia no está considerada en los artículos 10 y 11, asimismo, tampoco se contempla alguna normas sobre mayor transparencia en el mecanismo utilizado por el SAG.

- Mecanismos para evaluar efectos acumulativos de proyectos en un territorio y área de influencia, por ejemplo 4 centrales en 1 cuenca. Si bien es cierto se incorpora la unicidad de los proyectos, esto es, que su evaluación debe realizarse en un solo acto, también se debieran perfeccionar aquellos elementos de criterios de varios proyectos en una sola cuenca.

- Actualización ambiental de proyectos en ejecución que no cuentan con RCA. Además de cumplir normas hay que avanzar en el manejo ambiental de proyectos anteriores a 1997, que no cuentan con RCA. Esto podría ser positivo para las empresas en el sentido que se les puede otorgar una certificación o mayor certeza, muy relevante para el sector agrícola, que le permitiría obtener una certificación u homologación de la actividad para quienes no cuentan con título ambiental.

- Sistema de homologación o acreditación ambiental de actividades agrícolas que no cuentan con título ambiental y son perjudicadas por otros sectores que sí los tienen. Hizo presente que la Sociedad Nacional de Agricultura ha señalado que esto es un problema en su sector, pues al aparecer nuevos proyectos no tienen títulos ambientales que anteponer a estos nuevos proyectos.

- Áreas Protegidas. No existe claridad entre la relación SEIA y las áreas protegidas. En estas áreas se debe clarificar cómo ha de actuar el Estado en las áreas silvestres protegidas.

- Proceso de evaluación. Avanza en lo que se refiere a requisitos para admitir a tramitación los estudios de impacto ambiental. Debe existir mayor claridad en lo que se refiere a deficiencias graves de contenido o calidad, faltas de líneas base, no acreditación de derechos (de agua o propiedad de la tierra), o no hay claridad sobre el área de influencia del proyecto. En estos casos, no debería ser acogido a tramitación sino rechazado, otorgando un plazo para poder rectificar estos errores o faltas de información de manera de evitar verdaderos festivales de Adendas al proyecto. Durante el año 2006, el 90% de los proyectos ingresados fue mediante Adenda, lo que implica que en ellos, a lo menos, faltaba información y por lo tanto debía repetirse el proceso. El 50% de los proyectos de ese año pasaron de segunda Adenda y algunos incluso llegaron a una quinta. Por ello, estimó que se debieran permitir un máximo de dos adendas, tras lo cual el proyecto debiera ser suspendido.

Se hace necesaria la continuidad de la participación ciudadana durante el proceso de las adendas, dado que en la actualidad ésta llega sólo hasta el estudio.

- Sistema de acreditación de empresas prestadoras de servicios de estudios de impacto ambiental: Se debiera incorporar la responsabilidad legal por el uso de la información que se entrega y usa en las declaraciones de impacto ambiental, de manera que se castigue el omitir o modificar información relevante de los mismos. Así mismo es necesario establecer categorías de consultoras según magnitudes de proyectos, considerando que tengan personal suficiente y apoyo académico, si fuere necesario.

- Inclusión de la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental. Existen varias mociones parlamentarias en este sentido, que se debieran incluir en el proyecto como indicaciones.

- Incluir las opiniones del municipio en las DIA, lo que permite una mayor coherencia en las ordenanzas locales.

- Restablecer la equidad en los recursos de reclamaciones, afectados y titulares deben reclamar ante el mismo Comité.

- Necesidad de corregir la distorsión de los representantes académicos independientes ante el Consejo Consultivo. En general, en el Consejo Consultivo Nacional, participan con miembros de consultoras que son las que hacen los estudios de las empresas generando doble representación de los actores del mercado.

Respecto de la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, destacó que constituye un buen elemento de fiscalización, siendo positivo que recoja la participación ciudadana a través de las denuncias con obligación de respuesta del Gobierno. Es fundamental que incluya indicadores de desempeño verificables de los servicios que fiscaliza, lo que transparenta y mejora la acción de los distintos servicios, muestras de costo de empresas y análisis realizados por instituciones registradas en Sistema de Acreditación. Esto elevará los niveles de certeza de la información que se está manejando en cuanto a la fiscalización de la Superintendencia y al crear un Sistema de Información de Fiscalización, aunque se considere que no debe exponerse públicamente, es un fuerte desincentivo a caer en falta al encontrarse bajo el escrutinio público.

No obstante, hizo presente que comparte la opinión de varios grupos ciudadanos que han instado a las autoridades de Gobierno a separar las funciones de fiscalización y de justicia administrativa, es decir la de ente fiscalizador y sancionador. En este sentido aparece como necesario estudiar un cuerpo de justicia ambiental administrativa como una entidad separada de la Superintendencia, revisar la relación entre la Superintendencia y las empresas del Estado y revisar la relación de la Superintendencia y Consejo de Defensa del Estado, que puede ser fructífero para casos de justicia ambiental.

Por último destacó que la reforma puede traer beneficios en aspecto tales como:

- Reducción de las fallas del Estado por las presiones del mercado.

- Claridad de reglas para titulares y comunidades.

- Reducción de incertidumbres y discrecionalidades, y

- Avance en el ejercicio de derechos, acceso a bienes públicos y reducción de las inequidades socio-ambientales.

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El Gerente de Medio Ambiente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) señaló que el proyecto de ley que propone la creación del Ministerio del Medio Ambiente, pone fin al modelo de coordinación sectorial que consagra la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la cual resulta incompatible con el carácter multisectorial del medio ambiente; con el balance favorable que el propio Gobierno ha realizado acerca de su funcionamiento, y con la positiva evaluación de la comunidad internacional acerca de los logros ambientales obtenidos por Chile

Asimismo, que dicha iniciativa legal no ha considerado que la OCDE dentro de sus 52 recomendaciones no contempló la creación de un Ministerio del Medio Ambiente. Consecuentemente, estimó más apropiado mantener el modelo coordinador y crear un nuevo organismo sectorial, como sería un Ministerio de Recursos Naturales y no uno de Medio Ambiente.

Agregó que el proyecto de ley optó por terminar con el modelo coordinador, entregando a los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, la dictación de las normas primarias de calidad ambiental y al Ministerio del Medio Ambiente conjuntamente con el Ministerio sectorial respectivo la elaboración de las normas secundarias de calidad ambiental. De esta manera, la referida iniciativa legal margina a los demás Ministerios que forman parte del Consejo Directivo de la CONAMA del proceso de elaboración de las referidas normas de calidad ambiental.

El reemplazo del modelo de coordinación sectorial por un Ministerio del Medio Ambiente es inconsistente con los exitosos resultados obtenidos por nuestro país en materia ambiental. Recordó que Chile forma parte del 20% de países con mejor gestión ambiental en el mundo, por sobre Holanda y Estados Unidos, según el Índice EPI elaborado por las Universidades de Yale y Columbia, por encargo del Foro Económico Mundial y la Unión Europea.

Reconoció que aún existen áreas en las que queda mucho por hacer, pero que la Ley N° 19.300 entrega a la autoridad una serie de instrumentos que permiten proteger el medio ambiente y promover efectivamente el desarrollo sostenible, los cuales no han sido plenamente utilizados.

Asimismo, señaló que los diversos análisis críticos que se han hecho acerca del modelo de coordinación sectorial sugieren, un reforzamiento del mismo, creando un Ministerio de Recursos Naturales, focalizado en las funciones identificadas en el Informe de la OCDE - "a favor de la naturaleza y la diversidad biológica” e integrado en el Consejo Directivo de la CONAMA, y no su reemplazo.

Sobre la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, señaló que sus principales objeciones dicen relación con la necesidad de acotar atribuciones ya que ellas exceden el ámbito de la fiscalización ambiental, puesto que se le asignan atribuciones regulatorias, interpretativas y jurisdiccionales. Asimismo, le otorga amplias atribuciones para imponer nuevas condiciones y exigencias a las actividades sometidas a su fiscalización, mas allá de lo establecido en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental, e incluso para paralizar actividades aún cuando no exista infracción legal.

Sobre las atribuciones interpretativas, expresó que se le confieren a la Superintendencia la facultad de interpretar administrativamente las Resoluciones de Calificación Ambiental, las Normas de Calidad y de Emisión, y los Planes de Prevención y de Descontaminación, previo informe de los organismos con competencia en la materia específica, del Servicio de Evaluación Ambiental y del Ministerio del Medio Ambiente, pero que todos esos instrumentos son actos administrativos que emanan de organismos colegiados.

Respecto de las atribuciones regulatorias que se propone otorgar a la Superintendencia, en especial las contempladas en el artículo 3° letras f), o) y u), expresó que en nuestro ordenamiento jurídico son las Normas de Calidad y de Emisión y las Resoluciones de Calificación Ambiental, las que suelen regular los protocolos, procedimientos y métodos de análisis, así como la forma y modo de presentación de los datos, muestreos, mediciones y análisis. En consecuencia, no se vislumbra la razón por la cual el proyecto de ley propone facultar a la Superintendencia para dictar normas y directrices técnicas de carácter general y obligatorio en estas materias, lo cual podría generar situaciones de paralelismo normativo e incertidumbre jurídica para las actividades reguladas.

Sobre las atribuciones jurisdiccionales, que en su concepto el proyecto de ley le otorga a la Superintendencia, señaló que la responsabilidad por daño ambiental es una materia de suya compleja, ya que se deben tener presente los siguientes elementos.

1. Se debe considerar, desde luego, el concepto mismo, ya que no toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo, inferido al medio ambiente o a alguno de sus componentes, constituye daño ambiental, sino únicamente aquel que tiene el carácter de "significativo ";

2. Asimismo, se debe tener presente el tema del dolo o la culpa que necesariamente debe acreditarse para poder exigir la reparación ambiental, ya que el sistema chileno es uno de responsabilidad "subjetiva";

3. Igualmente relevante es el tema de la relación causa-efecto, que debe establecerse en forma fehaciente, para poder condenar a una persona natural o jurídica a reparar el medio ambiente;

4. Finalmente, y no menor, es el tema del plazo de prescripción, el cual se cuenta desde la manifestación evidente del daño.

Por todas las razones señaladas, la ley N° 19.300 dejó entregada esta materia al conocimiento de los Tribunales de Justicia.

Sin embargo, el proyecto de ley faculta a la Superintendencia para perseguir administrativamente la responsabilidad por daño ambiental. Para tal efecto, la Superintendencia podrá ordenar al infractor, en la misma resolución que ponga término al procedimiento sancionador, presentar, en un plazo determinado, ante el Servicio de Evaluación Ambiental una proposición de reparación avalada por un estudio técnico ambiental, bajo apercibimiento de sancionarlo como responsable de infracción gravísima en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado.

Asimismo, cuestionó la facultad de la Superintendencia para obligar a cualquier actividad a someterse a programas de evaluación y certificación de conformidad, ya que son las propias normas de emisión y las resoluciones de calificación ambiental las que regulan este tipo de exigencias.

Observó que el proyecto de ley no establece ninguna limitación a la Superintendencia en esta materia, de manera que se podría dar el caso en que una actividad que cuenta con todos sus permisos ambientales y que ha cumplido rigurosamente las condiciones y exigencias contempladas en la normativa y en su respectiva resolución de calificación ambiental, se podría ver obligada a someterse a un programa de evaluación y certificación de conformidad que será de su cargo. En todo caso, consideró que dicha facultad podría tener sentido en el contexto de un procedimiento sancionador, pero que resulta cuestionable que se establezca en los términos absolutos en que lo plantea el proyecto de ley.

Respecto de las facultades que entregaría la ley a la Superintendencia para paralizar actividades productivas, se refirió en especial a las siguientes:

a) Suspensión transitoria de autorización de funcionamiento contenida en las Resoluciones de Calificación Ambiental, cuando la ejecución u operación de un proyecto o actividad genere efectos no previstos en la evaluación.

Sobre el particular, señaló que en este caso no hay infracción alguna a la normativa ambiental, pues la generación de efectos no previstos en la evaluación es una hipótesis contemplada en la propia ley N° 19.300. Asimismo, observó que el proyecto de ley no señala ningún procedimiento que garantice al titular de la actividad un racional y justo procedimiento, ya que al no tratarse de una infracción, no cabría aplicar el procedimiento sancionador contemplado en los artículos 47 a 53 de la ley orgánica de la Superintendencia.

b) Decretar medidas de sellado de aparatos y equipos; detención del funcionamiento de las instalaciones; clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones; y, suspensión temporal de la Resolución de Calificación Ambiental, una vez iniciado un procedimiento sancionador, con el objeto de garantizar la eficacia del acto administrativo sancionador, y antes de iniciar el procedimiento de sanción, sujetándose a lo prescrito en el artículo 32 de la ley 19.880.

Sobre este caso, señaló que el proyecto de ley está facultando a la Superintendencia para adelantar, en los hechos, el acto administrativo sancionador, con la particularidad de que dicho organismo no estará sometido a las limitaciones que el artículo 32 de la ley 19.880 ha previsto para los casos en que la Administración decida adoptar medidas de carácter provisional.

Advirtió que -salvo el caso contemplado en la letra a) del artículo 48- el proyecto de ley habilita en forma irrestricta a la Superintendencia para decretar dichas medidas, sin que aparezca limitación alguna que constriña tal competencia al ámbito estricto y acotado en que podría hallar justificación y sin trazar en la ley las pautas o parámetros objetivos y controlables que garanticen que el órgano administrativo se ha circunscrito a ellos, asumiendo la responsabilidad consecuente cuando los ha transgredido, lo cual es de muy dudosa constitucionalidad.

Seguidamente, se refirió al ejercicio de la potestad sancionadora de la Superintendencia, respecto de las infracciones contempladas en el artículo 35 de ley orgánica de la Superintendencia.

En especial, señaló que el incumplimiento de las condiciones, normas y demás exigencias previstas en las Resoluciones de Calificación Ambiental, encerraba una doble tipificación jurídica de un mismo hecho, por cuanto la Resolución de Calificación Ambiental contiene todas las exigencias normativas aplicables a un proyecto o actividad, de modo que la infracción a la referida Resolución es, al mismo tiempo, una infracción a la normativa vigente.

A su juicio, esta disposición viola el principio jurídico universal non bis in ídem y se contradice abiertamente con los propios fundamentos esgrimidos en el Mensaje Presidencial a favor de la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Por otro lado, el proyecto de ley contempló drásticas sanciones para el caso de las infracciones sometidas a la fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, pero considera que no están debidamente tipificadas de modo que es imposible determinar con antelación cuándo se aplica una u otra sanción. Se da la paradoja, incluso, de que tratándose de infracción gravísima o grave, en ambos casos procedería la revocación de los permisos ambientales y la clausura.

La iniciativa legal clasifica las infracciones en tres categorías, a saber, gravísimas, graves y leves. Sin embargo, consideró que los criterios utilizados para ello son altamente vagos e imprecisos. Así es como, se considera gravísima la infracción que ha generado "grave riesgo" para la salud de la población, o que ha provocado un "serio obstáculo" para el cumplimiento de las metas y objetivos de un Plan de Prevención o de Descontaminación; mientras que es grave la infracción que ha generado un "riesgo significativo" para la salud de la población o que ha ''puesto en peligro" el cumplimiento de las metas y objetivos de un Plan de Prevención o de Descontaminación. Observó que la diferencia entre una infracción gravísima y una grave asciende a cinco mil unidades tributarias anuales, esto es, dos mil doscientos catorce millones de pesos.

A mayor abundamiento, destacó que el proyecto de ley califica de gravísima la infracción que ha causado "grave daño ambiental" y de grave la infracción que haya causado "daño ambiental significativo". Disposición que estimó en abierta contradicción con la definición de daño ambiental que establece el articulo 2°, letra e) de la ley N° 19.300.

Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene presente que el establecimiento del daño ambiental y su reparación son materias que corresponden, en el ámbito de la ley N° 19.300, a la competencia exclusiva de los tribunales de justicia. Ciertamente, no le pareció conveniente dejar entregado a la discrecionalidad de la Superintendencia del Medio Ambiente la calificación y sanción del daño ambiental, al igual que la obtención de su reparación. Estas materias deberían mantenerse radicadas en el ámbito jurisdiccional.

Por otra parte, expresó que en la lógica del proyecto de ley, la Superintendencia del Medio Ambiente está facultada para:

- Ejecutar inspecciones directas, y en el ejercicio de esta facultad, los hechos establecidos por el personal de la Superintendencia constituirán presunción legal de veracidad;

- Formular cargos en contra de los fiscalizados por ella;

- Calificar la gravedad de la infracción y aplicar las sanciones previstas en el artículo 38.

En su opinión, la labor de la Superintendencia del Medio Ambiente debiera asimilarse a la del Ministerio Público, fiscalizando y formulando los cargos correspondientes, para que en definitiva sean los tribunales de justicia los llamados a resolver de acuerdo al merito de los antecedentes y los medios probatorios reunidos por el organismo fiscalizador.

Atendida la complejidad de los temas ambientales, en los que están envueltas muchas veces cuestiones relacionadas con distintas profesiones y disciplinas técnicas, sugirió la creación de tribunales especiales del medio ambiente, de integración colegiada y multidisciplinaria, para conocer las denuncias por infracciones a la legislación ambiental y los juicios por reparación del daño ambiental.

En la eventualidad que se desestimare esta proposición, sugirió considerar la separación de los roles investigador-acusador respecto del juzgador-sentenciador, tal como lo ha propuesto recientemente la Superintendencia de Valores y Seguros respecto de sus labores propias. Asimismo, sugirió revisar el procedimiento administrativo ya que éste no satisface las exigencias constitucionales de un racional y justo procedimiento que garantice a los fiscalizados la adecuada oportunidad para defenderse.

Asimismo, cuestionó la proposición de efectuar las reclamaciones ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del reclamante, así como que éstas se encuentren impedidas de decretar alguna medida que suspenda los efectos del acto reclamado, cuando la suspensión de los efectos de la resolución pueda afectar la salud de la población o la preservación del medio ambiente

Le pareció cuestionable la idea de entregar a la Corte de Apelaciones el conocimiento de estas reclamaciones a través de un procedimiento sumarísimo. Es partidario, al igual que la Excma. Corte Suprema, de mantener el sistema actual.

Seguidamente, se refirió, in extenso, a las modificaciones que introduce el proyecto de ley en el sistema de evaluación de impacto ambiental, destacando la sustitución de la COREMA, por una Comisión de Evaluación.

Agregó que esta proposición no parece adecuada, ya que la evaluación ambiental, si bien requiere de una objetiva mirada técnica, por su amplitud y complejidad, además, necesita una interacción con el sector político. Por otro lado, estimó que la propuesta choca con el proceso de regionalización emprendido con la ley de Gobierno y Administración Regional, que entrega al Gobierno Regional la misión de velar por el desarrollo armónico, integral y sustentable de la Región.

La gestión ambiental -sobre todo la evaluación ambiental de los proyectos de inversión- demanda una visión sistémica que supera la suma de las visiones sectoriales de las SEREMI, y la única instancia en la Región que es capaz de enfrentar la evaluación ambiental con una mirada sistémica es precisamente el Gobierno Regional.

Respecto de las nuevas normas referidas a los estudios de riesgo para la salud, consideró que no corresponde exigirlo cuando el proyecto de inversión cumple la normativa vigente. En efecto, en el contexto de la ley N° 19.300 son las normas primarias de calidad ambiental las llamadas a velar por la salud de las personas y es en el proceso de esas normas en donde se deben realizar esos estudios de riesgo.

La exigencia de estos estudios de riesgo implicará una dificultad adicional para los inversionistas, por cuanto introduce un elemento nuevo en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que muy probablemente llevará a una permanente confrontación con las autoridades sanitarias.

En otro orden de materias, señaló que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la ley N° 19.300, en contra de la resolución que rechace o establezca condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, procederá la reclamación ante un Comité integrado por los Ministros del Medio Ambiente, quien lo presidirá, de Salud, de Economía, de Agricultura y de Energía.

Sobre el particular, consideró que no existe ninguna razón para excluir del conocimiento del recurso de reclamación de los Estudios de Impacto Ambiental a ministerios sectoriales como el de Minería, de Obras Publicas, de Transportes y de Vivienda, así como tampoco se justifica la marginación del Consejo Consultivo del conocimiento de estas reclamaciones, y su reemplazo por "terceros de acreditada calificación técnica" previsiblemente va a ser fuente de conflicto, tanto por parte de los reclamantes como de quienes se oponen a los respectivos proyectos.

Respecto de la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental, expresó que se debería aclarar la situación en que quedan las Resoluciones de Calificación Ambiental dictadas con anterioridad a la entrada en vigencia del artículo 25 ter.

Asimismo, hizo presente que sobre esta materia cabe recordar que la Cámara de Diputados aprobó, con fecha 15 de mayo de 2008, una moción parlamentaria que establece un plazo de caducidad de cinco años, la cual se encuentra en su segundo trámite constitucional.

Agregó que si se estima necesario y conveniente establecer un plazo para la ejecución de un proyecto, la ley debería realizar algunas distinciones en función del monto de la inversión involucrada, y en esa perspectiva sugirió los siguientes plazos:

- Hasta 50 millones de dólares : 4 años.

- Entre 50 y 500 millones de dólares: 7 años

- Sobre 500 millones de dólares : 10 años.

Respecto de las modificaciones que se propone sobre las Declaraciones de Impacto Ambiental, señaló que se introducen tres modificaciones que consideró perjudiciales para la PYME, que son:

a) La calificación de la Declaración de Impacto Ambiental no se limitará a verificar el cumplimiento de la normativa, ya que el Servicio de Evaluación Ambiental podrá imponerle condiciones y exigencias no previstas en la normativa vigente.

b) No bastará declarar bajo juramento que el proyecto cumplirá la normativa ambiental vigente, sino que habrá que "acreditarlo".

Esta modificación, igual que la anterior, implica tratar las Declaraciones de Impacto Ambiental como Estudios de Impacto Ambiental.

c) Se faculta a la Comisión de Evaluación y al Director Ejecutivo para establecer mecanismos de participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto AmbientaI.

Consideró que la incorporación de la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental implicará inevitablemente una desaceleración en el ritmo de inversión, ya que una de las consecuencias de esta modificación legal es que abrirá la posibilidad de que las ONG's puedan interponer recursos de reclamación en contra de las aprobaciones de primera instancia, lo cual implica meses de tramitación adicionales para los pequeños y medianos empresarios del país, respecto de proyectos que no tienen un impacto ambiental relevante. Hoy, la tramitación de los recursos de reclamación en el caso de los EIA toma meses, y en algunas situaciones años, por lo que definitivamente esta iniciativa legal representa una mala noticia para la PYME.

Destacó que resultaban del todo atendibles la inquietudes expresadas por algunos parlamentarios, pero que el camino para corregir las situaciones de irregularidades denunciadas por ellos no es incorporar la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental, sino hacer cumplir la ley N° 19.300 y velar para que la CONAMA no acepte que proyectos o actividades que generan o presentan alguno de los efectos, características o circunstancias, señalados en el articulo 11, se tramiten a través de una Declaración de Impacto Ambiental en circunstancias que en tales casos lo que corresponde es que la evaluación se haga sobre la base de un Estudio de Impacto AmbientaI.

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Los representantes del Consejo Minero señalaron que, en líneas generales, el proyecto de ley elimina la transversalidad que existía para la confección de normas y planes, suprimiendo la posibilidad de enfrentar la elaboración de regulaciones con una visión sistemática. Es importante reincorporar la transversalidad en la elaboración de normas mediante la activa participación de un Consejo de Ministros con el Ministro de Medio Ambiente.

Por otra parte, consideraron que el proyecto de ley contiene disposiciones que disminuyen significativamente la seguridad jurídica y estabilidad de los derechos adquiridos de los regulados. Este aspecto se debería estudiar con especial cuidado, pues los altos niveles de incertidumbre que se producirán al existir inestabilidad de permisos y lata duración de procedimientos administrativos, dificultarán el acceso al financiamiento requerido por todos los proyectos de inversión. Se debe tener presente el difícil escenario financiero internacional y las crecientes exigencias de los bancos respecto a este punto.

Se declararon partidarios de integrar en las competencias y atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente claros criterios de sustentabilidad. Chile, como país en vías de desarrollo, requiere orientar las reformas de su marco regulatorio ambiental de manera de compatibilizar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente dentro del concepto de desarrollo sustentable.

Respecto de la Superintendencia, se sugirió reevaluar competencias, tales como facultades de interpretación administrativa, que debieran ser transferidas al Servicio de Evaluación Ambiental y/o al Ministerio del Medio Ambiente como podrían ser la pertinencia de ingreso y otros similares. Además, estimaron que existe un riesgo de superposición de competencias normativas y fiscalizadoras.

La tendencia actual en materia de regulación es la separación de las facultades de fiscalización de la potestad sancionatoria por lo que se sugiere la creación de tribunales tributarios. En este contexto, se propone mantener a la Superintendencia como un organismo fiscalizador eficaz y otorgar la potestad sancionatoria a un tribunal administrativo ambiental.

Sobre las reformas que se proponen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, señalaron que el Servicio de Evaluación Ambiental, en calidad de órgano experto, debiese tener facultades de interpretar administrativamente las RCA.

Asimismo, lamentaron que Ministerios relevantes hayan sido excluidos de Comité de Ministros que resuelve recursos de reclamación, por lo que propusieron reincorporar en dicho comité a los Ministros de Obras Públicas y de Minería.

Con relación a la calificación de proyectos en el SEIA por parte de las Comisiones de Evaluación, propusieron establecer criterios mínimos de fundamentación y/o un mayor peso normativo al Informe Consolidado de Evaluación. Lo anterior permitirá apoyar el contenido técnico de las decisiones como también otorgar garantías de ponderación y fundamentación considerando los antecedentes del expediente de evaluación.

Respecto del plazo de caducidad de la RCA que el proyecto establece que es de 3 años para el caso no se haya dado inicio a las obras. Señalaron que este plazo resulta demasiado breve, especialmente para el caso de grandes proyectos de inversión. Son partidarios de ampliarlo a 8 años y considerar en la definición de ejecución de proyecto o actividad el inicio en la tramitación de permisos sectoriales y/o ambientales

Sobre la participación ciudadana en los Estudio de Impacto Ambiental, expresaron que valoran la proposición, no obstante consideraron que se debe buscar una fórmula que permita compatibilizar la participación con la necesidad de tramitar ágilmente los EIA a fin de no dilatar excesivamente este procedimiento.

La facultad que concede el proyecto para revisar las RCA, de oficio o a petición de parte, se debería ponderar con la necesidad de los titulares de tener estabilidad y certeza para el desarrollo de sus proyectos. En este contexto, la revisión de oficio de las RCA debiese ser regulada como un mecanismo excepcionalísimo, reconociendo que, en términos generales, modificar el contenido de una RCA atenta contra los procedimientos reglados y la certeza jurídica que debe emanar de actos administrativos en virtud del principio de juricidad.

Es por ello que propusieron restringir el mecanismo de revisión de oficio sólo respecto a aquellas variables ambientales relevantes que no evolucionen según lo previsto en el plan de seguimiento; y solamente con el propósito adoptar las medidas necesarias para corregir la situación. Además, consideraron que la norma debería contemplar los casos en no procedería aplicar el mecanismo, como por ejemplo, cuando se trate de modificaciones no ambientales o menores; modificaciones de proyectos que no constituyan cambios de consideración; proyectos antiguos no sometidos al SEIA.

Respecto de la creación de la Superintendencia, expresaron que está concebida para funcionar como juez y parte, con amplias facultades fiscalizadoras, interpretativas y sancionadoras. Enfocada más al rol sancionador que a la búsqueda del cumplimiento por los regulados. Consecuentemente, hicieron presente las siguientes proposiciones: redistribuir potestades, y crear un tribunal ambiental, administrativo, encargado de imponer las sanciones.

Estimaron que de aprobarse las sugerencias antes indicadas la Superintendencia tendría el rol de fiscalizar, investigar, tomar medidas urgentes y llegar a acuerdos de cumplimiento con los regulados bajo un esquema de transacción. Asimismo, propusieron la creación de una unidad o departamento de colaboración para el cumplimiento, orientación y comunicación con los regulados

Por otra parte, señalaron que se observa en el proyecto de ley un procedimiento de fiscalización y sanción carente de garantías procesales para el regulado. La formulación de procedimientos de fiscalización y sanción debe respetar principios procesales de debido proceso como derecho a defensa y ponderación objetiva de la prueba. En este sentido consideraron pertinente proponer la publicidad de los programas y subprogramas de fiscalización.

En este contexto, expresaron que la facultad de la Superintendencia de adoptar medidas urgentes y transitorias debe estar orientada hacia fines exclusivamente preventivos -no adelantar sanciones-, con duración y causales acotadas y, a lo menos, con previa notificación de afectado. Debiendo, además, regularse un procedimiento para que el afectado pueda presentar descargos y definir criterios mínimos para determinar la procedencia de aplicación de las medidas.

Además, estimaron que la regulación de la autodenuncia y programa de cumplimiento en la iniciativa legal no logra establecer incentivos reales.

Respecto de la constatación administrativa de existencia de daño ambiental, en términos generales, no concuerdan con la proposición. Sugirieron modificar la redacción del proyecto de manera que el plan de reparación pueda ser exigible a instancias del organismo que le compete iniciar acciones de reparación por daño ambiental, el Consejo de Defensa del Estado, de manera que el plan pueda evitar un procedimiento judicial o suspenderlo si se ha iniciado.

Por último, sobre la responsabilidad solidaria, en el pago de las multas, de representantes y personas que actúen a nombre de persona jurídica, sugirieron modificar la norma de manera de establecer responsabilidad subsidiaria sólo respecto de los representantes legales que actuaron sabiendo o debiendo saber de las infracciones. Además, consideraron que se debe eliminar la solidaridad y limitar, -no extender-, la denominación genérica de quienes actúen a nombre de una persona jurídica. Lo anterior permitiría ponderar adecuadamente las necesidades de garantizar pago de multas con principios de equidad y proporcionalidad

Sobre la proposición efectuada en orden a la incorporación de definición de mejor técnica disponible, expresaron que se debe velar por evitar la imposición forzada de tecnologías. La aplicación de este tipo de estándares corresponde a realidades normativas con estándares de daño definidos esto es normas de calidad ambiental, en todo caso, creen que no se establecen incentivos económicos a la inversión en tecnología.

Finalmente, propusieron que la determinación de las mejores técnicas disponibles se realice sobre base científica y técnica, incorporando una evaluación del impacto económico y social, definidos por un organismo independiente; y que su aplicación sea voluntaria.

En resumen, sugirieron las siguientes modificaciones las que se encuentran separadas por cada una de las instituciones que se crean:

Servicio de Evaluación Ambiental

- Otorgar facultades normativas tendientes a mejorar la gestión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental dentro de la esfera de sus atribuciones.

- Debería poseer facultades decisorias en el ámbito de evaluación y de seguimiento de un proyecto frente a opiniones divergentes de los servicios.

-Interpretar administrativamente las Resoluciones de Calificación Ambiental, quitándole esta atribución a la Superintendencia.

- Facultad exclusiva para decidir pertinencia de ingreso, fraccionamiento y modificaciones de proyectos, quitándole esta atribución a la Superintendencia. Sin perjuicio de las competencias de los servicios de iniciar procedimientos sancionatorios o denegar los permisos.

Superintendencia de Medio Ambiente

- Separar las facultades interpretativas, fiscalizadoras y sancionadoras, manteniendo en la Superintendencia las facultades de investigar, y tomar medidas urgentes, dándole un rol similar a un fiscal del sistema procesal penal.

- Otorgar al fiscalizador la facultad para llegar a acuerdos de cumplimiento con los regulados bajo un esquema de transacción. Asimismo, crear una unidad de colaboración para el cumplimiento, orientación y comunicación con los regulados.

- Establecer incentivos reales a la autodenuncia.

- Solicitar informe al Servicio de Evaluación de proyectos, en el caso de las modificaciones y/o ampliaciones que requieran ingresar a SEIA; para que Servicio determine si se requiere o no ingresar.

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El Director Ejecutivo de Greenpeace expresó que su organización tiene la calidad de organismo internacional independiente, que utiliza el pacifismo activo, a través de acciones no violentas y confrontación creativa para exponer y encontrar solución a los problemas ambientales globales

Los objetivos de esta organización son proteger la biodiversidad en todas sus formas, prevenir la contaminación y el abuso de los océanos, los suelos, los bosques, el aire y los ríos, terminar con las amenazas nucleares y promover la paz, el desarme global y la no violencia.

Agregó que para fortalecer la gestión ambiental existen ciertos factores que tiene el carácter de estratégicos prioritarios que deben ser considerados como, por ejemplo, el marco legal, los actores de la gestión ambiental, las políticas, los instrumentos de política y los planes, la integración y coordinación de la gestión ambiental, la descentralización, la participación ciudadana, y los recursos económicos.

Entre los aspectos positivos del proyecto, destacó que constituye un paso importante en el nivel político institucional ambiental, y que existe consecuencia con la evaluación efectuada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Contiene una valorización de los recursos naturales de Chile y un reconocimiento de una institucionalidad y legislación vigente sobrepasada y poco eficiente.

Sobre el proyecto de ley y el contenido de sus disposiciones, expresó, que ellas se pueden agrupar en cuatro aspectos:

1. Ministerio del Medio Ambiente, comparte el objetivo definido respecto de esta Secretaría de Estado, pero consideró que el Mensaje utiliza palabras que después no se reflejan en el articulado de la iniciativa legal y no implicará una sustantiva modificación del sector público en materia ambiental.

Es por ello que solicitó considerar las siguientes proposiciones:

- Revisar las competencias sectoriales y ordenarlas en función del verdadero rol de las instituciones: conservación, protección, fomento, recuperación, etc.

- Revisar la heterogénea legislación ambiental identificando inconsistencias y vacíos legales. Constituye un error creer que el futuro Ministerio se ajustará naturalmente.

- Definir un consejo consultivo transparente y representativo, quitándole participación y preponderancia al Intendente, ya que si bien existen algunas modificaciones éste sigue teniendo preponderancia en los consejos.

- El proyecto de ley no contempla instrumentos de ordenamiento territorial, por lo que sugiere incluirlos ya que ellos permitirán fortalecer la gestión ambiental y servirán, por ejemplo, para analizar y decidir sobre un determinado proyecto considerando al territorio como un ecosistema.

2. Servicio de Evaluación Ambiental, definido como un servicio público descentralizado y desconcentrado a nivel regional, que será el continuador legal de la CONAMA, que estará a cargo de la administración del SEIA, pero enfocado hacia el objetivo de mediano plazo, que es simplificar los permisos ambientales y proporcionar información adecuada para los proponentes y la comunidad.

Sobre las atribuciones que se le otorgan a este Servicio, expresó que le preocupa la simplificación de los permisos ambientales, ya que sin la existencia de normas de ordenamiento territorial sin estudios acabados se podría estar posibilitando la autorización de más proyectos sin los resguardos correspondientes. No comparte, la proposición de mantener el sistema actual de modelo de autorización de RCA, bajo el sistema de ventanilla única que ha sido parte importante de la mayoría de los conflictos ambientales, por lo que es partidario de rediseñar este sistema.

Sobre normas de eficiencia, señaló que si bien se prohíbe el fraccionamiento de proyectos o actividades con el propósito de variar el ingreso al sistema o el instrumento de evaluación, se excepciona en caso de proyectos por etapas o que correspondan a literales diferentes del artículo 10 de la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, pero se debe tener presente que situaciones como la de Hidroaysen no se pueden volver a presentar en que el proyecto no está siendo evaluado en su conjunto sino que por etapas.

Seguidamente, dio a conocer las siguientes proposiciones:

- Los proyectos deben ser evaluados a nivel integral bajo instrumentos de ordenamiento territorial.

- Fortalecer el proceso de participación ciudadana inserto en una Evaluación Ambiental Estratégica. En el proyecto no se explica cómo se mejorará el proceso de participación ciudadana.

Sobre la participación del Sistema de Alta Dirección Pública propuso reglamentar los concursos públicos con altas exigencias en cuanto a excelencia técnica y conocimiento de gestión y políticas públicas para realmente mejorar, cambiar o fortalecer la institucionalidad ambiental.

3. Superintendencia de Medio Ambiente, apoyó su creación ya que el rol asignado fortalece la gestión ambiental, no obstante, consideró que debe ser autónoma, autoeficiente y altamente coordinada con organismos sectoriales que cumplan funciones de fiscalización ambiental.

Sobre incentivos al cumplimiento le merece reparos la disposición que permite la autodenuncia hecho por el cual puede reducir la sanción. Consideró que es necesario avanzar en la tipificación del incumplimiento o del daño ambiental como un delito.

4. Unidad de Medio Ambiente de las Municipalidades. Destacó que la mayoría de las municipalidades carecen de recursos y tienen carencias en materia de gestión y no tienen profesionales que los asesoren, por lo que la norma que contempla el proyecto será meramente declarativa porque estimó que el proyecto no se hace cargo de estas materias.

En resumen, los aspectos que deben ser considerados en el proyecto a nivel general son: la evaluación ambiental estratégica, la participación ciudadana, el ordenamiento territorial, sistema de evaluación, participación de SEREMIS en los consejos regionales y Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado debe estar bajo la dependencia de una sola institución.

Por último, planteó dudas respecto a falta de referencia al costo del proyecto.

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El señor Hernán Durán, en representación de la Fundación Chile 21, señaló que es altamente positivo y constituye un avance significativo la propuesta del Gobierno de modificar la institucionalidad medio ambiental vigente a través de una nueva ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente con un ministro a la cabeza. De esta forma se están asumiendo parte de las críticas acerca del poco peso político que tiene en el Ejecutivo un servicio descentralizado como la CONAMA.

En el proyecto se propone, además, la creación de la Superintendencia de fiscalización ambiental, con el objetivo de avanzar hacia una mejor coordinación fiscalizadora de los distintos servicios y un Servicio de Evaluación Ambiental con el fin de especializarlo en el SEIA, así también se crea a nivel municipal la unidad de medio ambiente a fin de asegurar un adecuado nivel de incorporación de la actividad en la gestión.

En Chile, en la década del 90, con la creación de la CONAMA se comenzó a generar la institucionalidad ambiental destinada al control de la contaminación de todo tipo y a la protección de los recursos naturales y de la biodiversidad. En materia de control de la contaminación, el país pasa entonces de un enfoque sanitario y exageradamente antropocéntrico a un enfoque ambiental que recoge lo tradicional pero que es más ecológico.

En este proyecto, se avanza hacia una institucionalidad más completa que busca reproducir los mecanismos de control que existen en el resto de la institucionalidad del país, pero con el cual no se consigue el objetivo para la protección de los recursos naturales y de la biodiversidad. La propuesta queda trunca y no enfrenta el tema desde la perspectiva institucional y, producto de esta carencia, termina siendo poco ambiental y más centrada en una preocupación de hacer más eficiente la gestión del SEIA que en la protección del medio ambiente.

En este sentido, estimó como una novedad importante constatar la incorporación en el proyecto de ley, aunque aún débil, de la metodología de la evaluación ambiental estratégica (EAE), para las políticas, planes y programas, lo que constituye un avance muy significativo pues permite incorporar el tema ambiental desde el comienzo de la formulación de una política sectorial y evaluar su impacto ambiental en forma anticipada. Es decir, se comienza a reflexionar y evaluar el impacto ambiental del futuro de las políticas.

En todo caso, lamentó que el proyecto no enfrente el tema de la planificación territorial y su relación con el medio ambiente, ya que ella es una herramienta básica para poder prevenir los impactos ambientales en una escala regional y poder establecer un marco normativo orientado a considerar las variables de calidad ambiental como prioritarias. Hizo notar que en la actualidad los mayores conflictos ambientales vigentes y por desarrollarse tienen que ver con la incapacidad de la autoridad de enfrentar el tema del ordenamiento territorial.

En el caso del territorio, esto pasa también, por superar otra carencia del proyecto que es la falta de consideración del tema de las cuencas como una unidad básica del ordenamiento territorial, pues los fenómenos ambientales se dan en esa unidad territorial, carencia difícil de comprender por cuanto su incorporación es una de las prioridades ambientales declaradas por este Gobierno.

Asimismo, recordó que en algún momento se consideró la creación de la Subsecretaría de Recursos Naturales y Biodiversidad, la que misteriosamente desapareció del texto del proyecto. Esta subsecretaría debería haber estado a cargo de la protección del patrimonio natural del país, absorbiendo a la CONAF.

Consideró que esta carencia contribuye a explicar la ausencia de otros elementos tales como el tema económico y de la valorización del patrimonio nacional y todo lo que conduce a la posibilidad de tener cuentas del patrimonio ambiental, o cuentas patrimoniales, cuentas que se llevan en los países de la OCDE, organización a la que Chile aspira a ingresar, las que permiten tener una visión económica más real y fundada acerca del incremento o de la pérdida del valor de determinados recursos naturales y de su incidencia real en el patrimonio nacional.

Sobre el tema de la participación ciudadana estimó que existen problemas no resueltos. El sistema actual se basa en que por una parte existe el proponente y por la otra los presuntos afectados y la ciudadanía. Pero, normalmente, los que participan como afectados son aquellos que consideran que el proyecto les generará una pérdida patrimonial, asociados con algunas consultoras ambientales que tal como un día actúan promoviendo un proyecto de inversión, al otro día encuentran una buena oportunidad de negocios en la oposición a otros proyectos. Los ciudadanos miran lo que ocurre, aclaran algunas dudas y poco influyen finalmente.

Consideró necesario reconocer que la participación es, fundamentalmente, una instancia aclaratoria de los contenidos de un proyecto y, posteriormente, una forma de velar por el cuidado del medio ambiente, no sólo por los impactos de un proyecto específico sino también por el conjunto de impactos que genera la actividad económica. El ciudadano podría tener una participación destacada en la vigilancia y cuidado del medio ambiente si contara con las herramientas del caso, se debería aprovechar la oportunidad para perfeccionar este aspecto.

En otro orden de materias, hizo presente que el proyecto no resuelve acertadamente el tema de la incompetencia de las COREMAS en la gestión ambiental del SEIA y crea una institucionalidad de dudosa eficacia que las reemplazaría. En efecto, en la actualidad las COREMAS, -organismo presidido por el Intendente de cada región y formado por varios miembros del gobierno regional, son las encargadas de evaluar los proyectos que ingresan al SEIA. Esto debiera significar que tiene capacidad técnica y normativa para ponderar los impactos ambientales negativos de los proyectos y preservar la calidad del medio ambiente, desde una perspectiva regional. Pero hay demasiados casos acumulados en que las decisiones que se adoptan, en curiosas y contradictorias votaciones, no tienen que ver con criterios técnicos ambientales y en los que la responsabilidad de una mala decisión se diluye entre el Intendente, el SEREMI respectivo, los gobernadores y la CONAMA regional. Reconoció que existen instancias de reclamación de las resoluciones arbitrarias, pero que ellas no siempre sirven y, en definitiva, en el escenario actual, nadie responde por los “errores”.

En consecuencia, consideró como razonable que se elimine la COREMA, pero lamentó que la propuesta genere una alternativa poco feliz ya que, en su opinión, sólo pretende disminuir el tamaño del problema creando, en el artículo 82, una “COREMA chica”, que con menos SEREMIS, sigue estando expuesta a presiones políticas y económicas indebidas, siendo su diseño incoherente con el resto del modelo administrativo que se está proponiendo y con el que existe en otras instituciones similares en el país, en que existe un funcionario público que asume la responsabilidad administrativa y política por las resoluciones del servicio y que está obligado a utilizar un criterio técnico-jurídico para justificar sus decisiones.

Agregó que el Consejo Consultivo Nacional y los Regionales pueden asumir el rol de dar orientaciones políticas y técnicas y han demostrado ser instancias bastante más propositivas y transparentes que las COREMAS, y ese funcionario debiera ser el responsable de la gestión del medio ambiente a nivel de la cuenca.

En el caso de la fiscalización, el proyecto de ley propone la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, que tendrá la función de ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y las Resoluciones de Calificación Ambiental y de los planes de descontaminación ambiental y normas de calidad y emisión. La propuesta es atractiva y novedosa y amerita apoyarla. Sin embargo, a la hora de definir sus atribuciones no se hace referencia al principio precautorio[2], herramienta básica y fundamental de la fiscalización del medio ambiente.

Así también, es necesario destacar que el proyecto propone incorporar en la actual Ley 19.300, el principio del uso de la mejor tecnología disponible. Este es un principio de carácter estratégico que es muy apreciado en las normativas ambientales a nivel mundial pues orienta los criterios que debe usar tanto el proponente como los evaluadores. Falta, sin embargo, la propuesta de la incorporación del principio del uso de las “mejores prácticas ambientales”, de forma tal de contribuir a la incorporación de las certificaciones voluntarias tipo ISO 14.001 u otras, que contribuyan a garantizar, por parte del proponente, una buena gestión de los proyectos, una vez que éstos están en funcionamiento.

Por último, señaló que existe un problema con el uso del tiempo y de las compatibilidades entre tiempos legales, tiempos técnicos y tiempos ambientales. Sobre las normas que los establecen (artículos 25 ter y 42) expresó que éstos y otros que contempla la iniciativa debieran ser analizados proyecto a proyecto y cada resolución de calificación ambiental podría indicar los plazos. Por ejemplo, para un derrame, resulta inaceptable un plazo de 5 años, pero hay otros casos en que incluso ese plazo puede ser poco. Asimismo, algunos proyectos, por su naturaleza, desde el punto de vista técnico o, incluso, por eventuales recesiones económicas, no alcanzan a implementarse en tres años.

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Los representantes del Fondo Mundial para la Conservación, WWF, (por sus siglas en inglés) señalaron que esta entidad es una organización de conservación internacional independiente, multicultural y apolítica, que fue fundada en Suiza, el año 1961, y que sus observaciones y opiniones respecto del proyecto de ley en tramitación serán desde esta perspectiva.

Seguidamente, se refirieron latamente a las metas de biodiversidad que tienen para los próximos 40 años, en que esperan que para el año 2050, la integridad de los lugares naturales más destacados del planeta se encuentre conservados.

Respecto de la situación actual, que está regida, básicamente, por la Ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, destacaron los instrumentos de gestión ambiental, de regulación entre los que se encuentran las normas de calidad ambiental, primarias y secundarias, las de emisión y las declaraciones de zonas saturadas, de control, esto es fiscalización, denuncia y sanción, y los preventivos, entre los que se destacan el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, planes de manejo, prevención y/o descontaminación y las Áreas Protegidas

Asimismo, hicieron mención a algunas de las recomendaciones de la OCDE, dadas a conocer durante el año 2005, en que se señala que el país debe:

- Desarrollar y fortalecer las instituciones ambientales.

- Desarrollar y fortalecer aún más los marcos normativos en materia de salud ambiental y compromisos internacionales.

- Fortalecer la capacidad de cumplimiento y fiscalización

- Desarrollar indicadores para medir el desempeño ambiental

- Desarrollar y fortalecer la planificación territorial

Respecto de la propuesta contenida en el proyecto de ley, que propone crear el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Fiscalización, consideraron que es una iniciativa muy oportuna y que responde a una necesidad urgente, necesaria para dar cumplimiento a compromisos nacionales e internacionales, y que hace más autónoma y efectiva la evaluación y fiscalización ambiental, así como también, abre nuevos espacios de participación ciudadana

No obstante, señalaron que existen aspectos que es necesario abordar y tratar de resolver, entre ellos destacaron los siguientes:

- Distinguir los componentes técnico/político en la evaluación ambiental.

- Garantizar la participación ciudadana efectiva y normar la negociación.

- Coordinar con políticas y estrategias de ordenamiento territorial.

- Integración de las Áreas Protegidas a la institucionalidad ambiental (GEF SNAP)

En este sentido aludieron a los compromisos Internacionales suscritos por Chile, como la Convención de Diversidad Biológica, de 1994; la Séptima Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica, CDB. Áreas Protegidas, de 2004, y la RES VII/28, Plan de Trabajo Mundial para Áreas Protegidas.

Destacaron que la institucionalidad respecto de las áreas protegidas en Chile, distingue en el ámbito terrestre la declaración de parque nacional, reserva nacional o forestal, reserva vírgenes las que son declaradas por el Ministerio de Bienes Nacionales y su manejo y supervisión corresponde a la Corporación Nacional Forestal, Conaf y el Ministerio de Agricultura. En el caso del santuario de la naturaleza, la declaración la efectúa el Ministerio de Educación, y la supervisión está a cargo del Consejo de Monumentos Nacionales, tratándose de inmuebles fiscales destinados a conservación la declaración corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales, el que además tiene la supervisión de las mismas pero no existe un organismo encargado de su manejo. Por último, en el caso de las áreas protegidas privada, la declaración la hace el Ministerio de Agricultura quien además tiene la supervisión de las mismas y su manejo corresponde a los privados.

Respecto del ámbito marino la declaración de parque marino y la reserva marina es realizada por el Ministerio de Economía y el manejo y supervisión corresponde al Servicio Nacional de Pesca. En el caso del área costera y marina protegida de múltiples usos la declaración es realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, no existiendo un organismo encargado de manejo y supervisión.

En el caso de las aguas dulces y la incorporación en el Listado Ramsar, de los humedales y sus recursos, es propuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la supervisión está entregada a CONICYT, no existiendo un organismo encargado de su manejo. Las cuencas de bofedales, es declarada por el Ministerio de Obras Públicas y la supervisión recae en la Dirección General de Aguas.

En esta materia, se preguntaron si es efectiva la conservación en nuestras Áreas Protegidas, concluyendo que la mayor parte de las figuras de protección oficial carecen de procesos de manejo activo tales como decreto, personal y presupuesto, que existen barreras a nivel de sistema, normativo, institucional y financiero, que afectan la efectividad del manejo en Áreas Protegidas del SNASPE. Se destaca, además, que existe escasa fiscalización de leyes ambientales y deficiente comunicación entre organismos públicos.

En este sentido propusieron;

- Crear un servicio único para Áreas Protegidas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

- Homologar figuras de protección a las categorías internacionales, en especial a las elaboradas por la IUCN, Unión Internacional para la Naturaleza.

- Integrar las distintas figuras de protección a una estrategia de ordenamiento territorial, terrestre y marino.

- Asegurar la adecuada representación de diferentes ecosistemas.

- Desarrollar un sistema de monitoreo científico de la conservación.

- Crear un Fondo Nacional de Áreas Protegidas con financiamiento público/privado.

- Establecer los procedimientos a través de un reglamento o ley de áreas protegidas complementaria.

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El Director Ejecutivo de OCEANA expresó que representa a una organización no gubernamental internacional cuya agenda está exclusivamente relacionada con el medio ambiente marino y, por tanto, las opiniones y observaciones que entregó estaban realizadas desde esta perspectiva. Destacó que esta iniciativa legal representa una nueva institucionalidad ambiental que es necesaria para el país pero que desde la perspectiva del sector que ellos representan les merece algunos reparos. Dicha institucionalidad debe ser balanceada entre el ámbito marino y el terrestre, reconociendo y abordando sus diferentes necesidades, sobre todo si se considera que nuestro país posee mas territorio marítimo que terrestre. Además, esta nueva institucionalidad se debe involucrar de mejor manera en aquellas actividades industriales de alto impacto que afectan al medioambiente marino y deben ser tratadas con una mirada medioambiental, aparte de una mirada económica.

Por su parte, el Director de Campañas, oficina para América del Sur, de OCEANA, destacó que la institucionalidad ambiental vigente respecto de las áreas marinas protegidas, distingue entre área marino costero protegida, (AMCP), parques marinos y reservas marinas, cuyo manejo está entregado a la Subsecretaria de Pesca; los santuarios de la naturaleza, cuya supervisión está entregada al Consejo de Monumentos y las áreas costeras de pueblos originarios, que es administrada por la Subsecretaría de Pesca, y las áreas silvestres, terrestres, protegidas (SNASPE) cuyo manejo corresponde a CONAF, que depende del Ministerio de Agricultura.

Asimismo, participan e intervienen en las áreas protegidas otros organismos como el Ministerio de Bienes Nacional, el Servicio Nacional de Turismo y la Dirección del Territorio Marítimo, entre otras, por lo que es necesario que exista una relación de todas las figuras en un contexto ecosistémico, estableciendo para ello los lineamientos que aseguren la coordinación y manejo de las áreas protegidas.

Seguidamente, dio a conocer propuestas a fin de perfeccionar la iniciativa legal en tramitación, entre las que destacan:

- Recobrar espíritu del proyecto original, que proponía un servicio que tuviera a su cargo las áreas protegidas.

- Incorporar las áreas marinas costeras protegidas entre las materias respecto de las cuales el Ministerio de Medio Ambiente tendrá atribuciones para dictar o, por lo menos, proponer políticas de manejo de estas áreas.

- Concentrar las áreas protegidas en un servicio ya que ello permitirá contar con presupuesto propio y mayor autonomía para la adopción de medidas.

- Pesquerías y Ministerio de Medio Ambiente, en varios países los consideran como áreas estrechamente relacionadas, como sucede en España, ya que, indudablemente, tienen incidencia medioambiental.

- Crear una institución de investigación y soporte para la conservación marina y terrestre y otras áreas del manejo.

- Seguimiento de tratados y acuerdos medioambientales.

- Elaborar planes de ordenamiento territorial y establecer unidades ecológicas.

- Establecer redes de áreas marinas protegidas y otras categorías de manejo.

- Incorporar en un artículo transitorio la obligación de elaborar un proyecto de ley sobre áreas protegidas.

- Crear una entidad cuya función primordial sea la educación ambiental y políticas transversales que preste asesorías a cualquier entidad pública.

- Considerar una representación especial para temas de cambio climático.

Por su parte, el Director de Campaña de Salmonicultura de Oceana, se refirió, entre otros temas, a la situación de la industria salmonera y a los impactos ambientales que ha producido el excesivo uso de antibióticos y de la sobreexplotación pesquera.

Expresó que la actividad de la salmonicultura se encuentra regulada por la Ley General de Pesca y Acuicultura como actividad económica, por la ley de Bases del Medio Ambiente en el ámbito ambiental ya que a la actividad le es aplicable el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y, en particular, por el Reglamento Ambiental para la Acuicultura, RAMA, en lo que dice relación con la evaluación ambiental.

Estimó que el principal problema del sector radica en el RAMA ya que tanto en sus metodologías como en sus técnicas, hasta el momento han estados enfocadas en los efectos de los cultivos sobre los fondos marinos, pero no considera el problema sobre el sistema ecológico. Es decir, se está midiendo un efecto puntual pues no se aborda el ecosistema en su conjunto.

Por último, dio a conocer las propuestas específicas del sector, que surgen de la nueva institucionalidad ambiental que se encuentra en tramitación:

- Modificar el Reglamento Ambiental para la Acuicultura, RAMA, a fin de abordar el impacto de la salmonicultura desde el punto vista ecosistémico.

- Fortalecer la fiscalización ambiental que realiza Servicio Nacional de Pesca o la Subsecretaría de Pesca a través de la nueva Superintendencia, ya que la fiscalización actual está más dirigida al aspecto productivo y no al cuidado y protección del medio ambiente.

- Hacer obligatorio en este sector la evaluación ambiental estratégica, donde cobre relevancia la protección de los ecosistemas marinos

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Los representantes de la Sociedad Chilena de Arqueología, señalaron que nuestra legislación consagra un concepto amplio de medio ambiente en el articulo 2°, letra ll) de la Ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente que incluye a los componentes socio culturales, esto es patrimonio cultural. De igual modo el artículo 11, letra f), de la misma ley ordena la realización de un Estudio de Impacto Ambiental cuando exista alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.

No obstante, en el texto del proyecto de ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente y la nueva institucionalidad ambiental, la protección del patrimonio cultural se encuentra totalmente excluida, lo que constituye una evidente contradicción en la formulación de este proyecto de ley, propiciando desventajas y retrocesos en la legalidad ambiental que se ha ido construyendo en la última década.

Consecuentemente, solicitaron que el proyecto de ley aborde derechamente el tema de la protección del patrimonio cultural, lo incluya como tema de protección y supervigilancia del Ministerio de Medio Ambiente y aborde expresamente la gestión ambiental del patrimonio en la nueva institucionalidad.

Concretamente, pidieron que;

1) En el artículo 69 que define el objeto del Ministerio del Medio Ambiente se incluya expresamente al Patrimonio Cultural.

2) Modificar el artículo 70 que define las funciones y materias de supervigilancia del Ministerio, pues su redacción actual se centra únicamente en la protección de los recursos naturales.

3) Incorporar al Patrimonio Cultural en la distribución temática de las Divisiones del Ministerio contempladas en el artículo 71.

4) Integrar al Consejo de Monumentos Nacionales dentro del Comité Técnico que asesorará a la Comisión de SEREMIS en la calificación de proyectos dentro del diseño del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental que se desconcentra regionalmente en Direcciones Regionales, y

5) Considerar las opiniones de los expertos científicos en materia cultural y natural en todo el proceso de evaluación ambiental al interior y en el funcionamiento de la estructura.

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La Coordinadora de Investigación del Centro de Derecho Ambiental, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, expresó que sus comentarios y opiniones sobre la iniciativa legal en tramitación las emitía a título personal.

Comentando, en general, la creación del Ministerio de Medio Ambiente, expresó que comparte uno de los objetivos del Mensaje en orden a que el desafío de las autoridades es abordar la transversalidad propia del tema medio ambiental, así como también está conteste con el hecho de que debe existir un responsable político en materias medio ambientales tan importantes como la contaminación del aire.

Asimismo, destacó que la coordinación es un requerimiento de la política ambiental pero no es exclusivo de ella, por lo tanto el que sea un tema que requiera coordinación no significa que el Ministerio sea una mala alternativa. Por el contrario, el desafío que se plantea es cómo lograr mediante su creación la integración de las regulaciones sectoriales, y a ese objetivo deben ir orientados los esfuerzos.

Respecto a la supresión del Consejo Directivo, una de las críticas más fuertes a su funcionamiento ha sido que la mayor parte del tiempo se dedicaba a resolver recursos de reclamación del SEIA, en desmedro de otras funciones establecidas en la Ley N° 19.300, como proponer al Presidente las políticas medioambientales o ejercer las labores de coordinación. El proyecto traspasa esas funciones al Ministerio.

Hizo especial mención, en materia de integridad, a la instalación de la evaluación ambiental estratégica, la que se define en el artículo 2°, letra i bis) y se regula en un nuevo párrafo de la Ley N° 19.300, entre los artículos 7° bis y 7° quater).

Señaló que le gustaría que fuese obligatoria, sin perjuicio de que se permita un período de prueba o de adaptación voluntaria, ya que estimó necesario que las grandes decisiones nacionales en materia de energía, infraestructura y transporte, entre otras, deben estar sujetas a una evaluación ambiental, e incluso a una evaluación de su sustentabilidad.

Sin evaluación ambiental estratégica, se tendrá una carga excesiva sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que es la única instancia que se percibe donde se puede discutir o incidir sobre decisiones tan importantes como la matriz energética nacional. Ejemplo, a meditar lo constituyen las centrales de Aysén.

Lo anterior, está estrechamente relacionado con la discusión sobre la participación ciudadana. ¿Se debiese permitir participación ciudadana para las declaraciones de impacto ambiental, y no sólo para los estudios? ¿Cuál debe ser el alcance de la participación?

Asimismo, hace falta una reflexión sobre qué tipo de participación se quiere y dar respuesta a preguntas tales cómo ¿de qué manera se construye el desarrollo sustentable, qué pasa cuando un proyecto ingresado al SEIA genera una carga para los afectados que profundiza la inequidad? ¿Podemos exigirle tanto al sistema y al titular?

Expresó que para abordar estos temas se deben considerar tres aspectos.

1.- Reforzar la evaluación ambiental estratégica diseñándola con un sistema participativo de las grandes decisiones.

2.- Reflexionar acerca de cómo insertamos el ordenamiento territorial en estas definiciones políticas.

3.- Crear un Consejo de Ministros de la Sustentabilidad que sirva de espacio para que se dé esta discusión a nivel político. El objetivo es generar un espacio político, transparente, que busque equilibrar los componentes ambientales, sociales y económicos, pilares del Desarrollo Sustentable, al interior del gabinete.

Por otra parte, recordó que una de las principales críticas que ha recibido este proyecto de ley es que carece que un diagnóstico acabado. Al respecto, estimó difícil tener uno distinto cuando falta información pública sobre la calidad del medio ambiente, entre otras cosas. De modo que parecen positivas aquellas medidas de la iniciativa legal orientadas a generar y prestar información, generando bases de datos en materia de calidad del aire, agua, suelo y biodiversidad, registros de sanciones, etc. Es la primera vez que se tendrá en Chile transparencia activa en materia de medio ambiente, constituyendo un avance y un grado de cumplimiento mayor con los compromisos internacionales suscritos por Chile.

Agregó que, con esta iniciativa legal, nos acercamos a satisfacer las exigencias de la integración a la OCDE, y por otro se avanza en la línea del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que señala que el mejor modo de abordar las cuestiones ambientales es garantizando el acceso a la participación ciudadana, y que para que esta participación sea posible se debe asegurar el acceso a la información ambiental, consagrando el derecho a tres niveles de acceso: a la información, a la participación y a la justicia ambiental para lo cual se requiere por cierto, fortalecer las capacidades de los actores involucrados.

Destacó que en el Mensaje se anuncian competencias normativas que no están suficientemente desarrolladas en el articulado del proyecto como son recursos genéticos, flora, fauna y biodiversidad, cambio climático, áreas protegidas, políticas y regulaciones para la sustentabilidad, entre otras.

Sobre biodiversidad y áreas protegidas, consideró que persiste la necesidad de incorporar en el diseño institucional un responsable claro de la administración de las áreas protegidas, -que no puede seguir siendo CONAF-, y de la conservación de la biodiversidad, tanto en áreas protegidas, como en ambientes productivos. En este tema se requiere un esfuerzo normativo, de gestión y político, y se debe dar una señal y un impulso en el conocimiento, valoración y protección de nuestra biodiversidad.

Hizo hincapié en que el proyecto de ley se quedó corto en este tema y que es hora de que se asuma esta necesidad, considerando además la advertencia que el Tribunal Constitucional le hizo al Gobierno al conocer de la Ley de Bosque Nativo. (Rol 1.024-08-CPR.)

Respecto de la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, informó que en el Centro de Derecho Ambiental están desarrollando un proyecto de investigación sobre fiscalización ambiental, y que se han encontrado con el siguiente diagnóstico:

- Normativa inorgánica.

- Competencias repartidas en numerosas leyes y decretos.

- Dispersión de la normativa. Distintos órganos que gestionan distintos o a veces los mismos componentes, dudas sobre la vigencia de las normas, e incluso dificultad para identificar las normas.

- Dispersión de la fiscalización, más de un órgano que fiscaliza un mismo componente ambiental, un ejemplo: decreto N° 26, de 1978, del Ministerio de Agricultura, que autoriza la comercialización de árboles y ramas de especies forestales, da competencias de fiscalización a la CONAF y al SAG.

- En cuanto a los procedimientos, existen leyes que se remiten a procedimientos contenidos en normas que están derogadas.

- En materia de sanciones existe un universo enorme, multas diversas, fijadas en distintas unidades, muy bajas, impuestas por diferentes organismos de distinta naturaleza, con distintos procedimientos, variados destinos del monto de las multas, con poco incentivo para su cobro y en ningún caso con disposiciones para el seguimiento, etcétera.

- Existen dificultades para coordinar la fiscalización, a pesar de lo que dispone el artículo 64 de la Ley N° 19.300 que se refiere exclusivamente a las resoluciones de calificación ambiental.

Cuando se habla de fiscalización se debe centrar en el desafío del cumplimiento ambiental.

Teniendo en cuenta que el objetivo último es proteger la salud humana y el medio ambiente a través del cumplimiento, se pueden identificar distintos factores que inciden en el cumplimiento, desde distintas perspectivas:

- Desde la perspectiva del sujeto regulado se tiene la disuasión, y los factores económicos, entendidos como el costo de cumplir o de incumplir;

- Desde la perspectiva institucional existen elementos como la credibilidad, los incentivos ligados a desempeño y presupuesto, la colaboración privada, la existencia de una política institucional, entre otros, y

- Finalmente, desde la perspectiva de instrumentos, se debe atender a la calidad de los instrumentos fiscalizados, a la existencia de normas claras, con objetivos precisos, la existencia de procedimientos sancionatorios, entre otros.

Agregó que en ese sentido las recomendaciones y principios de la OCDE, especialmente formuladas en su momento para los países de Europa del Este, deben ser consideradas, destacando entre ellas, las siguientes:

- Protección eficaz y eficiente de salud humana y ambiente.

- Principio preventivo.

- Fiscalización equitativa y justificada: coherencia, transparencia y proporcionalidad.

- Credibilidad de Environmental Enforcement Authority (ENFA).

- Autonomía de la ENFA.

- Estructura organizacional descentralizada y coordinada.

Concluyó que del examen de la doctrina y derecho comparado se puede aseverar que no hay evidencias de un modelo institucional “ideal” para la fiscalización, pero que existen ciertos principios y criterios que llevan a mayor eficacia y eficiencia, y que el modelo propuesto en el proyecto de ley los cumple, no obstante que podría ser necesario introducir algunas modificaciones para evitar algunos riesgos.

Seguidamente, se refirió a las normas contenidas en el proyecto de ley sobre la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, destacando que el modelo de superintendencia propuesto, elige la opción de ser una superintendencia coordinadora, que no deroga las potestades de los otros organismos competentes, sino que los coordina a través de herramientas como los programas de fiscalización y otras, pero se presentan los siguientes problemas:

- Falta de coordinación de los procedimientos, no se aclara qué pasará cuando un procedimiento sea iniciado por un servicio, y luego lo toma la superintendencia.

- Sería deseable que la Superintendencia tenga posibilidades de fiscalización directa en determinados casos como conflictos alta exposición o si hay un grave daño.

- La fiscalización que ejercerá la Superintendencia se refiere a las RCA, y a los planes y normas de la ley N° 19.300. Los planes de manejo de la Ley de Bases del Medio Ambiente son aquellos referidos a recursos naturales, el problema es que no existen tales planes de manejo.

Asimismo, se declaró partidaria de mantener la reserva de los programas y subprogramas de fiscalización, no obstante consideró que las metodologías y los resultados deben ser públicos al término del año.

Valoró la incorporación de la colaboración privada en la creación de un mecanismo de evaluación y certificación de conformidad. En todo caso, es necesario que esta colaboración privada se realice bajo normas de transparencia permitiendo el ejercicio de los derechos que garantiza la Ley de Procedimiento Administrativo entre otras disposiciones.

Destacó como importante el establecimiento de una denuncia ciudadana y que se considere al denunciante como parte interesada en el procedimiento que se inicia con su denuncia, lo cual es un avance notable y va en la línea de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Apoyó la atribución que se otorga a la Superintendencia respecto de la reparación del daño ambiental ante una infracción.

En materia de sanciones, valoró que se establezcan sanciones más altas, las que por lo tanto serían más disuasivas. Recordó que el proyecto de ley propone sanciones de hasta 10.000 UTA, es decir 4 mil millones de pesos. Sin embargo, estimó que es necesario aclarar algunos puntos:

- Los criterios para definir el monto de las sanciones y la clasificación de las mismas

- Los montos de las sanciones no consideran la capacidad económica del infractor.

- En materia de encubrimiento es necesario aclarar que lo que se sanciona es el ocultamiento o falsedad en la información por quien debe proporcionarla.

- En el caso de autodenuncia se debería aclarar cual es el beneficio.

- Establecer derechamente que la Superintendencia será una entidad desconcentrada territorialmente y no dejarla como una facultad del Superintendente.

Sobre las modificaciones que se proponen al sistema de evaluación de impacto ambiental, expresó, que valora algunas disposiciones que corrigen vicios actuales como la contenida en el artículo 25 bis que señala que la Dirección de Obras Municipales no podrá otorgar permisos de construcción definitivos sin aprobación de una resolución de calificación ambiental si es el caso.

Estimó, igualmente relevante la caducidad de proyectos no iniciados luego de años de la aprobación de la resolución.

En cuanto a la posibilidad de modificación de la Resolución de Calificación Ambiental consideró que se puede aprovechar de dar un paso para permitir el manejo adaptativo, concepto desarrollado en ecología que implica que las medidas contenidas en una resolución de calificación ambiental, deben ser expresadas de manera que permitan su monitoreo y adaptación en función de que se compruebe si se cumplen los objetivos ambientales. Esto si bien puede implicar más trabajo a proponentes y a las autoridades sería más eficaz para la protección ambiental.

Por último, expresó que la creación de unidades ambientales municipales modificando la Ley Orgánica de Municipalidades parece relevante y necesaria, sin perjuicio de que sería necesario acompañar esta disposición de mayores recursos financieros, humanos y de capacitación para permitir su éxito.

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El encargado de la Comisión de Medio Ambiente del Instituto Libertad, señaló que el proyecto de reforma a la institucionalidad ambiental busca fundamentalmente acabar con los problemas y hacerse cargo de las críticas que se le hacen al sistema vigente y que dicen relación con la dependencia política, dispersión normativa y falta de seguridad jurídica, consecuentemente propone:

- Transitar desde las funciones preventivas y políticas de CONAMA, tales como función educativa y difusora de información ambiental, diseño de planes y políticas ambientales y coordinación intersectorial, al Ministerio de Medio Ambiente, el cual está a cargo de una subsecretaría, las secretarías regionales ministeriales y los consejos consultivos nacional y regionales.

- Crea el Servicio de Evaluación Ambiental, que reemplazaría a CONAMA en la labor de dirigir el SEIA. Se le da una conformación política distinta a la de las COREMAS, ya que la comisión resolutiva está conformada por los secretarios regionales de los ministerios con competencia ambiental y se encuentra sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Medio Ambiente.

- Crea la Superintendencia de Medio Ambiente como un órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Medio Ambiente. La Superintendencia, tiene por objeto ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las normas ambientales como las Resoluciones de Calificación Ambiental, normas de calidad ambiental y de emisión, planes de prevención y otros que establezca la ley. Esta función estaba entregada de manera difusa a los ministerios sectoriales.

Nuestro país, actualmente debe responder a la comunidad internacional en el marco del ambiente globalizado de comercio mundial, donde reviste especial importancia la OCDE, que ha recomendado al Gobierno de Chile fortalecer su institucionalidad ambiental, eliminando vacíos institucionales en particular en la coordinación sectorial, en tanto el modelo actual no considera de forma suficiente la protección de la naturaleza y la biodiversidad. En sus recomendaciones la OCDE ha señalado que la institucionalidad ambiental de la Ley 19.300 es una herramienta de gestión de recursos naturales comerciables pero que ha fracasado al no ser capaz de proteger esos recursos.

En general la opinión crítica nacional a la función de la CONAMA es concordante con la opinión generalizada en Latino América de que el modelo coordinador implementado en la gestión ambiental en muchos de nuestros países ha fracasado.

Por estas razones no puede negarse la necesidad de modernizar la institucionalidad ambiental chilena y, más aún, adoptando para este proceso el modelo imperante a nivel internacional, el Ministerio de Medio Ambiente.

Existe consenso en que la actual institucionalidad es insuficiente para cubrir las necesidades que plantea la situación ambiental, lo que viene determinado por diversos criterios, entre ellos el generalizado concepto del desarrollo ambientalmente sustentable, la desmejorada imagen de la actividad política y la imagen internacional del país.

Además, hay consenso en que el desempeño de las tareas que impone la ley 19.300 a la CONAMA es claramente insatisfactorio para los diferentes actores del país. En particular el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no da garantías suficientes de idoneidad en temas como aprobación ágil y oportuna de proyectos, autonomía e independencia institucional, participación ciudadana, además de las tareas de difusión y educación ambiental, entre otras.

De esta forma, se puede observar que en Chile hay acuerdo en que la nueva institucionalidad ambiental ha de tener mayores herramientas y recursos y que el modelo de coordinación en que la CONAMA coordina a órganos de mayor jerarquía como lo son los ministerios sectoriales no ha dado los resultados esperados.

Además, consideró que la dependencia política de CONAMA, ha mermado las atribuciones de ese organismo para poder dar un cumplimiento efectivo a la normativa ambiental convirtiéndolo en un órgano más político que técnico, como sería lo óptimo, y por otro lado, pone en un plano de preponderancia las decisiones políticas por sobre la legalidad o idoneidad de las mismas.

El sistema actual produce una falta generalizada de información, además de dispersión normativa, asuntos que se traducen en que las partes involucradas en el proceso administrativo ambiental, SEIA en este caso, no saben con certeza a qué atenerse, puesto que cada ministerio sectorial tiene criterios y objetivos propios, a veces sin consideración a la incidencia ambiental que han de tener sus determinaciones. Si no hay unidad normativa, no puede haber seguridad jurídica.

Además, existen problemas de coordinación política y técnica que han producido la necesidad de una comunicación e interacción directa entre el Jefe de Estado y el órgano a cargo de dirigir las políticas medioambientales, para lo cual se ha optado por elevar a rango ministerial al Director de CONAMA. Asimismo, se ha hecho evidente la conveniencia de concentrar e identificar a un órgano determinado con la responsabilidad política correspondiente por incumplimientos u omisiones en la implementación de la gestión ambiental.

Expresó que la dispersión normativa ha producido tres efectos que requieren de urgente solución:

a) Dificultoso y poco eficiente acceso a la información ambiental por estar ésta compartimentada. Esto lleva incluso aparejadas ineficiencias económicas.

b) Diferencias de criterios adoptados por cada sector involucrado en la gestión ambiental, la cual produce un conflicto de competencias totalmente evitable.

c) Dispersión del cumplimiento y fiscalización de la norma ambiental que crea un nivel de incerteza jurídica importante respecto de la efectiva aplicación de la legislación ambiental, puesto que no hay unidad de criterios, sanciones e incentivos aplicables.

Por último, destacó como un factor de apoyo a la creación del Ministerio del Medio Ambiente, la ampliación de la actividad fiscalizada. En efecto, expresó que este elemento tiene gran importancia, pues incluye la actividad del sector público dentro de aquella susceptible de ser calificada ambientalmente, considerando que el Estado es un importantísimo actor económico.

Sobre la proposición de crear la Superintendencia de Medio Ambiente expresó que en el marco de una reforma sustancial a la institucionalidad ambiental, no se puede dejar de tratar el tema, quizás, más importante dentro del proceso destinado a proteger el patrimonio ambiental, como es el velar por el efectivo cumplimiento de la normativa y de las resoluciones de calificación ambiental, con la facultad de imponer sanciones y entregar incentivos, siempre teniendo como fin el cumplimiento efectivo de la ley y, por consecuencia, el resguardo del medio ambiente.

En términos generales, expresó que el diseño propuesto de institucionalidad ambiental es ciertamente más conducente a ese fin que el que actualmente existe, y toma especial importancia en este sentido la instauración de la Superintendencia de Medio Ambiente.

Existe consenso político en cuanto a la necesidad de contar con una institucionalidad que garantice el cumplimiento de la ley, cosa que no sucede en la legislación actual. Las características coincidentes entre las distintas formulaciones políticas son que debe ser un organismo con competencia exclusiva de fiscalización ambiental, independiente políticamente y con coordinación intersectorial directa.

Fundamentó la proposición de crear la Superintendencia, en los siguientes tópicos:

a) Dispersión de competencias a nivel sectorial: En términos generales señaló que en la institucionalidad existente las facultades fiscalizadoras corresponden a cada organismo sectorial que interviene en el SEIA, es decir, cuyas autorizaciones son necesarias para dar curso a un proyecto.

b) Carencia de planes de fiscalización: Concordante con lo señalado anteriormente y como consecuencia de ello, señaló que la descoordinación impide que exista un plan de fiscalización único que de cuenta claramente tanto de lo que se va a fiscalizar como de los mecanismos a utilizar para dicho medio, además de los criterios que ha de tener en cuenta el fiscalizador.

c) Insuficiente relevancia de criterios ambientales: Recalcó que existe acuerdo en que los ministerios sectoriales no tienen competencias ambientales fuertes, claras y predominantes, por lo que muchas veces no se toman en cuenta criterios ambientales para el establecimiento de planes, programas y políticas.

d) Incumplimiento de la ley: Como consecuencia de todo lo anterior, resulta evidente que los problemas enunciados con anterioridad han confluido en una importante inobservancia de la ley ambiental, pues no hay organismo alguno que garantice su cumplimiento con propiedad.

Asimismo, recordó que existen otros antecedentes que apoyan la creación de la Superintendencia como es el consenso de las organizaciones ciudadanas, y que como consecuencia de los compromisos adquiridos por la suscripción de tratados internacionales con diversas naciones y organizaciones, Chile debe tender al cumplimiento de su propia regulación ambiental, lo cual no sucede eficazmente en la normativa actual por todos los problemas expuestos. Sin una correcta fiscalización no se podrá asegurar jamás que exista un cumplimiento regular de la ley.

Después de analizar la estructura y funciones del organismo fiscalizador, señaló que no obstante concordar en que es necesario crear la Superintendencia, hizo constar que algunas de sus normas le merecen reparos y, por tanto, además, de señalar las objeciones que le merecen, entregará algunas propuestas.

Consideró que el artículo 2°, inciso segundo del proyecto de ley de Superintendencia de Medio Ambiente es claramente contradictorio con el espíritu general de la iniciativa que es la de concentrar las potestades fiscalizadoras en un solo órgano especializado, el cual está a cargo de la dirección absoluta del sistema de fiscalización, en cuyo caso los organismos sectoriales estarían supeditados completamente a la Superintendencia, lo que no es señalado expresamente.

Esta perpetuación de las facultades fiscalizadoras de organismos sectoriales, continuará produciendo un problema de múltiple fiscalización y dispersión de competencias, con el consiguiente perjuicio a las actividades productivas, pudiendo esto resultar en aumentos de costos e ineficiencia de los procedimientos empresariales.

Estimó que no está claramente establecido en la ley la superioridad de la Superintendencia sobre los organismos sectoriales de fiscalización ambiental, citó como ejemplo el inciso cuarto del artículo 17, que establece cómo se elaboran los planes a que se refiere el artículo 16.

En esta disposición se equipara el diseño de un plan de fiscalización a un derecho de participar en él de los organismos competentes, lo cual consideró un absurdo. Además, de que se delega en una resolución administrativa la limitación y descripción de las competencias de los organismos sectoriales, lo cual debiese ser establecido a priori por la ley.

La solución podría estar dada por la mantención de las competencias fiscalizadoras de los organismos sectoriales, pero suspendiendo indefinidamente su ejercicio, condicionándolo a una instrucción expresa de la Superintendencia, es decir, que puedan actuar sólo en la forma y tiempo que ella estime necesario, garantizando así, desde un comienzo, que no habrá duplicidad fiscalizadora, pues no habrían varias competencias coordinadas, sino solo una competencia, la de la Superintendencia, delegada en dichos organismos.

Concordó en que el criterio de diferenciación de las infracciones propuesto por el proyecto es acertado. Sin embargo, estimó que sería conveniente que la diferenciación tuviera también eco en cuanto a la prescripción de las infracciones.

Así es como el proyecto establece un plazo de prescripción de 3 años para las todas las sanciones que se fijan por resolución firme, lo cual no se condice con el tratamiento diversificado de las infracciones. No es lo mismo una infracción gravísima por causa de un daño ambiental no susceptible de reparación que una infracción leve que sólo amerita una sanción de amonestación escrita, por ende no se le debería aplicar una prescripción idéntica. Aún más, expresó que tal como una prescripción de 3 años para la sanción de una infracción gravísima podría ser insuficiente, puede considerarse que ese mismo plazo es excesivo en casos de sanciones de amonestación escrita, ya que se trata de una norma residual.

Sobre la caducidad de la RCA, establecida en la letra k) del artículo 3° del proyecto expresó que la intención de esta sanción es correcta, pero que ella no debiese ser tan absoluta.

Estimó que esta norma tendrá dificultades prácticas para su implementación, pues implicará que a la Superintendencia pueda constarle un hecho negativo: el no inicio de las obras. Propuso, en cambio, que los titulares sean obligados a informar dentro de un brevísimo plazo cuando comiencen las obras, dentro del mismo expediente en el que dictó la RCA, con lo cual se sancionaría, así, la falta de información y falta de veracidad en ella. Debe considerarse que en la práctica podrá vulnerarse el espíritu de la norma iniciando obras que no serán continuadas. Sugirió que se establezca un plazo de caducidad igual al período señalado en el Estudio más un 50%.

Respecto de la suspensión de proyectos en curso como consecuencia de la sanción de revocación de una RCA, consideró que debiese ser tratada más específicamente, ya que no se trata de un efecto cualquiera comparable con otros que pudiesen sobrevenir.

Agregó que la obligación general que contempla el artículo 42 del proyecto debe servir de piso mínimo de las sanciones y se concreta a través de un plan de cumplimiento que el propio titular debe presentar para ser aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental.

En otro orden de materias relacionadas con la creación de la Superintendencia, expresó que en pos de alcanzar la meta principal de fomentar y velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, se extraña en el proyecto la propuesta, además del régimen sancionatorio ya comentado, del establecimiento de medidas de incentivo para la disminución de las emisiones o bien para desarrollar planes de descontaminación que nazcan de los propios particulares. Consideró que este tema podría ser tan importante como las sanciones.

En conclusión propuso, concretamente, lo siguiente:

- Que tanto el Superintendente como los Jefes de División de la Superintendencia sean cargos del Sistema de la Alta Dirección Pública.

- Que en cuanto a la norma que contempla el artículo 2° inciso segundo del proyecto de ley que crea la Superintendencia, se evite la superposición de facultades de fiscalización y la incertidumbre respecto a quien es el fiscalizador para determinadas normas y hechos. Para ello, se propone que salvo las facultades de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, las facultades de fiscalización ambiental de los órganos sectoriales queden suspendidas y entregadas a la Superintendencia de Medio Ambiente, la que deberá elaborar un reglamento explicitando qué competencias quedarán en los organismos sectoriales.

- Que la prescripción de las sanciones tenga plazos diferentes para cada graduación, siendo de un año para infracciones leves, dos años para infracciones graves y de tres años para infracciones gravísimas.

- Que se establezca un régimen de incentivos para los particulares para el cumplimiento de las normas, establecimiento de estándares incluso más exigentes que los nacionales, reducción de emisiones, utilización de mejores tecnologías y acciones de mejora de calidad de vida de las comunidades, considerando determinadas situaciones un atenuante de sanciones que implique que ante una primera infracción se deba imponer el mínimo de la multa.

- A pesar de lo informado por la Excma. Corte Suprema, que los recursos contra las resoluciones de la Superintendencia no vayan a juez de primera instancia -lo que implicaría que las reclamaciones serían susceptibles de tres pronunciamientos-, sino a la Corte de Apelaciones. En este sentido sugirió considerar en el proyecto de ley una modificación al artículo 61 del Código Orgánico de Tribunales para que en cada Corte de Chile exista una sala especializada en materia ambiental que conozca de todas las reclamaciones contra resoluciones de la Superintendencia, pero también de las cuestiones sobre SEIA, participación ciudadana ambiental, recursos de protección, apelaciones de demandas de reparación de daño ambiental, etc.

- Asimismo, recomendó modificar, también, el artículo 219 del Código Orgánico de Tribunales para que en cada sala ambiental se integre un abogado integrante con experiencia profesional y/o académica en matera ambiental. Además, sugirió considerar la posibilidad de incorporar a futuro un miembro no abogado en cada sala, de profesión de alguna rama de la ingeniería relevante para la resolución de estos temas. Todo esto, como un paso urgente y necesario para la institución de una justicia ambiental especializada en Chile, para servir a todos los sectores de la población.

A continuación, examinó las reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, destacando la incorporación de la Evaluación Ambiental Estratégica ya que, expresó, mediante esta institución se reconoce la necesidad de que las políticas públicas sectoriales deban supeditarse a los criterios ambientales emanados del Ministerio de Medio Ambiente, con el fin de producir un desarrollo más armónico de los distintos sectores que influyen en el impacto ambiental. Esta iniciativa, constituye un cambio importante, ya que deja en un plano de igualdad la actividad del Estado Administrador a la actividad de particulares, aumentando la protección efectiva al medio ambiente que se pueda hacer en fase preventiva.

Agregó, que el diseño correcto de la Evaluación Ambiental Estratégica sería solución a un problema reconocido por todos, sin embargo, este esfuerzo sólo queda en las intenciones, pues no se dota de fuerza suficiente al Ministerio de Medio Ambiente para que se ponga en un plano de superioridad o siquiera de igualdad frente al resto de los ministerios sectoriales en cuanto a sus competencias ambientales, ya que cada ministerio si lo estima necesario y conveniente a total discreción y por consideraciones de cualquier naturaleza, puede someter o no sus políticas al examen de una Evaluación Ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

En otro orden de materias, hace constar que una de las principales críticas que se le hace al sistema actual de gestión ambiental es la alta dependencia política de los órganos que la llevan a cabo: CONAMA y COREMAS, principalmente. En la normativa vigente CONAMA posee competencias y funciones que mediante la reforma se proponen adjudicar correctamente: funciones políticas para el Ministerio y funciones resolutivas y técnicas en otras instituciones. Al ser visto así, no cabe duda que una evolución seria y natural hubiese sido terminar con el carácter preeminentemente político de la Comisión, pues esas funciones radicarían en el Ministerio, y en segundo, crear un Servicio de Evaluación Ambiental que tuviera mayor hincapié en la experticia de quienes lo integran, de modo de garantizar tanto la imparcialidad como la calidad de la resolución adoptada.

No obstante lo anterior, el proyecto en análisis opta por conservar la conformación política del Servicio de Evaluación Ambiental, lo que no tiene justificación racional alguna, pues como ya dijimos, las funciones políticas de CONAMA quedarían radicadas en el Ministerio del Medio Ambiente.

Agregó que el artículo 82 del proyecto establece la composición de la Comisión que calificará los proyectos, pero se limita a reemplazar a una autoridad política por otra. Consecuentemente, propuso considerar que las nuevas comisiones regionales integren además, al Jefe de la Unidad de Medio Ambiente de los municipios que hayan informado el Estudio; dos miembros del Consejo Consultivo elegidos en una sola votación por el Consejo Consultivo Regional, y a dos profesionales del área de los recursos naturales y/o ingeniería ambiental, nombrados por el sistema de la Alta Dirección Pública.

En otro orden de materias, expresó que el dilema de la participación ciudadana, su alcance, relevancia dentro del sistema, vinculación, etc., es quizás lo que más críticas motiva en el SEIA. Justificó las mismas en que en la participación se ve reflejada la real proyección o imagen social que tiene el Sistema, sobre si funciona efectivamente, si da solución a los problemas ambientales suscitados con motivo de un proyecto que ingresa al SEIA, si se hace cargo o no de las legítimas inquietudes de los posibles afectados. Tiene la impresión que la participación ciudadana ha sido tomada por la administración como un trámite formal, sin atender que tras esta institución subyace la instrumentalidad del Estado al servicio de las personas y del bien común, así como el respeto a importantes garantías constitucionales.

En su opinión, el proyecto analizado reconoce la existencia y la envergadura de la crítica hacia la escasa participación ciudadana de la actual normativa, pero no se hace cargo del tema de fondo. La única reforma que se hace respecto al tema es la inserción del inciso segundo del artículo 29. Si bien reconoció que esta modificación constituye una reforma absolutamente necesaria, señaló que se mantienen algunas falencias que se debieran tratar de subsanar.

Una falencia importante que no es modificada es la disposición del artículo 29 inciso cuarto, en relación al recurso de reclamación del cual son titulares las personas y organizaciones que participaron debidamente en el SEIA, cuya regla de que la interposición del recurso no suspende nunca los efectos de la resolución recurrida no se justifica, así como tampoco se justificaría la norma contraria, pero se debe dar la posibilidad a los mismos órganos que conocen de la reclamación para que suspendan tales efectos, a solicitud de parte y por resolución fundada. Consideró que de la resolución sobre estas reclamaciones, debería poder apelarse a la justicia ordinaria, propuso que esto se haga a una sala especializada de Corte de Apelaciones.

Asimismo, señaló que como corolario de la importancia que debe darse a la participación ciudadana dentro del sistema, debiese incluirse una disposición que establezca que si las respuestas del titular de un proyecto a las observaciones ciudadanas resultaren evidentemente insatisfactorias o incompletas, el proyecto puede ser rechazado de plano por la autoridad.

Propuso las siguientes medidas para perfeccionar la participación ciudadana respecto de los proyectos y actividades que ingresen al sistema vía Estudio:

- Imponer que además de la publicación del extracto en medios de prensa los datos mínimos del proyecto y las indicaciones para acceder a la información relevante, así como el plazo de participación ciudadana se exhiban al público en el lugar de emplazamiento del proyecto, privilegiando las vías públicas de tránsito.

- Que la resolución que declara la admisibilidad del proyecto determine las medidas mínimas que la autoridad impone para la información de la ciudadanía en el área de influencia del proyecto, las que deberán incluirse en el extracto.

Que en el caso de proyectos que puedan tener efectos ambientales muy significativos o poner en riesgo la salud de la población, la autoridad pueda conceder de oficio un plazo adicional de 15 ó 30 días hábiles; si no lo hiciere de oficio, cualquier persona debe poder solicitar esta ampliación.

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La Vicepresidente de Desarrollo Sustentable de Soquimich, en representación de la Sociedad Nacional de Minería, expresó que su sector comparten los lineamientos generales de la iniciativa en tramitación, no obstante que dará a conocer algunas observaciones e inquietudes, agrupadas por temas con sus respectivas proposiciones.

Las principales inquietudes son:

1.- Fortalecer la seguridad jurídica del proceso y derechos adquiridos en la evaluación ambiental. En general, consideró que existe la necesidad de dotar de mayor estabilidad jurídica al procedimiento de evaluación ambiental y a los derechos que emanan de él.

Para lograr este propósito, sugirió:

- Delimitar la caducidad de la RCA como sanción a la no ejecución de proyecto.

- Considerar que la demora en la ejecución del proyecto se puede deber a hechos que no dependan de la voluntad del titular. Las dificultades de acceso a financiamiento y demora en la obtención de permisos pueden afectar el inicio del proyecto.

- Posibilitar que el titular, si al final del plazo de caducidad no ha dado inicio a la ejecución del proyecto, pueda presentar al Servicio de Evaluación Ambiental una petición para que se declare que la RCA sigue vigente, debiendo acreditar que no se han verificado cambios relevantes en los elementos esenciales sobre la base que se emitió la RCA. El inicio de ejecución de un proyecto debe ser la fecha en la que se solicitan los permisos ambientales y/o sectoriales a los órganos del Estado.

- Eliminar la prohibición de extender la suspensión de plazos de evaluación.

- Limitar el plazo para responder adecuadamente a las observaciones de los servicios puede afectar la calidad de la evaluación.

- Mantener la suspensión de común acuerdo y con el objeto de evitar las continuas postergaciones, se propone que la solicitud del titular debe ser fundada.

- Establecer la Revisión de la RCA como una excepción aplicable a variables ambientales relevantes que no evolucionen según lo previsto.

- Ponderar la facultad de revisión con la necesidad de los titulares de tener estabilidad y certeza para el desarrollo de sus proyectos.

- Asegurar una respuesta rápida de la Administración considerando la aplicación del silencio administrativo positivo, cuando existe una petición de revisión.

- Evitar la posibilidad de imponer determinas tecnologías a proyectos y normas. La imposición forzada de determinadas tecnologías puede transformarse en un verdadero impedimento para la ejecución de un proyecto.

- Privilegiar el cumplimiento de objetivos ambientales dejando a los usuarios la forma de dar cumplimiento a los objetivos tales como planes, normas, RCA, etc.

- Promover una participación ciudadana compatible con la evaluación de los estudios de impacto ambiental, participación que es valorada por el sector minero. Sin embargo, consideró que se debe buscar una forma de ampliarla a los casos de modificaciones sustantivas, que permita compatibilizar la participación con la necesidad de tramitar adecuadamente los EIA.

2.-- Incorporar incentivos reales al cumplimiento preventivo de la normativa ambiental, para ello se debe fomentar el cumplimiento preventivo de la normativa y generar incentivos a permanecer en el sistema regulado, en contraposición a un sistema con énfasis en la sanción, y fortalecer los mecanismos de orientación e información.

Por consiguiente dio a conocer las siguientes propuestas:

- Dotar a la Superintendencia de facultades preventivas orientadas a la asistencia al cumplimiento.

- Crear un centro de asesoría técnica al cumplimiento, elaborando guías de buenas prácticas, orientación, programas de auditorias, entre otros.

- Perfeccionar la autodenuncia, para lo cual se debería cambiar el sentido de la misma ya que no produce incentivos para los regulados. Permitir en este procedimiento la presentación de un programa de cumplimiento preventivo y generar una reducción real en la potencial sanción que se le pudiere aplicar.

- Establecer una responsabilidad ambiental de los representantes legales de las empresas con un carácter subsidiario y no solidario. No constituye un incentivo directo al cumplimiento, implicará, más bien, una traba económica de ingreso al SEIA por los costos de seguros, especialmente para PYMES. La responsabilidad subsidiaria es garantía suficiente de cumplimiento.

- Dotar de transparencia a los programas y subprogramas de fiscalización y de amplitud a los programas de cumplimiento. Propone la publicidad de los programas y subprogramas como un mecanismo de incentivo al cumplimiento voluntario y preventivo de la normativa y no impedir la alternativa de presentar programas de cumplimiento a quienes hayan sido sancionados.

- Implementar la certificación de cumplimiento por parte de terceros acreditados como un mecanismo voluntario y no impuesto.

La Superintendencia se encuentra facultada para imponer esta fiscalización en razón de meras “insuficiencias operativas” de los servicios u otra causa calificada por ella misma. Imponer esta fiscalización por deficiencias de planificación presupuestaria u otras causas puede dar lugar a arbitrariedades. Se propone una fórmula que promueva un Sistema Voluntario de Fiscalización, de manera que la certificación de cumplimiento por parte de terceros acreditados, sea una alternativa a la fiscalización por parte del Estado y para que constituya un incentivo para su uso, se propone que los resultados de tales certificaciones tengan un valor jurídico equivalente a la fiscalización de los servicios públicos

3.- Fortalecer el fundamento técnico en la adopción de la Resolución de Calificación Ambiental y lograr una efectiva integración regional de la Comisión de Evaluación. Se debe fomentar la coherencia entre lo señalado durante el procedimiento de evaluación ambiental y la resolución adoptada por la Comisión de Evaluación y fortalecer una integración regional en los miembros de la Comisión de Evaluación.

Para ello se requiere:

- Asegurar una coherencia en la decisión de la evaluación ambiental.

- Establecer criterios mínimos de fundamentación en la Resolución de Calificación Ambiental y una mayor vinculación del Informe Consolidado de la Evaluación con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

4.- Incorporar en la Nueva Institucionalidad el deber de promover un Desarrollo Sustentable.

- Compatibilizar preservación ambiental con sustentabilidad ambiental, como un elemento clave en la definición de las competencias de la nueva institucionalidad.

- Dotar al Ministerio del Medio Ambiente de competencias balanceadas hacia el desarrollo sustentable.

- Incorporar entre las atribuciones del Ministerio el deber de promover un desarrollo sustentable, en los términos actualmente definidos en la Ley Nº 19.300 de Bases del Medio Ambiente.

- Incorporar entre las atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente la competencia para regular los bienes y sitios pertenecientes al patrimonio cultural, con el objeto de mantener una coherencia de la definición de Medio Ambiente como un “sistema global” que incorpora no sólo el medio natural, sino que también el creado por el hombre.

- Incorporar a los Ministerios de Obras Públicas y de Minería al Comité de Ministros

5.- Evitar la concentración de atribuciones de interpretación, fiscalización y sanción en un solo órgano del Estado, para lo cual se deberá reevaluar las competencias de la Superintendencia de Medio Ambiente de manera de evitar la excesiva concentración de atribuciones en un solo órgano, dejando en dicho órgano las facultades de fiscalización.

Con la finalidad de alcanzar dicho propósitos se sugiere:

- Transferir al Servicio de Evaluación Ambiental las facultades de interpretar la RCA, definición de la obligación de ingreso al SEIA, y de la calificación de modificación de consideración de un proyecto o actividad. El órgano más calificado para efectuar tal interpretación, es el Servicio de Evaluación Ambiental el que tiene el conocimiento técnico de la evaluación ambiental de los proyectos y conoce las condiciones y exigencias establecidas en la evaluación ambiental. Además, lo más eficaz es que el órgano que dicte una norma (RCA) sea el más competente para interpretarla.

- Traspasar al Ministerio de Medio Ambiente las facultades de interpretación de las normas de emisión y calidad, y planes de prevención y descontaminación. El Ministerio es el órgano encargado de dictar dichas normas y planes por lo cual es el órgano más idóneo para interpretar las obligaciones que derivan de ellos.

6.- Evitar la duplicidad de competencias en la generación de normas ambientales y sectoriales por lo que se deben reevaluar las competencias del Ministerio del Medio Ambiente de manera de evitar la duplicidad de competencias y la inconsistencia en la generación de normativa ambiental y sectorial con implicancias ambientales.

Consecuentemente, las propuestas son:

- Otorgar al Ministerio del Medio Ambiente la facultad para participar en la elaboración de normas sectoriales en materia que incidan en aspectos ambientales. Lo anterior en adición a su facultad para elaborar planes y normas de calidad y emisión.

- Incorporar materias tales como afectación del paisaje, del patrimonio cultural, del bosque nativo, de vegas y bofedales, entre otras.

- Instar a la transversalidad y multisectorialidad en la elaboración de normas, planes y políticas sectoriales con implicancias ambientales, de manera que exista una coherencia normativa durante la elaboración de la normativa sectorial ambiental a través del trámite de “consulta previa” al Ministerio de Medio Ambiente, o asumiendo éste un rol coordinador en tal elaboración.

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El señor Bermúdez Profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, expuso sobre el ARTÍCULO SEGUNDO que crea la Superintendencia del Medio Ambiente y, en especial, respecto del Título III, Párrafos 1° y 2°, de las infracciones y de las sanciones, respectivamente.

Sobre el particular, señaló que uno de los fundamentos de la legislación propuesta es la manifestación de un principio de derecho ambiental administrativo que es el principio de “contaminador–pagador”, que básicamente señala que quien desarrolla o produce bienes y servicios debe soportar el costo ambiental en que se incurre para poder desarrollarlos o ponerlos a disposición de la sociedad. Este principio evoluciona hacia otro tipo de manifestaciones, porque no sólo quien produce el bien o servicio se beneficia, sino también el consumidor; y esto no se hace sólo por vía de reparación, sino también por las multas, del autocontrol, donde el productor se hace cargo de demostrar que responde a las exigencias medioambientales. La obtención de permisos o calificaciones ambientales, pueden tener un costo del que no necesariamente deba hacerse cargo el Estado y una de las principales manifestaciones está dada por los costos de reparación o compensación ambiental, que deben ser asumidos por quien origina detrimento al medio ambiente.

Los instrumentos para alcanzar estos objetivos son múltiples y dependerán de la configuración que tenga el Estado, desde las figuras de eco-impuestos o impuestos verdes hasta el establecimiento royalties o costos de procedimientos que deben ser asumidos por el particular y en casos de transgresión, así como del el pago de multas o costos de la infracción y de la reparación del daño ambiental.

Específicamente, sobre la Superintendencia, servicio público funcionalmente descentralizado y que dependerá del Ministerio de Medio Ambiente, explicó que las funciones están entregadas en razón de las competencias que le dan su razón de ser, que es la fiscalización en materia ambiental. Entre éstas destaca la de fiscalización, que dice relación con instrumentos de gestión ambiental, competencias interpretativas, de regulación, sancionatorias en sus dos dimensiones, la primera como consecuencia negativa que afecte al particular y una competencia sancionadora en sentido estricto, en cuanto impone sanciones administrativas.

En cuanto fiscalizador, su competencia está referida al cumplimiento de los contenidos de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas e instrumentos de los Planes de Prevención y Descontaminación y también en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, tiene competencia para fiscalizar el cumplimiento de leyes y normas sobre residuos líquidos industriales y también para el cumplimiento de sus propias instrucciones generales, sobre todo en materia de monitoreo y de aplicación de normas ambientales en particular sobre el cumplimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental.

En materia interpretativa, puede interpretar el sentido y alcance de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las de calidad y de emisión, previo informe del organismo competente. Tiene también una competencia regulatoria para poder emitir estos protocolos para el examen, control y medición de las normas de calidad y de emisión. Estas competencias, más la que permite aplicar sanciones, son típicas de una Superintendencia, presentes en organismos públicos con esa denominación o que ejerzan competencias similares.

Si se analizan las Superintendencias, se puede constatar que se refieren a lo que se denomina mercados regulados o a algún tipo de particular o empresa que prestan un servicio de utilidad pública, esto es, se habla de particulares que, previa relación con la administración, en atención a la tarea que realizan, dada su importancia es que la administración tiene un poder especialmente relevante sobre estos particulares.

En relación con las sanciones, se hizo constar que existen las sanciones administrativas propiamente tales que tiene el proyecto, luego, en cuanto es una imposición desfavorable están las medidas provisionales cuando se ha detectado incumplimiento y se produce un daño, se puede solicitar al Servicio de Evaluación Ambiental que caduque la Resolución de Calificación Ambiental cuando esta no ha sido ejecutada en un plazo de 3 años, elabora planes de fiscalización que representarán una orientación en el ejercicio de estas competencias y acredita a entidades certificadoras que cooperarán con esta facultad fiscalizadora.

El elemento común a todas ellas es la restricción que existe en la esfera de libertades o de patrimonio de los particulares, pero la restricción más intensa será aquella con relación a la imposición de sanciones. Estas pueden ser la amonestación, la imposición de multas, la clausura parcial o definitiva y la eventual revocación de la R. C. A.

La pregunta que, legítimamente, cabe hacerse es si ¿es constitucional que un servicio público pueda imponer este tipo de sanciones? ¿Es una función jurisdiccional o administrativa?

Al respecto hay que tener presente que la función jurisdiccional, en cuanto determinación de las normas aplicables, es algo que no sólo corresponde a los Tribunales de Justicia, sino que realiza también la Administración del Estado; porque cada vez que la Administración del Estado dicta una acto administrativo, sea el que fuere su contenido, la administración lo que hace es determinar la normativa aplicable para cada acto. Entonces, cuando se dicta una R.C.A. la administración lo que hace es decir este es el ordenamiento jurídico aplicable al caso.

En todo caso, no es posible desconocer que la jurisdicción tiene un elemento importante que es la existencia de un tercero imparcial e independiente que aplicará esa norma, que resolverá el conflicto entre las partes con pretensiones contrapuestas.

En el ámbito administrativo esta relación es UNILATERAL, siempre, en que la administración representa un interés colectivo, por lo cual no es imparcial, con un interés público, que hace presente el bien común y la satisfacción de necesidades colectivas, velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico y verá si sanciona o no.

El tercero imparcial, que es un juez, podrá revisar y determinar que lo que hizo la administración es correcto o no en cuanto ajustada a derecho, que en principio se asume que es así, pero luego será el juez quien decida respecto a ello.

Esto es constitucional, así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia rol N° 792, de 2008, en su considerando 16°, en una causa que refiere a la potestad sancionatoria de la autoridad sanitaria, en que señala “que si bien puede resultar lícito que los órganos fiscalizadores puedan, previo al proceso judicial y en el ámbito administrativo, determinar la existencia de una infracción y la cuantía de la multa, con lo que se pronuncia sobre la facultad fiscalizadora y sancionatoria, la sanción no puede estimarse como cierta e irrevocable por el ordenamiento jurídico sino una vez que no haya sido reclamada, o si habiendo sido reclamada esta ha sido fallada en sede jurisdiccional independiente.”.

Esto es lo que se establece en el proyecto de ley, porque cuando la Superintendencia aplica la sanción según su potestad sancionadora, queda a salvo la vía judicial.

Sobre la tipificación de infracciones ambientales y su consiguiente sanción. Parece ser que en pocas normas de rango legal se han determinado tan claramente las infracciones y su respectiva sanción, porque en otras regulaciones, como los de la SEC por ejemplo, están regulados de manera mucho más amplia de lo que aparecen acá, los tipos infraccionales y administrativos que se dan en esa normativa son bastante más amplios, por lo que uno podría dudar con mayor fundamento de la constitucionalidad de esas normas. No menos importante, es que si bien se establecen rangos de sanciones muy amplios en su cuantía, esto queda acotado a ciertos tipos de rangos de multas son para cierto tipo de hechos, de manera que en ese punto se ha acotado la discrecionalidad administrativa.

Es común escuchar que los principios de orden penal, se extrapolan, se extienden y se aplican al ámbito administrativo sancionador, sin embargo debe entenderse correctamente: Estos principios se aplican con matices y morigeraciones, una de estas últimas es la tipificación que no necesariamente debe ser completa en el ámbito legal, porque puede ser completada por otros instrumentos normativos, que es lo que ocurre acá. Hablar de incumplir la R. C. A. implica recurrir a ella para saber de qué estamos hablando, pero ello satisface el requisito Constitucional, porque lo que importa es que el núcleo esencial de la conducta esté descrita en la norma de rango legal, como lo han sostenido la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.

En todo caso, es necesario considerar algunos aspectos que se podrían perfeccionar, tales como uno que dice relación con la competencia de la Superintendencia de elaborar un programa de fiscalización, el que se aprueba por una resolución con carácter de reservada hasta que luego se publica la resolución al igual que los resultados de la aplicación del programa.

Hizo constar que el establecer el carácter reservado de una resolución va en contra de la tendencia actual de la administración del Estado, como es la norma contemplada en el artículo 8° y la ley de Acceso a la Información Pública. Pero además, si se va a establecer un programa de fiscalización dónde se diga que ciertos sectores serán fiscalizados con mayor fuerza, eso podría permitir mejorar los rangos de cumplimiento.

La relación entre la reposición de resolución sancionadora y la posibilidad de recurrir de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones. En el derecho administrativo general, se regula de manera que si se interpone reposición se interrumpe el plazo para reclamar de ilegalidad. Acá se establece, pero con una restricción, pues se interrumpe el plazo siempre que el recurso administrativo haya versado sobre alguna causal del reclamo de ilegalidad, es decir, si el recurso administrativo es por una causal distinta o no se encuentra bien fundado puede que no interrumpa el plazo de 10 días y que por lo tanto pierda la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones,

Respecto al principio de non bis in idem, del artículo 59, donde se establece que se aplicará la sanción más alta, pero en realidad parece que el artículo no está bien redactado, porque ¿A quién le corresponde aplicar esa sanción? ¿A la Superintendencia, que tiene una competencia determinada respecto de que se puede fiscalizar, o al organismo sectorial? Va también contra lo que establece la jurisprudencia administrativa sobre el tema y contra la idea de que esté concentrado en el ámbito de la Superintendencia.

La jurisprudencia administrativa, de la Contraloría General de la República ya había que dicho que ante un proyecto que tiene R.C.A., es la COREMA la que sanciona en virtud del artículo 64, entonces se debe aplicar esa misma doctrina, sancionando y fiscalizando un proyecto que tiene R. C. A., quien tiene la facultad para sancionar es la Superintendencia, más allá del monto de la sanción. Lo otro que aparece es una superposición de facultades, porque nadie se desprende de ellas, no se le borran competencias a otros organismos sectoriales, por lo que estas normas debieran tener más claridad, de manera que habiendo R.C.A., planes de prevención y de descontaminación que hay que fiscalizar, debiera ser la Superintendencia y no otro organismo que fiscalizase.

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El señor Fermandois, Profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, remitió su opinión por escrito respecto de la constitucionalidad del Título III del proyecto de ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, en el que señala que tras estudiar con atención el Título III referido a las infracciones y sanciones, formula cinco reflexiones en cuanto a su constitucionalidad:

1ª.- El proyecto eleva a la Superintendencia a la calidad de Magistratura Ambiental de Primera Instancia.

El proyecto en cuestión, por la amplitud, profundidad e intensidad de las atribuciones que confiere a la Superintendencia del Medio Ambiente, transforma a dicha entidad en un órgano jurisdiccional pleno de primera instancia. Se desborda de este modo el plano meramente fiscalizador y cautelar que por naturaleza corresponde a un órgano administrativo, transformando a la Superintendencia del Medio Ambiente en una verdadera magistratura ambiental de primera instancia. Lo anterior pugna con lo preceptuado por el artículo 76 inciso primero de la Constitución Política de la República.

La Superintendencia del Medioambiente no podría gozar de atribuciones jurisdiccionales ni aún si éstas le fueren conferidas en virtud de una ley orgánica constitucional. Ello por cuanto la Superintendencia es un órgano de exclusiva confianza del Presidente de la República y el artículo 76 de la Carta Fundamental señala que éste en caso alguno puede ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.

Con todo, cierto grado de colaboración de la Administración en la función jurisdiccional es admisible. Sin embargo, dicha colaboración tiene un límite, pero en el proyecto dicho límite se extiende hasta el punto en que el órgano administrativo deja de desempeñar un rol de colaboración con la jurisdicción y pasa a confundirse con un órgano jurisdiccional, como ocurre en el proyecto en comento.

Los siguientes elementos permiten concluir lo anterior:

i) Mérito ejecutivo de las resoluciones de la Superintendencia

El artículo 45 inciso primero del proyecto de ley establece que “Las resoluciones de la Superintendencia que apliquen multa tendrán mérito ejecutivo”. De este modo, se pretende equiparar las resoluciones de la Superintendencia, en cuanto a sus efectos, a la misma calidad que las sentencias firmes de los tribunales ordinarios de justicia.

ii) Apelación a las resoluciones de la Superintendencia debe interponerse para ante la Corte de Apelaciones, artículo 55 inciso primero del proyecto.

El que la apelación de las resoluciones de la Superintendencia deba interponerse, tal como sucede respecto de las resoluciones de un tribunal ordinario de primera instancia, para ante las Cortes de Apelaciones, revela nuevamente que el proyecto equipara a la Superintendencia a un tribunal de justicia de primera instancia, plenamente jurisdiccional. En efecto, lo natural sería que, al tratarse la Superintendencia de un órgano administrativo y no de una magistratura, las apelaciones en contra de sus resoluciones se interpusieran para ante un tribunal ordinario de primera y no de segunda instancia.

2ª.- Sobre la facultad de la Superintendencia de imponer indemnizaciones de carácter compensatorio.

El artículo 43 inciso primero del proyecto faculta a la Superintendencia para imponer al sancionado la obligación de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes, o, al menos, a restablecer sus propiedades básicas. Se trata claramente de la imposición de una obligación de hacer, que tiene la naturaleza civil de una indemnización compensatoria. La imposición de una indemnización compensatoria es, por su carácter declarativo, de competencia exclusiva de los tribunales de justicia.

3ª.- Referida a la forma en el proyecto limita el deber de cautelar de los Tribunales de Justicia.

El artículo 56 del proyecto regula aspectos de la apelación interpuesta en contra de resolución de la Superintendencia, estableciendo en su inciso segundo que “La Corte no podrá decretar medida alguna que suspenda los efectos del acto reclamado, cuando la suspensión de los efectos de la resolución pueda afectar la salud de la población o la preservación del medio ambiente.”.

Esta norma priva a las Cortes de Apelaciones del ejercicio del deber cautelar, intrínseco a todo tribunal de justicia, impidiéndoles modificar los efectos de un acto administrativo que no se encuentra firme. La disposición implica una limitación a la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, atribución que la Constitución, en su artículo 76, ha conferido exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.

4ª. Enfocada en la garantía del debido proceso, resguardada por el artículo 19, N° 3, inciso quinto de la Carta Política, las medidas provisionales del artículo 48 del proyecto atentan contra esta garantía.

El artículo 48 del proyecto enumera una serie de “medidas provisionales”, que la Superintendencia podrá adoptar una vez iniciado el procedimiento sancionador, con el objeto de garantizar la eficacia del acto administrativo sancionador. Dentro de dichas medidas se comprenden algunas que afectan gravemente ciertos derechos que la Constitución asegura a todas las personas, como la detención del funcionamiento de las instalaciones, la clausura temporal parcial de éstas e incluso la clausura temporal total de las mismas. La ley no señala con precisión cuándo puede la Superintendencia adoptar cada una de estas medidas, sino que concede a ésta gran discrecionalidad.

El debido proceso, resguardado por el artículo 19 N° 3 de la Constitución, exige que tales medidas se apliquen con autorización judicial previa, y no en forma unilateral, o que a lo menos proceda un recurso especial expedito en contra de la resolución que las adopta. Nuestra jurisprudencia constitucional ha objetado que los tribunales ordinarios procedan unilateralmente, señalando que el principio de bilateralidad de la audiencia admite sólo muy calificadas excepciones. Con mayor razón, entonces, no es lícito que un órgano administrativo proceda de esa forma.

5ª.- Respecto del derecho de asociación, consagrado en el artículo 19, N° 15 de la Constitución.

Cabe señalar, por último, que el artículo 45 del proyecto vulnera el derecho de asociación, consagrado por el artículo 19 N° 15 de la Constitución, cuyo inciso primero garantiza a todas las personas “El derecho de asociarse sin permiso previo”. En efecto, el artículo 45 inciso cuarto del proyecto establece que “Si el infractor fuera una persona jurídica, las personas naturales que la representen legalmente o que actúen en su nombre serán solidariamente responsables del pago de la multa” La anterior disposición no sólo se opone al derecho de asociarse sin permiso previo, sino también al derecho –consustancial al derecho de asociación- de obrar por un ente distinto de las personas que lo componen.

Semejante levantamiento del velo sólo puede caber frente al fraude, situación de índole penal, y no puede tener lugar respecto de situaciones meramente infraccionales, privando a las personas naturales de los derechos que persiguieron –y adquirieron- al asociarse.

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La señora Ministra Presidenta de Conama, valoró el trabajo realizado por la Comisión durante este periodo de audiencias el cual posibilitó que diversas organizaciones gremiales, no gubernamentales y centros de estudios dieran a conocer su opinión sobre el proyecto de ley.

Asimismo, recordó que el objetivo básico de este proyecto es crear el Ministerio, -definición de políticas, regulación-, el Servicio de Evaluación Ambiental, -administración de SEIA, información de líneas de base, y la Superintendencia para la gestión de un sistema integrado de fiscalización ambiental.

El proyecto tiene una lógica sistémica en que las competencias y atribuciones están relacionadas con el objeto de lograr mayor eficiencia y eficacia en la gestión pública ambiental.

Cada una de las instituciones convocadas realizó sus observaciones, sugerencias y reparos, algunas de ellas por estar referidas al anteproyecto, superadas por la normativa en actual tramitación. Respecto de otras, anunció que el Gobierno tiene la manifiesta intensión de incorporar muchas de ellas.

Seguidamente, el Asesor Jurídico de la CONAMA, se refirió a las observaciones esenciales y a las alternativas disponibles.

Respecto de la creación del Ministerio de Medio Ambiente señaló que la mayoría de los invitados concuerda con la proposición del Ejecutivo aun cuando algunos se mostraron partidarios de mantener un Consejo de Ministros. Los que se manifestaron contrarios a la creación del Ministerio basaron su desacuerdo en la supresión del Consejo de Ministros y la desaparición del principio de la transversalidad, amén de no considerar la variable de sustentabilidad.

Al respecto, hizo presente que el Ejecutivo está dispuesto a reestablecer el Consejo, pero con una óptica distinta ya que sería el órgano encargado de la sustentabilidad, lo cual a su vez permitirá ordenar variados aspectos del proyecto.

Sobre las atribuciones que se otorgan a esta Ministerio, hizo constar que la mayoría de los convocados solicitaron aclaraciones y precisiones sobre verbos rectores, asociados a las competencias del Ministerio. Hizo constar que están dispuestos a realizar todas las precisiones que se estimen necesarias, en el contexto de los objetivos señalados anteriormente.

En cuanto a la creación de la Superintendencia, valoró el acuerdo transversal que existe respecto de la necesidad de crear este organismo fiscalizador. No obstante, hizo presente que se hicieron innumerables observaciones relacionadas con las competencias, las que se pueden ordenar del siguiente modo:

- Competencias que van más allá de lo estrictamente fiscalizador a juicio de los interesados tales como interpretación de las RCA, planes y normas.

- Juez y parte.

- Concentra mucho poder y demasiada discrecionalidad.

- Garantías de procedimiento, por ejemplo, criterios de multas, graduación de las sanciones.

- Duplicidad de competencias con otros servicios.

Sobre el tema, anunció que el Gobierno está dispuesto a buscar mecanismos de reasignación de competencias de interpretación respecto de las RCA, normas y planes, así como a presentar indicaciones para establecer diferencias entre fiscalización, instrucción del procedimiento e instancia sancionadora, de manera de evitar la contaminación de procedimientos. Asimismo, se tratará de explicitar la competencia que concentra la Superintendencia a fin de evitar duplicidad, precisar las garantías de procedimiento en lo que dice relación con criterios de gravedad, pisos mínimos de multas, acceso a la reclamación judicial, así como a mejorar las reglas de incentivo para el cumplimiento.

Respecto de las modificaciones propuestas al Sistema de Evaluación de Impacto de Ambiental, SEIA, las observaciones dicen relación con la necesidad de precisar las causales de la revisión de oficio; inestabilidad de la RCA por la caducidad de las mismas; ausencia de ampliación de la participación ciudadana para las DIA; supresión de las DIA; preparación de los EIA por entidades independientes; innecesariedad de las evaluaciones de riesgo en salud; incluir a los municipios en el procedimiento de evaluación, insuficiencia del órgano de calificación; desde mantener la COREMA pasando por una integración con el Intendente llegando a una decisión unipersonal.

La posición del Ejecutivo sobre la materia pasa por preparar una propuesta que recoge buena parte de las observaciones respecto de las cuales existe mayor consenso desde hace muchos años.

En materia de biodiversidad, se ha planteado que es necesario proponer la creación de un Servicio para la gestión de las áreas protegidas, es indispensable actualizar la regulación general, se ha criticado la ausencia adecuada de las competencias asociadas a medio ambiente marino y la falta de actualización de la regulación general, así como la falta de precisión respecto de las competencias que pueden ser traspasadas al Ministerio.

El Ejecutivo consideró que es posible abordar este tema por la vía de precisar las atribuciones del Ministerio, pero la creación del Servicio y la actualización del marco regulatorio debería ser un tema que debe ser considerado por el futuro Ministerio del Medio Ambiente.

En materia de ordenamiento territorial, se hizo presente, la urgencia, para algunos, de que los temas sean abordados por el Ministerio del Medio Ambiente, al respecto el Gobierno ha señalado que los aspectos asociados a ordenamiento territorial, OT, serán resueltos en la regulación correspondiente, -Ordenación Urbana, modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos y Administración Regional-, sin perjuicio de los aspectos ambientales en los que deben funcionar los instrumentos vigentes.

Por su parte, los Diputados integrantes de la Comisión, valoraron los planteamientos realizados por la Ministra Presidenta de CONAMA así como la disposición para acoger los planteamientos realizados durante el estudio en general del proyecto de ley.

Asimismo, algunos señores Diputados, hicieron presente sus dudas respecto de la eficiencia de tramitar tres proyectos de ley con objetivos afines pero, a la vez, distintos, por lo que se mostraron partidarios de solicitar la división del proyecto de ley en dos iniciativas legales, desechando, finalmente, esa opción por cuanto estuvieron contestes en el hecho de que el proyecto se sustenta en la complementación de las competencias y en los dichos de la Ministra en que con este proyecto de ley se da cumplimiento a un compromiso del programa de Gobierno, el que, además, era compartido por los otros candidatos presidenciales, amén de que no existe una razón de peso para justificar la priorización de un proyecto sobre otro.

En definitiva, la Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos proporcionados en el mensaje y los entregados durante la discusión general del proyecto de ley procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los Diputados presentes señora Pascal, doña Denise (Presidenta) y señores Accorsi, don Enrique; Chahuán, don Francisco; Escobar, don Álvaro; Espinosa, don Marcos; Girardi Brieri, don Guido; León, don Roberto; Palma, don Osvaldo; Sepúlveda, don Roberto, y Vallespín, don Patricio.

B) Discusión Particular.

Epígrafes de los títulos y párrafos

Fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes, sin enmiendas.

ARTÍCULO PRIMERO.

Sustituye el Título Final de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, por otro que crea el Ministerio de Medio Ambiente, y el Servicio de Evaluación Ambiental. Este título comprende los artículos 69 a 82, inclusive.

La discusión y votación se efectuó, por artículos.

Artículo 69.

Crea el Ministerio de Medio Ambiente, encargado de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas ambientales y en la protección y conservación de la diversidad biológica y de recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuan, García- Huidobro y Sepúlveda, para intercalar, en el inciso primero, entre la palabra “promoviendo” y la expresión “la integridad”, la frase “el desarrollo sustentable,”.

Se fundamentó la indicación en que era necesario relevar entre las funciones del Ministerio de Medio Ambiente el desarrollo sustentable, considerando que éste equivale a velar también por equidades sociales.

La indicación fue aprobada, por unanimidad.

2.- Del señor Díaz, don Marcelo para eliminar la palabra “renovables”.

Se dijo a favor de la aprobación de la indicación que con ella se pretendía dejar claramente establecido que el Ministerio debe preocuparse por los recursos naturales en general. Sin embargo, se hizo constar que ambos tipos de recursos tienen tratamientos jurídicos distintos. Los recursos naturales renovables son aquellos objetos de las políticas y programas desde este sector; por su parte los no renovables tienen un tratamiento jurídico a nivel constitucional y que en términos de responsabilidad son de una gran complejidad.

La indicación fue rechazada, por seis votos contra y uno a favor.

El artículo fue aprobado, por unanimidad.

Artículo 70.

Establece las funciones del Ministerio y se encuentra dividido en 22 literales, los que fueron discutidos y votados por separados.

Letra a).

Proponer las políticas ambientales e informar periódicamente sobre avances y cumplimientos.

El Diputado señor Díaz, don Marcelo, formuló indicación a la letra a), para agregar, a continuación de la palabra “Proponer”, la expresión “y formular”.

La Ministra Presidenta de CONAMA manifestó que la formulación es el paso previo a la propuesta de una política determinada, la proposición se hace al Presidente de la República, que es quien las sanciona mediante la dictación de los actos reglamentarios correspondientes.

La indicación fue rechazada, por unanimidad.

El literal fue aprobado, por la misma votación.

Letra b).

Proponer las políticas, planes, programas y supervigilar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza, y supervisar el manejo de las áreas protegidas de propiedad privada.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo, a la letra b), para intercalar entre las palabras “programas” y “y supervigilar”; la expresión “normas”.

2.- Del señor Díaz, don Marcelo, para agregar, a continuación de la expresión “Proponer” la expresión “formular”.

Sin mayor debate, la letra b) con la indicación signada con el N° 1 fueron aprobadas, por unanimidad.

La indicación 2 fue rechazada, por unanimidad.

Letra c), nueva.

El Ejecutivo, formuló indicación para agregar la siguiente letra c):

“c) Proponer las políticas planes, programas, normas y supervigilar las áreas marinas costeras y protegidas de múltiples usos.”.

Ante una duda planteada sobre la posibilidad que esta disposición pudiese crear un conflicto entre la facultad del Ministerio de Medio Ambiente y la de los organismos sectoriales encargados del tema productivo, la Ministra precisó que no se pretende otorgar una competencia prioritaria al Ministerio para formular las políticas de resguardo de las áreas marinas costeras donde se realizan innumerables actividades, razón por la cual se denominan de “múltiples usos”.

Asimismo, señaló que estas áreas no están definidas por ley, pero que la determinación de un área protegida multiuso será atribución del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

La señora Pascal y los señores Bauer y García-Huidobro, presentaron una indicación para suprimir la conjunción “y” que se encuentra las palabras “costeras” y “protegidas”.

Ambas indicaciones fueron aprobadas, por la unanimidad de los Diputados presentes.

Letra c), que pasa a ser d).

Velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales en que Chile sea parte en materia ambiental, y ejercer la calidad de contraparte administrativa, científica o técnica de tales convenciones.

Cuando las convenciones contengan, además de las materias ambientales, otras de competencia sectorial, el Ministerio de Medio Ambiente deberá integrar a dichos sectores como contraparte administrativa, científica o técnica de las mismas.

Sin debate, fue aprobada, por unanimidad.

Letra d), que pasa a ser e).

Colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de criterios ambientales que deban incorporar en la elaboración de sus políticas y procesos de planificación, así como en el de servicios dependientes y relacionados.

Los señores Díaz, don Marcelo y el señor Vallespín, formularon indicación para agregar, a continuación de la palabra “políticas”, la frase “, evaluaciones ambientales estratégicas”.

Sin mayor debate, la letra d) y la indicación, fueron aprobadas por la unanimidad de los Diputados presentes.

Letra e) que pasa a ser f).

Proponer, de común acuerdo con los organismos competentes, las políticas ambientales, para el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1) Del Ejecutivo, para reemplazar la frase “Proponer, de común acuerdo” por la palabra “Colaborar”, e intercalar entre la palabra “Competentes,” y la expresión “las políticas” la frase “en la formulación de” y entre la palabra “aprovechamiento” y la preposición “de” la expresión “sustentables”.

2.- Del Diputado señor Díaz, don Marcelo para agregar a continuación de la expresión “Proponer” la expresión “y formular”.

Sin debate, la letra con la indicación 1, fue aprobada, por unanimidad.

Sin discusión, la indicación 2 fue rechazada, por unanimidad.

Letra f) que pasa a ser g).

Proponer políticas y formular normas, planes y programas en materia de residuos y suelos contaminados, así como la evaluación del riesgo de productos químicos, organismos genéticamente modificados y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente, sin perjuicio de las atribuciones de otros organismos públicos en materia sanitaria.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon indicación, para:

a) Suprimir la expresión “organismos genéticamente modificados”.

b) Eliminar la siguiente frase: “sin perjuicio de las atribuciones de otros organismos públicos en materia sanitaria”.

El señor Sepúlveda fundamentó las indicaciones señalando que no correspondía al Ministerio formular políticas, normas, planes y programas de organismos genéticamente modificados, ya que ello compete a otros organismos, como el SAG o SERNAPESCA.

Por su parte, la Ministra explicó que el impacto ambiental que pueden producir estos organismos, es un tema que se debe considerar. No es lo mismo tener productos endémicamente generados en nuestros suelos, incólumes a lo que son las variaciones genéticas, que tener especies que desaparecen, como el maíz del norte de Chile, en Arica.

En definitiva, se pretende ordenar un tema ambiental en relación con los organismos genéticamente modificados y no se pretende regularlos so pretexto de la calidad de vida de las personas.

Reconoció que no existe regulación legal en esta materia y que sólo se cuenta con normas administrativas, generadas vía resoluciones exentas en materias de salud y de agricultura y que la única regulación legal está en la ley de Pesca y Acuicultura y data del año 2001.

La indicación fue rechazada, por 4 votos a favor y 5 en contra.

La letra fue aprobada, por 5 votos a favor y 4 en contra.

Letra g), que pasa a ser h).

Proponer políticas y formular los planes, programas y planes de acción en materia de cambio climático. En ejercicio de esta competencia deberá colaborar con los diferentes órganos de la Administración del Estado a nivel nacional, regional y local con el objeto de poder determinar sus efectos, así como el establecimiento de las medidas necesarias de adaptación y mitigación.

Sobre este punto, señaló la Ministra, que en la medida que Chile ratifique y acuerde los tratados y convenciones internacionales, éstas se hacen vinculantes para nuestro ordenamiento jurídico interno, de manera que no podrán dictarse normas contrarias a ellas en lo futuro. Además, agregó, dentro de la estructura interna que propone el Ministerio de Medio Ambiente, está la División de Cambio Climático y cumplimiento de Convenios Internacionales.

Sin debate, fue aprobada, por unanimidad.

Letra h), que pasa a ser i).

Proponer políticas y formular planes, programas y acciones que establezcan los criterios básicos y las medidas preventivas para favorecer la recuperación y conservación de los recursos genéticos, la flora, la fauna, los hábitats, los paisajes, ecosistemas y espacios naturales, en especial los frágiles y degradados, contribuyendo al cumplimiento de los convenios internacionales de conservación de la biodiversidad.

Sin debate, la letra fue aprobada, por unanimidad.

Letra i) que pasa a ser j).

Elaborar y ejecutar estudios y programas de investigación, protección y conservación de la Biodiversidad, así como administrar y actualizar una base de datos sobre biodiversidad.

Sin debate, este literal fue aprobado, por unanimidad.

Letra k), nueva.

La señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, don Roberto, formularon indicación para agregar la siguiente letra k):

“k) Elaborar los estudios necesarios y recopilar toda la información disponible para determinar la línea de base ambiental del país y la capacidad de carga de las distintas cuencas ambientales, estableciendo los límites permitibles de actividad humana e industrial en cada una de estas, de manera de sobrepasar las normas de calidad ambiental vigentes.”.

Sobre esta indicación se planteó su inadmisibilidad atendido que está dentro de las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 65 inciso 4°, número 2 de la Constitución Política de la República, y así lo declaró la presidenta de la Comisión. Sin perjuicio de lo anterior el Ejecutivo accedió a estudiar la materia.

El Ejecutivo, formuló indicación, para agregar, la siguiente letra k):

“k) Elaborar los estudios necesarios y recopilar toda la información disponible para determinar la línea de base ambiental del país y la capacidad de carga de las distintas cuencas ambientales del país;”.

La indicación fue aprobada, por unanimidad.

Letra k) que pasa a ser m).

Colaborar con las autoridades competentes a nivel nacional, regional y local en la preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación y difusión ambiental, orientados a la creación de una conciencia nacional sobre la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, y a promover la participación ciudadana en estas materias.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, a la letra k) para intercalar:

a) Entre las palabras “educación” y “difusión ambiental” la palabra “promoción”.

b) Entre las frases “protección del medio ambiente”, y “la preservación de la naturaleza” la expresión “desarrollo sustentable”.

c) Entre la palabra “ciudadana” y la expresión “en estas materias”, la palabra “responsable”.

Sin mayor debate, el literal con las indicaciones fueron aprobados, por unanimidad.

Letra l), que pasa a ser n).

Coordinar el proceso de generación de las normas de calidad ambiental, de emisión y de planes de prevención y/o descontaminación, determinando los programas para su cumplimiento.

Se presentó una indicación de la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para intercalar, entre la palabra “Coordinar” y la expresión “el proceso”, la frase “de acuerdo a la priorización que establezca el Consejo de Ministros”.

La indicación se declara inadmisible de acuerdo a lo preceptuado en el número 2, del inciso 4° del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

El literal se aprobó, por unanimidad.

Letra m) que pasa a ser ñ).

Elaborar cada cuatro años informes sobre el estado del medio ambiente a nivel nacional, regional y local. Sin embargo, una vez al año deberá emitir reportes sobre la situación del medio ambiente a nivel nacional y regional.

Estos informes incluirán datos sobre la calidad del medio ambiente, así como un resumen ejecutivo que sea comprensible para el público en general.

Se presentó una indicación de la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en la letra m) para reemplazar en su inciso primero, la palabra “reportes” por la frase “un reporte consolidado”.

Sin debate, el literal con la indicación, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

Letras n) y ñ), nuevas, que pasan a ser o) y p).

El Ejecutivo, formuló indicación para agregar las siguientes letras:

“o) Interpretar administrativamente las normas de calidad y de emisión, los planes de prevención y/o descontaminación, previo informe del o los organismos con competencia en la materia específica y la Superintendencia del Medio Ambiente.

El Ministerio de Medio Ambiente podrá requerir a los jefes de los servicios y organismos con competencias de fiscalización en materia ambiental informes sobre los criterios utilizados por el respectivo organismo sectorial en la aplicación de las normas y planes señaladas en el inciso anterior, así como de las dudas y dificultades de interpretación que se hubieren suscitado y de las desviaciones o distorsiones que se hubieren detectado.

El Ministerio podrá, además, uniformar los criterios de aplicación y aclarará el sentido y alcance de las normas de calidad ambiental y de emisión, cuando observe discrepancias o errores de interpretación.

“p) Administrar un Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes en el cual se registrará y sistematizará, por fuente o agrupación de fuentes de un mismo establecimiento, la naturaleza, caudal y concentración de emisiones de contaminantes que sean objeto de una norma de emisión y la naturaleza volumen y destino de los residuos sólidos generados que señale el reglamento.

Igualmente, en los casos y forma que establezca el reglamento, el registro sistematizará y estimará, el tipo de caudal y concentración total y por tipo de fuente, de las emisiones que no sean materia de una norma de emisión vigente. Para tal efecto, el Ministerio requerirá los servicios y organismos estatales que corresponda, información general sobre actividades productivas, materias primas, procesos productivos, tecnología, volúmenes de producción y cualquiera otra disponible y útil a los fines de la estimación. Las emisiones estimadas a que se refiere el presente inciso serán innominadas e indicarán la metodología de modelación utilizada.”.

La Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, señaló, que esta indicación acoge las observaciones formuladas durante las audiencias públicas, en el sentido que se debían trasladar estas competencias de interpretación desde la Superintendencia hacia el Ministerio.

El Diputado señor Accorsi, presentó una indicación al inciso 2° de la letra n) para eliminar la expresión “de fiscalización”.

Las indicaciones antes señaladas, fueron aprobadas, por unanimidad.

Letra n) que pasa a ser q).

Establecer un sistema de información sobre el cumplimiento y aplicación de la legislación vigente en materia ambiental.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon indicación para suprimir este literal.

Sobre la indicación el Ejecutivo se manifestó contrario a su aprobación, toda vez que esta facultad está relacionada con otras disposiciones que contiene el proyecto de ley como es la incorporación de un párrafo nuevo de acceso a la información ambiental, donde uno de los temas tiene relación con los informes de cumplimiento de la legislación ambiental. Se destacó que es el Ministerio de Medio Ambiente quien administra la información, de manera que aprobar la eliminación de este literal, afecta de manera sustancial el proyecto.

La letra fue aprobada, por 6 votos a favor y 1 en contra, dándose por rechazada la indicación.

Letra ñ) que pasa a ser r).

Establecer convenios de colaboración con Gobiernos Regionales y Municipalidades destinados a adoptar las medidas necesarias para asegurar la integridad, conservación y reparación del medio ambiente regional y local, así como la educación ambiental y la participación ciudadana. Cuando dichos convenios contemplen transferencia de recursos, deberán contar la autorización del Ministerio de Hacienda.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon indicación a este literal para, intercalar, entre el vocablo “local”, y la expresión “así como”; la frase “teniendo en consideración criterios de desarrollo sustentable.”.

Durante el análisis de la indicación se reconoció que podría existir una buena intención al pretender incorporar criterios de desarrollo sustentable en la celebración de convenios entre el Ministerio y los Gobiernos Regionales pero se consideró que no es éste el lugar indicado para establecerlo, en especial, porque no se contemplan criterios para ello.

En definitiva, se estimó que restringía la aplicación de la norma y que, en todo caso, ella debía ser más general y no dar lugar a interpretaciones.

La indicación, fue rechazada por 7 votos en contra y 1 a favor.

La letra, fue aprobada por unanimidad.

Letra o) que pasa a ser s).

Participar en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de las políticas y planes que promuevan los diversos órganos de la Administración de conformidad a lo señalado en la presente ley.

El Diputado señor Chahuán, formuló indicación para sustituirla, por la siguiente:

“o) Realizar, junto al Consejo de Ministros, la evaluación ambiental estratégica de las políticas, planes y programas que promuevan los diversos órganos de la Administración, de conformidad a lo señalado en la presente ley.”.

El representante del Ejecutivo señaló que el objetivo perseguido con la indicación está resguardado en la redacción original de la disposición, ya que la Evaluación Ambiental Estratégica si bien considera la participación del Ministerio de Medio Ambiente durante el procedimiento, la gestión principal, desde el punto de vista de la responsabilidad, corresponde al ministerio sectorial. Asimismo, hizo presente que el Ejecutivo formulará indicación para crear el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y una de sus funciones será la de establecer cuales serán las políticas sectoriales que deberán someterse al mecanismos de evaluación ambiental estratégica.

La Presidenta, en uso de sus facultades, declaró inadmisible la indicación, por cuanto se refiere a materias de competencia exclusiva del Presidente de la República.

El literal, fue aprobado, por unanimidad.

Letra p) que pasa a ser t).

Generar y recopilar la información técnica y científica precisa para la prevención de la contaminación y la calidad ambiental, en particular lo referente a las tecnologías, la producción, gestión y transferencias de residuos, la contaminación atmosférica y el impacto ambiental.

Sin debate, la letra fue aprobada por unanimidad.

Letra q) que pasa a ser u).

Administrar la información de los programas de monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, proporcionada por los organismos competentes, cuando corresponda.

Sin debate, la letra fue aprobada por unanimidad.

Letra r) que pasa a ser v).

Financiar proyectos y actividades orientados a la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio ambiental, la educación ambiental y la participación ciudadana.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon indicación para intercalar, entre las expresiones “patrimonio ambiental” y “la educación ambiental”, la frase “el desarrollo sustentable.”.

El representante del Ejecutivo manifestó que el concepto de desarrollo sustentable se encuentra en el texto original de la ley 19.300, así como también está incorporado como uno de los objetivos del Ministerio. Destacó que esta disposición constituye un instrumento específico de intervención de política pública, que tiene que ver con las actividades de preservación, conservación, educación y de participación ciudadana. En definitiva, el desarrollo sustentable constituye un objetivo de política pública perseguido a través de este tipo de instrumentos. Además, precisó que esta norma es la base del Fondo de Protección Ambiental, que tiene líneas de financiamiento para las comunidades.

La indicación, fue rechazada, por 7 en contra y dos a favor.

El literal, fue aprobado, por unanimidad.

Letra s) que pasa a ser w).

Realizar capacitación y actualización técnica a los funcionarios públicos, la que también podrá otorgarse a los particulares.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon las siguientes indicaciones:

a) Reemplazar la palabra “Realizar” por la expresión “Fomentar la”.

b) Intercalar entre la palabra “públicos” y antes de la coma (,) que le sigue, la frase “en materias relacionadas con las funciones encomendadas al Ministerio”.

El representante del Ejecutivo, expresó que durante el estudio y elaboración de este proyecto de ley detectaron que existe una gran distorsión en materia de conocimiento de las nuevas regulaciones ambientales que son dictadas, por lo que consideraron pertinente generar un instrumento que les permitiera instalar capacidad al interior del Ejecutivo, y en segundo lugar, educar al sector privado, en particular a las PYME.

En definitiva, el propósito de esta disposición es que el Ministerio de Medio Ambiente realice directamente la capacitación entendiendo que ella se refiere específicamente a las competencias de esta Secretaría de Estado y no a otro tipo de atribuciones. Precisó que el objetivo es entregar información y difusión de las nuevas regulaciones ambientales que está dictando la autoridad, este tipo de acción no corresponde a capacitación funcionaria ni laboral, sino que se pretende instalar capacidades para el cumplimiento de las normas ambientales.

La indicación signada con la letra a) fue rechazada, por unanimidad.

La indicación signada con la letra b), fue aprobada, por 5 a favor y 4 en contra.

Por último, la señora Pascal y los señores García-Huidobro y León, formularon indicación para agregar, a continuación de la palabra “Realizar” la expresión “y fomentar”.

La indicación fue aprobada por unanimidad, al igual que la letra s, que pasa a ser w.

Letra t) que pasa a ser x).

Crear y presidir Comités y Subcomités Operativos formados por representantes de los ministerios, servicios y demás organismos competentes para el estudio, consulta, análisis, comunicación y coordinación en determinadas materias relativas al medio ambiente.

Sin debate, la letra fue aprobada por unanimidad.

Letra y), nueva.

Los señores Díaz, don Marcelo y Vallespín, formularon indicación para agregar la siguiente letra y):

“y) Fomentar y facilitar la participación ciudadana en la formulación de políticas y planes, normas de calidad y emisión, en el proceso de evaluación ambiental estratégica de las políticas, planes y programas de los ministerios sectoriales.”.

Se expresó que en materia ambiental era necesario contar con los canales adecuados de participación ciudadana con el propósito de que ésta sea efectiva. Con normas de este tipo se pueden evitar conflictos derivados de la aprobación de determinados proyectos. La participación debe ser un componente fundamental que de legitimidad a la institucionalidad medio ambiental.

La indicación fue aprobada, por unanimidad.

Letra u) que pasa a ser z).

Asumir todas las demás funciones y atribuciones que la ley le encomiende.

Sin debate, la letra fue aprobada, por unanimidad.

Artículo 70 bis, nuevo, que pasa a ser 71.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon indicación para incorporar el siguiente artículo 70 bis:

“Artículo 70 bis.- En el cumplimiento de la normativa ambiental el Ministerio del Medio Ambiente deberá considerar el uso de todas las medidas de gestión ambiental que sean necesarias, ya sea mediante la implementación de exigencias tecnológicas o el uso de instrumentos económicos, con el fin de garantizar los estándares ambientales que la ley exige. La selección y priorización de las medidas se efectuará mediante criterios de evaluación de los costos y beneficios de éstas.”.

Tras un breve debate sobre los alcances que tendría este artículo, se declara inadmisible de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 65, inciso cuarto, N° 2, que establece la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de formación de la ley.

Se solicitó a los representantes del Ejecutivo estudiar la norma propuesta a fin de considerar su patrocinio.

Después de analizar la materia, el Ejecutivo formuló indicación, para agregar el siguiente:

“Artículo 70 bis.- En el diseño de la normativa ambiental, el Ministerio del Medio Ambiente podrá considerar el uso de todas las medidas de gestión ambiental que sean necesarias, incluidas la implementación de exigencias tecnológicas o el uso de instrumentos económicos, para cumplir con los estándares ambientales que la ley exige.”.

Sin debate, el artículo se aprobó, por unanimidad.

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El Ejecutivo, formuló indicación para introducir el siguiente párrafo:

“Párrafo 2º

Del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, Naturaleza y Funciones.”.

El Asesor Jurídico de la CONAMA, fundamentó la indicación en el hecho se con ella se recogen las observaciones formuladas en la etapa de audiencias públicas por representantes de diversos organismos, así como por parte de los señores Diputados, en orden a que si bien se ha valorado la creación del Ministerio del Medio Ambiente no ha existido consenso respecto de la supresión del Consejo de Ministros como espacio transversal para la discusión de política ambiental transversal.

Este Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, está destinado a cumplir funciones y atribuciones en materia de regulación y definición de política pública ambiental y, en definitiva, actuar como un órgano de deliberación de política pública y no como dirección superior del Ministerio, además de que concentra aquellos aspectos de la política ambiental que son transversales.

La indicación fue aprobada, por unanimidad.

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El Ejecutivo, formuló indicación para agregar los siguientes artículos:

Artículo 70 bis, que pasa a ser 72.

“Artículo 70 bis.- Créase el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por el Ministro de Medio Ambiente e integrado por los Ministros de Hacienda, de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, y de Planificación.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según el orden establecido en el inciso anterior.

Serán funciones y atribuciones del Consejo:

a) Proponer al Presidente de la República las políticas para el manejo, uso y aprovechamiento sustentables de los recursos naturales renovables;

b) Proponer al Presidente de la República los criterios de sustentabilidad que deben ser incorporados en la elaboración de las políticas y procesos de planificación de los Ministerios, así como en la de sus servicios dependientes y relacionados;

c) Proponer al Presidente de la República la creación de las Áreas Protegidas del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza y de las áreas marinas costeras y protegidas de múltiples usos;

d) Proponer al Presidente de la República las políticas sectoriales que deben ser sometidas a evaluación ambiental estratégica;

e) Pronunciarse sobre los criterios y mecanismos en virtud de los cuales se deberá efectuar la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental, a que se refiere el artículo 26 de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente;

f) Pronunciarse sobre el contenido de los planes de Prevención y/o Descontaminación; y

g) Pronunciarse sobre los proyectos de ley y actos administrativos que se propongan al Presidente de la Republica, cualquiera sea el Ministerio de origen, que contenga normas de carácter ambiental señaladas en el artículo 70.”.

El representante del Ejecutivo, entre otras materias, destacó que se propone incorporar como integrante del Consejo al Ministro de Hacienda, lo cual, en su opinión, permitirá que las decisiones de políticas públicas sean más integradas y sustentables. Asimismo, resaltó que no se consideró necesario mantener la coordinación que actualmente realiza el Ministerio Secretaría General de la Presidencia ya que la evidencia empírica de lo que ha sido el funcionamiento del Consejo Directivo de la CONAMA antes de la ley 20.173 no ha sido del todo exitosa. La señal correcta ha sido que el Ministro de Medio Ambiente era quien se debía hacer cargo de la dirección o deliberación de las políticas públicas en materia ambiental. En efecto, el Consejo de Ministros, durante la última década, ha tenido un promedio de reuniones, bajo la dirección de SEGPRES, de 5 sesiones al año. Desde el 2007, con la creación del cargo de Ministro Presidente de CONAMA, se realizaron 12 sesiones ese año y 10 el año 2008.

Respecto de la reducción del número de integrantes, expresó que se debe tener presente que se proponen dos instancias en que se reúnen los ministros: Uno es el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, dónde sólo se discute política pública y regulación general y el otro es un comité pequeño, integrado sólo por 6 ministros para la resolución de los reclamaciones al interior del sistema de las resoluciones de calificación ambiental.

Por último, se expresó que con esta proposición se está reconociendo un mecanismo de trabajo que ha existido al interior del Ejecutivo en el último año, como es el Consejo de Ministros para las Áreas Protegidas, que está estudiando una propuesta general para abordar esta materia.

- La señora Pascal y los señores Accorsi, Espinosa, don Marcos; Girardi Brieri, don Guido, y Vallespín, presentaron las siguientes indicaciones:

a) Para eliminar, en la letra c), la conjunción “y”, que se encuentra entre la expresión “marinas costeras” y la palabra “protegidas”.

b) Para eliminar la letra f).

El artículo con las indicaciones fueron aprobadas, por unanimidad.

Artículo 70 ter, que pasa a ser 73.

“Artículo 70 ter.- El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad celebrará sesiones cuando lo convoque su Presidente. El quórum para sesionar será de seis consejeros y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del Ministro Presidente o quien lo reemplace. El Consejo en su primera sesión determinará las normas para su funcionamiento.”.

Sin debate, el artículo fue aprobado, por unanimidad.

Artículo 70 quater, que pasa a ser 74.

“Artículo 70 quater.- El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad podrá sesionar en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, el que proporcionará los medios materiales para su funcionamiento. El Consejo contará con el apoyo de un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, propuesto por el Ministro del ramo y aprobado por el Consejo, quien actuará como Secretario del Consejo, correspondiéndole levantar actas de las sesiones respectivas.

Los acuerdos del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que deban materializarse mediante actos administrativos que conforme al ordenamiento jurídico deben dictarse a través de una Secretaría de Estado, serán expedidos a través del Ministerio de Medio Ambiente.

Los acuerdos del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad serán obligatorios para los organismos de la Administración del Estado al cual estén dirigidos, incurriendo en responsabilidad administrativa los funcionarios que no den cumplimiento a los mismos.”.

Sin mayor debate, el artículo fue aprobado, por unanimidad.

Párrafo 2°, que pasa a ser 3°

De la organización

Artículo 71, que pasa a ser 75.

El Ministerio tendrá la siguiente organización: Ministro, Subsecretario, Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente, Consejo Consultivo Nacional y los Consejos Consultivos Regionales.

Asimismo, se dispone que un reglamento determinará la distribución temática en las Divisiones del Ministerio, de conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las que deberán contemplar a lo menos las siguientes materias: Regulación Ambiental; Información y Economía Ambiental; Educación, Participación y Gestión Local; Recursos Naturales y Biodiversidad; Cambio Climático y Cumplimiento de Convenios Internacionales, y Planificación y Gestión.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del señor Chahuán para agregar la siguiente letra e):

“e) Consejo de Ministros”.

2.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, al inciso segundo para:

a) Intercalar, entre las expresiones “Regulación Ambiental;” e “Información y Economía Ambiental”, la frase “Desarrollo Sustentable;”.

b) Agregar, a continuación de las expresiones “Recursos Naturales y Biodiversidad” la frase “Orientación al regulado;”.

Tras un breve debate, la Presidenta, en uso de sus facultades procedió a declarar la inadmisibilidad de estas indicaciones.

El artículo fue aprobado, por unanimidad.

Artículo 72, nuevo.

El señor Chahuán presentó indicación para incorporar el siguiente artículo:

“Artículo 72.- EI Consejo de Ministros integrado por el Ministro Secretario General de la Presidencia quien lo presidirá, y por los Ministros de Medio Ambiente; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Economía, Fomento y Reconstrucción; Planificación y Cooperación; Educación; Obras Públicas; Salud; Vivienda y Urbanismo; Agricultura; Minería; Transportes y Telecomunicaciones, y Bienes Nacionales, Ie corresponderá especialmente las siguientes funciones:

1) Realizar la evaluación ambiental estratégica de las políticas, planes y programas que promuevan los diversos órganos de la Administración.

2) Dictar resolución mediante la cual se aprueben las políticas, planes y programas, así como sus modificaciones.

3) Velar por el cumplimiento del procedimiento de esta evaluación en lo relativo a su etapa de diseño, la participación de los demás organismos del Estado, la consulta publica realizada y como se ha tomado en consideración, el contenido del informe ambiental y las respectivas consideraciones ambientales y de desarrollo sustentable que debe incorporar la política, plan o programa para su dictación.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, este será reemplazado par el ministro que corresponda según el orden establecido en el inciso anterior.”.

La señora Presidenta, declaró inadmisible la indicación.

Párrafo 3° y 4°, nuevos,

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon indicación para incorporar los siguientes Párrafos 3° y 4°, al Artículo Primero del proyecto:

“Párrafo 3°

Del Consejo de Ministros para el Desarrollo Sustentable

Artículo 72 A.- Sin perjuicio de las atribuciones que esta ley confiere individualmente al Ministro de Medio Ambiente, la dirección superior del Ministerio corresponderá a un Consejo de Ministros integrado por el mismo Ministro y por los Ministros Secretario General de la Presidencia; Economía, Fomento y Reconstrucción; Hacienda; Salud; Agricultura; Energía y Minería.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según el orden establecido en el inciso anterior.

Artículo 72 B.- Corresponderá al Consejo de Ministros:

Aprobar todo lo relativo a la priorización y formulación de normas, políticas, estrategias, planes, programas, y en general, todos los instrumentos de gestión con que cuenta el ministerio para cumplir las funciones que la ley encomienda en materia ambiental y de desarrollo sustentable.

Rendir cuenta semestralmente a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, respecto del estado de avance e implementación de todas las materias encomendadas en el número anterior, especialmente en lo relativo a normas de calidad ambiental, normas de emisión, planes de prevención y descontaminación ambiental, y al Servicio de Evaluación Ambiental.

Asumir todas las demás funciones y atribuciones que la ley le encomiende.

Artículo 72 C.- Los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros se formalizarán mediante resolución del Ministerio y serán ejecutados por los organismos del Estado competentes. En caso que para su ejecución se requiera dictar un decreto supremo, estos serán expedidos por el Ministerio del Medio Ambiente.”.

Artículo 72 D. El Consejo de Ministros se reunirá periódicamente en sesiones ordinarias con una frecuencia a lo menos mensual. Su Presidente, de propia iniciativa o a petición de otro de sus miembros, podrá convocar a sesiones extraordinarias. El quórum para sesionar será de cuatro consejeros y los acuerdos se adoptarán por mayoría de los que asistan. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente del Consejo, o de quien lo reemplace.”.

“Párrafo 4°

Del Presidente del Consejo de Ministros

Artículo 72 E.- El Presidente del Consejo Directivo del Medio Ambiente será el Ministro Secretario General de la Presidencia.

Artículo 72 F.- Sin perjuicio de las atribuciones que esta ley confiere al Consejo de Ministros, corresponden especialmente a su Presidente las siguientes funciones y atribuciones:

Presidir el Consejo, citarlo extraordinariamente, fijar sus tablas de común acuerdo con los demás miembros, dirigir sus deliberaciones y dirimir sus empates;

Conducir al Consejo de conformidad con las directrices e instrucciones que en materia de política ambiental nacional, imparta el Presidente de la República;

Relacionarse con el Ministerio y supervigilar que su funcionamiento se ajuste a las políticas y normas fijadas por la dirección superior;

Velar por la coordinación en materia ambiental, entre los Ministerios, organismos y servicios públicos;

Velar por el cumplimiento de los acuerdos y políticas establecidos por el Consejo Directivo del Medio Ambiente;

Proponer al Presidente de la República, previo acuerdo del Consejo de Ministros, los proyectos de ley y actos administrativos de orden ambiental que requieran su aprobación, sin perjuicio de las atribuciones propias de otros organismos públicos en la materia;”.

Artículo 72 G.- En cada región del país habrá un Consejo Regional compuesto por los Secretarios Regionales Ministeriales de Medio Ambiente; Economía, Fomento y Reconstrucción; Hacienda; Salud; Agricultura; Energía y Minería, al cual le corresponderá definir las políticas y normas de alcance exclusivamente regional. El esquema de funcionamiento y la asignación de funciones serán equivalentes a las del Consejo de Ministros.”.

Tras una breve explicación entregada por los representantes del Ejecutivo, relacionado con el hecho de que las atribuciones de estos artículos ya se han incorporado al Párrafo 2°, nuevo, la señora Pascal (Presidenta), en uso de sus atribuciones, declaró inadmisible la indicación.

Artículo 72, que pasa a ser 76.

En cada región del país existirá una secretaría regional ministerial, dependiente técnica y administrativamente del Ministerio del Medio Ambiente.

Los secretarios regionales ministeriales deberán ejercer en lo que le corresponda las competencias del Ministerio, asesorar al Gobierno Regional para la incorporación de los criterios ambientales en la elaboración de los Planes de Desarrollo Regional, y colaborar con los Municipios respectivos en materia de gestión ambiental.

El representante del Ejecutivo precisó que la referencia a ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se debe entender en el sentido de que la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente tiene no sólo las atribuciones que le confiere la ley de Medio Ambiente, sino que además, las que señalan la ley de Gobierno Regionales.

Asimismo, concordó con la opinión del señor Vallespín en cuanto a que los Gobiernos Regionales no sólo desarrollan planes, sino también elaboran estrategias y que este último concepto debería ser incorporado en la letra b) de esta disposición.

El Ejecutivo, formuló indicación para agregar, a continuación de la palabra de “Planes”, la expresión “y las Estrategias.”.

El artículo y la indicación fue aprobado, por unanimidad.

Párrafo 3°, que pasa a ser 4°

De los Consejos Consultivos

Artículo 73, que pasa a ser 77.

Crea el Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente el que será presidido por el Ministro del Medio Ambiente y señala su integración y la forma de nombramientos de sus integrantes.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del señor Chahuán para reemplazar la letra a) por la siguiente:

“a) Un científico, propuesto en quina por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.”

2.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para reemplazar en su letra a) la frase “propuestos en quina por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas” por la oración “nombrados por los Rectores de las Universidades autónomas chilenas, en una sesión convocada especialmente para esos efectos por el Ministro de Medio Ambiente.”.

3.- Del señor Chahuán para reemplazar las letras b), c), d), e) y f), por las siguientes:

“b) Un representante de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que tengan por objeto la protección del medio ambiente.

c) Un representante de centros académicos independientes que estudien o se ocupen de materias ambientales.

d) Un representante de la Gran Empresa, propuesto en quina por la organización empresarial de mayor representatividad en el país.

e) Un representante de la pequeña y mediana empresa, propuesto en quina por la organización que represente a este sector, de mayor representatividad en el país.

f) Un representante de trabajadores del sector privado, propuesto en quina por la Central Unitaria de Trabajadores.

4.- Del señor Chahuán para agregar las siguientes letras g) y h):

“g) Un representante de trabajadores del sector privado, propuesto en quina, por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales.

h) Un representante del Presidente de la República.”.

5.- Del señor Chahuán para agregar, el siguiente inciso final:

“Este Consejo Consultivo Nacional, contará además con la participación, en carácter de miembro oficial constituyente, a un representante de cada Consejo Consultivo Regional, elegido por los miembros del respectivo Consejo.”.

Sobre las indicaciones presentadas, el Diputado señor Vallespín señaló que aparece como principio rector de ellas el reducir el número de integrantes Consejo Consultivo. Hizo presente, que le consta que el trabajo efectuado por el actual Consejo no ha sido ineficiente con la representación actual de dos personas por cada estamento, ya que ese número permite su funcionamiento, considerando que si falta uno las posibilidades de fracaso de la sesiones del Consejo son menores. Estimó que la reducción del número de integrantes, presenta dos riesgos para la institucionalidad ambiental: El primero, reduce la participación de los actores en el Consejo Consultivo y, segundo, aminora las posibilidades de funcionar adecuadamente de forma periódica.

Sin mayor debate, las indicaciones signadas con los números 1, 3 y 4, fueron rechazadas, por unanimidad.

Sobre la indicación signada con el número 2, la Diputada señora Cubillos, expresó que no se entienden las razones por las cuales se discrimina a las universidades privadas no dándoles la posibilidad de participar en el proceso de nombramiento de uno de los integrantes del Consejo Consultivo.

La señora Ministra, por su parte, expresó que en esta materia no han innovado respecto de la composición del Consejo Consultivo ni menos respecto de la forma de nombramiento de sus integrantes, puesto que éste ha tenido un funcionamiento eficiente.

La indicación fue rechazada, por 6 votos en contra y 2 a favor.

El artículo fue aprobado, por 6 votos a favor y 2 abstenciones.

La indicación número 6 fue rechazada por ocho votos en contra y uno a favor

Artículo 74, que pasa a ser 78.

Corresponderá al Consejo Consultivo absolver las consultas que le formule el Ministro del Medio Ambiente, emitir opiniones sobre los anteproyectos de ley y decretos supremos que fijen normas de calidad ambiental, de preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental, planes de prevención y de descontaminación, regulaciones especiales de emisiones y normas de emisión que les sean sometidos a su conocimiento.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo, para intercalar, entre las palabras “Ambiente” y “emitir”, la frase “el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad,”

2.- De los Diputados señores Accorsi, Chahuán, Espinosa, Vallespín y la señora Pascal, para agregar a continuación de la frase “a su conocimiento”, la oración “pronunciarse de oficio, sobre temas ambientales de interés general”.

Sin debate, indicación número 1 fue aprobada, por unanimidad.

Sobre la indicación número 2, la señora Ministra Presidenta de Conama, señaló que el propósito es otorgar al Consejo Consultivo la posibilidad de representar ante el Ejecutivo, -concretamente ante el Ministro de Medio Ambiente y asimismo ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad-; opinión en temas que pudieran ser relevantes y que no sean de aquellas materias objeto de la convocatoria.

La indicación signada con el número 2, fue aprobada, por 7 votos a favor, 1 en contra y una abstención.

El artículo fue aprobado, por 7 votos a favor y 2 abstenciones.

Artículo 75, que pasa a ser 79.

Establece que en cada región existirá un Consejo Consultivo Regional, y su composición.

Sin mayor debate, fue aprobado, por unanimidad.

Párrafo 4°, que pasa a ser 5°

Del Personal

Artículo 76, que pasa a ser 80.

Establece que el personal del Ministerio estará afecto a las disposiciones del Estatuto Administrativo y en materia de remuneraciones, a las normas del decreto ley Nº 249, de 1974, y su legislación complementaria.

Sin debate, el artículo fue aprobado, por unanimidad.

Párrafo 5°, que pasa a ser 6°

Del Servicio de Evaluación Ambiental

Artículo 77, que pasa a ser 81.

Crea el Servicio de Evaluación Ambiental como servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente y afecto al Sistema de Alta Dirección Pública.

El Ejecutivo, presentó indicación para intercalar el siguiente inciso segundo:

“Su domicilio será la ciudad de Santiago y se desconcentrará territorialmente de conformidad a lo señalado en la presente ley.”.

Sin debate, el artículo con la indicación fueron aprobados, por unanimidad.

Artículo 77 bis, nuevo.

El señor Díaz, don Marcelo, formuló indicación para incorporar el siguiente artículo 77bis:

“Artículo 77 bis.- Créase la Unidad de Mediaciones de Conflictos Ambientales.”.

La señora Pascal (Presidenta) declaró inadmisible la indicación.

Artículo 78, que pasa a ser 82.

Establece que las funciones que le corresponderá ejercer al Servicio de Evaluación Ambiental.

Se hace contar que tanto el Ejecutivo como la señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon sendas indicaciones para corregir el orden de prelación en la enunciación de las funciones del Servicio de Evaluación Ambiental, las que sin debate fueron aprobadas por la unanimidad de los Diputados presentes.

Asimismo, el Ejecutivo, formuló indicación para agregar la siguiente letra g):

“g) Interpretar administrativamente las Resoluciones de Calificación Ambiental, previo informe del o los organismos con competencia en la materia específica que participaron de la evaluación, del Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiental, según corresponda.

Cuando el instrumento señalado en el inciso anterior contuviese aspectos normados sometidos a las facultades de interpretación administrativa del organismo sectorial respectivo, el informe solicitado tendrá el carácter de vinculante para la Superintendencia en relación a esa materia.”.

A su turno, la señora Pascal y los señores Accorsi, Chahuán, Espinosa, don Marcos; García-Huidobro y Vallespín, formularon las siguientes indicaciones a la letra g):

a) Para reemplazar en el inciso primero la palabra “Ambiental”, por “Ambiente”.

b) Para sustituir en el inciso segundo la expresión “la Superintendencia” por “el Ministerio”.

El artículo con las indicaciones fue aprobado, por unanimidad.

El señor Díaz, don Marcelo, presentó una indicación para incorporar las siguientes letras nuevas:

“h) Administrar el Fondo de Asesoría.

i) Mediar y/o interlocutar entre las organizaciones de las sociedad civil y el proponente del proyecto en caso de conflicto en torno a un proyecto de inversión.”.

La señora Presidenta declaró inadmisibles la indicación anterior, por tratarse de materias de la iniciativa exclusiva de S.E. el Presidente de la República.

En todo caso, se hace constar que el representante del Ejecutivo, destacó que existen fondos para financiar proyectos presentados por la comunidad, tanto para fomentar la educación ambiental como la participación ciudadana.

Agregó que la proposición referida a la mediación ambiental excede los objetivos de la iniciativa legal en tramitación.

Artículo 79, que pasa a ser 83.

La administración y dirección superior del Servicio estará a cargo de un Director Ejecutivo, quien será el Jefe Superior del Servicio y tendrá su representación legal.

Sin debate, el artículo fue aprobado, por unanimidad.

Artículo 80, que pasa a ser 84.

Establece las funciones del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, presentaron indicación para incorporar la siguiente letra h):

“h) Celebrar, cuando corresponda, convenios con organismos técnicos externos para apoyar la elaboración de los informes que se requieren en los procesos de evaluación ambiental de los proyectos que se someten al sistema;”.

Sin mayor debate, la indicación fue declarada inadmisible.

El artículo fue aprobado, por unanimidad.

Artículo 81, que pasa a ser 85.

El Servicio de Evaluación Ambiental se desconcentrará territorialmente a través de las Direcciones Regionales de Evaluación Ambiental, y que en cada región del país habrá un Director Regional, quien representará al Servicio y será nombrado por el Director Ejecutivo, mediante el Sistema de Alta Dirección Pública.

Sin debate, el artículo se aprobó, por unanimidad.

Artículo 82, que pasa a ser 86.

Los proyectos serán calificados por una Comisión presidida por el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente e integrada por los Secretarios Regionales Ministeriales de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, de Planificación, y el Director Regional del Servicio, quien actuará como secretario.

Las Direcciones Regionales de Evaluación Ambiental conformarán un comité técnico integrado por el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente, quien lo presidirá, y el Director Regional de Evaluación Ambiental, los Directores Regionales de los servicios públicos que tengan competencia en materia del Medio Ambiente, incluido el Gobernador Marítimo correspondiente.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Pascal y del señor Díaz, don Marcelo, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 82.- Los proyectos serán pre calificados por una Comisión Técnica presidida por el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente e integrada por los representantes regionales de los servicios públicos con competencia en el proyecto sometido a evaluación, quienes serán los encargados de emitir un pronunciamiento técnico de carácter público sobre el proyecto. Dicho pronunciamiento deberá ser conocido por el proponente y todos aquellos que participaron del proceso de calificación. Transcurridos quince días de este pronunciamiento, el proyecto deberá ser sometido a calificación por una Comisión presidida por el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente y los Secretarios Regionales Ministeriales cuyos servicios públicos hayan participado del proceso de pre calificación y el Director Regional del Servicio, quien actuará como secretario. Esta comisión será la encargada de calificar en forma fundada la aprobación o rechazo del proyecto. En caso que la votación sea contraria a la emitida por los servicios públicos, cada Secretario.”.

2.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en su inciso primero, para intercalar a continuación de la palabra “integrada” la frase “por el Intendente Regional y”.

3.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para eliminar el inciso segundo.

4.- Del Ejecutivo, al inciso segundo, para agregar, a continuación de la frase “incluido el Gobernador Marítimo correspondiente”, la siguiente: “y el Consejo de Monumentos Nacionales”.

5.- De la señora Pascal y de los señores Accorsi, Chahuán, Espinosa y Vallespín y la diputada señora Pascal, para agregar en el inciso segundo, la siguiente frase final: “Este comité elaborará un acta de evaluación de cada proyecto que será de libre acceso a los interesados.”.

6.- De los mismos Diputados, para agregar el siguiente inciso final al artículo 82:

“El procedimiento de calificación o rechazo de los proyectos deberá ajustarse a los señalado en el artículo 9°, 9° bis y 9° ter de la presente ley.”.

La señora Presidenta declaró inadmisible la indicación signada con el número 1.

La señora Cubillos consideró básico que el Intendente integre la Comisión que califique los proyectos ya que es la única autoridad que tiene una visión de toda la región, generando así una exigencia de rendición de cuentas que no poseen los SEREMIS.

Por su parte, el señor Accorsi, señaló que si se analiza la historia de aprobación de los proyectos se podrá comprobar la importancia de la integración de los Intendentes en las Comisión, ya que son ellos los que deciden políticamente sin tener en consideración las observaciones de los servicios públicos, como se pudo constatar en el caso de Puyehue. Es por eso que es partidario de la Comisión integrada por Seremis los que, en todo caso, deberían votar en base a los informes de los Servicios. Sólo así se tendrá la garantía de que estos proyectos van a ser evaluados técnicamente y no políticamente.

El Diputado señor García-Huidobro, acotó que tampoco se puede desconocer que los SEREMIS también responden a una realidad política, que además tienen una visión sectorial.

El Diputado señor Vallespín cree que en esta materia se debe tener en cuenta la opinión de la instancia correspondiente, más que la representatividad de quien vota. Está convencido de que la presencia del Intendente puede constituir un elemento distorsionador.

La Ministra Presidenta de CONAMA, explicó que las indicaciones 5 y 6, presentada por los Diputados Accorsi, Vallespín y Chahuán, buscan tener una evaluación completa y comprensiva de todos los aspectos que un proyecto de inversión, tanto público como privado, pueda generar en un territorio determinado. En este tema lo que se está determinando es que un titular de proyecto, público o privado, debe explicar al presentar su proyecto, como éste se ajusta, -en el caso de la región-, a los planes políticas y programas de desarrollo regional. Si su proyecto resulta ser disruptivo, se le dice que encuentre la manera de hacerlo compatible o congruente con ese plan, programa o política de carácter regional.

En el caso del Municipio se le dice que debe adaptarse al plan de desarrollo comunal, que tiene una generación particular. Este informe se le pide al Municipio respectivo para que se pronuncie respecto de lo señalado por el titular del proyecto y es uno más de los informes que tendrá el Comité técnico al momento de evaluar, no es el único, pero es el que representa la opinión regional y local.

La indicación N° 2 fue rechazada por 6 votos en contra y 3 votos a favor, al igual que la N° 3 que lo fue por 7 votos en contra y 2 a favor.

El artículo y las indicaciones números 4, 5 y 6 fueron aprobados por unanimidad.

Artículo 83, que pasa a ser 87.

Establece que el patrimonio del Servicio estará formado por:

a) Los recursos que se le asignen anualmente en el Presupuesto de la Nación o en otras leyes generales o especiales;

b) Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, que se le transfieran o adquiera a cualquier título;

c) Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título, y;

d) Las herencias, legados y donaciones que acepte, las que quedarán exentas del trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones establecido en la ley No. 16.271.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon indicación, para reemplazar en la letra d), la coma (,) ubicada entre las palabras “herencias” y “legados” por la conjunción “y”, y para suprimir la frase “y donaciones que acepte, las que quedarán exentas del trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones establecido en la ley N° 16.271”.

Se fundamentó la indicación en el hecho de que parecía de toda lógica prohibir o no permitir que una entidad como el Servicio de Evaluación Ambiental pueda recibir donaciones ya que con ello se cierra una posibilidad para que se den actos de eventual corrupción.

La Ministra expresó que es habitual establecer que los servicios descentralizados puedan recibir donaciones. Además, hizo presente, que resulta impensable que una empresa que se encuentra en un específico momento de relación con la autoridad ambiental, escoja ese momento para realizar una donación y obtener prebendas especiales en su tratamiento.

El señor Vallespín, por su parte, manifestó que le parecería extraño que una empresa en etapa de calificación pudiera generar hechos como los que se aluden, pero que, además, entendía el concepto de probidad como atemporal, de manera que nada impedía efectuar una donación posterior, pero que pudiera ligarse de mala manera con su antecedente.

Se acordó proceder a la votación por letras.

Las letras a) y b) fueron aprobadas, por unanimidad, y la letra c) fue aprobada, por 6 votos a favor, 2 en contra y una abstención.

La letra d) con la indicación fue aprobada, por cinco votos a favor, 3 en contra y una abstención).

Artículo 84, que pasa a ser 88.

El personal del Servicio estará afecto a las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo y en materia de remuneraciones, a las normas del Decreto Ley Nº 249, de 1974, y su legislación complementaria.

Sin debate, artículo fue aprobado, por unanimidad.

Artículo 85, que pasa a ser 89.

Los plazos establecidos en esta ley serán de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los sábados, domingos y festivos.

Sin debate, fue aprobado, por unanimidad.

Párrafo 6°, nuevo.

La señora Pascal y el señor Díaz, don Marcelo, formularon indicación para agregar el siguiente párrafo:

“Párrafo 6°

Del Servicio de Conservación, Biodiversidad y Áreas Protegidas

Artículo 86.- Créase el Servicio de Conservación, Biodiversidad y Áreas Protegidas como servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Medio Ambiente.

Artículo 87.- Corresponderá al Servicio:

a) Elaborar y ejecutar estudios y programas de investigación, protección y conservación de la Biodiversidad;

b) Elaborar, administrar y actualizar una base de datos sobre biodiversidad;

c) Confeccionar y administrar un inventario de especies de animales, vegetales y hongos.

d) Aplicación, fiscalización y control de las normas de la ley de caza.

e) Administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas públicas y privadas terrestres y acuáticas,

f) Aplicar, fiscalizar y controlar las normas de la Ley N° 18.362.

Artículo 88.- La administración y dirección superior del Servicio estará a cargo de un Director Nacional, quien será el Jefe Superior del Servicio y tendrá su representación legal. Su Designación corresponderá al Presidente de la República, mediante el sistema de alta dirección Pública.

Artículo 89.- Corresponderán al Director Nacional las siguientes funciones:

a) La administración superior del Servicio;

b) Requerir de los organismos del Estado la información y antecedentes que estime necesarios y que guarden relación con sus respectivas esferas de competencia;

c) Designar y contratar personal, y poner término a sus servicios;

d) Designar a los Directores Regionales,

e) En cumplimiento de sus funciones, adquirir y administrar bienes muebles, así como celebrar los actos o contratos que sean necesarios para tal cumplimiento;

f) Delegar parte de sus funciones y atribuciones en funcionarios del Servicio;

g) Conferir poder a abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, aun cuando no sean funcionarios del Servicio, con las facultades de ambos incisos del artículo 7°, del Código de Procedimiento Civil, y

Artículo 90.- El Servicio de Conservación y Áreas Protegidas se desconcentrará territorialmente a través de las Direcciones Regionales.

En cada región del país habrá un Director Regional, quien representará al Servicio y será nombrado por el Director Nacional, mediante el sistema de alta dirección pública.

Artículo 91.- El personal del Servicio estará afecto a las disposiciones del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Públicos y en materia de remuneraciones, a las normas del decreto ley Nº 249, de 1974, y su legislación complementaria.”.

La señora PASCAL (Presidenta) procedió a declarar inadmisible la indicación en conformidad a lo establecido en el artículo 65 inciso cuarto, número 2°, de la Constitución Política, por ser materias de iniciativa exclusiva de S. E. el Presidenta de la República.

Asimismo, explicó que no obstante entender que estaba frente a una indicación claramente inadmisible, estaba convencida de que esta nueva legislación debe contemplar un Servicio Conservación, Biodiversidad y Áreas Protegidas, por lo solicitó a los representantes del Ejecutivo analizar el tema e interceder ante quien corresponda a fin patrocinar esta indicación.

Por su parte, la Diputada señora Cubillos manifestó que ha presentado una indicación para incorporar un artículo 8° transitorio en el que se propone fijar un plazo al Ministerio de Medio Ambiente para crear un servicio de estas características.

ARTÍCULO SEGUNDO.

Crea la Superintendencia del Medio Ambiente y fija la ley orgánica.

TÍTULO I

DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

Párrafo 1°

De la Naturaleza y Funciones

Artículo 1°.

Crea la Superintendencia del Medio Ambiente, como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.

La Superintendencia constituye una institución fiscalizadora, que está afecta al Sistema de Alta Dirección Pública, además, estará sometida a las normas sobre Administración Financiera del Estado.

El domicilio de la Superintendencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que se puedan establecer en otras ciudades del país.

Sin debate, el artículo fue aprobado, por unanimidad,

Artículo 2°.

La Superintendencia tendrá por objeto ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley.

Los organismos sectoriales que cumplan funciones de fiscalización ambiental, conservarán sus competencias y potestades de fiscalización, de conformidad a lo establecido en la presente ley.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del señor Accorsi, al inciso primero, para reemplazar la frase “que establezca la ley” por “que no estén bajo la fiscalización y control de otros órganos del Estado”.

2.- De la señora Pascal y de los señores Accorsi y Vallespín, para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“La Superintendencia, en el ámbito de su competencia, podrá instruir a los organismos sectoriales, la realización de ciertas y determinadas actividades en el marco de la gestión fiscalizadora, de conformidad a las competencias señaladas en la presente ley, así como hacer efectiva su responsabilidad en caso de incumplimiento.”

3.- Del Ejecutivo, para sustituir, en el inciso segundo, la frase “, de conformidad a lo establecido en la presente ley” por “en todas aquellas materias e instrumentos que no sean de competencia de la Superintendencia.”.

4.- Del señor Accorsi, para reemplazar, en el inciso segundo, la frase “en la presente ley”, por “en la legislación sectorial que los rige”.

5.- De la señora Pascal y de los señores Accorsi y Vallespín, para agregar, los siguientes incisos tercero y cuarto:

“Los jefes de servicio deberán informar permanentemente a la Superintendencia de los procedimientos de fiscalización.

Los organismos sectoriales que cumplan funciones de fiscalización ambiental conservarán sus competencias y potestades sólo en aquellas materias no señaladas en el artículo anterior. Sin embargo, deberán adoptar y respetar todos los criterios que la Superintendencia establezca en relación a la forma de ejecutar las actuaciones de fiscalización, pudiendo solicitar a la Superintendencia que se pronuncie al respecto.”.

6.- De la señora Pascal y del señor Vallespín, para agregar el siguiente inciso final:

“Los organismos sectoriales que cumplan funciones de fiscalización ambiental deberán adoptar y respetar todos los criterios que la Superintendencia establezca en relación a la forma de ejecutar las actuaciones de fiscalización, pudiendo solicitar a la Superintendencia que se pronuncie al respecto.”.

La Ministra Presidenta de CONAMA, planteó que con la creación de la Superintendencia se pretende terminar con las duplicidades de fiscalización, contar con procedimientos conocidos y reglas claras respecto de cuales son los estatutos a los cuales estarán sometidas las distintas actividades medioambientales.

Si bien valoró las indicaciones consideró que ellas no resuelven el problema de interpretación que pudiera existir al interior del aparato público. Por esa razón el Ejecutivo ha formulado una nueva indicación que tiene por objeto eliminar estos posibles problemas ya que primero se debe estar a la materia e instrumentos que corresponden a las facultades de la Superintendencia, y respecto de ellos, todos los otros organismos sectoriales quedan excluidos. Hizo hincapié en el hecho de que la Superintendencia tendrá tuición sobre las RCA, Planes de Prevención y Descontaminación, Normas Ambientales y Planes de Manejo, cuando corresponda.

Precisó que el órgano de Gobierno encargado de la fiscalización es la Superintendencia, la que puede realizar fiscalización directa, externa o utilizar la capacidad instalada de los servicios, los que se subordinan a los programas y subprogramas de fiscalización que definirá la Superintendencia.

Explicó que los casos y materias que serán de competencia de los organismos sectoriales y no de la Superintendencia son aquellas materias que no se encuentran reguladas en ninguna de ellas. En definitiva, lo que define la fiscalización es el instrumento, dado el modelo de gestión ambiental que existe en Chile, es el instrumento de gestión, si hay Resolución de Calificación Ambiental, si hay norma, si hay plan, la competencia y la tuición técnica es de la Superintendencia y los servicios se subordinan a ella, si no hay ninguno de los instrumentos señalados, el que debe fiscalizar es el organismo sectorial.

En definitiva, precisó que toda actividad funciona con una Resolución de Calificación Ambiental u otro tipo de resoluciones, por lo tanto si una actividad no es objeto de RCA, no puede ser fiscalizada por la Superintendencia, pero sí podría ocurrir a la inversa, que un servicio determinado se creyera competente sobre una actividad que tuviera RCA, que es lo que ocurre hasta el día de hoy, dónde hay procedimientos para dirimir esta controversia y que son resueltos por la Contraloría General de la República, es decir, el conflicto se podría producir entre los servicios y la Superintendencia pero no a la inversa.

Asimismo, hizo hincapié en las atribuciones de la Superintendencia, especialmente en la de impartir directrices técnicas de carácter general y obligatorio, definiendo protocolos y métodos de análisis, entre otros, a los organismos fiscalizadores. Acotó que, si bien se refiere a organismos fiscalizadores, la definición de protocolos y sistemas de monitoreo y análisis no puede ser distinto de aquellos que se han considerado al momento de evaluar los proyectos. Así es como, por ejemplo, no podría existir dentro de SERNAGEOMIN, un criterio para evaluar un proyecto y otro criterio para fiscalizar. El criterio para evaluar debe marcar la ruta de la fiscalización, y desde ese punto de vista hay una norma técnica que va a informar al sistema completo.

En definitiva, las indicaciones 1, 2 y 4 fueron rechazadas, por 7 votos en contra y 2 abstenciones, y la número 5 fue rechazada, por unanimidad.

La indicación número 3 fue aprobada, por 8 votos a favor y una abstención. La número 6 fue aprobada, por unanimidad.

El artículo fue aprobado por unanimidad.

Artículo 3°.

Establece las funciones y atribuciones de la Superintendencia:

Letra a).

Fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas y condiciones establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental, sobre la base de las inspecciones, controles, mediciones y análisis que se realicen, de conformidad a lo establecido en esta ley;

Sin debate, fue aprobada, por unanimidad.

Letra b).

Velar por el cumplimiento de las medidas e instrumentos establecidos en los Planes de Prevención o de Descontaminación Ambiental, sobre la base de las inspecciones, controles, mediciones y análisis que se realicen de conformidad a lo establecido en esta ley;

Sin debate, fue aprobada por unanimidad.

Letra c).

Contratar las labores de inspección, verificación, mediciones y análisis del cumplimiento de las normas, condiciones y medidas de las Resoluciones de Calificación Ambiental, Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, cuando correspondan, y de los Planes de Manejo, cuando procedan, a terceros idóneos debidamente certificados;

Los requisitos y el procedimiento para la certificación, autorización y control de las entidades y sus inspectores, será establecido en el Reglamento, considerando, a lo menos, la incompatibilidad absoluta entre el ejercicio de labores de fiscalización y las de consultoría, requisitos mínimos de conocimiento, experiencia calificada, en materias relacionadas y los procedimientos de examen o verificación de antecedentes, personal idóneo e infraestructura y equipamiento suficiente para desarrollar las labores solicitadas.

Los proyectos o actividades inspeccionadas que cumplan con las exigencias señaladas, tendrán derecho a un certificado, cuyas características y vigencia serán establecidas por la Superintendencia, de acuerdo con la naturaleza de las mismas y conforme a las normas que establezca el Reglamento.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon indicación al inciso segundo para agregar la siguiente frase final: “o de aquellas entidades públicas o privadas que ésta determine”.

Se explicó que con esta indicación se estaría posibilitando que la fiscalización y supervigilancia también puedan ser externalizadas, aprovechando de esta manera la experiencia del sector privado o de otros organismos del sector público.

Sin mayor debate, la indicación fue aprobada, por 7 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

El literal fue aprobado, por unanimidad.

Letra d).

Exigir, examinar y procesar los datos, muestreos, mediciones y análisis que los sujetos fiscalizados deban proporcionar de acuerdo a las normas y condiciones definidas en sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental o en los Planes de Prevención o de Descontaminación que les sean aplicables;

Sin debate, fue aprobada, por unanimidad.

Letra e).

Requerir de los sujetos sometidos a su fiscalización y de los organismos sectoriales que cumplan labores de fiscalización ambiental, las informaciones y datos que sean necesarios para el debido cumplimiento de sus funciones, de conformidad a lo señalado presente ley;

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon indicación para agregar el siguiente inciso segundo nuevo:

“La Superintendencia no podrá en ningún caso realizar requerimientos de información referida a un elevado número de actos o antecedentes ni solicitar requerimientos que distraigan indebidamente a los receptores del cumplimiento regular de sus labores habituales.”.

La Diputada señora Cubillos, explicó que esta disposición corresponde a la misma norma que contempla la Ley de Acceso a la Información Pública y que es una excepción que se concede al Estado cuando los particulares solicitan información para fiscalizar y, tiene por objeto evitar que se solicite antecedentes que no tenga ninguna utilidad. En este caso se está proponiendo la misma excepción para el caso que sea el Estado el que solicite información que no tengan ninguna utilidad, a fin de equilibrar el uso de esta excepción haciéndola aplicable en beneficio de los particulares.

La Ministra manifestó que no es posible comparar la Ley de Acceso a la Información Pública, donde se pretende garantizar la posibilidad que el ciudadano solicite y obtenga del Estado determinado antecedente que será utilizados para los fines que éste estime con un proceso de fiscalización donde se trata de investigar el comportamiento de un titular de un proyecto para efectos de determinar el cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental, planes de descontaminación, etc.

No es partidaria de establecer una limitación a la labor del organismo fiscalizador con conceptos vagos tales como “elevado número de actos”. Precisó que, en todo caso, si el titular de un proyecto se siente agraviado por las solicitudes emanadas de la Superintendencia sobre la impertinencia de estas informaciones, cuenta con los instrumentos necesarios para impugnar la petición.

El literal fue aprobado por 8 votos a favor y 1 abstención.

La indicación, fue rechazada por 6 votos en contra y 3 a favor.

Letra f).

Establecer normas de carácter general sobre la forma y modo de presentación de los antecedentes a que se refieren los dos literales anteriores;

Sin debate, se aprobó por unanimidad.

Letra g).

Suspender transitoriamente las autorizaciones provisorias de inicio del proyecto o actividad y las de funcionamiento contenidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental o adoptar otras medidas urgentes y transitorias, para el resguardo del medio ambiente, cuando la ejecución u operación de un proyecto o actividad genere impactos ambientales no permitidos o que impliquen un daño significativo para el medio ambiente, a consecuencia de incumplimientos graves de las normas y condiciones previstas en dichas resoluciones, o por la generación de efectos no previstos en la evaluación;

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del señor Chahuán para reemplazarla, por la siguiente:

“g) Suspender transitoriamente las autorizaciones de funcionamiento contenidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental, cuando la ejecución u operación de un proyecto o actividad genere impactos ambientales no permitidos, a consecuencia de incumplimientos graves de las normas y condiciones previstas en dichas resoluciones, en el caso que los impactos sean generados por efectos no previstos en la evaluación, deberá solicitar al titular del proyecto para que éste pueda continuar mientras tramita la modificaciones conforme lo dispone la letra i);”.

2.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda para:

a) Reemplazar la frase “genere impactos ambientales no permitidos o que impliquen un daño significativo para el medio ambiente” por “genere un daño grave e inminente para el medio ambiente”.

b), Eliminar la frase final “o por la generación de efectos no previstos en la evaluación;”.

3.- De los mismos Diputados, en subsidio de las anteriores, para agregar una frase final que diga: “En todo caso, la suspensión a que hace referencia este artículo deberá ser autorizada previamente por el juez de letras en procedimiento breve y sumario con competencia en el lugar donde supuestamente se está cometiendo la infracción.”.

4.- De las señoras Cubillos y Pascal, al inciso primero de la letra g) para agregar después de la palabra “evaluación”, la frase “, de carácter grave”.

5.- De los mismos autores, para agregar el siguiente inciso segundo:

“Esta medida solo podrá ser decretada mediante resolución fundada, previa notificación del afectado. Además deberán ser temporales, proporcionales a la magnitud del daño que se busque prevenir y cesarán de pleno derecho una vez que cese el riesgo de daño grave e inminente o si habiendo transcurrido cinco días desde que se decretaron no se haya notificado al afectado el inicio de un procedimiento sancionador.

6.- De las señoras Cubillos y Pascal, al inciso segundo, para intercalar entre la palabra “sancionador” y el punto aparte (.) la expresión “, cuando corresponda.”.

La señora Cubillos señaló que por tratarse de una sanción tan grave se deberían exigir mayores requisitos para su aprobación o hacer intervenir a otra instancia para su aplicación, como podría ser la judicial o que, al menos, se establezca la obligación de hacerlo mediante resolución fundada.

La Ministra Presidenta de CONAMA manifestó que la inquietud de la señora Diputada estaba muy bien resumida y contenida en la indicación signada con la letra a) del número 2, cuyo propósito comparte. Asimismo, hizo constar que no concuerda con la indicación signada con la letra b) ya que se pretende suprimir una de las facultades de la Superintendencia para intervenir en los casos en que se presenten efectos no previstos y poder aplicar la medida de suspensión de la actividad, aun cuando estos efectos no sean atribuibles al titular, ya que la autoridad ante un caso de grave e inminente de daño ambiental como es la calificación de la hipótesis en que va actuar la Superintendencia debe contar con todas las atribuciones para intervenir.

En términos técnicos los servicios públicos que elaboren los informes están capacitados para hacer la calificación de los “impactos ambientales no permitidos o que impliquen un daño significativo para el medio ambiente”, pero que será la Superintendencia, con sus equipos técnicos, los que los determinen.

Asimismo, recordó que el artículo 2° de Ley N° 19.300, entrega una definición y se refiere al daño significativo y cuando se habla de daño ambiental se debe entender que se hace referencia al de mayor grado de “gravedad” asignado a un hecho. Consecuentemente, sólo se podrían suspender las actividades transitoriamente cuando se esté en presencia, técnicamente, de un daño ambiental.

La indicación exige que se trate de un daño grave e inminente, lo cual en su concepto corresponde a una escala menor, que permita actuar a la Superintendencia en una circunstancia inmediatamente anterior al daño ambiental propiamente tal. Es decir, amplía las atribuciones de la Superintendencia.

Las indicaciones signadas con el número 1, y 2, letra b), se rechazaron por unanimidad, y la indicación número 3, se rechazó por 3 votos a favor y 5 en contra.

El literal y las indicaciones signadas con el N° 2, letra a), y la número 4 fueron aprobados, por unanimidad. Las indicaciones números 5 y 6, fueron aprobadas por siete votos a favor y una abstención.

Letra h).

Requerir, mediante resolución fundada y bajo apercibimiento de sanción, a los titulares de proyectos o actividades que conforme al artículo 10 de la ley N° 19.300, debieron someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y no cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental, para que sometan a dicho sistema el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental correspondiente.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, presentaron indicación para agregar, a continuación de la palabra “Requerir” con que se inicia la letra, la siguiente oración: “previo informe del Servicio de Evaluación Ambiental”.

La Ministra Presidenta de CONAMA, señaló que le parecía atendible establecer la exigencia de que se solicite, previamente, un informe al Servicio de Evaluación Ambiental, ya que este organismo técnico determinaría la pertinencia de ingreso al sistema. Con esta atribución se pretende avanzar en la regularización de aquellas actividades que aun cuando han iniciado actividades después del año 1997, no ingresaron al Sistema de Calificación de Impacto Ambiental.

En definitiva, se debe propender a que se regularicen las actividades de acuerdo al marco legal vigente, con un procedimiento que permita hacer vinculante esta declaración que es de la Superintendencia y no constituye una forma de afectar la irretroactividad de la ley.

La indicación y el literal, fueron aprobados por unanimidad.

Letra i).

Requerir a los titulares de Resoluciones de Calificación Ambiental, mediante resolución fundada y bajo apercibimiento de sanción, que sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, las modificaciones o ampliaciones de sus proyectos o actividades que, conforme al artículo 10 de la ley N° 19.300, requieran de una nueva Resolución de Calificación Ambiental;

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon indicación, para agregar, a continuación de la “Requerir” con que se inicia la letra, la siguiente oración entre comas (,): “previo informe del Servicio de Evaluación de Ambiental”.

Sin debate, la indicación y el literal fueron aprobados por unanimidad.

Letra j).

Obligar a los proponentes a ingresar adecuadamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental cuando éstos hubiesen fraccionado sus proyectos o actividades con el propósito de eludir o variar a sabiendas el ingreso al mismo, sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del artículo 11 bis de la ley Nº 19.300.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon indicación, para agregar, a continuación de la “Requerir” con que se inicia la letra, la siguiente oración entre comas (,): “previo informe del Servicio de Evaluación de Ambiental”.

Sin mayor debate, la indicación fue rechazada por 3 votos a favor y 6 en contra.

La letra fue aprobada por 7 votos a favor y 2 abstenciones.

Letra k).

La Superintendencia podrá solicitar la caducidad de una Resolución de Calificación Ambiental, si han transcurrido más de tres años sin que se inicie la ejecución del proyecto o actividad autorizada y que en los demás casos, en que atendida la magnitud, gravedad, reiteración o efectos de las infracciones comprobadas durante su ejecución o funcionamiento, resulte procedente.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en el artículo 3º, letra k), para reemplazarlo por el siguiente:

“k) Requerir al Servicio de Evaluación Ambiental, la caducidad de una Resolución de Calificación Ambiental, cuando hubieren transcurrido más de seis años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contado desde su notificación. Ello sólo será aplicable si la autoridad competente acredita cambios significativos en la línea de base.”.

2.- Del señor Chahuán, para reemplazar la letra k), por la siguiente:

“k) Requerir al Servicio de Evaluación Ambiental, la caducidad de una Resolución de Calificación Ambiental, cuando hubieren transcurrido más de tres años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada en proyecto inmobiliarios, industriales, mineros y los restantes cinco años. Podrá ampliarse este plazo por un año si el titular lo solicita al Servicio y otorga una garantía si requiere en ese año iniciar la ejecución del proyecto, mientras actualiza las condiciones de su RCA, y en los demás casos en que, atendido el incumplimiento grave de las obligaciones del titular del proyecto de la RCA, y que ha persistido luego de habérsele apercibido para efectuar las modificaciones y/o correcciones y no lo ha hecho en un plazo de 90 días.

3. Del Ejecutivo y de la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para sustituir, la palabra “tres” por “seis”.

4.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en el artículo 3º, letra k), en subsidio de la anterior, para eliminar la frase que dice “y en los demás casos en que, atendida la magnitud, gravedad, reiteración o efectos de las infracciones comprobadas durante su ejecución o funcionamiento, resulte procedente.”

La señora Cubillos señaló que en proyectos de gran envergadura podría ser relativamente usual que existan demoras en el inicio de las obras, por distintas causas no atribuibles al titular, y que podría no existir una razón lógica para aplicar medidas tan drásticas como la caducidad.

Asimismo, hizo presente que no es partidaria de aplicar una medida de caducidad de la RCA de oficio, sin que exista un procedimiento claro para su aplicación y que contenga el resguardo del debido proceso.

La Ministra Presidenta de CONAMA expresó que es imposible soslayar el tema de la caducidad de los proyectos, pero, también, entiende que existen distintas magnitudes entro los mismos. Consecuentemente, le parece lógico dejar establecido que sea un reglamento el que determine cuál será el criterio para determinar cuando se está ante obras que implican un desarrollo de faenas y cuando no.

Por otra parte, recuerda que el Ejecutivo ha formulado indicación para reemplazar el plazo de “tres” por “seis” años, tiempo que consideró suficiente para que un proyecto inicie la ejecución de las obras, no se trata que entre en operaciones, sino de que ejecute las primeras obras.

La indicación números 1, 2 y 4 fueron rechazadas, por unanimidad.

La letra y las indicaciones signadas con el N° 3 fue aprobada, por unanimidad.

Letras l) y m).

La letra l), señala que la Superintendencia podrá requerir a los titulares de fuentes sujetas a un Plan de Manejo, Prevención y/o Descontaminación, así como a Normas de Emisión, bajo apercibimiento de sanción, la información necesaria para acreditar el cumplimiento de las medidas de los respectivos planes y las obligaciones contenidas en las respectivas normas.

Por su parte la letra m), concede facultades para fiscalizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales, salvo aquellas de competencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios,

Sin debate, las letras l) y m) fueron aprobadas, por unanimidad.

Letra n).

Interpretar administrativamente las Normas de Calidad Ambiental y de Emisión, previo informe del o los organismos con competencia en la materia específica y del Ministerio de Medio Ambiente.

Asimismo, podrá requerir a los jefes de los servicios y organismos con competencias de fiscalización en materia ambiental informes sobre los criterios utilizados por el respectivo organismo sectorial en la aplicación de las normas señaladas en el inciso anterior, así como de las dudas o dificultades de interpretación que se hubieren suscitado y de las desviaciones o distorsiones que se hubieren detectado.

Además, podrá uniformar los criterios de aplicación y aclarará el sentido y alcance de las normas de calidad ambiental y de emisión, cuando observe discrepancias o errores de interpretación;

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo y de la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para eliminarla.

2.- Del señor Chahuán al inciso segundo, para sustituir la palabra “podrá” por “deberá”.

3.- Del señor Chahuán para intercalar, en el inciso final, entra las frases “La Superintendencia, podrá además” y “uniformar criterios de aplicación” la expresión “de manera justificada.

La Ministra Presidenta de CONAMA explicó que la indicación signada con el número 1, tiene su fundamento en que estas facultades han quedado radicadas en el Ministerio del Medio Ambiente, en el artículo 70.

Sin debate, la indicación signada con el número 1, fue aprobada por unanimidad. Consecuentemente, las demás indicaciones se dan por rechazadas reglamentariamente.

Letra ñ).

La Superintendencia tendrá la facultad de interpretar administrativamente las Resoluciones de Calificación Ambiental, los Planes de Prevención y/o de Descontaminación, previo informe del o los organismos con competencia en la materia específica y del Servicio de Evaluación Ambiental y del Ministerio del Medio Ambiental, según corresponda.

Cuando el instrumento señalado en el inciso anterior contuviese aspectos normados y sometidos a las facultades de interpretación administrativa del organismo sectorial respectivo, el informe solicitado tendrá el carácter de vinculante para la Superintendencia en relación a esa materia

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo y de la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en el artículo 3º, para suprimirla:

2.- Del señor Chahuán, para eliminar la expresión “las Resoluciones de Calificación Ambiental,”.

La Ministra Presidenta de CONAMA explicó que el fundamento de la indicación es que estas facultades han quedado radicadas en el Servicio de Evaluación Ambiental.

La indicación número 1 fue aprobada, por unanimidad. Consecuentemente, las demás indicaciones se dan por rechazadas reglamentariamente.

Letra o), que pasa a ser n).

Impartir directrices técnicas de carácter general y obligatorio, definiendo los protocolos, procedimientos y métodos de análisis que los organismos fiscalizadores, las entidades acreditadas conforme a esta ley y, en su caso, los sujetos de fiscalización, deberán aplicar para el examen, control y medición del cumplimiento de las Normas de Calidad Ambiental y de Emisión.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para agregar el siguiente inciso segundo:

“En el ejercicio de esta atribución la Superintendencia deberá acompañar, cuando corresponda, una estimación general de los costos que generará la implementación de las directrices técnicas. Asimismo, la Superintendencia deberá dar lugar a un procedimiento de información y recepción de comentarios antes de la dictación de las mismas el que, por lo menos, deberá contar con un plazo de un mes para recibir aportes y comentarios de las personas y entidades interesadas. La Superintendencia estará eximida de este procedimiento cuando se trate de normativas de organización interna y cuando, por razón fundada, considere el procedimiento contrario al interés público. En ningún caso los comentarios que se realicen serán vinculantes y la Superintendencia solo los considerará como antecedentes de sus decisiones.”.

La señora PASCAL (Presidenta) en uso de sus facultades reglamentarias, declaró inadmisible la indicación de acuerdo a lo establecido en el artículo 65, número 2 del inciso 4° de la Constitución que establece las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Por su parte, la Ministra Presidenta de CONAMA, señaló que la Ley N° 19.880, de Procedimiento Administrativo, en su artículo 39, establece el sentido de la indicación formulada por los parlamentarios, esto es, el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá ordenar un período de información pública, mediante anuncios en un diarios de circulación nacional o en el diario oficial, para efectos que cualquier persona pueda intervenir en el proceso sin carácter vinculante, pero aportando y requiriendo antecedentes.

La letra fue aprobada, por 3 votos a favor y 2 abstenciones.

Letras p) y q), que pasan a ser ñ) y o), respectivamente.

El literal p, establece que la Superintendencia impondrá sanciones de conformidad a lo señalado en la presente ley.

A su vez, la letra q, dispone que administrará un mecanismo de evaluación y certificación de conformidad, respecto de la normativa ambiental aplicable y del cumplimiento de las condiciones de una autorización de funcionamiento ambiental.

Para estos efectos, la Superintendencia contará con un sistema de acreditación de personas naturales y jurídicas que realicen estas evaluaciones y certificaciones. El Reglamento determinará los requisitos, condiciones y procedimientos necesarios para su administración y funcionamiento, el que deberá a lo menos considerar la incompatibilidad absoluta entre el ejercicio de labores de evaluación y certificación y las de consultoría para la elaboración de Declaraciones o Estudios de Impacto Ambiental, así como los requisitos mínimos de conocimiento, la experiencia calificada, de a lo menos 3 años, en materias relacionadas, los procedimientos de examen o verificación de antecedentes, personal idóneo e infraestructura y equipamiento suficiente para desarrollar las labores solicitadas.

Por último, dispone que las infracciones a las obligaciones derivadas de este sistema, así como la de las personas acreditadas se sancionarán de conformidad a lo señalado en el título III de esta ley.

Sin debate, ambas letras fueron aprobadas, por unanimidad.

Letra r), que pasa a ser p).

Proporcionar información al Ministerio del Medio Ambiente y a los organismos con competencia en fiscalización ambiental, para la elaboración de las normas técnicas que correspondan.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para reemplazar la letra r) por la siguiente:

“r) Absolver las consultas que el Ministerio del Medio Ambiente y los organismos con competencia en fiscalización ambiental le realicen para la elaboración de las normas técnicas que les correspondan.”.

2.- De la Diputada señora Pascal, para incorporar la frase “y absolver las consultas”, después de la expresión “Proporcionar información”, y reemplazar la palabra “al” por “del”.

La señora Ministra, señaló que la manera adecuada de abordar ambas indicaciones es refundiéndolas, es decir, que la Superintendencia pueda proporcionar información al Ministerio de Medio Ambiente y que de respuesta a las consultas que este Ministerio le realice.

Sin mayor debate, la indicación número 1 fue rechazada por unanimidad.

El literal y la indicación 2 y fueron aprobados, por unanimidad.

Letra s), que pasa a ser q).

Aprobar programas de cumplimiento de la normativa ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 42 de esta ley,

Sin debate, el literal se aprobó, por unanimidad.

Letra t).

Administrar un Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes en el cual se registrará y sistematizará, por fuente o agrupación de fuentes de un mismo establecimiento, la naturaleza, caudal y concentración de emisiones de contaminantes que sean objeto de una norma de emisión, y la naturaleza, volumen y destino de los residuos sólidos generados que señale el reglamento.

Igualmente, dispone que en los casos y forma que establezca el reglamento, el registro sistematizará y estimará el tipo, caudal y concentración total y por tipo de fuente, de las emisiones que no sean materia de una norma de emisión vigente. Para tal efecto, la Superintendencia requerirá de los servicios y organismos estatales que corresponda, información general sobre actividades productivas, materias primas, procesos productivos, tecnología, volúmenes de producción y cualquiera otra disponible y útil a los fines de la estimación. Las emisiones estimadas a que se refiere el presente inciso serán innominadas e indicarán la metodología de modelación utilizada;

El Ejecutivo formuló indicación para suprimir la letra t).

La Diputada Pascal y el Diputado Urrutia coincidieron en que esta supresión del literal se justifica en cuanto corresponde a una atribución que ha sido radicada en el Ministerio.

Sin debate, la indicación fue aprobada, por unanimidad.

Letra u) que pasa a ser r).

Dictar normas e instrucciones de carácter general en el ejercicio de las atribuciones que le confiere esta ley.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para:

a) Agregar el siguiente inciso segundo:

“En el ejercicio de esta atribución la Superintendencia deberá acompañar, cuando corresponda, una estimación general de los costos que generará la implementación de la normativa. Asimismo, la Superintendencia deberá dar lugar a un procedimiento de información y recepción de comentarios antes de la dictación de una norma o instrucción de carácter general el que, por lo menos, deberá contar con un plazo de un mes para recibir aportes y comentarios de las personas y entidades interesadas. La Superintendencia estará eximida de este procedimiento cuando se trate de normativas de organización interna y cuando, por razón fundada, considere el procedimiento contrario al interés público. En ningún caso los comentarios que se realicen serán vinculante y la Superintendencia solo los considerará como antecedentes de sus decisiones.”.

b) Agregar el siguiente inciso final:

“La normativa que emane de la Superintendencia deberá ser sistematizada de tal forma de facilitar el acceso y conocimiento por parte del sector sujeto a su fiscalización.

2.- De la Diputada señora Pascal para reemplazar la expresión “por parte del sector sujeto a fiscalización” por “de la misma.”.

La señora Ministra Presidenta de CONAMA, se manifestó de acuerdo con la proposición destinada a dar publicidad a los mecanismos de fiscalización y control por parte de los fiscalizados, así como también a la comunidad, por lo que manifestó partidaria de aprobar una modificación en tal sentido, siempre que ésta no se refiera a la posibilidad de un sector en particular para solicitar estas informaciones.

La indicación número 1 fue rechazada por unanimidad.

La indicación signada con la letra b) y la número 2, al igual que el literal fueron aprobados, por unanimidad.

Letra nueva, que pasa a ser s)

El señor Accorsi, formuló indicación para agregar la siguiente letra nueva:

s) Fiscalizar el cumplimiento de las demás normas e instrumentos de carácter ambiental, que no estén bajo el control y fiscalización de otros órganos del Estado, y”.

La señora Ministra de CONAMA, explicó que esta indicación propone establecer una norma de clausura para la fiscalización.

La indicación fue aprobada, por unanimidad.

Letra v), que pasa a ser t)

Las demás funciones y atribuciones que le asigne la ley.

Sin debate, la letra fue aprobada, por unanimidad.

Párrafo 2°

De la organización

Artículo 4°

Establece que el Superintendente, quien será el Jefe de Servicio, será nombrado por el Presidente de la República de conformidad a lo establecido en la ley N° 19.882; contará con las atribuciones propias de un jefe de servicio y le corresponderá las siguientes funciones:

Letra a).

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Superintendencia y ejercer, respecto de su personal, las atribuciones propias de su calidad de Jefe Superior del Servicio;

Sin debate, la letra y el encabezado del artículo fueron aprobados, por unanimidad.

Letra b).

Dictar los actos administrativos en virtud de los cuales se ejerzan las atribuciones de interpretación administrativa entregadas a la Superintendencia.

El Ejecutivo, presentó indicación para suprimir esta letra.

Sin debate, la indicación fue aprobada, por unanimidad.

Letras c), d), e) f) y g), que pasan a ser b), c), d) e) y f).

c) Dictar las instrucciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y el buen funcionamiento de la Superintendencia;

d) Establecer oficinas regionales, cuando las necesidades del Servicio así lo exijan y existan las disponibilidades presupuestarias;

e) Celebrar los convenios y ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento de los fines de la Superintendencia;

f) Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia;

g) Encomendar a las distintas unidades de la Superintendencia las funciones que estime necesarias

Sin debate, las letras fueron aprobadas, por unanimidad.

Letra g), nueva.

El Ejecutivo presentó indicación para intercalar la siguiente letra g):

“g) Aprobar la aplicación de las medidas provisionales establecidas en el artículo 48.”.

La señora Ministra explicó que durante el estudio en general se hizo presente la necesidad de que existiera una ratificación de la aplicación de la medida provisional por una autoridad superior, de manera que el funcionario que la hubiere aplicado, tuviera absoluta claridad que esa medida estará sujeta a evaluación por un superior. Se pretende disminuir atisbos de discrecionalidad con una ratificación por parte del Superintendente.

Sin mayor debate, indicación se aprobó, por unanimidad.

Letras h), i) y j).

h) Aplicar las sanciones que correspondan de conformidad a lo establecido en la ley;

i) Conocer y resolver los recursos que la ley establece, y

j) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de la Superintendencia, salvo las materias señaladas en la letra anterior

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1) Del Ejecutivo, formuló indicación, a la letra j), para reemplazar la frase “en la letra anterior” por “en las letras f), h) e i)”.

2) De la señora Pascal, a la letra j), para reemplazar la frase “en la letra anterior” por “en las letras f), g) h) e i)”.

El asesor jurídico de la Ministra, explicó que existen ciertas materias indelegables. Corresponden a esta categoría las referidas a medidas provisionales, aplicación de sanciones y resolución de recursos.

Las letras h), i) y j) con la indicación 2, antes señalada, fueron aprobados, por unanimidad.

La indicación 1, fue rechazada, por unanimidad.

Letras k), l) y m).

k) Nombrar y remover al personal de la Superintendencia de conformidad a la presente ley y a las normas estatutarias.

l) Rendir cuenta anualmente de su gestión, a través de la publicación de una memoria y balance institucional, con el objeto de permitir a las personas efectuar una evaluación continua y permanente de los avances y resultados alcanzados por la Superintendencia, y

m) Las demás que establezcan las leyes y reglamentos.

Respecto a la norma contenida en la letra l), la señora Ministra explicó que corresponde al mínimo exigible para las rendiciones de cuentas, y que el Superintendente podría complementarlos con otros como internet.

Por su parte, el Diputado señor León señaló que la norma es imperativa por lo que proponía su modificación a fin de establecer que “a lo menos” se debía publicar una memoria o balance anual.

Consecuentemente, la señora Pascal, formuló indicación para incorporar, en la letra l), entre la palabra “gestión,” y la preposición “a” la expresión “, a lo menos,”.

Los literales k); l) con la indicación antes señalada, y m), fueron aprobadas, por unanimidad.

Artículos nuevos.

- La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon indicación, para incorporar los siguientes artículo 4º bis, 4º ter y 4º quater:

“Artículo 4º bis.- El Superintendente contará con el apoyo de un Consejo Asesor compuesto por cinco miembros de destacada experiencia en materias medioambientales nombrados por el Ministro del Medio Ambiente previa selección conforme al Sistema de Alta Dirección Pública. Los miembros del Consejo serán nombrados por un período de seis años, pudiendo ser designados por un nuevo período. Los consejeros se renovarán por parcialidades de tres y dos consejeros cada tres años, respectivamente.

Artículo 4º ter.- Corresponderá al Consejo Asesor asesorar técnicamente al Superintendente en todas aquellas materias en que éste solicite su pronunciamiento. Con todo, el Superintendente deberá solicitarlo cuando se trate del ejercicio de las atribuciones referidas en el artículo 3º letra f), h), i), j), k), o), s) y u). El Consejo Asesor podrá, cuando así lo estime la mayoría de sus miembros, emitir su opinión sobre un tema distinto de los mencionados.

Artículo 4º quater.- Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente determinará las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación de sus miembros y los aspectos necesarios para el correcto funcionamiento del Consejo Asesor.”.

La señora PASCAL (Presidenta) declaró inadmisibles las indicaciones signadas con las letras a), b) y c), por referirse a atribuciones exclusivas de S. E. la Presidenta de la República, de acuerdo a lo establecido en el número 2 del inciso 4 °, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

Artículo nuevo.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para incorporar el siguiente artículo 5º:

“Artículo 5º.- No podrán desempeñar el cargo de Superintendente las personas que por sí o por su cónyuge ejerzan labores de inspección, verificación y análisis del cumplimiento de la normativa ambiental ya sea personalmente o a través de personas jurídicas en las que sean socios o representantes legales. Tampoco lo podrán ser quienes representen o sean socios de personas jurídicas que estén tramitando proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.”.

El señor Sepúlveda manifestó que la indicación racionaliza las inhabilidades que hoy aparecen como excesivamente restrictivas.

La Ministra Presidenta de CONAMA, señaló que la primera parte de la indicación propuesta le parece correcta, en cuanto ordena las inhabilidades. Sin embargo, le pareció que la exigencia de que “Tampoco lo podrán ser quienes representen o sean socios de personas jurídicas que estén tramitando proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, limita enormemente el ámbito de inhabilidades propuestas por el Ejecutivo.

La indicación se rechazó, por unanimidad.

Artículo 5°.

Serán inhábiles para desempeñar el cargo de Superintendente las personas que por sí, o por su cónyuge, o por sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo por afinidad, a través de personas naturales o jurídicas, tengan participación en sociedades o formen parte de personas jurídicas que hayan presentado proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en los últimos cinco años.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para eliminar el artículo 5º.

2.- De la Diputada señora Pascal, para intercalar entre las palabras “jurídicas” y “que” la frase “ejerzan labores de inspección, verificación y análisis de cumplimiento de la normativa ambiental”.

La indicación número 1, se rechazó en forma unánime.

El artículo con la indicación número 2 fueron aprobados, por unanimidad.

Artículo 6°.

Establece que siempre que los documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos, los funcionarios de la Superintendencia deberán guardar reserva de aquellos que conocieren en el ejercicio de sus funciones, relativos a los negocios de las personas sujetas a su fiscalización y deberán abstenerse de utilizarlos en beneficio propio o de terceros. La infracción a esta obligación será sancionada en la forma establecida en el inciso primero del artículo 247 del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa.

Sin debate, el artículo fue aprobado, por unanimidad.

Artículo 7°.

Corresponderá a las oficinas regionales ejercer, dentro del territorio de su competencia, las funciones y atribuciones que, siendo competencia de la Superintendencia, les sean delegadas por el Superintendente.

El Ejecutivo, formuló indicación para agregar los siguientes incisos segundo y tercero:

“Las funciones de fiscalización, instrucción del procedimiento sancionatorio y la aplicación de sanciones estarán a cargo de unidades diferentes.

El Superintendente tendrá la atribución privativa e indelegable de aplicar las sanciones establecidas en la presente ley.”.

La Ministra Presidenta de CONAMA, explicó que de esta forma se garantiza el debido proceso durante la investigación y la eventual aplicación de sanciones.

El artículo con la indicación fueron aprobados, por unanimidad.

Artículo nuevo.

La señora Pascal y los señores Accorsi y Vallespín, presentaron indicación para agregar el siguiente artículo 7° bis:

“Artículo 7 Bis.- La Superintendencia contará con un oficina de ayuda al cumplimiento de la normativa ambiental, cuya misión será la de proporcionar asistencia a sus regulados para la presentación de planes de cumplimiento o de reparación, así como para orientarlos en la comprensión de la legislación ambiental vigente y del contenido de las obligaciones que emanan de los instrumentos individualizados en el artículo 2° de la presente ley.”.

La señora Presidenta procedió a declarar inadmisible esta indicación, en atención a que corresponde a las facultades exclusivas de S. E. la Presidenta de la República, que están preceptuadas en el numeral 2, del inciso 4° del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

Sin perjuicio de lo anterior, los representantes del Ejecutivo se manifestaron de acuerdo en estudiar la materia.

Consecuentemente, se presentó una indicación para establecer como una de las atribuciones de la Superintendencia que podrá proporcionar asistencia para la presentación de planes de cumplimiento o de reparación, así como de orientación a los regulados.

Artículo 8°.

El personal de la Superintendencia se regulará por las normas de esta ley y por la de los reglamentos que de conformidad a ella se dicten y, supletoriamente, le serán aplicables las normas sobre Estatuto Administrativo.

El personal que esté habilitado como fiscalizador tendrá el carácter de Ministro de Fe, respecto de los hechos constitutivos de infracciones normativas que consignen en el cumplimiento de sus funciones y que los hechos establecidos, constituirán presunción legal.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para eliminar el inciso segundo.

2.- Del señor Chahuán para intercalar, en el inciso segundo entre las expresiones “infracciones normativas”, y “que consignen”, la frase “, de acuerdo a lo se establece en la Ley de Bases General del Medio Ambiente y en su reglamento,”.

El Diputado señor Sepúlveda manifestó que su intención era suprimir una norma que consagraba un desequilibrio entre el regulador y el regulado.

La Diputada Pascal explicó que las facultades ahí señaladas son las que tienen otros organismos fiscalizadores, como el SAG, la autoridad sanitaria y también Carabineros de Chile.

Las indicaciones números 1 y 2 fueron rechazadas, por 7 votos en contra y 4 a favor.

El artículo fue aprobado, por unanimidad.

Artículo 9°.

El Superintendente, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades, como asimismo el personal adscrito a tales unidades, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

El personal a contrata de la Superintendencia podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Superintendente, el que no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Superintendencia.

Por último señala que el personal que preste servicios sobre la base de honorarios, se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda para:

1) Eliminar, en el inciso segundo, la frase final del inciso segundo que dice “El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Superintendencia.”.

2) En el inciso tercero, eliminar el punto final (.) y agregar la siguiente frase final: “y tendrán la calidad de agentes públicos con la consecuente responsabilidad penal y administrativa, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente de su superior jerárquico.”.

El señor Sepúlveda manifestó que la indicación tenía por objeto dar mayor flexibilidad en el manejo del personal de la Superintendencia.

La Ministra Presidenta de CONAMA explicó que el 7%, corresponde a un estándar fijado por la Dirección de la Presupuestos y se ha establecido para todas las instituciones cuya creación ha sido tramitada por el Congreso.

El asesor jurídico de la CONAMA, por su parte, explicó que el artículo 260 del Código penal establece quienes son considerados funcionarios públicos para efectos penales y que la propuesta del Ejecutivo incluye a los contratados a honorarios en dicha categoría. Asimismo, hizo constar que los contratados a honorarios no tienen calidad de funcionario público y por lo tanto no tienen responsabilidad administrativa. El estatuto de los contratados a honorarios es más precario aún, porque puede ser resuelto unilateralmente ante un incumplimiento.

Las indicación números 1 y 2 fueron rechazadas, por 6 votos en contra 4 a favor.

El artículo fue aprobado, por unanimidad.

Artículo 10.

Señala que el Superintendente podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la administración civil del Estado, sin que rijan las limitaciones establecidas por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes.

Sin debate, el artículo se aprobó, por unanimidad.

Artículo 11.

Establece que el personal de la Superintendencia tendrá prohibición absoluta de prestar a las entidades sujetas a su fiscalización otros servicios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta. Cualquiera infracción a esta norma será constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan de conformidad a la ley.

Si debate, el artículo se aprobó, por unanimidad.

Artículo 12.

Dispone que, sin perjuicio de las causales previstas en el Estatuto Administrativo, para la cesación del cargo de personal de carrera, se podrá declarar la vacancia por las siguientes causales:

a) Necesidades de la Superintendencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Superintendencia.

Anualmente, los Directivos de II nivel jerárquico de la Superintendencia, efectuarán una evaluación sobre la marcha de la institución en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados, esos resultados servirán de base para que el Superintendente ejerza esta facultad.

b) Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal anterior tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 del Estatuto Administrativo.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para agregar en la letra a) después de la frase “Necesidades de la Superintendencia” “o del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, según el caso,”.

Sin mayor debate, la indicación fue rechazada, por 8 votos en contra y 1 abstención.

El artículo se aprobó, por unanimidad.

Artículo 13.

Establece que el personal de la Superintendencia que detente cargos directivos y profesionales de los tres primeros niveles jerárquicos, deberá desempeñarse con dedicación exclusiva, sin perjuicio de lo anterior, podrá realizar labores docentes.

Sin debate, el artículo se aprobó, por unanimidad.

Artículo 14.

El patrimonio de la Superintendencia estará formado por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuesto de la Nación y los recursos que le entreguen otras leyes generales o especiales;

b) Los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades;

c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o adquieran a cualquier título y los frutos de tales bienes;

d) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;

e) El producto de la venta de las publicaciones que realice, cuyo valor será determinado por resolución del Superintendente; y

f) El producto de la venta de bienes que realice, como asimismo, de los aranceles, derechos e intereses y otros ingresos propios que perciba en el ejercicio de sus funciones.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en el artículo 14, para eliminar la letra d).

2.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en subsidio de la anterior, a la letra d), para.

a) Eliminar la frase “Las donaciones que se le hagan y”.

b) Reemplazar la frase “Dichas donaciones y asignaciones” por “Dichas asignaciones

Sin mayor debate, la indicación 1 se rechazó, por unanimidad.

El artículo y las indicaciones del número 2 fueron aprobados, por unanimidad.

Artículo 15.

Dispone que la Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1- Del señor Accorsi, para reemplazar el artículo 15, por el siguiente:

“Artículo 15.- La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República.”.

1.- Del señor Chahuán, para suprimir, en el artículo 15, la palabra “exclusivamente”.

2.- De la Diputada señora Pascal y los Diputados señores Palma; Sepúlveda; Girardi y Espinosa, don Marcos, para suprimir la frase “exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos”.

La indicación número 1 fue declarada inadmisible, por la señora Presidenta, de acuerdo a lo preceptuado en el número 2° del Inciso 4° del artículo 65 de la Constitución Política de la República.

Sin debate, la indicaciones números 2 fue rechazada, por unanimidad.

El artículo y la indicación 3 se aprobaron, por unanimidad.

Artículo 16.

Señala que para el desarrollo de las actividades de fiscalización, la Superintendencia deberá establecer, anualmente, los siguientes programas y subprogramas:

a) Los programas de fiscalización de Resoluciones de Calificación Ambiental para cada región, incluida la Metropolitana;

b) Los subprogramas sectoriales de fiscalización de Resoluciones de Calificación Ambiental, dónde se identificarán las actividades de fiscalización para cada servicio u organismo sectorial competente;

c) Los programas de fiscalización de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación para las diversas regiones en que ellos operen;

d) Los subprogramas de fiscalización de Planes de Prevención y/o de Descontaminación, dónde se identificarán las actividades de fiscalización para cada servicio u organismo sectorial competente;

e) Otros programas y subprogramas que de conformidad a las instrucciones impartidas por la Superintendencia o lo dispuesto en la ley Nº 19.300 u otros cuerpos legales den origen a actividades de fiscalización en materia medio ambiental, de competencia de la Superintendencia.

Sin debate, el artículo fue aprobado, por unanimidad.

Artículo 17.

El inciso primero establece que para la elaboración de estos programas y subprogramas se solicitará a los organismos con competencia en fiscalización ambiental informes acerca de las prioridades de fiscalización que hubieren definido, los que deberán evacuarse dentro del plazo de 15 días hábiles.

El segundo agrega que sobre la base de los informes y antecedentes se elaborarán las propuestas de programas y subprogramas, los que serán sometidos a consulta.

El inciso tercero dispone que concluido el período de consulta, los programas y subprogramas y las observaciones recibidas se pondrán en conocimiento del Superintendente, el que los fijará mediante una o más resoluciones exentas.

Por último, el inciso final, señala que las resoluciones que fijen los programas y subprogramas deberán garantizar adecuadamente la participación en la fiscalización de la Superintendencia y de los organismos sectoriales. Asimismo, deberán resguardar la debida coordinación entre ellas, evitando duplicidad de funciones, y se deberá indicar, además, los presupuestos sectoriales asignados, así como los indicadores de desempeño asociados.

El Ejecutivo, formuló indicación, para agregar, en el inciso tercero, a continuación de la palabra “exentas” la siguiente frase: “, siendo comunicada a los organismos sectoriales y a los potenciales fiscalizados.”.

Sin debate, el artículo con la indicación fueron aprobados, por unanimidad.

Artículo 18.

Dispone que al finalizar el año respectivo, deberán publicarse los programas y subprogramas de fiscalización, con sus respectivos resultados individualizados por tipo de instrumento fiscalizado y organismo que las llevó a cabo. Las resoluciones que establezcan los programas y subprogramas de fiscalización tendrán el carácter de reservadas mientras se encuentren en ejecución, sólo serán distribuidas sólo a los responsables. Sin perjuicio de lo cual serán de conocimiento público las metodologías y guías de fiscalización aprobadas por la Superintendencia.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para suprimir los tres párrafos finales que se inician con la frase “Las resoluciones que establezcan los programas.”.

2.- Del Ejecutivo para reemplazar, los párrafos que siguen al punto seguido, por el siguiente: “Serán de conocimiento público las metodologías y guías de fiscalización aprobadas por la Superintendencia.”.

Sin debate, la indicación número 1 se rechazó, por 6 votos en contra y 2 a favor.

El artículo y la indicación 2 fueron aprobados, por unanimidad.

Artículo 19.

Dispone que las actividades de fiscalización se ceñirán a los programas y subprogramas definidos, sin perjuicio de que la Superintendencia podrá realizar inspecciones no contempladas en aquéllos, en caso de denuncias, reclamos o cuando tome conocimiento de incumplimientos o infracciones.

Agrega que, una vez al año, podrá actualizarse los programas y subprogramas de fiscalización cuando razones fundadas basadas en la eficiencia del sistema de fiscalización así lo aconsejen.

Sin debate, el artículo se aprobó, por unanimidad.

Artículo 20.

Establece que la ejecución de los programas y subprogramas de fiscalización contempla actividades de inspección, análisis de la información obtenida en las primeras y la adopción de las medidas que correspondan.

Sin debate, el artículo se aprobó, por unanimidad.

Artículo 21.

Cualquier persona podrá denunciar ante la Superintendencia el incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental y normas ambientales, debiendo ésta informar sobre los resultados de su denuncia en un plazo no superior a 60 días hábiles.

En el evento de que se iniciare un procedimiento administrativo sancionador, el denunciante tendrá para todos los efectos legales la calidad de interesado en el precitado procedimiento.

El señor Chahuán formuló indicación para intercalar, en el inciso primero, entre las palabras “denunciar” y “ante”, la expresión “, mediante escrito fundado,”.

El Diputado señor Escobar manifestó que el requerir un escrito fundado para realizar la denuncia, significa complejizar una herramienta de participación ciudadana, que es una de las cosas que busca el proyecto.

La indicación se rechazó, por 6 votos en contra y 3 a favor.

El artículo se aprobó, por unanimidad.

Artículo 22.

La Superintendencia realizará la ejecución de las inspecciones, mediciones y análisis que se requieran para el cumplimiento de los programas y subprogramas de fiscalización, como también encomendará dichas acciones a los organismos sectoriales, cuando corresponda.

Para estos efectos, la Superintendencia impartirá directrices a los mencionados organismos sectoriales, informando, las acciones de fiscalización que éstos asumirán, los plazos y oportunidades para su realización y las demás condiciones pertinentes. A su vez, la Superintendencia deberá informar a los organismos sectoriales correspondientes la ejecución de sus inspecciones, mediciones y análisis respectivos, de manera de evitar duplicidad de funciones.

Sin debate, el artículo se aprobó, por unanimidad.

Artículo 23.

Corresponderá a los jefes de servicio de cada uno de los órganos y servicios sectoriales supervisar el cumplimiento de las acciones de fiscalización contempladas en esta ley y las demás que rijan la materia específica, debiendo reportar periódicamente a la Superintendencia, sobre el grado de cumplimiento de los procedimientos de fiscalización.

Los convenios de desempeño aplicables a los jefes de los organismos y servicios sectoriales que ejerzan funciones de fiscalización en materia ambiental, así como sus equipos de trabajo, deberán contener las obligaciones específicas de cumplimiento sujetas a indicadores verificables, relativos a los procedimientos de fiscalización regulados en la presente ley.

Sin debate, el artículo se aprobó por unanimidad.

Artículo nuevo.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda formularon indicación para incorporar el siguiente artículo 23 bis:

“Artículo 23 bis.- Los organismos sectoriales que cumplan funciones de fiscalización ambiental deberán dar cumplimiento a las directrices técnicas de carácter general y obligatorio y a los programas y subprogramas de fiscalización que establezca la Superintendencia en conformidad a la ley. De no hacerlo, el Jefe Superior del respectivo organismo sectorial será sancionado, previo procedimiento administrativo ante la Contraloría General de la República, con la medida disciplinaria de multa equivalente a una remuneración mensual.”.

Tras un breve debate, en cual se hicieron presente dudas respecto de la admisibilidad de la indicación, la señora PASCAL (Presidente) declaró inadmisible la indicación por incidir en materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Artículo 24.

Cuando determinadas acciones de fiscalización contempladas en los programas y subprogramas no puedan ser llevadas a cabo, sea por insuficiencia operativa de los organismos sectoriales o por otra causa justificada, serán encomendadas por la Superintendencia a las entidades técnicas acreditadas de conformidad a esta ley o se realizarán directamente por sus propios fiscalizadores.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon indicación para reemplazar el artículo, por el siguiente:

“Artículo 24.- Las acciones de fiscalización contempladas en los programas y subprogramas podrán ser encomendadas por la Superintendencia a las entidades técnicas acreditadas de conformidad a la ley.”.

Sin debate, la indicación se rechazó, por 7 votos en contra y 3 a favor.

El artículo se aprobó, por 7 votos a favor y 3 en contra.

Artículo 25.

Las acciones de fiscalización, sea que sean ejecutadas directamente por la Superintendencia o por los organismos sectoriales competentes, deberán ajustarse a las instrucciones técnicas de carácter general impartidas por ésta relativas a los protocolos, procedimientos y métodos de análisis en ellas definidos.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para agregar a continuación de la expresión “por la Superintendencia”, la frase “, por las entidades técnicas acreditadas”.

2.- Del señor Chahuán, para agregar, la siguiente frase final: “El Reglamento establecerá las pautas que deberá considerar el superintendente para ajustar las acciones antes indicadas.”.

El artículo y la indicación número 1 fueron aprobados, por unanimidad.

La indicación 2 se rechazó, por 6 votos en contra y 2 a favor.

Artículo 26.

Los resultados de las inspecciones, mediciones y análisis realizados por la Superintendencia y los organismos sectoriales, junto con un informe técnico fundado y sus conclusiones, deberán remitirse, una vez finalizados, al Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental al cual se refiere el artículo 33.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon indicación para agregar, a continuación de la frase “realizados por la Superintendencia” la siguiente: “, por las entidades técnicas acreditadas”.

El artículo con la indicación fueron aprobados, por unanimidad.

Artículo 27.

El inciso primero, establece que cuando la Superintendencia obligue a los sujetos fiscalizados a someterse a programas de evaluación y certificación de conformidad, consagrados en la letra q) del artículo 4º, podrá revisar las instalaciones de las empresas, industrias o proyectos con el objeto de verificar los sistemas productivos y los sistemas de control.

El inciso segundo, dispone que estos programas serán determinados por la Superintendencia y corresponderá al Reglamento establecer sus procedimientos.

El inciso final, prescribe que serán de cargo del titular del proyecto o de la fuente sujeta a fiscalización todos los costos involucrados en los informes periódicos requeridos, incluidos los respectivos muestreos y análisis de laboratorios, los que deberán ser realizados por entidades debidamente registradas en el Sistema Nacional de Acreditación.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo, de la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda para reemplazar en el artículo 27, el guarismo “4” por el “3” y la letra “q” por “p”.

2.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“Estos programas serán determinados por la Superintendencia cuando, finalizado un procedimiento administrativo, aparezca necesario someter al sujeto fiscalizado a programas de evaluación y certificación para evitar así un daño ambiental probable y siempre y cuando sea costo efectivo someter a el o los sujetos fiscalizados a este tipo de programas. Corresponderá al Reglamento establecer sus procedimientos.”.

3.- De los mismos Diputados para agregar el siguiente inciso final:

“El certificado de cumplimiento que resulte al finalizar el periodo establecido en los respectivos programas constituirá prueba suficiente de cumplimiento de la normativa y de los hechos que fueron evaluados por los certificadores. La Superintendencia no podrá iniciar o reabrir un procedimiento sancionatorio que tenga por fundamento los mismos hechos sometidos al respectivo programa de evaluación y certificación de conformidad.”.

Sin mayor debate, el artículo y la indicación número 1 fueron aprobados, por unanimidad.

Las indicaciones 2 y 3 se rechazaron, por 6 votos en contra y 3 a favor.

Artículo 28.

Durante los procedimientos de fiscalización los responsables de las empresas, industrias, proyectos y fuentes sujetos a fiscalización deberán entregar todas las facilidades para que se lleve a cabo el proceso de fiscalización y no podrán negarse a proporcionar la información requerida sobre los aspectos materia de la misma.

Los funcionarios de la Superintendencia estarán facultados, en el cumplimiento de sus labores inspectivas, para ingresar a inmuebles, establecimientos o recintos públicos o privados en que se desarrollen actividades objeto de fiscalización. Quienes sean objeto de fiscalización deberán facilitar el cumplimiento de su cometido a los funcionarios competentes.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, los funcionarios de la Superintendencia podrán solicitar directamente del Jefe de la Unidad de Carabineros más próxima o de la autoridad que corresponda, según el caso, el auxilio de la fuerza pública, la que podrá actuar con descerrajamiento, si fuere necesario, para ingresar a lugares cerrados que no constituyan morada.

La negativa a dar cumplimiento a los requerimientos durante las acciones de fiscalización será considerada como infracción gravísima.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo para intercalare, en el inciso primero, entre la palabra “fiscalización” y las expresiones “los responsables”, una coma (,).

2.- Del señor Accorsi, para reemplazar el inciso segundo, por el siguiente:

“Los funcionarios de la Superintendencia estarán facultados, en el cumplimiento de sus labores inspectivas, para ingresar a inmuebles, establecimientos o recintos públicos o privados en que se desarrollen actividades objeto de fiscalización, incautar bienes, tomar muestras o registros del sitio o bienes fiscalizados, levantar actas y dejar testimonio en ellas de quienes se encontraren en el lugar de la fiscalización y en general, proceder a la ejecución de cualquier otra medida tendiente a hacer constar el estado y circunstancias de las actividad fiscalizada. Quienes sean objeto de fiscalización deberán facilitar el cumplimiento de su cometido a los funcionarios competentes. “.

3.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, al inciso tercero, para:

a) Agregar después de la frase “los funcionarios de la Superintendencia” la siguiente oración “previa autorización judicial concedida por el juez de letras con competencia en el lugar donde supuestamente se está cometiendo la infracción,”.

b) Eliminar la palabra “directamente”.

c) Agregar el siguiente inciso cuarto nuevo:

“En el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras, los funcionarios de la Superintendencia sólo podrán impedir el normal desenvolvimiento de las actividades de las empresas, industrias, proyectos y fuentes sujetas a fiscalización cuando ello sea imprescindible para detener un deterioro manifiesto del medio ambiente o una situación que pone en riesgo la salud de la población.”.

d) Suprimir el inciso final.

4.- Del Diputado señor Accorsi, para eliminar la expresión “incautar bienes”.

5.- De los Diputados señores Chahuán; Escobar; Espinosa, don Marcos; Girardi Briere; León y Vallespín y señora Pascal, para reemplazar en el inciso primero, la frase “sujetos a fiscalización”, por la frase “sujetos a dicho proceso”.

Sin mayor debate, el artículo y las indicaciones 1, 4 y 5 se aprobaron, por unanimidad; la indicación número 2, se aprobó, por 6 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

Las indicaciones contenidas en el número 3, se rechazaron por 6 votos en contra y 2 a favor.

Artículo 29.

Establece que la Superintendencia podrá citar a declarar a los representantes, directores, administradores, asesores y dependientes de los sujetos fiscalizados, como asimismo a testigos, respecto de algún hecho cuyo conocimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones y quienes no estarán obligadas a concurrir a declarar.

Asimismo, dispone que la Superintendencia podrá requerir de la justicia ordinaria la aplicación del procedimiento de apremio contemplado en los artículos 93 y 94 del Código Tributario, en contra de las personas que habiendo sido citadas bajo apercibimiento no concurran a declarar sin causa justificada.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon indicación al inciso primero, para:

a) Reemplazar la frase “citar a declarar a” por “obtener la declaración de”.

b) Reemplazar la frase “respecto de algún hecho cuyo conocimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones” por “respecto de algún hecho pertinente y sustancial cuyo conocimiento pueda aportar antecedentes en un procedimiento sancionatorio en curso.”.

Las indicaciones fueron rechazadas, por 5 votos en contra y 1 voto a favor.

El artículo fue aprobado, por unanimidad.

Artículo 30.

Los que realicen las acciones de fiscalización deberán guardar la debida confidencialidad de la información obtenida relativa a procesos y sistemas productivos o cualquier otro sujeto a propiedad industrial y que la infracción a esta norma será sancionada de conformidad al artículo 247 del Código Penal.

Sin debate, el artículo fue aprobado por unanimidad.

Artículo 31.

La Superintendencia administrará un Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, que se conformará con los siguientes antecedentes y datos:

a) Las Resoluciones de Calificación Ambiental y la totalidad de sus antecedentes; los permisos ambientales sectoriales asociados a cada una de ellas; las acciones de fiscalización desarrolladas a su respecto y sus resultados; y las mediciones, análisis y demás datos que los titulares deban proporcionar de conformidad a las exigencias establecidas por dichas Resoluciones;

b) Los Planes de Prevención y/o de Descontaminación y la totalidad de sus antecedentes; las acciones de fiscalización desarrolladas a su respecto y sus resultados; y las mediciones, análisis y demás datos que conforme a las medidas de cada Plan, deban proporcionarse por los sujetos fiscalizados o por los organismos sectoriales competentes;

c) Los procesos sancionatorios incoados respecto de cada actividad, proyecto y sujeto fiscalizado y sus resultados, y

d) Los procesos de fiscalización de las Normas de Emisión.

El señor Accorsi formuló indicación para reemplazar, la letra d) por la siguiente:

“d) Los procesos de fiscalización de las Normas de Emisión, de Calidad Ambiental y de las demás normas ambientales que no sean de control y fiscalización de otros órganos del Estado.”.

El artículo con la indicación fueron aprobados, por unanimidad.

Artículo 32.

Para los efectos del artículo anterior, el Servicio de Evaluación Ambiental, los organismos sectoriales con competencia ambiental, los titulares de las Resoluciones de Calificación Ambiental y los demás sujetos a fiscalización de conformidad a esta ley, deberán proporcionar a la Superintendencia los siguientes antecedentes e informaciones:

a) Las Resoluciones de Calificación Ambiental dictadas y que se dicten, incluidos todos sus antecedentes y las modificaciones y aclaraciones de que sean objeto;

b) Los Planes de Prevención y/o de Descontaminación que se determine aplicar, incluidos todos sus antecedentes y las modificaciones y aclaraciones de que sean objeto;

c) Los permisos ambientales sectoriales que se otorguen;

d) Los resultados de los procesos de fiscalización ambiental que desarrollen los organismos sectoriales con competencia ambiental, así como de los procesos sancionatorios que les corresponda incoar;

e) Los resultados de las mediciones, muestreos y análisis que, de acuerdo a lo previsto en los Planes de Prevención y/o de Descontaminación, se deban realizar;

f) Los antecedentes y datos sobre mediciones, análisis y pruebas que los titulares de proyectos o actividades deban realizar conforme a sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental, y

g) Los antecedentes y datos sobre mediciones, análisis y pruebas que los titulares de las fuentes deban realizar de conformidad a las normas de emisión.

El inciso segundo, preceptúa que las informaciones mencionadas deberán remitirse directamente a la Superintendencia sin necesidad de requerimiento alguno, en la forma y modo que para estos efectos se establezca en las instrucciones de carácter general que dicte la Superintendencia.

El inciso tercero, establece que el Reglamento establecerá el procedimiento y la forma en la cual operará el sistema de información.

El inciso final señala que, sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia podrá requerir las informaciones y antecedentes adicionales que estimen necesarios para la conformación y mantención del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental

Se presentaron las siguientes indicaciones:

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para:

1) Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Tratándose de los titulares de las Resoluciones de Calificación Ambiental y los demás sujetos a fiscalización de conformidad a esta ley, la Superintendencia podrá requerirles directamente los antecedentes y la información señalada en los literales precedentes solo cuando los organismos obligados a remitirla se hubieren excusado de ello, justificadamente, o cuando los mismos no estén en su poder por cualquier causa.”.

2) Agregar en el inciso segundo, a continuación de la oración “que dicte la Superintendencia” la siguiente frase: “en las que deberán consignarse plazos razonables para su entrega y los modos de envío de la información, que deberán privilegiar los medios electrónicos.”

Respecto de la indicación Nº 1 que propone agregar un inciso segundo nuevo, la Ministra Presidenta de CONAMA, señaló que el encabezado de éste artículo señala a quienes la Superintendencia les puede requerir la información y están obligados a proporcionarla no sólo de los titulares de los RCA sino que los organismos que allí se indican, pero la indicación es restrictiva en cuanto al tipo de antecedentes que les pueden ser requeridos al titular a sabiendas que ese antecedente no se encuentra en poder del servicio respectivo por lo que obligar a requerir a organismos que se sabe no tienen los antecedentes para luego pedírselos al titular es inoficioso. Por ello se establece que la Superintendencia pueda requerir los antecedentes directamente al fiscalizado, o si lo estima necesario puede solicitarlo subsidiariamente o adicionalmente, a otra entidad.

La indicación 1 fue rechazada, por 5 votos en contra y 1 a favor.

El artículo con la indicación 2 fue aprobado, por unanimidad.

Artículo 33.

La Superintendencia contará con una plataforma electrónica que le permita la adecuada administración del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental y su aplicación útil para la detección temprana de desviaciones o irregularidades y la consecuente adopción oportuna de las medidas o acciones que correspondan.

Dicha plataforma deberá permitir, además, mantener un historial sistematizado y actualizado de las acciones de fiscalización realizadas respecto de cada sujeto fiscalizado y sus resultados, así como de los procesos sancionatorios de que sean objeto y los resultados de ambos, que permita obtener información útil para la priorización de futuras fiscalizaciones y para la resolución de futuros procedimientos sancionatorios.

Sin debate, el artículo se aprobó por unanimidad.

Artículo 34.

Establece que las normas que establezcan el secreto o reserva sobre determinados asuntos no obstarán a que se proporcione a la Superintendencia la información o antecedente que ella requiera para el ejercicio de su fiscalización, sin perjuicio de que sobre su personal pese igual obligación de guardar tal reserva o secreto

Sin debate, el artículo se aprobó por unanimidad.

Artículo 35.

Corresponderá exclusivamente a la Superintendencia del Medio Ambiente y, en su caso, a la Dirección Regional, el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las siguientes infracciones:

a) El incumplimiento de las condiciones, normas y demás exigencias previstas en las Resoluciones de Calificación Ambiental;

b) La ejecución de proyectos y el desarrollo de actividades para los que la ley exige Resolución de Calificación Ambiental, sin contar con ella;

c) El incumplimiento de las medidas e instrumentos previstos en los Planes de Prevención y/o de Descontaminación;

d) El incumplimiento por parte de entidades técnicas acreditadas por la Superintendencia, de los términos y condiciones bajo las cuáles se les haya otorgado la autorización, o de las obligaciones que esta ley les imponga;

e) El incumplimiento de las normas e instrucciones generales que la Superintendencia imparta en ejercicio de las atribuciones que le confiere esta ley;

f) El incumplimiento de los requerimientos y medidas urgentes y transitorias que la Superintendencia resuelva de conformidad a esta ley, respecto de los titulares de proyectos y actividades sujetos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental;

g) El incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales, que no sean competencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios;

h) El incumplimiento de los planes de recuperación, conservación y gestión de especies establecidos en la ley Nº 19.300;

i) El incumplimiento de los requerimientos de información que la Superintendencia dirija a los sujetos fiscalizados, de conformidad a esta ley;

j) El incumplimiento de los planes de manejo a que se refiere la ley Nº 19.300;

k) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales previstas en el artículo 47;

l) El incumplimiento de la obligación de informar de los responsables de fuentes emisoras, para la confección del registro al cual hace mención la letra t) del artículo 3° de la presente ley, y

m) El incumplimiento cualquiera de toda otra norma de carácter ambiental que no tenga establecida una sanción especifica.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo para eliminar en el inciso primero, la expresión “y, en su caso, a la Dirección Regional”.

2.- De los señores Chahuán; Escobar; Girardi Briere y Vallespín, para agregar en la letra c), a continuación del punto y coma (;) la frase “normas de calidad y emisión, cuando corresponda;”

Sin debate, el artículo con las indicaciones, fue aprobado por unanimidad.

Artículo 36.

El inciso primero, señala que para los efectos del ejercicio de la potestad sancionadora que corresponde a la Superintendencia, las infracciones de su competencia se clasificarán en gravísimas, graves y leves.

Se hace presente, que por asentimiento unánime, se acuerda, proceder a la discusión y votación de este artículo por inciso y por letras.

El señor Chahuán, formula indicación para reemplazar el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 36.- Para los efectos del ejercicio de la potestad sancionadora que corresponde a la Superintendencia, las infracciones de su competencia se clasificarán en gravísimas, graves y leves basadas en un informe pericial. Estas serán siempre recurribles ante la Contraloría y/o tribunales de justicia por el afectado.”.

Sin mayor discusión, la indicación fue rechazada por 4 votos en contra y 2 a favor.

El inciso primero del artículo, fue aprobado, por 4 votos a favor y 2 en contra.

Número 1.

Son infracciones gravísimas los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que alternativamente:

Letra a).

Hayan causado grave daño ambiental, no susceptible de reparación;

El Ejecutivo formuló indicación para suprimir, en la letra a) del Nº 1, la palabra “grave”.

Tras un breve debate, se explicó que la calificación viene dada por el hecho de ser un daño irreparable.

La letra con la indicación fue aprobada, por unanimidad.

Letra b).

Hayan generado grave riesgo para la salud de la población.

La señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon indicación para reemplazar la letra b), del N° 1, por la siguiente:

“b) Hayan generado daño grave a la salud de la población;”.

Sobre esta indicación, el Diputado señor Accorsi manifestó la importancia del actuar preventivo, de manera de evitar riesgo en la salud de la población, que, por el contrario, la indicación sanciona hechos ya ocurridos, dónde la salud de la población ya se ha visto afectada.

Sin mayor debate, la indicación fue rechazada por unanimidad.

La letra b) fue aprobada por unanimidad.

Letra c).

Provoquen un serio obstáculo para el cumplimiento de las metas y objetivos de un Plan de Prevención y/o de Descontaminación;

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para reemplazar la letra c) del N° 1, por la siguiente:

“c) Impidan deliberadamente el cumplimiento de las metas y objetivos de un Plan de Prevención y/o Descontaminación;”.

2.- De los Diputados señores Chahuán; Girardi Briere; Sepúlveda, don Roberto y Vallespín, para reemplazar la expresión “metas y objetivos” por “medidas”.

La Ministra Presidenta de CONAMA, explicó que en este caso bastaba con la sola negligencia, atendido a que se encontraban en el caso de un emplazamiento donde existe un plan de prevención y/o de descontaminación.

El señor Vallespín, manifestó que le parecía más difícil probar el cumplimiento de las “metas y objetivos”, que el de medidas ya que éstas son más fáciles de determinar.

La indicación 1 fue rechazada, por unanimidad.

La letra y la indicación 2 fueron aprobadas, por unanimidad.

Letra d).

Se hayan encubierto o pretendido encubrir mediante información falsa u ocultamiento de información;

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo para reemplazar en la letra d) del Nº 1, la frase “encubierto o pretendido encubrir” por “disimulado”.

2.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, a la letra d) del N° 1, para.

a) Agregar a continuación de la frase “hayan encubierto” la palabra “infracciones.

b) Eliminar la expresión “o pretendido encubrir.

3.- De los señores Chahuán; Girardi Briere; Sepúlveda, don Roberto y Vallespín y señora Pascal, para reemplazar el literal d) por el siguiente:

“d) Se hayan encubierto o pretendido simular mediante información falsa u ocultamiento.”.

El asesor jurídico de CONAMA, manifestó que la indicación 1, tiene como fundamento las observaciones que se hicieron en las audiencias de esta Comisión donde se señaló que la denominación de “encubierto o se pretendiera encubrir”, podría llevar a determinar responsabilidad a sujetos que no eran imputables, por ejemplo, los responsables de la industria, de manera que lo que busca la indicación es determinar una cierta intencionalidad en el ocultamiento de información.

Las indicaciones contenidas en el número 1 y 2, fueron rechazadas, por unanimidad.

La letra y la indicación 3 se aprobaron, por unanimidad.

Letra e).

Hayan impedido la fiscalización, encubierto una infracción o evitado el ejercicio de las atribuciones de la Superintendencia;

El Ejecutivo, formuló indicación para sustituir en la letra e) del Nº 1, la expresión “encubierto” por “disimulado”.

La indicación se rechazó, por unanimidad.

El literal fue aprobado, por unanimidad.

Letra f).

Involucren la ejecución de proyectos o actividades del artículo 10 de la ley N° 19.300 al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y se constate en ellos alguno de los efectos, características o circunstancias previstas en el artículo 11 de dicha ley;

Sin debate, la letra fue aprobada, por unanimidad.

Letra g).

Constituyan reiteración o reincidencia en infracciones calificadas como graves de acuerdo con este artículo.

Sin debate, el literal se aprobó, por unanimidad.

Letra h), nueva.

El Diputado señor Accorsi, presentó indicación para agregar en el N° 1, la siguiente letra h):

“h) Hayan causado cualquier tipo de daño en los recursos naturales pertenecientes a áreas silvestres protegidas del Estado.”.

Sin mayor debate, la indicación se aprobó, por unanimidad.

El número 1 fue aprobado, por unanimidad.

Número 2.

Son infracciones graves, los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que, alternativamente:

Letra a).

Hayan causado daño ambiental significativo, aún si fuere susceptible de reparación;

El Ejecutivo, presentó indicación a la letra a) del Nº 2, para eliminar la palabra “significativo” y la frase “aún si fuere”.

La Ministra señaló que esta indicación es plenamente coincidente con lo expuesto en el caso del numeral 1; y que aquí es lógico proceder a eliminar la expresión “significativo” porque es la propia ley la que define el daño ambiental, además la diferencia estará dada por la posibilidad de reparar o no el daño, lo que no era posible en el caso de las gravísimas.

Sin mayor debate, a letra con la indicación fueron aprobadas, por unanimidad.

Letra b).

Hayan generado un riesgo significativo para la salud de la población.

Sin debate, la letra fue aprobada, por unanimidad.

Letra c).

Pongan en peligro el cumplimiento de las metas y objetivos de un Plan de Prevención y/o de Descontaminación;

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para reemplazar, en la letra c) la frase inicial “Pongan en peligro” por la palabra “Afecten.”.

2. De los señores Escobar; Girardi Briere; Sepúlveda don Roberto y Vallespín y señora Pascal, para reemplazar la letra c) del número 2 por:

“c) Afecten negativamente el cumplimiento de las medidas de un plan de prevención y/o descontaminación.”.

Sin debate, la indicación 1 fue rechazada por unanimidad.

La indicación número 2 fue aprobada por unanimidad.

Letra d).

Involucren la ejecución de proyectos o actividades del artículo 10 de la ley N° 19.300 al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, si no están comprendidos en los supuestos de la letra f) del número anterior.

Sin debate, a letra fue aprobada, por unanimidad.

Letra e).

Involucren el incumplimiento de las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental;

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para reemplazar, en la letra e) del N° 2, la frase inicial que dice “Involucren el incumplimiento de” por otra que diga “Incumplan gravemente las”.

Sin mayor debate, el literal y la indicación fueron aprobados, por unanimidad.

Letra f).

Conlleven el no acatamiento de las instrucciones, requerimientos y medidas urgentes dispuestas por la Superintendencia;

Sin debate, el literal se aprobó, por unanimidad.

Letra g).

Constituyan una negativa a entregar información en los casos que la ley autoriza a la Superintendencia para exigirla;

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para agregar en la letra g) después de la frase “Constituyan una negativa” la palabra: “injustificada”.

El asesor legislativo de CONAMA manifestó que de aprobarse esta indicación podría entenderse que hay razones justificadas para negarse a entregar información.

Sin mayor debate, la indicación se rechazó, por unanimidad.

El literal se aprobó, por unanimidad.

Letra h).

Constituyan persistente reiteración de una misma infracción calificada como leve de acuerdo con este artículo.

Sin debate, el literal se aprobó, por unanimidad.

Letra nueva, que pasa a ser i).

El señor Accorsi, formuló indicación al N° 2, para agregar la siguiente letra nueva:

“i) Se ejecuten al interior de áreas silvestres protegidas del Estado, sin autorización.”.

Sin mayor debate, la indicación se aprobó, por 5 votos a favor y 1 abstención.

El número 2, fue aprobado, por unanimidad.

Número 3.

Son infracciones leves los hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto obligatorio y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los incisos anteriores.

Sin debate, el numeral se aprobó, por unanimidad.

Artículo 37.

Las infracciones previstas en esta ley prescribirán a los tres años de cometidas, plazo que se interrumpirá con la notificación de la formulación de cargos por los hechos constitutivos de las mismas.

Sin debate, el artículo se aprobó, por unanimidad.

Artículo 38.

Las infracciones cuyo conocimiento compete a la Superintendencia, podrán ser objeto de las siguientes sanciones:

a) Amonestación por escrito;

b) Multa de una a diez mil unidades tributarias anuales;

c) Clausura temporal o definitiva, y

d) Revocación de la Resolución de Calificación Ambiental.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del señor Accorsi, para reemplazar la letra b), por la siguiente:

“b) Multa de cinco a cincuenta mil unidades tributarias anuales.”.

2.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en la letra c) para eliminar las palabras “o definitiva”.

3.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para agregar, en el artículo 38, el siguiente inciso segundo:

“En todo caso, la sanción de clausura temporal requerirá para hacerse efectiva de la ratificación del Superintendente y la sanción de clausura definitiva y revocación de la Resolución de Calificación Ambiental no será aplicable mientras existan recursos judiciales pendientes que podrían revocar la decisión.”

Sin mayor debate, el artículo y la indicación número 1 fueron aprobados, por unanimidad.

La indicación número 2, se rechazó por 5 votos en contra y 1 a favor, y la número 3 fue rechazada por 4 votos en contra, 1 a favor y una abstención.

Artículo 39.

La sanción que corresponda aplicar a cada infracción se determinará, según su gravedad, dentro de los siguientes rangos:

a) Las infracciones gravísimas podrán ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura, o multa de cinco mil una hasta diez mil unidades tributarias anuales;

b) Las infracciones graves podrán ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura, o multa desde quinientas una hasta cinco mil unidades tributarias anuales, y

c) Las infracciones leves podrán ser objeto de amonestación por escrito o multa de una hasta quinientas unidades tributarias anuales.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para eliminar, en el artículo 39, en las letras a) y b) la palabra “Clausura”.

2.- De los mismos Diputados, en subsidio de la anterior, para reemplazar en las letras a) y la b) la palabra “clausura” por la frase “clausura temporal que no podrá exceder de 15 días”.

3.- Del Ejecutivo:

a) Para suprimir en la letra a), la frase “cinco mil una”.

b) Para reemplazar en la letra b), la expresión “desde quinientas una” por “de".

c) Para eliminar en la letra c), la palabra “una”.

4.- la señora Pascal y los señores Accorsi, Espinosa, Girardi, señora Pascal presentaron indicación para:

a) Reemplazar en la letra a) la siguiente expresión “cinco mil una hasta diez”, por “hasta cincuenta”.

b) Sustituir en la letra b) la expresión “desde quinientas una hasta cinco” por “de hasta veinticinco”.

c) Reemplazar en a la letra c) la expresión “de una hasta quinientas” por la palabra “hasta mil”.

Las indicaciones 1 y 2, fueron rechazadas, por 4 votos en contra y 3 a favor. Las indicaciones que contempla el numeral 3, se rechazaron, por unanimidad.

El artículo y las indicaciones signadas con el número 4, fueron aprobadas, por unanimidad.

Artículo 40.

Para la determinación de las sanciones específicas que en cada caso corresponda aplicar, se considerarán las siguientes circunstancias:

a) La importancia del daño causado o del peligro ocasionado;

b) El porcentaje estimativo de población cuya salud pudo afectarse por la infracción;

c) El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción;

d) La intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma;

e) La conducta anterior del infractor;

f) La capacidad económica del infractor;

g) El cumplimiento del programa señalado en la letra s) del artículo 3°, y

h) Todo otro criterio que, a juicio fundado de la Superintendencia, sea relevante para la determinación de la sanción.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para eliminar la letra h) del artículo 40.

La indicación fue rechazada, reglamentariamente, se registraron 3 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.

El artículo fue aprobado por unanimidad, salvo la letra h) que fue aprobada por reglamentariamente

Artículo 41.

La Superintendencia podrá reducir el monto de la multa al infractor que concurra a sus oficinas y denuncie estar cometiendo, por sí, cualquier infracción de aquellas establecidas en los artículos precedentes.

La reducción sólo procederá cuando el infractor suministre información precisa, verídica y comprobable respecto de los hechos que constituyen infracción y ponga fin, de inmediato, a los mismos, adoptando todas las medidas necesarias para reducir o eliminar los efectos negativos. En todo caso, la rebaja no podrá ser superior al 50% de la multa impuesta por la Superintendencia.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que la Superintendencia hubiese iniciado la investigación respecto de los mismos hechos, la denuncia no producirá ningún efecto respecto del infractor.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 41.- La Superintendencia deberá eximir del monto de la multa al infractor que concurra a sus oficinas, por primera vez, y denuncie estar cometiendo, por sí, cualquier infracción de aquellas establecidas en los artículos precedentes, siempre y cuando ejecute íntegramente el plan de cumplimiento previsto en el artículo 42.

En caso que un infractor ya hubiese concurrido a autodenunciarse, la utilización por segunda y tercera vez de dicho mecanismo rebajará hasta en un 75% y 50%, respectivamente, la multa impuesta por la Superintendencia en el proceso sancionatorio respectivo, siempre y cuando ejecute íntegramente el plan de cumplimiento previsto en el artículo 42.

Esta exención o rebaja sólo procederá cuando el infractor suministre información precisa, verídica y comprobable respecto de los hechos que constituyen infracción y ponga fin, de inmediato, a los mismos, adoptando todas las medidas necesarias para reducir o eliminar los efectos negativos.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que la Superintendencia hubiese iniciado la etapa de investigación respecto de los mismos hechos, la denuncia establecida en el inciso primero de este artículo no producirá ningún efecto respecto del infractor.”.

2.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda:

a) Al inciso primero, para reemplazar la palabra “podrá” por “deberá”.

b) Al inciso segundo, para sustituir la expresión “de inmediato” por “en el plazo determinado de común acuerdo con la Superintendencia,”.

c) Para reemplazar el inciso tercero por el siguiente:

“En todo caso, la rebaja podrá corresponder al total de la multa, y nunca menos del 80% de la misma, si se trata de infracciones leves y no podrá ser superior al 90% ni inferior a 50% en el caso de infracciones graves o gravísimas.”.

d) Para reemplazar el inciso cuarto, por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo anterior, en caso que la Superintendencia hubiese iniciado la etapa de investigación respecto de los mismos hechos y esto ya hubiese sido notificado al presunto infractor, la autodenuncia de hechos que están siendo investigados no producirá ningún efecto respecto del infractor.”.

3) De la señora Pascal, a los incisos primero y segundo, para reemplazar la palabra “planes” por “programas”.

La Ministra Presidenta de CONAMA, señaló que las indicaciones de los parlamentarios tienen, básicamente los mismos objetivos que la presentada por el Ejecutivo, en cuanto establecen mecanismos de rebaja proporcional en atención al tiempo de ejecución de la infracción. Asimismo, destaca que la indicación signada con la letra a) está plenamente recogida en la del Ejecutivo.

La indicación número 1 fue aprobada, por unanimidad.

Las restantes indicaciones fueron rechazadas, por 4 votos en contra y 2 a favor.

Artículo 42.

Iniciado un procedimiento sancionatorio, el infractor podrá presentar en el plazo de 5 días, un programa de de cumplimiento, esto es el plan de acciones y metas presentado por el infractor, para que dentro de un plazo cumplan satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indique.

No podrán presentar programas de cumplimiento los que se hubiesen acogido a programas de gradualidad en el cumplimiento de la normativa ambiental: los que hayan cometido infracciones gravísimas, que hayan sido objeto de la aplicación de una sanción o anteriormente hayan presentado un programa de cumplimiento.

Aprobado el programa de cumplimiento por la Superintendencia, se suspenderá el procedimiento sancionatorio, el que se reiniciará en caso de incumplirse las obligaciones contraídas en el programa, evento en el cual se podrá aplicar hasta el doble de la multa que corresponda a la infracción original, salvo que hubiese mediado autodenuncia. Cumplido el programa dentro de los plazos establecidos el procedimiento administrativo se dará por concluido.

El Reglamento establecerá los criterios a los cuales deberá atenerse la superintendencia para aprobar un programa de cumplimiento. Con todo, la presentación del programa de cumplimiento y su duración interrumpirán el plazo de prescripción.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, al inciso primero, para reemplazar el guarismo “5” por “10”.

2.- Del Ejecutivo para sustituir el inciso tercero por siguiente:

“No podrán presentar programas de cumplimiento aquellos infractores que se hubiesen acogido a programas de gradualidad en el cumplimiento de la normativa ambiental o hubiesen cometido infracciones de aquellas denominadas gravísimas, o hubiesen sido objeto con anterioridad de la aplicación de una sanción por parte de la Superintendencia por infracciones gravísimas o hubiesen presentado, con anterioridad, un programa de cumplimiento, salvo que se hubiese tratado de infracciones leves.”.

3.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, al inciso tercero, para:

a) Eliminar las frases “o hubiesen cometido infracciones de aquellas denominadas gravísimas, o hubiesen sido objeto con anterioridad de la aplicación de una sanción por parte de la Superintendencia”.

b) Agregar, a continuación de la frase final que dice “un programa de cumplimiento” la siguiente: “por los mismos hechos.”.

4.- De los mismos Diputados al inciso quinto, para eliminar la frase “, evento en el cual se podrá aplicar hasta el doble de la multa que corresponda a la infracción original, salvo que hubiese mediado autodenuncia”.”

El Diputado señor Chahuán explicó que el propósito de la indicación es aumentar el plazo para presentar los programas de cumplimiento en razón de las dificultades que presenta su elaboración.

La Ministra, por su parte, consideró que el plazo es el adecuado para presentar el programa ya que éste se refiere al plan de cumplimiento es el plan de acciones y metas y no se está exigiendo una construcción exhaustiva, sobre todo si se piensa que ya se iniciado un proceso sancionatorio y han existido notificaciones.

La indicación 1 se dio por rechazada reglamentariamente, al registrarse 2 votos a favor, 2 en contra y una abstención.

La indicación 2 se aprobó, por unanimidad de los Diputados presentes.

Las indicaciones 3 y 4, fueron rechazadas, por 4 votos en contra y 1 a favor.

El artículo fue aprobado, por unanimidad.

Artículo 43.

El infractor que haya ocasionado un daño ambiental estará obligado a reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado, o en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas.

Para tal efecto, una vez determinada la responsabilidad administrativa y constatada la existencia del daño ambiental, la Superintendencia ordenará al infractor presentar, ante el Servicio de Evaluación Ambiental una proposición de reparación, el que se deberá pronunciar acerca de los aspectos técnicos del plan y remitirlo a la Superintendencia para su aprobación y, posterior fiscalización.

Desde la aprobación del plan de reparación y mientras éste se ejecute, se suspenderá el plazo de prescripción para ejercer la acción por daño ambiental.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para:

a) Reemplazar el artículo, por el siguiente:

“Artículo 43.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas que se imponga, en caso de considerar que existe o se ha ocasionado daño ambiental, la Superintendencia deberá remitir todos los antecedentes que tenga a su disposición al Consejo de Defensa del Estado para que, si hay mérito suficiente, pueda ejercer la acción ambiental contemplada en el artículo 54 de la Ley N°19.300.”.

b) En subsidio de la anterior, para reemplazar el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 43.- La multa que se imponga deberá considerar que el infractor que haya ocasionado un daño ambiental está obligado a reponer el Medio Ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado, o en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas. Con este objeto, al total de la multa se le descontará el monto estimado de cumplir con lo dispuesto en este inciso.”.

c) Para agregar, en el inciso segundo, la siguiente frase final: “Esta proposición irá además acompañada de un estudio de costos que, en caso de ser aceptados, serán rebajados del monto total de la multa.”.

2.- Del Ejecutivo para agregar, el siguiente inciso final.

“Sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia, el Consejo de Defensa del Estado ejercerá la acción por daño ambiental cuando exista incumplimiento del plan de reparación, cuando el plan señalado no se presente en el plazo exigido por la autoridad administrativa, cuando éste no sea aprobado por dicha autoridad y en todos los demás casos que se produzca daño ambiental.”.

3.-Del señor Chahuán, para agregar el siguiente inciso final:

“El reglamento establecerá el plazo que tendrá el Servicio de Evaluación Ambiental para pronunciarse respecto del estudio técnico, acciones que ocasionen un daño ambiental, plazo en el cual el infractor deberá implementar la reparación, entre otra materias, necesarias para establecer en forma precisa el procedimiento que contempla esta sanción.”.

El señor Sepúlveda, explicó que lo determinación del daño ambiental debe ser determinado por otra instancia, por lo que proponen que los antecedentes sean puestos en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado para que incoe los procesos correspondientes.

El señor Escobar, hizo constar que la indicación del Ejecutivo tiene el mismo propósito.

El señor Duarte, en otro orden de ideas, señaló que le parecían inapropiadas las indicaciones que proponían rebajar del monto de la multa del costo de la reparación del daño al medio ambiente.

Las indicaciones agrupadas en el numeral 1 fueron rechazadas, por 4 votos en contra y 1 a favor.

El artículo fue aprobado por unanimidad, al igual que las indicaciones signadas con los números 2 y 3.

Se hace constar quese facultó a la Secretaría para determinar la ubicación del inciso propuesto en la indicación 3, o introducir cambios de redacción, en su caso.

En definitiva, se concordó en que el inciso debía mantener su ubicación, pero con la siguiente redacción:

“El reglamento establecerá el plazo que tendrá el Servicio de Evaluación Ambiental para pronunciarse respecto de la proposición de reparación, avalada por un estudio técnico ambiental, y el plazo en el cual el infractor deberá implementar la reparación.”.

Artículo 44.

Las sanciones administrativas prescribirán a los tres años desde la fecha en que la respectiva resolución sancionatoria haya quedado a firme. Esta prescripción se interrumpirá por la notificación del respectivo procedimiento de ejecución o de la formulación de cargos por incumplimiento, según la naturaleza de la sanción aplicada.

Sin debate, el artículo se aprobó, por unanimidad.

Artículo 45.

Las resoluciones de la Superintendencia que apliquen multa tendrán mérito ejecutivo. El monto de las multas impuestas por la Superintendencia será a beneficio fiscal, y deberá ser pagado en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días.

El pago de la multa deberá ser acreditado ante la Superintendencia, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que ésta debió ser pagada. Si el infractor fuere una persona jurídica, las personas naturales que la representen legalmente o que actúen en su nombre serán solidariamente responsables del pago de la multa.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del señor Accorsi:

a) Para reemplazar el inciso segundo, por el siguiente:

“El monto de las multas impuestas por la Superintendencia será en un cincuenta por ciento a beneficio fiscal y en un cincuenta por ciento a beneficio municipal, y deberá ser pagado en la Tesorería General de la República y Municipal, dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de notificación de la resolución respectiva.”.

b) Para agregar el siguiente inciso tercero:

“La municipalidad beneficiaria será aquella del lugar en el que se ejecutó el hecho, acto u omisión que originó la infracción. Si aquel se ejecutó en más de una municipalidad todas ellas serán igualmente beneficiarias.”.

c) Para reemplazar el inciso final, por el siguiente:

“Si el infractor fuere una persona jurídica, las personas naturales que participen de su propiedad, administración, que la representen legalmente o que actúen en su nombre serán solidariamente responsables del pago de la multa.”.

2.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, al artículo 45, inciso cuarto, para:

a) Reemplazar en el inciso cuarto la palabra “solidariamente” por “subsidiariamente”.

b) En subsidio de la anterior, para eliminar el inciso cuarto.

3.- Del Ejecutivo para reemplazar, en el inciso final, la expresión “solidariamente” por “subsidiariamente”.

La señora Presidenta, en uso de sus atribuciones procedió a declarar inadmisible la indicación signada con el número 1, letra a) y b) por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 inciso 4°, numeral 2 de la Constitución Política de la República.

Sin perjuicio de esto, el Diputado señor Duarte manifestó que estaba de acuerdo en que las multas fueran de beneficio local, porque es ahí donde se verifican los perjuicios medioambientales que le dan origen. Solicitó al Ejecutivo patrocinar esta propuesta.

El Diputado señor Sepúlveda por su parte, señaló estar de acuerdo con buscar mecanismos de indemnización para aquellos lugares que sufren daños ambientales. Sin embargo, le pareció que esta no era la manera de hacerlo, porque podía generar el incentivo perverso de mantener una actitud permisiva con el objeto de obtener los recursos que provengan de las multas.

Posteriormente, la Ministra hizo constar que el Ejecutivo perseveraba en su proposición original.

La indicación 1, c) fue rechazada, por unanimidad.

El artículo y las indicaciones 2, a) y la Nº 3 fueron aprobadas, por unanimidad.

Artículo 46.

El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia en conformidad a la ley, devengará los reajustes e intereses establecidos en el artículo 53 del Código Tributario

El artículo fue aprobado, por unanimidad.

Artículo 47.

El procedimiento administrativo sancionatorio podrá iniciarse de oficio, a petición del órgano sectorial o por denuncia.

Se iniciará de oficio cuando la Superintendencia tome conocimiento de hechos que pudieren ser constitutivos de alguna infracción de su competencia. Se iniciará a petición del órgano sectorial cuando tome conocimiento de los informes expedidos por esos organismos con competencia en materia de fiscalización ambiental, los que deberán ser evacuados de conformidad a lo establecido en la ley y contener en especial la descripción de las inspecciones, mediciones y análisis efectuados así como sugerir las medidas provisionales que sean pertinente decretar.

Las denuncias de infracciones administrativas deberán ser formuladas por escrito a la Superintendencia, señalando lugar y fecha de presentación, y la individualización completa del denunciante, quien deberá suscribirla personalmente o por su mandatario o representante habilitado. Asimismo, deberán contener una descripción de los hechos concretos que se estiman constitutivos de infracción, precisando lugar y fecha de su comisión y, de ser posible, identificando al presunto infractor.

La denuncia así formulada originará un procedimiento sancionatorio si a juicio de la Superintendencia está revestida de seriedad y tiene mérito suficiente. En caso contrario, podrá disponer la realización de acciones de fiscalización y si ni siquiera existiere mérito para ello, se dispondrá el archivo de la misma por resolución fundada, notificando de ello al interesado.

La señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon indicación para agregar el siguiente inciso final:

“Si el Superintendente o quien substancie el proceso establecen que la denuncia carece manifiestamente de fundamentos o es intencionalmente falsa, podrá imponer a quien la hubiere formulado una multa no inferior a 10 UTM ni superior a 300 UTM, atendida la intencionalidad y la gravedad de la infracción imputada.”.

El señor Sepúlveda expresó que la indicación tiene por objeto prevenir la presentación de denuncias que no tengan fundamentos.

Por su parte, el señor Escobar manifestó que el perjuicio económico se determina en los procesos sancionatorios, y que existen otras herramientas legales, incluso algunas de carácter penal como las que emanan del delito de injurias o calumnia con publicidad, para resguardar la fama o imagen de una empresa. Si bien comparte, el principio de la denuncia responsable no se debe adoptar ninguna acción que desincentive el cuidado del medio ambiente.

Por su parte la Ministra Presidenta de CONAMA aclaró que el caso de la denuncia anónima no es procedente porque se exigen al denunciante la identificación y datos precisos, referidos a fecha, lugar y su nombre como denunciante.

El artículo se aprobó, por unanimidad.

La indicación fue rechazada, por 3 votos en contra y una abstención.

Artículo 48.

La Superintendencia, con el objeto de garantizar la eficacia del acto administrativo sancionador, podrá adoptar alguna o algunas de las siguientes medidas provisionales:

a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del riesgo o del daño;

b) Sellado de aparatos o equipos;

c) Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones;

d) Detención del funcionamiento de las instalaciones;

e) Suspensión temporal de la resolución de calificación ambiental, y

f) Ordenar programas de monitoreo y análisis específicos que serán de cargo del infractor.

Las medidas señaladas podrán ser ordenadas antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, de conformidad a lo señalado en el artículo 32 de la ley Nº 19.880 y deberán ser proporcionales al tipo de infracción cometida y a las circunstancias señaladas en el artículo 40.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo, para sustituir el encabezamiento del inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 48.- Cuando se haya iniciado el procedimiento sancionador, el instructor del procedimiento, con el objeto de evitar daño inminente al Medio Ambiente o a la salud de las personas, podrá solicitar fundadamente al Superintendente la adopción de alguna o algunas de las siguientes medidas provisionales:”.

2.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para agregar, en su inciso primero, después de la frase “con el objeto de garantizar la eficacia del acto administrativo sancionador,” la siguiente oración “y solo cuando la ejecución y operación de un proyecto o actividad esté generando un daño grave e inminente para el medio ambiente a consecuencia de incumplimientos de la normativa ambiental aplicable, previa notificación del afectado, mediante resolución fundada”.

3.- De los mismos Diputados para agregar el siguiente inciso segundo:

“Las medidas provisionales serán esencialmente temporales y tendrán una duración de 30 días corridos. En caso de renovación, ésta deberá ser decretada por resolución fundada cumpliendo con los requisitos que establece este artículo.”.

4.- Del Ejecutivo, para intercalar, en el inciso segundo, entre las expresiones “ordenadas” y “antes”, la frase “, con fines exclusivamente cautelares,”.

5.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en el inciso segundo, para:

a) Agregar antes de la frase “de conformidad a lo señalado”, la siguiente oración “solo cuando la ejecución u operación de un proyecto o actividad pueda generar un daño grave e inminente para el medio ambiente a consecuencia de incumplimientos graves de la normativa ambiental aplicable”.

b) En subsidio de la anterior, para reemplazar la frase “de conformidad a lo señalado en el artículo 32 de la ley Nº 19.880” por otra que diga “siempre y cuando lo autorice el juez de letras con competencia en el lugar donde supuestamente se está cometiendo la infracción,”.

c) En subsidio de las anteriores, para eliminar las letras c), d) y e).

6.- Del Ejecutivo, para agregar el siguiente inciso final:

“Dictada alguna de las medidas provisionales contempladas en los incisos precedentes o aplicada la letra g) del artículo 3, y sin perjuicio de su cumplimiento inmediato, la Superintendencia remitirá todos los antecedentes y la respectiva resolución, a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón, el que deberá evacuarse, si corresponde, dentro del plazo de cinco días.”.

7.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para agregar el siguiente inciso final:

“Todas las medidas provisionales que se adopten en virtud del presente artículo deberán ser proporcionales al tipo de infracción, respetar los derechos amparados por las leyes y no podrán constituir imposición anticipada de sanciones.”.

La Ministra Presidenta de CONAMA, destacó que la diferencia entre el artículo original y el propuesto en la indicación, radica en que en el proyecto se pretende garantizar la eficacia del acto administrativo sancionador, pero lo que realmente se busca con las medidas provisionales y cautelares es evitar el daño inminente al Medio Ambiente o a la salud de las personas, lo que se releva con la indicación.

Sin mayor debate, la indicación 1 fue aprobada, por unanimidad.

Respecto a la indicación número 2, el asesor jurídico de la CONAMA, explicó que establece una serie de medidas de carácter provisional con alto estándar de aplicación, como es el caso de daño inminente al medio ambiente o a la salud de las personas. Técnicamente proceden cuando haya o exista un riesgo. Asimismo, hizo presente que en derecho administrativo todas las medidas de este tipo deben ser fundadas por lo que no es partidario de repetir esta exigencia. Además, anunció que se el Ejecutivo ha recogido observaciones realizadas respecto del control de estas medidas, por lo que formulará indicación para que una vez decretadas los antecedentes sean remitidos a la Contraloría, para el correspondientes control de legalidad.

La indicación número 2 fue rechazada por 4 votos en contra y 1 a favor, y las indicaciones 3, 5 y 7, lo fueron por 5 votos en contra y 2 a favor.

La indicación signada con el número 4, fue aprobada por 5 votos a favor, 1 en contra y una abstención.

El artículo y la indicación número 6 fueron aprobados por unanimidad.

Artículo 49.

La instrucción del procedimiento se iniciará con la formulación precisa de los cargos, que se notificarán al infractor por carta certificada, el que tendrá un plazo de 15 días para formular los descargos.

La formulación de cargos contendrá una descripción de los hechos que se estimen constitutivos de infracción, la fecha de su verificación, las normas, medidas o condiciones infringidas y la disposición que establece la infracción, la sanción asignada y el plazo para formular descargos.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo, para intercalar en el inciso primero, entre el vocablo “se” y la palabra “iniciará”, la siguiente frase “realizará por un funcionario de la Superintendencia que recibirá el nombre de instructor e”.

2.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para:

a) Reemplazar, en el inciso primero, la frase “por carta certificada en el domicilio que tenga registrado ante la Superintendencia o en el que se señale en la denuncia, según el caso, confiriéndole un plazo de 15 días para formular los descargos”, por la palabra “personalmente”.

b) Agregar, en el inciso segundo, la siguiente frase final “que no podrá ser inferior a 15 días.”.

3.- De la señora Pascal y del señor Accorsi, al inciso segundo, para eliminar la frase “y el plazo para formular descargos”.

La Ministra expresó que la indicación del Ejecutivo recoge observaciones efectuadas por invitados a la Comisión quienes hicieron presente la inconveniencia de que la fiscalización y la instrucción quedarán radicadas en la misma persona, por lo que se establece expresamente que deberán ser funcionarios distintos.

Con ello se busca garantizar que no exista compromiso por parte de quien aplicará la sanción en relación a lo que haya sido la fiscalización y la tramitación del proceso, porque los que realizan cada una de estas etapas, tienen estancos separados de manera de garantizar independencia al momento de aplicar la sanción, todo lo cual queda garantizado, además, por la vía de la reclamación judicial.

La indicación número 1 fue aprobada, por unanimidad.

Sobre la indicación que propone realizar las notificaciones personalmente, el Diputado señor Sepúlveda explicó que en atención a la gravedad del caso, se hacia necesaria que la primera notificación se hiciera en forma personal y mantener la notificación por carta en las restantes instancias del procedimiento.

La Ministra Presidenta de CONAMA, señaló que había dos razones por las cuales se procedió así: una razón de práctica administrativa, que indica que estas notificaciones siempre se realizan por carta certificada, y otra razón de fondo, no parece apropiado o conducente a los fines de la Superintendencia, dilatar, rechazar o eludir el procedimiento sancionatorio, mediante el uso de mecanismos para eludir la notificación, es por ello que en el texto del proyecto se señala que la notificación se hará al titular responsable que haya entregado un domicilio a la Superintendencia, de manera que sean los datos del propio interesado aquellos que se usarán para hacer la notificación.

Sometida a votación la indicación signada con el número 2, letra a), se registró un empate de 5 votos a favor y 5 en contra.

Repetida la votación, la indicación fue rechazada por 6 votos en contra y 4 a favor.

Respecto de la indicación que establece que el plazo no podrá ser inferior a 15 días, la Ministra manifestó que el plazo ya estaba establecido en el inciso primero y que era de días hábiles.

Puesta en votación, la indicación número 2 letra b), se registra un empate, a 5 votos. Repetida la votación, se mantuvo el resultado. En la sesión siguiente, efectuada la votación, se rechazó, por unanimidad.

Respecto de la indicación número 3, la Ministra precisó que se estaba suprimiendo una redundancia que existía en la disposición.

La indicación fue aprobada, por unanimidad.

Por igual votación, fue aprobado el artículo.

Artículo 50.

Recibidos los descargos o transcurrido el plazo otorgado para ello, la Superintendencia examinará el mérito de los antecedentes, podrá ordenar la realización de las pericias e inspecciones que sean pertinentes y la recepción de los demás medios probatorios que procedan.

En todo caso, se dará lugar a las medidas o diligencias probatorias que solicite el presunto infractor en sus descargos, que resulten pertinentes y conducentes. En caso contrario, las rechazará mediante resolución motivada.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en el inciso segundo, para eliminar la expresión “y conducentes”.

El Diputado señor Sepúlveda explicó que a su parecer la expresión “conducentes” resultaba algo confusa y que no se utiliza habitualmente en derecho, y que en cambio la expresión “pertinente” sí era más habitual y de sentido más exacto en el derecho, sobre todo en las reglas que regulan la prueba.

La Ministra Presidenta de CONAMA, por su parte, explicó que el Código de Procedimiento Civil, al regular la prueba, habla de hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. En todo caso, le parece importante, puesto que se habla de concederle medidas probatorias al infractor, a fin de evitar dilaciones de procedimiento o medidas que sean innecesarias, solicitar que estas sean pertinentes al hecho investigado y conducentes para tomar una decisión, es por ello del término conducentes, es decir, aptas para arribar a una decisión del asunto controvertido.

La indicación fue rechazada, por 7 votos en contra y 5 a favor.

Por su parte, el artículo fue aprobado, por unanimidad.

Artículo 51.

Los hechos investigados y las responsabilidades de los infractores podrán acreditarse mediante cualquier medio de prueba, los que se apreciarán en conciencia.

Los hechos constatados por los funcionarios a los que se reconocen la calidad de ministro de fe y que se formalicen, tendrán el valor probatorio señalado en el artículo 8°.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda,

a) Para eliminar el inciso segundo.

b) En subsidio de la anterior, para reemplazar, en el inciso segundo la palabra “tendrán” por la expresión “podrán tener”.

El señor Sepúlveda explicó que la primera indicación busca suprimir el carácter de ministro de fe de los funcionarios y que deban presentar pruebas ante la Superintendencia para demostrar la veracidad de sus dichos. De lo contrario se invierte el peso de la prueba y se le entrega excesivo poder a cada uno de los fiscalizadores de la Superintendencia. Destacó que, gran parte de los organismos fiscalizadores que actualmente existen no tienen este carácter.

La segunda indicación, que está presentada para el evento de que la primera sea rechazada, permite otorgar mayor flexibilidad al Superintendente en la apreciación de las pruebas y del valor probatorio de las mismas.

Por su parte, la Ministra Presidenta de CONAMA manifestó que este punto es crucial para la fiscalización. En especial, destacó que este caso corresponde a la fiscalización en terreno respecto de hechos que están ocurriendo. El peso probatorio del acta de inspección, sea la de un ministro de fe o de otro funcionario, sobre los hechos ahí consignados no los transforma en inamovibles sino que mediante los medios de prueba legales se puede variar la apreciación y los dichos contenidos en el acta.

Las indicaciones fueron rechazadas, por 6 votos en contra y 4 a favor.

El artículo fue aprobado, por 7 votos a favor y 2 abstenciones.

Artículo 52.

Concluidas las diligencias y plazos señalados en los artículos anteriores, la Superintendencia podrá requerir los informes de otros organismos sectoriales con competencia ambiental, que estime pertinentes para ilustrar su resolución.

Sin debate, el artículo fue aprobado, por unanimidad.

Artículo 52 bis, que pasa a ser 53.

El Ejecutivo formuló indicación para agregar, el siguiente artículo 52 bis:

“Artículo 52 bis.- Cumplidos los trámites señalados en los artículos anteriores, el fiscal instructor del procedimiento emitirá, dentro de cinco días, un dictamen en el cual propondrá la absolución o sanción que a su juicio corresponda aplicar.

Dicho dictamen deberá contener la individualización del o de los infractores; la relación de los hechos investigados y la forma como se ha llegado a comprobarlos, y la proposición al Superintendente de las sanciones que estimare procedente aplicar o de la absolución de uno o más de los infractores.”.

La Ministra Presidenta de CONAMA explicó que esta indicación busca determinar cuál es el documento que el Superintendente debe tener a la vista para concluir el procedimiento sancionatorio y aplicar una sanción o decretar el sobreseimiento que corresponda.”.

Sin debate, la indicación fue aprobada, por 8 votos a favor y 1 abstención.

Artículo 53, que pasa a ser 54.

La resolución que ponga fin al procedimiento sancionatorio será fundada y resolverá las cuestiones planteadas en el expediente, y contendrá la declaración de la sanción que se imponga al infractor o su absolución y deberá dictarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que se haya evacuado la última diligencia ordenada en el expediente.

El Ejecutivo formuló indicación para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 53.- Emitido el dictamen, el instructor del procedimiento elevará los antecedentes al Superintendente, quien resolverá en el plazo de diez días, dictando al efecto una resolución fundada en la cual absolverá al infractor o aplicará la sanción, en su caso.

No obstante, el Superintendente podrá ordenar la realización de nuevas diligencias o la corrección de vicios de procedimiento, fijando un plazo para tales efectos, dando audiencia al investigado.

Ninguna persona podrá ser sancionado por hechos que no hubiesen sido materia de cargos.”.

La Ministra explicó que esta indicación busca ordenar y otorgar claridad a cada una de las etapas de resolución del tema, por ello se establece un plazo de pronunciamiento para el Superintendente, se contempla la posibilidad de decretar medidas para mejor resolver, en cuanto existen hechos que requieran profundizar la prueba y por supuesto se consagra la garantía para el presunto infractor de no poder ser sancionado por hechos que no fueran motivo del procedimiento.

Sin debate, la indicación fue aprobada, por 8 votos a favor y 1 abstención.

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La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon indicación para incorporar, a continuación del artículo 53, el siguiente párrafo:

“Párrafo 3º bis. Del Panel de Expertos”.

“Artículo 53 A.- En contra de las resoluciones de la Superintendencia, sea o no que aplique sanciones o medidas provisionales, la parte interesada podrá interponer un recurso ante un Panel de Expertos que deberá resolver conforme a derecho.

El Panel de Expertos estará compuesto por cinco profesionales, tres de ellos deberán tener experiencia en materias medioambientales y los dos restantes deberán ser abogados. Todos deben tener amplia trayectoria profesional o académica, deben acreditar conocimientos técnicos o jurídicos en el sector medioambiental y tener una experiencia laboral mínima en el sector de cinco años.

Los integrantes no abogados serán designados por el Presidente de la República a propuesta en quina del Consejo de Alta Dirección Pública. La elaboración de esta quina requerirá para su aprobación del voto favorable de tres cuartas partes de dicho Consejo. Los integrantes abogados serán designados del mismo modo a propuesta en terna del Consejo de Alta Dirección Pública.

Requerida la intervención del panel de expertos, se convocará a una sesión especial dentro de los tres días siguientes a la presentación del recurso debiendo establecer en ella un programa de trabajo que considerará una audiencia pública con la parte, los interesados y los representantes de la Superintendencia. El panel evacuará el dictamen dentro del plazo de treinta días contados desde la presentación del reclamo, prorrogables por otros treinta. El Superintendente o las partes podrán solicitar fundadamente la resolución del asunto en un plazo menor cuando por los hechos que causaron la controversia o las consecuencias de los mismos parezca urgente una pronta decisión.

Los costos correspondientes al funcionamiento del Panel de Expertos serán determinados por el reglamento.”.

La señora Presidenta, en uso de sus facultades procedió a declarar inadmisible la indicación por contener materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Párrafo 4°

De los recursos

Artículo 54, que pasa a ser 55.

En contra de las resoluciones de la Superintendencia que apliquen sanciones, se podrá interponer el recurso de reposición, en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución. El plazo para resolver cada uno de estos recursos será de treinta días hábiles y su interposición suspenderá el plazo para reclamar de ilegalidad.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon indicación al inciso primero, para reemplazar la frase inicial que dice: “En contra de las resoluciones de la Superintendencia que apliquen sanciones, se podrá” por: “Los afectados que estimen que las resoluciones de la Superintendencia no se ajustan a la ley, a los reglamentos o a las demás disposiciones que le corresponda aplicar, podrán”

La Diputada Cubillos explicó que esta indicación tiene por objeto determinar los casos en que procede la revisión de la decisión de la Superintendencia.

Sin mayor debate, la indicación fue rechazada, por 6 votos en contra, 2 a favor y una abstención.

El artículo fue aprobado, por 8 votos a favor y 1 abstención.

Artículo 55, que pasa a ser 56.

Los afectados, podrán reclamar, dentro del plazo de diez días hábiles, ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del reclamante. Si la resolución afectare a más de una persona o entidad, cuyos domicilios correspondieren a territorios jurisdiccionales de diferentes Cortes, será competente para conocer de todas las reclamaciones a que haya lugar aquella que corresponda al domicilio de la autoridad que haya expedido el acto administrativo reclamado.

Las resoluciones que impongan multas serán siempre reclamables y ellas no serán exigibles mientras no esté vencido el plazo para interponer la reclamación, o ésta no haya sido resuelta.

Para el caso que el infractor no reclame de las resoluciones de la Superintendencia que impongan sanciones pecuniarias y pague la respectiva multa, dentro del plazo de cinco días hábiles, se le reducirá un 25% del valor de la multa. El pago deberá ser acreditado en el plazo señalado presentando copia de la consignación del valor de la multa.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del señor Accorsi, para reemplazar en el inciso primero la palabra “diez”, por “quince”

2.- Del Ejecutivo, para:

a) Sustituir, en el inciso primero, la frase “la Corte de Apelaciones correspondiente” por “el Juez de Letras en lo Civil”.

b) Reemplazar, en el inciso tercero, la frase “reclame ante la Corte de Apelaciones” por “no interponga reclamo de ilegalidad ante el Juez de Letras en lo Civil en contra.”.

La Ministra, explicó que las indicaciones del Ejecutivo en cuanto reemplaza la Corte de Apelaciones respectiva por el Juez de letras en lo civil, recoge una sugerencia efectuada por la Corte Suprema.

El asesor jurídico de la Ministra Presidenta de CONAMA, destacó que todos los plazos son de días hábiles, porque la ley de procedimiento administrativo así lo establece, pero que en materia de plazos judiciales existen los cómputos de días diferentes, por eso es necesario establecer la distinción.

Las indicaciones números 1 y 2, a) fueron aprobadas, por 5 votos a favor y 4 en contra.

El artículo y la indicación 2, b) se aprobaron, por unanimidad.

Artículo 56, que pasa a ser 57.

La Corte no podrá decretar medida alguna que suspenda los efectos del acto reclamado, cuando la suspensión de los efectos de la resolución pueda afectar la salud de la población o la preservación del medio ambiente.

Asimismo, dará traslado de la reclamación a la Superintendencia, la que dispondrá del plazo de diez días hábiles para formular observaciones. Evacuado el traslado por la Superintendencia, o vencido el plazo, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla. Si se estimare pertinente, se abrirá un término probatorio y escuchar los alegatos de las partes.

Dictará sentencia dentro del término de quince días. La resolución será apelable ante la Corte Suprema, dentro del plazo de cinco días hábiles.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo, para sustituir en el inciso primero, la frase “La Corte de Apelaciones” por “El tribunal”.

2.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para eliminar el inciso segundo.

3.- Del Ejecutivo, para reemplazar en el inciso segundo, la frase “La Corte” por “El tribunal”.

4.- Del Ejecutivo, para sustituir los incisos tercero y cuarto por los siguientes:

“Evacuado el traslado por la Superintendencia, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal citará a oír sentencia, a menos que estime pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días.

El tribunal dictará sentencia dentro del término de quince días. Contra la resolución del tribunal se podrá apelar ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de cinco días hábiles, agregándose extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima.”.

5.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, al inciso tercero, para:

a) Reemplazar la frase “La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio” por otra que diga “La Corte abrirá un término probatorio cuando lo solicite alguna de las partes y existan hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos”.

b) Reemplazar la frase que dice “que no podrá exceder de siete días” por otra que diga “que no podrá exceder de quince días”.

6.- Del señor Accorsi para sustituir el inciso final por el siguiente:

“La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días. Contra la resolución de la Corte de Apelaciones no procederá recurso alguno, excepto el de casación.”.

La Ministra Presidenta de CONAMA explicó que tratándose de la protección de medio ambiente y la salud de las personas resulta necesario establecer resguardos respecto de las medidas adoptadas para proteger el medio ambiente o la salud de las personas y será una consideración que deberá tomar el magistrado, pero que, resulta una medida de seguridad jurídica establecer esta condición en términos legales.

Respecto del término probatorio, al establecer que se “podrá”, abrir un término probatorio, no significa dar paso a una arbitrariedad judicial, sino que se está reconociendo que en esta materia deben primar las reglas generales del derecho procesal.

Las indicaciones 1 y 3 fueron aprobadas, por 7 votos a favor y 1 abstención. La indicación número 4 se aprobó, por 6 votos a favor y 3 abstenciones.

Las indicaciones números 2 y 5 fueron rechazadas, la primera por 6 votos en contra y 2 a favor; la segunda por 7 votos en contra y 2 a favor.

El artículo fue aprobado, por 8 votos a favor y 3 en contra.

Párrafo 5°

Normas generales

Artículo 57, que pasa a ser 58.

La Superintendencia deberá consignar las sanciones aplicadas en un registro público en el cuál se señalarán los nombres, apellidos, denominación o razón social, de las personas naturales o jurídicas responsables y la naturaleza de las infracciones y sanciones. Este registro será público y se deberá permitir su consulta también por vía electrónica.

El Reglamento determinará la forma y modo en que deberá confeccionarse el precitado registro, la actualización del mismo, así como cualquier otro aspecto que sea útil para el adecuado registro, acceso y publicidad de las sanciones impuestas.

Sin debate, el artículo se aprobó, por 10 votos a favor y 1 abstención.

Artículo 58, que pasa a ser 59.

Iniciado un procedimiento administrativo sancionador por parte de la Superintendencia ningún organismo sectorial con competencia ambiental, podrá iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio de competencias propias o efectuar una denuncia a la justicia civil por los mismos hechos, sino hasta que el procedimiento instruido por la Superintendencia se hubiese terminado.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, al artículo 58, para:

a) Eliminar la frase final que dice “sino hasta que el procedimiento instruido por la Superintendencia se hubiese terminado.”.

b) Agregar el siguiente párrafo final: “Solo la Superintendencia podrá iniciar procedimientos sancionadores por infracciones a las materias contempladas en el artículo 35 de esta ley. Los organismos sectoriales con competencia ambiental que, en el ejercicio de sus funciones, tomen conocimiento de estas infracciones estarán obligados a denunciarlas a la Superintendencia.”.

2.- Del Ejecutivo para sustituir, las expresiones “cuando corresponda según la ley, sino hasta que el procedimiento instruido por la Superintendencia se hubiese terminado” por las siguientes: “a menos que la Superintendencia se declare incompetente.”.

3.- De señora Pascal y del señor Accorsi, para agregar el siguiente inciso 2°:

“Los organismos sectoriales con competencia ambiental, que en el ejercicio de sus funciones, tomen conocimiento de estas infracciones estarán obligados a denunciarlos a la Superintendencia.”.

La señora Cubillos explicó que las indicaciones presentadas buscan el respeto al principio de que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho, y que la manera en que está redactado el artículo original, no resguarda este principio fundamental, pero parece haberse corregido aquella diferencia.

En relación con esta materia, la Ministra Presidenta de CONAMA, precisó que esta disposición es parte del procedimiento que se aplicará, el tema de la sanción y en especial del principio “non bis in idem”, se encuentra en el artículo siguiente. Hizo constar que en esta norma se recoge el principio de la “prevención”, es decir, quién conoce primero de un asunto debe continuar conociendo de él, a menos que no fuera materia de competencia de la Superintendencia.

Las indicaciones, signadas con el número 1, fueron rechazadas, por 8 votos en contra y 3 a favor.

Las restantes indicaciones fueron aprobadas. La número 2, por unanimidad, la número 3 por 9 votos a favor y 1 abstención.

El artículo fue aprobado, por 9 votos a favor y 2 abstenciones.

Artículo 59, que pasa a ser 60.

Se impondrá la sanción de mayor gravedad, cuando por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos, el infractor pudiese ser sancionado con arreglo a esta ley y a otra u otras leyes.

El Ejecutivo, formuló indicación para agregar, el siguiente inciso segundo:

“En ningún caso se podrá aplicar al infractor, por los mismos hechos y fundamentos jurídicos, dos o más sanciones administrativas.”.

La indicación fue aprobada, por unanimidad.

El artículo se aprobó, por 10 votos a favor y 1 abstención.

Artículo 60, que pasa a ser 61.

En todo lo no previsto en la presente ley, se aplicará supletoriamente la ley N° 19.880.

Sin debate, el artículo se aprobó por unanimidad.

ARTÍCULO TERCERO.

Introduce modificaciones en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente:

N° 1, al artículo 2°.

Modifica el artículo 2°, incorporando las letras i bis) y m bis), que contienen nuevas definiciones. Además, se modifica la letra j) con el objeto de adecuarla a la nueva institucionalidad ambiental.

- El señor Vallespín formula indicación para agregar las siguientes letras a bis), a ter) y h bis).

“a bis) Biotecnología: se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.

a ter) Cambio Climático: se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.”.

La Ministra Presidenta de CONAMA, explicó que ambos conceptos provienen de Convenciones aprobadas y ratificadas por nuestro país. La, primera proviene de la Convención de Biodiversidad Biológica y la segunda de la Convención de Cambio Climático, por lo tanto son dos definiciones en uso en nuestro país, que vienen a modernizar la Ley de Bases de Medio Ambiente.

Ambas letras fueron aprobadas, por 10 votos a favor y 1 abstención.

“h bis) Efecto Sinérgico: aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.”.

El señor Vallespín, señaló que este concepto si bien no está consagrado en ningún tratado o convención, si es necesario incorporarlo en la ley ya que una de las grandes deficiencias de nuestra legislación, es que considera el hecho aislado, individual, visto caso a caso, el que esconde el efecto agregado de los territorios que pueden estar siendo alterado por la suma de los efectos parciales de la actividad productiva que se esté desarrollando.

La letra se aprobó, por 9 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

Letra a).

Incorpora la siguiente letra i bis:

“i bis). Evaluación Ambiental Estratégica: el procedimiento realizado por el Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable, al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo general, que tengan impactos sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y sus modificaciones sustanciales;”

El señor Chahuán, presentó indicación para reemplazarla, por la siguiente.

“i bis) Evaluación Ambiental Estratégica: el procedimiento en virtud del cual, el Consejo de Ministros de la Ley N° 19.300, incorpora las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable, aplicado al proceso de formulación e implementación de las políticas, planes y programas, de manera que las indicaciones ambientales resultantes sean incorporadas en la dictación de las respectiva política, plan o programa, y sus modificaciones.”.

La señora Pascal (Presidenta) procedió a declarar inadmisible la indicación, por referirse a materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República de acuerdo a lo establecido en el numeral 2, inciso 4°, del artículo 65.

La letra a) que incorpora una nueva definición, se aprobó por unanimidad.

Letra b).

Reemplaza, en la letra j) la frase “de la Comisión Nacional del Medio Ambiente o de la Comisión Regional respectiva, en su caso,” por “del Servicio de Evaluación Ambiental.

Sin debate, el literal, se aprobó, por unanimidad.

Letra c).

Agrega la siguiente letra m bis):

“m) bis. Mejores técnicas disponibles: la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestre la capacidad práctica de determinadas técnicas para evitar o reducir en general las emisiones y el impacto en el medio ambiente y la salud de las personas. Con tal objeto se deberán considerar los costos y los beneficios, la utilización o producción de ellas en el país, y el acceso, en condiciones razonables, que el regulado pueda tener a las mismas;”.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon indicación, para agregar, en la letra c), a continuación de la frase “Con tal objeto se deberán considerar” lo siguiente:“una evaluación de impacto económico y social de su implementación”.

La indicación fue aprobada, por 8 votos a favor y 3 en contra.

El literal fue aprobado por unanimidad.

Letra m ter).

El señor Chahuán, formuló indicación para agregar la siguiente letra m ter):

“m ter) Mejores: Las técnicas más eficaces que determinen universidades chilenas o centros tecnológicos de investigación nacionales, acreditadas, para alcanzar un alto nivel general de protección del medio ambiente en su conjunto y de la salud de las personas y que no impliquen un menoscabo en los estándares de productividad definidos en el proyecto.”.

Sin debate, la indicación fue rechazada, por 10 votos en contra y 1 abstención.

El numeral fue aprobado, por unanimidad.

N° 2, al artículo 4º.

Letra a).

Agrega, en el inciso primero, a continuación de las palabras “participación ciudadana” la frase “permitir el acceso a la información ambiental”, precedido de una coma (,).

La señora Pascal y los señores Accorsi y Vallespín, formularon indicación para intercalar, entre las palabras “facilitar” y “la participación”, la expresión “y fomentar”.

Sin mayor debate, el literal y la indicación se aprobaron, por 9 votos a favor y 1 abstención.

Letra b).

Agrega, el siguiente inciso segundo:

“Los órganos del Estado, en el ejercicio de sus competencias ambientales y en la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, deberán propender por la adecuada conservación, desarrollo y fortalecimiento de la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones sociales y culturales de los pueblos, comunidades y personas indígenas, de conformidad a lo señalado en la ley y en los Convenios internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, presentaron indicación para suprimirla.

La Diputada Cubillos expresó que la indicación tiene por objeto suprimir una norma de carácter discriminatorio que rompe con el trato igualitario ante la ley.

LA Ministra Presidenta de CONAMA, expuso que esta disposición tiene su origen en el Convenio 169 de la O.I.T.

El literal fue aprobado, por 8 votos en contra y 3 a favor, rechazándose por igual número de votos la indicación.

Letra c) nueva.

El señor Chahuán formula indicación para incorporar, la siguiente letra c):

“c) Agrégase, el siguiente inciso segundo:

“Para llevar a cabo cada una de estas obligaciones deberá cumplirse con los procedimientos que la ley y el reglamento establecen en esta materia. “.

La indicación se rechazó, por 4 votos a favor y 7 en contra.

N° 3, Párrafo 1 bis, nuevo.

Agrega, a continuación del artículo 7°, el Párrafo 1 bis, de la Evaluación Ambiental Estratégica.

Artículo 7° bis.

Las políticas y planes de carácter normativo general, se someterán a evaluación ambiental estratégica así como sus modificaciones sustantivas, que tengan impactos sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, que voluntariamente los Ministerios decidan someter a tal evaluación.

Asimismo, siempre deberán someterse a evaluación ambiental estratégica los planes regionales de ordenamiento territorial, planes intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales. En esta situación el procedimiento y45 aprobación del instrumento estará a cargo del Ministerio de Vivienda, el Gobierno Regional o el Municipio, respectivamente.

La elaboración de las políticas y planes deberá contemplar las etapas de diseño y aprobación. En la etapa de diseño, el organismo que dictará la política o plan, deberá considerar los objetivos y efectos ambientales del instrumento, así como los criterios de desarrollo sustentable de los mismos. Durante esta etapa se deberá integrar a otros órganos de la administración del Estado vinculados a las materias objeto de la política o plan, así como otros instrumentos relacionados con ellos. En el caso señalado en el inciso segundo, se deberán siempre considerar los instrumentos relacionados con capacidad vial elaborados por la autoridad competente.

En la etapa de aprobación, se deberá elaborar un anteproyecto de política o plan que contendrá un informe ambiental, que será remitido al Ministerio del Medio Ambiente para sus observaciones, para luego ser sometido a consulta pública por parte del organismo responsable.

Se presentaron las siguientes indicaciones, al inciso primero:

1) De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García Huidobro y Sepúlveda, inciso primero para reemplazar las palabras “someterán a” por “someterán al Consejo de Ministros la”, intercalando la preposición “de” entre las palabras “estratégica” y “las”.

2) Del señor Chahuán para intercalar, en el inciso primero, a continuación de la palabra “estratégica” la expresión “del Consejo de Ministros”.

3) Del Ejecutivo, para sustituir, en el inciso primero, la frase “voluntariamente los Ministerios decidan” por la oración “el Presidente de la República, a proposición del Consejo de Ministros, señalado en el artículo 70 bis, decida”.

Las indicaciones 1 y 2 se declararon inadmisibles por corresponder a materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 65, inciso 4, numeral 2 de la Constitución Política de la República.

El señor Accorsi, formuló indicación para el inciso segundo del artículo 7° bis, por el siguiente:

“En todo caso, siempre deberán someterse a evaluación ambiental estratégica los planes regionales de ordenamiento territorial, planes intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales, planes de desarrollo urbano y zonificaciones del borde costero y del territorio marítimo. En esta situación el procedimiento y aprobación del instrumento estará a cargo del Ministerio competente, el Gobierno Regional o el Municipio, respectivamente.”.

Tras una breve discusión sobre la constitucionalidad de esta indicación, la señora Presidenta la declaró inadmisible.

Posteriormente, al ser informado por los representantes del Ejecutivo que perseveraban en la proposición original, formularon la siguiente indicación:

4.- La señora Pascal y los señores Accorsi, Espinosa, Girardi Briere formularon indicación para agregar en el inciso 2°, a continuación de la expresión “y seccionales” la oración “planes de desarrollo urbano y zonificaciones de borde costero y del territorio marítimo.”.

5) De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García Huidobro y Sepúlveda, para reemplazar en el inciso segundo la palabra “aprobación” por “ejecución”.

6) De la señora Pascal y del señor Díaz, don Marcelo, para agregar, en el inciso segundo, a continuación de la palabra “Regional” la expresión “Ministerio del Medio Ambiente”, antecedido de una coma (,).

7) Del señor Vallespín para agregar, en el inciso segundo, a continuación de la palabra “Municipio”, la frase “o cualquier otro servicio público con competencia”.

8) Indicación de los señores Escobar, Espinosa, Girardi, León y Palma, para agregar, en el inciso segundo, a continuación de la palabra “Municipio”, la frase “o cualquier otro organismo del Estado.”.

9) Del señor Chahuán para intercalar, en el inciso final, a continuación de la expresión “que será remitido al” la frase “Consejo de Ministros”.

Las indicaciones número 5, 6 y 7 fueron rechazadas, por unanimidad.

Las indicaciones 3, 4, y 8, fueron aprobadas, por unanimidad.

La indicación número 9 se declaró inadmisible.

El artículo 7° bis, se aprobó, por unanimidad.

Artículo 7° ter.

Un reglamento establecerá el procedimiento y plazos en virtud del cual se tramitará este tipo de evaluación, el que deberá considerar:

a) Los aspectos básicos a considerar durante la etapa de diseño, incluida la forma de consulta y coordinación de los organismos del Estado que puedan vincularse con la política o plan objeto de evaluación;

b) Los contenidos mínimos detallados para la elaboración de los Informes Ambientales de las políticas o planes;

c) Forma de participación del público interesado, y

d) Forma de publicidad de la política o plan, así como su reformulación posterior.

La señora Pascal y los señores Díaz, don Marcelo y Vallespín, formularon indicación para agregar en la letra c), el siguiente párrafo final, sustituyendo la conjunción “y” por un punto (.) seguido: “El reglamento considerara participación ciudadana en sus tres dimensiones: informativa, consultiva y resolutiva.”.

El artículo y la indicación fueron aprobados por unanimidad.

Artículo 7° quater,

La etapa de aprobación de la política o plan, culminará con una resolución del Ministerio sectorial, en la cual se señalará el proceso de elaboración de la política o plan desde su etapa de diseño, la participación de los demás organismos del Estado, la consulta pública realizada y la forma en que ha sido considerada, el contenido del informe ambiental y las respectivas consideraciones ambientales y de desarrollo sustentable que debe incorporar la política o plan para su dictación, así como los criterios e indicadores de seguimiento.

El señor Chahuán, formuló indicación para intercalar, en el inciso primero, a continuación de la frase “culminará con una resolución del” la expresión “Consejo de Ministros”.

El señor Presidente accidental procedió a declarar inadmisible la indicación, de acuerdo a lo preceptuado en el número 2°, del inciso 4° del artículo 65° de la Constitución Política de la República.

El artículo fue aprobado, por unanimidad.

N° 4, al artículo 8°.

Modifica el inciso tercero a fin de adecuarlo a la nueva institucionalidad ambiental.

Se formularon las siguientes indicaciones:

1) De la señora Pascal y de los señores Accorsi y Vallespín, para agregar los siguientes incisos, tercero y cuarto nuevos, pasando el actual tercero a ser final:

“Sin perjuicio de los permisos o pronunciamientos sectoriales, siempre se requerirá el informe del Gobierno Regional, del Municipio respectivo y la autoridad marítima competente, cuando corresponda, sobre la compatibilidad territorial del proyecto presentado.

Los proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental deberán considerar siempre las políticas y planes evaluados estratégicamente, de conformidad a lo señalado en el Párrafo 1 Bis de este título.”.

2) Del Ejecutivo, para intercalar en el numeral 4), entre las expresiones “Medio Ambiente” y la preposición “por” precedida de una coma (,), la frase “en su caso.”.

La modificación y las indicaciones números 1 y 2, fueron aprobados, por unanimidad.

N ° 5, al artículo 9°.

Modifica los incisos segundo, tercero y cuarto a fin de adecuarlos a la nueva institucionalidad ambiental.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1) Del Ejecutivo, a la letra a), para:

a) Intercalar, entre las expresiones “la denominación” y las comillas (“) que preceden a la preposición “de”, la frase “la Dirección Ejecutiva”.

b) Intercalar entre la preposición “por” y las comillas (“) que preceden a las expresiones “Director Ejecutivo”, el artículo “el”.

2) De la señora Pascal y de los señores Vallespín; Accorsi; Espinosa y Chahuán para agregar el siguiente inciso final:

“Los pronunciamientos de los órganos de la Administración del Estado con competencia Ambiental, deberán ser fundados y formulados dentro de las esferas de sus respectivas competencias.”.

Se hace presente que la indicación N° 2 fue concordada con los representantes del Ejecutivo en el momento en que se analizó la creación del Servicio de Evaluación Ambiental.

Las modificaciones y las indicaciones números 1 y 2, fueron aprobadas, por unanimidad.

N° 6, nuevo, artículos 9° bis y 9° ter nuevos.

La señora Pascal y los señores Accorsi, Chahuán, Espinosa, don Marcos y Vallespín, formularon indicación para agregar los siguientes artículos 9° bis y 9° ter.

“Artículo 9° bis.- La Comisión a la cual se refiere el artículo 82 y el Servicio de Evaluación, en su caso, deberán calificar o rechazar un proyecto o actividad sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sólo en virtud del informe consolidado de evaluación, el que contendrá todos los pronunciamientos ambientales de los organismos con competencia que participaron en la Evaluación, la evaluación técnica de las observaciones planteadas por la comunidad y los interesados, cuando corresponda, así como la recomendación de aprobación o rechazo del proyecto.

El incumplimiento a lo señalado en el inciso anterior se considerará vicio esencial del procedimiento de calificación ambiental.

Excepcionalmente, la Comisión establecida en el artículo 82 y el Servicio de Evaluación Ambiental, en su caso, podrá calificar o rechazar un proyecto o actividad sin atenerse a lo señalado en el informe consolidado de evaluación o a los informes de los servicios públicos, siempre y cuando cuenten con un informe técnico ambiental que justifique la adopción de esa decisión especial.

Artículo 9° ter.- Los proponentes de los proyectos o actividades, en sus Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental, deberán describir la forma en que tales proyectos o actividades se ajustan a las políticas, planes y programas de desarrollo regional, así como los planes de desarrollo comunal.

La Comisión señalada en el artículo 82 deberá siempre solicitar pronunciamiento al Gobierno Regional respectivo, así como a las Municipalidades del área de influencia del proyecto, con el objeto que estos señalen si el proyecto o actividad se ajusta a las políticas, planes y programas de desarrollo regional y a los planes de desarrollo comunal, respectivamente.”.

Sin debate, la indicación se aprobópor unanimidad.

N° 6 que pasa a ser 7, al artículo 10.

Modifica la letra h) con el propósito de adecuarla a la nueva institucionalidad ambiental.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1) De la señora Pascal, a la letra m), para eliminar la expresión “en suelos frágiles.”.

2) De la señora Pascal y del señor Vallespín, para agregar la siguiente letra r):

“r) Proyectos de desarrollo, cultivo o explotación, en las áreas mineras, agrícolas, forestales e hidrobiológicas que utilicen organismos genéticamente modificados.”.

Sin debate, la indización 1 fue rechazada, por unanimidad.

La modificación y la indicación 2 fueron aprobadas, por unanimidad.

N° 7, que pasa a ser 8, agrega el artículo 11 bis.

“Artículo 11 bis.- Los proponentes no podrán fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de eludir o variar a sabiendas el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Será competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente determinar la infracción a esta obligación y obligar al proponente a ingresar adecuadamente a dicho Sistema.

No se aplicará lo señalado en el inciso anterior cuando el proponente acredite que el proyecto o actividad corresponde a uno cuya ejecución se realizará por etapas o correspondan a diferentes proyectos o actividades de conformidad a lo señalado en el artículo 10.”.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1) Del señor Accorsi, para reemplazar en el inciso segundo la expresión “de conformidad a lo señalado en el artículo 10” por “que pueden desarrollarse o ejecutarse independientemente el uno del otro.”.

2) De la señora Pascal y de los señores Accorsi y Vallespín, para agregar los siguientes artículos nuevos:

a) “Artículo 11 ter.- Si el proyecto o actividad contempla la realización de dos o más proyectos o actividades, que por sí mismas, correspondan a aquellas enumeradas en el artículo 10, o presenten alguna de las características señaladas en el artículo 11, deberá someterse a una sola evaluación de impacto ambiental”.

b) “Artículo 11 quater.- En caso de modificarse un proyecto o actividad que cuenta con el certificado señalado en el artículo 24, el proponente deberá ingresar la modificación al Sistema de Evaluación de Evaluación de Impacto Ambiental, a través de una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, según hubiese sido el ingreso del proyecto original, debiendo la evaluación considerar el impacto ambiental que el proyecto y la modificación, en forma conjunta, producen”.

3) De los señores Escobar, Espinosa, Girardi; León y Vallespín, para agregar el siguiente artículo 11 quinquies:

“Artículo 11 quinquies.- En caso de modificarse un proyecto o actividad que cuenta con el certificado señalado en el artículo 24, el proponente deberá ingresar la modificación al Sistema de Evaluación de Evaluación de Impacto Ambiental, debiendo la evaluación considerar el impacto ambiental que el proyecto y la modificación, en forma conjunta, producen.”.

La señora Ministra Presidenta de CONAMA, explicó que con el fin de evitar efectos no deseados debe verificarse con los criterios de evaluación del artículo 11, que son los que establecen cuando se requiere un Estudio de Impacto Ambiental.

El Diputado señor Vallespín explicó que el sentido de la indicación radica en que en ambos casos, -por Estudio o por Declaración de Impacto Ambiental-, debe evaluarse el impacto ambiental que lo nuevo y lo anterior producen.

El artículo 11 bis y la indicación 1 se aprobaron, por unanimidad.

Los artículos 11 ter y 11 quinquies, que pasa a ser 11 quater, fueron aprobadas, por unanimidad.

La indicación 2, letra b), que incorporaba un artículo 11 quater, se rechazó, por unanimidad.

N° 8, que pasa a ser 9, al artículo 12.

Modifica la letra d), para agregar un párrafo final que establece que cuando el proyecto deba presentar un Estudio de Impacto Ambiental por generar alguno de los efectos, características o circunstancias señaladas en las letras a), c) y, cuando corresponda, en la letra d) del artículo anterior, el proponente deberá considerar un capítulo específico relativo al riesgo que el proyecto generará en la salud de las personas.

Se formularon las siguientes indicaciones:

1) De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, al número 8, para suprimirlo.

2) Del Ejecutivo, para agregar la frase “y no existiera Norma Primaria de Calidad,” entre las expresiones “anterior,” y “el proponente.”.

Sin debate, la indicación 1 se rechazó por unanimidad. Consecuentemente, se da por aprobado, por unanimidad, el número 8, que pasa a ser 9, al igual que la indicación número 2.

N° 10, nuevo, agrega el siguiente artículo 12 bis.

La señora Pascal y los señores Accorsi y Vallespín, formularon indicación, para agregar el siguiente artículo 12 bis:

“Artículo 12 bis.- Las declaraciones de Impacto Ambiental considerarán las siguientes materias:

a) Una descripción del proyecto o actividad;

b) Los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental;

c) La indicación normativa ambiental aplicable, y la forma en la que se cumplirá; y

d) La indicación de los permisos ambientales sectoriales aplicables, y los antecedentes asociados a los requisitos y exigencias para el respectivo pronunciamiento”.

Sin debate, la indicación se aprobó, por unanimidad.

N° 9 que pasa a ser 11, al artículo 13.

Introduce diversas modificaciones en los incisos primero y segundo con el propósito de adecuar esta disposición a la nueva institucionalidad ambiental.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Pascal y los señores Accorsi y Vallespín, al inciso primero del artículo 13, para agregar, antes de la expresión “en su caso”, la frase “y los órganos de la administración del Estado competentes,”.

2.-. De la señora Pascal y los señores Accorsi y Vallespín, al artículo 13, letra b), para intercalar a continuación del cardinal “12”, lo siguiente. ”12 bis”.

Las modificaciones propuestas se aprobaron por unanimidad, al igual que las indicaciones números 1 y 2.

N°12, nuevo, agrega los artículos 13 bis y 13 ter.

La señora Pascal y los señores Díaz, don Marcelo y Vallespín, formularon indicación para agregar los siguientes artículos 13 bis y 13 ter:

1) “Artículo 13 bis.- Mientras dure el procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos de inversión, el proponente del proyecto y las organizaciones de la sociedad civil y/o comunidades no podrán establecer negociaciones de compensación fuera del proceso. Esta prohibición se mantendrá mientras no esté resuelta la calificación ambiental del proyecto.”.

2) “Artículo 13 ter.- En caso de conflicto entre el proponente de un proyecto de inversión y las organizaciones de la sociedad civil y/o comunidades, el Servicio de Evaluación Ambiental será el encargado de mediar/interlocutar entre ambas partes. Un reglamento será el encargado de establecer los mecanismos/procedimientos de mediación a utilizar por el Servicio de Evaluación Ambiental.”.

Sobre estas indicaciones, la Ministra explicó que han sido innumerables los casos en que, a raíz de estos acuerdos entre comunidades y titulares de proyecto, ha debido concurrir al Congreso para entregar antecedentes. El tema de información y transparencia pasa a ser fundamental a la hora de saber que pasa entre estos titulares de proyectos y las comunidades, resultando claro que las retribuciones económicas no pueden ser el objeto de compensaciones ambientales y por lo tanto, conceptualmente, queda fuera este tipo de reparaciones ni son consideradas medioambientales.

Reconoció la necesidad de establecer la obligación de informar, dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, el tipo de compensaciones económicas particulares que se hubieren acordado entre personas naturales, personas jurídicas, organizaciones o Municipios en relación al proyecto que se evalúa, de manera de sancionar los acuerdos no transparentados.

El señor León (Presidente Accidental) manifestó dudas respecto de la eficacia de normas de transparencia en este tipo de acciones. Razón, por la que solicitó al Ejecutivo reestudiar la materia a fin de establecer que la compensación no tendrá ningún valor para los efectos de la aprobación o rechazo del Estudio de Impacto Ambiental, y la sanción a que se hará merecedor quien infrinja la norma.

Posteriormente, El Ejecutivo, presentó indicación para incorporar el siguiente artículo 13 bis, nuevo:

“13 bis.- Los proponentes deberán informar a la autoridad ambiental si han establecido, antes o durante el proceso de evaluación, negociaciones con los interesados con el objeto de acordar medidas de compensación o mitigación ambiental. En el evento de existir tales acuerdos, éstos no serán vinculantes para la calificación ambiental del proyecto o actividad.”.

Esta indicación fue aprobada, por unanimidad, dándose por rechazada, por igual votación la presentada por los parlamentarios.

La indicación número 2 que agrega un artículo 13 ter, se declaró inadmisible.

N° 10 que pasa a ser 13, al artículo 14.

Modifica la letra b), con el objeto de adecuar la norma a la nueva institucionalidad ambiental.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1) De la señora Pascal, al encabezado del artículo 14, para sustituir la palabra “anterior” por el guarismo 13.

2) De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, presentaron indicación para agregar la siguiente letra c):

“c) En su letra d), intercalar a continuación de la palabra “ciudadanas”, la expresión “en el caso de los Estudios de Impacto Ambiental”.

Sin debate, la indicación 2 se rechazó, por unanimidad.

Las modificaciones y la indicación 1fueron aprobadas, por unanimidad.

N° 11 que pasa a ser 14, agrega artículo 14 bis:

Establece que los actos administrativos que se originen en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental podrán expresarse a través de medios electrónicos, conforme a las normas de la Ley Nº 19.799 y su reglamento.

Para estos efectos, se entenderá que el titular de un proyecto acepta la utilización de técnicas y medios electrónicos en todas las actuaciones del procedimiento que le afecten, desde que ingrese su Estudio o Declaración, salvo que expresamente solicite lo contrario.

Asimismo, establece que las observaciones que formulen las organizaciones ciudadanas y personas naturales a que se refieren los artículos 28, 29 y 30, podrán hacerse por estos mismos medios, conforme a las normas generales.

Sin embargo, no se emplearán medios electrónicos respecto de aquellas actuaciones que por su naturaleza o por expresa disposición legal deben efectuarse por otro medio.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del Ejecutivo, para reemplazar en el inciso tercero del artículo 14 bis, incorporado por el numeral 11, la expresión “refieren los artículos 28, y 29 y 30” por “a que se refiere el artículo 29”.

2.- De la señora Pascal y de los señores Accorsi y Vallespín, al inciso tercero, para incorporar los guarismos “30 y 30 bis”, a continuación del número “28”.

El artículo y las indicaciones 1 y 2, fueron aprobados, por unanimidad.

N° 12 que pasa a ser 15, al artículo 15.

Modifica los incisos primero y final con el propósito de adecuar las normas a la nueva institucionalidad ambiental.

Se formularon las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Pascal y de los señores Accorsi, Díaz, don Marcelo y Vallespín, al artículo 15, para suprimir el inciso segundo.

2.- De la señora Pascal y del señor Díaz, don Marcelo, al inciso final del artículo 15, para reemplazar la frase “se tendrá por otorgado favorablemente” por “emitirá un informe dando cuenta de la ausencia del permiso o pronunciamiento”.

3.- De la señora Pascal y de los señores Accorsi y Vallespín, para agregar el siguiente inciso final:

“Cuando el Estudio de Impacto Ambiental se refiera a proyectos o actividades que deber ser implementados de manera urgente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, así como a servicios que no pueden paralizarse sin serio perjuicio para el país, el plazo de evaluación se reducirá a la mitad, ordenándose todos los trámites proporcionalmente a ese nuevo plazo. La calificación de urgencia para la evaluación será realizada por el Director Ejecutivo a petición del interesado. El reglamento determinará los requisitos, formas y condiciones necesarios para la solicitud, la aprobación y su debida publicidad.”.

La Ministra Presidenta de CONAMA, explicó que la primera indicación busca eliminar el SAP, esto es, el Seguro Ambiental por Autorización Provisoria, anunciando que en una indicación posterior, se trata este tema de acuerdo a lo conversado en la Comisión, que es resguardar su existencia para casos calificados.

Respecto a la segunda indicación, la Ministra Presidenta de CONAMA, manifestó que uno de los elementos para garantizar una adecuada coordinación y desarrollo eficiente, es que los organismos públicos deben actuar con la convicción que efectivamente existen plazos para hacer los pronunciamientos y por lo tanto eliminar el silencio administrativo producirá situaciones de gran complejidad, por lo que manifestó su oposición a la indicación.

Sobre la indicación número 3, manifestó que se resguardan casos muy calificados para la autorización provisional.

Por su parte el Diputado Vallespín, señaló que estos casos de autorización excepcional, son dentro de la Evaluación de Impacto Ambiental y en ningún caso del seguro. Por lo tanto si se tipifica el cuando estamos en esta situación, lo correcto es aprobar la indicación número 1 para que no aparezca el seguro en ningún caso.

Las modificaciones contenidas en el numeral 1, fueron aprobadas por unanimidad, al igual que las indicaciones 1 y 3, por la misma votación.

La indicación 2 se rechazó, por unanimidad.

N° 13 que pasa a ser 16 para agregar el siguiente artículo 15 bis:

“Artículo 15 bis. Si el Estudio de Impacto Ambiental carece de información relevante o esencial para su evaluación que no pudiere ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, el Director Regional o el Director Ejecutivo, así lo declarará mediante resolución fundada, ordenando devolver los antecedentes al titular y poniendo término al procedimiento.

La resolución a que se refiere el inciso precedente sólo podrá dictarse dentro de los primeros cuarenta días contados desde la presentación del respectivo Estudio de Impacto Ambiental. Transcurrido este plazo, no procederá devolver o rechazar el estudio por la causal señalada, debiendo completarse su evaluación.

Los organismos a los que se refiere el inciso final del artículo 9º, deberán comunicar, tan pronto les sea requerido su informe, al Director Regional o el Director Ejecutivo si en los Estudios sometidos a su conocimiento se ha constatado el defecto previsto en este artículo.

En contra de la resolución que se dicte sólo podrá deducirse recurso de reposición dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación. El recurso deberá resolverse dentro del plazo de veinte días.”.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Pascal y del señor Díaz, don Marcelo, para reemplazar, en el inciso segundo, la expresión “cuarenta días” por “setenta días”.

2.- De la señora Pascal, al inciso tercero para sustituir la expresión “inciso final” por “inciso cuarto”.

El artículo fue aprobado, por unanimidad.

La indicación se rechazó, por unanimidad.

N° 14 que pasa a ser 17, al artículo 16.

Se proponen tres modificaciones al inciso primero de este artículo, la primera es de adecuación a la nueva institucionalidad ambiental; la segunda señala que el plazo que restare para finalizar el procedimiento se suspenderá de pleno derecho y, la tercera, agrega un párrafo final con el objetivo de establecer que el proponente podrá, por una sola vez, solicitar la extensión del plazo otorgada para cada suspensión.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en el N° 14, para suprimir la letra c).

Las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad. Por igual número de votos se dio por rechazada la indicación.

N° 15 que pasa a ser 18, deroga el artículo 17.

Sin mayor debate, puesto votación este numeral se aprobó por unanimidad.

N° 16 que pasa a ser 19, al artículo 18.

Se proponen dos modificaciones, la primera es pura y simplemente de adecuación a la nueva normativa medioambiental.

La segunda sustituye el inciso final del artículo 18, por el siguiente:

“En el caso que la Comisión establecida en el artículo 82 o el Director Ejecutivo, según corresponda, no pueda pronunciarse sobre una Declaración de Impacto Ambiental en razón de la falta de algún permiso o pronunciamiento sectorial ambiental, se requerirá al organismo del Estado responsable para que, en el plazo de diez días, emita el respectivo permiso o pronunciamiento. Vencido este plazo, el permiso o pronunciamiento faltante se tendrá por otorgado favorablemente.”.

La señora Pascal, formula indicación para reemplazar, en el inciso final, la frase “el permiso o pronunciamiento faltante se tendrá por otorgado favorablemente” por “deberá emitirse un informe dando cuenta de la ausencia del permiso o pronunciamiento”.

Las modificaciones fueron aprobadas, por unanimidad.

La indicación fue rechazada, por igual votación.

N° 17 que pasa a ser 20, agrega los artículo 18 bis y 18 ter.

a) “Artículo 18 bis.- Si la Declaración de Impacto Ambiental adolece de información relevante o esencial para su evaluación que no pudiese ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, o si el respectivo proyecto o actividad requiere de un Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda, así lo declarará mediante resolución fundada, ordenando devolver los antecedentes al titular y poniendo término al procedimiento.

La resolución a que se refiere el inciso precedente sólo podrá dictarse dentro de los primeros treinta días contados desde la presentación de la respectiva declaración de impacto ambiental. Transcurrido este plazo, no procederá devolver o rechazar la Declaración por las causales señaladas, debiendo completarse su evaluación.

En contra de la resolución que se dicte sólo podrá deducirse recurso de reposición dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación. El recurso deberá resolverse en el plazo de veinte días.

b) Artículo 18 ter.- Los titulares, al presentar una Declaración de Impacto Ambiental, podrán incluir, a su costo, el compromiso de someterse a un proceso de evaluación y certificación de conformidad, respecto del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y de las condiciones sobre las cuales se califique favorablemente el proyecto o actividad. En este caso, dicha Declaración deberá ser calificada en un plazo máximo de treinta días, sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente.

Para estos efectos, la Superintendencia del Medio Ambiente llevará un registro de las personas naturales y jurídicas acreditadas, que realicen la evaluación y certificación de conformidad de las Resoluciones de Calificación Ambiental. El reglamento determinará los requisitos, condiciones y procedimientos necesarios para su administración y funcionamiento.”.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Pascal y del señor Díaz, don Marcelo, al inciso segundo del artículo 18 bis, para reemplazar la frase “treinta días” por la frase “cuarenta días “.

2.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, artículo 18 ter, inciso primero, para:

a) Reemplazar la frase “y de las condiciones sobre las cuales se califique favorablemente el proyecto o actividad” por “y de las características del proyecto o actividad descritas en la Declaración de Impacto Ambiental sobre las cuales se califique favorablemente el proyecto o actividad.”.

b) Agregar después del punto seguido (.) el siguiente párrafo: “Quedarán exceptuados del proceso de certificación de conformidad aquellas Declaraciones de Impacto Ambiental que tengan por objeto introducir mejoras ambientales a un proyecto, incluyendo utilización de nuevas tecnologías ambientales.”.

La Ministra Presidenta de CONAMA, expresó que las indicaciones al artículo 13 ter eran contradictorias con la idea de certeza jurídica sobre las condiciones de aprobación de un proyecto, como también respecto del incentivo para que el titular de un proyecto asuma la evaluación y certificación que de cumplimiento. Agregó que para que sea efectivamente un incentivo la evaluación debe recaer sobre las condiciones sobre las que fue aprobado el proyecto y no sobre las características presentadas por el titular. Por último, hizo presente que las que las tecnologías denominadas “verdes” también deben ser objeto de evaluación.

Los artículos 18 bis y 18 ter fueron aprobados, por unanimidad.

Las indicaciones número 1 y 2 se rechazaron, por unanimidad.

N° 18 que pasa a ser 21, al artículo 19.

La primera modificación, es de adecuación a la nueva institucionalidad medio ambiental.

La segunda reemplaza, en el inciso primero la frase “pudiendo suspenderse de común acuerdo” por “suspendiéndose de pleno derecho”.

La tercera, agrega, en el inciso primero, la siguiente oración final: “El proponente podrá, por una sola vez, solicitar la extensión del plazo otorgado para cada suspensión.”.

Asimismo, en el inciso segundo se contempla una adecuación, y el en el inciso tercero, se agrega a continuación de la frase “requiere de un Estudio de Impacto Ambiental”, lo siguiente: “o cuando no se acreditare el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable”.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- De la señora Pascal y del señor Díaz, don Marcelo, al inciso primero del artículo 19, para intercalar entre las palabras “estime” y “necesarias”, la frase “por la una sola vez”, y agregar, a continuación de la expresión “un plazo” la expresión “de 15 días”.

2.- De los mismos Diputados, para rechazar la tercera modificación propuesta al inciso primero del artículo 19.

3.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, al N° 18, para suprimir la letra c).

La Ministra Presidenta de CONAMA, señaló que con la indicación se pretende poner término a una situación de continua y reiterada solicitud de de plazo de suspensión. Por lo demás, de acuerdo a la experiencia se entiende que a veces los plazos de suspensión son más amplios de los que se señalan en las indicaciones de manera que podría estar rechazando Estudios de Impacto Ambiental por “secretaría”, dado que no cumplen los plazos, cuando en realidad interesa poder evaluar debidamente los proyectos.

Las tres indicaciones se rechazaron, por unanimidad.

Las modificaciones fueron aprobadas, por igual votación.

N° 19 que pasa a ser 22, agrega el siguiente artículo 19 bis:

“Artículo 19 bis.- Transcurridos los plazos a que se refieren los artículos 15, 18 y 18 ter sin que la Comisión establecida en el artículo 82 o el Director Ejecutivo se hubieren pronunciado sobre un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, y cumplidos los requisitos del artículo 64 de la ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, dicho Estudio o Declaración, con sus aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, si las hubiere, se entenderá aprobado.

El certificado que el Director Regional o el Director Ejecutivo expida en caso de configurarse la situación prevista en el inciso anterior, además de especificar que el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental no fue evaluado dentro del plazo legal, individualizará el o los documentos sobre los que recae la aprobación a que se refiere este artículo.”.

Sin debate, el artículo se aprobó, por unanimidad.

N° 20 que pasa a ser 23, al artículo 20:

1) Reemplaza el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 20.- En contra de la resolución que niegue lugar, rechace o establezca condiciones o exigencias a una Declaración de Impacto Ambiental, procederá la reclamación ante el Director Ejecutivo. En contra de la resolución que rechace o establezca condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, procederá la reclamación ante un comité integrado por los Ministros del Medio Ambiente, que lo presidirá, y los Ministros de Salud y de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Agricultura y de Energía. Estos recursos deberán ser interpuestos por el responsable del respectivo proyecto, dentro del plazo de treinta días contado desde la notificación de la resolución recurrida. La autoridad competente resolverá, mediante resolución fundada, en un plazo fatal de treinta o sesenta días contados desde la interposición del recurso, según se trate de una Declaración o un Estudio de Impacto Ambiental.”.

2) Agrega los siguientes incisos segundo y tercero, pasando los actuales a ordenarse correlativamente:

“Con el objeto de resolver las reclamaciones señaladas en el inciso primero, el Director Ejecutivo y el Comité de Ministros podrá solicitar a terceros, de acreditada calificación técnica en las materias de que se trate, un informe independiente con el objeto de ilustrar adecuadamente la decisión. El reglamento establecerá las condiciones a las que deberá ajustarse la solicitud del informe.

En el caso de los Estudios de Impacto Ambiental, el Comité de Ministros deberá solicitar siempre informe a los organismos sectoriales que participaron de la evaluación ambiental.”.

3) En el inciso final, suprime las palabras “a una Declaración” y agregase a continuación de la palabra “Estudio” la palabra “o Declaración”.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

a) Del Ejecutivo, para agregar, en la letra a) del numeral 20), a continuación de la palabra “Energía”, la frase “y Minería”, sustituyendo la “y” que precede a Energía por una coma (,).

b) De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en el número 20), inciso segundo, para intercalar en la letra b) entre la palabra “establecerá” y la expresión “las condiciones” la frase “cómo se seleccionará a dicho comité técnico y”.

c) De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, al N° 20, para suprimir el literal c).

Las indicaciones signadas con las letras a) y b) se aprobaron, por unanimidad. Rechazándose por igual votación la indicación c).

Por su parte, las modificaciones al artículo 20, fueron aprobadas, por unanimidad.

N° 21 que pasa a ser 24, al artículo 21.

Se sustituye la frase “Si se declara inadmisible una Declaración de Impacto Ambiental o se rechaza un Estudio de Impacto Ambiental” por las palabras “si se rechaza una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental”.

La señora Pascal y los señores Accorsi y Vallespín, formulan indicación para agregar el siguiente inciso segundo:

“Con todo, el nuevo ingreso no podrá materializarse sino hasta que se resuelva el recurso de reclamación a que se refiere el inciso primero del artículo 20 de la presente ley, o hubiere quedado ejecutoriada la sentencia que se pronuncie sobre la reclamación establecida en el inciso segundo del mismo artículo.”.

Sobre esta indicación, la Ministra Presidenta de CONAMA, se manifestó de acuerdo, en razón que es lógico que ante una discrepancia que se ventilará en al ámbito judicial, ésta debe estar resuelta antes de volver a presentarse el proyecto para su Evaluación Ambiental.

La modificación propuesta fue aprobada, por unanimidad, al igual que la indicación.

N° 22 que pasa a ser 25, al artículo 22.

La modificación tiene por objeto adecuar el inciso segundo a la nueva institucionalidad medio ambiental.

Sin debate, fue aprobada, por unanimidad.

N° 23 que pasa a ser 26, deroga el artículo 23.

El señor Accorsi formuló indicación para reemplazar el artículo, por el siguiente:

“Artículo 23.- Los proyecto que sean retirados o desistidos durante el proceso de evaluación y antes de dictarse resolución de calificación ambiental no podrán volver a presentarse antes del términos de un año del retiro o desistimiento.”.

Sin debate, puesta en la indicación fue rechazada, por unanimidad.

Puesto en votación la derogación se aprobó, por unanimidad.

N° 24 que pasa a ser 27, al artículo 24.

Agrega los siguientes incisos cuarto y quinto:

“Los organismos del Estado a los que corresponda otorgar o pronunciarse sobre los permisos ambientales sectoriales a que se refiere esta ley, deberán informar a la Superintendencia del Medio Ambiente cada vez que se les solicite alguno de ellos, indicando si ha adjuntado o no una resolución de calificación ambiental y los antecedentes que permitan identificar al proyecto o actividad e individualizar a su titular.

En los casos que la Superintendencia detecte que una solicitud de permiso ambiental sectorial recae sobre un proyecto o actividad que de acuerdo a esta ley deba ser objeto de una evaluación de impacto ambiental previa y que no cuenta con la respectiva resolución de calificación ambiental aprobatoria, lo comunicará al organismo sectorial que corresponda, el que deberá abstenerse de otorgar el permiso o autorización en tanto no se acredite el cumplimiento de dicha exigencia, informando de ello al Servicio de Evaluación Ambiental.”.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1.- Del señor Accorsi para reemplazarlo por el siguiente:

“Agréganse los siguientes incisos cuarto y quinto:

“Los organismos del Estado a los que corresponda otorgar permisos, autorizaciones, concesiones o derechos del cualquier clase, que sean necesarios para la ejecución de proyecto que deben someterse a evaluación ambiental, deberán informar a la Superintendencia del Medio Ambiente cada vez que se les solicite alguno de ellos, indicando si ha adjuntado o no una resolución de calificación ambiental y los antecedentes que permitan identificar al proyecto o actividad e individualizar a su titular.

En los casos que la Superintendencia detecte que una solicitud de permiso, autorización, concesión o derecho recae sobre un proyecto o actividad que de acuerdo a esta ley deba ser objeto de una evaluación de impacto ambiental previa y que no cuenta con la respectiva resolución de calificación ambiental aprobatoria, lo comunicará al organismo sectorial que corresponda, el que deberá abstenerse de otorgar el permiso o autorización en tanto no se acredite el cumplimiento de dicha exigencia, informando de ello al Servicio de Evaluación Ambiental.”.

2.- De la señora Pascal y de los señores Accorsi, Chahuán; Espinosa, don Marcos y Vallespín, para agregar el siguiente inciso tercero, pasando el actual a ser cuarto:

“El titular del proyecto o actividad, deberá someterse durante la fase de construcción y ejecución del mismo, estrictamente al contenido de la resolución de calificación ambiental respectiva.”.

Esta indicación corresponde a los acuerdos adoptados por la Subcomisión formada a fin de consensuar una redacción respecto del procedimiento de calificación de los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La indicación 1 se rechazó, por unanimidad

Por igual votación, se aprobó, el número 24, que pasa a ser 26, así como la indicación signada con el número 2.

N° 25, que pasa a ser 28, al artículo 25.

La modificación es de adecuación de la norma a la nueva institucionalidad ambiental.

La señora Pascal y los señores Accorsi y Vallespín, para agregar, en el artículo 25, el siguiente inciso tercero:

“Las condiciones o exigencias ambientales indicadas en el inciso anterior deberán responder a criterios técnicos solicitados por los servicios públicos que hubiesen participado en el proceso de evaluación”.

La modificación y la indicación fueron aprobadas. por unanimidad.

N° 26 que pasa a ser 29, agrega los siguientes artículos nuevos:

1.- Agregar el siguiente artículo 25 bis:

“Artículo 25 bis.- Las Direcciones de Obras Municipales no podrán otorgar permisos de construcción definitivos si los proyectos o actividades a los que se refiere el artículo 10 no acreditan la dictación de una resolución de calificación ambiental favorable.”.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1) De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en el N° 26, para suprimir el artículo 25 bis.

2) Del Ejecutivo para reemplazar en el artículo 25 bis, incorporado por el numeral 26, la expresión “la dictación de” por “haber obtenido”.

Sin debate, la indicación 1 fue rechazada, por unanimidad. Por igual votación, se da por aprobado el artículo 25 bis y la indicación número 2.

2.- Agregar el siguiente artículo 25 ter:

“Artículo 25 ter.- La resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando hubieren transcurrido más de tres años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contado desde su notificación. El Reglamento deberá precisar las gestiones, actos o faenas mínimas que, según el tipo de proyecto o actividad, permitirán constatar el inicio de la ejecución de los mismos.”

Se presentaron las siguientes indicaciones:

a) El Ejecutivo formuló indicación para sustituirlo, por el siguiente:

“Artículo 25 ter. La resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando hubieren transcurrido más de tres años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contado desde su notificación, a menos que el proponente acredite fehacientemente ante el Servicio de Evaluación Ambiental que no ha existido cambios sustantivos en la línea de base de aprobación del proyecto.

El Reglamento deberá precisar las gestiones, actos o faenas mínimas que, según el tipo de proyecto o actividad, permitirán constatar el inicio de la ejecución de los mismos.

No obstante lo señalado en los incisos anteriores, la resolución de calificación ambiental caducará definitivamente si no se iniciare la ejecución del proyecto o actividad autorizada en el plazo de seis años, contado desde su notificación.”.

b) De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en el número 26), para:

i) Reemplazar en el artículo 25 ter, la palabra “tres” por “seis”.

ii) Intercalar en el artículo 25 ter que propone, a continuación del punto seguido (.), y antes de la expresión “El Reglamento”, el párrafo “Ello sólo será aplicable si la correspondiente autoridad con competencias sectoriales acredita cambios significativos en la línea de base.”.

iii) Agregar el siguiente párrafo final: “Con todo, entre otras cosas que podrá determinar el Reglamento, se entenderá que se ha iniciado la ejecución del proyecto o actividad cuando se soliciten los permisos sectoriales correspondientes.”.

Las indicación signada con la letra a) fue aprobada, por unanimidad, y las contenidas en la letra b) fueron rechazadas, por igual votación.

3.- Agregar el siguiente artículo 25 quater

“Artículo 25 quater.- La resolución que califique favorablemente el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental deberá ser notificada al proponente, informada a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la comunidad.

La Superintendencia del Medio Ambiente administrará un registro público de resoluciones de calificación ambiental en el que se identifique el proyecto, su localización geográfica, la fecha de su otorgamiento, el titular, el objetivo del mismo y su estado. Dicho registro deberá actualizarse anualmente, debiendo los titulares de proyectos informar en igual periodo acerca del estado de los mismos. Un reglamento determinará el contenido del registro y las formas en virtud de las cuales se actualizará.”.

Se formularon las siguientes indicaciones:

a) De los señores Díaz, don Marcelo y Vallespín, para agregar al final del inciso primero la frase: “y a todos los organismos que hayan participado del proceso de calificación ambiental.”

b) De los mismos señores Diputados, al inciso segundo, para reemplazar la palabra “anualmente” por” semestralmente”.

Sin debate, el artículo y las indicaciones fueron aprobados, por unanimidad.

4.- Agregar el siguiente artículo 25 quinquies:

“Artículo 25 quinquies.- La Resolución de Calificación Ambiental podrá ser revisada de oficio o a petición del titular, cuando ejecutándose el proyecto, los hechos sobre los cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, han variado sustantivamente o estos no se han verificado.

Con tal objeto se deberá instruir un procedimiento administrativo, que considere la audiencia del interesado, la solicitud de informe a los organismos sectoriales que participaron de la evaluación y la información pública del proceso.

El acto administrativo que realice la revisión podrá ser reclamado de conformidad a lo señalado en el artículo 20 de la presente ley.”.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

a) Del Ejecutivo, para agregar, en el en el inciso primero del artículo 25 quinquies, incorporado por el numeral 26, a continuación de la frase “podrá ser revisada” la expresión “, excepcionalmente,” y a continuación de la frase “variado sustantivamente” la oración “en relación a lo proyectado”

b) Del señor Accorsi, para agregar, en el artículo 25 quinquies, inciso primero, a continuación de la expresión “a petición del titular”, la frase “o de la comunidad que participó en el proceso de evaluación ambiental,”.

c) De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, En el número 26), para reemplazar en el artículo 25 quinqués que propone, la frase “los hechos sobre los” por la oración “las variables ambientales evaluadas en el proceso de evaluación ambiental, sobre las”, y para suprimir la palabra “estos”.

d) De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en el N° 26, para agregar en el artículo 25 quinquies, el siguiente inciso final:

“No procederá recurrir a la revisión de oficio respecto de modificaciones no ambientales; modificaciones de proyectos antiguos que no constituyen cambios de consideración; y de proyectos antiguos no sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.”.

El artículo 25 quinquies y la indicación signada con la letra a) fue aprobado por unanimidad.

Las indicaciones signadas con las letras b), c) y d), se rechazaron, por unanimidad.

N° 27, que pasa a ser 30, en el artículo 26.

El proyecto introduce modificaciones de adecuación y agrega una frase final del siguiente tenor: “y de las Declaraciones cuando correspondan”.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1) De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para suprimir el literal b).

2) De la señora Pascal y de los señores Accorsi, Espinosa, don Marcos; Girardi Briere; León y Vallespín, para eliminar la palabra “organizada”.

3) De los mismos Diputados, para reemplazar la frase “que se les presente” por ““y de las Declaraciones cuando correspondan”.

Las modificaciones fueron aprobadas, por unanimidad; al igual que las indicaciones 2 y 3.

La indicación 1 se rechazó, por unanimidad.

N° 28, que pasa a ser 31, en el artículo 27,

Modifica el artículo para adecuarlo a la nueva institucionalidad.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1) De la señora Pascal y de los señores Accorsi, Espinosa, don Marcos; Girardi Briere, León y Vallespín, para trasladar el contenido del artículo 27 al artículo 28, con las siguientes modificaciones:

a) Reemplazar la palabra “anterior” por el guarismo “26”.

b) Agregar el siguiente inciso tercero:

“En caso que el estudio de impacto ambiental hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones, de acuerdo a lo señalado en el artículo 29, el interesado deberá publicar en las mismas condiciones previstas en los incisos precedentes, debiendo individualizarse claramente el contenido de las aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones.”.

La modificación y las indicaciones fueron aprobadas, por unanimidad.

N° nuevo, que agrega el siguiente artículo 27 bis.

Los señores Díaz, don Marcelo y Vallespín, para agregar el siguiente artículo 27 bis:

“Artículo 27 bis.- Para los efectos previstos en el Art. 26, la Comisión establecida en el artículo 82 o el Director Ejecutivo dispondrá de un Fondo de Asesoría Ciudadana, que incluya tanto recursos técnico como financieros, al que las organizaciones ciudadanas y las comunidades podrán postular para acceder asesorías que le permitan participar dentro del proceso de evaluación ambiental en los términos previstos en esta Ley. El reglamento del SEA abordará las características de este Fondo y dictará cómo será el proceso de postulación a este fondo para las organizaciones de la sociedad civil. El monto al que podrán acceder las organizaciones y comunidades dependerá de la complejidad del proyecto en evaluación.”.

La indicación fue declarada inadmisible.

N° 29, que pasa a ser 32, en el artículo 28.

La modificación es meramente adecuatoria a la nueva institucionalidad.

Se formularon las siguientes indicaciones:

De la señora Pascal y de los señores Accorsi, Espinosa, don Marcos, Girardi Briere, León y Vallespín, para trasladar el contenido del artículo 28 al artículo 27, con las siguientes modificaciones:

a) Sustituir la frase “Las organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, por intermedio de sus representantes, y las personas naturales directamente afectadas, podrán”, por “Cualquier persona natural o jurídica, podrá”.

b) Reemplazar la palabra “estudio” por “proyecto” la primera vez que aparece.

c) Suprimir la frase “a que se refiere el estudio”.

La modificación y las indicaciones fueron aprobadas, por unanimidad.

N° 30, que pasa a ser 33, en el artículo 29.

Agrega el siguiente inciso segundo:

“Si durante el procedimiento de evaluación el Estudio de Impacto Ambiental hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente al proyecto, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por treinta días, período en el cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación del Estudio de Impacto Ambiental. El Reglamento deberá precisar que tipo de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, según el tipo de proyecto o actividad, serán consideradas como modificaciones sustantivas a los proyectos.”.

Asimismo, se introducen modificaciones de adecuación a la nueva institucionalidad ambiental, en el inciso segundo que ha pasado a ser tercero, y en el inciso final.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1) De la señora Pascal y de los señores Accorsi, Espinosa, Girardi Briere, León y Vallespín y señora Pascal, para, reemplazar en el inciso primero la frase “Las organizaciones ciudadanas y las personas naturales a que se refiere el artículo anterior podrán” por “Cualquier persona, natural o jurídica, podrá”.

2) Del señor Díaz, don Marcelo, al inciso primero, para agregar, a continuación de la frase “Estudio de Impacto Ambiental” La siguiente: “y a las Declaraciones de Impacto Ambiental, e insertar a continuación de la palabra “días” la frase “treinta días respectivamente”.

3) De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en el inciso segundo, nuevo, para:

a) Intercalar, entre las frases “deberá abrir” y “una nueva etapa” la siguiente oración. “por una sola vez”.

b) Agregar, después de la frase “tramitación del Estudio de Impacto Ambiental” que termina con un punto seguido (.) la siguiente oración: “No se entenderá como modificación sustantiva aquellas que impliquen cambios menores al 60% de las partes, acciones y obras consideradas en su conjunto que componen la descripción del proyecto ingresado originalmente por el titular.”.

4) De la señora Pascal y de los señores Accorsi, Espinosa, Girardi Briere, León y Vallespín, para reemplazar los incisos, segundo y tercero, que pasaría a ser tercero y cuarto:

“El Servicio de Evaluación Ambiental considerará las observaciones como parte del proceso de calificación y deberá hacerse cargo de éstas, pronunciándose fundadamente respecto de todas ellas en su resolución. Dicho pronunciamiento deberá ser notificado a quien hubiere formulado las observaciones con a lo menos quince días de anticipación a la calificación del proyecto.

Cualquier persona, natural y jurídica, cuyas observaciones señaladas en los incisos anteriores no hubieren sido debidamente consideradas en los fundamentos de la Resolución de Calificación Ambiental establecida en el artículo 24, podrá presentar recurso de reclamación de conformidad a lo señalado en el artículo 20.

“El recurso no suspenderá los efectos de la resolución recurrida, salvo que el inicio de la ejecución del proyecto genere precisamente los impactos por los cuales se ha reclamado.”.

Las modificaciones y las indicaciones 1 y 4 fueron aprobadas, por unanimidad.

Las indicaciones 2 y 3 fueron rechazadas, por unanimidad

N° 31, que pasa a ser 34, en el artículo 30.

Se proponen modificaciones de adecuación en el inciso primero.

La señora Pascal y los señores Accorsi, Espinosa, Girardi Briere, León y Vallespín, para incorporar el siguiente inciso tercero:

“En caso que la Declaración de Impacto Ambiental hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones de acuerdo a lo señalado en el artículo 30 bis, el proponente deberá publicar en las mismas condiciones previstas en el artículo 28, debiendo individualizarse claramente el contenido de las aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones.”.

La modificación y la indicación fueron aprobadas, por unanimidad.

N° 35, nuevo, incorpora los siguientes artículos nuevos.

La señora Pascal y los señores Accorsi, Espinosa, Girardi Briere, León y Vallespín, formularon indicación para incorporar el siguiente artículos 30 bis y 30 ter:

Artículo 30 bis).

“Artículo 30 bis.- Las Direcciones Regionales o el Director Ejecutivo, según corresponda, podrán decretar la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de veinte días, en aquellos proyectos cuya Declaración de Impacto Ambiental se presenten a evaluación, siempre que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas. Esta solicitud deberá hacerse por escrito y presentarse dentro del plazo de 10 días, contados desde la publicación en el Diario Oficial del proyecto sometido a Declaración de Impacto Ambiental de que se trate.

Si durante el procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, ésta hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente al proyecto, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por diez días, período en el cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental. El Reglamento deberá precisar que tipo de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, según el tipo de proyecto o actividad, serán consideradas como modificaciones sustantivas a los proyectos

Tratándose de los proyectos sometidos a evaluación de conformidad a lo establecido en el artículo 18 ter, el plazo para la realización del proceso de participación ciudadana será de diez días.

El Servicio de Evaluación Ambiental considerará las observaciones como parte del proceso de calificación y deberá hacerse cargo de éstas, pronunciándose fundadamente respecto de todas ellas en su resolución. Dicho pronunciamiento deberá ser notificado a quien hubiere formulado las observaciones con a lo menos cinco días de anticipación a la calificación del proyecto.

Cualquier persona, natural o jurídica, cuyas observaciones señaladas en los incisos anteriores no hubieren sido debidamente consideradas en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental establecida en el artículo 24, podrá presentar recurso de reclamación de conformidad a lo señalado en el artículo 20.

El recurso no suspenderá los efectos de la resolución recurrida salvo que el inicio de la ejecución del proyecto genere precisamente los impactos por los cuales se ha reclamado.”;

El señor Vallespín destacó que esta disposición consagra la participación ciudadana como un derecho de las organizaciones, lo que parece muy significativo tanto para Estudios de Impacto Ambiental como para las Declaraciones, sobre todo si se considera que alrededor del 90 por ciento de los proyectos ingresan vía Declaración, en los cuales la comunidad no tenía derecho a participar.

El artículo se aprobó, por unanimidad.

Artículo 30 ter.

“Artículo 30 ter.- Sin perjuicio de lo señalado en los artículos. 28 y 30, los proponentes deberán anunciar mediante avisos a su costa, en medios de radiodifusión local y regional, la presentación del Estudio o Declaración, el lugar en donde se encuentran disponibles los antecedentes de éstos y el plazo para realizar observaciones. El reglamento deberá establecer el contenido de los anuncios, la forma de acreditar ante la autoridad su emisión y el plazo en el cual éstos deberán emitirse.”.

El diputado Vallespín explicó que estos son nuevos mecanismos de participación y de canales de información para que la comunidad pueda conocer y ser parte de ellos. Asimismo, precisó que al referirse a medios locales o regionales, no se alude a la propiedad de la radioemisora sino que al ámbito de radioescuchas.

Se concordó en que el reglamento podría contener normas más precisas respecto de la difusión que se realice en la o las localidades en que el proyecto tenga influencia.

El artículo fue aprobado, por unanimidad.

N° 32, que pasa a ser 36, en el artículo 31,

La modificación propuesta es de adecuación a la nueva institucionalidad ambiental.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1) De la señora Pascal y de los señores Accorsi, Espinosa, don Marcos; Girardi Briere, León y Vallespín, para agregar, antes del punto aparte (.) la siguiente frase “y garantizar la participación de la comunidad”.

2) De la señora Pascal, para reemplazar el guarismo “27” por “28”.

La modificación y las indicaciones fueron aprobadas, por unanimidad.

Nº 33, que pasa a ser 37, agrega el siguiente párrafo 3 bis.

“Párrafo 3 bis.

Del Acceso a la Información Ambiental.

Artículo 31 bis

Establece que toda persona tiene derecho de acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la Ley de Acceso a la Información Pública.

Define, para estos efectos el concepto de información ambiental como toda aquella de carácter escrita, visual, sonora, electrónica o registrada de cualquier otra forma que se encuentre en poder de la Administración e indica las materias sobre las que versa.

Se presentaron las siguientes indicaciones.

1) Del Ejecutivo, para reemplazar en el inciso primero del artículo 31 bis, la preposición “de” por “a” que se encuentra a continuación de la expresión “tiene derecho”.

2) De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en la letra a) del Artículo 31 bis, para suprimir la frase “, incluidos los organismos genéticamente modificados”

Sobre esta indicación, el señor Sepúlveda explicó que le parecía necesario que previamente existirá una norma legal que establezca claramente que son y comprende el concepto de organismos genéticamente modificados. No es partidario de considerar el tema mientras no exista tal disposición.

El artículo y la indicación 1 fueron aprobados, por unanimidad.

La indicación número 2 se rechazó, por 5 votos en contra y 2 votos a favor.

Artículo 31 ter.

Establece que el Ministerio del Medio Ambiente administrará un Sistema Nacional de Información Ambiental, desglosada regionalmente, e indica las materias que contendrá.

El artículo se aprobó, por unanimidad.

Artículo 31 quater.

Dispone que cualquier persona que se considere lesionada en su derecho a acceder a la información ambiental, podrá recurrir ante la autoridad competente, de conformidad a lo señalado a la ley de acceso a la información pública.

El artículo se aprobó, por unanimidad.

N° 34, que pasa a ser 38, en el artículo 32.

Modifica los incisos primero, segundo, cuarto y final con el objeto de adecuarlos a la nueva institucionalidad ambiental.

Asimismo, se agrega, en el inciso primero, el siguiente párrafo final. “El Ministerio de Salud podrá solicitar fundadamente al Ministerio de Medio Ambiente la dictación de una norma primaria de calidad, la que deberá dictarse dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco años, a menos que dentro de tal plazo indique las razones técnicas para no acoger la solicitud”.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1) De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en el número 34), para reemplazar en su letra b), la frase “podrá solicitar fundadamente al Ministerio de Medio Ambiente” por la oración “, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, deberá proponer fundadamente al Consejo de Ministros”.

2) De los mismos DDe la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, Garcíaiputados, para reemplazar en la letra c) la frase “Ministerio del Medio Ambiente” por la frase “Consejo de Ministros

Las indicaciones 1 y 2 fueron declaradas inadmisibles.

Las modificaciones se aprobaron, por unanimidad.

N° 35, que pasa a ser 39, en el artículo 33,

Modificación adecuatoria a las normas que conforman la nueva institucionalidad ambiental.

La modificación fue aprobada, por unanimidad.

N° nuevos.

La señora Pascal y del señor Díaz, don Marcelo, formularon las siguientes indicaciones:

1) Para reemplazar el artículo 34 por el siguiente:

“Artículo 34.- El Estado administrará un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas públicas y privadas terrestres y acuáticas, que incluirá los parques y reservas, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza y todas las categorías de protección que permite le legalidad vigente, con objeto de asegurar la conservación de la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”.

2) Para reemplazar el inciso segundo del artículo 35, por el siguiente:

“La supervisión de estas áreas silvestres corresponderá al Servicio de Conservación, Biodiversidad y Áreas Protegidas, como administrador del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado”.

Ambas indicaciones fueron declaradas inadmisibles.

N° 40, nuevo, en el artículo 36.

La señora Pascal y del señor Díaz, don Marcelo, para intercalar, en el inciso primero, entre las palabras “lagunas” y “embalses”, la palabra “glaciares”.

La indicación se aprobó, por unanimidad.

N° 36, que pasa ser 41, en el artículo 37.

Agrega un inciso segundo estableciendo que el Ministerio del Medio Ambiente deberá aprobar planes de recuperación, conservación y gestión de dichas especies, de acuerdo a las clasificaciones que contempla el inciso primero. Además, dispone que el reglamento defina el procedimiento de elaboración, el sistema de información pública y el contenido de cada uno de ellos.

La señora Pascal y el señor Díaz, don Marcelo, formularon indicación reemplazar el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 37.- El reglamento fijará el procedimiento para clasificar las especies plantas, algas, hongos y animales silvestres, sobre la base de antecedentes científico-técnicos, y según su estado de conservación, en las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) u otro organismo internacional que dicte pautas en estas materias.”.

La Ministra Presidenta de CONAMA, explicó que existe un solo organismo internacional reconocido en el ámbito internacional al que sigue toda la academia, la comunidad científica, las Naciones Unidas y los científicos nacionales y que esta indicación discurre en el hipotético caso que esta desapareciera o se constituyera con otra denominación al amparo de Naciones Unidas

La indicación fue aprobada, por 5 votos a favor y 2 en contra.

La modificación se aprobó, por unanimidad.

N° 37, que pasa a ser 42, en el artículo 38.

Sustituye la frase “Los organismos competentes del Estado confeccionarán y mantendrán” por “El Ministerio del Medio Ambiente velará que los organismos competentes del Estado confeccionen y mantengan”.

La señora Pascal y el señor Díaz, don Marcelo, presentaron indicación, al inciso primero, para reemplazar la frase “flora y fauna” por la frase “plantas, algas, hongos y animales silvestres”.

Sin mayor debate, la modificación y la indicación fueron aprobadas, por unanimidad.

N° 38, que pasa ser 43, en el artículo 40.

Se proponen las siguientes modificaciones:

En el inciso primero, se agrega, a continuación de la coma (,) que sigue a la palabra “supremo” siguiente frase “que llevará las firmas del Ministro del Medio Ambiente y del ministro competente según la materia de que se trate,”; y elimina el párrafo que se encuentra a continuación del punto seguido (.) que pasa a ser punto a parte.

En el inciso segundo se efectúan adecuaciones a la nueva institucionalidad ambiental.

En el del inciso final, se agrega, a continuación de la palabra “aplicarán”, la siguiente frase “, pudiendo utilizar las mejores técnicas disponibles, cuando corresponda”.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1) De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, a la letra a) para anteponer a la expresión “que llevará las firmas” la oración “aprobado por el Consejo de Ministros y”.

2) De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para intercalar a continuación de la palabra “corresponda” la siguiente oración, precedida de una coma (,): “previa evaluación económica de la norma

Las modificaciones a los incisos primero y segundo, fueron aprobadas, por unanimidad, y la del inciso final fue aprobada, por 6 votos a favor y 2 abstenciones.

La indicación número 1 fue declarada inadmisible.

La indicación número 2 se rechazó, por 5 votos en contra y 3 a favor.

N° 39 que pasa a ser 44, en el al artículo 42.

Se realizan modificaciones de adecuación a la nueva institucionalidad medio ambiental.

Sin debate, se aprobó, por unanimidad.

N° 40, que pasa a ser 45, en el artículo 43.

Se efectúan modificaciones de adecuación a la nueva institucionalidad medio ambiental, en los incisos primero y segundo.

La señora Pascal y los señores Accorsi y Vallespín, formularon indicación para agregar, los siguientes incisos segundo y tercero:

“Mediante Decreto Supremo, que llevará la firma del Ministro del Medio Ambiente, de Salud o del Ministro sectorial, según corresponda, se dejará sin efecto la declaración de Zona Saturada o Latente, cuando no se cumplan las condiciones que la hicieron procedente.

El Decreto Supremo señalado en el inciso anterior dejará sin efecto las respectivas medidas del plan de Descontaminación y/o Prevención, pudiendo, en el primer caso, mantener vigentes las restricciones impuestas a las emisiones de las fuentes responsables a que se refiere la letra f) del artículo 45 y las medidas destinadas a prevenir episodios críticos de contaminación, por un plazo no superior a dos años contados desde la derogación del plan, con la sola finalidad de permitir la dictación del plan de prevención.”.

Sobre esta indicación la Ministra, Presidenta de CONAMA, señaló que esta norma avanza en lo que es la zona de transición de una calidad de zona saturada o latente a otra, y por lo tanto, si es pertinente, un plan de descontaminación o uno de prevención y por lo tanto contribuye al actuar de los organismos públicos.

Las modificaciones de adecuación y la indicación, fueron aprobadas, por unanimidad.

N° 41, que pasa a ser 46, en el artículo 44.

Las modificaciones tienen por objeto adecuar el artículo a la nueva institucionalidad ambiental, en los incisos primero y segundo.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para intercalar la siguiente letra b):

“b) En el inciso primero, reemplázase la frase “del ministro sectorial que corresponda” por “de los Ministros que integran el Consejo de Ministros”.”

La indicación se declaró inadmisible

Las modificaciones fueron aprobadas, por unanimidad.

N° 42, que pasa a ser 47, en el artículo 46,

Contiene modificaciones de adecuación, la que fue aprobada, por unanimidad.

N° 43, que pasa a ser 48, agrega, el siguiente artículo 48 bis:

Dispone que los actos administrativos que se dicten por los Ministerios o servicios para la ejecución o implementación de normas de calidad, emisión y planes de prevención o descontaminación, deberán contar siempre con informe previo del Ministerio del Medio Ambiente.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, presentaron indicación para, intercalar a continuación de las palabras “Medio Ambiente” y antes del punto aparte (.) la frase “y la aprobación del Consejo de Ministros.”.

La indicación fue declarada inadmisible.

El artículo, fue aprobado, por 6 votos a favor y 1 abstención.

N° 44, que pasa a ser 49, en el artículo 53

Agrega el siguiente inciso segundo.

“No procederá la acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado cuando quien cometió el daño ejecutó satisfactoriamente un plan de reparación aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.”.

La modificación se aprobó, por unanimidad..

N° 45, que pasa a ser 50.

Deroga los artículos 56, 57, 58 y 59.

Puesto en votación se aprobó, por unanimidad.

N° 46, que pasa a ser 51, sustituye el artículo 64.

Establece que la fiscalización del cumplimiento de las normas y condiciones sobre la base de las cuáles se han aprobado o aceptado los Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental, de las medidas e instrumentos que establezcan los Planes de Prevención y de Descontaminación, de las normas de calidad y emisión, así como de los planes de manejo establecidos en la presente ley, cuando correspondan, será efectuada por la Superintendencia del Medio Ambiente y los organismos sectoriales con competencias ambientales, de conformidad a lo señalado por la ley.

Sin debate, se aprobó la sustitución, por unanimidad.

N° 47, que pasa a ser 52, en el artículo 65.

Modifica los incisos primero y segundo con el objeto de adecuarlos a la nueva institucionalidad ambiental.

Las modificaciones, fueron aprobadas, por unanimidad.

N° 48, que pasa a ser 53, en el artículo 66.

Modificación de adecuación, fue aprobada, por unanimidad.

N° 49, que pasa a ser 54, en el artículo 67.

Modificaciones adecuatorias a la nueva institucionalidad, aprobadas, por unanimidad.

Nº nuevo, en el artículo 67.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para agregar el siguiente numeral nuevo:

“50) En el artículo 67, inciso primero, agréguese antes de la frase “según bases generales” la expresión “previo concurso público”.

La indicación fue rechazada, por 5 votos en contra y 2 a favor y 5 en contra.

ARTÍCULO CUARTO.

Introduce las siguientes modificaciones en la ley N° 18.892, de 1989, General de Pesca y Acuicultura, de la siguiente forma

a) Incorpora, en la letra d) del artículo 3º, el siguiente párrafo final:

“Las declaraciones de Parques y reservas marinas, a que hacen mención los artículos 3°, letra d) y 48 letra b) serán realizados mediante Decreto del Ministerio del Medio Ambiente.”;

b) Agrega, en la letra b) del artículo 48, el siguiente párrafo final:

“Dicha determinación se efectuará mediante decreto que llevará las firmas de los Ministros del Ministerio del Medio Ambiente y de Economía, Fomento y Reconstrucción”.

c) Sustituye, en el inciso primero del artículo 87, la frase “del Ministerio” por “de los Ministerios de Economía Fomento y Reconstrucción y de Medio Ambiente”.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, formularon las siguientes indicaciones:

1) En la letra a) para intercalar a continuación de la expresión “Medio Ambiente” y antes del punto aparte (.), la siguiente oración “y aprobados por el Consejo de Ministros”.

2) En la letra b) para agregar a continuación de la palabra “Reconstrucción”, la siguiente oración precedida de una coma (,) “previa aprobación del Consejo de Ministros”.

Las indicaciones fueron declaradas inadmisibles.

El artículo fue aprobado, por unanimidad.

ARTÍCULO QUINTO.

Modifica el artículo 31 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales, en el siguiente sentido:

a) En el inciso segundo, sustituir la frase “Consejo de Monumentos Nacionales”, por “Ministerio del Medio Ambiente”.

b) En los incisos tercero y cuarto, sustituir la palabra “Consejo” por “Servicio” las dos veces que aparece.

c) Para agregar el siguiente inciso quinto, nuevo, ordenándose los siguientes correlativamente:

“La declaración de santuario de la naturaleza deberá contar siempre con informe previo del Consejo de Monumentos Nacionales”.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en la letra c), para agregar a continuación de la palabra “Nacionales” la frase “y del Consejo de Ministros”.

La indicación se declaró inadmisible.

El artículo aprobó, por unanimidad.

ARTÍCULO SEXTO.

Modifica el Decreto Ley N° 1939 de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, en los siguientes términos:

a) En el artículo 16:

i) Sustituyese, en el inciso primero el punto aparte (.) por una coma (,), agregando la siguiente oración “en cuyo caso procederá informe previo del Ministerio del Medio Ambiente”.

ii) En el inciso segundo, sustitúyase la frase “El Ministerio de Agricultura evacuará” por la siguiente oración “Los Ministerios de Agricultura o Medio Ambiente, según corresponda, evacuarán”.

iii) Sustituyese la palabra “hiciera” por “hicieran”.

b) En el artículo 21, agréguese a continuación de la frase “Ministerio de Agricultura” lo siguiente “o el Ministerio del Medio Ambiente, según corresponda”.

El artículo se aprobó, por unanimidad.

ARTÍCULO SÉPTIMO.

Introduce las siguientes modificaciones en el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en los siguientes términos:

a) Para incorporar, antes de la expresión “aseo y ornato” la expresión “Medio Ambiente,”.

b) Para agregar las siguientes letras d), e) y f), nuevas, sustituyendo en la letra b) la coma (,) y la letra “y” que le sigue, por un punto y coma (;):

“d) Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con medio ambiente;

e) Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su competencia, y

f) Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de la misma, el concejo podrá solicitar siempre un informe técnico al Ministerio del Medio Ambiente;”.

La señora Pascal y los señores Accorsi y Vallespín, presentaron las siguientes indicaciones:

a) En el artículo 1°, inciso segundo, para intercalar entre las palabras “cultura” y “de”, la expresión “y medioambiental”.

b) En el artículo 3°, para introducir la siguiente letra g):

“g) La promoción de la gestión ambiental local en los ámbitos de la educación ambiental y la participación ciudadana”.

Las indicaciones fueron declaradas inadmisibles.

El artículo fue aprobado, por unanimidad.

ARTÍCULO OCTAVO.

Reemplaza en el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley 294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que establece la funciones y estructura del Ministerio de Agricultura, la siguiente oración “la conservación, protección y acrecentamiento de los recursos naturales renovables” por “la protección de los recursos naturales renovables del ámbito silvoagropecuario, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente.”.

El artículo fue aprobado, por unanimidad.

ARTÍCULO NOVENO.

Introduce las siguientes modificaciones en el artículo 129 bis 1 del Código de Aguas:

a) Para agregar al inicio del inciso segundo, la siguiente oración: “Un reglamento, que deberá llevar la firma de los Ministros del Medio Ambiente y Obras Públicas, determinará los criterios en virtud de los cuales se establecerá el caudal ecológico mínimo.”.

b) En el inciso tercero.

i) Para sustituir la frase “de la Comisión Regional del Medio Ambiente respectiva” por “del Ministerio del Medio Ambiente”.

ii) Para eliminar la oración “Si la respectiva fuente natural recorre más de una región, el informe será evacuado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente.”.

La señora Cubillos y los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, En su letra a), para intercalar a continuación de la expresión “Públicas” y antes de la coma (,) la oración “y deberá contar con la aprobación del Consejo de Ministros”.

La indicación se declaró inadmisible.

El artículo fue aprobado, por unanimidad.

ARTÍCULO DÉCIMO.

Incorpora, en el artículo 2º de la ley N° 18.902, a continuación de la frase “y el control de los residuos líquidos industriales”, la siguiente oración: “que se encuentren vinculados a las prestaciones o servicios de las empresas sanitarias”.

El artículo fue aprobado, por unanimidad.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

Artículo primero.

Establece que el informe sobre el estado del Medio Ambiente, deberá realizarse dentro del plazo de dos años contados desde la dictación de la esta ley. En el mismo plazo entrará en vigencia el Sistema Nacional de Información Ambiental. En el periodo intermedio el Ministerio del Medio Ambiente deberá realizar las gestiones necesarias para su debida implementación.

Asimismo, dispone que los proyectos o actividades sometidos al Sistema de Evaluación Ambiental previos a la dictación de la ley, presente ley, se sujetarán en su tramitación y aprobación a las normas vigentes al momento de su ingreso

Se presentaron las siguientes indicaciones:

1) Del Ejecutivo, al artículo primero, para:

a) Reemplazar en su inciso primero, la expresión “de los mismos” por “del mismo”.

b) Intercalar en el inciso tercero, las expresiones “de Impacto” entre las palabras “Evaluación” y “Ambiental.”.

El artículo y las indicaciones fueron aprobados, por unanimidad.

Artículo segundo.

- Faculta al Presidente de la República para que establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1) Fijar la planta de personal del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental, de la Superintendencia del Medio Ambiente, así como el régimen de remuneraciones que le será aplicable a esta última. El encasillamiento en estas plantas podrá incluir personal de la Comisión Nacional de Medio Ambiente.

2) Ordenar el traspaso de personal desde de la Comisión Nacional de Medio Ambiente al Ministerio de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental, en las condiciones que determine y sin solución de continuidad, cualquiera sea la calidad jurídica del mismo.

Además, se contemplan las normas para el traspaso de recursos y de personal titular y de platas.

3) En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas que fije, podrá determinar el número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza y de carrera. Asimismo, el Presidente de la República dictará las normas necesarias para la aplicación de las remuneraciones variables, en su aplicación transitoria.

4) El Presidente de la República determinará la data de entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos que practique. Igualmente, fijará las dotaciones máximas de personal para las instituciones señaladas en el numeral 1.

5) El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del personal traspasado.

c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones.

d) Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

e) El personal que a la fecha del traspaso se encontrare afecto a un régimen previsional distinto del establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, podrá optar por este último en las condiciones que señale el correspondiente decreto con fuerza de ley.

6) Determinar la fecha de iniciación de actividades de las instituciones a que se refiere el numeral 1. Además determinará la fecha de supresión de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, estableciendo el destino de sus recursos.

7) Traspasar los recursos de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, el que deberá efectuarse al Ministerio de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental, en su caso.

8) Traspasar los bienes que determine, desde la Comisión Nacional de Medio Ambiente al Ministerio de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental, en su caso.

El señor Accorsi, formuló indicación para reemplazar la expresión “podrá incluir personal de la”, por la frase “incluirá al personal del estamento profesional, técnico, administrativo y auxiliar que tenga contrato vigente con la”.

Esta indicación se declaró inadmisible.

Artículo tercero.

Dispone que el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental se constituirán para todos los efectos en los sucesores legales de de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Se presentó la siguiente indicación:

1) Del Ejecutivo, para reemplazar la expresión “de Ambiente” por “del Medio Ambiente”.”.

Artículo cuarto.

Establece que el mayor gasto que puedan derivar las nuevas plantas que se fijen y el encasillamiento que se practique, considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de M$2.100.000.

Los recursos para los efectos de la implementación del Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, serán provistos inicialmente mediante la consolidación de los recursos contemplados en los programas 01 y 03 de la partida 22, capítulo 02 de la Ley de Presupuestos.

No obstante lo anterior, el mayor gasto que se derive de la aplicación de esta ley, será financiado por el Ministerio de Hacienda, con cargo al ítem 50-01-03-24-33-104 de la partida presupuestaria del Tesoro Público.

Artículo quinto.

Dispone que el Presidente de la República nombrará, transitoria y provisionalmente, al Superintendente de Medio Ambiente, quién asumirá de inmediato y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública.

Artículo sexto.

- El Presidente de la República, conformará el primer presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Artículo séptimo.

Los procedimientos de fiscalización y los sancionatorios iniciados con anterioridad a la vigencia de la esta ley, seguirán tramitándose conforme a sus normas hasta su total terminación.

Sin debate, las disposiciones transitorias y las indicaciones, del Ejecutivo, a los artículos primero y tercero fueron aprobados, por unanimidad.

Artículo 8°, nuevo

La señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para incorporar el siguiente artículo octavo transitorio:

“Artículo octavo.- Corresponderá al Ministro del Medio Ambiente, en ejercicio de sus funciones propias y dentro del ámbito de sus competencias, formular y presentar en el plazo de un año desde la publicación de esta ley una propuesta de diseño de un Servicio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, que sustituya en sus funciones las atribuciones de protección que hoy detenta la Corporación Nacional Forestal. Hasta la creación de este servicio, corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente proponer las políticas, planes, programas y supervigilar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza, y supervisar el manejo de las áreas protegidas de propiedad privada.".

La indicación fue declarada inadmisible.

Artículo 8°, nuevo

El Ejecutivo formuló indicación para agregar el siguiente artículo octavo, transitorio:

“Artículo octavo.- Dentro del plazo de un año desde la publicación de esta Ley, los Ministros del Medio Ambiente y de Agricultura deberán formular y presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como en el ámbito forestal.”.

La Ministra, Presidenta de CONAMA, señaló que esta es una materia de mayor consenso transversal, y que el Ejecutivo recoge y manifiesta en ella la voluntad de formular el rediseño de las áreas de biodiversidad y especies protegidas y el área forestal. Lo que resulta evidente al entregar el diseño de políticas y normativas en relación al tema, al Ministerio del Medio Ambiente. Asimismo, destacó que se está recogiendo el espíritu de la indicación presentada por parlamentarios en el mismo sentido.

Por su parte, el Asesor Jurídico de la CONAMA, señaló que técnicamente este proyecto de ley entrega atribuciones en materia de biodiversidad y áreas protegidas al Ministerio de Medio ambiente, eso es por efecto de la aprobación del proyecto y una cosa diferente es lo que debe hacerse en materia de servicios.

La indicación fue aprobada, por unanimidad.

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Cabe hacer presente que, en virtud de lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de la Corporación, se efectuaron algunos cambios en la puntuación y redacción, así como de concordancia, en razón de que se aprobaron cambios en la ley N° 19.300, que en algunos casos no fueron contempladas en el mensaje.

V.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.

a) Artículos rechazados.

No hay.

b) Indicaciones rechazadas.

AL ARTÍCULO PRIMERO, artículos 69 a 89.

Crea el Ministerio del Medio Ambiente.

Artículo 69.

- Del señor Díaz, don Marcelo, para eliminar la palabra “renovables.

Artículo 70

1.- Del señor Díaz, don Marcelo.

a) A la letra a), para agregar, a continuación de la expresión “Proponer” la expresión “y formular”.

b) A la letra b), para agregar, a continuación de la expresión “Proponer” la expresión “y formular”.

c) A la letra e), para agregar, a continuación de la expresión “Proponer” la expresión “y formular”.

2.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda,

a) A la letra f), para suprimir las frases “organismos genéticamente modificados”, y “sin perjuicio de las atribuciones de otros organismos públicos en materia sanitaria;”

b) A la letra n), para suprimirla.

c) A la letra ñ), para intercalar, entre la palabra “local,” y la expresión “así como” la frase “teniendo en consideración criterios de desarrollo sustentable”.

d) A la letra r), para intercalar entra las expresiones expresión “patrimonio ambiental,” y “la educación ambiental” la frase “el desarrollo sustentable”.

e) A la letra s), para

i) Reemplazar la palabra “Realizar” por la expresión “Fomentar la”.

ii) Intercalar entre la palabra “públicos” y antes de la coma (,) que le sigue, la frase “en materias relacionadas con las funciones encomendadas al Ministerio”.

Artículo 71, que pasa a ser 75.

- Del señor Chahuán para incorporar la siguiente letra e):

“e) Consejo de Ministros.”.

Artículo 73, que pasa a ser 77.

1.- Del señor Chahuán para reemplazar la letra a), por la siguiente:

“a) Un científico, propuesto en quina por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.”.

2.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para reemplazar en su letra a), la frase “propuestos en quina por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas” por la oración “nombrados por los Rectores de las Universidades autónomas chilenas, en una sesión convocada especialmente para esos efectos por el Ministro de Medio Ambiente”.

3.- Del señor Chahuán:

i) Reemplazar las letras b), c), d), e) y f), por las siguientes:

“b) Un representante de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que tengan por objeto la protección del medio ambiente.

c) Un representante de centros académicos independientes que estudien o se ocupen de materias ambientales.

d) Un representante de la Gran Empresa, propuesto en quina por la organización empresarial de mayor representatividad en el país.

e) Un representante de la pequeña y mediana empresa, propuesto en quina por la organización que represente a este sector, de mayor representatividad en el país”

f) Un representante de trabajadores del sector privado, propuesto en quina por la Central Unitaria de Trabajadores.”.

ii) Agregar las siguientes letras g) y h):

“g) Un representante de trabajadores del sector privado, propuesto en quina, por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales.

h) Un representante del Presidente de la República..

iii) Agregar, el siguiente inciso final:

“Este Consejo Consultivo Nacional, contará además con la participación. En carácter de miembro oficial constituyente a un representante de cada Consejo Consultivo Regional, elegido por los miembros del respectivo Consejo.”.

Artículo 82, que pasa a ser 86.

1. - De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda:

a) Al el inciso primero, para intercalar, a continuación de la palabra “integrada” la frase “por el Intendente Regional y”.

b) Eliminar el inciso segundo.

AL ARTÍCULO SEGUNDO (artículos 1º a 61)

Crea la Superintendencia del Medio Ambiente.

Artículo 2º

1.- Del señor Accorsi, al inciso primero, para reemplazar la frase “que establezca la ley” por “que no estén bajo la fiscalización y control de otros órganos del Estado”.

2.- De la señora Pascal y de los señores Accorsi y Vallespín, para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“La Superintendencia, en el ámbito de su competencia, podrá instruir a los organismos sectoriales, la realización de ciertas y determinadas actividades en el marco de la gestión fiscalizadora, de conformidad a las competencias señaladas en la presente ley, así como hacer efectiva su responsabilidad en caso de incumplimiento.”.

3.- Del señor Accorsi, para reemplazar, en el inciso segundo, la frase “en la presente ley”, por “en la legislación sectorial que los rige”.

4.- De la señora Pascal y de los señores Accorsi y Vallespín, para agregar los siguientes incisos tercero y cuarto:

“Los jefes de servicio deberán informar permanentemente a la Superintendencia de los procedimientos de fiscalización.

Los organismos sectoriales que cumplan funciones de fiscalización ambiental conservarán sus competencias y potestades sólo en aquellas materias no señaladas en el artículo anterior. Sin embargo, deberán adoptar y respetar todos los criterios que la Superintendencia establezca en relación a la forma de ejecutar las actuaciones de fiscalización, pudiendo solicitar a la Superintendencia que se pronuncie al respecto.”.

Artículo 3º.

1.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, a la letra e), para agregar un nuevo inciso segundo:

“La Superintendencia no podrá en ningún caso realizar requerimientos de información referida a un elevado número de actos o antecedentes ni solicitar requerimientos que distraigan indebidamente a los receptores del cumplimiento regular de sus laboras habituales.”.

2.- Del señor Chahuán para reemplazar el inciso tercero, por el siguiente:

“g) Suspender transitoriamente las autorizaciones de funcionamiento contenidas en las Resoluciones de Calificación Ambienta, cuando la ejecución u operación de un proyecto o actividad genere impactos ambientales no permitidos, a consecuencia de incumplimientos graves de las normas y condiciones previstas en dichas resoluciones, en el caso que los impactos sean generados por efectos no previstos en la evaluación, deberá solicitar al titular del proyecto para que éste pueda continuar mientras tramita la modificaciones conforme lo dispone la letra i);”.

3.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, a la letra g):

i) Eliminar la frase “o por la generación de efectos no previstos en la evaluación;”.

ii) En subsidio de las anteriores, para agregar una frase final que diga: “En todo caso, la suspensión a que hace referencia este artículo deberá ser autorizada previamente por el juez de letras en procedimiento breve y sumario con competencia en el lugar donde supuestamente se está cometiendo la infracción.”.

4.- De los mismos Diputados a, la letra j), para agregar, después de la palabra “Obligar” con que se inicia la letra, la siguiente oración entre comas (,): “previo informe favorable del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental”.

5.- Del señor Chahuán en la letra n):

i) Al inciso segundo, para sustituir la palabra “podrá” por “deberá”.

ii) Al inciso final, para intercalar, entra las frases “La Superintendencia, podrá además” y “uniformar criterios de aplicación” la expresión “de manera justificada,”.

6.- Del mismo señor Diputado, para eliminar, en la letra ñ) la expresión “las Resoluciones de Calificación Ambiental,”.

7.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda.

i) Para reemplazar la letra r) por la siguiente:

“r) Absolver las consultas que el Ministerio del Medio Ambiente y los organismos con competencia en fiscalización ambiental le realicen para la elaboración de las normas técnicas que les correspondan;”.

ii) A la letra u):

a) Agregar el siguiente inciso segundo:

“En el ejercicio de esta atribución la Superintendencia deberá acompañar, cuando corresponda, una estimación general de los costos que generará la implementación de la normativa. Asimismo, la Superintendencia deberá dar lugar a un procedimiento de información y recepción de comentarios antes de la dictación de una norma o instrucción de carácter general el que, por lo menos, deberá contar con un plazo de un mes para recibir aportes y comentarios de las personas y entidades interesadas. La Superintendencia estará eximida de este procedimiento cuando se trate de normativas de organización interna y cuando, por razón fundada, considere el procedimiento contrario al interés público. En ningún caso los comentarios que se realicen serán vinculante y la Superintendencia solo los considerará como antecedentes de sus decisiones.”.

b) Agregar el siguiente inciso final:

“La normativa que emane de la Superintendencia deberá ser sistematizada de tal forma de facilitar el acceso y conocimiento por parte del sector sujeto a su fiscalización.

Artículo 5º, nuevo.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para incorporar el siguiente artículo 5º, nuevo:

“Artículo 5º.- No podrán desempeñar el cargo de Superintendente las personas que por sí o por su cónyuge ejerzan labores de inspección, verificación y análisis del cumplimiento de la normativa ambiental ya sea personalmente o a través de personas jurídicas en las que sean socios o representantes legales. Tampoco lo podrán ser quienes representen o sean socios de personas jurídicas que estén tramitando proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.”.

Artículo 5º.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en subsidio de la anterior, para eliminarlo.

Artículo 8º.

1.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para eliminar el inciso segundo.

2.- Del señor Chahuán para intercalar, en el inciso segundo, entre las frases “constitutivos de infracciones normativas”, y “que consignen en el cumplimiento de sus funciones”, la siguiente frase: “, de acuerdo a lo se establece en la Ley de Bases General del Medio Ambiente y en su reglamento,”.

Artículo 9º.

.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda:

a) Eliminar en el inciso segundo la frase final del inciso segundo que dice “El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Superintendencia.”.

b) En el inciso tercero, eliminar el punto final (.) y agregar la siguiente frase final: “y tendrán la calidad de agentes públicos con la consecuente responsabilidad penal y administrativa, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente de su superior jerárquico.”.

Artículo 12.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para agregar en la letra a) después de la frase “Necesidades de la Superintendencia” “o del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, según el caso,”.

Artículo 14.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para eliminar la letra d).

Artículo 15.

- Del señor Chahuán, para suprimir, la palabra “exclusivamente”.

Artículo 18.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para suprimir los tres párrafos finales que se inician con la frase “Las resoluciones que establezcan los programas.”

Artículo 21.

- Del señor Chahuán para intercalar, inciso primero, entre las palabras “denunciar” y “ante”, la expresión “, mediante escrito fundado,”.

Artículo 24.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 24.- Las acciones de fiscalización contempladas en los programas y subprogramas podrán ser encomendadas por la Superintendencia a las entidades técnicas acreditadas de conformidad a la ley.”.

Artículo 25.

- Del señor Chahuán, para agregar, la siguiente frase final: “El Reglamento establecerá las pautas que deberá considerar el superintendente para ajustar las acciones antes indicadas.”.

Artículo 27.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda:

a) Para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“Estos programas serán determinados por la Superintendencia cuando, finalizado un procedimiento administrativo, aparezca necesario someter al sujeto fiscalizado a programas de evaluación y certificación para evitar así un daño ambiental probable y siempre y cuando sea costo efectivo someter a el o los sujetos fiscalizados a este tipo de programas. Corresponderá al Reglamento establecer sus procedimientos.”.

b) Para agregar el siguiente inciso final:

“El certificado de cumplimiento que resulte al finalizar el periodo establecido en los respectivos programas constituirá prueba suficiente de cumplimiento de la normativa y de los hechos que fueron evaluados por los certificadores. La Superintendencia no podrá iniciar o reabrir un procedimiento sancionatorio que tenga por fundamento los mismos hechos sometidos al respectivo programa de evaluación y certificación de conformidad.”.

Artículo 28.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda:

i) Al inciso tercero:

a) Agregar después de la frase “los funcionarios de la Superintendencia” la siguiente oración “previa autorización judicial concedida por el juez de letras con competencia en el lugar donde supuestamente se está cometiendo la infracción,”.

b) Eliminar la palabra “directamente”.

ii) Agregar el siguiente inciso cuarto nuevo:

“En el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras, los funcionarios de la Superintendencia sólo podrán impedir el normal desenvolvimiento de las actividades de las empresas, industrias, proyectos y fuentes sujetas a fiscalización cuando ello sea imprescindible para detener un deterioro manifiesto del medio ambiente o una situación que pone en riesgo la salud de la población.”.

iii) Suprimir el inciso final.

Artículo 29.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en el inciso primero:

a) Reemplazar la frase “citar a declarar a” por “obtener la declaración de”.

b) Reemplazar la frase “respecto de algún hecho cuyo conocimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones” por “respecto de algún hecho pertinente y sustancial cuyo conocimiento pueda aportar antecedentes en un procedimiento sancionatorio en curso.”.

Artículo 32.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, agregar en el inciso segundo, a continuación de la oración “que dicte la Superintendencia” la siguiente frase: “en las que deberán consignarse plazos razonables para su entrega y los modos de envío de la información, que deberán privilegiar los medios electrónicos.”.

Artículo 36.

- Del señor Chahuán, para reemplazar el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 36.- Para los efectos del ejercicio de la potestad sancionadora que corresponde a la Superintendencia, las infracciones de su competencia se clasificarán en gravísimas, graves y leves basadas en un informe pericial. Estas serán siempre recurribles ante la Contraloría y/o tribunales de justicia por el afectado.”.

Número 1.

1.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, al número 1:

i) Reemplazar las letras b) y c), por las siguientes:

“b) Hayan generado daño grave a la salud de la población;

c) Impidan deliberadamente el cumplimiento de las metas y objetivos de un Plan de Prevención y/o Descontaminación;”.

2.- Del Ejecutivo para reemplazar en la letra d), la frase “encubierto o pretendido encubrir” por “disimulado”.

3.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, a la letra d):

a) Agregar a continuación de la frase “hayan encubierto” la palabra “infracciones”.

b) Eliminar la expresión “o pretendido encubrir”.

4.- Del Ejecutivo, para sustituir en la letra e), la expresión “encubierto” por “disimulado”.

Número 2.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda:

i) Reemplazar, en la letra c), la frase inicial “Pongan en peligro” por la palabra “Afecten”.

ii) Agregar en la letra g) después de la frase “Constituyan una negativa” la palabra: “injustificada”.

Artículo 38.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda:

a) A la letra c) para eliminar las palabras “o definitiva”.

b) Agregar, el siguiente inciso segundo:

“En todo caso, la sanción de clausura temporal requerirá para hacerse efectiva de la ratificación del Superintendente y la sanción de clausura definitiva y revocación de la Resolución de Calificación Ambiental no será aplicable mientras existan recursos judiciales pendientes que podrían revocar la decisión.”.

Artículo 39.

1.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para eliminar, en el artículo 39, en las letras a) y b) la palabra “Clausura”.

2. Del Ejecutivo:

a) Para suprimir en la letra a), la frase “cinco mil una”.

b) Para reemplazar en la letra b), la expresión “desde quinientas una” por “de".

3.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en subsidio de la anterior, en el artículo 39, para reemplazar tanto en la letra a) como en la b) la palabra “clausura” por la frase “clausura temporal que no podrá exceder de 15 días”.

Artículo 40.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para eliminar la letra h).

Artículo 40 bis.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para incorporar el siguiente artículo 40 bis:

“Artículo 40 bis.- No podrá la Superintendencia, por alteraciones o cambios en sus directrices técnicas o en los criterios públicamente conocidos de fiscalización o sanción respecto de determinados hechos, sancionar en términos más gravosos a un infractor respecto de eventos acontecidos con anterioridad a dichos cambios.”.

Artículo 41.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda:

a) En su inciso primero, para reemplazar la palabra “podrá” por “deberá”

b) En su inciso segundo, para reemplazar la expresión “de inmediato” por otra que diga “en el plazo determinado de común acuerdo con la Superintendencia,”

c) Para reemplazar su inciso tercero por el siguiente:

“En todo caso, la rebaja podrá corresponder al total de la multa, y nunca menos del 80% de la misma, si se trata de infracciones leves y no podrá ser superior al 90% ni inferior a 50% en el caso de infracciones graves o gravísimas.”.

d) Para reemplazar su inciso cuarto, por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo anterior, en caso que la Superintendencia hubiese iniciado la etapa de investigación respecto de los mismos hechos y esto ya hubiese sido notificado al presunto infractor, la autodenuncia de hechos que están siendo investigados no producirá ningún efecto respecto del infractor.”.

Artículo 42.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda:

a) Al inciso primero, para reemplazar la frase “en el plazo de 5 días” por la frase “en el plazo de 10 días”.

b) Al inciso tercero:

i) Eliminar la frase “o hubiesen cometido infracciones de aquellas denominadas gravísimas, o hubiesen sido objeto con anterioridad de la aplicación de una sanción por parte de la Superintendencia”.

ii) Agregar, a continuación de la frase final que dice “un programa de cumplimiento” la siguiente: “por los mismos hechos.”.

c) Al inciso quinto, para eliminar la frase que dice “, evento en el cual se podrá aplicar hasta el doble de la multa que corresponda a la infracción original, salvo que hubiese mediado autodenuncia.”.

Artículo 43.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para:

a) Reemplazar el artículo 43, por el siguiente:

“Artículo 43.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas que se imponga, en caso de considerar que existe o se ha ocasionado daño ambiental, la Superintendencia deberá remitir todos los antecedentes que tenga a su disposición al Consejo de Defensa del Estado para que, si hay mérito suficiente, pueda ejercer la acción ambiental contemplada en el artículo 54 de la Ley N°19.300.”.

b) En subsidio de la anterior, en el artículo 43, para reemplazar el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 43.- La multa que se imponga deberá considerar que el infractor que haya ocasionado un daño ambiental está obligado a reponer el Medio Ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado, o en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas. Con este objeto, al total de la multa se le descontará el monto estimado de cumplir con lo dispuesto en este inciso.”.

c) En el inciso segundo, para agregar una frase final que diga “Esta proposición irá además acompañada de un estudio de costos que, en caso de ser aceptados, serán rebajados del monto total de la multa.”.

Artículo 47.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para agregar el siguiente inciso final:

“Si el Superintendente o quien substancie el proceso establecen que la denuncia carece manifiestamente de fundamentos o es intencionalmente falsa, podrá imponer a quien la hubiere formulado una multa no inferior a 10 UTM ni superior a 300 UTM, atendida la intencionalidad y la gravedad de la infracción imputada.”.

Artículo 48.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda:

a) Agregar, en su inciso primero, después de la frase “con el objeto de garantizar la eficacia del acto administrativo sancionador,” la siguiente oración “y solo cuando la ejecución y operación de un proyecto o actividad esté generando un daño grave e inminente para el medio ambiente a consecuencia de incumplimientos de la normativa ambiental aplicable, previa notificación del afectado, mediante resolución fundada”.

b) Agregar el siguiente inciso segundo:

“Las medidas provisionales serán esencialmente temporales y tendrán una duración de 30 días corridos. En caso de renovación, ésta deberá ser decretada por resolución fundada cumpliendo con los requisitos que establece este artículo.”.

c) Al inciso segundo, que pasaría a ser tercero:

a) Agregar antes de la frase “de conformidad a lo señalado”, la siguiente oración “solo cuando la ejecución u operación de un proyecto o actividad pueda generar un daño grave e inminente para el medio ambiente a consecuencia de incumplimientos graves de la normativa ambiental aplicable”.

b) En subsidio de la anterior, para reemplazar la frase “de conformidad a lo señalado en el artículo 32 de la ley Nº 19.880” por otra que diga “siempre y cuando lo autorice el juez de letras con competencia en el lugar donde supuestamente se está cometiendo la infracción,”.

c) En subsidio de las anteriores, para eliminar la letra c), d) y e).

d) Agregar el siguiente inciso final:

“Todas las medidas provisionales que se adopten en virtud del presente artículo deberán ser proporcionales al tipo de infracción, respetar los derechos amparados por las leyes y no podrán constituir imposición anticipada de sanciones.”.

Artículo 49.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda:

a) Reemplazar, en el inciso primero, la frase final que dice “por carta certificada en el domicilio que tenga registrado ante la Superintendencia o en el que se señale en la denuncia, según el caso, confiriéndole un plazo de 15 días para formular los descargos” por otra que diga “personalmente”.

b) Agregar, en el inciso segundo, una frase final que diga “que no podrá ser inferior a 15 días.”.

Artículo 50.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en el inciso segundo, para eliminar la frase “y conducentes”.

Artículo 51.

1.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para eliminar el inciso segundo.

2.- De los mismos Diputados, en subsidio de la anterior, al inciso segundo, para reemplazar la frase “tendrán el valor probatorio” por otra que diga “podrán tener”.

Artículo 54, que pasa a ser 55.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, inciso primero, para reemplazar la frase inicial que dice “En contra de las resoluciones de la Superintendencia que apliquen sanciones, se podrá” por otra que diga “Los afectados que estimen que las resoluciones de la Superintendencia no se ajustan a la ley, a los reglamentos o a las demás disposiciones que le corresponda aplicar, podrán”

Artículo 56, que pasa a ser 57.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda:

a) Para eliminar el inciso segundo.

b) Al inciso tercero, para:

i) Reemplazar la frase “La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio” por otra que diga “La Corte abrirá un término probatorio cuando lo solicite alguna de las partes y existan hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos”.

Ii) Reemplazar la frase que dice “que no podrá exceder de siete días” por otra que diga “que no podrá exceder de quince días”.

Artículo 58, que pasa a ser 59.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda:

a) Eliminar la frase final que dice “sino hasta que el procedimiento instruido por la Superintendencia se hubiese terminado.”.

b) Agregar el siguiente párrafo final: “Solo la Superintendencia podrá iniciar procedimientos sancionadores por infracciones a las materias contempladas en el artículo 35 de esta ley. Los organismos sectoriales con competencia ambiental que, en el ejercicio de sus funciones, tomen conocimiento de estas infracciones estarán obligados a denunciarlas a la Superintendencia.”.

Al ARTÍCULO TERCERO.

Modifica la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Nº 1, al artículo 2.

- Del señor Chahuán, para agregar la siguiente letra m ter):

“m ter) Mejores: Las técnicas más eficaces que determinen universidades chilenas o centros tecnológicos de investigación nacionales, acreditadas, para alcanzar un alto nivel general de protección del medio ambiente en su conjunto y de la salud de las personas y que no impliquen un menoscabo en los estándares de productividad definidos en el proyecto.”.

Nº 2, al artículo 4º.

1.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para suprimir la letra b).

2.- Del señor Chahuán, para incorporar, la siguiente letra c) nueva:

“c) Agrégase el siguiente inciso segundo:

“Para llevar a cabo cada una de estas obligaciones deberá cumplirse con los procedimientos que la ley y el reglamento establecen en esta materia.”.

Nª 3, al artículo 7 bis.

1.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García Huidobro y Sepúlveda, para reemplazar en el inciso segundo la palabra “aprobación” por “ejecución”

2.- De la señora Pascal y del señor Díaz, don Marcelo, para agregar, en el inciso segundo, a continuación de la palabra “Regional” la expresión “Ministerio del Medio Ambiente”, antecedido de una coma (,).

3.- Del señor Vallespín para agregar, en el inciso segundo del artículo 7º bis, a continuación de la palabra “Municipio”, la frase “o cualquier otro servicio público con competencia”.

Nº 6, que pasa a ser 7, al artículo 10.

- De la señora Pascal, a la letra m), para eliminar la expresión “en suelos frágiles”.

Artículo 11 quater, nuevo.

- De la señora Pascal y de los señores Accorsi y Vallespín, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo 11 quater.- En caso de modificarse un proyecto o actividad que cuenta con el certificado señalado en el artículo 24, el proponente deberá ingresar la modificación al Sistema de Evaluación de Evaluación de Impacto Ambiental, a través de una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, según hubiese sido el ingreso del proyecto original, debiendo la evaluación considerar el impacto ambiental que el proyecto y la modificación, en forma conjunta, producen”.

Nº 6, que pasa a ser 7.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para suprimirlo.

Nº 10, que pasa a ser 13.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para agregar la siguiente letra c):

“c) En su letra d), intercalar a continuación de la palabra “ciudadanas”, la expresión “en el caso de los Estudios de Impacto Ambiental”.

Nº nuevo.

1.- De la señora Pascal y de los señores Díaz, don Marcelo y Vallespín, para agregar el siguiente artículo 13 bis:

“Artículo 13 bis.- Mientras dure el procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos de inversión, el proponente del proyecto y las organizaciones de la sociedad civil y/o comunidades no podrán establecer negociaciones de compensación fuera del proceso. Esta prohibición se mantendrá mientras no esté resuelta la calificación ambiental del proyecto”.

2.- de la señora Pascal y del señor Díaz, don Marcelo, para agregar el siguiente artículo 13 ter:

“Artículo 13 ter.- En caso de conflicto entre el proponente de un proyecto de inversión y las organizaciones de la sociedad civil y/o comunidades, el Servicio de Evaluación Ambiental será el encargado de mediar/interlocutar entre ambas partes. Un reglamento será el encargado de establecer los mecanismos/procedimientos de mediación a utilizar por el Servicio de Evaluación Ambiental”.

Nº 12, que pasa a ser 15.

- De la señora Pascal y del señor Díaz, don Marcelo, al inciso final del artículo 15, para reemplazar la frase “se tendrá por otorgado favorablemente” por “emitirá un informe dando cuenta de la ausencia del permiso o pronunciamiento”.

Nº 13, que pasa a ser 16.

- De la señora Pascal y del señor Díaz, don Marcelo, para reemplazar, en el inciso segundo del artículo 15 bis, la expresión “cuarenta días” por “setenta días”.

Nº 14, que pasa a ser 17.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para suprimir la letra c).

Nº 16, que pasa a ser 19.

- De la señora Pascal, a la letra b) para reemplazar la frase “el permiso o pronunciamiento faltante se tendrá por otorgado favorablemente” por “deberá emitirse un informe dando cuenta de la ausencia del permiso o pronunciamiento”.

Nº 17, que pasa a ser 20.

1.- De la señora Pascal y del señor Díaz, don Marcelo, al inciso segundo del artículo 18 bis, para reemplazar la frase “treinta días” por la frase “cuarenta días “.

2.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, al artículo 18 ter, inciso primero:

a) Reemplazar la frase “y de las condiciones sobre las cuales se califique favorablemente el proyecto o actividad” por “y de las características del proyecto o actividad descritas en la Declaración de Impacto Ambiental sobre las cuales se califique favorablemente el proyecto o actividad.”.

b) Agregar después del punto seguido (.) el siguiente párrafo: “Quedarán exceptuados del proceso de certificación de conformidad aquellas Declaraciones de Impacto Ambiental que tengan por objeto introducir mejoras ambientales a un proyecto, incluyendo utilización de nuevas tecnologías ambientales.”.

Nº 18, que pasa a ser 21.

1.- De la señora Pascal y del señor Díaz, don Marcelo, al inciso primero:

i) Para intercalar entre las palabras “estime” y “necesarias”, la frase “por la una sola vez”, y agregar, a continuación de la expresión “un plazo” la expresión “de 15 días”.

ii) para rechazar la tercera (iii) modificación propuesta.

2.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para suprimir la letra c).

Nº 20, que pasa a ser 23.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para suprimir el literal c).

Nº 23, que pasa a ser 26.

- Del señor Accorsi para reemplazar el artículo 23, por el siguiente:

“Artículo 23.- Los proyectos que sean retirados o desistidos durante el proceso de evaluación y antes de dictarse resolución de calificación ambiental no podrán volver a presentarse antes del términos de un año del retiro o desistimiento.”.

Nº 24, que pasa a ser 27.

- Del señor Accorsi para reemplazarlo, por el siguiente:

24) Agréganse, los siguientes incisos cuarto y quinto:

“Los organismos del Estado a los que corresponda otorgar permisos, autorizaciones, concesiones o derechos del cualquier clase, que sena necesario para la ejecución de proyecto que deben someterse a evaluación ambiental, deberán informar a la Superintendencia del Medio Ambiente cada vez que se les solicite alguno de ellos, indicando si ha adjuntado o no una resolución de calificación ambiental y los antecedentes que permitan identificar al proyecto o actividad e individualizar a su titular.

En los casos que la Superintendencia detecte que una solicitud de permiso, autorización, concesión o derecho recae sobre un proyecto o actividad que de acuerdo a esta ley deba ser objeto de una evaluación de impacto ambiental previa y que no cuenta con la respectiva resolución de calificación ambiental aprobatoria, lo comunicará al organismo sectorial que corresponda, el que deberá abstenerse de otorgar el permiso o autorización en tanto no se acredite el cumplimiento de dicha exigencia, informando de ello al Servicio de Evaluación Ambiental.”.

Nº 26, que pasa a ser 29.

1.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para suprimir el artículo 25 bis.

2.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, al artículo 25 ter:

a) Reemplazar en el artículo 25 ter , la palabra “tres” por “seis”.

b) Intercalar en el artículo 25 ter que propone, a continuación del punto seguido (.), y antes de la expresión “El Reglamento”, el párrafo “Ello sólo será aplicable si la correspondiente autoridad con competencias sectoriales acredita cambios significativos en la línea de base.”.

c) Agregar el siguiente párrafo final: “Con todo, entre otras cosas que podrá determinar el Reglamento, se entenderá que se ha iniciado la ejecución del proyecto o actividad cuando se soliciten los permisos sectoriales correspondientes.”.

3.- Del señor Accorsi, para agregar, en el artículo 25 quinques, inciso primero, a continuación de la expresión “a petición del titular”, la frase “o de la comunidad que participó en el proceso de evaluación ambiental,”.

4.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, al artículo 25 quinques:

a) Reemplazar la frase “los hechos sobre los” por la oración “las variables ambientales evaluadas en el proceso de evaluación ambiental, sobre las”, y para suprimir la palabra “estos”.

b) Agregar, el siguiente inciso final:

“No procederá recurrir a la revisión de oficio respecto de modificaciones no ambientales; modificaciones de proyectos antiguos que no constituyen cambios de consideración; y de proyectos antiguos no sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.”.

c) Indicaciones inadmisibles.

AL ARTÍCULO PRIMERO

Artículo 70.

1.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para agregar una nueva letra j), alterándose correlativamente la numeración siguiente, que señale:

“j) Elaborar los estudios necesarios y recopilar toda la información disponible para determinar la línea de base ambiental del país y la capacidad de carga de las distintas cuencas ambientales estableciendo los límites permitibles de actividad humana e industrial en cada una de éstas, de manera de no sobrepasar las normas de calidad ambiental vigentes.”.

2.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para intercalar en la letra l), entre las expresiones “Coordinar” y “el proceso” la frase “de acuerdo a la priorización que establezca el Consejo de Ministros”.

3.- Del señor Chahuán para sustituir la letra o), por la siguiente:

“o) Realizar, junto al Consejo de Ministros, la evaluación ambiental estratégica de las políticas, planes y programas que promuevan los diversos órganos de la Administración de conformidad a lo señalado en la presente ley.”.

70 bis, nuevo.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para incorporar el siguiente artículo 70 bis, nuevo :

“Artículo 70 bis.- En el cumplimiento de la normativa ambiental el Ministerio del Medio Ambiente deberá considerar el uso de todas las medidas de gestión ambiental que sean necesarias, ya sea mediante la implementación de exigencias tecnológicas o el uso de instrumentos económicos, con el fin de garantizar los estándares ambientales que la ley exige. La selección y priorización de las medidas se efectuará mediante criterios de evaluación de los costos y beneficios de éstas.”.

Artículo 71, que pasa a ser 75.

1.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, al inciso segundo del artículo 71 para:

a) Intercalar, entre las expresiones “Regulación Ambiental;” e “Información y Economía Ambiental”, la frase “Desarrollo Sustentable;”.

b) Agregar, a continuación de las expresiones “Recursos Naturales y Biodiversidad” la frase “Orientación al regulado;”.

Artículo 72, nuevo.

2.- Del señor Chahuán para incorporar el siguiente articulo 72 nuevo, pasando los artículos 72 y siguientes a seguir la secuencia numérica:

“Artículo 72.- EI Consejo de Ministros integrado por el Ministro Secretario General de la Presidencia quien lo presidirá, y por los Ministros de Medio Ambiente; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Economía, Fomento y Reconstrucción; Planificación y Cooperación; Educación; Obras Públicas; Salud; Vivienda y Urbanismo; Agricultura; Minería; Transportes y Telecomunicaciones, y Bienes Nacionales, Ie corresponderá especialmente las siguientes funciones:

1) Realizar la evaluación ambiental estratégica de las políticas, planes y programas que promuevan los diversos órganos de la Administración.

2) Dictar resolución mediante la cual se aprueben las políticas, planes y programas, así como sus modificaciones.

3) Velar por el cumplimiento del procedimiento de esta evaluación en lo relativo a su etapa de diseño, la participación de los demás organismos del Estado, la consulta publica realizada y como se ha tomado en consideración, el contenido del informe ambiental y las respectivas consideraciones ambientales y de desarrollo sustentable que debe incorporar la política, plan o programa para su dictación.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, este será reemplazado por el ministro que corresponda según el orden establecido en el inciso anterior.”.

Párrafo 3°, nuevo.

3.- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para incorporar un nuevo Párrafo 3° al ARTÍCULO PRIMERO del proyecto, alterándose correlativamente la numeración de los siguientes párrafos:

“Párrafo 3°

Del Consejo de Ministros para el Desarrollo Sustentable”.

“Artículo 72 A. Sin perjuicio de las atribuciones que esta ley confiere individualmente al Ministro de Medio Ambiente, la dirección superior del Ministerio corresponderá a un Consejo de Ministros integrado por el mismo Ministro y por los Ministros Secretario General de la Presidencia; Economía, Fomento y Reconstrucción; Hacienda; Salud; Agricultura; Energía y Minería.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según el orden establecido en el inciso anterior.

Artículo 72 B. Corresponderá al Consejo de Ministros:

Aprobar todo lo relativo a la priorización y formulación de normas, políticas, estrategias, planes, programas, y en general, todos los instrumentos de gestión con que cuenta el ministerio para cumplir las funciones que la ley encomienda en materia ambiental y de desarrollo sustentable.

Rendir cuenta semestralmente a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, respecto del estado de avance e implementación de todas las materias encomendadas en el número anterior, especialmente en lo relativo a normas de calidad ambiental, normas de emisión, planes de prevención y descontaminación ambiental, y al Servicio de Evaluación Ambiental.

Asumir todas las demás funciones y atribuciones que la ley le encomiende.”.

Artículo 71 C. Los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros se formalizarán mediante resolución del Ministerio y serán ejecutados por los organismos del Estado competentes. En caso que para su ejecución se requiera dictar un decreto supremo, estos serán expedidos por el Ministerio del Medio Ambiente.”.

Artículo 72 D. El Consejo de Ministros se reunirá periódicamente en sesiones ordinarias con una frecuencia a lo menos mensual. Su Presidente, de propia iniciativa o a petición de otro de sus miembros, podrá convocar a sesiones extraordinarias. El quórum para sesionar será de cuatro consejeros y los acuerdos se adoptarán por mayoría de los que asistan. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente del Consejo, o de quien lo reemplace.”.

Párrafo 4°, nuevo.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para:

a) Incorporar un nuevo Párrafo 4° al Artículo Primero del Proyecto, alterándose correlativamente la numeración de los siguientes párrafos:

“Párrafo 4°

Del Presidente del Consejo de Ministros”.

Artículo 72 E. El Presidente del Consejo Directivo del Medio Ambiente será el Ministro Secretario General de la Presidencia.

Artículo 72 F. Sin perjuicio de las atribuciones que esta ley confiere al Consejo de Ministros, corresponden especialmente a su Presidente las siguientes funciones y atribuciones:

Presidir el Consejo, citarlo extraordinariamente, fijar sus tablas de común acuerdo con los demás miembros, dirigir sus deliberaciones y dirimir sus empates.

Conducir al Consejo de conformidad con las directrices e instrucciones que en materia de política ambiental nacional, imparta el Presidente de la República;

Relacionarse con el Ministerio y supervigilar que su funcionamiento se ajuste a las políticas y normas fijadas por la dirección superior;

Velar por la coordinación en materia ambiental, entre los Ministerios, organismos y servicios públicos;

Velar por el cumplimiento de los acuerdos y políticas establecidos por el Consejo Directivo del Medio Ambiente;

Proponer al Presidente de la República, previo acuerdo del Consejo de Ministros, los proyectos de ley y actos administrativos de orden ambiental que requieran su aprobación, sin perjuicio de las atribuciones propias de otros organismos públicos en la materia;”.

Artículo 72 G. En cada región del país habrá un Consejo Regional compuesto por los Secretarios Regionales Ministeriales de Medio Ambiente; Economía, Fomento y Reconstrucción; Hacienda; Salud; Agricultura; Energía y Minería, al cual le corresponderá definir las políticas y normas de alcance exclusivamente regional. El esquema de funcionamiento y la asignación de funciones serán equivalentes a las del Consejo de Ministros.”.

Artículo 77 bis, nuevo.

- Del señor Díaz, don Marcelo, para incorporar el siguiente artículo 77bis:

“Artículo 77 bis.- Créase la Unidad de Mediaciones de Conflictos Ambientales.”.

Artículo 80, que pasa a ser 84.

1.- Del señor Díaz, don Marcelo, para incorporar las siguientes letras h) e i):

“h) Administrar el Fondo de Asesoría.

i) Mediar y/o interlocutar entre las organizaciones de las sociedad civil y el proponente del proyecto en caso de conflicto en torno a un proyecto de inversión.”.

2.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para incorporar la siguiente letra h):

“h) Celebrar, cuando corresponda, convenios con organismos técnicos externos para apoyar la elaboración de los informes que se requieren en los procesos de evaluación ambiental de los proyectos que se someten al sistema;”.

Artículo 82, que pasa a ser 86.

- De la señora Pascal y del señor Díaz, don Marcelo, para reemplazar el artículo 82 por el siguiente:

“Artículo 82.- Los proyectos serán pre calificados por una Comisión Técnica presidida por el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente e integrada por los representantes regionales de los servicios públicos con competencia en el proyecto sometido a evaluación, quienes serán los encargados de emitir un pronunciamiento técnico de carácter público sobre el proyecto. Dicho pronunciamiento deberá ser conocido por el proponente y todos aquellos que participaron del proceso de calificación. Transcurridos quince días de este pronunciamiento, el proyecto deberá ser sometido a calificación por una Comisión presidida por el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente y los Secretarios Regionales Ministeriales cuyos servicios públicos hayan participado del proceso de pre calificación y el Director Regional del Servicio, quien actuará como secretario. Esta comisión será la encargada de calificar en forma fundada la aprobación o rechazo del proyecto. En caso que la votación sea contraria a la emitida por los servicios públicos, cada Secretario.”.

Párrafo 6°, nuevo.

- De la señora Pascal y del señor Díaz, don Marcelo, para agregar el siguiente párrafo 6°, a continuación de artículo 85:

“Párrafo 6°

Del Servicio de Conservación Biodiversidad y Áreas Protegidas

Artículo 86.- Créase el Servicio de Conservación, Biodiversidad y Áreas Protegidas como servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Medio Ambiente.

Art. 87.- Corresponderá al Servicio:

a) Elaborar y ejecutar estudios y programas de investigación, protección y conservación de la Biodiversidad;

b) Elaborar, administrar y actualizar una base de datos sobre biodiversidad;

c) Confeccionar y administrar un inventario de especies de animales, vegetales y hongos.

d) Aplicación, fiscalización y control de las normas de la ley de caza.

e) Administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas públicas y privadas terrestres y acuáticas,

f) Aplicar, fiscalizar y controlar las normas de la Ley N° 18.362.

Artículo 88.- La administración y dirección superior del Servicio estará a cargo de un Director Nacional, quien será el Jefe Superior del Servicio y tendrá su representación legal. Su Designación corresponderá al Presidente de la República, mediante el sistema de alta dirección Pública.

Artículo 89.- Corresponderán al Director Nacional las siguientes funciones:

a) La administración superior del Servicio;

b) Requerir de los organismos del Estado la información y antecedentes que estime necesarios y que guarden relación con sus respectivas esferas de competencia;

c) Designar y contratar personal, y poner término a sus servicios;

d) Designar a los Directores Regionales,

e) En cumplimiento de sus funciones, adquirir y administrar bienes muebles, así como celebrar los actos o contratos que sean necesarios para tal cumplimiento;

f) Delegar parte de sus funciones y atribuciones en funcionarios del Servicio;

g) Conferir poder a abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, aun cuando no sean funcionarios del Servicio, con las facultades de ambos incisos del Art. 7, del Código de Procedimiento Civil, y

Artículo 90.- El Servicio de Conservación y Áreas Protegidas se desconcentrará territorialmente a través de las Direcciones Regionales.

En cada región del país habrá un Director Regional, quien representará al Servicio y será nombrado por el Director Nacional, mediante el sistema de alta dirección pública.

Artículo 91.- El personal del Servicio estará afecto a las disposiciones del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Públicos y en materia de remuneraciones, a las normas del decreto ley Nº 249, de 1974, y su legislación complementaria.”.

AL ARTÍCULO SEGUNDO

Artículo 3º.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en la letra o), para agregar, el siguiente inciso segundo:

“En el ejercicio de esta atribución la Superintendencia deberá acompañar, cuando corresponda, una estimación general de los costos que generará la implementación de las directrices técnicas. Asimismo, la Superintendencia deberá dar lugar a un procedimiento de información y recepción de comentarios antes de la dictación de las mismas el que, por lo menos, deberá contar con un plazo de un mes para recibir aportes y comentarios de las personas y entidades interesadas. La Superintendencia estará eximida de este procedimiento cuando se trate de normativas de organización interna y cuando, por razón fundada, considere el procedimiento contrario al interés público. En ningún caso los comentarios que se realicen serán vinculante y la Superintendencia solo los considerará como antecedentes de sus decisiones.”.

Artículos nuevos.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para:

a) Agregar los siguientes artículos nuevos:

“Artículo 4º bis.- El Superintendente contará con el apoyo de un Consejo Asesor compuesto por cinco miembros de destacada experiencia en materias medioambientales nombrados por el Ministro del Medio Ambiente previa selección conforme al Sistema de Alta Dirección Pública. Los miembros del Consejo serán nombrados por un período de seis años, pudiendo ser designados por un nuevo período. Los consejeros se renovarán por parcialidades de tres y dos consejeros cada tres años, respectivamente.

Artículo 4º ter.- Corresponderá al Consejo Asesor asesorar técnicamente al Superintendente en todas aquellas materias en que éste solicite su pronunciamiento. Con todo, el Superintendente deberá solicitarlo cuando se trate del ejercicio de las atribuciones referidas en el artículo 3º letra f), h), i), j), k), o), s) y u). El Consejo Asesor podrá, cuando así lo estime la mayoría de sus miembros, emitir su opinión sobre un tema distinto de los mencionados.”.

Artículo 4º quater.- Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente determinará las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación de sus miembros y los aspectos necesarios para el correcto funcionamiento del Consejo Asesor.”.

- De la señora Pascal y de los señores Accorsi y Vallespín, para agregar el siguiente artículo 7° bis:

“Artículo 7 Bis.- La Superintendencia contará con un oficina de ayuda al cumplimiento de la normativa ambiental, cuya misión será la de proporcionar asistencia a sus regulados para la presentación de planes de cumplimiento o de reparación, así como para orientarlos en la comprensión de la legislación ambiental vigente y del contenido de las obligaciones que emanan de los instrumentos individualizados en el artículo 2° de la presente ley.”.

Artículo 15.

- Del señor Accorsi, para reemplazar el artículo 15, por el siguiente:

“Artículo 15.- La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República.”.

Artículo 23 bis.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para incorporar un nuevo artículo 23 bis que diga:

“Artículo 23 bis.- Los organismos sectoriales que cumplan funciones de fiscalización ambiental deberán dar cumplimiento a las directrices técnicas de carácter general y obligatorio y a los programas y subprogramas de fiscalización que establezca la Superintendencia en conformidad a la ley. De no hacerlo, el jefe superior del respectivo organismo sectorial será sancionado, previo procedimiento administrativo ante la Contraloría General de la República, con la medida disciplinaria de multa equivalente a una remuneración mensual.”.

Artículo 45.

- Del señor Accorsi, al artículo 45 para reemplazar el inciso segundo del artículo 45, por el siguiente:

“El monto de las multas impuestas por la Superintendencia será en un cincuenta por ciento a beneficio fiscal y en un cincuenta por ciento a beneficio municipal, y deberá ser pagado en la Tesorería General de la República y Municipal, dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de notificación de la resolución respectiva.”.

Párrafo 3º, nuevo.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para,incorporar a continuación del artículo 53 el siguiente párrafo:

“Párrafo 3º bis. Del Panel de Expertos”.

Artículo 53 A.- En contra de las resoluciones de la Superintendencia, sea o no que aplique sanciones o medidas provisionales, la parte interesada podrá interponer un recurso ante un Panel de Expertos que deberá resolver conforme a derecho.

El Panel de Expertos estará compuesto por cinco profesionales, tres de ellos deberán tener experiencia en materias medioambientales y los dos restantes deberán ser abogados. Todos deben tener amplia trayectoria profesional o académica, deben acreditar conocimientos técnicos o jurídicos en el sector medioambiental y tener una experiencia laboral mínima en el sector de cinco años.

Los integrantes no abogados serán designados por el Presidente de la República a propuesta en quina del Consejo de Alta Dirección Pública. La elaboración de esta quina requerirá para su aprobación del voto favorable de tres cuartas partes de dicho Consejo. Los integrantes abogados serán designados del mismo modo a propuesta en terna del Consejo de Alta Dirección Pública.

Requerida la intervención del panel de expertos, se convocará a una sesión especial dentro de los tres días siguientes a la presentación del recurso debiendo establecer en ella un programa de trabajo que considerará una audiencia pública con la parte, los interesados y los representantes de la Superintendencia. El panel evacuará el dictamen dentro del plazo de treinta días contados desde la presentación del reclamo, prorrogables por otros treinta. El Superintendente o las partes podrán solicitar fundadamente la resolución del asunto en un plazo menor cuando por los hechos que causaron la controversia o las consecuencias de los mismos parezca urgente una pronta decisión.

Los costos correspondientes al funcionamiento del Panel de Expertos serán determinados por el reglamento.”.

AL ARTÍCULO TERCERO

Nº 1, al artículo 2º.

- Del señor Chahuán, para reemplazar la letra i bis), por la siguiente:

“i bis) Evaluación Ambiental Estratégica: el procedimiento en virtud del cual, el Consejo de Ministros de la Ley N° 19.300, incorpora las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable, aplicado al proceso de formulación e implementación de las políticas, planes y programas, de manera que las indicaciones ambientales resultantes sean incorporadas en la dictación de las respectiva política, plan o programa, y sus modificaciones.”.

Artículo 7º bis.

1.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García Huidobro y Sepúlveda, en el artículo 7 bis, inciso primero para reemplazar las palabras “someterán a” por “someterán al Consejo de Ministros la”, intercalando la preposición “de” entre las palabras “estratégica” y “las”.

2.- Del señor Chahuán para intercalar, en el inciso primero, a continuación de la palabra “estratégica” la expresión “del Consejo de Ministros”.

3. Del señor Accorsi, al artículo 7° bis, inciso segundo para reemplazarlo por el siguiente:

“En todo caso, siempre deberán someterse a evaluación ambiental estratégica los planes regionales de ordenamiento territorial, planes intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales, planes de desarrollo urbano y zonificaciones del borde costero y del territorio marítimo. En esta situación el procedimiento y aprobación del instrumento estará a cargo del Ministerio competente, el Gobierno Regional o el Municipio, respectivamente.”.

4.- Del señor Chahuán para intercalar, en el inciso final, a continuación de la expresión “que será remitido al” la frase “Consejo de Ministros”.

Artículo 7º quater.

- Del señor Chahuán, al artículo 7º quater, para intercalar en el inciso primero, a continuación de la frase “culminará con una resolución del” la expresión “Consejo de Ministros”.

Artículo 13 ter.

- De la señora Pascal y del señor Díaz, don Marcelo, para agregar el siguiente artículo 13 ter:

“Artículo 13 ter.- En caso de conflicto entre el proponente de un proyecto de inversión y las organizaciones de la sociedad civil y/o comunidades, el Servicio de Evaluación Ambiental será el encargado de mediar/interlocutar entre ambas partes. Un reglamento será el encargado de establecer los mecanismos/procedimientos de mediación a utilizar por el Servicio de Evaluación Ambiental”.

AL ARTÍCULO CUARTO.

1.- De la señora Cubillos y de los señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en la letra a) para intercalar a continuación de la expresión “Medio Ambiente” y antes del punto aparte (.), la siguiente oración “y aprobados por el Consejo de Ministros”.

2) De los mismos Diputados, en la letra b) para agregar a continuación de la palabra “Reconstrucción”, la siguiente oración precedida de una coma (,) “previa aprobación del Consejo de Ministros”.

AL ARTÍCULO QUINTO.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, en su letra c), para agregar a continuación de la palabra “Nacionales” la frase “y del Consejo de Ministros”.

AL ARTÍCULO SEXTO.

- De la señora Pascal y de los señores Accorsi y Vallespín, para introducir la siguiente modificaciones en Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,

a) En el artículo 1°, inciso segundo, para intercalar entre las palabras “cultura” y “de”, la expresión “y medioambiental”.

b) En el artículo 3°, para introducir la siguiente letra g):

“g) La promoción de la gestión ambiental local en los ámbitos de la educación ambiental y la participación ciudadana.”.

AL ARTÍCULO NOVENO.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, En su letra a), para intercalar a continuación de la expresión “Públicas” y antes de la coma (,) la oración “y deberá contar con la aprobación del Consejo de Ministros”.

A LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

- Del señor Accorsi, al artículo primero, n° 1, para reemplazar la expresión “podrá incluir personal de la”, por la frase “incluirá al personal del estamento profesional, técnico, administrativo y auxiliar que tenga contrato vigente con la”.

- De la señora Cubillos y señores Bauer, Chahuán, García-Huidobro y Sepúlveda, para incorporar el siguiente artículo octavo transitorio:

“Artículo octavo.- Corresponderá al Ministro del Medio Ambiente, en ejercicio de sus funciones propias y dentro del ámbito de sus competencias, formular y presentar en el plazo de un año desde la publicación de esta ley una propuesta de diseño de un Servicio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, que sustituya en sus funciones las atribuciones de protección que hoy detenta la Corporación Nacional Forestal. Hasta la creación de este servicio, corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente proponer las políticas, planes, programas y supervigilar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza, y supervisar el manejo de las áreas protegidas de propiedad privada.".

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Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente proyecto texto:

PROYECTO DE LEY

“ARTÍCULO PRIMERO.- Sustitúyese el Título Final de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, por el siguiente:

“TÍTULO FINAL

DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Párrafo 1°

Naturaleza y Funciones

Artículo 69.- Créase el Ministerio del Medio Ambiente, como una Secretaria de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

Artículo 70.- Corresponderá especialmente al Ministerio:

a) Proponer las políticas ambientales e informar periódicamente sobre sus avances y cumplimientos;

b) Proponer las políticas, planes, programas, normas y supervigilar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza, y supervisar el manejo de las áreas protegidas de propiedad privada;

c) Proponer las políticas, planes, programas, normas y supervigilar las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos;

d) Velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales en que Chile sea parte en materia ambiental, y ejercer la calidad de contraparte administrativa, científica o técnica de tales convenciones, sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuando las convenciones señaladas contengan además de las materias ambientales, otras de competencia sectorial, el Ministerio del Medio Ambiente deberá integrar a dichos sectores dentro de la contraparte administrativa, científica o técnica de las mismas;

e) Colaborar con los Ministerios sectoriales en la formulación de los criterios ambientales que deben ser incorporados en la elaboración de sus políticas, evaluaciones ambientales estratégicas y procesos de planificación, así como en la de de sus servicios dependientes y relacionados;

f) Colaborar con los organismos competentes, en la formulación de las políticas ambientales para el manejo, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables;

g) Proponer políticas y formular normas, planes y programas en materia de residuos y suelos contaminados, así como la evaluación del riesgo de productos químicos, organismos genéticamente modificados y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente, sin perjuicio de las atribuciones de otros organismos públicos en materia sanitaria;

h) Proponer políticas y formular los planes, programas y planes de acción en materia de cambio climático. En ejercicio de esta competencia deberá colaborar con los diferentes órganos de la Administración del Estado a nivel nacional, regional y local con el objeto de poder determinar sus efectos, así como el establecimiento de las medidas necesarias de adaptación y mitigación;

i) Proponer políticas y formular planes, programas y acciones que establezcan los criterios básicos y las medidas preventivas para favorecer la recuperación y conservación de los recursos genéticos, la flora, la fauna, los hábitats, los paisajes, ecosistemas y espacios naturales, en especial los frágiles y degradados, contribuyendo al cumplimiento de los convenios internacionales de conservación de la biodiversidad;

j) Elaborar y ejecutar estudios y programas de investigación, protección y conservación de la biodiversidad, así como administrar y actualizar una base de datos sobre biodiversidad;

k) Elaborar los estudios necesarios y recopilar toda la información disponible para determinar la línea de base ambiental del país y la capacidad de carga de las distintas cuencas ambientales del país;

l) Participar en la elaboración de los presupuestos ambientales sectoriales, promoviendo su coherencia con la política ambiental nacional. En ejercicio de esta facultad, se podrá fijar de común acuerdo con el ministerio sectorial, indicadores de gestión asociados a presupuestos. Con tal finalidad se deberá contar con la aprobación de la Dirección de Presupuestos;

m) Colaborar con las autoridades competentes a nivel nacional, regional y local en la preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación, promoción y difusión ambiental, orientados a la creación de una conciencia nacional sobre la protección del medio ambiente, desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, y a promover la participación ciudadana responsable en estas materias;

n) Coordinar el proceso de generación de las normas de calidad ambiental, de emisión y de planes de prevención y/o descontaminación, determinando los programas para su cumplimiento;

ñ) Elaborar cada cuatro años informes sobre el estado del medio ambiente a nivel nacional, regional y local. Sin embargo, una vez al año deberá emitir un reporte consolidado sobre la situación del medio ambiente a nivel nacional y regional.

Estos informes incluirán datos sobre la calidad del medio ambiente, así como un resumen ejecutivo que sea comprensible para el público en general;

o) Interpretar administrativamente las normas de calidad ambiental y de emisión, los planes de prevención y/o de descontaminación, previo informe del o los organismos con competencia en la materia específica y la Superintendencia del Medio Ambiente.

El Ministerio del Medio Ambiente podrá requerir a los jefes de los servicios y organismos con competencias en materia ambiental, informes sobre los criterios utilizados por el respectivo organismo sectorial en la aplicación de las normas y planes señaladas en el inciso anterior, así como de las dudas o dificultades de interpretación que se hubieren suscitado y de las desviaciones o distorsiones que se hubieren detectado.

El Ministerio, podrá además, uniformar los criterios de aplicación y aclarará el sentido y alcance de las normas de calidad ambiental y de emisión, cuando observe discrepancias o errores de interpretación;

p) Administrar un Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes en el cual se registrará y sistematizará, por fuente o agrupación de fuentes de un mismo establecimiento, la naturaleza, caudal y concentración de emisiones de contaminantes que sean objeto de una norma de emisión, y la naturaleza, volumen y destino de los residuos sólidos generados que señale el reglamento.

Igualmente, en los casos y forma que establezca el reglamento, el registro sistematizará y estimará el tipo, caudal y concentración total y por tipo de fuente, de las emisiones que no sean materia de una norma de emisión vigente. Para tal efecto, el Ministerio requerirá de los servicios y organismos estatales que corresponda, información general sobre actividades productivas, materias primas, procesos productivos, tecnología, volúmenes de producción y cualquiera otra disponible y útil a los fines de la estimación. Las emisiones estimadas a que se refiere el presente inciso serán innominadas e indicarán la metodología de modelación utilizada;

q) Establecer un sistema de información sobre el cumplimiento y aplicación de la legislación vigente en materia ambiental;

r) Establecer convenios de colaboración con gobiernos regionales y municipalidades destinados a adoptar las medidas necesarias para asegurar la integridad, conservación y reparación del medio ambiente regional y local, así como la educación ambiental y la participación ciudadana. Cuando dichos convenios contemplen transferencia de recursos, deberán contar con la autorización del Ministerio de Hacienda;

s) Participar en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de las políticas y planes que promuevan los diversos órganos de la Administración de conformidad a lo señalado en la presente ley;

t) Generar y recopilar la información técnica y científica precisa para la prevención de la contaminación y la calidad ambiental, en particular lo referente a las tecnologías, la producción, gestión y transferencias de residuos, la contaminación atmosférica y el impacto ambiental;

u) Administrar la información de los programas de monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, proporcionada por los organismos competentes, cuando corresponda;

v) Financiar proyectos y actividades orientados a la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio ambiental, la educación ambiental y la participación ciudadana;

w) Realizar y fomentar capacitación y actualización técnica a los funcionarios públicos en materias relacionadas con las funciones encomendadas al Ministerio, la que también podrá otorgarse a los particulares;

x) Crear y presidir comités y subcomités operativos formados por representantes de los ministerios, servicios y demás organismos competentes para el estudio, consulta, análisis, comunicación y coordinación en determinadas materias relativas al medio ambiente;

y Fomentar y facilitar la participación ciudadana en la formulación de políticas y planes, normas de calidad y de emisión, en el proceso de evaluación ambiental estratégica de las políticas, planes y programas de los ministerios sectoriales, y

z) Asumir todas las demás funciones y atribuciones que la ley le encomiende.

Artículo 71.- En el diseño de la normativa ambiental, el Ministerio del Medio Ambiente podrá considerar el uso de todas las medidas de gestión ambiental que sean necesarias, incluidas la implementación de exigencias tecnológicas o el uso de instrumentos económicos, para cumplir con los estándares ambientales que la ley exige.

Párrafo 2º

Del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, Naturaleza y Funciones

Artículo 72.- Créase el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por el Ministro del Medio Ambiente e integrado por los Ministros de Hacienda, de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, y de Planificación.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según el orden establecido en el inciso anterior.

Serán funciones y atribuciones del Consejo:

a) Proponer al Presidente de la República las políticas para el manejo, uso y aprovechamiento sustentables de los recursos naturales renovables;

b) Proponer al Presidente de la República los criterios de sustentabilidad que deben ser incorporados en la elaboración de las políticas y procesos de planificación de los ministerios, así como en la de sus servicios dependientes y relacionados;

c) Proponer al Presidente de la República la creación de las Áreas Protegidas del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza y de las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos;

d) Proponer al Presidente de la República las políticas sectoriales que deben ser sometidas a evaluación ambiental estratégica;

e) Pronunciarse sobre los criterios y mecanismos en virtud de los cuales se deberá efectuar la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental, a que se refiere el artículo 26 de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y

f) (g) Pronunciarse sobre los proyectos de ley y actos administrativos que se propongan al Presidente de la Republica, cualquiera sea el ministerio de origen, que contenga normas de carácter ambiental señaladas en el artículo 70.

Artículo 73.- El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad celebrará sesiones cuando lo convoque su Presidente. El quórum para sesionar será de seis consejeros y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del Ministro Presidente o quien lo reemplace. El Consejo en su primera sesión determinará las normas para su funcionamiento.

Artículo 74.- El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad podrá sesionar en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, el que proporcionará los medios materiales para su funcionamiento. El Consejo contará con el apoyo de un funcionario del Ministerio del Medio Ambiente, propuesto por el Ministro del ramo y aprobado por el Consejo, quien actuará como Secretario del mismo, correspondiéndole levantar actas de las sesiones respectivas.

Los acuerdos del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que deban materializarse mediante actos administrativos que conforme al ordenamiento jurídico deben dictarse a través de una Secretaría de Estado, serán expedidos a través del Ministerio del Medio Ambiente.

Los acuerdos del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad serán obligatorios para los organismos de la Administración del Estado al cual estén dirigidos, incurriendo en responsabilidad administrativa los funcionarios que no den cumplimiento a los mismos.

Párrafo 3°

De la organización

Artículo 75.- La Organización del Ministerio será la siguiente:

a) El Ministro del Medio Ambiente;

b) El Subsecretario;

c) Las Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente, y

d) El Consejo Consultivo Nacional y los Consejos Consultivos Regionales.

Un reglamento determinará la distribución temática en las divisiones del Ministerio, de conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las que deberán contemplar a lo menos las siguientes materias: Regulación Ambiental; Información y Economía Ambiental; Educación, Participación y Gestión Local; Recursos Naturales y Biodiversidad; Cambio Climático y Cumplimiento de Convenios Internacionales, y Planificación y Gestión.

Artículo 76.- En cada región del país habrá una Secretaría Regional Ministerial, dependiente técnica y administrativamente del Ministerio del Medio Ambiente, y sometidas a las normas de la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales.

Le corresponderá, especialmente a las Secretarías Regionales Ministeriales, en una o más regiones:

a) Ejercer en lo que le corresponda las competencias del Ministerio señaladas en el artículo 70;

b) Asesorar al Gobierno Regional para la incorporación de los criterios ambientales en la elaboración de los Planes y las Estrategias de Desarrollo Regional, y

c) Colaborar con los Municipios respectivos en materia de gestión ambiental.

Párrafo 4°

De los Consejos Consultivos

Artículo 77.- Habrá un Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente presidido por el Ministro del Medio Ambiente e integrado por:

a) Dos científicos, propuestos en quina por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas;

b) Dos representantes de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que tengan por objeto la protección del medio ambiente;

c) Dos representantes de centros académicos independientes que estudien o se ocupen de materias ambientales;

d) Dos representantes del empresariado, propuestos en quina por la organización empresarial de mayor representatividad en el país;

e) Dos representantes de los trabajadores, propuestos en quina por la organización sindical de mayor representatividad en el país, y

f) Un representante del Presidente de la República.

Los consejeros serán nombrados por el Presidente de la República por un período de dos años, el que podrá prorrogarse por una sola vez. Un reglamento establecerá el funcionamiento del Consejo.

Artículo 78.- Corresponderá al Consejo Consultivo absolver las consultas que le formule el Ministro del Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, emitir opiniones sobre los anteproyectos de ley y decretos supremos que fijen normas de calidad ambiental, de preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental, planes de prevención y de descontaminación, regulaciones especiales de emisiones y normas de emisión que les sean sometidos a su conocimiento. Asimismo, podrá pronunciarse, de oficio, sobre temas ambientales de interés general y ejercer todas las demás funciones que le encomiende el Ministro y la ley.

Artículo 79.- En cada región del territorio nacional habrá un Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, integrado por:

a) Dos científicos;

b) Dos representantes de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que tengan por objeto la protección o estudio del medio ambiente;

c) Dos representantes del empresariado;

d) Dos representantes de los trabajadores, y

e) Un representante del Ministro del Medio Ambiente.

Los consejeros serán nombrados por el Intendente a proposición del Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente, previa consulta a las respectivas organizaciones o sindicatos más representativos de la región. Respecto de los científicos, éstos serán propuestos por las universidades o institutos profesionales establecidos en la región, si no las hubiere, los designará libremente el Intendente Regional. Los consejeros durarán en sus funciones por un período de dos años, el que podrá prorrogarse por una sola vez. Un Reglamento establecerá el funcionamiento de estos Consejos.

Corresponderá al Consejo Consultivo Regional absolver las consultas que le formulen el Intendente, el Gobierno Regional y el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente y ejercer todas las demás funciones que le encomiende la ley.

Párrafo 5°

Del Personal

Artículo 80.- El personal del Ministerio estará afecto a las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo y en materia de remuneraciones, a las normas del Decreto Ley Nº 249, de 1974, y su legislación complementaria.

Párrafo 6°

Del Servicio de Evaluación Ambiental

Artículo 81.- Créase el Servicio de Evaluación Ambiental como servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.

Su domicilio será la ciudad de Santiago y se desconcentrará territorialmente de conformidad a lo señalado en la presente ley.

El Servicio estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la Ley Nº 19.882.

Artículo 82.- Corresponderá al Servicio:

a) La administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental;

b) Administrar un sistema de información sobre permisos y autorizaciones de contenido ambiental;

c) Administrar un sistema de información de líneas de bases de los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acceso público y georeferenciado;

d) Uniformar los criterios, requisitos, condiciones, antecedentes, certificados, trámites, exigencias técnicas y procedimientos de carácter ambiental que establezcan los ministerios y demás organismos del Estado competentes, mediante el establecimiento, entre otros, de guías trámite;

e) Proponer la simplificación de trámites para los procesos de evaluación o autorizaciones ambientales;

f) Administrar un registro de consultores certificados para la realización de Declaraciones o Estudios de Impacto Ambiental el que deberá contener a lo menos el nombre o razón social, en caso de tratarse de personas jurídicas su representante legal, domicilio e información relativa a sus áreas de especialidad. Dicho registro será de carácter informativo y el reglamento definirá su forma de administración;

g) Interpretar administrativamente las Resoluciones de Calificación Ambiental, previo informe del o los organismos con competencia en la materia específica que participaron de la evaluación, del Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiente, según corresponda.

Cuando el instrumento señalado en el inciso anterior contuviese aspectos normados sometidos a las facultades de interpretación administrativa del organismo sectorial respectivo, el informe solicitado tendrá el carácter de vinculante para el Ministerio en relación a esa materia, y

h) Fomentar y facilitar la participación ciudadana en la evaluación de proyectos, de conformidad a lo señalado en la ley.

Artículo 83.- La administración y dirección superior del Servicio estará a cargo de un Director Ejecutivo, quien será el Jefe Superior del Servicio y tendrá su representación legal.

Artículo 84.- Corresponderán al Director Ejecutivo las siguientes funciones:

a) La administración superior del Servicio;

b) Requerir de los organismos del Estado la información y antecedentes que estime necesarios y que guarden relación con sus respectivas esferas de competencia;

c) Designar y contratar personal, y poner término a sus servicios;

d) Celebrar los convenios y ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento de los fines del servicio;

e) En cumplimiento de sus funciones, adquirir y administrar bienes muebles, así como celebrar los actos o contratos que sean necesarios para tal cumplimiento;

f) Conocer el recurso de reclamación de conformidad a lo señalado en el artículo 20 de la presente ley;

g) Delegar parte de sus funciones y atribuciones en funcionarios del Servicio, salvo en las materias señaladas en la letra anterior, y

h) Representar judicial y extrajudicialmente al Servicio y conferir poder a abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, aun cuando no sean funcionarios del Servicio, con las facultades de ambos incisos del artículo 7°, del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 85.- El Servicio de Evaluación Ambiental se desconcentrará territorialmente a través de las Direcciones Regionales de Evaluación Ambiental.

En cada región del país habrá un Director Regional, quien representará al Servicio y será nombrado por el Director Ejecutivo, mediante el Sistema de Alta Dirección Pública.

Artículo 86.- Los proyectos serán calificados por una Comisión presidida por el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente e integrada por los Secretarios Regionales Ministeriales de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, de Planificación, y el Director Regional del Servicio, quien actuará como secretario.

Las Direcciones Regionales de Evaluación Ambiental conformarán un comité técnico integrado por el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente, quien lo presidirá, y el Director Regional de Evaluación Ambiental, los directores regionales de los servicios públicos que tengan competencia en materia del medio ambiente, incluido el Gobernador Marítimo correspondiente y el Consejo de Monumentos Nacionales. Este comité elaborará un acta de evaluación de cada proyecto que será de libre acceso a los interesados.

El procedimiento de calificación o rechazo de los proyectos deberá ajustarse a lo señalado en el artículo 9°, 9° bis y 9° ter de esta ley.

Artículo 87.- El patrimonio del Servicio estará formado por:

a) Los recursos que se le asignen anualmente en el Presupuesto de la Nación o en otras leyes generales o especiales;

b) Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, que se le transfieran o adquiera a cualquier título;

c) Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título, y;

d) Las herencias y legados.

Artículo 88.- El personal del Servicio estará afecto a las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo y en materia de remuneraciones, a las normas del Decreto Ley Nº 249, de 1974, y su legislación complementaria

Artículo 89.- Todos los plazos establecidos en esta ley serán de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los sábados, domingos y festivos.”.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Créase la Superintendencia del Medio Ambiente y fíjese como su ley orgánica, la siguiente:

“TÍTULO I

DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

Párrafo 1°

De la Naturaleza y Funciones

Artículo 1°.- Créase la Superintendencia del Medio Ambiente, como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.

La Superintendencia constituye una institución fiscalizadora en los términos del Decreto Ley Nº 3.551, de 1981, estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la Ley Nº 19.882 y estará sometida al Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado.

Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que pueda establecer el Superintendente en otras ciudades del país.

Artículo 2°.- La Superintendencia del Medio Ambiente tendrá por objeto ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley.

Los organismos sectoriales que cumplan funciones de fiscalización ambiental, conservarán sus competencias y potestades de fiscalización, en todas aquellas materias e instrumentos que no sean de competencia de la Superintendencia.

Los organismos sectoriales que cumplan funciones de fiscalización ambiental, deberán adoptar y respetar todos los criterios que la Superintendencia establezca en relación a la forma de ejecutar las actuaciones de fiscalización, pudiendo solicitar a la Superintendencia que se pronuncie al respecto.

Artículo 3°.- La Superintendencia tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a) Fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas, condiciones y medidas establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental, sobre la base de las inspecciones, controles, mediciones y análisis que se realicen, de conformidad a lo establecido en esta ley;

b) Velar por el cumplimiento de las medidas e instrumentos establecidos en los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, sobre la base de las inspecciones, controles, mediciones y análisis que se realicen de conformidad a lo establecido en esta ley;

c) Contratar las labores de inspección, verificación, mediciones y análisis del cumplimiento de las normas, condiciones y medidas de las Resoluciones de Calificación Ambiental, Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, cuando correspondan, y de los Planes de Manejo, cuando procedan, a terceros idóneos debidamente certificados.

Los requisitos y el procedimiento para la certificación, autorización y control de las entidades y sus inspectores, será establecido en el Reglamento, el que deberá a lo menos considerar la incompatibilidad absoluta entre el ejercicio de labores de fiscalización y las de consultoría para la elaboración de Declaraciones o Estudios de Impacto Ambiental, así como los requisitos mínimos de conocimiento, la experiencia calificada, de a lo menos 3 años, en materias relacionadas, los procedimientos de examen o verificación de antecedentes, personal idóneo e infraestructura y equipamiento suficiente para desarrollar las labores solicitadas. Las entidades e inspectores así autorizados quedarán sujetos a la permanente fiscalización y supervigilancia de la Superintendencia o de aquellas entidades públicas o privadas que ésta determine.

Los proyectos o actividades inspeccionadas por las entidades a que se refiere el inciso primero, que cumplan con las exigencias señaladas, tendrán derecho a un certificado, cuyas características y vigencia serán establecidas por la Superintendencia, de acuerdo con la naturaleza de las mismas y conforme a las normas que establezca el Reglamento;

d) Exigir, examinar y procesar los datos, muestreos, mediciones y análisis que los sujetos fiscalizados deban proporcionar de acuerdo a las normas y condiciones definidas en sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental o en los Planes de Prevención y/o de Descontaminación que les sean aplicables;

e) Requerir de los sujetos sometidos a su fiscalización y de los organismos sectoriales que cumplan labores de fiscalización ambiental, las informaciones y datos que sean necesarios para el debido cumplimiento de sus funciones, de conformidad a lo señalado en la presente ley;

f) Establecer normas de carácter general sobre la forma y modo de presentación de los antecedentes a que se refieren los dos literales anteriores;

g) Suspender transitoriamente las autorizaciones provisorias de inicio del proyecto o actividad y autorizaciones de funcionamiento contenidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental o adoptar otras medidas urgentes y transitorias, para el resguardo del medio ambiente, cuando la ejecución u operación de un proyecto o actividad genere un daño grave e inminente para el medio ambiente, a consecuencia de incumplimientos graves de las normas y condiciones previstas en dichas resoluciones, o por la generación de efectos no previstos en la evaluación, de carácter grave.

Esta medida solo podrá ser decretada mediante resolución fundada, previa notificación al afectado. Además deberán ser temporales, proporcionales a la magnitud del daño que se busque prevenir y cesarán de pleno derecho una vez que cese el riesgo de daño grave e inminente o si habiendo transcurrido cinco días desde que se decretaron no se haya notificado al afectado el inicio de un procedimiento sancionador, cuando corresponda;

h) Requerir, previo informe del Servicio de Evaluación, mediante resolución fundada y bajo apercibimiento de sanción, a los titulares de proyectos o actividades que conforme al artículo 10 de la Ley N° 19.300, debieron someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y no cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental, para que sometan a dicho sistema el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental correspondiente;

i) Requerir, previo informe del Servicio de Evaluación, mediante resolución fundada y bajo apercibimiento de sanción, a los titulares de Resoluciones de Calificación Ambiental, que sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, las modificaciones o ampliaciones de sus proyectos o actividades que, conforme al artículo 10 de la Ley N° 19.300, requieran de una nueva Resolución de Calificación Ambiental;

j) Obligar a los proponentes a ingresar adecuadamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental cuando éstos hubiesen fraccionado sus proyectos o actividades con el propósito de eludir o variar a sabiendas el ingreso al mismo, sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del artículo 11 bis de la Ley Nº 19.300;

k) Requerir al Servicio de Evaluación Ambiental, la caducidad de una Resolución de Calificación Ambiental, cuando hubieren transcurrido más de seis años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada y en los demás casos en que, atendida la magnitud, gravedad, reiteración o efectos de las infracciones comprobadas durante su ejecución o funcionamiento, resulte procedente;

l) Requerir a los titulares de fuentes sujetas a un Plan de Manejo, Prevención y/o Descontaminación, así como a Normas de Emisión, bajo apercibimiento de sanción, la información necesaria para acreditar el cumplimiento de las medidas de los respectivos planes y las obligaciones contenidas en las respectivas normas;

m) Fiscalizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales, salvo aquellas de competencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios;

n) Impartir directrices técnicas de carácter general y obligatorio, definiendo los protocolos, procedimientos y métodos de análisis que los organismos fiscalizadores, las entidades acreditadas conforme a esta ley y, en su caso, los sujetos de fiscalización, deberán aplicar para el examen, control y medición del cumplimiento de las Normas de Calidad Ambiental y de Emisión;

ñ) Imponer sanciones de conformidad a lo señalado en la presente ley;

o) Administrar un mecanismo de evaluación y certificación de conformidad, respecto de la normativa ambiental aplicable y del cumplimiento de las condiciones de una autorización de funcionamiento ambiental.

Para estos efectos, la Superintendencia administrará un sistema de acreditación de personas naturales y jurídicas que realicen estas evaluaciones y certificaciones. El Reglamento determinará los requisitos, condiciones y procedimientos necesarios para su administración y funcionamiento, el que deberá a lo menos considerar la incompatibilidad absoluta entre el ejercicio de labores de evaluación y certificación y las de consultoría para la elaboración de Declaraciones o Estudios de Impacto Ambiental, así como los requisitos mínimos de conocimiento, la experiencia calificada, de a lo menos 3 años, en materias relacionadas, los procedimientos de examen o verificación de antecedentes, personal idóneo e infraestructura y equipamiento suficiente para desarrollar las labores solicitadas.

Las infracciones a las obligaciones derivadas de este sistema, así como la de las personas acreditadas se sancionará de conformidad a lo señalado en el título III de la presente ley;

p) Proporcionar información y absolver las consultas del Ministerio del Medio Ambiente y de los organismos con competencia en fiscalización ambiental, para la elaboración de las normas técnicas que correspondan;

q) Aprobar programas de cumplimiento de la normativa ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 42 de esta ley;

r) Dictar normas e instrucciones de carácter general en el ejercicio de las atribuciones que le confiere esta ley.

La normativa que emane de la Superintendencia deberá ser sistematizada de tal forma de facilitar el acceso y conocimiento de la misma;

s) Fiscalizar el cumplimiento de las demás normas e instrumentos de carácter ambiental, que no estén bajo el control y fiscalización de otros órganos del Estado;

t) Proporcionar asistencia a sus regulados para la presentación de planes de cumplimiento o de reparación, así como para orientarlos en la comprensión de las obligaciones que emanan de los instrumentos individualizados en el artículo 2° de esta ley, y

u) Las demás funciones y atribuciones que le asigne la ley.

?

Párrafo 2°

De la organización

Artículo 4°.- El Superintendente de Medio Ambiente, quien será el Jefe de Servicio, será nombrado por el Presidente de la República de conformidad a lo establecido en la Ley N° 19.882.

El Superintendente contará con las atribuciones propias de un jefe de servicio y le corresponderá especialmente:

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Superintendencia y ejercer, respecto de su personal, las atribuciones propias de su calidad de Jefe Superior del Servicio;

b) Dictar las instrucciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y el buen funcionamiento de la Superintendencia;

c) Establecer oficinas regionales, cuando las necesidades del Servicio así lo exijan y existan las disponibilidades presupuestarias;

d) Celebrar los convenios y ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento de los fines de la Superintendencia;

e) Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia;

f) Encomendar a las distintas unidades de la Superintendencia las funciones que estime necesarias;

g) Aprobar la aplicación de las medidas provisionales establecidas en el artículo 48.

h) Aplicar las sanciones que correspondan de conformidad a lo establecido en la ley;

i) Conocer y resolver los recursos que la ley establece;

j) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de la Superintendencia, salvo las materias señaladas en las letras e) f), g), h) e i);

k) Nombrar y remover al personal de la Superintendencia de conformidad a la presente ley y a las normas estatutarias;

l) Rendir cuenta anualmente de su gestión, a lo menos a través de la publicación de una memoria y balance institucional, con el objeto de permitir a las personas efectuar una evaluación continua y permanente de los avances y resultados alcanzados por la Superintendencia, y

m) Las demás que establezcan las leyes y reglamentos.

Artículo 5°.- Serán inhábiles para desempeñar el cargo de Superintendente las personas que por sí, o por su cónyuge, o por sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo por afinidad, a través de personas naturales o jurídicas, tengan participación en sociedades o formen parte de personas jurídicas que ejerzan labores de inspección, verificación y análisis del cumplimiento de la normativa ambiental o que hayan presentado proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en los últimos cinco años.

Artículo 6°.- Siempre que los documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos, los funcionarios de la Superintendencia deberán guardar reserva de aquellos que conocieren en el ejercicio de sus funciones, relativos a los negocios de las personas sujetas a su fiscalización y deberán abstenerse de utilizarlos en beneficio propio o de terceros. La infracción a esta obligación será sancionada en la forma establecida en el inciso primero del artículo 247 del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa.

Artículo 7°.- A las oficinas regionales les corresponderá ejercer, dentro del territorio de su competencia, las funciones y atribuciones que, siendo competencia de la Superintendencia, les sean delegadas por el Superintendente.

Las funciones de fiscalización e instrucción del procedimiento sancionatorio y la aplicación de sanciones estarán a cargo de unidades diferentes.

El Superintendente tendrá la atribución privativa e indelegable de aplicar las sanciones establecidas en la presente ley.

Párrafo 3°

Del Personal

Artículo 8°.- El personal de la Superintendencia se regulará por las normas de esta ley y por la de los reglamentos que de conformidad a ella se dicten. Supletoriamente, le serán aplicables las normas del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

El personal de la Superintendencia habilitado como fiscalizador tendrá el carácter de Ministro de Fe, respecto de los hechos constitutivos de infracciones normativas que consignen en el cumplimiento de sus funciones. Los hechos establecidos por dicho Ministro de Fe constituirán presunción legal.

Artículo 9°.- El Superintendente, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

El personal a contrata de la Superintendencia podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Superintendente. El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Superintendencia.

El personal que preste servicios sobre la base de honorarios, se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.

Artículo 10.- El Superintendente podrá solicitar en comisión de servicios a funcionarios especializados de los distintos órganos e instituciones de la administración civil del Estado, sin que rijan las limitaciones establecidas por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes.

Artículo 11.- El personal de la Superintendencia tendrá prohibición absoluta de prestar a las entidades sujetas a su fiscalización otros servicios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta. Cualquiera infracción a esta norma será constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan de conformidad a la ley.

Artículo 12.- Sin perjuicio de las causales previstas en el Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo, para la cesación del cargo de personal de carrera, se podrá declarar la vacancia por las siguientes causales:

a) Necesidades de la Superintendencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Superintendencia.

Anualmente, los Altos Directivos Públicos del II nivel jerárquico de la Superintendencia, a más tardar en el mes de diciembre, efectuarán, en conjunto, una evaluación sobre la marcha de la institución en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados. Los resultados de dicha evaluación servirán de base para que el Superintendente ejerza la facultad a que se refiere este literal. Un reglamento fijará los procedimientos que adoptarán y la forma y oportunidad en que recepcionarán la información y antecedentes requeridos al efecto.

b) Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal prevista en el literal a) precedente, tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

Artículo 13.- El personal de la Superintendencia que detente cargos directivos y profesionales de los tres primeros niveles jerárquicos, deberá desempeñarse con dedicación exclusiva. Sin perjuicio de lo anterior, podrá realizar labores docentes en los términos del artículo 8° de la Ley N° 19.863, ejercer los derechos que le atañen personalmente, percibir los beneficios de seguridad social de carácter irrenunciable y los emolumentos que provengan de la administración de su patrimonio.

Párrafo 4°

Del patrimonio

Artículo 14.- El patrimonio de la Superintendencia estará formado por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuesto de la Nación y los recursos que le entreguen otras leyes generales o especiales;

b) Los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades;

c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o adquieran a cualquier título y los frutos de tales bienes;

d) Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten;

e) El producto de la venta de las publicaciones que realice, cuyo valor será determinado por resolución del Superintendente, y

f) El producto de la venta de bienes que realice, como asimismo, de los aranceles, derechos e intereses y otros ingresos propios que perciba en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 15.- La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República.

TÍTULO II

DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Párrafo 1°

De la Fiscalización Ambiental

Artículo 16.- Para el desarrollo de las actividades de fiscalización, la Superintendencia deberá establecer, anualmente, los siguientes programas y subprogramas:

a) Los programas de fiscalización de Resoluciones de Calificación Ambiental para cada región, incluida la Metropolitana;

b) Los subprogramas sectoriales de fiscalización de Resoluciones de Calificación Ambiental, dónde se identificarán las actividades de fiscalización para cada servicio u organismo sectorial competente;

c) Los programas de fiscalización de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación para las diversas regiones en que ellos operen;

d) Los subprogramas de fiscalización de Planes de Prevención y/o de Descontaminación, dónde se identificarán las actividades de fiscalización para cada servicio u organismo sectorial competente;

e) Otros programas y subprogramas que de conformidad a las instrucciones impartidas por la Superintendencia o lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 u otros cuerpos legales den origen a actividades de fiscalización en materia medio ambiental, de competencia de la Superintendencia.

Artículo 17.- Para la elaboración de estos programas y subprogramas, con la debida anticipación, se solicitará a los organismos con competencia en fiscalización ambiental informes acerca de las prioridades de fiscalización que hubieren definido, los que deberán evacuarse dentro del plazo de 15 días hábiles.

Sobre la base de los informes señalados y de los demás antecedentes, se elaborarán las propuestas de programas y subprogramas, y los someterán a consulta de los organismos y servicios que la Superintendencia estime pertinente.

Concluido el período de consulta, los programas y subprogramas y las observaciones recibidas se pondrán en conocimiento del Superintendente, el que los fijará mediante una o más resoluciones exentas, siendo comunicada a los organismos sectoriales y a los potenciales fiscalizados.

Las resoluciones que fijen los programas y subprogramas deberán garantizar adecuadamente la participación en la fiscalización de la Superintendencia y de los organismos sectoriales. Asimismo, deberán resguardar la debida coordinación entre ellas, evitando duplicidad de funciones. En dichas resoluciones se deberá indicar, además, los presupuestos sectoriales asignados, de conformidad a lo establecido en el artículo 70 letra l) de la ley N° 19.300, así como los indicadores de desempeño asociados.

Artículo 18.- Al finalizar el año respectivo, deberán publicarse los programas y subprogramas de fiscalización, con sus respectivos resultados individualizados por tipo de instrumento fiscalizado y organismo que las llevó a cabo. Serán de conocimiento público las metodologías y guías de fiscalización aprobadas por la Superintendencia.

Artículo 19.- Las actividades de fiscalización se ceñirán a los programas y subprogramas definidos, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia para disponer la realización de inspecciones no contempladas en aquéllos, en caso de denuncias o reclamos y en los demás en que tome conocimiento, por cualquier medio, de incumplimientos o infracciones de su competencia.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez al año y sujeto al procedimiento señalado en artículo 17, podrá actualizarse los programas y subprogramas de fiscalización cuando razones fundadas basadas en la eficiencia del sistema de fiscalización así lo aconsejen.

Artículo 20.- La ejecución de los programas y subprogramas de fiscalización contempla las actividades de inspección propiamente tal, el análisis de la información obtenida en las primeras y la adopción de las medidas que correspondan.

Artículo 21.- Cualquier persona podrá denunciar ante la Superintendencia el incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental y normas ambientales, debiendo ésta informar sobre los resultados de su denuncia en un plazo no superior a 60 días hábiles.

En el evento que producto de tales denuncias se iniciare un procedimiento administrativo sancionador, el denunciante tendrá para todos los efectos legales la calidad de interesado en el precitado procedimiento.

Párrafo 2°

De las inspecciones, mediciones y análisis

Artículo 22.- La Superintendencia realizará la ejecución de las inspecciones, mediciones y análisis que se requieran para el cumplimiento de los programas y subprogramas de fiscalización, como también encomendará dichas acciones a los organismos sectoriales, cuando corresponda.

Para estos efectos, la Superintendencia impartirá directrices a los mencionados organismos sectoriales, informando, las acciones de fiscalización que éstos asumirán, los plazos y oportunidades para su realización y las demás condiciones pertinentes. A su vez, la Superintendencia deberá informar a los organismos sectoriales correspondientes la ejecución de sus inspecciones, mediciones y análisis respectivos, de manera de evitar duplicidad de funciones.

Artículo 23.- Corresponderá a los jefes de servicio de cada uno de los órganos y servicios sectoriales supervisar el cumplimiento de las acciones de fiscalización contempladas en esta ley y las demás que rijan la materia específica. Asimismo deberán ejercer las demás funciones y atribuciones que esta ley les confiere, debiendo reportar periódicamente a la Superintendencia, sobre el grado de cumplimiento de los procedimientos de fiscalización.

Los convenios de desempeño a los cuales se refiere la Ley N° 19.882, aplicables a los jefes de los organismos y servicios sectoriales que ejerzan funciones de fiscalización en materia ambiental, así como sus equipos de trabajo, deberán contener las obligaciones específicas de cumplimiento sujetas a indicadores verificables, relativos a los procedimientos de fiscalización regulados en la presente ley.

Artículo 24.- Cuando determinadas acciones de fiscalización contempladas en los programas y subprogramas no puedan ser llevadas a cabo, sea por insuficiencia operativa de los organismos sectoriales o por otra causa justificada, serán encomendadas por la Superintendencia a las entidades técnicas acreditadas de conformidad a esta ley o se realizarán directamente por sus propios fiscalizadores.

Artículo 25.- Las acciones de fiscalización, que sean ejecutadas directamente por la Superintendencia, por las entidades técnicas acreditadas o por los organismos sectoriales competentes, deberán ajustarse a las instrucciones técnicas de carácter general impartidas por ésta relativas a los protocolos, procedimientos y métodos de análisis en ellas definidos.

Artículo 26.- Los resultados de las inspecciones, mediciones y análisis realizados por la Superintendencia y los organismos sectoriales, junto con un informe técnico fundado y sus conclusiones, deberán remitirse, una vez finalizados, al Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental al cual se refiere el artículo 31.

Artículo 27.- En caso que la Superintendencia obligue a los sujetos fiscalizados a someterse a programas de evaluación y certificación de conformidad, consagrados en la letra o) del artículo 3°, podrá revisar las instalaciones de las empresas, industrias o proyectos con el objeto de verificar los sistemas productivos y los sistemas de control.

Estos programas serán determinados por la Superintendencia y corresponderá al Reglamento establecer sus procedimientos.

Serán de cargo del titular del proyecto o de la fuente sujeta a fiscalización todos los costos involucrados en los informes periódicos requeridos, incluidos los respectivos muestreos y análisis de laboratorios, los que deberán ser realizados por entidades debidamente registradas en el Sistema Nacional de Acreditación.

Artículo 28.- Durante los procedimientos de fiscalización los responsables de las empresas, industrias, proyectos y fuentes sujetos a dicho procedimiento deberán entregar todas las facilidades para que se lleve a cabo el proceso de fiscalización y no podrán negarse a proporcionar la información requerida sobre los aspectos materia de la misma.

Los funcionarios de la Superintendencia estarán facultados, en el cumplimiento de sus labores inspectivas, para ingresar a inmuebles, establecimientos o recintos públicos o privados en que se desarrollen actividades objeto de fiscalización, tomar muestras o registros del sitio o bienes fiscalizados, levantar actas y dejar testimonio en ellas de quienes se encontraren en el lugar de la fiscalización y en general, proceder a la ejecución de cualquier otra medida tendiente a hacer constar el estado y circunstancias de las actividad fiscalizada. Quienes sean objeto de fiscalización deberán facilitar el cumplimiento de su cometido a los funcionarios competentes.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, los funcionarios de la Superintendencia podrán solicitar directamente del Jefe de la Unidad de Carabineros más próxima o de la autoridad que corresponda, según el caso, el auxilio de la fuerza pública, la que podrá actuar con descerrajamiento, si fuere necesario, para ingresar a lugares cerrados que no constituyan morada.

La negativa a dar cumplimiento a los requerimientos durante las acciones de fiscalización será considerada como infracción gravísima.

Artículo 29.- La Superintendencia podrá citar a declarar a los representantes, directores, administradores, asesores y dependientes de los sujetos fiscalizados, como asimismo a testigos, respecto de algún hecho cuyo conocimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones. No estarán obligadas a concurrir a declarar las personas indicadas en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, a las cuales la Superintendencia deberá pedir declaración por escrito.

La Superintendencia podrá requerir de la justicia ordinaria la aplicación del procedimiento de apremio contemplado en los artículos 93 y 94 del Código Tributario, en contra de las personas que habiendo sido citadas bajo apercibimiento no concurran a declarar sin causa justificada.

Artículo 30.- Quienes realicen las acciones de fiscalización deberán guardar la debida confidencialidad de la información obtenida relativa a procesos y sistemas productivos o cualquier otro sujeto a propiedad industrial.

La infracción a esta norma será sancionada de conformidad al artículo 247 del Código Penal.

Párrafo 3°

Del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental

Artículo 31.- La Superintendencia administrará un Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, que se conformará con los siguientes antecedentes y datos:

a) Las Resoluciones de Calificación Ambiental y la totalidad de sus antecedentes; los permisos ambientales sectoriales asociados a cada una de ellas; las acciones de fiscalización desarrolladas a su respecto y sus resultados, y las mediciones, análisis y demás datos que los titulares deban proporcionar de conformidad a las exigencias establecidas por dichas Resoluciones;

b) Los Planes de Prevención y/o de Descontaminación y la totalidad de sus antecedentes; las acciones de fiscalización desarrolladas a su respecto y sus resultados, y las mediciones, análisis y demás datos que conforme a las medidas de cada Plan, deban proporcionarse por los sujetos fiscalizados o por los organismos sectoriales competentes;

c) Los procesos sancionatorios incoados respecto de cada actividad, proyecto y sujeto fiscalizado y sus resultados, y

d) Los procesos de fiscalización de las Normas de Emisión, de Calidad Ambiental y de las demás normas ambientales que no sean de control y fiscalización de otros órganos del Estado.

Artículo 32.- Para los efectos del artículo anterior, el Servicio de Evaluación Ambiental, los organismos sectoriales con competencia ambiental, los titulares de las Resoluciones de Calificación Ambiental y los demás sujetos a fiscalización de conformidad a esta ley, deberán proporcionar a la Superintendencia los siguientes antecedentes e informaciones:

a) Las Resoluciones de Calificación Ambiental dictadas y que se dicten, incluidos todos sus antecedentes y las modificaciones y aclaraciones de que sean objeto;

b) Los Planes de Prevención y/o de Descontaminación que se determine aplicar, incluidos todos sus antecedentes y las modificaciones y aclaraciones de que sean objeto;

c) Los permisos ambientales sectoriales que se otorguen;

d) Los resultados de los procesos de fiscalización ambiental que desarrollen los organismos sectoriales con competencia ambiental, así como de los procesos sancionatorios que les corresponda incoar;

e) Los resultados de las mediciones, muestreos y análisis que, de acuerdo a lo previsto en los Planes de Prevención y/o de Descontaminación, se deban realizar;

f) Los antecedentes y datos sobre mediciones, análisis y pruebas que los titulares de proyectos o actividades deban realizar conforme a sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental, y

g) Los antecedentes y datos sobre mediciones, análisis y pruebas que los titulares de las fuentes deban realizar de conformidad a las normas de emisión.

Las informaciones mencionadas deberán remitirse directamente a la Superintendencia sin necesidad de requerimiento alguno, en la forma y modo que para estos efectos se establezca en las instrucciones de carácter general que dicte la Superintendencia en las que deberán consignarse plazos razonables para su entrega y los modos de envío de la información, que deberán privilegiar los medios electrónicos.

El Reglamento establecerá el procedimiento y la forma en la cual operará dicho sistema de información, sin perjuicio de las instrucciones que imparta la Superintendencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia podrá requerir las informaciones y antecedentes adicionales que estimen necesarios para la conformación y mantención del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental.

Artículo 33.- La Superintendencia contará con una plataforma electrónica que le permita la adecuada administración del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental y su aplicación útil para la detección temprana de desviaciones o irregularidades y la consecuente adopción oportuna de las medidas o acciones que correspondan.

Dicha plataforma deberá permitir, además, mantener un historial sistematizado y actualizado de las acciones de fiscalización realizadas respecto de cada sujeto fiscalizado y sus resultados, así como de los procesos sancionatorios de que sean objeto y los resultados de ambos, que permita obtener información útil para la priorización de futuras fiscalizaciones y para la resolución de futuros procedimientos sancionatorios.

Artículo 34.- Las normas que establezcan el secreto o reserva sobre determinados asuntos no obstarán a que se proporcione a la Superintendencia la información o antecedente que ella requiera para el ejercicio de su fiscalización, sin perjuicio de que sobre su personal pese igual obligación de guardar tal reserva o secreto.

TÍTULO III

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Párrafo 1°

De las infracciones

Artículo 35.- Corresponderá exclusivamente a la Superintendencia del Medio Ambiente el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las siguientes infracciones:

a) El incumplimiento de las condiciones, normas y demás exigencias previstas en las Resoluciones de Calificación Ambiental;

b) La ejecución de proyectos y el desarrollo de actividades para los que la ley exige Resolución de Calificación Ambiental, sin contar con ella;

c) El incumplimiento de las medidas e instrumentos previstos en los Planes de Prevención y/o de Descontaminación, normas de calidad y emisión, cuando corresponda;

d) El incumplimiento por parte de entidades técnicas acreditadas por la Superintendencia, de los términos y condiciones bajo las cuáles se les haya otorgado la autorización, o de las obligaciones que esta ley les imponga;

e) El incumplimiento de las normas e instrucciones generales que la Superintendencia imparta en ejercicio de las atribuciones que le confiere esta ley;

f) El incumplimiento de los requerimientos y medidas urgentes y transitorias que la Superintendencia resuelva de conformidad a esta ley, respecto de los titulares de proyectos y actividades sujetos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental;

g) El incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con las descargas de residuos líquidos industriales, que no sean competencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios;

h) El incumplimiento de los planes de recuperación, conservación y gestión de especies establecidos en la ley Nº 19.300;

i) El incumplimiento de los requerimientos de información que la Superintendencia dirija a los sujetos fiscalizados, de conformidad a esta ley;

j) El incumplimiento de los planes de manejo a que se refiere la Ley Nº 19.300;

k) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales previstas en el artículo 48;

l) El incumplimiento de la obligación de informar de los responsables de fuentes emisoras, para la confección del registro al cual hace mención la letra p) del artículo 70 de la ley N° 19.300, y

m) El incumplimiento cualquiera de toda otra norma de carácter ambiental que no tenga establecida una sanción especifica.

Artículo 36.- Para los efectos del ejercicio de la potestad sancionadora que corresponde a la Superintendencia, las infracciones de su competencia se clasificarán en gravísimas, graves y leves.

1.- Son infracciones gravísimas los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que alternativamente:

a) Hayan causado daño ambiental, no susceptible de reparación;

b) Hayan generado grave riesgo para la salud de la población;

c) Provoquen un serio obstáculo para el cumplimiento de las medidas y objetivos de un Plan de Prevención y/o de Descontaminación;

d) Se hayan encubierto o pretendido simular mediante información falsa u ocultamiento de información;

e) Hayan impedido la fiscalización, encubierto una infracción o evitado el ejercicio de las atribuciones de la Superintendencia;

f) Involucren la ejecución de proyectos o actividades del artículo 10 de la Ley N° 19.300 al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y se constate en ellos alguno de los efectos, características o circunstancias previstas en el artículo 11 de dicha ley;

g) Constituyan reiteración o reincidencia en infracciones calificadas como graves de acuerdo con este artículo, y

h) Hayan causado cualquier tipo de daño en los recursos naturales pertenecientes a áreas silvestres protegidas del Estado.

2.- Son infracciones graves, los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que, alternativamente:

a) Hayan causado daño ambiental, susceptible de reparación;

b) Hayan generado un riesgo significativo para la salud de la población;

c) Afecten negativamente o el cumplimiento de las metas y objetivos de un Plan de Prevención y/o de Descontaminación;

d) Involucren la ejecución de proyectos o actividades del artículo 10 de la Ley N° 19.300 al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, si no están comprendidos en los supuestos de la letra f) del número anterior;

e) Incumplan gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental;

f) Conlleven el no acatamiento de las instrucciones, requerimientos y medidas urgentes dispuestas por la Superintendencia;

g) Constituyan una negativa a entregar información en los casos que la ley autoriza a la Superintendencia para exigirla;

h) Constituyan persistente reiteración de una misma infracción calificada como leve de acuerdo con este artículo, y

i) Se ejecuten al interior de áreas silvestres protegidas del Estado, sin autorización.

3.- Son infracciones leves los hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto obligatorio y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los incisos anteriores.

Artículo 37.- Las infracciones previstas en esta ley prescribirán a los tres años de cometidas, plazo que se interrumpirá con la notificación de la formulación de cargos por los hechos constitutivos de las mismas.

Párrafo 2°

De las sanciones

Artículo 38.- Las infracciones cuyo conocimiento compete a la Superintendencia, podrán ser objeto de las siguientes sanciones:

a) Amonestación por escrito;

b) Multa de cinco a cincuenta mil unidades tributarias anuales;

c) Clausura temporal o definitiva, y

d) Revocación de la Resolución de Calificación Ambiental.

Artículo 39.- La sanción que corresponda aplicar a cada infracción se determinará, según su gravedad, dentro de los siguientes rangos:

a) Las infracciones gravísimas podrán ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura, o multa de hasta cincuenta mil unidades tributarias anuales;

b) Las infracciones graves podrán ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura, o multa de hasta veinticinco mil unidades tributarias anuales, y

c) Las infracciones leves podrán ser objeto de amonestación por escrito o multa de una hasta mil unidades tributarias anuales.

Artículo 40.- Para la determinación de las sanciones específicas que en cada caso corresponda aplicar, se considerarán las siguientes circunstancias:

a) La importancia del daño causado o del peligro ocasionado;

b) El porcentaje estimativo de población cuya salud pudo afectarse por la infracción;

c) El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción;

d) La intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma;

e) La conducta anterior del infractor;

f) La capacidad económica del infractor;

g) El cumplimiento del programa señalado en la letra q) del artículo 3°, y

h) Todo otro criterio que, a juicio fundado de la Superintendencia, sea relevante para la determinación de la sanción.

Artículo 41.- La Superintendencia deberá eximir del monto de la multa al infractor que concurra a sus oficinas, por primera vez, y denuncie estar cometiendo, por sí, cualquier infracción de aquellas establecidas en los artículos precedentes, siempre y cuando ejecute íntegramente el programa de cumplimiento previsto en el artículo 42.

En caso que un infractor ya hubiese concurrido a autodenunciarse, la utilización por segunda y tercera vez de dicho mecanismo rebajará hasta en un 75% y 50%, respectivamente, la multa impuesta por la Superintendencia en el proceso sancionatorio respectivo, siempre y cuando ejecute íntegramente el programa de cumplimiento previsto en el artículo 42.

Esta exención o rebaja sólo procederá cuando el infractor suministre información precisa, verídica y comprobable respecto de los hechos que constituyen infracción y ponga fin, de inmediato, a los mismos, adoptando todas las medidas necesarias para reducir o eliminar los efectos negativos.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que la Superintendencia hubiese iniciado la etapa de investigación respecto de los mismos hechos, la denuncia establecida en el inciso primero de este artículo no producirá ningún efecto respecto del infractor.

Artículo 42.- Iniciado un procedimiento sancionatorio, el infractor podrá presentar en el plazo de 5 días, contados desde el acto que lo incoa, un programa de cumplimiento.

Para estos efectos se entenderá como programa de cumplimiento, el plan de acciones y metas presentado por el infractor, para que dentro de un plazo fijado por la Superintendencia, los responsables cumplan satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indique.

No podrán presentar programas de cumplimiento aquellos infractores que se hubiesen acogido a programas de gradualidad en el cumplimiento de la normativa ambiental o hubiesen cometido infracciones de aquellas denominadas gravísimas, o hubiesen sido objeto con anterioridad de la aplicación de una sanción por parte de la Superintendencia por infracciones gravísimas o hubiesen presentado, con anterioridad, un programa de cumplimiento, salvo que se hubiese tratado de infracciones leves.

Aprobado un programa de cumplimiento por la Superintendencia, el procedimiento sancionatorio se suspenderá.

Dicho procedimiento se reiniciará en caso de incumplirse las obligaciones contraídas en el programa, evento en el cual se podrá aplicar hasta el doble de la multa que corresponda a la infracción original, salvo que hubiese mediado autodenuncia.

Cumplido el programa dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a las metas fijadas en él, el procedimiento administrativo se dará por concluido.

El Reglamento establecerá los criterios a los cuales deberá atenerse la Superintendencia para aprobar un programa de cumplimiento.

Con todo, la presentación del programa de cumplimiento y su duración interrumpirán el plazo señalado en el artículo 37.

Artículo 43.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas que se imponga, el infractor que haya ocasionado un daño ambiental estará obligado a reponer el Medio Ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado, o en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas.

Para tal efecto, una vez determinada la responsabilidad administrativa y constatada la existencia del daño ambiental, la Superintendencia, en la misma resolución que ponga término al procedimiento sancionatorio, ordenará al infractor presentar, en un plazo determinado, ante el Servicio de Evaluación Ambiental una proposición de reparación avalada por un estudio técnico ambiental, bajo apercibimiento de sancionarlo como responsable de infracción gravísima en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado.

El Servicio de Evaluación Ambiental deberá pronunciarse acerca de los aspectos técnicos del plan de reparación que el infractor deberá implementar a su costo y dentro de los plazos que al efecto le fije tal autoridad.

Una vez recibidos por la Superintendencia el plan de reparación y su respectiva aceptación por el Servicio de Evaluación Ambiental, ésta lo aprobará, y le corresponderá la fiscalización de su cumplimiento.

Desde la aprobación del plan de reparación a que se refiere el inciso anterior y mientras éste se ejecute, el plazo de prescripción para ejercer la acción por daño ambiental se suspenderá.

Sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia, el Consejo de Defensa del Estado ejercerá la acción por daño ambiental cuando exista incumplimiento del plan de reparación, cuando el plan señalado no se presente en el plazo exigido por la autoridad administrativa, cuando éste no sea aprobado por dicha autoridad y en todos los demás casos que se produzca daño ambiental.

El reglamento establecerá el plazo que tendrá el Servicio de Evaluación Ambiental para pronunciarse respecto de la proposición de reparación, avalada por un estudio técnico ambiental, y el plazo en el cual el infractor deberá implementar la reparación.

Artículo 44.- Las sanciones administrativas aplicadas de conformidad a esta ley, prescribirán a los tres años desde la fecha en que la respectiva resolución sancionatoria haya quedado a firme. Esta prescripción se interrumpirá por la notificación del respectivo procedimiento de ejecución o de la formulación de cargos por incumplimiento, según la naturaleza de la sanción aplicada.

Artículo 45.- Las resoluciones de la Superintendencia que apliquen multa tendrán mérito ejecutivo.

El monto de las multas impuestas por la Superintendencia será a beneficio fiscal, y deberá ser pagado en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de notificación de la resolución respectiva.

El pago de toda multa aplicada de conformidad a este Título deberá ser acreditado ante la Superintendencia, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que ésta debió ser pagada.

Si el infractor fuere una persona jurídica, las personas naturales que la representen legalmente o que actúen en su nombre serán subsidiariamente responsables del pago de la multa.

Artículo 46.- El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia en conformidad a la ley, devengará los reajustes e intereses establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

Párrafo 3°

Del procedimiento sancionatorio

Artículo 47.- El procedimiento administrativo sancionatorio podrá iniciarse de oficio, a petición del órgano sectorial o por denuncia.

Se iniciará de oficio cuando la Superintendencia tome conocimiento, por cualquier medio, de hechos que pudieren ser constitutivos de alguna infracción de su competencia. Se iniciará a petición del órgano sectorial, por su parte, cuando tome conocimiento de los informes expedidos por los organismos y servicios con competencia en materia de fiscalización ambiental, los que deberán ser evacuados de conformidad a lo establecido en esta ley y contener en especial la descripción de las inspecciones, mediciones y análisis efectuados así como sugerir las medidas provisionales que sean pertinente decretar.

Las denuncias de infracciones administrativas deberán ser formuladas por escrito a la Superintendencia, señalando lugar y fecha de presentación, y la individualización completa del denunciante, quien deberá suscribirla personalmente o por su mandatario o representante habilitado. Asimismo, deberán contener una descripción de los hechos concretos que se estiman constitutivos de infracción, precisando lugar y fecha de su comisión y, de ser posible, identificando al presunto infractor.

La denuncia formulada conforme al inciso anterior originará un procedimiento sancionatorio si a juicio de la Superintendencia está revestida de seriedad y tiene mérito suficiente. En caso contrario, se podrá disponer la realización de acciones de fiscalización sobre el presunto infractor y si ni siquiera existiere mérito para ello, se dispondrá el archivo de la misma por resolución fundada, notificando de ello al interesado.

Artículo 48.- Cuando se haya iniciado el procedimiento sancionador, el instructor del procedimiento, con el objeto de evitar daño inminente al medio ambiente o a la salud de las personas, podrá solicitar fundadamente al Superintendente la adopción de alguna o algunas de las siguientes medidas provisionales:

a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del riesgo o del daño;

b) Sellado de aparatos o equipos;

c) Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones;

d) Detención del funcionamiento de las instalaciones;

e) Suspensión temporal de la resolución de calificación ambiental, y

f) Ordenar programas de monitoreo y análisis específicos que serán de cargo del infractor.

Las medidas señaladas en el inciso anterior podrán ser ordenadas, con fines exclusivamente cautelares, antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, de conformidad a lo señalado en el artículo 32 de la ley Nº 19.880 y deberán ser proporcionales al tipo de infracción cometida y a las circunstancias señaladas en el artículo 40.

Dictada alguna de las medidas provisionales contempladas en los incisos precedentes o aplicada la letra g) del artículo 3°, y sin perjuicio de su cumplimiento inmediato, la Superintendencia remitirá todos los antecedentes y la respectiva resolución, a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón, el que deberá evacuarse, si corresponde, dentro del plazo de cinco días.

Artículo 49.- La instrucción del procedimiento sancionatorio se realizará por un funcionario de la Superintendencia que recibirá el nombre de instructor y se iniciará con una formulación precisa de los cargos, que se notificarán al presunto infractor por carta certificada en el domicilio que tenga registrado ante la Superintendencia o en el que se señale en la denuncia, según el caso, confiriéndole un plazo de 15 días para formular los descargos.

La formulación de cargos señalará una descripción de los hechos que se estimen constitutivos de infracción y la fecha de su verificación, la norma, medidas o condiciones eventualmente infringidas y la disposición que establece la infracción, la sanción asignada.

Artículo 50.- Recibidos los descargos o transcurrido el plazo otorgado para ello, la Superintendencia examinará el mérito de los antecedentes, podrá ordenar la realización de las pericias e inspecciones que sean pertinentes y la recepción de los demás medios probatorios que procedan.

En todo caso, se dará lugar a las medidas o diligencias probatorias que solicite el presunto infractor en sus descargos, que resulten pertinentes y conducentes. En caso contrario, las rechazará mediante resolución motivada.

Artículo 51.- Los hechos investigados y las responsabilidades de los infractores podrán acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho, los que se apreciarán en conciencia.

Los hechos constatados por los funcionarios a los que se reconocen la calidad de ministro de fe, y que se formalicen en el expediente respectivo, tendrán el valor probatorio señalado en el artículo 8°, sin perjuicio de los demás medios de prueba que se aporten o generen en el procedimiento.

Artículo 52.- Concluidas las diligencias y plazos señalados en los artículos anteriores, la Superintendencia podrá requerir los informes de otros organismos sectoriales con competencia ambiental, que estime pertinentes para ilustrar su resolución.

Artículo 53.- Cumplidos los trámites señalados en los artículos anteriores, el fiscal instructor del procedimiento emitirá, dentro de cinco días, un dictamen en el cual propondrá la absolución o sanción que a su juicio corresponda aplicar.

Dicho dictamen deberá contener la individualización del o de los infractores; la relación de los hechos investigados y la forma como se ha llegado a comprobarlos, y la proposición al Superintendente de las sanciones que estimare procedente aplicar o de la absolución de uno o más de los infractores.

Artículo 54.- Emitido el dictamen, el instructor del procedimiento elevará los antecedentes al Superintendente, quien resolverá en el plazo de diez días, dictando al efecto una resolución fundada en la cual absolverá al infractor o aplicará la sanción, en su caso.

No obstante, el Superintendente podrá ordenar la realización de nuevas diligencias o la corrección de vicios de procedimiento, fijando un plazo para tales efectos, dando audiencia al investigado.

Ninguna persona podrá ser sancionado por hechos que no hubiesen sido materia de cargos.

Párrafo 4°

De los recursos

Artículo 55.- En contra de las resoluciones de la Superintendencia que apliquen sanciones, se podrá interponer el recurso de reposición, en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución.

El plazo para resolver cada uno de estos recursos será de treinta días hábiles.

La interposición de estos recursos suspenderá el plazo para reclamar de ilegalidad, siempre que se trate de materias por las cuales procede dicho recurso.

Artículo 56.- Los afectados que estimen que las resoluciones de la Superintendencia no se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponda aplicar, podrán reclamar de las mismas, dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde la notificación, ante el Juez de Letras en lo Civil correspondiente al domicilio del reclamante. Si la resolución afectare a más de una persona o entidad, cuyos domicilios correspondieren a territorios jurisdiccionales de diferentes Cortes, será competente para conocer de todas las reclamaciones a que haya lugar aquella que corresponda al domicilio de la autoridad que haya expedido el acto administrativo reclamado.

Las resoluciones que impongan multas serán siempre reclamables y aquellas no serán exigibles mientras no esté vencido el plazo para interponer la reclamación, o ésta no haya sido resuelta.

Para el caso que el infractor no interponga reclamo de ilegalidad ante el Juez de Letras en lo Civil en contra de las resoluciones de la Superintendencia que impongan sanciones pecuniarias y pague la respectiva multa, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación de la resolución, se le reducirá un 25% del valor de la multa. El pago deberá ser acreditado en el plazo señalado presentando copia de la consignación del valor de la multa reducida efectuado en la Tesorería General de la República.

Artículo 57.- El tribunal dará traslado de la reclamación a la Superintendencia, notificándola por oficio y ésta dispondrá del plazo de diez días hábiles contado desde que se notifique la reclamación interpuesta, para formular observaciones.

El tribunal no podrá decretar medida alguna que suspenda los efectos del acto reclamado, cuando la suspensión de los efectos de la resolución pueda afectar la salud de la población o la preservación del medio ambiente.

Evacuado el traslado por la Superintendencia, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal citará a oír sentencia, a menos que estime pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días.

El tribunal dictará sentencia dentro del término de quince días. Contra la resolución del tribunal se podrá apelar ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de cinco días hábiles, agregándose extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima.

Párrafo 5°

Normas generales

Artículo 58.- La Superintendencia deberá consignar las sanciones aplicadas en un registro público en el cuál se señalarán los nombres, apellidos, denominación o razón social, de las personas naturales o jurídicas responsables y la naturaleza de las infracciones y sanciones.

Este registro deberá estar a disposición de cualquier persona que lo requiera, debiendo permitirse su consulta también por vía electrónica.

El Reglamento determinará la forma y modo en que deberá confeccionarse el precitado registro, la actualización del mismo, así como cualquier otro aspecto que sea útil para el adecuado registro, acceso y publicidad de las sanciones impuestas.

Artículo 59.- Iniciado un procedimiento administrativo sancionador por parte de la Superintendencia no podrá ningún organismo sectorial con competencia ambiental, por los mismos hechos, iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio de competencias propias o denunciarlos a la justicia civil, a menos que la Superintendencia se declare incompetente.

Los organismos sectoriales con competencia ambiental que, en el ejercicio de sus funciones, tomen conocimiento de estas infracciones estarán obligados a denunciarlos a la Superintendencia.

Artículo 60.- Cuando por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos, el infractor pudiese ser sancionado con arreglo a esta ley y a otra u otras leyes, de las sanciones posibles, se le impondrá la de mayor gravedad.

En ningún caso se podrá aplicar al infractor, por los mismos hechos y fundamentos jurídicos, dos o más sanciones administrativas.

Artículo 61.- En todo lo no previsto en la presente ley, se aplicará supletoriamente la ley N° 19.880.”.

ARTÍCULO TERCERO.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente:

1) En el artículo 2°.

a) Incorpóranse las siguientes letras a bis, a ter, h bis e i bis:

“a bis) Biotecnología: se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos;

a ter) Cambio Climático: se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables;”.

“h bis) Efecto Sinérgico: aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente;”.

“i bis). Evaluación Ambiental Estratégica: el procedimiento realizado por el Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable, al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo general, que tengan impactos sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y sus modificaciones sustanciales;”.

b) Reemplázase, en la letra j), la frase “de la Comisión Nacional del Medio Ambiente o de la Comisión Regional respectiva, en su caso,” por “del Servicio de Evaluación Ambiental”.

c) Incorpórase la siguiente letra m bis):

“m bis). Mejores técnicas disponibles: la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestre la capacidad práctica de determinadas técnicas para evitar o reducir en general las emisiones y el impacto en el medio ambiente y la salud de las personas. Con tal objeto se deberán considerar una evaluación de impacto económico y social de su implementación, los costos y los beneficios, la utilización o producción de ellas en el país, y el acceso, en condiciones razonables, que el regulado pueda tener a las mismas;”

2) En el artículo 4º.

a) Intercálase en el inciso primero, entre las palabras “participación ciudadana” y la conjunción “y” la siguiente frase “, permitir el acceso a la información ambiental”.

b) Agrégase el siguiente inciso segundo:

“Los órganos del Estado, en el ejercicio de sus competencias ambientales y en la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, deberán propender por la adecuada conservación, desarrollo y fortalecimiento de la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones sociales y culturales de los pueblos, comunidades y personas indígenas, de conformidad a lo señalado en la ley y en los Convenios internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

3) Agrégase, a continuación del artículo 7°, el siguiente párrafo 1 bis:

“Párrafo 1 bis.

De la Evaluación Ambiental Estratégica.

Artículo 7° bis.- Se someterán a evaluación ambiental estratégica las políticas y planes de carácter normativo general, así como sus modificaciones sustanciales, que tengan impactos sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, que el Presidente de la República, a proposición del Consejo de Ministro, señalado en el artículo 72, decida.

En todo caso, siempre deberán someterse a evaluación ambiental estratégica los planes regionales de ordenamiento territorial, planes intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales, planes de desarrollo urbano y zonificaciones del borde costero y del territorio marítimo. En esta situación el procedimiento y aprobación del instrumento estará a cargo del Ministerio de Vivienda, el Gobierno Regional o el Municipio o cualquier otro organismo de la administración del Estado, respectivamente.

La elaboración de las políticas y planes deberá contemplar las etapas de diseño y aprobación.

En la etapa de diseño, el organismo que dictará la política o plan, deberá considerar los objetivos y efectos ambientales del instrumento, así como los criterios de desarrollo sustentable de los mismos. Durante esta etapa se deberá integrar a otros órganos de la administración del Estado vinculados a las materias objeto de la política o plan, así como otros instrumentos relacionados con ellos. En el caso señalado en el inciso segundo, se deberán siempre considerar los instrumentos relacionados con capacidad vial elaborados por la autoridad competente.

En la etapa de aprobación, se deberá elaborar un anteproyecto de política o plan que contendrá un informe ambiental, que será remitido al Ministerio del Medio Ambiente para sus observaciones, para luego ser sometido a consulta pública por parte del organismo responsable.

Artículo 7° ter.- Un reglamento establecerá el procedimiento y plazos en virtud del cual se tramitará este tipo de evaluación, el que deberá considerar:

a) Los aspectos básicos a considerar durante la etapa de diseño, incluida la forma de consulta y coordinación de los organismos del Estado que puedan vincularse con la política o plan objeto de evaluación;

b) Los contenidos mínimos detallados para la elaboración de los Informes Ambientales de las políticas o planes;

c) Forma de participación del público interesado. El reglamento considerará la participación ciudadana en sus tres dimensiones: informativa, consultiva y resolutiva, y

d) Forma de publicidad de la política o plan, así como su reformulación posterior.

Artículo 7° quater.- La etapa de aprobación de la política o plan, culminará con una resolución del Ministerio sectorial, en la cual se señalará el proceso de elaboración de la política o plan desde su etapa de diseño, la participación de los demás organismos del Estado, la consulta pública realizada y la forma en que ha sido considerada, el contenido del informe ambiental y las respectivas consideraciones ambientales y de desarrollo sustentable que debe incorporar la política o plan para su dictación, así como los criterios e indicadores de seguimiento.”.

4) En el artículo 8°:

a) Agréganse, los siguientes incisos tercero y cuarto, pasando el actual tercero a ser inciso final:

“Sin perjuicio de los permisos o pronunciamientos sectoriales, siempre se requerirá el informe del Gobierno Regional, del Municipio respectivo y la autoridad marítima competente, cuando corresponda, sobre la compatibilidad territorial del proyecto presentado.

Los proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental deberán considerar siempre las políticas y planes evaluados estratégicamente, de conformidad a lo señalado en el Párrafo 1 bis de este título.”.

b) Sustitúyense, en el inciso final, la frase “a la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente, en su caso”, por “al Servicio de Evaluación Ambiental”, y la palabra “precedente”, “por anterior”

5) En el artículo 9°:

a) Sustitúyese, en el inciso segundo, la expresión “Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región” por “Comisión establecida en el artículo 86 o Comisión de Evaluación” y la denominación “Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente” por “el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental”.

b) Reemplázanse, en el inciso tercero, las expresiones “a ésta Dirección” por “al Director del Servicio de Evaluación Ambiental” y “Comisiones Regionales del Medio Ambiente” por “Comisiones de Evaluación”.

c) Reemplázase, en el inciso cuarto, la expresión “Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente” por “la Comisión de Evaluación o el Director Ejecutivo del Servicio”.

d) Agrégase el siguiente inciso final:

“Los pronunciamientos de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, deberán ser fundados y formulados dentro de las esferas de sus respectivas competencias.”.

6) Incorpóranse, los siguientes artículo 9° bis y 9° ter:

“Artículo 9° bis.- La comisión a la cual se refiere el artículo 86 o el Director Ejecutivo, en su caso, deberán calificar o rechazar un proyecto o actividad sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sólo en virtud del informe consolidado de evaluación, el que contendrá todos los pronunciamientos ambientales de los organismos con competencia que participaron en la evaluación, la evaluación técnica de las observaciones planteadas por la comunidad y los interesados, cuando corresponda, así como la recomendación de aprobación o rechazo del proyecto.

El incumplimiento a lo señalado en el inciso anterior se considerará vicio esencial del procedimiento de calificación ambiental.

Excepcionalmente, la comisión establecida en el artículo 86 o el Director Ejecutivo, en su caso, podrá calificar o rechazar un proyecto o actividad sin atenerse a lo señalado en el informe consolidado de evaluación o a los informes de los servicios públicos, siempre y cuando cuenten con un informe técnico ambiental que justifique la adopción de esa decisión excepcional.

Artículo 9° ter.- Los proponentes de los proyectos o actividades, en sus Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental, deberán describir la forma en que tales proyectos o actividades se ajustan a las políticas, planes y programas de desarrollo regional, así como los planes de desarrollo comunal.

La comisión señalada en el artículo 86 deberá siempre solicitar pronunciamiento al Gobierno Regional respectivo, así como a las municipalidades del área de influencia del proyecto, con el objeto de que éstos señalen si el proyecto o actividad se ajusta a las políticas, planes y programas de desarrollo regional y a los planes de desarrollo comunal, respectivamente.”.

7) En el artículo 10:

a) Elimínanse, en su letra h), la frase “Planes regionales de desarrollo urbano, planes intercomunales, planes reguladores comunales, planes seccionales,” y la expresión “que los modifiquen o”.

b) Agrégase la siguiente letra r):

“r) Proyectos de desarrollo, cultivo o explotación, en las áreas mineras, agrícolas, forestales e hidrobiológicas que utilicen organismos genéticamente modificados”.

8) Agréganse los siguientes artículos 11 bis, 11 ter y 11 quater:

“Artículo 11 bis.- Los proponentes no podrán fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de eludir o variar a sabiendas el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Será competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente determinar la infracción a esta obligación y obligar al proponente a ingresar adecuadamente a dicho Sistema.

No se aplicará lo señalado en el inciso anterior cuando el proponente acredite que el proyecto o actividad corresponde a uno cuya ejecución se realizará por etapas o correspondan a diferentes proyectos o actividades que pueden desarrollarse o ejecutarse independientemente el uno del otro.

Artículo 11 ter.- Si el proyecto o actividad contempla la realización de dos o más proyectos o actividades, que por sí mismas, correspondan a aquellas enumeradas en el artículo 10, o presenten alguna de las características señaladas en el artículo 11, deberá someterse a una sola evaluación de impacto ambiental.

Artículo 11 quater.- En caso de modificarse un proyecto o actividad que cuenta con el certificado señalado en el artículo 24, el proponente deberá ingresar la modificación al Sistema de Evaluación de Evaluación de Impacto Ambiental, debiendo la evaluación considerar el impacto ambiental que el proyecto y la modificación, en forma conjunta, producen.”.

9) En el artículo 12, agrégase, en la letra d), a continuación del punto y coma (;), que pasa a ser punto seguido (.) el siguiente párrafo: “Cuando el proyecto deba presentar un Estudio de Impacto Ambiental por generar alguno de los efectos, características o circunstancias señaladas en las letras a), c) y, cuando corresponda, en la letra d) del artículo anterior, y no existiera Norma Primaria de Calidad, el proponente deberá considerar un capítulo específico relativo al riesgo que el proyecto generará en la salud de las personas;”.

10) Agrégase el siguiente artículo 12 bis:

“Artículo 12 bis.- Las declaraciones de Impacto Ambiental considerarán las siguientes materias:

a) Una descripción del proyecto o actividad;

b) Los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental;

c) La indicación normativa ambiental aplicable, y la forma en la que se cumplirá; y

d) La indicación de los permisos ambientales sectoriales aplicables, y los antecedentes asociados a los requisitos y exigencias para el respectivo pronunciamiento”.

11) En el artículo 13.

a) En el inciso primero:

i) Intercálase a continuación de la expresión “Estudio” la expresión “o Declaración”.

ii) Sustitúyese la frase “y la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente” por “, el Servicio de Evaluación Ambiental”, y

iii) Intercálase, antes de la expresión “, en su caso”, la frase “y los órganos de la administración del Estado competentes,”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, las palabras “Secretaria General de la Presidencia” por “del Medio Ambiente”.

c) Intercálase, en su letra b), a continuación de la expresión “Estudios” las palabras “y Declaraciones”; y sustitúyese la referencia a los artículos “11 y 12”, por “11, 12, 12 bis, 13 bis y 18”, según corresponda”.

d) Reemplázase, en la letra c), la frase “tramitación de los Estudios de Impacto Ambiental” por “evaluación de impacto ambiental” y elimínese la frase “de conformidad con el artículo siguiente”.

12) Incorpórase, el siguiente artículo 13 bis:

“Artículo 13 bis.- Los proponentes deberán informar a la autoridad ambiental si han establecido, antes o durante el proceso de evaluación, negociaciones con los interesados con el objeto de acordar medidas de compensación o mitigación ambiental. En el evento de existir tales acuerdos, éstos no serán vinculantes para la calificación ambiental del proyecto o actividad.”.

13) En el artículo 14.

a) Reemplázase, en el inciso primero, la palabra “anterior” por el guarismo “13”.

b) Sustitúyase, en la letra b), la frase “calificación de un Estudio de Impacto Ambiental” por “evaluación de impacto ambiental”.

c) Intercálase, en la letra c), a continuación de la palabra “Estudios” la expresión “y Declaraciones”; y reemplázase la expresión “el artículo 16” por “los artículos 16 y 19”.

d) Agrégase, en la letra e), a continuación de la palabra “Estudio” las palabras “o la Declaración”.

14) Incorpórase el siguiente artículo 14 bis:

“Artículo 14 bis.- El procedimiento de evaluación de impacto ambiental y los actos administrativos que se originen de él, podrán expresarse a través de medios electrónicos, conforme a las normas de la Ley Nº 19.799 y su reglamento, y a lo previsto en este artículo.

Se entenderá que el titular de un proyecto acepta la utilización de técnicas y medios electrónicos en todas las actuaciones del procedimiento que le afecten, desde que ingrese su Estudio o Declaración, salvo que expresamente solicite lo contrario.

Las observaciones que formularen las organizaciones ciudadanas y personas naturales a que se refieren los artículos 28 y 30 bis, podrán expresarse a través de medios electrónicos, conforme a las normas generales.

Sin embargo, no se emplearán medios electrónicos respecto de aquellas actuaciones que por su naturaleza o por expresa disposición legal deben efectuarse por otro medio.”.

15) En el artículo 15:

a) Sustitúyase, en el inciso primero, la expresión “La Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente” por “La Comisión establecida en el artículo 86 o el Director Ejecutivo”.

b) Suprímese el inciso segundo, pasando el inciso final a ser segundo.

c) En el inciso segundo, sustitúyense la expresión “la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente” por “La Comisión establecida en el artículo 86 o el Director Ejecutivo”; y la palabra “treinta” por “quince”.

d) Agrégase el siguiente inciso final:

“Cuando el Estudio de Impacto Ambiental se refiera a proyectos o actividades que deber ser implementados de manera urgente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, así como a servicios que no pueden paralizarse sin serio perjuicio para el país, el plazo de evaluación se reducirá a la mitad, ordenándose todos los trámites proporcionalmente a ese nuevo plazo. La calificación de urgencia para la evaluación será realizada por el Director Ejecutivo a petición del interesado. El reglamento determinará los requisitos, formas y condiciones necesarios para la solicitud, la aprobación y su debida publicidad.”.

16) Agregase el siguiente artículo 15 bis:

“Artículo 15 bis. Si el Estudio de Impacto Ambiental carece de información relevante o esencial para su evaluación que no pudiere ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, el Director Regional o el Director Ejecutivo, así lo declarará mediante resolución fundada, ordenando devolver los antecedentes al titular y poniendo término al procedimiento.

La resolución a que se refiere el inciso precedente sólo podrá dictarse dentro de los primeros cuarenta días contados desde la presentación del respectivo Estudio de Impacto Ambiental. Transcurrido este plazo, no procederá devolver o rechazar el estudio por la causal señalada, debiendo completarse su evaluación.

Los organismos a los que se refiere el inciso cuarto del artículo 9º, deberán comunicar, tan pronto le sea requerido su informe, al Director Regional o el Director Ejecutivo si en los Estudios sometidos a su conocimiento se ha constatado el defecto previsto en este artículo.

En contra de la resolución que se dicte sólo podrá deducirse recurso de reposición dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación. El recurso deberá resolverse dentro del plazo de veinte días.”.

17) En el artículo 16.

a) Introdúcense, en el inciso primero, las siguientes modificaciones:

i) Sustitúyese la expresión “la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente” por “La Comisión establecida en el artículo 86 o el Director Ejecutivo”.

ii) Reemplázase la frase “pudiendo suspenderse de común acuerdo” por “suspendiéndose de pleno derecho”.

iii) Agrégase la siguiente oración final, pasando el actual punto a parte (.) a ser punto seguido, “El proponente podrá, por una sola vez, solicitar la extensión del plazo otorgado para cada suspensión.”.

b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la palabra “anterior” por el guarismo “15”.

18) Derógase el artículo 17.

19) En el artículo 18.

a) Sustitúyese, en su inciso tercero, la expresión “La Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente” por “La Comisión establecida en el artículo 86 o el Director Ejecutivo”.

b) Reemplázase, el inciso final por el siguiente:

“En el caso que la Comisión establecida en el artículo 86 o el Director Ejecutivo, según corresponda, no pueda pronunciarse sobre una Declaración de Impacto Ambiental en razón de la falta de algún permiso o pronunciamiento sectorial ambiental, se requerirá al organismo del Estado responsable para que, en el plazo de diez días, emita el respectivo permiso o pronunciamiento. Vencido este plazo, el permiso o pronunciamiento faltante se tendrá por otorgado favorablemente.”.

20) Agréganse, los siguientes artículos 18 bis y 18 ter:

“Artículo 18 bis.- Si la Declaración de Impacto Ambiental adolece de información relevante o esencial para su evaluación que no pudiese ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, o si el respectivo proyecto o actividad requiere de un Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda, así lo declarará mediante resolución fundada, ordenando devolver los antecedentes al titular y poniendo término al procedimiento.

La resolución a que se refiere el inciso precedente sólo podrá dictarse dentro de los primeros treinta días contados desde la presentación de la respectiva declaración de impacto ambiental. Transcurrido este plazo, no procederá devolver o rechazar la Declaración por las causales señaladas, debiendo completarse su evaluación.

En contra de la resolución que se dicte sólo podrá deducirse recurso de reposición dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación. El recurso deberá resolverse en el plazo de veinte días.

Artículo 18 ter.- Los titulares, al presentar una Declaración de Impacto Ambiental, podrán incluir, a su costo, el compromiso de someterse a un proceso de evaluación y certificación de conformidad, respecto del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y de las condiciones sobre las cuales se califique favorablemente el proyecto o actividad. En este caso, dicha Declaración deberá ser calificada en un plazo máximo de treinta días, sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente.

Para estos efectos, la Superintendencia del Medio Ambiente llevará un registro de las personas naturales y jurídicas acreditadas, que realicen la evaluación y certificación de conformidad de las Resoluciones de Calificación Ambiental. El reglamento determinará los requisitos, condiciones y procedimientos necesarios para su administración y funcionamiento.”.

21) En el artículo 19.

a) En el inciso primero:

i) Sustitúyese la expresión “la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente” por “la Comisión establecida en el artículo 86 o el Director Ejecutivo”.

ii) Reemplázase la frase “pudiendo suspenderse de común acuerdo” por “suspendiéndose de pleno derecho”.

iii) Agrégase la siguiente oración final, pasando el actual punto a parte (.) a ser punto seguido, “El proponente podrá, por una sola vez, solicitar la extensión del plazo otorgado para cada suspensión.”.

b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la expresión “El presidente de la Comisión” por “El Director Regional o el Director Ejecutivo, en su caso,”.

c) Agrégase, en el inciso tercero, a continuación de la frase “si el respectivo proyecto o actividad requiere de un Estudio de Impacto Ambiental”, lo siguiente: “o cuando no se acreditare el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable”.

d) Sustitúyese, en el inciso final, la frase “la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente” por “la Comisión establecida en el artículo 86 o el Director Ejecutivo”.

22) Agrégase el siguiente artículo 19 bis:

“Artículo 19 bis.- Transcurridos los plazos a que se refieren los artículos 15, 18 y 18 ter sin que la Comisión establecida en el artículo 86 o el Director Ejecutivo se hubieren pronunciado sobre un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, y cumplidos los requisitos del artículo 64 de la ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, dicho Estudio o Declaración, con sus aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, si las hubiere, se entenderá aprobado.

El certificado que el Director Regional o el Director Ejecutivo expida en caso de configurarse la situación prevista en el inciso anterior, además de especificar que el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental no fue evaluado dentro del plazo legal, individualizará el o los documentos sobre los que recae la aprobación a que se refiere este artículo.”.

23) En el artículo 20:

a) Reemplázase el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 20.- En contra de la resolución que niegue lugar, rechace o establezca condiciones o exigencias a una Declaración de Impacto Ambiental, procederá la reclamación ante el Director Ejecutivo. En contra de la resolución que rechace o establezca condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, procederá la reclamación ante un comité integrado por los Ministros del Medio Ambiente, que lo presidirá, y los Ministros de Salud y de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Agricultura, de Energía y de Minería. Estos recursos deberán ser interpuestos por el responsable del respectivo proyecto, dentro del plazo de treinta días contado desde la notificación de la resolución recurrida. La autoridad competente resolverá, mediante resolución fundada, en un plazo fatal de treinta o sesenta días contados desde la interposición del recurso, según se trate de una Declaración o un Estudio de Impacto Ambiental.”.

b) Agréganse, los siguientes incisos segundo y tercero, pasando los actuales a ordenarse correlativamente:

“Con el objeto de resolver las reclamaciones señaladas en el inciso primero, el Director Ejecutivo y el Comité de Ministros podrá solicitar a terceros, de acreditada calificación técnica en las materias de que se trate, un informe independiente con el objeto de ilustrar adecuadamente la decisión. El reglamento establecerá como se seleccionará a dicho comité y las condiciones a las que deberá ajustarse la solicitud del informe.

En el caso de los Estudios de Impacto Ambiental, el Comité de Ministros deberá solicitar siempre informe a los organismos sectoriales que participaron de la evaluación ambiental.”.

c) Suprímese, en el inciso final, las palabras “a una Declaración” y agrégase a continuación de la palabra “Estudio” la expresión “o Declaración”.

24) En el artículo 21:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, la frase “Si se declara inadmisible una Declaración de Impacto Ambiental o se rechaza un Estudio de Impacto Ambiental” por “si se rechaza una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental”.

b) Incorpórase, el siguiente inciso segundo:

“Con todo, el nuevo ingreso no podrá materializarse sino hasta que se resuelva el recurso de reclamación a que se refiere el inciso primero del artículo 20 de esta ley, o hubiere quedado ejecutoriada la sentencia que se pronuncie sobre la reclamación establecida en el inciso cuarto del mismo artículo”.

25) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 22, la frase “de la respectiva Comisión del Medio Ambiente” por “del Servicio de Evaluación Ambiental”.

26) Derógase el artículo 23.

27) En el artículo 24, agregánse los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto:

“Los organismos del Estado a los que corresponda otorgar o pronunciarse sobre los permisos ambientales sectoriales a que se refiere esta ley, deberán informar a la Superintendencia del Medio Ambiente cada vez que se les solicite alguno de ellos, indicando si ha adjuntado o no una resolución de calificación ambiental y los antecedentes que permitan identificar al proyecto o actividad e individualizar a su titular.

En los casos que la Superintendencia detecte que una solicitud de permiso ambiental sectorial recae sobre un proyecto o actividad que de acuerdo a esta ley deba ser objeto de una evaluación de impacto ambiental previa y que no cuenta con la respectiva resolución de calificación ambiental aprobatoria, lo comunicará al organismo sectorial que corresponda, el que deberá abstenerse de otorgar el permiso o autorización en tanto no se acredite el cumplimiento de dicha exigencia, informando de ello al Servicio de Evaluación Ambiental.

El titular del proyecto o actividad, deberá someterse durante la fase de construcción y ejecución del mismo, estrictamente al contenido de la resolución de calificación ambiental respectiva.”.

28) En el artículo 25:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, pasando el actual segundo a ser tercero:

“Las condiciones o exigencias ambientales indicadas en el inciso anterior deberán responder a criterios técnicos solicitados por los servicios públicos que hubiesen participado en el proceso de evaluación.”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la oración “el artículo 64 de esta ley” por “la ley que crea la Superintendencia del Medio Ambiente”.

29) Agréganse los siguientes artículos 25 bis, 25 ter, 25 quater y 25 quinquies:

Artículo 25 bis.- Las Direcciones de Obras Municipales no podrán otorgar permisos de construcción definitivos si los proyectos o actividades a los que se refiere el artículo 10 no acreditan haber obtenido de una resolución de calificación ambiental favorable.

Artículo 25 ter. La resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando hubieren transcurrido más de tres años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contado desde su notificación, a menos que el proponente acredite fehacientemente ante el Servicio de Evaluación Ambiental que no ha existido cambios sustantivos en la línea de base de aprobación del proyecto.

El Reglamento deberá precisar las gestiones, actos o faenas mínimas que, según el tipo de proyecto o actividad, permitirán constatar el inicio de la ejecución de los mismos.

No obstante lo señalado en los incisos anteriores, la resolución de calificación ambiental caducará definitivamente si no se iniciare la ejecución del proyecto o actividad autorizada en el plazo de seis años, contado desde su notificación.

Artículo 25 quater.- La resolución que califique favorablemente el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental deberá ser notificada al proponente, informada a la Superintendencia del Medio Ambiente, a la comunidad y a todos los organismos que hayan participado del proceso de calificación ambiental.

La Superintendencia del Medio Ambiente administrará un registro público de resoluciones de calificación ambiental en el que se identifique el proyecto, su localización geográfica, la fecha de su otorgamiento, el titular, el objetivo del mismo y su estado. Dicho registro deberá actualizarse semestralmente, debiendo los titulares de proyectos informar en igual periodo acerca del estado de los mismos. Un reglamento determinará el contenido del registro y las formas en virtud de las cuales se actualizará.

Artículo 25 quinquies.- La Resolución de Calificación Ambiental podrá ser revisada, excepcionalmente, de oficio o a petición del titular, cuando ejecutándose el proyecto, los hechos sobre los cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, han variado sustantivamente en relación a lo proyectado o estos no se han verificado.

Con tal objeto se deberá instruir un procedimiento administrativo, que considere la audiencia del interesado, la solicitud de informe a los organismos sectoriales que participaron de la evaluación y la información pública del proceso.

El acto administrativo que realice la revisión podrá ser reclamado de conformidad a lo señalado en el artículo 20 de esta ley.”.

30) En el artículo 26.

a) Sustitúyese la expresión “las Comisiones Regionales y a la Comisión Nacional del Medio Ambiente” por “las Comisiones de Evaluación o el Director Ejecutivo”.

b) Suprímese la palabra “organizada”,

c) Reemplázase la frase “que se les presenten”, por “y de las Declaraciones cuando correspondan”.

31) En el artículo 27:

a) Trasládase el contenido del artículo 27 al artículo 28, con las siguientes modificaciones:

b) Reemplázanse la palabra “anterior” por el guarismo “26” y la expresión “la Comisión respectiva” por “la Comisión establecida en el artículo 86 o el Director Ejecutivo”.

c) Agrégase, el siguiente inciso tercero:

“En caso que el Estudio de Impacto Ambiental hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones de acuerdo a lo señalado en el artículo 29, el interesado deberá publicar en las mismas condiciones previstas en los incisos precedentes, debiendo individualizarse claramente el contenido de las aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones.”.

32) En el artículo 28:

a) Trasládase el contenido del artículo 28 al artículo 27, con las siguientes modificaciones:

b) Sustítuyese la frase “Las organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, por intermedio de sus representantes, y las personas naturales directamente afectadas, podrán” por “Cualquier persona, natural o jurídica, podrá”.

c) Reemplázanse la expresión “la Comisión” por la frase “el Servicio de Evaluación Ambiental”; y la palabra “estudio” por “proyecto”, la primera vez que aparece.

c) Suprímese la frase “a que se refiere el estudio”.

33) En el artículo 29.

a) Sustítuye, en el inciso primero, la frase “Las organizaciones ciudadanas y las personas naturales a que se refiere el artículo anterior podrán” por “Cualquier persona, natural o jurídica, podrá”.

b) Agrégase el siguiente inciso segundo, pasando los siguientes a ordenarse correlativamente:

“Si durante el procedimiento de evaluación el Estudio de Impacto Ambiental hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente al proyecto, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por treinta días, período en el cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación del Estudio de Impacto Ambiental. El Reglamento deberá precisar que tipo de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, según el tipo de proyecto o actividad, serán consideradas como modificaciones sustantivas a los proyectos.”.

c) Reemplázanse, los incisos segundo y tercero, que han pasado a ser tercero y cuarto, respectivamente, por los siguientes:

“El Servicio de Evaluación Ambiental considerará las observaciones como parte del proceso de calificación y deberá hacerse cargo de éstas, pronunciándose fundadamente respecto de todas ellas en su resolución. Dicho pronunciamiento deberá ser notificado a quien hubiere formulado las observaciones con a lo menos quince días de anticipación a la calificación del proyecto.

Cualquier personas, natural y jurídica, cuyas observaciones señaladas en los incisos anteriores no hubieren sido debidamente consideradas en los fundamentos de la Resolución de Calificación Ambiental establecida en el artículo 24, podrá presentar recurso de reclamación de conformidad a lo señalado en el artículo 20.”.

“El recurso no suspenderá los efectos de la resolución recurrida, salvo que el inicio de la ejecución del proyecto genere precisamente los impactos por los cuales se ha reclamado”.

34) En artículo 30:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “Las Comisiones Regionales o la Comisión Nacional del Medio Ambiente” por “las Comisiones de Evaluación o el Director Ejecutivo”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero:

“En caso que la Declaración de Impacto Ambiental hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones de acuerdo a lo señalado en el artículo 30 bis, el proponente deberá publicar en las mismas condiciones previstas en el artículo 28, debiendo individualizarse claramente el contenido de las aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones.”.

35) Incorpóranse los siguientes artículos 30 bis y 30 ter:

Artículo 30 bis.- Las Direcciones Regionales o el Director Ejecutivo, según corresponda, podrán decretar la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de veinte días, en aquellos proyectos cuya Declaración de Impacto Ambiental se presenten a evaluación, siempre que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas. Esta solicitud deberá hacerse por escrito y presentarse dentro del plazo de 10 días, contados desde la publicación en el Diario Oficial del proyecto sometido a Declaración de Impacto Ambiental de que se trate.

Si durante el procedimiento de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, ésta hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente al proyecto, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por diez días, período en el cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental. El Reglamento deberá precisar que tipo de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, según el tipo de proyecto o actividad, serán consideradas como modificaciones sustantivas a los proyectos

Tratándose de los proyectos sometidos a evaluación de conformidad a lo establecido en el artículo 18 ter, el plazo para la realización del proceso de participación ciudadana será de diez días.

El Servicio de Evaluación Ambiental considerará las observaciones como parte del proceso de calificación y deberá hacerse cargo de éstas, pronunciándose fundadamente respecto de todas ellas en su resolución. Dicho pronunciamiento deberá ser notificado a quien hubiere formulado las observaciones con a lo menos cinco días de anticipación a la calificación del proyecto.

Cualquier persona, natural o jurídica, cuyas observaciones señaladas en los incisos anteriores no hubieren sido debidamente consideradas en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental establecida en el artículo 24, podrá presentar recurso de reclamación de conformidad a lo señalado en el artículo 20.

El recurso no suspenderá los efectos de la resolución recurrida salvo que el inicio de la ejecución del proyecto genere precisamente los impactos por los cuales se ha reclamado.

Artículo 30 ter.- Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 28 y 30, los proponentes deberán anunciar mediante avisos a su costa, en medios de radiodifusión local y regional, la presentación del Estudio o Declaración, el lugar en donde se encuentran disponibles los antecedentes de éstos y el plazo para realizar observaciones. El reglamento deberá establecer el contenido de los anuncios, la forma de acreditar ante la autoridad su emisión y el plazo en el cual éstos deberán emitirse.”.

36) En el artículo 31:

a) Sustitúyense la expresión “La respectiva Comisión” por “La Comisión establecida en el artículo 86 o el Director Ejecutivo, en su caso,”, y el guarismo “27” por “28”.

b) Agrégase, antes del punto parte (.) la siguiente frase final: “y garantizar la participación de la comunidad”.

37) Intercálase, a continuación del artículo 31, el siguiente párrafo 3° bis:

“Párrafo 3° bis.

Del Acceso a la Información Ambiental.

Artículo 31 bis. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la Ley de acceso a la información pública.

Se entenderá por información ambiental toda aquella de carácter escrita, visual, sonora, electrónica o registrada de cualquier otra forma que se encuentre en poder de la Administración y que verse sobre las siguientes cuestiones:

a) El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, los paisajes, las áreas protegidas, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos genéticamente modificados; y la interacción entre estos elementos;

b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente señalados en el número anterior;

c) Los actos administrativos relativos a materias ambientales, o que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), y las medidas, políticas, normas, planes, programas, que les sirvan de fundamento.

d) Los informes de cumplimiento de la legislación ambiental;

e) Los análisis económicos, sociales, así como otros estudios utilizados en la toma de decisiones relativa a los actos administrativos y sus fundamentos, señalados en la letra c), y

f) El estado de salud y seguridad de las personas, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio cultural, cuando sean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o por cualquiera de los factores y medidas señaladas en las letras b) y c).

Artículo 31 ter.- El Ministerio del Medio Ambiente administrará un Sistema Nacional de Información Ambiental, desglosada regionalmente, en el cual se indicará:

a) Los textos de tratados, convenios y acuerdos internacionales, así como las leyes, reglamentos y demás actos administrativos sobre medio ambiente o relacionados con él;

b) Los informes sobre el estado del medio ambiente, señalados en la letra ñ) del artículo 70;

c) Los datos o resúmenes de los informes señalados en el número anterior, derivados del seguimiento de las actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente;

d) Las autorizaciones administrativas asociadas a actividades que pueden tener un efecto significativo sobre el medio ambiente, o en su defecto la indicación precisa de la autoridad que dispone de tal información, y

e) La lista de las autoridades públicas que disponen de información de contenido ambiental y que debe ser públicamente accesible.

Artículo 31 quater.- Cualquier persona que se considere lesionada en su derecho a acceder a la información ambiental, podrá recurrir ante la autoridad competente, de conformidad a lo señalado a la ley de acceso a la información pública.”.

38) El artículo 32:

a) Reemplázanse, en los incisos primero y segundo, las palabras “Secretario General de la Presidencia” por “del Medio Ambiente”, las dos veces que aparece.

b) Agrégase, en el inciso primero, el siguiente párrafo final, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido: “El Ministerio de Salud podrá solicitar fundadamente al Ministerio del Medio Ambiente la dictación de una norma primaria de calidad, la que deberá dictarse dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco años, a menos que dentro de tal plazo indique las razones técnicas para no acoger la solicitud.”.

c) Reemplazase, en el inciso cuarto, las palabras “la Comisión Nacional del Medio Ambiente” por “el Ministerio del Medio Ambiente”.

d) Reemplázase, en el inciso final, la frase “a la Comisión Nacional del Medio Ambiente” por “al Ministerio del Medio Ambiente”.

39) En el artículo 33, reemplázase la frase “Los organismos competentes del Estado desarrollarán” por “El Ministerio del Medio Ambiente administrará la información de los”.

40) En el artículo 36, inciso primero, intercálase entre las Palabras “lagunas” y embalses” la palabra “, glaciares ”.

41) Sustitúyese el artículo 37, por el siguiente:

“Artículo 37.- El reglamento fijará el procedimiento para clasificar las especies plantas, algas, hongos y animales silvestres, sobre la base de antecedentes científico-técnicos, y según su estado de conservación, en las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) u otro organismo internacional que dicte pautas en estas materias.

De conformidad a dichas clasificaciones el Ministerio del Medio Ambiente deberá aprobar planes de recuperación, conservación y gestión de dichas especies. El reglamento definirá el procedimiento de elaboración, el sistema de información pública y el contenido de cada uno de ellos.”.

42) En el artículo 38:

a) Sustitúyese en el inciso primero, la frase “Los organismos competentes del Estado confeccionarán y mantendrán” por “El Ministerio del Medio Ambiente velará que los organismos competentes del Estado confeccionen y mantengan”, y

b) Reemplázase, la expresión “flora y fauna” por “plantas, algas, hongos y animales silvestres”.

43) En el artículo 40.

a) En el inciso primero:

i) Agrégase, a continuación de la coma (,) que sigue a la palabra “supremo” la siguiente oración: “que llevará las firmas del Ministro del Medio Ambiente y del ministro competente según la materia de que se trate,”.

ii) Elimínase el párrafo que se encuentra a continuación del punto seguido (.) que pasa a ser punto a parte.

b) En el inciso segundo:

i) Reemplázase la frase “a la Comisión Nacional del Medio Ambiente” por “al Ministerio del Medio Ambiente”.

ii) Agrégase, al final del inciso, a continuación de la palabra aplicarán, la siguiente frase “, pudiendo utilizar las mejores técnicas disponibles, cuando corresponda”.

44) En el artículo 42, agrégase, a continuación del artículo “El” la siguiente frase “Ministerio del Medio Ambiente conjuntamente con el”; y sustitúyese la frase “de acuerdo a la normativa vigente” por “cuando corresponda”.

45) En el artículo 43.

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “Secretario General de la Presidencia” por “del Medio Ambiente”.

b) Agréganse, los siguientes incisos segundo y tercero, pasando el actual segundo a ser inciso final:

“Mediante Decreto Supremo, que llevará la firma del Ministro del Medio Ambiente, de Salud o del ministro sectorial, según corresponda, se dejará sin efecto la declaración de Zona Saturada o Latente, cuando no se cumplan las condiciones que la hicieron procedente.

El Decreto Supremo señalado en el inciso anterior dejará sin efecto las respectivas medidas del plan de Descontaminación y/o Prevención, pudiendo, en el primer caso, mantener vigentes las restricciones impuestas a las emisiones de las fuentes responsables a que se refiere la letra f) del artículo 45 y las medidas destinadas a prevenir episodios críticos de contaminación, por un plazo no superior a dos años contados desde la derogación del plan, con la sola finalidad de permitir la dictación del plan de prevención.”.

c) Sustitúyense, en el inciso segundo, que ha pasado a ser final, las expresiones “Comisión Regional del” por “Secretaría Regional Ministerial de” y “Comisión Nacional del” por “Ministerio del”

46) En el artículo 44.

a) Reemplázase, en el inciso primero, las palabras “Secretaría General de la Presidencia” por “del Medio Ambiente”.

b) Sustitúyense, en el inciso segundo, las palabras “a la Comisión Nacional del” por “al Ministerio del”; y la frase “Comisión Regional” por “Secretaría Regional Ministerial”.

47) En el artículo 46, sustitúyese la frase “de la respectiva Comisión Regional del Medio Ambiente, o de la Comisión Nacional del Medio Ambiente si el plan abarca zonas situadas en distintas regiones” por “de la Superintendencia del Medio Ambiente”.

48) Agrégase, a continuación del artículo 48, el siguiente artículo 48 bis:

“Artículo 48 bis.- Los actos administrativos que se dicten por los Ministerios o servicios para la ejecución o implementación de normas de calidad, emisión y planes de prevención o descontaminación, señalados en tales instrumentos, deberán contar siempre con informe previo del Ministerio del Medio Ambiente.”.

49) En el artículo 53, agrégase el siguiente inciso segundo:

“No procederá la acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado cuando quien cometió el daño ejecutó satisfactoriamente un plan de reparación aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.”.

50) Deróganse los artículos 56, 57, 58 y 59.

51) Sustitúyese el artículo 64, por el siguiente:

“Artículo 64. La fiscalización del permanente cumplimiento de las normas y condiciones sobre la base de las cuáles se han aprobado o aceptado los Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental, de las medidas e instrumentos que establezcan los Planes de Prevención y de Descontaminación, de las normas de calidad y emisión, así como de los planes de manejo establecidos en la presente ley, cuando correspondan, será efectuada por la Superintendencia del Medio Ambiente y los organismos sectoriales con competencias ambientales, de conformidad a lo señalado por la ley.”.

52) En el artículo 65.

a) Sustitúyense, en el inciso primero, la frase “del organismo fiscalizador competente” por “de la Superintendencia del Medio Ambiente”, y la palabra “éste” por “ésta”.

b) En el inciso segundo:

i) Reemplázase la frase “al organismo fiscalizador competente” por “a la Superintendencia del Medio Ambiente”.

ii) Sustitúyense las palabras “Comisión Regional del” por “Secretaría Regional Ministerial de”.

iii) Reemplázase la frase “del ministerio del cual dependa o a través del cual se relacione el organismo correspondiente con el Presidente de la República” por “del Ministerio del Medio Ambiente”.

53) En el artículo 66, reemplázase la frase “La Comisión Nacional del” por “El Ministerio del”.

54) En el artículo 67, sustitúyese la frase “Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del” por “Subsecretario de”; y reemplazase la frase “por el Consejo Directivo de dicha Comisión” por “al efecto”.

ARTÍCULO CUARTO.- Modifícase el Decreto Supremo N° 430, de 1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, de 1989, General de Pesca y Acuicultura, de la siguiente forma:

a) En el artículo 3°, incorpórase en la letra d), el siguiente párrafo final.

“Las declaraciones de Parques y reservas marinas, a que hacen mención los artículos 3°, letra d) y 48 letra b) serán realizados mediante Decreto del Ministerio del Medio Ambiente.”;

b) En el artículo 48, agrégase, en la letra d), el siguiente párrafo final:

“Dicha determinación se efectuará mediante decreto que llevará las firmas de los Ministros del Ministerio del Medio Ambiente y de Economía, Fomento y Reconstrucción.”.

c) En el artículo 87, sustitúyese, en el inciso primero, la expresión “del Ministerio” por la frase “de los Ministerios de Economía Fomento y Reconstrucción y de Medio Ambiente”.

ARTÍCULO QUINTO.- Modifícase el artículo 31° de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales, en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en el inciso segundo, la frase “Consejo de Monumentos Nacionales”, por “Ministerio del Medio Ambiente”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero y cuarto, la palabra “Consejo” por “Servicio” las dos veces que aparece.

c) Agregáse el siguiente inciso quinto, ordenándose los siguientes correlativamente:

“La declaración de santuario de la naturaleza deberá contar siempre con informe previo del Consejo de Monumentos Nacionales”.

d) Sustitúyese, en el inciso quinto, la frase “Ministerio de Agricultura” por “Ministerio del Medio Ambiente”.

ARTÍCULO SEXTO.- Modifícase el Decreto Ley N° 1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, en los siguientes términos:

a) En el artículo 16:

i) Sustitúyese, en el inciso primero, el punto aparte (.) por una coma (,), y agrégase la siguiente oración “en cuyo caso procederá informe previo del Ministerio del Medio Ambiente”.

ii) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “El Ministerio de Agricultura evacuará” por la siguiente: “Los Ministerios de Agricultura o Medio Ambiente, según corresponda, evacuarán”.

iii) Sustitúyese la palabra “hiciera” por “hicieran”.

b) En el artículo 21, agrégase, a continuación de la frase “Ministerio de Agricultura” lo siguiente “o el Ministerio del Medio Ambiente, según corresponda”.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Modifícase el artículo 25 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en los siguientes términos:

a) Incorpórase, antes de la expresión “aseo y ornato” la expresión “Medio Ambiente,”.

b) Agréganse, las siguientes letras d), e) y f), nuevas, sustituyendo en la letra b) la coma (,) y la conjunción “y” que le sigue, por un punto y coma (;):

“d) Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con medio ambiente;

e) Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su competencia, y

f) Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de la misma, el concejo podrá solicitar siempre un informe técnico al Ministerio del Medio Ambiente;”.

ARTÍCULO OCTAVO.- Reemplázase en el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley 294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que establece la funciones y estructura del Ministerio de Agricultura, la siguiente oración “la conservación, protección y acrecentamiento de los recursos naturales renovables” por “la protección de los recursos naturales renovables del ámbito silvoagropecuario, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente.”.

ARTÍCULO NOVENO.- Modifícase el artículo 129 bis 1 del Código de Aguas, en el siguiente sentido:

a) Agrégase, en el inicio del inciso segundo, el siguiente párrafo inicial: “Un reglamento, que deberá llevar la firma de los Ministros del Medio Ambiente y Obras Públicas, determinará los criterios en virtud de los cuales se establecerá el caudal ecológico mínimo.”.

b) En el inciso tercero.

i) Sustitúyase la frase “de la Comisión Regional del Medio Ambiente respectiva” por “del Ministerio del Medio Ambiente”.

ii) Elimínase la oración “Si la respectiva fuente natural recorre más de una región, el informe será evacuado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente.”.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Incorpórase en el artículo 2º de la ley N° 18.902, a continuación de la frase “y el control de los residuos líquidos industriales”, la siguiente oración: “que se encuentren vinculados a las prestaciones o servicios de las empresas sanitarias”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- El informe sobre el estado del Medio Ambiente al cual hace referencia el artículo 70 letra ñ), deberá realizarse dentro del plazo de dos años contados desde la dictación de la presente ley, a partir del cual se contabilizarán los plazos para la elaboración regular del mismo.

El sistema nacional de información ambiental, al cual hace mención el artículo 31 ter, entrará en vigencia en el plazo de dos años contados desde la dictación de la presente ley. En el término intermedio el Ministerio del Medio Ambiente deberá realizar las gestiones necesarias para su debida implementación.

Los proyectos o actividades sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental previos a la dictación de la presente ley, se sujetarán en su tramitación y aprobación a las normas vigentes al momento de su ingreso.

Artículo segundo.- Facúltase al Presidente de la República para que establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1) Fijar la planta de personal del Ministerio de Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental, de la Superintendencia de Medio Ambiente, así como el régimen de remuneraciones que le será aplicable a esta última. El encasillamiento en estas plantas podrá incluir personal de la Comisión Nacional de Medio Ambiente.

2) Ordenar el traspaso de personal desde de la Comisión Nacional de Medio Ambiente al Ministerio de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental, en las condiciones que determine y sin solución de continuidad, cualquiera sea la calidad jurídica del mismo. Del mismo modo, traspasará los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. El traspaso del personal titular de planta y a contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado que tenían a la fecha del traspaso, salvo que se produzcan entre instituciones adscritas a diferentes escalas de sueldos base, caso en el cual se realizará en el grado más cercano al total de remuneraciones que perciba el funcionario traspasado. A contar de esa misma fecha, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima se disminuirá en el número de cargos traspasados, cualquiera sea su naturaleza jurídica. En el respectivo decreto con fuerza de ley se determinará el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, estableciéndose además el plazo en que se llevará a cabo este proceso. En cambio, la individualización del personal traspasado se llevará a cabo a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República” por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente. Conjuntamente con el traspaso del personal se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

3) En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas que fije, y en especial podrá determinar el número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza y de carrera, y los niveles para la aplicación del artículo 8° del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo y el Título VI de la ley N° 19.882, según corresponda. Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas de encasillamiento del personal derivados de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República dictará las normas necesarias para la aplicación de las remuneraciones variables, en su aplicación transitoria.

4) El Presidente de la República determinará la data de entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos que practique. Igualmente, fijará las dotaciones máximas de personal para las instituciones señaladas en el numeral 1.

5) El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o tér de la relación laboral del personal traspasado. Respecto de este personal, y sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral siguiente, el Presidente de la República podrá dictar las normas modificatorias de naturaleza estatutaria, previsional, de seguridad social y remuneratorias que sean necesarias para el adecuado encasillamiento y traspaso que disponga.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del personal traspasado. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.

d) Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

e) El personal que a la fecha del traspaso se encontrare afecto a un régimen previsional distinto del establecido en el Decreto Ley N° 3.500, de 1980, podrá optar por este último en las condiciones que señale el correspondiente decreto con fuerza de ley.

6) Determinar la fecha de iniciación de actividades de las instituciones a que se refiere el numeral 1. Además determinará la fecha de supresión de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, estableciendo el destino de sus recursos.

7) Traspasar los recursos de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, el que deberá efectuarse al Ministerio de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental, en su caso.

8) Traspasar los bienes que determine, desde la Comisión Nacional de Medio Ambiente al Ministerio de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental, en su caso.

Artículo tercero.- El Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental se constituirán para todos los efectos en los sucesores legales de de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, en las materias de su competencia, de manera que las menciones que la legislación general o especial realice a la precitada institución se entenderán hechas al Ministerio de Ambiente o al Servicio de Evaluación Ambiental, según correspondan

Artículo cuarto.- El mayor gasto que puedan derivar las nuevas plantas que se fijen y el encasillamiento que se practique, considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de M$2.100.000.

Los recursos para los efectos de la implementación del Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, serán provistos inicialmente mediante la consolidación de los recursos contemplados en los programas 01 y 03 de la partida 22, capítulo 02 de la Ley de Presupuestos.

No obstante lo anterior, el mayor gasto que se derive de la aplicación de esta ley, será financiado por el Ministerio de Hacienda, con cargo al ítem 50-01-03-24-33-104 de la partida presupuestaria del Tesoro Público.

Artículo quinto.- El Presidente de la República nombrará, transitoria y provisionalmente, conforme al artículo quincuagésimo noveno de la Ley N° 19.882, al Superintendente de Medio Ambiente, quién asumirá de inmediato y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública.

Artículo sexto.- El Presidente de la República, por decreto expedido a través del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia de Medio Ambiente y transferirá a ellos los fondos de la entidad que traspase personal o bienes, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem, y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo séptimo.- Los procedimientos de fiscalización y los sancionatorios iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente ley, seguirán tramitándose conforme a sus normas hasta su total terminación.

Artículo octavo.- Dentro del plazo de un año desde la publicación de esta Ley, los Ministros del Medio Ambiente y de Agricultura deberán formular y presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como en el ámbito forestal.”.

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Se designó Diputada Informante a la señora DENISE PASCAL ALLENDE.

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Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a la sesiones de fechas 2, 9 y 30 de julio; 18 y 20 de agosto; 10 y 29 de septiembre; 1, 8, 15 y 29 de octubre; 5 y 12 de noviembre; 3, 10 y 17 de diciembre de 2008 y 7, 14 y 21 de enero; 4 y 11 y 18 de marzo, y 1 de abril de 2009, con la asistencia de las Diputadas señoras Denise Pascal (Presidenta) y Marcela Cubillos y de los Diputados señores Enrique Accorsi; Eugenio Bauer; Francisco Chahuán; Alvaro Escobar; Marcos Espinosa; Alejandro García-Huidobro; Guido Girardi Briere; Roberto León; Fernando Meza, Osvaldo Palma; Roberto Sepúlveda, y Patricio Vallespín.

Asimismo, asistió el señor Gonzalo Duarte, en reemplazo del señor Patricio Vallespín.

Concurrieron, además, los Diputados señores Alfonso De Urresti y Marcelo Díaz.

Sala de la Comisión, a 1 de abril de 2009.

MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS

Abogada Secretaria de la Comisión

ÍNDICE

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS…1

II.- ANTECEDENTES…2

A) ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS CONTENIDOS EN EL MENSAJE…2

B) EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL…3

C) LEGISLACIÓN COMPARADA…6

D) LAS RAZONES DE LA REFORMA…7

E) NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE SE PROPONE MODIFICAR O QUE INCIDEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTA INICIATIVA LEGAL…9

1.- Normas legales…9

2.- Normas legales relacionadas o que inciden en la iniciativa legal...9

3.- Principales Acuerdos Internacionales Ambientales Suscritos por Chile…11

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO…12

IV.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO…21

A) DISCUSIÓN GENERAL…21

B) DISCUSIÓN PARTICULAR…90

ARTÍCULO PRIMERO…90

ARTÍCULO SEGUNDO…118

ARTÍCULO TERCERO…181

ARTÍCULO CUARTO…216

ARTÍCULO QUINTO…217

ARTÍCULO SEXTO…217

ARTÍCULO SÉPTIMO…218

ARTÍCULO OCTAVO…218

ARTÍCULO NOVENO…219

ARTÍCULO DÉCIMO…219

ARTÍCULOS TRANSITORIOS…219

V.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS...223

A) ARTÍCULOS RECHAZADOS…223

B) INDICACIONES RECHAZADAS...223

C) INDICACIONES INADMISIBLES…240

PROYECTO DE LEY…251

?INFORME DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y DESARROLLO RURAL RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO, EL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE.

BOLETÍN N° 5947-12

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural viene en informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de la referencia, de origen en un mensaje.

Se hace constar que en la sesión 99ª, de fecha 31 de marzo de 2009, se hizo presente la urgencia con calificación de “suma”.

Durante el análisis de esta iniciativa legal la Comisión contó con la asistencia del Subsecretario de Agricultura, don Reinaldo Ruiz, y del Fiscal de ODEPA señor Mauricio Caussade y los asesores jurídicos don Luis Cordero Vega y doña Ximena Insunza Corvalán.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto es establecer una nueva institucionalidad en materia medio ambiental la que estará conformada por un Ministerio del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendecia del Medio Ambiente.

2) Normas de quórum especial. Las siguientes disposiciones tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales:

Los artículos 72, 75, letra d), 76, 77, 78, 79, y 86, contemplados en el ARTÍCULO PRIMERO, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, que establece que una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración del Estado.

Asimismo, los artículos 56 y 57 contenidos en el ARTÍCULO SEGUNDO del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, que mandata que “una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales .

Así como, el número 23, que modifica el artículo 20 de la ley N° 19.300, contenido en el ARTÍCULO TERCERO del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, que establece “una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración del Estado.

Por último, el ARTÍCULO SÉPTIMO del proyecto, que modifica la ley orgánica de Municipalidades, estableciendo nuevas atribuciones en materia ambiental a los Municipios, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución Política.

No existen normas de quórum calificado.

3) Normas que requieren trámite de Hacienda.

Que, de acuerdo con el artículo 220 del Reglamento de la Corporación, los siguientes artículos deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda:

En el ARTÍCULO PRIMERO que crea el Ministerio del Medio Ambiente, los artículos 70 letras l), r), y v); 80, 87, 88.

Asimismo, ARTÍCULO SEGUNDO que crea la Superintendencia del Medio Ambiente, los artículos 8°, 9°, 14, 17, inciso final, 23, 45 y 46.

Así como las siguientes disposiciones transitorias: artículos segundo, cuarto y sexto transitorios.

4) Diputado Informante

Se designó Diputado informante al señor José Pérez Arriagada.

II.- ANTECEDENTES.

Con fecha 11 de junio de 2008, mediante Oficio N° 145, la Comisión de Agricultura solicitó a la Sala que al ingresar a trámite legislativo el proyecto de ley que rediseñaba la institucionalidad ambiental le fuera remitido a la Comisión para su conocimiento en razón de que, a su juicio, incidía en materias propias de su competencia.

Esta solicitud se generó después que la Comisión escuchara la exposición de los Dirigentes de la Federación de Sindicatos de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y del Sindicato Nacional de Profesionales, acerca de la situación que afectaría a dicha Corporación ante la nueva institucionalidad ambiental del país.

Con esta fecha el proyecto le fue remitido para su conocimiento.

III.-CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto de ley consta de 10 artículos permanentes y 7 transitorios.

Por el ARTÍCULO PRIMERO, se sustituye el Título Final, de la ley 19.300, por otro que crea el Ministerio del Medio Ambiente.

Esta Secretaria de Estado será la encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

El Ministerio estará compuesto por una subsecretaría, las secretarias regionales ministeriales de medio ambiente, el consejo consultivo nacional y los consejos consultivos regionales.

Asimismo, abordará, en sus divisiones, al menos las siguientes materias: Regulación Ambiental; Información y Economía Ambiental; Educación, Participación y Gestión Local; Recursos Naturales y Biodiversidad; Cambio Climático y Cumplimiento de Convenios Internacionales, y Planificación y Gestión.

El Párrafo 5°, del Título Final, propone la creación del Servicio de Evaluación Ambiental, que será el continuador legal de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA.

El Servicio de Evaluación Ambiental que tendrá como función primordial administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, será un servicio público descentralizado y desconcentrado a nivel regional, que será el continuador legal de la CONAMA.

Este Servicio estará a cargo de la administración del SEIA, pero enfocándolo hacia el objetivo de mediano plazo, que es simplificar los permisos ambientales y proporcionar información adecuada para los proponentes y la comunidad.

El ARTÍCULO SEGUNDO crea la Superintendencia del Medio Ambiente, como un servicio público descentralizado, cuyos cargos directivos serán provistos de acuerdo al sistema de alta dirección pública. El Superintendente será nombrado de acuerdo a este sistema, por el Presidente de la República.

El ARTÍCULO TERCERO introduce modificaciones en la ley N° 19.300, Bases Generales del Medio Ambiente, que sucintamente modifican las siguientes materias:

- Crea la Evaluación Ambiental Estratégica, EAE, que es el procedimiento realizado por el Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable, al proceso de formulación e implementación de las políticas y planes de carácter normativo general, que tengan impactos sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y sus modificaciones sustanciales.

- Introduce diversas modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA.

- Crea el Sistema Nacional de Información Ambiental. Con tal objeto el proyecto declara pública toda la información de carácter ambiental que está en poder de la Administración, que sirva de fundamento para la dictación de determinados actos administrativos.

- Aborda diversos aspectos asociados a la Biodiversidad.

- Asimismo, en relación a las Áreas Silvestres Protegidas opta por entregar las competencias sobre formulación de políticas y supervigilancia del Sistema de Áreas Protegidas del Estado y privadas, al Ministerio de Medio Ambiente que se está creando.

El ARTÍCULO CUARTO modifica el Decreto N° 430, de 1992, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura; artículo quinto que modifica la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales; el artículo sexto del proyecto que modifica el Decreto Ley N° 1.939, de 1977, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado.

Este artículo en lo sustancial dispone que las declaraciones de Parques y reservas marinas serán realizados mediante Decreto del Ministerio del Medio Ambiente.

El ARTÍCULO QUINTO, modifica el artículo 31 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales. Introduce adecuaciones formales y establece que la declaración de santuario de la naturaleza deberá contar siempre con informe previo del Consejo de Monumentos Nacionales.

El ARTÍCULO SEXTO, realiza adecuaciones de carácter formal en el Decreto Ley N° 1939 de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado

El ARTÍCULO SÉPTIMO del proyecto, introduce diversas modificaciones en el artículo 20 de la ley N° 18.965, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a fin de establecer que la Unidad de Aseo y Ornato pase, también, a desempeñar competencias ambientales a nivel local, tratando de reproducir los objetivos de política y gestión a nivel municipal.

El ARTÍCULO OCTAVO introduce modificaciones al Decreto con Fuerza de ley N° 294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que Establece las Funciones y Estructura del Ministerio de Agricultura, señalando que corresponde al Ministerio de Agricultura la protección de los recursos naturales renovables del ámbito silvoagropecuario, todo ello sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente.

El ARTÍCULO NOVENO modifica el Código de Aguas, señalando que un reglamento, que deberá llevar la firma de los Ministros del Medio Ambiente y Obras Públicas, determinará los criterios en virtud de los cuales se establecerá el caudal ecológico mínimo.

Por su parte, los ARTÍCULOS TRANSITORIOS, regulan las siguientes materias:

El artículo primero establece los plazos en que entrarán en vigencia o que se deberán hacer los informes sobre el estado del medio ambiente a nivel nacional, regional y local; el Sistema Nacional de Información Ambiental, así como la ley que regulará los proyectos o actividades sometidos al Sistema de Evaluación Ambiental.

El artículo segundo, en general, faculta al Presidente de la República para fijar la planta de Personal del Ministerio de Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia de Medio Ambiente.

El artículo tercero, dispone que el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental serán los continuadores legales de la CONAMA.

El artículo cuarto establece la imputación del mayor gasto que derive de las nuevas plantas y su límite.

El artículo quinto faculta al Presidente de la República para que nombre en forma transitoria y provisional al Superintendente de Medio Ambiente, mientras se efectúa la selección.

El artículo sexto expresa que el Presidente de la República formará el primer Presupuesto del Ministerio y de la Superintendencia de Medio Ambiente, y del Servicio de Evaluación Ambiental.

El artículo séptimo establece que los procedimientos de fiscalización y los sancionatorios iniciados con anterioridad a la vigencia de la ley seguirán tramitándose conforme a sus normas hasta su total terminación.

El artículo octavo, establece que dentro del plazo de un año desde la publicación de esta Ley, los Ministros del Medio Ambiente y de Agricultura deberán formular y presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como en el ámbito forestal.”.

IV.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO

El asesor jurídico de la Corporación Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), explicó que la razón de que el proyecto de ley fuera remitido a esta Comisión radica en que el anteproyecto del Ejecutivo promovía la creación de un servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, lo que se consideró que podía afectar, eventualmente, a los funcionarios de la Corporación Nacional Forestal. CONAF.

Finalmente, el proyecto de ley remitido a este Congreso no contempló disposiciones sobre esta materia y en el Mensaje se señala que en éste asunto debía avanzarse por una regulación progresiva.

Asimismo, hizo presente que durante su tramitación en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacional y Medio Ambiente, se trató de buscar una solución que, sin generar conflicto, permitiera obtener el compromiso del Ejecutivo de regular las materias asociadas a Áreas Protegidas. En este contexto se propuso una solución legislativa que permitía compatibilizar los distintos intereses.

Con tal objeto existe relativo acuerdo entre los diversos actores para que una norma transitoria fije un plazo que permita lograr un consenso a fin de elaborar una sobre esta materia.

Además, destacó que resulta razonable plantear la propuesta en un contexto de implementación temporal, tal como lo adelantara S.E la Presidenta de la República en el mensaje del proyecto de ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, ya que el proyecto GEF, (Global environment facility), -Fondo Mundial para el Medio Ambiente-, tiene vigencia hasta el año 2013 y contempla los recursos para el diseño y la estrategia de instalación del sistema.

El asesor jurídico de la CONAMA, en respuesta a una consulta del Diputado señor Urrutia, respecto de la real injerencia del Ministerio de Agricultura en materias medioambientales, explicó que durante la discusión del proyecto en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, se aprobó la creación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, estableciéndose que todos los temas más importantes en materia de medio ambiente deberán ser aprobadas por este Consejo, del cual precisamente es integrante el Ministro de Agricultura, con lo cual se están resguardando las facultades de la Secretaría de Agricultura.

La Diputada señora Sepúlveda consultó si la disposición contemplada en el artículo octavo transitorio resguardaba debidamente los derechos de los actuales trabajadores de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

El Subsecretario de Agricultura explicó que la futura institucionalidad garantizaría debidamente los derechos de este sector, razón por la cual esa Cartera estaba de acuerdo con las modificaciones legales efectuadas.

Por último, el asesor jurídico de la CONAMA, hizo constar que la fórmula usada en el artículo octavo transitorio, corresponde a una redacción similar a la utilizada en la Ley Nº 20.173, que creó el cargo de Ministro Presidente de la CONAMA y que permitió el envío al Congreso Nacional del Proyecto de Ley de Rediseño de la Institucionalidad Ambiental. Al respecto explícito que se busca el consenso en materias técnicas y de políticas públicas antes de ingresar a trámite el respectivo proyecto de ley.

Consecuentemente, la Comisión acordó pronunciarse respecto de los artículos octavo permanente y octavo transitorio contenidos en el Informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente recaído en el proyecto de ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, Boletín N° 5947-12, cuyo texto es el siguiente:

“ARTÍCULO OCTAVO.- Reemplázase en el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley 294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que establece la funciones y estructura del Ministerio de Agricultura, la siguiente oración “la conservación, protección y acrecentamiento de los recursos naturales renovables” por “la protección de los recursos naturales renovables del ámbito silvoagropecuario, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente.””.

“Artículo octavo transitorio.- Dentro del plazo de un año desde la publicación de esta Ley, los Ministros del Medio Ambiente y de Agricultura deberán formular y presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como en el ámbito forestal.”.

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Puesto en votación los artículos octavo permanente y octavo transitorio, fueron aprobados por la unanimidad de los señores Pérez Arriagada, don José (Presidente); Accorsi Opazo, don Enrique, en reemplazo del señor Tuma Zedan, don Eugenio; Barros Montero, don Ramón; Enríquez-Ominami Gumucio, don Marco; Farías Ponce, don Ramón; Martínez Labbé, don Rosauro; Sule Fernández, don Alejandro y Urrutia Bonilla, don Ignacio; y señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra.

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar los artículos octavo permanente y octavo transitorio en los mismos términos antes transcritos.

Tratado y aprobado según consta en el acta correspondiente a la sesión de fecha 7 de abril de 2009, con la asistencia de Pérez Arriagada, don José (Presidente); Accorsi Opazo, don Enrique, en reemplazo del señor Tuma Zedan, don Eugenio; Barros Montero, don Ramón; Enríquez-Ominami Gumucio, don Marco; Farías Ponce, don Ramón; Galilea Carrillo, don Pablo; Hernández Hernández, don Javier; Martínez Labbé, don Rosauro; Nuñez Lozano, don Marco Antonio; Sule Fernández, don Alejandro y Urrutia Bonilla, don Ignacio; y señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra.

Asistió además, el Diputado señor Escobar Rufatt, don Álvaro.

Sala de la Comisión a 7 de abril de 2009.

MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS

Abogada Secretaria accidental de la Comisión

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL MINISTERIO, EL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE.

BOLETÍN Nº 5.947-12

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1.- Origen y urgencia

La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, calificada de “suma” urgencia para su tramitación legislativa.

2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas

- La indicación de los Diputados señores Delmastro, Aedo, Dittborn y Von Mühlenbrock a la letra g) del artículo 3° del artículo segundo.

- Las indicaciones de los Diputados señores Dittborn y Delmastro al artículo 48 del artículo segundo.

- Las indicaciones de los Diputados señores Delmastro, Dittborn y Von Mühlenbrock al numeral 30) del artículo tercero.

3.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad

- La letra g) del artículo 82 del artículo primero.

- El artículo 86 del artículo primero.

- Las letras c), g) y ñ) del artículo 3° del artículo segundo y el Título III de este artículo.

- Los artículos 38 y 39 del artículo segundo con sus indicaciones.

- El artículo 48 del artículo segundo.

- El numeral 30) del artículo tercero.

4.- Indicaciones declaradas inadmisibles

- De los Diputados señores Delmastro, Aedo, Dittborn y Von Mühlenbrock para reemplazar la letra s) del artículo 70 del artículo primero.

- De los Diputados señores Delmastro, Aedo, Dittborn y Von Mühlenbrock para agregar las letras g) y h) en el artículo 72 del artículo primero.

- De Los Diputados señores Delmastro, Aedo, Dittborn y Von Mühlenbrock para agregar una letra i) en el artículo 82 del artículo primero.

- De los Diputados señores Dittborn y Delmastro al artículo 86 del artículo primero.

- De los Diputados señores Delmastro, Aedo, Dittborn y Von Mühlenbrock al numeral 23) del artículo tercero.

5.- Se designó Diputado Informante al señor LORENZINI, don PABLO.

* * *

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto las señoras Ana Lya Uriarte, Ministra de la Comisión Nacional del Medio Ambiente; Ximena Insunza y Giselle Castro, Asesoras, y el señor Luis Cordero, Asesor, todos del Ministerio de la Comisión Nacional del Medio Ambiente; los señores Julio Valladares, Asesor, Enrique Paris, Subdirector de Racionalización y Función Pública y la señora Macarena Lobos, Abogada, todos de la Dirección de Presupuestos.

Concurrieron además los señores Homero Altamirano, Presidente, Raúl Molina, Vicepresidente, y Daniel Ariz, Director, todos de la Federación de Sindicatos de CONAF; Jorge Martínez, Presidente, y Claudio Dartnell, Secretario, ambos del Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF.

El propósito de la iniciativa consiste en establecer una nueva institucionalidad en materia medio ambiental integrada por un Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 19 de junio de 2008, señala que el proyecto en lo relativo a la implementación del Ministerio del Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental considera la consolidación de los recursos contemplados en el presupuesto de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Programas 01 y 03).

Efectuada la consolidación a que se refiere el párrafo anterior, la aplicación de la iniciativa genera un mayor costo fiscal anual estimado de $ 4.100 millones, de los cuales $ 3.100 millones se destinarán a gastos en personal y $ 1.000 millones para gastos de operación asociados, el que se financiará con recursos que se consultarán en las respectivas leyes de presupuestos.

En el debate de la Comisión la señora Ana Lya Uriarte hizo presente que el proyecto se basa en diagnósticos concretos, como son la calidad de vida de los ciudadanos, el próximo ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la necesidad de crear un organismo fiscalizador central en materias medioambientales. Subrayó que la creación del cargo de Ministro del Medio Ambiente es insuficiente, sin un soporte institucional.

Explicó en su intervención la base del modelo en el cual, el Ministerio define las políticas y diseña la regulación; el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprueba las políticas y regulaciones; el Servicio de Evaluación Ambiental administra las evaluaciones e informa las líneas de base, y la Superintendencia gestiona un sistema integrado de fiscalización ambiental.

Planteó que el Ministerio se compondrá de una subsecretaría y seis divisiones, aparte de los Seremis y de Consejos Consultivos a nivel nacional y regional. Comentó el sentido que tiene conservar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que trabaja regularmente con los parlamentarios de las Comisiones del Medio Ambiente.

Detalló que la Superintendencia tendrá competencia en resoluciones de calificación ambiental, en medidas establecidas en planes de prevención y descontaminación, en normas de calidad y de emisión de riles y en planes de manejo de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Señaló que lo que se busca es centralizar la fiscalización para hacerla más eficiente. Precisó que sólo aquélla que sea de bajo riesgo y complejidad se deja a los privados. Expuso también respecto al sistema de incentivos y de sanciones a ser aplicadas bajo un único procedimiento.

A propósito de las inquietudes que plantearon los dirigentes de CONAF en la Comisión, la señora Ministra Uriarte afirmó que no se contemplan materias de biodiversidad ni de áreas protegidas en el proyecto, por lo que no se ha construido sistema alguno sin considerar los puntos de vista de los trabajadores de CONAF, como se ha dicho. Explicó que los encargados de las políticas de conservación de la biodiversidad son el Ministerio y el Consejo Consultivo. Subrayó que en el artículo 8º transitorio se establece el plazo de un año desde la publicación del proyecto de ley para que los Ministerios del Medio Ambiente y de Agricultura presenten al Consejo de Ministros una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de biodiversidad y áreas protegidas, así como en el ámbito forestal.

La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los siguientes artículos: En el artículo primero, los artículos 70 letras l), r), y v); 80, 87, 88; en el artículo segundo, los artículos 8°, 9°, 14, 17, inciso final, 23, 45 y 46, y las disposiciones 2ª., 4ª., y 6ª., transitorias. Por su parte, la Comisión de Hacienda estimó que los artículos 70 letras l), r) y v) del artículo primero y 17 inciso final y 23 del artículo segundo no son de su competencia y que sí lo son, los artículos 69, 75, 76, 81 y 85 del artículo primero y 1°, 12, 38 y 39 del artículo segundo. Sin perjuicio de lo anterior, se incluyeron a su conocimiento los artículos 70 letras f), i) y s), 72 letras g) y h), 82 letras g) (solicitada votación separada) e i), y 86 del artículo primero; los artículos 3° letras c), g) y ñ) y el título III (solicitada votación separada), y los artículos 38, 39 y 48 del artículo segundo, y numerales 23) letras a) y b) y 30) letra d) del artículo tercero por ser objeto de indicaciones, todo en conformidad con el artículo 220 del Reglamento de la Corporación.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:

En el ARTÍCULO PRIMERO del proyecto, se sustituye el Título Final de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Por el artículo 69, se crea el Ministerio del Medio Ambiente, como una Secretaria de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

El Ejecutivo presentó una indicación para agregar en el artículo 69 a continuación de la palabra “renovables” la expresión “e hídricos”, la que fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes junto con el artículo correspondiente.

En el artículo 70, se establece que corresponderá especialmente al Ministerio:

f) Colaborar con los organismos competentes, en la formulación de las políticas ambientales para el manejo, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables;

i) Proponer políticas y formular planes, programas y acciones que establezcan los criterios básicos y las medidas preventivas para favorecer la recuperación y conservación de los recursos genéticos, la flora, la fauna, los hábitats, los paisajes, ecosistemas y espacios naturales, en especial los frágiles y degradados, contribuyendo al cumplimiento de los convenios internacionales de conservación de la biodiversidad;

s) Participar en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de las políticas y planes que promuevan los diversos órganos de la Administración de conformidad a lo señalado en la presente ley;

El Ejecutivo formuló una indicación para agregar en la letra f) del artículo 70, a continuación de la palabra “renovables”, la siguiente expresión “e hídricos” y para insertar en la letra i) del artículo 70 entre las palabras “recursos” y “genéticos” la palabra “hídricos”, seguida de una coma (,), las que fueron aprobadas junto con las letras correspondientes por la unanimidad de los Diputados presentes.

Los Diputados señores Delmastro, Aedo, Dittborn y Von Mühlenbrock presentaron una indicación para reemplazar la letra s), por la siguiente: “s) Realizar, junto al Consejo de Ministros, la evaluación ambiental estratégica de las políticas, planes y programas que promuevan los diversos órganos de la Administración de conformidad a lo señalado en la presente ley.”, la que fue declarada inadmisible por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Por el artículo 72, se crea el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por el Ministro del Medio Ambiente e integrado por los Ministros de Hacienda, de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, y de Planificación.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Ministro que corresponda según el orden establecido en el inciso anterior.

Serán funciones y atribuciones del Consejo:

f) Pronunciarse sobre los proyectos de ley y actos administrativos que se propongan al Presidente de la Republica, cualquiera sea el ministerio de origen, que contenga normas de carácter ambiental señaladas en el artículo 70.

Los Diputados señores Delmastro, Aedo, Dittborn y Von Mühlenbrock presentaron las siguientes indicaciones:

- Para agregar la siguiente letra g): “g) Realizar la evaluación ambiental estratégica de las políticas, planes y programas que promuevan los diversos órganos de la Administración de conformidad a lo señalado en la presente ley.”

- Para agregar la siguiente letra h), como la siguiente:

“h) Conocer del recurso de reclamación en materia de estudio de Impacto Ambiental en el caso del artículo 20.”.

Ambas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

En el artículo 75, se señala que la Organización del Ministerio será la siguiente:

a) El Ministro del Medio Ambiente;

b) El Subsecretario;

c) Las Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente, y

d) El Consejo Consultivo Nacional y los Consejos Consultivos Regionales.

Un reglamento determinará la distribución temática en las divisiones del Ministerio, de conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las que deberán contemplar a lo menos las siguientes materias: Regulación Ambiental; Información y Economía Ambiental; Educación, Participación y Gestión Local; Recursos Naturales y Biodiversidad; Cambio Climático y Cumplimiento de Convenios Internacionales, y Planificación y Gestión.

En el artículo 76, se dispone que en cada región del país habrá una Secretaría Regional Ministerial, dependiente técnica y administrativamente del Ministerio del Medio Ambiente, y sometida a las normas de la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales.

Le corresponderá, especialmente a las Secretarías Regionales Ministeriales, en una o más regiones:

a) Ejercer en lo que le corresponda las competencias del Ministerio señaladas en el artículo 70;

b) Asesorar al Gobierno Regional para la incorporación de los criterios ambientales en la elaboración de los Planes y las Estrategias de Desarrollo Regional, y

c) Colaborar con los Municipios respectivos en materia de gestión ambiental.

En el artículo 80, se establece que el personal del Ministerio estará afecto a las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo y en materia de remuneraciones, a las normas del Decreto Ley Nº 249, de 1974, y su legislación complementaria.

En el artículo 81, se crea el Servicio de Evaluación Ambiental como servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.

Su domicilio será la ciudad de Santiago y se desconcentrará territorialmente de conformidad a lo señalado en la presente ley.

El Servicio estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la Ley Nº 19.882.

En el artículo 82, se señala que corresponderá al Servicio:

g) Interpretar administrativamente las Resoluciones de Calificación Ambiental, previo informe del o los organismos con competencia en la materia específica que participaron de la evaluación, del Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiente, según corresponda.

Cuando el instrumento señalado en el inciso anterior contuviese aspectos normados sometidos a las facultades de interpretación administrativa del organismo sectorial respectivo, el informe solicitado tendrá el carácter de vinculante para el Ministerio en relación a esa materia, y

Los Diputados señores Delmastro, Aedo, Dittborn y Von Mühlenbrock presentaron una indicación para agregar en el artículo 82, la siguiente letra i):

“i) Velar por que participen sólo las personas naturales o jurídicas que cumplan los requisitos que se exigen para acceder al procedimiento de participación ciudadana en el procedimiento de Evaluación ambiental.”.

La indicación precedente fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

El Diputado Robles consultó, ¿por qué en el artículo 82 letra g) del artículo primero el Servicio de Evaluación Ambiental tiene facultades de interpretación administrativa en la resolución de las calificaciones, cuando es el mismo servicio en la nueva COREMA el que resuelve?

La señora Uriarte respondió que un principio que rige a las instituciones públicas es que interpreta el acto administrativo aquél que lo emite. Agregó que no hay innovación alguna en este artículo.

Solicitada votación separada de la letra g) del artículo 82 fue aprobada por 6 votos a favor y una abstención.

En el artículo 85, se señala que el Servicio de Evaluación Ambiental se desconcentrará territorialmente a través de las Direcciones Regionales de Evaluación Ambiental.

En cada región del país habrá un Director Regional, quien representará al Servicio y será nombrado por el Director Ejecutivo, mediante el Sistema de Alta Dirección Pública.

En el artículo 86, se establece que los proyectos serán calificados por una Comisión presidida por el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente e integrada por los Secretarios Regionales Ministeriales de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, de Planificación, y el Director Regional del Servicio, quien actuará como secretario.

Las Direcciones Regionales de Evaluación Ambiental conformarán un comité técnico integrado por el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente, quien lo presidirá, y el Director Regional de Evaluación Ambiental, los directores regionales de los servicios públicos que tengan competencia en materia del medio ambiente, incluido el Gobernador Marítimo correspondiente y el Consejo de Monumentos Nacionales. Este comité elaborará un acta de evaluación de cada proyecto que será de libre acceso a los interesados.

El procedimiento de calificación o rechazo de los proyectos deberá ajustarse a lo señalado en el artículo 9°, 9° bis y 9° ter de esta ley.

Los Diputados señores Dittborn y Delmastro presentaron las siguientes indicaciones al inciso primero de este artículo: para reemplazar la frase “Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente” por “Intendente Regional”, y para intercalar entre la frase “Secretarios Regionales Ministeriales” y “de Salud”, la frase “de Medio Ambiente”.

El Diputado señor Dittborn señaló que a su juicio no sería razonable que en el análisis de los proyectos que tienen impacto ambiental no esté incluido el Intendente, que es la máxima autoridad política de la región y que hoy preside la COREMA.

La señora Uriarte hizo presente que la principal queja de la comunidad es que las decisiones son tomadas por razones políticas y que su Ministerio quisiera eliminar esa sospecha. Agrega que la gran diferencia con el Seremi, que también es político, es que este último tiene bajo su competencia organismos técnicos de acuerdo a los cuales se espera que vote.

Por su parte, el Diputado Alberto Robles sostuvo que debían incorporarse personeros regionales en la Comisión del Servicio de Evaluación Ambiental.

Las indicaciones precedentes fueron declaradas inadmisibles por la Comisión por 7 votos a favor y 3 votos en contra. Sometido a votación el artículo fue aprobado por 5 votos a favor y 2 votos en contra.

En el artículo 87, se contempla que el patrimonio del Servicio estará formado por:

a) Los recursos que se le asignen anualmente en el Presupuesto de la Nación o en otras leyes generales o especiales;

b) Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, que se le transfieran o adquiera a cualquier título;

c) Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título, y;

d) Las herencias y legados.

En el artículo 88, se señala que el personal del Servicio estará afecto a las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo y en materia de remuneraciones, a las normas del Decreto Ley Nº 249, de 1974, y su legislación complementaria

Por el ARTÍCULO SEGUNDO del proyecto, se crea la Superintendencia del Medio Ambiente y se fija como su ley orgánica, la que indica:

En el artículo 1°, se crea la Superintendencia del Medio Ambiente, como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.

La Superintendencia constituye una institución fiscalizadora en los términos del Decreto Ley Nº 3.551, de 1981, estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la Ley Nº 19.882 y estará sometida al Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado.

Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que pueda establecer el Superintendente en otras ciudades del país.

En el artículo 3°, se establece que la Superintendencia tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

c) Contratar las labores de inspección, verificación, mediciones y análisis del cumplimiento de las normas, condiciones y medidas de las Resoluciones de Calificación Ambiental, Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, cuando correspondan, y de los Planes de Manejo, cuando procedan, a terceros idóneos debidamente certificados.

Los requisitos y el procedimiento para la certificación, autorización y control de las entidades y sus inspectores, serán establecidos en el Reglamento, el que deberá a lo menos considerar la incompatibilidad absoluta entre el ejercicio de labores de fiscalización y las de consultoría para la elaboración de Declaraciones o Estudios de Impacto Ambiental, así como los requisitos mínimos de conocimiento, la experiencia calificada, de a lo menos 3 años, en materias relacionadas, los procedimientos de examen o verificación de antecedentes, personal idóneo e infraestructura y equipamiento suficiente para desarrollar las labores solicitadas. Las entidades e inspectores así autorizados quedarán sujetos a la permanente fiscalización y supervigilancia de la Superintendencia o de aquellas entidades públicas o privadas que ésta determine.

Los proyectos o actividades inspeccionadas por las entidades a que se refiere el inciso primero, que cumplan con las exigencias señaladas, tendrán derecho a un certificado, cuyas características y vigencia serán establecidas por la Superintendencia, de acuerdo con la naturaleza de las mismas y conforme a las normas que establezca el Reglamento;

g) Suspender transitoriamente las autorizaciones provisorias de inicio del proyecto o actividad y autorizaciones de funcionamiento contenidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental o adoptar otras medidas urgentes y transitorias, para el resguardo del medio ambiente, cuando la ejecución u operación de un proyecto o actividad genere un daño grave e inminente para el medio ambiente, a consecuencia de incumplimientos graves de las normas y condiciones previstas en dichas resoluciones, o por la generación de efectos no previstos en la evaluación, de carácter grave.

Esta medida solo podrá ser decretada mediante resolución fundada, previa notificación al afectado. Además deberán ser temporales, proporcionales a la magnitud del daño que se busque prevenir y cesarán de pleno derecho una vez que cese el riesgo de daño grave e inminente o si habiendo transcurrido cinco días desde que se decretaron no se haya notificado al afectado el inicio de un procedimiento sancionador, cuando corresponda;

ñ) Imponer sanciones de conformidad a lo señalado en la presente ley;

Los Diputados señores Delmastro, Aedo, Dittborn y Von Mühlenbrock presentaron la siguiente indicación:

- Para reemplazar la letra g) del artículo 3° por la siguiente:

“g) Suspender transitoriamente las autorizaciones provisorias de inicio del proyecto o actividad y autorizaciones de funcionamiento contenidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental o adoptar otras medidas urgentes y transitorias, para el resguardo del medio ambiente, sólo si el responsable del proyecto no hubiese adoptado las medidas tendientes a reparar el daño gravemente causado al medio ambiente en el plazo establecido para ello.

Será requisito básico que la ejecución u operación de un proyecto o actividad genere un daño grave e inminente para el medio ambiente, a consecuencia de incumplimientos graves de las normas y condiciones previstas en dichas resoluciones, o por la generación de efectos no previstos en la evaluación de carácter grave.

Si resulta procedente aplicar la suspensión antes indicada, esta medida solo podrá ser decretada mediante resolución fundada, previa notificación del afectado. Además deberán ser temporales, proporcionales a la magnitud del daño que se busque prevenir y cesarán de pleno derecho una vez que cese el riesgo de daño grave e inminente o si habiendo transcurrido cinco días desde que se decretaron no se haya notificado al afectado el inicio de un procedimiento sancionador, cuando corresponda;”.

Consultada por el Diputado señor Alberto Robles, la señora Uriarte explicó que en el artículo 3º letra c) la contratación de privados externos es sólo para actividades de bajo riesgo y bajo costo. Ilustra con casos similares en la legislación, como sucede con el Ministerio de Salud.

En relación con la letra ñ), el Diputado señor Robles manifestó su acuerdo con que sea la Superintendencia la que fiscalice, pero considera que quien imponga sanciones debe ser un órgano colegiado distinto.

La señora Uriarte replicó que es de la esencia de toda Superintendencia fiscalizar, lo que incluye la facultad de sancionar, tal como se desarrolla además en el título III del mismo artículo.

Solicitada votación separada de la letra c) fue aprobada por 5 votos a favor, un voto en contra y una abstención.

Sometida a votación la indicación precedente fue rechazada por 3 votos a favor y 7 votos en contra. La letra g) del artículo 3° fue aprobada por la votación inversa.

Solicitada votación separada de la letra ñ) y del título III del artículo segundo, fueron aprobados por 6 votos a favor y un voto en contra.

En el artículo 8°, se establece que el personal de la Superintendencia se regulará por las normas de esta ley y por la de los reglamentos que de conformidad a ella se dicten. Supletoriamente, le serán aplicables las normas del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

El personal de la Superintendencia habilitado como fiscalizador tendrá el carácter de Ministro de Fe, respecto de los hechos constitutivos de infracciones normativas que consignen en el cumplimiento de sus funciones. Los hechos establecidos por dicho Ministro de Fe constituirán presunción legal.

En el artículo 9°, se dispone que el Superintendente, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

El personal a contrata de la Superintendencia podrá desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Superintendente. El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Superintendencia.

El personal que preste servicios sobre la base de honorarios, se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.

En el artículo 12, se establece que sin perjuicio de las causales previstas en el Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo, para la cesación del cargo de personal de carrera, se podrá declarar la vacancia por las siguientes causales:

a) Necesidades de la Superintendencia, determinadas por el Jefe Superior del Servicio una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento de la Superintendencia.

Anualmente, los Altos Directivos Públicos del segundo nivel jerárquico de la Superintendencia, a más tardar en el mes de diciembre, efectuarán, en conjunto, una evaluación sobre la marcha de la institución en función de su misión institucional y los objetivos estratégicos fijados. Los resultados de dicha evaluación servirán de base para que el Superintendente ejerza la facultad a que se refiere este literal. Un reglamento fijará los procedimientos que adoptarán y la forma y oportunidad en que recepcionarán la información y antecedentes requeridos al efecto.

b) Evaluación de desempeño en lista condicional.

El personal que cese en sus funciones por aplicación de la causal prevista en el literal a) precedente, tendrá derecho a la indemnización contemplada en el artículo 154 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

En el artículo 14, se señala que el patrimonio de la Superintendencia estará formado por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuesto de la Nación y los recursos que le entreguen otras leyes generales o especiales;

b) Los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades;

c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o adquieran a cualquier título y los frutos de tales bienes;

d) Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten;

e) El producto de la venta de las publicaciones que realice, cuyo valor será determinado por resolución del Superintendente, y

f) El producto de la venta de bienes que realice, como asimismo, de los aranceles, derechos e intereses y otros ingresos propios que perciba en el ejercicio de sus funciones.

En el artículo 38, se dispone que las infracciones cuyo conocimiento compete a la Superintendencia, podrán ser objeto de las siguientes sanciones:

a) Amonestación por escrito;

b) Multa de cinco a cincuenta mil unidades tributarias anuales;

c) Clausura temporal o definitiva, y

d) Revocación de la Resolución de Calificación Ambiental.

El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar la letra b) precedente, por la siguiente: “b) Multa de cinco a diez mil unidades tributarias anuales;”.

El Diputado señor Dittborn consideró que el Estado tiene que ser potente en las sanciones, de modo de corregir externalidades negativas. Argumentó que aunque las multas sean apelables ante un tribunal superior, revertir las decisiones es muy lento. Propuso volver a las multas del proyecto del Ejecutivo, por estimar que la proposición de la Comisión Técnica es demasiado gravosa e impagable para empresas de tamaño mediano.

La señora Ministra Uriarte compartió el criterio anterior por lo que comprometió las indicaciones antes mencionadas a los artículos 38 y 39.

En el artículo 39, se señala que la sanción que corresponda aplicar a cada infracción se determinará, según su gravedad, dentro de los siguientes rangos:

a) Las infracciones gravísimas podrán ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura, o multa de hasta cincuenta mil unidades tributarias anuales;

b) Las infracciones graves podrán ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura, o multa de hasta veinticinco mil unidades tributarias anuales, y

c) Las infracciones leves podrán ser objeto de amonestación por escrito o multa de una hasta mil unidades tributarias anuales.

El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar en la letra a) la expresión “hasta cincuenta” por “hasta diez”, y para reemplazar en la letra b) la expresión “hasta veinticinco” por “hasta cinco”.

Puestos en votación los artículos 38 y 39 con las indicaciones precedentes fueron aprobados por 7 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención.

En el artículo 45, se preceptúa que las resoluciones de la Superintendencia que apliquen multa tendrán mérito ejecutivo.

El monto de las multas impuestas por la Superintendencia será a beneficio fiscal, y deberá ser pagado en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de notificación de la resolución respectiva.

El pago de toda multa aplicada de conformidad a este Título deberá ser acreditado ante la Superintendencia, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que ésta debió ser pagada.

Si el infractor fuere una persona jurídica, las personas naturales que la representen legalmente o que actúen en su nombre serán subsidiariamente responsables del pago de la multa.

En el artículo 46, se contempla que el retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia en conformidad a la ley, devengará los reajustes e intereses establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

En el artículo 48, se establece que cuando se haya iniciado el procedimiento sancionador, el instructor del procedimiento, con el objeto de evitar daño inminente al medio ambiente o a la salud de las personas, podrá solicitar fundadamente al Superintendente la adopción de alguna o algunas de las siguientes medidas provisionales:

a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del riesgo o del daño;

b) Sellado de aparatos o equipos;

c) Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones;

d) Detención del funcionamiento de las instalaciones;

e) Suspensión temporal de la resolución de calificación ambiental, y

f) Ordenar programas de monitoreo y análisis específicos que serán de cargo del infractor.

Las medidas señaladas en el inciso anterior podrán ser ordenadas, con fines exclusivamente cautelares, antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, de conformidad a lo señalado en el artículo 32 de la ley Nº 19.880 y deberán ser proporcionales al tipo de infracción cometida y a las circunstancias señaladas en el artículo 40.

Dictada alguna de las medidas provisionales contempladas en los incisos precedentes o aplicada la letra g) del artículo 3°, y sin perjuicio de su cumplimiento inmediato, la Superintendencia remitirá todos los antecedentes y la respectiva resolución, a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón, el que deberá evacuarse, si corresponde, dentro del plazo de cinco días.

Los Diputados señores Dittborn y Delmastro formularon una indicación para agregar, en el inciso primero, después de la frase “con el objeto de evitar daño inminente” las palabras “y grave” y para agregar, en su inciso segundo, una frase final que diga: “Para que eso ocurra se requerirá además que la medida provisional tenga por objeto evitar un daño inminente y grave al medio ambiente y a la salud de las personas. Estas medidas cesarán de pleno derecho una vez que cese el riesgo de daño grave e inminente o si habiendo transcurrido cinco días desde que se decretaron no se haya notificado al afectado el inicio de un procedimiento sancionador, cuando corresponda.”.

El Diputado señor Dittborn argumentó a favor de la indicación del inciso primero en razón al carácter de las sanciones, que podrían aplicarse con falta de criterio ante la sola inminencia de un daño.

El señor Cordero sostuvo que en los procedimientos administrativos los inspectores son reconocidos por su función; a su vez la medida la aplica el Superintendente, sólo la pide el inspector, y esta última es una facultad indelegable. Por lo tanto, considera injustificada la aprensión del Diputado Dittborn.

El Diputado señor Sunico planteó que existen casos en que se requiere una acción inmediata ante la sola inminencia del daño.

El Diputado señor Dittborn modificó la redacción de la indicación anteponiendo la palabra “potencialmente” entre las palabras “y” y “grave”.

La señora Uriarte sostuvo que la variedad de daños ambientales es tan amplia, que prefiere no limitar su fiscalización. Además, explicó, que el daño ambiental está definido en el artículo 3° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales del Medio Ambiente, por lo que ya estaría acotado el campo de fiscalización.

Respecto a la indicación al inciso segundo argumentó que debe ser la misma autoridad la que deje sin efecto la medida impuesta. Manifestó no compartir el espíritu de las indicaciones a este artículo.

Puestas en votación las indicaciones precedentes fueron rechazadas por 3 votos a favor y 7 votos en contra. El artículo fue aprobado por la votación inversa.

En el ARTÍCULO TERCERO, se introducen modificaciones en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente:

Por el numeral 23), se modifica el artículo 20 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 20.- En contra de la resolución que niegue lugar, rechace o establezca condiciones o exigencias a una Declaración de Impacto Ambiental, procederá la reclamación ante el Director Ejecutivo. En contra de la resolución que rechace o establezca condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, procederá la reclamación ante un comité integrado por los Ministros del Medio Ambiente, que lo presidirá, y los Ministros de Salud y de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Agricultura, de Energía y de Minería. Estos recursos deberán ser interpuestos por el responsable del respectivo proyecto, dentro del plazo de treinta días contado desde la notificación de la resolución recurrida. La autoridad competente resolverá, mediante resolución fundada, en un plazo fatal de treinta o sesenta días contados desde la interposición del recurso, según se trate de una Declaración o un Estudio de Impacto Ambiental.”.

b) Agréganse, los siguientes incisos segundo y tercero, pasando los actuales a ordenarse correlativamente:

“Con el objeto de resolver las reclamaciones señaladas en el inciso primero, el Director Ejecutivo y el Comité de Ministros podrá solicitar a terceros, de acreditada calificación técnica en las materias de que se trate, un informe independiente con el objeto de ilustrar adecuadamente la decisión. El reglamento establecerá como se seleccionará a dicho comité y las condiciones a las que deberá ajustarse la solicitud del informe.

En el caso de los Estudios de Impacto Ambiental, el Comité de Ministros deberá solicitar siempre informe a los organismos sectoriales que participaron de la evaluación ambiental.”.

c) Suprímese, en el inciso final, las palabras “a una Declaración” y agrégase a continuación de la palabra “Estudio” la expresión “o Declaración”.

Los Diputados señores Delmastro, Aedo, Dittborn y Von Mühlenbrock presentaron la siguiente indicación:

- Para reemplazar las letras a) y b) del numeral 23, por las siguientes:

“a) Reemplázase el inciso primero, por el siguiente:

Artículo 20.- En contra de la resolución que niegue lugar, rechace o establezca condiciones o exigencias a una Declaración de Impacto Ambiental, procederá la reclamación ante el Director Ejecutivo. En contra de la resolución que rechace o establezca condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, procederá la reclamación ante el Consejo de Ministros. Estos recursos deberán ser interpuestos por el responsable del respectivo proyecto, dentro del plazo de treinta días contado desde la notificación de la resolución recurrida. La autoridad competente resolverá, mediante resolución fundada, en un plazo fatal de treinta o sesenta días contados desde la interposición del recurso, según se trate de una Declaración o un Estudio de Impacto Ambiental.

b) Agréganse, los siguientes incisos segundo y tercero, pasando los actuales a ordenarse correlativamente:

Con el objeto de resolver las reclamaciones señaladas en el inciso primero, el Director Ejecutivo y el Consejo de Ministros podrá solicitar a terceros, de acreditada calificación técnica en las materias de que se trate, un informe independiente con el objeto de ilustrar adecuadamente la decisión. El reglamento establecerá las condiciones a las que deberá ajustarse la solicitud del informe.

En el caso de los Estudios de Impacto Ambiental, el Consejo de Ministros deberá solicitar siempre informe a los organismos sectoriales que participaron de la evaluación ambiental.”.

La indicación precedente fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Por el numeral 30), se modifica el artículo 26 en la siguiente forma:

a) Sustitúyese la expresión “las Comisiones Regionales y a la Comisión Nacional del Medio Ambiente” por “las Comisiones de Evaluación o el Director Ejecutivo”.

b) Suprímese la palabra “organizada”,

c) Reemplázase la frase “que se les presenten”, por “y de las Declaraciones cuando correspondan”.

Los Diputados señores Delmastro, Dittborn y Von Mühlenbrock presentaron la siguiente indicación:

- Para agregar en el numeral 30 la siguiente letra d):

“d) Para incorporar un inciso segundo que establezca lo siguiente:

Tratándose de una Declaración de impacto ambiental, los interesados en participar en este proceso, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Presentar sus observaciones por escrito en el plazo de 30 días desde la publicación en el diario oficial del extracto del proyecto.

b) Sólo podrán participar personas naturales o jurídicas directamente afectadas con la ejecución del proyecto, para lo cual deberán presentar una declaración jurada ante Notario declarando lo anterior.”.

El Diputado señor Tuma, manifestó su desacuerdo con limitar a la ciudadanía en sus derechos. Por su parte, el Diputado señor Robles agregó que no siempre son los afectados del sector, y el Diputado señor Sunico señaló que se genera una discriminación al amplio espectro de la población que no lee el Diario Oficial.

El Diputado señor Delmastro advirtió que se entorpecerá la iniciativa empresarial con la propuesta del Ejecutivo, por lo que propone que al menos se dividan las exigencias de acuerdo al tamaño del proyecto.

La Ministra señora Uriarte aclaró que el 94% de los proyectos se presentan con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Argumentó que, contrariamente a lo que se cree, esta clase de presentaciones no se aplica sólo a las pequeñas empresas. Afirmó que para casos como la planta de Quilicura, lo ideal para la empresa es que exista participación ciudadana, de modo que se limite inicialmente el ámbito de reclamación de los particulares.

Puesta en votación la indicación precedente fue rechazada por 5 votos en contra y una abstención. El numeral 30 fue aprobado por la votación inversa.

En el artículo segundo transitorio, se faculta al Presidente de la República para que establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1) Fijar la planta de personal del Ministerio de Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental, de la Superintendencia de Medio Ambiente, así como el régimen de remuneraciones que le será aplicable a esta última. El encasillamiento en estas plantas podrá incluir personal de la Comisión Nacional de Medio Ambiente.

2) Ordenar el traspaso de personal desde de la Comisión Nacional de Medio Ambiente al Ministerio de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental, en las condiciones que determine y sin solución de continuidad, cualquiera sea la calidad jurídica del mismo. Del mismo modo, traspasará los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. El traspaso del personal titular de planta y a contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado que tenían a la fecha del traspaso, salvo que se produzcan entre instituciones adscritas a diferentes escalas de sueldos base, caso en el cual se realizará en el grado más cercano al total de remuneraciones que perciba el funcionario traspasado. A contar de esa misma fecha, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima se disminuirá en el número de cargos traspasados, cualquiera sea su naturaleza jurídica. En el respectivo decreto con fuerza de ley se determinará el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, estableciéndose además el plazo en que se llevará a cabo este proceso. En cambio, la individualización del personal traspasado se llevará a cabo a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República” por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente. Conjuntamente con el traspaso del personal se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

3) En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas que fije, y en especial podrá determinar el número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza y de carrera, y los niveles para la aplicación del artículo 8° del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo y el Título VI de la ley N° 19.882, según corresponda. Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas de encasillamiento del personal derivados de las plantas que fije. Del mismo modo, el Presidente de la República dictará las normas necesarias para la aplicación de las remuneraciones variables, en su aplicación transitoria.

4) El Presidente de la República determinará la data de entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos que practique. Igualmente, fijará las dotaciones máximas de personal para las instituciones señaladas en el numeral 1.

5) El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o tér de la relación laboral del personal traspasado. Respecto de este personal, y sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral siguiente, el Presidente de la República podrá dictar las normas modificatorias de naturaleza estatutaria, previsional, de seguridad social y remuneratorias que sean necesarias para el adecuado encasillamiento y traspaso que disponga.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del personal traspasado. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.

d) Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

e) El personal que a la fecha del traspaso se encontrare afecto a un régimen previsional distinto del establecido en el Decreto Ley N° 3.500, de 1980, podrá optar por este último en las condiciones que señale el correspondiente decreto con fuerza de ley.

6) Determinar la fecha de iniciación de actividades de las instituciones a que se refiere el numeral 1. Además determinará la fecha de supresión de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, estableciendo el destino de sus recursos.

7) Traspasar los recursos de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, el que deberá efectuarse al Ministerio de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental, en su caso.

8) Traspasar los bienes que determine, desde la Comisión Nacional de Medio Ambiente al Ministerio de Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental, en su caso.

En el artículo cuarto transitorio, se establece que el mayor gasto que puedan derivar las nuevas plantas que se fijen y el encasillamiento que se practique, considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de M$ 2.100.000.

Los recursos para los efectos de la implementación del Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, serán provistos inicialmente mediante la consolidación de los recursos contemplados en los programas 01 y 03 de la partida 22, capítulo 02 de la Ley de Presupuestos.

No obstante lo anterior, el mayor gasto que se derive de la aplicación de esta ley, será financiado por el Ministerio de Hacienda, con cargo al ítem 50-01-03-24-33-104 de la partida presupuestaria del Tesoro Público.

En el artículo sexto transitorio, se estipula que el Presidente de la República, por decreto expedido a través del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia de Medio Ambiente y transferirá a ellos los fondos de la entidad que traspase personal o bienes, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Sometidos a votación los artículos 75, 76, 80, 81, 85, 87 y 88 del artículo primero; 1º, 8º, 9º, 12, 14, 45 y 46 del artículo segundo, y los artículos segundo, cuarto y sexto transitorios, fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes.

Tratado y acordado en sesiones de fechas 8, 14 y 15 de abril de 2009, con la asistencia de los Diputados señores Tuma, don Eugenio (Presidente); Dittborn, don Julio (Presidente); Aedo, don René (Cardemil, don Alberto); Alvarado, don Claudio; Álvarez, don Rodrigo; Delmastro, don Roberto; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo (Duarte, don Gonzalo); Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Robles, don Alberto (Pérez, don José); Sunico, don Raúl, y Von Mühlenbrock, don Gastón, según consta en las actas respectivas.

SALA DE LA COMISIÓN, a 22 de abril de 2009.

JAVIER ROSSELOT JARAMILLO

Abogado Secretario de la Comisión

CREACIÓN DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE. Primer trámite constitucional.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

Diputada informante de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente es la señora Denise Pascal.

Antecedentes:

-Mensaje, Boletín N° 5947-12, sesión 47ª, en 3 de julio de 2008. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Primeros Informes de las Comisiones de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente; de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y de Hacienda. Documentos de la Cuenta N°s 14, 15 y 16 de esta sesión.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora PASCAL (doña Denise).-

Señor Presidente , he tratado de resumir lo más posible el informe y reflejar fielmente su contenido, que se refiere a la creación de tres instituciones y a la reforma de la institucionalidad actual del medio ambiente.

Constancias reglamentarias previas.

Normas de quórum especial. Las siguientes disposiciones tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales:

En el ARTÍCULO PRIMERO, los artículos 72, 75, letra d), 76, 77, 78, 79, y 86.

En el ARTÍCULO SEGUNDO, los artículos 55, 56 y 57.

En el ARTÍCULO TERCERO, el número 23, que modifica el artículo 20 de la ley 19.300.

El ARTÍCULO SÉPTIMO, que modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades.

No hay normas de quórum calificado.

Normas que requieren trámite de Hacienda: los artículos 70, letras l), r) y v); 80, 87 y 88 del ARTÍCULO PRIMERO; los artículos 8º, 9º, 14, 17, inciso final; 23, 45 y 46 del ARTÍCULO SEGUNDO, y los artículos segundo, cuarto y sexto transitorios.

Normas legales o reglamentarias que se propone modificar o que inciden directa o indirectamente en esta iniciativa legal.

Las normas legales que se propone modificar están señaladas en la página 9 y siguientes del informe, así como las relacionadas o que inciden en la iniciativa.

Cuestiones generales y previas a la discusión particular.

La idea matriz del proyecto es establecer una nueva institucionalidad en materia medio ambiental, la que estará conformada por un Ministerio del Medio Ambiente, un Servicio de Evaluación Ambiental y una Superintendencia del Medio Ambiente.

En los antecedentes y fundamentos del mensaje, se destaca que con este proyecto de ley se está dando cumplimiento al compromiso que el Gobierno adquirió en la tramitación de la ley Nº 20.173, que creó el cargo de ministro Presidente de la Conama , de dar inicio a la tramitación legislativa de esta iniciativa legal antes que finalizara el primer semestre de 2008.

En efecto, en la tramitación de dicho proyecto se firmó un acuerdo con la honorable Cámara de Diputados, en orden a asignar al primer ministro designado la tarea de formular y presentar al consejo directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente una propuesta de rediseño de la institucionalidad ambiental.

Siendo así, con este proyecto se plantea la necesidad de modernizar la gestión ambiental, haciéndola más ágil, eficiente y sujeta a rendición de cuentas, de tal manera de hacer frente de forma más preparada a los nuevos desafíos que ya estamos presenciando; por ejemplo, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la escasez de agua, la contaminación y la calidad de vida en las ciudades.

Por otra parte, se expresa que el ingreso de Chile a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, Ocde, exigirá en esta materia el sometimiento permanente a escrutinio público de la idoneidad de las políticas ambientales, lo que obligará a actuar con seriedad y con criterios de eficiencia y calidad en la gestión ambiental. Pertenecer a la Ocde impondrá, en materia ambiental un elevado estándar a las políticas públicas y a la calidad del crecimiento.

La institucionalidad ambiental con la que contamos en la actualidad y su ley marco, Nº 19.300, sobre bases generales del medio ambiente, data de 1994.

Después de 14 años de funcionamiento y aplicación de la ley, es posible constatar que se han formulado algunas críticas a este diseño que, según el mensaje, dicen relación con los siguientes aspectos: Las dificultades que presenta una institución transversal en una administración pública vertical; la incomprensión jurídica y de gestión del concepto de coordinación; la intervención de la autoridad política en cuestiones que son eminentemente de decisión técnica; la existencia de asimetrías de información en diversos sentidos; a nivel regional, la institucionalidad ambiental ha sido contradictoria con el modelo transversal; la fiscalización es dispersa e inorgánica, lo cual genera muchos costos; la gestión local en materia ambiental es débil; la utilización de los instrumentos de gestión ha sido desequilibrada, y la normativa ambiental sectorial es, en gran medida, definida por cada sector.

Estas críticas justifican una revisión de este modelo, situación que ha sido abordada por los tres últimos gobiernos, los que han encargado diversos estudios sobre la materia.

Asimismo, la necesidad de reformar nuestra institucionalidad ambiental y mejorar sus instrumentos se refleja en las más de 80 iniciativas parlamentarias que en la actualidad existen en el Congreso Nacional como proyectos de ley sobre la materia.

Al revisar la legislación comparada, podemos percatarnos de que existe una gran cantidad de países que han organizado su institucionalidad ambiental en torno de un ministerio. En América Latina, Chile -y hasta poco tiempo, Perú- eran los únicos que no poseían una entidad ministerial. Por su parte, Estados Unidos de Norteamérica la ha estructurado sobre la base de una agencia.

Ahora bien, dentro del modelo ministerial, el mensaje reconoce que es posible encontrar grandes diferencias en los arreglos institucionales.

En relación con las razones para esta gran reforma, una de las principales causas que, según el mensaje, se tuvo en consideración, es la necesidad de racionalizar las competencias en materia medioambiental.

El actual modelo de funcionamiento de la institucionalidad ambiental se basa principalmente en la coordinación de instituciones para la operación de instrumentos de gestión ambiental. Si se analiza la distribución de funciones regulatorias, normativas y fiscalizadoras para cada uno de los componentes ambientales, se desprende que en cada una de ellas tienen injerencia dos o más servicios públicos o ministerios sectoriales.

El rediseño busca racionalizar las competencias, de manera que sea una autoridad la que entregue las directrices normativas y regulatorias con respecto a la protección de los recursos ambientales, con lo cual se ordenarán las competencias sectoriales y se facilitará la coordinación al interior del aparato público.

Asimismo, se hace presente que es necesario que las políticas se resuelvan en un solo lugar y con responsables identificados, ya que la actual institucionalidad mantiene las competencias sectoriales, lo que genera que, al margen de los instrumentos de gestión ambiental, cada sector cree ejercer legítimamente competencias cuando decide políticas ambientales en su sector.

Por esta razón, es necesario identificar un responsable concreto y específico en las orientaciones del sector ambiental, permitiendo generar incentivos adecuados para incorporar criterios de política ambiental en otros ámbitos del sector público.

También es necesario disponer de un sistema que garantice integridad de la regulación ambiental, ya que como consecuencia del modelo vigente los diversos ministerios y servicios mantienen competencias normativas sustantivas en materia ambiental, ya que cada sector puede seguir dictando actos administrativos generales o específicos, referidos a materias ambientales sin contar con la participación de la autoridad ambiental.

En el actual sistema se observa coordinación en el marco de los instrumentos de gestión ambiental y en la implementación de las normativas y regulaciones ambientales, pero no en la dictación de éstas ni en su implementación sectorial, lo cual genera ineficiencias regulatorias, falta de certeza e inadecuada fiscalización de las mismas y, en ocasiones, interpretaciones normativas contradictorias; genera incertezas, tanto en el sector público como en el sector privado, y su consecuencia más severa es la asimetría de información.

La existencia de distintos órganos con competencia en el área y que pueden y deben fiscalizar, trae como consecuencia una fiscalización fragmentada y que carece de la definición de adecuados programas de fiscalización, de metodologías públicamente conocidas, con incentivos al cumplimiento.

En síntesis, el modelo de fiscalización es altamente ineficiente, por lo que se hace necesario contar con una autoridad que unifique los criterios, procedimientos e incentivos de las normativas ambientales.

Contenido del proyecto.

El proyecto de ley consta de diez artículos permanentes y siete transitorios.

Por el ARTÍCULO PRIMERO, se sustituye el Título Final de la ley Nº 19.300, por otro que crea el Ministerio del Medio Ambiente.

Esta Secretaria de Estado será la encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.

Las competencias del Ministerio se pueden dividir en tres ámbitos:

a. Políticas y regulaciones ambientales generales, que incluye aquellas vinculadas a cuentas ambientales, biodiversidad y áreas protegidas.

b. Políticas y regulaciones para la sustentabilidad. Lo anterior implica que debe llegarse a los necesarios acuerdos con los sectores a cargo del fomento productivo, así como la promoción de convenios de colaboración con gobiernos regionales y municipalidades.

c. Políticas y regulaciones en materia de riesgo y medio ambiente.

El Ministerio estará compuesto por una subsecretaría, las secretarías regionales ministeriales de medio ambiente, el consejo consultivo nacional y los consejos consultivos regionales.

Asimismo, abordará, en sus divisiones, al menos las siguientes materias: regulación ambiental, información y economía ambiental, educación, participación y gestión local, recursos naturales y biodiversidad, cambio climático y cumplimiento de convenios internacionales y planificación y gestión.

El Párrafo 5º, del Título Final, propone la creación del Servicio de Evaluación Ambiental, que será el continuador legal de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Conama .

El Servicio de Evaluación Ambiental, que tendrá como función primordial administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental, será un servicio público descentralizado y desconcentrado a nivel regional, y el continuador legal de la Conama.

Estará sujeto a un sistema de selección de alta dirección pública, a cargo de la administración del Seia, pero enfocándolo hacia el objetivo de mediano plazo, que es simplificar los permisos ambientales y proporcionar información adecuada para los proponentes y la comunidad.

Se fundamenta la creación de este Servicio porque se ha estimado como la medida más eficiente, ya que permitirá combinar los incentivos para la existencia de políticas y regulaciones y la decisión de proyectos concretos sin confundir los ámbitos de objetivos.

El ARTÍCULO SEGUNDO crea la Superintendencia del Medio Ambiente , como un servicio público descentralizado, cuyos cargos directivos serán provistos de acuerdo al sistema de alta dirección pública. El superintendente será nombrado de acuerdo a este sistema, por el Presidente de la República .

La Superintendencia tendrá competencias en la fiscalización de los siguientes instrumentos de gestión ambiental:

a) Resoluciones de calificación ambiental.

b) Medidas de planes de prevención y descontaminación.

c) Normas de calidad y de emisión, cuando corresponda, y

d) Planes de manejo de la ley Nº 19.300.

La fiscalización será realizada por la propia Superintendencia o por los órganos sectoriales, cuando corresponda. En todo caso, la Superintendencia podrá contratar las labores de inspección, verificación, mediciones y análisis del cumplimiento de las normas, condiciones y medidas de las resoluciones de calificación ambiental, planes de prevención y/o de descontaminación ambiental, de las normas de calidad ambiental y normas de emisión, cuando correspondan, y de los planes de manejo, cuando procedan, a terceros idóneos debidamente certificados.

Asimismo, la competencia de fiscalización de la Superintendencia se debe complementar con la de interpretación vinculante que realice en relación a las resoluciones de calificación ambiental, medidas de planes y normas de calidad y de emisión, considerando obligatoriamente los informes sectoriales.

Además, el proyecto regula un sistema de “evaluación y certificación de conformidad”, sometido a la disciplina y regulación de la Superintendencia y que sólo podrá ser realizado por sujetos certificados.

Finalmente, regula el sistema de denuncia ciudadana por incumplimiento, que habilita a la Superintendencia a investigar y se obliga a responder los resultados de la investigación. En todo caso, al denunciante se le da la calidad de interesado para todo el procedimiento administrativo respectivo.

Por otra parte, se contemplan medidas de incentivo al cumplimiento de las normas, al reconocer la facultad para que una vez ocurrido un incumplimiento y dentro del plazo de cinco días, el responsable se autodenuncie pudiendo, en razón de la entidad de la infracción y el daño, reducir el monto de la multa. En seguida, si iniciado un procedimiento sancionador el responsable presenta un plan de cumplimiento aprobado por la Superintendencia, el procedimiento se suspenderá hasta el total cumplimiento del plan, contemplando sanciones para el caso de incumplimiento del plan.

Asimismo, se establece un registro público de sanciones, en el cual se identificará a la empresa, a los responsables de la operación y el monto de la sanción.

En el procedimiento para establecer las responsabilidades y aplicar las sanciones, la Superintendencia tendrá las más amplias atribuciones para realizar sus tareas, las que incluyen:

a) Registros.

b) Requerimiento permanente de información, y

c) Citación de cualquiera persona de las fuentes emisoras.

En el caso de aplicación de multas, se considerarán solidariamente responsables a la empresa y a sus responsables en la gestión de la misma.

También establece un único catálogo de sanciones para un conjunto de materias susceptibles de incumplimientos.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y gravísimas. Las sanciones pueden ser amonestación por escrito, multa de una a diez mil unidades tributarias anuales, clausura temporal o definitiva, y revocación de la resolución de calificación ambiental.

Además, se regula un único procedimiento sancionador, del cual es competente la Superintendencia, estableciendo dos reglas de compatibilidad sectorial. La primera es que ningún sector podrá instruir procedimientos sin que termine el de la Superintendencia. La segunda, es que no se puede sancionar dos veces por los mismos hechos y fundamentos jurídicos. Se faculta, además, a que antes y durante el procedimiento sancionador, se puedan ordenar medidas provisionales, tales como:

Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del riesgo o del daño; sellado de aparatos o equipos, clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones; detención del funcionamiento de las instalaciones; suspensión temporal de la resolución de calificación ambiental, cualquiera sea la naturaleza de ésta, incluida la resolución de calificación ambiental, y ordenar programas de monitoreo y análisis específicos que serán de cargo del infractor.

Asimismo, se contempla y, por ende, se regula el plan de recuperación, el que debe ser evaluado por el Servicio de Evaluación Ambiental y aprobado por la Superintendencia. Ejecutado y aprobado el plan, no existirá acción por daño ambiental.

El ARTÍCULO TERCERO introduce modificaciones a la ley Nº 19.300, sobre bases generales del Medio Ambiente.

A decir del mensaje, con el objeto de ser consistente con los objetivos de la reforma, se propone modificar algunas normas de la ley Nº 19.300, y crear nuevos instrumentos.

En primer lugar, se crea la evaluación ambiental estratégica, EAE. Es el procedimiento realizado por el Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable al proceso de formulación e implementación de las políticas y planes de carácter normativo general, que tengan impactos sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y sus modificaciones sustanciales.

Su objeto será anticipar los eventuales efectos ambientales adversos asociados o que puedan derivarse de la definición de una determinada política o plan y, de ese modo, considerar la prevención o mitigación de tales efectos o los mecanismos para evitar la generación de efectos ambientales acumulativos.

Las políticas y planes que se someterán a evaluación ambiental estratégica serán definidos voluntariamente por cada ministerio, siendo su aplicación obligatoria en el caso de los instrumentos de planificación territorial, que hasta ahora estaban sometidos al Seia, sistema que no es el adecuado para evaluar instrumentos tales como la planificación urbana.

En segundo lugar, el rediseño de la institucionalidad supone algunas correcciones al sistema de evaluación de impacto ambiental, Seia, y otras que pueden ser de utilidad para mantener su vigencia como herramienta.

El mensaje hace presente que el Seia es uno de los más exitosos del mundo. Además, es el que menos plazos de tramitación puede exhibir en términos comparados y frente al cual se han realizado importantes esfuerzos de mejoramiento a nivel de gestión.

Por eso, la reforma busca mejorar algunos aspectos destinados a orientar adecuadamente su funcionamiento a lo que técnicamente le es requerido. Las modificaciones están relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Aprobación de proyectos. La transformación de parte de la Conama en un servicio de evaluación ambiental, buscando la tecnificación y certeza para todos los interesados en la decisión de proyectos, ha significado ajustar la estructura de decisión.

Con la modificación propuesta, los proyectos o actividades serán evaluados y calificados por un comité de secretarios regionales ministeriales con competencia ambiental, presididos por el secretario regional ministerial del Medio Ambiente. De este modo, se garantizará un modelo de funcionamiento semejante al actual, de autorización integrada de funcionamiento, pero vinculado a los organismos con competencia ambiental.

En el caso de las reclamaciones en estudios de impacto ambiental, que hasta ahora conoce el Consejo Directivo de la Conama , integrado por catorce ministros, serán resueltas por un Comité de Ministros integrado por los titulares de los ministerios de Medio Ambiente , Salud, Economía, Fomento y Reconstrucción, Agricultura y Energía, de manera de permitir la inclusión de estos sectores en las reclamaciones, pero de un modo mucho más eficiente que la actual integración colegiada amplia.

A su vez, se permite que tanto en las reclamaciones en declaraciones como en estudios de impacto ambiental, quien decida pueda solicitar informes a expertos de reconocida calificación técnica y profesional con el objeto de ilustrar adecuadamente la decisión.

b) Incorporación de normas de eficiencia.

Se establecen algunas reglas, con el objeto de dar eficiencia al sistema: Se permite la tramitación electrónica del procedimiento, se explicita el rechazo de la declaración de impacto ambiental, DIA, o de la evaluación de impacto ambiental, EIA, por insuficiente información; se uniforman las reglas de silencio administrativo para las DIA y el EIA, con las de la ley Nº 19.880; se crea un registro público de resoluciones de calificación ambiental, RCA, administrado por la superintendencia; se prohíbe, en general, el fraccionamiento de proyectos o actividades con el propósito de variar el ingreso al sistema o el instrumento de evaluación, salvo las excepciones que se señalan; se obliga a los servicios sectoriales a comunicar a la Superintendencia la solicitud de cualquier permiso que pudiesen requerir ingresar al Seia; se establecen reglas de caducidad para las resoluciones de calificación ambiental que no han realizado actividades de inicio de ejecución de obras, y se prohíbe a las direcciones de obras municipales otorgar permisos de construcción definitivos si los proyectos o actividades no acreditan la dictación de una resolución de calificación ambiental favorable.

c) Participación ciudadana.

Por otra parte, se ha asumido una de las críticas habituales al actual modelo institucional por la falta o insuficiente participación ciudadana.

Con tal objeto, el proyecto obliga a someter a un nuevo proceso de participación a los estudios de impacto ambiental de los proyectos que, producto de las adendas, se han modificado sustantivamente, suspendiendo el plazo de tramitación con tal objeto, puesto que se considera que un sistema de participación ciudadana transparente, informado y público puede contribuir a una mejor calidad de las decisiones, y también a una adecuada gobernabilidad ambiental.

Por otra parte, se reconoce que una de las áreas ausentes de nuestras regulaciones en términos sustantivos, pero que forma parte de las materias vinculadas a la participación ciudadana, es el acceso a la información de contenido ambiental. Consecuentemente, se propone agregar un párrafo 3º bis, en el título I, que consagra este derecho y lo regula.

Con ese objeto, el proyecto declara pública toda la información de carácter ambiental que está en poder de la administración, que sirva de fundamento para la dictación de actos administrativos y que se refieran al estado de los componentes ambientales, así como de los factores que inciden en él y las medidas adoptadas; al establecimiento y administración de un sistema de información ambiental que considere un conjunto de información de acceso comprensible para los ciudadanos, y a la obligación de emitir periódicamente un informe del estado del medio ambiente y la calidad del mismo a nivel nacional, regional y local.

Finalmente, uno de los aspectos clave de este proyecto en el ARTICULO TERCERO es abordar los aspectos asociados a la biodiversidad, especialmente en las siguientes áreas:

a. El ministerio, conjuntamente con el órgano que corresponda, aprobará los planes de manejo de la ley Nº 19.300.

b. Una vez clasificada una especie, se podrán aprobar planes de recuperación, conservación y gestión de la especie.

c. Al ministerio le corresponderá supervigilar la elaboración del inventario de especies.

d. El ministerio tendrá competencia para proporcionar información con el objeto de elaborar las cuentas ambientales.

El ARTÍCULO CUARTO modifica el decreto Nº 430, de 1992, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.892, ley general de Pesca y Acuicultura.

El ARTÍCULO QUINTO modifica la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales.

El ARTÍCULO SEXTO modifica el decreto ley Nº 1.939, de 1977, sobre adquisición, administración y disposición de Bienes del Estado.

En todos estos artículos se aborda el problema de las áreas silvestres protegidas.

En el mensaje se deja constancia de que Chile carece de un sistema integrado de regulación, clasificación y administración de áreas sujetas a protección oficial. En efecto, es una circunstancia conocida que la ley que ha servido de base a este respecto nunca ha entrado en vigencia, y esto por más de 20 años. En ese contexto, el sistema de áreas protegidas se basa en un conjunto de disposiciones dispersas, que dan origen a diversas denominaciones, que permiten sostener que, en la actualidad, existen más de veinte categorías de protección, lo que en ocasiones tiene efectos sobre la calidad de las políticas públicas en la materia.

Por estos motivos, el Ejecutivo ha dictado la política nacional de áreas protegidas, el plan de acción de corto plazo para los años 2007 y 2008 con el objeto de implementar la política nacional y, recientemente, se ha creado el Comité de Ministros para las Áreas Protegidas, presidido por la ministra del Medio Ambiente .

Se agrega que Chile debe avanzar hacia un sistema nacional e integrado de áreas protegidas, para lo cual es necesario hacerse cargo de un conjunto de aspectos que no son posibles abordar de manera simple.

En ese contexto, se ha optado por entregar las competencias sobre formulación de políticas y supervigilancia del sistema de áreas protegidas del Estado y privadas, respectivamente, al Ministerio de Medio Ambiente que se está creando.

Por otro lado, en el ámbito institucional, se ha decidido modificar los estatutos de la Corporación Nacional Forestal, de manera de integrar al ministro de Medio Ambiente en su consejo directivo, y que esta corporación, en las materias asociadas a las áreas protegidas, se someta a las políticas definidas por el Ministerio de Medio Ambiente.

El ARTÍCULO SÉPTIMO introduce diversas modificaciones al artículo 20 de la ley Nº 18.965, orgánica constitucional de Municipalidades, a fin de establecer que la unidad de aseo y ornato pase también a desempeñar competencias ambientales a nivel local, tratando de reproducir los objetivos de política y gestión a nivel municipal.

La propuesta agrega como competencias las siguientes: Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con medio ambiente; aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna, y elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de la misma, el concejo podrá solicitar siempre un informe fundado del Ministerio del Medio Ambiente.

Finalmente, el ARTÍCULO OCTAVO introduce modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que establece las funciones y estructura del Ministerio de Agricultura.

El ARTÍCULO NOVENO modifica el Código de Aguas.

El ARTÍCULO DÉCIMO modifica el artículo 2º, de la ley Nº 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con el objeto de concretar las ideas matrices del proyecto.

Por su parte, los artículos transitorios regulan las siguientes materias:

El artículo primero establece los plazos en que entrarán en vigencia o que se deberán hacer los informes sobre el estado del medio ambiente a nivel nacional, regional y local; el sistema nacional de información ambiental, así como la ley que regulará los proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación ambiental.

El artículo segundo, en general, faculta al Presidente de la República para fijar la planta de personal del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia de Medio Ambiente.

El artículo tercero dispone que el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental serán los continuadores legales de la Conama.

El artículo cuarto establece la imputación del mayor gasto que derive de las nuevas plantas y su límite.

El artículo quinto faculta al Presidente de la República para nombrar, en forma transitoria y provisional, al superintendente del Medio Ambiente , mientras se efectúa la selección.

El artículo sexto expresa que el Presidente de la República formará el primer presupuesto del Ministerio, de la Superintendencia del Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental.

El artículo séptimo establece que los procedimientos de fiscalización y los sancionatorios iniciados con anterioridad a la vigencia de la ley seguirán tramitándose conforme a sus normas, hasta su total terminación.

Durante el estudio en general del proyecto, la Comisión recibió una serie de invitados, representantes de distintos sectores de la sociedad: académicos, centros académicos independientes, empresarios, organizaciones no gubernamentales, etcétera, muchos de los cuales siguieron la tramitación del proyecto durante todas las sesiones, puesto que eran abiertas al público y transmitidas por el canal de televisión de la Cámara de Diputados.

Entre otros, podemos mencionar: la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte , y sus asesores Luis Cordero y Ximena Insunza , quienes participaron en todo el proceso de tramitación del proyecto; representantes de la Fundación Terram, el Instituto de Ecología Política, el Instituto Libertad y Desarrollo, el Centro de Estudios Públicos (CEP), el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, la Cámara Chilena de la Construcción, Chile Sustentable, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), el Consejo Minero, Greenpeace Chile, Fundación Chile 21, Fondo Mundial para la Conservación -WWF, por su sigla en inglés-, Oceana, Sociedad Chilena de Arqueología , Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Instituto Libertad; Sociedad Nacional de Minería (Sonami); Jorge Bermúdez , profesor de Derecho Administrativo Ambiental de la Universidad Católica de Valparaíso, y Arturo Fermandois , profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La opinión de cada uno de ellos se la puede analizar con detalle en el informe que cada uno de los señores diputados tiene a su disposición.

Valoramos la participación de todas estas instituciones que fueron recibidas en audiencias públicas en la Comisión, lo cual posibilitó que diversas organizaciones gremiales, no gubernamentales y centros de estudios nos dieran a conocer su opinión sobre el proyecto de ley.

Por otra parte, me parece importante mencionar que, con fecha 8 de septiembre de 2008, la Comisión de Recursos Naturales, en conjunto con la Conama y la Universidad de Chile, organizó un foro relativo a esta nueva institucionalidad ambiental, el que tuvo una concurrencia masiva, ya que asistieron más de 120 personas. Tuvimos expositores y comentaristas de gran nivel, como Sara Larraín , Ana Luisa Covarrubias , Rodolfo Camacho , Mario Galindo , Alejandro Ferreiro , Fernando Dougnac , Jaime Dinamarca , entre otros, cuyas exposiciones y opiniones también fueron consideradas por la Comisión para efectos de la discusión de la iniciativa.

También cabe destacar que tanto esta diputada , en calidad de Presidenta de la Comisión de Recursos Naturales durante el tiempo de tramitación de este proyecto, como otros diputados integrantes de la Comisión participamos activamente en diversos foros y seminarios que se realizaron, principalmente en el mundo académico, con el objeto de analizar esta nueva institucionalidad ambiental, como, por ejemplo, los diálogos participativos y talleres que realizó el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, que, además, colaboró permanentemente con la Comisión.

Una vez finalizadas todas las audiencias, el Ejecutivo manifestó su total disposición para recoger una serie de propuestas presentadas por los diferentes invitados, lo que finalmente se hizo, según tendremos oportunidad de constatar más adelante, cuando explique cómo quedó redactado finalmente el proyecto y los cambios que se fueron suscitando en su articulado.

Por su parte, los diputados integrantes de la Comisión valoramos los planteamientos realizados por la ministra presidenta de la Conama, así como su disposición para acoger los planteamientos realizados durante el estudio general del proyecto.

Asimismo, algunos señores diputados hicieron presente sus dudas respecto de la eficiencia de tramitar de manera conjunta las tres partes fundamentales del proyecto de ley -esto es, Ministerio, Servicio de Evaluación Ambiental y Superintendencia-, que, si bien tienen objetivos afines, son, a la vez, distintos. Por ello, se mostraron partidarios de solicitar la división del proyecto en dos iniciativas legales, opción que finalmente fue desechada por cuanto estuvieron contestes en el hecho de que el proyecto se sustenta en la complementación de las competencias y en los dichos de la ministra, en el sentido de que con este proyecto de ley se da cumplimiento a un compromiso del programa de gobierno, el que, además, era compartido por los otros candidatos presidenciales, amén de que no existe una razón de peso para justificar la priorización de un proyecto por sobre otro.

Votación en general del proyecto.

En definitiva, la Comisión, que compartió los objetivos y fundamentos proporcionados en el mensaje y los entregados durante la discusión general del proyecto de ley, procedió a aprobar la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes, señores Accorsi, don Enrique ; Chahuán, don Francisco ; Escobar, don Álvaro ; Espinosa, don Marcos ; Girardi Brieri, don Guido ; León, don Roberto ; Palma, don Osvaldo ; Sepúlveda, don Roberto ; Vallespín, don Patricio , y la diputada que habla.

Discusión particular del proyecto.

Los epígrafes de los títulos y párrafos fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes, sin enmiendas.

Respecto del articulado, y como es de suponer para un proyecto de esta envergadura, se presentaron una serie de indicaciones por parte de todos los diputados integrantes de la Comisión y del Ejecutivo. Como es imposible explayarse sobre todas las indicaciones presentadas, así como sobre las que finalmente fueron aprobadas o rechazadas, en consideración al tiempo previsto para este debate y atendido el hecho de que todos tenemos en nuestro poder el completo informe con el detalle de cada una de ellas, me remitiré a informar sobre el contenido final del proyecto, para luego exponer, a modo de síntesis, los principales cambios que experimentó el proyecto original en relación con el que comenzaremos a debatir en esta Sala.

Contenido final del proyecto aprobado por la Comisión.

El proyecto de ley se sustenta en la creación de tres grandes instituciones: el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental.

Además, se hace una serie de adecuaciones a la ley Nº 19.300, a fin de hacerla compatible con esta nueva institucionalidad, y también se reforman algunos artículos de otros cuerpos legales.

Ministerio del Medio Ambiente.

Se crea esta nueva cartera mediante la sustitución, en la ley Nº 19.300, sobre bases generales del medio ambiente, del título final, que hoy corresponde a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama , por un título que reza de la siguiente manera: “Del Ministerio del Medio Ambiente”.

Los aspectos a destacar son los siguientes:

1. Se crea el Ministerio del Medio Ambiente como una secretaria de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa (artículo 69).

Se cuentan entre sus principales funciones (artículo 70):

-Proponer las políticas ambientales e informar periódicamente sobre sus avances y cumplimientos.

-Proponer las políticas, planes, programas y normas, y supervigilar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza, y supervisar el manejo de las áreas protegidas de propiedad privada.

-Proponer las políticas, planes, programas, normas y supervigilar las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos.

-Velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales en que Chile sea parte en materia ambiental.

-Colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de los criterios ambientales que deben ser incorporados en la elaboración de sus políticas, evaluaciones ambientales estratégicas y procesos de planificación, así como en la de sus servicios dependientes.

-Colaborar con los organismos competentes en la formulación de las políticas ambientales para el manejo, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables.

-Proponer políticas y formular normas, planes y programas en materia de residuos y suelos contaminados, así como la evaluación del riesgo de productos químicos, organismos genéticamente modificados y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.

-Proponer políticas y formular los planes, programas y planes de acción en materia de cambio climático.

-Proponer políticas y formular planes, programas y acciones en materia de recuperación y conservación de los recursos genéticos.

-Elaborar y ejecutar estudios y programas de investigación, protección y conservación de la biodiversidad.

-Elaborar los estudios necesarios y recopilar toda la información disponible para determinar la línea de base ambiental del país y la capacidad de carga de las distintas cuencas ambientales del país.

-Coordinar el proceso de generación de las normas de calidad ambiental, de emisión y de planes de prevención.

-Elaborar, cada cuatro años, informes sobre el estado del medio ambiente a nivel nacional, regional y local.

-Interpretar administrativamente las normas de calidad ambiental y de emisión, los planes de prevención y/o de descontaminación, previo informe del o de los organismos con competencia en la materia específica y de la Superintendencia del Medio Ambiente. Asimismo, podrá solicitar a los distintos servicios informes sobre los criterios utilizados y, además, podrá uniformar estos últimos.

-Administrar un registro de emisiones y transferencias de contaminantes, en el cual se registrará y sistematizará, por fuente o agrupación de fuentes de un mismo establecimiento, la naturaleza, caudal y concentración de emisiones de contaminantes que sean objeto de una norma de emisión, y la naturaleza volumen y destino de los residuos sólidos generados que señale el reglamento. En algunos casos, el Registro sistematizará y estimará el tipo, caudal y concentración total y por tipo de fuente, de las emisiones que no sean materia de una norma de emisión vigente.

-Establecer un sistema de información sobre el cumplimiento y aplicación de la legislación vigente en materia ambiental.

-Establecer convenios de colaboración con gobiernos regionales y municipalidades.

-Participar en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de las políticas y planes que promuevan los diversos órganos de la Administración, de conformidad a lo señalado en la presente ley en tramitación.

-Generar y recopilar la información técnica y científica precisa para la prevención de la contaminación y la calidad ambiental.

-Administrar la información de los programas de monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, proporcionada por los organismos competentes.

-Financiar proyectos y actividades orientados a la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio ambiental, la educación ambiental y la participación ciudadana.

-Realizar y fomentar capacitación y actualización técnica a los funcionarios públicos en materias relacionadas con las funciones encomendadas al Ministerio.

-Crear y presidir comités y subcomités operativos formados por representantes de los ministerios, servicios y demás organismos competentes.

-Fomentar y facilitar la participación ciudadana en la formulación de políticas y planes, normas de calidad y de emisión en el proceso de evaluación ambiental estratégica de las políticas, planes y programas de los ministerios sectoriales.

-Asumir todas las demás funciones y atribuciones que la ley le encomiende.

En virtud del artículo 72, se crea un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que será presidido por el ministro del Medio Ambiente e integrado por los ministros de Hacienda, de Salud, de Economía , Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería y de Planificación.

Las principales funciones y atribuciones del Consejo serán las siguientes:

-Proponer al Presidente de la República las políticas para el manejo, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables, y los criterios de sustentabilidad que deben ser incorporados en la elaboración de las políticas y procesos de planificación de los ministerios, así como en la de sus servicios dependientes y relacionados.

-Proponer al Presidente de la República la creación de las Áreas Protegidas del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza y de las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos.

-Proponer al Presidente de la República las políticas sectoriales que deben ser sometidas a evaluación ambiental estratégica.

Los acuerdos del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad serán obligatorios para los organismos de la Administración del Estado a los cuales estén dirigidos, incurriendo en responsabilidad administrativa los funcionarios que no den cumplimiento a los mismos.

Los artículos 75 y siguientes se refieren a la organización del Ministerio, que será la siguiente: el ministro del Medio Ambiente , el subsecretario, las secretarías regionales ministeriales del Medio Ambiente y el Consejo Consultivo Nacional y los consejos consultivos regionales.

Un reglamento determinará la distribución temática en las divisiones del Ministerio, las que deberán contemplar, a lo menos, las siguientes materias: regulación ambiental; información y economía ambiental; educación, participación y gestión local; recursos naturales y biodiversidad; cambio climático y cumplimiento de convenios internacionales, y planificación y gestión.

En relación con las secretarías regionales ministeriales, habrá una por cada región del país y tendrán como funciones principales:

-Ejercer en lo que les corresponda las competencias del Ministerio.

-Asesorar al gobierno regional para la incorporación de los criterios ambientales en la elaboración de los planes y de las estrategias de desarrollo regional, y

-Colaborar con los municipios respectivos en materia de gestión ambiental.

Respecto del Consejo Consultivo Nacional, éste será presidido por el ministro del Medio Ambiente e integrado por:

-Dos científicos, propuestos en quina por el Consejo de Rectores de las universidades chilenas;

-Dos representantes de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que tengan como función la protección del medio ambiente;

-Dos representantes de centros académicos independientes que estudien o que se ocupen de materias ambientales;

-Dos representantes del empresariado, propuestos en quina por la organización empresarial de mayor representatividad en el país;

-Dos representantes de los trabajadores, propuestos en quina por la organización sindical de mayor representatividad en el país, y

-Un representante del Presidente de la República.

Los consejeros serán nombrados por el Presidente de la República , por un período de dos años, el que podrá prorrogarse por una sola vez. El funcionamiento del Consejo será establecido por un reglamento.

Por otra parte, en cada región, existirá un Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, que estará integrado por:

-Dos científicos;

-Dos representantes de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que tengan por objeto la protección o el estudio del medio ambiente;

-Dos representantes del empresariado;

-Dos representantes de los trabajadores, y

-Un representante del ministro del Medio Ambiente .

Los consejeros serán nombrados por el intendente, a proposición del secretario regional ministerial del Medio Ambiente , previa consulta a las respectivas organizaciones o sindicatos más representativos de la región. Respecto de los científicos, serán propuestos por las universidades o institutos profesionales establecidos en la región. Si no los hubiere, los designará libremente el intendente regional.

Los consejeros durarán en sus funciones un período de dos años, el que podrá prorrogarse por una sola vez.

Servicio de Evaluación Ambiental.

Este servicio está regulado en el Párrafo 6º del Título correspondiente al Ministerio del Medio Ambiente y definido como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propios, y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República , a través del Ministerio del Medio Ambiente (artículo 81).

El Servicio estará afecto al sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley Nº 19.882.

El artículo 82 se refiere a sus principales funciones, entre las que se cuentan las siguientes:

-Administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental;

-Administrar un sistema de información sobre permisos y autorizaciones de contenido ambiental;

-Administrar un sistema de información de líneas de bases de los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental;

-Uniformar los criterios, requisitos, condiciones, antecedentes, certificados, trámites, exigencias técnicas y procedimientos de carácter ambiental que establezcan los ministerios y demás organismos del Estado competentes, mediante el establecimiento, entre otros, de guías trámite;

-Proponer la simplificación de trámites para los procesos de evaluación o autorizaciones ambientales;

-Administrar un registro de consultores certificados para la realización de Declaraciones o Estudios de Impacto Ambiental, de carácter informativo;

-Interpretar administrativamente las Resoluciones de Calificación Ambiental, previo informe del o de los organismos con competencia en la materia específica que participaron en la evaluación, del Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiente, según corresponda, y

-Fomentar y facilitar la participación ciudadana en la evaluación de proyectos, de conformidad a lo señalado por la ley.

El artículo 84 se refiere a la administración y dirección superior del Servicio, que estará a cargo de un Director Ejecutivo , quien será el Jefe Superior del Servicio y tendrá su representación legal. Le corresponderán las siguientes funciones principales:

-Administración superior del Servicio;

-Requerir de los organismos del Estado la información y antecedentes que estime necesarios y que guarden relación con sus respectivas esferas de competencia;

-Designar y contratar personal y poner término a sus servicios;

-Celebrar los convenios y ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento de los fines del Servicio;

-Adquirir y administrar bienes muebles, así como celebrar los actos o contratos que sean necesarios para tal cumplimiento;

-Conocer el recurso de reclamación, de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la presente ley;

-Delegar parte de sus funciones y atribuciones en funcionarios del Servicio;

-Representar judicial y extrajudicialmente al Servicio y conferir poder a abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, aun cuando no sean funcionarios del Servicio, con las facultades de ambos incisos del artículo 7º del Código de Procedimiento Civil.

El Servicio de Evaluación Ambiental se desconcentrará territorialmente, a través de las Direcciones Regionales de Evaluación Ambiental. En cada región del país, habrá un Director Regional , que representará al Servicio y será nombrado por el Director Ejecutivo , mediante el sistema de Alta Dirección Pública.

La evaluación y calificación de los proyectos se hará por una Comisión de Seremis (artículo 86), presidida por el Seremi del Medio Ambiente e integrada por los seremis de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, de Planificación y por el Director Regional del Servicio, quien actuará como secretario.

Además, las Direcciones Regionales de Evaluación Ambiental conformarán un comité técnico, integrado por el Seremi del Medio Ambiente, que lo presidirá; por el director regional de Evaluación Ambiental , por los directores regionales de los servicios públicos que tengan competencia en materia de medio ambiente, incluido el gobernador marítimo correspondiente, y por el Consejo de Monumentos Nacionales. Este comité elaborará un acta de evaluación de cada proyecto que será de libre acceso para los interesados.

El procedimiento de calificación o rechazo de los proyectos deberá ajustarse a lo señalado en los artículos 9º, 9º bis y 9º ter de esta ley, que analizaremos cuando discutamos las modificaciones a la ley Nº 19.300.

Superintendencia del Medio Ambiente.

Se crea la Superintendencia del Medio Ambiente (artículo 1º de la ley orgánica que se crea), como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.

La Superintendencia constituye una institución fiscalizadora en los términos del decreto ley Nº 3.551, de 1981, que estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública. Además, estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República.

La Superintendencia tendrá por objeto ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las resoluciones de calificación ambiental, de las medidas de los planes de prevención y/o de descontaminación ambiental, del contenido de las normas de calidad ambiental y normas de emisión, y de los planes de manejo, cuando corresponda, y de todos los otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley.

Se aclara que los organismos sectoriales que cumplan funciones de fiscalización ambiental conservarán sus competencias y potestades de fiscalización en todas las materias e instrumentos que no sean de competencia de la Superintendencia, pero deberán adoptar y respetar todos los criterios que la Superintendencia establezca en relación con la forma de ejecutar las actuaciones de fiscalización, pudiendo solicitar a ésta que se pronuncie al respecto.

El artículo 3º establece que la Superintendencia tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

-Fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas, condiciones y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental.

-Velar por el cumplimiento de las medidas e instrumentos establecidos en los planes de prevención y/o de descontaminación ambiental.

-Contratar las labores de inspección, verificación, mediciones y análisis del cumplimiento de las normas, condiciones y medidas de las resoluciones de calificación ambiental.

-Exigir, examinar y procesar los datos, muestreos, mediciones y análisis que los sujetos fiscalizados deban proporcionar.

-Suspender transitoriamente las autorizaciones provisorias de inicio del proyecto o actividad y autorizaciones de funcionamiento contenidas en las resoluciones de calificación ambiental o adoptar otras medidas urgentes y transitorias para el resguardo del medio ambiente cuando la ejecución u operación de un proyecto o actividad genere un daño grave e inminente para el medio ambiente, como consecuencia de incumplimientos graves de las normas y condiciones previstas en dichas resoluciones.

Esta medida que sólo podrá ser decretada mediante resolución fundada, previa notificación al afectado, deberá ser temporal, proporcional a la magnitud del daño que se busque prevenir y cesará de pleno derecho una vez que cese el riesgo de daño grave e inminente o si habiendo transcurrido cinco días desde que se decretaron no se haya notificado al afectado sobre el inicio de un procedimiento sancionador, cuando corresponda.

El Superintendente del Medio Ambiente será el jefe de servicio y será nombrado por el Presidente de la República.

A las oficinas regionales les corresponderá ejercer, dentro del territorio de su competencia, las funciones y atribuciones que, siendo de competencia de la Superintendencia, les sean delegadas por el superintendente.

El personal de la Superintendencia habilitado como fiscalizador tendrá el carácter de ministro de fe.

Para el desarrollo de las actividades de fiscalización ambiental, la Superintendencia deberá establecer, anualmente, los programas y subprogramas que se mencionan en el artículo 16.

Las actividades de fiscalización se ceñirán a los programas y subprogramas definidos, sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia para disponer la realización de inspecciones no consideradas en aquéllos, en caso de denuncias o reclamos y en los demás en que tome conocimiento, por cualquier medio, de incumplimientos o infracciones de su competencia.

Las inspecciones, mediciones y análisis podrán ser ejecutadas por la Superintendencia, como también encomendadas a los organismos sectoriales, cuando corresponda.

La Superintendencia tendrá una serie de facultades, a fin de permitir una adecuada inspección y fiscalización.

El artículo 31 establece que la Superintendencia administrará un Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, que se conformará con una serie de antecedentes y datos.

El artículo 38 dispone que las infracciones cuyo conocimiento compete a la Superintendencia podrán ser objeto de las siguientes sanciones:

-Amonestación por escrito;

-Multa de cinco a cincuenta mil unidades tributarias anuales;

-Clausura temporal o definitiva, y

-Revocación de la resolución de calificación ambiental.

El artículo 41 del proyecto considera la figura de la autodenuncia.

El artículo 42 dispone que, iniciado un procedimiento sancionatorio, el infractor podrá presentar, en el plazo de cinco días contados desde el acto que lo incoa, un programa de cumplimiento.

El artículo 43 establece que, sin perjuicio de las sanciones administrativas que se le imponga, el infractor que haya ocasionado un daño ambiental estará obligado a reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado, o en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas.

El artículo 44 preceptúa que las sanciones administrativas aplicadas de conformidad a esta ley, prescribirán a los tres años desde la fecha en que la respectiva resolución sancionatoria haya quedado a firme.

El artículo 45 dispone que las resoluciones de la Superintendencia que apliquen multa tendrán mérito ejecutivo.

El monto de las multas impuestas por la Superintendencia será a beneficio fiscal.

Si el infractor fuere una persona jurídica, las personas naturales que la representen legalmente o que actúen en su nombre serán subsidiariamente responsables del pago de la multa.

De acuerdo con el artículo 47, el procedimiento administrativo sancionatorio podrá iniciarse de oficio, a petición del órgano sectorial o por denuncia.

El artículo 48 establece que cuando se haya iniciado el procedimiento sancionatorio, el instructor del procedimiento, con el objeto de evitar el daño inminente al medio ambiente o a la salud de las personas, podrá solicitar al Superintendente la adopción de alguna o algunas medidas provisionales.

El artículo 55 dispone que en contra de las resoluciones de la Superintendencia que apliquen sanciones, se podrá interponer el recurso de reposición, en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución.

El plazo para resolver cada uno de estos recursos será de treinta días hábiles.

El artículo 58 dispone que la Superintendencia deberá consignar las sanciones aplicadas en un registro público.

El artículo 60 aplica el principio del non bis in idem, es decir, nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho.

Adecuaciones a la ley Nº 19.300, sobre bases generales de la Medio Ambiente.

El ARTÍCULO TERCERO del proyecto introduce una serie de modificaciones a la ley Nº 19.300, sobre bases generales del Medio Ambiente, a fin de hacerla compatible con la nueva institucionalidad.

Se introducen nuevos conceptos por medio del artículo 2º.

Además, se hace una serie de adecuaciones de forma dentro del articulado del proyecto, para reemplazar las siguientes expresiones: Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama , por el Servicio de Evaluación Ambiental, que será su continuador legal; la Dirección Ejecutiva de la Conama por el Director del Servicio de Evaluación Ambiental y las Comisiones Regionales del Medio Ambiente por las Comisiones de Evaluación de Seremis.

Se agrega un nuevo Párrafo, De la Evaluación Ambiental Estratégica, señalándose que se someterán a ella las políticas y planes de carácter normativo general.

En relación con la regulación legal del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se incorporan los siguientes cambios en la materia:

La administración de este Sistema corresponderá al Servicio de Evaluación Ambiental.

Las declaraciones o estudios de impacto ambiental deberán presentarse ante la Comisión de Evaluación compuesta por los Seremis señalados en el artículo 86 del ARTÍCULO PRIMERO del proyecto.

Para efectos de calificar o rechazar un proyecto o actividad sometido al sistema, se establece la obligación para la Comisión de Evaluación o el Director Ejecutivo , en su caso, de hacerlo sólo en virtud del informe consolidado de evaluación.

El artículo 10, que se modifica por medio del numeral 7 del ARTÍCULO TERCERO señala los proyectos o actividades que deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Su letra h) exime de esta obligación a los planes regionales de desarrollo urbano, planes intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales.

Se incorpora el principio de la unicidad en la evaluación de los proyectos.

Se elimina la figura de la autorización provisoria y el seguro por daño ambiental. Sin embargo, cuando el estudio de impacto ambiental se refiere a proyectos o actividades que deban ser implementados de manera urgente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, así como a servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país, el plazo de evaluación se reducirá a la mitad, es decir, de 120 a 60 días.

En el caso de declaraciones de impacto ambiental, DIA, se establece la misma posibilidad para la hipótesis de hecho ya mencionada, y también en el caso de requerir el respectivo proyecto o actividad un estudio de impacto ambiental. En el caso de las DIA, la resolución sólo puede pronunciarse dentro de los primeros treinta días.

Se introducen cambios respecto de la participación ciudadana en los estudios y declaraciones de impacto ambiental, que se encuentran en los artículos 27 y siguientes.

-Se incorpora la obligación de establecer los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad en el proceso de calificación de las declaraciones de impacto ambiental, cuando corresponda.

-Se agrega la obligación de publicar en las mismas condiciones que rigen para la publicación del extracto del estudio de impacto ambiental, todas las aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones de que haya sido objeto. La misma obligación se contempla respecto de las aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones de una declaración de impacto ambiental.

-Se amplía la facultad de imponerse del contenido del estudio y formular observaciones, a cualquier persona, natural o jurídica, y ya no sólo a las organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, por intermedio de sus representantes, y a las personas naturales directamente afectadas.

-Se deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana, por el plazo de treinta días, en caso de que durante el proceso de evaluación, el estudio de impacto ambiental hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente el proyecto.

-Las observaciones efectuadas se considerarán como parte del proceso de calificación.

-Se contempla la apertura de un proceso de participación ciudadana por el plazo de veinte días en los proyectos cuyas declaraciones de impacto ambiental se presenten a evaluación.

Otras modificaciones que introduce el proyecto de ley a diversos cuerpos legales.

A la ley orgánica constitucional de Municipalidades.

A la ley que establece las funciones y estructura del Ministerio de Agricultura.

Al Código de Aguas, para agregar que un reglamento, que deberá llevar la firma de los ministros del Medio Ambiente y de Obras Públicas , determinará los criterios en virtud de los cuales se establecerá el caudal ecológico mínimo.

Artículos transitorios.

Los artículos transitorios del primero al séptimo no sufrieron modificación alguna durante su tramitación en la Comisión, de tal manera que se mantienen tal como fueron explicados en un comienzo de esta intervención.

Por indicación del Ejecutivo, se agregó un artículo octavo transitorio, que establece que dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley los Ministros del Medio Ambiente y de Agricultura deberán formular y presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de biodiversidad y áreas protegidas, así como en el ámbito forestal.

Principales modificaciones al proyecto.

Ministerio del Medio Ambiente.

Se trasladan a las funciones del Ministerio y a las del Servicio de Evaluación Ambiental, según corresponda, las de naturaleza interpretativa, que en un principio estaban establecidas como funciones o atribuciones de la Superintendencia, lo que fue criticado por varias organizaciones que participaron de las audiencias públicas.

Dentro de la normativa del Ministerio, se agrega un nuevo párrafo que establece el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Superintendencia del Medio Ambiente

Se precisa que los organismos sectoriales que cumplan funciones de fiscalización ambiental conservarán sus competencias y potestades de fiscalización en todas las materias e instrumentos que no sean de competencia de la Superintendencia.

Dentro de las facultades de la Superintendencia, se precisa la que consiste en suspender transitoriamente las autorizaciones provisorias y las Resoluciones de Calificación Ambiental, RCA.

Respecto de la solicitud al Servicio para decretar la caducidad de una RCA, se amplió el plazo de 3 a 6 años.

En cuanto a los programas y subprogramas de fiscalización, se precisó que, si bien éstos deberán publicarse al finalizar el año respectivo, las metodologías y guías de fiscalización aprobadas por la Superintendencia serán de conocimiento público.

Dentro de las infracciones por las que podrá sancionar la Superintendencia, se incorporó como de naturaleza gravísima los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que hayan causado cualquier tipo de daño en los recursos naturales pertenecientes a áreas silvestres protegidas del Estado.

En cuanto a la sanción de multa, se modificó la expresión “de una a diez mil unidades tributarias anuales”, que contemplaba el proyecto original, por “de cinco a cincuenta mil unidades tributarias anuales”. Consecuentemente con ello, se modificó también el rango de la multa que puede aplicarse según la infracción, sea gravísima, grave o leve (artículos 38 y 39).

Asimismo, se modificó la figura de la autodenuncia.

Se precisó que las medidas provisionales que puede adoptar el Superintendente en el marco de un procedimiento sancionador, deberán ser ordenadas con fines exclusivamente cautelares, y con el objeto de evitar daño inminente al medio ambiente o a la salud de las personas.

El recurso de reclamación en contra de las resoluciones de la Superintendencia, antes tenía un plazo para su interposición de 10 días hábiles, y ante la Corte de Apelaciones respectiva. Ahora, el plazo es de 15 días hábiles, y ante el juez de letras en lo civil correspondiente al domicilio del reclamante.

En el artículo 60 de la ley se consagra expresamente el principio non bis in idem, al establecer que en ningún caso se podrá aplicar al infractor, por los mismos hechos y fundamentos jurídicos, dos o más sanciones administrativas.

Modificaciones a la ley Nº 19.300.

En el marco de la evaluación ambiental estratégica, se establece que uno de los aspectos a considerar es el relacionado con la forma de participación del público interesado. Vía indicación aprobada, se agrega que el reglamento considerará la participación ciudadana en sus tres dimensiones: informativa, consultiva y resolutiva.

En el artículo 10, que contiene la lista de proyectos o actividades que deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, se agregan los proyectos de desarrollo, cultivo o explotación, en las áreas mineras, agrícolas, forestales e hidrobiológicas que utilicen organismos genéticamente modificados.

Se crea un nuevo artículo 12 bis, en el que se establecen las materias que debe considerar una Declaración de Impacto Ambiental.

Se incorpora un nuevo artículo 13 bis, por medio del cual se establece la obligación de informar sobre cualquier negociación llevada a cabo con el objeto de acordar medidas de compensación o mitigación ambiental, y se aclara que ellas no serán vinculantes para la calificación ambiental.

En materia de participación ciudadana, se contemplan normas que no traía el proyecto original.

Artículos transitorios.

Mediante el artículo 8º transitorio, nuevo, se estableció la obligación de que, dentro del plazo de un año desde la publicación de la ley, los ministros del Medio Ambiente y de Agricultura formulen y presenten al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de biodiversidad y áreas protegidas, así como en el ámbito forestal.

Esta fue una de las materias que logró mayor consenso transversal, y que el Ejecutivo recogió e incorporó por medio de una indicación que se aprobó en la Comisión.

Señor Presidente, he tratado de resumir lo más posible el informe. Agradezco la atención de los colegas.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Para rendir el informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.

El señor PÉREZ (don José).-

Señor Presidente , la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural viene en informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en mensaje, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

Se hace constar que en la sesión 99ª, de fecha 31 de marzo de 2009, se hizo presente la urgencia con calificación de “suma”.

Durante su análisis, la Comisión contó con la asistencia del subsecretario de Agricultura , don Reinaldo Ruiz ; del fiscal de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Odepa, don Mauricio Caussade , y de los asesores jurídicos don Luis Cordero y doña Ximena Insunza , además de la presencia permanente de don Dionisio Faulbaum .

Dentro de las constancias reglamentarias, cabe hacer presente que la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural suscribe lo señalado por la diputada informante de la Comisión de Recursos Naturales , Bienes Nacionales y Medio Ambiente, señora Denise Pascal .

El objetivo de la iniciativa es diseñar una nueva institucionalidad ambiental. Eso implica la creación del Ministerio del Medio Ambiente, a cargo de elaborar las políticas y normativas medioambientales; del Servicio de Evaluación Ambiental, encargado de la administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y de la Superintendencia del Medio Ambiente, cuya misión será fiscalizar el cumplimiento de los cuatros instrumentos de gestión ambiental.

a) Resoluciones de calificación ambiental;

b) Planes de prevención y descontaminación;

c) Normas ambientales, y

d) Planes de manejo.

Para garantizar la transversalidad del tema medioambiental al exterior del Ejecutivo en las políticas, y que las regulaciones puedan, en cada uno de los casos, además tener en consideración a los sectores del aparato público, se crea un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que no tendrá competencia de dirección superior sobre el Ministerio del Medio Ambiente.

Durante la tramitación del proyecto en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, se buscó el compromiso del Ejecutivo en el sentido de regular las materias asociadas a las áreas silvestres protegidas existentes. Esto dice relación con el acuerdo de diversos actores para que una norma transitoria fije un plazo que permita lograr un consenso a fin de elaborar una norma sobre esta materia.

Resulta razonable plantear la propuesta en un contexto de implementación temporal. Al respecto, cabe recordar que el Fondo Mundial para el Medio Ambiente tiene vigencia hasta el 2013, y contempla los recursos para el diseño y la estrategia de instalación del sistema.

La fórmula usada en el artículo octavo transitorio corresponde a una redacción similar a la utilizada en la ley Nº 20.173.

Consecuentemente, la Comisión acordó pronunciarse respecto del ARTÍCULO OCTAVO permanente y octavo transitorio, contenidos en el informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente que establece lo siguiente:

“ARTÍCULO OCTAVO.- Reemplázase en el artículo 1º del Decreto con Fuerza de Ley 294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que establece las funciones y estructura del Ministerio de Agricultura, la siguiente oración “la conservación, protección y acrecentamiento de los recursos naturales renovables” por “la protección de los recursos naturales renovables del ámbito silvoagropecuario, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente.”

“Artículo octavo transitorio.- Dentro del plazo de un año desde la publicación de esta Ley, los Ministros del Medio Ambiente y de Agricultura deberán formular y presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como en el ámbito forestal.”

Puestos en votación los artículos, fueron aprobados por la unanimidad de las señoras diputadas y señores diputados presentes en la Comisión de Agricultura.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Para rendir el informe de la Comisión de Hacienda, tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.

El señor LORENZINI.-

Señor Presidente , la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente dispuso que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos que se indican en el informe, y ésta decidió a agregar otros a su estudio.

Los diputados señores Delmastro , Aedo , Dittborn y Von Mühlenbrock presentaron indicaciones, entre otros, a los artículos 70, 72 y 82 del ARTÍCULO PRIMERO, al artículo 3º del ARTÍCULO SEGUNDO, etcétera.

Cabe señalar que, luego de un extenso debate, varias indicaciones fueron declaradas inadmisibles, y otras, rechazadas.

Desde el punto de vista técnico, quiero destacar dos temas relevantes o importantes, como dirían los diputados señores Ortiz y Ojeda . Uno, la incorporación, por medio de una indicación, de la expresión “e hídricos” a iniciativa del diputado Montes , que recogió la ministra presidenta de la Conama . La indicación se aprobó por unanimidad, ya que la gestión hídrica forma parte del tema medioambiental.

El otro tema se refiere a las sanciones. En la Comisión técnica se elevó el tope de las multas a 50 mil UTM, es decir, alrededor de 20 mil millones de pesos. En Chile existen proyectos importantes. Por eso, la aplicación de multas de 20 mil millones de pesos me parece algo desproporcionado. A mi juicio, la multa debe guardar una relación con el proyecto de que se trate y tener una cierta lógica.

Por lo tanto, en la Comisión de Hacienda se formuló una indicación para restablecer el límite de 10 mil UTM, es decir, del orden de 4 mil millones de pesos como tope, cifra que nos parece adecuada.

Además, se discutió en forma intensa lo planteado por los diputados señores Robles y Tuma en relación con la participación ciudadana. Al respecto, el diputado señor Roberto León conoce una historia sobre Licantén , lo cual refleja la importancia de la participación ciudadana en cuanto a la decisión de los proyectos.

Me parece que no es necesario repetir el extenso informe.

Por lo tanto, la Comisión de Hacienda, con la presencia de los diputados señores Eugenio Tuma , quien la presidió; Julio Dittborn , quien también la presidió; René Aedo ( Alberto Cardemil) , Claudio Alvarado , Rodrigo Álvarez -quien espero nos siga acompañando-, Roberto Delmastro , Enrique Jaramillo , Gonzalo Duarte , Carlos Montes , José Miguel Ortiz , Alberto Robles ( José Pérez , quien proviene de la Comisión de Agricultura), Raúl Súnico , Gastón von Mühlenbrock y quien habla, discutieron y aprobaron el proyecto.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente , en un momento me mostré escéptico respecto del proyecto. Sin embargo, luego de escuchar a una de las más brillantes ministras de este Gobierno, persona capacitada enormemente para hacer entender a quienes teníamos algo que decir en relación con él, cambié de opinión.

Si alguien no entiende el proyecto -me da la impresión de que ello ocurre con el diputado señor Montes- lo mejor es no comentarlo y dejar que lo hagan quienes trabajaron en él.

Costó seguir el informe del proyecto debido a su extensión. Además, nadie puso mucha atención a la diputada informante , señora Denise Pascal , ya sea porque el volumen de su voz no fue el adecuado o debido a que el horario que se escogió no fue el más conveniente. Con todo, quienes participamos en la elaboración el proyecto en la comisiones respectivas entendimos su alcance, el que valoramos y destacamos.

La nueva institucionalidad en materia de medio ambiente constituye un importante paso en ese ámbito, pues reemplaza la existente, que demostró ser insuficiente. Sin embargo -se trata de un punto que podría aclarar la señora ministra-, también se ha señalado que es una de las más avanzadas en Latinoamérica, lo que provoca confusión. Desde hace años que nuestro país se hizo cargo de los problemas que afectan el medio ambiente, entre ellos el calentamiento global. Tal situación me hace sentir orgulloso; sin embargo, como Chile es un país exigente, se hace necesario ahondar más sobre la materia.

El proyecto crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. De esta manera, se establece un organismo fiscalizador centralizado que viene a complementar la creación del ministerio, repartición que requería un soporte institucional. Sin duda, falta complementar la ley Nº 19.300, de bases generales del Medio Ambiente. De allí la importancia de la iniciativa y la urgencia de su aplicación.

El proyecto -la materia se analizó en la Comisión de Hacienda, en la que participo- tiene un costo anual de 4.100 millones de pesos y considera la consolidación de los recursos contemplados en el presupuesto de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. El 75 por ciento de ese monto corresponde a gastos en personal, lo que acentúa su carácter técnico.

El nuevo ministerio comprenderá una subsecretaría y seis divisiones, a los que se agregan las secretarías regionales ministeriales y los consejos consultivos nacionales y regionales, con lo cual se busca descentralizar la labor del ministerio. Por otra parte, se mantiene el Consejo de Ministros, vínculo esencial con los parlamentarios de las comisiones de Medio Ambiente del Senado y de la Cámara de Diputados.

La creación de la Superintendencia del Medio Ambiente persigue centralizar la fiscalización en busca de la eficiencia, para lo cual se le otorgan amplias competencias en materia de calificación ambiental, planes de prevención y descontaminación, normas de calidad y de emisión de residuos industriales líquidos, entre otras. La calificación de bajo riesgo podrá ser efectuada por los privados, lo que simplifica el sistema. Adicionalmente, se centralizan los incentivos y sanciones en materia ambiental.

Continuando con la búsqueda de excelencia en los funcionarios públicos y el proceso de descentralización administrativa, el Servicio de Evaluación Ambiental se regirá por las normas de la Alta Dirección Pública. Se constituye como un servicio funcionalmente descentralizado y se desconcentrará territorialmente a través de las direcciones regionales de evaluación ambiental, acercando el órgano competente a la realidad del problema. Asimismo, se garantiza en regiones la participación ciudadana.

Durante el tratamiento del proyecto, los diputados de regiones efectuamos bastantes comentarios al respecto y nos sentimos satisfechos de la forma en que la iniciativa recoge la materia.

Celebro la composición amplia y técnicamente diversa del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por el ministro del Medio Ambiente e integrado por los ministros de Hacienda, de Salud, de Economía, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda, de Transportes , de Minería y de Planificación, lo que permitirá analizar en cada una de sus vertientes los problemas que se presenten a su conocimiento.

Un tema discutido -soy su defensor- se relaciona con los criterios técnicos que se considerarán en cada caso a nivel regional, lo que justifica la exclusión de la figura del intendente -eminentemente política- de decisiones que requieren conocimientos y capacidades específicas. De esta manera, se responde a una sentida aspiración ciudadana.

Voy a destacar una medida novedosa: en cada municipio se crean unidades de medio ambiente, lo que acerca a la gente y empodera a las comunidades locales.

En concordancia con la recientemente aprobada ley de transparencia, se declara pública toda información de carácter ambiental en poder de la administración y que lleve a la dictación de algún acto administrativo.

Otra medida novedosa es la creación de un registro público de sanciones, con el objeto de identificar a la empresa infractora, a los responsables de la operación y los montos de la sanción. El registro busca endurecer eventuales sanciones futuras con una figura similar a la de la reincidencia.

Por último, se modifica la estructura de la Conaf, integrando al Ministerio de Medio Ambiente en su consejo directivo y sometiendo a ese organismo a las políticas definidas por esa repartición.

No son palabras al viento o de buena crianza: estamos ante uno de los proyectos sancionatorios de la vida, de la sociedad y del mundo en que vivimos. Tenemos la suerte de contar con gente capacitada al servicio del país, como la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, quien nos ha impartido clases magistrales para entender una materia tan compleja como la que nos convoca.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Señores diputados, mañana continuará el debate sobre la nueva institucionalidad ambiental. Se encuentran inscritos diecinueve diputados y diputadas.

CREACIÓN DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE. Primer trámite constitucional. (Continuación).

El señor VARGAS (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, cuyos informes fueron rendidos ayer.

Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente , sin duda, el desarrollo de la actividad productiva y económica del país resulta fundamental para mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos; sin embargo, igualmente relevante para el desarrollo de los seres humanos es la conservación del medio ambiente. En consecuencia, un Estado serio, que proceda al desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, debe ser capaz de compatibilizar ambos procesos a través de normas estables y permanentes en el tiempo, de instituciones altamente calificadas con competencias técnicas y con capacidades que permitan observar, paralelamente, los avances de los países desarrollados en la materia.

La virtud del proyecto que discutimos es que se encuentra fundado en una mirada más bien integral del fenómeno medioambiental. Genera no una institucionalidad aislada, sino más bien un sistema medioambiental con instituciones normativas y, también, ejecutoras de las políticas públicas, lo que habla de una coherencia en cuanto a la mirada sobre el tema.

El Ministerio del Medio Ambiente pasa de entidad eminentemente coordinadora a una institución con facultades propias para la elaboración, desarrollo e implementación de una política pública medioambiental, estable y permanente en el tiempo, que permite proyectar a futuro, independientemente de las autoridades de turno, una mirada especializada sobre los incentivos necesarios y las regulaciones requeridas para proteger nuestro hábitat.

Junto con lo anterior, el proyecto consagra la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente. Siguiendo la modalidad internacional, se crea esta institución encargada de supervigilar el cumplimiento de la normativa ambiental, con facultad de sancionar y multar a los que vulneren las obligaciones consignadas en la ley, y también con facultades para exigir medidas de mitigación del bien jurídico afectado, a fin de intentar retrotraer el patrimonio afectado al estado anterior a su afectación, de tal forma de cumplir con el objetivo final de la legislación: proteger el medio ambiente y no necesariamente acopiar recursos como consecuencia de constantes multas a infractores.

Por su parte, la creación del Servicio de Evaluación Ambiental termina con la falta de criterios objetivos en los procesos de evaluación, en los que en múltiples oportunidades priman criterios individuales y de funcionarios por sobre los institucionales, fundados en elementos técnicos necesarios para dar seriedad y celeridad a los procesos de evaluación de los proyectos sometidos a su consideración.

La consagración legal del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, sin competencias en la dirección superior del ministerio, permitirá que el gobierno de turno se vea obligado a observar los diversos elementos sectoriales que han de considerarse en la formulación de políticas medioambientales y evitar que el legítimo interés de las autoridades sectoriales de cumplir con sus metas particulares resulte contradictorio con los criterios ambientales que, deben inspirar a la administración en su conjunto. Es decir, se trata de un nuevo avance en establecer de manera legal la intersectorialidad de las políticas públicas, único camino que permite avanzar en conceptos de eficacia, eficiencia y modernización de la gestión pública.

Quiero destacar la capacidad articuladora que han demostrado la primera ministra del Medio Ambiente , doña Ana Lya Uriarte , y su equipo ministerial, quienes en un plazo prudente han sido capaces de proponer al Congreso Nacional una modalidad de sistema medioambiental, y no necesariamente circunscribir su actuar o sus labores a la creación de una institución aislada que, ciertamente, resultaba menos compleja. En efecto, ellos han optado por el camino más difícil: la creación de un sistema en su conjunto que, sin duda, beneficiará la regulación y la aplicación de las normas en materia medioambiental.

No hay sociedad posible que intente ser reconocida como sociedad desarrollada por sus pares que no sea capaz de defender el entorno y el medio en el cual sus habitantes se desenvuelven. La naturaleza, los recursos naturales y el medio ambiente constituyen elementos esenciales para la proyección de la vida humana y su conservación. Ello debe responder ya no a una demanda ciudadana o a una preocupación electoral, sino más bien a un deber ético de los y las gobernantes, a fin de dotar de posibilidades de vida a nuestros hijos y nietos.

Felicito a quienes han impulsado la iniciativa y anuncio mi voto favorable.

He dicho.

El señor VARGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.

El señor ROBLES.-

Señor Presidente , en el país, una vez recuperada la democracia, durante los gobiernos de los Presidentes Aylwin y Frei se creó una institucionalidad ambiental. Con ello se dio un gran paso. De hecho, el medio ambiente pasó a formar parte no sólo de la conversación diaria de la gente, sino de la preocupación y ocupación de políticos y ciudadanos. Por ello, hoy, en pleno siglo XXI, los ciudadanos saben que el medio ambiente es parte de ellos mismos, del hábitat, del ser humano en su conjunto. Sabemos que el ser humano no sobrevivirá en los años que vienen si no nos preocupamos ahora en relación con el medio ambiente. No podemos legar a nuestros nietos, bisnietos y a las generaciones futuras un ambiente deteriorado. Insisto en que debemos preocuparnos por los chilenos y las chilenas y, por supuesto, por la gente de todo el mundo, porque lo que impacta en Chile también impacta en el resto del planeta; lo sabemos bastante bien: hoy estamos pagando por un problema generado en países industrializados, debido al cual la capa de ozono se debilita cada vez más.

Por eso, contar con una institucionalidad ambiental acorde con estos tiempos es extraordinariamente importante. De hecho, el esfuerzo que se está haciendo es encomiable; la creación del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia del Medio Ambiente que se proponen, constituyen un impulso grande y una mirada de Estado.

Dicho eso, hay dos aspectos que no puedo dejar de plantear, dada la concepción de Estado que tengo. Cuando uno habla de ambiente no habla de gobierno, sino de Estado, de todos los ciudadanos. Por eso, esos dos aspectos me parecen relevantes en términos de cómo construimos Estado, sobre todo en materia ambiental.

El primero dice relación con la evaluación de impacto ambiental que hará el nuevo Servicio que se crea. Al respecto, considero que a nivel regional, cuando se deba decidir respecto de proyectos locales -cuál sí, cuál no; qué tipo de consideraciones se toman-, estamos retrocediendo en el sentido de convocar a que actores locales decidan sobre su propia realidad. Me refiero a que hoy, la Corema, que decide acerca de asuntos medioambientales, tiene representación de la gente. En él participan, por lo menos, un par de consejeros regionales, con voz y voto. No solamente hay gente de Gobierno, como los seremis y el intendente, sino también gente de los consejos regionales. En el proyecto se suprime la participación del intendente, pero también la de los consejeros regionales. Me parece que cuando uno habla desde el punto de vista del Estado, en especial cuando se trata de una materia como el medio ambiente, es necesario contar con la opinión local, no sólo con la de los seremis. Al respecto, ya hemos tenido clara evidencia en el pasado de que éstos no actúan necesariamente de acuerdo con políticas sectoriales técnicas. Ellos son entes políticos, son designados por la autoridad, tienen la anuencia del Presidente de la República y, por lo tanto, son entes de Gobierno. Por lo tanto, es éste el que actúa a través de los seremis.

A mi juicio, en esta instancia debiera estar lo local profundamente enraízado. Me refiero a los alcaldes que, en último caso, son elegidos por la ciudadanía local del lugar donde se desarrolla algún proyecto. Independientemente de la existencia de lobby hacia el alcalde, él tiene que responder a la ciudadanía sobre las materias en que se pronuncie públicamente. Por lo tanto, cuando un alcalde dé su voto favorable para un proyecto, la ciudadanía de su comuna lo estará mirando. En consecuencia, ¿por qué no incorporar al alcalde y a los concejales, que también tienen que ver con esta representación ciudadana que debe existir en el tema ambiental?

Entiendo que se pretende apuntar a un aspecto más técnico; pero las iniciativas ambientales tienen también mucho sentido político. Por eso, aquí hay un punto que debiéramos mejorar y buscar fórmulas para solucionar un aspecto dejado de lado. En efecto, lo local se deja de lado por esta técnica puesta en escena que, aunque comparto en gran medida, al no considerar otro aspecto implica una falencia seria.

El otro tema que quiero plantear, que también se relaciona con una mirada de Estado, que involucra a todos, no sólo al Gobierno, es la capacidad que tendrá la Superintendencia no sólo de fiscalizar, sino, además, de sancionar. Es decir, será juez y parte de sus propias decisiones.

Me parece que en el último tiempo el Estado de Chile ha cambiado esa mirada medio arcaica de superintendencias del siglo pasado y, por lo tanto, debiera avanzar hacia superintendencias nuevas. Se me explicó en la Comisión que las superintendencias actuales tienen el rol de fiscalizar y sancionar; pero, si estamos avanzando en el siglo XXI con un sistema de justicia distinto, donde hay un fiscal económico que revisa, controla y fiscaliza lo concerniente a la parte económica del país, y un tribunal distinto que sanciona ¿por qué no podemos crear un tribunal medioambiental con personas competentes, capacitadas, de distintos sectores, de manera de contar con una cierta sanidad en términos del control y la fiscalización fuerte que debe tener la Superintendencia, pero con un poder sancionatorio distinto que permita contar con un contrapeso desde el punto de vista administrativo?

Se me dijo que esto es solamente administrativo porque no apunta a la contienda legal propiamente tal, que corresponde a los tribunales.

Pero si en lo administrativo, en todo el aparato público, hace mucho tiempo se creó, un sistema de sanción distinto al que ejecuta la administración propia de los servicios, cual es la Contraloría, que interpreta, revisa e incluso puede sancionar en forma distinta a un servicio, entonces ¿por qué no tener un tribunal ambiental, que pueda sancionar en forma distinta de cómo lo hará el fiscalizador?

Esos dos roles deben separarse. Se separaron en el área judicial; hoy, el fiscal indaga; hay un juez de garantía, y otros jueces -no un juez único- constituyen la primera instancia y determinan en forma distinta. Separamos el rol de quien fiscaliza respecto de quien juzga. Entonces, ¿por qué no hacerlo también respecto del medio ambiente? ¿Es un paso muy osado? Creo que no. Ésa es la línea por la que vamos hoy. Por ejemplo, Alemania tiene un tribunal ambiental muy potente, al que le entregan potestades bastante fuertes. Hay una mirada diferente sobre el ambiente, y debemos pensar sobre todo en el futuro, en que los intereses que pueden primar en un gobierno pueden ser muy serios en términos de amparar, por ejemplo, a las grandes industrias.

Por eso, estos temas que planteo, uno mirado desde el punto de vista de lo local y el otro, desde el punto de vista del Estado, en cuanto a separar los poderes fiscalizador y sancionatorio, son relevantes.

El proyecto es extraordinariamente interesante y aborda cosas extremadamente complejas en muy buena forma. No quiero que de mi discurso se entienda que estoy en contra; por el contrario, voy a votar a favor de la idea de legislar, y lo mismo voy a hacer respecto de la gran mayoría de las indicaciones;. Sin embargo, voy a pedir votación separada para dos artículos. Lo pedí en la Comisión de Hacienda, porque en el Senado, por lo menos, tienen que debatirse estos puntos. En último caso, si la mayoría postula mantener esos planteamientos que se contienen en el proyecto, lo entenderé; pero es muy importante dejar sentado que hay que tener una mirada local y representantes locales en las decisiones de los proyectos, y una mirada diferente entre fiscalización y sanción, lo cual es relevante en el mundo ambiental del siglo XXI.

He dicho.

El señor VARGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda.

El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).-

Señor Presidente , después de quince años de que se promulgara la ley Nº 19.300, sobre bases generales del Medio Ambiente, hoy se somete a nuestra aprobación esta iniciativa, originada en mensaje, que tiene por objeto rediseñar la institucionalidad medioambiental, mediante la creación de un Ministerio del Medio Ambiente que tendrá como atribuciones, entre otras, proponer las normas de calidad ambiental y de emisión, administrar el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, y una que, en mi opinión, es muy importante, como la de fomentar la participación de la ciudadanía en la formulación de las políticas, planes, normas de calidad y emisión, en el proceso de evaluación ambiental estratégica a dichas políticas, y en los planes y programas de los ministerios sectoriales.

Asimismo, en este proyecto se crea el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Todo esto, sin duda, es un avance, aunque insuficiente para fortalecer nuestra institucionalidad ambiental.

En especial, destaco el rango ministerial que se otorga al tema medioambiental, materia muy relevante en la agenda pública global y para la ciudadanía.

Esas son las razones que sustentan nuestra aprobación general al proyecto.

Sin embargo, debido a los escasos contenidos innovadores en materias técnicas, el proyecto de ley frustra las expectativas de los chilenos de contar con un instrumento de gestión moderno y eficiente, a la altura de los desafíos ambientales que nos plantea el siglo XXI.

El proyecto no garantiza de manera suficiente la certeza jurídica y la estabilidad territorial de largo plazo que requiere el desarrollo de cualquier actividad productiva y de conservación ambiental.

Cabe destacar que los sectores agrícola y turístico, al igual que las comunidades afectadas por actividades contaminantes, seguirán careciendo de mecanismos idóneos para la defensa de su salud, de su patrimonio y del derecho a vivir en un medio ambiente limpio y sano, tal como lo consagra la Constitución Política del Estado. En este sentido, nada cambia.

Entre las deficiencias del proyecto, destaco que la reforma propuesta restringe la competencia del Ministerio del Medio Ambiente a la tuición de los recursos naturales renovables e hídricos, quedando fuera la protección de los recursos naturales no renovables. Lo anterior deja espacio a ambigüedades respecto del valor ambiental de la biodiversidad versus la intervención de los territorios en que se emplazarán actividades industriales y productivas en general, todo lo cual atenta contra el desarrollo sustentable del país.

El proyecto no incorpora innovaciones de fondo respecto de los mecanismos institucionales de evaluación de impacto ambiental y de la participación ciudadana, ya que los nuevos servicios de evaluación de impacto ambiental que se proponen en reemplazo de las Coremas mantienen su condición de estar ciento por ciento compuestos por representantes políticos, sin considerar las opiniones técnicas de los servicios públicos en la decisión final de aprobar o rechazar los proyectos sometidos a su consideración.

La institucionalidad propuesta por el Ejecutivo tampoco incorpora mecanismos de compensación para asegurar la competitividad de los productos y servicios que el país transa en los mercados internacionales, frente a barreras paraarancelarias en materia de cambio climático y huella ecológica a nivel global.

Ayer, el diputado Lorenzini dijo que ésta es la oportunidad de empezar a debatir con seriedad y en profundidad esta materia. Hubiésemos querido tener la oportunidad de discutir en esta Sala con esa profundidad y seriedad que merece el tema, pero la urgencia con que se calificó la iniciativa, que es la urgencia que tiene el Gobierno para adornar el discurso presidencial del próximo 21 de Mayo, impidió que esta Cámara, en pleno, hiciera su aporte a la institucionalidad ambiental.

Esperamos que durante el segundo trámite constitucional, el Senado de la Republica considere y repare las omisiones expuestas.

En particular, esperamos que se rectifique la actual propuesta institucional sobre la composición de las instancias que reemplazarán a las actuales Coremas, eliminando la participación de los seremis, que son funcionarios designados por los ministros políticos de cada área e incorporando en su lugar a los expertos técnicos, es decir, a los jefes de servicios públicos, que son los que realmente hacen la pega en las regiones, amén de los alcaldes de las comunas donde se localicen los proyectos o actividades sujeto a evaluación ambiental. El diputado Robles dijo que echaba de menos a los técnicos; nosotros echamos de menos también a los alcaldes, que son los administradores territoriales de la comuna y que finalmente representan la voluntad popular de quienes puedan sentirse eventualmente perjudicados.

Por lo expuesto, aprobaremos en general el proyecto, pero pediremos votación separada de algunos de sus artículos, cuyo detalle ha sido puesto en conocimiento de la Mesa de esta Cámara.

He dicho.

El señor VARGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, valoro que el proyecto haya logrado mucho consenso.

Con autoridades del Partido Ecologista, particularmente con Manuel Baquedano , conversaba sobre la importancia de que la nueva institucionalidad tenga una visión sistémica e integral de los roles políticos, normativos y directivos; es decir, que se cuente con una Superintendencia proactiva, que dé garantías a todos los actores del sistema.

Es cierto, distintas son las decisiones políticas que se requieren para apurar las cosas; pero ese es otro tema. Ha habido mucha lentitud para normar sobre el uso de la leña, por ejemplo, o para apurar algunos procesos en regiones, es cierto; pero esos son temas de decisión política.

Por eso la importancia de la institucionalidad que estamos creando, con una superintendencia que deberá ser estricta, de manera que el Estado se fortalezca en el cumplimiento de las normas ambientales que ya están en curso y de las que tendrán que venir en el futuro con mayor decisión política.

A su vez, el nuevo sistema de evaluación de impacto ambiental tiene los elementos de neutralidad, profesionalismo, acuciosidad y agilidad que los actores piden. En esta materia hicimos presente la importancia de considerar la opinión regional y no suprimirla del todo, alcance que el proyecto acogió. Por tanto, nuestro compromiso es de apoyo, pero insistiendo en este elemento.

Estamos generando una institucionalidad muy semejante a la de los países con mejores récords en el tema ambiental, como los países nórdicos, Nueva Zelanda, Canadá y otros, y será tarea de la política y de los actores municipales y regionales ser más proactivos para implementarla. Para esto se requiere la regla institucional de terminar con la sensación de debilidad y politización de las coremas.

El gran salto cualitativo del proyecto es el fortalecimiento de la autoridad ambiental. Por eso, lo votaremos favorablemente.

He dicho.

El señor VARGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.

El señor VALLESPÍN.-

Señor Presidente , mejorar y perfeccionar la actual institucionalidad ambiental, cuyo ente rector es la Conama, como instancia coordinadora y que en otros tiempo fue la mejor alternativa, era una necesidad que la Concertación visualizó como una gran aspiración del país. Por esto, la Democracia Cristiana apoyará el proyecto con mucha fuerza.

Aunque los candidatos de derecha también lo visualizaron en su minuto como algo muy importante, durante el debate han quedado en evidencia las contradicciones que siempre ha tenido ese sector en esta materia.

En la Comisión, en los discursos de los colegas de la Alianza -lo digo con mucho respeto- aparecieron las preocupaciones de siempre. Primero, separar las materias, toda vez que, según dijeron, un Ministerio del Medio Ambiente significará más burocracia. Veamos sólo al tema de la Superintendencia, nos dijeron. En seguida, cuando empezamos a discutir sobre la creación de la Superintendencia, ¡pero es que están entregándole mucho poder a la Superintendencia! Nos dijeron. Lo curioso es que se trata de un modelo exactamente igual al de otras superintendencias existentes en el país. No hay innovación en esa materia, porque ha funcionado bastante bien. Por tanto, empezaron las incoherencias.

También se debatió sobre la despolitización de las coremas como instancias de decisión final del sistema de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, preferentemente ellos defendieron la permanencia de autoridades políticas. Tal como dijo el diputado Valenzuela , no es bueno que sigan. Fui intendente y conozco el tema. Les pregunto, ¿qué posibilidad tiene un seremi, independientemente del informe técnico que reciba en su momento, de votar en contra de lo que plantee el intendente? ¡Ninguna!

Sin embargo, ellos defienden ahora a las autoridades políticas; pero, después, cuando conviene en otros momentos, critican a esas autoridades políticas por las decisiones que toman.

Esos problemas se fueron dando.

Cuando entramos al tema de las fiscalizaciones y de las multas, hablaron de la necesidad de bajar las multas y de respetar el debido proceso, que está garantizado en el sistema propuesto por el proyecto, al igual como existe en todas las otras superintendencias. No fue baladí la elaboración de la iniciativa, sino que consecuencia de una discusión fundada, en la que se definieron posiciones, y es natural que así sea.

Los parlamentarios representantes de la Concertación tenemos una posición respecto del tema ambiental, la que queremos llevar adelante en profundidad, mientras a otros diputados les interesan básicamente los matices. Creo que el proyecto es un avance notable en esta materia, aunque, qué duda cabe, deja tareas pendientes. Si queremos estar al nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Oecd, a la queremos postular, tendremos que seguir perfeccionando nuestra legislación. Pero éste es un avance. Lo dijo muy bien el diputado Valenzuela : los países que han enfrentado esta materia con mejores estándares y con buenos récords son los que crearon ministerios del medio ambiente como instancias rectoras, encargadas, como se dice muy bien en el proyecto, del “diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa”. O sea, es una mirada sistémica, integrada, que no interviene en los asuntos de otros ministerios, pero sí busca la adecuada coherencia en esta materia, con una mirada global de país, lo que es muy importante.

Escuchamos a muchos actores, quienes concluyeron finalmente que es bueno crear este ministerio para el bien del país. Además, las funciones que abordará serán similares a las que se llevan a cabo en los países más avanzado en esta materia. En consecuencia, ¡bienvenida la creación del Ministerio del Medio Ambiente!

Además, crea una instancia no existente en la actualidad, idea que se desarrolló durante el debate. Al respecto, valoro la disposición de la ministra, porque el proyecto no contemplaba la creación del Consejo de Ministros para el Desarrollo Sustentable. Algunos querían que el Consejo de Ministros decidiera sobre los proyectos de evaluación de impacto ambiental, porque veían la posibilidad de influir allí a través de los lobbies.

Por lo tanto, se creó una instancia rectora, con una mirada global sobre el desarrollo sustentable de Chile, compuesta por ministros fundamentales, como el de Hacienda, lo que impedirá negar en sus debates los recursos para asegurar un desarrollo sustentable y con una mirada integral.

Qué duda cabe de que también es un avance importante la creación de secretarías regionales ministeriales en cada región y de los respectivos consejos consultivos, para canalizar la participación ciudadana.

El proyecto además crea el Servicio de Evaluación Ambiental, servicio público descentralizado, técnicamente calificado, destinado a evaluar los proyectos de inversión con las autoridades que correspondan. A mi modo de ver, a diferencia de un gobernador, de un consejero regional o de un intendente, que tienen responsabilidades políticas y son actores políticos, pero no están obligados a votar favorablemente el informe que viene apegado a una normativa de cada instancia, los seremis sí están obligados a respaldarlos. Por lo tanto, no son autoridades políticas que hagan lo que se les de la gana, en cambio, el intendente, el gobernador y los consejeros regionales sí.

Por lo tanto, estamos profesionalizando y tecnificando la decisión final de esa instancia con un núcleo más pequeño, con las autoridades regionales directamente vinculadas con la competencia ambiental y no con autoridades que votarán de acuerdo con lo que les convengan. No obstante, los parlamentarios de Derecha quieren que vuelvan los intendentes a esa instancia, pero cuando hay problemas con ellos, les sacan la mugre, porque según dicen, como autoridades políticas influyen en los demás. Eso es incoherencia.

Lo digo, porque algunos señalan que les parece fundamental incluir a los alcaldes. ¡Por favor! O sea, vamos a dejar que el alcalde o el concejal tomen decisiones técnicas respecto de proyectos de inversión. No desconfío de ellos, confío plenamente en la autoridad política; pero ahí se toman decisiones relacionadas con aspectos normativos, regulatorios, que se tienen que adoptar conforme al estado de derecho. No obstante, esas autoridades van a votar en función de lo que escucharon o de lo que les conviene o no les conviene para la próxima elección. Eso me parece inaceptable en un sistema serio y responsable como el que Chile debe tener en materia ambiental, porque hay que seguir avanzando.

El Servicio de Evaluación Ambiental deberá administrar un registro de consultores certificados, para que la declaración de impacto ambiental y los estudios de impacto ambiental sean hechos por la gente más idónea en la materia.

Otro aspecto fundamental: se fomentará y facilitará la participación ciudadana en la evaluación de proyectos, innovación que es muy importante.

En ese sentido, me siento muy contento porque la ministra acogió un conjunto de indicaciones que los parlamentarios de la Concertación incorporamos para que la participación deje de ser simbólica y para que exista participación de la comunidad en las declaraciones de impacto ambiental, no sólo en los estudios. Es decir, deberá responderse fundadamente la observación de la comunidad en la resolución de calificación ambiental; o sea, no será una ponderación general, que la autoridad podrá o no considerar, según su juicio, ya que, como dije, estará obligada a responder fundadamente a la comunidad. Si la comunidad no se da por satisfecha, podrá reclamar ante un nivel superior para que se le dé una respuesta satisfactoria. Eso es empoderar a la comunidad, pero responsablemente, por lo que considero que es un avance fundamental.

Se crea la evaluación ambiental estratégica, que deberá tener en consideración la participación y la opinión ciudadana, la que también deberá tomarse en cuenta en la resolución final. Se trata de un avance notable.

Con la evaluación ambiental estratégica se pretenden evitar los problemas que hoy se producen con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que revisa proyecto a proyecto, pero no advierte el impacto ambiental global en un territorio. Esta instancia evaluará los planes, las políticas, los programas, lo que permitirá determinar si hay cuencas saturadas por tal o cual situación, lo que, a su vez, impedirá la presentación de ese tipo de proyectos. Ése es un avance notable, serio y responsable.

Considero muy infundadas las críticas que se hacen a la Superintendencia del Medio Ambiente , sobre todo si se toma en consideración que su creación ha sido muy demandada por la comunidad, porque en la actualidad no existe una instancia que tenga la fuerza suficiente para impugnar resoluciones de calificación ambiental que se consideran inconvenientes. Queremos que la libertad se ejerza con responsabilidad. Cuando eso no se cumpla y se pase a llevar lo que señalan las resoluciones de calificación ambiental, existirá un ente, la Superintendencia del Medio Ambiente , que tendrá la capacidad para sancionar de manera ejemplificadora las infracciones que se tipifican y que se han ampliado.

Al respecto, considero que la Comisión de Hacienda hizo un buen ajuste en la cuantía de las multas, con el objeto de que no sea gratuito el incumplimiento de la normativa ambiental.

Por eso, la bancada de la Democracia Cristiana estima que el proyecto es un gran avance. Así opinamos quienes hemos estado siempre preocupados del tema ambiental y no sólo cuando conviene porque es bueno para atraer a ciertos electores, como lo hacen algunos parlamentarios de Derecha. Éste es un tema de convicción.

El avance que genera el proyecto sobre la materia es notable, ya que el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental estarán a la altura de los organismos en esta materia existentes en países desarrollados y tendrán competencias técnicas suficientes para desarrollar sus labores.

He dicho.

El señor VARGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente , no participé en la comisión que estudió la creación del Ministerio del Medio Ambiente, pero sí estuve en la Comisión de Recursos Naturales durante la investigación que se realizó respecto de la instalación de una central termoeléctrica. Eso me permitió tener una noción sobre el funcionamiento del sistema medioambiental de nuestro país, que es bastante precario, por decir lo menos. De hecho, los organismos técnicos usan mucha legislación comparada, principalmente de países europeos, para fijar los criterios de aprobación o de rechazo para la instalación de esta clase de empresas.

Eso demuestra que existe una falencia gigantesca en nuestro país. En la investigación que me tocó participar, relacionada con la termoeléctrica Los Robles, que se quiere instalar en la comuna de Constitución, contigua a la de Chanco, quedó demostrado -o es lo que opina la mayoría de la gente- que ella causará un tremendo daño a la zona. Sin embargo, la Corema aprobó por unanimidad ese proyecto, basada en informaciones técnicas de sus organismos. Si se analiza la legislación actual, se verá que actuó de acuerdo con ésta. Es decir, no se puede achacar a la Corema ni a los organimos técnicos que hayan actuado fuera de la legalidad. Pero, como dije, ésta es extremadamente precaria, lo que hace que se aprueben proyectos sin los debidos resguardos para que en el futuro no se produzcan problemas.

Por eso, creo que el proyecto en discusión cambia enormemente la manera de hacer los estudios sobre instalaciones de termoeléctricas o de otro tipo de iniciativas con incidencia medioambiental. A mi juicio, necesitamos un sistema más rígido. En todo el mundo se ha venido hablando insistentemente acerca de las emisiones de gases en los distintos países. Estados Unidos de América es uno de los mayores contaminantes. Si seguimos por el camino actual con respecto a las instalaciones de termoeléctricas, Chile será uno de los países importantes en materia de contaminación. Por lo tanto, necesitamos una legislación que posibilite, en casos de que se sigan aprobando ese tipo de proyectos de termoeléctricas u otros, la adopción de los resguardos necesarios para evitar cualquier problema medioambiental, sobre todo para la salud humana.

Recuerdo que en la Comisión de Recursos Naturales un diputado me dijo que la Alianza se opone a la participación ciudadana. La verdad es que, al mirar el proyecto de ley, me pareció raro. En relación con las coremas -tema planteado aquí por varios diputados-, el hecho de sacar de la nueva instancia s los intendentes y a los consejeros regionales y dejar sólo a los seremis lleva a preguntarse dónde está la participación ciudadana. En mi opinión, lo lógico sería que estuvieran presentes los alcaldes. Me dijeron que éstos son políticos; pero, ¿qué más políticos que los seremis, que son nombrados por el Presidente de la República ? Los alcaldes, al menos, son elegidos por votación popular y representan a sus comunas.

Por lo tanto, para que exista representación ciudadana, lo lógico sería integrar a los alcaldes en esa nueva institucionalidad. Creo que dejar sólo a los seremis puede producir una distorsión.

En general, la UDI está de acuerdo con el proyecto. Tenemos algunas aprensiones, que algunos diputados han hecho ver y que explicitará el diputado Bauer . Al respecto, nos habría gustado presentar algunas indicaciones para hacer un nuevo estudio. El proyecto está en primer trámite constitucional; sin embargo, como está calificado con suma urgencia, no podremos hacerlo, por lo que no nos quedará otra alternativa que rechazar algunos artículos, lo que me parece bastante ilógico. Lo lógico sería cambiar su urgencia por simple, para presentar las respectivas indicaciones y no tener que rechazar artículos con los que estamos parcialmente de acuerdo. He escuchado a diputados de Renovación Nacional, de la UDI y del Partido Radical que están en desacuerdo con la composición de la Comisión que reemplazará a la Corema, por lo que es posible que eso se caiga. Entonces, no tiene sentido rechazar el artículo respectivo y que el proyecto se vaya al Senado en forma trunca, en circunstancias de que se puede arreglar con una pequeña indicación.

En general, valoro el trabajo de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, que ha hecho un esfuerzo tremendo. Es muy importante que tengamos una ley medioambiental clara, de manera que cuando se presente un proyecto como el de la termoeléctrica Los Robles, no se apruebe unánimemente sobre la base de legislaciones europeas o amparándose en una legislación ambigua, como la que existe en Chile, y , en caso de que obtenga su aprobación, se adopten los resguardos necesarios.

Finalmente, felicito a quienes trabajaron en esa Comisión, porque sé que hicieron un gran esfuerzo.

He dicho.

El señor VARGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.

El señor DÍAZ (don Marcelo).-

Señor Presidente , el proyecto es de gran importancia para los desafíos que debe enfrentar el país.

Hago un especial reconocimiento a la ministra del Medio Ambiente , señora Ana Lya Uriarte , quien antes fue directora de la Conama, por impulsar el proceso en el que estamos inmersos. Sabemos que conseguir la voluntad de más de diez o doce ministros no es un esfuerzo fácil en un Estado tradicional y atávicamente compartimentado, donde cada institución, servicio público o ministerio es increíblemente celoso de sus competencias y atribuciones y en el que cada uno juega un papel distinto y complejo en el desafío de preservar nuestros recursos naturales y nuestro medio ambiente.

Sin duda, haber puesto de acuerdo a todos los actores concernidos en el proceso de creación de una nueva institucionalidad medioambiental constituye un tremendo éxito, y el hecho de que estemos en esta Sala discutiendo y a punto de despachar este proyecto de ley, a mi juicio representa otro éxito de la ministra y de la Presidenta Bachelet.

Creo que todos hemos tomado conciencia de que la institucionalidad ambiental llegó a una situación de crisis, porque ya no da cuenta de la realidad ambiental de Chile y de la necesidad de mejorar los procesos de evaluación y calificación ambiental, en que se confunde la mano que tiene la responsabilidad del fomento productivo con la que tiene la responsabilidad de garantizar la preservación de nuestros recursos naturales. Se trata, a veces, de objetivos contradictorios, que no se pueden complementar, por lo que hay que tomar opciones y decidir. En la actualidad, no contamos con una institucionalidad ambiental que garantice una decisión ecuánime y respetuosa del medio ambiente.

Cuando se toma una decisión sobre el medio ambiente no estamos hablando sólo del presente, sino del futuro. No está presente en nuestra institucionalidad la variable de pensar en decisiones que tienen impacto ambiental no sólo con la mirada puesta en el presente, sino en el futuro. Además, creo que la institucionalidad vigente tiene severos problemas desde el punto de vista de los derechos de participación ciudadana. La gente se siente no solamente con el derecho de participar, sino que estima que la participación es su herramienta para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. Sin embargo, la normativa ambiental actual precariza la participación ciudadana, la convierte en carente de contenidos, lo que obviamente constituye un motivo de enorme frustración ciudadana.

El conjunto de precariedades del sistema vigente, hoy cuestionado por la ciudadanía, cada vez más consciente de sus derechos -incluso, ayer se constituyó en la Cámara una Comisión Investigadora al respecto- nos da cuenta de que es necesario, urgente e indispensable acordar reformas sustantivas a nuestra institucionalidad, de lo cual se hace cargo en gran medida la iniciativa en estudio.

Tengo la sensación de que el proyecto no acoge el ciento por ciento de nuestras demandas. Apunta en una línea correcta, pero a mi juicio aún no representa lo óptimo. Sin embargo, los siguientes tres elementos fundamentales me invitan a votarlo a favor.

Mejora de manera sustantiva la transparencia en los procesos de calificación ambiental.

Clarifica y simplifica los procesos, particularmente de cara a quienes son afectados por esas decisiones, que no son los titulares de los proyectos, sino las comunidades de los lugares donde se instalan esos proyectos, que por sí mismos tienen impacto ambiental. Por eso ingresan al sistema.

Además, amplía la participación ciudadana también a las declaraciones de impacto ambiental. Incluso, podríamos perfeccionar lo que se propone, pero ya es un gran avance.

Recuerdo que en la comuna de La Higuera, del distrito número siete, que represento, hace un par de años se aprobó, sin participación ciudadana, un proyecto termoeléctrico. Me hace señas el diputado señor García-Huidobro , porque nos acompañó en una reunión con los vecinos. Se trató de una declaración de impacto ambiental para una central termoeléctrica de 50 megavatios que se aprobó sin consulta ciudadana, porque ésta se hizo en febrero, cuando no era fácil encontrar a las personas.

Estimo que esta nueva arquitectura institucional se orienta en el sentido correcto y espero que en el Senado se introduzcan los perfeccionamientos necesarios, en el sentido de separar dos tareas que son legítimas en el Estado: la de quienes tienen la función de generar fomento productivo, desarrollo económico y empleo, y la de quienes tienen como mandato preservar nuestros recursos naturales, a fin de asegurar un desarrollo sustentable para Chile, de manera que no ocurra que las decisiones que se tomen hoy sean altamente beneficiosas desde el punto de vista económico para el presente, pero tremendamente nocivas desde el punto de vista del desarrollo sustentable y de lo que estamos legando a las nuevas generaciones.

El Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, con un fuerte componente técnico, y la Superintendencia que se crean, a mi juicio, forman un triángulo apropiado para adoptar de manera correcta decisiones tremendamente relevantes por el impacto que generan de cara a la comunidad.

Pero pienso que el proyecto presenta algunas deficiencias que sería bueno subsanar. Sin duda, una de las más relevantes es que aquí nada se dice, salvo el mandato para que en el plazo de un año se plantee un texto legal. Creo que debimos haberlo hecho en forma paralela con la creación de una nueva institucionalidad en materia de biodiversidad y áreas protegidas. Hoy Chile no tiene ninguna política de ordenamiento territorial en materia ambiental.

Instrumentos tan relevantes como los planes intercomunales, por ejemplo, para la protección del borde costero, simplemente se retrasan por medidas burocráticas. Entonces, la gente sospecha, con legítima razón, si el largo peregrinaje de esos instrumentos de planificación territorial responde a la complejidad de los mismos o si simplemente responde al deseo de seguir permitiendo que en Chile todo el mundo pueda hacer y deshacer en cualquier lugar del país, y que la declaración de áreas protegidas, en sus distintas naturalezas y manifestaciones, tenga un valor meramente declarativo, porque eso es lo que está ocurriendo hoy.

Permítanme que haga una vez más referencia nuevamente a mi distrito. Hoy estamos en medio de un proceso de discusión en la comuna de La Higuera, donde se quiere instalar una central termoeléctrica de más de 800 megavatios en la cercanía de un área protegida, de una reserva natural como no hay otra en el mundo. Es posible que la Corema apruebe el proyecto, porque nuestra legislación no resguarda esa área protegida. Se cuenta con una declaración que no contempla ningún mecanismo que la cautele.

Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar a la señora ministra que la conservación de la biodiversidad de las áreas protegidas es un desafío urgente.

Ojalá podamos contar con una legislación apropiada antes del plazo previsto en el articulado. De lo contrario, estaremos creando una institucionalidad ambiental coja, porque no se le entregarán las herramientas que permitan ordenar el territorio, de manera de establecer dónde la sociedad está dispuesta a hacer sacrificios y dónde éstos resultan inaceptables, dónde los titulares de proyectos de impacto ambiental pueden legítimamente plantear sus proyectos y dónde simplemente estará vedado llevarlos a cabo.

Hoy, eso no está resuelto, y la institucionalidad ambiental que se crea no lo resuelve.

Éste es un punto esencial, pero no impedirá que concurramos con nuestro voto a favor.

Hay otros temas pendientes que quiero dejar enunciados en los escasos minutos que me quedan.

Evaluación sinérgica de proyectos. Por ejemplo, en la misma comuna de La Higuera hay cuatro proyectos: uno aprobado y tres en estudio. Si no se establece la obligación de evaluar sinérgicamente los proyectos, será muy fácil burlar la ley o el espíritu de la ley. En efecto, si cada uno se analiza por separado y no de manera estratégica, sin duda que el juicio técnico será limitado y no mostrará en toda su realidad los verdaderos impactos.

Tengo mis dudas sobre el artículo 13 bis. Lo comenté ayer con la ministra. No me parece legítimo ni ético que, en el marco de un proceso ambiental, el titular de algún proyecto empiece a regalar como si fuera el viejito pascuero. Me parece que es un intento artero de comprar conciencias. A mi juicio, eso debiese estar penalizado y sancionado, por ejemplo, con la caducidad de la evaluación del proyecto y con la prohibición de presentar proyectos similares por un largo plazo, porque no parece razonable que empresas que no existen empiecen a regalar cosas con motivo de la celebración de Navidad, del día del niño, del día de la madre, del día del padre, amparadas en su responsabilidad social, en circunstancias de que lo que quieren es que las autoridades públicas y la comunidad, no pongan obstáculos a la aprobación del proyecto. A mi juicio, el artículo 13 bis no resuelve ese problema.

Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar a la señora ministra que los trabajadores de la Conama son parte de este proceso. Por lo tanto, es muy importante que cuando se hagan los traspasos, se incluya no solamente a los trabajadores de planta, sino también a los que se desempeñan a contrata.

He dicho.

El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-

Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.

Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.

El señor DELMASTRO.-

Señor Presidente, este proyecto, muy discutido y largamente esperado, crea tres entidades nuevas y diferentes en nuestra institucionalidad, como son el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

Imagino que la ministra señora Ana Lya Uriarte debe de estar muy contenta de tener finalmente un hogar donde acogerse, después de tanto tiempo. En gran parte, gracias a su esfuerzo y su capacidad, el proyecto ha llegado a esta etapa de su discusión.

Aquí estamos ante la eterna pregunta y ecuación de cómo equilibrar fomento productivo con protección del patrimonio natural de nuestro país.

Es una cuestión de permanente discusión y que siempre estará en conflicto en las sociedades modernas que, por un lado, tratan de desarrollarse y, por el otro, intentan proteger su patrimonio ambiental para heredar a las futuras generaciones un mundo ojalá mejor al que tenemos hoy desde los puntos de vista económico y ambiental.

Señor Presidente , es bueno recordar algunas cifras para entender nuestra posición en el mundo en términos de nuestro patrimonio natural y las riquezas que tenemos como país. Chile, por razones geográficas, está aislado del resto del mundo, lo que lo convierte prácticamente en una isla. Nuestro patrimonio, en proporción, es quizás uno de los más grandes en el mundo, ya que casi un 20 por ciento de nuestra superficie territorial está bajo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Se trata de casi 14 millones de hectáreas. No obstante, muchas de ellas se encuentran ubicadas en altas cumbres y no son objeto de explotación comercial ni productiva. En suma, Chile tiene una riqueza endémica muy importante, y tenemos la obligación de mantenerla y, ojalá, de mejorarla.

Por otra parte, en el país existen 17 tipos de áreas protegidas en los ámbitos terrestre, acuático y marítimo. Siete ministerios están involucrados en este sistema de protección, lo que me parece una muestra de inconsistencia, porque debiera existir un responsable o, como máximo, dos responsables del cuidado y protección de este gran patrimonio.

Un aspecto importante a considerar es que hay muchos tipos forestales y ecosistemas naturales que no están representados dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, Snaspe , lo que constituye una deuda pendiente. En diferentes oportunidades el Gobierno se ha comprometido a destinar recursos económicos para expropiar zonas del país donde existen ecosistemas y tipos forestales que hoy no están incluidos en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, sin que hasta ahora se haya logrado. Por lo tanto, espero que el nuevo Ministerio del Medio Ambiente, y el Ministerio de Agricultura, paguen esa deuda para conservar la riqueza natural de nuestro país.

La importancia del proyecto es que crea una institucionalidad medioambiental en que la biodiversidad y las áreas silvestres protegidas por el Estado deben estar debidamente resguardadas. En este sentido, hay un solo organismo en nuestro país reconocido en términos de protección y conservación de la biodiversidad y de las áreas silvestres protegidas del Estado: la Corporación Nacional Forestal, Conaf . Hoy nos acompañan desde las tribunas representantes de los trabajadores y los brigadistas que combaten los incendios forestales.

(Aplausos)

Al respecto existe una gran inconsistencia e inconsecuencia, que en los últimos veinticinco años no hemos podido resolver en el país: la Conaf es una institución de derecho privado, pero que administra fondos públicos. ¡Qué cosa más pintoresca! A mi juicio, no existe otra institución del Estado que tenga esta condición dual. Es como estar casado y soltero al mismo tiempo.

En 1984, se dictó el decreto con fuerza de ley que dio origen a la ley Nº 18.348, que creó la Conaf como entidad pública. Pero hasta hoy esa ley no ha entrado en vigencia. Ese mismo año se dictó el decreto con fuerza de ley que dio vida a la ley Nº 18.362, que creó el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, que entraría en vigencia sólo cuando la Conaf fuese una entidad pública. Sin embargo, como esto no ha ocurrido, el Snaspe tampoco ha sido creado de manera oficial y legal. Sin embargo, durante todos estos años se ha pretendido que este sistema existe y que lo administra la Conaf, lo cual en términos jurídicos no es efectivo, y para ello basta revisar la ley.

Reitero: la entrada en vigencia del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, está supeditado a la creación de una Conaf pública, situación que hasta el día de hoy no ha ocurrido, por lo que ninguna de las dos entidades teórica ni legítimamente existen.

Cuando se discutió el proyecto de ley sobre protección del bosque nativo y fomento forestal, el Gobierno se comprometió a resolver el problema de dualidad de la Conaf.

Por otra parte -esto es muy importante-, en 2008 el Tribunal Constitucional, en un fallo en relación con la ley Nº 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, dictaminó que la Presidenta de la República debía regularizar la situación de la Conaf, transformándola en el más breve plazo en una institución pública. En 2006, durante la realización de una mesa de trabajo del sector forestal, el Ministerio se comprometió a resolver el problema lo antes posible.

Durante la discusión del proyecto sobre protección del bosque nativo y fomento forestal tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se hizo presente esta situación anómala, que se ha arrastrado por veinticinco años sin que se haya resuelto en forma definitiva. Por esa razón, pediré votación separada del artículo octavo transitorio, que establece lo siguiente: “Dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, los Ministros del Medio Ambiente y de Agricultura deberán formular y presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como en el ámbito forestal”.

El aspecto abordado por el artículo octavo requiere del compromiso de modificar en forma rápida el estatuto jurídico de la Conaf para convertirla en una entidad pública que sea responsable de todo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

Finalmente, también solicitaré votación separada del artículo 86 del ARTÍCULO PRIMERO, que establece la forma como se constituirán y funcionarán las futuras coremas. Al respecto, no hay dudas de que los seremis son representantes del Ejecutivo y, por lo tanto, personeros políticos. A mi juicio, las futuras coremas debieran estar constituidas por los jefes de servicio de cada una de las áreas equivalentes a los seremis. Ésa es la única forma de otorgar un nivel técnico a esa instancia, sin una vinculación política con el gobierno de turno. Todos sabemos que los seremis obedecen al ministro , que es su jefe, y por ende, están supeditados siempre a su opinión y a su presión para votar los proyectos de alguna forma determinada.

Por lo tanto, reitero que pediré votación separada para el artículo 86.

Señor Presidente, por su intermedio deseo expresar a la ministra que habría preferido la creación de una Superintendencia del Medio Ambiente que hubiera tenido el apellido de sustentabilidad.

Espero que con la aprobación de este proyecto podamos avanzar, pero reitero que aún esta pendiente la situación jurídica de la Conaf, que espero se resuelva en este período presidencial o, de no ser así, en el próximo gobierno de Sebastián Piñera.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SÚNICO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente , quiero iniciar mi intervención sobre la nueva institucionalidad ambiental, reconociendo el trabajo de la Comisión, en general, y de su presidenta, en particular, quien ayer nos ilustró sobre los contenidos del proyecto con un informe muy bueno y extenso.

Asimismo, felicito el trabajo decidido del Ministerio, de la ministra y de la sociedad, que ha participado por primera vez de manera sólida y contundente en la elaboración de una iniciativa como la que conocemos.

Quienes no formamos parte de la Comisión pudimos intervenir en el debate y hacer presentes nuestras inquietudes, por lo que creo que vamos avanzando.

Quedan temas pendientes y es necesario reforzar ciertos elementos y políticas públicas -¡qué duda cabe!- dentro de nuestra nueva institucionalidad ambiental. Pero si vemos el punto de partida, constataremos con claridad que hemos avanzado en contenidos que deben entregar certezas a la ciudadanía.

Señalo lo anterior porque el historial ambiental en muchas regiones del país no es el mejor; los problemas que en esta área han sufrido muchos lugares de Chile todavía nos hacen pagar importantes costos.

Algunos diputados han mencionado proyectos particulares en sus regiones. Quien habla representa, entre otras, a la comuna de Valdivia, de la Región de Los Ríos, uno de los lugares en que se han concentrado los mayores desastres ambientales de la historia de Chile, precisamente, porque la institucionalidad era débil, porque teníamos autoridades que no cumplieron su cometido y porque presiones indebidas llevaron a anteponer los intereses económicos por sobre los ambientales. Es decir, primó la visión reducida del desarrollo, a la que le da lo mismo la calidad del medio ambiente a la hora de crecer y generar empleo.

Por ejemplo, vivimos el desastre producido en el santuario de la naturaleza del río Cruces. Ahí pudimos apreciar un ejemplo, a nivel nacional e internacional, de cómo una comunidad se puso de pie para defender sus intereses, sus aguas y su calidad de vida. La sociedad civil se movilizó cuando la institucionalidad no entregó respuestas efectivas por lo que ocurría.

Hace poco más de un año, la misma sociedad civil -las comunidades indígenas, los alcaldes, etcétera- se movilizó para protestar por otra aberración que se cierne sobre nuestro territorio: las centrales hidroeléctricas, especialmente la que se pretende construir en el río San Pedro, aprobada entre gallos y medianoche, por decisión política, no técnica ni ambiental. Por tal motivo, se ha constituido una Comisión investigadora que busca dilucidar la actuación de la corema involucrada, la decisión adoptada y el lobby desplegado para sacar adelante ese proyecto.

Me alegro de que avancemos en la institucionalidad, porque si hubiera estado vigente la normativa que ahora estamos discutiendo, ese tipo de situaciones no habría ocurrido. Este proyecto, que rediseña la institucionalidad ambiental, implica la creación del Ministerio del Medio Ambiente, pieza fundamental para sacar adelante esta iniciativa.

No me cabe duda de que la ministra que hoy tenemos hará valer los intereses ambientales y generales de nuestro país, que hoy exceden los intereses particulares.

Felicito la valentía de la señora ministra por manifestar, con elementos técnicos y una visión de futuro, que no se deben construir las megarrepresas en La Patagonia. Algunos ministros o personas interesadas están dando por aprobado un proyecto que recién está en proceso de evaluación de impacto ambiental.

Con esta institucionalidad, queremos que el Ministerio vele por los intereses de todos los chilenos a la hora de defender la pertinencia o no de la construcción de un megaproyecto.

También se crean el Servicio de Evaluación Ambiental, separado, autónomo, lo cual es muy importante, porque entrega la tranquilidad de que hará un seguimiento de la evaluación ambiental, y una Superintendencia del Medio Ambiente. ¡Qué bueno será contar con esta institucionalidad, para que los ciudadanos no tengan que usar sus recursos y tiempo para supervigilar y fiscalizar la forma en que se están llevando adelante los proyectos!

Sin embargo, debe clarificarse qué papel juega el Consejo de Defensa del Estado en este contexto, porque en muchos lugares este órgano ha logrado, a través de sus acciones y de su funcionamiento institucional, controlar, perseguir y sancionar a los responsables de transgresiones medioambientales, tal como ocurrió con el derrame de crudo en la bahía de San Vicente, en el distrito que representa el Vicepresidente Raúl Súnico .

El Consejo de Defensa del Estado también accionó por el desastre ocurrido en el río Cruces y por otros conflictos ambientales. En fin, sería interesante saber de qué manera se vinculará esa institución con lo que establece esta nueva normativa. Además, el Ministerio Público ha establecido fiscalías del medio ambiente y fiscales medioambientales. Es conveniente precisar de qué manera la institucionalidad entera toma en serio, con la importancia que corresponde, la protección de nuestro medio ambiente. En esa dirección debe avanzar nuestra política.

También me alegro de que en la ley se establezca la evaluación ambiental estratégica, que se debe vincular con el estudio de manejo de cuencas. Debemos anticipar de qué manera logramos una evaluación ambiental estratégica y no sólo de proyecto a proyecto. Ingresa un proyecto y, después de dos años, se evalúa otro, y no sabemos cuál es su impacto en el territorio. Muchas veces nos hemos referido a esta materia.

No se trata de que nos opongamos a la construcción de centrales hidroeléctricas, pero un río no puede ser jalonado con siete u ocho represas sin entregar una señal clara a los agricultores o a quienes se dedican al turismo o a otras actividades en esa cuenca. ¿Qué vamos a hacer con las cuencas de los ríos de nuestro país? Es importante avanzar en su estudio y la evaluación ambiental estratégica debe orientarse en esa perspectiva.

En cuanto al articulado específico de este proyecto -a propósito de la superación de los coremas-, me preocupa la composición de los organismos que, en definitiva, votarán la evaluación de un proyecto ambiental y tomarán las decisiones en las regiones. Me parece bien que no participe el intendente, que muchas veces funcionaba como un verdadero pretor del proyecto privado y no de los derechos ambientales de los ciudadanos.

Pero tampoco podemos llamarnos a equívocos, en el sentido de que los seremis y los directores de servicios -muchos de los cuales, seguramente, tienen competencias técnicas- van a defender necesariamente los intereses generales y no van a estar sometidos directamente a la responsabilidad jerárquica o política de quienes los han designado.

Lo importante es que los informes técnicos y la participación de la ciudadanía organizada sean considerados, que el proceso de participación acoja efectivamente a los ciudadanos, que no sólo se remita a una notificación en una sala y a una simple puesta en escena de esa participación, a la cual llegan las empresas con informes técnicos millonarios; mientras que los ciudadanos tratan de dilucidar el real alcance de los proyectos únicamente con su sentido común y su capacidad de respuesta. Este es un tema pendiente y es necesario progresar en él.

Asimismo, es fundamental el protocolo de acuerdo firmado por los integrantes de la Comisión respecto del artículo octavo transitorio, que establece lo siguiente: “Dentro del plazo de un año desde la publicación de esta Ley, los Ministros del Medio Ambiente y de Agricultura deberán formular y presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como en el ámbito forestal.”. Es imprescindible que, junto con la mejora de esta legislación ambiental, se avance en esa línea. Aún no estamos a la altura de lo que exige la comunidad internacional respecto de la institucionalidad en materia de biodiversidad y áreas protegidas.

Por último, espero que se tenga la debida consideración y se adopten los resguardos necesarios con los trabajadores de la Conama y de la Conaf -nos han hecho llegar su preocupación en tal sentido- que merecen el respeto de sus derechos.

He dicho.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Bauer.

El señor BAUER.-

Señor Presidente , con la ministra analizamos este proyecto durante todo el año pasado y lo que va de corrido de éste y, quizás, lo más lamentable ha sido la urgencia con que ha sido calificado, que por su importancia para el desarrollo del país, merece ser discutido con más calma y más participación de distintos estamentos. La Comisión trabajó en forma acelerada y fue chicoteada porque había que despachar rápidamente el proyecto. Pienso que una iniciativa de esta naturaleza requería más tiempo para un estudio profundo.

Quizás, lo más relevante de lo que conseguimos como Oposición fue la inclusión en el proyecto de los términos desarrollo sustentable. Esa es la base más importante en esta iniciativa.

Me voy a referir a continuación a algunos artículos a los cuales nos vamos a oponer y voy a dar las razones de nuestra posición. Voy a partir por las nuevas coremas.

Bien decían algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra que aquí se habla mucho de regionalización, sin embargo, éste es un golpe mortal para ella. Nadie puede decir que los seremis representan a las regiones, porque no necesariamente; salen de cualquier parte y van de región en región. Eso se ha podido advertir de esos lugares; sobre todo durante los últimos gobiernos.

No nos parece adecuado sacar a los intendentes, a los cores y a todas las autoridades regionales por considerar que los seremis van a ser más transparentes, sobre todo cuando son monitoreados por Santiago . Al respecto, el diputado Vallespín se olvida que, hace cinco o seis años, un seremi en Valparaíso se pronunció en contra de una resolución sobre impacto ambiental y fue despedido al día siguiente por no haber votado de acuerdo con lo que decía su ministro . Entonces, ¡de qué estamos hablando!

El ARTÍCULO SEGUNDO del proyecto, que crea la Superintendencia del Medio Ambiente, en su artículo 28, se refiere a sus atribuciones de fiscalización. Esas facultades deben ser adecuadas y equilibrar la efectividad con la protección de los derechos de los fiscalizados.

En esto no hay mucho que innovar, porque las superintendencias existentes ya cuentan con las herramientas necesarias para el cumplimiento de su labor. Sin embargo, en los incisos segundo y tercero del artículo 28 se concede a los funcionarios de la Superintendencia facultades que no tienen los de ninguna otra. Incluso, se le entregan más atribuciones que las que tiene un carabinero para perseguir a un delincuente. Esto no sólo me parece excesivo, sino que vulnera garantías constitucionales básicas y no respeta el debido proceso administrativo.

El artículo 36 establece la clasificación de las infracciones para los efectos del ejercicio de la potestad sancionadora, pero ello debe estar descrito en forma precisa para evitar interpretaciones antojadizas, y la disposición contempla numerosas infracciones extremadamente amplias y sin límites claros. Por ejemplo, es infracción gravísima cuando “hayan generado grave riesgo para la salud de la población;” y es infracción grave cuando “hayan generado un riesgo significativo”.

Lo adecuado es corregir este artículo y describir en forma clara las conductas sancionables.

El artículo 43 establece que, en caso de daño ambiental, será la Superintendencia la que en el futuro fije el monto de los daños y las indemnizaciones.

Pensamos que no es adecuado que la Superintendencia sea la que determine la existencia del daño ambiental. Consideramos que esa función la deben cumplir los tribunales, tal como opera en la actualidad. La Superintendencia sólo debe limitar su acción a solicitar a los tribunales que determinen el monto de la indemnización. En definitiva, la determinación del daño ambiental es un asunto netamente jurídico que conlleva cuantiosas indemnizaciones. Lo adecuado es mantener el régimen vigente.

El artículo 48 regula las medidas provisionales en los procedimientos administrativos. Es decir, aquellas que dicta la Superintendencia mientras el proceso administrativo está en curso o antes de su inicio. Las medidas provisionales pueden llegar incluso a la clausura, por lo que deben existir algunos resguardos para evitar que una mala decisión del Superintendente genere daños irreversibles.

Las indicaciones presentadas por los diputados de la Alianza sobre esta materia no fueron aceptadas. Entre otras cosas, en ellas se pedía que las medidas provisionales más severas se dictaran sólo en caso de daño grave o potencialmente grave al medio ambiente. Nada de eso se aceptó, lo que podría llevar a que las medidas provisionales no sean aprobadas en la forma propuesta.

El ARTÍCULO TERCERO introduce modificaciones a la ley de Bases Generales del Medio Ambiente.

Revisión de los oficios de la resolución de calificación ambiental.

La redacción de este artículo siembra mucha incertidumbre jurídica, ya que deja totalmente al arbitrio de la autoridad administrativa la revisión de resoluciones de calificación ambiental, RCA, aun cuando no se verifique que los cambios observados afectan negativamente al medio ambiente. Pueden ser hechos neutros, pero igual podrá revisarse el oficio. Con esto se afecta gravemente la seguridad jurídica que se le concede a la resolución de calificación ambiental.

La participación ciudadana en una fase resolutiva es algo que no está presente en ningún otro ámbito de la legislación ambiental. No formaba parte del proyecto original y mal regulado puede derivar en discusiones estériles que retrasarán en forma considerable la implementación de muchas iniciativas, lo cual puede influir directamente en el empleo. Al final, son las autoridades las que deben resolver esto.

Si bien es cierto que se le da mucha importancia a la participación ciudadana, también debemos reconocer que se le niega la participación al intendente, a los cores y a las autoridades regionales. Por tanto, aquí hay un contrasentido.

Aun cuando es lógico considerar todos los impactos relevantes en el análisis de la modificación propuesta, su redacción puede generar muchas arbitrariedades si es mal aplicado el proyecto. Además, este artículo no formaba parte de la iniciativa original. Temo que debe redactarse nuevamente, siguiendo el artículo 124 del reglamento vigente.

La difusión radial obligatoria a costa de los titulares no nos parece que formaba parte del espíritu original del proyecto y puede representar un alto costo para las pymes. Por lo demás, el proyecto no específica las condiciones de difusión, lo que se puede prestar para muchas arbitrariedades. Aumentar los costos va a significar que más personas prefieran pasar por alto el sistema.

Hemos pedido votación separada de las disposiciones pertinentes.

Por último, quiero comentar dos artículos transitorios.

El artículo segundo transitorio, en su número 1, faculta al Presidente de la República para fijar “la planta del personal del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, de la Superintendencia del Medio Ambiente, así como el régimen de remuneraciones que le será aplicable a esta última. El encasillamiento de estas plantas podrá incluir personal de la Comisión Nacional de Medio Ambiente.”

A nuestro juicio, debe decir: “deberá incluir al personal…”, porque la modificación de una disposición legal no puede significar que se juegue con el trabajo de muchos años de tantas personas consideradas buenos funcionarios y que, por lo tanto, se les debe dar la oportunidad de continuar.

El artículo octavo transitorio dispone: “Dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, los Ministros del Medio Ambiente y de Agricultura deberán formular y presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de Biodiversidad y Áreas Protegidas, así como en el ámbito forestal.”.

No sé hasta cuándo vamos a seguir sin la capacidad -tal como señaló el diputado Delmastro - para solucionar el problema de la Conaf, una institución que, como aquí se ha dicho, no es ni pato ni gallina, no está allá ni está acá; nadie sabe dónde está. Llevamos más de 25 años tratando de darle forma, pero no lo hemos logrado. Éste era el momento para que de una vez por todas se abordara su situación, porque no puede continuar como está, pero hoy de nuevo queda al medio, sin que nadie sepa qué va a suceder con esa Corporación.

Por lo tanto, vamos a votar a favor del proyecto en general, pero nos vamos a oponer a las disposiciones señaladas.

He dicho.

El señor SUNICO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini.

El señor LORENZINI.-

Señor Presidente , ¡hasta cuándo! decía el diputado Bauer , y le digo ¡hasta ahora! Pongamos las cosas en perspectiva. Estamos tratando un tema respecto del cual no soy experto, pero uno aprende de la discusión parlamentaria. Se trata de una materia que -como han señalado aquí- va a tener mayor importancia en el futuro que ahora, sobre todo en lo que significa para las personas de regiones una adecuada legislación ambiental.

La Presidenta Bachelet lo dijo en su programa de Gobierno y lo cumplió. Aquí tenemos el proyecto y felicito a la ministra y a su equipo, porque, en su minuto, la vimos luchando en la Conama y nunca pensé que iba a llegar a esta instancia; pero ahí está.

A veces uno se pierde. Está bien la reforma laboral, es un tema nacional; está bien el reajuste de las pensiones, tema nacional; está bien la reforma educacional, tema nacional. Nos falta la reforma tributaria que nadie se ha atrevido a impulsar porque se hacen demasiados lobbies. ¡Dejémoslo para el próximo gobierno! Para mí, una reforma ambiental tiene más peso que otras, porque tiene que ver con la calidad de vida. El diputado Robles decía que existían juzgados laborales, de familia, de garantía, etcétera; pero, ¿tenemos juzgados ambientales? ¿Con quiénes van a litigar las empresas, que pagan asesorías millonarias y disponen de cuantiosos recursos internacionales? Aquí nos vamos al otro lado: la ciudadanía.

Frente a un proyecto básico y bien hecho -no quiero lanzar más flores a la ministra y a su equipo, porque ya las han recibido por montones-, quiero ponerme en la perspectiva de lo que nos falta. ¿Conoce la ministra -es obvio que lo sabe- el presupuesto que tendrá el ministerio para este año? Diecinueve mil millones de pesos. Si tomamos cualquier programa del Fosis o del Indap, veremos que lo triplica o cuadriplica. Es decir, estamos creando una tremenda institucionalidad, que tendrá un presupuesto de apenas diecinueve mil millones de pesos. Si restamos lo que se les paga a los funcionarios, a los asesores, etcétera, nos queda sólo un presupuesto de mantención.

Estamos ante un tremendo proyecto. La ministra me dirá que hay 4.100 millones de pesos adicionales para la Superintendencia -qué bueno que tengamos una Superintendencia que va a fiscalizar-; pero ese presupuesto -así lo dice el proyecto- es para el personal. ¿Acaso no sabemos que para que funcione la Superintendencia que se va a crear es necesario diseñar un modelo tecnológico de información para todo el país? ¿Saben cuánto cuesta eso? ¿Dos mil o tres mil millones de pesos? Lo pregunto porque hemos visto lo que se paga por las asesorías; la ministra sabe que son bastante caras. ¿Se pagarán con 4 mil millones de pesos?

Estamos creando una institucionalidad modelo; ¡fantástico!, pero no le estamos dando recursos suficientes. Como dicen los huasos -el diputado Delmastro lo sabe porque cuando viaja al sur pasa por la Región del Maule- el que pone la plata, también debe poner la cueca y la música. Quiero decirle a la ministra que me parece algo inaudito, y que en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos tendremos que ponerle la música a todo esto. Teóricamente está bien diseñada; se hizo un buen trabajo, se ve que existen buenas intenciones y que hay un camino a seguir; pero, no se podrá hacer una buena fiscalización con 4.100 millones de pesos.

Ahora, ¿cómo participan los ciudadanos, que no son expertos y que deberán contratar especialistas y asesores? Por ahí tengo el presupuesto del año pasado; no sé si lo habrán modificado; Fondo de Protección Ambiental -de él sale la plata para los proyectitos-: 1.500 millones de pesos; divididos en quince regiones, serían 100 millones para cada una, con lo que se financiarían dos o tres proyectitos al año, y se acabó. Es decir, los ciudadanos no existen; pueden opinar y decir tonterías, porque siempre los técnicos dicen que no saben porque no tienen asesores. Con este presupuesto no tenemos ONG o terceros que representen y apoyen a la ciudadanía. ¡1.500 millones de pesos! En realidad, es poco; si contratamos algunos asesores, se nos van a ir quinientos millones y nos quedarán sólo mil millones de pesos. Tampoco funciona.

Como ustedes saben, este año Chile está ingresando a la Ocde, máximo organismo de desarrollo económico a nivel mundial, donde sólo están los países privilegiados. ¿Saben ustedes lo que es la Ocde? ¿Saben ustedes que los veinte países que integran ese organismo, que son los más ricos, adelantados y progresistas del mundo, destinan el 20 por ciento de sus presupuestos a fiscalización ambiental? ¿Saben lo que significa eso? En el caso de Chile, no necesitamos todos los dedos de la mano para contar, porque nos sobra con uno. ¡Y pretendemos ingresar a la Ocde! ¿Saben lo que va a pasar? Creo que el diputado Roberto Sepúlveda dijo algo al respecto. Ahí está el truco: una cosa es la competencia de precios y, otra, la competencia con obstáculos. Le van a poner una serie de requisitos a nuestros productos, y aunque los regalemos, no los van a dejar entrar a esos países. De esa forma van a parar nuestras exportaciones, que son motor de desarrollo.

Entonces, por lo que significa, démosle a la Ocde la importancia que corresponde. Anoté algunas cosas de su manual: cumplir la normativa, ejecución eficaz de todos los resguardos, protección de los humedales, de las lagunitas, de las aves -fíjense de todo lo que se preocupa la Ocde en sus siete u ocho macro proyectos-, desarrollar normas de emisión, etcétera. Con los recursos asignados, ¿estaremos en condiciones de contratar asesorías para cumplir con las exigencias de la Ocde? Por cierto que no. Es decir, la competencia internacional afecta al medio ambiente. No vamos a poder ingresar a la Ocde.

Fondos para los ciudadanos, no hay; fondos para una fiscalización potente, no hay. ¿Y los municipios? ¿Ustedes creen que los municipios son expertos en estas materias? Invito a la ministra a que vayamos a Putú o a Cumpeo a hablarle a la gente del tema ambiental. Tal vez, podríamos comer muy buenos asados o jugar fútbol; pero, no podemos ir allí a hablar de problemas ambientales. Son municipios chicos, que pueden ser de Gobierno o de Oposición. ¿Cómo los potenciamos? Con oficinas regionales potenciadas. Acabamos de ver en Los Robles -la ministra estuvo allí- una oficina central que es la más potente del país: 1.500 millones de dólares, en plena costa: Chanco , Constitución, donde todavía encontramos ese mundo agreste. La Perla del Pacífico todavía no funcionaba y le metimos la oficina central. ¿Qué hicieron los coremas, los cores y los gobiernos regionales? Se les puede preguntar a los seremis; cuatro de ellos no conocían la costa, y tres no sabían de qué les estaban hablando. El intendente paró el dedo. Entonces, hay que potenciar los gobiernos regionales.

Al final, nos damos cuenta de que sin plata no caminamos porque, además, el ministro de Hacienda -a quien aplaudimos- ha dicho aquí -estamos contestes con él- que hemos suscrito setenta tratados internacionales; Chile lidera los tratados internacionales. ¡Fantástico! Pero los tratados sobre temas ambientales que suscribimos contienen una serie de cláusulas que debemos cumplir. ¿Quién va a comprobar que estamos llevando a efecto los setenta tratados internacionales? ¿Hay recursos para eso? No basta con lo que estamos haciendo. ¡Fantástico! Tenemos el modelo, la teoría, la gente preparada, las ganas; está el Congreso Nacional, más allá de algunas críticas constructivas que se han formulado; estamos todos en esto: Gobierno, Oposición, ONG, municipios; pero no está la música ni la cueca.

Todo esto es fantástico, y vamos a votar favorablemente el proyecto para que la ministra se vaya contenta; pero creo que en la próxima discusión del Presupuesto tendremos que hacer un verdadero análisis y determinar adónde deben ir las platas.

Creo que con un poquito del Transantiago -a propósito de la interpelación de que será objeto la próxima semana el ministro de Transportes y Telecomunicaciones-, de los honorarios, de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, de lo que quedó del caso MOP-Gate, en fin, un poquito de aquí y de allá, ¡algo juntaremos para implementar lo que sirve a todos los ciudadanos! El tema ambiental no es de las empresas, del Gobierno o del Parlamento, sino de la ciudadanía, de la organización civil, porque la gente tiene que participar necesariamente en sus comunas, con derecho a voz-, con derecho a voz y a voto, aunque sean minorías, porque éstas no sólo deben hablar, sino también votar. A veces, las minorías -vean cómo se ríe el colega Marco Enríquez-Ominami- hacen daño, a veces, levantan personas.

Entonces, felicito a la ministra y a su equipo. Tarea cumplida; la Presidenta de la República cumplió. ¿Qué pasará ahora? En septiembre y octubre, cuando discutamos el proyecto de ley de Presupuestos, quiero ver al ministro de Hacienda y al director de Presupuestos , Alberto Arenas , junto con el Congreso Nacional, ponerle música y cueca a este proyecto.

He dicho.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el honorable diputado señor Alejandro Sule.

El señor SULE.-

Señor Presidente , como dice un viejo aforismo, “un viaje de mil leguas comienza con un paso”.

Esto es lo que representa, precisamente, el proyecto que hoy estamos discutiendo: un primer y fundamental paso hacia el perfeccionamiento de nuestra institucionalidad ambiental.

Hasta hace poco, tal como ocurrió durante años en la discusión del modelo de nuestro desarrollo energético, el tema ambiental se basó en el principio de la no política: dejar hacer, dejar pasar. Eso es lo que hoy tiene a casi la mitad de la población de nuestro país viviendo en lugares declarados zonas saturadas de contaminación atmosférica. Nos referimos a un problema grave de salud para nuestros niños, de miles de partículas 2.5, que son las más difíciles de sacar de los pulmones, y otros tantos miles de material particulado número 10.

Si en el mundo en los próximos diez, veinte o treinta años, no somos capaces de hacer lo que debemos, no sé si duraremos cincuenta, ochenta o cien años más, con toda seguridad, treinta años más. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado en diez o veinte años más si hay una demanda colectiva de la inmensa mayoría de la población en su contra, por no haber tomado a tiempo las medidas correspondientes, con la intensidad y la fuerza necesarias para enfrentar lo que se avecinaba?

Esto no es algo nuevo. La institucionalidad ambiental ha permitido, en los últimos meses, que haya centrales termoeléctricas ultracontaminantes, porque al encontrarnos con vulnerabilidad energética necesitábamos mucha energía, incluso, hay algunas aprobadas que ni siquiera se han construido. Debemos pensar qué vamos a hacer al respecto.

Muchos estudios ya lo han manifestado. El último informe de la Ocde y de la Cepal respecto de la evaluación del desempeño ambiental de Chile al 2004, concluyó que existe una relación simétrica entre el desarrollo económico y la degradación ambiental en nuestro país, además de la falta de marcos normativos para proteger nuestro medio ambiente.

Por ello, los diputados radicales apoyamos el proyecto; creemos que nuestro país necesita una nueva y mejor institucionalidad medioambiental, una política real en la materia, capaz de impulsar e implementar políticas y estrategias, con una ministra o ministro del Medio Ambiente empoderado, capaz de hacer valer sus posiciones en el Poder Ejecutivo , y no menos importante, con un fuerte sistema de fiscalización, para que las empresas cumplan las normas medioambientales.

El proyecto propone un nuevo modelo de gestión ambiental, en la que la variable ambiental y de sustentabilidad se encuentre tempranamente incorporada en el diseño de las políticas y planes del sector público, a través de la evaluación ambiental estratégica.

Así también, y a pesar de que algunos parlamentarios de la Derecha buscaron desmembrar el proyecto, ya que intentaron, primero, dividir las votaciones entre las funciones del Ministerio y la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente -un ilógico, puesto que no se entiende el uno sin la otra-, y luego trataron de establecer un conjunto de limitaciones y restricciones a las atribuciones de la Superintendencia, me parece importante destacar la firmeza e inteligencia política con que ha manejado la discusión legislativa la ministra Ana Lya Uriarte .

Muchas veces hemos constatado en el Congreso Nacional las contradicciones permanentes en la Derecha, que dice apoyar la educación pública, pero rechaza toda norma legislativa que indique su concreción; que dice trabajar por el bienestar de los trabajadores de Chile, pero rechaza la negociación colectiva; que dice buscar terminar con las desigualdades sociales y económicas, pero busca recortar los presupuestos para los programas sociales, se niega a una redistribución real de la riqueza y se opone al proyecto de ley sobre discriminación y terminan por dinamitar dichas leyes.

En esta oportunidad, no ocurrió lo mismo, pese a que lo intentaron en las Comisiones de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente y de Hacienda, en las cuales hubo indicaciones bastante raras, por decir lo menos.

Por ejemplo, la indicación presentada por la diputada señora Marcela Cubillos y el diputado señor Roberto Sepúlveda , entre otros, a la letra e) del artículo 3º del ARTÍCULO SEGUNDO, para agregar un nuevo inciso segundo: “La Superintendencia no podrá, en ningún caso, realizar requerimientos de información referidos a un elevado número de actos o antecedentes ni solicitar requerimientos que distraigan indebidamente a los receptores del cumplimiento regular de sus labores habituales”.

¿Qué buscaban mis estimados colegas con esa indicación? ¿Que no se fiscalice a grandes empresas que degradan el medio ambiente, porque se les puede distraer de sus labores habituales?

Del mismo modo, la Derecha ha promovido indicaciones para restringir las medidas provisionales y suspensivas de la Superintendencia, pero ese tipo de limitaciones va contra la naturaleza misma de esos instrumentos. No es posible que terminen de pleno derecho una vez que cese el riesgo de daño grave al medio ambiente.

¿Quién determina eso, la autoridad, el privado? ¿Qué garantizan entonces?

En la tramitación se incorporaron una serie de mecanismos para garantizar su correcto uso, siendo el más importante la revisión ex pos de la Contraloría General de la República.

En algún momento también se insistió en incluir tribunales medioambientales. Es posible que desde un punto de vista de Estado, como decía mi colega Robles , finalmente sea adecuado crear tribunales medioambientales, pero como bien alguien dijo por aquí: ¿tenemos jueces especialistas en materia medioambiental, que es tan compleja?

Creo que para contar con tribunales medioambientales debemos entrar en un proceso, y el Ministerio se requiere con urgencia, y ya se utilizó tiempo más que suficiente en el debate de su creación, porque entiendo que la discusión del proyecto en las Comisiones de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente y de Hacienda debe haber durado un año o quizás más, y los que estábamos interesados en dar nuestra opinión, tuvimos la oportunidad de hacerlo en ellas.

Quiero decir que hoy la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por ejemplo, que tiene la potestad de fiscalizar y sancionar, ha aplicado una multa a Chilectra, hace más de un mes -después de miles y miles de reclamos-, cuyo monto, por lo demás, es bajísimo respecto de las ganancias que a esa compañía le han generado los abusos sólo en Santiago, y todavía no se materializa. Imagínense lo que significa el proceso de reclamación, mientras nuestros conciudadanos son abusados por esos monopolios.

Sin duda, fiscalizar y aplicar multas son funciones que deben recaer en la Superintendencia del Medio Ambiente.

Por otro lado, no entendemos el doble discurso de algunos colegas. Dicen que buscan mejorar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, pero en las Comisiones se opusieron a varias de las reformas al sistema de evaluación de impacto ambiental, como la norma que obliga a consultar a los gobiernos regionales y a las municipalidades la relación que tienen los proyectos con las políticas y planes de desarrollo regional y local, o las indicaciones que presentaron para morigerar el efecto de la caducidad de la resolución de calificación ambiental propuesta en el proyecto, por ejemplo, número 26, que pasa a ser 29, de la diputada señora Marcela Cubillos , del diputado Roberto Sepúlveda y otros, a la letra b) del artículo 25 ter, para agregar el siguiente párrafo final: “Con todo, entre otras cosas que podrá determinar el Reglamento, se entenderá que se ha iniciado la ejecución del proyecto o actividad cuando se soliciten los permisos sectoriales correspondientes.”

Al respecto, quiero destacar la modificación del proyecto al tecnificar las decisiones al interior del sistema de evaluación de impacto ambiental, porque obligará a la Comisión de Evaluación, integrada por los seremis, a ajustarse a los contenidos de los informes técnicos sectoriales o, en su defecto, presentar un informe paralelo que justifique su voto en contra, o de otra naturaleza, o distinto.

En suma, estamos ante un muy buen proyecto, que se ajusta a las recomendaciones y observaciones que diversos organismos internacionales han realizado a nuestro país, que perfecciona nuestro marco normativo y medioambiental.

He dicho.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente , en poco tiempo hemos aprobado en la Sala varias nuevas formas de institucionalidad. El Ministerio de Deportes y Juventud, un segundo piso en Mideplan para tratar el tema de la pobreza, etcétera.

Lo que estamos haciendo hoy, de crear una institucionalidad, se ha repetido a lo largo del Gobierno. Como todo, empieza de a poco y luego se va perfeccionando.

Sin embargo, hay dos principios que me preocupan en esta institucionalidad nueva. Uno tiene que ver con la independencia en las votaciones, y a los que somos de la Sexta Región que estamos muy cerca de Santiago, siempre nos ha complicado la independencia que tengan los seremis o los directores de servicios al momento de analizar los proyectos.

Hemos conocido ejemplos dramáticos y dolorosos en las regiones, como la instalación de una termoeléctrica en la comuna de Mostazal. Nadie la quería; todos sabían las complicaciones que acarrearía. Pero, al final, se votó a favor, porque las cosas se hacen de acuerdo con una orden vertical que viene de Santiago, sin respeto a las regiones. Más aún, sin miramiento de lo que significa el medio ambiente en una región saturada desde varios puntos de vista, de los cuales el que más nos preocupa es la saturación hídrica.

El otro principio que me preocupa se relaciona con el financiamiento. Hace poco, aprobamos menos de 2.500 millones de pesos para el Ministerio del Deporte y la Juventud. Hoy, se habla de 19 mil millones de pesos para la creación de una institucionalidad potente a nivel nacional.

Con todo cariño le digo a la ministra que va a enfrentar hartos problemas, porque tendrá varios monstruos a su alrededor en ese Consejo: el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con los requerimientos de suelos agrícolas; el de Minería, con la utilización del agua. Con ello, quiero decir que el empoderamiento que le estamos dando con esta iniciativa le significará peleas constantes.

Como conoce el tema, porque ha trabajado en él durante muchos años -acompañada del diputado Vallespín , con quienes de alguna manera hemos practicado una especie de pimpón-, sabe que la complicación es que siempre lo económico estará por sobre lo ambiental. Hay que decirlo con todas sus letras. El asunto es fijar el valor que este país le dará a lo ambiental, más allá de la iniciativa que podamos despachar.

Además, debemos valorar lo ambiental desde el punto de vista económico, para hablar en el mismo lenguaje. Si no somos capaces de abordar lo relacionado con el medio ambiente en forma inteligente, tendremos más de un problema económico.

Por eso, le daremos a la ministra todas las herramientas que necesite, pero, al mismo tiempo, le recalco que en el Consejo tendrá monstruos permanentes a su lado.

Al respecto, no queremos que esos monstruos se repliquen a nivel regional. Por eso, será necesario no sólo empoderar al Consejo, sino también a la ciudadanía para saber lo que la gente busca en materia medioambiental. Si piensa en ONG o en organizaciones comunales, a través de sus consejos, que tienen un representante en este tema, que permita integrarlos y debatir con el Gobierno acerca de lo que está pasando en las regiones.

Por ejemplo, en estrategias de desarrollo integral, hace mucho tiempo que no se implementa un plan de trabajo en lo ambiental, a fin de encauzar las decisiones del nuevo Consejo.

Además, en este ámbito hay que analizar las economías existentes. En la Sexta Región, está el sector agrícola exportador y la pequeña y mediana agricultura. Citaré sólo casos de mi distrito: lo ocurrido en Los Lingues, Talcarehue y San Fernando ; lo que pasa en el lago Rapel y Las Cabras, aunque si bien ahí se presenta una complicación biológica, tiene que ver con la alteración del ecosistema; lo que sucede en San Vicente y otras comunas, con las termoeléctricas; lo que acaece en La Vinilla, donde hay contaminación ambiental con moscas, y, por último, lo que está aconteciendo en Requehua.

He dado cinco o seis datos de comunas y sectores específicos de mi distrito, afectados por situaciones muy graves. Sin embargo, lo que más me preocupa es el artículo octavo transitorio de este proyecto.

Con seguridad, la ministra no sabe que en este tema existe un compromiso con la Corporación Nacional Forestal, Conaf . Por ejemplo, con los diputados Alfonso de Urresti y Ramón Barros no queríamos aprobar la normativa sobre bosque nativo sin un acuerdo, más allá de lo escrito, sobre el aumento de remuneraciones de los trabajadores de la Conaf y para pasar de lo privado a lo público de manera racional.

A la subsecretaria Cecilia Leiva le correspondió llevar a cabo esa tarea.

El compromiso es permanente y se suscribió hace varios años. Recuerdo que, incluso, con el ex senador Rafael Moreno hablábamos continuamente para estudiar cómo arreglar la situación de la Conaf.

A pesar de las enormes discrepancias que existen sobre el punto no se debe perder la larga experiencia de esas personas. Chile no parte de cero en el sistema de áreas silvestres protegidas. Tiene una enorme capacidad y desarrollo para encauzar.

Por lo tanto, le pido a la ministra llegar a un acuerdo con la Conaf mediante el diálogo. Con el Ministerio de Agricultura no se logró. Lo digo con todas sus letras: que cumpla ese compromiso dentro del plazo de un año desde la publicación de la ley, como se expresa en el artículo octavo transitorio. Sin embargo, quiero dejar en claro que no me parece bien que tal propuesta no pase por el Congreso. ¡Debe ser estudiada por el Parlamento!

No es posible que la propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de biodiversidad y áreas protegidas y del ámbito forestal quede a cargo sólo del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, ya que ello significará una planta y funciones distintas.

La Corporación debe enterarse de lo que ocurrirá con este nuevo servicio público. No podemos lavarnos las manos, como siempre lo ha sostenido la diputada Denise Pascal . Lo importante es que se envíe a este hemiciclo esa propuesta de nueva institucionalidad aprobada por el Consejo de Ministros, donde la Conaf tiene algo que decir.

(Aplausos)

Al respecto, deseo decir a los funcionarios de la Conaf que no aplaudan tanto, porque para dar la pelea hay que tener pantalones. Muchas veces el diálogo ha sido interrumpido, porque no siempre han tenido la fuerza para seguir hablando.

Por otra parte, el diputado Pedro Araya me encargó que pidiera votación separada para el artículo segundo transitorio, pues, según él y algunos funcionarios de la Conama, no se estaría respetando la carrera funcionaria.

He dicho.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Hago presente a la Sala que hay 18 inscritos para hacer uso de la palabra. Es decir, el proyecto no se alcanzará a votar hoy y quedará pendiente para las próximas sesiones.

Tiene la palabra la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

La señora URIARTE (ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente).-

Señor Presidente , sin perjuicio de que una intervención que aborde los distintos tópicos que se han escuchado hoy, en esta Sala, podrá ser hecha en las sesiones en las que continuaremos debatiendo el proyecto, no quiero dejar pasar esta ocasión para hacerme cargo de inmediato de la intervención de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y dar así satisfactoria respuesta a los funcionarios de Conaf que hoy nos acompañan, para que no se vean forzados a volver al Congreso, con el esfuerzo que ello significa.

En primer término, nadie puede negar ni discutir -al respecto, parece haber acuerdo completamente transversal en el Congreso y en el sector público- que la biodiversidad y las áreas protegidas tienen vinculación íntima con el tema medioambiental.

Hemos estado de acuerdo transversalmente en que la elaboración de políticas relativas a biodiversidad y áreas protegidas debe estar radicada en el Ministerio del Medio Ambiente; también hemos estado de acuerdo transversalmente en que la elaboración de las normas que se asocien a protección de la biodiversidad y áreas protegidas debe situarse en el Ministerio del Medio Ambiente.

Sin embargo, sabemos -y la diputada Sepúlveda tiene toda la razón- que, en materia de gestión de áreas protegidas y de biodiversidad, no partimos de cero.

Sabemos también -y en este diagnóstico estamos todos de acuerdo- que nuestro país tiene una deuda pendiente con las áreas protegidas y la biodiversidad, porque no ha podido darles una institucionalidad pública como corresponde ni tampoco montar un adecuado sistema nacional de áreas protegidas.

¿Qué hemos dicho hoy? Que es un gran día, porque se está dando un paso adelante para fortalecer la institucionalidad medioambiental.

Para resguardar y cautelar debidamente tanto la participación como la discusión sobre el tema, esperamos que, en el plazo de un año, contado desde que se publique la ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia Ambiental, se proceda a un rediseño institucional para abordar los tema sobre áreas protegidas y biodiversidad. Este rediseño debe presentarse al Congreso Nacional para su discusión, porque cualquier rediseño institucional, como sería cambiar la actual estructura de Conaf o proceder a la creación de un servicio de biodiversidad u otro, necesita de sanción legal, porque ello implica cambiar estatutos jurídicos existentes.

Para despejar este asunto, el proyecto se hace cargo del tema y se cuenta con un compromiso firmado en un protocolo.

En un año más, en el Congreso Nacional -donde están nuestros representantes- y en las organizaciones sindicales de Conaf se efectuarán las discusiones políticas. En esto, quiero ser clara y categórica: muchos de los miembros de las organizaciones sindicales de cualquier rubro tienen vinculaciones con el mundo político, lo cual es bueno y adecuado. Entonces, cabe señalar que habrá espacios formales e institucionales de diálogo, como también se contará con las demás vías que ofrece esta democracia que afortunadamente vivimos.

El compromiso es claro. El tema se abordará en un año más, una vez que contemos con el Ministerio del Medio Ambiente. El punto de sanción definitiva lo tendrá el Congreso Nacional, órgano del Estado que nos representa a todos.

He dicho.

-Aplausos.

El señor VARGAS (Vicepresidente).-

Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día.

CREACIÓN DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE. Primer trámite constitucional. (Continuación).

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Debo informar a la Sala que están vencidos los plazos reglamentarios del proyecto, iniciado en mensaje, que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, que figura en primer lugar de la Tabla, razón por la cual deberemos votarlo al término del Orden del Día.

Para continuar con el debate de dicha iniciativa, tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.

La señora ALLENDE (doña Isabel).-

Señor Presidente , este importante proyecto significa un cambio para nuestro país, pues modifica la ley N° 19.300, que ha cumplido ya 15 años desde su promulgación, con el objeto de crear el Ministerio del Medio ambiente.

Celebro mucho esta iniciativa, porque cumple con un compromiso muy importante del programa de gobierno de nuestra Presidenta.

Nuestro país ha ido aumentando su crecimiento en los últimos años, lo que ha traído a la par mayores necesidades energéticas y la exportación de nuestros recursos naturales. Además, el menor cumplimiento de la entrega de gas por parte de Argentina ha obligado a tomar medidas alternativas, como la instalación de centrales termoeléctricas, que están provocando un daño irreversible a las regiones, materia sobre la que me extenderé más adelante.

Aprovecho de saludar y de felicitar a la ministra, por su importante y activa participación en la aprobación del proyecto, por el orgullo que sentimos de tener a una mujer como ministra del Medio Ambiente y porque se la ha jugado por esta materia.

Quiero destacar la importancia de la creación de este ministerio, ya que otorga la condición de par a la ministra con el resto de los ministros, lo que le permitirá regular y fijar las políticas en un tema tan fundamental y sustantivo como el del medio ambiente.

A la vez, crea el Servicio de Evaluación Ambiental, encargado de la administración del sistema de evaluación de impacto ambiental.

Quiero detenerme en este punto, porque la ley Nº 19.300, sobre bases generales del Medio Ambiente, creó dicho sistema, pero necesitamos perfeccionarlo, sobre todo respecto de las declaraciones de impacto ambiental.

En la actualidad, es necesario tener absoluta nitidez respecto de las normas y de los criterios técnicos que permitan definir cuándo un proyecto presentado debe ser evaluado vía declaración de impacto ambiental, con una fuerte participación ciudadana, y cuándo debe ser sometido a una evaluación mediante el sistema de evaluación de impacto ambiental, el que, obviamente, tiene características más profundas y técnicas, pero también requiere, y así lo pedimos, una activa participación ciudadana.

Afortunadamente, los ciudadanos han ido informándose cada vez más y han ido tomando conciencia de su derecho a vivir en ciudades, comunas y regiones limpias, sin daños en su medio ambiente. Sin embargo, a la par con nuestro crecimiento, estamos viendo niveles de contaminación que resultan inadmisibles. Ya me referiré a lo que ocurre en la Región de Atacama.

El proyecto mejora el sistema de evaluación de impacto ambiental y lo separa, como dije, por razones técnicas y fundadas, de la declaración de impacto ambiental propiamente tal, con una activa participación ciudadana.

Además, crea un nuevo instrumento de gestión ambiental, la evaluación ambiental estratégica, que permitirá evaluar las políticas sectoriales que tengan incidencia ambiental y que permitan el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables. Aquí tenemos que adecuar los instrumentos de gestión ambiental, planes de manejo e incorporar nuevas herramientas, como el acceso a la información ambiental.

También crea el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. En este espacio se pueden discutir las políticas medioambientales, las políticas sectoriales y lo relativo a regulación ambiental; pero, y eso es lo interesante, con la participación activa de los ministros, en el que está incluido el de Hacienda, que es importante, aunque no tiene competencia en la dirección superior sobre el Ministerio del Medio Ambiente. Por eso, la necesidad de que nuestra máxima autoridad del medio ambiente tenga el rango de ministro y sea ella la encargada de la política y regulación.

En materia de biodiversidad y áreas protegidas, el proyecto traspasa las facultades de política y regulación al Ministerio del Medio Ambiente y al Consejo de Ministros. Para la solución institucional definitiva se obliga, tanto al Ministerio del Medio Ambiente como al de Agricultura , a presentar al Consejo de Ministros un rediseño de la institucionalidad de áreas protegidas, de la biodiversidad y, por cierto, de materias forestales. Para eso, hay un plazo de un año.

Debo recordar que existe un proyecto de acuerdo firmado, el cual es muy importante, porque queremos la mejor solución y que nunca se perjudique a los trabajadores, que hasta ahora han venido desarrollando esas importantes funciones.

Nuestro país requiere tener una institucionalidad más efectiva, que nos permita pensar en mejorar el bienestar de nuestra sociedad, en el tipo de sociedad, y del medio ambiente en el cual trabajar para las nuevas generaciones.

Uno de los temas fundamentales, en que hay más presión, es precisamente el del recurso hídrico.

Junto con celebrar esta nueva institucionalidad, no puedo dejar de expresar preocupaciones legítimas. En el caso de la región de Atacama, hay diversos proyectos, algunos de ellos significan un potencial de desarrollo para una región esencialmente minera, aunque también agrícola y pesquera. Sin embargo, se aprobó el proyecto Pascua Lama , por ejemplo. La aberración inicial del traslado de los glaciares fue revisada, pero no deja de sorprender, cuando la humanidad cada día tiene más conciencia del calentamiento global, que los glaciares se derriten y el recurso hídrico pasa a ser más escaso, que se permitan esas medidas, lo que debería estar absolutamente prohibido. Tengo una posición crítica frente a eso y esperamos que las correcciones que se hicieron sean en bien de lo que persigue.

Pero hay otros temas en los que se generan conflictos. En la cuenca del río Copiapó, el recurso hídrico es cada día más escaso, tanto en aguas superficiales como subterráneas. Los proyectos nuevos, algunos agrícola y otros mineros, nos generan problemas. El de Cerro Negro Norte, que va a considerar el abastecimiento de agua, implica un conflicto con su comunidad por las aguas subterráneas. La gente está preocupada por esa situación. Espero que sea revisada muy rigurosamente antes de darle el visto bueno. El recurso hídrico se vuelve cada día más escaso. Es más, la población de Copiapó, de Caldera, de Tierra Amarilla y de Chañaral, que se abastece con la misma agua, que es trasladada desde Copiapó hasta Caldera y Chañaral y que recorre cien kilómetros, recibe un servicio que no sólo no es el que corresponde en términos de regularidad, sino también de calidad. El agua es prácticamente intomable. Tiene una norma superior a la que se considera aceptable en los parámetros. Sin embargo, se dice que es completamente inofensiva para la salud.

Hablé con el ministro de Salud al respecto y le pedí hacer una investigación más profunda. Además, por oficio, voy a solicitar que la Intendencia, con cargo a los fondos regionales, haga un estudio más acabado del daño en la salud y del problema medioambiental con las escuelas de salud pública de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, que tienen muy buenos investigadores.

Chañaral tiene problemas con la Fundición Paipote. No es posible que se sigan aprobando proyectos. Se ha presentado uno para acrecentar lo que ya existe con la Termoeléctrica Guacolda. Hay otro proyecto similar en vías de aprobación: la Central Termoeléctrica Castilla. Entonces, uno se pregunta cuánto más vamos a seguir aprobando proyectos que afectan la salud.

Espero que con la creación de esta nueva institucionalidad seamos más rigurosos, fiscalicemos mejor y que la Superintendecia cumpla su rol.

Felicito a nuestra Presidenta por haber cumplido su compromiso.

He dicho.

El señor VARGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.

El señor PALMA.-

Señor Presidente , estamos culminando un gran objetivo, un gran trabajo: aprobar la creación del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia del Medio Ambiente, anhelo importante y necesidad imprescindible para cuidar algo tan trascendente como nuestra tierra, libre de contaminación y de daños.

Costó más de un año trabajar y consensuar en la Comisión de Recursos Naturales este proyecto sobre ese derecho consagrado por la Constitución Política de la República, deber del Estado y de todos; un año de arduo trabajo. Quizás no es perfecto, pero es bueno. Crea un instrumento, una institucionalidad adecuada para un manejo que responde a la autoridad y con participación ciudadana, que siempre tiene mucho que decir en este importante tema.

El cuidado del ambiente no es patrimonio de izquierdas o derechas; ése es un concepto equivocado que levantan algunos; de hecho, es bandera de unos u otros en diferentes países. Soy de Renovación Nacional, un partido de centro derecha y, como muchos, defiendo la conservación del medio ambiente, al igual que mi candidato presidencial, con el que profeso iguales ideas políticas y el que se ha destacado en el cuidado del medio ambiente. En su programa, esto ocupa un lugar importante, y también se ha destacado por la creación de valiosos parques naturales y santuarios de la naturaleza.

Hay que ser constructivos. Es necesario tener visión de Estado y, más aún, planetaria en el cuidado de la tierra.

Debemos sumarnos todos, sin odiosidades que nadie entiende, sin discriminaciones, para multiplicar los esfuerzos.

Éste es un gran trabajo de la Comisión de Recursos Naturales, que integro, y una labor destacada de cada uno de sus integrantes. También es justo destacar a la ministra Ana Lya Uriarte, a su excelente equipo y a las numerosas personas y organizaciones que colaboraron con sus valiosos aportes, enriqueciendo este importante proyecto.

Hay muchos aspectos en que podemos estar en desacuerdo, pero hemos logrado materializar una deuda pendiente con Chile y con la tierra, un Ministerio del Medio Ambiente, como se manejan en todo el mundo los recursos naturales.

Éste es un hito muy importante y lo hemos logrado. Obviemos los detalles menores, porque siempre hay tiempo para corregirlos. Todo se puede perfeccionar. Hoy es el tiempo de aprobar este gran proyecto que marca una nueva etapa: una institucionalidad adecuada para cuidar el manejo del medio ambiente. Me siento orgulloso de haber contribuido a su elaboración y, sin duda alguna, anuncio mi voto favorable y el de mi Partido, Renovación Nacional.

He dicho.

El señor VARGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.

El señor QUINTANA.-

Señor Presidente , un cambio en la institucionalidad ambiental de la magnitud en que se presenta en el proyecto genera ruidos. No me refiero sólo al de las tribunas que hemos escuchado en los últimos debates, porque aparecen algunos casos bastante legítimos.

Al analizar lo relativo a la continuación de la Conama, hoy Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, en verdad no se ven muchas de las amenazas que han surgido en el debate. Es posible que haya faltado diálogo, como también, probablemente, lo ha faltado con el personal de la Conaf.

Conversaba ayer con el presidente de los funcionarios de la Conaf de mi región, señor Henry Leiva , y me hacía algunas prevenciones respecto del artículo 8º, algunas de ellas bastante razonables, por lo que ocurrirá en un año más, como dijo la ministra. Me refiero a que se tenderá a adecuar las normas del Ministerio de Medio Ambiente con las relativas a las áreas silvestres y áreas protegidas. Es un tema de la mayor envergadura. Por lo tanto, el plazo de un año tal vez sea un tanto extenso para lograr ese objetivo.

Este paso que estamos dando es trascendental, como decía el diputado Osvaldo Palma , y por eso me sorprenden algunas reacciones que no comparto, pues no guardan relación con el debate que hubo en la propia Comisión ni con lo señalado por el diputado Alejandro García-Huidobro , de la UDI.

Sin embargo, algunos de los diputados de la UDI expresaron en la última sesión que estamos frente a una institución -más que el Ministerio, a algunos les preocupa la Superintendencia- con muchas atribuciones, con más atribuciones que un carabinero, se decía. Yo me pregunto, ¿cuál es el problema? ¿O acaso en Chile estamos libres de los efectos del cambio climático? Hay comunas que están con problemas por el uso de leña como combustibles y de las primeras preemergencias, en un invierno que, como sea, va a generar problemas de ventilación en las cuencas.

Entonces, pareciera que los problemas ambientales los hubiese inventado alguien, como si en la propia Región Metropolitana no hubiésemos superado la norma muchas veces, o no se quisiera conocer lo que pasa con el 2,5 de material particulado.

Son tantas las deficiencias que hoy tiene nuestra institucionalidad ambiental, que bien hizo la Presidenta Bachelet en comprometer -cuando se compromete con el país se cumple- un proyecto de estas características, un cambio tan profundo sobre la materia.

Aquí se intenta disfrazar los objetivos o decir que hubo poco debate. El proyecto fue presentado el 19 de junio de 2008, y en la Comisión de Recursos Naturales hubo un debate de no menos de siete u ocho meses, donde se llamó e invitó a muchas personas.

Por lo tanto, insisto, estamos frente a una transformación importante. A algunos tal vez les pueda inquietar, pero cómo no respaldar una iniciativa que aumenta los plazos para la participación ciudadana, que en muchos casos no existía y donde la Conama cometió muchos errores.

En mi región, La Araucanía, no sabían qué hacer con la basura de la capital regional y muchas veces la propia Conama promovía rellenos en distintos lugares y se saltaba los plazos de la participación ciudadana. Eso ocurrió; eso lo sabe la gente.

Desde luego, hay que ampliar los plazos de participación ciudadana, no solamente para la evaluación de impacto ambiental, sino también para las declaraciones de impacto ambiental, sobre todo cuando haya adendas que signifiquen una modificación sustancial del proyecto.

Este iniciativa tiene muchas cosas positivas, pero hay algunos aspectos que preocupan. Lo relativo a las áreas silvestres no solamente inquieta a la Conaf, sino a toda la gente que está vinculada al mundo de la diversidad biológica y sabe que ahí hemos perdido mucho. Por eso, es importante tener una institucionalidad. Cuando hay cambios tan profundos, por ejemplo, que los planes de manejo van a tener como último visador justamente al Ministerio de Medio Ambiente, hay que estudiarlos bien.

Pienso que todo lo concerniente a los parques nacionales, a las áreas silvestres, a las normas que se van a dictar en esa materia, a las propias atribuciones que tendrá la Superintendencia para tal efecto, debemos tratarlo cuanto antes en el Congreso.

Lo anterior no solamente dará tranquilidad a muchos funcionarios, sino al país entero en cuanto a que una institucionalidad de tal envergadura, un Ministerio con estas características, podrá realizar bien su trabajo, sin los mantos de dudas que muchas veces se ciernen sobre distintos proyectos.

Los proyectos buenos, los que califican ambientalmente, deben pasar todos los filtros y tener la luz verde que se necesita, pero también hay otros que merecen dudas. En la región que represento, en la comuna de Melipeuco, se está presentando un proyecto para una nueva piscicultura. No hay problema con eso; hay que aprovechar las aguas dulces, pero es evidente que ahí habrá una inundación y pérdida de mucho terreno en los sectores de Sahuelhue, Alpehue , Flor del Valle y Trancura .

Con la modificación al artículo 69, con la incorporación del recurso hídrico como algo fundamental, como parte de lo que hay que proteger en esta institucionalidad ambiental, me parece que las cuencas del país van a estar mucho más protegidas, al igual que el río Carén.

Hoy estamos dando un paso relevante. Felicito a la ministra señora Ana Lya Uriarte por el esfuerzo que ha hecho su Ministerio en esta materia, a los miembros de la Comisión de Recursos Naturales y al diputado señor Enrique Accorsi , quien presidió gran parte de este esfuerzo.

Para el Partido por la Democracia éste es un tema de su identidad, de su ADN, y por eso lo vamos a respaldar con mucho entusiasmo.

He dicho.

El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-

Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.

Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente, no cabe la menor duda de que se necesitaba abordar el tema ambiental en su globalidad con la creación de un Ministerio del Medio Ambiente.

La aplicación de la ley Nº 19.300, ley de bases generales del Medio Ambiente, nos ha señalado numerosas experiencias que debemos recoger y plasmar en la normativa jurídica que va a regular tan importante materia.

De manera tal que las observaciones, los comentarios o las críticas que podamos hacer respecto de esta iniciativa legal, se hacen con el objeto de contribuir a un mayor perfeccionamiento jurídico de la futura norma que regulará la preservación y conservación del medio ambiente.

Este es un proyecto que las Comisiones de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente con la de Agricultura han estudiado exhaustivamente. No participo de esas comisiones, por lo que me referiré solamente a algunos aspectos puntuales del proyecto que me preocupan, a raíz de la actividad medioambiental que se ha desarrollado en el distrito que represento y que no ha sido menor ni ha estado exenta de problemas y dificultades.

El primer punto que quiero abordar es el relativo a la participación ciudadana.

Mi experiencia en la implementación de la ley de bases generales del Medio Ambiente, y también en la ejecución de resoluciones de calificación ambiental que se han llevado a cabo en el distrito que represento, en particular en las comunas de Salamanca y Los Vilos, me señala la necesidad de que definitivamente la normativa jurídica que va a regular el medio ambiente recoja en forma vinculante la participación ciudadana.

¿Qué quiero decir con esto? La ciudadanía que se verá afectada por la ejecución de una determinada obra que ha sido sometida a una resolución de calificación ambiental, a mi juicio tiene el legítimo derecho de exigir que su participación no solamente sea tomada en cuenta en cuanto a los informes, sino que sea vinculante respecto de los pasos a seguir por ese determinado proyecto.

El artículo 30 bis del proyecto de ley aprobado por la Comisión -página 298 del informe-, señala que “Las Direcciones Regionales o el Director Ejecutivo , según corresponda, podrán decretar la realización de un proceso de participación ciudadana.”

En esta materia difiero diametralmente con el proyecto. Creo que los procesos de participación ciudadana deben llevarse a cabo todas las veces que ello afecte comunidades, poblaciones y grupos ciudadanos. Esto debiera ser obligatorio; de lo contrario dejamos a la discrecionalidad de la autoridad política, la cual en alguna instancia superior o inferior va a ser parte y juez en esta materia, la participación o no participación ciudadana.

Quiero defender el legítimo derecho de la ciudadanía a ser consultada cuando se sienta afectada por la realización de un proyecto que perjudicará su medio ambiente, su población y, en general, su modo de vida. Anuncio que presentaré una indicación para cambiar en el artículo 30 bis el vocablo “podrán” por “deberán”.

Es muy importante que la ciudadanía se sienta tomada en cuenta. Cada vez existe mayor preocupación respecto de los temas medioambientales, sobre todo, en los sectores rurales. Los agricultores estamos preocupados de que los recursos hídricos para nuestras plantaciones y cultivos no sean contaminados; los pequeños agricultores están preocupados de que no haya polución en el aire u otro tipo de daño al medio ambiente que perjudiquen su calidad de vida. Por consiguiente, esos ciudadanos tienen el absoluto y legítimo derecho de exigir su participación, la que, además, reitero, debe ser vinculante.

La participación ciudadana puede interrumpir el proceso de calificación ambiental si las observaciones que allí se formulan no son contestadas satisfactoriamente. A pesar de que existen los recursos de reposición y de apelación, se trata de trámites engorrosos para gente humilde, sencilla, que no cuenta con la asesoría que reciben las grandes empresas, que no tiene el expertise ni el consejo de profesionales que los puedan orientar sobre cómo canalizar sus preocupaciones.

Es absolutamente indispensable que la participación ciudadana sea obligatoria y vinculante en el proceso de resolución de la calificación ambiental.

Otro comentario que quiero realizar dice relación con los consejos consultivos regionales del Medio Ambiente, consagrados en el artículo 79 del proyecto. Me parece que establecer este tipo de instancias, que pueden ser muy legítimas, muy provechosas y un aporte al proceso de evaluación ambiental, si no son resolutivas, no hacen otra cosa que complicar más el trámite de calificación ambiental. Sin perjuicio de encontrar legítima la constitución de consejos consultivos regionales del Medio Ambiente, sobre todo por la calidad de los profesionales que la integran, le daría mayores atribuciones sobre la decisión misma que haya que tomar en materia de calificación ambiental. Dichos consejos no podrán ser un aporte si no tienen atribuciones y poder de decisión en el proceso de calificación ambiental.

Me alegro mucho de la desaparición de las coremas, no porque tenga problemas con esas instituciones, sino porque me parece que son una instancia política que ha generado muchas críticas y desconfianza que no legitiman en la debida forma el proceso de calificación ambiental. En ese sentido, la creación de una Comisión para calificar los proyectos, presidida por el secretario regional ministerial del Medio Ambiente e integrada por los secretarios regionales ministeriales de Salud, de Economía , Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, de Planificación, y del director regional del servicio, quien actuará como secretario, me parece una buena solución, aunque parcial, pues no estoy plenamente satisfecho con esa solución.

En esta instancia desaparece la figura del intendente, que es la autoridad política regional, aunque también los seremis son autoridades políticas que dependen del gobierno central.

Aquí falta una pequeña frase. Y por su intermedio, señor Presidente , quiero pedirle a la ministra de la Conama que la recoja: en aquellos casos en que los informes técnicos de determinados sectores -Agricultura, Economía, Energía u Obras Públicas- sean contrarios a la resolución de calificación ambiental, el seremi correspondiente no puede tener otra posición que la de rechazar el asunto. No sé si eso está explícitamente indicado en el resto del proyecto. Con eso, debiera dejarse constancia en este artículo de esa disposición que da transparencia a la resolución que adoptará la comisión presidida por el secretario regional ministerial del Medio Ambiente.

Para finalizar, quiero enfatizar la necesidad de que se considere la participación ciudadana como una etapa importante en la declaración de calificación ambiental y que esa participación sea realmente vinculante al proceso respectivo.

He dicho.

El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-

Informo a la Sala que, reunidos los jefes de los Comités acordaron mantener la votación del proyecto al término del Orden del Día. Si alguna señora diputada o algún señor diputado no alcanza a intervenir, puede solicitar que su discurse se inserte en el Boletín de Sesiones.

Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.

La señora TURRES (doña Marisol).-

Señor Presidente , no cabe duda que modernizar la institucionalidad ambiental se ha convertido en una necesidad. La protección del medio ambiente y el desarrollo del país requieren de entidades técnicas que actúen con criterios uniformes y objetivos.

En forma previa al análisis del proyecto, quiero recordar la situación de la mina Los Pelambres, que ya mencionó un diputado que me antecedió en el uso de la palabra. En 1997, vivía en la Cuarta Región cuando se presentó el proyecto para ampliar de manera sustancial la producción de esa mina, por lo que hubo reparos de parte de diversos servicios públicos. No obstante, el estudio de impacto ambiental fue aprobado por orden de La Moneda. Desde entonces, la mina Los Pelambres ha sido sancionada en forma reiterada por diversas infracciones ambientales, especialmente, por escurrimiento de aguas residuales al río Cuncumen, afluente del río Choapa.

Asimismo, todos vimos lo que pasó en el río Cruces con la muerte de los cisnes. También tenemos otros ejemplos que nos demuestran que aquí no hay una decisión clara de la autoridad, por ejemplo, cuando la empresa Energía Latina S.A presentó dos proyectos idénticos a las coremas de la Cuarta y Décima Regiones. En la Cuarta Región, la Corema se demoró seis meses en aprobar la declaración de impacto ambiental, sin embargo, en la Décima Región sólo se demoró 17 días.

Qué duda cabe de que es necesario modernizar la institucionalidad ambiental.

Quiero referirme sólo a varias dudas de constitucionalidad de algunos preceptos del proyecto en estudio. Existen disposiciones, como los artículos 28, 36, 40 y otros que son contrarios a la Constitución Política de la República, puesto que confieren a la superintendencia atribuciones que implican el ejercicio de funciones jurisdiccionales que, conforme al artículo 76 de la Constitución Política, están reservadas al Poder Judicial , por ejemplo, cuando se le encarga la facultad para ingresar a inmuebles, requerir el auxilio de la fuerza pública o efectuar la calificación jurídica de hechos que configuran la responsabilidad de los afectados.

En este punto, a modo de ejemplo, para demostrar cómo nos equivocamos en cuanto a los bienes jurídicos protegidos, estimo necesario recordar que en Carelmapu un señor de 71 años fue agredido salvajemente con un arma blanca y a golpes, lo que le produjo la muerte. No obstante las 38 heridas cortopunzantes, las declaraciones de los testigos, las investigaciones de Carabineros y los peritajes realizados, que sirvieron para identificar al homicida, éste fue absuelto, porque el control de identidad y las diligencias de investigación no se ajustaron a las normas protectoras del imputado. Así, el homicida fue absuelto, porque se vulneraron sus garantías constitucionales.

Así es nuestro sistema procesal penal. El resguardo de los derechos constitucionales de los imputados prevalece, incluso, sobre el derecho a la vida.

En este proyecto, no sólo no existe una adecuada tutela de las garantías constitucionales de los administrados, sino que, derechamente, se vulneran normas de la Carta Fundamental cuando, por ejemplo, se impide a los tribunales revisar las resoluciones del ente administrativo.

Otras normas del proyecto lesionan el principio de la reserva de ley, en cuanto no dan cumplimiento a la obligación del legislador de regular adecuada y suficientemente las materias que son de su competencia. Además, vulneran el derecho de igualdad ante la ley, pues la Carta Fundamental prohíbe que se contemplen o produzcan diferencias arbitrarias.

Los ciudadanos y contribuyentes sufren en forma cotidiana los frecuentes cambios a interpretaciones de la ley, por instrucciones, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos, lo que ha llevado a calificar esta facultad normativa como el “derecho sorpresivo” de ese servicio. El respeto de los principios de certeza jurídica y de reserva legal exigen regular las materias que serán de su competencia.

Además, existen normas del proyecto de ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente que vulneran las bases constitucionales del debido proceso.

El artículo 28 faculta a los funcionarios de la Superintendencia para ingresar a inmuebles, establecimientos o recintos públicos o privados en que se desarrollen actividades objeto de fiscalización. Estas facultades extraordinarias no las tienen ni siquiera las policías o los fiscales del Ministerio Público sin autorización del Tribunal de Garantía.

El inciso tercero del artículo 28 dispone que, para la incautación, “los funcionarios de la Superintendencia podrán solicitar directamente del Jefe de la Unidad de Carabineros más próxima o de la autoridad que corresponda, según el caso, el auxilio de la fuerza pública, la que podrá actuar con descerrajamiento, si fuere necesario, para ingresar a lugares cerrados que no constituyan morada.”. Estas facultades extraordinarias tampoco las tienen los fiscales del Ministerio Público y excepcionalmente las pueden ejercer las policías en caso de delito flagrante.

El artículo 36 dispone que “para los efectos del ejercicio de la potestad sancionadora que corresponde a la Superintendencia, las infracciones de su competencia se clasificarán en gravísimas, graves y leves.”. Esta norma faculta a la Superintendencia para calificar jurídicamente los hechos constitutivos de las infracciones, desconociendo que constituye un principio general de nuestro sistema jurídico que las sanciones son de derecho estricto y, por lo tanto, las conductas punibles deben estar claramente tipificadas en forma previa a la infracción. Así, son cuestionables constitucionalmente las siguientes normas:

El artículo 36, número 1, letra b), que establece que son infracciones gravísimas los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que, alternativamente, hayan generado “grave riesgo” para la salud de la población.

El artículo 36, número 2, letra b), que establece que son infracciones graves las que hayan generado un “riesgo significativo” para la salud de la población.

¿Cuál es la diferencia entre “grave riesgo”, de las infracciones gravísimas, y “riesgo significativo”, de las infracciones graves? En mi opinión, ello no queda suficientemente claro en el informe de la Comisión y puede dar origen a calificaciones arbitrarias y discrecionales de la Superintendencia.

Asimismo, la vaguedad de la norma podría significar arbitrariedad en las resoluciones que califiquen como reiteración o reincidencia de ese “riesgo significativo”, para calificarlo como infracción gravísima al tenor del artículo 36, número 1, letra g), del proyecto.

El artículo 36, número 1, letra c), que dispone que son infracciones gravísimas las que provoquen un “serio obstáculo” para el cumplimiento de las medidas y objetivos de un plan de prevención y/o de descontaminación. ¿Cuándo el obstáculo será serio? ¿Cuándo no lo será? Nada de ello se aclara en el proyecto y queda a la absoluta discreción del fiscalizador.

El artículo 36, número 1, letra d), que establece que son infracciones gravísimas los hechos, actos u omisiones que “se hayan encubierto o pretendido simular” mediante información falsa u ocultamiento de información. La autoridad administrativa queda facultada para estimar cuando se ha pretendido “ocultar o simular”, lo que vulnera el principio de reserva legal y aumenta el poder discrecional de la Superintendencia, vulnerando las normas del derecho a la defensa y al debido proceso, garantizado en la Constitución.

El artículo 36, Nº 1), letra g), que faculta a la Superintendencia para estimar cuándo las infracciones graves y susceptibles de ser sancionadas constituyen “reiteración o reincidencia”, para ser calificadas como infracciones gravísimas.

El artículo 36, Nº 2), letra h), que dispone que son infracciones graves los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que constituyan “persistente reiteración” de una misma infracción calificada como leve, de acuerdo con este artículo. Sin embargo, surge la duda de por qué esta norma habla sólo de “reiteración” y no de “reincidencia”. ¿Cuándo la reiteración de faltas leves debe ser entendida como “persistente” para calificarla de infracción grave? ¿Cuándo no es persistente? ¿Dos, tres, cuatro o cinco infracciones leves son suficientes para establecer la “persistencia”? Nada de ello queda claro en el proyecto.

La ambigüedad y escasa regulación de la reiteración o reincidencia vulnera el principio de reserva legal, el derecho a la defensa, pues es un elemento determinante para configurar la responsabilidad, ya que aumenta el nivel de infracción. Sin embargo, en el proyecto no se encuentran suficientemente descritos los requisitos y características de la reincidencia o reiteración.

El artículo 40 vulnera la Carta Fundamental, puesto que autoriza a la Superintendencia para efectuar una calificación jurídica de los hechos, para determinar la sanción, ya que considera criterios genéricos y vagos como:

-La importancia del daño causado o del peligro ocasionado. ¿Cuándo el daño o peligro es importante? ¿Cuándo no lo es?

-El porcentaje estimativo de población cuya salud pudo afectarse por la infracción.

-El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción.

-La conducta anterior del infractor.

Por último, menciono el artículo 48, incisos primero y segundo.

Hago reserva de constitucionalidad de todas las normas que he citado, y del artículo 28, contenido en el ARTÍCULO SEGUNDO del proyecto, en relación con el debido proceso, y del artículo 43, también del ARTÍCULO SEGUNDO, y del artículo 25 del ARTÍCULO TERCERO.

He dicho.

El señor VARGAS (Vicepresidente).-

Se ha dejado constancia de la reserva de constitucionalidad planteada por la diputada Marisol Turres.

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.

El señor MULET.-

Señor Presidente , sin duda, estamos discutiendo un proyecto muy importante. De alguna forma, se está cuestionando a los organismos ambientales, tanto por los empresarios como por las organizaciones medioambientalistas. Por los intereses que se mueven tras las decisiones que toman esos órganos, siempre están sujetos a presiones.

Creo que el proyecto va en la dirección adecuada, que se ha desarrollado un buen trabajo y que la creación de la Superintendencia constituye un gran paso. En general, me inclino por apoyarlo íntegramente, aunque contiene dos aspectos que me preocupan, que en alguna oportunidad conversé con la ministra Ana Lya Uriarte .

Uno es el hecho de que se eliminen las Coremas, las Comisiones Regionales de Medio Ambiente, y que, de acuerdo al artículo 86 del ARTÍCULO PRIMERO, los proyectos serán calificados por Comisiones presididas por el correspondiente Seremi del Medio Ambiente e integradas por diversas autoridades mencionadas en la norma. Es decir, pese a todas las obligaciones que tienen que cumplir, contenidas en el marco del presente proyecto, esa decisión se circunscribe a un grupo de funcionarios públicos nombrados por las autoridades superiores del Estado.

El Artículo 86 dispone: “Los proyectos serán calificados por una Comisión presidida por el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente e integrada por los Secretarios Regionales Ministeriales de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, de Planificación, y el Director Regional del Servicio , quien actuará como secretario.”.

Es decir, allí radica -si bien es cierto con todo un tejido jurídico que no les permite hacer cualquier cosa- el poder real para resolver y calificar determinado proyecto. A mi juicio, eso es lo sustantivo, ya que ahí tomará la decisión de calificarlo ambientalmente.

Esta Comisión reemplazará al Consejo Regional de Medio Ambiente , órgano que, además de estar integrado por funcionarios públicos, también tiene consejeros regionales que si bien hoy son autoridades elegidas por una vía indirecta bastante rara y donde el cuerpo electoral son los concejales de cada provincia, el que haya dos, tres o cuatro cores le da algún grado de legitimidad. Ojala que, en el futuro, los consejeros regionales sean elegidos por voto popular. Incluso, hay proyectos de ley que, aparentemente, avanzan en ese sentido, pero lo que no me gusta es que la comisión calificadora quede integrada sólo por funcionarios públicos y por secretarios regionales que dependen exclusivamente del Presidente de la República y del intendente, es decir, del poder central.

De acuerdo con el artículo 86 del proyecto, no obstante todas las limitaciones y requisitos que están en la propuesta, esta calificación ambiental la van a realizar funcionarios de Gobierno designados en forma directa o indirecta por el Presidente de la República , sin participación -por decirlo de alguna forma- de la soberanía popular, aunque debo reconocer que, actualmente, en la designación de los cores hay bastante poca incidencia de la soberanía popular. Eso es lo que no me gusta, porque uno de los problemas que se presenta regularmente en esto, además de todos los que han señalado los colegas, es la falta de legitimidad que muchas veces tienen quienes toman la decisión. Si bien es cierto está la participación obligatoria, la decisión llega a un consejo y es ahí donde se corta el queque, por decirlo de una manera vulgar.

De manera que es importante tener claro que son las quince regiones las que están perdiendo cierto poder en la calificación de los proyectos, problema que me hizo presente el colega Esteban Valenzuela hace algún tiempo. Detrás de todas las designaciones de seremis -aun cuando los proponga el intendente, ya que también es un cargo propuesto por el Presidente de la República - está el fantasma del centralismo, que tanto daño le causa al país. En ese sentido, este proyecto de ley no avanza, sino más bien retrocede en lo que respecta a este órgano decisorio. En los consultivos, en la participación uno puede decir que hay un avance, pero en lo decisorio, en los que califican hay un retroceso respecto de la capacidad o del grado de autonomía que debe tener cada región, que debiera ser creciente, en la resolución de los problemas que afectan determinada área territorial. Eso no me gusta y me preocupa esa complementación del órgano decisorio. A pesar de todas las dificultades o presiones que pudieran tener o recibir los cores, representaban la opinión de la región.

En Atacama hay grandes problemas ambientales. El agua se agota en el valle de Copiapó debido a la sobreexplotación; hay preocupación por los glaciares en el valle de El Huasco; existe una cantidad inmensa de proyectos para instalar centrales termoeléctricas, que preocupa a la ciudadanía por lo que pudiera pasar en materia medioambiental, pero quienes califican son personas designadas por el poder central. Es ahí donde, en mi opinión, hay un déficit.

Cada región debería obtener mayores grados de autonomía en ésta y en otras materias y la capacidad para elegir intendente, cores, etcétera, lo que haría que la situación fuera distinta, ya que serían autoridades designadas por una autoridad electa por quienes viven en la región y que respondería políticamente ante los ciudadanos que los eligieron. Pero hoy los seremis se van porque los cambian, no asumen responsabilidad alguna, aparte de las administrativas, o la posibilidad de perder el trabajo -que no es menor, menos en estos tiempos-; pero no está la responsabilidad política de una autoridad electa, como debería ser un consejero regional u otros representantes en la comisión calificadora, que preside el seremi del medio ambiente. No es un mero capricho regionalista, sino que me preocupa que se deslegitimen y desincentiven las decisiones cuando en esta instancia calificadora no está el componente regional. En Chile el poder central es brutal y las regiones están ahogadas. Pienso que los temas ambientales se resolverían de mejor manera si hubiera mayor poder de decisión a nivel regional o si las regiones, en mayor medida, fueran conductoras de su propio destino. Eso me preocupa y quiero hacerlo presente en esta discusión, porque, a mi juicio, hay una pérdida de representación regional.

En consecuencia, pido votación separada del artículo 86, porque implica claramente una disminución de la capacidad de decisión regional. Creo que esa es la gran debilidad del proyecto. Debemos avanzar más en la regionalización. Pero debo reconocer también que, sin lugar a dudas, la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente significa un avance y una intención que van por el camino correcto; pero en materia de regionalización voy a ser insistente y no votaré a favor de una norma que le quite el poco poder que tienen las autoridades regionales, porque eso no le sirve al país ni a la región. Seguimos tan centralistas como en la época de La Colonia.

He dicho.

El señor VARGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado don Marcos Espinosa.

El señor ESPINOSA (don Marcos).-

Señor Presidente , sin lugar a dudas, estamos en presencia de un importante y trascendente proyecto, porque no sólo crea la institucionalidad del medio ambiente, sino que permite corregir una asimetría importante que hoy existe en muchos países que aspiran a ser desarrollados, que es compatibilizar crecimiento económico con cuidado y preservación de los recursos naturales.

El número 8º del artículo 19 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.”.

¿En qué parte de nuestras vidas podemos incluir este derecho? Ante la pregunta ¿qué es lo que necesitan las personas para vivir tranquilas y poder desarrollarse? Quizás, lo primero que se nos viene a la mente es tener como solventar sus necesidades. Es decir, una economía familiar sustentable y acceso al trabajo de manera igualitaria, tanto en trato, como en remuneraciones; en segundo lugar, lograr que los hijos lleguen a ser profesionales y esperar que la educación en Chile siga mejorando y garantizar una educación pública gratuita y de calidad; en tercer lugar, tener una vivienda propia para construir nuestros sueños y esperanzas y enfrentar nuestras decepciones. La lista suma y sigue. Caminos viables, justicia para todos y salud para seguir combatiendo por lo que se quiere. Sin embargo, dentro de estas prioridades son pocas las personas que se preocupan de vivir y desarrollarse en un medio ambiente libre de contaminación y que tienen conciencia de que esto se trata de un derecho y no de la suerte de algunos países desarrollados. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. El Estado debe preocuparse por ello.

El tema medioambiental ha cobrado vida en los últimos años, cuando hemos visto y asistido a los peligros a que nos encontramos expuestos: el cambio climático, el enorme consumo energético, la deforestación de los campos, la extinción de las especies animales, la afectación del suministro, y del precio de los alimentos, la escasez de agua y el empeoramiento de la calidad de vida de las personas. No se trata de problemáticas lejanas; estamos hablando de un dilema de proporciones globales. Si no se hizo algo antes, cuando este proceso comenzó, los Estados y nuestro Estado se encuentran en la necesidad de adoptar políticas de prevención.

La última política medioambiental implementada en nuestro país data de 1998; pero, en esta década, ha habido cambios significativos que hay que tratar. La propia ley Nº 19.300, de bases generales del Medio Ambiente, de 1994, requiere cambios. Por ello, se ha intentado llevar, en un proceso escalonado, un sentido de modernización, partiendo en 2007 con la creación del cargo de ministro presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente . Para pagar la deuda que se tiene respeto del medio ambiente y su protección, en julio del año pasado se presentó la iniciativa que estamos discutiendo hoy en la sala; uno de los compromisos incluidos en la agenda de la Presidenta Michelle Bachelet , que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, proyecto sólido que, sin lugar a dudas, cambiará las políticas públicas, no sólo de este Gobierno, sino de los que vendrán.

En esta época en que el tema medioambiental está en boga y en permanente discusión, nuestro país requiere una institucionalidad como ésta, que se preocupe de formular políticas y regulaciones claras y de aplicación práctica; sobre todo, que se ocupe de llevar a cabo esta labor, ya que, hasta ahora, las directrices en esta materia eran entregadas por distintos órganos, incluso, por distintas carteras, de acuerdo al grado en que este asunto incidía en el ámbito de su competencia, produciéndose una fiscalización parcelada que, en definitiva, nos llevaba a un control incompleto.

Este nuevo diseño pretende que sea una sola la autoridad que entregue las normas y las regulaciones relacionadas con la protección de los recursos ambientales, puesto que con ello se ordenarán las competencias sectoriales y se facilitará la coordinación al interior del aparato público. Esto implica, por lo demás, que habrá responsables identificados ante cualquier problemática relacionada con el medio ambiente.

Quiero detenerme un momento en las competencias de la institucionalidad que se está creando.

Respecto de las competencias del Ministerio del Medio Ambiente, ellas dicen relación con políticas y regulaciones medioambientales generales, políticas y regulaciones de sustentabilidad y políticas y regulaciones en materia de riesgo y medio ambiente, además de tener como competencia la regulación en materias específicas, tales como mayor información, educación, participación y gestión local, recursos naturales y biodiversidad, cambio climático y cumplimiento de convenios internacionales, planificación y gestión, velando para que cada una de estas áreas se cumplan de manera eficiente.

Otro punto positivo es la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, cuyas competencias están relacionadas directamente con la fiscalización de las resoluciones de calificación ambiental, con planes de prevención y descontaminación, normas de calidad y de emisión, cuando corresponda, y planes de manejo de la ley Nº 19.300, de bases generales del Medio Ambiente que, como adelantaba, necesita reformas sustanciales.

Además, el proyecto regula un sistema de evaluación y certificación sometido a la Superintendencia, que sólo podrá ser realizado por sujetos certificados, técnicos. Éste es otro gran avance, ya que en la actualidad, debido a la dispersión de competencias que existe sobre la materia, se cuenta con pocas personas especializadas, a pesar de que el tema medioambiental es una problemática altamente técnica.

En otro ámbito, el proyecto incorpora reformas al actual sistema de evaluación de impacto ambiental vinculadas con la aprobación de proyectos, incorporación de normas de eficiencia y participación ciudadana. En este último punto, las modificaciones pretenden que los ciudadanos tengan un rol activo, contribuyendo con su opinión a obtener el informe de aprobación de un proyecto determinado que deba someterse a procesos de evaluación. Además, se contempla la posibilidad, actualmente criticada, de que los mismos ciudadanos puedan acceder libremente a la información de contenido ambiental.

Por último, se incorpora la figura de la denuncia ciudadana por incumplimiento de las normas medioambientales, que ya existe en la ley Nº 19.300; pero con la salvedad de que ésta se debía hacer por medio de la municipalidad respectiva. Con la denuncia pertinente se habilita a la Superintendencia para llevar a cabo una investigación y tomar decisiones sobre las sanciones que se aplicarán.

Después de analizar someramente el contenido del proyecto, llamo a los colegas parlamentarios a votarlo favorablemente. Desde ya, anuncio que la bancada del Partido Radical apoyará en forma entusiasta y contundente este proyecto de ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia respectiva.

He dicho.

El señor VARGAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.

El señor ACCORSI.-

Señor Presidente , quiero recalcar que estamos viviendo un día histórico en materia medioambiental, porque estamos a punto de aprobar y despachar un proyecto de ley cuya discusión nos ha llevado tanto tiempo.

Hay que felicitar a la ministra, señora Ana Lya Uriarte , a su equipo de trabajo y a la Presidenta de la República , que tuvo a bien enviar esta iniciativa, porque la necesitamos para enfrentar lo que viene por delante. Todos sabemos que el tema medioambiental se ha transformado en el eje absoluto de la economía, de las decisiones políticas y del futuro. Entonces, no podemos enfrentar esta situación sin que exista un organismo que se ocupe de ello.

El trabajo realizado por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente ha sido notable. La gran mayoría de los artículos del proyecto fueron aprobados por unanimidad. Es muy importante tener una Superintendencia fortalecida que nos asegure transparencia y regulación responsable.

Quiero destacar algo muy relevante para todas nuestras comunas y regiones: la participación ciudadana en materia medioambiental, posibilidad que hasta hoy no existía. Es importante definir qué queremos hacer con nuestros recursos naturales, con nuestros parques, con nuestros humedales, con nuestras áreas protegidas, y tener la seguridad de que los funcionarios de la Conama y de la Conaf los protegerán adecuadamente.

Después de haber suscrito más de 58 tratados de libre comercio, nuestros productos de exportación van a ser examinados con lupa y todos querrán saber lo que estamos haciendo en materia medioambiental. El que no quiera ver esto, no entiende lo que es el futuro. Llamo a reflexionar, a nuestros amigos de la Alianza que se oponen a la fiscalización, porque a diario vemos las catástrofes que se están produciendo por falta de regulación. Lo que hemos aprendido con dolor es que el famoso mercado no se regula solo, menos aún en materias medioambientales. Hemos visto los desastres que se han producido en el último tiempo, precisamente, por falta de regulación.

En los lugares más emblemáticos de Chile, con playas majestuosas, en los cuales se podría desarrollar el turismo, se están instalando centrales a carbón, que es el sistema más contaminante que existe hoy en el mundo. Pues bien, no tenemos una normativa que regule esta situación.

Con el objeto de que los colegas que van a intervenir a continuación puedan disponer de más tiempo, voy a pedir la inserción del resto de mi discurso, y llamo a los diputados que van a usar de la palabra a que procedan de igual forma.

Felicito una vez más a la ministra, y anuncio que la bancada del PPD apoyará con todos sus votos este proyecto.

He dicho.

El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente , coincido en que éste es un día importante para el medio ambiente de nuestro país.

Cuando con tanto entusiasmo escuchamos a la ministra presentar y defender este proyecto, con muchas intervenciones favorables, uno se pregunta si Chile debe ser un país aislado en esto.

Sin duda, nosotros defendemos nuestro patrimonio, que también lo forma el medio ambiente, pero me preocupa que los países que se llaman a sí mismos los salvadores del medio ambiente no sean capaces de respetarlo. Hoy, los países más contaminantes del mundo son, precisamente, los que le exigen a todo el resto del mundo que limpien su patrimonio, pero ellos no hacen nada al respecto. Me refiero específicamente a Estados Unidos y China, que exigen todo lo que ellos no hacen, lo que me parece una falta de respeto gigantesca hacia los países que queremos un medio ambiente libre de contaminación.

Hoy vemos con preocupación que se han hecho muchas cosas vulnerando el medio ambiente. Ha llegado el momento de que todas las intervenciones sobre el medio ambiente sean amigables y que no lo violenten.

Hace poco tiempo escuchaba a un señor de Israel que daba una charla en Chile. Decía que no podía entender que en nuestro país se perdieran millones y millones de litros de agua que se botan al mar todos los días, cuando es el bien más escaso y el mundo está clamando por más agua.

La pregunta que cabe, entonces, es si esas intervenciones interferirán en el medio ambiente, porque si así ocurre vamos a presenciar una contradicción entre lo que el medio ambiente y nuestro país necesita. Pero eso no significa, en ningún caso, que no contemos con un medio ambiente amigable, que se aprovechen los recursos y que no se destroce lo que tanto ha costado mantener hasta ahora. Recordemos que hace veinte años era impensable discutir sobre la materia.

Me gustaría que tuviésemos un Ministerio del Medio Ambiente potente. No podemos dejar pasar la oportunidad de darle las atribuciones necesarias para que intervenga en forma precisa, justa y necesaria para conseguir un medio ambiente libre de contaminación.

Hoy, la Conama y las Coremas no me dan ninguna confianza. ¡Qué quieren que les diga! No me la dan, porque a veces, cuando no les conviene un proyecto, le hacen exigencias más allá de lo razonable de manera que no se haga, y otras veces, a proyectos en los que ha participado toda la ciudadanía le dan el visto bueno por presiones indebidas. Da lo mismo por qué se lo dan, pero lo cierto es que hacen un daño gigantesco.

Es preciso que el Ministerio del Medio Ambiente evalúe los proyectos y anuncie las razones por las cuales se aprueba o se rechaza. Eso es lo importante, un ministerio potente, porque si va a depender del de Agricultura o de otros ministerios, sólo para reunir a los ministros se va a generar un tremendo problema. No dejemos pasar esta oportunidad.

Respecto del Servicio de Evaluación Ambiental, sugiero a la ministra por su intermedio, señor Presidente , que lo llamemos “Servicio de Evaluación y Conservación del Medio Ambiente,” porque cabe la posibilidad de que lo evaluemos, pero, ¿lo conservaremos?

En este punto, no podemos dejar de felicitar a la Conaf, que ha hecho una labor importante y debe quedar incluida en el proyecto.

(Aplausos)

Ellos conocen el medio ambiente, saben cómo se trabaja y tienen absoluta claridad sobre la materia.

Hay mucha gente que se refiere a una reserva forestal y a un parque nacional, y desconoce la diferencia entre ambos, porque son absolutamente distintos. La reserva forestal se puede explotar o intervenir en algún momento, no sabemos cuándo, en diez, cien o doscientos años, pero un parque nacional no debe ser objeto de intervenciones.

Por eso, modestamente, sugiero cambiar el nombre del Servicio de Evaluación Ambiental, por Servicio de Evaluación y Conservación del Medio Ambiente. Así como ésa, podemos introducir otras ampliaciones.

Hay un tema que me preocupa sobremanera. Felizmente, se creó una Comisión Investigadora acerca de las centrales. En Villarrica se produjo un tremendo problema porque una empresa pidió las aguas del río Toltén para hacer una represa en una parte del río que sube 7 kilómetros e inunda comunidades. La Conama y la Corema me contestan que no hay petición alguna para hacer esa represa. Nadie se opone al progreso ni a la existencia de represas ni de centrales de paso, pero todos nos oponemos a que se viole y se violente el medio ambiente. Ésa es una preocupación de todos.

Respecto de las aguas, sé que a veces debemos intervenir en asuntos en los que no nos gustaría hacerlo, pero al final vamos a chocar entre el agua para consumo humano y la intervención de una cuenca, es decir, tendremos esos grandes dilemas.

Soy partidario de un Ministerio del Medio Ambiente potente, de una Conaf fuerte, de que toda la gente que quiera conservar el medio ambiente consiga lo mejor para nuestro país.

La Constitución Política de la República nos garantiza un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, con mucho respeto pregunto: ¿La Presidenta Bachelet está contra la Constitución, es inconstitucional? Claramente no, aunque muchos podrían emitir un tremendo juicio al respecto, porque Santiago está contaminado, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por descontaminar.

Ésas son las cosas que debemos solucionar. Sé que se han hecho esfuerzos, pero debemos tener conciencia de que el mundo es para todos, no sólo de los que vivimos aquí y ahora, sino de las futuras generaciones, para que no nos apunten con el dedo y nos digan: papá, abuelo, tú que viviste en un medio ambiente semilimpio, ¿por qué nos entregas este desierto? Ésa sería una carga que nadie podría sacarse de encima.

Apoyaré con entusiasmo el proyecto, porque creo que no le habíamos tomado el peso -me incluyo en eso- a nuestro medio ambiente y a la conservación de nuestro patrimonio.

Quiero dar un ejemplo que me llenó de orgullo, que se relaciona con el Servicio de Evaluación y Conservación. Me gusta esta palabra. Hace algún tiempo se ordenó efectuar un catastro de las araucarias, que hoy son monumentos naturales de nuestro país. Se hizo con buena intención, pero se redactó un artículo que señalaba que sólo se podrán explotar las araucarias que sean parte de un siniestro, es decir, cuando se quema un bosque. ¿Pueden creer que había gente sin ningún criterio que prendía fuego a miles de hectáreas para explotar las araucarias? En ese momento el gobierno de turno -no recuerdo cuál- prohibió la explotación de la araucaria bajo cualquiera circunstancia. Entonces, se acabó el cuento, y cosa curiosa, se acabaron los incendios.

Se pueden hacer cosas tan simples como ésa, sin embargo, uno se embota en la discusión de un proyecto. Por eso es importante el trabajo de la Conaf y de toda la gente que trabaja con el medio ambiente.

Ésos son los aspectos que debemos proteger. No se trata de ser más papistas que el Papa, pero como dijo nuestro colega, el diputado Accorsi , hoy es un día importante para la conservación de nuestro patrimonio y de nuestro medio ambiente.

Señor Presidente , por su intermedio le deseo a la ministra la mejor de las suertes con el nuevo ministerio, y espero que se note la diferencia cuando tengamos un ministerio amigable, comprensivo y que permita realizar cosas dentro de la ley, porque muchas veces hay un medio ambiente y unos recursos humanos que debemos sopesar. En lugar de treinta intervenciones, a lo mejor se pueden hacer dos o tres, que no van a dañar tanto el medio ambiente pero favorecerán a miles y miles de chilenos que están sin agua para la agricultura y para el consumo humano.

Me entusiasmó el proyecto, así como también me entusiasma conversar con la ministra a veces y exponerle los problemas. De manera que cuente con mi voto favorable. Ojalá que sea un buen Ministerio y sostenga en sus hombros la carga de hacer de Chile un país libre de contaminación; que sea un verdadero patrimonio para las futuras generaciones.

He dicho.

El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.

La señora CRISTI (doña María Angélica).-

Señor Presidente , aunque no pertenezco a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, quiero decir que en los últimos años he tenido una experiencia traumática en La Reina y Peñalolén, comunas que represento, con la instalación de una planta de Metrogas en una villa donde viven más de ochocientas personas, declarada zona ecológica. La Contraloría General de la República consideró ilegal esa construcción.

Gracias a esta triste experiencia, me he interiorizado en detalle sobre la antigua ley, pues a pesar de los esfuerzos que realizaron los alcaldes, los vecinos y los diputados del distrito, todo fue inútil. La planta se instaló y constituye un monumento a la vergüenza nacional en lo que se refiere a un abuso del medio ambiente.

Por eso, me he interesado en este proyecto. Quería saber si con este proyecto se evitaban situaciones de abuso medioambiental, como el perjuicio de arruinarle la vida a ochocientas familias, que hasta el día de hoy viven aterradas porque no saben cuál será el destino de esa planta. En todo caso, al revisarlo he visto que la nueva institucionalidad descansa en la creación de un ministerio, que estará representado en las regiones por los seremis, Cuya supervisión es centralizada, ya que el poder de tutela lo mantiene el ministerio y no dependen de los gobiernos regionales. O sea, las decisiones serán tomadas por los organismos centrales y no por la región.

Asimismo, la calificación de los proyectos ambientales será realizada por un grupo de secretarios regionales ministeriales, o sea, los representantes del gobierno central en la región, excluyendo la participación de actores independientes de las órdenes del Ejecutivo y representantes genuinos de la región, que sería lo deseable, como lo son los consejeros regionales, entre otros, que se eliminan con esta iniciativa. En el caso de Peñalolén, fueron los únicos que estuvieron en contra, porque todos los seremis apoyaron el proyecto sí o sí, mucho más allá de haber realizado los estudios de impacto ambiental esperables.

La nueva propuesta está desconectada de las normas regionales, pues no considera que la ley orgánica respectiva dispone que los gobiernos regionales deben observar como principio básico la preservación y mejoramiento del medio ambiente, como también adoptar medidas adecuadas a la realidad regional, con sujeción a las normas legales y decretos supremos reglamentarios que rijan la materia. De nuevo, podemos percibir un acto de centralización.

De ahí, se funda la participación de los consejeros regionales en la institucionalidad ambiental que se busca abolir. Se saca a las personas que más conocen la realidad de sus comunas para que no tomen una decisión al respecto.

La ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, entrega una función ambiental directa a los consejeros regionales, que cumplen en la medida en que participan en la Corema. Pero la nueva ley no da una solución a la participación de la región en esta materia, dejando entregadas todas las competencias a órganos nacionales centrales.

En el articulado de la iniciativa no se observa la presencia de alcaldes, concejales o representantes directos de la ciudadanía con derecho a voto y opinión vinculante en los comités de evaluación de proyectos. Esto es muy grave, por la experiencia que contaba al principio. A pesar de toda la participación que tratamos de obtener quienes no formábamos parte de las seremis, igual se instaló la planta de Metrogas en Peñalolén.

La base de una nueva legislación medioambiental efectiva debe considerar la participación ciudadana vinculante, representada en una composición simétrica en el comité de evaluación de proyectos -no con un voto, como se pretende hacer hoy-, de forma tal que se considere con derecho a voto a los representantes locales, o sea, a los consejeros regionales, alcaldes, concejales, etcétera además de la ubicación e impacto de los proyectos.

La nueva propuesta comete el mismo error de la actual legislación respecto del rol y poder de los seremis en los comités de evaluación medioambiental de proyectos. Es así como elimina a consejeros regionales e intendentes.

El error aquí radica en la dependencia de los seremis y la cantidad de ellos en los comités de evaluación de proyectos. En tal sentido, una composición más simétrica y técnicamente superior sería una mezcla de seremis con los integrantes de los comités consultivos. En la actualidad, y en la nueva legislación, estos últimos son sólo decorativos y sin vinculación en el proceso de calificación medioambiental. El día de mañana, esto producirá insatisfacción, protestas, frustración y angustia en la población.

En la práctica, la composición de los comités de evaluación de proyectos es clave. Debe buscarse la mayor autonomía en las evaluaciones técnicas de los proyectos y que, al mismo tiempo, represente a la ciudadanía en los comités de forma vinculante. El rol de los seremis en los comités de evaluación medioambiental de proyectos debería ser vinculante, pero en una proporción menor, que represente la necesidad de respeto a la legislación sectorial.

El rol de los consejos consultivos debe ser vinculante, no solo consultivo, en los procesos de calificación medioambiental. Sus participantes son autoridades locales y diversificadas, técnicas, académicas, del mundo empresarial y laboral, entre otros representantes de la civilidad, que en última instancia es la afectada por cambios que generan los proyectos sobre el medio ambiente. Sin embargo, muchas veces son los que tienen menos posibilidades de resolver.

La propuesta de ley no contempla artículos que reflejen lo aprendido en estos años respecto de la legislación medioambiental faltante y las fallas de la actual. En cambio, incluye artículos que generan aprobación por defecto cuando un organismo competente, como un seremi, cumplido un plazo breve para su dictamen, no rechaza o acepta un proyecto. Lo anterior, en buenas cuentas, significa que no existirá un responsable efectivo cuando un proyecto sensible a la hora de la evaluación medioambiental deba ser votado. Explícitamente, la abstención significará aprobación, aunque ésta no exista con nombre y apellido.

En aquellos proyectos que se aprueban satisfactoriamente desde el punto de vista de la calificación medioambiental, pero que aun así generan menoscabo en la calidad de vida de las personas afectadas, no existe figura compensatoria alguna, pues las mitigaciones son “medioambientales”, y no “ciudadanas o civiles” respecto de la compensación, lo que genera rechazo en la ciudadanía, que observa impotente los proyectos que atentan contra su calidad de vida sin compensación alguna. La alternativa de recursos judiciales civiles conlleva años de procesos judiciales, mientras la civilidad se ve afectada.

Esto fue lo que pasó en Peñalolén, comuna en la que ni siquiera hubo medidas compensatorias ante el gran desastre que significó para la comunidad la instalación de la planta de Metrogas, el uso de sus calles, caminos, etcétera.

En la iniciativa en estudio no existe la figura de “delito medioambiental”. Eso implica que los grandes desastres medioambientales finalmente quedan reducidos a multas y/o cese de actividades, pero el daño ya está hecho y a veces es irreparable. Por ejemplo, en Peñalolén, nunca, ni en cien años, se reparará el daño que se hizo a la flora y fauna, que fueron destruidas totalmente.

En la legislación planteada se consignan artículos transitorios y sancionatorios que impiden aplicar el nuevo modelo de fiscalización a proyectos generados con anterioridad. Eso significa la imposibilidad de corregir errores en proyectos de dudosa o polémica aprobación. De nuevo, traigo a colación el caso de la planta de gas de Peñalolén, la que según esta ley habría cometido una serie de irregularidades que podrían ser sancionadas, lo que no es posible concretar por no tener efecto retroactivo.

Cuando un proyecto entra al sistema de impacto medioambiental, el Estudio de Impacto Ambiental , EIA, no debería tener modificaciones; pero, en la práctica, cuando se descubren fallas en el informe, el titular logra que se permitan las modificaciones necesarias para no generar un rechazo del proyecto original, mediante el subterfugio de las “mitigaciones”. De esta forma, no existe un articulado en la nueva ley que especifique que una “mitigación”, “aclaración” o “nueva información presentada” no pueda contradecir una afirmación, declaración o dato presentado en los estudios de impacto ambiental que ya entregó el titular del proyecto en el estudio original.

Existen ciertos procedimientos, tales como las reuniones formales de los seremis, a la hora de votar los proyectos, pero en la práctica se ha negado el acceso a la prensa, vulnerando de esta forma gravemente el principio de ciudadanía informada.

Las figuras del tipo “Solicitud de Autorización Provisoria” (SAP) u otras similares deben estar ausentes de la legislación medioambiental. De hecho, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente presentó una iniciativa para terminar con ellas, pues constituyen una aberración, dado que las empresas inician los proyectos e invierten grandes cantidades de recursos. Si es rechazado el EIA, jamás van a destruir o a perder su inversión. Además, hay cero control sobre el avance, pues nadie fiscaliza. La Superintendencia, con todas sus atribuciones, no será capaz de indagar hasta dónde se ha llegado con el permiso provisorio. Una vez que se otorga el permiso provisorio se da comienzo a la obra.

No deben existir artículos que permitan excepciones, ya que, de ser necesarias, pueden ser abordada siempre por el Ejecutivo , pero obligando a éste a exponerlas a la hora de fundamentarlas.

Generar en la ley del medio ambiente opciones del tipo fast track o de excepciones a la regla, fundamentadas en temas de seguridad nacional, energético o de otro tipo, en la práctica generará un uso arbitrario en este tipo de articulado. En tal caso, es mejor, no incluir preceptos de este tipo, y resolver, caso a caso, en situaciones de emergencia.

El proceso de participación ciudadana -lo que más clama la gente de la legislación vigente y de la actual propuesta- no cumple con los mecanismos formales, y la mayoría de las veces la opinión de los ciudadanos no se considera.

Por desgracia, si esta iniciativa se convierte en ley, mucho más allá de las alabanzas que ha recibido, será de difícil aplicación, por cuanto no resolverá el drama de las autorizaciones medioambientales.

He dicho.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.

El señor ROSSI.-

Señor Presidente, felicito a la ministra y al equipo que ha conducido la tramitación de este trascendental proyecto de ley.

Es cierto lo dicho por el diputado Accorsi . No es un eslogan expresar que el día de hoy es histórico, pues basta ver la realidad de los últimos años en materia ambiental para comprobar los avances que establece el proyecto.

Además, quiero saludar a los funcionarios y funcionarias de la Conaf que nos acompañan en tribunas. Comparto que es fundamental su incorporación en este proyecto, ya que no me imagino quién podría resguardar mejor que ellos las áreas silvestres protegidas. Antes de abordar otros temas, ése es un aspecto muy relevante para la creación del Ministerio del Medio Ambiente.

Junto con contar con una institucionalidad que se preocupe de planificar y de formular propuestas a la Presidenta de la República en materia ambiental, de tener un diseño, una estrategia, una mirada de futuro, desde el punto de vista del desarrollo sustentable, es fundamental el rol de ese Ministerio en el cuidado y preservación de las áreas silvestres protegidas, sean monumentos naturales, reservas o parques nacionales.

Estoy convencido que el proyecto le pondrá fin a esa esquizofrénica relación entre los distintos servicios y instituciones del aparato del Estado respecto de los temas relativos a la intervención, por ejemplo, en las áreas silvestres protegidas.

Concuerdo en que se deben concentrar algunas funciones, ya que muchas de ellas se encontraban desperdigadas en el aparato público y, finalmente, terminaban neutralizándose. El ejemplo más claro es lo que pasaba con ciertos permisos para la explotación o exploración en materia de geotermia. Incluso, el Ministerio de Minería había aprobado exploraciones geotérmicas en medio de un parque nacional, en medio de un monumento natural. Eso es totalmente contradictorio con lo que plantean el proyecto y la Presidenta de la República al crear un área silvestre protegida.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la coordinación a nivel estatal, en todo lo que tiene que ver con el diseño y ejecución de políticas públicas en materia ambiental.

Por eso, es importante concentrar funciones, pues había una franca descoordinación que, muchas veces impedía tomar decisiones no sólo en ese ámbito, sino en otras materias ambientales. En algunos casos, no se sabía si recurrir a la autoridad sanitaria, a la Conama u a otra institución.

En la esquizofrenia que planteaba, no es posible crear un Ministerio del Medio Ambiente con un objetivo muy claro, muy nítido y que refleja el espíritu y la voluntad de un Gobierno, más allá de todos errores cometidos por la Concertación durante estos años en materia ambiental, que son bastantes, y no colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de los criterios ambientales que deben ser incorporados en la elaboración de sus políticas.

Lo anterior, me parece un punto central, ya que va en la misma dirección: debemos ser coherentes, el aparato del Estado debe moverse con coherencia y consistencia. Por eso, recalco este punto que tiene que ver con la colaboración al Ministerio del Medio Ambiente por parte de los distintos ministerios en cuanto a la ejecución y diseño de políticas públicas.

Otro punto dice relación con el cambio climático. Chile no puede quedarse atrás. En la Comisión de Minería y Energía he escuchado plantear que Chile no ha sido responsable de la emisión de gases y del efecto invernadero, y, por tanto, no debemos hacernos parte de la solución en relación con el cambio climático. Profundo error. Hoy, todos, de alguna manera, algunos más, otros menos, de acuerdo con las posibilidades, con el desarrollo económico y social, debemos asumir esta materia. Es muy importante que ello esté incorporado en las funciones del Ministerio del Medio Ambiente que estamos creando. Educación y promoción son fundamentales si queremos cambiar la conciencia ambiental, crear una cultura conservacionista. Me parece central que ese punto también esté incorporado.

Sólo me resta agregar, en relación con las facultades de la Superintendencia, que algunas personas tienen miedo a la fiscalización o les gusta en determinados aspectos. Debemos ser coherentes. Si creemos en nuestro rol de fiscalizadores, que nos otorga la Constitución respecto de las funciones públicas, me parece que debemos fortalecer la institucionalidad fiscalizadora en todos los ámbitos, en particular, en uno tan sensible como el ambiental.

Por eso, me preocupan las declaraciones formuladas por algunos de mis colegas. Respeto sus opiniones, pero no las comparto en absoluto. Debemos crear una Superintendencia que tenga las facultades necesarias para fiscalizar el cumplimiento de la ley, porque uno de los grandes problemas en materia ambiental es que tenemos leyes que no se cumplen. Gran parte de los casos de profundo impacto ambiental, de daño ambiental y donde está involucrado el Consejo de Defensa del Estado son producto de la falta, ausencia o débil fiscalización. Esto lo vinculo con la creación de una institucionalidad autónoma, independiente y con patrimonio propio que elija a sus directivos mediante la alta dirección pública como es el sistema de evaluación ambiental. Ahí tenemos un problema serio también.

En cuanto a las votaciones de las Coremas, sus miembros muchas veces reciben órdenes del ministro para votar en contra de la preservación o del desarrollo sustentable de la región. Esto lo hemos visto muchas veces. Se me viene a la memoria el conocido caso del peuco de la Quinta Región. Si el funcionario no cumple con la orden, se va.

Es importante contar con una ley en la cual el pilar fundamental sea el Ministerio del Medio Ambiente; con una institución que fiscalice el cumplimiento de la ley, y con un sistema de evaluación ambiental que evalúe todos los proyectos, con mucha información y una fuerte participación de la ciudadanía, aspecto que también está incorporado en el proyecto.

El Ministerio del Medio Ambiente debe entregar información y efectuar más estudios. En materias ambientales, muchas veces no tenemos bibliografías ni estudios realizados por nuestro país. Por lo tanto, debemos recurrir a comparaciones con lo que ha sucedido en otros países. Es muy importante contar con una biblioteca, en especial en estos casos, en que la ciudadanía tiene una relación asimétrica con la institucionalidad. Es muy difícil que la gente compita con una minera. ¿Qué va a decir en el proceso de participación ciudadana cuando Barrick Gold trae un experto en glaciales, de Nueva Zelanda, Noruega o Finlandia, y le paga dos millones de dólares por un estudio? ¿Qué va a decir la gente?, Debemos dar fuerza y empoderar a la ciudadanía.

Es muy importante también el rol de las ONG y felicito a las que han participado, como la Fundación Terram, en la discusión y tramitación de este proyecto, y que colaboró también con nuestra bancada.

Concluyo señalando que estamos ante un gran proyecto y un día importante para el medio ambiente. Felicito a la señora ministra por su tremendo esfuerzo, ya que supo enfrentar muchos obstáculos. Me habría gustado que se hubiesen transmitido las primeras sesiones sobre esta materia, cuando participaron representantes del empresariado y de la Cámara de Comercio con comentarios claramente en contra del proyecto. Es más, señalaron que no era necesario y que había que rechazarlo de lleno, porque frenaría el desarrollo. Como no creen en esto, le tienen miedo a la institucionalidad ambiental a la fiscalización. Es un asunto cultural.

He dicho.

El señor SÚNICO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.

El señor LEAL .-

Señor Presidente , saludo el trabajo de la ministra, señora Ana Lya Uriarte , y de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, presidida por la diputada señora Denise Pascal .

Han transcurrido quince años desde la promulgación de la ley Nº 19.300, de bases generales del Medio Ambiente, modificada en 2007 por la ley Nº 20.173. La iniciativa significa un paso adelante en la materia, pues crea una nueva institucionalidad, con un Ministerio del Medio Ambiente que requiere cumplir las expectativas de la ciudadanía.

Desde la promulgación de la ley Nº 19.300, en el país y en el mundo, ha cambiado la percepción ciudadana en relación con esta materia. Hoy, la ciudadanía es más exigente y el ministerio debe tener como objetivo cumplir con las grandes expectativas de la gente, en particular en regiones. Una de ellas es diseñar una nueva política ambiental, capaz de proteger los recursos naturales. Éste es un paso importante en esa dirección, pero el próximo debe apuntar a revisar radicalmente la ley de bases del Medio Ambiente, pues se trata de una normativa antigua, que no responde a los requerimientos y desafíos vinculados con la protección del medio ambiente en el siglo XXI.

Esa política debe mejorar la gestión y la institucionalidad ambiental. La creación del Ministerio del Medio Ambiente, que genera una autoridad y un interlocutor válido a nivel nacional e internacional en el ámbito de su competencia, y de la Superintendencia del Medio Ambiente, que debe contar con las más amplias facultades de fiscalización, constituye un paso adelante en la materia.

Recuerdo que hay compromisos adquiridos, relacionados con el sistema nacional de parques y otras materias que no se han incorporado al proyecto, lo que deberán recogerse en los reglamentos y en las modificaciones que se introducirán a la ley Nº 19.300.

¿Cuáles son mis preocupaciones en relación con la iniciativa en debate? En primer lugar, la vinculada con el valor de la decisión técnica. Si alguna crítica de fondo debiéramos formular a la actual institucionalidad es que las resoluciones de la Conama no son vinculantes. Un ejemplo es el relacionado con la combustión de pet coke sin lecho fluidizado en la Región de Atacama. Diversos organismos y personas se pronunciaron en contra del proyecto, entre ellos la Conama y la seremi de Salud, señora Pilar Merino . Sin embargo, la Corema, que es el organismo político, lo autorizó. Por ello, las decisiones técnicas deben ser más vinculantes. Espero que en las nuevas coremas primen criterios técnicos y no decisiones políticas genéricas, las que muchas veces son centralistas y no toman en cuenta el desarrollo de las regiones.

También es necesario entrar a una discusión más de fondo respecto del desarrollo sustentable. Por ejemplo, en el tema energético existe una fuerte presión del ministerio del ramo para que se aprueben los proyectos de estudio de impacto ambiental en todas las áreas. Ésa es la verdad. Y no hay que extrañarse, pues la “pega” del ministro es ésa: evitar que el país se quede sin energía eléctrica, pero, falta una visión integrada de desarrollo sustentable. ¿Es necesario que Chile crezca a 900 megavatios al año? ¿Es ése el modelo de desarrollo que queremos implementar? ¿Queremos levantar centrales hidroeléctricas en la Patagonia, instalar una central nuclear en Taltal y generar 5 mil megavatios a través de empresas termoeléctricas en la Región de Atacama, lo que traerá como consecuencia saturar todavía más el aire de dióxido de carbono? ¿Queremos contribuir con ello, en forma significativa, al calentamiento global? ¿Ello será necesario si contamos con GNL y trabajamos con centrales de paso?

Soy partidario de ampliar y diversificar los recursos de la matriz energética, pero es necesario tener una concepción definida sobre el particular, a fin de que ello no apunte a generar un cuadro ambiental extremadamente complejo. Como consta a la ministra -lo hemos analizado en diversas reuniones-, mi preocupación se relaciona con la instalación de centrales termoeléctricas a carbón sin la tecnología adecuada. Espero que luego de aprobar este proyecto, el siguiente se relacione con las nuevas condiciones tecnológicas que deben cumplir las empresas termoeléctricas. Sería un crimen autorizar a Endesa para que genere 1.000 megavatios en la Región de Atacama y a una empresa brasileña para que produzca 2.500 megavatios en la Hacienda Castilla. Ello se sumaría a los 700 megavatios de Guacolda, empresa que entrará a su quinto período de producción con la generación de 300 megavatios. Todos estos proyectos utilizan carbón y no cuentan con lecho fluidizado. Algunos, incluso, utilizan pet coke, a pesar de que su valor se ha incrementado en el mercado internacional. Todo ello redunda en niveles de contaminación y de saturación muy grandes.

Saludo el hecho de que en la Comisión respectiva el diputado señor Carlos Montes haya destacado el tema de los recursos hídricos. Si en las zonas desérticas no abordamos los asuntos vinculado con los derechos de agua y los acuíferos intermedios, se generará una tremenda crisis, por ejemplo, en el valle de Copiapó. Si todas las empresas ocuparan sus derechos de agua asignados por el Estado en Copiapó, la ciudad se quedaría sin una sola gota de agua potable. Existen 11 mil millones de dólares de inversión en minería y energía eléctrica. ¿De dónde se sacará agua para desarrollar esos proyectos?

El nuevo ministerio debe llevar adelante una política coherente en materia hídrica. Cada proyecto minero y energético debe traer resuelto el problema relacionado con el agua. Hay proyectos que se desarrollan en altura, distantes 30 kilómetros de la frontera con Argentina, donde existe abundancia de agua. Probablemente, negociaremos con ese país la provisión del recurso, tal como ocurrió en su momento con el gas; instalaremos plantas desalinizadoras -es cierto que tienen un alto costo, pero son necesarias-; o trasladaremos derechos de agua de los acuíferos intermedios, o costa; legislaremos para que existan códigos de agua por zona, que distingan realidades entre el norte desértico, el centro -con más agua- y el sur, que dispone de mayores recursos hídricos; legislaremos para que las empresas no hagan lo que quieran con la parte de los derechos de agua que no utilizan y por los cuales pagan un impuesto ridículo. En ocasiones, esos derechos son enajenados y vendidos con propósitos distintos a los que sustentaron su otorgamiento. Esos derechos deben ser devueltos al Estado -así entiendo el concepto de nacionalización del agua-, a fin de que éste los vuelva a colocar en el mercado, porque no queremos que tenga el monopolio del recurso. Hoy, las empresas enajenan, venden, y hacen lo que quieren con ese bien.

Queremos la creación de un área protegida de desarrollo indígena en la alta cordillera. Esto es más importante, porque el 80 por ciento de los grandes proyectos mineros se desarrollan en altura, muchos de los cuales colisionan con temas relativos a defensa de recursos hídricos y glaciares, pero también con la propiedad de las comunidades indígenas. En efecto, en muchos casos la propiedad indígena choca, desde el punto de vista de los derechos, con la propiedad de las pertenencias mineras, y ése es un tema por resolver que también está relacionado con el medio ambiente, con la calidad de vida y con la preservación de los derechos de nuestros pueblos indígenas.

Finalmente, espero que este Ministerio constituya un gran impulso a la energía renovable no convencional. Es absurdo que Chile esté pensando en termoeléctricas y no en energía solar o en otro tipo de energía renovable que contribuya, por lo menos en un 15 por ciento de diversificación de la matriz en el país.

Reitero mi saludo y felicitación a la ministra Uriarte por este paso tan importante que estamos dando.

He dicho.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el honorable diputado señor Alejando García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero informar a la Sala -aunque ya se tiene conocimiento- que desde hace más de dos años que se viene trabajando en la institucionalidad y creación del Ministerio del Medio Ambiente. La UDI, la Concertación y el Gobierno, acordaron un protocolo para crear el cargo de ministro del Medio Ambiente , y la Presidenta de la República resolvió confiarlo a la señora Ana Lya Uriarte .

Posteriormente, se trabajó permanentemente con institutos de los partidos de la Concertación y con centros de estudio de la Alianza, con el fin de aunar voluntades de manera de mejorar especialmente la ley del medio ambiente.

En general, en este proyecto hemos tenido bastantes acuerdos. Chile no podía seguir sin dar rango jurídico ministerial a la institución encargada del medio ambiente. Cabe recordar que hasta hace poco ni siquiera existía el cargo de ministra. En definitiva, estábamos en segunda y tercera división en el concierto internacional, sobre todo por los acuerdos de libre comercio que Chile mantiene con la mayoría de los países más importantes del mundo.

Sin duda, tenemos diferencias. Hemos pedido votación separada de ocho artículos, fundamentalmente de los que dicen relación con el tema regional y la representación que deben sus delegados en las coremas. Por ejemplo, el artículo 86 del ARTÍCULO PRIMERO del proyecto va, justamente, en contra de la actual conformación de las coremas, las cuales cuentan con representación regional. No se incluye una visión local, puesto que no se considera a ningún representante de regiones. Participan funcionarios públicos, como los seremis de distintos ministerios, quienes van a resolver sobre cualquier proyecto, ya sea a través de declaraciones o del estudio de impacto ambiental.

Valoramos lo que han dicho varios diputados respecto de que ésta es, además, una norma de quórum y que la solución deberá tomarla el Senado o una Comisión Mixta, si la decisión de la Cámara Alta no es favorable.

También hay otras normas que vamos a votar en contra. Si bien la Superintendencia debe tener la importancia que requiere, no puede ir más allá de lo que es una superintendencia en cualquier otro ámbito de la economía.

Además, respetando lo que muchas veces plantean personas que entienden acerca de áreas silvestres protegidas, especialmente de la Conaf, valoramos que dichas áreas queden insertas dentro de una institucionalidad importante y que se tome una decisión para que no siga pasando lo que está ocurriendo con ellas en la actualidad. Me refiero a que no hay una visión definitiva y clara especialmente respecto del uso económico de los parques nacionales y de las reservas.

En el caso de la reserva del río Cipreses, en mi región, se permitió la intervención de empresas, ni siquiera chilenas, para utilizar sus aguas. Quienes la autorizaron -obviamente, con un lobby bastante fuerte de la Conaf o de dirigentes importantes de partidos políticos o parlamentarios- echaron abajo la Convención de Washington. Sobre la materia, recurrimos a los tribunales de justicia. Pero, no solamente respecto de esta reserva, en el caso del parque nacional Puyehue, llegamos hasta la Corte Suprema. Desgraciadamente, ahí tuvimos un traspié.

Me preocupa que el país no esté respetando, como debería, lo que ha resuelto preservar. Si tenemos reservas, áreas silvestres protegidas y parques nacionales, debemos conservarlos, como han dicho también otros parlamentarios, especialmente para que las próximas generaciones puedan disfrutar de la flora y la fauna del país.

Asimismo, no puedo dejar de manifestar mi molestia por lo ocurrido en la corema de la Sexta Región.

Durante la semana anterior, entre gallos y medianoche, se aprobó una declaración de impacto ambiental en el sentido de que ciento veinte mil toneladas de arsénico de una empresa del Estado, depositadas en el cerro Minero, se trasladen en un plazo de seis años. Es decir, cuatro años después de que el decreto supremo Nº 148, sobre manejo de residuos peligrosos, estableciera obligaciones a esa empresa, la cual debería dar el ejemplo en el área ambiental; pero ello no ocurre; por lo general, todas las empresas del Estado reciben un tratamiento absolutamente discriminatorio en relación con cualquier empresario privado. Es decir, le otorgan cuatro años adicionales, después de que cumpla su obligación de tratar los residuos peligrosos -arsénico, cadmio o plomo-, y, además, seis años más para trasladarlos a otra parte. Es decir, diez años más, en circunstancias de que cualquier ciudadano ya estaría multado o su empresa cerrada, por no cumplir con el decreto Nº 148. Éstas vergüenzas son consecuencia de las presiones políticas de autoridades de Gobierno hacia las coremas, con el fin de que solucionen los problemas ambientales a las empresas del Estado.

Incluso, esa resolución ambiental obligaba a un estudio de impacto ambiental y la corema autoriza una declaración de impacto ambiental, pasando por encima de la ley.

Por eso, estamos estudiando también posibles recursos judiciales, con el fin de enmendar esta situación y no seguir dando este tipo de privilegio a las empresas del Estado, en desmedro del medio ambiente del país y de la salud de su población. Cuando hay más de cien mil toneladas de arsénico latente, un hecho de la naturaleza, terremoto o diluvio grande que se produzca en la cordillera, puede afectar directamente la salud de los trabajadores de la División El Teniente, como también las aguas del río Cachapoal y de todos sus canales.

Vamos a apoyar este proyecto de ley; sin embargo, reitero, vamos a votar en contra de ocho artículos, porque deben ser morigerados. En definitiva, debemos perfeccionar nuestra institucionalidad ambiental, entendiendo que es un proceso difícil que requiere también de un esfuerzo del Senado. Espero que dicho perfeccionamiento vaya en beneficio de las regiones, de la participación en las decisiones y no que sea una institucionalidad de empleados públicos dedicada a cumplir órdenes y llevar adelante sólo los proyectos de interés político del gobierno de turno.

Valoramos el esfuerzo que hay detrás del proyecto y esperamos que el Senado lo mejore para tener pronto una institucionalidad que fortalezca el desarrollo sustentable del país.

He dicho.

El señor SÚNICO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la ministra del Medio Ambiente, señora Ana Lya Uriarte

La señora URIARTE (ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente).-

Señor Presidente , lo que hoy ocurre en esta Sala es la esencia misma del sistema democrático y estoy segura de que es motivo de alegría para quienes han seguido este proceso.

Nadie duda, ni en esta Sala ni fuera de ella y el país lo tiene claro, que gracias a la visión de futuro y a la voluntad política de la Presidenta de la República hoy se discute un nuevo marco legal para fortalecer la institucionalidad ambiental.

A esa voluntad política y a esa visión de futuro de la Presidenta de la República -que se refleja claramente en la inspiración del proyecto de ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente-, se suma la de la Cámara de Diputados, que a través de las intervenciones de sus miembros expresa que comparte ese sentido de mejorar y fortalecer la institucionalidad ambiental, que oriente la gestión cotidiana.

Pero hay más. Esa visión política de la Presidenta y de la Cámara de Diputados está acompañada de una sociedad que se encamina hacia una civilidad ambiental, cuestión que está en la vivencia de la gente de nuestros territorios. Lo ambiental no es un tema alejado de la cotidianeidad, toda vez que esta ligado a la calidad de vida de las personas.

Por eso, a estas alturas la pregunta es qué se vota hoy. La respuesta es simple. Hoy se vota algo tan trascendental: el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, que hoy no logra dar respuesta a los requerimientos de la sociedad. Aquí están las respuestas a la frustración que genera la falta de instrumentos de participación ciudadana y a las ausencias o debilidades de la fiscalización, para cuyo fortalecimiento -que tanta falta le hace al país-, debemos ordenar la institucionalidad y dotarla de facultades. Este es el momento de demostrar cuán preparados estamos para ordenar las reglas del juego, para dar certeza jurídica y mejorar la gestión ambiental. Por eso, la inspiración del proyecto está en limitar la discrecionalidad de todos los actores que tienen poder de decisión en materia ambiental.

Deseo destacar que la iniciativa fue diseñada conforme a los estándares del Tribunal Constitucional. No existen normas que no estén en condiciones de pasar el examen constitucional. Lo destaco de manera especial, porque si de algo nos preocupamos fue de ofrecerle a la Cámara de Diputados, al Congreso Nacional, un proyecto de ley que nos enalteciera en el ejercicio de nuestra acción pública, garantizando a regulados y a nuestra sociedad, el marco en el que desarrollaremos nuestra actividad quienes tenemos autoridad en el área medioambiental.

En síntesis, hablamos de modernizar la gestión ambiental, de ponerla en el lugar que corresponde, de manera de responder a los desafíos ciudadanos. En definitiva, esto es la modernización de la gestión pública para los tiempos que corren.

Por último, no me queda más que agradecer a todos los honorables diputados, particularmente a quienes integran la Comisión de Medio Ambiente, las conceptuosas palabras con que nos distinguieron.

He dicho.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluyen las siguientes intervenciones no pronunciadas en la Sala y que cumplen con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

El señor ACCORSI.-

Señor Presidente , durante el debate en Sala del proyecto de ley que rediseña la institucionalidad ambiental, mayoritariamente los diputados de la Alianza han solicitado que una serie de normas de la iniciativa sean objeto de votación separada.

Buena parte de ellas corresponde a materias sobre las cuales esos diputados presentaron indicaciones que fueron rechazadas o declaradas inadmisibles.

A continuación, expongo los principales argumentos que sostienen la aprobación de las normas señaladas.

Indicaciones a los artículos 69 y 70, todos en la Comisión de Hacienda. Competencias del Ministerio sobre el recurso hídrico.

Durante la discusión habida en la Comisión de Hacienda, el diputado Montes planteó como un asunto central y esencial del Ministerio de Medio Ambiente el abordar materias vinculadas al recurso hídrico. La razón principal expuesta por él fue que el uso de este recurso, desde la perspectiva ambiental, se ha transformado en estratégico y esencial no sólo en Chile, sino también en todos los países donde existe preocupación por los recursos naturales.

Los diputados de la Comisión participaron de la observación del diputado Montes y, por unanimidad, solicitaron al Gobierno incorporar una indicación en tal sentido, cuestión que se vio concretizada estableciendo como uno de los objetivos del Ministerio del Medio Ambiente el diseño de la política ambiental en relación al recurso hídrico (artículo 69), así como la promoción del uso y aprovechamiento sustentable de este recurso (artículo 70).

Como elemento adicional, es necesario señalar que todos los informes internacionales han puesto en evidencia la importancia de que los países enfoquen sus políticas en el uso y aprovechamiento sustentable de este recurso. Así lo hizo el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas de 2006, referido precisamente al agua. Dicho informe señala: “La crisis global del agua relega a grandes segmentos de la humanidad a vivir en la pobreza, la vulnerabilidad y la inseguridad”.

Por otro lado, esos mismos informes internacionales han señalado, en el contexto del debate sobre cambio climático, que los aspectos vinculados a la gestión del agua resultan cruciales para abordar la vulnerabilidad que genera este proceso.

Artículos 85 y 85. Órgano de calificación.

La principal objeción de la Alianza ha sido que en el órgano de calificación de proyectos no se encuentra incorporado el intendente.

La ministra del Medio Ambiente ha señalado en Comisión, como en la Sala que:

a. Las Coremas recibieron diferentes críticas transversales, entre otras, la participación del intendente.

b. El órgano que se crea es de pares (Seremis).

c. El proyecto busca tecnificar la decisión, de modo que la resolución de la Comisión de Evaluación se encuentra acotada a los informes técnicos tal como se indica en los artículos 9 y 9 bis.

Otros han señalado que es una norma insuficiente porque no incorpora a los representantes locales o regionales. Al respecto la ministra ha señalado que el proyecto:

a. Garantiza a participación regional y local de acuerdo a informes asociados a la compatibilidad territorial de los proyectos. (artículo 8º).

b. Obliga a los proponentes a señalar como sus proyectos se ajustan a las políticas de desarrollo regional o local. (artículo 9 ter).

c. Garantiza que los gobiernos regionales y las municipalidades del área del proyecto informen sobre la compatibilidad con las políticas y planes de desarrollo regional. (artículo 9 ter).

El artículo 86 (integración del órgano de calificación) es materia del LOC, por lo cual requiere el voto de 69 diputados en ejercicio.

Artículo 3º letra ñ) y Título III. Potestad sancionatoria de la Superintendencia.

El diputado Robles ha solicitado votación de este artículo y Título, sosteniendo que la Superintendencia es juez y parte. Este argumento fue expuesto por la Alianza durante la tramitación en Comisión, sin embargo, carece de validez, por las razones que ha expuesto la ministra, que se pueden resumir en las siguientes:

a. Hay consenso transversal en la necesidad de fortalecer la fiscalización ambiental, colocando especial énfasis en las sanciones que se deben establecer.

b. La Superintendencia no es juez y parte, pues lo que fiscaliza es el cumplimiento de regulaciones ambientales y cuya infracción, en razón del interés público, debe ser sancionado. La Superintendencia no es el adversario o contrincante del regulado (lo que explica los sistemas adversariales), sino que busca que el regulado cumpla con las obligaciones contenidas en la regulación ambiental, situación que la Superintendencia debe garantizar.

c. Este es el sistema de fiscalización que se encuentra establecido y aceptado en nuestra legislación y que el Tribunal Constitucional considera ajustado a la constitución.

d. Ejemplo de ello son las competencias de la totalidad de las Superintendencias y de instituciones como la autoridad sanitaria.

e. El proyecto regula detenidamente las normas del debido proceso administrativo con indicación exacta de cada etapa. Se incorporó una indicación que permite distinguir entre las competencias de fiscalización, instrucción del procedimiento y sanción.

f. El proyecto establece un sinnúmero de garantías en el procedimiento administrativo y la posibilidad permanente de reclamación judicial.

Estas normas del proyecto son esenciales. Sin potestad sancionatoria las atribuciones entregadas a la Superintendencia carecen de sentido.

Artículo 28, incisos segundo y tercero. Potestades para poder realizar la fiscalización.

Las normas señaladas permiten a la Superintendencia adoptar todas las medidas pertinentes para ingresar a inmuebles y solicitar directamente el auxilio de la fuerza pública.

Esta atribución resulta esencial para abordar situaciones graves y urgentes en donde los infractores pueden impedir la realización de acciones que eviten la ejecución de actos contrarios al medio ambiente y que, en consecuencia, generen contaminación.

En nuestra legislación éstas atribuciones están reconocida expresamente a la autoridad sanitaria (artículo 155 Código Sanitario) y al Servicio Agrícola y Ganadero (artículo 13 Ley N° 18.7551.

Artículo 36. Clasificación de las infracciones en gravísimas, graves y leves.

Este artículo describe las conductas constitutivas de infracciones administrativas que pueden ser gravísimas, graves y leves.

Los diputados de la Alianza señalan que la descripción de las infracciones son vagas e imprecisas, pretendiendo que sobre ellas se aplique un principio equivalente a la tipicidad penal (es decir, que la conducta sancionada se encuentre descrita hasta en su más mínimos detalles en la ley).

El proyecto del Ejecutivo cumple estrictamente los estándares señalados por el Tribunal Constitucional para las sanciones administrativas (Roles 479 y 480. inaplicabilidades de la ley Eléctrica), en el sentido de que es necesario que la ley en éstos casos sólo contemple los aspectos generales de la infracción, porque muchos de las obligaciones en las regulaciones administrativas técnicas (como las ambientales) se encuentran en los reglamentos o normas técnicas.

Artículo 43. Obligación de presentar un Plan de Reparación.

Este tema fue planteado por los diputados de la Alianza en Comisión. La ministra ha sostenido sistemáticamente que:

a. La Superintendencia ordena la ejecución de un programa de reparación al término del procedimiento sancionador. (artículo 43).

b. Existen razones de eficiencia que explican que la Superintendencia ejerza esta atribución.

c. Hoy la totalidad de los países de la Unión Europea disponen de un sistema similar para la reparación.

d. Existen una serie de garantías. El plan de reparación lo evalúa el Servicio de Evaluación Ambiental en caso que el contenido del plan aprobado por la Superintendencia se considera ilegal por parte del infractor, existe la posibilidad de interponer reclamo de ilegalidad.

e. El CDE interviene en los casos ajenos a las competencias de la Superintendencia, así como en los casos de incumplimiento del plan de reparación.

Artículo 48. Medidas provisionales.

Los diputados de la Alianza nunca les han gustado las medidas provisionales, pues las consideran una potestad excesiva de la Superintendencia, sosteniendo incluso que era necesario autorización judicial previa o que la medida debía ser notificada personalmente con anterioridad.

La ministra ha señalado en las distintas comisiones que su existencia resultan indispensable y, producto precisamente de la intervención de la Alianza, el Ejecutivo presentó indicaciones con el objeto de establecer un conjunto de garantías de procedimientos a ellas, que contaron con los votos de la Alianza.

En efecto, la ministra ha sostenido:

a. Las medidas provisionales son indispensables en los procedimientos de fiscalización y sanción, dado que sin ellas las potestades precautorias de la autoridad no tienen sentido.

b. Los estándares para su operación son: (i) Sólo procederá con el objeto de evitar daño inminente al medio ambiente o la salud de las personas; (ii) deben tener fines exclusivamente cautelares y (iii) estarán sujetas al control de la Contraloría.

Artículo 7 ter. Participación resolutiva.

La Alianza no le gusta que, a consecuencia de la regulación de la participación ciudadana en la Evaluación Ambiental Estratégica, se clasifique dicha participación en “informativa, consultiva y resolutiva”, molestando principalmente la denominación “resolutiva”.

El origen de esta norma es una indicación del diputado Vallespín , que fue aprobada unánimemente por la Comisión de Medio Ambiente, y que remite la regulación de cada una de ellas al reglamento, sin consideraciones adicionales.

En la Comisión de Hacienda, el diputado Dittborn presentó una indicación para eliminar la expresión “resolutiva” por la señal política que representaba.

Luego que el Ejecutivo explicó que la regulación concreta quedará sometida al reglamento, que deberá contar con el pronunciamiento del consejo de ministros para la sustentabilidad, el diputado mencionado retiró la indicación.

Artículo 11 quater. Evaluación conjunta del proyecto y su modificación.

La norma señalada obliga a que, cada vez que se presente una modificación de un proyecto que ya fue calificado ambientalmente, se deba considerar los efectos que el proyecto y su modificación pueden generar.

El Ejecutivo , tanto en la Comisión de Medio Ambiente como en la de Hacienda, donde se buscó su eliminación (indicación del diputado Dittborn , que luego de la explicación del Ejecutivo retiro), ha señalado que:

a. El proyecto consagra una regulación vigente en la actualidad en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (artículo 13, 16 y 124).

b. Su finalidad es realizar la evaluación integrada de los impactos sinérgicos.

c. Por lo tanto, no tiene efecto retroactivo para los proyectos ya evaluados y que disponen de RCA.

11. Artículo 25 bis. Prohibición a las municipalidades para otorgar permisos.

Este artículo prohíbe a las Direcciones de Obras Municipales otorgar permisos de construcción definitivos que no cuenten con Resolución de Calificación Ambiental.

Tal como expuso el Ejecutivo en la Comisión, esta norma se debe a la experiencia de un sinnúmero de proyectos que, debiendo ingresar al Seia no lo hacen y obtienen igualmente los permisos municipales de construcción, violando por esa vía la ley ambiental.

La Contraloría, en una seria de ocasiones, ha obligado a esos privados a ingresar posteriormente al sistema frente a ese incumplimiento legal. El ejemplo reciente es lo sucedido con el mall de la comuna de La Reina.

Artículo 25 quinquies. Revisión de oficio Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Esta norma permite la revisión, de oficio o a petición del interesado de la RCA, cuando en el proyecto aprobado los hechos sobre los cuales fue evaluado han variado sustantivamente o no se han verificado.

Esta norma recoge al pie de la letra lo señalado por la Contraloría (Dictamen 34.012, de 2003), en relación a la posibilidad de revisión de las RCA, agregándose, en la Comisión de Medio Ambiente (precisamente por la preocupación de los diputados de la Alianza), que ésta procederá excepcionalmente.

Artículo 30 bis. Participación ciudadana en Declaraciones.

La ausencia original de la incorporación de la participación ciudadana en las DIA fue una crítica transversal de los diputados. Por tal motivo, en la Comisión de Medio Ambiente se incorporó está regulación mediante indicación de los diputados.

Es necesario destacar que las normas aprobadas son exactamente iguales a las aprobadas, unánimemente, por el Senado (05.08-2008). El origen de ese proyecto fue una moción de los senadores Horvath y Sabag (boletín Nº 5483-12), teniendo la norma finalmente despachada (y que recoge el proyecto de la Cámara) su origen en una indicación del senador Allamand .

Artículo 30 ter. Aviso Radial.

Esta norma obliga a los proponentes a informar, mediante un aviso radial, la presentación de un proyecto al Seia y el lugar en donde éste puede ser consultado.

Esta norma se incorporó por indicación del diputado Vallespín , y busca esencialmente hacer efectiva la información a la comunidad, principalmente en lugares apartados.

Durante el debate, en la Comisión de Hacienda se planteó, por parte del Diputado Dittborn , la preocupación de que el valor de estos avisos fuere desproporcionado en relación al monto de los proyectos, pensando en los que se presentan mediante Declaraciones por las Pymes.

La ministra se comprometió a buscar una fórmula alternativa para éstos casos, manteniendo el espíritu de la iniciativa.

Octavo Transitorio. Institucionalidad sobre áreas protegidas.

Como se sabe esta norma obliga, dentro del plazo de un año de publicada la ley, a los ministros de Medio Ambiente y Agricultura a presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de áreas protegidas, biodiversidad y asuntos forestales.

Además, el Ejecutivo suscribió un protocolo de acuerdo con los diputados, para que en no más allá del plazo de un año de aprobado el rediseño mencionado por parte del consejo de ministros para la Sustentabilidad se envíe un proyecto de ley al Congreso Nacional.

La ministra ha señalado sobre esta materia, en Comisión como en la Sala:

a. Tenemos una ley sin vigencia desde 1984, aplicamos una Convención de la década de los 40 y el TC emplazó a los colegisladores a resolver los aspectos institucionales de la Conaf en tanto persona jurídica de derecho privado.

b. La Presidenta , con plena conciencia de ello, explicó la manera de abordar este problema en el mensaje del proyecto de ley. Las competencias de política y regulación pasarán a formar parte de las atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente, dejando los aspectos institucionales de gestión al proyecto GEF.

c. El Gobierno de Chile suscribió un acuerdo con el Programa de Naciones de Naciones Unidas para el Medio Ambiente para resolver los aspectos normativos, materiales e institucionales en materia de áreas protegidas.

d. Este proyecto que se está ejecutando en la actualidad, supone un aporte de cinco millones de dólares. El proyecto, que deberá finalizar el año 2013, incluye la instalación del sistema).

c. En ese contexto, el Ejecutivo propuso el artículo octavo transitorio. Aprobado el rediseño en materia de áreas protegidas por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, el Ejecutivo deberá enviar el proyecto de ley al Congreso Nacional, tal cual como lo hicimos con la ley N° 20.173 y el proyecto de ley de rediseño.

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente , es hoy un tema de vital importancia la preocupación por materias relacionadas con el medio ambiente, tanto en nuestro país como en el mundo. La conciencia de que nuestro planeta requiere cuidados provenientes de políticas públicas de los estados es cada vez más frecuente y así lo han entendido las principales potencias industrializadas, aunque sin antes pasar por procesos legislativos y sociales pocos pacíficos.

La idea de conciliar desarrollo económico y medio ambiental es cada vez más posible debido a la creación de estructuras organizacionales que dispongan de mecanismos y procedimientos modernos, tanto en la aplicación de las políticas como en la solución de conflictos, que tiendan a prevenir eventuales desastres medioambientales, a través de un control adecuado de las políticas empresariales y, con ello asegurar el conveniente respeto a la biodiversidad como, asimismo, propender a la generación fuentes de trabajo y estabilidad para el sector productivo.

En ese mismo sentido, pensamos que es necesario que la institucionalidad medio ambiental chilena debe dar, necesariamente, un salto hacia el futuro, con el fin de integrar los intereses mencionados anteriormente, los que por muchos años, parecieran haber estado en absoluta divergencia.

Señor Presidente , la nueva institucionalidad del medio ambiental debe no sólo propender al desarrollo de las políticas necesarias para un adecuado bienestar del medio ambiente, sino que, por sobre todas las cosas, debe poner a disposición de los chilenos políticas más eficientes y modernas, con el fin de conciliar las diferentes posturas que se producirán con ocasión de puesta en marcha la referida estructura jurídica.

Nuestra legislación en materia medio ambiental, ha debido adecuarse a los parámetros internacionales, con ocasión de la puesta en marcha de una serie de tratados internacionales de libre comercio. Sin embargo, si comparamos a nuestro país con otros de similares ingresos per cápita, concluiremos que nuestra institucionalidad actual en esta materia no está muy alejada de cumplir parámetros adecuados y aceptados.

No obstante lo anterior, señor Presidente , existen ripios legales que es indispensable no soslayar. Así, por ejemplo, define nuestra legislación de manera unívoca lo que debe entenderse por sequía, por lo cual no existen políticas diferenciadas que protejan real y verdaderamente de este desastre a quienes se dedican a la agricultura en la zona norte y en la zona sur. Dicho en otros términos de la naturaleza señor Presidente , no existe una segmentación respecto de las áreas geográficas, a fin de focalizar los problemas y luego dar la solución a éstos sin mayor demora.

Para muestra, un ejemplo: hace algunas semanas, intervine para denunciar la grave situación que vive gran parte de mi zona, en especial los sectores de La Unión, San Juan de la Costa, Río Negro y Osorno.

Señor Presidente , creemos indispensable que, de aprobarse la creación de un ministerio con características tan técnicas como el que se discute hoy en esta sala, se haga hincapié en aquellas materias que, en apariencia, no revisten mayor importancia, pero que a la larga hacen que los proyectos como este, cuyo fin es importante y loable, sea realmente efectivo y cumpla la función para el cual ha sido diseñado.

El repetir fórmulas, ya diseñadas en los años 80' para matizarlas e implementa en los tiempos actuales, no parece ser la solución a problemas como los que acabo de mencionar. Es necesario, señor Presidente , para que los ministerios relacionados con estos temas tengan una participación en las políticas públicas medioambientales, es indispensable que la figura de los ministerios sectoriales se encuentren presentes con sus opiniones técnicas y puedan representar fehacientemente los intereses de sus respectivas carteras.

En este orden de ideas, confiamos en que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, órgano que se contempla en este nuevo ministerio, sea realmente el órgano relevante en esta nueva institucionalidad, mediante el cual se canalicen las opiniones y se integren las políticas, con el objeto de hacerlas efectivas y viables en la práctica.

Señor Presidente , considero que es de suma importancia que nuestro país avance hacia una nueva y moderna institucionalidad medioambiental, pero sin olvidar que, en ocasiones, la premura en el tiempo genera complicaciones, disgustos y muchas investigaciones.

He dicho

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , la nueva institucionalidad medioambiental que hoy se somete a nuestra aprobación, mediante el proyecto de ley en comento, la considero de suma importancia, porque la legislación vigente data desde hace 15 años, período en el cual la realidad ha sobrepasado su normativa por diversos hechos sobrevinientes, y porque la comunidad nacional ha adquirido una vigorosa conciencia medioambiental, la cual se puede advertir.

La creación de un ministerio que tenga a su cargo toda la aplicación de planes y programas sobre la materia, como la proposición de una legislación y reglamentación adecuadas a esta realidad, constituye también la concreción de un gran anhelo, que permitirá que se haga verdaderamente efectivo el derecho garantizado en la Constitución Política de la República de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ya que es un deber del Estado velar porque este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

Del mismo modo, nos parece una innovación interesante el establecimiento de una Superintendencia del Medio Ambiente, que tendrá como atribuciones más importantes a las de fiscalizar el cumplimiento irrestricto de la legislación y reglamentación sobre la materia, a fin de sancionar las infracciones que contra dichos cuerpos normativos se cometan.

Uno de los aportes más importantes que contiene este nuevo texto legal, fruto de las indicaciones que al respecto hicimos en la Comisión de Recursos Naturales de la Corporación, es el de la participación ciudadana, que debe fomentarse por todos los organismos sectoriales relacionados con el medio ambiente, tema que nos parece de vital importancia, ya que es la ciudadanía la que sufre directamente el daño al medioambiente que se pueda provocar y, por lo tanto, le cabe un rol fundamental en la preservación del medio ambiente.

Una muestra de ello, ya la hemos palpado cuando debatimos en esta misma Sala la nueva ley relativa a las antenas de telecomunicaciones y de telefonía, en la que también logramos que se otorgara una mayor participación a la ciudadanía, en lo que se refiere a la instalación de estos artefactos.

Por lo tanto, aun cuando estimamos que la legislación puede ser mejorada más todavía, ya que la realidad medioambiental es muy dinámica, sobretodo en temas de contaminación y regulación de emisiones, es necesario que demos nuestra aprobación a este proyecto, ya que constituye un gran avance, especialmente en la fiscalización y participación que le cabe a toda la comunidad en una materia tan sensible como ésta.

He dicho.

El señor SÚNICO (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

En votación general el proyecto de ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, con excepción de los artículos 72, 75, letra d), 76, 77, 78, 79 y 86 contenidos en el ARTÍCULO PRIMERO; de los artículos 55, 56 y 57 que consulta el ARTÍCULO SEGUNDO; del artículo 23 contenido en el ARTÍCULO TERCERO; y el ARTÍCULO SÉPTIMO, que requieren quórum de ley orgánica constitucional.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

En votación general los artículos 72, 75, letra d), 76, 77, 78, 79 y 86 contenidos en el ARTÍCULO PRIMERO; los artículos 55, 56 y 57 que consulta el ARTÍCULO SEGUNDO; el artículo 23 contenido en el ARTÍCULO TERCERO; y el ARTÍCULO SÉPTIMO, que requieren el voto afirmativo de 69 diputados en ejercicio.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Si le parece a la Sala se dará por aprobado en particular el proyecto, dejándose constancia de haberse alcanzado los quórum constitucionales requeridos, con excepción de los artículos 69 y 70 del ARTÍCULO PRIMERO, y de los artículos 38 y 39 del ARTÍCULO SEGUNDO, que fueron objeto de indicación en la Comisión de Hacienda; de los artículos 85 y 86 también del ARTÍCULO PRIMERO; de los artículos 3°, letra ñ); 28, incisos segundo y tercero; 36; 43, y 48; resto del Título III, de las infracciones y sanciones, todos incluidos en el ARTÍCULO SEGUNDO; y los números 3, artículo 7 ter; 8, artículo 22 quáter; 29, artículo 25 quinquies, y artículos segundo y octavo transitorios, respecto de los cuales se ha pedido votación separada.

Aprobado.

En votación el artículo 69 del ARTÍCULO PRIMERO, que fue objeto de indicación en la Comisión de Hacienda, que tiene por finalidad agregar la expresión “e hídricos” a continuación de la palabra “renovables”.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

En votación el artículo 70 del ARTÍCULO PRIMERO, que fue objeto de una indicación en la Comisión de Hacienda, que tiene por finalidad agregar en la letra f) la expresión “e hídricos”, a continuación de la palabra “renovables”, e insertar en la letra i), entre las palabras “recursos” y “genéticos”, la palabra “hídricos”, seguida de una coma.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

En votación el artículo 38 del ARTÍCULO SEGUNDO, que fue objeto de una indicación en la Comisión de Hacienda, para reemplazar la letra b) por la siguiente: “b) Multa de cinco a diez mil unidades tributarias anuales;”.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

En votación el artículo 39 del ARTÍCULO SEGUNDO, que fue objeto de una indicación en la Comisión de Hacienda, destinada a reemplazar en la letra a) la expresión “hasta cincuenta” por “hasta diez”, y reemplazar en la letra b) la expresión “hasta veinticinco” por “hasta cinco”.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

En votación el artículo 85 del ARTÍCULO PRIMERO.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

En votación el artículo 86 del ARTÍCULO PRIMERO, para cuya aprobación requiere el voto afirmativo de 69 señoras y señores diputados en ejercicio.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 49 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Ascencio Mansilla Gabriel; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Olivares Zepeda Carlos; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Aedo Ormeño René; Barros Montero Ramón; García García René Manuel.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

En votación el artículo 3º, letra ñ), del ARTÍCULO SEGUNDO.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

-Votó por la negativa el diputado señor Robles Pantoja Alberto.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

En votación los incisos segundo y tercero del artículo 28 del ARTÍCULO SEGUNDO.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 38 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Barros Montero Ramón; Godoy Ibáñez Joaquín; Rubilar Barahona Karla; Valcarce Becerra Ximena; Verdugo Soto Germán.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

En votación el artículo 36 del ARTÍCULO SEGUNDO.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade Claudio; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Pérez San Martín Lily; Barros Montero Ramón; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Verdugo Soto Germán.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

En votación el artículo 43 del ARTÍCULO SEGUNDO.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade Claudio; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Barros Montero Ramón; Godoy Ibáñez Joaquín.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

En votación el artículo 48 del ARTÍCULO SEGUNDO.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 37 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.